El valor comercial estimado de la mercadería asciende a casi ₡200 millones (aproximadamente USD 441,236). La cifra representa una estimación de mercado sobre las unidades incautadas y no necesariamente equivale al eventual perjuicio fiscal que deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

En un video publicado este sábado por la cuenta de la Presidencia, el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, explicó que la incautación formó parte de un refuerzo en las labores de vigilancia y control que se desarrollan en las zonas limítrofes del país.

“Como parte de nuestras funciones y en acatamiento irrestricto a las directrices semanales de la actual administración, se ha hecho un reforzamiento de las acciones policiales, apoyados con inteligencia”, afirmó Camacho.

“La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal ubicaron dos millones de cigarrillos de contrabando en Paso Canoas. Esto representa un golpe contundente de casi ₡200 millones que logramos quitarles a los contrabandistas. En este gobierno no vamos a tolerar a quienes quieran seguir desangrando las finanzas del país", expresó la Presidencia en sus canales oficiales.

El operativo en Paso Canoas permitió frustrar el ingreso ilegal de dos millones de cigarrillos

El funcionario señaló que esa labor permitió articular distintas operaciones contra el comercio ilegal. Mencionó decomisos recientes de licor en el sector de Sixaola y la ubicación de los cigarrillos en la frontera sur.

“Hoy, con la incautación de dos millones de unidades de cigarrillos en el sector de la frontera sur, Paso Canoas, hacia el kilómetro 35, en el sector de Guaicará, los cuales iban a tratar de ser introducidos al país de manera ilegal en un vehículo”, detalló el director policial.

De acuerdo con el director de la Policía de Fronteras, el resultado respondió a la coordinación entre las unidades policiales y el trabajo de inteligencia desplegado en áreas sensibles para el ingreso irregular de mercadería.

“El Ministerio de Seguridad Pública está haciendo un trabajo conjunto con la Policía de Control Fiscal que da importantes réditos para la protección de la soberanía nacional y de las finanzas del Estado costarricense”, sostuvo Camacho en el video.

El funcionario agregó que el cálculo económico se basa en la cantidad de productos encontrados. “A precio de mercado, como se dice popularmente, al ser dos millones de unidades, podríamos estar hablando de casi doscientos millones de colones”, afirmó.

La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias para establecer el origen de los cigarrillos, la ruta prevista para su distribución y las eventuales responsabilidades penales o administrativas derivadas del caso.

Las autoridades costarricenses informaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control en las zonas fronterizas para detectar mercadería que intente ingresar al país de forma irregular.

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó este viernes que el 3 de septiembre decomisaron USD 600,700 y 647,000 pesos colombianos a un pasajero de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo. El dinero no había sido declarado ante las autoridades, según indicó la institución por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información publicada por la propia DGA, las divisas equivalen a RD$35.98 millones. El procedimiento contó con la participación de organismos de seguridad aeroportuaria y representantes del Ministerio Público.

El pasajero intentaba salir de República Dominicana rumbo a Panamá cuando fue interceptado. Las autoridades detectaron USD 599,700 dentro de un equipaje de mano y otros USD 1,000 que llevaba en los bolsillos.

A su vez, la DGA señaló que el decomiso fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas junto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.

Colombiano quedó a disposición del Ministerio Público

La operación tuvo lugar en el AILA, una de las principales terminales aéreas de República Dominicana. Según la institución aduanera, el pasajero transportaba las divisas sin cumplir con los requisitos de declaración previstos por la legislación local.

Las autoridades no difundieron la identidad del ciudadano colombiano ni precisaron si el dinero tenía un origen determinado. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales correspondientes. “El nacional colombiano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes”, confirmó la DGA.

El caso se suma a los controles sobre el traslado transfronterizo de efectivo y otros valores en puertos y aeropuertos dominicanos. La DGA sostiene que esos operativos apuntan a detectar infracciones vinculadas al contrabando y al tráfico ilícito.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la entidad mantendrá una vigilancia permanente en las terminales del país. “La institución se mantendrá en completa vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para enfrentar el contrabando en sentido general”, indicó la DGA al difundir la declaración del funcionario.

El decomiso de efectivo ocurre un mes después de otro operativo comunicado por la DGA. En esa ocasión, las autoridades incautaron dos contenedores con mercancías que, según el organismo, buscaban ingresar al país sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

Uno de esos cargamentos contenía 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer. El segundo incluía 961 televisores de distintas marcas y tamaños. La Dirección General de Aduanas calculó que ambas incautaciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones (al rededor de USD 712,838) por derechos e impuestos de importación.

De igual manera, la DGA afirmó que continuará con los operativos de fiscalización en los puntos de entrada y salida de República Dominicana, mientras el Ministerio Público avanza con las actuaciones vinculadas al pasajero detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para combatir el contrabando y otros ilícitos, indicó la institución.

Durante las exposiciones por el Día de la Industria, el 2 de septiembre, se destacó que el comercio de mercadería ingresada ilegalmente ronda el 5% del PBI argentino y que en 2025 provocaría una pérdida anual de USD 2.300 millones en recaudación.

El presidente de la Unión Industrial Argentina Martín Rapallini sostuvo que varios rubros compiten en condiciones desiguales por la subfacturación, la informalidad y las diferencias en exigencias de calidad y seguridad. “Esto, lejos de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó.

La directora ejecutiva de AFARTE Ana Vainman aseguró, en diálogo con Infobae Al Mediodía, que el impacto también golpea a la producción local y al comercio formal. Según explicó, las empresas registradas pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales, una carga que no alcanza a quienes ingresan mercadería por vías irregulares.

Uno de cada tres celulares conectados a la red ingresó de forma ilegal

Vainman afirmó que “uno de cada tres celulares” que se conectan a la red argentina entró al país de forma ilegal. La entidad, que reúne a fabricantes de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado radicados en Tierra del Fuego, detecta esos casos mediante el IMEI, el código que permite identificar para qué mercado fue fabricado cada teléfono.

La directiva indicó que ese promedio se mantiene desde hace más de un año. También señaló que, mientras los televisores y acondicionadores de aire suelen quedar en zonas cercanas a las fronteras, los celulares llegan con más facilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según Vainman, el contrabando en electrónicos se movió históricamente entre 5% y 7% del mercado, pero en los últimos dos años subió a cerca de 30%. Vinculó esa expansión con la caída de la demanda y con una capacidad ociosa en las fábricas de entre 40% y 45%. La dirigente resumió el efecto sobre la actividad formal con una frase directa: “La renuncia fiscal es enorme”.

La venta ilegal de neumáticos, cerveza y agroquímicos

El problema no se concentra solo en la electrónica. Las estimaciones que ubican la venta informal o de contrabando en más de 30% del mercado de neumáticos, en 40% de la cerveza vendida en autoservicios del AMBA, en 15% de los agroquímicos y en 10% de los cigarrillos.

Vainman además mencionó casos de falsificación en cosméticos, juguetes, indumentaria, calzado y otros bienes de consumo. Planteó que el riesgo no se limita a la evasión tributaria: también alcanza a los consumidores que compran productos sin controles de calidad, trazabilidad ni garantía.

Sobre los teléfonos, explicó que pueden aparecer fallas de garantía o problemas para instalar sistemas operativos y aplicaciones. En otros rubros, el daño puede ser mayor: “Puede afectar la salud”, dijo al aludir a cosméticos adulterados, protectores solares y elementos de seguridad que no cumplen con las condiciones prometidas.

Añadió que un cosmético falsificado puede causar reacciones alérgicas y que un producto de seguridad defectuoso puede exponer a trabajadores. Ese mismo criterio, según la representante de AFARTE, se extiende a cualquier mercadería que se comercializa fuera de las normas vigentes.

El sector apunta a la frontera norte y pide controles sobre plataformas

Vainman afirmó que gran parte de los productos detectados por la entidad ingresa por la frontera norte y que los celulares suelen entrar desde Paraguay, a pie, en camión o en lancha. Para mejorar la detección, la cámara prepara capacitaciones para fuerzas federales en Iguazú y Salta el 17 de septiembre.

La entidad trabaja con el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y también pidió reuniones con Aduana y ARCA. Sobre esa gestión, la directiva admitió: “No hemos tenido mucha respuesta, sinceramente”.

Según explicó, las investigaciones suelen demorarse por la intervención de fiscalías y por medidas judiciales. También reclamó que el Estado mantenga decisiones políticas sostenidas para combatir el delito.

El sector sumó otro frente de preocupación: las plataformas de comercio electrónico. Vainman propuso que esos sitios exijan documentación que acredite el ingreso legal de los productos por Aduana y señaló que la aparición de teléfonos todavía no lanzados oficialmente en Argentina funciona como indicio de posibles operaciones irregulares.

La directora ejecutiva de la cámara vinculó ese desvío de ventas con el retroceso del consumo formal. “Lo poco que se vende se vende a manos del contrabando”, sostuvo.

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El miércoles por la mañana, la localidad de Malvinas Argentinas se convirtió por unas horas en el epicentro de la industria argentina. Unos 200 empresarios, dirigentes de cámaras, funcionarios y referentes del mundo productivo se reunieron en la planta del Laboratorio Elea para celebrar el Día de la Industria en un clima que combinó propuestas técnicas con una frustración difícil de disimular. El telón de fondo es ya conocido: una relación tensa entre el empresariado manufacturero y el Gobierno, en un escenario en el que la industria que acumula una caída del 10% desde 2022, con sectores que registran bajas de entre 25% y hasta 30 por ciento.

En este contexto, hay un consenso que nadie parece discutir: el rumbo macroeconómico —superávit fiscal, baja de la inflación, fin del cepo— es el correcto, aseguraron empresarios de todos los sectores en los pasillos del evento. Pero ese acuerdo convive con una fractura igualmente extendida: quienes producen y comercializan en el mercado interno —la gran mayoría de los participantes de la UIA— reclaman que el orden macro no está derramando hacia la economía real con la urgencia que la situación exige. Esa tensión fue el verdadero hilo conductor de la jornada, tanto en el escenario como, con menos protocolo, en los pasillos.

Isaías Drajer, presidente de Elea, ofició de anfitrión y abrió la jornada con un retrato de la industria farmacéutica nacional. El sector invierte más de USD 300 millones anuales para ampliar y modernizar su capacidad productiva, da empleo calificado a 48.000 personas de forma directa y a 120.000 de manera indirecta, y genera exportaciones por más de 1.500 millones de dólares anuales. Elea, en particular, exporta a más de 40 países —entre ellos Brasil, Colombia y Perú, mercados con exigencias regulatorias estrictas— y genera más divisas de las que consume en importaciones.

En este sentido, Drajer expuso una paradoja del mercado local: en unidades, el 75% de los medicamentos que se venden en la Argentina proviene de laboratorios nacionales, pero en términos de valor esa proporción cae al 50%. En cambio, la industria extranjera se lleva la mitad de la facturación con apenas el 25% de las unidades vendidas. Menos volumen, más precio: esa es la ecuación de los laboratorios foráneos frente a los nacionales. “Sin industria no hay país”, parafraseó Drajer al expresidente Carlos Pellegrini, en una frase que sintetizó el espíritu del encuentro.

El puente de siete puntos que la UIA le presentó al gobierno

Desde el escenario, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), organizó su discurso alrededor de una imagen: la industria necesita un puente entre la economía que se deja atrás y la que se quiere construir. Ese puente tiene siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. El eje que más resonó fue el del contrabando: en algunos rubros, dijo Rappallini, los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten con la producción local y deprimen los precios. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó. Y agregó una frase que varios empresarios repitieron después en los pasillos: “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización.”

El vínculo con el gobierno, deteriorado desde el episodio de los “prebendarios”

El contexto político del encuentro es inseparable de lo que ocurrió en el Día de la Industria de 2024, cuando Milei llamó a los industriales “prebendarios” y “adictos al Estado” en su propia casa. Meses después, ningún funcionario concurrió a la Conferencia Industrial. Este año, la ausencia del presidente era un dato descontado. Tampoco estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Estados Unidos por el G20 y luego asistió a un evento de la Fundación Libertad y Progreso.

El vínculo entre los industriales y la cartera económica se sostiene principalmente a través de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, quien sí participó del acto. Los empresarios señalan que se reúnen periódicamente con el funcionario, quien recibe sus inquietudes, aunque los resultados concretos han sido escasos frente al caudal de propuestas que el sector presentó al gobierno en los últimos dos años y medio.

Por otro lado, la tensión con Caputo tiene su propio episodio reciente: el ministro se refirió a quienes hablan de industria como “tarados”, una frase que varios empresarios mencionaron en privado durante la jornada.

Fuera del escenario, las conversaciones fueron más directas. La postura dominante entre los industriales consultados combina respaldo a los pilares del modelo con una frustración creciente ante la falta de derrame hacia la economía real. “El Gobierno va a morir con las botas puestas. No esperamos reacción”, resumió un empresario en privado. Otro fue más concreto sobre la urgencia: “Los sueldos los tenemos que pagar ahora. No es que se van a poder pagar cuando la micro mejore. No hay tiempo”.

Las comparaciones más crudas apuntaron al año 2001. Varios participantes describieron una cadena de suministro bajo presión, con cheques rechazados entre proveedores y dificultades crecientes para sostener las operaciones. “Estamos como en 2001”, graficó uno de los presentes, respecto al quiebre de la cadena de suministro, efecto de cientos de concursos, quiebras y cierres definitivos de empresas proveedoras de insumos.

La mora de las empresas también fue uno de los tópicos más urgentes y, según coincidieron varios referentes, el Gobierno no tiene intenciones de ceder en ese frente. De hecho, algunos representantes admitieron haberse reunido con la agencia de recaudación para apaciguar las ordenes de embargo, ya que termina por asfixiar a una empresa que busca salir de sus dificultades financieras.

El consumo fue otro punto de tensión recurrente. “No se vende nada, ni lo importado ni lo nacional”, sintetizó un industrial. La caída de la demanda interna no encuentra reconocimiento oficial, algo que los empresarios mencionaron con evidente malestar.

También circuló con fuerza la preocupación por el contrabando: “Es un colador”, reconocieron y comentaron que ingresan al país contenedores con mercadería subfacturada que compite con la producción local, lo que termina por derrumbar los precios, en sectores donde —según estimaciones compartidas durante el encuentro— los productos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado.

Un RIGI para la construcción, la expectativa que circuló entre los empresarios

En medio del diagnóstico sombrío, una idea ganó terreno en las conversaciones informales: la posibilidad de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específico para la construcción. Los industriales lo describieron como una herramienta capaz de dinamizar una cadena con alto impacto en el empleo y con fuerte efecto de arrastre sobre proveedores de materiales, servicios y logística. La iniciativa no tiene aún forma oficial, pero fue mencionada como una de las pocas señales posibles de reactivación a corto plazo.

“La industria genera clase media. Se está destruyendo el entramado productivo. Hay que cambiar el modelo”, resumió un empresario al cierre del encuentro. Rappallini, desde el escenario, había dicho algo similar con otras palabras: “Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años.”

Elementos del Comando Sumpul capturaron a dos hombres en un punto fronterizo no autorizado de Poza Redonda, en el municipio de Victoria de Cabañas Este, donde las autoridades les incautaron 75 paquetes de mercancía de contrabando valuados en alrededor de USD 1,125, según informó este miércoles la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en sus redes sociales.

La institución identificó a los involucrados como Henry Omar V. y Bryan Alexander P. Ambos fueron ubicados durante un procedimiento efectuado en el paso fronterizo no habilitado, una zona que, de acuerdo con el reporte oficial, era utilizada para trasladar productos sin el control correspondiente.

A su vez, la Fuerza Armada indicó que, además de los paquetes de mercadería, los efectivos retuvieron un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular. “En el procedimiento se incautaron 75 paquetes de mercadería de contrabando”, expresó la FAES.

El procedimiento ocurrió en un paso fronterizo no habilitado

El punto señalado por parte de la Fuerza Armada está ubicado en Poza Redonda, Victoria, Cabañas Este, una zona fronteriza en la que el Comando Sumpul mantiene presencia operativa. La actuación se desarrolló en un paso no habilitado, es decir, fuera de los puestos formales de control para el ingreso y salida de mercancías y personas.

Según la publicación institución castrense, los dos hombres y los bienes retenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC). A partir de esa entrega, corresponde a la policía y a las instancias competentes establecer si existen elementos para iniciar una investigación penal o administrativa vinculada con el traslado de los productos.

A su vez, la Fuerza Armada presentó el caso como parte de sus acciones contra el comercio irregular en zonas fronterizas. En el mensaje difundido por sus canales oficiales, recordó que el contrabando constituye un delito y advirtió sobre las consecuencias legales que puede tener participar en este tipo de actividades.

El decomiso incluyó un total de 75 paquetes de productos cuya valuación oficial fue de aproximadamente USD 1,125. La cifra corresponde a la estimación divulgada por la institución militar.

“Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil. El contrabando es un delito. No arriesgues tu libertad por dinero fácil”, detalló la FAES en sus canales oficiales.

La entrega de ambos capturados a la policía salvadoreña implica que la investigación queda bajo la órbita de las autoridades competentes, que deberá verificar la procedencia de los bienes, la ruta utilizada y la eventual participación de otras personas.

En su publicación, la Fuerza Armada informó que los hombres quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por tal motivo, tanto el vehículo, como el efectivo y el teléfono celular serán incorporados como elementos de prueba dentro de una investigación.

El caso se conoció a través de las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada, que difundieron las identidades de los dos hombres, el lugar del procedimiento y el detalle general de los bienes incautados. La institución no proporcionó declaraciones adicionales sobre el operativo ni sobre las medidas que adoptará la PNC tras recibir a los involucrados.

La Guardia Fronteriza de la provincia iraní de Juzestán incautó un petrolero que transportaba 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico, informó este miércoles el responsable de la fuerza en la región, Sardar Hojat Sefid Posut. La operación se saldó con la detención de once marineros extranjeros, cuyas nacionalidades no fueron reveladas por las autoridades.

Según explicó Sefid Posut, citado por la agencia estatal Mehr, los guardias fronterizos de Abadán formaron varios equipos operativos de respuesta rápida que se desplazaron hasta el punto donde se encontraba la embarcación, dentro de aguas territoriales iraníes. “Los guardias fronterizos de Abadán, mediante la formación de varios equipos operativos de respuesta rápida, se desplazaron al lugar en aguas territoriales, identificaron la embarcación en cuestión y la incautaron en una operación rápida”, declaró el funcionario.

Las autoridades abrieron una investigación sobre el origen y el destino del cargamento. Sefid Posut estimó el valor del combustible incautado en más de 570.000 millones de riales, unos USD 414.000 al cambio actual, que fueron entregados a los organismos competentes para su custodia mientras avanza el proceso judicial contra la tripulación detenida. Por el momento no se ha precisado ante qué tribunal responderán los once marineros ni si enfrentan cargos adicionales por posible vinculación con redes organizadas.

La incautación se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado energético interno de Irán. El país atraviesa desde finales de agosto un déficit diario de unos 15 millones de litros de combustible, un problema que las autoridades atribuyen a las sanciones estadounidenses, aunque medios iraníes también han informado de tensiones internas entre la Guardia Revolucionaria y el régimen por el acceso a las reservas estratégicas, sin que ninguna de las partes lo haya confirmado públicamente. La escasez ha provocado colas de vehículos de varios kilómetros frente a gasolineras de Teherán y otras ciudades, además del anuncio gubernamental de una subida de precios cuya fecha y magnitud no se han precisado todavía.

Medios iraníes informaron además del desmantelamiento de una tubería de seis kilómetros, enterrada bajo la arena y el agua del mar, que se utilizaba para sacar combustible de contrabando hacia el exterior del país. Esa crisis de suministro se desarrolla en paralelo al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene contra los puertos iraníes desde el inicio del conflicto armado entre ambos países y al cierre parcial del estrecho de Ormuz, la vía por la que transita buena parte del petróleo que se comercia en el mundo. El Departamento del Tesoro estadounidense denomina esta ofensiva sancionadora Operación Furia Económica.

El contrabando de carburante hacia países vecinos del golfo se ve favorecido por la diferencia de precios: Irán mantiene, desde antes del inicio de las sanciones más recientes, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo, lo que convierte cada litro sacado ilegalmente del país en una operación rentable para quienes lo revenden en mercados donde el combustible cuesta varias veces más. Ese sistema de subsidios, una política interna del régimen iraní y no una consecuencia directa de las sanciones, es señalado por analistas como uno de los incentivos estructurales del tráfico marítimo que las autoridades dicen combatir.

Irán ha realizado decenas de incautaciones similares en los últimos años, lo que muestra tanto la persistencia del fenómeno como las limitaciones del control estatal sobre su litoral. En mayo, la Guardia Fronteriza de la misma provincia detuvo a ocho personas y confiscó cinco embarcaciones con cerca de 200.000 litros de diésel que iban a ser trasladados desde el río Faizal hacia compradores en el golfo Pérsico. Las autoridades atribuyen sistemáticamente estas operaciones a violaciones de la normativa de navegación marítima, aunque rara vez precisan el destino final de las mercancías ni la identidad de las redes que las organizan.

La investigación abierta sobre los once marineros detenidos determinará en los próximos días si actuaban de forma independiente o formaban parte de una red más amplia de tráfico de combustible hacia el golfo. El desenlace del caso llegará en paralelo a la decisión del Gobierno iraní sobre el alza de los precios de la gasolina, una medida que, de confirmarse, podría intensificar tanto las protestas internas como los incentivos económicos para el contrabando marítimo en las semanas siguientes.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público desmantelaron en Yaguate una estructura dedicada a fabricar, envasar, etiquetar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas, una operación que dejó 25.496 mercancías ilícitas incautadas por un valor de RD$5,9 millones ($100,150 dólares estadounidenses) y que, según las autoridades, forma parte de la estrategia para evitar muertes por consumo de alcohol adulterado en República Dominicana.

Entre lo ocupado había 4.780 botellas de licor premium listas para distribución, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones preparados para envasado, 1.363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza. También fueron decomisados 19.536 artículos ilícitos diversos, además de 1.542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales, marcos serigráficos, troqueles y maquinaria industrial para mezclado y envasado.

Según Listín Diario, la intervención se realizó en una edificación de tres niveles ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Ana, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal. El operativo se ejecutó con una orden de allanamiento, después de labores de inteligencia iniciadas en abril tras la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.

El operativo apuntó a una red con capacidad de fabricar, falsificar y distribuir

La dimensión del decomiso mostró una operación que no se limitaba al almacenamiento. Las autoridades describieron una estructura capaz de producir bebidas adulteradas, falsificar elementos de presentación comercial y preparar su circulación en el mercado.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, dijo que las acciones continuarán para que el país siga “sin registrar ni una sola muerte por el consumo de bebidas adulteradas”, una meta que, afirmó, se ha mantenido por más de cuatro años.

Sanz Lovatón añadió que este tipo de operativos también contribuyó a que República Dominicana fuera excluida y permaneciera fuera de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en 2024.

Las autoridades advirtieron que estas estructuras violan la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación. El objetivo, indicaron, es neutralizar focos clandestinos que ponen en riesgo la salud pública y generan evasión fiscal.

Adopron pidió rastrear el origen del alcohol etílico y llevar el caso hasta sentencias

La Asociación Dominicana de Productores de Ron reclamó que la investigación avance más allá del decomiso para establecer quiénes financiaban y abastecían la operación y de dónde provenía el alcohol etílico utilizado. Citada por Diario Libre, la entidad valoró el operativo, pero sostuvo que la siguiente etapa debe concentrarse en identificar a todos los responsables.

La vocera del gremio Circe Almánzar afirmó: “Este operativo demuestra que la coordinación público-privada y el fortalecimiento de las labores de inteligencia pueden producir resultados concretos en la lucha contra un ilícito que no solo perjudica a las empresas que operan formalmente y al fisco, sino que representa una seria amenaza para la salud y la vida de los consumidores”.

Almánzar pidió identificar a las personas físicas y jurídicas vinculadas con la fabricación, el financiamiento, el suministro de insumos, la falsificación, el almacenamiento y la distribución de las bebidas. También reclamó que los procesos judiciales concluyan con condenas que tengan efecto ejemplarizante y disuasorio. La entidad planteó que las autoridades deben establecer quién produjo o importó ese alcohol, quién lo comercializó, a nombre de quién fue adquirido y qué canales se utilizaron para abastecer la operación ilegal.

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.

Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos

Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.

Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.

La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.

Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad

El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.

La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.

Dos operativos previos en agosto en la misma aduana

El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.

El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México

El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.

Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando

El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.

El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.

Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.

Un millonario decomiso de mercadería de contrabando se realizó en Guatemala. Según las autoridades, el producto entraría al país a través de un furgón que, al ser consultado el piloto, carecía de la documentación correspondiente.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la Aduana El Florido, ubicada en Chiquimula.

Las autoridades revelaron que interceptaron un cabezal que transportaba un furgón cargado con 555 cajas de diversos productos, entre los que figuran relojes, perfumes, medicamentos, joyas y aparatos eléctricos.

Este cargamento, fue valorado en Q9.373,499 (USD 1.217,338), y carecía de los documentos necesarios para acreditar suprocedencia legal o ingreso al territorio nacional.

Los elementos de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC confirmaron que la mercadería quedó bajo resguardo de las autoridades aduaneras para continuar con las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

Estadísticas y rutas del contrabando en Guatemala

El contrabando representa un desafío persistente para la economía de Guatemala. Según reportes de diversas fuentes, principalmente del sector empresarial, este fenómeno impacta severamente la recaudación tributaria y la competencia leal en el mercado interno.

Las rutas más utilizadas por las estructuras criminales se concentran en zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador.

Las gremiales empresariales calculan que el valor total del contrabando supera los Q25 mil millones (USD 3.3 millones) anuales, lo que se traduce en miles de millones en quetzales que el fisco deja de percibir, debido a que no logra la recaudación de aranceles, ni impuestos como el IVA.

Mientras que sectores como el de alimentos, bebidas, calzado, textiles y granos básicos experimentan pérdidas que oscilan entre el 11% y el 30% en sus ventas formales, desincentivando la inversión privada y la expansión empresarial.

En la frontera con México, puntos como Lagos de Montebello y áreas cercanas a Tapachula son empleadas para el trasiego irregular de ganado y productos diversos. Por otro lado, corredores como la CA-9 Norte y la CA-9 Sur facilitan el movimiento de mercancías ilícitas hacia la capital y otros centros urbanos.

Entre las mercancías que más contrabando generan en el país destacan los productos agrícolas, el ganado bovino, los combustibles, los medicamentos y los bienes de consumo masivo como tabaco y licores.

Estas actividades ilícitas no solo afectan la recaudación de la SAT, sino que también introducen riesgos sanitarios y de seguridad al evadir los controles fitosanitarios y de calidad.

Requisitos legales para la importación de mercancías

Para que cualquier mercaderíaingrese al país sin contratiempos, los importadores deben cumplir con un marco normativo riguroso supervisado por la SAT. El proceso básico requiere la presentación de la Declaración de Mercancías, documento mediante el cual se detalla la naturaleza, cantidad y valor de los bienes.

Además, es indispensable adjuntar la factura comercial original, el documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte) y el certificado de origen, cuando aplique para regímenes de preferencias arancelarias.

Dependiendo del tipo de producto, las autoridades pueden exigir permisos especiales de entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para medicamentos o alimentos, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para productos de origen agropecuario.

El cumplimiento de estas disposiciones evita sanciones administrativas, multas o la incautación definitiva de las mercancías, como ocurrió en el reciente operativo registrado en Chiquimula.

La marca colombiana Lili Pink anunció la apertura de la primera tienda física de Lili Beauty, la nueva iniciativa de productos de belleza y bienestar que le servirá a la empresa mantenerse en el mercado en medio del controversial proceso investigativo por presuntos contrabando y lavado de activos.

Con más de 500 tiendas propias y franquiciadas en Colombia, operación en 31 de los 32 departamentos del país y más de 2.200 empleos directos y 400 indirectos, el grupo Fast Moda S.A.S., que integra las marcas YOI y Lili Beauty, se decidió por abrirse a un nuevo segmento en el mercado.

El nuevo establecimiento se encuentra en el Centro Comercial Cosmocentro de Cali, y representa el lanzamiento de una expansión nacional de la firma, cuyo fin es fortalecer su ecosistema de marcas y consolidar su presencia en un segmento dinámico.

Información conocida por Infobae Colombia apuntó que la marca quiere responder a las demandas de consumidoras interesadas en explorar tendencias, inspirarse y acceder a experiencias de autocuidado.

En medio de un panorama judicial que tiene expectantes a los colombianos, la línea Lili Beauty fue concebida para acompañar a las mujeres en sus rituales cotidianos, en vista de que, solo en el primer semestre de 2026, la unidad de Belleza y Bienestar de Fast Moda S.A.S. a través de sus marcas experimentó un crecimiento del 40% frente al mismo periodo del año anterior. Las categorías de cuidado corporal y fragancias registraron aumentos superiores al 60%, mientras que maquillaje y cuidado facial superaron el 200%.

Entre las categorías disponibles en la nueva tienda figuran productos de cuidado corporal con hidratantes y mantequillas corporales; fragancias, que incluirá perfumes y lociones; cuidado de la piel, con líneas faciales y mascarillas; maquillaje, donde destacan productos para labios y maquillaje básico; cuidado de la salud, con accesorios y soluciones para el cuidado personal; y estilo de vida, que ofrecerá termos, bolsos, accesorios y bisutería.

También presentarán una familia de productos diseñada para el relax y el bienestar, con velas aromáticas y alternativas para el autocuidado en casa.

“Más que una tienda, estamos creando una experiencia cercana, dinámica y en constante evolución”, explicó Verónica Pachón, gerente de Mercadeo y Producto de Fast Moda.

El grupo prevé la llegada de esta línea a ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, con la meta de inaugurar el primer punto en la capital antes de finalizar 2026, como también aseguró Sebastián Ulchur, gerente y representante legal de Fast Moda, desde que el grupo fue intervenido por la Fiscalía.

En qué quedó el caso Lili Pink: juez negó prisión preventiva a ocho investigados

Un juez de control de garantías de Bogotá resolvió no imponer prisión preventiva a ocho personas investigadas por su presunta vinculación con un esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la empresa Lili Pink.

La decisión se adoptó el lunes 24 de agosto de 2026 y, en consencuencia, los señalados enfrenten el proceso judicial en libertad mientras avanza la investigación.

Entre los beneficiados por la decisión figuran Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.

El despacho judicial consideró insuficiente la fundamentación de la Fiscalía General de la Nación para restringir la libertad de los acusados, al considerar que no se alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa.

Según el expediente presentado en audiencia, la Fiscalía sostiene que desde 2013 operó una red criminal transnacional en Colombia y Panamá. Esta estructura, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, habría utilizado empresas fachada y sociedades comerciales para introducir mercancías al país y ocultar el origen de los recursos obtenidos, principalmente mediante operaciones de comercio exterior

La fiscal delegada afirmó que el monto del presunto lavado ascendería a $730.000 millones, con un supuesto enriquecimiento de $430.000 millones por parte de los investigados.

Edgardo Kueider y su exsecretaria, Iara Guinsel, recibieron una condena por tentativa de contrabando y ahora están bajo investigación por lavado de activos.

En foco está la adquisición de departamentos de lujo. En ese expediente solicitaron reemplazar la detención domiciliaria que cumplen por una “caución juratoria”. El instituto legal es equivalente a la “libertad bajo palabra” en el sistema procesal de Paraguay y de otros países de tradición jurídica hispana.

Se constituye como un compromiso formal o promesa bajo juramento prestado ante el juez. En el acto, el imputado asume la obligación de someterse al procedimiento judicial. También debe presentarse cada vez que sea requerido y cumplir con las medidas impuestas.

El planteo fue rechazado. El juez interviniente, Humberto Otazú, consideró en una resolución del 18 de agosto pasado que las circunstancias que llevaron a imponer el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado evaluó como inviable la solicitud en razón de que Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

Cuál es la situación

Aunque la decisión lo hubiese favorecido, Kueider no habría podido caminar con libertad por las calles de Luque, la localidad lindera a Asunción donde ahora tiene residencia. Es que el exsenador por Entre Ríos soporta tres órdenes de detención domiciliaria en Paraguay. Además de la que se le dictó en la causa por lavado, tiene otra en el expediente de extradición y una más a consecuencia de la condena por contrabando.

En 2025, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó al Paraguay que extradite al exlegislador nacional. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos. La Fiscalía del vecino país dio luz verde al pedido. Sin embargo, impuso la condición de que, antes de ser remitido a la Argentina, debe cerrar cuentas con la justicia paraguaya.

Como Kueider no se allanó al pedido de Arroyo Salgado, se inició un proceso judicial de extradición, conforme al tratado entre ambos países.

En ese momento, el exsenador tenía abierta la causa por contrabando en grado de tentativa. El expediente armado por los USD 200 mil que intentó ingresar sin declarar a Paraguay llegó a juicio en junio. A mediados de julio recibió una condena de dos años. La sentencia fue recurrida y ahora la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado deberá revisarla.

Cuando este juicio estaba por comenzar, Kueider y Guinsel fueron procesados por lavado de activos.

Departamentos y cocheras

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras. Las propiedades están en un edificio de lujo en el centro de Asunción.

El complejo se llama Innova Las Mercedes. Se encuentra en la avenida General Santos esquina Marco de Brix. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, de 2 dormitorios y 2 baños. Se suman dos más en el sexto nivel (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”. Estos cinco cuentan con un dormitorio y un baño. Las cocheras se localizan en el segundo subsuelo.

La investigación fiscal evaluó que para adquirir estas unidades, Kueider apeló a la mascarada de una sociedad anónima paraguaya: Golsur. La firma está a nombre de dos ciudadanos del vecino país: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Ambos adquirieron la empresa meses antes de que el exsenador caiga detenido. Y le dieron a Guinsel un poder plenipotenciario para manejar la firma.

La Justicia ordenó el embargo de esos bienes. En Paraguay, el lavado de activos tiene una pena en expectativa que va desde los 5 a los 10 años de prisión.

El episodio se produjo durante los controles habituales sobre los paquetes que llegan al establecimiento penitenciario, una instancia en la que el personal revisa objetos y pertenencias con el objetivo de detectar artículos prohibidos. En ese marco, la inspección de una mochila para niños derivó en el descubrimiento de los dispositivos, cuya presencia dentro de una cárcel se encuentra vedada por la normativa interna.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias avanzaron con el secuestro de la mochila y de los 10 chips, además de dar aviso a la Justicia para el inicio de las actuaciones correspondientes.

La información oficial no precisó a quién estaba destinado el ingreso del bolso ni en qué sector exacto del penal se iba a entregar, aunque sí confirmó que los chips fueron retirados de circulación antes de que pudieran entrar en la unidad.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, los 10 chips de celulares quedaron secuestrados junto con la mochila como parte del procedimiento administrativo y judicial.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron detenciones ni imputaciones vinculadas con este hecho.

Esta es una modalidad habitual en los penales. De hecho, hace unos meses, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba también permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

El Ministerio de Hacienda recibió 3,757 denuncias por presunto contrabando y evasión fiscal entre enero y julio de este año, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este incremento coincide con una mayor cantidad de decomisos, más investigaciones por facturas falsas y el impulso de una política oficial orientada a endurecer las sanciones contra el comercio ilícito.

Según cifras publicadas por El Observador, durante los primeros siete meses de 2025 se habían reportado 2,587 denuncias.

Entre los motivos más frecuentes, se encuentran la entrega de facturas no autorizadas, la exigencia de pagos en efectivo y el cobro incorrecto del Impuesto al Valor Agregado.

También se recibieron reportes sobre personas cuyo crecimiento de ingresos resulta cuestionable, comercios que no cumplen con los requisitos del Régimen de Tributación Simplificada y contribuyentes que no declaran la totalidad de sus ingresos.

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, sostuvo que este aumento puede interpretarse como una señal de respaldo ciudadano a los controles tributarios implementados.

Carvajal señaló: “Nosotros estamos yendo a visitar estos locales que nos están dando esa información valiosa, y vamos a seguir trabajando. Los directores generales nos apoyan con alguna búsqueda y profundización de datos”.

Los decomisos y los operativos recientes

El incremento en la cantidad de denuncias se produjo en paralelo con un aumento en el número de decomisos. El Ministerio de Hacienda informó el 7 de agosto que, entre mayo y julio de este año, las incautaciones crecieron 58% respecto del mismo periodo de 2025.

Las estadísticas oficiales indican que la cantidad de unidades decomisadas pasó de 13 millones a 30 millones en ese mismo lapso.

El aumento se concentró principalmente en cigarrillos y habanos, seguidos de licor, cosméticos, calzado y productos de perfumería. En julio, las autoridades presentaron 15 denuncias ante el Ministerio Público por compra y uso de facturas falsas, con una evasión tributaria estimada en ¢809.5 millones (aproximadamente USD 1.5 millones, según el tipo de cambio promedio al momento de la redacción).

En diferentes operativos realizados en San José, Alajuela y Heredia, funcionarios de las direcciones generales de Tributación, Aduanas y de la Policía de Control Fiscal decomisaron más de 259,000 unidades de cigarros, cerca de 2,000 perfumes finos, así como calzado y bebidas carbonatadas. El jueves pasado, la Policía de Control Fiscal allanó un local en Avenida 3, cerca de la escuela Juan Rafael Mora Porras, donde se decomisó toda la mercadería por carecer de documentación que respaldara su procedencia.

Sobre este caso, Carvajal explicó: “En este caso hemos estado siguiendo algunas importaciones donde hemos logrado escanear contenedores y a la hora que llegamos al almacén fiscal, a la inspección, incluso ya han descargado los contenedores”.

Estrategia de operativos y desafíos internos

El viceministro Carvajal indicó que la estrategia continuará basada en operativos sorpresa, y que los destinos de estas intervenciones se mantienen en reserva hasta poco antes de ser ejecutados. Según lo citado por El Observador, en ocasiones solo él conoce la ubicación hasta momentos antes de la salida del personal.

Carvajal relató un operativo en Alajuela donde, al no aplicar el protocolo habitual, una persona en bicicleta alertó a los comercios para que cerraran antes de la llegada de los inspectores. Señaló que, aunque no puede afirmar que existan funcionarios que filtren información, reconoce que el riesgo es alto, por lo que la comunicación de los operativos al personal policial suele realizarse en el último momento.

El funcionario planteó que sería necesario endurecer las sanciones y adoptar medidas más estrictas para que las respuestas no se limiten solamente al decomiso de mercadería. Actualmente, las autoridades fiscales pueden incautar productos, pero no tienen facultad para ordenar el cierre de los establecimientos involucrados.

En cuanto a la mercadería decomisada, Hacienda informó que carecía de documentos de respaldo y que su valor asciende a varios millones de colones.

Los operativos continuarán cada semana en diferentes cantones y los artículos incautados se destruyen una vez que los jueces autorizan su desecho.

Un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector de Villa Consuelo, en Santo Domingo, dejó como resultado la incautación de más de 19 millones de pesos dominicanos en bebidas alcohólicas, cigarrillos premium, estimulantes sexuales y medicamentos importados irregularmente.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), forma parte de una serie de acciones orientadas a reforzar los controles sobre el comercio ilícito en la República Dominicana.

De acuerdo con el MICM, la intervención permitió decomisar un total de 119,708 unidades de mercancía que se encontraban sin el registro sanitario correspondiente y presentaban múltiples irregularidades en el etiquetado, aproximadamente $320,000.

Las autoridades localizaron los productos en un establecimiento comercial manejado por ciudadanos chinos, donde además se detectó la comercialización irregular de estos artículos en flagrante incumplimiento de las normativas sanitarias y fiscales vigentes.

En el operativo participaron varias entidades, entre ellas el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público. El trabajo interinstitucional permitió asegurar la cadena de custodia de los bienes decomisados y proceder con la detención de cinco ciudadanos haitianos, quienes se encontraban en situación migratoria irregular y fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, subrayó que la institución mantendrá una postura firme ante cualquier intento de operar al margen de la ley.

Destacó que estas acciones se inscriben dentro de los esfuerzos de la Mesa de Ilícitos, mecanismo de coordinación que busca combatir el contrabando y la evasión fiscal, así como proteger a la población frente a productos que representan un riesgo para la salud pública.

La mercancía incautada fue valuada preliminarmente en 19,482,180 pesos dominicanos y trasladada a la sede central del CECCOM bajo estrictos protocolos de custodia, en tanto se desarrolla el proceso administrativo y judicial correspondiente.

Las autoridades confirmaron que los productos decomisados carecían de los controles sanitarios exigidos y su etiquetado presentaba graves irregularidades, lo que evidenciaba su ingreso ilegal al mercado nacional.

El contexto de este operativo se enmarca en una serie de intervenciones recientes orientadas a desmantelar redes de comercialización ilícita en sectores clave de la economía dominicana. En los últimos meses, las autoridades han incrementado los controles en zonas comerciales y han fortalecido la cooperación interinstitucional para identificar y sancionar puntos de venta de productos sin documentación legal y con potenciales riesgos para los consumidores.

La detención de los ciudadanos haitianos se realizó tras verificar su estatus migratorio irregular durante el operativo, y su situación quedó en manos de los inspectores migratorios. Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las distintas instancias estatales ha sido determinante para lograr resultados concretos frente a delitos como el contrabando y la evasión de impuestos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes indicó que continuará impulsando operativos similares, en coordinación con las entidades que integran la Mesa de Ilícitos, para enfrentar las actividades comerciales ilícitas y proteger tanto la salud de la población como los intereses fiscales del Estado. El operativo en Villa Consuelo refuerza el mensaje de tolerancia cero ante quienes vulneran las leyes comerciales y sanitarias en el país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina aseguraron 52 millones 500 mil cigarros apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante una operación de transbordo sobre un cargamento proveniente de Vietnam, de acuerdo con un comunicado oficial de la ANAM. La acción fue coordinada con autoridades del Gabinete de Seguridad y la Unidad Administrativa de la Aduana local.

Cargamento de Vietnam interceptado en Michoacán

El decomiso se concretó en la Aduana de Lázaro Cárdenas, uno de los puertos de entrada de mercancía más activos del país. Según el comunicado de la ANAM, el cargamento originario de Vietnam fue detectado durante una operación de transbordo, modalidad en la que la carga cambia de embarcación o medio de transporte antes de llegar a su destino final.

La escala del alijo de más de 52 millones de cigarrillos da cuenta de la magnitud de la operación. De haber circulado en el mercado informal, el volumen decomisado habría representado una afectación directa tanto a la recaudación fiscal como a los consumidores.

Análisis documental y perfiles de riesgo, claves del hallazgo

La detección no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado institucional, el cargamento fue identificado a través de los mecanismos de análisis de riesgo y control aduanero que la ANAM opera de forma permanente en coordinación con la Unidad Administrativa del puerto michoacano.

El proceso incluyó análisis documental, revisión de antecedentes comerciales y verificación de perfiles operativos. Fueron las inconsistencias detectadas en esos tres frentes las que derivaron en la revisión especializada y, posteriormente, en el aseguramiento.

La Semar y las autoridades del Gabinete de Seguridad participaron en las acciones de campo que permitieron materializar el decomiso, en el marco de los esquemas de colaboración interinstitucional que rigen las operaciones de control en puertos estratégicos, según precisó la ANAM.

También en el AICM: cajetillas Pall Mall retenidas por presunta violación de marca

Un segundo operativo en la Aduana del AICM, dejó como resultado una visita de inspección conjunta entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Semar, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades impusieron una medida provisional para suspender la libre circulación de 865 mil 751 cajetillas de cigarros de la marca Pall Mall, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos, según el comunicado oficial del IMPI.

La actuación se desarrolló en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario 476181 PALL MALL, ante la posible vulneración de sus derechos de propiedad industrial. La mercancía se encontraba en tránsito a través del aeropuerto capitalino.

A diferencia del operativo en Lázaro Cárdenas, en este caso la naturaleza del procedimiento es marcaria: la medida busca impedir la libre circulación de los productos mientras el IMPI determina si existe una afectación real a los derechos del titular de la marca.

El procedimiento legal tras el operativo en el AICM

La medida impuesta en el AICM tiene carácter provisional. A partir de su notificación, British American Tobacco contará con 20 días hábiles para solicitar formalmente la declaración administrativa de infracción ante el IMPI, plazo consistente con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial de México para este tipo de medidas.

De presentarse esa solicitud, el instituto iniciará el procedimiento correspondiente y resolverá conforme a las pruebas y disposiciones aplicables. Hasta entonces, las 865,751 cajetillas permanecerán retenidas dentro del recinto fiscalizado del aeropuerto capitalino, según el comunicado del IMPI.

Qué son los cigarros apócrifos y por qué su tráfico es un delito

Los cigarros apócrifos son productos que se comercializan sin los registros sanitarios, fiscales ni de propiedad intelectual exigidos por la legislación mexicana. Su introducción ilegal al país implica evasión de impuestos, incumplimiento de normas de salud pública y, en muchos casos, vínculos con redes de comercio ilícito.

Estudios externos al comunicado, entre ellos uno de Oxford Economics citado por investigadores del Colegio de México, estiman que en 2020 el mercado ilegal de tabaco generó una pérdida de 13 mil 500 millones de pesos en recaudación para el Estado mexicano, equivalentes al 19.4% de los ingresos potenciales por impuestos especiales al tabaco.

La calificación de “presumiblemente apócrifos” empleada en el comunicado oficial indica que, al momento del aseguramiento, el cargamento estaba sujeto a validación por las autoridades competentes, proceso habitual en este tipo de decomisos antes de proceder con las acciones legales correspondientes.

Lázaro Cárdenas, puerto de alta vigilancia

El puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo recinto portuario en movimiento de carga contenerizada del país y uno de los principales puntos de ingreso de mercancía proveniente de Asia, con más de 24,6 millones de toneladas procesadas en 2025, según datos de la Asociación de Puertos del Pacífico. Su posición lo convierte también en un corredor sensible para el tráfico de productos ilegales.

Las operaciones de inteligencia aduanera en ese punto incluyen trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, de acuerdo con lo informado por la ANAM. Estas herramientas forman parte de un sistema de gestión de riesgo diseñado para detectar patrones atípicos en las operaciones de comercio exterior.

Compromiso interinstitucional frente al comercio ilícito

La ANAM, junto con la Semar y el Gabinete de Seguridad, reafirmaron su postura ante este tipo de operaciones, según el comunicado oficial. Las instancias señalaron que el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección constituye una prioridad para proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afectan al país.

El operativo en Lázaro Cárdenas se enmarca en esa estrategia de vigilancia permanente sobre las operaciones de comercio exterior, con especial atención a los cargamentos provenientes de regiones con alta incidencia de productos falsificados o de procedencia irregular, de acuerdo con lo establecido por la ANAM.

Panamá ha dado un paso pionero en la región al capacitar a sus especialistas aduaneros para fortalecer la detección y el bloqueo de actividades criminales vinculadas al tráfico de armas nucleares o radiológicas.

Este esfuerzo responde a la amenaza de que organizaciones delictivas o grupos terroristas utilicen el país como ruta para trasladar materiales peligrosos con fines destructivos, tanto en territorio panameño como en naciones aliadas.

El país participa en un programa de formación integral que actualiza los conocimientos de sus funcionarios aduaneros.

El objetivo es perfeccionar los sistemas de control en áreas como comercio exterior, logística y regulación internacional, priorizando la lucha contra delitos como el contrabando, la falsificación y el narcotráfico.

Dentro de este marco, la prevención del tráfico de materiales nucleares y radiactivos figura entre las prioridades estratégicas.

El taller especializado fue impartido por instructores del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear, quienes aportaron herramientas y simulaciones de última generación.

Mark Greer, responsable técnico del Proyecto Megapuertos Panamá y líder de la delegación estadounidense, subrayó que “Panamá está a la vanguardia en la región en la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para enfrentar más eficientemente el trasiego de materiales nucleares y radioactivos”.

Por su parte, Carmen Tapia, directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, remarcó uno de los ejes de la actual gestión: “dotar de tecnologías avanzadas a la institución”.

Esta estrategia, dijo, busca optimizar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y proteger tanto la seguridad nacional como el flujo legítimo del comercio.

En paralelo al programa formativo, la Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de dos contenedores con mercancía bajo sospecha de infringir derechos de propiedad intelectual.

La operación, que tuvo lugar en un puerto de la costa atlántica, derivó de acciones conjuntas de inteligencia y control físico, y se calcula que el valor preliminar de los productos retenidos asciende a $807.500.

Los inspectores, tras la verificación física de los cargamentos, hallaron cigarrillos de marcas reconocidas.

El análisis inicial sugirió indicios de presunto fraude marcario, por lo que la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención y custodia inmediata de los contenedores.

Actualmente, los especialistas elaboran un inventario detallado para determinar la cantidad exacta y el valor definitivo de la mercancía.

De acuerdo con los procedimientos, una vez finalizadas las verificaciones, se aplicará el régimen administrativo correspondiente a la legislación de propiedad intelectual. Si se confirma la existencia de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación formal.

Durante una diligencia de allanamiento en un local dedicado al transporte y recepción de paquetes internacionales, las autoridades detectaron una encomienda que contenía posibles sustancias prohibidas.

Agentes de la Policía Nacional, al llegar al establecimiento, fueron recibidos por el propietario, quien colaboró voluntariamente con la inspección y facilitó el acceso al área de almacenamiento para ubicar la caja señalada.

Como parte de su labor, los funcionarios continúan aplicando controles estrictos en puertos y centros logísticos, tanto para combatir el comercio ilícito como para garantizar la seguridad y la legalidad en el mercado nacional.

Con estas acciones las autoridades aduaneras sostienen que Panamá refuerza sus capacidades aduaneras mediante alianzas internacionales, incorporación de tecnología avanzada y una política de fiscalización permanente, en respuesta a los desafíos del crimen organizado y las nuevas amenazas globales.

Autoridades mexicanas aseguran casi 5,8 millones de cigarros apócrifos procedentes de Asia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un operativo conjunto que involucró a la Aduana, la Marina y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques con aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los cargamentos llegaron desde Singapur y Sri Lanka con destino a la capital del país, y permanecen retenidos de forma precautoria mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

Casi seis millones de cigarros en 24 pallets

El volumen del decomiso fue considerable: 484 cajas y 24 pallets con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos de producto apócrifo.

Cada uno de los cuatro embarques estaba amparado por una guía aérea distinta, con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación correspondiente.

La mercancía fue retenida dentro del recinto fiscalizado del AICM, donde permanece asegurada de manera precautoria hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.

Singapur y Sri Lanka, puntos de origen del contrabando

Los cuatro embarques provenían de dos países asiáticos: Singapur y Sri Lanka, con destino declarado a la Ciudad de México.

El tráfico de cigarros apócrifos desde Asia representa una amenaza directa a la recaudación fiscal del Estado, ya que estos productos circulan fuera de los canales formales de importación y comercialización, según indicó el comunicado conjunto de las dependencias.

La introducción de tabaco ilícito también implica riesgos para la salud pública, al tratarse de productos que no pasan por los controles sanitarios establecidos, de acuerdo con las autoridades.

Inteligencia aduanera y tecnología no intrusiva, claves del operativo

El aseguramiento fue posible gracias a una estrategia basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, según informó la ANAM en el comunicado conjunto.

Este tipo de tecnología permite revisar el contenido de los embarques sin abrirlos físicamente. La coordinación entre la Aduana del AICM y el personal de la SEMAR fue determinante para identificar los indicadores de riesgo en los cuatro cargamentos.

El operativo se enmarca en la estrategia conjunta que ambas dependencias han implementado para detectar y neutralizar operaciones de comercio exterior con señales de actividad ilícita.

ANAM y SEMAR reafirman su coordinación contra el contrabando

Tras el aseguramiento, la ANAM y la SEMAR emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su “compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales” en materia de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control.

Las instituciones encuadraron la acción dentro de tres objetivos centrales: proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior legítimo y combatir conductas ilícitas que afecten la economía del país.

El Gabinete de Seguridad también participó en el operativo, lo que refleja el carácter interinstitucional de la intervención.

Un golpe a la recaudación y la salud pública

El contrabando de cigarros apócrifos afecta tanto a la recaudación del Estado mexicano como al combate de posibles conductas ilícitas que dañan al país, según precisó el comunicado de las dependencias involucradas.

Las instituciones subrayaron que las acciones fortalecen la seguridad nacional y protegen la salud pública, dos de los ejes que justifican la coordinación permanente entre la ANAM, la SEMAR y el Gabinete de Seguridad en los puntos de entrada al territorio mexicano.

El AICM, epicentro del combate al contrabando de tabaco

El decomiso de hoy no ocurre de forma aislada. Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM, operada por personal de la SEMAR, ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. “De acuerdo con un estudio del Colegio de México (Colmex, 2025), uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, una proporción que se duplicó entre 2017 y 2023, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.”

El operativo, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (Gepci) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y expertos de Bavaria, permitió también la incautación de botellas vacías, tapas, maquinaria artesanal y otros insumos utilizados para lavar y volver a sellar los envases.

En el procedimiento, orientado inicialmente a combatir la comercialización de licor adulterado y de contrabando, las autoridades encontraron un espacio acondicionado específicamente para el reenvasado ilegal de cerveza, práctica que hasta ahora no se había registrado en el departamento.

También se decomisaron más de 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

El riesgo sanitario y tributario de la adulteración de cerveza

El gobernador Jorge Rey advirtió sobre el grave riesgo que implica el consumo de bebidas alcohólicas cuya procedencia y manipulación se desconocen. “Una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede poner en riesgo la salud, inclusive la vida”, señaló, recordando que la cerveza reenvasada elude todo control legal, sanitario y tributario.

La manipulación clandestina incluye el lavado y rellenado de envases, el uso de maquinaria artesanal y la falsificación de sellos y tapas, condiciones que pueden facilitar la contaminación del producto y la introducción de sustancias nocivas. Además, la venta de estas bebidas ilegales afecta las rentas departamentales destinadas a sectores críticos como la salud, la cultura y el deporte, pues evade el impuesto al consumo.

Este hallazgo representó la primera vez que las autoridades de Cundinamarca detectan un caso de adulteración de cerveza a gran escala, una práctica que hasta ahora se había concentrado principalmente en licores como whisky, ginebra, ron y aguardiente. El gobernador Rey subrayó que esta nueva modalidad abre una alerta que exige redoblar la vigilancia y los controles en toda la cadena de producción y distribución de bebidas alcohólicas.

Sanciones y consecuencias legales para los responsables

El delito de adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas está tipificado como corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico (artículo 372 del Código Penal), con penas que van de 5 a 12 años de prisión y multas que pueden superar los 1.500 salarios mínimos legales.

Asimismo, los responsables pueden enfrentar cargos adicionales por imitación o simulación de sustancias, cierre temporal o definitivo de establecimientos y prohibición para ejercer actividades comerciales en el sector.

Recomendaciones para los consumidores y canales de denuncia

La Gobernación de Cundinamarca y las entidades participantes en el operativo recomendaron a los ciudadanos adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y autorizados, verificar siempre el estado de las botellas, tapas, sellos y etiquetas, y desconfiar de precios anormalmente bajos. La revisión cuidadosa de los envases y la procedencia del producto es la principal medida de autoprotección frente a la adulteración.

Para denunciar la venta o fabricación de alcohol adulterado, los ciudadanos pueden comunicarse de manera confidencial a la Línea 123 o contactar a la Gobernación de Cundinamarca a través del teléfono +57 (601) 7490000 o del correo contactenos@cundinamarca.gov.co. Los reportes permiten a las autoridades actuar con rapidez y cerrar establecimientos ilegales, protegiendo la salud colectiva y combatiendo la evasión fiscal.

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca anunció que intensificará las labores de inteligencia y los operativos conjuntos con la Polfa, el Invima y otras entidades, para detectar nuevas modalidades de adulteración, proteger a los consumidores y asegurar la legalidad en el mercado de bebidas alcohólicas.

El gobernador Rey reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier sospecha de adulteración, subrayando que la colaboración entre autoridades y comunidad es clave para erradicar esta amenaza emergente en el departamento y en la capital del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisó más de 3.5 toneladas de drogas durante julio, como resultado de 144 intentos de contrabando detectados en distintos puntos de entrada a territorio estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los aseguramientos alcanzaron un volumen conjunto de aproximadamente 3 mil 500 kilos de narcóticos, entre los que se encuentran algunas de las principales drogas que son introducidas ilegalmente a Estados Unidos.

El mayor decomiso correspondió a la metanfetamina, con aproximadamente 2 mil 300 kilos asegurados durante las operaciones realizadas a lo largo de la frontera.

A esta cifra se suman mil 130 kilos de cocaína, 250 kilos de fentanilo y 18 kilos de heroína. En conjunto, las drogas confiscadas fueron valuadas en más de 67 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades estadounidenses.

Los resultados corresponden a 144 intentos de contrabando frustrados por agentes de CBP durante julio, en operaciones efectuadas en diferentes puntos de entrada fronterizos.

San Ysidro y Otay Mesa, entre los puntos vigilados

Los decomisos se registraron en distintos cruces fronterizos utilizados para el ingreso legal de personas y mercancías a Estados Unidos. Entre los puntos de entrada donde se realizaron aseguramientos se encuentran San Ysidro, Otay Mesa y Tecate, en California.

También fueron reportados decomisos en Calexico Este, Calexico Oeste y Andrade, cruces ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses mantienen estos puntos bajo esquemas de inspección y vigilancia para detectar el ingreso de sustancias ilícitas, utilizando revisiones físicas, tecnología de inspección y mecanismos de análisis para identificar posibles cargamentos de narcóticos.

La magnitud de los decomisos reportados durante julio refleja la importancia de los cruces fronterizos en las operaciones para impedir que drogas sean introducidas al mercado estadounidense.

Entre las sustancias aseguradas destaca particularmente el fentanilo, debido a la prioridad que el gobierno de Estados Unidos ha otorgado al combate contra esta droga sintética y las organizaciones criminales dedicadas a su producción, tráfico y distribución.

CBP destaca acciones contra el contrabando

Sidney K. Aki, director de Operaciones de Campo de CBP en San Diego, destacó la importancia de las acciones emprendidas por los agentes para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos.

La dependencia estadounidense sostiene que sus operaciones de inspección tienen como uno de sus principales objetivos identificar cargamentos ilícitos antes de que puedan ingresar a territorio estadounidense y continuar hacia otros puntos del país.

Los más de 67 millones de dólares en narcóticos decomisados representan, de acuerdo con las autoridades, un golpe económico para las organizaciones que intentan introducir estas sustancias a través de la frontera.

Los aseguramientos también se producen en un contexto de mayor presión por parte del gobierno estadounidense contra las redes dedicadas al tráfico de drogas, particularmente aquellas relacionadas con fentanilo y metanfetamina.

Además de las acciones de vigilancia en los cruces fronterizos, CBP llamó a la población a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa o relacionada con operaciones delictivas.

La dependencia señaló que la participación ciudadana puede contribuir a detectar movimientos vinculados con el contrabando y facilitar las investigaciones de las autoridades encargadas de combatir el tráfico de drogas.

De esta manera, durante julio, los agentes estadounidenses reportaron 144 intentos de contrabando frustrados y el aseguramiento de alrededor de 3.5 toneladas de narcóticos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

La denuncia de los socios de Lili Pink sobre mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que reapareció a la venta en Bogotá quedó en el centro del caso penal contra directivos, empleados e importadores de la marca de ropa interior femenina. Según la defensa, las fotografías usadas ahora por la Fiscalía General de la Nación como prueba de un supuesto contrabando habían sido señaladas desde enero de 2026 como parte de presuntas irregularidades en los operativos y en la custodia de los bienes.

El texto señala que la defensa revisó más de 1.500 archivos que suman 4 GB y concluyó que no existe prueba de contrabando. A partir de esa lectura, la firma Riveros Bazzani afirmó que, sin ese delito base, no sería jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito.

Los empresarios denunciaron desde enero de 2026 que mercancía retenida en una bodega del tamaño de una cancha de fútbol terminó en tiendas de descuento de San Victorino y de los San Andresitos, en el centro de la capital del país. La ropa interior femenina apareció en ganchos, canastas de saldo e incluso en ventas callejeras, con marquillas de la marca y sin registro de esas transacciones.

La denuncia sostuvo que la mercancía era original y no falsificada

La empresa realizó una investigación propia para seguir el rastro de las prendas y reunir pruebas sobre su reaparición en el mercado. Conforme a lo expuesto en documento presentado ante la Fiscalía, parte de esa mercancía estaba destinada a remanufactura o a descarte por daños irreparables.

La querella citó una verificación hecha por el equipo de compras, que incluyó la adquisición de productos ofrecidos por terceros. “Previa indagación del mismo equipo de compras y adquisición de los productos identificados con las marcas que se estaban vendiendo sin autorización, fue posible concluir que los productos ofrecidos por dichos terceros corresponden a mercancía original, con marquillas y etiquetas de fábrica, confirmando que la mercancía no se trata de falsificaciones, sino de bienes auténticos cuya circulación comercial no había sido autorizada por Fast Moda S.A.S”, puntualiza el escrito.

Ese fue el punto central de la denuncia: los bienes que circularon en comercios informales no eran imitaciones, sino productos auténticos cuya venta no había sido autorizada por la empresa. Con ese material, los socios acudieron al ente acusador y expusieron los elementos que, a su juicio, no cuadraban en el procedimiento de la autoridad aduanera.

La defensa dijo que la denuncia sobre la Dian quedó sin decisiones conocidas

En la imputación de cargos contra directivos, empleados e importadores de Lili Pink, la Fiscalía presentó algunas fotografías de los operativos de la Dian como elementos de prueba de un supuesto contrabando. La respuesta de la defensa fue que esas mismas imágenes correspondían a los hechos que habían sido denunciados meses antes como posibles irregularidades en los decomisos y en la posterior salida de la mercancía al mercado.

La firma Riveros Bazzani, que representa a los empresarios vinculados, sostuvo en un pronunciamiento que la revisión del expediente no acredita la existencia del delito aduanero. En su declaración afirmó: “Tras analizar los más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”.

Los abogados añadieron que la investigación por el supuesto contrabando, que después derivó en señalamientos por lavado de activos y concierto para delinquir, avanzó en el órgano investigativo. La denuncia sobre los procedimientos cuestionados de la Dian y sobre la ropa interior que volvió al mercado sin autorización, en cambio, quedó engavetada y no se conocen decisiones.

En uno de los bultos ocultos detrás del asiento trasero de un Volkswagen había algo que todavía se movía. La revisión, realizada en el cruce fronterizo de San Ysidro, permitió descubrir 69 animales vivos escondidos en un compartimento del vehículo, entre ellos víboras venenosas, caimanes y un cocodrilo bebé.

El caso, reconstruido por Fox News a partir de información de la Fiscalía federal del Distrito Sur de California y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivó en la detención de una mujer de Tijuana y reactivó una causa por tráfico de fauna silvestre en la frontera con México.

La acusada fue identificada como Georgina Bribiesca Chavez, de 66 años. Las autoridades la arrestaron el 10 de agosto cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense.

Frente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aseguró que no tenía nada para declarar.

La secuencia tomó otro rumbo cuando los oficiales revisaron sus antecedentes. Allí apareció una orden de arresto pendiente vinculada a una investigación federal. Los agentes secuestraron el Volkswagen, pero el hallazgo central apareció recién a la mañana siguiente.

Un compartimento oculto y fundas cerradas con cinta

La inspección completa del auto expuso un espacio de fábrica adaptado para ocultar carga, detalló Fox News. Dentro de ese sector había varias fundas de almohada cerradas con nudos y selladas con cinta adhesiva.

Uno de esos bultos se movía. Esa señal alertó a los agentes, que trasladaron las bolsas al Zoológico de San Diego para una revisión especializada. Allí apareció el detalle del cargamento: 60 lagartijas abronia, cuatro víboras venenosas de palma con manchas amarillas, tres caimanes, un cocodrilo bebé y una serpiente índigo.

Los fiscales afirmaron que la mujer nunca informó que transportaba animales y que los ejemplares permanecieron dentro del auto durante casi 24 horas bajo el calor de agosto. Los tres caimanes murieron antes de recibir atención.

El resto de los animales permanecía estable la semana pasada y seguía bajo cuidado del zoológico, indicó el reporte. Ese dato quedó incorporado al expediente abierto en la Justicia federal.

La pesquisa avanzó durante 18 meses

La causa fue el resultado de una pesquisa encubierta de aproximadamente 18 meses a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, afirmó la Fiscalía. El foco de ese trabajo estuvo puesto en una presunta red dedicada al comercio de especies exóticas entre México y Estados Unidos.

Los investigadores también señalaron a Salvador Pelayo, de 28 años y residente de Chula Vista, como presunto socio de Chavez. Pelayo fue arrestado en julio y también se declaró inocente, indicó Fox News. La acusación sostiene que ambos habrían operado juntos desde 2023 y que obtuvieron decenas de miles de dólares por esas maniobras.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió en marzo de 2025. En esa oportunidad, Chavez entregó cuatro tortugas de caja mexicanas protegidas a un agente encubierto a cambio de USD 2.600 dólares en efectivo, indicó la acusación federal. Los fiscales agregaron que esos ejemplares murieron después de su traslado al Zoológico de Oakland.

Pelayo enfrenta además una acusación separada por haber utilizado el alias “Jose Lopez” para despachar cuatro tortugas protegidas mexicanas y de Yucatán a un agente encubierto en Nueva York, afirmó la Fiscalía.

Los cargos y la posible pena

Chavez se declaró inocente del cargo federal por tráfico de fauna y quedó detenida sin derecho a fianza.

Pelayo adoptó la misma postura ante la Justicia. Ambos enfrentan cargos bajo la Lacey Act, una norma de Estados Unidos que sanciona el comercio ilegal de vida silvestre. Esa figura prevé una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La pesquisa sigue en manos de la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, con apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Al inspeccionar la motonave, los uniformados hallaron 2.500 cajas de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 1.250.000 cajetillas de diferentes marcas. El avalúo preliminar de la carga se estimó en $16.250 millones de pesos, mientras que la valoración definitiva quedará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Durante el procedimiento, fueron capturadas nueve personas: tres de nacionalidad colombiana y seis venezolanas. Los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para ser judicializados por el presunto delito de contrabando.

Coordinación interinstitucional y alcance de la operación

La acción fue ejecutada en coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Ejército Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y la Dian. El capitán de Navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, destacó la articulación entre las instituciones y explicó que la operación “permitió la incautación de una importante cantidad de mercancía de procedencia extranjera, presuntamente destinada a actividades de contrabando”.

El comandante Guzmán añadió que este resultado “constituye uno de los golpes más importantes registrados en los últimos años contra el contrabando de cigarrillos mediante rutas marítimas en el Caribe colombiano y representa una significativa afectación a las economías ilícitas asociadas a grupos narcoterroristas”.

La operación, según el oficial, evidencia la relevancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer el control en los espacios marítimos del país.

Impacto del contrabando en la región y vínculos con estructuras criminales

De acuerdo con la Armada de Colombia, el contrabando de cigarrillos a gran escala suele estar vinculado a dinámicas de crimen organizado en el Caribe, donde múltiples grupos buscan financiar sus actividades ilícitas.

El capitán Guzmán subrayó que “el contrabando puede estar relacionado con otras dinámicas criminales”, ya que representa una fuente de ingresos para estructuras que buscan “fortalecer sus capacidades delictivas y emplear diferentes modalidades para evadir el control de las autoridades”.

Las autoridades resaltaron que el combate al contrabando no solo responde a la defensa de la economía formal, sino que tiene un impacto directo en la seguridad nacional, debido a la utilización de recursos ilícitos para la financiación de actividades de grupos armados ilegales.

Compromiso estatal con el control marítimo y la seguridad

La autoridad militar reiteró su compromiso de mantener operaciones de vigilancia, control e interdicción marítima. La institución precisó que “continuará desarrollando acciones en el Caribe colombiano con el propósito de proteger la soberanía nacional, salvaguardar los intereses económicos del país y contribuir a la seguridad de todos los colombianos”.

Las autoridades enfatizaron que la acción coordinada entre entidades estatales y aliadas internacionales, como la HSI de los Estados Unidos, fortalece la capacidad del Estado para enfrentar las redes de contrabando que operan en la región, así como para limitar las fuentes de financiación de grupos narcoterroristas.

Contexto operativo y judicialización

Este operativo, según las autoridades, se inserta en una estrategia más amplia de combate a las economías ilegales en el Caribe, con la colaboración de organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Dirección General Marítima. Las personas capturadas serán procesadas ante las autoridades judiciales competentes, bajo cargos relacionados con el delito de contrabando.

La incautación de la motonave y la mercancía representa, según la institución naval un avance en la lucha contra las redes delictivas que afectan al comercio legal y a la seguridad en el norte del país.

La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y permitió identificar a un hombre que se dedicaba a la venta ilegal de estos animales, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La Policía logró establecer los lugares en los que el indagado almacenaba estos animales. Tras la intervención de la Justicia, el domingo hubo dos allanamientos ubicados en las inmediaciones de las calles Carlos Pérez Montero y Luis Gerona, en el noreste de la ciudad.

En estos procedimientos los efectivos encontraron varias jaulas, peceras y otros recipientes que eran utilizados para mantener y acopiar los animales que luego se vendían. Luego, con la intervención del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se rescataron 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos, detalló el comunicado oficial.

Además, en el lugar se encontraron conejos, peces, cobayos y perros de raza, algunos de los cuales luego eran utilizados para su reproducción y posterior comercialización.

En el operativo también se incautó un vehículo, celulares y dinero en efectivo. Ahora estos elementos serán analizados en el marco de una investigación judicial que se inició para determinar la eventual vinculación del hombre detenido con la actividad animal.

El detenido tiene antecedentes penales por contrabando de animales y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que tiene previsto pedir la imputación del hombre.

Según informó el Ministerio del Interior, este procedimiento permitió “poner a resguardo a decenas” de animales y avanzar en una investigación sobre una maniobra vinculada al tráfico y la comercialización ilegal de fauna.

Otros casos con animales

Otro operativo de contrabando había tenido lugar días atrás en el balneario Marindia, en el departamento de Canelones, a unos 40 kilómetros de Montevideo.

La Dirección Nacional de Seguridad Rural, en este caso, encabezó un operativo por contrabando, comercialización de animales prohibidos y exóticos, y caza abusiva. En total, se incautaron 41 aves vivas, un ave muerta y 97 jaulas. En este caso, el proceso terminó con la condena del hombre.

Esa vez, personal de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, acompañado por técnicos del Ministerio de Ambiente, se presentó en una vivienda del balneario Marindia para dar cumplimiento a órdenes de allanamiento y detención, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias semanas, informó el Ministerio del Interior.

Luego, el detenido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de receptación agravado y se le impuso una pena de siete meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

A principios de agosto, en tanto, un mono tití fue incautado en el marco de ocho allanamientos que tuvieron lugar en la capital uruguaya. Dos semanas antes, había sido incautado un mono capuchino. En otro allanamiento, además, se incautaron seis celulares y cinco caballos, que quedaron a disposición de la Dirección de Seguridad Rural.

Una operación conjunta realizada en el sector El Charco, municipio de Ipiales, departamento de Nariño, permitió a las autoridades frustrar el traslado de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando que tenía como posible destino el vecino país de Ecuador.

Soldados de la Brigada 23 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Aduanera y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detuvieron un camión en el que se transportaban 198.500 cajetillas sin la documentación exigida por la legislación colombiana, de acuerdo con información recogida por la cuenta de X del Ejército Nacional de Colombia.

Durante la inspección, el conductor del automotor fue sorprendido en flagrancia al no poder acreditar la legalidad de la carga ni justificar la movilización del producto.

En la revisión, además de la mercancía, los uniformados incautaron tres radios de comunicación y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para coordinar la logística del traslado y facilitar la evasión de controles en la zona fronteriza.

El operativo, resultado de acciones articuladas entre entidades militares y aduaneras, refleja la estrategia nacional para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país. Las autoridades trasladaron el vehículo, la totalidad de la mercancía y los dispositivos incautados a disposición de organismos judiciales competentes, al igual que al capturado.

Esta incautación representa un golpe significativo contra las redes dedicadas al tráfico de productos ilegales en el sur del territorio nacional.

Este tipo de operaciones buscan desarticular las rutas empleadas por organizaciones criminales para introducir mercancía sin pagar impuestos y sin cumplir normas sanitarias.

La región fronteriza de Nariño es considerada un punto estratégico para el contrabando debido a su proximidad con pasos internacionales y la presencia de corredores viales utilizados por estructuras ilegales.

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso de intensificar los controles y fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar este fenómeno, que afecta tanto a la economía como a la seguridad en el suroccidente colombiano.

Desmantelaron laboratorio con más de 15 toneladas de precursores químicos para cocaína en el departamento del Guaviare

Una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos permitió desmantelar un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de insumos químicos para el narcotráfico en la zona rural de El Retorno, Guaviare.

En el sitio, los uniformados localizaron más de 15 toneladas de permanganato de potasio, sustancia esencial en la elaboración de clorhidrato de cocaína, junto a tres edificaciones rústicas y tres calderas metálicas utilizadas por la organización criminal, según información del Ejército Nacional de Colombia en su cuenta oficial de X.

El complejo ilícito estaba vinculado a la Estructura Jhon Linares, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño, dedicada a la producción y tráfico de estupefacientes en la región suroriental del país.

La infraestructura tenía capacidad para generar ingresos superiores a 1.500 millones de pesos mensuales mediante la fabricación y distribución de drogas.

Durante la operación, todo el material incautado fue destruido conforme a los protocolos establecidos para evitar daños ambientales y garantizar la seguridad de los equipos intervinientes.

El procedimiento afectó directamente la capacidad de la estructura ilegal para procesar cerca de 21 toneladas de clorhidrato de cocaína, mercancía destinada a mercados ilícitos nacionales e internacionales.

“Con la neutralización de las más de 15 toneladas de permanganato de potasio se habría afectado la capacidad para el procesamiento de aproximadamente 21 toneladas de clorhidrato de cocaína”, afirmaron desde el Ejército.

La coordinación entre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos responde a la estrategia nacional orientada a debilitar las finanzas y la infraestructura de grupos dedicados al tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la vigilancia en el departamento del Guaviare para impedir la reactivación de actividades ilícitas y evitar que las estructuras criminales recuperen su capacidad operativa en zonas de difícil acceso. El compromiso institucional busca frenar la expansión y el fortalecimiento de economías ilegales en regiones estratégicas del país.

Una investigación que comenzó en Rosario a partir de sospechas vinculadas con narcotráfico y contrabando terminó revelando, según tuvo por probado la Justicia, una estructura destinada a introducir en la economía formal ganancias provenientes de distintos delitos mediante empresas, inmuebles, vehículos, operaciones financieras y bienes registrados a nombre de terceros. El proceso dejó 14 condenados, más de USD 2 millones secuestrados y el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, automotores, vehículos de carga y embarcaciones.

Entre los principales acusados quedó Matías José Ángel Matarochi, de 37 años y domiciliado en la localidad santafesina de Álvarez, un empresario dedicado al transporte de cargas a quien el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario ubicó, junto con Juan y Norberto Derminio, entre quienes encabezaban la organización conocida durante la pesquisa como el “Clan Derminio”.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora su responsabilidad por lavado de activos agravado y rechazó los cuestionamientos contra la prueba que sustentó la condena. Sin embargo, por mayoría, anuló únicamente la determinación de los ocho años de prisión porque consideró que el tribunal oral no explicó suficientemente cómo llegó a esa cantidad de pena. Deberá celebrarse una nueva audiencia y dictarse otro pronunciamiento sobre ese punto.

La resolución, fechada el 13 de agosto de 2026, fue firmada por Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los tres coincidieron en mantener la declaración de culpabilidad. Slokar y Ledesma formaron mayoría para revisar exclusivamente la extensión del castigo; Yacobucci propuso rechazar íntegramente el recurso de la defensa.

Una investigación que siguió el dinero

El núcleo del grupo estaba compuesto por integrantes y allegados de la familia Derminio, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. Las primeras investigaciones que luego confluyeron en la causa se remontan a 2018 y 2019 y estuvieron relacionadas con sospechas de narcotráfico, contrabando y movimientos económicos que no encontraban correspondencia clara con los ingresos declarados.

El expediente por lavado surgió como desprendimiento de otras actuaciones de la Justicia Federal de Rosario. En una de ellas se habían ordenado escuchas sobre Norberto Carlos Derminio, Juan Derminio y Claudia Rattaro, entre otras personas. También aparecieron movimientos hacia Paraguay, mercadería sin control aduanero y vínculos con distintas investigaciones por delitos precedentes.

A partir de esos elementos, el Ministerio Público Fiscal profundizó las tareas junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El foco comenzó a desplazarse hacia una pregunta patrimonial: qué bienes poseían los investigados, cuánto declaraban, qué empresas utilizaban y cómo circulaba el dinero dentro del grupo.

Los agentes cruzaron registros tributarios, propiedades, automotores, sociedades, movimientos migratorios, escuchas telefónicas y documentación secuestrada. Uno de los investigadores declaró durante el juicio que habían detectado una falta de correspondencia entre el perfil económico formal de algunos involucrados y el nivel de vida o el patrimonio que exhibían.

La acusación reconstruyó una operatoria desplegada, al menos, desde 2014. Según esa hipótesis, sus integrantes compraban y administraban bienes en la Argentina y en el extranjero, realizaban conversiones de moneda y utilizaban a familiares, allegados o terceras personas para inscribir activos y dificultar la identificación de sus verdaderos beneficiarios. También se analizaron operaciones de construcción, préstamos y gravámenes reales, mecanismos que podían permitir que fondos de origen ilícito circularan bajo formas contractuales o comerciales aparentemente regulares.

Cuando en diciembre de 2023 el Ministerio Público Fiscal pidió llevar a juicio a parte de los acusados, contabilizó 146 operaciones relacionadas con el lavado: 94 vinculadas con automotores, cuatro con embarcaciones y 33 con inmuebles. También incluyó operaciones con moneda extranjera y un crédito garantizado mediante una hipoteca por USD 100.000.

36 allanamientos y un patrimonio millonario

La dimensión económica de la pesquisa había quedado expuesta en septiembre de 2021, cuando la PSA desplegó 36 allanamientos simultáneos: 32 en Rosario y distintas localidades de Santa Fe y otros cuatro en Salvador Mazza y Las Lajitas, Salta.

Los procedimientos dejaron cinco detenidos y decenas de bienes bajo secuestro. Entre los vehículos aparecieron automóviles de alta gama, camionetas, camiones, motocicletas y cuatriciclos, además de una embarcación. Uno de los rodados que llamó la atención de los investigadores fue un Ford Mustang GT, que integraba el patrimonio examinado junto con otros modelos de alta gama y una importante flota vinculada al transporte.

El dato central, sin embargo, estaba en el efectivo. En el conjunto de los procedimientos quedaron registrados USD 2.068.756, $5.411.231,75 y 1.350 pesos bolivianos. La causa terminó posteriormente con el decomiso de 102 bienes, entre inmuebles, automotores, vehículos de carga y embarcaciones alcanzados por la maniobra.

El despliegue territorial también reflejaba una de las líneas de investigación. Las conexiones entre Rosario, localidades de su área metropolitana y puntos del norte del país aparecieron de manera reiterada en los expedientes que rodeaban al grupo. Parte de la prueba examinó transportes y relaciones comerciales con personas radicadas en zonas fronterizas, especialmente en causas vinculadas con contrabando de cigarrillos.

La amplitud de los procedimientos permitió además reconstruir quién utilizaba cada vehículo, a nombre de quién estaba registrado y qué relación existía entre sus titulares formales y quienes efectivamente disponían de ellos. Ese análisis patrimonial sería luego uno de los ejes utilizados para sostener que parte de los bienes no respondía únicamente a negocios independientes, sino que integraba una estructura económica común.

Las empresas y el rol atribuido a Matarochi

En el caso de Matarochi, una parte relevante del análisis se concentró en Logística MM SRL y Doning SAS. Esta última había sido constituida en marzo de 2019 por él y otro empresario, con Matarochi como administrador titular. Su objeto societario incluía sistemas de localización satelital y control para vehículos, además de la comercialización de partes y accesorios.

La acusación sostuvo que empresas con actividad formal eran utilizadas dentro del mecanismo para mezclar fondos de origen lícito con dinero proveniente de delitos y facilitar así su incorporación a la economía legal. La maniobra, según la reconstrucción aceptada en el juicio, no dependía necesariamente de sociedades sin actividad, sino que podía apoyarse en circuitos comerciales reales capaces de brindar una explicación aparente a movimientos patrimoniales de otra procedencia.

La defensa ofreció una lectura completamente diferente. Argumentó que Matarochi se dedicaba al transporte desde mucho antes de conocer a Derminio, que las empresas desarrollaban actividades reales y que existían balances, documentación tributaria y cartas de porte capaces de respaldar las operaciones. Añadió que sus camiones trasladaban mercaderías como soja, trigo y fertilizantes.

Casación entendió que esas explicaciones no lograban revertir el análisis conjunto de la evidencia.

El juez Slokar señaló que “los argumentos defensistas no logran conmover las conclusiones a las que arribó el tribunal”. Para el camarista, los vínculos comerciales y personales no podían analizarse separadamente de las escuchas, los documentos secuestrados, los movimientos patrimoniales y las restantes investigaciones conectadas con los involucrados.

El camarista Yacobucci coincidió. “No advierto ni la recurrente acierta en acreditar la falacia ni endeblez de los argumentos esbozados en el fallo que invoca ni la falta de fundamentación de las conclusiones a las que allí se arribara”, escribió.

Y agregó: “Claramente no hay arbitrariedad en la línea argumental, ni tampoco orfandad probatoria para sostener la imputación”. Según explicó, el tribunal había realizado un análisis integrado de la prueba instrumental, documental, testimonial e indiciaria.

USD 1,6 millones en un departamento

Uno de los hallazgos centrales ocurrió en un departamento de avenida Pellegrini 3709, en Rosario. El inmueble estaba registrado a nombre de Matarochi, aunque su defensa sostuvo que allí residía Norberto Derminio como inquilino.

Durante el allanamiento fueron encontrados USD 1.659.835 en efectivo. También se secuestró un teléfono que contenía fotografías de fajos de dólares, vehículos de alta gama y elementos descriptos en el expediente como presuntos panes de clorhidrato de cocaína.

La defensa afirmó que ese dinero pertenecía a Derminio y diferenció aquel hallazgo de las sumas encontradas directamente en lugares asociados con Matarochi: $250.000 en la sede de Logística MM y $933.580 y USD 1.006 en su domicilio familiar. Explicó que una parte correspondía al funcionamiento cotidiano de la empresa y que otra estaba destinada a cubrir cheques.

El tribunal oral rechazó esa lectura fragmentada y sostuvo que, dentro del conjunto probatorio, estaba acreditada “la calidad de socios entre ambos en esta actividad ilícita”. La propiedad, el dinero, las comunicaciones y la relación comercial fueron examinados como piezas de una misma reconstrucción y no como hechos independientes.

Cigarrillos, camiones y delitos precedentes

La procedencia criminal de los activos tampoco fue atribuida a un único delito. El expediente recorrió antecedentes e investigaciones vinculadas con narcotráfico, contrabando de cigarrillos, defraudaciones y otras maniobras ilícitas.

Uno de los episodios ocurrió el 23 de julio de 2019, cuando un camión registrado a nombre de María Cecilia Rodríguez, esposa de Matarochi, fue interceptado en Entre Ríos. En su interior fueron encontrados 12.301 cartones de cigarrillos Rodeo de origen paraguayo, valuados entonces en $10.602.969. Las pericias sobre los teléfonos de quienes llevaban la carga permitieron detectar comunicaciones con Matarochi vinculadas con el transporte.

También fueron incorporadas escuchas relacionadas con movimientos de mercadería entre el norte del país y Rosario. Para Casación, ese material debía evaluarse en conjunto con el resto de los indicios y no como conversaciones aisladas.

Slokar explicó además una cuestión central para comprender el fallo: el lavado puede acreditarse aunque no exista una sentencia condenatoria firme por cada delito que generó el dinero. La figura es autónoma y basta con demostrar objetivamente la procedencia delictiva de los bienes mediante un cuadro probatorio suficientemente consistente. Esa precisión resultó relevante frente al planteo defensivo que cuestionaba la utilización de distintas causas precedentes que no habían terminado necesariamente con condenas contra Matarochi.

Catorce condenados

El juicio dejó 14 personas condenadas. Norberto Derminio recibió cinco años de prisión y una multa de $136.034.251,02 mediante un acuerdo de juicio abreviado. Juan Derminio obtuvo una pena única de cuatro años y seis meses y una multa de $30.597.283,40. Otros once integrantes también admitieron distintos grados de responsabilidad mediante acuerdos con el Ministerio Público Fiscal.

Matarochi, en cambio, llegó al debate oral. El 30 de mayo de 2025 fue condenado a ocho años de prisión, una multa de $114.837.270,60, accesorias legales y costas como coautor de lavado de activos agravado por habitualidad o por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de este tipo de hechos.

En cambio, Fabiola Yael Siuffi, María Cecilia Rodríguez y Micaela Belén Barbieri fueron absueltas por el beneficio de la duda. La Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó esas decisiones, pero el planteo no prosperó ante Casación.

Por qué quedaron sin efecto los ocho años

La discusión que sí prosperó fue la referida a la cantidad de pena impuesta a Matarochi.

Slokar entendió que el tribunal oral había mencionado una serie de circunstancias para agravarla, pero no explicó de manera suficiente qué incidencia concreta había tenido cada una para arribar a los ocho años. Esa falencia, a criterio del juez, impedía controlar la racionalidad del monto.

Ledesma coincidió y profundizó ese razonamiento. “La individualización judicial de la pena exige exteriorizar el razonamiento que vincula las circunstancias del caso con el concreto monto finalmente impuesto, de modo que las partes puedan conocer las razones que justifican la respuesta punitiva”, escribió.

Para la camarista, la sentencia había identificado distintas características del hecho y condiciones personales del condenado, “sin embargo, omite explicar cuál fue el peso específico que cada uno de ellos tuvo en la determinación de la pena finalmente impuesta”. Esa ausencia, afirmó, impedía reconstruir el razonamiento seguido para establecer que la sanción era proporcional.

La jueza reparó además en la diferencia entre Matarochi y Norberto Derminio. “En la medida en que a ambos se les atribuyó un rol organizador en la maniobra investigada, esa circunstancia constituye un elemento que no puede ser soslayado al examinar la razonabilidad de la pena impuesta. Ello no implica exigir una identidad de respuestas punitivas, sino advertir que una diferencia de esa entidad exige una fundamentación especialmente suficiente que permita comprender las razones de la distinta cuantificación de las sanciones”.

Yacobucci quedó en minoría en ese punto. Propuso rechazar también ese aspecto del recurso y mantener los ocho años, aunque compartió con sus colegas que la prueba permitía dar por acreditados “tanto la materialidad de los hechos como la participación del imputado en el mismo”.

La decisión de Casación, por lo tanto, no anuló el juicio ni la declaración de culpabilidad de Matarochi por lavado de activos agravado. Lo que quedó sin efecto fue exclusivamente la extensión de la pena.

Por mayoría, las actuaciones deberán ser reenviadas para que, “por ante quien corresponda, previa audiencia de visu y con intervención de las partes, dicte un nuevo pronunciamiento debidamente fundado sobre ese extremo”.

La Dirección General de Aduanas (DGA), con apoyo de otras entidades estatales, realizó la destrucción de 8.287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos desarrollados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. La cifra representa uno de los mayores decomisos de productos de tabaco en el país en el último año, según informó la propia DGA.

La entrada irregular de estos cigarrillos al mercado dominicano habría implicado una evasión fiscal estimada en RD$53.290.682,60 (USD 910,973.31), de acuerdo con datos ofrecidos por la Dirección General de Aduanas. Los operativos, coordinados por la Gerencia de Inteligencia de la DGA, contaron con la colaboración del Ejército de República Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.

La destrucción de la mercancía tuvo lugar en las instalaciones de Residuos Clasificados Diversos (Resicla), ubicadas en Hato Nuevo, Los Alcarrizos. Esta acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y combatir el comercio ilícito, informó la DGA.

En la República Dominicana, el combate al contrabando y al comercio ilícito se articula principalmente a través de la Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, que tipifica y sanciona el tráfico y la falsificación de bienes sensibles como medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados. También se aplica la Ley 168-21 de Aduanas, que regula el tránsito internacional de mercancías y penaliza la defraudación aduanera y la introducción de carga sin control fiscal. Cuando el comercio ilegal afecta la recaudación de impuestos internos, resulta aplicable el Código Tributario (Ley 11-92).

Las sanciones establecidas para el contrabando y el comercio ilícito incluyen penas de prisión de 3 a 5 años para los responsables, severas multas económicas que pueden alcanzar de 100 a 300 veces el valor aduanero de la mercancía y la incautación o destrucción inmediata de los productos y de los medios de transporte utilizados. Las personas jurídicas involucradas enfrentan sanciones económicas y la cancelación de operaciones.

El director general de la entidad, Nelson Arroyo, declaró que la institución mantiene el compromiso de fortalecer los controles y luchar contra el contrabando y el comercio ilegal, en respaldo a la economía nacional. Arroyo enfatizó que “con estas acciones protegemos la recaudación fiscal, promovemos la transparencia y enviamos un mensaje claro de que continuaremos enfrentando con firmeza todas las prácticas que afectan el comercio formal y el desarrollo económico del país”.

Arroyo aclaró que los productos destruidos no corresponden a los hallazgos recientes anunciados ante la prensa, ya que se trata de operativos y procesos distintos. Además, sostuvo que estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud pública al impedir la circulación de productos no regulados y refuerzan la seguridad nacional, creando condiciones favorables para la inversión.

Por parte del sector privado, Erick Pérez, representante de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) y director de Asuntos Externos de Philip Morris Dominicana, valoró el trabajo realizado por la DGA y las instituciones involucradas. “Más allá de la destrucción de los más de 8 millones de cigarrillos, lo más importante es que estamos cerrando una puerta más al contrabando y al comercio ilícito”, expresó Pérez. Añadió que el accionar coordinado de las entidades “demuestra un compromiso real con el fortalecimiento de los controles y la protección de los intereses nacionales”.

Las autoridades subrayaron que la destrucción de estos productos constituye un golpe significativo al comercio ilícito de tabaco y reiteraron que las incautaciones recientes en el Puerto Multimodal Caucedo forman parte de otros procedimientos en curso.

Más de 215 millones de pesos en cigarrillos, tres vehículos secuestrados y dos personas detenidas, ambas oriundas de Brasil. Ese fue el saldo que dejaron dos procedimientos policiales este jueves en distintas localidades de la provincia de Misiones.

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Montecarlo, donde los implicados intentaron escapar a pie. En tanto, las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

La primera acción policial partió de tareas de inteligencia desarrolladas por efectivos de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, según especificó la Policía de Misiones mediante redes. A través del intercambio de información entre sus dependencias, detectaron que una camioneta de patente brasileña recorría el trayecto desde esa localidad hacia San Antonio. El vehículo llevaba una carga sospechosa a bordo y con ese dato, la fuerza dispuso controles sobre la Ruta Nacional 101, por la que se llega a la ciudad de frontera binacional con Santo Antonio do Sudoeste en Paraná, Brasil.

Cerca de las 9 de la mañana, personal de la Comisaría de Piñalito Norte advirtió sobre una camioneta Fiat Strada roja que esquivó uno de los puestos de control y se metió por un camino de tierra. El rodado fue seguido a distancia prudente hasta que sus ocupantes lo dejaron en una chacra y escaparon. Dentro del vehículo, los efectivos hallaron 15.990 atados de cigarrillos.

Poco después, en otro tramo de la misma ruta, los efectivos interceptaron un Ford Fiesta plateado con dos ciudadanos brasileños a bordo, de 43 y 54 años. Ambos quedaron detenidos por su presunta vinculación con el cargamento. El secuestro total del primer procedimiento —mercadería y vehículos incluidos— alcanzó los $168 millones.

El segundo contrabando

Horas más tarde, a 150 kilómetros de la primera ciudad se registró un episodio de características similares. En Montecarlo, el Personal de Seguridad Urbana Municipal realizaba un control de rutina cuando el conductor de una Ford EcoSport abandonó el vehículo y escapó a pie.

En este, la División Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas encontró 22.000 cajetillas de cigarrillos en el interior. Al revisar los datos del vehículo comprobaron que la patente colocada no correspondía a esa camioneta y que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. El valor de este segundo procedimiento llegó a $47,2 millones.

La zona de Bernardo de Irigoyen, ubicada frente a la ciudad brasileña de Dionísio Cerqueira, es uno de los pasos informales más activos de la región para el ingreso ilegal de tabaco y otros productos. La densidad de la selva y la extensión de la frontera facilitan el movimiento de mercadería por fuera de los controles aduaneros. Ambas actuaciones quedaron a cargo de la Justicia Federal.

Días atrás, la Prefectura Naval Argentina secuestró más de una tonelada de marihuana en las inmediaciones del arroyo Itaembé, en la ciudad de Posadas, luego de detectar mediante una cámara térmica el cruce de una embarcación a motor desde la costa de Paraguay durante la madrugada.

Al rastrear la zona del kilómetro 1.567 del río Paraná, los efectivos encontraron 40 bultos ocultos entre la vegetación, que un narcotest confirmó como Cannabis sativa. El cargamento, compuesto por 1.154 panes prensados y 104 paquetes de cogollos, totalizó 1.059,7 kilogramos y fue valuado en $3.306.267.000, según el cálculo establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la cotización oficial del dólar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, que dispuso el secuestro y traslado de la droga al resguardo del Juzgado Federal competente, en el marco de una investigación por infracción a la Ley N°23.737.

Autoridades panameñas llevaron a cabo un operativo en la Zona Libre de Colón donde inspeccionaron un cargamento de millones de cigarrillos.

Tras constatar el incumplimiento de la legislación nacional, funcionarios de la entidad procedieron a la aplicación de medidas aduaneras correspondientes.

La acción formó parte de la Operación Odisea, ejecutada en conjunto con la Policía Nacional, y de acuerdo con las autoridades responde al objetivo de frenar el comercio ilícito de tabaco y derivados.

En julio de este año la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá también retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $60 millones.

La retención, según se informó en el momento, alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

Luisa Napolitano, gerente de la zona franca, manifestó que Napolitano desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria, citada por EFE, dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

El marco legal que sustenta los procedimientos se apoya en el Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008 y la Ley 27 de 1 de julio de 2016, normas que refuerzan el compromiso de Panamá con los acuerdos internacionales en materia de control aduanero y vigilancia del tránsito internacional de mercancías.

La combinación de operativos contra el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de productos demuestra, según una nota de prensa institucional, la prioridad que otorgan las autoridades panameñas a la seguridad fronteriza y a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

Las autoridades de Aduanas también informaron que el reciente decomiso de más de $34,000 y casi 35,000 euros a una pareja de nacionalidad coreana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha puesto en evidencia los controles aduaneros en Panamá.

Tras arribar en un vuelo desde Surinam, el matrimonio fue retenido cuando inspectores detectaron cantidades no declaradas de dinero ocultas en maletas, ropa, una mochila y una cartera.

Durante una revisión rutinaria con escáneres, los agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas identificaron imágenes irregulares en el equipaje, lo que llevó al hallazgo del efectivo oculto en distintos compartimentos.

La acción inmediata de los inspectores activó el protocolo que exige la notificación al Ministerio Público, entidad que ahora investiga tanto el origen como el destino de los fondos.

La pareja permanece bajo investigación y el caso sigue abierto.

El procedimiento incluyó la intervención de distintas unidades de la Autoridad Nacional de Aduanas, como la Oficina de Análisis de Riesgo y el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, que participaron de forma coordinada en el operativo.

Por otro lado, funcionarios de la subdirección técnica de la entidad tuvieron un intercambio con expositores durante la presentación de un proyecto orientado a la “Detección de Drogas Sintéticas”.

Según los especialistas invitados por la Organización Mundial de Aduanas, resulta imprescindible fortalecer la formación de los inspectores panameños, con el fin de identificar nuevas sustancias y analizar tendencias delictivas en evolución.

En la actividad, los expertos Anderson Siqueira y Froilan Blanco describieron cómo el tráfico de cannabis, opioides y cocaína mantiene alta demanda en la región.

Advirtieron sobre el crecimiento del uso de drogas sintéticas, que ahora aprovechan rutas logísticas ya establecidas, lo que representa una amenaza para la seguridad panameña.

Sus análisis incluyeron experiencias adquiridas en España, Brasil y otros países, además de observaciones sobre la relevancia de la aviación comercial, el correo postal y los equipos caninos en la detección de sustancias ilegales.

Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

Detectan cargamento mediante análisis de riesgo

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

El procedimiento forma parte de las acciones de inteligencia aduanera que se llevan a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina para detectar posibles inconsistencias en la documentación de los embarques y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención prioritaria.

La mercancía provenía de Bangkok, Tailandia, y fue identificada a su llegada a la Aduana del AICM. Tras la detección, los productos fueron asegurados y permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de cigarrillos de mayor volumen reportados recientemente en una operación de revisión aduanera en el principal aeropuerto de la capital mexicana.

Autoridades mantienen investigación sobre los cigarrillos

La ANAM informó que el cargamento permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales correspondientes.

La autoridad deberá determinar, entre otros aspectos, la situación jurídica de la mercancía y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso y traslado. Por el momento, los cigarrillos son considerados presuntamente apócrifos, por lo que corresponderá a las investigaciones establecer su naturaleza y procedencia ilícita.

Las autoridades federales destacaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar los controles en las cadenas logísticas internacionales y evitar que mercancías que incumplan con las disposiciones legales ingresen al mercado mexicano.

La coordinación entre la ANAM, Semar y SSPC también busca incrementar las capacidades de vigilancia mediante el uso de tecnología, inteligencia y sistemas de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos permiten focalizar las inspecciones y detectar posibles conductas ilícitas sin limitarse únicamente a revisiones físicas de las mercancías.

El operativo en el AICM se suma a las acciones federales destinadas a fortalecer el control de las fronteras y las aduanas del país, particularmente frente a mercancías que puedan ingresar mediante operaciones irregulares.

La ANAM, Marina y SSPC refrendaron su compromiso de mantener la colaboración institucional para fortalecer la seguridad nacional, combatir posibles actividades ilícitas y proteger la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Mientras concluyen las diligencias, los más de dos millones de cigarrillos permanecerán bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades en la documentación, importación o comercialización de la mercancía y, en su caso, quiénes serían los responsables.

En un operativo conjunto, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público informó este martes que interceptó en el Puerto Multimodal Caucedo un cargamento con 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores ingresados de manera irregular, evitando una pérdida fiscal superior a RD$42.2 millones (aproximadamente USD 720,000).

El hallazgo se presentó como resultado de las acciones sistemáticas para combatir el comercio ilícito y proteger los recursos estatales, según informaron las autoridades. De acuerdo con información suministrada por la DGA, las mercancías fueron incautadas durante un procedimiento de control aduanero realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República Dominicana.

Los productos, que habían sido declarados con especificaciones distintas a lo que realmente contenía el contenedor, fueron detectados tras una inspección detallada. La entidad mencionó: “Donde hay control, el contrabando no tiene espacio. Como parte de las acciones de control aduanero, junto con el Ministerio Público, detectamos y detuvimos un cargamento de mercancías introducidas de manera irregular al país”.

Venancio Alcántara, director general de Migración, destacó el rol de la institución en la protección de los intereses del Estado al señalar que “los ingresos que recauda la aduana son para toda la sociedad. Son los que van a los hospitales, son los que van a las carreteras, son los que van a la educación”.

En esa misma línea, el funcionario explicó respecto al operativo: “En este hallazgo se han encontrado uno 961 televisores de distintas marcas y modelos. También 4.5 millones de unidades de cigarrillos que fueron declarados de forma distinta a lo que se encontró. Y en ese ámbito es que el Ministerio Público está haciendo las pesquisas pertinentes, como decíamos, en el ámbito de la ley”.

El reporte oficial indica que la incautación de esta mercancía irregular constituye un golpe relevante al contrabando de productos sujetos a altos tributos, como los cigarrillos, y al comercio de electrónicos sin la debida documentación.

De acuerdo con la DGA, la labor coordinada con el Ministerio Público permitió documentar las irregularidades y asegurar la cadena de custodia para el proceso judicial correspondiente.

Compromiso institucional para fortalecer los controles y combatir el comercio ilícito

La DGA reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles fronterizos para cerrar el paso al comercio ilícito y garantizar la sana competencia en el mercado local. La entidad ha intensificado las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, apoyándose en tecnología y en la cooperación interinstitucional para detectar patrones de fraude y evasión fiscal.

De acuerdo con la institución, la protección de los ingresos aduaneros es fundamental para financiar servicios públicos esenciales y mantener el equilibrio fiscal. “Desde Aduanas seguimos trabajando de manera firme y coordinada para fortalecer la vigilancia y el control, cerrar el paso al comercio ilícito y proteger los intereses del Estado dominicano”, concluyó la entidad en su comunicado.

La Procuraduría General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando. Las autoridades enfatizaron que estos procedimientos continuarán como parte de la política de cero tolerancia al fraude en las operaciones de comercio exterior.

Una inspección minuciosa de un furgón permitió a oficiales de la Policía de Fronteras descubrir uno de los mayores cargamentos de cigarrillos presuntamente contrabandeados decomisados este año en la Zona Sur de Costa Rica.

El operativo se realizó la noche del domingo en Kilómetro 35, distrito de Guaycará de Golfito, cuando los agentes revisaron un tráiler procedente de Paso Canoas, en la frontera con Panamá.

A simple vista, el contenedor parecía estar vacío. Sin embargo, los policías decidieron revisar detalladamente las paredes de la estructura y encontraron un compartimento oculto en el que estaban almacenadas 220 cajas con aproximadamente 2,200,000 cigarrillos.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento habría ingresado al país al margen de la legislación tributaria y sanitaria y su valor estimado en el mercado nacional podría superar los ₡220 millones (USD 440 mil).

La forma en que fue oculto el producto llamó la atención de los investigadores, debido a que los responsables habrían acondicionado una especie de doble pared dentro del contenedor para intentar evadir los controles policiales.

El hallazgo se produjo como parte de los operativos que desarrolla la Policía de Fronteras para combatir los delitos transfronterizos, entre ellos el ingreso y transporte irregular de mercancías.

Según la institución, este constituye el mayor decomiso de cigarrillos realizado por la Policía de Fronteras en la zona sur del país en lo que va de 2026.

El cargamento viajaba desde la frontera con Panamá

El tráiler había salido de Paso Canoas, uno de los principales puntos fronterizos entre Costa Rica y Panamá, y avanzaba hacia el interior del territorio nacional.

Los oficiales realizaron una inspección detallada del vehículo en el sector de Kilómetro 35, debido a las acciones de control que mantienen en las principales rutas utilizadas para el traslado de mercancías.

Aunque inicialmente el contenedor no mostraba señales evidentes de transportar productos, la revisión de las paredes permitió detectar irregularidades en su estructura.

El procedimiento permitió impedir que la mercancía continuara su recorrido y fuera distribuida en el mercado nacional.

Las autoridades indicaron que el cargamento quedó a disposición de la Policía de Control Fiscal, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes en este tipo de casos.

La investigación deberá determinar quiénes están detrás del traslado de la mercancía, cuál era su destino y las circunstancias en las que los cigarrillos ingresaron al territorio costarricense.

También decomisaron casi ₡10 millones (USD 25 mil) en licores

El operativo contra el contrabando no se limitó al cargamento de cigarrillos.

Durante las primeras horas del domingo, oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron cuatro vehículos en el mismo puesto policial de Kilómetro 35.

Los automóviles también procedían de la frontera sur y transportaban un total de 5,337 unidades de diferentes tipos de licores.

Las bebidas alcohólicas no contaban, según las autoridades, con el debido pago de impuestos ni los registros sanitarios correspondientes para su comercialización en Costa Rica.

El valor estimado de este segundo cargamento asciende a aproximadamente ₡9,9 millones. (USD 25 mil)

Al igual que ocurrió con los cigarrillos, los productos fueron decomisados y quedaron bajo custodia de la Policía de Control Fiscal, siguiendo el procedimiento establecido para mercancías que ingresan o son transportadas de manera irregular.

En total, entre ambos procedimientos, las autoridades decomisaron mercancías cuyo valor estimado supera los ₡229 millones.

La mayor parte corresponde al cargamento de cigarrillos encontrado dentro del contenedor del tráiler.

Una modalidad utilizada para evadir controles

El uso de compartimentos ocultos para transportar mercancías recuerda las estrategias empleadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal para intentar burlar los controles policiales.

En este caso, los responsables aparentemente aprovecharon la estructura del contenedor para crear un espacio que permitiera esconder las cajas de cigarrillos y mantenerlas fuera de la vista durante los controles de carretera.

Sin embargo, la inspección realizada por los agentes permitió descubrir la modificación en las paredes y localizar la mercancía.

Para las autoridades, este tipo de controles resulta fundamental debido a que el contrabando no solo representa una afectación económica por el no pago de impuestos, sino que también puede involucrar productos que no cumplen con las regulaciones sanitarias exigidas para su comercialización.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas y productos de tabaco también afecta los canales formales de comercialización y puede generar pérdidas para el Estado por concepto de tributos.

Los operativos en la Zona Sur forman parte de las acciones permanentes de la Policía de Fronteras para controlar el tránsito de mercancías en las zonas limítrofes y las principales rutas utilizadas para trasladarlas.

Los productos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan los procedimientos administrativos y las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

El hallazgo de 76 barras de oro sin declarar en el equipaje de tres ciudadanos venezolanos en tránsito que fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, constituye al parecer mucho más que un incidente aislado de contrabando puntual.

Esta modalidad se inscribe, de acuerdo con las autoridades de Migración, en un patrón emergente de utilización de la principal terminal aérea panameña como punto de tránsito de oro presuntamente ilegal y se conecta con una economía criminal transnacional basada en la minería ilegal y el lavado de activos en América Latina.

Las autoridades migratorias panameñas no solo detectaron la ausencia de documentación aduanera, licencias de exportación y certificados de propiedad del metal, sino que han señalado públicamente que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

Por ello, a los pasajeros extranjeros se les aplicó el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 para, de acuerdo con la normativa legal panameña, negarles el tránsito por el país y poder devolverlos a su lugar de origen.

Este caso se suma, además, a la interceptación de un ciudadano colombiano apenas días antes, que intentó transitar por Tocumen con más de 16 kilogramos de lingotes de oro sin declarar, lo que sugiere un posible cambio de escala y modalidad en el tráfico ilícito de metales preciosos en la región.

En esa oportunidad el Servicio Nacional de Migración indicó que el extranjero llegó a Panamá procedente de Cali, Colombia, y tenía como destino final Estambul, Turquía.

Según la información replicada por los medios, el incidente se produjo en el marco de una inspección a los equipajes de pasajeros en tránsito por parte de unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) que detectaron que las 76 barras de oro no habían sido declaradas ante la autoridad aduanera y que carecían de la documentación exigida para acreditar su origen lícito y la propiedad legal del metal.

La revisión de las maletas permitió identificar que el oro viajaba como parte del equipaje de los pasajeros y no como carga debidamente registrada, lo que en las autoridades incrementa la sospecha de que se trata de una operación de contrabando encubierta bajo apariencia de tránsito turístico o comercial.

La difusión inicial del caso se produjo a través de comunicados oficiales del Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la información recogida por agencias de prensa y replicada por medios venezolanos, las autoridades migratorias panameñas enfatizaron que el material incautado no contaba con declaración aduanera de origen y destino, ni con licencias de exportación vigentes, ni con documentos que acreditaran la propiedad del oro.

Estos elementos son considerados requisitos básicos en la normativa internacional para el transporte lícito de metales preciosos de alto valor.

El carácter de “caso en tránsito” es otro elemento significativo. Los reportes indican que los tres venezolanos no pretendían ingresar a Panamá como destino final, sino que se encontraban en tránsito internacional por Tocumen, en una ruta que no ha sido detallada públicamente.

Este tipo de situaciones es especialmente compleja desde el punto de vista jurídico y operativo, ya que coloca al país de tránsito en la posición de detectar y neutralizar ilícitos que pueden tener origen en un Estado diferente y estar destinados a un tercero, lo que exige mecanismos de cooperación internacional más allá del simple rechazo de tránsito.

En este caso concreto, las autoridades panameñas se limitaron a negar el tránsito y devolver a los pasajeros a su país de origen, aparentemente sin divulgar hasta ahora información sobre posibles solicitudes de cooperación judicial o policial con otros Estados.

María, docente jubilada, decidió invertir sus ahorros en un pequeño negocio de joyería con la esperanza de obtener ingresos extra para sobrellevar su retiro.

En enero de este año, adquirió mercancía pensando que sus clientes habituales, principalmente amigas y madres de sus exalumnos, continuarían comprando como antes. La realidad fue distinta.

En los últimos meses, María vio cómo sus ventas disminuyeron drásticamente ante la preferencia de los consumidores por productos importados desde China a precios considerablemente bajos, ofrecidos a través de aplicaciones de comercio electrónico.

A pesar de ofrecer rebajas, más de la mitad de su inventario quedó sin vender y terminó abandonando su emprendimiento.

La situación de María refleja el impacto que la llegada masiva de productos asiáticos genera sobre los pequeños y medianos negocios en El Salvador.

Este fenómeno no solo afecta a comerciantes individuales, sino que también preocupa a sectores industriales organizados. Jorge Arriaza, coordinador del Consejo Industrial y presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), advierte que la competencia desleal se ha intensificado durante los últimos meses en el país.

Arriaza identifica cuatro factores principales detrás de esta problemática. El primero corresponde al contrabando, que facilita la entrada de grandes volúmenes de mercancía procedente de Asia sin cumplir los requisitos legales ni fiscales.

Recientemente, la Fiscalía General de la República desarticuló una red dedicada al contrabando por varios millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del problema.

El dirigente industrial considera que las autoridades han iniciado acciones para contener esta situación, pero reconoce que el contrabando sigue afectando a toda la región centroamericana.

El segundo factor es la falsificación de marcas. Según Arriaza, existe una proliferación de productos falsificados que ingresan a Centroamérica y compiten de manera desigual con la industria local, principalmente en sectores como confección y accesorios.

Esta situación perjudica tanto a fabricantes como a comerciantes, quienes deben enfrentar la competencia de productos que imitan marcas reconocidas, pero que se venden a precios muy bajos.

El tercer aspecto señalado por el presidente de la ASI se relaciona con las prácticas laborales. Arriaza subraya que en varios países asiáticos no se respetan los estándares laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A esto se suma el riesgo de que productos ingresen al mercado salvadoreño habiendo sido fabricados bajo condiciones de trabajo infantil o forzado, lo cual contradice los compromisos asumidos por El Salvador en acuerdos internacionales, como el firmado con Estados Unidos.

Por último, la calidad de algunos productos importados también genera preocupación. Arriaza menciona que en el campo farmacéutico, por ejemplo, se han detectado mercancías que no cumplen con la normativa sanitaria nacional.

La Superintendencia Sanitaria realiza controles, aunque siempre existe margen para mejorar los mecanismos de verificación y protección al consumidor.

El caso de María ilustra cómo estos factores convergen en la vida diaria de quienes dependen del comercio local. Para muchos pequeños empresarios, competir contra productos de bajo costo y origen incierto se ha vuelto cada vez más difícil, afectando sus ingresos y su proyección de futuro.

El TLC con China, en pausa

El avance del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y El Salvador permanece en suspenso, según informó Jorge Arriaza desde la ASI.

Las negociaciones han quedado detenidas, sin que se produzcan avances significativos en los últimos meses. Para los sectores industriales salvadoreños, un acuerdo de esta naturaleza requeriría condiciones muy específicas y controles claros para evitar que los problemas actuales de competencia desleal se profundicen.

La coyuntura del comercio internacional, marcada por tensiones y desafíos globales, hace que cualquier acuerdo comercial deba contemplar cláusulas estrictas en materia de calidad, fiscalización y cumplimiento de normas laborales.

Mientras tanto, el intercambio comercial entre ambos países continúa, aunque sin el marco regulatorio que ofrecería un tratado formal. Las expectativas permanecen abiertas respecto a la evolución de este proceso y su posible impacto en la economía salvadoreña y en la relación bilateral con China.

El Ejército de Nicaragua informó este viernes la detención de 22 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona fronteriza con Costa Rica donde ambos países acaban de reforzar la coordinación de seguridad para frenar la extracción clandestina de oro, el contrabando y el traslado de insumos por la cuenca del río San Juan.

La captura se produjo en los sectores del puente Santa Fe y Boca de San Carlos, donde, según las Fuerzas Armadas, los retenidos trasladaban medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la reserva. Los detenidos y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.

El operativo se conoció después de la reunión celebrada el 28 de febrero entre Costa Rica y Nicaragua, en la que ambos gobiernos acordaron una mayor coordinación entre sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando del mineral en la frontera común.

Según las autoridades costarricenses, los mineros ilegales extraen oro en territorio de ese país, lo procesan y luego lo venden en Nicaragua. Por esa razón, San José ha pedido a Managua mayor vigilancia sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde identifica una ruta usada para el contrabando.

La extracción clandestina de oro opera con una cadena transfronteriza entre ambos países

La minería ilegal en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se concentra sobre todo en la extracción de oro en localidades costarricenses como Crucitas y el cerro Conchudita, muy cerca del río San Juan. La actividad funciona mediante redes que aprovechan diferencias de control e institucionales entre ambos países.

El esquema descrito incluye la extracción en suelo costarricense por parte de cientos de mineros artesanales e irregulares, muchos de ellos de origen nicaragüense que cruzan de forma continua la frontera. Gran parte del sedimento y del material en bruto es trasladado de manera ilegal a territorio nicaragüense para su procesamiento.

Allí operan plantas semiindustriales y otras instalaciones en fincas fronterizas, equipadas con piletas de lixiviación que permiten separar el oro con mayor eficiencia. A la vez, existe un flujo constante y bidireccional de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio desde Nicaragua hacia Costa Rica para la purificación del metal.

La detención de los 22 nicaragüenses responde de forma directa a ese circuito: fueron retenidos cuando transportaban medios destinados a faenas de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas protegidas más importantes de Nicaragua y una de las zonas bajo presión por la expansión de esta actividad en la franja limítrofe.

Costa Rica endureció penas y Nicaragua multiplicó los operativos en la reserva

El conflicto ya derivó en medidas legales y operativas en ambos lados de la frontera. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa tipificó la minería ilegal como delito de crimen organizado y elevó las penas de cárcel hasta 6 años y 10 años para quienes extraigan oro de forma irregular o destruyan áreas de conservación.

El Ejecutivo costarricense también impulsa un plan para reactivar la minería legal regulada en Las Crucitas. La propuesta parte del argumento de que la prohibición total vigente desde 2010 favoreció el descontrol y el crecimiento de redes ilegales.

En paralelo, las fuerzas de seguridad de ambos países avanzaron en acuerdos de coordinación para contener la actividad. Como resultado de ese refuerzo binacional, el Ejército de Nicaragua, realiza detenciones frecuentes de personas que portan insumos mineros dentro de la Reserva Indio Maíz.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cerca de 10 millones de cigarrillos ilícitos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras detectar una importación irregular en la que la carga, proveniente de un país asiático, fue declarada falsamente como vasos para beber.

La operación arrojó un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos decomisados como resultado de un trabajo coordinado entre las tres dependencias federales, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo y control aduanero.

Carga asiática declarada como vasos para beber

La alerta se activó a través de los mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La declaración aduanera señalaba que el embarque contenía vasos para beber, pero el perfil de la operación generó señales de alerta que derivaron en una revisión exhaustiva.

El análisis documental y la verificación de antecedentes comerciales permitieron a las autoridades identificar inconsistencias en la documentación presentada. La revisión de perfiles operativos fue determinante para confirmar que la mercancía no correspondía a lo declarado ante la aduana.

Una vez ejecutadas las medidas de control coordinadas entre las instancias de seguridad, la autoridad aduanera confirmó que los contenedores albergaban cigarrillos sin respaldo legal ni registro, es decir, mercancía apócrifa que circulaba bajo una identidad falsa en el sistema de comercio exterior.

Coordinación entre ANAM, Marina y SSPC

El aseguramiento fue posible gracias al trabajo conjunto de la ANAM con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dos integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. La intervención de estas dependencias se enmarca en el esquema de vigilancia permanente sobre los flujos de importación que presenten perfiles de riesgo.

La ANAM señaló que el análisis integral de la operación fortaleció las acciones de trazabilidad documental y validación de perfiles comerciales, elementos centrales de la modernización de los procesos de inspección aduanera.

Las tres dependencias subrayaron que operativos de este tipo no constituyen intervenciones aisladas, sino parte de acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero, según el comunicado oficial.

Compromiso institucional con el control aduanero

La ANAM, junto con las autoridades del Gabinete de Seguridad, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de inteligencia aduanera y la modernización de los procesos de inspección y control. El objetivo declarado es proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afecten al comercio exterior y a la economía del país.

El comunicado oficial destacó que el análisis de riesgo, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos fueron los mecanismos que permitieron fortalecer las acciones de control y vigilancia aduanera en este caso.

La operación en el puerto michoacano se suma a una serie de aseguramientos registrados en 2026 en distintos puntos de entrada al país. El 2 de agosto la misma combinación de dependencias decomisó 2 millones 880 mil cigarrillos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China y Corea, declarados también con documentación irregular.

Mercado negro de tabaco: uno de cada cuatro cigarrillos en México es ilegal

El decomiso en Lázaro Cárdenas se produce en un contexto de expansión del contrabando de tabaco. Según el informe Illicit Cigarette Consumption in Latin America and Canada de KPMG, en 2025 se consumieron en México 9 mil 190 millones de cigarros de origen ilícito, equivalentes al 23.3% del mercado total. La pérdida fiscal asociada se estima en USD 1,314 millones anuales.

Desde septiembre de 2025, la ANAM acumula aseguramientos por más de 156 toneladas de cigarros ilícitos solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en julio de 2026.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas que, al parecer, hacían parte de una organización transnacional dedicada al contrabando y al lavado de activos por $71.500 millones en Colombia. El caso avanza hacia el juicio, donde el reto clave será lograr sentencias condenatorias.

Las autoridades informaron sobre la captura de seis ciudadanos chinos y dos colombianos, señalados de integrar una presunta red criminal que operaba entre China y Bogotá. La Fiscalía especializada para el contrabando, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, lideró el operativo en el marco de la llamada Operación San Marcos.

Según información oficial del ente investigador, el procedimiento fue uno de los golpes más importantes contra el contrabando en los últimos años.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a los ocho procesados los delitos de facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Según el informe presentado, todos los investigados negaron los cargos, por lo que aclararon que el proceso continuará bajo las etapas ordinarias del sistema penal colombiano.

Alcance de la investigación: ‘modus operandi’ y cifras

De acuerdo con la investigación, la organización habría ingresado mercancía al país de manera irregular por un valor que supera los $9.100 millones. Las autoridades sostienen que la red empleaba siete sociedades comerciales para importar productos a través del puerto de Buenaventura, con destino final en la capital del país colombiano. La presunta estructura, además, habría lavado más de $71.500 millones utilizando esas empresas como fachada para legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.

El caso fue asumido por un grupo interinstitucional ante el carácter transnacional de la organización, subrayó la Fiscalía. De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, la coordinación entre diferentes agencias resultó clave para documentar los movimientos financieros y la ruta del contrabando.

Etapas judiciales y retos para la Fiscalía

Cabe aclarar que con la imputación de cargos concluyó la primera fase del proceso. A continuación, la Fiscalía deberá presentar y sustentar el material probatorio para demostrar tanto la existencia de la organización como la responsabilidad individual de cada uno de los procesados. El avance hacia una eventual condena requerirá la valoración de pruebas, la resolución de solicitudes de las partes y la práctica de nuevas evidencias en juicio.

La defensa de los investigados dispondrá de las garantías procesales previstas, incluyendo la presentación de sus propios elementos probatorios y la posibilidad de controvertir la tesis de la Fiscalía. La decisión final dependerá de la suficiencia de la evidencia recaudada, en línea con los parámetros del sistema judicial colombiano.

Contexto y relevancia del operativo

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación subrayó que la investigación y las capturas marcan solo el inicio de un proceso judicial complejo. Las autoridades recalcaron la importancia de la articulación institucional para atacar las redes de contrabando y lavado de activos con alcance internacional.

Es preciso mencionar que el impacto financiero de la operación, así como la dimensión transnacional de la red, llevan a las autoridades a considerar este caso como un referente en la lucha contra el crimen económico en Colombia. El proceso judicial determinará si la evidencia permite establecer la existencia de la organización y la responsabilidad penal de los procesados.

La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas y la coordinación con la Dian y la Dijín, mientras la justicia colombiana define los pasos siguientes en este proceso relevante para la lucha contra la criminalidad organizada.

Gracias a una denuncia anónima, Gendarmería logró impedir un intento de contrabando de heroína al interior de una cárcel en Chile. Dos sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, pues, además de esta droga muy rara en el país llevaban adosado a su cuerpo otros estupefacientes como pasta base, tramadol, ketamina y marihuana.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ex Penitenciaría, de la capital chilena, y según informó este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, un día antes del hecho una persona hizo una advertencia anónima que permitió dar con los traficantes.

“Se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no sólo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”, señaló Guerrero, según consignó Emol.

En tanto Tania Mora, fiscal de Foco Penitenciario Occidente, detalló que los estupefacientes estaban destinados a reos de la Galería 11, una de las más peligrosas del recinto carcelario más grande del país.

“Se realizaron medidas de selección y control por escáner corporal, identificando a dos sujetos que llevaban, al interior de su cuerpo, distintos tipos de droga. Ambos fueron detenidos en flagrancia, formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva”, complementó.

Droga rara en Chile

Cabe señalar que la heroína -opioide que provoca depresión respiratoria, edema pulmonar, coma y la muerte por sobredosis-, es una droga extremadamente rara en Chile, pues de acuerdo a información del Instituto de Salud Pública (ISP), ha sido detectada en muy pocas ocasiones y no tiene uso médico en el país.

A pesar de ello, el ISP mantiene una alerta al respecto debido a su masivo uso en otros países como EEUU y su alto poder adictivo, aunque no tiene un valor de venta establecido en el mercado como otras drogas más comunes.

El precio de un gramo de heroína en los mercados internacionales varía significativamente según el país, la pureza y la cercanía a las rutas de producción, situándose en un promedio global de USD 87 por gramo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En Estados Unidos, su costo promedio oscila entre USD 300 y USD 390 por gramo; en Europa Occidental está entre 40 a 90 euros, mientras que en Nueva Zelanda y Australia, su precio se eleva por sobre los USD 500.

Finalmente, en países de África Oriental -como Kenia- o cercanos a los centros de cultivo en Asia y América Latina, el gramo se puede adquirir por tan solo USD 1.5 a USD 10.

Una pareja intentó cruzar a Uruguay en ferry con más de 52.000 dólares ocultos en su camioneta pero evitó el juicio oral mediante un acuerdo de reparación integral que derivó todo el dinero al Estado. Además, sumó una donación de poco más de u$s 10.000 que se repartirá entre cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando los dos acusados se presentaron en el punto aduanero de la terminal de ferry de Puerto Madero para embarcar en una Ford Ranger con destino a Colonia, Uruguay. Durante el control previo al embarque, los agentes hallaron una mochila con 250 billetes de cien dólares en la puerta trasera derecha del vehículo y otros 272 billetes del mismo importe en un compartimiento a la izquierda del volante. El total ascendía a u$s 52.200 que la pareja no había declarado ante la Aduana.

Evitar el juicio

La causa se inició por tentativa de contrabando. Cuando el expediente llegó a juicio oral, la defensa solicitó la aplicación de la reparación integral del daño, figura prevista en el artículo 59 del Código Penal que permite extinguir la acción penal a cambio de un ofrecimiento económico.

El mismo consistió en el abandono definitivo de la totalidad del dinero secuestrado a favor del Estado Nacional y la entrega adicional de 10.440 dólares —equivalente al 20% del monto incautado— distribuidos en partes iguales entre cuatro hospitales: Garrahan, Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Gutiérrez y el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Cada institución recibirá 2.610 dólares.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opuso al acuerdo con el argumento de que la reparación integral no resulta aplicable al delito de contrabando. La fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá consideró que la reparación integral se encuentra plenamente operativa, es aplicable a este delito, y que el ofrecimiento cumplió con la condición de integralidad con el abandono de la totalidad de las divisas y por la entrega adicional del 20% de las sumas secuestradas a entidades de bien público. Como aún falta reglamentación de la reparación integral, el dinero puede destinarse a lo que acuerden las partes siempre que se contribuya “a los intereses generales de la sociedad”.

El Tribunal Oral Penal Económico 3 avaló el acuerdo con la firma del juez Fernando Machado Pelloni. En su resolución, el magistrado señaló que “la propuesta formulada resulta razonable, proporcional y adecuada a las particularidades del caso, en tanto comprende el abandono definitivo de la totalidad de las divisas secuestradas a favor del Estado Nacional y un aporte económico —equivalente al 20% de dichas sumas— a cuatro entidades de bien público”, según la decisión a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre la oposición de ARCA, Machado Pelloni concluyó que “la posición de la damnificada debe ser considerada, pero no resulta vinculante para la decisión jurisdiccional”, dado que la titularidad de la acción penal pública recae en el Ministerio Público Fiscal, cuya conformidad sí resulta determinante. El dinero incautado quedó a disposición de ARCA-Dirección General de Aduanas (DGA) por su vinculación con el interés público comprometido en el control aduanero y por ser el organismo al que la ley encomienda esa función.

Qué es la reparación integral

La reparación integral del perjuicio es una causal de extinción de la acción penal incorporada al artículo 59 del Código Penal por la reforma de 2015. Permite que un imputado evite el juicio —y una eventual condena— si repara de forma plena el daño causado por el delito y el Ministerio Público Fiscal presta su conformidad.

A diferencia de una indemnización, la figura exige que el ofrecimiento sea proporcional y cubra la totalidad del perjuicio generado. En delitos que afectan bienes jurídicos individuales, eso suele traducirse en una compensación económica a la víctima directa. Cuando el bien jurídico es de naturaleza colectiva o supraindividual —como ocurre con el contrabando, que afecta el control aduanero del Estado—, los tribunales han admitido que la reparación se canalice hacia entidades de bien público.

La figura no requiere el consentimiento de la parte damnificada para prosperar: basta con que el fiscal acepte el acuerdo y el juez lo considere adecuado. Al carecer aún de reglamentación específica, el destino concreto de los fondos queda librado a lo que acuerden las partes, siempre que el tribunal verifique que la propuesta satisface el estándar de integralidad y beneficia los intereses generales de la sociedad.

La investigación por el robo de un patín eléctrico en Guadalajara terminó con el desmantelamiento de un presunto casino clandestino en la colonia San Juan de Dios: la Fiscalía de Jalisco detuvo a 14 personas y aseguró 33 máquinas tragamonedas, droga y vehículos en una finca que también operaba como punto de venta de narcóticos.

Los agentes de la Policía de Investigación siguieron la señal de geolocalización del vehículo robado hasta dar con el inmueble, donde encontraron mucho más que el objeto buscado.

Un patín eléctrico como hilo conductor

La secuencia comenzó con una denuncia ordinaria: el robo de un patín eléctrico en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

Los agentes utilizaron la geolocalización del vehículo para rastrear su paradero, una herramienta que los condujo directamente a la finca donde presuntamente operaba el casino.

Al llegar al inmueble, la Policía de Investigación no solo recuperó el patín: encontró instalaciones con decenas de máquinas de juego, sustancias ilícitas y personas en el lugar, lo que derivó en un cateo por parte de los agentes.

Lo que encontraron dentro de la finca

El operativo dejó al descubierto un volumen considerable de objetos asegurados. Dentro del inmueble, los agentes hallaron 33 máquinas tragamonedas, más de tres kilogramos de presunta marihuana y 24 pipas de cristal. También aseguraron una báscula electrónica, un arma de utilería, 22 cartuchos útiles, dos motocicletas y dos automóviles con diversas irregularidades.

La combinación de máquinas de juego con droga, instrumentos de pesaje y municiones llevó a las autoridades a catalogar el lugar no solo como un casino clandestino, sino también como un presunto punto de distribución de narcóticos.

La finca quedó bajo resguardo de la Fiscalía al concluir el cateo, mientras la dependencia inició las diligencias para determinar el alcance de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el inmueble.

14 detenidos con cargos diferenciados

Durante el operativo fueron arrestadas 14 personas que se encontraban en el lugar al momento del cateo. La Fiscalía de Jalisco las puso a disposición de las autoridades correspondientes con cargos distintos según la situación particular de cada una.

Seis de los detenidos enfrentan cargos por presunto comercio de narcóticos, la figura más grave de las imputadas. Otros seis quedaron bajo proceso por posesión simple, y los dos restantes por posesión con fines de comercio.

Las investigaciones no se dieron por concluidas con las detenciones. La Fiscalía informó que continúan las diligencias para determinar si los arrestados tienen responsabilidad en otros delitos, lo que podría ampliar los cargos en su contra.

La finca, bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco

El inmueble de la colonia San Juan de Dios permanece asegurado y bajo custodia de la FJ, que lo investiga en dos vertientes: como presunto casino clandestino y como posible punto de venta de estupefacientes.

La operación pone de relieve cómo “una denuncia de bajo perfil, el robo de un patín eléctrico, puede escalar hasta revelar estructuras delictivas de mayor envergadura”. En este caso, la geolocalización del objeto robado fue el recurso técnico que permitió a los investigadores llegar al inmueble.

33 máquinas tragamonedas, el centro del casino clandestino

El Artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe de forma expresa las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades fuera de establecimientos con permiso federal vigente. Desde noviembre de 2023, el gobierno federal dejó de emitir nuevos permisos y suspendió la renovación de los existentes, lo que convierte en ilegal la operación de este tipo de dispositivos en locales no autorizados.

En Jalisco, la facultad de inspección y vigilancia recae en los municipios. Durante 2025, las autoridades estatales aseguraron y destruyeron 605 máquinas tragamonedas en el área metropolitana de Guadalajara: 294 en el municipio capital, 127 en San Pedro Tlaquepaque, 102 en Zapopan, 62 en Tlajomulco de Zúñiga y 20 en Tonalá. En lo que va de 2026, al corte de enero, la cifra acumulaba 94 dispositivos retirados.

El patrón de operativos en la zona metropolitana no es nuevo. En marzo pasado, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisaría de Guadalajara había desmantelado otro local ilegal en la colonia Alcalde Barranquitas, donde se incautaron nueve máquinas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró 2 millones 880 mil cigarros ilícitos, equivalentes a 4 mil 31 kilos, según información compartida por las autoridades, que intentaban ingresar al país por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los embarques procedían de China y Corea, y fueron interceptados mediante inteligencia aduanera y equipos de revisión no intrusiva.

Parte de un operativo acumulado de más de 156 toneladas

Los aseguramientos se enmarcan en una estrategia de control fronterizo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han desarrollado durante 2025 y lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En ese periodo, las tres dependencias acumularon el decomiso de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con información oficial difundida por las instituciones. Los 4 mil 31 kilos referidos en el comunicado más reciente representan una fracción de ese total.

Revisión documental, rayos X e inteligencia: así se detectó el contrabando

La detección fue posible gracias a una combinación de herramientas: revisión documental, inspección mediante equipos de rayos X, es decir, tecnología de revisión no intrusiva, e inspección física de los bultos. A ello se sumó la gestión integral de riesgos e inteligencia aduanera, que permitió identificar patrones irregulares en los envíos.

Según la ANAM, los embarques tenían origen en China y Corea, y estaban destinados al territorio nacional. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión activaron los protocolos de inspección profunda que derivaron en los aseguramientos.

La actuación conjunta entre la ANAM, la Semar y la SSPC fue determinante para ejecutar los operativos en un entorno de alta rotación logística como el AICM.

Daño a la economía, la salud y la propiedad intelectual

El contrabando de cigarros no es un delito menor en términos de impacto social. Según las autoridades, este tipo de mercancía ilícita afecta la economía formal al evadir impuestos y aranceles, lo que representa una pérdida directa para la recaudación del Estado mexicano.

A eso se suman otros efectos: la violación de derechos de propiedad intelectual, la generación de competencia desleal frente a empresas legalmente establecidas y los riesgos para la salud pública. Al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad aún deben ser determinadas por las autoridades competentes, no existe garantía alguna sobre los ingredientes que contienen.

La ANAM subrayó que estos aseguramientos representan un golpe directo a los esquemas organizados de contrabando de tabaco que operan a través de rutas aéreas internacionales.

Procedimientos legales en curso

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras avanzan las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para determinar la situación jurídica de la mercancía decomisada.

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con la modernización de los procesos de inspección y control aduanero, así como con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aplicada al comercio exterior.

Blindaje aduanero como política de Estado

El operativo en el AICM se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las fronteras mexicanas frente al ingreso de mercancías de alto riesgo. La coordinación entre dependencias de seguridad y la agencia aduanera refleja un modelo de intervención interinstitucional orientado a proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

La ANAM destacó que los controles aplicados se apoyan en tecnología de última generación y en esquemas de inteligencia que permiten anticipar y neutralizar intentos de introducción de mercancías ilícitas antes de que alcancen el mercado interno.

Las actuaciones, informadas oficialmente por las autoridades, respondieron a controles fiscales y resoluciones administrativas para frenar maniobras irregulares en el ingreso de productos extranjeros en presunta infracción al Código Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la División Investigaciones y Operativa Regional, realizó un operativo conjunto con la DGI en un supermercado, donde detectó 271 botellas de bebidas alcohólicas de origen extranjero sin la documentación necesaria para acreditar su importación legal. Como resultado de la fiscalización, se dispuso la interdicción sin derecho a uso de esa mercadería, que incluía whiskies, gin, licores y vodka, valuada en 19.500.000 pesos. La presunta maniobra infringe la Ley N.º 22.415, es decir el Código Aduanero.

De manera separada, la División Aduana de Formosa, dependiente de la Dirección Regional Aduanera Noreste, ejecutó la destrucción de bebidas alcohólicas conforme a la Disposición Interna N.º 48/2026. El valor estimado de la mercadería destruida fue de 4.911.579 pesos, aunque no se detalló la cantidad de unidades ni la fecha exacta de la operación.

Ambos procedimientos se enmarcan en las acciones de control sobre mercaderías de origen extranjero y derivan en la inutilización de productos cuyo ingreso, circulación o comercialización no cumplía con la normativa vigente. La suma de los valores de ambos operativos supera los 24 millones de pesos.

El Código Aduanero establece el marco legal para la importación, exportación y control del tráfico de mercaderías, y distingue entre contrabando, contrabando menor e infracciones administrativas según los valores en plaza. En la actualidad, la Justicia Federal y la propia Aduana aplican mecanismos de actualización automática de los límites monetarios por inflación, en función del artículo 953 de la ley.

La distinción entre delito de contrabando e infracción aduanera depende no solo del valor de la mercadería, sino del modo en que se habría intentado eludir el control fiscal. Mientras el contrabando requiere una maniobra de ocultamiento o engaño para sortear la fiscalización aduanera, la simple carencia de documentación suele calificarse como infracción administrativa. Por eso, los casos en los que solo se verifica la ausencia de respaldo legal para la mercadería generalmente se resuelven a través de sumarios administrativos, con sanciones como decomiso y multa, sin intervención penal.

La Disposición Interna N.º 48/2026 funcionó como acto administrativo final para el sumario correspondiente en Formosa y fue la orden legal que autorizó la destrucción de las bebidas decomisadas.

Entre ambos procedimientos, la Aduana retiró e inutilizó bebidas alcohólicas por un valor superior a 24,4 millones de pesos, reforzando las acciones de control sobre productos extranjeros que no cumplían con los requisitos legales y administrativos para su ingreso o permanencia en el país.

La Disposición Interna N.º 48/2026 de la División Aduana de Formosa representó la resolución final del sumario administrativo iniciado a raíz del decomiso. Este acto formal dispuso la destrucción de las bebidas por no contar con certificaciones sanitarias exigidas para su comercialización y funcionó como respaldo legal para los agentes intervinientes, delimitando sus responsabilidades frente a la eliminación de bienes en infracción.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos especiales.

Las bombas se encontraban en una bodega situada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, dentro del condominio Las Maravillas, y se logró su detección tras una alerta ciudadana.

Según informó la Policía Nacional Civil, los dispositivos se encontraban en siete cajas metálicas que ingresaron al país como encomienda y estaban clasificadas como “repuestos de vehículos”.

No obstante, al efectuar la revisión se percataron que violaron la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas identificada como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S), lo que implica que corresponden a artículos explosivos para usos técnicos y profesionales.

Hallazgo y procedimientos

La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) intervino en la inspección y después de localizar los artefactos, el área fue acordonada por los especialistas.

En el lugar se aplicaron los protocolos de seguridad para el resguardo y análisis de los explosivos y se verificó que cada caja y artefacto cumpliera con el tratamiento adecuado, en concordancia con la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino de los artículos incautados, según confirmaron fuentes oficiales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

¿Qué es el código UN0432?

El código UN0432 corresponde, bajo la normativa internacional, a los “artículos pirotécnicos para fines técnicos”. Estos dispositivos se utilizan en sectores industriales, aeronáuticos, automotrices y de rescate. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el código UN0432 designa productos como cortadores de cables por detonación controlada, iniciadores pirotécnicos para sistemas de extinción de incendios y dispositivos mecánicos generadores de gas empleados en la industria.

A diferencia de los fuegos artificiales de uso recreativo, los productos con el código UN0432 cumplen funciones técnicas y operativas en contextos especializados. La PNC indicó que estos insumos no presentan un riesgo de explosión masiva, ya que pertenecen a la División 1.4S (Clase 1 de Explosivos), donde cualquier detonación accidental se confina principalmente al interior del embalaje.

Riesgos y regulaciones internacionales

El comercio internacional de artículos peligrosos como los clasificados bajo el código UN0432 está regulado por acuerdos como el ADR (terrestre), el Código IMDG (marítimo) y las regulaciones de la IATA/OACI (aéreo). Para cumplir con estos estándares, los envíos deben contar con embalaje certificado, rotulado visible y declaración explícita en los manifiestos de carga.

El protocolo prohíbe estrictamente el uso de herramientas con chispa o el consumo de tabaco cerca de estos materiales durante su manipulación. Los especialistas de la DIDAE confirmaron que cada uno de los pasos del procedimiento fue ejecutado conforme a la normativa internacional vigente.

Investigación en curso

La Policía Nacional Civil mantiene la investigación para determinar si los explosivos tenían como destino el mercado nacional o internacional, por lo que coordinan con agencias internacionales para rastrear el posible origen de las cajas metálicas y establecer si existe vínculo con organizaciones dedicadas al tráfico de mercancías peligrosas.

También se buscará establecer a los responsables de la importación de los artefactos explosivos.

Las autoridades aduaneras han reforzado su vigilancia tras la identificación de 14,111 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $16 millones, según los resultados preliminares de la Operación Khaleesi 2.0.

El hallazgo incluye productos de nueve marcas distintas, varias de ellas sin los sellos ni las etiquetas requeridas, lo que ha generado preocupación por posibles irregularidades en los procesos de importación y comercialización.

Entre los elementos más llamativos, los inspectores señalaron que detectaron que parte de los cigarrillos presentaba signos de deterioro, situación que podría implicar un riesgo para la salud pública.

Las autoridades están evaluando el alcance de esta problemática para determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias legales para los involucrados.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, la mercancía permanece bajo custodia y control, sin que pueda ser comercializada hasta que se concluyan las investigaciones y se adopten las decisiones administrativas y legales correspondientes.

Mientras tanto, se ha ordenado la suspensión temporal de las operaciones de la empresa investigada, con el objetivo de preservar la integridad de las pruebas y evitar que el comercio legítimo se vea afectado.

Las diligencias han incluido la participación de los titulares de las marcas, quienes se han presentado como posibles afectados y han acompañado parte del proceso a través de la Dirección de Propiedad Intelectual, bajo el marco legal vigente.

La investigación, siempre según las autoridades de Aduanas, también abarca la detección de indicios compatibles con procesos de reempaque, lo que podría agravar la situación de los responsables en caso de confirmarse.

La magnitud del caso ha convertido a la Operación Khaleesi 2.0 en una de las investigaciones más relevantes para la autoridad aduanera, no solo por el valor económico de la mercancía, sino también por las implicaciones que tiene en materia de control aduanero, derechos de propiedad intelectual y protección al consumidor.

Las inspecciones recientes han permitido descubrir, además de cigarrillos, una cantidad significativa de licores y otros productos en situación irregular, cuyo valor se estima en más de $1,7 millones.

En otro operativo reciente, una denuncia anónima activó la intervención de inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y la Policía Nacional en un inmueble de Calidonia.

Allí se incautaron cigarrillos y derivados de tabaco valorados en $35 mil, mientras que una persona quedó aprehendida en el lugar.

La mercancía fue trasladada a las instalaciones de Aduanas para el inicio de las investigaciones y determinar si existe responsabilidad penal o administrativa.

El procedimiento, derivado de la llamada a la línea de denuncias de Aduanas, permitió asegurar la carga y avanzar en la identificación de posibles redes de contrabando de productos de tabaco en la región.

Los casos como este, se detalló, son atendidos bajo la normativa vigente y pueden derivar en sanciones administrativas si se comprueba la infracción aduanera.

Esta mercancía también está bajo investigación y, de confirmarse las irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones severas establecidas por la normativa aduanera vigente.

Las autoridades mantienen todas las acciones bajo estricta vigilancia mientras se avanza en los procesos legales, reiterando su compromiso con el resguardo de la salud pública y el comercio formal en el país.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, de la zona occidental, en diligencia de inspección de local en diferentes encomiendas de la provincia de Chiriquí también dieron con el hallazgo de gran cantidad de mercancías las cuales no cuentan con documentación.

Entre las mercancías retenidas están 100 cajas de fresas, enviadas presuntamente desde Costa Rica, que tenían como destino diferentes lugares de la ciudad; de igual manera, se retuvieron 63 camisetas de fútbol de una reconocida marca, presuntamente falsificadas, y también se efectuó el decomiso de 60 paquetes de suplementos y proteínas.

Los magistrados Matías Garcete Piris, Adriana Planas y Elsa García en su rol de presidenta componen el Tribunal especializado en delitos económicos de Paraguay que juzgó al ex senador Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel. Se los condenó por contrabando en grado de tentativa después de que en diciembre del 2024, ambos intentaron ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con USD 200 mil sin declarar.

“Estamos habituados a tratar causas complejas. Pero, de manera independiente al impacto público, nuestro deber es resolver conforme a la ley, a las pruebas y a las reglas de la sana crítica, y no desde el impacto mediático. Toda persona, tenga o no una condición particular, es decir, sea o no un legislador o persona pública, debe ser juzgada con las mismas garantías procesales. Eso fue lo que hicimos en este caso concreto”, dijo el magistrado Garcete Piris en diálogo con Infobae.

Luego, subrayó: “Se trató de una causa importante por sus particularidades técnicas y por la necesidad de reafirmar que la normativa de cada país debe ser respetada. Ese respeto al orden jurídico es esencial para mitigar riesgos y prevenir distintos hechos injustos que pueden afectar la confianza en las instituciones”.

Garcete Piris remarcó que el fallo en el caso Kueider “determina una posición positiva, porque demuestra que es posible resolver una causa compleja, con garantías. Más allá de hablar de un fallo ejemplar, diría que se trató de una respuesta institucional y nacional seria, fundada en la ley y en las pruebas”.

El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado anunció que apelará el fallo. “No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, consideró.

El proceso de convicción

El fallo del Tribunal fue unánime. La resolución que estableció la condena se dio a conocer poco después de que finalizara la última jornada del juicio el pasado 13 de julio.

“La convicción se fue construyendo durante las audiencias, a partir de las pruebas producidas. Una vez cerrado el juicio, realizamos una valoración integral conforme a las reglas de la sana crítica y concluimos, bajo una línea objetiva, que la conducta encuadraba en la tentativa de contrabando prevista en el artículo 336 del código aduanero, modificado por la Ley Nº 6.417/2019, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29, inciso 2, del código penal del Paraguay”, relató el magistrado.

Los jueces dedicaron un tramo extenso de su resolución a justificar por qué consideraron contrabando al tráfico de divisas. La defensa de Kueider y Guinsel cargó con fuerza sobre este punto. Sostenían que la legislación paraguaya reserva ese delito para las mercancías y que los billetes que se encontraron en la Chevrolet Trailblazer en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 no tenían esa característica.

La extensa justificación se debió a que no existe una jurisprudencia amplia sobre este tipo particular de actividades ilícitas. No porque no haya antecedentes, sino que lo habitual es que se resuelvan en juicios abreviados.

Garcete Piris remarcó que lo relevante de la causa Kueider es que se trató de “uno de los primeros casos de esta naturaleza que llegó a estadio de juicio oral y público”. La instancia judicial es “en la que se debate el fondo de la cuestión y se producen las pruebas”, detalló.

“Es que, en nuestro sistema existe previamente una etapa intermedia, donde pueden adoptarse distintas salidas procesales que eviten el juicio. Por eso, más que hablar de un camino jurisprudencial ya consolidado, diría que este caso adquiere importancia porque permitió discutir y fundamentar de manera expresa la figura de contrabando”, aseveró.

Luego, mencionó: “Paraguay, a partir de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), avanzó hacia una regulación más acorde con los estándares internacionales mediante la Ley Nº 6.417/2019. Esta normativa permitió precisar el tratamiento jurídico del traslado de dinero en efectivo sin declarar y brindó una base legal más clara para analizar este tipo de conductas”.

El GAFI es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales en la prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las últimas palabras

Los acusados eligieron no hablar durante las audiencias. El ex senador perdió entonces la oportunidad de dar ante el Tribunal su versión de lo ocurrido esa madrugada en el Puente de La Amistad. Kueider sostuvo en varias entrevistas que el relato de los agentes aduaneros de que habían encontrado todo el dinero en una mochila era falso. Pero nunca lo dijo en el juicio. Los jueces se quedaron, entonces, con lo que habían dicho los funcionarios.

“Tanto la Constitución de la República del Paraguay como el Código Procesal Penal reconocen la declaración como un derecho y una garantía de toda persona procesada. Por eso, guardar silencio no puede interpretarse en su contra ni utilizarse como indicio de culpabilidad”, expresó Gacete Piris.

“En el caso concreto —apuntó— entendimos que fue una decisión propia de la estrategia defensiva. El Tribunal —recalcó— formó su convicción exclusivamente a partir de las pruebas producidas en juicio y de aquellos elementos que corroboraron objetivamente los hechos acusados”.

Kueider eligió el espacio de las últimas palabras, ya con el debate cerrado, para sentar su posición sobre varios puntos del juicio.

“Las palabras finales previstas en nuestro código procesal penal no constituyen una declaración formal ni un medio de prueba. Son la oportunidad que tiene el acusado de formular una última petición al Tribunal antes de la deliberación”, aclaró el magistrado.

Por eso, el cuerpo “lo escuchó y consideró en su alcance correspondiente. Pero reitero: la decisión se sustentó en las pruebas producidas legalmente durante el juicio”, concluyó.

Matías Garcete Piris es abogado, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción. Además, se graduó como doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario–Argentina, y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay.

Es magíster en Ciencias Penales y en Derechos Humanos, especialista en Ciencias Penales y Docencia Superior. Forma parte de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario y trabaja como docente de la Escuela Judicial del Paraguay.

La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El equipo jurídico del señalado contrabandista acusó al jefe de Estado de incurrir en los delitos de injuria, calumnia y abuso de autoridad por omisión de denuncia, tras una serie de declaraciones públicas que, según argumentan, ponen en riesgo la integridad y el buen nombre de su cliente. La acción judicial fue radicada el 24 de julio de 2026, según información obtenida por Caracol Radio.

Señalamientos públicos y delitos imputados

La denuncia, presentada por el abogado Nelson Antonio Lopera, señala que Gustavo Petro habría formulado acusaciones directas contra Marín Buitrago en distintos escenarios, como la red social X, ruedas de prensa, consejos de ministros y entrevistas a medios de comunicación. La defensa sostiene que el mandatario sostuvo afirmaciones “sin el amparo de la presunción de inocencia”, vulnerando así derechos fundamentales de su representado.

De acuerdo con el documento citado por Caracol Radio, la denuncia solicita que se investigue al presidente por los presuntos delitos de injuria (artículo 220 del Código Penal), calumnia (artículo 221), circunstancias especiales de agravación de la pena (artículo 223) y abuso de autoridad por omisión de denuncia (artículo 417). Los abogados destacan que, si el mandatario colombiano tenía conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos, debía trasladarlos formalmente a las autoridades competentes.

La defensa enfatizó en el escrito que “las manifestaciones públicas del jefe de Estado habrían vulnerado el buen nombre y la presunción de inocencia de Diego Marín Buitrago”, y que algunas de esas afirmaciones estarían relacionadas con información de inteligencia protegida por reserva legal.

Uso de información de inteligencia y derecho de defensa

En la denuncia se advierte sobre el uso de información suministrada por organismos de inteligencia del Estado. Según el abogado de Marín Buitrago, su cliente se encuentra en una situación de indefensión frente a ese tipo de datos, ya que no ha tenido acceso para controvertirlos en un escenario judicial. El documento destaca que parte de las afirmaciones públicas del mandatario se habría basado en informes de inteligencia que forman parte de investigaciones penales sometidas a reserva.

La defensa argumenta que “el presidente realizó afirmaciones sin aportar pruebas suficientes, lo que afecta el buen nombre y la integridad del empresario”, según recoge Caracol Radio. Además, plantea que, de confirmarse que Petro tenía información sobre hechos constitutivos de delito, incumplió su deber legal de denuncia como servidor público.

Hasta el momento, Gustavo Petro no ha emitido ninguna declaración pública sobre la denuncia presentada por la defensa de alias Papá Pitufo. La acción judicial radicada ante la Comisión de Acusaciones implica que será esa instancia del Congreso la encargada de determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el presidente en ejercicio.

Contexto judicial de alias Papá Pitufo

La denuncia se conoce en un contexto judicial complejo para Diego Marín Buitrago. El señalado contrabandista enfrenta actualmente un proceso de extradición a Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara a Interpol la reactivación de la circular roja en su contra.

Marín Buitrago fue capturado en Portugal y ha promovido diferentes recursos legales para evitar su entrega a las autoridades colombianas, incluidos un hábeas corpus y una solicitud de asilo que fue negada y posteriormente apelada.

Las autoridades colombianas investigan a Marín Buitrago por presuntamente liderar una organización transnacional de contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría operado mediante empresas fachada, rutas ficticias de importación y sobornos a funcionarios públicos, principalmente para facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, textiles y calzado a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.

La investigación sostiene que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habrían omitido sus funciones de control, favoreciendo los intereses de la red comandada por Marín Buitrago.

El contrabando de cigarrillos provoca una pérdida anual de veinticinco millones de dólares en impuestos para El Salvador, según Alex Fernández, presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).

Esta cifra corresponde únicamente al sector tabacalero y refleja el peso del comercio ilícito sobre la recaudación fiscal.

Fernández explicó que el contrabando ha sido sancionado siempre por la ley aduanera y el código penal, aunque por años quedó relegado frente a delitos como la extorsión y el homicidio en épocas de mayor inseguridad.

Aclaró que no se trata de actividades aisladas: el contrabando está vinculado a estructuras de crimen organizado que también participan en narcotráfico y trata de personas.

El presidente de ADES señaló que el vendedor minorista es solo el último eslabón visible de una red mucho más compleja.

El caso de los cigarrillos ilustra bien el fenómeno. Según Fernández, las marcas ilegales se producen principalmente en China o Corea, pasan por Panamá y luego a zonas libres de Belice o Guatemala.

Desde allí ingresan clandestinamente a El Salvador, sobre todo a través de puntos fronterizos no habilitados. Destacó que la marca Modern logró posicionarse entre los consumidores al punto de ser solicitada por nombre.

Inicialmente, los contrabandistas introdujeron más de cien marcas para probar el mercado, pero Modern terminó dominando el segmento ilegal.

El impacto económico es contundente. Fernández detalló que en 2018, el cuarenta y tres por ciento de los cigarrillos consumidos en el país eran de contrabando. Tras la implementación del Plan Anticontrabando, esa cifra descendió al veinticuatro por ciento en 2025, aunque las pérdidas fiscales anuales por impuestos no percibidos siguen en torno a los veinticinco millones de dólares.

Impacto económico y social del contrabando

El presidente de ADES afirmó que la reducción del contrabando ha sido posible gracias a la acción coordinada de instituciones como Aduanas, la Policía, la Fiscalía, la Fuerza Armada y la División de Seguridad Fronteriza. A pesar de este avance, el contrabando continúa afectando los ingresos del Estado y la viabilidad de las empresas legales.

La diferencia de precios es notoria: una cajetilla de Modern cuesta un dólar, mientras que la legal más barata se vende a $2.40 y la más cara puede alcanzar los cuatro dólares. Fernández destacó que El Salvador es el segundo país con la base impositiva más alta sobre tabaco en la región, solo detrás de Panamá.

El contrabando también ha provocado la desaparición de rutas de distribución y la pérdida de empleos durante los periodos más críticos de inseguridad. Las estructuras criminales llegaron a impedir la entrada de distribuidores legales a ciertas zonas, controlando el comercio ilícito y afectando directamente la cadena de valor formal.

Otros productos de contrabando y falsificación

El problema no se limita al tabaco. Fernández identificó el alcohol como el segundo rubro más afectado. En este caso, el riesgo aumenta por la falsificación y adulteración: existen casos en los que se rellenan botellas vacías y se venden como originales, lo que representa un peligro para la salud.

Los medicamentos son otro foco de preocupación. Muchos productos no regulados ni aprobados ingresan al país, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios.

Además, Fernández enumeró otros productos comúnmente afectados por el contrabando: aves, ganado, quesos, aceites y artículos de primera necesidad.

El presidente de ADES señaló que existe una cultura del “más vivo”, donde algunos consumidores piensan que comprar productos de contrabando es una muestra de astucia, sin considerar los riesgos ni el daño a la economía formal.

Campaña y acciones de ADES contra el contrabando

Ante estos desafíos, Alex Fernández indicó que ADES está impulsando una campaña orientada a transformar, de manera gradual, la cultura de consumo y comercio en El Salvador.

El objetivo es favorecer la preferencia por productos legales y leales, resaltando que comprar legal contribuye a la calidad, la trazabilidad, el sostenimiento del empleo y la recaudación de impuestos para el desarrollo nacional.

Para avanzar en este cambio, la asociación promueve campañas en medios y capacitaciones que buscan informar a la población sobre los riesgos del contrabando y la relevancia de la competencia leal.

Fernández señaló que la concientización juega un papel fundamental: “Podemos implementar cientos de medidas para buscar disminuir el contrabando, pero si la conciencia no cambia, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos en medidas”.

Además de la comunicación pública, ADES participa en mesas técnicas junto a las autoridades, para abordar temas relacionados con la gestión de rutas y el seguimiento de la distribución.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.

Un operativo simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la Ruta Nacional 14 derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con mercadería presuntamente ingresada en infracción, valuada en más de $500 millones. El procedimiento se desplegó de forma coordinada en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, con intervención de las Direcciones Regionales Aduaneras Hidrovía y Noreste.

El operativo abarcó el control de siete transportes de carga con origen en Clorinda, Posadas, Bernardo de Irigoyen e Iguazú. Tras el análisis de la documentación de cada vehículo, tres de los camiones fueron sometidos a controles no intrusivos mediante equipos de escaneo. Las imágenes obtenidas revelaron indicios compatibles con mercadería de los rubros perfumería, electrónica, indumentaria y cigarrillos electrónicos.

La totalidad de las encomiendas y pallets interdictos pertenecían a transportes de la empresa Vía Cargo con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mercadería permanecerá bajo custodia hasta que sea abierta, verificada y valuada para determinar con exactitud su cantidad y naturaleza, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

La intervención de la Justicia Federal amplió el alcance del procedimiento. A pedido de la Fiscalía interviniente, un juez federal ordenó el secuestro de uno de los vehículos inspeccionados y de los teléfonos celulares de sus choferes. Los conductores quedaron supeditados a la causa, aunque el comunicado oficial no precisó si fueron detenidos o simplemente imputados.

El operativo se enmarca en los controles que ARCA lleva adelante sobre los corredores viales del noreste del país, una región con alta actividad de tráfico de mercadería proveniente de zonas francas y pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. La Ruta 14 conecta esos puntos de ingreso con el área metropolitana de Buenos Aires y es uno de los ejes de mayor volumen de carga del país.

Una inspección realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles resultó en la incautación de casi 100 libras de carne, frutas, plantas y un ejemplar de lagarto monitor de Bengala transportados en el equipaje de un vuelo procedente de Tailandia. El operativo, desarrollado en julio de 2026, puso de manifiesto los riesgos que representa la importación ilegal de productos biológicos y animales exóticos para la seguridad sanitaria y ambiental del país.

De acuerdo con la CBP, el hallazgo se produjo gracias a la intervención de la perra detectora Maisy, entrenada para identificar olores asociados a productos agrícolas y de origen animal. Tras alertar a los agentes sobre una maleta sospechosa, se inició una revisión durante la que se encontraron 50 libras de carne cruda, 33 libras de mangos, ajo, bambú, plantas de plátano y 16 libras de lagarto monitor de Bengala. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service) intervino para custodiar al reptil, en cumplimiento de los protocolos internacionales sobre especies protegidas, según informó la CBP en su página oficial de Facebook y reportaron medios estadounidenses como Fox News y FOX LA.

La introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y de fauna silvestre a territorio estadounidense está sujeta a una regulación estricta. Estas restricciones buscan prevenir la entrada de enfermedades, plagas y especies invasoras que puedan afectar la producción agrícola, la salud pública y los ecosistemas locales. La CBP y sus agencias asociadas realizan inspecciones sistemáticas en los puntos de ingreso internacional, apoyadas en unidades caninas, tecnologías de escaneo y coordinación interinstitucional.

¿Qué productos prohibidos fueron hallados en la maleta proveniente de Tailandia?

En el equipaje inspeccionado por la CBP Office of Field Operations se encontraron:

• 50 libras (22,7 kg) de carne cruda, incluidas distintas variedades de embutidos y productos cárnicos.
• 33 libras (15 kg) de mangos, además de ajo, brotes de bambú y plantas de plátano.
• 16 libras (7,2 kg) de lagarto monitor de Bengala, una especie cuya importación está regulada y que se encuentra bajo protección internacional.

El operativo fue documentado por la CBP en sus redes sociales, donde se destaca la labor de la perra detectora Maisy: “Si encontraras todo esto en una maleta, ¿no estarías igual de feliz? La unidad canina Maisy de CBP en Los Ángeles alertó sobre una bolsa proveniente de Tailandia con 22,7 kilos de carne (incluida carne cruda), 15 kilos de mangos, ajo, bambú y plantas de plátano. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos se hizo cargo de 7,2 kilos de lagarto monitor de Bengala”, publicó la agencia.

El U.S. Fish and Wildlife Service tomó el control del lagarto monitor, siguiendo las normativas de protección de especies y el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los productos cárnicos y vegetales, considerados de alto riesgo sanitario, fueron destruidos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

¿Por qué las autoridades estadounidenses prohíben la entrada de carne, frutas y especies exóticas?

La importación de productos de origen animal y vegetal sin autorización puede introducir enfermedades, plagas y especies invasoras que amenazan la salud pública y la producción agrícola nacional. Según la CBP, carnes crudas y embutidos pueden portar virus o bacterias causantes de enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana o la influenza aviar. Las frutas y plantas pueden transportar insectos, hongos o parásitos que afectan cultivos locales.

La presencia de animales exóticos, como el lagarto monitor de Bengala, representa riesgos tanto para la fauna autóctona como para el equilibrio ecológico. El comercio y traslado de estas especies está regulado por leyes federales y acuerdos internacionales. El U.S. Fish and Wildlife Service supervisa el cumplimiento de la legislación sobre especies protegidas y coordina la disposición de los ejemplares decomisados.

¿Cómo se realizan los controles de equipaje internacional en Estados Unidos?

La CBP implementa controles exhaustivos en todos los puertos de entrada internacional, incluidos aeropuertos y cruces fronterizos. Las inspecciones involucran tecnología de escaneo, revisión manual y unidades caninas especializadas. Los perros como Maisy están entrenados para identificar olores asociados a productos prohibidos, lo que permite detectar mercancía oculta en equipajes o cargas.

Cuando una unidad canina alerta sobre un equipaje, los agentes de la CBP proceden a su apertura y revisión. Si detectan productos biológicos, animales o vegetales no declarados, la agencia coordina con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el U.S. Fish and Wildlife Service para su manejo y disposición. Los productos confiscados pueden ser destruidos, decomisados o, en el caso de especies vivas, puestos bajo la tutela de organismos especializados.

¿Qué sanciones pueden enfrentar quienes intentan ingresar productos prohibidos a Estados Unidos?

Según la legislación estadounidense, la introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y especies protegidas puede conllevar sanciones administrativas y penales. Las multas pueden superar los 10.000 dólares, según la naturaleza y cantidad de los productos. En casos graves, los responsables pueden enfrentar procesos judiciales o la prohibición de ingreso al país.

La CBP advierte que ocultar o no declarar mercancía biológica al ingresar a Estados Unidos constituye una infracción federal. La agencia señala que estas medidas son necesarias para proteger la agricultura, la salud pública y la biodiversidad nacional. En el caso reportado en Los Ángeles, las autoridades no revelaron la identidad de la persona propietaria del equipaje ni especificaron las sanciones aplicadas, según la información recabada por FOX LA.

¿Qué dice la legislación estadounidense sobre la importación de productos agrícolas y animales?

La CBP y el USDA aplican regulaciones estrictas sobre la importación de productos agrícolas, cárnicos y animales exóticos. Estas normas buscan evitar la introducción de enfermedades y plagas que puedan afectar la producción agrícola y ganadera. El marco legal incluye la Ley Federal de Protección de Plantas y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, además de la aplicación de tratados internacionales como la CITES.

Las restricciones varían según el producto, el país de origen y el riesgo sanitario o ambiental asociado. La CBP mantiene información actualizada sobre productos cuyo ingreso está prohibido o regulado, accesible para viajeros y empresas en sus canales institucionales. Los viajeros tienen la obligación de declarar cualquier producto de origen animal, vegetal o vida silvestre al ingresar al país.

¿Qué deben saber los viajeros antes de ingresar a Estados Unidos con productos de origen animal o vegetal?

Los viajeros que planean ingresar a Estados Unidos deben informarse sobre las restricciones existentes para productos de origen animal, vegetal y vida silvestre. La CBP recomienda consultar sus listas de productos prohibidos y regulados, así como declarar cualquier mercancía de este tipo en los formularios de ingreso. El incumplimiento puede resultar en la confiscación de los productos, multas e incluso en la apertura de investigaciones legales.

En el caso documentado en el aeropuerto de Los Ángeles, la CBP reiteró la importancia de la detección temprana de productos prohibidos para evitar la entrada de enfermedades y especies invasoras. “La detección temprana de productos prohibidos es fundamental para prevenir el ingreso de enfermedades y especies invasoras que podrían tener consecuencias graves para la agricultura y la salud en Estados Unidos”, detalló la agencia.

¿Cuál es el impacto de estos controles para la seguridad sanitaria y ambiental en Estados Unidos?

El decomiso de casi 100 libras de productos prohibidos evidencia la efectividad de los controles implementados por la CBP y sus agencias asociadas. Estos procedimientos han permitido evitar la entrada de agentes patógenos, plagas y especies invasoras que representan riesgos para la producción de alimentos, la salud pública y la biodiversidad local.

Según datos de la CBP, cada año se decomisan miles de productos biológicos en los puntos de ingreso internacional, lo que contribuye a mantener la sanidad agropecuaria y la protección del medio ambiente en Estados Unidos. El organismo mantiene una política de cero tolerancia ante la importación ilegal de mercancía biológica.

El Gobierno de Costa Rica presentó una estrategia integral compuesta por 24 acciones de corto, mediano y largo plazo con las que pretende fortalecer la recaudación tributaria, combatir el contrabando, reducir la evasión fiscal y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, todo ello sin aumentar impuestos ni crear nuevos tributos.

Laura Fernández, el exministro de Hacienda y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, defendieron la situación económica que recibió la actual administración y aseguraron que los resultados alcanzados en materia fiscal permiten impulsar ahora una nueva etapa enfocada en cobrar correctamente los impuestos existentes.

Como parte de la exposición, el Gobierno utilizó la metáfora de una “casa” para describir la condición financiera del país en mayo de 2022. Según las autoridades, Costa Rica enfrentaba una deuda equivalente al 67% del Producto Interno Bruto (PIB), un desempleo del 13.6%, una inflación del 8.71% y una baja calificación de riesgo internacional que limitaba el acceso al financiamiento.

El Ejecutivo sostuvo que esos indicadores han mejorado durante los últimos cuatro años. De acuerdo con los datos presentados, la deuda pública se redujo al 60.5% del PIB, el desempleo cayó al 6.7%, la inflación se ubicó por debajo del 1% y las reservas monetarias internacionales pasaron de 6,197 millones de dólares a más de 20,704 millones de dólares.

La presidenta afirmó que esos resultados permitieron fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, aunque advirtió que mantener esa tendencia requiere nuevas reformas para impedir que la deuda vuelva a crecer en los próximos años.

Uno de los principales de Fernández fue que el Gobierno descarta promover nuevos impuestos y, en cambio, apuesta por mejorar la capacidad del Estado para cobrar los existentes.

“Costa Rica no necesita más impuestos. Lo que necesita es que los vivazos paguen lo que les corresponde”, señaló la mandataria durante la presentación.

Entre los ejemplos expuestos, Hacienda indicó que detectó un vehículo Toyota Land Cruiser modelo 2025 cuyo valor fue declarado en apenas 20,000 dólares, cuando su precio real rondaba los 140,000 dólares, situación que habría generado una evasión cercana a 26 millones de colones (USD 55 mil) en impuestos.

También se mencionó el caso de un Ferrari cuyo valor habría sido subdeclarado, lo que representó una diferencia tributaria superior a los 67 millones de colones (USD 135 mil)

Las autoridades señalaron además que continúan identificando organizaciones dedicadas a comercializar facturas electrónicas falsas, utilizadas por empresas para disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

Según Hacienda, uno de los expedientes detectados involucró una reducción indebida de más de 41 millones de colones mediante este mecanismo.

Para enfrentar esta modalidad, el Gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría suspender administrativamente la emisión de facturas electrónicas a empresas que se determine venden comprobantes falsos, incluso antes de que concluyan largos procesos judiciales.

El viceministro Víctor Julio Carvajal informó además que este miércoles se presentarán las primeras diez denuncias penales contra contribuyentes vinculados al uso de facturación falsa.

Añadió que actualmente existen más de 400 investigaciones abiertas, que abarcan desde pequeños negocios hasta grandes empresas.

Otro de los puntos abordados fue la información que circuló en redes sociales sobre supuestos impuestos al Sinpe Móvil.

El Gobierno negó que exista una iniciativa para gravar las transferencias personales entre ciudadanos y aseguró que la intención es identificar negocios que reciben pagos mediante esa plataforma, cobran el impuesto correspondiente al consumidor, pero luego omiten declarar parte de esos ingresos ante Tributación.

Como ejemplo, Hacienda expuso el caso de un comercio que recibió más de 24 millones de colones (USD 50 mil) mediante Sinpe Móvil, pero ocultó alrededor de 8 millones (USD 18 MIL) en ventas y nunca emitió facturas electrónicas por esos montos.

La estrategia también contempla modificaciones para agilizar el cobro de obligaciones tributarias pendientes.

Según Carvajal, actualmente existen más de 400,000 millones de colones (USD 89.4 millones) en procesos de cobro judicial que permanecen sin recuperarse debido a la lentitud de los tribunales.

El Ejecutivo pretende impulsar reformas legales que permitan a la Administración Tributaria ejecutar los cobros una vez agotadas las etapas administrativas, reduciendo los tiempos de recuperación de esos recursos.

En materia aduanera, el viceministro aseguró que el 80% de las infracciones actualmente no reciben sanción, por lo que se impulsarán cambios legales para fortalecer los controles sobre mercancías en tránsito, mejorar la trazabilidad de las importaciones y endurecer las sanciones contra evasores y contrabandistas.

El paquete también incorpora medidas de contención del gasto público.

El Gobierno anunció que solicitará a todas las instituciones estatales realizar un ahorro del 5% en sus presupuestos para el 2027 y reiteró que buscará un uso más eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, adelantó un proyecto para revisar el régimen de exoneraciones fiscales y establecer un marco de sanciones para quienes hagan un uso indebido de estos beneficios.

Durante la conferencia semanal del gobierno también hubo fuertes críticas hacia la oposición política y al Poder Judicial. Rodrigo Chaves cuestionó la actuación de diputados de la administración anterior y de algunos magistrados, mientras defendió que las reformas buscan proteger las finanzas públicas y evitar que la carga de la deuda recaiga sobre las futuras generaciones.

El Gobierno insistió en que el propósito de las iniciativas no es aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos cumplidores, sino cerrar espacios a la evasión, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar que los recursos públicos puedan destinarse a infraestructura, seguridad, salud y educación.

La fiscalización de insumos químicos ocupa un lugar central dentro de las acciones del Estado para combatir actividades ilícitas vinculadas con la extracción ilegal de minerales. Entre esos productos, el mercurio figura como uno de los materiales de mayor preocupación debido a su uso frecuente en procesos informales de obtención de oro y por los riesgos que representa para la salud y el ambiente.

Las autoridades aduaneras mantienen mecanismos de vigilancia sobre las operaciones de importación con el objetivo de identificar mercancías que presenten inconsistencias documentarias o características consideradas de riesgo. Estos procedimientos incluyen labores de inteligencia, análisis de trazabilidad e inspecciones físicas antes del proceso de nacionalización de la carga.

En ese contexto, una reciente intervención permitió descubrir un cargamento que no coincidía con la mercancía declarada. La operación movilizó a especialistas de distintas entidades y evitó el ingreso de una importante cantidad de un insumo químico cuyo desvío suele relacionarse con economías ilegales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la intervención también forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los controles sobre sustancias fiscalizadas, en paralelo con nuevas disposiciones orientadas a reforzar la supervisión de estos productos en el país.

SUNAT detectó mercurio oculto en un cargamento declarado como baterías

La SUNAT incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizadas en más de cuatro millones de dólares tras identificar un presunto caso de ocultamiento de mercancía durante un procedimiento de control aduanero.

Según la entidad, el producto químico se encontraba dentro de baterías para vehículos que formaban parte de un cargamento procedente de un puerto de Centroamérica. Los dos contenedores figuraban consignados a una empresa importadora registrada en el Perú.

La detección fue posible luego del trabajo de inteligencia aduanera y de la aplicación de técnicas de gestión de riesgo utilizadas por la institución para revisar operaciones que presentan características similares a otros casos investigados. Ese análisis permitió activar un seguimiento de trazabilidad antes del proceso de nacionalización de la carga y generar alertas sobre los contenedores inspeccionados.

Frente a esos indicios, la SUNAT programó una acción de control extraordinario en el terminal portuario con participación de especialistas del área de Insumos Químicos. Durante la inspección física, el personal identificó la presencia de mercurio líquido dentro de las baterías, situación que motivó la incautación inmediata del cargamento.

La operación recibió el respaldo de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Callao y de la Policía de Delitos Ambientales, instituciones que participaron en las diligencias desarrolladas durante la intervención.

La SUNAT indicó que continuará con acciones de verificación y prevención para detectar mercancías ilegales que intenten ingresar al territorio nacional mediante distintas modalidades de contrabando. Los controles comprenden rutas terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, dentro de las estrategias dirigidas contra el comercio informal, el narcotráfico y la minería ilegal.

El caso también refleja el uso de métodos de ocultamiento destinados a evadir los controles aduaneros. La modalidad conocida como “gato por liebre” consiste en declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los contenedores, con el propósito de superar las revisiones documentarias.

Riesgos asociados al uso ilegal del mercurio

El mercurio constituye uno de los principales insumos utilizados en la extracción de oro mediante el proceso de amalgamación, práctica frecuente en operaciones mineras fuera del marco legal.

Su utilización sin controles favorece la liberación del metal al aire, al agua y al suelo. Además, el mercurio puede acumularse en organismos vivos e incorporarse a la cadena alimentaria, situación que representa un riesgo para poblaciones cuya alimentación depende de recursos provenientes de ríos y actividades pesqueras.

Especialistas también advierten que la exposición directa al mercurio puede alterar el sistema nervioso, provocar fallas motoras y afectar el desarrollo fetal. Estas preocupaciones motivaron acuerdos internacionales como el Convenio de Minamata, orientado a reducir el uso de este insumo químico.

De acuerdo con la información difundida, la incautación realizada en el Callao evita que ese cargamento llegue a zonas donde el mercurio suele utilizarse sin protocolos de seguridad.

El gobierno de Tailandia implementó nuevas sanciones que contemplan hasta 10 años de prisión y multas de 500.000 baht (unos 15.000 dólares estadounidenses) para quienes intenten ingresar o sacar productos de cannabis a través de los aeropuertos del país sin autorización. Esta norma, vigente desde junio de 2026, afecta a turistas internacionales, residentes y ciudadanos tailandeses, según fuentes oficiales consultadas por Fox News y la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. Las embajadas de varios países advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos legales y recomiendan revisar la legislación local antes de viajar.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, la nueva política responde a un refuerzo de los controles aduaneros tras el aumento de intentos de contrabando y tráfico de cannabis en vuelos internacionales. Las penas incluyen privación de libertad y sanciones económicas significativas, sin excepción por cantidades pequeñas o uso personal. Fox News y medios tailandeses reportan que la normativa prohíbe expresamente el traslado internacional de cannabis sin permisos oficiales, incluso si el producto es legal en el país de origen del viajero.

El endurecimiento de la ley tailandesa se produce tras la despenalización de la posesión de cannabis para consumo interno en 2022. Las autoridades locales justifican la medida por el incremento de incautaciones y el desvío de productos derivados hacia otros mercados, según comunicados del gobierno de Tailandia.

¿Qué consecuencias legales enfrenta un turista que transporta cannabis en Tailandia?

Las consecuencias legales para quienes transportan cannabis en los aeropuertos de Tailandia son claras: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 500.000 baht, equivalentes a aproximadamente 15.000 dólares estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en Tailandia advierte que la normativa se aplica sin distinción a residentes, extranjeros, turistas y pasajeros en tránsito. El decomiso inmediato del producto y la apertura de un proceso penal son las acciones iniciales ante la detección de cannabis en el equipaje, de acuerdo con el Departamento de Aduanas de Tailandia.

Según declaraciones recogidas por Fox News, “el hecho de portar cannabis, aunque sea en cantidades mínimas o con prescripción médica, no exime de responsabilidad penal en Tailandia”. Los controles en los principales aeropuertos internacionales incluyen inspecciones con rayos X, perros adiestrados y cooperación entre policías migratorias y organismos de aduanas. Las autoridades tailandesas han incrementado la vigilancia en respuesta a recientes incautaciones en otros países de la región, como Hong Kong e Indonesia.

¿Por qué Tailandia endureció las leyes sobre el cannabis en fronteras?

El endurecimiento de la legislación sobre cannabis en las fronteras de Tailandia responde a dos factores principales: el aumento del tráfico internacional y la necesidad de alinearse con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de control de estupefacientes. Según información oficial, las incautaciones de cannabis en aeropuertos se multiplicaron tras la despenalización interna de la planta en 2022. El Ministerio de Salud Pública de Tailandia, citado por The Diplomat, destaca que la normativa busca evitar que los productos legales en Tailandia terminen en países donde el cannabis sigue siendo ilegal o está sujeto a controles estrictos.

Las autoridades tailandesas subrayan que, aunque el consumo y la posesión de cannabis para uso personal son legales en el país desde 2022, la exportación y la importación de cualquier derivado siguen prohibidas sin autorización expresa. “El hecho de que la posesión se haya despenalizado no significa que su traslado a través de fronteras esté permitido”, advierte la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. El gobierno tailandés ha reforzado los controles y endurecido las penas tras varios incidentes en los que grandes cantidades de cannabis fueron incautadas en vuelos internacionales.

¿Qué diferencias existen entre la ley tailandesa y la de otros países respecto al cannabis?

La principal diferencia entre la ley tailandesa y la de otros países radica en la severidad de las penas y la aplicación estricta en los controles de frontera. Mientras que en países como Estados Unidos o Canadá la posesión de cannabis puede estar permitida en ciertos estados o bajo prescripción médica, en Tailandia cualquier intento de cruzar la frontera con productos derivados, aunque sean legales en el país de origen, constituye un delito penal.

Según Fox News, “cuando se viaja a otra jurisdicción, se está sujeto a sus leyes”. El caso de la deportista estadounidense Brittney Griner en Rusia, quien fue detenida por portar aceite de cannabis, es citado como ejemplo de la aplicación estricta de las normativas antidrogas fuera de Estados Unidos. Las embajadas de países occidentales, como Estados Unidos, Australia y varios de la Unión Europea, han reiterado que la legalidad en el país de residencia no tiene validez en el destino y recomiendan consultar la legislación local antes de viajar.

¿Qué productos de cannabis están prohibidos en Tailandia y cuáles son las excepciones?

En Tailandia, están prohibidos todos los productos de cannabis que se trasladen a través de las fronteras, incluyendo flores, aceites, comestibles, extractos y medicamentos, salvo que se cuente con un permiso oficial específico. Las excepciones son mínimas y solo aplican para importadores o exportadores autorizados por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Aduanas del país.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, “la falta de dicho permiso puede derivar en una condena de hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 500.000 baht”. El transporte de semillas y plantas también está prohibido sin licencia. Las autoridades recomiendan no llevar ningún producto de cannabis, aunque esté recetado para uso medicinal, ya que las leyes tailandesas no reconocen las recetas extranjeras.

¿Qué recomendaciones hacen las embajadas y organismos internacionales?

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea han intensificado las advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de portar cannabis al viajar a Tailandia. Las recomendaciones incluyen:

• Revisar a fondo el equipaje antes de viajar para asegurarse de no transportar productos de cannabis, ni siquiera por accidente.
• Consultar la legislación tailandesa en fuentes oficiales, como la página web de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia y el Ministerio de Salud Pública.
• No confiar en la validez de recetas médicas emitidas en otros países.
• No portar productos de cannabis, aunque sean para uso personal, terapéutico o recreativo.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos recuerda que, aunque la posesión de cannabis medicinal puede estar permitida en vuelos internos bajo ciertas condiciones, cualquier cruce de fronteras internacionales implica la aplicación de las leyes del país de destino, según reportó Fox News.

¿Qué deben saber los viajeros antes de volar a Tailandia o hacer escala en el país?

Los viajeros que planean visitar Tailandia o hacer escala en sus aeropuertos deben informarse sobre la normativa vigente. Es fundamental vaciar mochilas, bolsos y maletas de cualquier producto de cannabis, incluidos comestibles, aceites, flores, semillas y medicamentos. Las autoridades de Tailandia y la Embajada de Estados Unidos subrayan que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad penal.

En caso de detención por portar cannabis, el proceso penal incluye la detención provisional, el decomiso inmediato del producto y el inicio de una investigación judicial. Las penas se aplican incluso si la cantidad es pequeña o si el viajero no tenía intención de infringir la ley, según medios tailandeses.

¿Qué impacto tiene esta normativa para turistas, residentes extranjeros y tailandeses?

La entrada en vigor de la nueva normativa impacta de manera directa en turistas internacionales, residentes extranjeros y ciudadanos tailandeses que viajan fuera del país. La medida busca desalentar el tráfico y el contrabando, reforzando la imagen de Tailandia como un destino con regulación estricta en materia de drogas. Las autoridades prevén mantener los controles en aeropuertos y aumentar la cooperación internacional con organismos de seguridad y aduanas.

El endurecimiento de la legislación tailandesa sobre el cannabis en aeropuertos se mantendrá vigente y será objeto de revisiones periódicas para adaptarse a la evolución de los flujos turísticos y a las demandas de la comunidad internacional, según comunicados del Ministerio de Salud Pública y de la Embajada de Estados Unidos en el país.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en USD 60 millones, un caso que, según informó la agencia EFE, expone un nuevo esquema presuntamente usado por redes ligadas al comercio ilícito en el principal enclave comercial del país.

La carga fue detectada en la Zona Libre de Colón, la mayor del continente americano y ubicada en la costa caribeña panameña. En 2025, ese recinto registró un movimiento comercial de más de USD 25.000 millones, casi USD 2.000 millones por encima del año anterior, de acuerdo con declaraciones de su gerente general, Luisa Napolitano.

La retención alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

El operativo fue ejecutado por la Unidad Sensitiva de Aduanas y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con respaldo de la administración del recinto. El comunicado oficial indicó que esa actuación permitió detectar una gran cantidad de cigarrillos y un contenedor completamente cargado que estaba por salir del local.

La investigación apunta a contrabando, propiedad intelectual y riesgos sanitarios

La ANA sostuvo que hay una posible comisión de delitos de contrabando y de violación de normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual. También señaló “signos evidentes de deterioro para el consumo humano”, una situación que será puesta en conocimiento del Ministerio de Salud para las evaluaciones correspondientes.

La continuidad de la investigación quedará en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades. El comunicado añadió que las acciones forman parte de una investigación de inteligencia desarrollada durante meses por la autoridad aduanera.

Según la información oficial citada por EFE, ese trabajo previo permitió detectar un nuevo esquema operativo presuntamente empleado por redes vinculadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la zona franca. Ante los indicios reunidos, la autoridad suspendió las claves de operación para la tramitación de mercancías e inició un proceso de auditoría.

La respuesta de Aduanas y de la administración del área ocurre en un recinto que cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas. La magnitud de su actividad comercial explica por qué cualquier señal de desvío irregular dentro de ese circuito adquiere peso para las autoridades panameñas.

El decomiso aparece tras un informe que señaló a Colón como punto vulnerable

Napolitano afirmó esta semana que desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

Sus declaraciones se conocieron después de la presentación en Panamá, el pasado 8 de julio, de un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito. Ese documento señaló que “la vulnerabilidad central” del país en la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón.

El informe describió que ese espacio funciona como un motor del comercio legítimo, pero también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos. El decomiso informado por la publicación refuerza la atención oficial sobre ese punto del sistema comercial panameño.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo el 16 de julio de 2026 que en el caso Lili Pink habría operado desde 2013 una organización transnacional que usó sociedades en Colombia y Panamá para importar y comercializar mercancías de manera presuntamente ilegal, una hipótesis que seguirá desarrollando en los próximos días durante la audiencia de imputación de cargos contra los implicados.

La exposición del ente acusador ubicó el origen de la investigación en una denuncia presentada por la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en medio de sus labores de apoyo contra el delito aduanero y fiscal. A partir de esa información, la fiscal del caso afirmó que se pusieron en conocimiento posibles actos con relevancia penal atribuidos a la sociedad FAST MODA y a empresas ya disueltas y liquidadas como Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S.

La Fiscalía determinó que esas compañías habrían comercializado durante varios años las marcas Lili Pink y Yoi en establecimientos ubicados en distintas regiones del país. Con los elementos materiales probatorios recaudados en la indagación, el ente acusador aseguró que logró establecer la existencia de una estructura de alcance transnacional dedicada a operaciones de comercio exterior a las que, según su teoría del caso, se les daba apariencia de legalidad.

La hipótesis de la Fiscalía describe una red con sociedades en Colombia y Panamá

Durante la diligencia judicial, la fiscal explicó que la mercancía que ingresaba al país incluía principalmente prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, entre otros bienes. La acusación sostiene que esa operación se articuló mediante empresas constituidas tanto en Colombia como en Panamá.

La funcionaria describió así el esquema atribuido a los investigados: “Se pudo establecer entonces cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 a la fecha, se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional”.

La Fiscalía añadió que esas sociedades habrían sido creadas para controlar toda la operación comercial, desde el ingreso de los productos al territorio aduanero nacional, a través de importadoras de papel, hasta su comercialización ilegal mediante contrabando. Bajo esa hipótesis, los recursos obtenidos por la venta de la mercancía eran enviados después a empresas panameñas que, presuntamente, estaban bajo el control de la misma organización.

La acusación incluye empresas liquidadas y representantes formales sin control real

Uno de los mecanismos expuestos por el ente acusador durante la imputación fue la creación y liquidación recurrente de sociedades para dificultar el rastreo de responsabilidades. La fiscal dijo que se identificó cómo esas empresas eran creadas y luego liquidadas por los mismos miembros de la organización para aparentar roles distintos dentro de las operaciones de comercio exterior y nacional.

En esa línea, la funcionaria afirmó que esa estrategia buscaba “desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal”. La teoría de la acusación agrega que quienes aparecían formalmente como constituyentes o representantes legales no serían las personas que dirigían en realidad la estructura.

Sobre ese punto, la fiscal señaló: “Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”. Con esa exposición, la Fiscalía General de la Nación avanzó en la presentación de los presuntos integrantes de la organización y de los elementos de prueba con los que respalda la imputación.

La audiencia continuará en los próximos días. En esa etapa, la Fiscalía seguirá explicando cómo, según su investigación, operó el presunto entramado empresarial y presentará más pruebas contra los implicados.

La administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) respondió este martes a los cuestionamientos surgidos tras el informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que la semana pasada advirtió sobre vulnerabilidades del principal centro logístico del país frente al contrabando y otros delitos transnacionales.

Su gerente general Luisa Napolitano, rechazó que el complejo facilite actividades ilegales, aseguró que la institución ha reforzado los controles de seguridad y trazabilidad desde 2024 y anunció que avanza en un ambicioso plan de expansión de más de 280 hectáreas, cuya primera fase requerirá una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), encabezada por su presidente Aurelio Barría, en la que ambas partes defendieron el papel estratégico de la Zona Libre para la economía nacional y coincidieron en que los retos asociados al comercio ilícito deben enfrentarse con mayor tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de los controles, sin afectar la reputación internacional del complejo comercial.

La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como si fuera un centro de contrabando. No lo es, afirmó Napolitano al responder directamente a las observaciones contenidas en el estudio de TRACIT, organización que ubicó recientemente a Panamá como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño frente al comercio ilícito, aunque advirtió que persisten vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías y el crecimiento del comercio electrónico.

La gerente sostuvo que desde el inicio de la actual administración, en julio de 2024, la ZLC estableció una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas para fortalecer la trazabilidad del comercio, digitalizar procesos y modernizar los sistemas que regulan el movimiento de mercancías.

Entre las medidas mencionó la actualización del sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), la digitalización de procesos administrativos y legales, la instalación de más de 490 cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo que opera las 24 horas y la integración tecnológica con Aduanas para reforzar la supervisión de las operaciones comerciales.

Napolitano también aseguró que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 98% los incidentes relacionados con hurtos, plagio de mercancías y otras irregularidades que anteriormente afectaban a la Zona Libre.

Según explicó, ese resultado ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y los propios equipos de seguridad del complejo.

Sobre las críticas de TRACIT relacionadas con el contrabando de cigarrillos y otras mercancías, la funcionaria insistió en que cualquier empresa o usuario que incurra en actividades ilícitas es puesto a disposición de las autoridades competentes y defendió que la institución no tolera ese tipo de prácticas.

"Nosotros trabajamos en un comercio lícito. Si una empresa comete algún delito, eso se investiga y pasa a las autoridades correspondientes“, sostuvo.

La defensa de la administración de la Zona Libre estuvo acompañada por cifras que, a juicio de Napolitano, reflejan una confianza empresarial. Indicó que indicó que durante 2025 se registraron 264 nuevas empresas, un incremento de 52 % respecto al año anterior, mientras que el movimiento comercial superó los 25.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones más que en 2024.

Añadió que el desempeño también se mantiene positivo durante 2026. Según explicó, entre enero y junio el movimiento comercial aumentó en casi 5.000 millones de dólares frente al mismo período de 2025, pese al complejo escenario geopolítico internacional.

“Todos los meses han cerrado en números positivos. La Zona Libre de Colón está nuevamente brillando“, afirmó.

Como parte de esa estrategia para fortalecer la competitividad Napolitano presentó el proyecto New Field, considerado la principal apuesta de expansión del complejo en décadas.

La iniciativa contempla desarrollar más de 280 hectáreas adicionales mediante un plan maestro que incorporará actividades de manufactura ligera, ensamblaje, centros de datos, telecomunicaciones, energía y otros servicios de alto valor agregado, aprovechando las nuevas posibilidades introducidas por la Ley 412 de 2023.

La primera etapa abarcará 36 hectáreas y requirió una inversión cercana a 250 millones de dólares. La gerente explicó que el objetivo es licitar el proyecto antes de noviembre y convertirlo en un proyecto de Estado que trascienda la actual administración.

"Queremos dejar otros 75 años de Zona Libre de Colón", expresó, al recordar que el complejo acaba de cumplir 78 años de operaciones.

Durante el encuentro, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría respaldó la estrategia de modernización y sostuvo que la Zona Libre continúa siendo uno de los principales activos logísticos del país.

Aunque reconoció que el comercio ilícito representa un desafío regional, afirmó que los avances tecnológicos y el fortalecimiento institucional implementados por la administración actual constituyen señales positivas.

Barría añadió que la expansión de la Zona Libre tendrá un impacto relevante en la generación de empleo y en la atracción de nuevas inversiones, al tiempo que destacó que el complejo sigue siendo un actor importante para el crecimiento económico del país.

Las declaraciones se producen pocos días después de que TRACIT advirtiera que Panamá aún debe fortalecer los controles sobre las zonas francas, el comercio electrónico y el ingreso de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció hoy en su conferencia semanal desde Casa Presidencial un plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal, que será presentado oficialmente el 22 de julio.

La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Hacienda, busca fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, con un enfoque en atacar la evasión, endurecer controles y sanciones, y cerrar portillos legales que permiten el comercio ilícito y la subdeclaración de ingresos.

Durante su intervención, Laura Fernández recalcó: “La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos”.

Según la mandataria, el objetivo es “ir por los que están evadiendo”, una instrucción que reiteró al equipo económico. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que el plan “responde a la instrucción de atacar la evasión y mejorar los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos”.

Además, uno de los ejes del plan es la reforma de la Ley General de Aduanas, que busca reforzar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país, en especial en contenedores y en importaciones al por menor. Por lo que, la mandataria, abogó que el Ministerio de Hacienda prepara una propuesta para modificar la Ley General de Aduanas (N° 7557) con el objetivo de reforzar el control de las mercancías que ingresan o salen del país en contenedores y de las importaciones al menudeo realizadas por algunos comerciantes.

Control a la evasión digital y comercio informal

El plan detallado hoy por Fernández incluye acciones contra comercios digitales que usan métodos para evadir impuestos. Las autoridades han detectado tiendas virtuales que declaran productos con valores menores o diferentes categorías para pagar menos impuestos y luego venden la mercancía por canales digitales.

Además, en la conferencia, la presidenta Fernández anunció que el Gobierno avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos mediante Sinpe Móvil y tarjetas, pero no declaran estos ingresos ante Hacienda.

“Este mecanismo se utiliza para evadir tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto sobre la Renta (ISR)”, sostuvo.

La estrategia incluye colaboración interinstitucional y tecnología para rastrear transacciones que actualmente escapan al control fiscal.

Ante este panorama, el Ejecutivo enviará en julio proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de la ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión. Parte de las iniciativas ya están en marcha mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será anunciado el 22 de julio.

Según informó la Presidencia, la Policía de Control Fiscal decomisó recientemente cerca de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor golpe a este delito en la historia del país. La presidenta Fernández subrayó hoy que “la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal es un deber con todos los costarricenses” y pidió eficiencia y rigor en la administración de los recursos públicos.

La importancia del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal radica en su potencial para fortalecer las finanzas públicas de Costa Rica sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que responde a una demanda social de equidad fiscal.

Este enfoque permite que el Estado recupere recursos fundamentales para financiar servicios como salud, educación y seguridad, al mismo tiempo que combate estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito.

Además, la modernización de los controles y la fiscalización digital representa un avance en la transparencia y la eficiencia institucional, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía y en los sectores productivos.

Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.

La Policía de Control Fiscal (PCF) realizó este fin de semana el mayor decomiso de cigarrillos de contrabando registrado en Costa Rica, al incautar 23.894.600 unidades en una operación ejecutada en San Rafael de Alajuela. Según informó la Presidencia de la República, el valor estimado de la mercancía asciende a unos ₡2.300 millones (alrededor de $4.400.000 dólares estadounidenses), una suma que los grupos delictivos habrían obtenido mediante la venta ilegal al menudeo.

El operativo, coordinado por la PCF del Ministerio de Hacienda, se desarrolló en un complejo de bodegas donde las autoridades ubicaron un centro de distribución que funcionaba como parte de la estructura logística del crimen organizado. Durante la intervención, los agentes decomisaron no solo la mercancía principal, sino también un camión, un contenedor y una buseta que transportaba aproximadamente 280.000 cigarrillos.

Katherine Tenorio, directora de la PCF, explicó que “se logra intervenir una buseta que sale cargada con gran cantidad de cigarrillos, aproximadamente doscientas ochenta mil unidades. Se interviene y se logra vincular que está saliendo de la bodega que en este momento está siendo intervenida”.

Las autoridades informaron que fuera de las instalaciones también se localizó el vehículo de uno de los presuntos responsables, en el cual se halló un arma de fuego y una suma considerable de dinero en efectivo. La PCF confirmó la detención de una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Alajuela. Según la investigación, el propietario del vehículo figura como líder identificado de una de las estructuras criminales responsables del contrabando de cigarrillos.

De acuerdo con la Presidencia de la República, este decomiso se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por el gobierno costarricense para enfrentar el contrabando y proteger los recursos fiscales del país. Las autoridades recalcaron que el impacto económico del tráfico ilegal de cigarrillos representa una pérdida directa para el Estado, ya que los delincuentes obtienen millonarios ingresos mientras el fisco deja de percibir impuestos fundamentales para el financiamiento de servicios públicos.

En declaraciones recogidas por la Presidencia de la República, la titular de la PCF afirmó: “En este momento hay una persona detenida que se encuentra a la orden de la Fiscalía de Alajuela. El dueño del vehículo es un líder de una de estas estructuras criminales que ya está debidamente identificado”. La funcionaria señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros individuos y el alcance regional de la red.

La Presidencia de Costa Rica aseguró que la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otros productos constituye una prioridad de la actual administración. El comunicado oficial sostiene: “En este gobierno no vamos a tolerar barbaridades así. Seguimos trabajando para proteger los plata de todos los costarricenses”. Autoridades insistieron en que los operativos continuarán, anticipando nuevos golpes a estructuras vinculadas a la evasión y el crimen organizado.

El caso permanece bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los detenidos y las conexiones detectadas entre las bodegas allanadas y otras redes de contrabando en la región.

Las reacciones al informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) sobre las vulnerabilidades de Panamá frente al comercio ilícito siguen escalando.

Luego de que el organismo internacional pusiera bajo la lupa a la Zona Libre de Colón (ZLC) y señalara que el país aún enfrenta importantes desafíos para combatir el contrabando, la falsificación y otros delitos transnacionales, el Gobierno panameño y la administración del principal centro logístico del país respondieron con contundencia, rechazando las afirmaciones y defendiendo los avances alcanzados en materia de seguridad y fiscalización.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno aseguró que Panamá rechaza “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado y sostuvo que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional".

La Cancillería defendió que la Zona Libre constituye “un activo estratégico del Estado panameño" y uno de los principales motores económicos de la región, cuyo prestigio internacional se sustenta en el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos

Como parte de esa defensa, el Gobierno destacó que la actual administración fortaleció significativamente los controles de seguridad mediante la incorporación de tecnología de punta, cientos de cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y nuevos mecanismos de supervisión y trazabilidad.

También afirmó que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de 25.000 millones de dólares anuales, por lo que, a juicio de las autoridades, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.

El comunicado añade que la responsabilidad sobre el control de las mercancías que ingresan o salen hacia los puertos o el territorio nacional corresponde legalmente a la Autoridad Nacional de Aduanas y no a la administración de la Zona Libre, al tiempo que reiteró que Panamá mantiene una política de “tolerancia cero” contra el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra manifestación del crimen organizado.

La respuesta oficial se produjo después de la presentación del informe regional elaborado por TRACIT, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en el que participaron autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Durante esa presentación, el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, reconoció que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.

Sin embargo, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

Hardy señaló que la regulación de las zonas francas continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.

El representante de TRACIT también destacó los avances observados recientemente en Colón, incluyendo la instalación de escáneres financiados por Estados Unidos y una mayor colaboración con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Incluso adelantó que durante su visita tenía previsto reunirse con la gerente de la Zona Libre para conocer de primera mano las medidas implementadas y explorar nuevas formas de cooperación.

No obstante, el informe mantiene observaciones sobre algunos mercados ilícitos. Hardy afirmó que el contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los mayores desafíos para Panamá y aseguró que, según los datos analizados por la organización, hasta el noventa y seis por ciento de algunos productos de tabaco comercializados ilegalmente transitan por redes vinculadas al comercio ilícito, muchas con destino a otros países de Sudamérica.

Otra preocupación expuesta por la organización fue el crecimiento del comercio de mercancías falsificadas mediante plataformas digitales y el ingreso de pequeños paquetes desde Asia, un fenómeno que, según explicó, dificulta la labor de las autoridades aduaneras debido al enorme volumen de envíos y a la necesidad de contar con más tecnología y personal especializado para inspeccionarlos.

La Gerencia General de la Zona Libre de Colón también emitió su propio pronunciamiento. En él calificó de “excesivas, falsas e infundadas" las publicaciones que atribuyen a la ZLC la facilitación de actividades ilícitas y aseguró que dichas afirmaciones provocan un grave daño a la economía nacional.

La administración del complejo comercial informó además que sostuvo una reunión con Jeffrey Hardy y la directora ejecutiva de Philip Morris International, Gabriela Rivas, en compañía de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante la cual —según la entidad— quedó en evidencia que parte de las conclusiones presentadas por TRACIT se basaban en información desactualizada, correspondiente a hechos ocurridos hace más de dos años y que ya han sido superados por la actual administración.

Asimismo, reiteró que las salidas de mercancías desde la Zona Libre hacia los puertos o el territorio nacional son competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la administración de la ZLC, por lo que rechazó cualquier intento de responsabilizar directamente al complejo comercial por esos controles.

Mientras ambas partes defienden sus posiciones, el debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para Panamá: preservar la reputación internacional de la Zona Libre de Colón, uno de los mayores centros logísticos y de redistribución comercial del hemisferio, sin dejar de fortalecer los mecanismos de control frente a un fenómeno que evoluciona constantemente y que trasciende las fronteras nacionales.

Hace años que se trafica oro desde la Argentina, con sospechosos que se infiltran en los check-ins de las líneas aéreas, con lingotes, joyas y monedas se disimulan en las valijas para viajar al resto del mundo. El caso de la azafata de Aerolíneas Argentinas de 64 años de edad, que fue detenida en agosto de 2025 con un pequeño cargamento valuado en casi 50 mil dólares, reveló parte del problema.

La azafata, que terminó con una causa en su contra en el fuero en lo penal económico -que investiga, precisamente, delito de contrabando- iba a Miami. También, iba con una cantidad bastante menor. Hay lotes más grandes. Y hay rutas más atrevidas para el oro clandestino argentino. Por ejemplo, una que va hacia Dubai, para, supuestamente, alimentar un mercado joyero virtualmente insaciable.

La semana pasada, Claudia K., una mujer cordobesa de 57 años y su hija Stefani, de 29, fueron condenadas en el Tribunal en lo Penal Económico N°1 un año después de su arresto, cuando les encontraron un kilo y medio de oro el 23 de abril de 2025 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Fue “donde aguardaban para abordar el vuelo N° 507 de Ethiopian Airlines con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos", con una escala en Adis Abeba, capítal de Etiopía, según la condena en su contra. Así, ambas terminaron procesadas sin prisión preventiva por el delito de tentativa de contrabando. El embargo fue de $680 millones.

El contrabando de oro argentino tiene una peculiaridad: quienes lo protagonizan son, básicamente, personas de las que un policía, tal vez, jamás sospecharía. La madre, ex tesorera de una empresa cordobesa, se dedica, en los papeles, a la venta de ropa. La hija es una ex monotributista. Su defensa hizo una oferta: entregar el oro al Estado, más ocho mil dólares de reparación y 50 horas de trabajo comunitario en una parroquia. ARCA, la autoridad aduanera, se opuso. La fiscalía, en cambio, aceptó. Así, el juez Fernando Machado Pelloni aceptó el acuerdo.

La forma en que intentaron contrabandear el oro fue al menos novedosa. No lo llevaban en lingotes o en joyas disimuladas, sino en joyas truchas, por así decirlo. Claudia K. llevaba en el cuello y en una de sus muñecas una y una pulsera que parecían de plata. Lo plateado era tan solo pintura. Solo hizo falta raspar un poco para encontrar el oro. La cadena en su cuello pesaba más de medio kilo. Su hija intentó el mismo truco, con una pieza idéntica. Así, se las quitaron para colocarlas en la bandeja plástica de rigor al enfrentar el scanner en el aeropuerto.

Tiempo después, madre e hija presentaron un escrito para explicar el episodio. Aseguraron que las joyas provenían de la dote de la boda islámica de Stefani, celebrada precisamente en Dubai, y que las habían pintado “por seguridad”. La Sala B de la Cámara del fuero no les creyó.

Hay otros casos en la historia reciente. La ruta del oro hacia Dubai tiene a un hombre procesado y preso: se trata de Alberto Julián C., un empresario y financista porteño de 57 años. ¿Por qué se trafica oro a Dubai? La razón del contrabando argentino del oro siempre fue, más o menos, la misma: facilitar el transporte de divisas, la alquimia financiera de concentrar dinero en un metal de valor estable. Cuánto vale un kilo de oro versus cuánto pesa un millón de dólares. Este caso, sin embargo, apunta a otra cosa: al negocio joyero mismo.

“Voy a demostrar mi inocencia y entiendo que ya estuve demasiado tiempo detenido por un delito que no cometí, nunca hice alguna actividad que me llevara a pensar que iba a terminar en esta situación, necesito terminar con esta pesadilla”, afirmó en un escrito.

El juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, sin embargo, rechazó la excarcelación del acusado en una decisión tomada el 20 de marzo último. Para Yadarola, Alberto Julián C. -detenido en 2024-, es más que un simple pasero: lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al “contrabando de exportación de oro y de importación de divisas”, según un documento de la causa, vinculado a 15 hechos, así como a “la realización de operaciones marginales de compraventa de oro y operaciones de cambio de manera ilegal”. Otras 17 personas integrarían su grupo criminal.

Varias causas conectan a Alberto y a su presunta banda. La ruta, aquí, no pasa por Ezeiza, sino por tierra, desde la Triple Frontera hacia los Emiratos Árabes. Una de sus principales operadoras fue encontrada en abril de 2024 en el cruce fronterizo terrestre Posadas-Encarnación, en un micro sobre el límite paraguayo. Llevaba 10 kilos y medio de oro en lingotes. Tenía, también, un pasaje de Turkish Airlines que la llevaría hacia Panamá y luego a Dubai. Sin embargo, esa acusación no prosperó. Se presentó un formulario de una firma de los Emiratos Árabes radicada en el DMCC Business Centre de Dubai que justificaba la compra del oro por 190 mil euros.

La investigación detectó, al menos, otros dos movimientos idénticos, con lotes de 8 y 9 kilos, con la misma firma joyera que presentó papeles por montos similares. La acción penal también fue suspendida en estos casos. El motivo del negocio aquí se entiende: el oro argentino alimentaría el apetito de las joyerías de los Emiratos Árabes Unidos, el pico de la exhibición en Oriente Medio. Entonces, para los joyeros de Dubai, con un precio de oro estable a nivel mundial, ¿cuál es el beneficio de comprar en Argentina? ¿Es acaso más barato?

De vuelta al empresario y su banda, el problema no parece ser la venta, sino cómo entraron sus presuntas ganancias al país. En la elevación a juicio del caso, se mencionó que, en uno de los hechos, la “mercadería fue vendida en Dubai simulando su origen lícito a través de los formularios de exportación”. Sin embargo, en noviembre de 2023, dos de los acusados ingresaron 280 mil dólares “ocultos en sus pertenencias intentando burlar el servicio aduanero en el formulario respectivo, siendo que dicha suma tenía por destinatario” al empresario Alberto Julián.

En julio de 2022, el Banco Central ya había emitido una circular contra el empresario para impedir que opere en financieras y casas de cambio; dos años antes lo habían encontrado en Ezeiza con 38 mil dólares americanos y 20 mil canadienses a punto de abordar un vuelo a Chile.

El comercio ilícito ya mueve en la Argentina el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), genera una pérdida fiscal estimada en USD 2.300 millones al año y tiene a los teléfonos celulares, los cigarrillos, los textiles y la cerveza entre los mercados más afectados. Así lo reveló un estudio regional que analizó la situación en seis países de América Latina y puso el foco en las particularidades del caso argentino.

El trabajo, elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), analizó la situación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y buscó medir el impacto del comercio ilícito en la región, además de identificar las características particulares de cada mercado. Además de cuantificar el peso económico de estas actividades, el informe examinó los productos más afectados, las formas de comercialización, la percepción social sobre la compra de mercadería ilegal y las principales herramientas para combatir el fenómeno.

En el caso argentino, el estudio identificó una combinación de factores que favorecen la expansión del comercio ilícito. Entre ellos, aparecen la elevada penetración del comercio electrónico, la existencia de fronteras consideradas vulnerables para el ingreso de mercadería de contrabando y la creciente presencia de productos falsificados en distintos canales de venta. También señaló que el fenómeno ya no se limita a las ferias informales o al comercio callejero, sino que ganó espacio en plataformas digitales y redes de comercialización que amplían el alcance de estos productos.

El informe destacó que el contrabando constituye una de las principales puertas de entrada de mercadería ilegal al mercado argentino, aunque aclaró que el comercio ilícito es un concepto más amplio, que también incluye la falsificación de marcas, la piratería y otras prácticas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y generan competencia desleal para las empresas que operan dentro del marco legal.

Uno de los principales aportes del relevamiento consistió en dimensionar el tamaño económico de esta actividad. Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito moviliza recursos equivalentes al 5% del PBI argentino, una proporción que refleja la magnitud alcanzada por estas operaciones dentro de la economía local.

El estudio también calculó el impacto sobre las cuentas públicas. La pérdida fiscal derivada de estas actividades ronda los US$2.300 millones, producto de impuestos que dejan de recaudarse por operaciones realizadas al margen de los circuitos formales.

Los sectores más afectados

El relevamiento identificó cuatro sectores donde la penetración de productos ilegales resulta especialmente significativa.

El primer lugar corresponde a los teléfonos celulares, donde el comercio ilícito representa el 31% del mercado. De acuerdo con el informe, el alto valor de estos equipos, la fuerte demanda y la facilidad para su comercialización los convierten en uno de los principales objetivos de las redes dedicadas al contrabando y la falsificación.

En segundo lugar aparecen los cigarrillos, con una incidencia del 17%. El estudio explicó que buena parte de esos productos ingresa desde países vecinos sin cumplir con los controles aduaneros ni las obligaciones tributarias, lo que genera una competencia desigual frente a las empresas que producen y comercializan dentro del circuito formal.

Los productos textiles ocupan el tercer puesto, con una participación estimada del 16%. En este segmento conviven tanto el ingreso irregular de mercadería como la falsificación de marcas, dos modalidades que afectan a fabricantes, importadores y comercios que cumplen con las normas vigentes.

El cuarto lugar corresponde a la cerveza, donde el informe calculó una participación del 12% para los productos comercializados por canales ilegales.

El estudio remarcó que estos rubros concentran buena parte del problema, aunque aclaró que el fenómeno también alcanza a otras categorías de bienes de consumo.

Uno de los aspectos que el informe identifica como un cambio relevante es la transformación de los canales de comercialización.

Según el relevamiento, el crecimiento del e-commerce amplió las posibilidades de distribución de productos ilegales. Las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitaron el contacto entre vendedores y compradores y permitieron que mercadería de origen irregular llegara a consumidores de distintas provincias. El estudio sostuvo que las organizaciones dedicadas al comercio ilícito combinaron los canales tradicionales con herramientas digitales, una estrategia que aumentó la velocidad de distribución y dificultó las tareas de control.

En ese contexto, el documento formuló recomendaciones específicas para la Argentina. Entre ellas propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones de productos falsificados y mejorar los mecanismos de trazabilidad en línea. También planteó reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas como Misiones, Formosa y Salta, consideradas puntos sensibles para el ingreso de mercadería de contrabando.

Comparación con otros países de la región

El informe incluyó un análisis comparativo entre seis países latinoamericanos. Aunque cada mercado presenta características propias, los autores concluyeron que el crecimiento del comercio ilícito constituye un problema regional y que las modalidades utilizadas muestran patrones similares. En Brasil, también alcanza al 5% del PBI, mientras que en México escala al 8 por ciento.

En todos los casos aparecen como factores comunes el uso creciente de canales digitales para la venta de productos ilegales, la expansión de la falsificación de marcas y la necesidad de fortalecer los controles sobre las cadenas de distribución.

Para cada país, el estudio propuso medidas específicas de acuerdo con sus principales vulnerabilidades. En el caso argentino, las recomendaciones estuvieron orientadas a reducir la brecha de precios entre productos legales e ilegales, mejorar la trazabilidad, reforzar la cooperación con plataformas digitales y fortalecer los controles en zonas fronterizas.

A nivel regional, el documento también planteó la necesidad de combinar distintas herramientas para enfrentar el comercio ilícito. Entre ellas mencionó el fortalecimiento del control fronterizo, políticas anticorrupción, campañas educativas para desalentar la compra de productos ilegales, incorporación de tecnologías de trazabilidad en las cadenas de suministro, sanciones judiciales más eficaces y reformas regulatorias destinadas a reducir los incentivos económicos para el contrabando.

El estudio se presentó durante un seminario organizado por el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, encuentro que reunió a representantes del sector privado, especialistas en propiedad intelectual y funcionarios vinculados al comercio exterior.

Durante la jornada se analizaron las distintas modalidades que adoptó el comercio ilícito en América Latina y el impacto que estas prácticas generan sobre la recaudación fiscal, la competitividad de las empresas y la protección de la propiedad intelectual.

“Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles”, precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman. En la misma línea, reconoció que el Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar el flagelo, pero al mismo tiempo admitió que “controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Al respecto, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares -lo que representa alrededor de 3 millones al año- y la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.

A su vez, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. “El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, especificó.

“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló, por su parte, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al tiempo que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.

A su vez, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo, y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad -sumado al control del tráfico de mercaderías- y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.

Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo”. “Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico“, advirtió. Y aseguró que “el compromiso es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada”. “Cuando protegemos el comercio legal, protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

“Ningún agravio”

Además, en el vecino país fue procesado hace unos días por lavado de activos. El caso se sustenta en la compra de seis departamentos con sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que el dinero usado tuvo un origen ilícito.

Por otro lado, en Argentina hay dos expedientes judiciales abiertos en su contra. Está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Una de las causas se tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia. La otra en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y hay luz verde de Paraguay. La Corte tiene en trámite un proceso para determinar a quién le corresponde continuar.

En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

Antes de retirarse de la sala, Kueider subrayó que tanto él como su pareja “hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Cuándo se conocerá el fallo

El Tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse por el caso Kueider el lunes 13 desde las 9:30 de la mañana. Será el momento de las réplicas y dúplicas, la última instancia del proceso antes de que los magistrados vayan a debate. En esta etapa, Fiscalía retrucará los argumentos defensivos y, a la inversa, los abogados de Kueider (Marcelo Bogado y Carlos Arévalo) contestarán a los acusadores.

Concluido este paso, los magistrados Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, se retirarán a deliberar. En principio, la decisión podría conocerse ese mismo día, aunque el Tribunal no tiene un plazo preestablecido para dar el veredicto.

Cabe destacar que el pedido de Fiscalía está cerca del máximo que se puede establecer por este delito, que es dos años y medio. Y que, además, en caso de haber una condena contra Kueider y Guinsel, deberá contemplarse que llevan un año y seis meses de detención domiciliaria.

El tráfico ilícito de tabaco, alcohol, agroquímicos y electrónicos se ha afianzado en Centroamérica por una serie de fallas estructurales y regulatorias que persisten en la región, según un informe reciente de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).

La presentación de la “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito” tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, con la participación de representantes empresariales y expertos, según informó EFE. El estudio examina la situación de 158 economías en seis rubros distintos, entre ellos el entorno impositivo, la regulación, los controles gubernamentales, la corrupción y los sistemas para combatir el blanqueo de capitales.

El informe destaca que la falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros facilitan el flujo ilegal de una amplia gama de productos. Además, señala la existencia de una economía informal robusta, el uso indebido de zonas francas y una capacidad desigual de monitoreo estatal que favorecen la expansión del comercio ilícito en la región.

Países más expuestos y factores que alimentan el comercio ilícito

Según el índice de 2025, Costa Rica y Panamá encabezan la lista centroamericana con 51.2 y 49.6 puntos respectivamente. Les siguen El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos últimos con puntuaciones que reflejan una mayor vulnerabilidad.

Dentro de América Latina, Uruguay se distingue como el país mejor ubicado. El promedio global, de 49.9 puntos sobre 100, indica que la mayoría de los gobiernos en el mundo no está preparado para prevenir o mitigar el comercio ilícito.

El informe de Tracit sostiene que, aunque algunos países centroamericanos muestran avances, la región en su conjunto sigue enfrentando obstáculos significativos para controlar la circulación ilegal de productos, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El documento menciona que la Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice son focos críticos, ya que manejan altos volúmenes de reexportaciones con baja transparencia sobre los beneficiarios finales y un mínimo de inspección física de mercancías de alto riesgo, tales como cigarrillos y destilados.

La investigación advierte que estos factores, junto a la corrupción arraigada y la informalidad, permiten que el comercio ilícito de bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, electrónicos, medicamentos y productos agrícolas falsificados o adulterados se mantenga activo y conectado a nivel regional.

Productos afectados, riesgos y respuestas gubernamentales

Entre los productos más afectados por el comercio ilegal se encuentran los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los electrónicos, principalmente de origen asiático.

A esto se suman medicamentos falsificados —antibióticos, analgésicos, tratamientos contra la gripe y productos dermatológicos— y la circulación de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulterados o robados. Este flujo ilícito representa un riesgo para la salud y la seguridad alimentaria.

Las redes de comercio ilegal aprovechan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro y la falta de inspecciones efectivas para mover mercancía a gran escala en toda la región.

El informe señala que los gobiernos centroamericanos reconocen cada vez más el comercio ilícito como un asunto prioritario y han comenzado a establecer medidas de control y salvaguardas. Tracit propone que las zonas francas sean declaradas formalmente bajo jurisdicción aduanera, con derechos plenos para inspeccionar y controlar almacenes y puntos de entrada o salida.

Según el documento, “los crecientes esfuerzos de Centroamérica por fortalecer la transparencia y la integridad de la cadena de suministro, junto con los avances continuos para abordar las limitaciones de capacidad institucional y alinear los marcos regulatorios con los tratados y normas internacionales, ofrecen una base sólida para aumentar la resiliencia frente al comercio ilícito en toda la región”.

Mientras la región avanza en la coordinación y actualización normativa, el informe de Tracit subraya la necesidad de profundizar en estos esfuerzos para enfrentar el comercio ilícito y proteger tanto la economía como la salud pública.

Según informó Canal N, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas detectaron un vehículo Fuso procedente de la frontera con Bolivia que trasladaba diversos productos, entre ellos fardos de tela, prendas de vestir y artículos de aseo.

Bloquean carretera durante intervención

Durante el operativo, presuntos involucrados en el traslado de la mercancía y algunos pobladores de la zona retiraron parte de la carga antes de que las autoridades pudieran asegurarla completamente. Posteriormente, los sujetos huyeron hacia los cerros cercanos, reduciendo el volumen de productos que finalmente pudo ser incautado.

Además, los manifestantes bloquearon la vía colocando piedras y vidrios sobre la carretera con el objetivo de evitar el avance del vehículo intervenido y dificultar el trabajo de los agentes encargados del operativo.

Más de 30 policías controlan la zona

Ante la obstrucción de la carretera, más de 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales fueron desplegados para recuperar el control del área, retirar los obstáculos y garantizar el traslado del camión junto con la mercadería decomisada hacia las instalaciones de Aduanas.

De acuerdo con Canal N, esta intervención se suma a otros operativos realizados recientemente contra el comercio ilegal en la ciudad de Juliaca. Diez días antes, las autoridades también realizaron un decomiso de productos de contrabando en la urbanización Los Ángeles, donde vecinos de la zona intentaron impedir la intervención.

Las autoridades continúan ejecutando acciones de control en puntos cercanos a la frontera con Bolivia, debido al ingreso de mercancías sin documentación que sustente su procedencia legal.

Impacto del comercio ilegal en Perú

El comercio ilegal en Perú, que incluye contrabando, falsificación y piratería, representa una preocupación significativa para la industria formal. Según la Sunat, el contrabando movilizó cerca de 600 millones de dólares en 2024, aunque la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que este monto no refleja el verdadero alcance del problema, ya que no incluye otros delitos como la piratería, adulteración de productos y evasión tributaria. Una encuesta de la SNI reveló que la mitad de los industriales en el país considera que sus operaciones se ven gravemente afectadas por estas prácticas, que generan una competencia desleal y afectan la recaudación tributaria.

El impacto del comercio ilegal no se limita a la pérdida de ventas. Las empresas formales enfrentan una presión adicional en los precios y una competencia que no cumple con normativas laborales ni regulatorias, lo que pone en riesgo la calidad de los productos para los consumidores. Estos, a su vez, quedan expuestos a bienes sin trazabilidad, sin garantía y sin controles de seguridad. El comercio ilícito afecta sectores diversos: desde alimentos y textiles hasta medicamentos y combustibles, comprometiendo tanto la reputación empresarial como la confianza en el mercado.

Las rutas del contrabando en Perú evidencian la magnitud transfronteriza del problema. Puntos críticos como Virupaya y Tilali, en la frontera con Bolivia, han sido identificados como pasos de ingreso irregular para productos subsidiados. Estas rutas carecen de controles efectivos, facilitando la distribución de mercancía ilegal en mercados locales. La problemática no se limita al decomiso de mercadería: implica cadenas logísticas complejas y redes de distribución que operan al margen de la ley, lo que convierte al comercio ilegal en un desafío estructural para la industria formal y la economía peruana.

Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate contra este fenómeno.

Sin embargo, el país enfrenta nuevos desafíos que van mucho más allá del tradicional contrabando de mercancías: el crecimiento acelerado del comercio electrónico, el ingreso masivo de pequeños paquetes, el auge del oro ilegal y el fortalecimiento de redes criminales transnacionales obligan a replantear la estrategia de control.

Ese fue el principal mensaje del informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, y representantes del sector privado y organismos internacionales.

El estudio ubica a Panamá con 49.6 puntos en el Índice de Comercio Ilícito, en la posición 81 entre 158 economías, solo por detrás de Costa Rica en Centroamérica.

El país mejoró 13 posiciones percentiles respecto a la evaluación anterior, gracias principalmente al fortalecimiento de su capacidad aduanera y de los mecanismos de control.

Pero el informe deja claro que el avance no significa que el problema esté resuelto.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recordó que el comercio internacional de productos falsificados y pirateados representa aproximadamente el 2.3% del comercio mundial, equivalente a unos 460 mil millones de dólares al año, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Advirtió, además, que esa cifra ni siquiera incorpora otras modalidades como el contrabando, la evasión tributaria, la subvaloración aduanera o el comercio informal, por lo que el impacto económico real es considerablemente mayor.

“Cuando la ilegalidad resulta más rentable que la formalidad, toda la sociedad pierde”, afirmó Barría, quien señaló que el comercio ilícito reduce la inversión, destruye empleos, afecta la recaudación fiscal y debilita la confianza en las instituciones.

Aunque Panamá ocupa una posición favorable dentro de Centroamérica, TRACIT mantiene al país dentro de la categoría de riesgo moderadamente alto.

El informe identifica como principales vulnerabilidades la supervisión insuficiente de la cadena logística, la regulación de la Zona Libre de Colón, la persistencia de la economía informal y la presencia de organizaciones criminales que aprovechan la plataforma logística panameña para mover mercancías ilegales hacia otros mercados.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, explicó que Panamá posee capacidades regulatorias y aduaneras relativamente sólidas, pero estas aún se ven limitadas por brechas en el monitoreo de la cadena de suministro.

“La Zona Libre de Colón continúa siendo una puerta de entrada para la redistribución de productos ilícitos hacia toda la región", señaló.

El problema ya no llega en grandes contenedores

Uno de los cambios más importantes identificados por el estudio es la transformación de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

Durante años, la principal preocupación eran los grandes contenedores marítimos. Hoy el fenómeno está migrando hacia miles de pequeños paquetes enviados por comercio electrónico.

Hardy explicó que el crecimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones móviles ha facilitado la distribución de productos falsificados directamente al consumidor.

Como ejemplo, relató que durante una visita anterior a Panamá observó cómo era posible pedir productos falsificados y vapeadores ilegales desde una aplicación y recibirlos pocos minutos después en el restaurante donde se encontraba.

Según indicó, el enorme volumen de pequeños envíos supera la capacidad operativa de muchas aduanas latinoamericanas, que no cuentan con suficiente personal, tecnología ni entrenamiento para inspeccionarlos adecuadamente.

El director de TRACIT advirtió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso de estos pequeños paquetes.

Mientras las inversiones en escáneres han fortalecido el control sobre los contenedores marítimos en la Zona Libre de Colón, el comercio ilícito se está desplazando hacia el transporte aéreo.

Por ello, anunció que TRACIT trabaja junto con la Unión Postal Universal para desarrollar programas de capacitación dirigidos a fortalecer la capacidad de detección de mercancías falsificadas en los servicios postales y de mensajería.

El auge del oro ilícito

El informe también incorpora una amenaza que empieza a ganar importancia en América Latina: el comercio ilegal de oro.

Hardy explicó que el problema trasciende el valor económico del mineral. Las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de oro sirven para financiar las mismas organizaciones criminales que participan en el contrabando de cigarrillos, alcohol, mercancías falsificadas y otras actividades ilegales.

“Es un círculo vicioso”, indicó, al advertir que estos recursos fortalecen estructuras del crimen organizado y generan flujos financieros ilícitos que terminan afectando las economías nacionales y la explotación legal de los recursos naturales.

Otro de los sectores que más preocupa a TRACIT es el comercio ilegal de cigarrillos. Hardy señaló que algunos segmentos del mercado presentan niveles de hasta 96% de productos de contrabando, situación que convierte a Panamá en un punto estratégico para la redistribución regional.

Según explicó, buena parte del tabaco ilegal que pasa por la Zona Libre de Colón no está destinado al mercado panameño, sino a otros países de Sudamérica, por lo que mejorar los controles tendría efectos positivos para toda la región.

Gobierno destaca avances

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que combatir el comercio ilícito constituye una política de Estado.

Recordó que estas actividades reducen recursos para hospitales, escuelas y programas sociales, afectan a las empresas formales y financian organizaciones criminales transnacionales.

Moltó, sostuvo que el comercio ilícito “no es un delito sin víctimas”. “Le roba al Estado recursos para construir hospitales, escuelas y generar empleos; golpea a los comerciantes formales, engaña a los consumidores y financia redes de crimen organizado nacional y transnacional”, afirmó durante la presentación del informe.

Por su parte, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, destacó que la institución ha fortalecido la trazabilidad de productos derivados del tabaco en coordinación con la Zona Libre de Colón, incorporado tecnología de inspección no intrusiva, desarrollado nuevos sistemas de gestión de riesgos y ampliado la cooperación internacional para reforzar los controles fronterizos.

También anunció que el proyecto para modernizar la legislación penal aduanera, vigente desde 1984 y con escasas modificaciones, ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra en revisión final por parte del Ministerio Público.

La funcionaria no explicó los puntos que atacará la nueva normativa y se retiró del evento sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los aspectos que más contribuyó al avance de Panamá fue el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Aduanas. TRACIT destaca que el país aumentó ocho puntos en el componente relacionado con gestión aduanera, como resultado de inversiones en inspección, análisis de riesgo, digitalización y cooperación internacional.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones formuladas por TRACIT figuran fortalecer la regulación de las zonas francas, ampliar la inspección aduanera basada en análisis de riesgo, reforzar las medidas contra la corrupción y el lavado de activos, y establecer un marco regulatorio específico para el comercio electrónico y los servicios postales.

El informe concluye que Panamá ha demostrado avances importantes en los últimos años, pero advierte que el comercio ilícito evoluciona con rapidez y exige controles cada vez más sofisticados. La batalla ya no se libra únicamente en los puertos y los grandes contenedores: ahora también pasa por los teléfonos móviles, las plataformas digitales y miles de pequeños paquetes que cruzan las fronteras cada día.

Un problema regional

El estudio concluye que el comercio ilícito atraviesa prácticamente todos los sectores económicos de Centroamérica y que la región, en conjunto, continúa por debajo del promedio mundial en capacidad para enfrentar este fenómeno.

Costa Rica lidera el ranking regional con 51.2 puntos, seguida por Panamá (49.6), El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3).

Para Hardy, el avance de Panamá demuestra que es posible mejorar cuando existe coordinación entre el sector público y privado.

Moltó sostuvo que facilitar el comercio legítimo y perseguir el ilegal no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. “Cada contenedor que se inspecciona, cada mercancía que se decomisa y cada red criminal que se desmantela envía un mensaje claro: Panamá apuesta por el comercio que construye y no por el comercio que destruye”, afirmó.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este miércoles la captura de seis personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos.

La operación, realizada en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), constituye uno de los golpes más recientes contra las redes de comercio ilícito de tecnología en el país, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba desde 2023 y estaba compuesta por individuos que cumplían diversos roles para asegurar el éxito del contrabando. Uno de los grupos se encargaba de viajar al extranjero para traer la mercadería, evadiendo los controles aduaneros al no declarar los productos y, en caso de ser detectados, presentaban documentación alterada para justificar el ingreso al país.

Otro grupo tenía la tarea de movilizar las ganancias obtenidas, realizando viajes cortos a Estados Unidos y transportando sumas de dinero en efectivo por debajo del límite legal permitido, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.

La investigación detalló que algunos de los detenidos administraban comercios dedicados a la venta de equipos electrónicos. Estos comercios servían como puntos de distribución para la mercadería ingresada de manera ilegal, facilitando así la colocación de los productos en el mercado salvadoreño.

La Fiscalía añadió que la estructura también es señalada de movilizar sumas millonarias de dinero mediante una compleja red de operaciones financieras, que incluía abonos, retiros, transferencias, depósitos y compras de mercadería declarada o facturada, así como pagos de impuestos, multas y diferencias aduaneras.

El monto total de dinero movilizado por la red superó los 10 millones de dólares, según el informe oficial. Las autoridades indicaron que los implicados utilizaron diversas maniobras para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo de las transacciones, lo que evidencia un nivel de organización elevado y una operación sostenida durante un periodo considerable.

Las imágenes divulgadas por la FGR muestran a varios de los detenidos en sus residencias, bajo custodia de agentes fiscales y policiales. En las fotografías es posible observar a mujeres y hombres en diferentes espacios de viviendas y en compañía de agentes identificados con chaquetas de la Fiscalía.

Otro operativo reciente: desarticulación de red que desviaba fondos con canjes ilegales

La lucha contra el contrabando y el desvío de fondos vinculados a equipos tecnológicos ha sido una prioridad para las instituciones de seguridad salvadoreñas.

En días recientes, la Fiscalía y la PNC ejecutaron un operativo paralelo para desarticular otra red acusada de desviar fondos mediante canjes ilegales. Según el informe oficial, esta estructura aprovechaba mecanismos de canje para transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, simulando operaciones comerciales que en realidad encubrían movimientos ilícitos.

El operativo permitió realizar varias capturas y decomisar documentos contables, dispositivos electrónicos y registros bancarios que servirán como evidencia en los procesos judiciales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger la economía formal del país.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó recientemente que “la coordinación con la PNC y el trabajo de inteligencia han sido claves para identificar y desarticular estructuras”. Según Delgado, el objetivo es “evitar que organizaciones criminales continúen aprovechando debilidades en los controles aduaneros y financieros para lucrarse de manera ilícita”.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones e identificar a posibles colaboradores tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados, así como fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para evitar el ingreso irregular de mercadería.

Impacto y contexto

El comercio ilegal de tecnología representa un desafío para la economía salvadoreña, ya que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también fomenta la competencia desleal y puede estar vinculado a otros delitos como el lavado de dinero. Las recientes capturas y operativos reflejan los esfuerzos de las instituciones para frenar estas actividades y garantizar que la comercialización de dispositivos electrónicos se realice bajo los parámetros legales establecidos.

Las autoridades han hecho un llamado a la población y al sector comercial para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones. Mientras tanto, los procesados enfrentarán cargos por contrabando, lavado de dinero y otros delitos relacionados, en lo que se anticipa será un proceso judicial de alto perfil.

No todo el comercio ilícito aparece en un operativo ni termina en una foto de mercadería incautada. Una parte logra entrar al mercado, se vende en galerías, ferias, canales digitales o comercios informales, y compite con empresas que sí pagan impuestos, cumplen normas laborales, asumen costos regulatorios y responden por la calidad de sus productos.

La escala del problema ayuda a entender por qué la industria formal lo mira con preocupación. En Perú, solo el contrabando mueve más de US$600 millones al año, según cifras de Sunat. La Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI advirtió que ese monto no representa ni una cuarta parte del impacto económico real, porque deja fuera falsificación, piratería, adulteración de productos, evasión tributaria y pérdida de ventas para empresas formales.

Esa competencia ya alcanza a buena parte de la industria peruana. Una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) encontró que uno de cada dos industriales en el Perú declara verse seriamente afectado por el comercio ilícito, una categoría que incluye contrabando, falsificación, piratería, adulteración y otras formas de competencia ilegal.

Para las empresas formales, el impacto no se limita a la pérdida de ventas. También presiona precios, reduce recaudación tributaria y crea una competencia que no opera bajo las mismas condiciones. Para los consumidores, implica exponerse a productos sin trazabilidad, sin garantía o sin controles adecuados.

El límite de medir solo lo incautado

Uno de los puntos más complejos para dimensionar el comercio ilícito es que las cifras oficiales suelen apoyarse en lo que las autoridades logran interceptar. Eso permite conocer cuánto se decomisó, pero no cuánto ingresó, se distribuyó y finalmente llegó al consumidor.

“La información pública disponible sobre el comercio ilícito en el Perú y otros países solo refleja una parte del problema, ya que se basa principalmente en las incautaciones y no permite dimensionar la verdadera magnitud”, señaló Silvia Hooker Ortega, gerente de Asuntos Internacionales y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI.

Ante esa brecha de información, el gremio decidió consultar directamente a empresas industriales formales para medir cómo esta problemática afecta sus operaciones. Según Hooker, la SNI tomó como referencia la experiencia chilena de observatorios especializados y creó el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), con el objetivo de generar evidencia y colocar el tema en la agenda pública.

La medición resulta relevante porque el comercio ilícito no afecta a un solo rubro. Puede alcanzar alimentos, bebidas, textiles, medicamentos, productos de higiene, artículos tecnológicos, combustibles, autopartes y otros bienes de consumo masivo o uso industrial. En varios casos, la pérdida no se limita a ventas: también puede comprometer reputación, seguridad del consumidor y confianza en el mercado.

La frontera como puerta de entrada

El problema que advierte la industria formal ya ha sido registrado en rutas específicas de contrabando. En 2025 se identificó a Virupaya, en la frontera entre Perú y Bolivia, como un punto crítico para el ingreso irregular de productos hacia Puno. La zona, ubicada cerca del Lago Titicaca, carece de oficinas de migración y puestos de aduanas, lo que facilita el paso de mercancías como arroz, azúcar, aceite, fideos y combustibles subsidiados que luego son distribuidos en mercados locales.

Otro reporte mostró una ruta en Tilali, también en Puno, por donde circulaban vehículos cargados con ropa, combustible, cigarros y balones de gas boliviano. Según esa investigación, la trocha se encontraba cerca de un puesto de vigilancia fronterizo sin presencia policial, mientras que un centro poblado cercano funcionaba como punto de comercio semanal para estos productos.

Estos casos muestran que el comercio ilícito no se reduce al decomiso final de mercadería. Antes de llegar a galerías, ferias o comercios informales, existe una cadena que incluye pasos fronterizos sin control suficiente, centros de acopio, transporte local y redes de distribución. Para la industria formal, esa ruta termina convirtiéndose en competencia directa dentro del mercado peruano.

Un problema que cruza fronteras

El comercio ilícito tampoco funciona como un fenómeno local aislado. Sus rutas suelen involucrar pasos fronterizos, redes de distribución, diferencias tributarias entre países, informalidad logística y canales de venta cada vez más difíciles de rastrear.

Los resultados de la encuesta fueron presentados durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, realizado en Buenos Aires el 30 de junio y el 1 de julio. En la reunión participaron representantes empresariales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Durante el encuentro, los gremios suscribieron una declaración conjunta para pedir a las autoridades de sus países fortalecer la prevención, fiscalización y cooperación frente a las distintas modalidades de comercio ilícito. Como parte de esa agenda, la SNI asumió la presidencia pro tempore del consejo hasta enero de 2027, y Lima será sede del próximo encuentro regional.

Un petrolero de 182 metros de eslora, sin tripulación y bajo bandera de Nicaragua, quedó encallado frente a la playa de Manori, en el norte de Mumbai, después de que las tormentas del monzón rompieran la cadena de su ancla el 5 de julio, según reportó el medio 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el MT Al Jafzia no era un barco cualquiera: desde febrero de 2026, la justicia india lo investiga como pieza de una red internacional de contrabando de crudo iraní.

El encallamiento ocurrió en medio de vientos intensos y lluvias que dejaron sin visibilidad la costa occidental de India. La Guardia Costera desplegó los buques Samudra Prahari y Samrat para vigilar la zona, y solicitó a la Dirección General de Administración Marítima el remolcador de emergencia Water Lily para evaluar el casco y preparar las maniobras de reflotamiento. La escasa visibilidad impidió cualquier reconocimiento aéreo.

El origen del caso: tres barcos y una red de contrabando

El MT Al Jafzia no llegó solo a aguas indias. En febrero de 2026, la Guardia Costera interceptó tres petroleros —el propio Al Jafzia, el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby— acusados de operar una red de transferencias ilegales de betún y combustible de origen iraní en alta mar.

Según los investigadores, las tres embarcaciones apagaron deliberadamente sus sistemas automáticos de identificación (AIS) antes de realizar los traspasos entre barcos, una práctica habitual en operaciones diseñadas para eludir el rastreo satelital.

Las autoridades sostienen que esas maniobras violaron las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el comercio de hidrocarburos iraníes.

Tras la detención, los tres buques quedaron bajo custodia de la Policía de Yellow Gate en Mumbai, con cargos por presuntas infracciones a la Ley de Aduanas, la Ley del Petróleo, la Ley de Productos Básicos Esenciales y el nuevo Código Penal indio.

Lo que decidió el Tribunal Superior de Bombay

Los propietarios recurrieron al Tribunal Superior de Bombay para recuperar las embarcaciones. El tribunal autorizó en mayo el traslado del MT Al Jafzia al astillero de desguace de Alang, en Gujarat, pero rechazó la misma solicitud para el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby al considerar que ambos siguen siendo piezas activas de la investigación penal.

El Al Jafzia nunca llegó a Alang. El monzón lo alcanzó primero.

Durante el temporal del 5 de julio, el MT Stellar Ruby también comenzó a derivar desde su fondeo frente a Madh. A diferencia del Al Jafzia, ese barco no llegó a encallar y permanece bajo vigilancia constante.

La bandera nicaragüense y la “flota fantasma”

El incidente reactivó un debate que excede las costas indias. El economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro publicó en X que el uso de pabellón nicaragüense por parte del Al Jafzia demuestra la incorporación del régimen de Daniel Ortega a lo que denominó la “flota fantasma” petrolera.

“Ortega ahora vende bandera nica y se suma a flota fantasma petrolera”, escribió Chamorro, y añadió: “Evidencia de las conexiones de Ortega con Putin para evadir sanciones”.

El barco, construido en 1999 bajo el nombre Camila Maersk, habría llegado a aguas indias procedente de Yemen antes de su intercepción.

El contexto regional le da peso a esa acusación. Según estimaciones de S&P Global de 2025, la flota fantasma global supera los mil petroleros y representa entre el 17% y el 18,5% de la capacidad mundial de transporte de crudo.

Varios países de registro pequeño —con escasa capacidad de fiscalización— han sido señalados por organismos internacionales como proveedores de banderas de conveniencia para buques vinculados a Rusia e Irán.

El Gobierno de Nicaragua no ha emitido ninguna respuesta a los señalamientos de Chamorro ni ha comentado el encallamiento frente a Mumbai.

Las investigaciones sobre una presunta red internacional de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México incorporaron el testimonio de Luis Rivera, un colaborador de la justicia estadounidense que describió el supuesto mecanismo utilizado para mover hidrocarburos de un lado a otro de la frontera mediante importaciones irregulares, documentación presuntamente alterada y maniobras para evadir impuestos.

La declaración forma parte del proceso que las autoridades estadounidenses siguen contra integrantes de la familia Jensen, señalados por su presunta participación en operaciones de tráfico de combustibles. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, Rivera explicó cómo funcionaba la red y el papel que desempeñaban empresas de transporte y logística para introducir combustible a México.

El caso se centra en el llamado huachicol fiscal, modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas. En este esquema, las investigaciones apuntan al uso de operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza de los hidrocarburos y reducir el pago de impuestos durante su importación.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación de El País, Rivera aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles. En su testimonio describió una estructura que coordinaba empresas de transporte y logística para trasladar hidrocarburos desde Texas hacia distintos puntos de México.

Según su versión, parte del combustible tenía origen en hidrocarburos robados previamente en territorio mexicano. Posteriormente era exportado a Estados Unidos y reingresado al país mediante operaciones comerciales en las que la mercancía era declarada con una clasificación distinta a su contenido real, una práctica que presuntamente permitía evadir impuestos y superar controles aduaneros.

La investigación también refiere que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas ubicadas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.

¿Quiénes son los Jensen?

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales señalados a integrantes de la familia Jensen, investigados por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Según El País, la investigación busca determinar el papel que desempeñaron empresas y operadores vinculados con esa familia dentro de una red que habría movilizado hidrocarburos entre ambos países mediante operaciones comerciales presuntamente irregulares.

Hasta ahora, el proceso continúa abierto y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que el medio digital Código Magenta publicó una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.

Hasta el momento, esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas. Tampoco se han presentado imputaciones o sentencias derivadas de esas publicaciones.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de combustibles que difiere del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. En lugar de extraer gasolina o diésel de ductos, el esquema consiste en introducir combustible al país mediante operaciones de importación fraudulentas.

Las investigaciones sobre este tipo de redes señalan prácticas como declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los cargamentos, utilizar documentación presuntamente alterada o recurrir a empresas intermediarias para reducir el pago de impuestos y dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico por la evasión fiscal, especialistas han advertido que estas operaciones pueden facilitar la participación de organizaciones criminales en la cadena de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, lo que convierte al huachicol fiscal en un fenómeno distinto y más complejo que el robo tradicional de gasolina.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Medardo Alfredo R. G. por contrabando de mercadería, a partir de una intervención policial del 31 de mayo de 2025, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

El tribunal dispuso que el imputado continúe con medidas sustitutivas a la detención: prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes ante el Tribunal de Sentencia que conocerá el proceso.

De acuerdo con la acusación, Medardo Alfredo conducía un vehículo particular cuando fue detenido en un control vehicular en el kilómetro 94½ de la carretera desde la frontera San Cristóbal (que conecta El Salvador con Guatemala) hacia Santa Ana.

¿Qué encontró la Policía en la inspección?

En la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil hallaron tres cajas con productos de carácter erótico que no habían sido declarados para el pago de tributos.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de la presunta defraudación a la hacienda pública asciende a USD 2.156,41, constata el reporte judicial.

En El Salvador, el contrabando de mercaderías es un delito de carácter penal y tributario castigado con 6 a 8 años de prisión, además de sanciones económicas, decomiso de bienes y restricciones operativas, bajo la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LEPSIA), una norma que también define como conducta punible el ingreso o salida de productos por pasos no habilitados, la evasión del control aduanero y la comercialización de mercadería extranjera sin respaldo legal de importación.

La ley no limita la respuesta del Estado a la cárcel. También obliga al infractor a responder con su patrimonio por todo lo defraudado al fisco, prevé multas ligadas a la evasión de impuestos del comercio exterior y ordena la incautación inmediata de toda la mercadería involucrada.

Según la LEPSIA, la pena de prisión alcanza tanto a los autores del contrabando como a los coautores. La investigación también puede extenderse a cómplices o encubridores, conforme a las reglas del Código Penal. Ese marco responde de forma directa a una pregunta central: qué castigo recibe quien comete contrabando en El Salvador. La respuesta es doble: una condena de 6 a 8 años de cárcel y una afectación patrimonial que incluye el cobro de lo defraudado, multas tributarias y la pérdida de la mercadería.

La mercadería incautada queda bajo custodia del Estado durante el proceso

La norma dispone que toda mercadería objeto de contrabando sea decomisada de inmediato. También prohíbe que los jueces la entreguen en depósito al imputado o a terceros mientras el proceso siga abierto.

Los bienes quedan bajo custodia estatal y, según el caso, pueden ser subastados o destruidos. La medida busca impedir que el imputado conserve control material sobre los productos mientras se resuelve su situación judicial.

La definición legal del delito, contenida en el artículo 15 de la LEPSIA, incluye varias conductas específicas. Entre ellas figuran introducir o extraer mercancías del país al margen de la intervención aduanera, cruzar por pasos ciegos, ocultar la naturaleza real del producto mediante declaraciones falsas y vender mercadería extranjera sin el formulario aduanero que pruebe su importación legal.

El fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, solicitó la pena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel. El planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando: dos años y seis meses.

En su exposición, Villalba sentenció: “Concluido el debate oral y público, para el ministerio fiscal ha quedado demostrada la existencia del tipo penal de contrabando en grado de tentativa, conforme a lo previsto en el artículo 326, inciso B”, del Código Aduanero de Paraguay.

El apartado en cuestión tipifica el delito y la particularidad de que se realice “el ingreso o egreso de mercaderías sea o no por zona primaria en compartimiento secreto o de doble fondo o en forma tal que escape a la revisión normal de la aduana”. Para las autoridades del vecino país, el dinero en efectivo también se considera mercadería. Cuestionar esta equivalencia es uno de los puntales de la defensa de Kueider y de su pareja.

Luego, subrayó algunos ítems para solicitar la condena y citó la forma en que se concretó el hecho investigado. Entre ellos, enumeró que se intentó utilizar el horario nocturno para ingresar el dinero. Además, marcó el “alto valor” de las divisas que transportaban en el vehículo “sin cumplir con la declaración prevista” para el traslado de más de USD 10 mil.

Villalba sostuvo que el exsenador argentino y su pareja “violaron reglas administrativas y el código aduanero” del Paraguay.

Más adelante, recordó que el dinero “forma parte del catálogo de hechos punibles. Es un precedente para el lavado de activos”. Y que, de ingresar estas grandes sumas de dinero a territorio paraguayo, causaría “un grave daño a nuestro sistema jurídico”. Esto se debe a que se esquivaría la “trazabilidad (de los fondos) violando normas internacionales” para evitar el lavado de dinero.

El Fiscal también hizo zoom en la conducta del exsenador y Guinsel tras haberse detectado la maniobra ilícita. Lo consideró una “contra” para la situación de los acusados. Es que, sostuvo, ninguno de los dos “ha mostrado ni un mínimo de arrepentimiento”. Y en este sentido, amplió: “Si bien tienen el derecho a no declarar, no han pedido disculpas a los paraguayos por las acciones cometidas”.

Cuáles fueron los argumentos defensivos

Tras el planteo acusatorio, el Tribunal especializado en delitos económicos dio la palabra a los defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, que representan a Kueider y Guinsel. La defensa solicitó la absolución de ambos. El argumento esgrimido fue que la Fiscalía no logró probar el hecho y que la acusación se basó en “analogías y en estirar interpretaciones que no están cubiertas” por la legislación. La referencia fue a la valoración de que el dinero puede considerarse, también, una mercancía.

Tras las presentaciones de las partes, el Tribunal integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, convocó a una nueva jornada. Será el próximo lunes 13 a partir de las 9.30. En esa oportunidad, habrá réplica de Fiscalía a la defensa y, a la inversa, dúplica de los abogados de Kueider a la acusación pública. Ese día, el Tribunal podría dar la sentencia en el caso. La audiencia de este lunes se realizó en la sala 9 del 6° piso de la Torre Norte del Palacio de Tribunales. Comenzó a las 10 de la mañana de este lunes y se estiró durante más de una hora.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer desde Foz do Iguazú a Ciudad del Este. En una mochila que estaba en el asiento trasero se encontraron 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes que no habían sido declarados.

Qué se le viene al exsenador entrerriano

El juicio por tentativa de contrabando no es el único problema judicial que tienen Kueider y Guinsel.

La Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Así, los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay y la Fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

Un operativo simultáneo realizado en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, derivó en el decomiso de 7.5 millones de unidades de medicamentos ilegales, cuyo valor supera los 112.5 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 1.9 millones). Esta cifra evidencia la magnitud de la operación y el impacto económico de este tipo de actividades ilegales.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público, lideró cuatro allanamientos simultáneos en la zona. La información fue confirmada este viernes por DIGEMAPS en un comunicado oficial.

Según detalló la DIGEMAPS, el operativo permitió medicamentos vencidos, mutilados, de contrabando, muestras médicas y productos sin registro sanitario. Estas acciones forman parte de la estrategia articulada por la Mesa de Ilícito, instancia interinstitucional integrada, que busca frenar el comercio ilícito y la falsificación de productos regulados en el país.

Autoridades intensifican operativos para combatir la venta de medicamentos ilegales

El decomiso se realizó durante procedimientos en los que se incautaron 99 fundas plásticas de 55 galones y una caja de cartón, todas repletas de medicamentos ilegales.

El equipo técnico de la DIGEMAPS prestó apoyo directo en los operativos e intervino en el cierre de los establecimientos inspeccionados. Los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la magistrada Cristina Ortiz.

“Nuestro equipo técnico brindó apoyo directo en los operativos y procedimos al cierre de los establecimientos intervenidos, mientras los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la Magistrada Cristina Ortiz”, según el informe oficial difundido por DIGEMAPS.

Las autoridades explicaron que los medicamentos decomisados incluían productos vencidos, alterados, de contrabando, muestras médicas y fármacos sin registro sanitario. El operativo responde a lo dispuesto por la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Estas leyes facultan a las instituciones involucradas a actuar en la protección de la salud pública y en el combate a la circulación de productos no autorizados.

La DIGEMAPS enfatizó que continuará con la vigilancia y supervisión de farmacias, almacenes y establecimientos para prevenir la distribución de fármacos ilegales y proteger la salud de la población. “La DIGEMAPS sigue firme en el cumplimiento de la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, protegiendo la salud de todas y todos los dominicanos”, sostuvo la institución.

El Ministerio Público mantiene bajo investigación los establecimientos intervenidos y definirá las responsabilidades legales correspondientes. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre detenciones relacionadas con estos hechos, aunque confirmaron que el proceso legal continuará conforme a las normativas vigentes.

Autoridades reiteraron su compromiso con la defensa de la salud pública y anunciaron que seguirán ejecutando operativos similares en todo el territorio nacional. La institución advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de medicamentos no regulados y llamó a denunciar cualquier venta irregular.

La Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, fue el escenario de la última audiencia de presentación de prueba en el juicio que se le sigue al exlegislador nacional entrerriano. Él y su pareja y exsecretaria están acusados de contrabando en grado de tentativa. La pena en expectativa es de dos años y medio.

Los últimos elementos probatorios fueron provistos por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel. El Tribunal especializado en delitos económicos cerró la jornada indicando que el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Ysrael Villalba deberá realizar su alegato de clausura. En esta instancia, la acusación pública tendrá que hacer una lectura de la prueba según su teoría del caso y solicitar la condena.

Cómo sigue el juicio

El Tribunal que juzga a Kueider está integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Según adelantaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, tanto Kueider como Guinsel volvieron a negarse a declarar. Por el momento en el que se encuentra el juicio, ahora solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar la sentencia.

Si el lunes hay tiempo podría darse paso a que la defensa realice su alegato. En esta etapa, los abogados de los imputados intentarán rebatir los argumentos de la acusación pública. Además, será su chance para hacer una relectura de la prueba y plantar su propia hipótesis de qué ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando el exsenador nacional y su pareja fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

Al momento en que la defensa concluya, el fiscal Villalba podrá pedir una réplica al Tribunal y rebatir algunos puntos de lo que plantearon. La misma instancia, llamada dúplica, le corresponderá a los abogados de Kueider y Guinsel luego de que la Fiscalía cierre su respuesta.

Será el último paso y llegará el desenlace. Los jueces fijarán en ese momento el día en el que darán a conocer el veredicto y se retirarán a debatir el fallo.

Cómo llegó Kueider al juicio

Las audiencias contra el exsenador nacional por Entre Ríos y su pareja comenzaron el 9 de junio pasado. Antes hubo tres postergaciones que dilataron el inicio desde noviembre del año 2025 a mitad del período en curso.

Kueider y Guinsel llegaron a esta instancia con arresto domiciliario. Quedaron detenidos horas después de ser encontrados in fraganti en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Intentó ingresar a Ciudad del Este con una mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese hecho fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Que el ilícito no se haya concretado redujo la pena en expectativa de 5 años a dos y medio. En caso de ser condenados, el año y seis meses que llevan detenidos en distintos departamentos de lujo de Asunción será sopesado.

Cuando este juicio entraba en la recta final, Kueider y Guinsel recibieron dos malas noticias.

Por un lado, la Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay. La fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

En un operativo realizado en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad capital, las autoridades panameñas incautaron 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas “feeling” presuntamente destinadas al tráfico ilegal, con un valor estimado de $165 mil en el mercado clandestino.

La acción, coordinada por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, forma parte de una estrategia para combatir el contrabando y las redes del crimen organizado en el país.

El procedimiento, desarrollado en uno de los sectores más transitados de la capital panameña, tuvo como objetivo ubicar y asegurar mercancía ingresada de manera irregular al territorio nacional.

Según detalló la Policía Nacional, la intervención se efectuó en el marco de un plan de acciones operativas y preventivas frente al aumento de delitos que afectan tanto la salud pública como la economía formal.

Durante la diligencia, los agentes confiscaron cajas con cigarrillos de varias marcas internacionales y hojas “feeling”, utilizadas para armar cigarrillos artesanales.

Las autoridades estiman que este tipo de productos, al no cumplir con los controles sanitarios ni fiscales, representan un riesgo para los consumidores y contribuyen al fortalecimiento de estructuras criminales dedicadas al contrabando en la región.

El decomiso se realizó gracias a labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar el punto de acopio de la mercancía.

De acuerdo con información proporcionada por la entidad de seguridad nacional, la colaboración entre instituciones resultó fundamental para ejecutar la operación sin incidentes y asegurar la evidencia.

La mercancía quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas, que inició los trámites correspondientes para la investigación del origen y destino de los productos.

Voceros de la entidad indicaron que las pesquisas buscan determinar la procedencia exacta de los cigarrillos y si existen vínculos con redes transnacionales de contrabando.

En declaraciones recogidas por medios locales, representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de mantener la vigilancia sobre los puntos estratégicos de la ciudad, donde suelen detectarse movimientos irregulares de mercancía.

“Estos operativos son esenciales para frenar la entrada de productos ilícitos que atentan contra la salud de la población y afectan la economía nacional”, aseguraron fuentes judiciales.

El mercado clandestino de cigarrillos, de acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, genera pérdidas millonarias al fisco cada año y constituye uno de los principales desafíos en materia de control aduanero.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y los operativos de sorpresa en zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de desarticular las rutas de distribución del contrabando.

Además del decomiso, la Policía informó que mantiene acciones permanentes para prevenir el ingreso y la comercialización de productos ilegales en todo el territorio panameño.

Estas actividades incluyen campañas de concientización dirigidas a comerciantes y consumidores, así como la cooperación con organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando de cigarrillos y otros productos sujetos a regulación estatal.

Según la institución, la participación ciudadana resulta clave para identificar nuevas modalidades de tráfico y fortalecer la respuesta institucional.

El caso de Calidonia se suma a una serie de operaciones recientes que evidencian la persistencia del contrabando en el país.

En lo que va del año, las autoridades han reportado varios decomisos de mercancía ilícita en distintos puntos de Panamá, reforzando su compromiso de enfrentar este fenómeno en coordinación con todas las instancias del Estado.

Durante los últimos años, la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana ha intensificado los controles en puertos y aeropuertos, lo que ha resultado en decomisos de productos prohibidos y animales exóticos.

Entre los hallazgos más frecuentes se encuentran cigarrillos, armas de fuego, artículos tecnológicos y mercancías que no cumplen con los controles sanitarios necesarios.

Según informó Diario Libre, las autoridades han enfrentado una tendencia creciente de intentos de ingreso de mercancías ilegales que podrían poner en riesgo la salud y la seguridad de la población.

La DGA ha señalado que, en ocasiones anteriores, se identificaron casos como el de un pasajero que transportaba tarántulas y el decomiso de caballitos de mar disecados, hallados en cargamentos marítimos con destino a la nación.

Estos hallazgos relacionados con la vida silvestre, aunque llamativos, no son los más recurrentes en comparación con otras incautaciones. La mayoría corresponde a productos de consumo masivo, medicamentos, vehículos, productos de origen animal, vegetal, bebidas alcohólicas y electrodomésticos.

Uno de los casos más inusuales reportados por la DGA en los últimos años fue la detección de 23 armas de fuego, 18 cargadores de fusil y 19 rifles de alto calibre dentro de un contenedor en tránsito hacia Haití.

Este tipo de incautaciones genera un alto nivel de alerta, debido a su posible vinculación con el crimen organizado y operaciones de lavado de activos. Las autoridades subrayan que la detección de narcóticos, divisas y armas implica un riesgo considerable para la seguridad nacional.

Los operativos recientes han permitido la retención de cargamentos de más de 56 mil perfumes y decenas de miles de productos vinculados a la moda y la tecnología.

Además, se han confiscado más de 154 mil aparatos electrónicos y 734 mil accesorios de celulares solo en el año 2026. Estas cifras evidencian un aumento en el tráfico de mercancías no tradicionales, impulsado por el auge de las compras en línea y la paquetería internacional.

El reporte de la DGA también menciona la incautación de productos asociados al entretenimiento, juguetes, maquillaje, artículos escolares y del hogar, muchos de ellos comercializados a través de plataformas digitales. Destacan las confecciones y calzados con infracciones marcarias, en algunos casos con cargamentos que superan las 12 mil piezas de vestir en una sola operación, además de decenas de miles de pares de calzado y accesorios del sector moda.

La tendencia al alza en la cantidad de productos decomisados se refleja en el crecimiento sostenido entre 2020 y 2026, periodo en el que las unidades retenidas pasaron de cientos de miles a más de 7 millones.

La DGA atribuye este fenómeno al incremento del comercio electrónico, la importación masiva de productos de bajo costo y el uso indebido de signos distintivos para la comercialización de mercancía falsificada.

La entidad identificó a Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Guyana, Perú, México y Colombia como los principales países de origen de las cargas ilícitas. Las pérdidas económicas para el Estado dominicano derivan principalmente de productos con alta carga tributaria, como cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles, cuya comercialización ilegal implica una considerable evasión fiscal.

En uno de los operativos, las autoridades descubrieron accesorios para celulares que aparentaban ser productos genéricos, pero que ocultaban marcas falsificadas mediante stickers adheridos. Al remover los adhesivos, se confirmó la infracción marcaria, lo que llevó a la retención de la carga.

Este método ilustra las estrategias que adoptan las redes dedicadas al contrabando para sortear los controles aduaneros, sobre todo en el comercio electrónico.

Para fortalecer los controles, la DGA emplea escáneres de alta densidad y herramientas de gestión de riesgos, lo que ha facilitado la detección de armas, cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos ocultos en contenedores o no manifestados en la carga aérea. La institución mantiene esfuerzos constantes para identificar y detener las mercancías con mayor nivel de amenaza o impacto en la economía y la salud pública.

La situación procesal de Edgardo Kueider sumó un nuevo revés en la Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó que el exsenador nacional por Entre Ríos quedará inmediatamente detenido una vez que las autoridades de Paraguay - donde se encuentra enfrentando un juicio por contrabando - autoricen su traslado de regreso al territorio nacional.

Así el tribunal de apelaciones rechazó el pedido de exención de prisión presentado por la defensa del exlegislador. El mismo temperamento tomaron con Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria de Kueider.

De este modo, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández confirmaron la resolución de primera instancia dictada por el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que ya había denegado la posibilidad de que el imputado transite el proceso en libertad.

Una vez que vuelva a la Argentina, a Kueider lo espera en los tribunales federales de San Isidro una acusación por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

Edgardo Kueider fue senador nacional por Entre Ríos hasta diciembre de 2024, cuando fue expulsado de la Cámara Alta tras su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este.

Su nombre se instaló en la agenda pública a partir de la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fue detenido por personal de la Armada, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Paraguay en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú (Brasil).

En ese punto fronterizo, personal de la Armada y agentes aduaneros interceptaron el vehículo en el que viajaban el entonces legislador nacional y su acompañante. Llevaban en una mochila 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes que no habían sido declarados.

Al omitir el trámite obligatorio de registro de divisas, la fiscalía paraguaya inició de inmediato actuaciones bajo el cargo de tentativa de contrabando, al considerar que los billetes representan instrumentos de valor monetario que intentaron ocultarse.

Por este hecho, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción inició formalmente el juicio oral la semana pasada. Durante la primera audiencia del debate, Kueider y Guinsel Costa se negaron a declarar, aunque sus defensores adelantaron que hablarán ante los magistrados en instancias posteriores del juicio.

Nuevas imputaciones por lavado de dinero

A la par del juicio por contrabando, la Fiscalía de Paraguay avanzó con una segunda línea de investigación que complicó aún más la situación del exsenador y su pareja.

Recientemente, la Justicia de ese país imputó a Kueider y a Guinsel Costa por el delito de lavado de activos, al detectar maniobras financieras sospechosas destinadas a introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito comercial legal.

La acusación fiscal sostiene que los imputados utilizaron una empresa de fachada denominada Golsur S.A. para canalizar los recursos y ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos. A través de esta estructura, la pareja adquirió seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en un edificio residencial ubicado en el exclusivo proyecto Innova Las Mercedes, en Asunción.

De acuerdo con la investigación, Guinsel Costa realizó millonarios desembolsos en efectivo entre abril y julio de 2024 para concretar la compra de los inmuebles por un valor total de 460.379 dólares.

Ante estos indicios, el juez penal de garantías paraguayo Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de todas las propiedades y dictó la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes para asegurar su eventual decomiso. Junto a la pareja también están imputados dos presuntos cómplices: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.

La Fuerza Pública interceptó y decomisó 1.600 kilogramos de pollo presuntamente ingresado de forma irregular desde Panamá durante un control de carretera en el cantón de Coto Brus, según informó este sábado 27 de junio el Ministerio de Seguridad a medios locales. El cargamento era transportado en un camión conducido por un hombre de apellido Rodríguez.

El cargamento no contaba con documentación que acreditara el origen legal de la carne ni el pago de impuestos. Los oficiales hallaron múltiples cajas rotuladas como “caja panameña” y detectaron el incumplimiento de disposiciones sanitarias.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) coordinó el decomiso del producto en Sabanillas de Limoncito. La carne carecía de registros de trazabilidad y respaldo sanitario, por lo que las autoridades consideraron que representaba un riesgo para los consumidores. Diario Extra señaló que el valor en el mercado nacional se estimó en más de cinco millones de colones.

Otro decomiso en San José

En un operativo aparte en el Barrio Chino de San José, SENASA decomisó más de una tonelada de carne de distintos animales, entre ellos pollo y pato, además de 3.000 huevos sin respaldo sanitario, reportó CR Hoy.

Según ese medio, las principales razones fueron la falta de etiquetado, las etiquetas en otros idiomas y la ausencia de claridad sobre la procedencia. Por eso, los productos fueron considerados un riesgo para la salud pública por la posible introducción de enfermedades como la influenza aviar.

Situación judicial del conductor

Tras el operativo en Coto Brus, la Fiscalía de Coto Brus dispuso que el conductor sea procesado judicialmente.

Rodríguez fue notificado para presentarse la próxima semana ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, donde se definirá su situación legal.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó en mayo que investigaba un brote de enfermedad transmitida por alimentos con nexo preliminar con un comercio de Ciudad Colón de Mora. La cartera reportó32 casosvinculados,12 positivos por salmonella y un fallecimiento en análisis para determinar si se relaciona con el episodio. Un adulto mayor falleció por esta causa.

De acuerdo con una publicación de La Nación, el local investigado correspondía a un comercio de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora. El medio indicó que se ordenó el cierre temporal mediante una medida sanitaria mientras continúan las indagaciones y se verifica el cumplimiento de acciones correctivas.

Para entonces, en la inspección se detectaron “inconsistencias” vinculadas con limpieza y desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos. También consignó que las muestras de alimentos siguen bajo análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y que, con apoyo de SENASA, se revisan aspectos de trazabilidad y manejo de productos cárnicos asociados al establecimiento.

Mientras avanzaba la investigación oficial, se publicaron en redes sociales testimonios de personas que afirmaron haber presentado diarrea, vómitos y malestares estomacales tras consumir alimentos en el local, según CR Hoy. El medio indicó que varios usuarios describieron cuadros con fiebre y dolor abdominal.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no habían divulgado el contenido oficial en su portal oficial ni en sus redes sociales.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció nuevas medidas para fortalecer el control económico y fiscal del país. La mandataria resaltó que Costa Rica mantiene el primer lugar de la OCDE en control de inflación y crecimiento de exportaciones, e informó sobre una estrategia integral para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Según datos presentados por Fernández durante su conferencia de presa semanal, el país registra una deflación de -1,6 % a abril de este año, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) experimenta un aumento del 4,4 %. En el rubro de alimentos, Costa Rica muestra una inflación alimentaria de -3,9 %, en contraste con el 4 % de la OCDE, de acuerdo con el índice de precios al consumidor más reciente.

La mandataria también celebró el desempeño del sector exportador. De enero a mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron 9,535 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025. “Este crecimiento se sigue traduciendo en bienestar para todas las regiones de Costa Rica. Cada vez que una empresa exporta, posiciona al país y genera nuevas oportunidades”, afirmó Fernández.

Entre los productos más destacados en las exportaciones se encuentran equipo médico y de precisión, junto con el sector agrícola y la industria alimentaria. La presidenta subrayó además el reconocimiento internacional recibido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), premiado como la entidad favorita de Centroamérica y Sudamérica por Baxter Media, así como el galardón Women Inspira otorgado por el medio español La Razón.

En materia de seguridad fiscal, Fernández advirtió sobre el impacto negativo del contrabando y la evasión en las finanzas nacionales. De acuerdo con las cifras oficiales, el contrabando de tabaco representa cerca del 55 % del mercado local y el de licores alcanza porcentajes similares. El monto estimado por evasión y contrabando equivale al 5.66 % del Producto Interno Bruto, lo que supone más de 2.6 billones de colones desviados de recursos públicos.

La presidenta remarcó que “Costa Rica no necesita más impuestos, sino que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos”. Anunció reformas legales para endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de inspección, como la incorporación de tecnologías de detección desarrolladas en Israel y la designación de una nueva directora para la Policía de Control Fiscal.

Fernández reiteró la importancia de la eficiencia en la recaudación y el gasto público. “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses”, sostuvo durante la conferencia. Además, enfatizó que el Ejecutivo solicitará recortes presupuestarios a todos los poderes del Estado y promoverá un uso más racional de los fondos asignados.

En el ámbito productivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el registro de tres nuevas moléculas para el control de plagas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agrícola y resguardar la seguridad alimentaria. Entre los avances, se destaca la aprobación de un fungicida para el manejo de la sigatoka en banano y un insecticida de nueva generación para cultivos menores como berenjena y chile.

La presidenta Laura Fernández Delgado concluyó su intervención semanal llamando a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de leyes clave para combatir la criminalidad y la evasión, y reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos.

El control del gasto público se consolidó como una directriz central de la administración de Laura Fernández en Costa Rica. La presidenta ordenó a todas las instituciones estatales ajustar sus presupuestos y, en paralelo, el Gobierno anunció controles y sanciones contra el contrabando y la evasión fiscal, que según datos oficiales equivalen al 5.66% del PIB.

“Aquí la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada. Y le vamos a pedir a todas las instituciones, empezando por las de la casa, las del Gobierno, pero también a todos los poderes del Estado, que se soquen la faja, que no vamos a permitir despilfarro de recursos”, advirtió Fernández durante su conferencia semanal de este miércoles.

Las medidas de austeridad se combinan con una ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal. Según datos oficiales, el país deja de percibir 2.6 billones de colones que no llegan a las arcas estatales. La mandataria fue tajante: “Evadir impuestos tiene una única palabra. Robar”, acotó.

Reformas, controles y sanciones

El Ejecutivo anunció reformas para endurecer las sanciones contra quienes participen en redes de contrabando o fomenten la evasión. “Hoy estamos también planteando reformas para poder tener sanciones mucho más graves contra todos estos evasores y quienes fomentan o participan de toda esta cadena de contrabando”, comunicó la mandataria, acompañada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

La ofensiva incluye operativos en comercios, como los outlets, donde el Ministerio de Economía detectó irregularidades en todos los locales inspeccionados. Veinticuatro negocios de San José, Heredia, Alajuela y Cartago deberán corregir incumplimientos en precios, garantías y etiquetado, o enfrentar multas de hasta 18 millones de colones, advirtió.

Las autoridades remarcaron: “Que el precio que se muestra en la etiqueta sea el que usted paga finalmente en la caja, que la calidad que usted compra sea la óptima”.

El peso del contrabando y la evasión

Las autoridades consideran que el contrabando y la evasión ya no son acciones aisladas, sino el resultado de “redes criminales” que mueven grandes sumas y financian otros delitos. El ministro de Hacienda ilustró la magnitud del problema: “En cigarrillos tenemos casi un 55% del mercado con producto de contrabando. En licores también tenemos una cantidad muy significativa”, dijo por su parte el ministro de Hacienda.

Las tácticas detectadas incluyen manipulación de facturas, subfacturación, ocultamiento de mercancías y declaraciones falsas sobre valores de importación. El caso de las consolas de videojuegos muestra cómo la evasión del impuesto selectivo al consumo, cercano al 30%, distorsiona las cifras oficiales de importación frente al consumo real.

Fernández subrayó las consecuencias para quienes cumplen con la ley: “El empresario que cumple compite en desventaja. El trabajador que paga impuestos termina financiando al que no lo hace. Y el ciudadano honesto es quien termina perdiendo”.

También insistió en que el país no requiere nuevos tributos, sino el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Tecnología y advertencias del Gobierno

Para combatir el contrabando, el Gobierno implementará tecnologías desarrolladas por el Mossad de Israel. El ministro de Hacienda se refirió a la magnitud del fenómeno: “No voy a revelar más detalles, señora presidente, nada más decirle que en un país donde el 50% de los cigarros que se fuma la gente son contrabandeados, el 50 % o más del whisky, de los licores que se toman los costarricenses, son contrabandeados. Eso hay que cambiarlo”.

Fernández lanzó una advertencia directa: “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses. Y en este gobierno vamos por ellos”. El titular de Hacienda reforzó esa postura: “Evasores, doña Laura va por ustedes y yo voy a ayudarle a ella con todo”, añadió.

La presidenta también vinculó el contrabando con el perjuicio a pequeños comerciantes: “El contrabando ha quebrado a comerciantes en este país. Hay gente que ha puesto todo su capital, todo su patrimonio para tener una empresita y se la ha quebrado el contrabando. Se la ha quebrado porque compiten burro amarrado contra tigre suelto y no se vale. Así que como muy bien indica don Rodrigo, vamos por ustedes. Quien roba impuestos es un ladrón, porque le roba recursos al presupuesto nacional, que es de todos los costarricenses, y no lo vamos a tolerar”, advirtió la presidenta Fernández.

El Salvador anunció realizó la primera destrucción del año de cigarrillos decomisados, con un cargamento que supera las 22.5 toneladas y representa más de USD 6.6 millones en impuestos y multas no percibidos por el Estado.

Así lo anunció este martes el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, quien presentó los resultados junto al ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, y al director de la Dirección General de Aduanas, Benjamín Mayorga Osorio.

Durante la presentación, las autoridades informaron que este cargamento será trasladado a Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una planta de gestión de desechos industriales se encargará del proceso de destrucción, garantizando el manejo adecuado para la protección del medio ambiente.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de la primera destrucción de cigarrillos incautados en lo que va de 2026, resultado de una política coordinada entre distintas instituciones estatales.

El ministro Villatoro subrayó la importancia de la labor conjunta realizada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la Fiscalía General de la República (FGR), la División Antinarcóticos de la PNC y la Dirección General de Aduanas.

“Esta destrucción de más de 22 toneladas de cigarrillos no es más que el reflejo de una política firme y valiente impulsada por el presidente Nayib Bukele, no solo en materia de seguridad, sino también en la lucha contra el contrabando”, expresó Villatoro, de acuerdo con datos de la PNC.

El valor del cargamento decomisado equivale a más de USD 6 millones en concepto de impuestos, almacenaje y multas que el Estado dejó de percibir. Además, el ministro de Seguridad Pública y Justicia informó que, en lo que va del año, se han registrado 92 detenciones vinculadas al delito de contrabando en el país.

El Salvador refuerza la coordinación institucional y la tecnología en la lucha contra el contrabando

En su intervención, Villatoro rememoró que, al declarar la guerra a las bandas dedicadas al contrabando, El Salvador sufrió la pérdida de uno de sus miembros de la Fuerza Armada. A raíz de ese hecho, las autoridades reforzaron la coordinación entre Aduanas, la Fiscalía General de la República, el ejército y las divisiones especializadas de la PNC. “Hemos creado toda una fuerza de tarea entre Aduana, Fiscalía General de la República, el Ejército con su Comando Sumpul, nuestras Divisiones de Fronteras y Narcóticos”, mencionó Villatoro.

El titular de Seguridad Pública recalcó el avance tecnológico logrado por El Salvador en la lucha contra el contrabando. “Somos el país de América Latina que más equipo de revisión no intrusiva tiene en el continente americano”, sostuvo el funcionario.

Villatoro aseguró que estos operativos han impactado tanto en la zona occidental, como central y oriental del país. “La cárcel los espera a todos estos contrabandistas”, sentenció el ministro, en referencia al endurecimiento de las acciones judiciales contra este delito.

“El negocio del contrabando poco a poco va a ir acabando, no hay puertas giratorias; en lo que va del año llevamos 92 detenciones por el delito de contrabando”, aseguró Villatoro. El funcionario añadió que la meta es transformar este fenómeno, que afecta tanto la salud de la población como las finanzas estatales.

Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir, ambos de nacionalidad francesa, serán extraditados hoy martes por la noche a Buenos Aires en en un viaje de Buquebus desde Montevideo, Uruguay, donde fueron arrestados el mes pasado. Un equipo de la Dirección General de Cooperación Internacional, el área de Interpol de la PFA los esposará y los trasladará, como marca el protocolo. La investigación de la Aduana, que devino en una causa a cargo del juez Marcelo Aguinsky, los señaló por una interesante jugada narco detectada en abril último.

Daoude y Belkocir, supuestamente, intentaron enviar tres encomiendas a su país, con paquetes destinados a Lyon y París. Esos paquetes, marcados bajo la modalidad courier, llevaban, según documentos oficiales, 37 kilos de cocaína.

La causa en contra de ambos sospechosos comenzó en abril, luego que un control de la Aduana en su terminal de Ezeiza detectara el primer paquete del caso. Estaba marcado como “azúcar”, sin duda un golpe de imaginación. El juez Aguinsky fue alertado de la maniobra y autorizó la apertura del paquete, con un expediente por el delito de tentativa de contrabando. Allí se encontraron once paquetes cubiertos en parafina para distraer las narices de los canes antinarco. Luego, se encontró un segundo envío, con más droga oculta en un compresor de aire.

Otros doce kilos marcados con la forma de un escorpión fueron hallados por la PSA en un departamento de Palermo que ambos sospechosos habían alquilado de forma temporal. La dueña del lugar los denunció; allí, se encontró una caja con la droga y dos rastreadores satelitales.

Daoude y Belkocir ya se habían ido del país para ese entonces. Su captura en Uruguay fue una historia curiosa.

Ambos cayeron a principios del mes pasado en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Aterrizaron, literalmente, en un avión de línea. Uno creería que dos presuntos narcos internacionales no se tomarían un vuelo comercial tan a la ligera, el vuelo de su fuga para colmo, mientras una investigación explotaba en su contra. Pero la realidad -como casi siempre- fue mucho más sencilla.

“Daoude y Belkocir tenían la captura a nivel nacional, pero la alerta roja de Interpol no había sido cargada todavía”, asegura una fuente de alta jerarquía ligada al caso: “En Carrasco, precisamente, terminaron frenados por un tema migratorio. Si estaba la alerta roja, entonces hubiese impactado de inmediato en su paso por una terminal”.

El hallazgo de las encomiendas permitió al Juzgado en lo Penal Económico N°6, a cargo de Aguinsky, montar una entrega controlada en París con un falso paquete. El procedimiento, realizado en colaboración con la PROCUNAR, terminó con un detenido.

La máquina de multiplicar billetes es obvia en el negocio del contrrabando de cocaína por correo, un fenómeno que se repite hace más de quince años en Argentina y que es monitoreado por la Aduana, la PROCUNAR y la Justicia en lo penal económico. El kilo que cuesta 12 mil dólares en el conurbano bonaerense -o casi 4 mil en Bolivia- se dispara a 40 mil en Francia.

Europa, por otra parte, es un destino medio. Los contrabandistas que operan en el país, con migrantes e indigentes como prestanombres para sus envíos, apuntan a China, Hong Kong y Australia. En Asia, un kilo puede superar los 130 mil dólares, un departamento de tres ambientes en Palermo. Estos envíos suelen ser mucho menores: rara vez superan los tres kilos según registros aduaneros. Daoude y Belkocir se distinguen del resto por las cantidades que supuestamente movían, un número de kilos que suele verse en contenedores, pero casi nunca en la modalidad courier. Que se hayan instalado en Buenos Aires para supuestamente supervisar la operación es al menos sugerente.

Descubrir quién aguarda estos envíos del otro lado del mundo es una histórica cuenta pendiente en la Justicia. En casos como éste, los indigentes y los prestanombres que viven bajo la línea de pobreza son reclutados por los operadores de estos traficantes para terminar condenados con penas bajas. La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos narco, por otro parte, llevó adelante otras cinco entregas controladas en lo que va del mes.

Al llegar a Buenos aires, ambos franceses serán entregados por la Federal a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez Aguinsky aguarda indagarlos por el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron adelante en nueve locales comerciales de la galería “La Juanita”, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, a metros de la avenida Rivadavia y frente a la Plaza Miserere, uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación fue impulsada por la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad porteño, luego de detectar actividades vinculadas a la venta mayorista de indumentaria importada que habría ingresado al territorio nacional sin cumplir con los controles y requisitos aduaneros correspondientes.

A partir de diversas tareas de inteligencia y relevamientos realizados en la zona, los investigadores lograron establecer que en los locales involucrados se comercializaban productos de origen extranjero que presuntamente habían sido introducidos al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero argentino.

Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada, ordenó la realización de los allanamientos simultáneos en los distintos comercios señalados.

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de dos grupos de contención para garantizar el normal desarrollo de las diligencias. Además, participaron verificadores de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes colaboraron en la identificación y fiscalización de la mercadería.

Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron más de 13.000 prendas de vestir de distintos tipos. Entre los artículos incautados se contabilizaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior. También fueron decomisados 250 pares de zapatillas que, según la investigación, habrían ingresado al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca combatir el contrabando y la competencia desleal en el mercado, además de proteger los mecanismos de control fiscal y aduanero. La mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados y el origen de los productos decomisados.

La causa permanece en trámite bajo la órbita de la Justicia en lo Penal Económico, mientras se profundizan las investigaciones para establecer posibles conexiones con redes de importación ilegal y distribución de mercadería de origen extranjero en distintos puntos del área metropolitana.

Contrabando desde Chile

Como antecedente, en abril de este año la Policía de la Ciudad desbarató una maniobra de comercialización de indumentaria importada de manera ilegal y secuestró mercadería valuada en más de 150 millones de pesos durante un allanamiento realizado en un comercio del barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Monroe al 2500, tras una investigación que se extendió durante dos meses y fue desarrollada por personal de la División Contravenciones y Faltas junto con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Las tareas incluyeron relevamientos presenciales y ciberpatrullajes sobre las redes sociales utilizadas por el comercio para promocionar sus productos.

La pesquisa permitió establecer que el local ofrecía ropa supuestamente usada, aunque en realidad comercializaba prendas nuevas de reconocidas marcas internacionales. Los investigadores detectaron que la mercadería era exhibida con sus etiquetas originales y que ingresaba al país principalmente desde Chile sin la documentación aduanera correspondiente.

Con intervención del Juzgado Penal Económico Nº 8, a cargo de Gustavo Meirovich, se ordenó el allanamiento del comercio. Durante el operativo, realizado con la participación de inspectores de ARCA, fueron secuestrados 137 fardos con prendas de vestir de origen extranjero, además de documentación, registros comerciales y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Las autoridades determinaron que los responsables del local no contaban con habilitación comercial, sistema de facturación ni certificados que acreditaran el ingreso legal de la mercadería al país. La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, mientras continuaban las investigaciones para determinar el alcance de la maniobra y la procedencia de los productos secuestrados.

El Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional Argentina incautó 1.276 kilogramos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo fluvial en el río Bermejo, en la provincia de Salta. La acción se desplegó en la confluencia del río Tarija, donde los efectivos detectaron al menos nueve embarcaciones artesanales, conocidas localmente como “jangadas”, cargadas con bultos de gran tamaño.

Los involucrados, al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la mercadería y se internaron en la espesura del monte, evitando su detención. Fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el procedimiento se realizó en el marco del Plan Güemes, destinado a reforzar el control sobre rutas fluviales utilizadas para el contrabando en la región norte del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo no permitió la aprehensión de sospechosos debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad. Según Informate Salta, la carga secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su pesaje y conteo, en presencia de testigos habilitados.

La mercadería incautada incluía dos marcas extranjeras distintas de cigarrillos y carecía de la documentación aduanera correspondiente. La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, además de iniciar las actuaciones procesales pertinentes.

El accionar de la Gendarmería Nacional Argentina se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el tráfico ilegal de productos en la frontera norte, donde el cruce fluvial y la utilización de embarcaciones improvisadas representan un desafío constante para las autoridades.

El procedimiento dejó en evidencia la magnitud del contrabando en la zona y el despliegue de recursos de las fuerzas federales para interceptar el ingreso irregular de mercaderías. Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este operativo y la investigación sigue a cargo de la fiscalía local.

Detectaron 700 kilos de hojas de coca en un micro

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina durante esta semana, permitió el secuestro de más de 700 kilos de hojas de coca. Los paquetes eran transportados en un micro que viajaba desde San Ramón de la Nueva Orán en Salta, hacia la localidad de Ingeniero Budge en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El procedimiento se concretó durante la noche del martes sobre la Ruta Provincial Nº92, en la provincia de Santiago del Estero, donde los efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha del vehículo, identificado como un transporte de “tour de compras”.

La inspección del micro reveló la presencia de 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del colectivo. La totalidad de la carga, cuyo peso alcanzó los 768 kilos, fue secuestrada en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los involucrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Tras identificar a los propietarios de la carga, los gendarmes corroboraron que se trataba de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, constatando que contenían hojas de coca en estado natural. Los cuatro propietarios fueron retirados del micro para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

El hallazgo refleja la persistencia del tráfico de hojas de coca en el país y la utilización de diferentes rutas y modalidades para su traslado, incluyendo el transporte de pasajeros. Las autoridades federales remarcaron la importancia de los controles preventivos en rutas nacionales y provinciales para impedir el ingreso y circulación de mercadería sin el aval aduanero exigido por la ley.

En el marco de una investigación encabezada por la Dirección General de Aduanas, autoridades lograron desarticular una maniobra de contrabando de vehículos de alta gama valuados en más de 4 millones de dólares. Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyeron 22 allanamientos simultáneos y permitieron el secuestro de cuatro automóviles exclusivos.

El caso comenzó a partir de tareas de fiscalización de agentes especializados de la Aduana. Durante esas inspecciones, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación de varios vehículos. Los autos, de reciente fabricación y alto valor comercial, circulaban con chapas patente correspondientes a unidades con más de seis décadas de antigüedad. Esta anomalía resultó llamativa y motivó el inicio de una investigación formal.

Los investigadores reconstruyeron una maniobra destinada a eludir la prohibición de nacionalizar automóviles usados, establecida por el Decreto 11/99. Según las actuaciones judiciales, los vehículos de alta gama ingresaron en el país de modo irregular. Una vez en territorio argentino, circularon empleando dominios pertenecientes a autos importados bajo el Régimen de Vehículos Clásicos, una normativa que permite el ingreso de modelos con al menos 30 años de fabricación.

El relevamiento realizado por la Aduana determinó que un mismo titular inscribió los dominios, lo que permitió utilizar esas patentes como pantalla para vehículos no registrados. De este modo, los automóviles eludieron los controles y regulaciones que impiden la nacionalización de rodados usados, además de evadir el pago de aranceles aduaneros y otros impuestos.

La denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas recayó en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. La Justicia autorizó la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA. El operativo estuvo a cargo de personal aduanero, que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro vehículos de lujo: un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares; un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares; un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares; y un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares. El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.

La maniobra investigada consistió en aprovechar el régimen de importación de vehículos clásicos para insertar en el país automóviles de alta gama mucho más recientes o de considerable valor comercial, lo que se reflejó en la utilización de patentes de autos antiguos para regularizar su circulación. Los funcionarios aduaneros detallaron que los autos circulaban con documentación adulterada o incompleta, lo que permitió su uso sin el debido registro ante las autoridades competentes.

Las actuaciones judiciales determinaron que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, conforme a los artículos 863 y 864 del Código Aduanero. Las sanciones corresponden a la figura de contrabando agravado, que contempla penas más severas en casos de maniobras organizadas o con la intervención de varias personas.

El operativo, que incluyó la participación coordinada de la Aduana y la Policía Federal, permitió secuestrar vehículos cuya procedencia no estaba debidamente respaldada por la documentación exigida por la normativa nacional. El uso de patentes de autos clásicos para encubrir la verdadera naturaleza de los vehículos representa una violación a los controles dispuestos por las autoridades aduaneras.

El hallazgo de un mismo titular para los dominios utilizados en la maniobra contribuyó a consolidar la hipótesis de una operación organizada, orientada a eludir la prohibición de nacionalización de automotores usados. La investigación judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, que disponen de los elementos reunidos en los 22 allanamientos realizados en el AMBA.

El secuestro de los vehículos de lujo puso en evidencia la existencia de circuitos irregulares para el ingreso y la circulación de autos de alta gama, aprovechando fisuras en los regímenes de importación vigentes. Las autoridades aduaneras señalaron que el uso de patentes de autos antiguos constituye un mecanismo recurrente para sortear la prohibición de ingreso de rodados usados.

El valor de los autos secuestrados, que supera los 4 millones de dólares, refleja el impacto económico de la maniobra detectada. El Porsche Carrera RS 2.7, uno de los modelos más codiciados entre los coleccionistas, encabeza la lista de los vehículos incautados, mientras que el Aston Martin DB6 Vantage Superleggera y el Aston Martin DB6 Mk I destacan por su rareza y valor en el mercado internacional. El Porsche 911 Turbo modelo 2025 representa un ejemplo de la inserción de modelos contemporáneos bajo la apariencia de autos clásicos.

La causa judicial reúne elementos que podrían derivar en nuevas actuaciones, a medida que avance la investigación sobre el origen y la ruta de los vehículos incautados. La Justicia mantiene bajo análisis la documentación secuestrada y las declaraciones de los involucrados, a fin de esclarecer el alcance de la maniobra y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El primero en hablar ante la Justicia fue Cristian Díaz Benítez. El funcionario era el encargado del grupo de control nocturno. Su turno comenzaba a las 19 y se extendía hasta las 7 del otro día. Según relató, el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó.

A Kueider lo detuvieron en la cabecera del puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). Llevaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Kueider, según relató Benítez, se identificó como senador argentino tras el hallazgo. Esto llevó al funcionario paraguayo a dar parte a sus superiores. Luego, en presencia de representantes de Delitos Económicos y de la Marina paraguaya se realizó el procedimiento en el que se labró acta de todo lo actuado.

Luego fue el turno de Diego Tottil. Narró que su intervención puntual fue detectar la mochila donde estaba escondido el dinero. Ocurrió mientras realizaba la verificación del vehículo en el que se trasladaba el ex legislador por Entre Ríos junto a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. La mujer también está procesada por el mismo delito.

Esteban Castiñeira, en tanto, consignó que su rol fue resguardar a las personas y al vehículo en las instalaciones de la Aduana. También ratificó que fue Tottil quien registró el auto.

La próxima audiencia del juicio se programó para la semana entrante. La fecha estimada es el jueves 25 de junio.

El fiscal del caso es Ysrael Villalba. Los defensores de Kueider y Guinsel son Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.

El proceso

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el ex senador argentino comenzó el pasado martes 9 de junio. Antes, hubo tres postergaciones. La fecha original era el 24 de noviembre del 2025. Luego, pasó al 20 de abril de este año y más tarde al 1° de junio.

El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

El juicio por contrabando es clave para comenzar a desarmar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro, en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

La disputa entre bandas criminales por el control de rutas de contrabando de licores y cigarrillos en la Zona Sur de Costa Rica dejó en el último año intercambios de disparos en carretera y tentativas de sicariato, según un informe confidencial de inteligencia policial retomado por CR Hoy.

Las organizaciones que se enfrentan en la zona optaron por no denunciar los ataques ante la Policía por temor a que la identificación de sus miembros exponga sus operaciones.

Así lo explicó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, al señalar la ausencia de denuncias formales en los registros policiales recientes.

Cómo operan las redes de contrabando en la Zona Sur

El informe policial detalla el funcionamiento de la estructura criminal, que inicia en Paso Canoas, del lado panameño, donde se adquieren los productos ilícitos.

Desde allí, el traslado sigue hacia casas de seguridad en Corredores y Osa, que sirven como puntos de acopio inicial, antes de llegar a una bodega central ubicada en Chacarita de Piedras Blancas de Osa.

El núcleo logístico de la organización permite la distribución directa hacia varias regiones del país, entre ellas San José, Alajuela, Quepos, Ciudad Quesada, La Fortuna y Liberia. Para movilizar los cargamentos, las bandas aprovechan las rutas Interamericana Sur y Costanera Sur con una red de transporte que busca evadir los controles policiales.

Las autoridades intensificaron los operativos móviles en las vías principales con distintos cuerpos de seguridad y unidades especializadas. El objetivo es restringir el paso de cargamentos ilegales y debilitar las rutas críticas del contrabando.

Los reportes de inteligencia señalan que los hechos violentos están directamente relacionados con la pugna por el control territorial y de clientes, y que el fenómeno evolucionó de un problema aduanero a una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado.

Marcas y vínculos con el crimen organizado

Los decomisos realizados en operativos permitieron identificar marcas registradas como Fisher, que aparecen tanto en comercios legales como en cargamentos ilegales. También figuran otras marcas, entre ellas Gold City, Índigo y Silver Elephant, que se comercializan al margen de los controles fiscales y sanitarios y son frecuentes en los hallazgos de la Policía de Control Fiscal.

El Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio documentó la presencia extendida de estas marcas y las vinculó al contrabando y a las estructuras criminales que lo manejan.

Según los cuerpos de seguridad, el contrabando de cigarrillos ya no es una actividad aislada, sino que forma parte de las redes de narcotráfico y lavado de dinero que operan en el país.

El caso de “Diablo” y la dimensión transnacional

Dentro de las investigaciones más recientes aparece el caso del grupo liderado por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien permanece prófugo y figura en los registros oficiales como uno de los principales capos de Costa Rica. Las autoridades atribuyen a esta organización el uso del contrabando de cigarrillos para legitimar recursos de origen ilícito.

Durante los últimos operativos contra esta estructura, la Policía incautó cigarrillos, drogas, armas y dinero en efectivo, lo que confirma la convergencia entre los mercados ilegales de tabaco y narcóticos.

La información de inteligencia indica que estas redes criminales establecieron alianzas con grupos en Panamá para facilitar la entrada de mercancía ilegal a Costa Rica.

CR Hoy reveló que la organización de Arias Monge utiliza estos vínculos para importar y distribuir cigarrillos de contrabando, con un esquema transnacional.

A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.

La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).

Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.

En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.

En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte

Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.

También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.

Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.

Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.

La posición de los marketplaces

Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.

Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.

El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)

Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.

Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.

La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.

También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.

Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.

Las acciones del Gobierno

Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.

En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.

El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.

Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)

Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.

Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.

El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.

Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.

“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.

¿Las plataformas, responsables solidarias?

Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.

La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.

El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.

Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)

El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.

“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.

En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.

El 10 de junio, el Congreso de la República aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, que busca la protección legal de las operaciones de comercio exterior en Colombia. El nuevo marco legal responde a las solicitudes de la Corte Constitucional para garantizar la seguridad jurídica y reforzar la lucha contra el contrabando, con la participación de 35 gremios del sector y respaldo político.

El nuevo régimen asegura la legalidad de miles de procesos fiscales y protege recursos públicos. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la ley blinda sanciones, bienes y liquidaciones oficiales a la espera de su sanción presidencial, prevista antes del 20 de junio. La aprobación del mismo implica la protección de procesos fiscales y recursos públicos que estaban en riesgo de quedar sin respaldo legal, de acuerdo con la entidad.

La nueva ley permite dar continuidad a miles de procesos y resguarda millonarias sumas de dinero. Además de fortalecer el control sobre el contrabando, el texto generó elogios por su consenso político, pero también críticas técnicas sobre la capacidad de la Dian y la cobertura normativa frente a los retos del comercio digital. Durante el trámite, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República trabajaron para cumplir las exigencias de la Corte Constitucional. El proyecto fue sometido a más de 39 mesas técnicas con la asistencia de los principales gremios de comercio exterior.

Frente a esto, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, expresó: “Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín resaltó que “este fue un trabajo serio. Le cumplimos a la Corte Constitucional. Salvamos entre $7 y $10 billones del fisco y, sobre todo, entregamos una herramienta clara que da seguridad jurídica y que permite el combate al contrabando, a la corrupción y al lavado de activos en Colombia”, manifestó Holguín al finalizar la votación.

Impacto económico del nuevo régimen sancionatorio aduanero

La defensa de los recursos públicos es uno de los pilares del nuevo marco. De acuerdo con datos de la Dian, la aprobación del régimen evitó la pérdida de:

• $190.000 millones en liquidaciones oficiales.
• $800.000 millones en sanciones.
• $211.000 millones en mercancías aprehendidas que habrían tenido que devolverse ante un vacío legal.

Asimismo, se blindaron legalmente:

• 11.180 procesos fiscales aduaneros
• 1.840 procesos oficiales por un valor de $3,2 billones, que hubieran sido archivados sin este nuevo régimen.

Betancourt subrayó que “si el régimen sancionatorio no se aprobaba, entre $10 y $12 billones se podían poner en peligro como costo fiscal, pero además se ponía en riesgo no poder ejercer el control aduanero”.

Para Holguín, el impacto es doble: “Se trata de recursos esenciales para el país y de un poder legal efectivo para actuar frente al comercio ilegal”, dijo la senadora en el Congreso. La entidad recalcó que la continuidad de estos procesos garantiza el cobro de obligaciones, la imposición de sanciones y la incautación de mercancía.

Seguridad jurídica y control contra el contrabando

Para el Gobierno, el nuevo régimen constituye una garantía de seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los usuarios del comercio exterior. Betancourt señaló que “los usuarios del comercio exterior, los usuarios aduaneros, los exportadores, los importadores y todas aquellas personas que le juegan bien al país, que le juegan legal al país, tienen un marco normativo que les permite ser ahora más ágiles, tener un régimen que es más claro, más simplificado, que reconoce las acciones de un usuario aduanero cuando está haciendo la debida diligencia y a la Dian, por su parte, le fortalece con el rigor de la ley el poder de ejercer el control aduanero”.

Remarcó que la ley se aprobó por unanimidad y reflejó el respaldo de todos los sectores políticos y económicos.

Holguín reiteró que “me complace informarle al país que después de un proceso bastante largo, cuidadoso, técnico, respetuoso y muy constructivo entre todos los gremios, más de 35 gremios, entre todas las vertientes políticas que participan en el Congreso de la República y con un liderazgo de la Dian en la discusión de todos los aspectos técnicos necesarios, se logró aprobar tanto en plenaria de Cámara como en Plenaria de Senado, este régimen sancionatorio aduanero por unanimidad”.

Según el Gobierno, el país cuenta ahora con normas que facilitan el comercio exterior legal, potencian la labor contra el contrabando y otorgan a la Dian nuevas facultades de control en las fronteras. Betancourt concluyó que “en este país se combate decididamente el contrabando y se promueve decididamente el comercio exterior legal”.

Riesgos y críticas al régimen sancionatorio aduanero

Sin embargo, algunas voces advierten sobre limitaciones técnicas y operativas en el texto aprobado. El exdirector de la Dian Lisandro Junco lamentó que el régime se aprobó por medio de “pupitrazo” y alertó que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025. Le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Junco señaló que la ley depende de tecnología que aún no ha sido contratada. “El nuevo sistema aduanero (NSGA) ni siquiera tiene proveedor contratado. Y el Congreso está a punto de aprobar una ley que depende de ese sistema inexistente”, sostuvo.

Criticó la adopción de criterios de “responsabilidad objetiva” en sanciones y la discrecionalidad de la Dian para determinar la solvencia económica del importador. “Hay un artículo del PL 312 que sanciona al importador aunque demuestre que no tuvo culpa. Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”, afirmó Junco. Además, apuntó: “¿Quién decide si un importador es ‘solvente’? La Dian. ¿Con qué criterio? Ninguno que esté en la ley. Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”.

Sobre la operatividad en el control al contrabando, Junco ejemplificó que “si el decomiso se clasifica como sanción, prescribe. Un contrabandista paciente que aguante el proceso tendría la mercancía de regreso por vencimiento de términos”.

El exfuncionario advirtió también sobre las consecuencias para el sector formal: “Comerciantes, importadores, gremios: si el PL 312 se aprueba, tendrán sanciones sin culpa demostrada, un sistema que se cae, y una Dian que no puede distinguir al contrabandista del empresario formal”.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

Después de varias postergaciones, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción comenzó a juzgar al exsenador nacional Edgardo Kueider. El órgano está presidido por la jueza Elsa García y lo completan Adriana Planás y Matías Garcete Piris.

La audiencia comenzó poco después de las 8 de la mañana en la sala 10, ubicada en el 6.º piso de la Torre Norte de la Justicia paraguaya.

Tras la apertura formal de la jornada, la presidenta preguntó si las partes presentarían incidentes procesales. Ni la defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, como la fiscalía, representada por Ysrael Villalba, interpusieron estos planteos. Los defensores se sentaron a la derecha del Tribunal, mientras que la acusación ocupó el lado izquierdo.

Luego se procedió a la lectura de la acusación que pesa sobre el exsenador y su pareja. Kueider, enfundado en un traje azul y con camisa blanca, escuchó con atención el relato que estuvo a cargo de la secretaria del Tribunal.

Sentado, con la espalda contra el respaldo de la silla y las manos cruzadas en el regazo, su mirada alternaba entre la oficial judicial y las cosas que estaban sobre el escritorio que ocupaban. Kueider se ubicó en el extremo interior del estrado de la defensa. Guinsel quedó en el medio y a su lado se acomodaron los abogados de ambos.

Cumplida esta etapa, el Fiscal Villalba hizo su alegato. Repasó los principales puntos de la imputación que pesan contra Kueider y Guinsel. Y adelantó al Tribunal que podría ahondar la acusación apelando a otras modalidades de contrabando que contempla la legislación paraguaya. Por eso, pidió a los jueces que adviertan a la defensa para que se prepare frente a esta eventualidad. Tras el cierre del alegato fiscal, fue el turno de los abogados de Kueider.

La presidenta del Tribunal les hizo saber a los imputados que tienen derecho a declarar durante las audiencias. Ambos declinaron hablar en esta primera jornada. Pero adelantaron que lo harán más adelante, conforme avance el juicio.

A posteriori, comenzó la recepción de las pruebas del proceso. Al terminar, el Tribunal fijó la continuidad de las audiencias durante la semana siguiente. El próximo encuentro se agendó para el martes 16 de junio a las 10:30 horas.

Relato del hecho

La imputación fiscal se funda en lo ocurrido durante las primeras horas del 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú.

“Siendo 01:30 horas, personal Naval junto con funcionarios aduaneros y con el apoyo del Departamento de Delitos Económico -Policía Nacional- (procedió) a la incautación de vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y peso argentino (en) poder de los ciudadanos Edgardo Dario Kueider y de Iara Magdalena Guinsel Costa”, indicó el acta de ese mismo día por el fiscal Edgar Benítez Delgado.

El escrito precisó además que ambos “estaban en poder de la suma de USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos”. Esos montos deben “ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada”, añadió el documento oficial. Por eso, de manera preliminar se estaría frente a la comisión de una “tentativa de contrabando”, aseveró Benítez Delgado.

Por último, especificó que se trató de un delito de acción penal pública cometido por Kueider y Guinsel quienes optaron por no declarar el dinero y de esta manera “ocultar los instrumentos de valor monetario”.

En el razonamiento fiscal, se consideró que “el delito primario o subyacente sería tentativa de contrabando, considerando que el dinero/efectivo es un instrumento negociable conforme lo dispone la resolución que reglamente la ley especial” sobre la materia en el Paraguay.

Inversores extranjeros y empresarios locales coinciden quizás como nunca sobre el futuro de la Argentina: el rumbo trazado por el Gobierno es el correcto y debe continuar después del 2027. Es decir, debe trascender a este período presidencial. El superávit fiscal, el fortalecimiento del balance del Banco Central, la apertura económica y el compromiso en el pago de la deuda son pilares que no deben estar en discusión más allá de quién gobierne después del año próximo.

Incluso los sectores que se ven menos beneficiados o directamente perjudicados por el plan del Gobierno reconocen que ya no hay posibilidades de volver al viejo modelo. El cierre de la economía, los permisos para acceder al mercado cambiario bajo condiciones privilegiadas o volver al déficit fiscal para defender los derechos de algunos sectores (por ejemplo, jubilados) implicaría un retroceso que tendría duras consecuencias.

Las buenas noticias “macro” continuarán. El jueves se conocerá el dato de inflación de mayo con una nueva caída. Pero lo más relevante es que para junio se espera una disminución adicional.

Algunos economistas como Fernando Marull creen que este mes incluso podría perforarse el 2 por ciento. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó el Central, en cambio, arroja que esto podría ocurrir recién en agosto.

El mercado cambiario también debería seguir tranquilo. Aún queda mucha soja por liquidar y siguen entrando dólares por la emisión internacional de Obligaciones Negociables. Aunque es posible que aminore el ritmo, el BCRA seguirá comprando dólares y acumulando reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio, por unos USD 4.200 millones.

Macro ordenada vs micro deprimida

La macro ordenada ya es un gran activo del Gobierno y lo que incluso permitió que el riesgo país perfore en los últimos días los 500 puntos básicos. Incluso luego de la dura caída de Wall Street del viernes se volvió a superar esa marca, gracias a la resiliencia de los bonos en dólares.

El problema no son los grandes números, sino que todavía hay sectores que caen, se pierden puestos de trabajo y no hay señales claras de recuperación del consumo masivo. Mientras los principales referentes del Gobierno siguen prometiendo que se vienen “los mejores meses” para la economía, la preocupación de muchos sigue siendo la “micro”.

Una de las preocupaciones recurrentes entre los empresarios es que el peso de los impuestos sigue siendo muy elevado, impidiendo la competencia con los productos importados. Un informe de CAME indicó que “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.

Luis Galli, CEO de Newsan, tampoco anduvo con vueltas cuando expuso en el Congreso Anual del IAEF. “Queremos competir y nos parece bien la apertura, pero el crecimiento del contrabando es enorme y no se hace nada para frenarlo”. El ejecutivo mencionó algunos rubros concretos: la mitad de los celulares que se venden en Argentina entran sin pagar impuestos, el 70% de los perfumes lo mismo y en todos lados se consiguen hojitas de afeitar con blisters en portugués, que tampoco entran por el circuito formal.

Sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla

Gustavo Weiss, presidente de Camarco

“El problema se multiplica porque nadie controla qué se vende en los portales de comercio electrónico, o marketplaces. En México a los vendedores le cobran una percepción a cuenta de Ganancias o IVA para que por lo menos tengan que tributar algún impuesto si no lo hicieron antes”, agrega.

El martes tendrá lugar el evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). No asistirá ningún funcionario del Gobierno nacional, reflejando el escaso o nulo diálogo que existe con el sector. Su titular, Gustavo Weiss, ya adelantó cuál será su postura en el evento: “No existe crecimiento económico posible sin infraestructura adecuada. Hay miles de millones de dólares comprometidos para energía, minería y agro. Pero sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla”.

La inversión en obra pública sigue totalmente paralizada. Pero lo que era una medida para asegurar el superávit fiscal y además frenar los sobreprecios del gobierno kirchnerista empieza a ser un problema serio. “El deterioro de las rutas es cada vez más evidente y la infraestructura básica de hospitales o escuelas públicas es evidente. En todos los países del mundo esto lo financia el Estado con participación del sector privado, no podemos inventar la pólvora”, agrega Weiss.

El mejor escenario para los próximos meses es que el consumo encuentre un piso y empiece a recuperarse. Pero el proceso será lento, porque los ingresos aumentan a cuentagotas y los bancos siguen muy restrictivos con el crédito.

Pero si bien Javier Milei sufrió un deterioro de su imagen y respaldo, la oposición también arrastra muchos problemas y no logra capitalizar ese deterioro del humor social. Y tanto Axel Kicillof como cualquier otro candidato que surja anti Gobierno tiene un gran desafío: seducir al electorado pero sin espantar a los inversores.

El “síndrome 2019” probablemente vuelva a estar presente el año que viene, cuando se acerquen las elecciones presidenciales. Argentina todavía debe pasar el gran examen de no dar saltos al vacío cada cuatro años. Las elecciones en Latinoamérica muestran cómo la mayoría de los países alterna de izquierda a derecha o la revés y las consecuencias sobre el dólar, el crecimiento y la inflación son nulas.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó que se revoque la absolución de Julio De Vido en la causa de las valijas de Antonini Wilson, en la que se investigó el contrabando de casi 800 mil dólares que estaban supuestamente destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si sostiene el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que absolvió al ex ministro de Planificación Federal por el beneficio de la duda ante la falta de comprobación de su responsabilidad en el intento de contrabando.

Según indicó el Procurador, el estado de duda acerca de la intervención del acusado “no fue el resultado de una evaluación de las pruebas en conjunto según la sana crítica racional, con observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.

Casal señaló que “el estado de incertidumbre razonable, conforme ha sostenido la Corte, no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto”.

En el escrito al que tuvo acceso Infobae, sostuvo que fue relevada la intervención directa que Julio De Vido en la coordinación de los acuerdos de cooperación con Venezuela, al tiempo que también fue evaluado el rol de representación que tuvo su subalterno, Claudio Uberti, como Director Ejecutivo del Órgano de Control de las Concesiones Viales.

Aseguró que a su modo de ver si hay indicios del estrecho vínculo de confianza entre ambos ex funcionarios y de su influencia en sus acciones, no comprende la exigencia de presentar “una orden expresa de De Vido como condición para eliminar toda duda razonable sobre su participación”.

En tanto, coincidió con el fiscal de Casación que recurrió en queja a la Corte “en que resulta absurdo e inverosímil que una operación de tal amplitud, cuya planificación se retrotrae más de dos meses antes del vuelo en cuestión, no fuese conocida y sostenida por el acusado De Vido, y que hubiera sido una aventura solitaria de un coordinador de reuniones a espaldas de su amigo y jefe directo”.

El fiscal ante la Corte estimó que “la decisión apelada incurrió en una defectuosa y fragmentaria evaluación de los elementos de la causa, se apoyó en la exclusiva voluntad de los jueces y pasó por alto cuestionamientos que resultaban conducentes para la correcta solución del caso mediante la mera repetición de fundamentos que había dado el tribunal oral”.

Antecedentes

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 decidió absolver a Julio De Vido en el juicio por las valijas de Antonini Wilson.

El ex ministro de Planificación Federal había llegado a juicio procesado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por su condición de funcionario público, en grado de tentativa.

Para el TOPE 1, quien el 4 de agosto de 2007 pretendió ingresar al país proveniente de Venezuela, tras un vuelo privado, con U$S 790.550 en una valija, fue el prófugo Guido Alejandro Antonini Wilson.

Consideró probado que fue él quien mediante engaños intentó impedir el control aduanero en Aeroparque. Asimismo, dio por acreditado que esa maniobra fue realizada por indicación de Claudio Uberti, quien viajó con él en el mismo vuelo como funcionario público, por disposición de De Vido.

No obstante, el tribunal concluyó en base a un estado de duda porque faltó la verificación material de una orden directa del ex ministro en relación con el contrabando del dinero.

Previamente, en sus alegatos, los fiscales del juicio sostuvieron que Antonini Wilson actuó por indicación de Uberti, que cumplía las indicaciones de un plan en común con su jefe, Julio De Vido.

En ese juicio oral fueron condenados Claudio Uberti, los ex funcionarios aduaneros: Rosa García, Guillermo Lucangeli, María Gallini y Jorge Lamastra. Además, absolvió al exministro y a Ricardo Echegaray.

El mercado argentino de teléfonos celulares enfrenta subas inminentes en los precios, impulsadas por factores globales y locales que confluyen en un contexto desafiante para fabricantes, distribuidores y consumidores. La presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses, principalmente por el encarecimiento de insumos estratégicos como las memorias DRAM y NAND, mientras que la eliminación de aranceles a la importación y la reducción de impuestos internos ayudaron pero no lograron traducirse en una baja sostenida para el público.

La dinámica de los precios en el segmento de la tecnología de consumo viene marcada por la evolución del mercado internacional de componentes. Según fuentes del sector, la cotización de las memorias y otros semiconductores trepó entre 150% y 200% en Argentina desde diciembre. Este salto afecta especialmente a los dispositivos de entrada de gama, donde los chips tienen mayor incidencia en el costo final. En equipos cuyo valor ronda los USD 100, la memoria llegó a representar entre 30% y 40% del costo antes del aumento; en la actualidad, cada chip puede costar entre 130 y 170 dólares, superando el precio total del propio teléfono.

Las empresas del sector reconocen que este fenómeno ejerce una presión directa sobre el “piso” de los precios. En otras palabras, los celulares de menor precio son los que más rápido reflejan el impacto de la suba de insumos, mientras que los modelos premium logran amortiguar el efecto gracias a la incorporación de componentes de mayor valor, como pantallas, cámaras y sensores. Las compañías evalúan estrategias para contener el traslado de estos aumentos, priorizando la fabricación de modelos con menos RAM y enfocándose en segmentos de mayor margen.

El contexto global aporta elementos adicionales que explican la situación. El crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) llevó a los grandes fabricantes de chips a priorizar la producción destinada a datacenters, por su mayor rentabilidad. Según fuentes del sector, este año alrededor del 70% de la fabricación mundial estará orientada a cubrir la demanda de centros de datos, lo que dejó a la industria electrónica con una oferta limitada y costos más altos. El estrés en la cadena de suministros global también incide, debido a factores como las restricciones en rutas aéreas, aumentos en el precio del petróleo y demoras logísticas.

En la Argentina, la situación se agrava por la debilidad del consumo interno y la competencia del contrabando, que limita el margen de maniobra para aplicar incrementos de precios. Las fuentes consultadas advierten que el traslado de la suba de insumos a los valores de venta no será lineal ni inmediato. El ajuste dependerá de la política comercial de cada marca, la estructura impositiva futura y la evolución de la cadena de suministro. La decisión sobre cuándo y en qué medida trasladar el aumento global al mercado local quedará sujeta a múltiples variables.

El sector recuerda que en los últimos meses la Argentina experimentó una baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, con una reducción del 16% al 8% y la eliminación total en enero, además de una disminución de los impuestos internos del 19% al 9,5%. Este alivio tributario buscó generar mayor competencia y facilitar una baja de precios, aunque la suba internacional de semiconductores y memorias contrarrestó ese efecto. En la práctica, los precios locales apenas se movieron 20% en lo que va del año, si se compara con mayo de 2025, cuando aún impactaba el costo de los stocks importados bajo el régimen anterior. Las fuentes aclaran que, descontando ese efecto, la suba habría sido mayor.

Las empresas que ensamblan dispositivos en Tierra del Fuego y las que importan productos terminados implementaron recortes de producción y ajustes de inventarios. El mercado argentino de celulares terminó 2025 con unas 6,2 millones de unidades vendidas, pero la previsión para 2026 apunta a un descenso hasta las 5,3 millones. El primer trimestre de 2026 se ubicó entre los peores registros de la última década, con menos de un millón de unidades comercializadas, lo que representó una caída interanual del 16%. Las fuentes sectoriales anticipan que el mercado podría tardar varios años en recuperar los volúmenes previos, incluso en un escenario de recuperación gradual a partir de 2027.

El impacto sobre la oferta también se vio en la configuración de los modelos disponibles. Ante el encarecimiento de las memorias, los fabricantes priorizan líneas que requieren menos capacidad de almacenamiento o que permiten al usuario ampliar el espacio con tarjetas micro USB o servicios en la nube. Además, las compañías evalúan lanzar productos premium, donde el peso del chip se diluye en relación a otros componentes de mayor valor, para obtener mejores márgenes y amortiguar el costo de los insumos.

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) descartaron una suba inmediata del 30% en los precios al consumidor, aunque reconocieron que los insumos continúan en alza y que las listas de precios evolucionan en línea con esa tendencia. “No hay mucho margen para ajustar hacia arriba”, señalaron, y advirtieron que incrementos desmedidos sólo potenciarían el contrabando y agravarían el golpe sobre un consumo ya deteriorado.

Desde el sector enfatizan que el mayor incremento se concentra en el costo de los semiconductores, con un promedio estimado de 30% en insumos clave, pero aclaran que el traslado al precio final dependerá de la estrategia de cada marca, la coyuntura impositiva y las condiciones de la cadena logística global. “El supply chain global está completo y absolutamente estresado”, resumió un directivo del área de abastecimiento, aludiendo a las dificultades para el transporte internacional y la volatilidad de los costos asociados.

En el plano internacional, las consultoras IDC y Counterpoint Research proyectan una caída histórica en las ventas de smartphones durante 2026, con descensos cercanos al 13% en la cantidad de unidades a nivel mundial. IDC ajustó sus previsiones y ahora estima que el volumen global oscilará entre 1.100 y 1.200 millones de celulares, el nivel más bajo en más de diez años. Counterpoint Research coincide en el diagnóstico y prevé una baja del 12% en la cantidad de unidades para este año.

El informe de IDC señala que, a fines de 2025, el mercado global se mantenía estable, con una caída marginal del 0,9%. Sin embargo, el cambio de escenario se profundizó en los últimos meses por el redireccionamiento de la producción de semiconductores hacia la infraestructura de IA y por la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales. El impacto afecta tanto a fabricantes de equipos terminados como a proveedores de componentes, y se refleja en los precios y en la disponibilidad de productos en todo el mundo.

La situación de la Argentina se inserta en este marco global, pero suma particularidades propias. El debilitamiento del poder de compra local y la constante presencia del contrabando limitan la posibilidad de trasladar toda la suba de costos al consumidor final. Las fuentes consultadas admiten que el futuro del mercado dependerá de la evolución de la demanda interna, la política impositiva y la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.

En las conversaciones con fabricantes y distribuidores, surge una coincidencia: el segmento de celulares más económicos será el más afectado por el encarecimiento de los insumos, mientras que los modelos de gama alta podrán absorber parcialmente la suba. Las estrategias para mitigar el impacto abarcan desde el ajuste de inventarios hasta la focalización en productos con mayor valor agregado y la búsqueda de alternativas para ampliar el almacenamiento sin encarecer el dispositivo.

La competencia con el contrabando constituye un freno relevante para el traslado de los aumentos. En la medida que los precios oficiales suban, la brecha con los productos ingresados irregularmente puede ampliarse, generando distorsiones adicionales en el mercado y dificultando la recuperación del sector formal.

Las fuentes del sector insisten en que el traslado del incremento global al consumidor argentino no será automático ni uniforme. La magnitud y el momento de la suba dependerán de múltiples factores, y las empresas evalúan caso por caso la mejor forma de contener el impacto. Algunas firmas, como Samsung, fabrican internamente parte de sus propios semiconductores, lo que podría otorgarles una ventaja relativa en el acceso y costo de estos insumos, aunque la tendencia general apunta a un encarecimiento sostenido en la industria.

Los datos de ventas y la evolución de los precios en el primer semestre de 2026 delinean un escenario complejo para los próximos meses, con perspectivas de recuperación moderada a partir de 2027, aunque sin garantías de regresar a los niveles previos en el corto plazo.

Más de 2.700 pares de zapatillas ingresados de contrabando fueron incautados en una galería comercial del barrio porteño de Retiro, tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad.

La intervención, que se desarrolló en la avenida Ramos Mejía al 1400, expuso el funcionamiento de una red de comercios dedicados a la venta de mercadería que ingresó a la Argentina en infracción al Código Aduanero.

El procedimiento fue resultado de una investigación liderada por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), dependiente de la Policía de la Ciudad, y se concretó mediante 12 allanamientos simultáneos en la mencionada galería. La orden fue impartida por el Juzgado en lo Penal Económico Federal, según informaron fuentes policiales.

Los efectivos constataron que en los locales allanados se ofrecían productos cuyo ingreso al territorio nacional no contaba con la documentación requerida por la normativa vigente. Entre ellos, se identificaron 2.700 pares de zapatillas en violación de la Ley 22.417, con un valor de mercado estimado en $162 millones.

La operación policial se enfocó en los comercios ubicados dentro del centro de transbordo de Retiro, una de las zonas de mayor circulación de la ciudad. La presencia policial sorprendió a los comerciantes y clientes que se encontraban en la galería durante la mañana de los allanamientos. Según la información proporcionada por fuentes policiales, la mercadería secuestrada incluía marcas reconocidas y modelos que habitualmente son objeto de falsificación o importación irregular.

El Código Aduanero argentino, mediante la Ley 22.415, penaliza la introducción y comercialización de productos sin el debido control impositivo y sanitario. La investigación identificó a los responsables de los comercios como presuntos integrantes de una cadena de distribución que abastece el mercado informal de indumentaria y calzado en Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por el portal de Noticias Argentinas, en el marco de la causa, los oficiales procedieron al secuestro de toda la mercadería que no contaba con respaldo documental. No se informó sobre detenciones al cierre del operativo, aunque se anticipó que los responsables serán citados a declarar ante el juzgado interviniente.

El operativo de Retiro no fue un hecho aislado. El pasado 19 de mayo, otro procedimiento de similares características tuvo lugar en la zona comercial de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores. Allí, la policía decomisó más de 5.000 pares de zapatillas, también ingresadas de forma irregular y en parte falsificadas, junto con mercadería ilegal valuada en $240 millones.

La avenida Avellaneda es reconocida como uno de los polos más concurridos para la compra de ropa y calzado en la ciudad de Buenos Aires. Los sucesivos allanamientos en esa arteria y en Retiro reflejan la extensión de las redes de distribución que operan al margen de la ley en distintos puntos estratégicos de la capital.

Según las fuentes consultadas, estos procedimientos buscan cortar el circuito de comercialización de productos de contrabando antes de que lleguen al consumidor final. Las investigaciones continúan para determinar el origen de los envíos y la posible existencia de depósitos mayoristas que abastecen a los comercios minoristas.

La Policía de la Ciudad incautó 831 pares de zapatillas falsificadas

A mediados del mes de abril pasado, la Policía de la Ciudad, en coordinación con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), ejecutó un allanamiento en un comercio de la localidad de Avellaneda y secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas de primeras marcas, por un valor estimado de 35 millones de pesos. Según informaron las autoridades, se trató de un cargamento ingresado al país de forma ilegal desde Brasil, con mercadería de origen en China y Vietnam.

El operativo se fundamentó en una investigación de ciberpatrullaje que permitió identificar no solo la operación digital de la empresa involucrada, sino también el emplazamiento físico de su local y uno de los domicilios de los sospechosos.

El dato diferencial surgió de la detección del mecanismo utilizado: la mercadería ingresaba al país a través de una empresa de micros de larga distancia, punto clave en el trazado de la logística del contrabando. Todas las evidencias colectadas fueron puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 y de la Secretaría N°4, responsables formales de la causa.

Durante la intervención, los agentes secuestraron no solo el calzado, sino también dos dispositivos posnet, una notebook y documentación considerada de interés. Las zapatillas incautadas simulaban ser de principales marcas internacionales y carecían de respaldo legal sobre su procedencia, infringiendo de manera directa la Ley de Marcas vigente en Argentina.

La actuación en la vivienda del principal imputado permitió el decomiso de un celular y una libreta con anotaciones vinculadas a la operativa comercial del grupo, materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la amplitud de la organización y la potencial red de distribución dentro del país.

El avance judicial fue encabezado por el juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes avalaron la ejecución simultánea de los dos procedimientos en territorio bonaerense, articulando colaboración entre la Policía de la Ciudad, personal de Aduana y las unidades de investigación técnica.

El pedido de documentación a la empresa de micros de larga distancia representa una vía estratégica para trazar el circuito internacional del contrabando, ya que los registros de viajes pueden revelar la magnitud de la red, posibles operadores adicionales y eventuales responsables internos en el sector del transporte.

En un operativo contra el contrabando en la frontera norte del país, la Policía Nacional del Perú incautó más de 2.400 galones de combustible de presunta procedencia extranjera durante un operativo ejecutado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes.

La intervención se desarrolló en el sector Playa Sur, una zona identificada por las autoridades para el ingreso y almacenamiento ilegal de hidrocarburos. El despliegue policial se realizó en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla, con apoyo de unidades especializadas de la jurisdicción.

De acuerdo con el informe institucional, el trabajo de inteligencia permitió ubicar caletas y un almacén clandestino que habrían sido utilizados para el acopio de combustible ingresado de manera ilegal desde Ecuador. El material fue asegurado y trasladado para los procedimientos de ley.

Más de 2.400 galones de combustible fueron hallados en bolsas

La Policía Nacional precisó que el hallazgo se registró en Playa Sur de Aguas Verdes, donde los agentes detectaron varios puntos de ocultamiento y un ambiente presuntamente empleado como depósito clandestino para almacenar hidrocarburos destinados al contrabando.

Durante el operativo se encontraron 280 bolsas negras con 1.960 galones de presunto petróleo extranjero. Además, en un inmueble cercano se ubicaron 77 bolsas de polietileno con 462 galones de combustible tipo diésel, de acuerdo con la agencia estatal Andina.

La suma total de lo decomisado fue de 2.422 galones de combustible, cifra que coincide con lo informado por la Región Policial Tumbes en su publicación oficial, en la que informó sobre la intervención contra las redes dedicadas al tráfico de hidrocarburos en la frontera.

El valor económico estimado, las estimaciones preliminares indicaron que el combustible incautado superó los S/60.000 en valor comercial. La cifra fue resaltada también por la Región Policial Tumbes, que reportó el decomiso como un golpe contra los delitos aduaneros en la zona.

Cómo fue el operativo en Aguas Verdes

El operativo fue ejecutado por agentes de diversas unidades especializadas de la Región Policial Tumbes, en coordinación con personal de inteligencia de la zona, en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

El general PNP José Luis Quiroz Dávila, jefe de la Región Policial Tumbes, destacó que la intervención representa un “duro golpe” contra las mafias dedicadas al tráfico de combustibles en la frontera. Asimismo, indicó que el trabajo de inteligencia permitió ubicar los puntos de almacenamiento ilegal y ejecutar la operación de manera simultánea.

El general también informó que, durante el despliegue, se registraron intentos de interferencia contra la labor policial por parte de personas en la zona. Pese a ello, la intervención continuó y las diligencias se mantuvieron para asegurar el traslado y la custodia del combustible decomisado.

Tras la incautación, todo el material fue trasladado al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) y puesto a disposición de la Aduana-SUNAT para las acciones correspondientes, según Agencia Andina. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el inicio de las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los responsables.

La Región Policial Tumbes informó que mantendrá operativos permanentes en la frontera para enfrentar el contrabando y otras economías ilegales asociadas. En su informe institucional, el comando policial indicó que continuará con acciones contra los delitos aduaneros y contra actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, armas y otras modalidades delictivas en esta zona del país.

Según informó la entidad, la operación terminó con la incautación de 300 teléfonos celulares de alta gama y más de 600 perfumes de distintas marcas. La mercadería había sido enviada en paquetes separados, a nombre de terceros que no necesariamente conocían la adquisición ni autorizaron el uso de su identidad.

En declaraciones a Canal N, canal de televisión peruano, Walter Oré, gerente de Riesgo, Control y Procesos Transversales de la superintendencia de Aduana Aérea y Postal, explicó que el esquema buscó “evadir el pago de los impuestos y las restricciones legales para su ingreso”, al simular compras personales que, en realidad, estaban destinadas a la comercialización.

Bandas usarían datos de terceros para importar productos

Oré detalló que la SUNAT denominó esta forma de contrabando como paquetería fantasma, una práctica que se apoya en el crecimiento del comercio electrónico y en el sistema de envíos de entrega rápida. “Cualquier persona puede realizarlo por el comercio electrónico, pero es utilizado por organizaciones para comprar grandes cantidades de mercancía y luego dividirla para que ingrese a nuestro país a nombre de terceras personas sin su consentimiento”, indicó el funcionario a Canal N.

La clave, según explicó, fue el fraccionamiento deliberado de los pedidos. Las organizaciones “comprarían por Internet grandes lotes de mercancía para comercio y luego las dividen para ingresar al país por montos menores a USD 200”. En el régimen vigente, precisó, las compras que ingresan por envíos courier por un valor de hasta USD 200 pueden quedar exoneradas del pago de impuestos si son para consumo personal, lo que habría sido aprovechado para simular ese destino y evitar tributos.

El mecanismo no solo buscó reducir o eliminar el pago de impuestos. Oré sostuvo que también se empleó para sortear restricciones administrativas vinculadas al ingreso de ciertos productos. Al referirse a los celulares, recordó que es posible traer “hasta 4 teléfonos” por esa vía, mientras que “el 5° ya requeriríamos tener los permisos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, lo que introduce controles adicionales para importaciones que exceden un uso personal.

La SUNAT señaló que, en algunos casos, los envíos se consignaron con datos de “una misma persona” y, en otros, con información de ciudadanos que “desconocen de tales adquisiciones y no saben del uso de su información”, un patrón que refuerza la hipótesis de suplantación de identidad como parte del esquema.

Más de 450 envíos delataron el presunto contrabando

La detección, de acuerdo con el vocero, combinó inspección operativa, análisis de información e inteligencia aduanera. “Producto de los controles que tenemos en la SUNAT, los controles aduaneros en todas las fronteras, en este caso en la vía aérea, hemos controlado el ingreso de estos vuelos, de estas cargas. Tenemos equipos de tecnología no intrusiva, vale decir, escáneres de rayos X”, explicó Oré.

El funcionario añadió que los oficiales de aduana identificaron patrones irregulares durante la inspección: “Al momento de hacer la inspección, reconocen una anomalía en estos productos”. Con ese punto de partida, dijo, se desplegó un análisis para vincular envíos dispersos. El resultado fue la detección de “cerca de 450 envíos que venían de manera dividida” y la presunción de que “dos empresas” estarían detrás de las compras.

Oré precisó que, al existir indicios de delito, el caso fue comunicado al Ministerio Público para que continúe la investigación fiscal. También señaló que una parte central de las diligencias debe establecer “cómo estas organizaciones tienen acceso a la información de nuestros datos personales” y cómo funcionaba la entrega final, ya que la información preliminar indica que los paquetes “llegarían a un determinado punto” vinculado a la organización.

La SUNAT detalló que se trató de equipos de alta gama y perfumes de diversas marcas, con envíos que buscaban ingresar como si fueran para uso personal. Oré dijo que la valorización total fue de 600.000 soles, monto que la entidad también consignó como referencia del impacto económico de la operación.

Una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) y el Ministerio Público local permitió el decomiso de 18 toneladas de cobre robado a una minera en la ciudad de Antofagasta, cargamento que estaba listo para ser contrabandeado al Perú.

Las diligencias se llevaron a cabo específicamente en el conflictivo Cerro Chuño de la mencionada ciudad, hasta donde llegaron los efectivos policiales para dar con un camión que estaba cargado con el preciado material. Dos ciudadanos extranjeros, uno boliviano y el otro peruano, fueron detenidos y formalizados por el delito de receptación de artículo robado.

Según informó el prefecto inspector José Contreras, jefe regional de la PDI, el cobre venía “en cátodos y ánodos, y también cobre trifásico, lo que nos permite hoy, en el proceso investigativo, establecer la trazabilidad de este cobre sustraído, que corresponde a una minera de la región de Antofagasta“, consignó BioBíoChile.

Contreras valoró el operativo policial, “enmarcado en el Plan Contra el Crimen Organizado, toda vez que estas especies sustraídas iban a ser destinadas al traslado por pasos no habilitados a Perú”, aseguró.

74 toneladas de cobre incautado a la fecha

En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que, en lo que va del año, la Fiscalía y la policía civil han decomisado 74 toneladas de cobre robado y desbaratado varias bandas criminales dedicadas a su tráfico, tal como indicó el fiscal Rodrigo González.

“Desde hace ya varios meses que se lleva a cabo una investigación de largo aliento con el fin de establecer las estructuras y detener a sus integrantes, que se dedican básicamente al robo, a la receptación y comercialización de cobre robado. En este contexto es que el día de hoy se pudo lograr la detención de dos personas de nacionalidad extranjera que se prestaban a trasladar cobre robado hacia Perú”.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, afirmó que “valoramos inmensamente la eficacia con la que está trabajando la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Arica”.

“En lo que va de 2026, ya llevamos más de 70 toneladas incautadas, y eso va muy de la mano de lo que mencionó el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, que esto es un golpe al crimen organizado, y también que va a haber una fuerza de tarea para combatirlo fuertemente”, indicó según el medio citado.

Asimismo, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, manifestó que el combate contra la delincuencia “es tarea de todas las instituciones. El mercado ilícito del cobre, como lo hemos visto, está fuertemente al alza, y por esa misma razón debemos trabajar y actuar de manera coordinada y colaborativa”.

Al cierre, el seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, subrayó que “este es un nuevo golpe al robo de cables de cobre, uno de los delitos que tenemos priorizados en la región”.

En un contundente golpe al comercio ilegal en la región norte del país, agentes de la Policía Nacional dominicana, adscritos al destacamento del sector Barrio Libertad, lograron interceptar y decomisar un cargamento masivo de 580,000 unidades de cigarrillos presuntamente introducidos al territorio nacional de forma ilícita. La operación se materializó luego de una intensa persecución vehicular que finalizó en la autopista Joaquín Balaguer, en el sector Los Tocones de la ciudad de Santiago.

El incidente se desencadenó cuando las patrullas policiales avistaron un minibús sospechoso de color blanco. Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a las órdenes de detenerse, emprendiendo una veloz huida. El seguimiento policial culminó detrás de las inmediaciones del Mercado de la Pulga, lugar donde los sospechosos se vieron obligados a abandonar el minibús para escapar a pie adentrándose en la zona.

Las autoridades locales confirmaron que los individuos ya se encuentran en un riguroso proceso de identificación para su posterior captura.

Al iniciar las indagaciones sobre la propiedad del vehículo abandonado, los oficiales depuraron la placa en la base de datos del sistema policial. El vehículo figura registrado a nombre de un ciudadano dominicano, cuya posible vinculación o grado de responsabilidad en este entramado de contrabando está siendo minuciosamente investigada por los departamentos correspondientes.

Durante la revisión exhaustiva del espacio de carga del vehículo, las autoridades hallaron un cargamento perfectamente ordenado. En total, los oficiales incautaron:

• 56 cajas grandes que albergaban en su interior
• 50 paquetes sellados; cada paquete contenía 10 cajetillas, y cada cajetilla portaba 20 cigarrillos de la marca Capital
• Cuatro medias cajas con 25 paquetes de idéntica distribución.

La sumatoria de todo lo incautado arrojó la cifra final de 580,000 unidades de cigarrillos listos para su distribución informal. Tanto el vehículo como la millonaria mercancía ilegal quedaron bajo el control absoluto del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

El delito de contrabando y las penas de cárcel en la República Dominicana

Esta acción ilícita se tipifica de manera directa como delito de contrabando y comercio ilícito de productos regulados, una infracción grave al ordenamiento económico, aduanero y de salud pública del Estado dominicano.

El marco legal que rige y castiga severamente este comportamiento es la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados (que incluye de forma específica al tabaco y sus derivados), en estricta coordinación con la Ley No. 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley 17-19, las personas que resulten penalmente responsables de adquirir, ocultar, transportar o comercializar mercancías introducidas eludiendo el control aduanero enfrentan un estimado de tres a cinco años de prisión ordinaria.

Además de la pena privativa de libertad, los culpables reciben sanciones económicas drásticas, consistentes en multas que van desde 100 hasta 300 salarios mínimos del sector público, o multas equivalentes a cien o trescientas veces el valor aduanero de la mercancía decomisada.

Con este operativo, la Policía Nacional y el Ministerio Público reafirman su firme compromiso de combatir con determinación el comercio ilícito en todas sus modalidades. Las autoridades recordaron que estas acciones no solo golpean las finanzas del Estado por la evasión fiscal, sino que representan un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad de la economía formal del país.

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a ocho personas presuntamente vinculadas con una red transnacional dedicada al contrabando de ropa femenina y accesorios, en el caso Lili Pink.

La audiencia está programada para el miércoles 24 de junio en Bogotá, en una nueva etapa de una investigación que ya suma más de una década de seguimiento por parte de las autoridades.

Los señalados y los delitos imputados

El ente acusador detalló que los procesados son:

• Max Marvin Abadi
• David Max Abadi Homsani
• Malaquilla Bismar Hernández
• Lorena Bernal Castro
• Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
• Jonnatan Villamil Soler
• Luz Adriana López López
• Merlín Roxana Mendoza Arias

A cada uno se le imputarán, según su posible grado de participación, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta decisión surge de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, que radicó la solicitud de audiencia ante jueces de control de garantías. La investigación se centra en la supuesta existencia de una organización criminal que habría operado en varios países desde 2013 hasta la fecha.

Cómo funcionaba la supuesta red de contrabando

De acuerdo con los documentos judiciales, la red habría utilizado empresas fachada en Panamá y Colombia para ingresar grandes volúmenes de mercancía, principalmente ropa femenina, juguetes y productos cosméticos, evadiendo controles aduaneros y tributarios.

El dinero recaudado, producto de la comercialización de estos bienes, terminaba en cuentas controladas por las mismas estructuras en el exterior, lo que permitió a la Fiscalía sustentar el cargo de lavado de activos.

La Fiscalía indicó que se habrían constituido empresas importadoras de papel para simular operaciones legales.

“Para lograr su objetivo criminal, fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación, desde su ingreso al territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel, hasta su distribución, para finalmente enviar los dineros obtenidos, producto de esta comercialización ilegal de mercancía de contrabando, nuevamente a las empresas panameñas controladas por la misma organización delictiva”, afirmó la fiscal del caso.

El trasfondo del caso Lili Pink

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dian, que puso en conocimiento de las autoridades posibles actos delictivos relacionados con sociedades del grupo Fast Moda S.A.S., propietaria de las tiendas Lili Pink y su filial Yoi.

Ambas marcas se posicionaron como referentes en el mercado nacional de ropa y accesorios, pero ahora enfrentan el escrutinio de la justicia por su presunta relación con actividades ilícitas.

En una de las audiencias previas, la Fiscalía expuso que las empresas asociadas al grupo comercial venían operando desde más de 13 años, vendiendo productos en distintos establecimientos del país.

Además, la estructura habría ocultado la identidad de los verdaderos beneficiarios económicos detrás de las empresas, asignando cargos de representación legal y administración a personas con funciones operativas menores.

Primeros procesados y hallazgos en la investigación

El avance de la investigación ya dejó un primer imputado: Walter Martínez Martínez, señalado de haber manejado siete empresas fachada relacionadas con el entramado de mercancía irregular.

Martínez fue enviado a prisión preventiva por orden del juez 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el 14 de mayo. Durante el proceso, se reveló que una de las sociedades, Moda Mundo Importaciones S.A.S., había sido constituida en 2018 con domicilio inicial en Barranquilla y luego trasladada a San Juan del Cesar, La Guajira. Al intentar verificar la dirección registrada en el RUT, la Dian constató que correspondía a un lote baldío, lo que llevó a la suspensión de la calidad aduanera de la firma.

“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”, expuso la Fiscalía en audiencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron este 1 de junio un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa contra conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la SHCP, el acuerdo busca establecer bases para compartir y consultar información estratégica que apoye las atribuciones de ambas instituciones, con énfasis en acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales ligadas a la entrada y salida de mercancías del país.

Con este instrumento, según la SHCP, la UIF puede compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y por quienes realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable, para detectar riesgos en comercio exterior y aplicar medidas preventivas y correctivas.

Según el comunicado, la ANAM puede proporcionar información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos para apoyar las atribuciones de la UIF en inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

El convenio también incluye capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la creación de grupos de trabajo especializados, además de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, con garantías de confidencialidad y protección de datos personales.

UIF emite alerta por lavado de dinero y trata de personas ante Mundial 2026

La UIF alertó el pasado 27 de mayo sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026, al advertir que la movilidad masiva de personas y recursos por la Copa de la FIFA puede elevar operaciones ilícitas antes, durante y después del torneo, según un reporte difundido por la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la SHCP, la herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). El documento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados, según la dependencia.

La alerta respondió a que los sujetos obligados del sistema financiero y actividades vulnerables deben reforzar el monitoreo, la identificación de operaciones inusuales y la evaluación de riesgos vinculados con el torneo.

El alertamiento está dirigido a sujetos obligados como instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera y sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas, entre otras.

La UIF indicó que esos actores deben poner atención especial en la identificación de clientes en las ciudades sede y en los corredores migratorios. Sobre la actuación frente a un caso sospechoso, el documento de la SHCP estableció: “Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”.