La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció hoy en su conferencia semanal desde Casa Presidencial un plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal, que será presentado oficialmente el 22 de julio.

La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Hacienda, busca fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, con un enfoque en atacar la evasión, endurecer controles y sanciones, y cerrar portillos legales que permiten el comercio ilícito y la subdeclaración de ingresos.

Durante su intervención, Laura Fernández recalcó: “La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos”.

Según la mandataria, el objetivo es “ir por los que están evadiendo”, una instrucción que reiteró al equipo económico. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que el plan “responde a la instrucción de atacar la evasión y mejorar los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos”.

Además, uno de los ejes del plan es la reforma de la Ley General de Aduanas, que busca reforzar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país, en especial en contenedores y en importaciones al por menor. Por lo que, la mandataria, abogó que el Ministerio de Hacienda prepara una propuesta para modificar la Ley General de Aduanas (N° 7557) con el objetivo de reforzar el control de las mercancías que ingresan o salen del país en contenedores y de las importaciones al menudeo realizadas por algunos comerciantes.

Control a la evasión digital y comercio informal

El plan detallado hoy por Fernández incluye acciones contra comercios digitales que usan métodos para evadir impuestos. Las autoridades han detectado tiendas virtuales que declaran productos con valores menores o diferentes categorías para pagar menos impuestos y luego venden la mercancía por canales digitales.

Además, en la conferencia, la presidenta Fernández anunció que el Gobierno avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos mediante Sinpe Móvil y tarjetas, pero no declaran estos ingresos ante Hacienda.

“Este mecanismo se utiliza para evadir tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto sobre la Renta (ISR)”, sostuvo.

La estrategia incluye colaboración interinstitucional y tecnología para rastrear transacciones que actualmente escapan al control fiscal.

Ante este panorama, el Ejecutivo enviará en julio proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de la ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión. Parte de las iniciativas ya están en marcha mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será anunciado el 22 de julio.

Según informó la Presidencia, la Policía de Control Fiscal decomisó recientemente cerca de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor golpe a este delito en la historia del país. La presidenta Fernández subrayó hoy que “la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal es un deber con todos los costarricenses” y pidió eficiencia y rigor en la administración de los recursos públicos.

La importancia del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal radica en su potencial para fortalecer las finanzas públicas de Costa Rica sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que responde a una demanda social de equidad fiscal.

Este enfoque permite que el Estado recupere recursos fundamentales para financiar servicios como salud, educación y seguridad, al mismo tiempo que combate estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito.

Además, la modernización de los controles y la fiscalización digital representa un avance en la transparencia y la eficiencia institucional, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía y en los sectores productivos.

Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.

La Policía de Control Fiscal (PCF) realizó este fin de semana el mayor decomiso de cigarrillos de contrabando registrado en Costa Rica, al incautar 23.894.600 unidades en una operación ejecutada en San Rafael de Alajuela. Según informó la Presidencia de la República, el valor estimado de la mercancía asciende a unos ₡2.300 millones (alrededor de $4.400.000 dólares estadounidenses), una suma que los grupos delictivos habrían obtenido mediante la venta ilegal al menudeo.

El operativo, coordinado por la PCF del Ministerio de Hacienda, se desarrolló en un complejo de bodegas donde las autoridades ubicaron un centro de distribución que funcionaba como parte de la estructura logística del crimen organizado. Durante la intervención, los agentes decomisaron no solo la mercancía principal, sino también un camión, un contenedor y una buseta que transportaba aproximadamente 280.000 cigarrillos.

Katherine Tenorio, directora de la PCF, explicó que “se logra intervenir una buseta que sale cargada con gran cantidad de cigarrillos, aproximadamente doscientas ochenta mil unidades. Se interviene y se logra vincular que está saliendo de la bodega que en este momento está siendo intervenida”.

Las autoridades informaron que fuera de las instalaciones también se localizó el vehículo de uno de los presuntos responsables, en el cual se halló un arma de fuego y una suma considerable de dinero en efectivo. La PCF confirmó la detención de una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Alajuela. Según la investigación, el propietario del vehículo figura como líder identificado de una de las estructuras criminales responsables del contrabando de cigarrillos.

De acuerdo con la Presidencia de la República, este decomiso se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por el gobierno costarricense para enfrentar el contrabando y proteger los recursos fiscales del país. Las autoridades recalcaron que el impacto económico del tráfico ilegal de cigarrillos representa una pérdida directa para el Estado, ya que los delincuentes obtienen millonarios ingresos mientras el fisco deja de percibir impuestos fundamentales para el financiamiento de servicios públicos.

En declaraciones recogidas por la Presidencia de la República, la titular de la PCF afirmó: “En este momento hay una persona detenida que se encuentra a la orden de la Fiscalía de Alajuela. El dueño del vehículo es un líder de una de estas estructuras criminales que ya está debidamente identificado”. La funcionaria señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros individuos y el alcance regional de la red.

La Presidencia de Costa Rica aseguró que la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otros productos constituye una prioridad de la actual administración. El comunicado oficial sostiene: “En este gobierno no vamos a tolerar barbaridades así. Seguimos trabajando para proteger los plata de todos los costarricenses”. Autoridades insistieron en que los operativos continuarán, anticipando nuevos golpes a estructuras vinculadas a la evasión y el crimen organizado.

El caso permanece bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los detenidos y las conexiones detectadas entre las bodegas allanadas y otras redes de contrabando en la región.

Las reacciones al informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) sobre las vulnerabilidades de Panamá frente al comercio ilícito siguen escalando.

Luego de que el organismo internacional pusiera bajo la lupa a la Zona Libre de Colón (ZLC) y señalara que el país aún enfrenta importantes desafíos para combatir el contrabando, la falsificación y otros delitos transnacionales, el Gobierno panameño y la administración del principal centro logístico del país respondieron con contundencia, rechazando las afirmaciones y defendiendo los avances alcanzados en materia de seguridad y fiscalización.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno aseguró que Panamá rechaza “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado y sostuvo que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional".

La Cancillería defendió que la Zona Libre constituye “un activo estratégico del Estado panameño" y uno de los principales motores económicos de la región, cuyo prestigio internacional se sustenta en el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos

Como parte de esa defensa, el Gobierno destacó que la actual administración fortaleció significativamente los controles de seguridad mediante la incorporación de tecnología de punta, cientos de cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y nuevos mecanismos de supervisión y trazabilidad.

También afirmó que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de 25.000 millones de dólares anuales, por lo que, a juicio de las autoridades, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.

El comunicado añade que la responsabilidad sobre el control de las mercancías que ingresan o salen hacia los puertos o el territorio nacional corresponde legalmente a la Autoridad Nacional de Aduanas y no a la administración de la Zona Libre, al tiempo que reiteró que Panamá mantiene una política de “tolerancia cero” contra el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra manifestación del crimen organizado.

La respuesta oficial se produjo después de la presentación del informe regional elaborado por TRACIT, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en el que participaron autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Durante esa presentación, el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, reconoció que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.

Sin embargo, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

Hardy señaló que la regulación de las zonas francas continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.

El representante de TRACIT también destacó los avances observados recientemente en Colón, incluyendo la instalación de escáneres financiados por Estados Unidos y una mayor colaboración con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Incluso adelantó que durante su visita tenía previsto reunirse con la gerente de la Zona Libre para conocer de primera mano las medidas implementadas y explorar nuevas formas de cooperación.

No obstante, el informe mantiene observaciones sobre algunos mercados ilícitos. Hardy afirmó que el contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los mayores desafíos para Panamá y aseguró que, según los datos analizados por la organización, hasta el noventa y seis por ciento de algunos productos de tabaco comercializados ilegalmente transitan por redes vinculadas al comercio ilícito, muchas con destino a otros países de Sudamérica.

Otra preocupación expuesta por la organización fue el crecimiento del comercio de mercancías falsificadas mediante plataformas digitales y el ingreso de pequeños paquetes desde Asia, un fenómeno que, según explicó, dificulta la labor de las autoridades aduaneras debido al enorme volumen de envíos y a la necesidad de contar con más tecnología y personal especializado para inspeccionarlos.

La Gerencia General de la Zona Libre de Colón también emitió su propio pronunciamiento. En él calificó de “excesivas, falsas e infundadas" las publicaciones que atribuyen a la ZLC la facilitación de actividades ilícitas y aseguró que dichas afirmaciones provocan un grave daño a la economía nacional.

La administración del complejo comercial informó además que sostuvo una reunión con Jeffrey Hardy y la directora ejecutiva de Philip Morris International, Gabriela Rivas, en compañía de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante la cual —según la entidad— quedó en evidencia que parte de las conclusiones presentadas por TRACIT se basaban en información desactualizada, correspondiente a hechos ocurridos hace más de dos años y que ya han sido superados por la actual administración.

Asimismo, reiteró que las salidas de mercancías desde la Zona Libre hacia los puertos o el territorio nacional son competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la administración de la ZLC, por lo que rechazó cualquier intento de responsabilizar directamente al complejo comercial por esos controles.

Mientras ambas partes defienden sus posiciones, el debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para Panamá: preservar la reputación internacional de la Zona Libre de Colón, uno de los mayores centros logísticos y de redistribución comercial del hemisferio, sin dejar de fortalecer los mecanismos de control frente a un fenómeno que evoluciona constantemente y que trasciende las fronteras nacionales.

Hace años que se trafica oro desde la Argentina, con sospechosos que se infiltran en los check-ins de las líneas aéreas, con lingotes, joyas y monedas se disimulan en las valijas para viajar al resto del mundo. El caso de la azafata de Aerolíneas Argentinas de 64 años de edad, que fue detenida en agosto de 2025 con un pequeño cargamento valuado en casi 50 mil dólares, reveló parte del problema.

La azafata, que terminó con una causa en su contra en el fuero en lo penal económico -que investiga, precisamente, delito de contrabando- iba a Miami. También, iba con una cantidad bastante menor. Hay lotes más grandes. Y hay rutas más atrevidas para el oro clandestino argentino. Por ejemplo, una que va hacia Dubai, para, supuestamente, alimentar un mercado joyero virtualmente insaciable.

La semana pasada, Claudia K., una mujer cordobesa de 57 años y su hija Stefani, de 29, fueron condenadas en el Tribunal en lo Penal Económico N°1 un año después de su arresto, cuando les encontraron un kilo y medio de oro el 23 de abril de 2025 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Fue “donde aguardaban para abordar el vuelo N° 507 de Ethiopian Airlines con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos", con una escala en Adis Abeba, capítal de Etiopía, según la condena en su contra. Así, ambas terminaron procesadas sin prisión preventiva por el delito de tentativa de contrabando. El embargo fue de $680 millones.

El contrabando de oro argentino tiene una peculiaridad: quienes lo protagonizan son, básicamente, personas de las que un policía, tal vez, jamás sospecharía. La madre, ex tesorera de una empresa cordobesa, se dedica, en los papeles, a la venta de ropa. La hija es una ex monotributista. Su defensa hizo una oferta: entregar el oro al Estado, más ocho mil dólares de reparación y 50 horas de trabajo comunitario en una parroquia. ARCA, la autoridad aduanera, se opuso. La fiscalía, en cambio, aceptó. Así, el juez Fernando Machado Pelloni aceptó el acuerdo.

La forma en que intentaron contrabandear el oro fue al menos novedosa. No lo llevaban en lingotes o en joyas disimuladas, sino en joyas truchas, por así decirlo. Claudia K. llevaba en el cuello y en una de sus muñecas una y una pulsera que parecían de plata. Lo plateado era tan solo pintura. Solo hizo falta raspar un poco para encontrar el oro. La cadena en su cuello pesaba más de medio kilo. Su hija intentó el mismo truco, con una pieza idéntica. Así, se las quitaron para colocarlas en la bandeja plástica de rigor al enfrentar el scanner en el aeropuerto.

Tiempo después, madre e hija presentaron un escrito para explicar el episodio. Aseguraron que las joyas provenían de la dote de la boda islámica de Stefani, celebrada precisamente en Dubai, y que las habían pintado “por seguridad”. La Sala B de la Cámara del fuero no les creyó.

Hay otros casos en la historia reciente. La ruta del oro hacia Dubai tiene a un hombre procesado y preso: se trata de Alberto Julián C., un empresario y financista porteño de 57 años. ¿Por qué se trafica oro a Dubai? La razón del contrabando argentino del oro siempre fue, más o menos, la misma: facilitar el transporte de divisas, la alquimia financiera de concentrar dinero en un metal de valor estable. Cuánto vale un kilo de oro versus cuánto pesa un millón de dólares. Este caso, sin embargo, apunta a otra cosa: al negocio joyero mismo.

“Voy a demostrar mi inocencia y entiendo que ya estuve demasiado tiempo detenido por un delito que no cometí, nunca hice alguna actividad que me llevara a pensar que iba a terminar en esta situación, necesito terminar con esta pesadilla”, afirmó en un escrito.

El juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, sin embargo, rechazó la excarcelación del acusado en una decisión tomada el 20 de marzo último. Para Yadarola, Alberto Julián C. -detenido en 2024-, es más que un simple pasero: lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al “contrabando de exportación de oro y de importación de divisas”, según un documento de la causa, vinculado a 15 hechos, así como a “la realización de operaciones marginales de compraventa de oro y operaciones de cambio de manera ilegal”. Otras 17 personas integrarían su grupo criminal.

Varias causas conectan a Alberto y a su presunta banda. La ruta, aquí, no pasa por Ezeiza, sino por tierra, desde la Triple Frontera hacia los Emiratos Árabes. Una de sus principales operadoras fue encontrada en abril de 2024 en el cruce fronterizo terrestre Posadas-Encarnación, en un micro sobre el límite paraguayo. Llevaba 10 kilos y medio de oro en lingotes. Tenía, también, un pasaje de Turkish Airlines que la llevaría hacia Panamá y luego a Dubai. Sin embargo, esa acusación no prosperó. Se presentó un formulario de una firma de los Emiratos Árabes radicada en el DMCC Business Centre de Dubai que justificaba la compra del oro por 190 mil euros.

La investigación detectó, al menos, otros dos movimientos idénticos, con lotes de 8 y 9 kilos, con la misma firma joyera que presentó papeles por montos similares. La acción penal también fue suspendida en estos casos. El motivo del negocio aquí se entiende: el oro argentino alimentaría el apetito de las joyerías de los Emiratos Árabes Unidos, el pico de la exhibición en Oriente Medio. Entonces, para los joyeros de Dubai, con un precio de oro estable a nivel mundial, ¿cuál es el beneficio de comprar en Argentina? ¿Es acaso más barato?

De vuelta al empresario y su banda, el problema no parece ser la venta, sino cómo entraron sus presuntas ganancias al país. En la elevación a juicio del caso, se mencionó que, en uno de los hechos, la “mercadería fue vendida en Dubai simulando su origen lícito a través de los formularios de exportación”. Sin embargo, en noviembre de 2023, dos de los acusados ingresaron 280 mil dólares “ocultos en sus pertenencias intentando burlar el servicio aduanero en el formulario respectivo, siendo que dicha suma tenía por destinatario” al empresario Alberto Julián.

En julio de 2022, el Banco Central ya había emitido una circular contra el empresario para impedir que opere en financieras y casas de cambio; dos años antes lo habían encontrado en Ezeiza con 38 mil dólares americanos y 20 mil canadienses a punto de abordar un vuelo a Chile.

El comercio ilícito ya mueve en la Argentina el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI), genera una pérdida fiscal estimada en USD 2.300 millones al año y tiene a los teléfonos celulares, los cigarrillos, los textiles y la cerveza entre los mercados más afectados. Así lo reveló un estudio regional que analizó la situación en seis países de América Latina y puso el foco en las particularidades del caso argentino.

El trabajo, elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), analizó la situación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú y buscó medir el impacto del comercio ilícito en la región, además de identificar las características particulares de cada mercado. Además de cuantificar el peso económico de estas actividades, el informe examinó los productos más afectados, las formas de comercialización, la percepción social sobre la compra de mercadería ilegal y las principales herramientas para combatir el fenómeno.

En el caso argentino, el estudio identificó una combinación de factores que favorecen la expansión del comercio ilícito. Entre ellos, aparecen la elevada penetración del comercio electrónico, la existencia de fronteras consideradas vulnerables para el ingreso de mercadería de contrabando y la creciente presencia de productos falsificados en distintos canales de venta. También señaló que el fenómeno ya no se limita a las ferias informales o al comercio callejero, sino que ganó espacio en plataformas digitales y redes de comercialización que amplían el alcance de estos productos.

El informe destacó que el contrabando constituye una de las principales puertas de entrada de mercadería ilegal al mercado argentino, aunque aclaró que el comercio ilícito es un concepto más amplio, que también incluye la falsificación de marcas, la piratería y otras prácticas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y generan competencia desleal para las empresas que operan dentro del marco legal.

Uno de los principales aportes del relevamiento consistió en dimensionar el tamaño económico de esta actividad. Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito moviliza recursos equivalentes al 5% del PBI argentino, una proporción que refleja la magnitud alcanzada por estas operaciones dentro de la economía local.

El estudio también calculó el impacto sobre las cuentas públicas. La pérdida fiscal derivada de estas actividades ronda los US$2.300 millones, producto de impuestos que dejan de recaudarse por operaciones realizadas al margen de los circuitos formales.

Los sectores más afectados

El relevamiento identificó cuatro sectores donde la penetración de productos ilegales resulta especialmente significativa.

El primer lugar corresponde a los teléfonos celulares, donde el comercio ilícito representa el 31% del mercado. De acuerdo con el informe, el alto valor de estos equipos, la fuerte demanda y la facilidad para su comercialización los convierten en uno de los principales objetivos de las redes dedicadas al contrabando y la falsificación.

En segundo lugar aparecen los cigarrillos, con una incidencia del 17%. El estudio explicó que buena parte de esos productos ingresa desde países vecinos sin cumplir con los controles aduaneros ni las obligaciones tributarias, lo que genera una competencia desigual frente a las empresas que producen y comercializan dentro del circuito formal.

Los productos textiles ocupan el tercer puesto, con una participación estimada del 16%. En este segmento conviven tanto el ingreso irregular de mercadería como la falsificación de marcas, dos modalidades que afectan a fabricantes, importadores y comercios que cumplen con las normas vigentes.

El cuarto lugar corresponde a la cerveza, donde el informe calculó una participación del 12% para los productos comercializados por canales ilegales.

El estudio remarcó que estos rubros concentran buena parte del problema, aunque aclaró que el fenómeno también alcanza a otras categorías de bienes de consumo.

Uno de los aspectos que el informe identifica como un cambio relevante es la transformación de los canales de comercialización.

Según el relevamiento, el crecimiento del e-commerce amplió las posibilidades de distribución de productos ilegales. Las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitaron el contacto entre vendedores y compradores y permitieron que mercadería de origen irregular llegara a consumidores de distintas provincias. El estudio sostuvo que las organizaciones dedicadas al comercio ilícito combinaron los canales tradicionales con herramientas digitales, una estrategia que aumentó la velocidad de distribución y dificultó las tareas de control.

En ese contexto, el documento formuló recomendaciones específicas para la Argentina. Entre ellas propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones de productos falsificados y mejorar los mecanismos de trazabilidad en línea. También planteó reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas como Misiones, Formosa y Salta, consideradas puntos sensibles para el ingreso de mercadería de contrabando.

Comparación con otros países de la región

El informe incluyó un análisis comparativo entre seis países latinoamericanos. Aunque cada mercado presenta características propias, los autores concluyeron que el crecimiento del comercio ilícito constituye un problema regional y que las modalidades utilizadas muestran patrones similares. En Brasil, también alcanza al 5% del PBI, mientras que en México escala al 8 por ciento.

En todos los casos aparecen como factores comunes el uso creciente de canales digitales para la venta de productos ilegales, la expansión de la falsificación de marcas y la necesidad de fortalecer los controles sobre las cadenas de distribución.

Para cada país, el estudio propuso medidas específicas de acuerdo con sus principales vulnerabilidades. En el caso argentino, las recomendaciones estuvieron orientadas a reducir la brecha de precios entre productos legales e ilegales, mejorar la trazabilidad, reforzar la cooperación con plataformas digitales y fortalecer los controles en zonas fronterizas.

A nivel regional, el documento también planteó la necesidad de combinar distintas herramientas para enfrentar el comercio ilícito. Entre ellas mencionó el fortalecimiento del control fronterizo, políticas anticorrupción, campañas educativas para desalentar la compra de productos ilegales, incorporación de tecnologías de trazabilidad en las cadenas de suministro, sanciones judiciales más eficaces y reformas regulatorias destinadas a reducir los incentivos económicos para el contrabando.

El estudio se presentó durante un seminario organizado por el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, encuentro que reunió a representantes del sector privado, especialistas en propiedad intelectual y funcionarios vinculados al comercio exterior.

Durante la jornada se analizaron las distintas modalidades que adoptó el comercio ilícito en América Latina y el impacto que estas prácticas generan sobre la recaudación fiscal, la competitividad de las empresas y la protección de la propiedad intelectual.

“Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles”, precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman. En la misma línea, reconoció que el Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar el flagelo, pero al mismo tiempo admitió que “controlar una frontera tan grande no es fácil”.

Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Al respecto, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares -lo que representa alrededor de 3 millones al año- y la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.

A su vez, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. “El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado”, especificó.

“El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país”, señaló, por su parte, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al tiempo que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.

A su vez, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo, y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad -sumado al control del tráfico de mercaderías- y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.

Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante “un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo”. “Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico“, advirtió. Y aseguró que “el compromiso es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada”. “Cuando protegemos el comercio legal, protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores”, concluyó.

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

“Ningún agravio”

Además, en el vecino país fue procesado hace unos días por lavado de activos. El caso se sustenta en la compra de seis departamentos con sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que el dinero usado tuvo un origen ilícito.

Por otro lado, en Argentina hay dos expedientes judiciales abiertos en su contra. Está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Una de las causas se tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia. La otra en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y hay luz verde de Paraguay. La Corte tiene en trámite un proceso para determinar a quién le corresponde continuar.

En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

Antes de retirarse de la sala, Kueider subrayó que tanto él como su pareja “hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Cuándo se conocerá el fallo

El Tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse por el caso Kueider el lunes 13 desde las 9:30 de la mañana. Será el momento de las réplicas y dúplicas, la última instancia del proceso antes de que los magistrados vayan a debate. En esta etapa, Fiscalía retrucará los argumentos defensivos y, a la inversa, los abogados de Kueider (Marcelo Bogado y Carlos Arévalo) contestarán a los acusadores.

Concluido este paso, los magistrados Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, se retirarán a deliberar. En principio, la decisión podría conocerse ese mismo día, aunque el Tribunal no tiene un plazo preestablecido para dar el veredicto.

Cabe destacar que el pedido de Fiscalía está cerca del máximo que se puede establecer por este delito, que es dos años y medio. Y que, además, en caso de haber una condena contra Kueider y Guinsel, deberá contemplarse que llevan un año y seis meses de detención domiciliaria.

El tráfico ilícito de tabaco, alcohol, agroquímicos y electrónicos se ha afianzado en Centroamérica por una serie de fallas estructurales y regulatorias que persisten en la región, según un informe reciente de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).

La presentación de la “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito” tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, con la participación de representantes empresariales y expertos, según informó EFE. El estudio examina la situación de 158 economías en seis rubros distintos, entre ellos el entorno impositivo, la regulación, los controles gubernamentales, la corrupción y los sistemas para combatir el blanqueo de capitales.

El informe destaca que la falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros facilitan el flujo ilegal de una amplia gama de productos. Además, señala la existencia de una economía informal robusta, el uso indebido de zonas francas y una capacidad desigual de monitoreo estatal que favorecen la expansión del comercio ilícito en la región.

Países más expuestos y factores que alimentan el comercio ilícito

Según el índice de 2025, Costa Rica y Panamá encabezan la lista centroamericana con 51.2 y 49.6 puntos respectivamente. Les siguen El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos últimos con puntuaciones que reflejan una mayor vulnerabilidad.

Dentro de América Latina, Uruguay se distingue como el país mejor ubicado. El promedio global, de 49.9 puntos sobre 100, indica que la mayoría de los gobiernos en el mundo no está preparado para prevenir o mitigar el comercio ilícito.

El informe de Tracit sostiene que, aunque algunos países centroamericanos muestran avances, la región en su conjunto sigue enfrentando obstáculos significativos para controlar la circulación ilegal de productos, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El documento menciona que la Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice son focos críticos, ya que manejan altos volúmenes de reexportaciones con baja transparencia sobre los beneficiarios finales y un mínimo de inspección física de mercancías de alto riesgo, tales como cigarrillos y destilados.

La investigación advierte que estos factores, junto a la corrupción arraigada y la informalidad, permiten que el comercio ilícito de bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, electrónicos, medicamentos y productos agrícolas falsificados o adulterados se mantenga activo y conectado a nivel regional.

Productos afectados, riesgos y respuestas gubernamentales

Entre los productos más afectados por el comercio ilegal se encuentran los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los electrónicos, principalmente de origen asiático.

A esto se suman medicamentos falsificados —antibióticos, analgésicos, tratamientos contra la gripe y productos dermatológicos— y la circulación de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulterados o robados. Este flujo ilícito representa un riesgo para la salud y la seguridad alimentaria.

Las redes de comercio ilegal aprovechan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro y la falta de inspecciones efectivas para mover mercancía a gran escala en toda la región.

El informe señala que los gobiernos centroamericanos reconocen cada vez más el comercio ilícito como un asunto prioritario y han comenzado a establecer medidas de control y salvaguardas. Tracit propone que las zonas francas sean declaradas formalmente bajo jurisdicción aduanera, con derechos plenos para inspeccionar y controlar almacenes y puntos de entrada o salida.

Según el documento, “los crecientes esfuerzos de Centroamérica por fortalecer la transparencia y la integridad de la cadena de suministro, junto con los avances continuos para abordar las limitaciones de capacidad institucional y alinear los marcos regulatorios con los tratados y normas internacionales, ofrecen una base sólida para aumentar la resiliencia frente al comercio ilícito en toda la región”.

Mientras la región avanza en la coordinación y actualización normativa, el informe de Tracit subraya la necesidad de profundizar en estos esfuerzos para enfrentar el comercio ilícito y proteger tanto la economía como la salud pública.

Según informó Canal N, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas detectaron un vehículo Fuso procedente de la frontera con Bolivia que trasladaba diversos productos, entre ellos fardos de tela, prendas de vestir y artículos de aseo.

Bloquean carretera durante intervención

Durante el operativo, presuntos involucrados en el traslado de la mercancía y algunos pobladores de la zona retiraron parte de la carga antes de que las autoridades pudieran asegurarla completamente. Posteriormente, los sujetos huyeron hacia los cerros cercanos, reduciendo el volumen de productos que finalmente pudo ser incautado.

Además, los manifestantes bloquearon la vía colocando piedras y vidrios sobre la carretera con el objetivo de evitar el avance del vehículo intervenido y dificultar el trabajo de los agentes encargados del operativo.

Más de 30 policías controlan la zona

Ante la obstrucción de la carretera, más de 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales fueron desplegados para recuperar el control del área, retirar los obstáculos y garantizar el traslado del camión junto con la mercadería decomisada hacia las instalaciones de Aduanas.

De acuerdo con Canal N, esta intervención se suma a otros operativos realizados recientemente contra el comercio ilegal en la ciudad de Juliaca. Diez días antes, las autoridades también realizaron un decomiso de productos de contrabando en la urbanización Los Ángeles, donde vecinos de la zona intentaron impedir la intervención.

Las autoridades continúan ejecutando acciones de control en puntos cercanos a la frontera con Bolivia, debido al ingreso de mercancías sin documentación que sustente su procedencia legal.

Impacto del comercio ilegal en Perú

El comercio ilegal en Perú, que incluye contrabando, falsificación y piratería, representa una preocupación significativa para la industria formal. Según la Sunat, el contrabando movilizó cerca de 600 millones de dólares en 2024, aunque la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que este monto no refleja el verdadero alcance del problema, ya que no incluye otros delitos como la piratería, adulteración de productos y evasión tributaria. Una encuesta de la SNI reveló que la mitad de los industriales en el país considera que sus operaciones se ven gravemente afectadas por estas prácticas, que generan una competencia desleal y afectan la recaudación tributaria.

El impacto del comercio ilegal no se limita a la pérdida de ventas. Las empresas formales enfrentan una presión adicional en los precios y una competencia que no cumple con normativas laborales ni regulatorias, lo que pone en riesgo la calidad de los productos para los consumidores. Estos, a su vez, quedan expuestos a bienes sin trazabilidad, sin garantía y sin controles de seguridad. El comercio ilícito afecta sectores diversos: desde alimentos y textiles hasta medicamentos y combustibles, comprometiendo tanto la reputación empresarial como la confianza en el mercado.

Las rutas del contrabando en Perú evidencian la magnitud transfronteriza del problema. Puntos críticos como Virupaya y Tilali, en la frontera con Bolivia, han sido identificados como pasos de ingreso irregular para productos subsidiados. Estas rutas carecen de controles efectivos, facilitando la distribución de mercancía ilegal en mercados locales. La problemática no se limita al decomiso de mercadería: implica cadenas logísticas complejas y redes de distribución que operan al margen de la ley, lo que convierte al comercio ilegal en un desafío estructural para la industria formal y la economía peruana.

Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate contra este fenómeno.

Sin embargo, el país enfrenta nuevos desafíos que van mucho más allá del tradicional contrabando de mercancías: el crecimiento acelerado del comercio electrónico, el ingreso masivo de pequeños paquetes, el auge del oro ilegal y el fortalecimiento de redes criminales transnacionales obligan a replantear la estrategia de control.

Ese fue el principal mensaje del informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, y representantes del sector privado y organismos internacionales.

El estudio ubica a Panamá con 49.6 puntos en el Índice de Comercio Ilícito, en la posición 81 entre 158 economías, solo por detrás de Costa Rica en Centroamérica.

El país mejoró 13 posiciones percentiles respecto a la evaluación anterior, gracias principalmente al fortalecimiento de su capacidad aduanera y de los mecanismos de control.

Pero el informe deja claro que el avance no significa que el problema esté resuelto.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recordó que el comercio internacional de productos falsificados y pirateados representa aproximadamente el 2.3% del comercio mundial, equivalente a unos 460 mil millones de dólares al año, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Advirtió, además, que esa cifra ni siquiera incorpora otras modalidades como el contrabando, la evasión tributaria, la subvaloración aduanera o el comercio informal, por lo que el impacto económico real es considerablemente mayor.

“Cuando la ilegalidad resulta más rentable que la formalidad, toda la sociedad pierde”, afirmó Barría, quien señaló que el comercio ilícito reduce la inversión, destruye empleos, afecta la recaudación fiscal y debilita la confianza en las instituciones.

Aunque Panamá ocupa una posición favorable dentro de Centroamérica, TRACIT mantiene al país dentro de la categoría de riesgo moderadamente alto.

El informe identifica como principales vulnerabilidades la supervisión insuficiente de la cadena logística, la regulación de la Zona Libre de Colón, la persistencia de la economía informal y la presencia de organizaciones criminales que aprovechan la plataforma logística panameña para mover mercancías ilegales hacia otros mercados.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, explicó que Panamá posee capacidades regulatorias y aduaneras relativamente sólidas, pero estas aún se ven limitadas por brechas en el monitoreo de la cadena de suministro.

“La Zona Libre de Colón continúa siendo una puerta de entrada para la redistribución de productos ilícitos hacia toda la región", señaló.

El problema ya no llega en grandes contenedores

Uno de los cambios más importantes identificados por el estudio es la transformación de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.

Durante años, la principal preocupación eran los grandes contenedores marítimos. Hoy el fenómeno está migrando hacia miles de pequeños paquetes enviados por comercio electrónico.

Hardy explicó que el crecimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones móviles ha facilitado la distribución de productos falsificados directamente al consumidor.

Como ejemplo, relató que durante una visita anterior a Panamá observó cómo era posible pedir productos falsificados y vapeadores ilegales desde una aplicación y recibirlos pocos minutos después en el restaurante donde se encontraba.

Según indicó, el enorme volumen de pequeños envíos supera la capacidad operativa de muchas aduanas latinoamericanas, que no cuentan con suficiente personal, tecnología ni entrenamiento para inspeccionarlos adecuadamente.

El director de TRACIT advirtió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso de estos pequeños paquetes.

Mientras las inversiones en escáneres han fortalecido el control sobre los contenedores marítimos en la Zona Libre de Colón, el comercio ilícito se está desplazando hacia el transporte aéreo.

Por ello, anunció que TRACIT trabaja junto con la Unión Postal Universal para desarrollar programas de capacitación dirigidos a fortalecer la capacidad de detección de mercancías falsificadas en los servicios postales y de mensajería.

El auge del oro ilícito

El informe también incorpora una amenaza que empieza a ganar importancia en América Latina: el comercio ilegal de oro.

Hardy explicó que el problema trasciende el valor económico del mineral. Las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de oro sirven para financiar las mismas organizaciones criminales que participan en el contrabando de cigarrillos, alcohol, mercancías falsificadas y otras actividades ilegales.

“Es un círculo vicioso”, indicó, al advertir que estos recursos fortalecen estructuras del crimen organizado y generan flujos financieros ilícitos que terminan afectando las economías nacionales y la explotación legal de los recursos naturales.

Otro de los sectores que más preocupa a TRACIT es el comercio ilegal de cigarrillos. Hardy señaló que algunos segmentos del mercado presentan niveles de hasta 96% de productos de contrabando, situación que convierte a Panamá en un punto estratégico para la redistribución regional.

Según explicó, buena parte del tabaco ilegal que pasa por la Zona Libre de Colón no está destinado al mercado panameño, sino a otros países de Sudamérica, por lo que mejorar los controles tendría efectos positivos para toda la región.

Gobierno destaca avances

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que combatir el comercio ilícito constituye una política de Estado.

Recordó que estas actividades reducen recursos para hospitales, escuelas y programas sociales, afectan a las empresas formales y financian organizaciones criminales transnacionales.

Moltó, sostuvo que el comercio ilícito “no es un delito sin víctimas”. “Le roba al Estado recursos para construir hospitales, escuelas y generar empleos; golpea a los comerciantes formales, engaña a los consumidores y financia redes de crimen organizado nacional y transnacional”, afirmó durante la presentación del informe.

Por su parte, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, destacó que la institución ha fortalecido la trazabilidad de productos derivados del tabaco en coordinación con la Zona Libre de Colón, incorporado tecnología de inspección no intrusiva, desarrollado nuevos sistemas de gestión de riesgos y ampliado la cooperación internacional para reforzar los controles fronterizos.

También anunció que el proyecto para modernizar la legislación penal aduanera, vigente desde 1984 y con escasas modificaciones, ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra en revisión final por parte del Ministerio Público.

La funcionaria no explicó los puntos que atacará la nueva normativa y se retiró del evento sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los aspectos que más contribuyó al avance de Panamá fue el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Aduanas. TRACIT destaca que el país aumentó ocho puntos en el componente relacionado con gestión aduanera, como resultado de inversiones en inspección, análisis de riesgo, digitalización y cooperación internacional.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones formuladas por TRACIT figuran fortalecer la regulación de las zonas francas, ampliar la inspección aduanera basada en análisis de riesgo, reforzar las medidas contra la corrupción y el lavado de activos, y establecer un marco regulatorio específico para el comercio electrónico y los servicios postales.

El informe concluye que Panamá ha demostrado avances importantes en los últimos años, pero advierte que el comercio ilícito evoluciona con rapidez y exige controles cada vez más sofisticados. La batalla ya no se libra únicamente en los puertos y los grandes contenedores: ahora también pasa por los teléfonos móviles, las plataformas digitales y miles de pequeños paquetes que cruzan las fronteras cada día.

Un problema regional

El estudio concluye que el comercio ilícito atraviesa prácticamente todos los sectores económicos de Centroamérica y que la región, en conjunto, continúa por debajo del promedio mundial en capacidad para enfrentar este fenómeno.

Costa Rica lidera el ranking regional con 51.2 puntos, seguida por Panamá (49.6), El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3).

Para Hardy, el avance de Panamá demuestra que es posible mejorar cuando existe coordinación entre el sector público y privado.

Moltó sostuvo que facilitar el comercio legítimo y perseguir el ilegal no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. “Cada contenedor que se inspecciona, cada mercancía que se decomisa y cada red criminal que se desmantela envía un mensaje claro: Panamá apuesta por el comercio que construye y no por el comercio que destruye”, afirmó.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este miércoles la captura de seis personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos.

La operación, realizada en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), constituye uno de los golpes más recientes contra las redes de comercio ilícito de tecnología en el país, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba desde 2023 y estaba compuesta por individuos que cumplían diversos roles para asegurar el éxito del contrabando. Uno de los grupos se encargaba de viajar al extranjero para traer la mercadería, evadiendo los controles aduaneros al no declarar los productos y, en caso de ser detectados, presentaban documentación alterada para justificar el ingreso al país.

Otro grupo tenía la tarea de movilizar las ganancias obtenidas, realizando viajes cortos a Estados Unidos y transportando sumas de dinero en efectivo por debajo del límite legal permitido, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.

La investigación detalló que algunos de los detenidos administraban comercios dedicados a la venta de equipos electrónicos. Estos comercios servían como puntos de distribución para la mercadería ingresada de manera ilegal, facilitando así la colocación de los productos en el mercado salvadoreño.

La Fiscalía añadió que la estructura también es señalada de movilizar sumas millonarias de dinero mediante una compleja red de operaciones financieras, que incluía abonos, retiros, transferencias, depósitos y compras de mercadería declarada o facturada, así como pagos de impuestos, multas y diferencias aduaneras.

El monto total de dinero movilizado por la red superó los 10 millones de dólares, según el informe oficial. Las autoridades indicaron que los implicados utilizaron diversas maniobras para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo de las transacciones, lo que evidencia un nivel de organización elevado y una operación sostenida durante un periodo considerable.

Las imágenes divulgadas por la FGR muestran a varios de los detenidos en sus residencias, bajo custodia de agentes fiscales y policiales. En las fotografías es posible observar a mujeres y hombres en diferentes espacios de viviendas y en compañía de agentes identificados con chaquetas de la Fiscalía.

Otro operativo reciente: desarticulación de red que desviaba fondos con canjes ilegales

La lucha contra el contrabando y el desvío de fondos vinculados a equipos tecnológicos ha sido una prioridad para las instituciones de seguridad salvadoreñas.

En días recientes, la Fiscalía y la PNC ejecutaron un operativo paralelo para desarticular otra red acusada de desviar fondos mediante canjes ilegales. Según el informe oficial, esta estructura aprovechaba mecanismos de canje para transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, simulando operaciones comerciales que en realidad encubrían movimientos ilícitos.

El operativo permitió realizar varias capturas y decomisar documentos contables, dispositivos electrónicos y registros bancarios que servirán como evidencia en los procesos judiciales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger la economía formal del país.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó recientemente que “la coordinación con la PNC y el trabajo de inteligencia han sido claves para identificar y desarticular estructuras”. Según Delgado, el objetivo es “evitar que organizaciones criminales continúen aprovechando debilidades en los controles aduaneros y financieros para lucrarse de manera ilícita”.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones e identificar a posibles colaboradores tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados, así como fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para evitar el ingreso irregular de mercadería.

Impacto y contexto

El comercio ilegal de tecnología representa un desafío para la economía salvadoreña, ya que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también fomenta la competencia desleal y puede estar vinculado a otros delitos como el lavado de dinero. Las recientes capturas y operativos reflejan los esfuerzos de las instituciones para frenar estas actividades y garantizar que la comercialización de dispositivos electrónicos se realice bajo los parámetros legales establecidos.

Las autoridades han hecho un llamado a la población y al sector comercial para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones. Mientras tanto, los procesados enfrentarán cargos por contrabando, lavado de dinero y otros delitos relacionados, en lo que se anticipa será un proceso judicial de alto perfil.

No todo el comercio ilícito aparece en un operativo ni termina en una foto de mercadería incautada. Una parte logra entrar al mercado, se vende en galerías, ferias, canales digitales o comercios informales, y compite con empresas que sí pagan impuestos, cumplen normas laborales, asumen costos regulatorios y responden por la calidad de sus productos.

La escala del problema ayuda a entender por qué la industria formal lo mira con preocupación. En Perú, solo el contrabando mueve más de US$600 millones al año, según cifras de Sunat. La Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI advirtió que ese monto no representa ni una cuarta parte del impacto económico real, porque deja fuera falsificación, piratería, adulteración de productos, evasión tributaria y pérdida de ventas para empresas formales.

Esa competencia ya alcanza a buena parte de la industria peruana. Una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) encontró que uno de cada dos industriales en el Perú declara verse seriamente afectado por el comercio ilícito, una categoría que incluye contrabando, falsificación, piratería, adulteración y otras formas de competencia ilegal.

Para las empresas formales, el impacto no se limita a la pérdida de ventas. También presiona precios, reduce recaudación tributaria y crea una competencia que no opera bajo las mismas condiciones. Para los consumidores, implica exponerse a productos sin trazabilidad, sin garantía o sin controles adecuados.

El límite de medir solo lo incautado

Uno de los puntos más complejos para dimensionar el comercio ilícito es que las cifras oficiales suelen apoyarse en lo que las autoridades logran interceptar. Eso permite conocer cuánto se decomisó, pero no cuánto ingresó, se distribuyó y finalmente llegó al consumidor.

“La información pública disponible sobre el comercio ilícito en el Perú y otros países solo refleja una parte del problema, ya que se basa principalmente en las incautaciones y no permite dimensionar la verdadera magnitud”, señaló Silvia Hooker Ortega, gerente de Asuntos Internacionales y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI.

Ante esa brecha de información, el gremio decidió consultar directamente a empresas industriales formales para medir cómo esta problemática afecta sus operaciones. Según Hooker, la SNI tomó como referencia la experiencia chilena de observatorios especializados y creó el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), con el objetivo de generar evidencia y colocar el tema en la agenda pública.

La medición resulta relevante porque el comercio ilícito no afecta a un solo rubro. Puede alcanzar alimentos, bebidas, textiles, medicamentos, productos de higiene, artículos tecnológicos, combustibles, autopartes y otros bienes de consumo masivo o uso industrial. En varios casos, la pérdida no se limita a ventas: también puede comprometer reputación, seguridad del consumidor y confianza en el mercado.

La frontera como puerta de entrada

El problema que advierte la industria formal ya ha sido registrado en rutas específicas de contrabando. En 2025 se identificó a Virupaya, en la frontera entre Perú y Bolivia, como un punto crítico para el ingreso irregular de productos hacia Puno. La zona, ubicada cerca del Lago Titicaca, carece de oficinas de migración y puestos de aduanas, lo que facilita el paso de mercancías como arroz, azúcar, aceite, fideos y combustibles subsidiados que luego son distribuidos en mercados locales.

Otro reporte mostró una ruta en Tilali, también en Puno, por donde circulaban vehículos cargados con ropa, combustible, cigarros y balones de gas boliviano. Según esa investigación, la trocha se encontraba cerca de un puesto de vigilancia fronterizo sin presencia policial, mientras que un centro poblado cercano funcionaba como punto de comercio semanal para estos productos.

Estos casos muestran que el comercio ilícito no se reduce al decomiso final de mercadería. Antes de llegar a galerías, ferias o comercios informales, existe una cadena que incluye pasos fronterizos sin control suficiente, centros de acopio, transporte local y redes de distribución. Para la industria formal, esa ruta termina convirtiéndose en competencia directa dentro del mercado peruano.

Un problema que cruza fronteras

El comercio ilícito tampoco funciona como un fenómeno local aislado. Sus rutas suelen involucrar pasos fronterizos, redes de distribución, diferencias tributarias entre países, informalidad logística y canales de venta cada vez más difíciles de rastrear.

Los resultados de la encuesta fueron presentados durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, realizado en Buenos Aires el 30 de junio y el 1 de julio. En la reunión participaron representantes empresariales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Durante el encuentro, los gremios suscribieron una declaración conjunta para pedir a las autoridades de sus países fortalecer la prevención, fiscalización y cooperación frente a las distintas modalidades de comercio ilícito. Como parte de esa agenda, la SNI asumió la presidencia pro tempore del consejo hasta enero de 2027, y Lima será sede del próximo encuentro regional.

Un petrolero de 182 metros de eslora, sin tripulación y bajo bandera de Nicaragua, quedó encallado frente a la playa de Manori, en el norte de Mumbai, después de que las tormentas del monzón rompieran la cadena de su ancla el 5 de julio, según reportó el medio 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el MT Al Jafzia no era un barco cualquiera: desde febrero de 2026, la justicia india lo investiga como pieza de una red internacional de contrabando de crudo iraní.

El encallamiento ocurrió en medio de vientos intensos y lluvias que dejaron sin visibilidad la costa occidental de India. La Guardia Costera desplegó los buques Samudra Prahari y Samrat para vigilar la zona, y solicitó a la Dirección General de Administración Marítima el remolcador de emergencia Water Lily para evaluar el casco y preparar las maniobras de reflotamiento. La escasa visibilidad impidió cualquier reconocimiento aéreo.

El origen del caso: tres barcos y una red de contrabando

El MT Al Jafzia no llegó solo a aguas indias. En febrero de 2026, la Guardia Costera interceptó tres petroleros —el propio Al Jafzia, el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby— acusados de operar una red de transferencias ilegales de betún y combustible de origen iraní en alta mar.

Según los investigadores, las tres embarcaciones apagaron deliberadamente sus sistemas automáticos de identificación (AIS) antes de realizar los traspasos entre barcos, una práctica habitual en operaciones diseñadas para eludir el rastreo satelital.

Las autoridades sostienen que esas maniobras violaron las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el comercio de hidrocarburos iraníes.

Tras la detención, los tres buques quedaron bajo custodia de la Policía de Yellow Gate en Mumbai, con cargos por presuntas infracciones a la Ley de Aduanas, la Ley del Petróleo, la Ley de Productos Básicos Esenciales y el nuevo Código Penal indio.

Lo que decidió el Tribunal Superior de Bombay

Los propietarios recurrieron al Tribunal Superior de Bombay para recuperar las embarcaciones. El tribunal autorizó en mayo el traslado del MT Al Jafzia al astillero de desguace de Alang, en Gujarat, pero rechazó la misma solicitud para el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby al considerar que ambos siguen siendo piezas activas de la investigación penal.

El Al Jafzia nunca llegó a Alang. El monzón lo alcanzó primero.

Durante el temporal del 5 de julio, el MT Stellar Ruby también comenzó a derivar desde su fondeo frente a Madh. A diferencia del Al Jafzia, ese barco no llegó a encallar y permanece bajo vigilancia constante.

La bandera nicaragüense y la “flota fantasma”

El incidente reactivó un debate que excede las costas indias. El economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro publicó en X que el uso de pabellón nicaragüense por parte del Al Jafzia demuestra la incorporación del régimen de Daniel Ortega a lo que denominó la “flota fantasma” petrolera.

“Ortega ahora vende bandera nica y se suma a flota fantasma petrolera”, escribió Chamorro, y añadió: “Evidencia de las conexiones de Ortega con Putin para evadir sanciones”.

El barco, construido en 1999 bajo el nombre Camila Maersk, habría llegado a aguas indias procedente de Yemen antes de su intercepción.

El contexto regional le da peso a esa acusación. Según estimaciones de S&P Global de 2025, la flota fantasma global supera los mil petroleros y representa entre el 17% y el 18,5% de la capacidad mundial de transporte de crudo.

Varios países de registro pequeño —con escasa capacidad de fiscalización— han sido señalados por organismos internacionales como proveedores de banderas de conveniencia para buques vinculados a Rusia e Irán.

El Gobierno de Nicaragua no ha emitido ninguna respuesta a los señalamientos de Chamorro ni ha comentado el encallamiento frente a Mumbai.

Las investigaciones sobre una presunta red internacional de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México incorporaron el testimonio de Luis Rivera, un colaborador de la justicia estadounidense que describió el supuesto mecanismo utilizado para mover hidrocarburos de un lado a otro de la frontera mediante importaciones irregulares, documentación presuntamente alterada y maniobras para evadir impuestos.

La declaración forma parte del proceso que las autoridades estadounidenses siguen contra integrantes de la familia Jensen, señalados por su presunta participación en operaciones de tráfico de combustibles. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, Rivera explicó cómo funcionaba la red y el papel que desempeñaban empresas de transporte y logística para introducir combustible a México.

El caso se centra en el llamado huachicol fiscal, modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas. En este esquema, las investigaciones apuntan al uso de operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza de los hidrocarburos y reducir el pago de impuestos durante su importación.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación de El País, Rivera aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles. En su testimonio describió una estructura que coordinaba empresas de transporte y logística para trasladar hidrocarburos desde Texas hacia distintos puntos de México.

Según su versión, parte del combustible tenía origen en hidrocarburos robados previamente en territorio mexicano. Posteriormente era exportado a Estados Unidos y reingresado al país mediante operaciones comerciales en las que la mercancía era declarada con una clasificación distinta a su contenido real, una práctica que presuntamente permitía evadir impuestos y superar controles aduaneros.

La investigación también refiere que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas ubicadas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.

¿Quiénes son los Jensen?

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales señalados a integrantes de la familia Jensen, investigados por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Según El País, la investigación busca determinar el papel que desempeñaron empresas y operadores vinculados con esa familia dentro de una red que habría movilizado hidrocarburos entre ambos países mediante operaciones comerciales presuntamente irregulares.

Hasta ahora, el proceso continúa abierto y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que el medio digital Código Magenta publicó una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.

Hasta el momento, esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas. Tampoco se han presentado imputaciones o sentencias derivadas de esas publicaciones.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de combustibles que difiere del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. En lugar de extraer gasolina o diésel de ductos, el esquema consiste en introducir combustible al país mediante operaciones de importación fraudulentas.

Las investigaciones sobre este tipo de redes señalan prácticas como declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los cargamentos, utilizar documentación presuntamente alterada o recurrir a empresas intermediarias para reducir el pago de impuestos y dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico por la evasión fiscal, especialistas han advertido que estas operaciones pueden facilitar la participación de organizaciones criminales en la cadena de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, lo que convierte al huachicol fiscal en un fenómeno distinto y más complejo que el robo tradicional de gasolina.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Medardo Alfredo R. G. por contrabando de mercadería, a partir de una intervención policial del 31 de mayo de 2025, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

El tribunal dispuso que el imputado continúe con medidas sustitutivas a la detención: prohibición de salir del país y obligación de presentarse una vez al mes ante el Tribunal de Sentencia que conocerá el proceso.

De acuerdo con la acusación, Medardo Alfredo conducía un vehículo particular cuando fue detenido en un control vehicular en el kilómetro 94½ de la carretera desde la frontera San Cristóbal (que conecta El Salvador con Guatemala) hacia Santa Ana.

¿Qué encontró la Policía en la inspección?

En la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil hallaron tres cajas con productos de carácter erótico que no habían sido declarados para el pago de tributos.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de la presunta defraudación a la hacienda pública asciende a USD 2.156,41, constata el reporte judicial.

En El Salvador, el contrabando de mercaderías es un delito de carácter penal y tributario castigado con 6 a 8 años de prisión, además de sanciones económicas, decomiso de bienes y restricciones operativas, bajo la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LEPSIA), una norma que también define como conducta punible el ingreso o salida de productos por pasos no habilitados, la evasión del control aduanero y la comercialización de mercadería extranjera sin respaldo legal de importación.

La ley no limita la respuesta del Estado a la cárcel. También obliga al infractor a responder con su patrimonio por todo lo defraudado al fisco, prevé multas ligadas a la evasión de impuestos del comercio exterior y ordena la incautación inmediata de toda la mercadería involucrada.

Según la LEPSIA, la pena de prisión alcanza tanto a los autores del contrabando como a los coautores. La investigación también puede extenderse a cómplices o encubridores, conforme a las reglas del Código Penal. Ese marco responde de forma directa a una pregunta central: qué castigo recibe quien comete contrabando en El Salvador. La respuesta es doble: una condena de 6 a 8 años de cárcel y una afectación patrimonial que incluye el cobro de lo defraudado, multas tributarias y la pérdida de la mercadería.

La mercadería incautada queda bajo custodia del Estado durante el proceso

La norma dispone que toda mercadería objeto de contrabando sea decomisada de inmediato. También prohíbe que los jueces la entreguen en depósito al imputado o a terceros mientras el proceso siga abierto.

Los bienes quedan bajo custodia estatal y, según el caso, pueden ser subastados o destruidos. La medida busca impedir que el imputado conserve control material sobre los productos mientras se resuelve su situación judicial.

La definición legal del delito, contenida en el artículo 15 de la LEPSIA, incluye varias conductas específicas. Entre ellas figuran introducir o extraer mercancías del país al margen de la intervención aduanera, cruzar por pasos ciegos, ocultar la naturaleza real del producto mediante declaraciones falsas y vender mercadería extranjera sin el formulario aduanero que pruebe su importación legal.

El fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, solicitó la pena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel. El planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando: dos años y seis meses.

En su exposición, Villalba sentenció: “Concluido el debate oral y público, para el ministerio fiscal ha quedado demostrada la existencia del tipo penal de contrabando en grado de tentativa, conforme a lo previsto en el artículo 326, inciso B”, del Código Aduanero de Paraguay.

El apartado en cuestión tipifica el delito y la particularidad de que se realice “el ingreso o egreso de mercaderías sea o no por zona primaria en compartimiento secreto o de doble fondo o en forma tal que escape a la revisión normal de la aduana”. Para las autoridades del vecino país, el dinero en efectivo también se considera mercadería. Cuestionar esta equivalencia es uno de los puntales de la defensa de Kueider y de su pareja.

Luego, subrayó algunos ítems para solicitar la condena y citó la forma en que se concretó el hecho investigado. Entre ellos, enumeró que se intentó utilizar el horario nocturno para ingresar el dinero. Además, marcó el “alto valor” de las divisas que transportaban en el vehículo “sin cumplir con la declaración prevista” para el traslado de más de USD 10 mil.

Villalba sostuvo que el exsenador argentino y su pareja “violaron reglas administrativas y el código aduanero” del Paraguay.

Más adelante, recordó que el dinero “forma parte del catálogo de hechos punibles. Es un precedente para el lavado de activos”. Y que, de ingresar estas grandes sumas de dinero a territorio paraguayo, causaría “un grave daño a nuestro sistema jurídico”. Esto se debe a que se esquivaría la “trazabilidad (de los fondos) violando normas internacionales” para evitar el lavado de dinero.

El Fiscal también hizo zoom en la conducta del exsenador y Guinsel tras haberse detectado la maniobra ilícita. Lo consideró una “contra” para la situación de los acusados. Es que, sostuvo, ninguno de los dos “ha mostrado ni un mínimo de arrepentimiento”. Y en este sentido, amplió: “Si bien tienen el derecho a no declarar, no han pedido disculpas a los paraguayos por las acciones cometidas”.

Cuáles fueron los argumentos defensivos

Tras el planteo acusatorio, el Tribunal especializado en delitos económicos dio la palabra a los defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, que representan a Kueider y Guinsel. La defensa solicitó la absolución de ambos. El argumento esgrimido fue que la Fiscalía no logró probar el hecho y que la acusación se basó en “analogías y en estirar interpretaciones que no están cubiertas” por la legislación. La referencia fue a la valoración de que el dinero puede considerarse, también, una mercancía.

Tras las presentaciones de las partes, el Tribunal integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, convocó a una nueva jornada. Será el próximo lunes 13 a partir de las 9.30. En esa oportunidad, habrá réplica de Fiscalía a la defensa y, a la inversa, dúplica de los abogados de Kueider a la acusación pública. Ese día, el Tribunal podría dar la sentencia en el caso. La audiencia de este lunes se realizó en la sala 9 del 6° piso de la Torre Norte del Palacio de Tribunales. Comenzó a las 10 de la mañana de este lunes y se estiró durante más de una hora.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer desde Foz do Iguazú a Ciudad del Este. En una mochila que estaba en el asiento trasero se encontraron 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes que no habían sido declarados.

Qué se le viene al exsenador entrerriano

El juicio por tentativa de contrabando no es el único problema judicial que tienen Kueider y Guinsel.

La Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Así, los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay y la Fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

Un operativo simultáneo realizado en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, derivó en el decomiso de 7.5 millones de unidades de medicamentos ilegales, cuyo valor supera los 112.5 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 1.9 millones). Esta cifra evidencia la magnitud de la operación y el impacto económico de este tipo de actividades ilegales.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público, lideró cuatro allanamientos simultáneos en la zona. La información fue confirmada este viernes por DIGEMAPS en un comunicado oficial.

Según detalló la DIGEMAPS, el operativo permitió medicamentos vencidos, mutilados, de contrabando, muestras médicas y productos sin registro sanitario. Estas acciones forman parte de la estrategia articulada por la Mesa de Ilícito, instancia interinstitucional integrada, que busca frenar el comercio ilícito y la falsificación de productos regulados en el país.

Autoridades intensifican operativos para combatir la venta de medicamentos ilegales

El decomiso se realizó durante procedimientos en los que se incautaron 99 fundas plásticas de 55 galones y una caja de cartón, todas repletas de medicamentos ilegales.

El equipo técnico de la DIGEMAPS prestó apoyo directo en los operativos e intervino en el cierre de los establecimientos inspeccionados. Los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la magistrada Cristina Ortiz.

“Nuestro equipo técnico brindó apoyo directo en los operativos y procedimos al cierre de los establecimientos intervenidos, mientras los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la Magistrada Cristina Ortiz”, según el informe oficial difundido por DIGEMAPS.

Las autoridades explicaron que los medicamentos decomisados incluían productos vencidos, alterados, de contrabando, muestras médicas y fármacos sin registro sanitario. El operativo responde a lo dispuesto por la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Estas leyes facultan a las instituciones involucradas a actuar en la protección de la salud pública y en el combate a la circulación de productos no autorizados.

La DIGEMAPS enfatizó que continuará con la vigilancia y supervisión de farmacias, almacenes y establecimientos para prevenir la distribución de fármacos ilegales y proteger la salud de la población. “La DIGEMAPS sigue firme en el cumplimiento de la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, protegiendo la salud de todas y todos los dominicanos”, sostuvo la institución.

El Ministerio Público mantiene bajo investigación los establecimientos intervenidos y definirá las responsabilidades legales correspondientes. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre detenciones relacionadas con estos hechos, aunque confirmaron que el proceso legal continuará conforme a las normativas vigentes.

Autoridades reiteraron su compromiso con la defensa de la salud pública y anunciaron que seguirán ejecutando operativos similares en todo el territorio nacional. La institución advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de medicamentos no regulados y llamó a denunciar cualquier venta irregular.

La Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, fue el escenario de la última audiencia de presentación de prueba en el juicio que se le sigue al exlegislador nacional entrerriano. Él y su pareja y exsecretaria están acusados de contrabando en grado de tentativa. La pena en expectativa es de dos años y medio.

Los últimos elementos probatorios fueron provistos por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel. El Tribunal especializado en delitos económicos cerró la jornada indicando que el próximo lunes 6, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Ysrael Villalba deberá realizar su alegato de clausura. En esta instancia, la acusación pública tendrá que hacer una lectura de la prueba según su teoría del caso y solicitar la condena.

Cómo sigue el juicio

El Tribunal que juzga a Kueider está integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Según adelantaron a Infobae fuentes con acceso al proceso, tanto Kueider como Guinsel volvieron a negarse a declarar. Por el momento en el que se encuentra el juicio, ahora solo les quedará la instancia de las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar la sentencia.

Si el lunes hay tiempo podría darse paso a que la defensa realice su alegato. En esta etapa, los abogados de los imputados intentarán rebatir los argumentos de la acusación pública. Además, será su chance para hacer una relectura de la prueba y plantar su propia hipótesis de qué ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando el exsenador nacional y su pareja fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

Al momento en que la defensa concluya, el fiscal Villalba podrá pedir una réplica al Tribunal y rebatir algunos puntos de lo que plantearon. La misma instancia, llamada dúplica, le corresponderá a los abogados de Kueider y Guinsel luego de que la Fiscalía cierre su respuesta.

Será el último paso y llegará el desenlace. Los jueces fijarán en ese momento el día en el que darán a conocer el veredicto y se retirarán a debatir el fallo.

Cómo llegó Kueider al juicio

Las audiencias contra el exsenador nacional por Entre Ríos y su pareja comenzaron el 9 de junio pasado. Antes hubo tres postergaciones que dilataron el inicio desde noviembre del año 2025 a mitad del período en curso.

Kueider y Guinsel llegaron a esta instancia con arresto domiciliario. Quedaron detenidos horas después de ser encontrados in fraganti en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Intentó ingresar a Ciudad del Este con una mochila con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese hecho fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Que el ilícito no se haya concretado redujo la pena en expectativa de 5 años a dos y medio. En caso de ser condenados, el año y seis meses que llevan detenidos en distintos departamentos de lujo de Asunción será sopesado.

Cuando este juicio entraba en la recta final, Kueider y Guinsel recibieron dos malas noticias.

Por un lado, la Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay. La fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

En un operativo realizado en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad capital, las autoridades panameñas incautaron 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas “feeling” presuntamente destinadas al tráfico ilegal, con un valor estimado de $165 mil en el mercado clandestino.

La acción, coordinada por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, forma parte de una estrategia para combatir el contrabando y las redes del crimen organizado en el país.

El procedimiento, desarrollado en uno de los sectores más transitados de la capital panameña, tuvo como objetivo ubicar y asegurar mercancía ingresada de manera irregular al territorio nacional.

Según detalló la Policía Nacional, la intervención se efectuó en el marco de un plan de acciones operativas y preventivas frente al aumento de delitos que afectan tanto la salud pública como la economía formal.

Durante la diligencia, los agentes confiscaron cajas con cigarrillos de varias marcas internacionales y hojas “feeling”, utilizadas para armar cigarrillos artesanales.

Las autoridades estiman que este tipo de productos, al no cumplir con los controles sanitarios ni fiscales, representan un riesgo para los consumidores y contribuyen al fortalecimiento de estructuras criminales dedicadas al contrabando en la región.

El decomiso se realizó gracias a labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar el punto de acopio de la mercancía.

De acuerdo con información proporcionada por la entidad de seguridad nacional, la colaboración entre instituciones resultó fundamental para ejecutar la operación sin incidentes y asegurar la evidencia.

La mercancía quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas, que inició los trámites correspondientes para la investigación del origen y destino de los productos.

Voceros de la entidad indicaron que las pesquisas buscan determinar la procedencia exacta de los cigarrillos y si existen vínculos con redes transnacionales de contrabando.

En declaraciones recogidas por medios locales, representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de mantener la vigilancia sobre los puntos estratégicos de la ciudad, donde suelen detectarse movimientos irregulares de mercancía.

“Estos operativos son esenciales para frenar la entrada de productos ilícitos que atentan contra la salud de la población y afectan la economía nacional”, aseguraron fuentes judiciales.

El mercado clandestino de cigarrillos, de acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, genera pérdidas millonarias al fisco cada año y constituye uno de los principales desafíos en materia de control aduanero.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y los operativos de sorpresa en zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de desarticular las rutas de distribución del contrabando.

Además del decomiso, la Policía informó que mantiene acciones permanentes para prevenir el ingreso y la comercialización de productos ilegales en todo el territorio panameño.

Estas actividades incluyen campañas de concientización dirigidas a comerciantes y consumidores, así como la cooperación con organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando de cigarrillos y otros productos sujetos a regulación estatal.

Según la institución, la participación ciudadana resulta clave para identificar nuevas modalidades de tráfico y fortalecer la respuesta institucional.

El caso de Calidonia se suma a una serie de operaciones recientes que evidencian la persistencia del contrabando en el país.

En lo que va del año, las autoridades han reportado varios decomisos de mercancía ilícita en distintos puntos de Panamá, reforzando su compromiso de enfrentar este fenómeno en coordinación con todas las instancias del Estado.

Durante los últimos años, la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana ha intensificado los controles en puertos y aeropuertos, lo que ha resultado en decomisos de productos prohibidos y animales exóticos.

Entre los hallazgos más frecuentes se encuentran cigarrillos, armas de fuego, artículos tecnológicos y mercancías que no cumplen con los controles sanitarios necesarios.

Según informó Diario Libre, las autoridades han enfrentado una tendencia creciente de intentos de ingreso de mercancías ilegales que podrían poner en riesgo la salud y la seguridad de la población.

La DGA ha señalado que, en ocasiones anteriores, se identificaron casos como el de un pasajero que transportaba tarántulas y el decomiso de caballitos de mar disecados, hallados en cargamentos marítimos con destino a la nación.

Estos hallazgos relacionados con la vida silvestre, aunque llamativos, no son los más recurrentes en comparación con otras incautaciones. La mayoría corresponde a productos de consumo masivo, medicamentos, vehículos, productos de origen animal, vegetal, bebidas alcohólicas y electrodomésticos.

Uno de los casos más inusuales reportados por la DGA en los últimos años fue la detección de 23 armas de fuego, 18 cargadores de fusil y 19 rifles de alto calibre dentro de un contenedor en tránsito hacia Haití.

Este tipo de incautaciones genera un alto nivel de alerta, debido a su posible vinculación con el crimen organizado y operaciones de lavado de activos. Las autoridades subrayan que la detección de narcóticos, divisas y armas implica un riesgo considerable para la seguridad nacional.

Los operativos recientes han permitido la retención de cargamentos de más de 56 mil perfumes y decenas de miles de productos vinculados a la moda y la tecnología.

Además, se han confiscado más de 154 mil aparatos electrónicos y 734 mil accesorios de celulares solo en el año 2026. Estas cifras evidencian un aumento en el tráfico de mercancías no tradicionales, impulsado por el auge de las compras en línea y la paquetería internacional.

El reporte de la DGA también menciona la incautación de productos asociados al entretenimiento, juguetes, maquillaje, artículos escolares y del hogar, muchos de ellos comercializados a través de plataformas digitales. Destacan las confecciones y calzados con infracciones marcarias, en algunos casos con cargamentos que superan las 12 mil piezas de vestir en una sola operación, además de decenas de miles de pares de calzado y accesorios del sector moda.

La tendencia al alza en la cantidad de productos decomisados se refleja en el crecimiento sostenido entre 2020 y 2026, periodo en el que las unidades retenidas pasaron de cientos de miles a más de 7 millones.

La DGA atribuye este fenómeno al incremento del comercio electrónico, la importación masiva de productos de bajo costo y el uso indebido de signos distintivos para la comercialización de mercancía falsificada.

La entidad identificó a Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Guyana, Perú, México y Colombia como los principales países de origen de las cargas ilícitas. Las pérdidas económicas para el Estado dominicano derivan principalmente de productos con alta carga tributaria, como cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles, cuya comercialización ilegal implica una considerable evasión fiscal.

En uno de los operativos, las autoridades descubrieron accesorios para celulares que aparentaban ser productos genéricos, pero que ocultaban marcas falsificadas mediante stickers adheridos. Al remover los adhesivos, se confirmó la infracción marcaria, lo que llevó a la retención de la carga.

Este método ilustra las estrategias que adoptan las redes dedicadas al contrabando para sortear los controles aduaneros, sobre todo en el comercio electrónico.

Para fortalecer los controles, la DGA emplea escáneres de alta densidad y herramientas de gestión de riesgos, lo que ha facilitado la detección de armas, cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos ocultos en contenedores o no manifestados en la carga aérea. La institución mantiene esfuerzos constantes para identificar y detener las mercancías con mayor nivel de amenaza o impacto en la economía y la salud pública.

La situación procesal de Edgardo Kueider sumó un nuevo revés en la Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó que el exsenador nacional por Entre Ríos quedará inmediatamente detenido una vez que las autoridades de Paraguay - donde se encuentra enfrentando un juicio por contrabando - autoricen su traslado de regreso al territorio nacional.

Así el tribunal de apelaciones rechazó el pedido de exención de prisión presentado por la defensa del exlegislador. El mismo temperamento tomaron con Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria de Kueider.

De este modo, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández confirmaron la resolución de primera instancia dictada por el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que ya había denegado la posibilidad de que el imputado transite el proceso en libertad.

Una vez que vuelva a la Argentina, a Kueider lo espera en los tribunales federales de San Isidro una acusación por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

Edgardo Kueider fue senador nacional por Entre Ríos hasta diciembre de 2024, cuando fue expulsado de la Cámara Alta tras su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este.

Su nombre se instaló en la agenda pública a partir de la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fue detenido por personal de la Armada, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Paraguay en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú (Brasil).

En ese punto fronterizo, personal de la Armada y agentes aduaneros interceptaron el vehículo en el que viajaban el entonces legislador nacional y su acompañante. Llevaban en una mochila 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes que no habían sido declarados.

Al omitir el trámite obligatorio de registro de divisas, la fiscalía paraguaya inició de inmediato actuaciones bajo el cargo de tentativa de contrabando, al considerar que los billetes representan instrumentos de valor monetario que intentaron ocultarse.

Por este hecho, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción inició formalmente el juicio oral la semana pasada. Durante la primera audiencia del debate, Kueider y Guinsel Costa se negaron a declarar, aunque sus defensores adelantaron que hablarán ante los magistrados en instancias posteriores del juicio.

Nuevas imputaciones por lavado de dinero

A la par del juicio por contrabando, la Fiscalía de Paraguay avanzó con una segunda línea de investigación que complicó aún más la situación del exsenador y su pareja.

Recientemente, la Justicia de ese país imputó a Kueider y a Guinsel Costa por el delito de lavado de activos, al detectar maniobras financieras sospechosas destinadas a introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito comercial legal.

La acusación fiscal sostiene que los imputados utilizaron una empresa de fachada denominada Golsur S.A. para canalizar los recursos y ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos. A través de esta estructura, la pareja adquirió seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en un edificio residencial ubicado en el exclusivo proyecto Innova Las Mercedes, en Asunción.

De acuerdo con la investigación, Guinsel Costa realizó millonarios desembolsos en efectivo entre abril y julio de 2024 para concretar la compra de los inmuebles por un valor total de 460.379 dólares.

Ante estos indicios, el juez penal de garantías paraguayo Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de todas las propiedades y dictó la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes para asegurar su eventual decomiso. Junto a la pareja también están imputados dos presuntos cómplices: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.

La Fuerza Pública interceptó y decomisó 1.600 kilogramos de pollo presuntamente ingresado de forma irregular desde Panamá durante un control de carretera en el cantón de Coto Brus, según informó este sábado 27 de junio el Ministerio de Seguridad a medios locales. El cargamento era transportado en un camión conducido por un hombre de apellido Rodríguez.

El cargamento no contaba con documentación que acreditara el origen legal de la carne ni el pago de impuestos. Los oficiales hallaron múltiples cajas rotuladas como “caja panameña” y detectaron el incumplimiento de disposiciones sanitarias.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) coordinó el decomiso del producto en Sabanillas de Limoncito. La carne carecía de registros de trazabilidad y respaldo sanitario, por lo que las autoridades consideraron que representaba un riesgo para los consumidores. Diario Extra señaló que el valor en el mercado nacional se estimó en más de cinco millones de colones.

Otro decomiso en San José

En un operativo aparte en el Barrio Chino de San José, SENASA decomisó más de una tonelada de carne de distintos animales, entre ellos pollo y pato, además de 3.000 huevos sin respaldo sanitario, reportó CR Hoy.

Según ese medio, las principales razones fueron la falta de etiquetado, las etiquetas en otros idiomas y la ausencia de claridad sobre la procedencia. Por eso, los productos fueron considerados un riesgo para la salud pública por la posible introducción de enfermedades como la influenza aviar.

Situación judicial del conductor

Tras el operativo en Coto Brus, la Fiscalía de Coto Brus dispuso que el conductor sea procesado judicialmente.

Rodríguez fue notificado para presentarse la próxima semana ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, donde se definirá su situación legal.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó en mayo que investigaba un brote de enfermedad transmitida por alimentos con nexo preliminar con un comercio de Ciudad Colón de Mora. La cartera reportó32 casosvinculados,12 positivos por salmonella y un fallecimiento en análisis para determinar si se relaciona con el episodio. Un adulto mayor falleció por esta causa.

De acuerdo con una publicación de La Nación, el local investigado correspondía a un comercio de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora. El medio indicó que se ordenó el cierre temporal mediante una medida sanitaria mientras continúan las indagaciones y se verifica el cumplimiento de acciones correctivas.

Para entonces, en la inspección se detectaron “inconsistencias” vinculadas con limpieza y desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos. También consignó que las muestras de alimentos siguen bajo análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y que, con apoyo de SENASA, se revisan aspectos de trazabilidad y manejo de productos cárnicos asociados al establecimiento.

Mientras avanzaba la investigación oficial, se publicaron en redes sociales testimonios de personas que afirmaron haber presentado diarrea, vómitos y malestares estomacales tras consumir alimentos en el local, según CR Hoy. El medio indicó que varios usuarios describieron cuadros con fiebre y dolor abdominal.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no habían divulgado el contenido oficial en su portal oficial ni en sus redes sociales.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció nuevas medidas para fortalecer el control económico y fiscal del país. La mandataria resaltó que Costa Rica mantiene el primer lugar de la OCDE en control de inflación y crecimiento de exportaciones, e informó sobre una estrategia integral para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Según datos presentados por Fernández durante su conferencia de presa semanal, el país registra una deflación de -1,6 % a abril de este año, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) experimenta un aumento del 4,4 %. En el rubro de alimentos, Costa Rica muestra una inflación alimentaria de -3,9 %, en contraste con el 4 % de la OCDE, de acuerdo con el índice de precios al consumidor más reciente.

La mandataria también celebró el desempeño del sector exportador. De enero a mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron 9,535 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025. “Este crecimiento se sigue traduciendo en bienestar para todas las regiones de Costa Rica. Cada vez que una empresa exporta, posiciona al país y genera nuevas oportunidades”, afirmó Fernández.

Entre los productos más destacados en las exportaciones se encuentran equipo médico y de precisión, junto con el sector agrícola y la industria alimentaria. La presidenta subrayó además el reconocimiento internacional recibido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), premiado como la entidad favorita de Centroamérica y Sudamérica por Baxter Media, así como el galardón Women Inspira otorgado por el medio español La Razón.

En materia de seguridad fiscal, Fernández advirtió sobre el impacto negativo del contrabando y la evasión en las finanzas nacionales. De acuerdo con las cifras oficiales, el contrabando de tabaco representa cerca del 55 % del mercado local y el de licores alcanza porcentajes similares. El monto estimado por evasión y contrabando equivale al 5.66 % del Producto Interno Bruto, lo que supone más de 2.6 billones de colones desviados de recursos públicos.

La presidenta remarcó que “Costa Rica no necesita más impuestos, sino que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos”. Anunció reformas legales para endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de inspección, como la incorporación de tecnologías de detección desarrolladas en Israel y la designación de una nueva directora para la Policía de Control Fiscal.

Fernández reiteró la importancia de la eficiencia en la recaudación y el gasto público. “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses”, sostuvo durante la conferencia. Además, enfatizó que el Ejecutivo solicitará recortes presupuestarios a todos los poderes del Estado y promoverá un uso más racional de los fondos asignados.

En el ámbito productivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el registro de tres nuevas moléculas para el control de plagas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agrícola y resguardar la seguridad alimentaria. Entre los avances, se destaca la aprobación de un fungicida para el manejo de la sigatoka en banano y un insecticida de nueva generación para cultivos menores como berenjena y chile.

La presidenta Laura Fernández Delgado concluyó su intervención semanal llamando a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de leyes clave para combatir la criminalidad y la evasión, y reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos.

El control del gasto público se consolidó como una directriz central de la administración de Laura Fernández en Costa Rica. La presidenta ordenó a todas las instituciones estatales ajustar sus presupuestos y, en paralelo, el Gobierno anunció controles y sanciones contra el contrabando y la evasión fiscal, que según datos oficiales equivalen al 5.66% del PIB.

“Aquí la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada. Y le vamos a pedir a todas las instituciones, empezando por las de la casa, las del Gobierno, pero también a todos los poderes del Estado, que se soquen la faja, que no vamos a permitir despilfarro de recursos”, advirtió Fernández durante su conferencia semanal de este miércoles.

Las medidas de austeridad se combinan con una ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal. Según datos oficiales, el país deja de percibir 2.6 billones de colones que no llegan a las arcas estatales. La mandataria fue tajante: “Evadir impuestos tiene una única palabra. Robar”, acotó.

Reformas, controles y sanciones

El Ejecutivo anunció reformas para endurecer las sanciones contra quienes participen en redes de contrabando o fomenten la evasión. “Hoy estamos también planteando reformas para poder tener sanciones mucho más graves contra todos estos evasores y quienes fomentan o participan de toda esta cadena de contrabando”, comunicó la mandataria, acompañada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

La ofensiva incluye operativos en comercios, como los outlets, donde el Ministerio de Economía detectó irregularidades en todos los locales inspeccionados. Veinticuatro negocios de San José, Heredia, Alajuela y Cartago deberán corregir incumplimientos en precios, garantías y etiquetado, o enfrentar multas de hasta 18 millones de colones, advirtió.

Las autoridades remarcaron: “Que el precio que se muestra en la etiqueta sea el que usted paga finalmente en la caja, que la calidad que usted compra sea la óptima”.

El peso del contrabando y la evasión

Las autoridades consideran que el contrabando y la evasión ya no son acciones aisladas, sino el resultado de “redes criminales” que mueven grandes sumas y financian otros delitos. El ministro de Hacienda ilustró la magnitud del problema: “En cigarrillos tenemos casi un 55% del mercado con producto de contrabando. En licores también tenemos una cantidad muy significativa”, dijo por su parte el ministro de Hacienda.

Las tácticas detectadas incluyen manipulación de facturas, subfacturación, ocultamiento de mercancías y declaraciones falsas sobre valores de importación. El caso de las consolas de videojuegos muestra cómo la evasión del impuesto selectivo al consumo, cercano al 30%, distorsiona las cifras oficiales de importación frente al consumo real.

Fernández subrayó las consecuencias para quienes cumplen con la ley: “El empresario que cumple compite en desventaja. El trabajador que paga impuestos termina financiando al que no lo hace. Y el ciudadano honesto es quien termina perdiendo”.

También insistió en que el país no requiere nuevos tributos, sino el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Tecnología y advertencias del Gobierno

Para combatir el contrabando, el Gobierno implementará tecnologías desarrolladas por el Mossad de Israel. El ministro de Hacienda se refirió a la magnitud del fenómeno: “No voy a revelar más detalles, señora presidente, nada más decirle que en un país donde el 50% de los cigarros que se fuma la gente son contrabandeados, el 50 % o más del whisky, de los licores que se toman los costarricenses, son contrabandeados. Eso hay que cambiarlo”.

Fernández lanzó una advertencia directa: “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses. Y en este gobierno vamos por ellos”. El titular de Hacienda reforzó esa postura: “Evasores, doña Laura va por ustedes y yo voy a ayudarle a ella con todo”, añadió.

La presidenta también vinculó el contrabando con el perjuicio a pequeños comerciantes: “El contrabando ha quebrado a comerciantes en este país. Hay gente que ha puesto todo su capital, todo su patrimonio para tener una empresita y se la ha quebrado el contrabando. Se la ha quebrado porque compiten burro amarrado contra tigre suelto y no se vale. Así que como muy bien indica don Rodrigo, vamos por ustedes. Quien roba impuestos es un ladrón, porque le roba recursos al presupuesto nacional, que es de todos los costarricenses, y no lo vamos a tolerar”, advirtió la presidenta Fernández.

El Salvador anunció realizó la primera destrucción del año de cigarrillos decomisados, con un cargamento que supera las 22.5 toneladas y representa más de USD 6.6 millones en impuestos y multas no percibidos por el Estado.

Así lo anunció este martes el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, quien presentó los resultados junto al ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, y al director de la Dirección General de Aduanas, Benjamín Mayorga Osorio.

Durante la presentación, las autoridades informaron que este cargamento será trasladado a Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una planta de gestión de desechos industriales se encargará del proceso de destrucción, garantizando el manejo adecuado para la protección del medio ambiente.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de la primera destrucción de cigarrillos incautados en lo que va de 2026, resultado de una política coordinada entre distintas instituciones estatales.

El ministro Villatoro subrayó la importancia de la labor conjunta realizada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la Fiscalía General de la República (FGR), la División Antinarcóticos de la PNC y la Dirección General de Aduanas.

“Esta destrucción de más de 22 toneladas de cigarrillos no es más que el reflejo de una política firme y valiente impulsada por el presidente Nayib Bukele, no solo en materia de seguridad, sino también en la lucha contra el contrabando”, expresó Villatoro, de acuerdo con datos de la PNC.

El valor del cargamento decomisado equivale a más de USD 6 millones en concepto de impuestos, almacenaje y multas que el Estado dejó de percibir. Además, el ministro de Seguridad Pública y Justicia informó que, en lo que va del año, se han registrado 92 detenciones vinculadas al delito de contrabando en el país.

El Salvador refuerza la coordinación institucional y la tecnología en la lucha contra el contrabando

En su intervención, Villatoro rememoró que, al declarar la guerra a las bandas dedicadas al contrabando, El Salvador sufrió la pérdida de uno de sus miembros de la Fuerza Armada. A raíz de ese hecho, las autoridades reforzaron la coordinación entre Aduanas, la Fiscalía General de la República, el ejército y las divisiones especializadas de la PNC. “Hemos creado toda una fuerza de tarea entre Aduana, Fiscalía General de la República, el Ejército con su Comando Sumpul, nuestras Divisiones de Fronteras y Narcóticos”, mencionó Villatoro.

El titular de Seguridad Pública recalcó el avance tecnológico logrado por El Salvador en la lucha contra el contrabando. “Somos el país de América Latina que más equipo de revisión no intrusiva tiene en el continente americano”, sostuvo el funcionario.

Villatoro aseguró que estos operativos han impactado tanto en la zona occidental, como central y oriental del país. “La cárcel los espera a todos estos contrabandistas”, sentenció el ministro, en referencia al endurecimiento de las acciones judiciales contra este delito.

“El negocio del contrabando poco a poco va a ir acabando, no hay puertas giratorias; en lo que va del año llevamos 92 detenciones por el delito de contrabando”, aseguró Villatoro. El funcionario añadió que la meta es transformar este fenómeno, que afecta tanto la salud de la población como las finanzas estatales.

Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir, ambos de nacionalidad francesa, serán extraditados hoy martes por la noche a Buenos Aires en en un viaje de Buquebus desde Montevideo, Uruguay, donde fueron arrestados el mes pasado. Un equipo de la Dirección General de Cooperación Internacional, el área de Interpol de la PFA los esposará y los trasladará, como marca el protocolo. La investigación de la Aduana, que devino en una causa a cargo del juez Marcelo Aguinsky, los señaló por una interesante jugada narco detectada en abril último.

Daoude y Belkocir, supuestamente, intentaron enviar tres encomiendas a su país, con paquetes destinados a Lyon y París. Esos paquetes, marcados bajo la modalidad courier, llevaban, según documentos oficiales, 37 kilos de cocaína.

La causa en contra de ambos sospechosos comenzó en abril, luego que un control de la Aduana en su terminal de Ezeiza detectara el primer paquete del caso. Estaba marcado como “azúcar”, sin duda un golpe de imaginación. El juez Aguinsky fue alertado de la maniobra y autorizó la apertura del paquete, con un expediente por el delito de tentativa de contrabando. Allí se encontraron once paquetes cubiertos en parafina para distraer las narices de los canes antinarco. Luego, se encontró un segundo envío, con más droga oculta en un compresor de aire.

Otros doce kilos marcados con la forma de un escorpión fueron hallados por la PSA en un departamento de Palermo que ambos sospechosos habían alquilado de forma temporal. La dueña del lugar los denunció; allí, se encontró una caja con la droga y dos rastreadores satelitales.

Daoude y Belkocir ya se habían ido del país para ese entonces. Su captura en Uruguay fue una historia curiosa.

Ambos cayeron a principios del mes pasado en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Aterrizaron, literalmente, en un avión de línea. Uno creería que dos presuntos narcos internacionales no se tomarían un vuelo comercial tan a la ligera, el vuelo de su fuga para colmo, mientras una investigación explotaba en su contra. Pero la realidad -como casi siempre- fue mucho más sencilla.

“Daoude y Belkocir tenían la captura a nivel nacional, pero la alerta roja de Interpol no había sido cargada todavía”, asegura una fuente de alta jerarquía ligada al caso: “En Carrasco, precisamente, terminaron frenados por un tema migratorio. Si estaba la alerta roja, entonces hubiese impactado de inmediato en su paso por una terminal”.

El hallazgo de las encomiendas permitió al Juzgado en lo Penal Económico N°6, a cargo de Aguinsky, montar una entrega controlada en París con un falso paquete. El procedimiento, realizado en colaboración con la PROCUNAR, terminó con un detenido.

La máquina de multiplicar billetes es obvia en el negocio del contrrabando de cocaína por correo, un fenómeno que se repite hace más de quince años en Argentina y que es monitoreado por la Aduana, la PROCUNAR y la Justicia en lo penal económico. El kilo que cuesta 12 mil dólares en el conurbano bonaerense -o casi 4 mil en Bolivia- se dispara a 40 mil en Francia.

Europa, por otra parte, es un destino medio. Los contrabandistas que operan en el país, con migrantes e indigentes como prestanombres para sus envíos, apuntan a China, Hong Kong y Australia. En Asia, un kilo puede superar los 130 mil dólares, un departamento de tres ambientes en Palermo. Estos envíos suelen ser mucho menores: rara vez superan los tres kilos según registros aduaneros. Daoude y Belkocir se distinguen del resto por las cantidades que supuestamente movían, un número de kilos que suele verse en contenedores, pero casi nunca en la modalidad courier. Que se hayan instalado en Buenos Aires para supuestamente supervisar la operación es al menos sugerente.

Descubrir quién aguarda estos envíos del otro lado del mundo es una histórica cuenta pendiente en la Justicia. En casos como éste, los indigentes y los prestanombres que viven bajo la línea de pobreza son reclutados por los operadores de estos traficantes para terminar condenados con penas bajas. La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos narco, por otro parte, llevó adelante otras cinco entregas controladas en lo que va del mes.

Al llegar a Buenos aires, ambos franceses serán entregados por la Federal a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez Aguinsky aguarda indagarlos por el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron adelante en nueve locales comerciales de la galería “La Juanita”, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, a metros de la avenida Rivadavia y frente a la Plaza Miserere, uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación fue impulsada por la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad porteño, luego de detectar actividades vinculadas a la venta mayorista de indumentaria importada que habría ingresado al territorio nacional sin cumplir con los controles y requisitos aduaneros correspondientes.

A partir de diversas tareas de inteligencia y relevamientos realizados en la zona, los investigadores lograron establecer que en los locales involucrados se comercializaban productos de origen extranjero que presuntamente habían sido introducidos al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero argentino.

Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada, ordenó la realización de los allanamientos simultáneos en los distintos comercios señalados.

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de dos grupos de contención para garantizar el normal desarrollo de las diligencias. Además, participaron verificadores de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes colaboraron en la identificación y fiscalización de la mercadería.

Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron más de 13.000 prendas de vestir de distintos tipos. Entre los artículos incautados se contabilizaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior. También fueron decomisados 250 pares de zapatillas que, según la investigación, habrían ingresado al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca combatir el contrabando y la competencia desleal en el mercado, además de proteger los mecanismos de control fiscal y aduanero. La mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados y el origen de los productos decomisados.

La causa permanece en trámite bajo la órbita de la Justicia en lo Penal Económico, mientras se profundizan las investigaciones para establecer posibles conexiones con redes de importación ilegal y distribución de mercadería de origen extranjero en distintos puntos del área metropolitana.

Contrabando desde Chile

Como antecedente, en abril de este año la Policía de la Ciudad desbarató una maniobra de comercialización de indumentaria importada de manera ilegal y secuestró mercadería valuada en más de 150 millones de pesos durante un allanamiento realizado en un comercio del barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Monroe al 2500, tras una investigación que se extendió durante dos meses y fue desarrollada por personal de la División Contravenciones y Faltas junto con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Las tareas incluyeron relevamientos presenciales y ciberpatrullajes sobre las redes sociales utilizadas por el comercio para promocionar sus productos.

La pesquisa permitió establecer que el local ofrecía ropa supuestamente usada, aunque en realidad comercializaba prendas nuevas de reconocidas marcas internacionales. Los investigadores detectaron que la mercadería era exhibida con sus etiquetas originales y que ingresaba al país principalmente desde Chile sin la documentación aduanera correspondiente.

Con intervención del Juzgado Penal Económico Nº 8, a cargo de Gustavo Meirovich, se ordenó el allanamiento del comercio. Durante el operativo, realizado con la participación de inspectores de ARCA, fueron secuestrados 137 fardos con prendas de vestir de origen extranjero, además de documentación, registros comerciales y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Las autoridades determinaron que los responsables del local no contaban con habilitación comercial, sistema de facturación ni certificados que acreditaran el ingreso legal de la mercadería al país. La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, mientras continuaban las investigaciones para determinar el alcance de la maniobra y la procedencia de los productos secuestrados.

El Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional Argentina incautó 1.276 kilogramos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo fluvial en el río Bermejo, en la provincia de Salta. La acción se desplegó en la confluencia del río Tarija, donde los efectivos detectaron al menos nueve embarcaciones artesanales, conocidas localmente como “jangadas”, cargadas con bultos de gran tamaño.

Los involucrados, al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la mercadería y se internaron en la espesura del monte, evitando su detención. Fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el procedimiento se realizó en el marco del Plan Güemes, destinado a reforzar el control sobre rutas fluviales utilizadas para el contrabando en la región norte del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo no permitió la aprehensión de sospechosos debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad. Según Informate Salta, la carga secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su pesaje y conteo, en presencia de testigos habilitados.

La mercadería incautada incluía dos marcas extranjeras distintas de cigarrillos y carecía de la documentación aduanera correspondiente. La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, además de iniciar las actuaciones procesales pertinentes.

El accionar de la Gendarmería Nacional Argentina se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el tráfico ilegal de productos en la frontera norte, donde el cruce fluvial y la utilización de embarcaciones improvisadas representan un desafío constante para las autoridades.

El procedimiento dejó en evidencia la magnitud del contrabando en la zona y el despliegue de recursos de las fuerzas federales para interceptar el ingreso irregular de mercaderías. Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este operativo y la investigación sigue a cargo de la fiscalía local.

Detectaron 700 kilos de hojas de coca en un micro

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina durante esta semana, permitió el secuestro de más de 700 kilos de hojas de coca. Los paquetes eran transportados en un micro que viajaba desde San Ramón de la Nueva Orán en Salta, hacia la localidad de Ingeniero Budge en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El procedimiento se concretó durante la noche del martes sobre la Ruta Provincial Nº92, en la provincia de Santiago del Estero, donde los efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha del vehículo, identificado como un transporte de “tour de compras”.

La inspección del micro reveló la presencia de 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del colectivo. La totalidad de la carga, cuyo peso alcanzó los 768 kilos, fue secuestrada en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los involucrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Tras identificar a los propietarios de la carga, los gendarmes corroboraron que se trataba de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, constatando que contenían hojas de coca en estado natural. Los cuatro propietarios fueron retirados del micro para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

El hallazgo refleja la persistencia del tráfico de hojas de coca en el país y la utilización de diferentes rutas y modalidades para su traslado, incluyendo el transporte de pasajeros. Las autoridades federales remarcaron la importancia de los controles preventivos en rutas nacionales y provinciales para impedir el ingreso y circulación de mercadería sin el aval aduanero exigido por la ley.

En el marco de una investigación encabezada por la Dirección General de Aduanas, autoridades lograron desarticular una maniobra de contrabando de vehículos de alta gama valuados en más de 4 millones de dólares. Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyeron 22 allanamientos simultáneos y permitieron el secuestro de cuatro automóviles exclusivos.

El caso comenzó a partir de tareas de fiscalización de agentes especializados de la Aduana. Durante esas inspecciones, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación de varios vehículos. Los autos, de reciente fabricación y alto valor comercial, circulaban con chapas patente correspondientes a unidades con más de seis décadas de antigüedad. Esta anomalía resultó llamativa y motivó el inicio de una investigación formal.

Los investigadores reconstruyeron una maniobra destinada a eludir la prohibición de nacionalizar automóviles usados, establecida por el Decreto 11/99. Según las actuaciones judiciales, los vehículos de alta gama ingresaron en el país de modo irregular. Una vez en territorio argentino, circularon empleando dominios pertenecientes a autos importados bajo el Régimen de Vehículos Clásicos, una normativa que permite el ingreso de modelos con al menos 30 años de fabricación.

El relevamiento realizado por la Aduana determinó que un mismo titular inscribió los dominios, lo que permitió utilizar esas patentes como pantalla para vehículos no registrados. De este modo, los automóviles eludieron los controles y regulaciones que impiden la nacionalización de rodados usados, además de evadir el pago de aranceles aduaneros y otros impuestos.

La denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas recayó en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. La Justicia autorizó la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA. El operativo estuvo a cargo de personal aduanero, que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro vehículos de lujo: un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares; un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares; un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares; y un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares. El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.

La maniobra investigada consistió en aprovechar el régimen de importación de vehículos clásicos para insertar en el país automóviles de alta gama mucho más recientes o de considerable valor comercial, lo que se reflejó en la utilización de patentes de autos antiguos para regularizar su circulación. Los funcionarios aduaneros detallaron que los autos circulaban con documentación adulterada o incompleta, lo que permitió su uso sin el debido registro ante las autoridades competentes.

Las actuaciones judiciales determinaron que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, conforme a los artículos 863 y 864 del Código Aduanero. Las sanciones corresponden a la figura de contrabando agravado, que contempla penas más severas en casos de maniobras organizadas o con la intervención de varias personas.

El operativo, que incluyó la participación coordinada de la Aduana y la Policía Federal, permitió secuestrar vehículos cuya procedencia no estaba debidamente respaldada por la documentación exigida por la normativa nacional. El uso de patentes de autos clásicos para encubrir la verdadera naturaleza de los vehículos representa una violación a los controles dispuestos por las autoridades aduaneras.

El hallazgo de un mismo titular para los dominios utilizados en la maniobra contribuyó a consolidar la hipótesis de una operación organizada, orientada a eludir la prohibición de nacionalización de automotores usados. La investigación judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, que disponen de los elementos reunidos en los 22 allanamientos realizados en el AMBA.

El secuestro de los vehículos de lujo puso en evidencia la existencia de circuitos irregulares para el ingreso y la circulación de autos de alta gama, aprovechando fisuras en los regímenes de importación vigentes. Las autoridades aduaneras señalaron que el uso de patentes de autos antiguos constituye un mecanismo recurrente para sortear la prohibición de ingreso de rodados usados.

El valor de los autos secuestrados, que supera los 4 millones de dólares, refleja el impacto económico de la maniobra detectada. El Porsche Carrera RS 2.7, uno de los modelos más codiciados entre los coleccionistas, encabeza la lista de los vehículos incautados, mientras que el Aston Martin DB6 Vantage Superleggera y el Aston Martin DB6 Mk I destacan por su rareza y valor en el mercado internacional. El Porsche 911 Turbo modelo 2025 representa un ejemplo de la inserción de modelos contemporáneos bajo la apariencia de autos clásicos.

La causa judicial reúne elementos que podrían derivar en nuevas actuaciones, a medida que avance la investigación sobre el origen y la ruta de los vehículos incautados. La Justicia mantiene bajo análisis la documentación secuestrada y las declaraciones de los involucrados, a fin de esclarecer el alcance de la maniobra y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El primero en hablar ante la Justicia fue Cristian Díaz Benítez. El funcionario era el encargado del grupo de control nocturno. Su turno comenzaba a las 19 y se extendía hasta las 7 del otro día. Según relató, el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó.

A Kueider lo detuvieron en la cabecera del puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). Llevaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Kueider, según relató Benítez, se identificó como senador argentino tras el hallazgo. Esto llevó al funcionario paraguayo a dar parte a sus superiores. Luego, en presencia de representantes de Delitos Económicos y de la Marina paraguaya se realizó el procedimiento en el que se labró acta de todo lo actuado.

Luego fue el turno de Diego Tottil. Narró que su intervención puntual fue detectar la mochila donde estaba escondido el dinero. Ocurrió mientras realizaba la verificación del vehículo en el que se trasladaba el ex legislador por Entre Ríos junto a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. La mujer también está procesada por el mismo delito.

Esteban Castiñeira, en tanto, consignó que su rol fue resguardar a las personas y al vehículo en las instalaciones de la Aduana. También ratificó que fue Tottil quien registró el auto.

La próxima audiencia del juicio se programó para la semana entrante. La fecha estimada es el jueves 25 de junio.

El fiscal del caso es Ysrael Villalba. Los defensores de Kueider y Guinsel son Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.

El proceso

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el ex senador argentino comenzó el pasado martes 9 de junio. Antes, hubo tres postergaciones. La fecha original era el 24 de noviembre del 2025. Luego, pasó al 20 de abril de este año y más tarde al 1° de junio.

El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

El juicio por contrabando es clave para comenzar a desarmar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro, en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

La disputa entre bandas criminales por el control de rutas de contrabando de licores y cigarrillos en la Zona Sur de Costa Rica dejó en el último año intercambios de disparos en carretera y tentativas de sicariato, según un informe confidencial de inteligencia policial retomado por CR Hoy.

Las organizaciones que se enfrentan en la zona optaron por no denunciar los ataques ante la Policía por temor a que la identificación de sus miembros exponga sus operaciones.

Así lo explicó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, al señalar la ausencia de denuncias formales en los registros policiales recientes.

Cómo operan las redes de contrabando en la Zona Sur

El informe policial detalla el funcionamiento de la estructura criminal, que inicia en Paso Canoas, del lado panameño, donde se adquieren los productos ilícitos.

Desde allí, el traslado sigue hacia casas de seguridad en Corredores y Osa, que sirven como puntos de acopio inicial, antes de llegar a una bodega central ubicada en Chacarita de Piedras Blancas de Osa.

El núcleo logístico de la organización permite la distribución directa hacia varias regiones del país, entre ellas San José, Alajuela, Quepos, Ciudad Quesada, La Fortuna y Liberia. Para movilizar los cargamentos, las bandas aprovechan las rutas Interamericana Sur y Costanera Sur con una red de transporte que busca evadir los controles policiales.

Las autoridades intensificaron los operativos móviles en las vías principales con distintos cuerpos de seguridad y unidades especializadas. El objetivo es restringir el paso de cargamentos ilegales y debilitar las rutas críticas del contrabando.

Los reportes de inteligencia señalan que los hechos violentos están directamente relacionados con la pugna por el control territorial y de clientes, y que el fenómeno evolucionó de un problema aduanero a una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado.

Marcas y vínculos con el crimen organizado

Los decomisos realizados en operativos permitieron identificar marcas registradas como Fisher, que aparecen tanto en comercios legales como en cargamentos ilegales. También figuran otras marcas, entre ellas Gold City, Índigo y Silver Elephant, que se comercializan al margen de los controles fiscales y sanitarios y son frecuentes en los hallazgos de la Policía de Control Fiscal.

El Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio documentó la presencia extendida de estas marcas y las vinculó al contrabando y a las estructuras criminales que lo manejan.

Según los cuerpos de seguridad, el contrabando de cigarrillos ya no es una actividad aislada, sino que forma parte de las redes de narcotráfico y lavado de dinero que operan en el país.

El caso de “Diablo” y la dimensión transnacional

Dentro de las investigaciones más recientes aparece el caso del grupo liderado por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien permanece prófugo y figura en los registros oficiales como uno de los principales capos de Costa Rica. Las autoridades atribuyen a esta organización el uso del contrabando de cigarrillos para legitimar recursos de origen ilícito.

Durante los últimos operativos contra esta estructura, la Policía incautó cigarrillos, drogas, armas y dinero en efectivo, lo que confirma la convergencia entre los mercados ilegales de tabaco y narcóticos.

La información de inteligencia indica que estas redes criminales establecieron alianzas con grupos en Panamá para facilitar la entrada de mercancía ilegal a Costa Rica.

CR Hoy reveló que la organización de Arias Monge utiliza estos vínculos para importar y distribuir cigarrillos de contrabando, con un esquema transnacional.

A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.

La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).

Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.

En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.

En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte

Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.

También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.

Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.

Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.

La posición de los marketplaces

Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.

Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.

El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)

Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.

Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.

La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.

También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.

Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.

Las acciones del Gobierno

Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.

En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.

El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.

Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)

Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.

Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.

El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.

Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.

“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.

¿Las plataformas, responsables solidarias?

Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.

La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.

El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.

Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)

El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.

“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.

En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.

El 10 de junio, el Congreso de la República aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, que busca la protección legal de las operaciones de comercio exterior en Colombia. El nuevo marco legal responde a las solicitudes de la Corte Constitucional para garantizar la seguridad jurídica y reforzar la lucha contra el contrabando, con la participación de 35 gremios del sector y respaldo político.

El nuevo régimen asegura la legalidad de miles de procesos fiscales y protege recursos públicos. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la ley blinda sanciones, bienes y liquidaciones oficiales a la espera de su sanción presidencial, prevista antes del 20 de junio. La aprobación del mismo implica la protección de procesos fiscales y recursos públicos que estaban en riesgo de quedar sin respaldo legal, de acuerdo con la entidad.

La nueva ley permite dar continuidad a miles de procesos y resguarda millonarias sumas de dinero. Además de fortalecer el control sobre el contrabando, el texto generó elogios por su consenso político, pero también críticas técnicas sobre la capacidad de la Dian y la cobertura normativa frente a los retos del comercio digital. Durante el trámite, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República trabajaron para cumplir las exigencias de la Corte Constitucional. El proyecto fue sometido a más de 39 mesas técnicas con la asistencia de los principales gremios de comercio exterior.

Frente a esto, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, expresó: “Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín resaltó que “este fue un trabajo serio. Le cumplimos a la Corte Constitucional. Salvamos entre $7 y $10 billones del fisco y, sobre todo, entregamos una herramienta clara que da seguridad jurídica y que permite el combate al contrabando, a la corrupción y al lavado de activos en Colombia”, manifestó Holguín al finalizar la votación.

Impacto económico del nuevo régimen sancionatorio aduanero

La defensa de los recursos públicos es uno de los pilares del nuevo marco. De acuerdo con datos de la Dian, la aprobación del régimen evitó la pérdida de:

• $190.000 millones en liquidaciones oficiales.
• $800.000 millones en sanciones.
• $211.000 millones en mercancías aprehendidas que habrían tenido que devolverse ante un vacío legal.

Asimismo, se blindaron legalmente:

• 11.180 procesos fiscales aduaneros
• 1.840 procesos oficiales por un valor de $3,2 billones, que hubieran sido archivados sin este nuevo régimen.

Betancourt subrayó que “si el régimen sancionatorio no se aprobaba, entre $10 y $12 billones se podían poner en peligro como costo fiscal, pero además se ponía en riesgo no poder ejercer el control aduanero”.

Para Holguín, el impacto es doble: “Se trata de recursos esenciales para el país y de un poder legal efectivo para actuar frente al comercio ilegal”, dijo la senadora en el Congreso. La entidad recalcó que la continuidad de estos procesos garantiza el cobro de obligaciones, la imposición de sanciones y la incautación de mercancía.

Seguridad jurídica y control contra el contrabando

Para el Gobierno, el nuevo régimen constituye una garantía de seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los usuarios del comercio exterior. Betancourt señaló que “los usuarios del comercio exterior, los usuarios aduaneros, los exportadores, los importadores y todas aquellas personas que le juegan bien al país, que le juegan legal al país, tienen un marco normativo que les permite ser ahora más ágiles, tener un régimen que es más claro, más simplificado, que reconoce las acciones de un usuario aduanero cuando está haciendo la debida diligencia y a la Dian, por su parte, le fortalece con el rigor de la ley el poder de ejercer el control aduanero”.

Remarcó que la ley se aprobó por unanimidad y reflejó el respaldo de todos los sectores políticos y económicos.

Holguín reiteró que “me complace informarle al país que después de un proceso bastante largo, cuidadoso, técnico, respetuoso y muy constructivo entre todos los gremios, más de 35 gremios, entre todas las vertientes políticas que participan en el Congreso de la República y con un liderazgo de la Dian en la discusión de todos los aspectos técnicos necesarios, se logró aprobar tanto en plenaria de Cámara como en Plenaria de Senado, este régimen sancionatorio aduanero por unanimidad”.

Según el Gobierno, el país cuenta ahora con normas que facilitan el comercio exterior legal, potencian la labor contra el contrabando y otorgan a la Dian nuevas facultades de control en las fronteras. Betancourt concluyó que “en este país se combate decididamente el contrabando y se promueve decididamente el comercio exterior legal”.

Riesgos y críticas al régimen sancionatorio aduanero

Sin embargo, algunas voces advierten sobre limitaciones técnicas y operativas en el texto aprobado. El exdirector de la Dian Lisandro Junco lamentó que el régime se aprobó por medio de “pupitrazo” y alertó que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025. Le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Junco señaló que la ley depende de tecnología que aún no ha sido contratada. “El nuevo sistema aduanero (NSGA) ni siquiera tiene proveedor contratado. Y el Congreso está a punto de aprobar una ley que depende de ese sistema inexistente”, sostuvo.

Criticó la adopción de criterios de “responsabilidad objetiva” en sanciones y la discrecionalidad de la Dian para determinar la solvencia económica del importador. “Hay un artículo del PL 312 que sanciona al importador aunque demuestre que no tuvo culpa. Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”, afirmó Junco. Además, apuntó: “¿Quién decide si un importador es ‘solvente’? La Dian. ¿Con qué criterio? Ninguno que esté en la ley. Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”.

Sobre la operatividad en el control al contrabando, Junco ejemplificó que “si el decomiso se clasifica como sanción, prescribe. Un contrabandista paciente que aguante el proceso tendría la mercancía de regreso por vencimiento de términos”.

El exfuncionario advirtió también sobre las consecuencias para el sector formal: “Comerciantes, importadores, gremios: si el PL 312 se aprueba, tendrán sanciones sin culpa demostrada, un sistema que se cae, y una Dian que no puede distinguir al contrabandista del empresario formal”.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

Después de varias postergaciones, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción comenzó a juzgar al exsenador nacional Edgardo Kueider. El órgano está presidido por la jueza Elsa García y lo completan Adriana Planás y Matías Garcete Piris.

La audiencia comenzó poco después de las 8 de la mañana en la sala 10, ubicada en el 6.º piso de la Torre Norte de la Justicia paraguaya.

Tras la apertura formal de la jornada, la presidenta preguntó si las partes presentarían incidentes procesales. Ni la defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, como la fiscalía, representada por Ysrael Villalba, interpusieron estos planteos. Los defensores se sentaron a la derecha del Tribunal, mientras que la acusación ocupó el lado izquierdo.

Luego se procedió a la lectura de la acusación que pesa sobre el exsenador y su pareja. Kueider, enfundado en un traje azul y con camisa blanca, escuchó con atención el relato que estuvo a cargo de la secretaria del Tribunal.

Sentado, con la espalda contra el respaldo de la silla y las manos cruzadas en el regazo, su mirada alternaba entre la oficial judicial y las cosas que estaban sobre el escritorio que ocupaban. Kueider se ubicó en el extremo interior del estrado de la defensa. Guinsel quedó en el medio y a su lado se acomodaron los abogados de ambos.

Cumplida esta etapa, el Fiscal Villalba hizo su alegato. Repasó los principales puntos de la imputación que pesan contra Kueider y Guinsel. Y adelantó al Tribunal que podría ahondar la acusación apelando a otras modalidades de contrabando que contempla la legislación paraguaya. Por eso, pidió a los jueces que adviertan a la defensa para que se prepare frente a esta eventualidad. Tras el cierre del alegato fiscal, fue el turno de los abogados de Kueider.

La presidenta del Tribunal les hizo saber a los imputados que tienen derecho a declarar durante las audiencias. Ambos declinaron hablar en esta primera jornada. Pero adelantaron que lo harán más adelante, conforme avance el juicio.

A posteriori, comenzó la recepción de las pruebas del proceso. Al terminar, el Tribunal fijó la continuidad de las audiencias durante la semana siguiente. El próximo encuentro se agendó para el martes 16 de junio a las 10:30 horas.

Relato del hecho

La imputación fiscal se funda en lo ocurrido durante las primeras horas del 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú.

“Siendo 01:30 horas, personal Naval junto con funcionarios aduaneros y con el apoyo del Departamento de Delitos Económico -Policía Nacional- (procedió) a la incautación de vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y peso argentino (en) poder de los ciudadanos Edgardo Dario Kueider y de Iara Magdalena Guinsel Costa”, indicó el acta de ese mismo día por el fiscal Edgar Benítez Delgado.

El escrito precisó además que ambos “estaban en poder de la suma de USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos”. Esos montos deben “ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada”, añadió el documento oficial. Por eso, de manera preliminar se estaría frente a la comisión de una “tentativa de contrabando”, aseveró Benítez Delgado.

Por último, especificó que se trató de un delito de acción penal pública cometido por Kueider y Guinsel quienes optaron por no declarar el dinero y de esta manera “ocultar los instrumentos de valor monetario”.

En el razonamiento fiscal, se consideró que “el delito primario o subyacente sería tentativa de contrabando, considerando que el dinero/efectivo es un instrumento negociable conforme lo dispone la resolución que reglamente la ley especial” sobre la materia en el Paraguay.

Inversores extranjeros y empresarios locales coinciden quizás como nunca sobre el futuro de la Argentina: el rumbo trazado por el Gobierno es el correcto y debe continuar después del 2027. Es decir, debe trascender a este período presidencial. El superávit fiscal, el fortalecimiento del balance del Banco Central, la apertura económica y el compromiso en el pago de la deuda son pilares que no deben estar en discusión más allá de quién gobierne después del año próximo.

Incluso los sectores que se ven menos beneficiados o directamente perjudicados por el plan del Gobierno reconocen que ya no hay posibilidades de volver al viejo modelo. El cierre de la economía, los permisos para acceder al mercado cambiario bajo condiciones privilegiadas o volver al déficit fiscal para defender los derechos de algunos sectores (por ejemplo, jubilados) implicaría un retroceso que tendría duras consecuencias.

Las buenas noticias “macro” continuarán. El jueves se conocerá el dato de inflación de mayo con una nueva caída. Pero lo más relevante es que para junio se espera una disminución adicional.

Algunos economistas como Fernando Marull creen que este mes incluso podría perforarse el 2 por ciento. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó el Central, en cambio, arroja que esto podría ocurrir recién en agosto.

El mercado cambiario también debería seguir tranquilo. Aún queda mucha soja por liquidar y siguen entrando dólares por la emisión internacional de Obligaciones Negociables. Aunque es posible que aminore el ritmo, el BCRA seguirá comprando dólares y acumulando reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio, por unos USD 4.200 millones.

Macro ordenada vs micro deprimida

La macro ordenada ya es un gran activo del Gobierno y lo que incluso permitió que el riesgo país perfore en los últimos días los 500 puntos básicos. Incluso luego de la dura caída de Wall Street del viernes se volvió a superar esa marca, gracias a la resiliencia de los bonos en dólares.

El problema no son los grandes números, sino que todavía hay sectores que caen, se pierden puestos de trabajo y no hay señales claras de recuperación del consumo masivo. Mientras los principales referentes del Gobierno siguen prometiendo que se vienen “los mejores meses” para la economía, la preocupación de muchos sigue siendo la “micro”.

Una de las preocupaciones recurrentes entre los empresarios es que el peso de los impuestos sigue siendo muy elevado, impidiendo la competencia con los productos importados. Un informe de CAME indicó que “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.

Luis Galli, CEO de Newsan, tampoco anduvo con vueltas cuando expuso en el Congreso Anual del IAEF. “Queremos competir y nos parece bien la apertura, pero el crecimiento del contrabando es enorme y no se hace nada para frenarlo”. El ejecutivo mencionó algunos rubros concretos: la mitad de los celulares que se venden en Argentina entran sin pagar impuestos, el 70% de los perfumes lo mismo y en todos lados se consiguen hojitas de afeitar con blisters en portugués, que tampoco entran por el circuito formal.

Sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla

Gustavo Weiss, presidente de Camarco

“El problema se multiplica porque nadie controla qué se vende en los portales de comercio electrónico, o marketplaces. En México a los vendedores le cobran una percepción a cuenta de Ganancias o IVA para que por lo menos tengan que tributar algún impuesto si no lo hicieron antes”, agrega.

El martes tendrá lugar el evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). No asistirá ningún funcionario del Gobierno nacional, reflejando el escaso o nulo diálogo que existe con el sector. Su titular, Gustavo Weiss, ya adelantó cuál será su postura en el evento: “No existe crecimiento económico posible sin infraestructura adecuada. Hay miles de millones de dólares comprometidos para energía, minería y agro. Pero sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla”.

La inversión en obra pública sigue totalmente paralizada. Pero lo que era una medida para asegurar el superávit fiscal y además frenar los sobreprecios del gobierno kirchnerista empieza a ser un problema serio. “El deterioro de las rutas es cada vez más evidente y la infraestructura básica de hospitales o escuelas públicas es evidente. En todos los países del mundo esto lo financia el Estado con participación del sector privado, no podemos inventar la pólvora”, agrega Weiss.

El mejor escenario para los próximos meses es que el consumo encuentre un piso y empiece a recuperarse. Pero el proceso será lento, porque los ingresos aumentan a cuentagotas y los bancos siguen muy restrictivos con el crédito.

Pero si bien Javier Milei sufrió un deterioro de su imagen y respaldo, la oposición también arrastra muchos problemas y no logra capitalizar ese deterioro del humor social. Y tanto Axel Kicillof como cualquier otro candidato que surja anti Gobierno tiene un gran desafío: seducir al electorado pero sin espantar a los inversores.

El “síndrome 2019” probablemente vuelva a estar presente el año que viene, cuando se acerquen las elecciones presidenciales. Argentina todavía debe pasar el gran examen de no dar saltos al vacío cada cuatro años. Las elecciones en Latinoamérica muestran cómo la mayoría de los países alterna de izquierda a derecha o la revés y las consecuencias sobre el dólar, el crecimiento y la inflación son nulas.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó que se revoque la absolución de Julio De Vido en la causa de las valijas de Antonini Wilson, en la que se investigó el contrabando de casi 800 mil dólares que estaban supuestamente destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si sostiene el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que absolvió al ex ministro de Planificación Federal por el beneficio de la duda ante la falta de comprobación de su responsabilidad en el intento de contrabando.

Según indicó el Procurador, el estado de duda acerca de la intervención del acusado “no fue el resultado de una evaluación de las pruebas en conjunto según la sana crítica racional, con observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.

Casal señaló que “el estado de incertidumbre razonable, conforme ha sostenido la Corte, no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto”.

En el escrito al que tuvo acceso Infobae, sostuvo que fue relevada la intervención directa que Julio De Vido en la coordinación de los acuerdos de cooperación con Venezuela, al tiempo que también fue evaluado el rol de representación que tuvo su subalterno, Claudio Uberti, como Director Ejecutivo del Órgano de Control de las Concesiones Viales.

Aseguró que a su modo de ver si hay indicios del estrecho vínculo de confianza entre ambos ex funcionarios y de su influencia en sus acciones, no comprende la exigencia de presentar “una orden expresa de De Vido como condición para eliminar toda duda razonable sobre su participación”.

En tanto, coincidió con el fiscal de Casación que recurrió en queja a la Corte “en que resulta absurdo e inverosímil que una operación de tal amplitud, cuya planificación se retrotrae más de dos meses antes del vuelo en cuestión, no fuese conocida y sostenida por el acusado De Vido, y que hubiera sido una aventura solitaria de un coordinador de reuniones a espaldas de su amigo y jefe directo”.

El fiscal ante la Corte estimó que “la decisión apelada incurrió en una defectuosa y fragmentaria evaluación de los elementos de la causa, se apoyó en la exclusiva voluntad de los jueces y pasó por alto cuestionamientos que resultaban conducentes para la correcta solución del caso mediante la mera repetición de fundamentos que había dado el tribunal oral”.

Antecedentes

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 decidió absolver a Julio De Vido en el juicio por las valijas de Antonini Wilson.

El ex ministro de Planificación Federal había llegado a juicio procesado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por su condición de funcionario público, en grado de tentativa.

Para el TOPE 1, quien el 4 de agosto de 2007 pretendió ingresar al país proveniente de Venezuela, tras un vuelo privado, con U$S 790.550 en una valija, fue el prófugo Guido Alejandro Antonini Wilson.

Consideró probado que fue él quien mediante engaños intentó impedir el control aduanero en Aeroparque. Asimismo, dio por acreditado que esa maniobra fue realizada por indicación de Claudio Uberti, quien viajó con él en el mismo vuelo como funcionario público, por disposición de De Vido.

No obstante, el tribunal concluyó en base a un estado de duda porque faltó la verificación material de una orden directa del ex ministro en relación con el contrabando del dinero.

Previamente, en sus alegatos, los fiscales del juicio sostuvieron que Antonini Wilson actuó por indicación de Uberti, que cumplía las indicaciones de un plan en común con su jefe, Julio De Vido.

En ese juicio oral fueron condenados Claudio Uberti, los ex funcionarios aduaneros: Rosa García, Guillermo Lucangeli, María Gallini y Jorge Lamastra. Además, absolvió al exministro y a Ricardo Echegaray.

El mercado argentino de teléfonos celulares enfrenta subas inminentes en los precios, impulsadas por factores globales y locales que confluyen en un contexto desafiante para fabricantes, distribuidores y consumidores. La presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses, principalmente por el encarecimiento de insumos estratégicos como las memorias DRAM y NAND, mientras que la eliminación de aranceles a la importación y la reducción de impuestos internos ayudaron pero no lograron traducirse en una baja sostenida para el público.

La dinámica de los precios en el segmento de la tecnología de consumo viene marcada por la evolución del mercado internacional de componentes. Según fuentes del sector, la cotización de las memorias y otros semiconductores trepó entre 150% y 200% en Argentina desde diciembre. Este salto afecta especialmente a los dispositivos de entrada de gama, donde los chips tienen mayor incidencia en el costo final. En equipos cuyo valor ronda los USD 100, la memoria llegó a representar entre 30% y 40% del costo antes del aumento; en la actualidad, cada chip puede costar entre 130 y 170 dólares, superando el precio total del propio teléfono.

Las empresas del sector reconocen que este fenómeno ejerce una presión directa sobre el “piso” de los precios. En otras palabras, los celulares de menor precio son los que más rápido reflejan el impacto de la suba de insumos, mientras que los modelos premium logran amortiguar el efecto gracias a la incorporación de componentes de mayor valor, como pantallas, cámaras y sensores. Las compañías evalúan estrategias para contener el traslado de estos aumentos, priorizando la fabricación de modelos con menos RAM y enfocándose en segmentos de mayor margen.

El contexto global aporta elementos adicionales que explican la situación. El crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) llevó a los grandes fabricantes de chips a priorizar la producción destinada a datacenters, por su mayor rentabilidad. Según fuentes del sector, este año alrededor del 70% de la fabricación mundial estará orientada a cubrir la demanda de centros de datos, lo que dejó a la industria electrónica con una oferta limitada y costos más altos. El estrés en la cadena de suministros global también incide, debido a factores como las restricciones en rutas aéreas, aumentos en el precio del petróleo y demoras logísticas.

En la Argentina, la situación se agrava por la debilidad del consumo interno y la competencia del contrabando, que limita el margen de maniobra para aplicar incrementos de precios. Las fuentes consultadas advierten que el traslado de la suba de insumos a los valores de venta no será lineal ni inmediato. El ajuste dependerá de la política comercial de cada marca, la estructura impositiva futura y la evolución de la cadena de suministro. La decisión sobre cuándo y en qué medida trasladar el aumento global al mercado local quedará sujeta a múltiples variables.

El sector recuerda que en los últimos meses la Argentina experimentó una baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, con una reducción del 16% al 8% y la eliminación total en enero, además de una disminución de los impuestos internos del 19% al 9,5%. Este alivio tributario buscó generar mayor competencia y facilitar una baja de precios, aunque la suba internacional de semiconductores y memorias contrarrestó ese efecto. En la práctica, los precios locales apenas se movieron 20% en lo que va del año, si se compara con mayo de 2025, cuando aún impactaba el costo de los stocks importados bajo el régimen anterior. Las fuentes aclaran que, descontando ese efecto, la suba habría sido mayor.

Las empresas que ensamblan dispositivos en Tierra del Fuego y las que importan productos terminados implementaron recortes de producción y ajustes de inventarios. El mercado argentino de celulares terminó 2025 con unas 6,2 millones de unidades vendidas, pero la previsión para 2026 apunta a un descenso hasta las 5,3 millones. El primer trimestre de 2026 se ubicó entre los peores registros de la última década, con menos de un millón de unidades comercializadas, lo que representó una caída interanual del 16%. Las fuentes sectoriales anticipan que el mercado podría tardar varios años en recuperar los volúmenes previos, incluso en un escenario de recuperación gradual a partir de 2027.

El impacto sobre la oferta también se vio en la configuración de los modelos disponibles. Ante el encarecimiento de las memorias, los fabricantes priorizan líneas que requieren menos capacidad de almacenamiento o que permiten al usuario ampliar el espacio con tarjetas micro USB o servicios en la nube. Además, las compañías evalúan lanzar productos premium, donde el peso del chip se diluye en relación a otros componentes de mayor valor, para obtener mejores márgenes y amortiguar el costo de los insumos.

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) descartaron una suba inmediata del 30% en los precios al consumidor, aunque reconocieron que los insumos continúan en alza y que las listas de precios evolucionan en línea con esa tendencia. “No hay mucho margen para ajustar hacia arriba”, señalaron, y advirtieron que incrementos desmedidos sólo potenciarían el contrabando y agravarían el golpe sobre un consumo ya deteriorado.

Desde el sector enfatizan que el mayor incremento se concentra en el costo de los semiconductores, con un promedio estimado de 30% en insumos clave, pero aclaran que el traslado al precio final dependerá de la estrategia de cada marca, la coyuntura impositiva y las condiciones de la cadena logística global. “El supply chain global está completo y absolutamente estresado”, resumió un directivo del área de abastecimiento, aludiendo a las dificultades para el transporte internacional y la volatilidad de los costos asociados.

En el plano internacional, las consultoras IDC y Counterpoint Research proyectan una caída histórica en las ventas de smartphones durante 2026, con descensos cercanos al 13% en la cantidad de unidades a nivel mundial. IDC ajustó sus previsiones y ahora estima que el volumen global oscilará entre 1.100 y 1.200 millones de celulares, el nivel más bajo en más de diez años. Counterpoint Research coincide en el diagnóstico y prevé una baja del 12% en la cantidad de unidades para este año.

El informe de IDC señala que, a fines de 2025, el mercado global se mantenía estable, con una caída marginal del 0,9%. Sin embargo, el cambio de escenario se profundizó en los últimos meses por el redireccionamiento de la producción de semiconductores hacia la infraestructura de IA y por la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales. El impacto afecta tanto a fabricantes de equipos terminados como a proveedores de componentes, y se refleja en los precios y en la disponibilidad de productos en todo el mundo.

La situación de la Argentina se inserta en este marco global, pero suma particularidades propias. El debilitamiento del poder de compra local y la constante presencia del contrabando limitan la posibilidad de trasladar toda la suba de costos al consumidor final. Las fuentes consultadas admiten que el futuro del mercado dependerá de la evolución de la demanda interna, la política impositiva y la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.

En las conversaciones con fabricantes y distribuidores, surge una coincidencia: el segmento de celulares más económicos será el más afectado por el encarecimiento de los insumos, mientras que los modelos de gama alta podrán absorber parcialmente la suba. Las estrategias para mitigar el impacto abarcan desde el ajuste de inventarios hasta la focalización en productos con mayor valor agregado y la búsqueda de alternativas para ampliar el almacenamiento sin encarecer el dispositivo.

La competencia con el contrabando constituye un freno relevante para el traslado de los aumentos. En la medida que los precios oficiales suban, la brecha con los productos ingresados irregularmente puede ampliarse, generando distorsiones adicionales en el mercado y dificultando la recuperación del sector formal.

Las fuentes del sector insisten en que el traslado del incremento global al consumidor argentino no será automático ni uniforme. La magnitud y el momento de la suba dependerán de múltiples factores, y las empresas evalúan caso por caso la mejor forma de contener el impacto. Algunas firmas, como Samsung, fabrican internamente parte de sus propios semiconductores, lo que podría otorgarles una ventaja relativa en el acceso y costo de estos insumos, aunque la tendencia general apunta a un encarecimiento sostenido en la industria.

Los datos de ventas y la evolución de los precios en el primer semestre de 2026 delinean un escenario complejo para los próximos meses, con perspectivas de recuperación moderada a partir de 2027, aunque sin garantías de regresar a los niveles previos en el corto plazo.

Más de 2.700 pares de zapatillas ingresados de contrabando fueron incautados en una galería comercial del barrio porteño de Retiro, tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad.

La intervención, que se desarrolló en la avenida Ramos Mejía al 1400, expuso el funcionamiento de una red de comercios dedicados a la venta de mercadería que ingresó a la Argentina en infracción al Código Aduanero.

El procedimiento fue resultado de una investigación liderada por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), dependiente de la Policía de la Ciudad, y se concretó mediante 12 allanamientos simultáneos en la mencionada galería. La orden fue impartida por el Juzgado en lo Penal Económico Federal, según informaron fuentes policiales.

Los efectivos constataron que en los locales allanados se ofrecían productos cuyo ingreso al territorio nacional no contaba con la documentación requerida por la normativa vigente. Entre ellos, se identificaron 2.700 pares de zapatillas en violación de la Ley 22.417, con un valor de mercado estimado en $162 millones.

La operación policial se enfocó en los comercios ubicados dentro del centro de transbordo de Retiro, una de las zonas de mayor circulación de la ciudad. La presencia policial sorprendió a los comerciantes y clientes que se encontraban en la galería durante la mañana de los allanamientos. Según la información proporcionada por fuentes policiales, la mercadería secuestrada incluía marcas reconocidas y modelos que habitualmente son objeto de falsificación o importación irregular.

El Código Aduanero argentino, mediante la Ley 22.415, penaliza la introducción y comercialización de productos sin el debido control impositivo y sanitario. La investigación identificó a los responsables de los comercios como presuntos integrantes de una cadena de distribución que abastece el mercado informal de indumentaria y calzado en Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por el portal de Noticias Argentinas, en el marco de la causa, los oficiales procedieron al secuestro de toda la mercadería que no contaba con respaldo documental. No se informó sobre detenciones al cierre del operativo, aunque se anticipó que los responsables serán citados a declarar ante el juzgado interviniente.

El operativo de Retiro no fue un hecho aislado. El pasado 19 de mayo, otro procedimiento de similares características tuvo lugar en la zona comercial de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores. Allí, la policía decomisó más de 5.000 pares de zapatillas, también ingresadas de forma irregular y en parte falsificadas, junto con mercadería ilegal valuada en $240 millones.

La avenida Avellaneda es reconocida como uno de los polos más concurridos para la compra de ropa y calzado en la ciudad de Buenos Aires. Los sucesivos allanamientos en esa arteria y en Retiro reflejan la extensión de las redes de distribución que operan al margen de la ley en distintos puntos estratégicos de la capital.

Según las fuentes consultadas, estos procedimientos buscan cortar el circuito de comercialización de productos de contrabando antes de que lleguen al consumidor final. Las investigaciones continúan para determinar el origen de los envíos y la posible existencia de depósitos mayoristas que abastecen a los comercios minoristas.

La Policía de la Ciudad incautó 831 pares de zapatillas falsificadas

A mediados del mes de abril pasado, la Policía de la Ciudad, en coordinación con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), ejecutó un allanamiento en un comercio de la localidad de Avellaneda y secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas de primeras marcas, por un valor estimado de 35 millones de pesos. Según informaron las autoridades, se trató de un cargamento ingresado al país de forma ilegal desde Brasil, con mercadería de origen en China y Vietnam.

El operativo se fundamentó en una investigación de ciberpatrullaje que permitió identificar no solo la operación digital de la empresa involucrada, sino también el emplazamiento físico de su local y uno de los domicilios de los sospechosos.

El dato diferencial surgió de la detección del mecanismo utilizado: la mercadería ingresaba al país a través de una empresa de micros de larga distancia, punto clave en el trazado de la logística del contrabando. Todas las evidencias colectadas fueron puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 y de la Secretaría N°4, responsables formales de la causa.

Durante la intervención, los agentes secuestraron no solo el calzado, sino también dos dispositivos posnet, una notebook y documentación considerada de interés. Las zapatillas incautadas simulaban ser de principales marcas internacionales y carecían de respaldo legal sobre su procedencia, infringiendo de manera directa la Ley de Marcas vigente en Argentina.

La actuación en la vivienda del principal imputado permitió el decomiso de un celular y una libreta con anotaciones vinculadas a la operativa comercial del grupo, materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la amplitud de la organización y la potencial red de distribución dentro del país.

El avance judicial fue encabezado por el juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes avalaron la ejecución simultánea de los dos procedimientos en territorio bonaerense, articulando colaboración entre la Policía de la Ciudad, personal de Aduana y las unidades de investigación técnica.

El pedido de documentación a la empresa de micros de larga distancia representa una vía estratégica para trazar el circuito internacional del contrabando, ya que los registros de viajes pueden revelar la magnitud de la red, posibles operadores adicionales y eventuales responsables internos en el sector del transporte.

En un operativo contra el contrabando en la frontera norte del país, la Policía Nacional del Perú incautó más de 2.400 galones de combustible de presunta procedencia extranjera durante un operativo ejecutado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes.

La intervención se desarrolló en el sector Playa Sur, una zona identificada por las autoridades para el ingreso y almacenamiento ilegal de hidrocarburos. El despliegue policial se realizó en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla, con apoyo de unidades especializadas de la jurisdicción.

De acuerdo con el informe institucional, el trabajo de inteligencia permitió ubicar caletas y un almacén clandestino que habrían sido utilizados para el acopio de combustible ingresado de manera ilegal desde Ecuador. El material fue asegurado y trasladado para los procedimientos de ley.

Más de 2.400 galones de combustible fueron hallados en bolsas

La Policía Nacional precisó que el hallazgo se registró en Playa Sur de Aguas Verdes, donde los agentes detectaron varios puntos de ocultamiento y un ambiente presuntamente empleado como depósito clandestino para almacenar hidrocarburos destinados al contrabando.

Durante el operativo se encontraron 280 bolsas negras con 1.960 galones de presunto petróleo extranjero. Además, en un inmueble cercano se ubicaron 77 bolsas de polietileno con 462 galones de combustible tipo diésel, de acuerdo con la agencia estatal Andina.

La suma total de lo decomisado fue de 2.422 galones de combustible, cifra que coincide con lo informado por la Región Policial Tumbes en su publicación oficial, en la que informó sobre la intervención contra las redes dedicadas al tráfico de hidrocarburos en la frontera.

El valor económico estimado, las estimaciones preliminares indicaron que el combustible incautado superó los S/60.000 en valor comercial. La cifra fue resaltada también por la Región Policial Tumbes, que reportó el decomiso como un golpe contra los delitos aduaneros en la zona.

Cómo fue el operativo en Aguas Verdes

El operativo fue ejecutado por agentes de diversas unidades especializadas de la Región Policial Tumbes, en coordinación con personal de inteligencia de la zona, en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

El general PNP José Luis Quiroz Dávila, jefe de la Región Policial Tumbes, destacó que la intervención representa un “duro golpe” contra las mafias dedicadas al tráfico de combustibles en la frontera. Asimismo, indicó que el trabajo de inteligencia permitió ubicar los puntos de almacenamiento ilegal y ejecutar la operación de manera simultánea.

El general también informó que, durante el despliegue, se registraron intentos de interferencia contra la labor policial por parte de personas en la zona. Pese a ello, la intervención continuó y las diligencias se mantuvieron para asegurar el traslado y la custodia del combustible decomisado.

Tras la incautación, todo el material fue trasladado al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) y puesto a disposición de la Aduana-SUNAT para las acciones correspondientes, según Agencia Andina. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el inicio de las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los responsables.

La Región Policial Tumbes informó que mantendrá operativos permanentes en la frontera para enfrentar el contrabando y otras economías ilegales asociadas. En su informe institucional, el comando policial indicó que continuará con acciones contra los delitos aduaneros y contra actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, armas y otras modalidades delictivas en esta zona del país.

Según informó la entidad, la operación terminó con la incautación de 300 teléfonos celulares de alta gama y más de 600 perfumes de distintas marcas. La mercadería había sido enviada en paquetes separados, a nombre de terceros que no necesariamente conocían la adquisición ni autorizaron el uso de su identidad.

En declaraciones a Canal N, canal de televisión peruano, Walter Oré, gerente de Riesgo, Control y Procesos Transversales de la superintendencia de Aduana Aérea y Postal, explicó que el esquema buscó “evadir el pago de los impuestos y las restricciones legales para su ingreso”, al simular compras personales que, en realidad, estaban destinadas a la comercialización.

Bandas usarían datos de terceros para importar productos

Oré detalló que la SUNAT denominó esta forma de contrabando como paquetería fantasma, una práctica que se apoya en el crecimiento del comercio electrónico y en el sistema de envíos de entrega rápida. “Cualquier persona puede realizarlo por el comercio electrónico, pero es utilizado por organizaciones para comprar grandes cantidades de mercancía y luego dividirla para que ingrese a nuestro país a nombre de terceras personas sin su consentimiento”, indicó el funcionario a Canal N.

La clave, según explicó, fue el fraccionamiento deliberado de los pedidos. Las organizaciones “comprarían por Internet grandes lotes de mercancía para comercio y luego las dividen para ingresar al país por montos menores a USD 200”. En el régimen vigente, precisó, las compras que ingresan por envíos courier por un valor de hasta USD 200 pueden quedar exoneradas del pago de impuestos si son para consumo personal, lo que habría sido aprovechado para simular ese destino y evitar tributos.

El mecanismo no solo buscó reducir o eliminar el pago de impuestos. Oré sostuvo que también se empleó para sortear restricciones administrativas vinculadas al ingreso de ciertos productos. Al referirse a los celulares, recordó que es posible traer “hasta 4 teléfonos” por esa vía, mientras que “el 5° ya requeriríamos tener los permisos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, lo que introduce controles adicionales para importaciones que exceden un uso personal.

La SUNAT señaló que, en algunos casos, los envíos se consignaron con datos de “una misma persona” y, en otros, con información de ciudadanos que “desconocen de tales adquisiciones y no saben del uso de su información”, un patrón que refuerza la hipótesis de suplantación de identidad como parte del esquema.

Más de 450 envíos delataron el presunto contrabando

La detección, de acuerdo con el vocero, combinó inspección operativa, análisis de información e inteligencia aduanera. “Producto de los controles que tenemos en la SUNAT, los controles aduaneros en todas las fronteras, en este caso en la vía aérea, hemos controlado el ingreso de estos vuelos, de estas cargas. Tenemos equipos de tecnología no intrusiva, vale decir, escáneres de rayos X”, explicó Oré.

El funcionario añadió que los oficiales de aduana identificaron patrones irregulares durante la inspección: “Al momento de hacer la inspección, reconocen una anomalía en estos productos”. Con ese punto de partida, dijo, se desplegó un análisis para vincular envíos dispersos. El resultado fue la detección de “cerca de 450 envíos que venían de manera dividida” y la presunción de que “dos empresas” estarían detrás de las compras.

Oré precisó que, al existir indicios de delito, el caso fue comunicado al Ministerio Público para que continúe la investigación fiscal. También señaló que una parte central de las diligencias debe establecer “cómo estas organizaciones tienen acceso a la información de nuestros datos personales” y cómo funcionaba la entrega final, ya que la información preliminar indica que los paquetes “llegarían a un determinado punto” vinculado a la organización.

La SUNAT detalló que se trató de equipos de alta gama y perfumes de diversas marcas, con envíos que buscaban ingresar como si fueran para uso personal. Oré dijo que la valorización total fue de 600.000 soles, monto que la entidad también consignó como referencia del impacto económico de la operación.

Una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) y el Ministerio Público local permitió el decomiso de 18 toneladas de cobre robado a una minera en la ciudad de Antofagasta, cargamento que estaba listo para ser contrabandeado al Perú.

Las diligencias se llevaron a cabo específicamente en el conflictivo Cerro Chuño de la mencionada ciudad, hasta donde llegaron los efectivos policiales para dar con un camión que estaba cargado con el preciado material. Dos ciudadanos extranjeros, uno boliviano y el otro peruano, fueron detenidos y formalizados por el delito de receptación de artículo robado.

Según informó el prefecto inspector José Contreras, jefe regional de la PDI, el cobre venía “en cátodos y ánodos, y también cobre trifásico, lo que nos permite hoy, en el proceso investigativo, establecer la trazabilidad de este cobre sustraído, que corresponde a una minera de la región de Antofagasta“, consignó BioBíoChile.

Contreras valoró el operativo policial, “enmarcado en el Plan Contra el Crimen Organizado, toda vez que estas especies sustraídas iban a ser destinadas al traslado por pasos no habilitados a Perú”, aseguró.

74 toneladas de cobre incautado a la fecha

En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que, en lo que va del año, la Fiscalía y la policía civil han decomisado 74 toneladas de cobre robado y desbaratado varias bandas criminales dedicadas a su tráfico, tal como indicó el fiscal Rodrigo González.

“Desde hace ya varios meses que se lleva a cabo una investigación de largo aliento con el fin de establecer las estructuras y detener a sus integrantes, que se dedican básicamente al robo, a la receptación y comercialización de cobre robado. En este contexto es que el día de hoy se pudo lograr la detención de dos personas de nacionalidad extranjera que se prestaban a trasladar cobre robado hacia Perú”.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, afirmó que “valoramos inmensamente la eficacia con la que está trabajando la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Arica”.

“En lo que va de 2026, ya llevamos más de 70 toneladas incautadas, y eso va muy de la mano de lo que mencionó el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, que esto es un golpe al crimen organizado, y también que va a haber una fuerza de tarea para combatirlo fuertemente”, indicó según el medio citado.

Asimismo, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, manifestó que el combate contra la delincuencia “es tarea de todas las instituciones. El mercado ilícito del cobre, como lo hemos visto, está fuertemente al alza, y por esa misma razón debemos trabajar y actuar de manera coordinada y colaborativa”.

Al cierre, el seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, subrayó que “este es un nuevo golpe al robo de cables de cobre, uno de los delitos que tenemos priorizados en la región”.

En un contundente golpe al comercio ilegal en la región norte del país, agentes de la Policía Nacional dominicana, adscritos al destacamento del sector Barrio Libertad, lograron interceptar y decomisar un cargamento masivo de 580,000 unidades de cigarrillos presuntamente introducidos al territorio nacional de forma ilícita. La operación se materializó luego de una intensa persecución vehicular que finalizó en la autopista Joaquín Balaguer, en el sector Los Tocones de la ciudad de Santiago.

El incidente se desencadenó cuando las patrullas policiales avistaron un minibús sospechoso de color blanco. Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a las órdenes de detenerse, emprendiendo una veloz huida. El seguimiento policial culminó detrás de las inmediaciones del Mercado de la Pulga, lugar donde los sospechosos se vieron obligados a abandonar el minibús para escapar a pie adentrándose en la zona.

Las autoridades locales confirmaron que los individuos ya se encuentran en un riguroso proceso de identificación para su posterior captura.

Al iniciar las indagaciones sobre la propiedad del vehículo abandonado, los oficiales depuraron la placa en la base de datos del sistema policial. El vehículo figura registrado a nombre de un ciudadano dominicano, cuya posible vinculación o grado de responsabilidad en este entramado de contrabando está siendo minuciosamente investigada por los departamentos correspondientes.

Durante la revisión exhaustiva del espacio de carga del vehículo, las autoridades hallaron un cargamento perfectamente ordenado. En total, los oficiales incautaron:

• 56 cajas grandes que albergaban en su interior
• 50 paquetes sellados; cada paquete contenía 10 cajetillas, y cada cajetilla portaba 20 cigarrillos de la marca Capital
• Cuatro medias cajas con 25 paquetes de idéntica distribución.

La sumatoria de todo lo incautado arrojó la cifra final de 580,000 unidades de cigarrillos listos para su distribución informal. Tanto el vehículo como la millonaria mercancía ilegal quedaron bajo el control absoluto del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

El delito de contrabando y las penas de cárcel en la República Dominicana

Esta acción ilícita se tipifica de manera directa como delito de contrabando y comercio ilícito de productos regulados, una infracción grave al ordenamiento económico, aduanero y de salud pública del Estado dominicano.

El marco legal que rige y castiga severamente este comportamiento es la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados (que incluye de forma específica al tabaco y sus derivados), en estricta coordinación con la Ley No. 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley 17-19, las personas que resulten penalmente responsables de adquirir, ocultar, transportar o comercializar mercancías introducidas eludiendo el control aduanero enfrentan un estimado de tres a cinco años de prisión ordinaria.

Además de la pena privativa de libertad, los culpables reciben sanciones económicas drásticas, consistentes en multas que van desde 100 hasta 300 salarios mínimos del sector público, o multas equivalentes a cien o trescientas veces el valor aduanero de la mercancía decomisada.

Con este operativo, la Policía Nacional y el Ministerio Público reafirman su firme compromiso de combatir con determinación el comercio ilícito en todas sus modalidades. Las autoridades recordaron que estas acciones no solo golpean las finanzas del Estado por la evasión fiscal, sino que representan un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad de la economía formal del país.

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a ocho personas presuntamente vinculadas con una red transnacional dedicada al contrabando de ropa femenina y accesorios, en el caso Lili Pink.

La audiencia está programada para el miércoles 24 de junio en Bogotá, en una nueva etapa de una investigación que ya suma más de una década de seguimiento por parte de las autoridades.

Los señalados y los delitos imputados

El ente acusador detalló que los procesados son:

• Max Marvin Abadi
• David Max Abadi Homsani
• Malaquilla Bismar Hernández
• Lorena Bernal Castro
• Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
• Jonnatan Villamil Soler
• Luz Adriana López López
• Merlín Roxana Mendoza Arias

A cada uno se le imputarán, según su posible grado de participación, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta decisión surge de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, que radicó la solicitud de audiencia ante jueces de control de garantías. La investigación se centra en la supuesta existencia de una organización criminal que habría operado en varios países desde 2013 hasta la fecha.

Cómo funcionaba la supuesta red de contrabando

De acuerdo con los documentos judiciales, la red habría utilizado empresas fachada en Panamá y Colombia para ingresar grandes volúmenes de mercancía, principalmente ropa femenina, juguetes y productos cosméticos, evadiendo controles aduaneros y tributarios.

El dinero recaudado, producto de la comercialización de estos bienes, terminaba en cuentas controladas por las mismas estructuras en el exterior, lo que permitió a la Fiscalía sustentar el cargo de lavado de activos.

La Fiscalía indicó que se habrían constituido empresas importadoras de papel para simular operaciones legales.

“Para lograr su objetivo criminal, fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación, desde su ingreso al territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel, hasta su distribución, para finalmente enviar los dineros obtenidos, producto de esta comercialización ilegal de mercancía de contrabando, nuevamente a las empresas panameñas controladas por la misma organización delictiva”, afirmó la fiscal del caso.

El trasfondo del caso Lili Pink

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dian, que puso en conocimiento de las autoridades posibles actos delictivos relacionados con sociedades del grupo Fast Moda S.A.S., propietaria de las tiendas Lili Pink y su filial Yoi.

Ambas marcas se posicionaron como referentes en el mercado nacional de ropa y accesorios, pero ahora enfrentan el escrutinio de la justicia por su presunta relación con actividades ilícitas.

En una de las audiencias previas, la Fiscalía expuso que las empresas asociadas al grupo comercial venían operando desde más de 13 años, vendiendo productos en distintos establecimientos del país.

Además, la estructura habría ocultado la identidad de los verdaderos beneficiarios económicos detrás de las empresas, asignando cargos de representación legal y administración a personas con funciones operativas menores.

Primeros procesados y hallazgos en la investigación

El avance de la investigación ya dejó un primer imputado: Walter Martínez Martínez, señalado de haber manejado siete empresas fachada relacionadas con el entramado de mercancía irregular.

Martínez fue enviado a prisión preventiva por orden del juez 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el 14 de mayo. Durante el proceso, se reveló que una de las sociedades, Moda Mundo Importaciones S.A.S., había sido constituida en 2018 con domicilio inicial en Barranquilla y luego trasladada a San Juan del Cesar, La Guajira. Al intentar verificar la dirección registrada en el RUT, la Dian constató que correspondía a un lote baldío, lo que llevó a la suspensión de la calidad aduanera de la firma.

“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”, expuso la Fiscalía en audiencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron este 1 de junio un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa contra conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la SHCP, el acuerdo busca establecer bases para compartir y consultar información estratégica que apoye las atribuciones de ambas instituciones, con énfasis en acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales ligadas a la entrada y salida de mercancías del país.

Con este instrumento, según la SHCP, la UIF puede compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y por quienes realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable, para detectar riesgos en comercio exterior y aplicar medidas preventivas y correctivas.

Según el comunicado, la ANAM puede proporcionar información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos para apoyar las atribuciones de la UIF en inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

El convenio también incluye capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la creación de grupos de trabajo especializados, además de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, con garantías de confidencialidad y protección de datos personales.

UIF emite alerta por lavado de dinero y trata de personas ante Mundial 2026

La UIF alertó el pasado 27 de mayo sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026, al advertir que la movilidad masiva de personas y recursos por la Copa de la FIFA puede elevar operaciones ilícitas antes, durante y después del torneo, según un reporte difundido por la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la SHCP, la herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). El documento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados, según la dependencia.

La alerta respondió a que los sujetos obligados del sistema financiero y actividades vulnerables deben reforzar el monitoreo, la identificación de operaciones inusuales y la evaluación de riesgos vinculados con el torneo.

El alertamiento está dirigido a sujetos obligados como instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera y sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas, entre otras.

La UIF indicó que esos actores deben poner atención especial en la identificación de clientes en las ciudades sede y en los corredores migratorios. Sobre la actuación frente a un caso sospechoso, el documento de la SHCP estableció: “Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”.

La Policía Nacional desmanteló una armería clandestina en la ciudad de Cali que presuntamente surtía de armamento modificado a organizaciones delincuenciales activas en la capital del Valle del Cauca y en otros municipios del departamento.

Dos allanamientos simultáneos en los barrios Miraflores y Colseguros dejaron como resultado la incautación de un fusil tipo M-16 de fabricación estadounidense, cerca de 150 partes y componentes para armamento largo, 34 proveedores, maquinaria industrial para la modificación ilegal de armas y la captura de un hombre de 28 años en flagrancia.

Los operativos fueron adelantados por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia y seguimiento aduanero que permitieron identificar los dos inmuebles como puntos clave de la red ilegal.

El arsenal de Miraflores

El primer procedimiento se ejecutó en una vivienda del barrio Miraflores, donde los uniformados hallaron el fusil M-16, junto a un volumen de piezas que confirma la escala de la operación: culatas, resortes, mecanismos de disparo y 34 proveedores para ese tipo de armamento largo. Dos equipos de comunicación completaban el material incautado.

Lo que convierte el hallazgo en algo más que un depósito de armas es la presencia de tornos y maquinaria industrial especializada para la adecuación y modificación ilegal de armamento. La Polfa estableció que el inmueble funcionaba como un laboratorio clandestino de ensamblaje, donde las piezas que llegaban fraccionadas desde el exterior eran convertidas en armas operativas listas para circular en el mercado ilegal.

Captura en flagrancia en Colseguros

De forma paralela, una segunda acción judicial en el barrio Colseguros derivó en la captura en flagrancia de un hombre de 28 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Al momento de la aprehensión, el detenido tenía en su poder una pistola, dos proveedores con munición y cuatro teléfonos celulares.

Las investigaciones preliminares apuntan a que este individuo estaba vinculado de forma directa con las operaciones de la armería ilegal identificada en Miraflores, lo que sugiere que ambos puntos formaban parte de una misma red de distribución de armamento hacia las estructuras criminales de la región.

Piezas ocultas en juguetes y electrodomésticos

Uno de los hallazgos más reveladores del operativo tiene que ver con la modalidad de ingreso del armamento al país. Según estableció la Polfa, los componentes llegaban al territorio nacional bajo la figura del tráfico postal o envíos urgentes (courier), fraccionados en distintos paquetes y camuflados en electrodomésticos, herramientas, equipos electrónicos de uso cotidiano e incluso juguetes, con el propósito de evadir los controles en terminales portuarias y aeroportuarias.

Una vez las piezas llegaban a su destino, eran reensambladas en instalaciones clandestinas como la intervenida en Miraflores. La fragmentación del envío es la clave del método: al distribuir el armamento en múltiples paquetes de apariencia inocente, las redes criminales reducen el riesgo de detección en cada punto de control aduanero.

Personas vulnerables, usadas como correos humanos

Las investigaciones también revelaron una práctica de reclutamiento que expone a civiles a consecuencias penales graves. Los actores criminales detrás de estas redes contactan a personas en condición de vulnerabilidad económica y les ofrecen pequeñas sumas de dinero a cambio de recibir los envíos internacionales en sus domicilios.

Quienes aceptan quedan expuestos a procesos judiciales por tráfico de armas, sin necesariamente conocer el contenido de las encomiendas que reciben. La Policía Nacional advirtió sobre esta práctica e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma confidencial cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de atención habilitadas, con garantía de reserva absoluta.

Controles aduaneros en aumento

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para golpear las cadenas de abastecimiento de las estructuras criminales del suroccidente colombiano. La Policía Nacional confirmó que intensificará los controles aduaneros en terminales de carga y ampliará los operativos de registro en la región, con el objetivo de neutralizar las redes dedicadas al contrabando y modificación ilegal de armas antes de que el material llegue a manos de los grupos generadores de violencia en Cali y el Valle del Cauca.

El proceso, denominado "Pdvsa-Obrero“, involucra tanto a personas ajenas a la petrolera estatal como a obreros de bajo rango dentro de ella. Los familiares denunciaron ante la prensa en febrero que se había reportado la detención de 170 empleados por acusaciones que rechazan.

“En primera instancia nos liberaron, a través de medidas especiales (...) a 51, y posteriormente nos liberaron a 19 compañeros”, declaró a la prensa Lustay Franco, colaboradora del grupo de familiares. Franco precisó que el número real de detenidos era de unos 150 y no 170 como se difundió inicialmente.

Las autoridades no han emitido declaraciones sobre este caso. Las liberaciones se produjeron durante los anuncios de amnistía y excarcelaciones realizados por el Gobierno. Franco no especificó si los liberados gozan de libertad plena o si están sujetos a medidas cautelares.

Durante la protesta, los familiares reclamaban "juicio y libertad“, portando grandes flores blancas de cartulina con los nombres de los detenidos, en su mayoría obreros, según los manifestantes.

“Pareciera (que las liberaciones son) más bien algo aleatorio, que nosotros no objetamos, lo único que sostenemos es que se extienda a todos los detenidos por la misma causa y hasta el momento tenemos 78 presos”, expresó Franco.

La activista agregó que entre los detenidos hay personas con hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, cáncer y afecciones renales. “Todavía tenemos a las mujeres detenidas, que son alrededor de seis detenidas”, indicó Franco.

El 18 de febrero, la abogada venezolana y familiar de uno de los detenidos, Zimaru Fuentes, relató que las detenciones comenzaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz (estado Anzoátegui), tras una investigación iniciada en junio de ese año.

Según Fuentes, las detenciones también incluyeron otras refinerías en los estados Carabobo, Falcón y Zulia, además de instalaciones petroleras en Caracas y La Guaira.

Fuentes explicó a la agencia de noticias EFE que los detenidos están relacionados con “procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países”, en el contexto del “bloqueo internacional” que afrontaba Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos.

“Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco”, aclaró la abogada, al detallar que los delitos imputados son: asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, contrabando agravado y otros.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan perfeccionando métodos para intentar evadir los controles de seguridad y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras. Una de las técnicas que más preocupa actualmente a las autoridades consiste en impregnar drogas en textiles, papel, cartón y otros materiales de apariencia inocua para dificultar su detección en aeropuertos, puertos y empresas de mensajería.

Precisamente, una reciente operación en Panamá permitió descubrir 16 piezas de ropa contaminadas con presunta sustancia ilícita que tenían como destino final España, evidenciando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes criminales para el tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, realizó un allanamiento en una bodega ubicada en Tocumen, donde ubicó las prendas impregnadas con la sustancia sospechosa.

De acuerdo con las autoridades, el envío había salido desde Panamá y estaba destinado al mercado español. Todo el material fue decomisado y trasladado para los análisis periciales correspondientes.

Los expertos antidrogas explican que este método consiste en disolver cocaína u otras sustancias en solventes químicos hasta convertirlas en una solución líquida. Posteriormente, la mezcla se impregna en tejidos, prendas de vestir, papel, cartones o incluso artesanías. Una vez la mercancía llega a su destino, laboratorios clandestinos utilizan procesos químicos para extraer nuevamente la droga y devolverla a su estado original para su comercialización.

La cocaína es la sustancia más utilizada en este tipo de operaciones debido a que puede mezclarse con diversos compuestos químicos sin perder sus propiedades.

También se han detectado casos internacionales en los que se utilizan heroína, metanfetaminas y drogas sintéticas. Las autoridades consideran esta modalidad especialmente compleja porque los narcotraficantes buscan ocultar la sustancia dentro de objetos que aparentemente no representan riesgo y que pueden circular por cadenas logísticas legales.

El hallazgo en Tocumen no es un hecho aislado. En los últimos meses, los organismos de seguridad han detectado un incremento en los intentos de utilizar empresas de mensajería y paquetería para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el corregimiento de Parque Lefevre, donde unidades policiales ubicaron tres cajas sospechosas dentro de un local de envíos.

Las remesas provenían de Metetí, en la provincia de Darién. Durante la inspección realizada en presencia de la Fiscalía de Drogas fueron encontrados 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva verde. Todo el cargamento fue asegurado para los análisis correspondientes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia y destino final.

El uso de empresas de encomiendas se ha convertido en una de las modalidades preferidas por algunas organizaciones criminales debido a que permite fragmentar los cargamentos en envíos más pequeños, reduciendo el riesgo de pérdidas millonarias en caso de decomisos.

Sin embargo, los organismos de seguridad han reforzado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante perfiles de riesgo, inspecciones físicas y tecnología de escaneo.

Las investigaciones antidrogas también alcanzan áreas residenciales y comerciales de la capital. En una operación desarrollada en Obarrio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional aprehendieron a tres hombres investigados por delitos relacionados con drogas y pandillerismo.

Durante la diligencia realizada en un apartamento fueron ubicadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la venta de drogas y otros indicios considerados relevantes para la investigación. Las autoridades informaron que dos de los detenidos mantenían antecedentes por delitos relacionados con drogas, homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, uno de los aprehendidos tenía órdenes pendientes de aprehensión y conducción emitidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita p

or presuntos vínculos con actividades de pandillerismo. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.

Mientras tanto, las operaciones antidrogas también continúan en las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico internacional. Esta semana, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas permitió decomisar 1,096 paquetes de presunta droga en aguas del Pacífico panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la agencia EFE.

La incautación se produjo en Punta Burica, una zona estratégica ubicada en la provincia de Chiriquí y utilizada frecuentemente por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

Aunque las autoridades aún no han divulgado el peso exacto del cargamento, en Panamá cada paquete decomisado suele tener un peso aproximado de un kilogramo, por lo que se trataría de más de una tonelada de sustancia ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos. En lo que va de 2026, las incautaciones ya superan las 34 toneladas, según estadísticas oficiales.

Los recientes hallazgos muestran cómo las organizaciones criminales combinan métodos tradicionales y nuevas modalidades para intentar mantener activas sus rutas de tráfico. Desde ropa impregnada con cocaína y paquetes enviados por mensajería hasta cargamentos transportados por mar, las autoridades enfrentan un escenario en constante transformación en el que la innovación criminal obliga a reforzar permanentemente los mecanismos de detección y control.

Más de 165 mil productos ilegales fueron retirados de circulación en el departamento de Valle del Cauca durante una operación coordinada por la Policía Nacional contra el contrabando y el comercio ilícito.

El valor total de la mercancía decomisada supera los 12.841 millones de pesos, según reportaron fuentes oficiales.

Durante el operativo, las autoridades ejecutaron cuatro patrullajes, tres diligencias de allanamiento y la instalación de un punto de control en el corregimiento de Puente Tierra, en el municipio de Yotoco. Entre los objetos confiscados se encuentran más de 18.000 prendas alusivas a la Selección Colombia, así como joyería de oro y una suma considerable de dinero en efectivo localizada dentro de una caja fuerte.

La intervención permitió interceptar 97.121 unidades de confecciones y 3048 pares de calzado en Cali, mercancía cuyo valor asciende aproximadamente a 7244 millones de pesos.

Según detalló el informe, 18.437 camisetas y conjuntos deportivos con emblemas de la Selección Colombia formaban parte del lote que presuntamente sería distribuido de manera ilegal en diferentes regiones del país. En una de las inspecciones, la Policía encontró una caja fuerte con 348 gramos de joyería en oro y 300 millones de pesos en efectivo. En ese mismo procedimiento, se incautaron 10.300 pares de calzado, lo que representa un golpe económico estimado en 4000 millones de pesos a la estructura delictiva.

Los dos allanamientos restantes tuvieron como resultado la incautación de mercancía valorada en más de 1420 millones de pesos, incluyendo 19.000 unidades de productos perecederos, 4303 metros cuadrados de textiles, 16.310 cajetillas de cigarrillos y 340 botellas de licor adulterado o de contrabando. Además, en el punto de control aduanero instalado en Puente Tierra se decomisaron 15.000 bombillos, mercancía avaluada en cerca de 175 millones de pesos.

Toda la mercancía incautada, junto con el dinero y el oro, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las entidades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes. El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, explicó en declaraciones recogidas por El País de Cali que el éxito , de la operación se debió a una estrategia integral que combinó patrullajes nocturnos en Cali, allanamientos de alto impacto y controles rigurosos en el sector de Puente Tierra.

Los procedimientos se enfocaron en desarticular estructuras dedicadas al contrabando y al comercio ilegal en diferentes municipios del Valle del Cauca. La ofensiva permitió sacar de circulación 160.000 unidades de mercancía ilegal, entre las que predominan textiles, confecciones, calzado, productos perecederos, licor y cigarrillos.

El decomiso de estas mercancías representa un golpe financiero considerable para las organizaciones dedicadas a la distribución de productos ilegales en la región. Las acciones, según la Policía Nacional, forman parte de una estrategia que busca frenar el flujo de bienes ilegales y fortalecer los controles aduaneros en puntos estratégicos del departamento.

La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades continúan con los trámites judiciales para determinar el destino final de la mercancía y profundizar en la investigación sobre las redes de contrabando que operan en el Valle del Cauca. El operativo constituye una de las acciones más contundentes de los últimos meses contra el comercio ilícito en el suroccidente colombiano.

Incautan en Buenaventura tres contenedores con mercancía de contrabando valuada en más de 18 mil millones de pesos

Las acciones contra el contrabando no se detienen en Buenaventura, principal puerto de Colombia. En una reciente intervención realizada el 15 de mayo de 2026, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, incautó tres contenedores con mercancía de origen asiático, cuyo valor supera los 18.000 millones de pesos.

Durante el operativo en la zona portuaria, los uniformados adscritos a la División de Control Operativo Buenaventura llevaron a cabo registros y allanamientos que permitieron la aprehensión de más de 221 mil unidades de artículos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país. Entre los productos incautados se identificaron confecciones, calzado, juguetes y otros bienes de procedencia extranjera.

La mercancía decomisada fue puesta a disposición de la Dian, en cumplimiento de la estrategia nacional destinada a proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal. Según explicó el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División de Control Operativo Buenaventura, estos resultados contribuyen a impedir la comercialización de productos ilegales, proteger la industria nacional y evitar la evasión de impuestos aduaneros.

La Policía Nacional y la Dian reiteraron su compromiso de mantener las acciones de control y vigilancia en las zonas portuarias y comerciales del país. Además, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la distribución ilegal de mercancías, a través de la Línea Anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este viernes la detención de Cristian Ernesto F., de 32 años, por contrabando de mercadería en el cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, ubicado en la jurisdicción de Santa Ana Este.

Según informaron la FAES y la PNC, la intervención incluyó un registro en la vivienda del sospechoso autorizado por un juez local, donde se decomisaron un total de seis cajas y dos paquetes de productos ilícitos, además de dinero en efectivo.

La coordinación entre los elementos de la PNC y la FAES permitió ubicar al sujeto Cristian Ernesto F. tras una investigación policial que derivó en la orden de registro. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades ingresaron a la residencia en el cantón San Jacinto, donde encontraron mercadería de origen ilegal que se presume iba a ser distribuida de manera clandestina en el sector occidental del país.

La FAES destacó en sus redes sociales que “el procedimiento se realizó bajo lineamientos legales y con respaldo de la autoridad judicial competente”, subrayando que la operación forma parte de la estrategia institucional para combatir el tráfico ilícito de bienes. Por su parte, la PNC detalló que el valor y tipo de la mercadería incautada permanece bajo análisis, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente contra el detenido.

En el operativo, los agentes aseguraron también dinero en efectivo cuya procedencia será objeto de investigación por la unidad financiera de la Policía Nacional Civil. Las autoridades señalaron que el hallazgo se llevó a cabo luego de un “registro de prevención de allanamiento girado por un juzgado de Santa Ana”, lo que permitió el ingreso a la propiedad y la incautación de las evidencias.

Vigilancia en el occidente de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador reiteró que los patrullajes y controles en la zona se mantendrán para prevenir el ingreso y la circulación de productos ilegales, en línea con la política gubernamental de erradicar los “negocios ilícitos”.

La FAES señaló en su redes sociales que: “En conjunto con la Policía Nacional Civil, ubicamos a Cristian Ernesto F., a quien se le incautaron 6 cajas y 2 paquetes de mercadería de contrabando y dinero en efectivo, en cantón San Jacinto, Coatepeque, Santa Ana Este”.

Las autoridades recordaron que el combate al contrabando y al comercio ilegal constituye una de las prioridades en la agenda de seguridad y justicia del Gobierno salvadoreño, y reiteraron la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar y desarticular actividades ilícitas en todo el territorio nacional.

Un operativo similar

Como parte de otras acciones contra el contrabando en el país centroamericano, el día de ayer, la PNC incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, ubicado en San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años del exjefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, Dino Enzo Rossignoli, como autor de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Por otro lado, revocó la absolución de la contadora María José Degregorio y la condenó como coautora de los mismos delitos.

Ambos integraban una banda internacional que operaba en el mercado de cambio de divisas sin autorización del Banco Central, utilizando como pantalla una red de joyerías en la capital mendocina.

Esas operaciones, que se detectaron en los comercios denominados “Stefano Canella”, “Vía Roma” y “Luxe”, se financiaban con moneda extranjera obtenida mediante maniobras de contrabando de oro y divisas que provenían de Chile.

Dentro de la organización, el excomisario Rossignoli cobró sobornos a cambio de brindarles una zona liberada, alertando a sus miembros ante órdenes de allanamientos o inspecciones municipales. De ese modo, lograban ocultar las pruebas antes de que llegaran los oficiales.

Como parte de las maniobras de blanqueo de las ganancias, los condenados simularon su facturación en las joyerías, adquirieron inmuebles, camiones semirremolque y vehículos de alta gama.

Además, explotaron bares y locales bailables, como “La Rosa Club” y “Praga”. Con la misma plata de origen ilícito financiaron al menos 15 eventos con artistas de renombre reconocidos, entre otros, L-Gante o Lit Killah.

Los votos

Con relación a la condena del comisario Rossignoli, el juez Gustavo Hornos afirmó que “el tribunal de juicio tuvo en consideración que no se trataba de un funcionario público cualquiera…lo que aumenta el grado de reprochabilidad”.

Sobre el rol de la contadora, Hornos precisó que “su aporte a la organización delictiva fue determinante”, porque entendió que “la imputada conocía que existía una banda que necesitaba blanquear el dinero producto de sus ilícitos y se integró a ella por años aportando sus conocimientos especiales en materia contable”.

El camarista Mariano Borinsky adhirió a la propuesta de rechazar el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Dino Enzo Rossignoli.

También acompañó que la contadora María José Degregorio “tenía pleno conocimiento de la actividad ilegal de la organización y que adaptó su conducta profesional para facilitar las maniobras de la asociación”.

Finalmente, el juez Carbajo respaldó los argumentos de sus colegas y remarcó que deben enviarse las actuaciones referidas a Degregorio al Tribunal de origen para que fije una nueva pena.

La causa

La asociación ilícita se dedicó al contrabando de oro y divisas que negociaban con Chile entre los años 2020 y 2022. Estaba encabezada por Nicolás Bazán y Renzo González.

Durante la investigación, se acreditó que la contadora Degregorio “consolidó la estrategia de blanqueo de fondos ilícitos de la organización”.

Así fue como Bazán y González “llevaron a cabo diferentes maniobras complejas a través de las que procuraban disimular los importantes caudales de bienes obtenidos a raíz de las actividades ilícitas, dotándolos de un manto de aparente legitimidad”.

Las ganancias ilegítimas fueron invertidas en la producción de eventos musicales, en la instalación de negocios como joyerías, bares y locales bailables “a través de los que, mediante facturación apócrifa a nombre de distintas sociedades de acciones simplificadas constituidas al efecto, registraban ventas inexistentes”.

Por otro lado, la recuperación de conversaciones telefónicas demostró que el excomisario Rossignoli “era parte estable de la asociación ilícita”.

Un descubrimiento clave se dio en uno de los allanamientos a las joyerías, donde se encontró una anotación que decía “U$1000 (PFA)”. Luego en el despacho de Rossignoli se hallaron 2.210 dólares en un sobre sin identificación, además de dos pulseras y tres relojes.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

Según datos proporcionados por la PNC, el operativo se desarrolló como resultado de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia realizadas por equipos de investigaciones. La intervención se produjo luego de identificar a William Alfredo T. y detener el vehículo que conducía en el distrito de Sesori. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron las cajas que contenían cigarrillos introducidos de manera irregular al territorio nacional.

En declaraciones oficiales difundidas por la Policía Nacional Civil, se destacó el compromiso institucional de frenar el contrabando y garantizar la aplicación de la ley. “El contrabando y las actividades ilícitas ya no tienen espacio en nuestro país, quienes insistan en delinquir, deberán responder ante la justicia”, manifestó la entidad, reafirmando su postura frente a este tipo de delitos.

La detención de William Alfredo T. forma parte de una serie de acciones implementadas en la región oriental. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento incluyó la verificación minuciosa de la carga y la documentación correspondiente, lo que permitió determinar la naturaleza ilícita del producto incautado.

Según la PNC, la persona capturada será remitida a las instancias judiciales por el delito de contrabando de mercadería, una figura tipificada en la legislación salvadoreña para sancionar a quienes intentan evadir el control fiscal y aduanero.

La institución recordó que este tipo de operaciones afectan directamente la economía nacional y representan un desafío constante para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La institución destacó que, a través de este tipo de procedimientos, se busca enviar un mensaje disuasivo a quienes participan en actividades ilícitas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las acciones de seguridad y control.

Pronunciamiento del ministro de Seguridad y Justicia sobre el combate al contrabando

Ante este caso, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó por medio de Facebook que “ya no son tiempos para el contrabando ni para contrabandistas”, al referirse a la reciente incautación de la mercancía y la captura de William Alfredo T. en el distrito de Sesori, San Miguel. El funcionario señaló que existe una firme instrucción de interrumpir la actividad criminal relacionada con el contrabando y someter a la justicia a quienes insistan en delinquir.

La intervención se realizó luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia a cargo de unidades de la PNC, que detuvieron el automotor.

Villatoro reiteró “que no se confundan: ya no son tiempos para quienes creen que pueden enriquecerse burlando la ley, ahora aquí se hace cumplir la verdadera justicia”. Desde la cartera de Seguridad y Justicia se remarcó que el combate a las actividades ilícitas es una prioridad y que los responsables serán puestos a disposición de las autoridades.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó en la zona comercial de avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores. Entre los productos incautados había más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando.

Además, se secuestraron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, fue resultado de una investigación de la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ). Participaron efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Aduanas.

Los procedimientos se realizaron en doce locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre la calle Nazca al 400. También colaboraron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Las fuentes indicaron que los comercios allanados comercializaban productos ingresados al país de manera irregular y que gran parte de la mercadería presentaba marcas falsificadas. Del total de zapatillas secuestradas, el 80% provenía de Brasil y el resto, de China.

Por otra parte, en uno de los locales de artículos importados encontraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

Durante el operativo también fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante.

En los últimos meses también se realizaron procedimientos similares en los barrios de Belgrano y Flores, donde ya se habían secuestrado zapatillas, ropa falsificada y mercadería de contrabando.

El director de la Dian, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero, iniciativa que el Gobierno considera fundamental para fortalecer los mecanismos de control contra el contrabando y las infracciones relacionadas con el comercio exterior.

El funcionario destacó el avance del trámite legislativo y advirtió que, si el proyecto no es sancionado antes del próximo 20 de junio, Colombia podría enfrentar un vacío jurídico que afectaría la capacidad de las autoridades para sancionar irregularidades aduaneras.

Según explicó Carlos Betancourt, citado por Revista Semana, el Ejecutivo ha impulsado la iniciativa mediante un proceso de concertación con diferentes sectores económicos y políticos, buscando construir una normativa respaldada tanto por las autoridades como por los usuarios del sistema aduanero colombiano.

La Dian advirtió sobre un posible vacío jurídico

El director de la Dian señaló que el Gobierno mantiene preocupación por los tiempos del trámite legislativo.

“El director reiteró que si el 20 de junio el proyecto no ha sido sancionado por el Presidente, el país caería en un vacío jurídico que generaría un escenario de impunidad para enfrentar el contrabando y las infracciones aduaneras”, indicó la entidad.

La advertencia se produce en medio de las discusiones alrededor de la necesidad de actualizar y fortalecer las herramientas jurídicas para combatir delitos relacionados con el comercio exterior.

Betancourt calificó como “muy satisfactorio” el avance

El funcionario destacó el resultado obtenido durante el primer debate del proyecto en el Congreso de la República.

“Es muy satisfactorio esto, ya estamos a puertas de preparar ponencia para el segundo debate y esperemos que todo siga saliendo adelante”, afirmó Betancourt.

El director de la Dian aseguró que el Gobierno continuará trabajando para que la iniciativa avance rápidamente en las próximas etapas legislativas.

El Gobierno busca fortalecer el control contra el contrabando

La administración nacional considera que el nuevo régimen sancionatorio permitirá robustecer las capacidades de control de las autoridades aduaneras frente a prácticas ilegales.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra el fortalecimiento de las sanciones contra irregularidades en operaciones de comercio exterior y el combate al contrabando, fenómeno que sigue afectando diferentes sectores económicos del país.

El director de la Dian sostuvo que el proyecto es considerado una herramienta clave tanto para el Estado como para los usuarios aduaneros.

Hubo concertación con sectores económicos y políticos

Carlos Betancourt explicó que la construcción del proyecto incluyó conversaciones con representantes del sector privado y distintos sectores políticos.

“El Gobierno le ha apostado muchísimo a esto en un ejercicio de concertación, de encuentro, de convergencia con todos los agentes del sector privado, con todas las tendencias políticas”, señaló el director de la Dian.

La iniciativa también ha sido respaldada por gremios relacionados con el comercio exterior, que en los últimos días habían pedido acelerar el trámite del proyecto en el Congreso.

El nuevo régimen es considerado “crucial”

Betancourt insistió en que el régimen sancionatorio aduanero es una pieza fundamental para mantener mecanismos claros de vigilancia y control en las operaciones comerciales del país.

“Se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, concluyó el funcionario.

El avance del proyecto ocurre en medio de las discusiones sobre el fortalecimiento institucional de la Dian y las estrategias del Gobierno nacional para combatir el contrabando y las economías ilegales asociadas al comercio exterior.

Durante las próximas semanas, el Congreso deberá continuar con la discusión del articulado para definir si la iniciativa logra superar los siguientes debates antes del cierre del actual periodo legislativo.

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.

El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

Contra la prensa

En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.

En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

Dardos contra la Justicia

Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.

Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.

En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.

Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.

Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.

A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.

En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.

En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.

El juicio

El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.

Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

La llegada de contrabando a los puertos principales en Colombia sigue siendo uno de los problemas que sigue sin ser controlado por las autoridades en las zonas portuarias más destacadas del país.

Muestra de ello es que el 16 de mayo la Policía Nacional informó que en un operativo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se identificó que había productos de contrabando en tres contenedores que habían llegado en una embarcación proveniente de Asia.

En la carga había confecciones, calzado, juguetes y otros elementos que se presume iban a ser comercializados de manera irregular en varios mercados del país. La Dian informó que todo lo incautado está avaluado en más de 18.000 millones de pesos.

Autoridades se pronunciaron para explicar que en el procedimiento se confirmó que ninguno de los productos contaba con la documentación requerida para que se acreditara su ingreso al país.

“Este resultado operativo, protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país salvaguarda el recaudo nacional, al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, declaró el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División Control Operativo de Buenaventura.

La Policía Nacional informó que la mercancía quedó a disposición de la Dian para continuar con el proceso administrativo correspondiente. Habitualmente estos elementos son subastados, donados o destruidos.

La llegada de productos de contrabando a Buenaventura sigue siendo una constante, cabe recordar que en marzo de 2026 la Dian informó sobre operativos en los que se incautó mercancía avaluada en más de 16.000 millones de pesos.

En esa ocasión, además del Valle del Cauca, otros operativos se llevaron a cabo en Medellín y Bogotá, sitios en los que se comercializa gran parte de los productos que llegan de manera ilegal a los puertos.

En Medellín, la Dian intervino dos bodegas en el barrio Colombia tras labores de inteligencia, logrando la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 de juguetes, 395 de medicamentos, 6.072 de artículos de aseo, 2.856 de oficina y 246.718 de otros productos, con un avalúo de 15.571 millones de pesos. Toda la mercancía carecía de la documentación exigida.

En Bogotá, las autoridades hallaron más de 500 bultos de medias por un valor comercial de 750 millones de pesos, detectando además una modalidad de contrabando técnico, que utiliza documentos aparentemente legales para introducir mercancías no declaradas.

La importancia del puerto de Buenaventura para la llegada de contrabando

El puerto de Buenaventura representa el principal punto de entrada marítima de Colombia en el océano Pacífico, lo que lo convierte en un nodo estratégico tanto para el comercio legal como para el ingreso de mercancía de contrabando. Su ubicación geográfica permite la conexión directa con los mercados asiáticos y estadounidenses, facilitando el tránsito de grandes volúmenes de carga.

Esta posición privilegiada, sumada a la vasta extensión de sus instalaciones y el alto flujo diario de contenedores, genera desafíos significativos para las autoridades aduaneras en el control y la inspección de productos. El contrabando que ingresa por Buenaventura incluye confecciones, calzado, juguetes, medicamentos y otros bienes, muchos de los cuales logran evadir los controles mediante documentos falsificados, declaraciones incompletas o el uso de rutas alternas dentro del puerto.

Estas prácticas afectan la economía formal, generan competencia desleal para la industria nacional y ponen en riesgo la salud pública, especialmente cuando se trata de medicamentos y productos de consumo sin certificación. Las autoridades han intensificado los operativos y controles en Buenaventura, pero la magnitud del puerto y la sofisticación de las redes de contrabando exigen una vigilancia constante y la coordinación con organismos nacionales e internacionales para mitigar el impacto de este fenómeno en el país.

Un fiscal pidió duras condenas a prisión y sanciones económicas contra un grupo de empresarios y agentes aduaneros acusados por un multimillonario contrabando de ropa mediante declaraciones de importación falsas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá también reclamó que las penas no queden reducidas a condenas simbólicas, en su alegato final en el juicio que se sigue a todos los procesados y advirtió que las demoras judiciales generan una “percepción social de impunidad”. Se juzga a los acusados de integrar una organización que importó mercadería textil simulando ser carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos, mediante la confección de falsas DDJJ.

La operatoria siguió la misma mecánica que lo investigado en la megacausa por la “mafia de los contenedores” y es un desprendimiento de esta pesquisa principal, que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Percepción de impunidad

En su alegato la semana última ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal reclamó penas de entre 5 y 8 años y seis meses de prisión y expuso que “la obligación legal de tener que aguardar a que la Corte Suprema deje firme una sentencia de condena para que pueda ser ejecutada una pena de cumplimiento efectivo genera una percepción social de impunidad a la que no se puede responder con la Constitución, porque no es verdad que la Constitución exija semejante cosa”.

Pérez Barberá agregó que esa percepción de impunidad es aún más fuerte en los delitos de contrabando y por eso solicitó al tribunal que, “en caso de condena, efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

En las próximas semanas será el turno de las defensas en el juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización coordinaba el ingreso de productos textiles desde China y declaraba un falso contenido de los contenedores mediante la manipulación de la documentación a su llegada a la Argentina.

Ropa desde China

Se juzga a empresarios, despachantes de aduana, operadores logísticos y funcionarios aduaneros acusados del contrabando sistemático de mercadería textil importada desde China mediante documentación falsa, ropa de manera principal. El esquema permitía pagar aranceles mínimos y eludir controles aduaneros más estrictos.

La investigación identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa. En este último caso, la Aduana interceptó un contenedor que había sido declarado como carbonato de calcio pero que en realidad transportaba 80.554 prendas de vestir distribuidas en 415 bultos. El valor estimado de la mercadería y de los tributos rondaba los 600 mil dólares, mientras que el arancel que se intentaba pagar era de apenas 3 mil.

En los restantes contenedores, la fiscalía sostuvo que se importaron en promedio unos 2.500 rollos de tela por operación, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería. El perjuicio fiscal total estimado supera los 4,5 millones de dólares.

El modus operandi

De acuerdo con el alegato, la organización funcionaba mediante un doble circuito documental. En los “Master Bill of Lading” (MBL) emitidos en origen la carga seguía figurando como textil, mientras que en los “House Bill of Lading” (HBL) y en la documentación presentada ante la Aduana argentina aparecía como carbonato de calcio.

Para la fiscalía, la maniobra quedó acreditada mediante correos electrónicos, documentación secuestrada en allanamientos, diferencias entre los conocimientos de embarque y la intercepción física de contenedores.

Las penas reclamadas

El pedido de pena más alto recayó sobre Walter Moglianesi, para quien la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado. Pérez Barberá lo señaló como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Para Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo, pidió 8 años de prisión. Según el fiscal, desde esa firma se introducían sistemáticamente falsificaciones en la cadena documental utilizada para importar mercadería. En el caso de Miguel Ángel Elnen, presidente de la firma Cuiper S.A., considerada por la acusación una empresa ficticia utilizada para ejecutar las operaciones, solicitó 7 años de prisión.

Para José María Zaragoza, acusado de actuar de hecho como despachante junto a sus hijas, el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de prisión. Pérez Barberá incorporó como agravante el hecho de haber utilizado a sus hijas en las maniobras investigadas. “Un derecho penal con perspectiva de género no puede dejar de tomar en consideración una circunstancia como esta”, sostuvo.

Las hijas del despachante dedicadas a la misma profesión enfrentan pedidos de 5 años y 6 meses de prisión cada una. La fiscalía sostuvo que ambas participaron en la confección de facturas y despachos adulterados indispensables para consumar los hechos. Para Eduardo Urraco, apoderado de TT Cargo, el pedido fue de 6 años de prisión.

La acusación también alcanzó a funcionarios aduaneros señalados como parte de un presunto esquema interno de corrupción que permitió liberar la mercadería pese a inconsistencias y alertas previas. Para la verificadora aduanera Alejandra Delgado, acusada de intervenir en un hecho vinculado a un canal rojo, la fiscalía solicitó 6 años de prisión. Pérez Barberá afirmó que su actuación habría sido “clave para mantener intacta una verdadera estructura interna de corrupción”. También pidió condenas para cuatro guardas aduaneros, que según la acusación permitieron la salida de mercadería distinta de la declarada en la documentación oficial.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y actividades comerciales, pérdida de concesiones y beneficios aduaneros y el retiro de la personería jurídica de las firmas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. Finalmente, Pérez Barberá pidió el decomiso de la mercadería secuestrada en el contenedor interceptado, así como de computadoras y demás instrumentos utilizados para concretar las maniobras investigadas.

Agentes de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) pertenecientes a la Policía Nacional de la República Dominicana informaron este viernes el decomiso de más de 1,000 botellas de alcohol adulterado y 39,400 cigarrillos de contrabando durante un operativo efectuado en un colmado del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, según informó la institución en un comunicado oficial.

El procedimiento se realizó en coordinación con un representante del Ministerio Público, quien acompañó a los agentes durante la intervención.

La operación tuvo lugar en el colmado La Simpatía, situado en el barrio Los Sanjuaneros de Los Mina. Allí, los oficiales de la DINTEL incautaron bebidas alcohólicas de distintas marcas, así como una importante cantidad de cigarrillos introducidos ilegalmente a a la isla. De igual manera, se localizó una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional.

La entidad policial señaló que la incautación forma parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico y comercialización de productos ilícitos que circulan en distintos puntos del territorio dominicano

“Durante el operativo, efectuado en coordinación con el Ministerio Público, también fue ocupada una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador”, señaló la institución policial.

“La investigación sobre el origen de estos artículos continúa abierta. Nuestros investigadores han identificado a los suplidores de este colmado”, indicó un portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Las autoridades destacaron que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas representa un riesgo considerable para la salud pública. La Policía Nacional advirtió que muchas de estas botellas contienen sustancias tóxicas como el metanol, un químico peligroso que puede causar intoxicaciones graves, pérdida de visión, daño neurológico permanente e incluso la muerte.

“Este tipo de productos se elabora sin ningún control sanitario, exponiendo a los consumidores a infecciones, fallos hepáticos y otras complicaciones médicas graves”, señaló la institución en un post.

Además, la manipulación y almacenamiento en condiciones inadecuadas incrementan el riesgo de contaminación, lo que agrava las consecuencias para quienes consumen estos productos. Las autoridades insistieron en que la adquisición y consumo de alcohol adulterado no solo representa una infracción legal, sino que constituye una amenaza directa a la integridad física de la población.

Autoridades continúan operativos contra productos ilícitos

De igual manera, se reiteró la importancia de adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre la procedencia y los sellos de seguridad de los productos. La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de alcohol o cigarrillos de contrabando, a fin de contribuir a la protección de la salud pública y la seguridad ciudadana.

La intervención en el colmado de Los Mina se inscribe en una serie de operativos que la DINTEL y el Ministerio Público realizan en diferentes zonas de Santo Domingo Este, donde las autoridades han identificado puntos de venta y distribución de productos ilegales.

Las investigaciones continúan, mientras los productos incautados permanecen bajo custodia de las autoridades competentes, a la espera de los resultados periciales que permitan determinar su composición exacta y el posible vínculo con redes de contrabando que operan en el país.

El Congreso de la República decidió aplazar el primer debate legislativo sobre el Régimen Sancionatorio Aduanero en el Congreso colombiano que impulsa la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ante esto, la entidad advirtió un riesgo inminente de vacío legal si el proyecto no es aprobado antes del 10 de junio de 2024. El director general de la entidad, Carlos Emilio Betancourt, instó a los congresistas a actuar con urgencia, ya que la ley debe ser sancionada por el presidente Gustavo Petro a más tardar el 20 de junio.

Así las cosas, si el Congreso no aprueba el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero dentro de los plazos señalados, Colombia quedaría sin herramientas jurídicas para combatir el contrabando. Tal escenario pondría en peligro la economía formal y dejaría sin facultades a la Dian para ejercer control sobre el comercio exterior.

Betancourt resaltó la importancia de la normativa y su carácter imprescindible para las operaciones de comercio legal en el país. “A pesar de la votación positiva de la ponencia unificada, hoy se hizo el anuncio de continuar con la sesión en otro momento, como Gobierno confiamos en la responsabilidad del Congreso de la República con el país para sacar adelante este Régimen Sancionatorio Aduanero, que es una ley absolutamente importante y necesaria para el comercio exterior”, dijo el funcionario.

Urgencia de la ventana legislativa

Asimismo, el enfatizó en la urgencia de no perder la ventana legislativa: “Confiamos en el compromiso de las Comisiones Segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios”. Según él, un retraso dejaría a Colombia ante un “vacío constitucional” y sin posibilidad de realizar acciones de control aduanero fundamentales, como aprehensiones o decomisos, lo que dificultaría el cumplimiento de la ley en las fronteras.

Betancourt advirtió sobre el escenario que enfrentaría el país en caso de no contar con la nueva ley. Apuntó que sería un escenario realmente grave pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero.

“Acciones de lucha contra el contrabando como las aprehensiones, los decomisos y la liquidación de sanciones no se podrían adelantar, de manera que entraríamos en un estado inconstitucional del Régimen Aduanero vigente, generando imposibilidad de ejercer la autoridad aduanera en el país y eso sería inaceptable, inconveniente y realmente grave para las condiciones del comercio exterior colombiano, para las personas que ejercen legalmente el comercio y para el país en general”, adujo.

El texto unificado del proyecto responde a la necesidad de un régimen moderno y proporcional que refuerce el control aduanero y la seguridad jurídica, y que cubra los mandatos constitucionales y la protección de la economía formal.

Riesgos jurídicos y tecnológicos de la reforma aduanera

Pese a que todo indica que la reforma beneficiaría a los colombianos, esta ya enfrenta críticas por vacíos técnicos y fallas legales, en especial, en áreas como el comercio digital y la modernización tecnológica. El exdirector de la Dian Lisandro Junco cuestionó la exigencia del uso de inteligencia artificial y la adecuación de la infraestructura tecnológica.

Afirmó, por medio de X, que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025”. Según él, la expectativa sobre la capacidad tecnológica es desproporcionada, ya que “le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Recordó el exfuncionario que Colombia recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD250 millones en 2020 para modernizar la Dian; sin embargo, “solo se ha ejecutado entre el 37% y el 51% del programa”. El nuevo sistema aduanero (NSGA) aún no tiene proveedor contratado, por lo que la ley se apoyaría en herramientas inexistentes.

Desde el punto de vista jurídico, Junco destacó que uno de los artículos del proyecto sanciona a importadores incluso si prueban que no tuvieron culpa, aplicando el concepto de “responsabilidad objetiva”. La Corte Constitucional ya rechazó la figura en materia sancionatoria y, según el experto, “Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”.

Otro aspecto controvertido es la causal de aprehensión basada en la “solvencia económica del importador”, debido a que la definición de solvencia queda a discreción de la entidad tributaria sin criterios claros en la ley. Para Junco, esto pone en peligro la seguridad jurídica. “Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”, adujo.

Respecto a la prescripción de los decomisos, explicó que, al clasificarse como sanción, un contrabandista podría recuperar su mercancía si vencen los términos del proceso. La situación propiciaría impunidad y debilitaría la función disuasoria del régimen sancionatorio.

De acuerdo con el exfuncionario, el proyecto ignora, además, los retos del comercio digital. Por lo tanto, señaló que “el comercio digital ignorado. El PL 312 no promueve ni controla el e-commerce transfronterizo. Mientras usted compra en Shein o Amazon y la mercancía entra fraccionada en pequeños paquetes, la ley no tiene cómo perseguirla”, lo que deja a Colombia sin mecanismos efectivos para enfrentar el contrabando actual.

La urgencia legislativa, impuesta por la Corte Constitucional, mantiene como fecha máxima el 20 de junio de 2026 para regular la materia. Para Lisandro Junco, aprobar la reforma sin condiciones técnicas ni jurídicas adecuadas incrementa los riesgos para comerciantes y empresas, quienes enfrentarán sanciones, un sistema tecnológico débil y dificultades para distinguir entre actividades legales e ilegales.

La empresa Fast Moda S.A.S. rechazó este lunes 11 de mayo de 2026 cualquier vínculo comercial, laboral o societario vigente con Walter Francisco Martínez Martínez, capturado recientemente en Colombia en el marco de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos, según un comunicado oficial firmado por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la marca Lili Pink.

El pronunciamiento subraya que la separación con Martínez Martínez rige desde 2021, cuando concluyó una relación limitada únicamente al suministro de productos, sin que el implicado haya tenido participación en la administración, dirección o decisiones de la empresa colombiana de ropa interior femenina.

“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca”, puntualiza misiva, destacantando que las labores del capturado no estuvieron relacionadas con acciones de la empresa, sino que actuó de manera indipendiente.

Desde Fast Moda, se reitera el compromiso con “el cumplimiento de la ley, la transparencia empresarial y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida”, y se enfatiza la expectativa de que a Martínez Martínez se le garantice el debido proceso y la presunción de inocencia.

Lili Pink se defiende de acusaciones por presunto lavado de activos y contrabando

Un megaoperativo del CTI de la Fiscalía General de la Nación tuvo lugar el lunes 27 de abril de 2026 en más de 405 locales comerciales de Lili Pink distribuidos en 59 municipios de Colombia, tras una investigación sobre un presunto lavado de activos que, según los datos oficiales, alcanzaría los $730.000.000.000. El despliegue respondió a meses de seguimiento sobre la cadena que opera bajo la razón social Fast Moda S.A.S.

En un comunicado, emitido el 5 de mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S. señaló “inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas”, postura que defiende la necesidad de que cualquier acusación sea determinada en el ámbito judicial. De acuerdo con el documento, la compañía negó cualquier responsabilidad en lavado de activos o contrabando, afirmando que “no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

En su defensa, la empresa colombiana argumentó que las operaciones de importación de mercancía se rigen bajo el marco legal vigente, soportado con documentación.

Sobre los señalamientos de contrabando Lili Pink precisó que: “No existe declaratoria judicial que los confirme. Las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente. Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

Las pesquisas se desarrollaron con herramientas como el sistema de monitoreo Ojo de la Dian, que detectó “accesos inusuales a la base de datos y consultas de información distintas a la labor habitual de los funcionarios”. Sobre una investigación paralela por enriquecimiento ilícito de particulares, estimada en más de $430.000.000.000, la empresa enfatizó que cuenta con soportes de importación y pagos correspondientes para toda su mercancía.

Frente a las operaciones de las autoridades competentes, el abogado Iván Cancino —vocero de la defensa en esta fase— remarcó en el comunicado que “los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”. En efecto, insistió en “respetar la presunción de inocencia y el debido proceso”, advirtiendo contra prejuzgamientos antes de una resolución formal.

Por último, en el documento, la marca de ropa interior femenina subrayó que “genera más de 3.000 empleos directos” y mantiene operaciones legales en Colombia y otros países de Latinoamérica, mientras sostuvo que todas sus actuaciones administrativas “están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente”.

Las autoridades guatemaltecas informaron sobre la captura de un ciudadano hondureño que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular un millonario cargamento de bebidas alcohólicas al territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos aduaneros y sanitarios establecidos por la ley.

La detención ocurrió durante un operativo de control realizado en la aldea Entre Ríos, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, como parte de las acciones de vigilancia impulsadas por fuerzas de seguridad y autoridades tributarias para combatir el contrabando en las zonas fronterizas del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Jefferson “N”, de 33 años, originario de Honduras.

El hombre se conducía a bordo de un cabezal tipo furgón con placas hondureñas HDM-6927, en cuyo interior transportaba miles de botellas de licor y cerveza de distintas marcas.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), quienes desarrollaban un operativo interinstitucional en la zona cuando detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Según el reporte policial, durante la inspección del vehículo se contabilizaron 94 mil 962 botellas de bebidas alcohólicas y cerveza.

Las autoridades indicaron que la mercadería no contaba con los permisos aduaneros correspondientes ni con el registro sanitario exigido para su distribución y comercialización dentro del territorio guatemalteco.

La falta de estos documentos levantó las sospechas de las autoridades, quienes procedieron a consignar tanto el cargamento como al conductor para iniciar las diligencias legales correspondientes.

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participó en la evaluación del producto decomisado y estimó el valor total de la mercadería en 238 mil 586.40 Quetzales, equivalentes a 31 mil dólares, una cifra considerable que refleja el impacto económico que este tipo de actividades ilícitas puede representar para el Estado.

Las autoridades señalaron que el contrabando continúa siendo uno de los principales desafíos en las regiones fronterizas de Guatemala, especialmente en puntos cercanos a Honduras y México, donde constantemente se reportan intentos de ingreso ilegal de mercancías sin el pago de impuestos respectivos.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas sin controles sanitarios puede convertirse en un riesgo para la salud pública, ya que las autoridades no pueden garantizar el origen, almacenamiento ni las condiciones de distribución de los productos.

La PNC destacó que los operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad, autoridades aduaneras y entidades tributarias forman parte de una estrategia permanente para frenar las estructuras dedicadas al contrabando y otros delitos transnacionales.

En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han incrementado los controles en carreteras, puertos y puestos fronterizos con el objetivo de detectar mercancías que ingresan sin autorización legal.

Entre los productos más incautados figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicamentos, productos electrónicos y alimentos.

De igual manera, la institución policial reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas en distintos puntos del país para identificar rutas utilizadas por redes dedicadas al comercio ilícito.

Tras la captura, Jefferson “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen exacto de la mercadería y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto intento de contrabando.

El cabezal y el cargamento quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes realizarán los procedimientos administrativos y judiciales respectivos.

Un contenedor procedente de Camboya llegó al puerto del Callao con un manifiesto de carga que no levantaba sospechas: servilletas de papel. Pero al abrirlo, los agentes de Aduanas de la SUNAT encontraron algo muy distinto. Dentro había 7,5 millones de cigarrillos de contrabando de distintas marcas, sin documentación legal y valuados en más de 8 millones de soles.

Todo comenzó como una inspección de rutina. Al registrar el contenedor, los agentes detectaron una irregularidad en el peso declarado: los números no cerraban para un cargamento de servilletas de papel. Esa discrepancia disparó una revisión manual que terminó por destapar el engaño. Para descartar que el contenedor escondiera otras sorpresas, los agentes desplegaron unidades caninas, que recorrieron el cargamento sin hallar elementos adicionales.

Cómo operan las mafias del tabaco ilegal

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que los productos carecían de controles sanitarios y tenían como destino no solo Lima, sino también diversas ciudades del interior del país, lo que amplía el alcance del daño potencial al mercado formal y a la salud pública.

El hallazgo se enmarca en un patrón extendido en América Latina. Los cargamentos de cigarrillos ilegales de origen asiático —procedentes principalmente de China, Camboya, Corea del Sur e India— circulan por rutas marítimas internacionales y se distribuyen a través de redes criminales que combinan documentación falsa, empresas fachada y puertos de tránsito con controles débiles. El comercio ilícito de tabaco en la región generó pérdidas fiscales superiores a los 6.000 millones de dólares, según estimaciones.

El vínculo entre el tráfico de cigarrillos y el crimen organizado está documentado. La policía internacional precisa que los carteles mexicanos como el de Sinaloa utilizan las mismas rutas y redes del narcotráfico para mover tabaco ilegal.

Un negocio millonario que financia al crimen organizado

Un estudio de KPMG publicado en abril de 2026 reveló que el 31,9% del tabaco consumido en América Latina correspondió a productos ilegales en 2025, equivalente a 77.000 millones de cigarrillos y a una pérdida fiscal estimada de 8.500 millones de dólares en toda la región. Las redes que mueven esos productos operan con la misma lógica que otros mercados ilegales: documentación falsificada, empresas fachada y rutas marítimas diseñadas para evadir controles aduaneros. Una vez en tierra, los cigarrillos se distribuyen en mercados informales de las principales ciudades, donde se venden sin tributar y sin ningún control sanitario.

La SUNAT ya había registrado operativos similares en el Callao. En octubre de 2022, agentes aduaneros decomisaron más de 8 millones de cigarrillos camuflados en un contenedor declarado como papel tissue con destino a Bolivia, en las instalaciones de DP World Callao. En ese caso, la evasión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendía a 720.000 soles.

Los especialistas advierten que el tráfico ilegal de cigarrillos no se limita a la evasión fiscal. Financia también otras actividades delictivas como el lavado de dinero, la falsificación y el transporte clandestino de mercadería, lo que convierte cada cargamento interceptado en un eslabón desarticulado de una cadena criminal más amplia.

El Ministerio Público tomó intervención en el caso para iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales. El cargamento fue trasladado a los almacenes de la SUNAT mientras avanzan las diligencias.

El registro de un vuelo realizado por Gustavo Petro en noviembre de 2021, cuando era candidato presidencial, ha generado controversia por la presencia de figuras vinculadas al contrabando y el rol de su jefe de seguridad.

Allegados al coronel (r) William Castellanos salieron en su defensa tras las versiones que lo relacionan con una presunta infiltración por parte de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.

El entorno cercano de Castellanos recalcó que el oficial sí aparece en el video del abordaje, pero negaron cualquier vínculo con intentos de infiltración.

“Es el señor que se ve con tapabocas detrás del señor Presidente, de camiseta blanca y zapatos negros es el coronel Castellanos. Es imposible que él haya grabado el video porque se ve que tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”, le dijo una persona cercana al coronel Castellanos a El Tiempo.

Además, resaltaron que no pudo grabar el video, ya que “tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”. Así mismo, negaron cualquier relación con Diego Marín Buitrago y remarcaron que Castellanos ha trabajado responsablemente en la seguridad de Petro desde su alcaldía en Bogotá.

Fuentes cercanas al oficial explicaron a El Tiempo que “no existe evidencia que involucre a Castellanos en intentos de infiltración o en gestiones con ‘Papá Pitufo’”.

Destacaron que su función siempre ha sido la protección de Petro y su equipo, sin nexos con personas ajenas a esa labor. A pesar de los señalamientos, Castellanos fue contactado por el diario pero optó por no pronunciarse sobre el caso.

Según la información difundida por diversos medios, el vuelo, contratado por César Augusto Valencia por un pago de $7.200.000, se realizó entre Cali y Buenaventura.

El registro del abordaje se conoció junto con detalles sobre la propiedad de la aeronave, perteneciente a la empresaria Martha Lucía Núñez Moncada.

Valencia, identificado como emisario, gestionó el vuelo y facilitó una lista de pasajeros en la que figuraban Gustavo Petro, William Castellanos y otros miembros del equipo.

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien relató a Blu Radio que Valencia buscaba insistentemente que la campaña aceptara apoyo de ‘Papá Pitufo’.

Rodríguez afirmó: “Al señor Valencia lo conozco, es el que estaba merodeando e intentando convencernos por todas partes a que recibiéramos los apoyos del señor ‘Papá Pitufo’. Le dijimos al presidente y se molestó obviamente. Esas fotos las tuvo que haber tomado una persona muy cercana a ‘Papá Pitufo’ que era una infiltración, el señor William Castellanos”.

A esta versión se sumó Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que participó activamente en la campaña de Petro.

Tascón declaró a Semana que en el video “se ven todos los que iban en la avioneta menos William”, y que notificó este dato a la Fiscalía General de la Nación. Además, mencionó que antes del viaje se verificaron las matrículas de la aeronave.

La documentación revelada, por El Tiempo, en febrero de 2025 confirmó que la avioneta era propiedad de Núñez Moncada y que el pago y la coordinación estuvieron a cargo de Valencia. En los chats, Valencia incluía a Castellanos entre los pasajeros y resaltaba que el jefe de seguridad estaba informado de la operación.

“Cali-Buenaventura: Gustavo Petro, William Castellanos, Javier Camargo, Señor Augusto, María Antonia, Luis Prensa, dos empresarios que regalaron el vuelo”, dice uno de los chats revelados por el medio citado.

El caso ha puesto en debate los mecanismos de seguridad en campañas presidenciales en Colombia y la posibilidad de que actores con antecedentes penales intenten acercarse a figuras políticas.

Las declaraciones cruzadas sobre la presencia de Castellanos en el vuelo y la existencia de registros, listados y pruebas documentales permiten reconstruir los hechos, aunque la responsabilidad y transparencia en la gestión de la seguridad siguen generando interrogantes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró un aumento del 12% en aprehensiones de mercancías de contrabando durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un valor total de $204.292 millones en decomisos.

Este resultado, informado por la Dian, no solo refleja una intensificación de los controles aduaneros, sino que produjo una consecuencia directa: el incremento en valor de las incautaciones superó los $73 mil millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el balance divulgado por la Dian, entre enero y el 5 de abril de 2026 se efectuaron 6.278 aprehensiones, una cifra superior en 1.215 operaciones respecto a las 5.063 aprehensiones y $130.361 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento representa no solo una mayor cantidad de acciones, sino un incremento del 56,7% en el valor de la mercancía incautada, lo que marca un nuevo umbral de eficiencia en la gestión contra el contrabando en el país.

Durante el primer trimestre de 2026, las seccionales con mayores aprehensiones de mercancía de contrabando fueron Bogotá (717 casos), Medellín (642), Cartagena (433), Cali (408) y Santa Marta (279), como consta en el balance de la Dian. Estas cinco ciudades concentraron 2.479 aprehensiones por un valor de $143.510 millones.

Según la autoridad tributaria, el desglose sectorial detalló que el sector textil y manufacturas sumó 466 aprehensiones valoradas en $38.392 millones.

En el área de máquinas, aparatos y sector eléctrico, las 547 aprehensiones alcanzaron los $20.288 millones. El sector de calzado y artículos análogos registró 217 aprehensiones por $20.394 millones.

En materia de vehículos y partes, se incautaron 38 unidades por un monto de $10.104 millones, mientras que el sector de productos químicos y conexos reportó 130 aprehensiones evaluadas en $9.057 millones. Otros sectores completaron 1.081 casos por $45.275 millones.

De manera puntual, uno de los operativos destacados por la Dian ocurrió el 13 de marzo en el puerto de Cartagena, donde agentes aduaneros detectaron 1,2 toneladas de mercurio ilícito, producto de alta peligrosidad utilizado en la minería ilegal.

Según el informe consignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los documentos de transporte presentados por los responsables no coincidían con la falsa declaración de mercancía plástica, hecho que facilitó la detección.

Entre tanto, en Maicao, La Guajira, una acción conjunta de la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar permitió incautar 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, evidencia del trabajo coordinado entre diferentes entidades estatales en la lucha contra este delito.

Según el reporte del 13 y 14 de marzo, la Dian desarrolló la primera Jornada de Transparencia Fiscal de 2026 de manera simultánea en 40 ciudades.

Más de 5.000 servidores realizaron controles de ingresos y seguimiento a la expedición de facturas electrónicas con 12.390 contribuyentes, lo que redundó en un desempeño 40% superior respecto a la meta inicial de visitas proyectada, datos presentados en el balance institucional.

La Dian señala que sigue potenciando sus capacidades técnicas y operativas para combatir el contrabando y delitos conexos, como la evasión fiscal, lavado de activos y la financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva.

Para ello, la entidad indica que ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y el análisis de datos, consolidando modelos integrados de gestión para anticipar riesgos y proteger la economía nacional.

En el primer trimestre de 2026, la actividad de la Dian en cuanto a decomisos de mercancía ilícita se tradujo en 6.278 aprehensiones por $204.292 millones, un aumento del 12% en casos y del 56,7% en valor frente al año anterior.

Destacaron operativos como la inmovilización de 1,2 toneladas de mercurio en Cartagena y la incautación de 200.000 cajetillas de cigarrillos en Maicao. Estos logros se enmarcan en la estrategia institucional de la Dian para fortalecer sus controles y el uso de inteligencia frente al contrabando y delitos asociados en Colombia.

Un ex legislador de Salta que ya enfrentaba cargos por contrabando agravado y asociación ilícita fue imputado por dos nuevos delitos luego de que intentara, a través de un intermediario, comprar la voluntad de un auxiliar fiscal con dinero en efectivo. La maniobra quedó registrada en una grabación que el propio funcionario judicial obtuvo al concurrir al encuentro con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha decir al intermediario en uno de los fragmentos reproducidos durante la audiencia.

El acusado es Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de la provincia norteña, quien desde septiembre del año pasado se encontraba bajo proceso penal por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.

Lejos de mantenerse al margen del expediente que lo tenía como investigado, Cisnero habría diseñado una estrategia para acercarse a un integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con vínculos en su causa y torcer el rumbo del proceso antes de una audiencia determinante prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exlegislador por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia de formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, quien calificó el episodio como un hecho de "inusitada gravedad institucional" —expresión que también emplearon los fiscales intervinientes— y dispuso la prisión preventiva de Cisnero por 60 días, con lo que dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida en diciembre pasado.

La maniobra para llegar al auxiliar fiscal no fue un acercamiento improvisado. Según expuso en la audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede de Tartagal y a cargo de la investigación principal, Cisnero conocía al funcionario porque este había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado. A partir de ese momento, mientras gozaba de libertad, el exdiputado buscó contactarlo mediante vínculos personales y familiares. En una primera instancia recurrieron a una persona amiga de la familia del auxiliar fiscal, pero la falta de trato frecuente hizo que el funcionario no respondiera a los insistentes llamados. Fue entonces cuando el intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció de llamarlo por teléfono para concertar un encuentro, sin revelar el verdadero motivo.

La secuencia culminó el sábado previo a la audiencia, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y lo invitó a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, prevenido ante la situación, llegó con una grabadora oculta. Allí, el intermediario le dijo que hablaba en nombre del ex legislador y le ofreció dinero para que influyera en su favor antes del 23 de junio. “Él dice que está dispuesto a poner guita”, afirmó J.M.A. según los audios reproducidos en la audiencia por el MPF. Y agregó, en alusión directa a la funcionaria a cargo del caso: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.

Los fragmentos también revelaron referencias a supuestos pagos anteriores: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía". Para el MPF, el episodio evidenció el intento de ambos acusados de abrir un canal de influencia dentro del sistema judicial. El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal Orsetti sostuvieron en la audiencia que el caso reviste una gravedad que no podía ser contenida con las medidas restrictivas vigentes.

La jueza Hernández coincidió con esa valoración. Al resolver los pedidos, ponderó el riesgo de fuga y, de manera particular, el argumento del MPF sobre el entorpecimiento procesal, que a su criterio no había podido ser neutralizado con la caución real ni con la libertad concedida meses atrás. Rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y extendió la prisión preventiva de 60 días también a J.M.A., a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.

Los allanamientos realizados el martes previo a la audiencia abarcaron cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en la calle Gorriti de Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados al exlegislador y a uno de sus hijos. El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a 584.603.895 pesos.

Entre los objetos secuestrados en la vivienda de Cisnero en Green House figuran un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok, además de tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tres pasaportes, una pistola calibre .22 con cargador y municiones, y documentación diversa. En efectivo se hallaron 36.917.700 pesos, 84.390 dólares y 500 euros. Entre las joyas se incautaron 24 cadenas doradas, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y dos monedas bitcoin de oro, entre otros objetos de valor.

En el inmueble de la calle Gorriti, vinculado a un hijo del exlegislador, se incautaron 48.000 dólares, 374.500 pesos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook. En otro domicilio del mismo barrio privado, también asociado a un hijo de Cisnero, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas KTM, un sistema de cámaras de seguridad, cuatro celulares y documentación variada. La investigación principal, en la que hay otras cinco personas imputadas además de Cisnero, tiene como próxima instancia la audiencia de Control de la Acusación prevista para el 23 de junio, paso previo a una eventual elevación del caso a juicio oral y público.

En 2014, el entonces gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, Renzo Rossini, lanzó una advertencia que hoy vuelve a cobrar vigencia: “no tenemos que ser exageradamente ambientalistas y frenar la inversión”. Su mensaje no cuestionaba el objetivo —proteger el medio ambiente—, sino los excesos regulatorios que, bajo ese propósito, terminaban desincentivando la actividad económica.

La lección es clara: cuando se pierde el equilibrio, incluso las políticas bien intencionadas pueden generar efectos contrarios a los buscados.

Hoy, esa misma lógica empieza a observarse en el debate sobre el comercio ilícito. Diversos sectores empresariales vienen alertando sobre el impacto del contrabando y la subvaluación en la industria nacional. Los efectos son conocidos: reducción de ventas, presión a la baja en precios, pérdida de márgenes y de participación de mercado. Se trata, sin duda, de problemas reales que deben ser enfrentados con decisión.

Pero una cosa es combatir la ilegalidad y otra muy distinta es distorsionar el funcionamiento del comercio formal.

El riesgo está en sobrerreaccionar. En trasladar la responsabilidad hacia las importaciones legales o en promover medidas que, en la práctica, terminan restringiendo el comercio legítimo. No es lo mismo competir contra productos que ingresan cumpliendo la normativa, que enfrentar a operadores informales que evaden controles y tributos. Mezclar ambos planos no solo es técnicamente incorrecto, sino que abre la puerta a decisiones de política pública mal orientadas.

En ese contexto, algunas propuestas empiezan a generar preocupación. Se habla de intensificar controles en frontera, aplicar medidas antidumping de manera más amplia e incluso recurrir a salvaguardias. Instrumentos que, correctamente utilizados, pueden ser válidos, pero que en exceso o sin sustento técnico terminan configurando barreras encubiertas al comercio.

Un ejemplo concreto es el reciente Decreto Legislativo 1721, que establece un Procedimiento Especial de Control de Valor. Si bien su objetivo es reforzar la lucha contra la subvaluación, su diseño plantea interrogantes relevantes. La exigencia de garantías equivalentes al 200% de los tributos diferenciales para liberar mercancía, la posibilidad de extender el procedimiento hasta por dos años y la aplicación de controles durante el despacho —en lugar de un esquema posterior— podrían generar sobrecostos y demoras que afectan a importadores formales.

A ello se suma la falta de claridad en los criterios para identificar mercancías de “alto riesgo”, lo que incrementa la discrecionalidad y la incertidumbre. Más aún si se considera que el Perú ha asumido compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, particularmente en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que establece que las garantías exigidas no deberían exceder lo necesario para asegurar el pago de los derechos finalmente exigibles. En ese sentido, una garantía del 200% plantea dudas razonables sobre su proporcionalidad.

Combatir el contrabando y la subvaluación es indispensable. Son delitos que afectan directamente la competencia y la recaudación. Pero no deben convertirse en la excusa perfecta para restringir el comercio formal ni para promover agendas proteccionistas.

El Perú ya recorrió ese camino en el pasado. En las décadas de los setenta y ochenta, políticas orientadas a cerrar la economía terminaron generando escasez, baja calidad de productos y mayores costos para los consumidores.

La evidencia es clara. El comercio abierto no es el problema. Por el contrario, ha sido una de las principales fuentes de crecimiento y bienestar en las últimas décadas. Limitarlo, bajo el pretexto de control, no solo es un error de diagnóstico, sino un riesgo para la competitividad del país.

Como advertía Rossini hace más de una década, el problema no es el objetivo, sino el exceso. Evitar caer en un proteccionismo encubierto es hoy tan importante como lo era, en su momento, no frenar la inversión por sobrerregulación.

Gonzalo Boye, el abogado que representa en España a Diego Marín Buitrago —conocido con el alias de “Papá Pitufo” y señalado en Colombia como presunto líder de la red de contrabando más grande del país— confirmó que se reunió con el presidente Gustavo Petro en Bogotá como parte de los primeros acercamientos para gestionar la situación legal de su cliente.

La confirmación despeja una duda que había generado controversia política en Colombia: el propio Petro había negado haber dado instrucciones para que un funcionario del gobierno viajara a España a reunirse con Boye.

“La reunión sí se produjo. Punto final”, dijo el abogado en entrevista con Caracol Radio Y ante la insistencia sobre dónde ocurrió y quiénes participaron, Boye precisó: “Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar, pero el presidente Petro y yo sí estuvimos.”

Según explicó Boye en la entrevista, tras ese encuentro en la capital colombiana se concretó una segunda reunión, esta vez en su despacho en España, a la que habría asistido Isaac Beltrán, funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en calidad de enviado especial del gobierno colombiano.

El abogado aclaró que no pidió autorizaciones a los asistentes al inicio del encuentro, pero fue enfático: “Es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental.” El contenido de ambas reuniones quedó protegido por el secreto profesional y Boye se negó a revelar lo que allí se trató.

Para entender por qué estas reuniones importan tanto, hay que saber quién es Marín Buitrago. Se trata de un empresario colombo-español al que la justicia colombiana acusa de haber dirigido, por más de 30 años, una red de contrabando de textiles, calzado y cigarrillos que ingresaba mercancía ilegal por los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Las autoridades colombianas también lo señalan de haber sobornado a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que no revisaran sus contenedores. Marín Buitrago, además de la nacionalidad colombiana, tiene la española, un detalle que su defensa ha usado en el proceso legal: en principio, los países no suelen entregar a sus propios nacionales.

Fue capturado en Valencia, España, en abril de 2024. Un juez le otorgó libertad provisional y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue recapturado en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, espera en territorio portugués la resolución de una solicitud de asilo político, que es el mecanismo legal que tiene frenada su extradición a Colombia. Su defensa argumenta que en Colombia sería víctima de persecución política y que su vida correría peligro.

Sobre los tiempos del proceso, Boye fue cauteloso. Dijo que todavía faltan “bastantes meses” para que haya una decisión en la vía administrativa y que, si el resultado no favorece a ninguna de las partes, vendrían más recursos judiciales. “Aventurarnos a establecer tiempos yo creo que es un error”, señaló.

El abogado también se refirió a las declaraciones públicas del gobierno de Petro, que ha dicho estar dispuesto a “hacer todo lo que haga falta” para traer a Marín Buitrago a Colombia. Para Boye, esa frase no genera tranquilidad: “Un gobierno puede hacer lo que la ley le permite, no todo lo que haga falta. Cuando se habla de todo lo que haga falta, a mí siempre me recuerda a traspasar líneas rojas.”

Ante la pregunta de si las reuniones con el gobierno colombiano pudieron haber sido una estrategia para extraerles información a él o a su cliente, Boye descartó esa posibilidad: “Yo creo que Diego es una persona con suficiente experiencia profesional y vital para que nadie le saque lo que no quiera que le saquen.” Y sobre su propia postura, añadió: “Lo que ha habido es una postura errática por parte de las autoridades.”

Boye lleva entre diez y doce años representando a Marín Buitrago en distintos asuntos legales en España, desde protección de datos hasta derecho a la propia imagen.

El operativo de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa interior Lili Pink marcó un hito reciente al iniciar un proceso de extinción de dominio sobre más de 400 locales, en respuesta a presuntos vínculos con lavado de activos y contrabando por cifras que superan los $730.000 millones.

El futuro de más de 2.000 empleados y la operación de las tiendas quedará determinado por la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumirá la administración estatal de los bienes incautados, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad comercial y los derechos laborales.

Las pesquisas judiciales, reveladas por la Fiscalía el 28 de abril, no solo involucran la venta de ropa femenina. La marca habría sido utilizada como canal de ingreso para juguetes y productos cosméticos sin documentación, a través de una red de sociedades de papel y maniobras financieras que pretendían ocultar movimientos irregulares y dar apariencia de legalidad a elevados volúmenes de mercancía.

El ente acusador aseguró que el valor de los bienes incautados asciende a más de $54.000 millones, los cuales incluyen 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos del país.

La SAE, por medio de su directora Amelia Pérez, puntualizó que la estrategia estatal busca evitar que la empresa colapse o pierda valor mientras dura el proceso judicial.

Pérez explicó que “el plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

La intervención de la Sociedad de Activos Especiales se produce tras la incautación de los bienes, en el contexto de una de las operaciones más grandes contra el presunto lavado de activos en el sector comercio colombiano.

Un bloque de más de 2.000 empleados representa la principal preocupación en este proceso. La SAE afirmó que sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo para velar porque se respeten los derechos laborales durante la transición, una medida destacada por Pérez: “Las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a realizar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”, denunció la funcionaria.

Por iniciativa de la SAE también fue solicitada la intervención conjunta de la Procuraduría General y la Contraloría General, con el fin de ejercer auditoría permanente y asegurar la transparencia durante el proceso de toma de control y administración de los activos afectados.

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación identificó un complejo mecanismo de simulación a través de empresas importadoras y comercializadoras ficticias, por el cual se distribuían en el país mercancías sin cumplir los requisitos aduaneros y documentales.

Entre los hallazgos consta que “la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, asunto que llevó a confiscaciones en numerosos municipios.

En cifras, el informe presentado por la autoridad judicial habla de un presunto lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, decomisos de mercancía valorados en $54.000 millones y contrabando cercano a $75.000 millones. Todas estas cifras fueron consignadas por la Fiscalía y debidamente avaladas en sus informes oficiales.

Durante el operativo, la SAE reportó que “en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa”, fenómeno que atribuyó a la anticipación de las diligencias por parte de la alta gerencia de la marca.

La entidad remarcó que funcionarios propios acompañaron y supervisaron las incautaciones desde el inicio, haciendo seguimiento a la integridad de los activos en cada local, incluso aquellos que fueron hallados vacíos.

Por su parte, la empresa Lili Pink reconoció a través de un comunicado la existencia de la investigación penal, aclarando que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

La Fiscalía comunicó que, pese a la extinción de dominio, los establecimientos de la marca continuarán abiertos al público durante el trámite judicial, procurando no afectar a los consumidores ni precipitar la caída operativa de la cadena.

Esa decisión, sumada a la administración transitoria de la SAE, busca preservar la actividad comercial y proteger el interés de los trabajadores y clientes mientras el caso avanza en los estrados judiciales.

La Fiscalía General de la Nación informó de la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, ficha clave en la estructura criminal que se encargaba de mover la mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo en el Caribe.

El ente acusador sostuvo que el acusado, que es mencionado en las investigaciones como alias Pacho o Millos, sería el encargado de permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.

Este sujeto sería uno de los articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades. Además, sería el encargado de gestionar el traslado de la mercancía a países como Ecuador y Venezuela.

En la audiencia, el fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que este hombre tendría un vínculo directo con Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, criminal que Colombia ha pedido en extradición a Portugal, donde está bajo libertad condicional desde mediados de 2025.

En la estructura criminal, “Millos” sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena, en Bolívar, y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá.

Los sobornados, que serían principalmente policías, también debían comprometerse a permitir la salida de los productos de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros. De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.

El ente acusador informó que en la investigación, que es liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conocieron, al menos, seis hechos delictivos en los que “Millos” habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando.

De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial para que este siguiera colaborando con la estructura criminal.

Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.

‘Millos’ sería clave para demostrar la importancia de ‘Papá Pitufo’ en el ingreso de contrabando a Colombia

El puerto de Cartagena cumple un papel central en el comercio marítimo de Colombia y la región del Caribe. Su ubicación estratégica y el alto volumen de carga que recibe lo han convertido en una de las principales puertas de entrada para mercancías de todo tipo, incluidas aquellas que ingresan de manera ilegal.

A través de este puerto, el contrabando ha encontrado rutas propicias para el ingreso de productos que evaden controles aduaneros, afectando tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país. El flujo constante de contenedores y la sofisticación de las redes criminales dificultan la detección de cargamentos ilícitos, que suelen ser camuflados entre mercancía legal.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha sido señalado en diversas investigaciones como un punto recurrente para el ingreso de textiles, calzado, licores, cigarrillos y tecnología de contrabando. El dinamismo comercial y la dimensión de la infraestructura portuaria favorecen que organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas operen mediante sobornos, falsificación de documentos y alianzas con funcionarios corruptos.

Uno de los nombres que ha surgido en el marco de estos señalamientos es el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este individuo ha sido vinculado a redes de contrabando que operan a gran escala en el puerto de Cartagena. Las acusaciones en su contra lo relacionan con el ingreso sistemático de mercancía ilegal, supuestamente facilitado por contactos estratégicos dentro del puerto. A pesar de que se le atribuye la organización de esquemas de ocultamiento y distribución de productos que burlan los controles oficiales, este sujeto se mantiene en Europa sin que las autoridades colombianas puedan judicializarlo.

La Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo en el barrio porteño de Palermo a Fernando Farías Laguna, ciudadano mexicano de 47 años y ex contralmirante de la Marina de México, sobre quien pesaba una notificación roja de INTERPOL por delitos relacionados con el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos.

El operativo se desarrolló en la vía pública, en la intersección de Guatemala y Juan B. Justo. Farías Laguna había ingresado al país el 1° de abril de este año, utilizando una identidad falsa a nombre de un ciudadano guatemalteco, y se alojaba en un departamento de alquiler temporario en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Su captura fue resultado de un trabajo articulado entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, INTERPOL y las autoridades judiciales de Argentina y México. El ex contralmirante es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

La intervención judicial en Argentina corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del magistrado Julián Ercolini, con la Secretaría N°24 a cargo de María Alejandra Cavallero.

La investigación señala que desde 2023 Farías Laguna integraba una estructura criminal conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas. Esta organización se dedicaba al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible, en lugar de ser declarado como tal, era presentado como “aceites, lubricantes o aditivos”, lo que permitía evadir los controles aduaneros y fiscales.

Esta operatoria, conocida en México como “huachicol fiscal”, representa una modalidad de criminalidad organizada compleja que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales para encubrir la actividad ilícita. A diferencia del robo tradicional de combustible, el esquema se apoya en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, generando ganancias ilegales para la organización y distorsionando el mercado energético.

El impacto económico de estas maniobras resulta significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos para el Estado mexicano. El modus operandi incluía la utilización de documentación apócrifa, empresas fachada y la simulación de operaciones comerciales mediante la presentación de documentación adulterada sobre volúmenes y muestras, así como la emisión de facturas apócrifas.

El trabajo de cooperación internacional fue clave para la detención. Desde México, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y INTERPOL México participaron en la localización y posterior captura, en conjunto con sus pares argentinos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales sobre la aprehensión del ex contralmirante, destacando que Farías Laguna “cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”.

Farías Laguna se encontraba prófugo desde 2025. En septiembre de ese año, había obtenido una suspensión definitiva que impedía su captura, pero el 2 de octubre la medida fue retirada, lo que permitió que las autoridades avanzaran con el arresto. La ficha roja de INTERPOL permitía su búsqueda en 192 países.

El desmantelamiento de estas redes de contrabando de combustible es considerado uno de los golpes más relevantes para el combate al huachicol fiscal en México. Las maniobras ilegales no solo incluían la entrada irregular de combustible, sino también el uso de una estructura logística multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. Esta logística, basada en operaciones simuladas y documentación falsa, buscaba fragmentar la trazabilidad del producto y evadir los controles aduaneros y fiscales.

En el marco de investigaciones previas, la Fiscalía mexicana aseguró buques con millones de litros de diésel ilegal y detuvo a servidores públicos vinculados con estas maniobras. Además, se detectaron empresas dedicadas al contrabando de combustible cuya operatoria llegó a los 23 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una decisión que podría redefinir la lucha contra el contrabando en México: determinar si el SAT conserva atribuciones para denunciar estos delitos, tras el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un punto que afectará la validez de investigaciones fiscales aún en proceso y delimitará el papel del fisco federal frente al crimen aduanero. El recurso fue atraído el 15 de abril de 2026, en el contexto de una disputa jurídica desatada luego de que un tribunal resolviera que la representación ante delitos de contrabando quedó exclusivamente en manos de la autoridad aduanera a partir de 2022, año en que entró en vigor el nuevo reglamento institucional.

El origen de la controversia radica en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República desde junio de 2020, cuando el SAT denunció un presunto contrabando de diésel valuado en $170 millones por el puerto de Tuxpan, Veracruz. La intervención del SAT incluyó la presentación de una declaratoria de perjuicio fiscal y señalamientos contra Édgar Marín Meza Moreno, presidente de Impulsora de Productos Sustentables, por supuestamente utilizar documentación falsa para importar combustible. Dos años después, el SAT solicitó también procesar a Mario Alberto Guijardo Tamayo, representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa.

Un tribunal federal resolvió que, desde 2022, la facultad de denunciar delitos aduaneros corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y no al SAT. Esta interpretación jurídica podría invalidar procesos penales iniciados por el fisco federal en materia de contrabando, según resoluciones judiciales y fuentes consultadas por La Jornada y El Imparcial.

Tribunal federal anula proceso contra empresario y limita funciones del SAT

El proceso judicial avanzó con criterios diferenciados. En mayo de 2025, un juez federal negó la vinculación a proceso de Meza Moreno por falta de pruebas de la FGR, mientras que Guijardo Tamayo sí fue vinculado y sujeto a restricciones, como la presentación periódica, entrega de garantía económica por 300 mil pesos y la prohibición de salir del país. Pero en noviembre de 2025, un tribunal anuló la medida sobre Guijardo Tamayo tras determinar que, para 2024, el SAT ya carecía de facultades legales para denunciar el contrabando, función transferida a la Agencia Nacional de Aduanas de México después de la reforma de 2022, según explicó El Imparcial.

Al verse desplazado con esta interpretación jurídica, el SAT promovió un juicio de amparo con el propósito de revertir tanto la negativa de vinculación a Meza Moreno como la revocación del proceso contra Guijardo Tamayo. El asunto llegó a la Suprema Corte, que debe resolver ahora si el SAT puede seguir representando los intereses del fisco federal en materia penal frente al contrabando, o si la legitimidad para denunciar yace solo en la nueva autoridad aduanera, según informó La Jornada.

La SCJN busca sentar precedente sobre representación fiscal en delitos aduaneros

El expediente judicial que analiza la SCJN corresponde al recurso de queja 52/2026 y emana del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. La intervención directa de la Corte responde a la petición de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo para sentar un precedente que clarifique la representación fiscal en procesos relacionados con delitos aduaneros.

En paralelo, la SCJN atiende al menos otro caso similar en torno al mismo empresario, evidenciando que la disputa de competencias podría dejar en el limbo decenas de procesos judiciales por delitos como el huachicol fiscal. En marzo de 2026, la Corte también decidió atraer el análisis de otro caso donde figuran 21.5 millones de litros de diésel, en el que deberá definir la legitimidad del SAT para defender el interés de la Federación contra el contrabando, de acuerdo con información de La Jornada.

La reforma de 2022 otorga exclusividad a la Agencia Nacional de Aduanas

La reforma legal que transfirió las atribuciones al nuevo órgano aduanero data de 2022. Desde entonces, la Agencia Nacional de Aduanas de México es reconocida como el único ente facultado para intervenir legalmente en delitos de contrabando y otros ilícitos aduaneros, desplazando al SAT del frente procesal.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultará decisivo para orientar la actuación de jueces y autoridades hacendarias en la representación del Estado mexicano ante los tribunales. La resolución, que permanece pendiente, podría impactar la validez de múltiples investigaciones en curso y redefinir los mecanismos del combate oficial al contrabando y los delitos fiscales vinculados al comercio exterior en México.

El contrabando se consolidó como la principal modalidad de comercio ilícito que afecta a la industria peruana, impactando al 42% de las empresas del sector, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El informe, elaborado en marzo sobre una muestra de empresarios a nivel nacional, revela que este fenómeno representa uno de los desafíos más importantes para la producción formal en el país.

De acuerdo con el reporte, cerca de la mitad de los empresarios industriales indicó que alguna modalidad de comercio ilícito afecta su actividad. Además del contrabando, la subvaluación impacta al 35% de las empresas, la falsificación y adulteración de productos al 26% y la piratería al 18%.

Reducción de ventas y presión en los precios para la industria de Perú

El efecto más inmediato del comercio ilícito es la caída de las ventas. Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, el 74% de los empresarios consultados señaló la disminución de los ingresos como la principal consecuencia.

Esta situación se agrava con la reducción de precios (40%), la pérdida de clientes (35%) y la disminución de márgenes de ganancia (32%), lo cual debilita la competitividad de las empresas formales frente a productos ilegales de menor precio.

Estrategias empresariales y percepción de las políticas públicas

Ante la expansión del contrabando y otras formas de comercio ilegal, las empresas industriales han adoptado diversas estrategias de defensa. El 22% apostó por diferenciar sus productos o servicios, mientras que el 18% realizó denuncias ante las autoridades. Un 16% optó por buscar nuevos mercados y el 13% decidió ajustar sus precios para competir.

Pese a estos esfuerzos, la percepción sobre la respuesta estatal es negativa. El 76% de los empresarios considera que las medidas impulsadas por el Estado resultan insuficientes. Solo un 2% cree que son adecuadas para enfrentar el problema, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias.

¿Prioridades para combatir el comercio ilícito?

En este derrotero, los empresarios peruanos identifican la fiscalización del mercado interno como la acción más urgente, con un 44% señalando esta medida como prioritaria, según la Sociedad Nacional de Industrias.

El control aduanero, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sigue en importancia (42%), mientras que un 33% apuntó a la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y un 24% propuso promover una cultura de formalidad como parte de la solución.

El estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales abarca sectores como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil, confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial. Esta amplitud muestra el alcance transversal del problema y la diversidad de industrias afectadas.

La gremio industrial remarcó que el impacto del comercio ilícito pone en riesgo la sostenibilidad y la generación de empleo en la industria formal. Los resultados del estudio refuerzan el pedido de acciones integrales para fortalecer el control estatal y promover entornos de competencia leal en el país.

El avance del contrabando volvió a encender alertas en el sector industrial, con impacto directo en rubros clave como el mercado de celulares, donde las empresas advierten sobre fuertes distorsiones de precios y una creciente presencia de canales informales. La circulación de productos ingresados por fuera de los canales legales afecta la competencia y altera la dinámica del mercado interno, remarcaron desde el sector.

Según un reciente informe del sector, el mercado de celulares en la Argentina se ubica en torno a 9,2 millones de unidades anuales, tomando como referencia el promedio entre 2023 y 2025. Dentro de ese volumen, el contrabando pasó de representar un 7% a alcanzar actualmente el 35% del total, lo que equivale a más de 3,2 millones de equipos por año. En términos concretos, el estudio señala que uno de cada tres celulares se comercializa por fuera de los canales formales.

La medición en dólares también refleja la magnitud del fenómeno. De acuerdo con los datos de 2025, el mercado de contrabando generó ingresos por USD 1.858 millones, mientras que las ventas de celulares de producción nacional alcanzaron los USD 2.311 millones. De esta manera, el segmento ilegal representó cerca del 45% del mercado medido en dólares, lo que evidencia su peso dentro de la estructura general del sector.

Fuentes del mercado señalaron que esta dinámica se sostiene en el tiempo y presenta un comportamiento estable. Durante el primer trimestre de 2026, el canal informal mantuvo un volumen estimado de 50.000 unidades semanales, lo que consolidó su presencia como un circuito paralelo con niveles de comercialización previsibles.

“Observamos con profunda preocupación cómo la estructura impositiva y de costos de comercialización, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante. Es fundamental entender que el desafío que enfrentamos hoy trasciende el modelo operativo”, destacaron desde el sector.

Así, la ausencia de fiscalización rigurosa en las fronteras alimenta un circuito irregular donde uno de cada tres celulares vendidos en Argentina es de origen ilegal. Eso impacta en los consumidores, el empleo de la industria y en el comercio legal.

“Si no se encara una revisión integral de la estructura impositiva y no se fortalece la presencia del Estado en los puntos de ingreso al país, el impacto en la economía real seguirá siendo crítico. La industria necesita un ecosistema con reglas claras y fronteras seguras para garantizar una competitividad sostenible”, agregaron desde la industria móvil.

El informe también describe cómo el contrabando gana terreno en los segmentos de mayor valor. En el caso de los dispositivos de alta gama, las ventas del canal informal se equipararon con las del circuito formal durante los primeros meses del año. En tanto, en las gamas media y baja, el mercado ilegal alcanzó aproximadamente la mitad del volumen comercializado por los canales legales.

Además del volumen, el estudio identifica los principales puntos de ingreso de los dispositivos. Según las estimaciones, el 50% de los equipos ingresa desde Paraguay a través del paso fronterizo de la localidad de El Dorado, mientras que el otro 50% proviene de Miami, vía Panamá, y llega al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta doble vía de entrada configura una estructura de abastecimiento consolidada para el mercado informal.

Brecha de precios

Otro de los factores centrales que explica la expansión del contrabando es la brecha de precios. El informe señala que la diferencia entre el canal formal y el informal se ubica en un rango de entre 30% y 35% en promedio, y puede alcanzar hasta el 40% en equipos de alta gama. Esta diferencia sostenida en el tiempo actúa como uno de los principales incentivos para la demanda de productos ilegales.

“Observamos con preocupación cómo la estructura impositiva y de costos, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante”

La brecha responde a una estructura de costos que impacta sobre el canal formal. De acuerdo con el relevamiento, el 42% del precio de un dispositivo corresponde a costos de producción, mientras que un 34% se explica por la carga impositiva en sus distintos niveles. A eso se suman un 10% de gastos comerciales y administrativos, un 9% vinculado a financiamiento y un 5% de margen estándar. Esta composición genera una diferencia estructural frente al mercado informal, que no enfrenta esos costos.

El informe también detalla el rol de los canales digitales en la expansión del contrabando. El 60% de las ventas informales se realiza a través de redes sociales, mientras que el 40% restante se canaliza mediante plataformas de comercio electrónico. En este entorno, los vendedores adoptan estrategias híbridas que combinan stock legal e ilegal, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones y complica los controles.

Preocupación transversal a la industria

En este contexto, el fenómeno del contrabando se consolidó como una preocupación transversal dentro del sector industrial. Empresas de distintos rubros señalaron que la circulación de mercadería ilegal genera distorsiones que afectan tanto a la comercialización como a la recaudación.

De hecho, días atrás, el dueño de la marca de electrodomésticos Peabody, Dante Do Sun Choi aseguró, en una entrevista con Infobae, que “la ilegalidad tomó el mercado”. Se refirió a la “bolivarización” de la economía argentina, ya que “el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando”. "Hoy la producción dejó de convenir, ni siquiera importar conviene, salvo subfacturando“, remarcó.

Este tema es motivo de una gran preocupación dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), desde donde se impulsó una agenda de trabajo con distintas áreas oficiales, con el objetivo de reforzar los controles y actualizar el marco normativo.

Uno de los principales ejes de esa agenda se centró en la necesidad de introducir cambios en el Código Aduanero, en coordinación con la Aduana. Según indicaron fuentes de la entidad, la intención es incorporar herramientas más eficaces para enfrentar el ingreso ilegal de productos. La idea es buscar regular la comercialización de productos confiscados. Las empresas advirtieron que parte de esos bienes vuelve al mercado a precios muy inferiores a los del circuito formal, lo que profundiza las distorsiones existentes. En ese sentido, propusieron establecer límites o condiciones más estrictas para su venta.

En paralelo, se avanzó recientemente en la implementación del Sistema de Vigilancia del Mercado, en conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Fernando Blanco Muiño. A través de este mecanismo, las empresas presentan listados de comercios en los que detectan venta de productos de origen ilegal y las autoridades realizan fiscalizaciones junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de verificar la procedencia de los productos y detectar irregularidades.

Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa en el ámbito digital. Desde la UIA indicaron que todavía no se logró establecer un mecanismo efectivo para controlar la comercialización a través de redes sociales y plataformas online, donde se concentra una parte significativa de las ventas informales.

El tema formó parte de la agenda del comité ejecutivo de la entidad, que trató la problemática del contrabando durante una reunión este martes de comité directivo.

El informe de gestión de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reveló que durante el 2025 intervino en 306 nuevas causas, lo que equivale a un 12,5% más que las registradas el año anterior.

La oficina especializada en causas de narcotráfico asiste al Ministerio Público Fiscal (MPF) en todo el país, al tiempo que promueve investigaciones autónomas con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos.

El resumen difundido a través del portal del MPF detalla que la PROCUNAR gestionó unas 117 colaboraciones con más de 100 fiscalías de todo el país, tuvo 3 casos delegados, participó de 144 investigaciones preliminares y 42 autónomas.

Por otro lado, el fiscal federal Diego Iglesias destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio repercutió positivamente en el avance de casos de narcocriminalidad “lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.

Droga en barco a España

Uno de los ejemplos refiere a una pesquisa basada en información recibida desde la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, que orientó a determinar responsabilidades en una organización transnacional, vinculada al contrabando marítimo de cocaína con destino a Europa.

En Argentina, la PROCUNAR trabajó en conjunto con el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Gustavo Meirovich.

El resultado se obtuvo el 28 de agosto de 2025, cuando se incautó una plancha metálica donde se ocultaban alrededor de 510 kilogramos de clorhidrato de cocaína, separados en 444 paquetes.

Se detuvieron en total a ocho personas, todas procesadas con prisión preventiva por delito de contrabando de estupefacientes.

Correos humanos en Posadas

La justicia de Misiones secuestró 20 kilos de MDMA, una droga psicoactiva sintética, conocida también como éxtasis o Molly. El operativo se concretó tras el análisis de la información contenida en los teléfonos celulares que habían sido incautados.

El proceso fue impulsado por la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, que estaba detrás de una banda que captaba personas para que oficien de “correos humanos” de cocaína a países de Europa.

Cuando regresaban al país debían transportar MDMA para ser comercializadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La PROCUNAR precisó que por ese caso se requirió la elevación a juicio para los siete imputados de tráfico de estupefacientes agravado y falsificación de documentos públicos.

Tráfico aéreo de Droga

La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo a cargo de Claudio Rodolfo Kishimoto y la PROCUNAR lograron interceptar en Santa Fe, una aeronave de matrícula boliviana, que trasladaba 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 430 paquetes envueltos en bolsas arpilleras.

La investigación derivó a un campo ubicado en Maguire, provincia de Buenos Aires, donde detectaron dos camionetas que estaban esperando el aterrizaje de otros aviones con droga.

En uno de los vehículos hallaron 956 kilogramos de clorhidrato de cocaína, acondicionada en 22 bultos.

Durante el primer procedimiento detuvieron al piloto que fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión como autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes.

A su vez, identificaron al jefe de la organización, Brian Bilbao, encargado de la distribución de cargamentos, quien en el momento de la detención hacía dos años que estaba prófugo.

Una operación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación permitió la incautación de 574.818 unidades de mercancía de contrabando en seis ciudades del país, en un despliegue simultáneo contra redes dedicadas a la comercialización ilegal de productos.

El valor comercial de la mercancía incautada supera los $36.252 millones, según el reporte oficial de las autoridades.

Las acciones se desarrollaron en Bogotá, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Maicao, donde fueron ejecutadas 22 diligencias de registro y allanamiento en puntos identificados como centros de acopio ilegal y carga contenerizada.

Las autoridades informaron que el operativo se concentró en estructuras logísticas utilizadas para el almacenamiento y distribución de mercancía ingresada de manera irregular al país.

Más de 574 mil unidades de mercancía incautadas

Durante los procedimientos fueron decomisados productos como oro, confecciones, cigarrillos, calzado, autopartes, juguetes y otros artículos de procedencia extranjera.

La Polfa confirmó que la totalidad de la mercancía no contaba con documentos que acreditaran su ingreso legal al territorio nacional.

Riesgo sanitario por productos sin registro del Invima

Las autoridades advirtieron que parte de los productos incautados, especialmente alimentos perecederos y suplementos dietarios, no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos por el INVIMA.

En el comunicado oficial se indicó que estos productos no eran aptos para el consumo humano, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

Captura por corrupción de alimentos

En el marco de la operación fue capturada una persona señalada por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de judicialización ante un juez de control de garantías.

Declaraciones del director de la Polfa

El coronel Mauricio Andrés Carrillo, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que la operación hace parte de una estrategia reforzada contra el contrabando.

“En la última semana ejecutamos veintidós diligencias de registro de allanamiento a nivel nacional en ciudades y puertos del país, sobre cargas contenerizadas y centros de acopio ilegal”, señaló.

El oficial confirmó el resultado de la operación: “logrando la incautación de más de quinientas setenta y cuatro mil unidades de mercancía ilegal, avaluadas en más de treinta y seis mil millones de pesos, además de dinero en efectivo producto de esta actividad criminal”.

Golpe a estructuras y cambio de enfoque operativo

Carrillo explicó que el objetivo de las autoridades ya no se limita a la incautación de mercancía, sino a la afectación directa de las redes criminales.

“Hoy estamos cambiando la estrategia de lucha contra estas economías ilegales. No nos quedamos solo en la incautación o la aprehensión. Estamos identificando, judicializando y afectando las estructuras que financian el contrabando”, indicó.

El coronel añadió que el impacto es financiero y estructural: “Esto significa golpear directamente las finanzas de estas organizaciones criminales que evaden impuestos, afectan la economía y el comercio legal y comprometen la seguridad de nuestro país”.

Impacto económico del contrabando

El oficial explicó que las operaciones generan un efecto directo en las finanzas del Estado. “Cada operación tiene un doble impacto. Protegemos el recaudo del Estado, que se traduce en inversión social, y cerramos el flujo de dinero ilegal”, afirmó.

Carrillo también advirtió sobre el impacto sanitario del contrabando de productos sin control.

“También evitamos la comercialización de productos sin control sanitario, como en el caso de los medicamentos adulterados o de uso institucional, protegiendo la salud pública”, señaló.

Llamado a la ciudadanía

El director de la Polfa hizo un llamado a comprender la dimensión del delito. “Es importante invitar a los ciudadanos a ver el contrabando no como una evasión fiscal, es decir, un pago que no se hace de los impuestos o la no declaración de estas mercancías ante autoridades aduaneras al momento de ingresar al país”, indicó.

Agregó que este fenómeno tiene un impacto estructural: “Es un fenómeno que financia el crimen y debilita al Estado”.

Coordinación institucional e internacional

La operación contó con articulación entre autoridades nacionales y agencias internacionales, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado transnacional.

“Por eso lo estamos enfrentando con mayor contundencia de la mano de autoridades judiciales nacionales e internacionales”, concluyó Carrillo.

El operativo se fundamentó en una investigación de ciberpatrullaje que permitió identificar no solo la operación digital de la empresa involucrada, sino también el emplazamiento físico de su local y uno de los domicilios de los sospechosos.

El dato diferencial surgió de la detección del mecanismo utilizado: la mercadería ingresaba al país a través de una empresa de micros de larga distancia, punto clave en el trazado de la logística del contrabando. Todas las evidencias colectadas fueron puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 y de la Secretaría N°4, responsables formales de la causa.

Durante la intervención, los agentes secuestraron no solo el calzado, sino también dos dispositivos posnet, una notebook y documentación considerada de interés. Las zapatillas incautadas simulaban ser de principales marcas internacionales y carecían de respaldo legal sobre su procedencia, infringiendo de manera directa la Ley de Marcas vigente en Argentina.

La actuación en la vivienda del principal imputado permitió el decomiso de un celular y una libreta con anotaciones vinculadas a la operativa comercial del grupo, materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la amplitud de la organización y la potencial red de distribución dentro del país.

El avance judicial fue encabezado por el juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes avalaron la ejecución simultánea de los dos procedimientos en territorio bonaerense, articulando colaboración entre la Policía de la Ciudad, personal de Aduana y las unidades de investigación técnica.

El pedido de documentación a la empresa de micros de larga distancia representa una vía estratégica para trazar el circuito internacional del contrabando, ya que los registros de viajes pueden revelar la magnitud de la red, posibles operadores adicionales y eventuales responsables internos en el sector del transporte.

Qué dice la Ley de Marcas

La Ley Nº 22.362 establece el marco legal para la protección y el registro de marcas en Argentina. Esta norma, sancionada en 1980, regula el modo en que personas y empresas pueden distinguir productos y servicios a través de signos identificatorios. Según lo dispuesto, la propiedad sobre una marca y su uso exclusivo surgen únicamente a partir del registro oficial ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).

El texto legal considera marca a cualquier signo con capacidad distintiva, incluyendo palabras, dibujos, emblemas, combinaciones de colores, envases, letras, números, frases publicitarias y otros elementos gráficos. No pueden registrarse aquellos signos que designan de manera habitual o necesaria el producto o servicio, ni los que resultan descriptivos, genéricos o que hayan pasado al uso general antes de la solicitud. Tampoco se aceptan formas, colores naturales, marcas idénticas o similares a otras ya registradas, denominaciones de origen, ni aquellas susceptibles de generar confusión o engaño respecto de la naturaleza, calidad, origen o precio de los bienes y servicios.

La exclusividad de uso se obtiene únicamente con el registro, que tiene una vigencia de diez años y puede renovarse indefinidamente si la marca ha sido utilizada en los cinco años precedentes a cada vencimiento. El derecho de prelación corresponde a quien primero presenta la solicitud, y es posible la titularidad conjunta de una marca si así lo solicitan varias personas.

En materia penal, la norma sanciona con prisión de tres meses a dos años y multas de hasta ciento cincuenta millones de pesos a quienes falsifiquen, imiten o utilicen indebidamente marcas registradas o designaciones protegidas. El titular damnificado puede solicitar el comiso, venta o destrucción de los elementos en infracción, así como medidas cautelares como el embargo o secuestro preventivo de mercadería. El derecho a reclamos civiles prescribe a los tres años de la infracción o al año de haberse tenido conocimiento de la misma.

El antecedente contra el contrabando

Hace poco más de una semana, la Policía de la Ciudad secuestró 137 bultos con prendas de vestir de primeras marcas norteamericanas y europeas que habían sido ingresadas de contrabando al país. El valor estimado de la mercadería supera los 150 millones de pesos.

El operativo se realizó en un comercio ubicado en Monroe al 2500, en el barrio de Belgrano. La intervención fue el resultado de una investigación de dos meses, según informó la fuerza de seguridad.

Participaron agentes de la División Contravenciones y Faltas y de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), dependientes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Identificaron un local que ofrecía ropa supuestamente usada, aunque en realidad se trataba de mercadería nueva de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, entre otras.

A través de redes sociales, el comercio promocionaba ropa deportiva —calzas, camisetas de fútbol y fútbol americano, camisas, remeras, abrigos, chombas— y también accesorios como lentes de sol. En esos perfiles se mostraban las prendas ingresadas y a la venta, además de promociones y días de feria con descuentos. En una de las últimas publicaciones ofrecían la posibilidad de que los clientes llevaran ropa usada para venderla, que luego era revendida por el local. “Te asesoramos con los respectivos costos, condiciones, etc”, indicaban.

Luego de la denuncia presentada por la UTOJ, el Juzgado Penal y Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, autorizó el allanamiento en el local de Belgrano.

Durante el procedimiento, personal de la Policía y de ARCA realizó una inspección exhaustiva. Como resultado, se requisó una gran cantidad de indumentaria importada. Ninguna de las prendas contaba con la documentación respaldatoria necesaria.

La causa judicial avanza por infracción a la Ley 22.415 (Ley de Contrabando), mientras se analizan los dispositivos y documentación incautados en el comercio de Monroe al 2500.

El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1° de junio, según confiaron a Infobae fuentes tribunalicias de Paraguay. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.

Es la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.

El ex senador nacional y su ex secretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.

Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.

El juicio en el país vecino es relevante para el futuro de Kueider en la Argentina. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, pidió su extradición por lavado de activos. Considera que gran parte del patrimonio del ex senador es de origen ilícito porque no se condice con sus ingresos. La Fiscalía paraguaya dio curso, pero puso la condición de que primero se realice el proceso por contrabando.

Cómo espera Kueider el juicio

En la agenda del ex legislador, el sábado 18 estaba marcado como el día para conversar con sus abogados sobre los últimos retoques a la estrategia judicial. El encuentro debía producirse antes, pero no se concretó.

El viernes 17, los letrados que patrocinan al ex senador y a su pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, hicieron una conferencia telefónica durante las primeras horas de la tarde. Ahí le avisaron de la postergación.

La reunión del sábado ya no tuvo la misma importancia de antes. Pese al paso del tiempo, la planificación del caso de la defensa no tendrá demasiadas variantes.

A trazo grueso, la estrategia de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido recogidos en Paraguay horas antes de la detención. Con los dólares a cuestas, habrían cruzado a cenar a Foz y, al regreso, se produjo el arresto.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta resolvió absolver al ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo) Atta Gerala en el marco de la investigación que pesaba sobre él por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. En la misma causa, un policía, Mauro Rodríguez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo. Además de la condena, se le prohibió residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.

El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —presidente del tribunal—, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. El juicio contó con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, y la asistencia de Roxana Gual, auxiliar fiscal.

La investigación, que se remonta a agosto de 2024, buscó desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario. La causa se formalizó tras la audiencia de control de acusación del 12 de diciembre de 2025; el juicio oral se inició el 4 de marzo del año siguiente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe primario de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos.

La fiscalía sostuvo que los hechos representaban “un delito de poder” y que en Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba reunida no superó el umbral de la duda razonable respecto del ex intendente y dispuso su absolución.

Por el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante acuerdos de juicios abreviados a otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado, cohecho activo y robo agravado.

El comerciante David Medina recibió la misma pena y fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. El cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

En cuanto a los hechos, la investigación se inició a raíz de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Ese dato permitió identificar al comerciante Medina, quien administraba un galpón en la ciudad de Orán. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo que detectaron la expansión de actividades hacia el contrabando de material ferroso, estableciendo un vínculo con el hijo del ex intendente. Este último, según la acusación, organizaba el robo de rieles y su traslado por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a funcionarios de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.

El circuito delictivo incluía la extracción de rieles, su traslado en camiones y el cruce hacia Bolivia a través del río Bermejo. Según declaraciones recogidas durante el debate, el negocio generaba un rédito de 25 millones de pesos diarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno transportando entre 30 y 31 toneladas de rieles.

En relación a la prueba contra Gerala, la fiscalía señaló que en su domicilio se hallaron 15 rieles, herramientas de corte y una camioneta blanca utilizada por su hijo. Un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano derivó en el secuestro de dos camiones con rieles robados. Un chofer manifestó que el traslado se realizaba por encargo de Gerala e intentó ponerlo en comunicación telefónica con el entonces intendente.

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, negó la responsabilidad penal de Gerala, aunque reconoció la de su hijo. Argumentó que las herramientas de corte halladas no eran las utilizadas en el robo de rieles y que los rieles encontrados en la propiedad estaban allí desde antes, posiblemente desde la adquisición del terreno. La defensa también sostuvo que no existen pruebas directas que vinculen al ex jefe comunal con los otros imputados condenados y que el contacto telefónico del ex intendente fue incorporado por el conductor después de los hechos.

El juez Batule valoró la decisión del MPF de llevar el caso a juicio, aunque concluyó que las evidencias contra Gerala no alcanzaron la contundencia necesaria para acreditar su responsabilidad penal. La presencia de rieles en el domicilio del acusado no fue considerada un indicio concluyente, y las herramientas de corte no coincidían con las empleadas en los robos. La camioneta blanca, aunque pertenecía al exintendente, no probó que supiera del uso que le daba su hijo.

Sobre Rodríguez, el tribunal ponderó como determinantes los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se tuvo en cuenta que, como jefe del destacamento policial, no receptaba denuncias vinculadas a estos hechos ni promovía investigaciones para su esclarecimiento.

Además, se acreditó que desplegaba conductas intimidatorias hacia pobladores de comunidades originarias relacionadas con las denuncias de robo de rieles, incluyendo amenazas de apertura de causas penales.

Dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que contempló aportes económicos al hospital público de General Mosconi y tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 transportando rieles robados en la ruta provincial 53, en la localidad de Padre Lozano.

Dante Do Sun Choi es dueño de la firma de electrodomésticos Peabody y a comienzos de marzo tomó la decisión de avanzar con la reestructuración de sus pasivos y pedirle a la Justicia entrar en concurso preventivo. Su situación no escapa a la de muchas firmas del sector, y de muchos otros rubros también.

En una entrevista exclusiva con Infobae en el bar de un hotel boutique del barrio de Palermo, el empresario coreano, quien llegó a Buenos Aires con su familia a los 12 años y vivió indocumentado en Fuerte Apache durante varios años, expuso una “profunda tristeza” por el devenir del sector industrial y remarcó que, a pesar de estar agradecido por lo que le dio el país, “es muy ingrato ser empresario en la Argentina“.

Evitó referirse al pedido de concurso porque se encuentra en medio de las negociaciones, pero espera poder resolver la deuda que tiene con sus acreedores en el menor tiempo posible y mientras tanto evalúa de qué manera continuar operando en el país.

En la charla, el empresario repasó los factores que, según su visión, destruyeron la competitividad de la industria local y llevaron a su compañía a una situación límite. Responsable de una marca con más de veinte años de historia, relató que la asfixia impositiva, la presión regulatoria, la apertura de importaciones y el avance de la economía informal se combinaron para dejar a la firma al borde del colapso.

Antes de referirse a las políticas del actual gobierno, Choi cuestionó a la gestión anterior y la culpó de muchos de los problemas que arrastra la empresa. Tiempos de reuniones con la Secretaría de Comercio y adhesión a Precios Cuidados para obtener los permisos de importación. En ese momento, sumó el empresario, la empresa producía 800 artículos e importaba 200. Ése, para él, fue el “primer golpe”.

“Yo me pregunto en este momento si vale la pena seguir con mi negocio realmente”

A ese primer episodio le siguieron otros impactos que, según describió, profundizaron el deterioro de la compañía. Señaló que hacia fines de 2023 la empresa acumuló crédito fiscal retenido por IVA por unos $1.500 millones, que se licuó tras la devaluación y la inflación, y que recién pudo utilizar meses después. Luego, durante el primer semestre de 2024, enfrentó dificultades para pagar deudas con proveedores de China por las restricciones vigentes, lo que derivó en la pérdida de crédito y en la necesidad de cancelar obligaciones a costos mucho más altos.

Indicó que, tras una mejora de la demanda en la segunda mitad de ese año, el escenario volvió a cambiar a partir de 2025 con el aumento de importaciones y la caída de la rentabilidad. En ese contexto, sumó el impacto de la presión impositiva, los reclamos pendientes con el Estado y, principalmente, la expansión de la informalidad, que, según definió, terminó por alterar las condiciones de competencia en el mercado. En ese marco, el empresario sintetizó su diagnóstico sobre la situación actual del sector: “La ilegalidad tomó todo el mercado argentino”.

— ¿Cómo impacta esa situación en la competencia diaria?

— Impacta en todo. Porque ya no es solo competir con importados en condiciones normales. Es competir con productos que entran subfacturados, que no cumplen normas, que no pagan impuestos. La competencia se volvió imposible por la doble imposición de IVA y los altos costos, lo que lleva a la subfacturación.

— ¿Tiene ejemplos concretos?

— Hace diez años desarrollamos un ventilador de techo retráctil. El costo era 35 dólares, mientras en China costaba entre 55 y 100 dólares. Registramos el modelo y fuimos exclusivos nueve años. El año pasado aparecieron más de 200 marcas importando el mismo producto desde China, a 15 dólares.

— ¿A qué atribuye esa diferencia?

— Esa diferencia de costo se debe a que incumplen con la norma IRAM. La obligatoriedad de presentar el certificado para importar desapareció; ahora solo piden un QR posterior que muchos no cumplen. Son productos peligrosos.

— ¿Pudieron bajar costos?

— Bajamos el costo a 20 dólares, pero ahora los importan a 5 dólares. Es inviable. El 90% de los productos en el mercado no tiene certificación y hay subfacturación generalizada. Y se venden tanto en grandes retailers como en Mercado Libre y otros canales.

— ¿Sólo producían ventiladores?

— No, también hacíamos hornos eléctricos, licuadoras, pero todos los productos sufren dumping.

— ¿Ve lo mismo en otros sectores?

— Claro. Cuando Carrefour anunció su venta, Federico Braun, dueño de La Anónima, dijo que podía competir contra la cadena francesa, pero no contra la ilegalidad. El hipermercadismo perdió 20 puntos de market share en manos de la ilegalidad. A esto yo lo llamo la bolivarización de la economía argentina: en Bolivia, el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando. Ahora ocurre lo mismo aquí. Nuestro ventilador más barato se vendía a $199.000; el producto contrabandeado se comercializa a $65.000. Hoy la producción dejó de convenir, ni siquiera importar conviene, salvo subfacturando.

“En Bolivia, el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando. Ahora ocurre lo mismo aquí”

— ¿El modelo chileno es comparable?

— En Chile, la apertura es ordenada, no hay subfacturación ni ventas en negro. El consumidor paga más por marca y garantía. Pensé que la Argentina iría a ese modelo, pero adoptó el boliviano, donde la ilegalidad domina.

— ¿Hicieron denuncias?

— Sí, ante varios organismos oficiales, pero el sistema es tan lento que cuando aplican sanciones, el daño ya está hecho y las multas se apelan.

— ¿Cuál es la situación actual de la empresa en este contexto?

— Estamos en una etapa de reestructuración. En los últimos años invertí en tres fábricas: primero en Ezeiza, luego la mudé a La Tablada, y después abrí una en Paraguay. En la Argentina los costos son mucho más altos que en Paraguay, donde los impuestos y cargas son menores. Hoy la producción local es muy limitada, de trescientas personas pasamos a ciento cuarenta.

“No sé qué va a ser de mi vida en este momento. Estoy evaluando; depende de las circunstancias que ofrezca este país”

— ¿Considera solo importar?

— Yo me pregunto en este momento si vale la pena seguir con mi negocio realmente, porque en un país donde no hay reglas claras, tenés que competir contra la ilegalidad. Yo construí equity de una marca en base a innovación, diseño y calidad. Y en este momento la sociedad argentina valora otra cosa.

— Sí, pero eso tiene un límite. En algún momento el consumidor se da cuenta si un producto es de mala calidad.

— Está bien, pero el problema es que siempre existió subfacturación y el contrabando en la Argentina, pero eran negocios marginales para el 10 o 15% del mercado; ahora es del 70 u 80 por ciento.

— ¿Cuál será el futuro de Peabody entonces en la Argentina?

— El problema es que acá en la Argentina ningún proyecto industrial es viable. Pero no es solamente eso, sino que ningún negocio regular dentro de la legalidad es viable, si esto sigue así. No sé qué va a ser de mi vida en este momento. Estoy evaluando; depende de las circunstancias que ofrezca este país. Mientras tanto, me da mucha tristeza, porque el equity de marca, el equity de la empresa que construí no es para este país. En otro, valdría muchísima plata. Eso es lo que me da una gran tristeza y depresión.

Petro afirmó que con las decisiones de su par ecuatoriano “le están entregando el comercio al contrabando; le entrega su pueblo y el nuestro a la mafia, el territorio”. Según el mandatario colombiano, el cierre de la frontera y el aumento de aranceles “produce que los pueblos dejen de comerciar” y genera un aumento del contrabando a través de rutas ilegales, especialmente por la selva amazónica.

El presidente colombiano advirtió que las medidas tomadas por Ecuador no solo afectan el comercio formal sino que “le están entregando la frontera a la mafia”, reforzando la economía ilegal y debilitando las oportunidades de empleo en la región de Nariño. Petro vinculó la crisis actual con episodios similares ocurridos en la frontera con Venezuela, donde el cierre arbitrario de pasos fronterizos incrementó el flujo de mercancía ilegal y el poder de organizaciones criminales.

En ese contexto, Petro también criticó el alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, sugiriendo que esa política podría agravar la situación económica y social en las zonas fronterizas.

Guerra arancelaria y tensión diplomática

El centro del conflicto reside en la reciente “guerra arancelaria”, término empleado por Petro para describir la decisión del gobierno de Noboa de incrementar al 100% la llamada tasa de seguridad sobre productos colombianos. El mandatario colombiano acusó a su par de actuar “de manera brutal e irracional”, lo que, en su opinión, no solo perjudica el comercio bilateral sino que “divide a ambos países” y fomenta el avance del contrabando y el lavado de dinero asociado al narcotráfico.

Petro señaló que la imposición de estos aranceles tendrá consecuencias negativas tanto para la economía formal colombiana como para la estabilidad social en la región fronteriza: “Cuando impide pasar las tractomulas y camiones con mercancía legal, pues está entregándole el comercio al contrabando y el contrabando es la cara de lavado de dólares de los narcotraficantes”.

La tensión entre ambos gobiernos se traduce en llamados a consulta de los embajadores y en la ausencia de canales de diálogo directos. Petro sostuvo que ha intentado comunicarse con Noboa sin éxito: “No quiere hablar conmigo”, afirmó el jefe del Estado colombiano, que también advirtió que, ante la posibilidad de una crisis energética en Ecuador por el fenómeno del Niño, Colombia no suministrará electricidad si no se restablecen las condiciones de diálogo y cooperación.

Reacciones de Noboa y panorama regional

Por su parte, el presidente Daniel Noboa declaró en una radio ecuatoriana que no tiene “gran esperanza” de que Petro modifique su postura en materia de seguridad fronteriza.

Noboa defendió la política de incremento arancelario, argumentando que Ecuador “está mejor con la tasa de seguridad” y reclamó reciprocidad por parte del Gobierno colombiano, mencionando como antecedente la venta de electricidad barata a Colombia en 2017.

Según Noboa, “si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos, cuida tu frontera y sé recíproco”.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la relación bilateral debería mejorar luego de las elecciones en Colombia, mostrando disposición a restablecer el diálogo después de ese proceso. Las tensiones han estado presentes desde antes de la posesión de Noboa, debido al reconocimiento inicial que Petro negó a su elección, y se profundizó con los recientes episodios en la frontera y el tratamiento del exvicepresidente Jorge Glas.

A nivel internacional, Petro solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el conflicto con Ecuador y planteó la posibilidad de redirigir las exportaciones bloqueadas hacia Venezuela. Además, anunció la compra de aviones a Brasil y la gestión con Bielorrusia para mejorar la flota aérea militar.

Petro concluyó su intervención enfatizando que la frontera no puede quedar bajo control de organizaciones criminales y que el cierre fronterizo y las políticas arancelarias actuales solo favorecen a la ilegalidad y el contrabando, dejando a las poblaciones fronterizas expuestas a los intereses de las mafias.

Una vertiginosa persecución se desató en las últimas horas en la Ruta Provincial N° 17 de Misiones, luego de que el conductor de una camioneta embistiera a un control de Gendarmería Nacional y huyera a gran velocidad. Cuando los agentes lograron hallar el vehículo, el mismo había sido abandonado en una zona de monte, en un camino secundario. Estaba cargado con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando.

En la noche del jueves, efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial N° 17, en una zona rural. En medio del operativo, divisaron a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad y sin dominio. El conductor, lejos de detenerse, aceleró su marcha, atravesando el control de la fuerza de seguridad nacional.

Según informaron desde Gendarmería, a raíz del violento incidente, se inició un seguimiento controlado de la camioneta, que finalmente fue hallada abandonada a unos kilómetros, en la espesura del monte, sin ocupantes y con la lona de la caja desprendida. A simple vista, se apreciaba que estaba cargada con numerosas cajas de cigarrillos extranjeros.

Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.

Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Desarticularon una red de contrabando millonaria: encontraron cigarrillos, electrodomésticos y neumáticos

La Policía Federal Argentina realizó hace poco más de una semana un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes, donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

Un cargamento de 22,320 unidades de cremas dentales, presuntamente introducidas de forma ilegal desde Nicaragua, fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica en la zona norte del país, como parte de los operativos contra delitos transfronterizos.

El decomiso se realizó en la localidad de Acapulco, distrito de Cutris de San Carlos, sobre la Ruta Nacional #35, vía que conduce hacia el cantón de Los Chiles, en la frontera con Nicaragua. La acción se dio en el marco de un control de carreteras ejecutado por cuerpos policiales en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales detuvieron un vehículo tipo carga liviana para una inspección de rutina. Durante la revisión, detectaron irregularidades en la mercancía transportada, lo que llevó a una inspección más detallada del contenido.

Fue en ese momento cuando los policías encontraron un cargamento de cremas dentales oculto bajo sacos de abono orgánico, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del producto transportado.

El conductor del vehículo, un costarricense de apellido Rojas, fue consultado por los oficiales acerca del origen de la mercancía. Sin embargo, indicó no contar con documentación que acreditara su ingreso legal al país, como facturas de pago de impuestos o registros sanitarios.

Ante esta situación, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, que ordenó la incautación inmediata de la totalidad de la carga.

Según estimaciones oficiales, el valor del cargamento en el mercado nacional podría superar los ₡20 millones, lo que lo convierte en una de las incautaciones relevantes en materia de contrabando registradas en la zona en lo que va del año.

Las autoridades indicaron que este tipo de decomisos busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también proteger a los comercios formales que cumplen con las obligaciones tributarias y sanitarias establecidas por la legislación costarricense.

Además, advirtieron sobre los riesgos asociados al consumo de productos introducidos ilegalmente al país, ya que estos no cuentan con permisos sanitarios que garanticen su calidad, condiciones de producción ni transporte adecuado.

En el operativo también se destacó que los controles en carretera forman parte de una estrategia sostenida por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera norte, donde se ha identificado tránsito frecuente de mercancías irregulares.

El jefe distrital de la Fuerza Pública de Santa Rosa de Pocosol, Elmer Avilés, explicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados durante los primeros meses del año enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Según detalló, en otras intervenciones recientes también se ha logrado la detención de personas requeridas por delitos graves, así como la detección de transporte irregular de distintos tipos de mercancías.

En el caso específico del decomiso de las cremas dentales, Avilés indicó que el hallazgo se dio tras una revisión minuciosa del vehículo, en el que inicialmente se transportaban materiales varios, entre ellos productos orgánicos, utilizados como fachada para ocultar la carga.

Tras confirmar la naturaleza del producto, los oficiales procedieron a realizar las coordinaciones correspondientes con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de ejecutar el decomiso formal de la mercancía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas fronterizas y de continuar con operativos dirigidos a prevenir y combatir el contrabando en sus distintas modalidades.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el ingreso ilegal de mercancías al país, especialmente en regiones cercanas a la frontera.

El operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Monroe al 2500, en el barrio porteño de Belgrano, tras una investigación que, según reportó la propia fuerza de seguridad, se extendió durante dos meses.

Personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad y de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) , dependiente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, identificaron un local que ofrecía ropa supuestamente usada, aunque, en realidad, se trataba de mercadería nueva de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, entre otras reconocidas.

Según promocionaban a través de sus redes sociales, vendían ropa deportiva, como calzas, camisetas de fútbol y fútbol americano, camisas, remeras, abrigos, chombas y más. Estos mismos productos se pueden ver en el video e imágenes del operativo, en el que también se ven accesorios como lentes de sol.

En las mismas cuentas también mostraban las prendas que ingresaban y que estaban a la venta, así como algunas promociones o días de ferias con descuentos. Además, en una de las últimas publicaciones promocionaban la posibilidad de ir al local con ropa usada para poder venderla, y ellos después la revenderían. “Te asesoramos con los respectivos costos, condiciones, etc”, escribieron.

Este hallazgo surgió tras tareas de ciberpatrullaje que permitieron a los investigadores detectar que la empresa publicitaba en redes sociales indumentaria de “primera, segunda y tercera calidad”, pero las prendas presentaban las etiquetas originales, señal que resultó determinante para exponer el verdadero origen de la mercadería.

La pesquisa reveló que la ropa, procedente principalmente de Chile, ingresaba al país sin documentación aduanera. La empresa, administrada por dos ciudadanos argentinos, carecía de certificados que avalaran movimientos aduaneros y tampoco contaba con habilitación comercial ni sistema de facturación.

Ante la denuncia presentada por la UTOJ, el Juzgado Penal y Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, autorizó el allanamiento en el local del barrio de Belgrano.

Durante el registro, personal de la Policía y de ARCA realizó una inspección exhaustiva en la que se requisó una gran cantidad de indumentaria importada. Según los agentes presentes, ninguna de las prendas contaba con la documentación respaldatoria correspondiente.

Como parte del operativo, el juzgado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería, además de documentación, elementos electrónicos y dispositivos considerados de interés para la causa.

La causa judicial avanzará bajo la infracción a la Ley 22.415, conocida como Ley de Contrabando, mientras se continúan analizando los dispositivos y documentación incautados en el comercio de Monroe al 2500.

Prisión preventiva decretó este martes el Juzgado de Garantía de Colina en Santiago para dos ciudadanos chilenos y un iraní, miembros de una banda dedicada principalmente al contrabando de cigarrillos traídos desde Paraguay, los que eran comercializados en el populoso barrio Meiggs capitalino.

La organización fue desarticulada tras un amplio operativo policial a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cerrillos, quienes en los varios allanamientos que realizaron lograron decomisar distintos tipos de armamento, municiones, explosivos, vehículos, dinero en efectivo y 2.298 cajas de cigarrillos, cargamento avaluado en unos $3.200 millones (más de USD 3,5 millones).

Según antecedentes de la investigación, todo partió cuando los uniformados comenzaron a vigilar una parcela sospechosa ubicada en la comuna de Colina, la que resultó ser una bodega donde se acopiaba la mercancía. Hasta allí llegaban periódicamente personas a retirar cajas de cigarrillos, los que luego eran revendidos en ferias del centro de Santiago.

Iraní en situación irregular

En un punto de prensa, el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristian Ramírez, detalló que “detectives de esta brigada, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”, señaló el uniformado.

De acuerdo al oficial, tras hacer los seguimientos respectivos, “se logró en primera instancia cuatro órdenes de entrada y registro, una de ellas en la comuna de Colina, otra en Quinta Normal, en Maipú, y otro en la ciudad de Arica, logrando con esto la detención de tres personas”.

Tocante a los detenidos, Ramírez detalló que “dos de ellas son chilenas -un hombre y una mujer con antecedentes policiales-, y el tercero es un ciudadano de nacionalidad iraní, quien tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando. De hecho, en el proceso de la detención de este sujeto, se le encontraron armas de fuego que tenía listas para ser utilizadas”.

Trascendió que el ciudadano iraní, de 38 años, entró a Chile por un paso no habilitado el año pasado y contaría con formación militar, pues permaneció cuatro años en Colombia como miembros de varias guerrillas de ese país.

Así las cosas, los tres detenidos fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, contrabando, tenencia de armas de fuego y lavado activos, quedando en prisión preventiva mientras se cumplen los 120 días decretados para la investigación.

El tráfico internacional de partes de especies protegidas llevó este mes a la condena de Adam Bied, un residente de Massachusetts, a ocho meses de prisión y una multa de USD 75.000 por importar y vender ilegalmente cráneos, pieles y garras de animales en peligro.

El juicio, resuelto el 2 de abril en la Corte de Distrito de Boston, expone cómo una sola red clandestina puede generar consecuencias graves para especies al borde de la extinción. Así lo afirmó la agencia federal de protección de vida silvestre de Estados Unidos, el U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS).

El caso concluyó con Bied declarando su culpabilidad el 5 de enero de 2026 por cuatro delitos graves: dos por conspiración para violar la Ley Lacey y el estatuto de contrabando, y dos por tráfico bajo la misma ley.

Además de la prisión y la multa, el tribunal ordenó dos años de libertad supervisada y la confiscación de todas las piezas de vida silvestre asociadas a los delitos, según el USFWS.

La investigación reveló años de contrabando y una red internacional

Las autoridades descubrieron la actividad delictiva tras interceptar, en marzo de 2021, un paquete en la central de procesamiento postal de Louisville, Kentucky. Un examen con rayos X identificó lo que parecía ser un cráneo oculto bajo máscaras de cerámica decorativas.

Agentes de la Oficina de Inspección de Vida Silvestre confirmaron que uno de los cráneos era de orangután (especie originaria de Indonesia y Malasia en grave peligro), y los otros tres eran de grandes felinos.

El paquete, enviado desde Indonesia, a Massachusetts, no contaba con los permisos ni la documentación exigida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción ni por el tratado internacional CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas), reportó el USFWS.

La posterior investigación reveló que, desde al menos 2018, Bied compró, vendió y comercializó deliberadamente cientos de partes de animales protegidos, infringiendo leyes nacionales e internacionales. El acusado realizaba pedidos a conocidos en Camerún e Indonesia, quienes cazaban o recolectaban animales para abastecerlo. Una vez recibidas, revendía o intercambiaba estas piezas en Estados Unidos, mintiendo sobre su origen o antigüedad.

Entre las especies afectadas por la red estaban el pangolín; narval; mandril; tigre; león africano; orangután; jaguar; leopardo; tortuga marina; oso polar; oso pardo; morsa; babirusa; lobo marino; cachalote; foca arpa; elefante marino; foca gris; cálaos; calderón; monos y puma. Los artículos decomisados incluían cráneos; pieles; cuernos; colmillos; garras y dientes, según el recuento hecho público por el USFWS.

En uno de los episodios que fortalecieron la acusación, los agentes permitieron la entrega del paquete interceptado y, días después, Bied ofreció en línea el cráneo de leopardo que vendió en USD 1.750.

Luego sugirió al comprador (un agente encubierto) adquirir un segundo cráneo, que consideró de los más raros, por USD 1.850. El rastreo confirmó que ambos cráneos provenían del envío sospechoso de marzo.

Estrategias de captación y métodos para maximizar las ganancias

El acusado construyó su acceso a especies raras estableciendo relaciones con personas en situación de pobreza en el extranjero. Luego, las inducía a capturar y vender fauna local para su red. Uno de sus cómplices era cazador en África y proveía gorila; cocodrilo; pangolín; chimpancé; lagarto monitor; babuino; león; leopardo; hiena; hipopótamo y elefante.

En los mensajes, Bied instruía explícitamente a sus proveedores: “Solo mándame muchos cráneos grandes. Tampoco quiero cráneos con orificios de bala”. El objetivo era mantener la integridad y el valor comercial de las piezas, indicó el USFWS.

El acusado seleccionaba especies con poblaciones críticas. El caso del orangután ejemplifica este método: estos primates, cuyas tres especies sobreviven exclusivamente en Indonesia, ya ocupan el rango más alto de protección de la CITES (apéndice I).

La destrucción de hábitats y el tráfico ilícito los colocaron entre los grandes simios más amenazados del mundo; las hembras dan a luz solo una vez cada tres hasta cinco años, lo que dificulta su recuperación tras cualquier declive, según el USFWS.

La explotación organizada de especies en peligro compromete todas las estrategias de conservación, subrayaron las autoridades.

Doug Ault, subdirector de la Oficina de Cumplimiento de la ley del USFWS, declaró: “El acopio de piezas ilegales de vida silvestre que Bied logró para su beneficio personal demuestra que incluso las acciones de una sola persona pueden tener consecuencias graves para especies vulnerables”.

Restitución y uso educativo de los bienes incautados

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Adam Bied renunció a cualquier reclamo sobre todos los objetos decomisados, tanto los vinculados directamente a los cargos criminales como los recogidos en la causa civil paralela.

Una parte de esos objetos será repatriada a Indonesia, con la colaboración de la oficina del USFWS en la embajada de Estados Unidos en Bangkok, que trabaja para identificar redes delictivas asociadas y devolver los restos faunísticos a sus países de origen.

El resto de los artículos confiscados será transferido al National Wildlife Property Repository, el repositorio federal de fauna de Estados Unidos en Colorado, institución que alberga más de un millón de piezas obtenidas en operaciones contra el tráfico de vida silvestre. Allí, muchas se destinan a programas educativos, investigación científica o nuevas investigaciones policiales, según la agencia federal.

Llamado a la colaboración ciudadana para frenar el comercio ilegal

El USFWS advierte que cualquier persona puede contribuir a combatir el tráfico de especies si actúa como consumidor informado y denuncia actividades sospechosas.

Recomienda: “Si piensa comprar un producto hecho de vida silvestre, infórmese primero sobre su legalidad. Ante la duda, no compre. Si cuenta con información relevante sobre un delito de fauna silvestre, incluso en línea, puede enviar un aviso a las autoridades mediante la línea de denuncias habilitad“.

Esta operación demuestra cómo el tráfico de partes de animales protegidos se sostiene mediante redes internacionales y mecanismos de captación dirigidos a poblaciones vulnerables. La respuesta judicial y la coordinación para la restitución de bienes buscan reducir el impacto destructivo sobre algunas de las especies más amenazadas del planeta.

Con el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como el nuevo director al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se espera que las condiciones de revisión de mercancías se transforme con el uso de métodos no invasivos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo del recién nombrado titular es que se digitalicen los procesos y se amplíen las revisiones para evitar el contrabando de artículos y sustancias ilícitas al país.

Para lograr este objetivo, será implementado un mayor uso de Rayos X y Gamma para revisar los contenedores, esto sin la necesidad de que se abran uno por uno para comprobar los artículos que transporta.

Sheinbaum destacó que para la realización de estos objetivos se cuenta con recursos destinados a las aduanas para este 2026.

Asimismo, señaló que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se adquirieron equipos, los cuales han sido instalados desde el año pasado debido a que “tardaron en llegar”.

Bases de datos digitales sustituirán al papel

Sheinbaum destacó que el proceso de digitalización busca que se cuente con bases de datos propias, destacando que una será exclusiva del comercio exterior.

“En este momento hay permisos que tienen que ver con la Secretaría de Economía, como los permisos Immex ( Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), los permisos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para comercio exterior, y los permisos de aduanas para comercio exterior“, comentó la presidenta.

Además, señaló que en la actualidad todavía se realizan revisiones con papel en algunas aduanas, por lo que la implementación de la digitalización beneficiará que estos procesos sean más eficientes y rápidos.

SAT, Aduanas y Secretaría de Economía realizarán revisión simultánea

Sheinbaum destacó que con la creación de la base de datos se permitirá que tanto el SAT, como la Secretaría de Economía (SE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México lleven a cabo la revisión de manera simultánea.

“El objetivo es que estas tres bases de datos estén en una sola base de datos, y que el importador o exportador tenga un servicio mucho más expedito y que, al mismo tiempo, que la revisión pueda ser conjunta entre el SAT, Aduanas y la Secretaría de Economía”, detalló la presidenta.

Con esta digitalización se buscará que haya mayor recaudación, ya que con este indicador se puede determinar que funcionan de manera adecuada y, por lo tanto, reducir el contrabando y la corrupción.

Para cumplir con este objetivo, Sheinbaum afirmó que Héctor Alonso Romero Gutiérrez ya se encuentra coordinando las acciones a seguir con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes son los encargados de la seguridad en las aduanas.

La Policía Federal Argentina realizó un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

Qué secuestraron en los allanamientos por contrabando

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

Contrabando desde la frontera

Un operativo se concretó sobre la Autopista 9 y tras frenar un camión que había salido desde Salta con destino a Buenos Aires, descubrieron mercadería ilegal a gran escala proveniente de zonas fronterizas. En esta oportunidad, agentes de la Gendarmería Nacional Argentina inspeccionaron el transporte. Allí, encontraron productos de rubro textil y de higiene sin documentación para ingresar al país.

Se estima un valor de aproximadamente 2.100.000.000 de pesos en materia de contrabando. En total, decomisaron: 240 bultos de nylon y 210 cajas con productos textiles, de tienda y artículos de higiene. Todo la mercadería quedó en infracción a la ley 22.415, que regula el tráfico internacional de mercaderías, las prohibiciones y los delitos aduaneros como el contrabando en el territorio argentino.

Tras el decomiso, intervino la Fiscalía Federal de Villa María y la carga fue trasladada a un depósito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este procedimiento también sucede en un marco de controles que buscan frenar el contrabando en Argentina, y que parece avanzar a través de rutas específicas que se conectan con los grandes centros urbanos.

Este tipo de delitos no solo implica una evasión fiscal de millones de pesos sino que también impacta en la economía del país, afectando directamente a los comerciantes y cadenas legales de distribución. Estos casos dejan de ser hechos aislados y parecen repetidos y estratégicos, dato que preocupa a las autoridades.

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

La incautación se realizó en medio del plan Semana Santa Segura, que intensifica los controles contra el contrabando en la frontera sur del territorio nacional, con el fin de evitar que este tipo de productos ilegales lleguen al consumidor final y puedan llegar a ocasionar graves enfermedades de salud derivadas de una intoxicación por el consumo de los alimentos que no cumplen con la normativa requerida para estar en la mesa de los colombianos.

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Según explicó la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, los productos decomisados eran alimentos perecederos tipo camarón, que eran transportados en varios vehículos sin la documentación exigida por la autoridad nacional de acuicultura y pesca.

La oficial indicó que con este operativo se protege al sector pesquero colombiano, al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y fortalece el comercio formal.

“Con este resultado protegemos el sector pesquero colombiano al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y promover el comercio legal y salvaguardar la economía del país”, explicó la oficial a cargo del procedimiento.

Ante el incremento de estos casos en el país, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa de contrabando a través de la línea 159.

Cabe reiterar que el operativo forma parte de los esfuerzos para salvaguardar la economía legal y garantizar la inocuidad de los productos que ingresan al país, por lo que no es el único que se ha reportado recientemente.

Y es que el 26 de marzo la Policía Nacional anunció la incautación de más de 87 toneladas de alimentos ilegales en el municipio de Ipiales, Nariño, tras un operativo conjunto entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que tuvo lugar en medio de los controles de rutina a vehículos de carga en vías terciarias.

El valor de los productos incautados, en esa ocasión, superaba los $219 millones, según informó la Policía Nacional, y estaban destinados al mercado nacional sin contar con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lo que se convierte en un riesgo notable para la salud pública.

Durante la incautación que ocurrió unos días antes de la Semana Santa, la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, destacó que la incautación contribuye a “Fortalecer la protección del agro colombiano, combate la evasión de impuestos y promueve el comercio legal, además de salvaguardar la salud de los consumidores”, que son los principales objetivos de los uniformados que trabajan en esta iniciativa.

Del mismo modo, las autoridades señalaron que los alimentos decomisados durante el operativo también eran de procedencia extranjera y no presentaban la documentación exigida para su ingreso legal al país.

Después de que se llevara a cabo la aprehensión, la mercancía, los uniformados aseguraron que quedó bajo custodia de la Dian, que encarga de realizar los procesos administrativos correspondientes cuando una situación de este tipo se presenta en el país.

Cabe mencionar que la Policía Fiscal y Aduanera reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar el contrabando, lo que no solo se puede hacer a través de la línea 159, pues también está habilitado el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, canales en los que se asegura la confidencialidad de la información proporcionada.

El crecimiento del comercio ilícito en Costa Rica dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una actividad estructurada, vinculada directamente con redes del crimen organizado. Ricardo Carvajal, director del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, señala que este delito no solo se ha diversificado, sino que además representa un negocio altamente lucrativo y de bajo riesgo para quienes lo operan.

Las declaraciones surgen en un contexto reciente marcado por decomisos millonarios en distintas zonas del país, incluyendo cargamentos de licor, cigarrillos y productos de perfumería. Según explicó Carvajal, estos casos son apenas una muestra de una problemática mucho mayor.

“En los últimos años hemos visto un crecimiento de la operación del crimen organizado en Costa Rica, no solo en narcotráfico, sino también en contrabando y otras actividades ilícitas”, indicó. De acuerdo con estimaciones del Observatorio, el valor del comercio ilícito alcanzó en 2022 cerca de un billón de colones anuales, lo que equivale al 2,6 % del producto interno bruto.

El experto subrayó que el contrabando dejó de ser una práctica informal de pequeños comerciantes para convertirse en una actividad controlada por estructuras criminales organizadas, capaces de distribuir mercancías a gran escala en todo el territorio nacional. “Cuando vemos decomisos de hasta un millón de dólares en productos, entendemos la magnitud del negocio”, afirmó.

Entre los artículos que más ingresan ilegalmente al país destacan cigarrillos, licores, medicamentos, textiles, calzado falsificado e incluso insumos agrícolas como agroquímicos y semillas. Esta diversificación responde, según Carvajal, a dos factores clave: la alta rentabilidad y el bajo nivel de riesgo penal.

“Es un negocio muy lucrativo y además poco riesgoso. No recibe la misma atención que el narcotráfico y prácticamente no hay personas cumpliendo penas de cárcel por contrabando, a pesar de que la ley contempla sanciones de hasta 15 años”, explicó.

A diferencia del narcotráfico, que en muchos casos utiliza Costa Rica como país de tránsito, el contrabando tiene como destino final el mercado local. Es decir, los productos ilegales se comercializan y consumen dentro del país.

Esta dinámica está estrechamente ligada a factores económicos. Los altos impuestos sobre ciertos bienes, como el licor y los cigarrillos, han generado incentivos para que los contrabandistas introduzcan mercancías sin pagar tributos, ofreciendo precios más bajos al consumidor.

“Se crean condiciones donde el consumidor encuentra productos más baratos, y eso los hace atractivos. A esto se suma que el riesgo para quienes los comercializan es bajo, lo que termina impulsando el crecimiento del negocio”, detalló Carvajal.

El fenómeno también involucra a los consumidores. Aunque en algunos casos las personas desconocen el origen ilícito de los productos, especialmente cuando se trata de falsificaciones, en otros existe plena conciencia de que se trata de mercancía de contrabando.

El experto advirtió que, además del impacto económico, estos productos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Recordó, por ejemplo, casos de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron intoxicaciones e incluso muertes en el país hace algunos años, lo que obligó al Ministerio de Salud a intervenir.

En cuanto al destino de los productos decomisados, Carvajal explicó que deben pasar por un proceso administrativo que incluye almacenamiento mientras se garantiza el debido proceso. Posteriormente, la mayoría es destruida, ya que no cumple con regulaciones sanitarias ni legales.

Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. “Muchas veces la destrucción es lenta y eso genera peligros, como robos en los almacenes fiscales por parte de las mismas estructuras criminales”, señaló.

Ante este panorama, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la lucha contra el contrabando mediante un enfoque integral. Carvajal insistió en la necesidad de una articulación interinstitucional que involucre a entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y cuerpos policiales como la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial.

También destacó la importancia de dotar de mayores recursos a las autoridades y capacitar a jueces y fiscales en materia aduanera, con el fin de lograr condenas efectivas.

“El objetivo es que estas redes empiecen a sentir el riesgo. No se trata solo de decomisar, sino de lograr sentencias y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, concluyó.

El experto aseguró que, si bien erradicar completamente el contrabando es poco probable, sí es posible disminuir su impacto mediante acciones coordinadas del Estado y una mayor conciencia ciudadana sobre las implicaciones de consumir productos ilícitos.

Más de 800 unidades de cerveza quedaron bajo custodia policial tras una intervención en la zona sur del país. La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades.

El operativo formaba parte de los patrullajes regulares que se realizan a lo largo del cordón fronterizo sur. Durante la revisión, los agentes confirmaron que los paquetes contenían cajas de licor, específicamente cerveza, sumando en total 888 unidades. Según la información proporcionada por los efectivos fronterizos, la mercancía pretendía ingresar al país sin cumplir con el pago de impuestos.

El incidente sucedió en horas de la tarde, cuando los oficiales patrullaban sobre la margen del río. El individuo visible abandonó los bultos y huyó al ver a los policías, dejando la carga atrás. La reacción de los uniformados permitió asegurar la mercadería antes de que fuera trasladada a otro punto.

Coordinación interinstitucional tras el hallazgo

La Policía de Fronteras indicó que, tras el descubrimiento, se coordinó con la Policía Fiscal para ejecutar el decomiso del licor. Luego, los agentes elaboraron el informe correspondiente para dar inicio al trámite legal. No hubo personas detenidas en el lugar, ya que el sospechoso escapó antes de ser identificado.

La mercancía incautada quedó a disposición de las autoridades competentes. El decomiso busca frenar el ingreso irregular de productos gravados y proteger los ingresos fiscales nacionales. Esta acción se integra a un bloque de controles destinados a reducir el contrabando en las zonas limítrofes.

Controles y antecedentes de contrabando en la frontera sur

Los patrullajes y operativos de la Policía de Fronteras, según datos oficiales, permiten detectar con frecuencia intentos de evasión fiscal a través del ingreso clandestino de bebidas alcohólicas y otros productos. En este caso, la intervención impidió que una cantidad considerable de cerveza entrara al mercado nacional sin control tributario.

En marzo de 2026, Costa Rica reforzó la seguridad en sus pasos fronterizos terrestres con la instalación de escáneres móviles de rayos X de baja energía en Paso Canoas y Peñas Blancas.

Estos equipos, que tuvieron un costo superior a 2,5 millones de dólares y fueron donados por Estados Unidos, permiten efectuar inspecciones no invasivas para detectar narcóticos, armas, explosivos y dinero ilícito en los principales corredores logísticos del país, según informó staytv.cr.

La cooperación entre Costa Rica y Panamá permitió el 23 de marzo de 2026 el decomiso de un cargamento de cigarrillos y perfumes valorado en más de 500 millones de colones (aproximadamente 1,1 millones de dólares) en la zona de Corredores. En el operativo, realizado en un furgón abandonado, las autoridades localizaron 9,5 millones de unidades de cigarrillos y 706 unidades de perfumería fina, de acuerdo con infobae.com.

El control fronterizo también ha tenido impacto en el tráfico de dinero no declarado. El 8 de enero de 2026, durante una inspección vehicular en San Jorge de Paso Canoas, la Fuerza Pública incautó 58.217 dólares y 7.400 colones que portaban un ciudadano panameño y un costarricense en un vehículo con placas de Panamá, informó telediario.cr.

Las medidas adoptadas durante 2026 revelan la prioridad de las autoridades costarricenses en combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la frontera sur del país.

El caso expone la vulnerabilidad del penal federal en un año marcado por episodios de violencia extrema y homicidios, según informó el diario estadounidense New York Daily News.

La intervención judicial tras este incidente llevó a federales a solicitar 33 meses adicionales de prisión para Campbell, quien ya cumple una condena de 35 años por homicidio en el ámbito estatal. Los fiscales federales detallaron ante la Corte que la cuerda utilizada desde el exterior estaba “envuelta en cinta adhesiva, repleta de más de 100 tiras de buprenorfina sintética, 27 bolsas de marihuana, más de 400 cigarrillos, dos encendedores, un bisturí y un cable de carga de teléfonos móviles”.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte Federal de Brooklyn y citados por New York Daily News, los participantes del operativo —entre internos y colaboradores externos— ya se declararon culpables por los delitos imputados.

Videos, instrucciones y la logística del contrabando

Las grabaciones entregadas al tribunal muestran cómo Jonathan Guerrero, Ian Diez y Abel Mora idearon durante unos 20 minutos distintas maniobras para alcanzar la cuerda lanzada desde la calle hacia la ventana del gimnasio, empleando un carrito de comida, sillas y la estructura de una canasta de baloncesto.

Se observa a Guerrero escalar la improvisada torre y forcejear con la cuerda durante varios minutos, hasta caer y derribar la estructura.

El grupo reconstruyó el andamiaje y retomó el intento, aunque finalmente desistieron tras múltiples caídas y antes de la intervención del personal de custodia.

El liderazgo de Taxstone quedó registrado en mensajes de voz enviados desde un teléfono móvil en la cárcel. En uno de los audios reproducidos por New York Daily News y grabado el 19 de abril de 2024, Campbell da instrucciones: “Vamos a lanzar la cuerda desde esa reja, así que solo tienes que entrar corriendo y enganchar la cuerda porque en la punta ya hemos puesto un gancho. Solo tienes que engancharlo y salir rápido”.

En otra comunicación del mismo día, agrega: “Les avisaré cuándo acercarse en coche. Tendremos la cuerda lista y solo tendrán que bajarse y hacerlo”.

El operativo se activó cerca de las 13:45, cuando Carl Kelly, identificado como contacto externo de Campbell, arrojó la cuerda hacia la ventana del cuarto piso. Poco después, en el gimnasio del penal, los internos manipulaban el carrito, las sillas y la cuerda, mientras Mora simulaba una actividad deportiva a la vez que vigilaba.

Condenas y contexto dentro del penal federal

Tras la fallida tentativa y la llegada de los custodios, las autoridades confirmaron la conexión entre la cuerda manipulada por los internos y el cable que Kelly lanzó desde la vía pública. El paquete contenía “papeles impregnados en cannabis sintético, productos derivados del opioide buprenorfina y elementos electrónicos”, según documentos judiciales a los que accedió New York Daily News.

El MDC Brooklyn fue escenario de incidentes de violencia extrema durante 2024, incluyendo una agresión grabada en video y dos homicidios dentro de sus instalaciones.

El penal acumula desde hace años denuncias por “condiciones deplorables” y “escasez crítica de personal”, situaciones que facilitaron prácticas de contrabando tanto mediante cuerdas como con la implicación ocasional de guardias, de acuerdo con la reconstrucción del propio medio.

En cuanto a las consecuencias penales para los involucrados, Abel Mora recibió una condena superior a 11 años por su participación en el intento de contrabando y por dos tiroteos vinculados a pandillas.

Jonathan Guerrero fue sentenciado a 30 meses federales. Los procesados Kelly, Diez y Rodriguez esperan la determinación final de sus condenas, según información judicial recopilada por New York Daily News.

Campbell, quien admitió en septiembre su culpabilidad por conspiración para la introducción de objetos prohibidos en prisión, tiene su sentencia programada para el 29 de abril.

Grabaciones inéditas reveladas por Noticias Caracol dan cuenta de un presunto entramado de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en el que estaría involucrado el capitán Faudel Salazar, exjefe de esa unidad en Cartagena. Los audios hacen parte de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

De acuerdo con la información conocida, el oficial fue capturado el pasado 8 de marzo junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal.

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Un agente encubierto detalló el presunto esquema

Según el material revelado por el medio, un agente encubierto infiltrado en la red describió el supuesto mecanismo de recaudo de dinero ilegal a comerciantes en Cartagena. De acuerdo con su testimonio, el capitán Salazar habría coordinado una estructura de intermediarios encargados de recolectar los pagos:

“El señor capitán Salazar reclutó para ser el enlace entre los comerciantes y él... estas tres personas son las que recogen el dinero de todos los locales... y ese dinero se lo entregan a este señor Óscar, expolicía. Y este, a su vez, se lo hace llegar al señor capitán” dijo el testigo según conoció Noticias Caracol.

Las autoridades investigan si estos cobros correspondían a pagos exigidos para permitir el ingreso y comercialización de mercancía ilegal, sin controles por parte de la POLFA.

Conversaciones internas sobre pagos mensuales

En los audios conocidos, también se registran conversaciones en las que el capitán Salazar se referiría a la continuidad de los pagos dentro de la estructura, en aparente diálogo con personal bajo su mando dijo:

“Aquí hay que aprovechar muchachos el cuarto de hora... La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, pa’ sus gastos, pa’ sus beneficios. Vengo es a que trabajemos de la mano”.

Estas grabaciones son analizadas por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso, que busca establecer responsabilidades dentro de la institución.

Audios sobre traslado y posibles entregas de dinero

Tras conocerse su traslado al departamento del Cauca, el capitán fue interceptado en llamadas en las que hablaba sobre su desempeño en el cargo y posibles entregas de dinero a superiores, según el expediente: “Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar”.

En otra grabación, añadió: “¿Usted quiere saber lo que pasa en la POLFA? Yo le cuento todo lo que pasa... Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director”.

Asimismo, en otro audio conocido, el oficial señala: “Mi jefe de antes de Polfa sabe que no le mete a uno un discrecional porque sabe que uno mismo va y se riega... y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá. Y de cómo se mandaba la plata para Bogotá y todo”.

Menciones al entonces director de la POLFA

Dentro del expediente también aparecen referencias al entonces coronel Heiner Puentes, quien se desempeñaba como director de la POLFA en 2023. En audios atribuidos a alias ‘Papá Pitufo’, se menciona que ciertos funcionarios no representaban un obstáculo para la organización.

En una de las conversaciones se escucha la siguiente conversación:

• Diego Marín: “Claro. Usted sabe que él está haciendo lo suyo”.
• Agente encubierto: “Con presidencia...”
• Diego Marín: “Sí claro, y anda en lo suyo. Y de Presidencia reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente”.

De acuerdo con el agente infiltrado, Marín habría señalado que el entonces coronel tenía respaldo político y que su posición dentro de la institución era sólida.

Ascenso y decisiones posteriores

Pese a los señalamientos incluidos en la investigación, Heiner Puentes fue ascendido a general el 30 de octubre de 2023. Posteriormente, el 2 de abril de 2024, firmó una resolución mediante la cual se retiró de la institución al investigador de Interpol que lideraba el caso.

El oficial fue llamado a calificar servicios el 5 de septiembre de 2024, en medio del avance del proceso.

Respuesta de la defensa

Frente a las revelaciones, la defensa del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, negó cualquier vínculo con la red investigada. A través de su abogado, Andrés Garzón, se indicó: “No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque es que es el principal enemigo de ‘Pitufo’”.

Asimismo, el abogado señaló que las menciones al “director” en los audios corresponderían a la POLFA y no a la dirección general de la Policía Nacional.

Sobre el ascenso de Puentes, explicó que se trató de una decisión adoptada por una junta de generales con base en análisis técnicos y no de manera individual.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol hacen parte del material probatorio que se analiza dentro del proceso.

Hasta el momento, ni el capitán Faudel Salazar ni el general Heiner Puentes han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios, de acuerdo con lo informado.

La incautación de 1.049 kilogramos de cannabis en puntos cercanos a la frontera con Marruecos fue el resultado de una serie de operaciones llevadas a cabo en las localidades de Hasi Achur y Kenadsa. Según publicó el Ministerio de Defensa argelino en un comunicado, el decomiso se realizó en el contexto del Eid al Fitr, periodo considerado de especial vigilancia debido a un aumento en los intentos de contrabando en la región. Además del cargamento de droga, las fuerzas militares lograron confiscar un vehículo y dos motocicletas, sin que se hayan reportado detenciones relacionadas con la operación.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, citó que las acciones se dirigieron específicamente contra "los barones del contrabando" con el objetivo de impedir la entrada de grandes cantidades de estupefacientes al país. El operativo se enmarcó dentro de las labores habituales de seguridad fronteriza, pero se intensificó debido a la conmemoración religiosa, momento que, según el comunicado oficial, fue aprovechado por redes delictivas para intentar introducir la droga en el territorio argelino.

El medio detalló que, tras las incautaciones y según consignó el comunicado ministerial, las autoridades argelinas vinculan el aumento en la actividad criminal con el aprovechamiento de festividades religiosas por parte de bandas organizadas que operan entre Argelia y Marruecos. La frontera entre ambos países se ha considerado históricamente como zona crítica para el tráfico de drogas, lo cual ha motivado que las fuerzas de seguridad mantengan un despliegue constante en áreas vulnerables.

El Ministerio de Defensa ha subrayado que la presencia militar en la franja fronteriza representa un obstáculo insalvable para quienes buscan introducir cargamentos ilegales al país, reafirmando su compromiso de actuar con “determinación y firmeza” en defensa de la seguridad nacional. El comunicado reproducido por el medio agrega una declaración en la que la institución castrense remarca: "Estos criminales no entendieron que el personal del Ejército Nacional Popular constituye un baluarte impenetrable contra cualquiera que se atreva a amenazar la seguridad y la estabilidad de nuestro país".

Además de la droga, los medios de transporte incautados representan parte de la infraestructura empleada por las bandas para movilizar mercancía ilícita a través de rutas secundarias y caminos poco transitados de la región limítrofe, una modalidad que las autoridades militares buscan desarticular informando sobre la vigilancia y los decomisos realizados.

Las operaciones reflejan la estrategia argelina frente al narcotráfico transfronterizo vinculando las acciones represivas con contextos sociales y culturales en los que, históricamente, se incrementan las tentativas de paso de estupefacientes. El Ministerio de Defensa reiteró ante la opinión pública la política de tolerancia cero, en la que recalcan la disposición del Ejército para continuar enfrentando cualquier intento que implique riesgo a la seguridad estatal, según reportó también la plataforma noticiosa.

Hasta el momento, el comunicado oficial no menciona la captura de personas involucradas en el intento de tráfico, pero resalta la importancia de las incautaciones y los despliegues como medida preventiva. Este tipo de intervenciones se enmarca en políticas regionales que buscan reducir la circulación de productos ilícitos y fortalecer el control sobre la frontera argelino-marroquí, una de las áreas más observadas en el norte del continente africano por la magnitud de los flujos de contrabando detectados en años recientes.

El último operativo, según detalló el Ministerio de Defensa, ejemplifica la cooperación entre diferentes unidades militares y policiales desplegadas a lo largo del límite con Marruecos, orientando sus esfuerzos tanto a la intercepción de drogas como a la identificación y neutralización de las rutas empleadas por los grupos delincuenciales. Estas actuaciones, de acuerdo con fuentes militares reproducidas por la prensa, forman parte de una política sostenida para garantizar la estabilidad interna y contener el impacto de redes internacionales de tráfico de estupefacientes.

Las incautaciones anunciadas reafirman la postura del Estado argelino en relación con el combate al narcotráfico y reflejan la preocupación de las autoridades por el uso de fechas señaladas para la intensificación de las actividades delictivas, elemento sobre el cual insisten en la necesidad de mantener una atención constante en los puntos limítrofes. Las actuaciones descritas constituyen una respuesta a los intentos de grupos dedicados al contrabando de explotar la coyuntura religiosa y social, concluyendo con una muestra del despliegue militar en una zona que sigue siendo escenario central en la lucha contra el tráfico ilícito en el Magreb, según se desprende de los partes oficiales difundidos por los medios argelinos.

Un dron sobrevoló la madrugada del 14 de marzo las instalaciones del Marcy Correctional Facility en el norte del estado de Nueva York y liberó un paquete con cuchillos, sustancias sospechosas y productos electrónicos en el interior del recinto penitenciario.

La intervención inmediata del personal permitió recuperar el envío, que forma parte de un fenómeno en crecimiento que ya impulsó propuestas legislativas estatales para endurecer el control y sanción del uso ilícito de drones cerca de centros correccionales, según informó USA Today.

Entre los objetos incautados se encontraban dos cuchillos de doble filo de 20 centímetros, más de 450 gramos de “sustancia vegetal verde” envuelta en plástico y globos, cinco hojas de papel impregnadas con productos químicos, un teléfono móvil, dos cortadoras de cabello eléctricas con sus accesorios y cuatro bandanas, detalló el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York a USA Today.

El paquete presentaba cables expuestos, lo que motivó la intervención de la brigada antibombas de la Policía Estatal de Nueva York para descartar amenazas explosivas antes de su apertura. La nave no tripulada fue localizada fuera del perímetro de la prisión, ubicada en Marcy, a unos 87 kilómetros al este de Syracuse.

Las autoridades comunicaron que no se identificó a los responsables del intento de contrabando hasta el momento y que la investigación continúa abierta.

Este episodio se suma al menos a 130 incidentes similares registrados en prisiones federales entre 2015 y 2019, una cifra que el Instituto Nacional de Justicia, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considera conservadora, ya que la documentación es incompleta.

El uso de drones para contrabando crece, acentuando los riesgos de violencia en cárceles

“El ingreso de contrabando en las cárceles alienta la violencia y pone en peligro tanto al personal como a la población reclusa”, explicó Daniel F. Martuscello III, comisionado del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, en declaraciones a USA Today.

Martuscello señaló que la utilización de drones para introducir armas, drogas y teléfonos móviles representa “una amenaza inminente y en evolución”, que desafía los controles implementados para cerrar otras vías de acceso.

Frente a este escenario, el departamento expresó su respaldo a la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul, que propone reforzar la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar el uso ilícito de drones. El proyecto plantea prohibir la operación no autorizada de estas aeronaves y restringir su actividad sobre áreas sensibles, como las cárceles.

Además, se incluirían nuevos delitos específicos y se otorgarían mayores facultades a las fuerzas de seguridad para detectar, interceptar y neutralizar drones que representen un riesgo para la seguridad pública. La propuesta prevé también la creación de un registro estatal de drones y de tecnologías destinadas a contrarrestar estas incursiones, informó el Departamento Correccional a USA Today.

Chris Summers, presidente de la Asociación de Oficiales Correccionales y Benevolencia Policial del Estado de Nueva York, confirmó a USA Today que el uso de drones con fines delictivos “constituye una amenaza creciente para la seguridad” en los centros penitenciarios.

Summers apoyó la propuesta legislativa de la gobernadora, que contempla criminalizar la operación de drones a menos de 150 metros de una cárcel, e instó a la legislatura estatal a respaldar la medida.

El Instituto Nacional de Correcciones de Estados Unidos, institución federal de formación y análisis carcelario, indicó que la entrada de armas y drogas en las prisiones representa un riesgo grave de violencia y consumo en entornos donde existen altos niveles de conflictos.

El mismo fenómeno se registra en otras jurisdicciones: en diciembre de 2025, un dron entregó “patas de cangrejo, filetes y drogas” en una cárcel de Carolina del Sur; en marzo de 2024, las autoridades de Georgia acusaron a 150 personas por su implicación en una red de contrabando carcelario que utilizaba sistemas aéreos no tripulados, informó USA Today.

Marcy Correctional Facility bajo el foco por denuncias y reformas tras el fallecimiento de Robert Brooks

La Marcy Correctional Facility está bajo escrutinio creciente debido a denuncias de abuso de autoridad, represalias, condiciones deficientes y atención médica insuficiente, según la Correctional Association of New York, organización independiente de supervisión carcelaria citada por USA Today.

La presión pública se intensificó en 2024, tras la muerte de Robert Brooks, una persona privada de libertad de 43 años, quien fue agredido por varios agentes dentro del penal y murió en el hospital. Las cámaras corporales de los oficiales estaban en modo de espera, aunque sí registraron imágenes que muestran cómo Brooks, esposado, fue golpeado y asfixiado.

A raíz de ese caso, la gobernadora Kathy Hochul ordenó el despido de más de una docena de funcionarios penitenciarios y reformas inmediatas en la prisión, según informó USA Today. Diez agentes enfrentaron cargos judiciales: siete admitieron su responsabilidad por homicidio u otros delitos leves, uno fue declarado culpable de asesinato y dos resultaron absueltos.

La muerte de Brooks reavivó las demandas de reforma en el sistema penitenciario del estado. Organizaciones defensoras de los derechos civiles destacaron la existencia de antecedentes de denuncias y demandas por prácticas abusivas en Marcy y en otros centros correccionales.

En los últimos 20 años, la abogada Katie Rosenfeld litigó varios casos contra el sistema penitenciario por maltrato a internos en Marcy, de acuerdo con USA Today. Otra demanda presentada en 2023 por la letrada Amy Jane Agnew acusó a funcionarios de emplear represalias violentas durante traslados de personas privadas de libertad.

Estos episodios ilustran la situación que enfrenta el sistema penitenciario neoyorquino, donde los desafíos tecnológicos en el control de ingresos ilícitos coinciden con demandas sociales por transparencia y rendición de cuentas.

Durante la intervención militar que involucró a fuerzas de Argelia y un grupo armado extranjero, las autoridades lograron confiscar 150 kilogramos de oro, además de armamento y municiones, en una zona limítrofe con Níger. Según consignó el Ministerio de Defensa argelino a través de un comunicado, este hecho se produjo como resultado de un enfrentamiento en la provincia de In Guezam, en el sur del país, en donde las tropas argelinas interceptaron a personas a las que calificaron como "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera". Tal como publicó la agencia Europa Press, la acción fue presentada como parte de una estrategia más amplia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de metales preciosos, especialmente en puntos fronterizos estratégicos.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Defensa de Argelia, tras la operación, se logró "neutralizar" a los sospechosos. El término utilizado por las autoridades refiere a la muerte de los tres individuos, todos de nacionalidad extranjera, durante el enfrentamiento armado en In Guezam. Además del decomiso del oro, las fuerzas argelinas incautaron diversas armas de fuego y municiones, lo que refuerza la preocupación sostenida del gobierno argelino respecto a la circulación de armas y el tráfico ilegal de recursos en la zona limítrofe con Níger. Según informó Europa Press, las autoridades no mencionaron si este operativo causó bajas o lesiones entre los efectivos locales participantes en la operación.

El suceso, según detalló el Ministerio de Defensa en el comunicado divulgado por Europa Press, forma parte de una serie de medidas que han multiplicado la vigilancia y patrullaje en las regiones fronterizas del sur argelino, donde el tráfico ilícito de bienes, especialmente oro, representa una amenaza constante al control estatal y la estabilidad regional. En ese sentido, el incidente en In Guezam se interpreta dentro de una estrategia sistemática de combate a las redes internacionales de criminalidad organizada que utilizan rutas transfronterizas para el contrabando de metales preciosos y armas.

Las autoridades de Argelia han destacado la importancia de esta acción militar, subrayando la capacidad de reacción y preparación del Ejército Nacional Popular para defender las fronteras nacionales y salvaguardar los recursos naturales del país. El Ministerio de Defensa señaló en su declaración que "esta operación confirma una vez más la vigilancia y la preparación del personal del Ejército Nacional Popular a la hora de garantizar la seguridad de las fronteras nacionales y proteger los valiosos recursos, en cualquier circunstancia". Esta apreciación apunta a reforzar la imagen de las fuerzas armadas como garante de la seguridad interna y la defensa de los recursos estratégicos argelinos.

Hasta el momento, las autoridades de Argelia no han proporcionado información adicional sobre la identidad de los fallecidos ni sobre posibles conexiones de los grupos interceptados con redes criminales transnacionales o milicias activas en la región del Sahel. Según publicó Europa Press, tampoco se han anunciado detalles sobre futuras acciones o investigaciones derivadas de la operación en In Guezam, aunque la intensidad del operativo sugiere una preocupación persistente de las autoridades por el control de sus extensas fronteras del sur, donde el tráfico de oro y armas mantiene un flujo ininterrumpido debido a la porosidad y a las condiciones geopolíticas de la zona.

La región fronteriza entre Argelia y Níger se caracteriza por ser un corredor frecuentemente empleado por bandas de contrabandistas y traficantes de recursos. En este contexto, la incautación de 150 kilogramos de oro representa, según diversas fuentes recogidas por Europa Press, un golpe considerable a las redes que se benefician de la extracción y traslado ilegal de metales preciosos fuera del país. La decisión del Ministerio de Defensa de enmarcar el operativo como una respuesta a la criminalidad organizada sugiere la existencia de un marco estratégico mayor, enfocado en impedir que estas actividades socaven la seguridad económica y territorial de Argelia.

El comunicado oficial no especifica si la intervención fue resultado de una acción de inteligencia específica ni detalla el modo en que las fuerzas armadas lograron interceptar al grupo. No obstante, según el reporte de Europa Press, la ausencia de menciones a bajas en filas argelinas permite inferir que no hubo muertos ni heridos entre los efectivos, al menos según la información divulgada hasta el momento por las autoridades.

El cruce de información sobre la operación, según recoge Europa Press de los canales oficiales argelinos, enfatiza la relevancia estratégica que los recursos naturales como el oro tienen para la economía y para la seguridad nacional de Argelia, sobre todo en el presente contexto de inestabilidad en las regiones limítrofes del Sahel. La vigilancia permanente y las acciones coordinadas, según el Ministerio de Defensa, permanecerán como parte de la política estatal para hacer frente a estos desafíos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decomisó maquinaria y equipos cuyo valor sumado superaría los 11.000 millones de pesos. Las acciones de control fueron realizadas en marzo de 2026 en Cartagena y Bogotá, como operaciones estratégicas contra el contrabando en Colombia.

Información suministrada por la entidad indicó que el mayor decomiso se registró en Cartagena, donde fueron retenidos dos camiones grúa usados, cuyo valor comercial conjunto supera los $9.600 millones.

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Desde la Dian establecieron que estos vehículos no cumplían con los requisitos legales para su ingreso y permanencia en Colombia. El primer caso ocurrió en un puesto de control en la vía Mamonal - Pasacaballos, departamento de Bolívar, donde autoridades detectaron un camión con carrocería telescópica que presentaba inconsistencias en su documentación y posibles irregularidades aduaneras.

“Esta maquinaria tiene un avalúo aduanero de $1.578.877.200 y un avalúo comercial de $4.736.631.600″, se leyó en el informe oficial.

Posteriormente, en el sector del antiguo peaje de Gambote, municipio de Arjona, en el mismo departamento, fue interceptado un segundo camión grúa. Al no poder acreditar su importación legal, el automotor, avaluado en cerca de 4.900.533.540 pesos —con un valor aduanero de 1.633.511.180 pesos— fue decomisado por no cumplir con la normativa arancelaria.

Ambos casos representan los decomisos más relevantes de maquinaria pesada en lo que va del año. A estos procedimientos se integraron otras dos incautaciones de maquinaria pesada, efectuadas por la Policía Fiscal y Aduanera, que en conjunto superan los 3.212 millones de pesos.

El operativo en el aeropuerto El Dorado

En Bogotá, funcionarios de la Dian lograron la incautación de 2.300 unidades de tecnología que iban a ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado.

En el comunicado oficial de la entidad se reportó que entre los objetos decomisados se encuentran celulares, tabletas y discos duros que eran transportados bajo modalidad de carga sin los documentos exigidos por la normativa aduanera.

El valor de esta mercancía asciende a cerca de 1.900 millones de pesos. Ante la falta de acreditación legal, los productos fueron retirados del mercado.

Sandra Liliana Cadavid, directora de gestión de Aduanas de la DIAN, afirmó que los resultados de estas acciones “son muestra de la contundencia y exhaustivo trabajo que adelanta a diario la Dian para hacerle frente a este flagelo, cerrar todas puertas al ingreso de bienes que no cumplen con las disposiciones aduaneras y proteger la industria y producción nacional”.

“Los esfuerzos institucionales de la autoridad aduanera contra el contrabando no se detienen”, agregó.

Casi una tonelada de mercurio fue decomisada por la Dian en Cartagena

Desde a dirección aduanera comunicaron el 13 de marzo de 2026 el decomiso de 1.277 kilogramos de mercurio que pretendían ser ingresados de manera ilegal al país a través del Puerto de Cartagena. El hallazgo se produjo durante inspecciones de rutina y control aduanero realizadas en la terminal portuaria.

El cargamento ilícito, que figuraba en el documento de transporte como 206 bultos de mercancías plásticas envasadas, fue identificado tras detectarse inconsistencias entre el peso registrado y la mercancía declarada.

El proceso de perfilamiento del contenedor incluyó un análisis de imágenes mediante inspección no intrusiva, que motivó la revisión física de la carga. Durante este procedimiento, las autoridades hallaron 37 cajas, cada una con un peso aproximado de 34,5 kilogramos, que en total sumaron más de una tonelada de mercurio.

La mercancía quedó a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que realizó la verificación final y confirmó que el contenido era mercurio. Este elemento químico se utiliza en la fabricación de baterías especiales, equipos científicos, procesos industriales y, especialmente, en la minería artesanal del oro, práctica oficialmente catalogada como riesgosa para el medio ambiente y para la salud humana.

Las autoridades de UNICEF han señalado que la investigación interna sobre el caso de supuesto contrabando en sus envíos humanitarios a Gaza surgió tras la detección de botellas de tabaco y nicotina ocultas entre kits de higiene, una situación que, según el organismo, requiere la colaboración de todos los Estados involucrados para mejorar los sistemas de inspección y detección de productos ilícitos. Este incidente llevó al gobierno de Israel a suspender temporalmente la entrada de ayuda coordinada por la agencia hacia la Franja, lo que, advirtió UNICEF, puede aumentar el nivel de gravedad en la crisis humanitaria que atraviesa la población local.

Según informó Europa Press, UNICEF confirmó el miércoles la apertura de una investigación interna para esclarecer las denuncias acerca del intento de contrabando localizado en un cargamento destinado a Gaza y transportado por un operador comercial. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia detalló que el 17 de marzo de 2026 fue notificado formalmente por las autoridades israelíes del hallazgo de estos artículos no autorizados, hallazgo que motivó la acción inmediata del organismo para dar inicio a un análisis exhaustivo del hecho.

En declaraciones al mismo medio, representantes de UNICEF subrayaron la estricta política de tolerancia cero que mantiene la organización en relación con la inclusión de artículos no declarados en material humanitario. Además, recordaron que, a pesar de la existencia de medidas de precaución, existen intentos esporádicos de introducir productos prohibidos en entregas humanitarias, por lo que la colaboración con las autoridades fronterizas resulta fundamental. UNICEF recalcó la necesidad de fortalecer los controles para detectar bienes ilícitos antes de que accedan a los territorios afectados por conflictos.

Las fuentes consultadas por Europa Press resaltaron la importancia de que las remesas humanitarias enviadas a Gaza resultan esenciales para la supervivencia de los menores y sus familias. Desde el organismo, insistieron en que cualquier suspensión representa un riesgo considerable de profundización en el deterioro de las condiciones de vida de la población civil que ya enfrenta una situación que catalogan como extremadamente crítica.

El anuncio de la suspensión por parte de Israel provino del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), entidad militar adscrita al Ministerio de Defensa encargada de la política y la seguridad en Gaza y Cisjordania. Conforme a lo publicado por este organismo, la inspección de los materiales se efectuó en el cruce de Kerem Shalom, fronterizo con Egipto, y participaron tanto la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa como la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza.

Según reportó el COGAT a través de sus redes sociales, "durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, junto con representantes de la CLA de Gaza (la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza) se encontraron botellas que contenían sustancias de nicotina ocultas dentro de cajas de kits de higiene". La dependencia militar calificó el hecho como una infracción importante de los procedimientos que regulan el acceso de artículos humanitarios y remarcó la existencia de intentos reiterados por parte de actores hostiles para valerse de estos canales como método de tráfico ilícito, en particular de productos de tabaco.

El COGAT detalló que la suspensión continuará vigente hasta que UNICEF presente los resultados de la investigación integral y se emita una respuesta oficial. Las autoridades israelíes comunicaron que aumentarán los controles para impedir cualquier posible intento futuro de contrabando de artículos no autorizados a través de los pasos fronterizos habilitados para la asistencia internacional.

Europa Press expuso que las restricciones a la entrada de ayuda en Gaza forman parte de las medidas impuestas por Israel desde el recrudecimiento del conflicto ocurrido tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ofensiva militar inició como represalia a las acciones perpetradas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que según cifras oficiales dejó cerca de 1.200 fallecidos y cerca de 250 personas secuestradas en territorio israelí.

En relación con la situación humanitaria, fuentes de Hamás citadas por Europa Press aseguraron que, desde el anuncio de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 tras un acuerdo promovido por Estados Unidos para el futuro de la región, se han contabilizado 673 muertes y 1.799 heridos en Gaza derivados de ataques israelíes. Las cifras acumuladas desde el inicio de la ofensiva militar, siempre según las autoridades gazatíes, ascienden a 72.249 fallecidos y un total de 171.898 personas heridas.

Conforme a lo publicado por Europa Press, desde el inicio del conflicto se han sucedido denuncias por parte de Hamás relativas a la no aplicación efectiva de las cláusulas humanitarias acordadas el año anterior, lo que ha mantenido la presión internacional sobre las partes y sobre los canales de ingreso de ayuda humanitaria, a la vez que se han incrementado las dificultades para la población local, dependiente en su mayoría de la asistencia proveniente del exterior.

Agentes de la Prefectura Naval Argentina incautaron mercadería electrónica ilegal valuada en más de 126 millones de pesos, que había ingresado de manera ilegal al país y era comercializada en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que los procedimientos tuvieron lugar en comercios del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Adrogué.

El procedimiento se originó a raíz de órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada y la Secretaría N°2 de María Valeria Peralta Urquiza Rosito. El objetivo: incautar artículos electrónicos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero para su ingreso a Argentina.

Entre los elementos decomisados se encontraron más de 200 teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, tablets, parlantes, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. Además, se secuestró documentación relevante para la causa, tanto en soporte físico como digital.

El valor total del material incautado supera los 126 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se llevó a cabo con la intervención de distintas áreas especializadas del organismo y de la Dirección General de Aduanas (ARCA), quienes verificaron la falta de documentación que respaldara el ingreso legal de los productos al territorio nacional.

Antecedente

En enero, personal de la Policía de la Ciudad desmanteló una organización dedicada a la importación ilegal en el barrio porteño de Villa General Mitre, con el secuestro de artículos valuados en 120 millones de pesos que habían ingresado al país de manera irregular y se ofrecían en tiendas virtuales.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las acciones incluyeron dos allanamientos realizados por la División Organizaciones Criminales de la fuerza porteña, uno en una vivienda de un barrio privado en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y otro en una propiedad utilizada como oficina y depósito en Villa General Mitre. En esos procedimientos, se localizó al presunto responsable de la maniobra, identificado como M.A.C., quien resultó imputado en la causa judicial.

La investigación se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), especializada en causas del fuero federal penal y económico, que detectó la actividad ilícita a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. Esta dependencia trabajó en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, y la Secretaría 9, encabezada por Laura Irene Nicocia.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con mercadería extranjera compuesta por artículos de electrónica, electrodomésticos, audio y video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes, vestimenta e indumentaria de la marca Adidas apócrifa. Además, se incautaron una camioneta Toyota SW4,un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, equipos informáticos (tres CPU, tres notebooks, una tablet), cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación relevante para la causa. Fuentes del caso explicaron a este medio que la mercadería era ingresada al país sin declarar, y luego vendida a través de plataformas digitales y redes sociales.

La decisión de mantener la suspensión está sujeta a que la agencia presente tanto los resultados de una investigación exhaustiva como una respuesta formal, y en el transcurso se aplicarán medidas de control más estrictas para detectar cualquier intento de transferencia ilícita a través de los cruces, según informó el COGAT, autoridad militar israelí encargada de supervisar los territorios palestinos. Este anuncio llega tras la detección de botellas con sustancias de nicotina durante un chequeo de seguridad, según publicó el medio, y ha tenido un impacto inmediato en la colaboración entre Israel y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el contexto del suministro de asistencia humanitaria dirigida a la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información proporcionada por COGAT mediante un comunicado recogido por las agencias internacionales, la suspensión afecta a los envíos coordinados por UNICEF desde Egipto hacia el territorio gazatí y utiliza como principal vía el paso fronterizo de Kerem Shalom. El responsable de operaciones de COGAT, general de división Yoram Halevi, trasladó la notificación por escrito a los directivos regionales de UNICEF este martes, reiterando la gravedad de la infracción detectada al hallarse los productos prohibidos ocultos en cajas de kits de higiene.

Tal como detalló el medio, el hallazgo se produjo durante una inspección desarrollada por personal vinculado tanto al Ministerio de Defensa como a la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza (CLA de Gaza), quienes localizaron envases con nicotina en el interior de uno de los cargamentos. Tras esta verificación, las autoridades israelíes manifestaron que el incidente representa una vulneración considerable de los protocolos que rigen la gestión y entrega de provisiones humanitarias a la población gazatí.

El organismo militar subrayó, según consignó el medio, que existen esfuerzos reiterados por parte de grupos hostiles para aprovechar los envíos de ayuda como medio para el contrabando de mercancías, cita textual: “actores hostiles intentan continuamente explotar este tipo de suministros con fines ilícitos, incluyendo el uso de las operaciones de la agencia para el contrabando de productos de tabaco a la Franja de Gaza”.

Las consecuencias administrativas incluyen la inmediata suspensión de futuros cargamentos de UNICEF a través de este corredor hasta que la agencia de Naciones Unidas proporcione la documentación solicitada, con el objetivo de esclarecer lo sucedido en lo que el COGAT calificó como una “grave violación” del sistema de gestión de asistencia en la frontera. Además, la autoridad militar israelí adelantó que endurecerá los análisis y requisas sobre los productos que busquen ser introducidos por los pasos fronterizos supervisados, reforzando la vigilancia para detectar irregularidades.

La situación surge después de que Israel haya incrementado el escrutinio sobre la ayuda internacional debido a preocupaciones de seguridad y ante denuncias anteriores de que materiales sensibles pudieran llegar a manos de actores no estatales. UNICEF y otras organizaciones habitualmente colaboran en la entrega de bienes esenciales a Gaza, en el contexto de las restricciones y el monitoreo insistente del Estado israelí. Ahora, los procesos de revisión experimentarán un aumento en los niveles de control en todos los cargamentos, según indicó el comunicado citado en la cobertura.

El incidente, reportó el medio, generó peticiones inmediatas de explicaciones concretas y demandó a UNICEF una evaluación interna de los hechos. También reavivó el debate sobre el riesgo de desvío de artículos suministrados bajo el paraguas humanitario y el papel de las agencias internacionales en el cumplimiento estricto de las normativas impuestas por las autoridades de la región.

Por el momento, la continuidad del flujo de ayuda de UNICEF hacia la Franja depende de que la agencia remita una investigación detallada y entregue una respuesta oficial a la suspensión, mientras las autoridades israelíes sostienen su postura de alerta máxima a la espera de las aclaraciones solicitadas. Todo este contexto, según informaron fuentes militares citadas por el medio, mantiene la cooperación bilateral en una situación de incertidumbre, a la vez que incrementa las medidas de seguridad en los puntos de control en la región fronteriza.