Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan perfeccionando métodos para intentar evadir los controles de seguridad y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras. Una de las técnicas que más preocupa actualmente a las autoridades consiste en impregnar drogas en textiles, papel, cartón y otros materiales de apariencia inocua para dificultar su detección en aeropuertos, puertos y empresas de mensajería.

Precisamente, una reciente operación en Panamá permitió descubrir 16 piezas de ropa contaminadas con presunta sustancia ilícita que tenían como destino final España, evidenciando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes criminales para el tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, realizó un allanamiento en una bodega ubicada en Tocumen, donde ubicó las prendas impregnadas con la sustancia sospechosa.

De acuerdo con las autoridades, el envío había salido desde Panamá y estaba destinado al mercado español. Todo el material fue decomisado y trasladado para los análisis periciales correspondientes.

Los expertos antidrogas explican que este método consiste en disolver cocaína u otras sustancias en solventes químicos hasta convertirlas en una solución líquida. Posteriormente, la mezcla se impregna en tejidos, prendas de vestir, papel, cartones o incluso artesanías. Una vez la mercancía llega a su destino, laboratorios clandestinos utilizan procesos químicos para extraer nuevamente la droga y devolverla a su estado original para su comercialización.

La cocaína es la sustancia más utilizada en este tipo de operaciones debido a que puede mezclarse con diversos compuestos químicos sin perder sus propiedades.

También se han detectado casos internacionales en los que se utilizan heroína, metanfetaminas y drogas sintéticas. Las autoridades consideran esta modalidad especialmente compleja porque los narcotraficantes buscan ocultar la sustancia dentro de objetos que aparentemente no representan riesgo y que pueden circular por cadenas logísticas legales.

El hallazgo en Tocumen no es un hecho aislado. En los últimos meses, los organismos de seguridad han detectado un incremento en los intentos de utilizar empresas de mensajería y paquetería para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el corregimiento de Parque Lefevre, donde unidades policiales ubicaron tres cajas sospechosas dentro de un local de envíos.

Las remesas provenían de Metetí, en la provincia de Darién. Durante la inspección realizada en presencia de la Fiscalía de Drogas fueron encontrados 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva verde. Todo el cargamento fue asegurado para los análisis correspondientes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia y destino final.

El uso de empresas de encomiendas se ha convertido en una de las modalidades preferidas por algunas organizaciones criminales debido a que permite fragmentar los cargamentos en envíos más pequeños, reduciendo el riesgo de pérdidas millonarias en caso de decomisos.

Sin embargo, los organismos de seguridad han reforzado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante perfiles de riesgo, inspecciones físicas y tecnología de escaneo.

Las investigaciones antidrogas también alcanzan áreas residenciales y comerciales de la capital. En una operación desarrollada en Obarrio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional aprehendieron a tres hombres investigados por delitos relacionados con drogas y pandillerismo.

Durante la diligencia realizada en un apartamento fueron ubicadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la venta de drogas y otros indicios considerados relevantes para la investigación. Las autoridades informaron que dos de los detenidos mantenían antecedentes por delitos relacionados con drogas, homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, uno de los aprehendidos tenía órdenes pendientes de aprehensión y conducción emitidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita p

or presuntos vínculos con actividades de pandillerismo. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.

Mientras tanto, las operaciones antidrogas también continúan en las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico internacional. Esta semana, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas permitió decomisar 1,096 paquetes de presunta droga en aguas del Pacífico panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la agencia EFE.

La incautación se produjo en Punta Burica, una zona estratégica ubicada en la provincia de Chiriquí y utilizada frecuentemente por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

Aunque las autoridades aún no han divulgado el peso exacto del cargamento, en Panamá cada paquete decomisado suele tener un peso aproximado de un kilogramo, por lo que se trataría de más de una tonelada de sustancia ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos. En lo que va de 2026, las incautaciones ya superan las 34 toneladas, según estadísticas oficiales.

Los recientes hallazgos muestran cómo las organizaciones criminales combinan métodos tradicionales y nuevas modalidades para intentar mantener activas sus rutas de tráfico. Desde ropa impregnada con cocaína y paquetes enviados por mensajería hasta cargamentos transportados por mar, las autoridades enfrentan un escenario en constante transformación en el que la innovación criminal obliga a reforzar permanentemente los mecanismos de detección y control.

Más de 165 mil productos ilegales fueron retirados de circulación en el departamento de Valle del Cauca durante una operación coordinada por la Policía Nacional contra el contrabando y el comercio ilícito.

El valor total de la mercancía decomisada supera los 12.841 millones de pesos, según reportaron fuentes oficiales.

Durante el operativo, las autoridades ejecutaron cuatro patrullajes, tres diligencias de allanamiento y la instalación de un punto de control en el corregimiento de Puente Tierra, en el municipio de Yotoco. Entre los objetos confiscados se encuentran más de 18.000 prendas alusivas a la Selección Colombia, así como joyería de oro y una suma considerable de dinero en efectivo localizada dentro de una caja fuerte.

La intervención permitió interceptar 97.121 unidades de confecciones y 3048 pares de calzado en Cali, mercancía cuyo valor asciende aproximadamente a 7244 millones de pesos.

Según detalló el informe, 18.437 camisetas y conjuntos deportivos con emblemas de la Selección Colombia formaban parte del lote que presuntamente sería distribuido de manera ilegal en diferentes regiones del país. En una de las inspecciones, la Policía encontró una caja fuerte con 348 gramos de joyería en oro y 300 millones de pesos en efectivo. En ese mismo procedimiento, se incautaron 10.300 pares de calzado, lo que representa un golpe económico estimado en 4000 millones de pesos a la estructura delictiva.

Los dos allanamientos restantes tuvieron como resultado la incautación de mercancía valorada en más de 1420 millones de pesos, incluyendo 19.000 unidades de productos perecederos, 4303 metros cuadrados de textiles, 16.310 cajetillas de cigarrillos y 340 botellas de licor adulterado o de contrabando. Además, en el punto de control aduanero instalado en Puente Tierra se decomisaron 15.000 bombillos, mercancía avaluada en cerca de 175 millones de pesos.

Toda la mercancía incautada, junto con el dinero y el oro, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las entidades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes. El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, explicó en declaraciones recogidas por El País de Cali que el éxito , de la operación se debió a una estrategia integral que combinó patrullajes nocturnos en Cali, allanamientos de alto impacto y controles rigurosos en el sector de Puente Tierra.

Los procedimientos se enfocaron en desarticular estructuras dedicadas al contrabando y al comercio ilegal en diferentes municipios del Valle del Cauca. La ofensiva permitió sacar de circulación 160.000 unidades de mercancía ilegal, entre las que predominan textiles, confecciones, calzado, productos perecederos, licor y cigarrillos.

El decomiso de estas mercancías representa un golpe financiero considerable para las organizaciones dedicadas a la distribución de productos ilegales en la región. Las acciones, según la Policía Nacional, forman parte de una estrategia que busca frenar el flujo de bienes ilegales y fortalecer los controles aduaneros en puntos estratégicos del departamento.

La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades continúan con los trámites judiciales para determinar el destino final de la mercancía y profundizar en la investigación sobre las redes de contrabando que operan en el Valle del Cauca. El operativo constituye una de las acciones más contundentes de los últimos meses contra el comercio ilícito en el suroccidente colombiano.

Incautan en Buenaventura tres contenedores con mercancía de contrabando valuada en más de 18 mil millones de pesos

Las acciones contra el contrabando no se detienen en Buenaventura, principal puerto de Colombia. En una reciente intervención realizada el 15 de mayo de 2026, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, incautó tres contenedores con mercancía de origen asiático, cuyo valor supera los 18.000 millones de pesos.

Durante el operativo en la zona portuaria, los uniformados adscritos a la División de Control Operativo Buenaventura llevaron a cabo registros y allanamientos que permitieron la aprehensión de más de 221 mil unidades de artículos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país. Entre los productos incautados se identificaron confecciones, calzado, juguetes y otros bienes de procedencia extranjera.

La mercancía decomisada fue puesta a disposición de la Dian, en cumplimiento de la estrategia nacional destinada a proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal. Según explicó el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División de Control Operativo Buenaventura, estos resultados contribuyen a impedir la comercialización de productos ilegales, proteger la industria nacional y evitar la evasión de impuestos aduaneros.

La Policía Nacional y la Dian reiteraron su compromiso de mantener las acciones de control y vigilancia en las zonas portuarias y comerciales del país. Además, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la distribución ilegal de mercancías, a través de la Línea Anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este viernes la detención de Cristian Ernesto F., de 32 años, por contrabando de mercadería en el cantón San Jacinto, municipio de Coatepeque, ubicado en la jurisdicción de Santa Ana Este.

Según informaron la FAES y la PNC, la intervención incluyó un registro en la vivienda del sospechoso autorizado por un juez local, donde se decomisaron un total de seis cajas y dos paquetes de productos ilícitos, además de dinero en efectivo.

La coordinación entre los elementos de la PNC y la FAES permitió ubicar al sujeto Cristian Ernesto F. tras una investigación policial que derivó en la orden de registro. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades ingresaron a la residencia en el cantón San Jacinto, donde encontraron mercadería de origen ilegal que se presume iba a ser distribuida de manera clandestina en el sector occidental del país.

La FAES destacó en sus redes sociales que “el procedimiento se realizó bajo lineamientos legales y con respaldo de la autoridad judicial competente”, subrayando que la operación forma parte de la estrategia institucional para combatir el tráfico ilícito de bienes. Por su parte, la PNC detalló que el valor y tipo de la mercadería incautada permanece bajo análisis, mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente contra el detenido.

En el operativo, los agentes aseguraron también dinero en efectivo cuya procedencia será objeto de investigación por la unidad financiera de la Policía Nacional Civil. Las autoridades señalaron que el hallazgo se llevó a cabo luego de un “registro de prevención de allanamiento girado por un juzgado de Santa Ana”, lo que permitió el ingreso a la propiedad y la incautación de las evidencias.

Vigilancia en el occidente de El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador reiteró que los patrullajes y controles en la zona se mantendrán para prevenir el ingreso y la circulación de productos ilegales, en línea con la política gubernamental de erradicar los “negocios ilícitos”.

La FAES señaló en su redes sociales que: “En conjunto con la Policía Nacional Civil, ubicamos a Cristian Ernesto F., a quien se le incautaron 6 cajas y 2 paquetes de mercadería de contrabando y dinero en efectivo, en cantón San Jacinto, Coatepeque, Santa Ana Este”.

Las autoridades recordaron que el combate al contrabando y al comercio ilegal constituye una de las prioridades en la agenda de seguridad y justicia del Gobierno salvadoreño, y reiteraron la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar y desarticular actividades ilícitas en todo el territorio nacional.

Un operativo similar

Como parte de otras acciones contra el contrabando en el país centroamericano, el día de ayer, la PNC incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, ubicado en San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años del exjefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, Dino Enzo Rossignoli, como autor de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Por otro lado, revocó la absolución de la contadora María José Degregorio y la condenó como coautora de los mismos delitos.

Ambos integraban una banda internacional que operaba en el mercado de cambio de divisas sin autorización del Banco Central, utilizando como pantalla una red de joyerías en la capital mendocina.

Esas operaciones, que se detectaron en los comercios denominados “Stefano Canella”, “Vía Roma” y “Luxe”, se financiaban con moneda extranjera obtenida mediante maniobras de contrabando de oro y divisas que provenían de Chile.

Dentro de la organización, el excomisario Rossignoli cobró sobornos a cambio de brindarles una zona liberada, alertando a sus miembros ante órdenes de allanamientos o inspecciones municipales. De ese modo, lograban ocultar las pruebas antes de que llegaran los oficiales.

Como parte de las maniobras de blanqueo de las ganancias, los condenados simularon su facturación en las joyerías, adquirieron inmuebles, camiones semirremolque y vehículos de alta gama.

Además, explotaron bares y locales bailables, como “La Rosa Club” y “Praga”. Con la misma plata de origen ilícito financiaron al menos 15 eventos con artistas de renombre reconocidos, entre otros, L-Gante o Lit Killah.

Los votos

Con relación a la condena del comisario Rossignoli, el juez Gustavo Hornos afirmó que “el tribunal de juicio tuvo en consideración que no se trataba de un funcionario público cualquiera…lo que aumenta el grado de reprochabilidad”.

Sobre el rol de la contadora, Hornos precisó que “su aporte a la organización delictiva fue determinante”, porque entendió que “la imputada conocía que existía una banda que necesitaba blanquear el dinero producto de sus ilícitos y se integró a ella por años aportando sus conocimientos especiales en materia contable”.

El camarista Mariano Borinsky adhirió a la propuesta de rechazar el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Dino Enzo Rossignoli.

También acompañó que la contadora María José Degregorio “tenía pleno conocimiento de la actividad ilegal de la organización y que adaptó su conducta profesional para facilitar las maniobras de la asociación”.

Finalmente, el juez Carbajo respaldó los argumentos de sus colegas y remarcó que deben enviarse las actuaciones referidas a Degregorio al Tribunal de origen para que fije una nueva pena.

La causa

La asociación ilícita se dedicó al contrabando de oro y divisas que negociaban con Chile entre los años 2020 y 2022. Estaba encabezada por Nicolás Bazán y Renzo González.

Durante la investigación, se acreditó que la contadora Degregorio “consolidó la estrategia de blanqueo de fondos ilícitos de la organización”.

Así fue como Bazán y González “llevaron a cabo diferentes maniobras complejas a través de las que procuraban disimular los importantes caudales de bienes obtenidos a raíz de las actividades ilícitas, dotándolos de un manto de aparente legitimidad”.

Las ganancias ilegítimas fueron invertidas en la producción de eventos musicales, en la instalación de negocios como joyerías, bares y locales bailables “a través de los que, mediante facturación apócrifa a nombre de distintas sociedades de acciones simplificadas constituidas al efecto, registraban ventas inexistentes”.

Por otro lado, la recuperación de conversaciones telefónicas demostró que el excomisario Rossignoli “era parte estable de la asociación ilícita”.

Un descubrimiento clave se dio en uno de los allanamientos a las joyerías, donde se encontró una anotación que decía “U$1000 (PFA)”. Luego en el despacho de Rossignoli se hallaron 2.210 dólares en un sobre sin identificación, además de dos pulseras y tres relojes.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

Según datos proporcionados por la PNC, el operativo se desarrolló como resultado de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia realizadas por equipos de investigaciones. La intervención se produjo luego de identificar a William Alfredo T. y detener el vehículo que conducía en el distrito de Sesori. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron las cajas que contenían cigarrillos introducidos de manera irregular al territorio nacional.

En declaraciones oficiales difundidas por la Policía Nacional Civil, se destacó el compromiso institucional de frenar el contrabando y garantizar la aplicación de la ley. “El contrabando y las actividades ilícitas ya no tienen espacio en nuestro país, quienes insistan en delinquir, deberán responder ante la justicia”, manifestó la entidad, reafirmando su postura frente a este tipo de delitos.

La detención de William Alfredo T. forma parte de una serie de acciones implementadas en la región oriental. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento incluyó la verificación minuciosa de la carga y la documentación correspondiente, lo que permitió determinar la naturaleza ilícita del producto incautado.

Según la PNC, la persona capturada será remitida a las instancias judiciales por el delito de contrabando de mercadería, una figura tipificada en la legislación salvadoreña para sancionar a quienes intentan evadir el control fiscal y aduanero.

La institución recordó que este tipo de operaciones afectan directamente la economía nacional y representan un desafío constante para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La institución destacó que, a través de este tipo de procedimientos, se busca enviar un mensaje disuasivo a quienes participan en actividades ilícitas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las acciones de seguridad y control.

Pronunciamiento del ministro de Seguridad y Justicia sobre el combate al contrabando

Ante este caso, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó por medio de Facebook que “ya no son tiempos para el contrabando ni para contrabandistas”, al referirse a la reciente incautación de la mercancía y la captura de William Alfredo T. en el distrito de Sesori, San Miguel. El funcionario señaló que existe una firme instrucción de interrumpir la actividad criminal relacionada con el contrabando y someter a la justicia a quienes insistan en delinquir.

La intervención se realizó luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia a cargo de unidades de la PNC, que detuvieron el automotor.

Villatoro reiteró “que no se confundan: ya no son tiempos para quienes creen que pueden enriquecerse burlando la ley, ahora aquí se hace cumplir la verdadera justicia”. Desde la cartera de Seguridad y Justicia se remarcó que el combate a las actividades ilícitas es una prioridad y que los responsables serán puestos a disposición de las autoridades.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó en la zona comercial de avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores. Entre los productos incautados había más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando.

Además, se secuestraron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, fue resultado de una investigación de la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ). Participaron efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Aduanas.

Los procedimientos se realizaron en doce locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre la calle Nazca al 400. También colaboraron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Las fuentes indicaron que los comercios allanados comercializaban productos ingresados al país de manera irregular y que gran parte de la mercadería presentaba marcas falsificadas. Del total de zapatillas secuestradas, el 80% provenía de Brasil y el resto, de China.

Por otra parte, en uno de los locales de artículos importados encontraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

Durante el operativo también fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante.

En los últimos meses también se realizaron procedimientos similares en los barrios de Belgrano y Flores, donde ya se habían secuestrado zapatillas, ropa falsificada y mercadería de contrabando.

El director de la Dian, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero, iniciativa que el Gobierno considera fundamental para fortalecer los mecanismos de control contra el contrabando y las infracciones relacionadas con el comercio exterior.

El funcionario destacó el avance del trámite legislativo y advirtió que, si el proyecto no es sancionado antes del próximo 20 de junio, Colombia podría enfrentar un vacío jurídico que afectaría la capacidad de las autoridades para sancionar irregularidades aduaneras.

Según explicó Carlos Betancourt, citado por Revista Semana, el Ejecutivo ha impulsado la iniciativa mediante un proceso de concertación con diferentes sectores económicos y políticos, buscando construir una normativa respaldada tanto por las autoridades como por los usuarios del sistema aduanero colombiano.

La Dian advirtió sobre un posible vacío jurídico

El director de la Dian señaló que el Gobierno mantiene preocupación por los tiempos del trámite legislativo.

“El director reiteró que si el 20 de junio el proyecto no ha sido sancionado por el Presidente, el país caería en un vacío jurídico que generaría un escenario de impunidad para enfrentar el contrabando y las infracciones aduaneras”, indicó la entidad.

La advertencia se produce en medio de las discusiones alrededor de la necesidad de actualizar y fortalecer las herramientas jurídicas para combatir delitos relacionados con el comercio exterior.

Betancourt calificó como “muy satisfactorio” el avance

El funcionario destacó el resultado obtenido durante el primer debate del proyecto en el Congreso de la República.

“Es muy satisfactorio esto, ya estamos a puertas de preparar ponencia para el segundo debate y esperemos que todo siga saliendo adelante”, afirmó Betancourt.

El director de la Dian aseguró que el Gobierno continuará trabajando para que la iniciativa avance rápidamente en las próximas etapas legislativas.

El Gobierno busca fortalecer el control contra el contrabando

La administración nacional considera que el nuevo régimen sancionatorio permitirá robustecer las capacidades de control de las autoridades aduaneras frente a prácticas ilegales.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra el fortalecimiento de las sanciones contra irregularidades en operaciones de comercio exterior y el combate al contrabando, fenómeno que sigue afectando diferentes sectores económicos del país.

El director de la Dian sostuvo que el proyecto es considerado una herramienta clave tanto para el Estado como para los usuarios aduaneros.

Hubo concertación con sectores económicos y políticos

Carlos Betancourt explicó que la construcción del proyecto incluyó conversaciones con representantes del sector privado y distintos sectores políticos.

“El Gobierno le ha apostado muchísimo a esto en un ejercicio de concertación, de encuentro, de convergencia con todos los agentes del sector privado, con todas las tendencias políticas”, señaló el director de la Dian.

La iniciativa también ha sido respaldada por gremios relacionados con el comercio exterior, que en los últimos días habían pedido acelerar el trámite del proyecto en el Congreso.

El nuevo régimen es considerado “crucial”

Betancourt insistió en que el régimen sancionatorio aduanero es una pieza fundamental para mantener mecanismos claros de vigilancia y control en las operaciones comerciales del país.

“Se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, concluyó el funcionario.

El avance del proyecto ocurre en medio de las discusiones sobre el fortalecimiento institucional de la Dian y las estrategias del Gobierno nacional para combatir el contrabando y las economías ilegales asociadas al comercio exterior.

Durante las próximas semanas, el Congreso deberá continuar con la discusión del articulado para definir si la iniciativa logra superar los siguientes debates antes del cierre del actual periodo legislativo.

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.

El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

Contra la prensa

En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.

En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

Dardos contra la Justicia

Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.

Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.

En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.

Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.

Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.

A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.

En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.

En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.

El juicio

El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.

Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

La llegada de contrabando a los puertos principales en Colombia sigue siendo uno de los problemas que sigue sin ser controlado por las autoridades en las zonas portuarias más destacadas del país.

Muestra de ello es que el 16 de mayo la Policía Nacional informó que en un operativo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se identificó que había productos de contrabando en tres contenedores que habían llegado en una embarcación proveniente de Asia.

En la carga había confecciones, calzado, juguetes y otros elementos que se presume iban a ser comercializados de manera irregular en varios mercados del país. La Dian informó que todo lo incautado está avaluado en más de 18.000 millones de pesos.

Autoridades se pronunciaron para explicar que en el procedimiento se confirmó que ninguno de los productos contaba con la documentación requerida para que se acreditara su ingreso al país.

“Este resultado operativo, protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país salvaguarda el recaudo nacional, al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, declaró el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División Control Operativo de Buenaventura.

La Policía Nacional informó que la mercancía quedó a disposición de la Dian para continuar con el proceso administrativo correspondiente. Habitualmente estos elementos son subastados, donados o destruidos.

La llegada de productos de contrabando a Buenaventura sigue siendo una constante, cabe recordar que en marzo de 2026 la Dian informó sobre operativos en los que se incautó mercancía avaluada en más de 16.000 millones de pesos.

En esa ocasión, además del Valle del Cauca, otros operativos se llevaron a cabo en Medellín y Bogotá, sitios en los que se comercializa gran parte de los productos que llegan de manera ilegal a los puertos.

En Medellín, la Dian intervino dos bodegas en el barrio Colombia tras labores de inteligencia, logrando la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 de juguetes, 395 de medicamentos, 6.072 de artículos de aseo, 2.856 de oficina y 246.718 de otros productos, con un avalúo de 15.571 millones de pesos. Toda la mercancía carecía de la documentación exigida.

En Bogotá, las autoridades hallaron más de 500 bultos de medias por un valor comercial de 750 millones de pesos, detectando además una modalidad de contrabando técnico, que utiliza documentos aparentemente legales para introducir mercancías no declaradas.

La importancia del puerto de Buenaventura para la llegada de contrabando

El puerto de Buenaventura representa el principal punto de entrada marítima de Colombia en el océano Pacífico, lo que lo convierte en un nodo estratégico tanto para el comercio legal como para el ingreso de mercancía de contrabando. Su ubicación geográfica permite la conexión directa con los mercados asiáticos y estadounidenses, facilitando el tránsito de grandes volúmenes de carga.

Esta posición privilegiada, sumada a la vasta extensión de sus instalaciones y el alto flujo diario de contenedores, genera desafíos significativos para las autoridades aduaneras en el control y la inspección de productos. El contrabando que ingresa por Buenaventura incluye confecciones, calzado, juguetes, medicamentos y otros bienes, muchos de los cuales logran evadir los controles mediante documentos falsificados, declaraciones incompletas o el uso de rutas alternas dentro del puerto.

Estas prácticas afectan la economía formal, generan competencia desleal para la industria nacional y ponen en riesgo la salud pública, especialmente cuando se trata de medicamentos y productos de consumo sin certificación. Las autoridades han intensificado los operativos y controles en Buenaventura, pero la magnitud del puerto y la sofisticación de las redes de contrabando exigen una vigilancia constante y la coordinación con organismos nacionales e internacionales para mitigar el impacto de este fenómeno en el país.

Un fiscal pidió duras condenas a prisión y sanciones económicas contra un grupo de empresarios y agentes aduaneros acusados por un multimillonario contrabando de ropa mediante declaraciones de importación falsas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses.

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá también reclamó que las penas no queden reducidas a condenas simbólicas, en su alegato final en el juicio que se sigue a todos los procesados y advirtió que las demoras judiciales generan una “percepción social de impunidad”. Se juzga a los acusados de integrar una organización que importó mercadería textil simulando ser carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos, mediante la confección de falsas DDJJ.

La operatoria siguió la misma mecánica que lo investigado en la megacausa por la “mafia de los contenedores” y es un desprendimiento de esta pesquisa principal, que estuvo a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Percepción de impunidad

En su alegato la semana última ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal reclamó penas de entre 5 y 8 años y seis meses de prisión y expuso que “la obligación legal de tener que aguardar a que la Corte Suprema deje firme una sentencia de condena para que pueda ser ejecutada una pena de cumplimiento efectivo genera una percepción social de impunidad a la que no se puede responder con la Constitución, porque no es verdad que la Constitución exija semejante cosa”.

Pérez Barberá agregó que esa percepción de impunidad es aún más fuerte en los delitos de contrabando y por eso solicitó al tribunal que, “en caso de condena, efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

En las próximas semanas será el turno de las defensas en el juicio oral. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización coordinaba el ingreso de productos textiles desde China y declaraba un falso contenido de los contenedores mediante la manipulación de la documentación a su llegada a la Argentina.

Ropa desde China

Se juzga a empresarios, despachantes de aduana, operadores logísticos y funcionarios aduaneros acusados del contrabando sistemático de mercadería textil importada desde China mediante documentación falsa, ropa de manera principal. El esquema permitía pagar aranceles mínimos y eludir controles aduaneros más estrictos.

La investigación identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa. En este último caso, la Aduana interceptó un contenedor que había sido declarado como carbonato de calcio pero que en realidad transportaba 80.554 prendas de vestir distribuidas en 415 bultos. El valor estimado de la mercadería y de los tributos rondaba los 600 mil dólares, mientras que el arancel que se intentaba pagar era de apenas 3 mil.

En los restantes contenedores, la fiscalía sostuvo que se importaron en promedio unos 2.500 rollos de tela por operación, equivalentes a unos 25 mil kilos de mercadería. El perjuicio fiscal total estimado supera los 4,5 millones de dólares.

El modus operandi

De acuerdo con el alegato, la organización funcionaba mediante un doble circuito documental. En los “Master Bill of Lading” (MBL) emitidos en origen la carga seguía figurando como textil, mientras que en los “House Bill of Lading” (HBL) y en la documentación presentada ante la Aduana argentina aparecía como carbonato de calcio.

Para la fiscalía, la maniobra quedó acreditada mediante correos electrónicos, documentación secuestrada en allanamientos, diferencias entre los conocimientos de embarque y la intercepción física de contenedores.

Las penas reclamadas

El pedido de pena más alto recayó sobre Walter Moglianesi, para quien la fiscalía solicitó 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado. Pérez Barberá lo señaló como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Para Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo, pidió 8 años de prisión. Según el fiscal, desde esa firma se introducían sistemáticamente falsificaciones en la cadena documental utilizada para importar mercadería. En el caso de Miguel Ángel Elnen, presidente de la firma Cuiper S.A., considerada por la acusación una empresa ficticia utilizada para ejecutar las operaciones, solicitó 7 años de prisión.

Para José María Zaragoza, acusado de actuar de hecho como despachante junto a sus hijas, el Ministerio Público pidió 7 años y 6 meses de prisión. Pérez Barberá incorporó como agravante el hecho de haber utilizado a sus hijas en las maniobras investigadas. “Un derecho penal con perspectiva de género no puede dejar de tomar en consideración una circunstancia como esta”, sostuvo.

Las hijas del despachante dedicadas a la misma profesión enfrentan pedidos de 5 años y 6 meses de prisión cada una. La fiscalía sostuvo que ambas participaron en la confección de facturas y despachos adulterados indispensables para consumar los hechos. Para Eduardo Urraco, apoderado de TT Cargo, el pedido fue de 6 años de prisión.

La acusación también alcanzó a funcionarios aduaneros señalados como parte de un presunto esquema interno de corrupción que permitió liberar la mercadería pese a inconsistencias y alertas previas. Para la verificadora aduanera Alejandra Delgado, acusada de intervenir en un hecho vinculado a un canal rojo, la fiscalía solicitó 6 años de prisión. Pérez Barberá afirmó que su actuación habría sido “clave para mantener intacta una verdadera estructura interna de corrupción”. También pidió condenas para cuatro guardas aduaneros, que según la acusación permitieron la salida de mercadería distinta de la declarada en la documentación oficial.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y actividades comerciales, pérdida de concesiones y beneficios aduaneros y el retiro de la personería jurídica de las firmas TT Cargo S.A. y Cuiper S.A. Finalmente, Pérez Barberá pidió el decomiso de la mercadería secuestrada en el contenedor interceptado, así como de computadoras y demás instrumentos utilizados para concretar las maniobras investigadas.

Agentes de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) pertenecientes a la Policía Nacional de la República Dominicana informaron este viernes el decomiso de más de 1,000 botellas de alcohol adulterado y 39,400 cigarrillos de contrabando durante un operativo efectuado en un colmado del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, según informó la institución en un comunicado oficial.

El procedimiento se realizó en coordinación con un representante del Ministerio Público, quien acompañó a los agentes durante la intervención.

La operación tuvo lugar en el colmado La Simpatía, situado en el barrio Los Sanjuaneros de Los Mina. Allí, los oficiales de la DINTEL incautaron bebidas alcohólicas de distintas marcas, así como una importante cantidad de cigarrillos introducidos ilegalmente a a la isla. De igual manera, se localizó una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional.

La entidad policial señaló que la incautación forma parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico y comercialización de productos ilícitos que circulan en distintos puntos del territorio dominicano

“Durante el operativo, efectuado en coordinación con el Ministerio Público, también fue ocupada una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador”, señaló la institución policial.

“La investigación sobre el origen de estos artículos continúa abierta. Nuestros investigadores han identificado a los suplidores de este colmado”, indicó un portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Las autoridades destacaron que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas representa un riesgo considerable para la salud pública. La Policía Nacional advirtió que muchas de estas botellas contienen sustancias tóxicas como el metanol, un químico peligroso que puede causar intoxicaciones graves, pérdida de visión, daño neurológico permanente e incluso la muerte.

“Este tipo de productos se elabora sin ningún control sanitario, exponiendo a los consumidores a infecciones, fallos hepáticos y otras complicaciones médicas graves”, señaló la institución en un post.

Además, la manipulación y almacenamiento en condiciones inadecuadas incrementan el riesgo de contaminación, lo que agrava las consecuencias para quienes consumen estos productos. Las autoridades insistieron en que la adquisición y consumo de alcohol adulterado no solo representa una infracción legal, sino que constituye una amenaza directa a la integridad física de la población.

Autoridades continúan operativos contra productos ilícitos

De igual manera, se reiteró la importancia de adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre la procedencia y los sellos de seguridad de los productos. La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de alcohol o cigarrillos de contrabando, a fin de contribuir a la protección de la salud pública y la seguridad ciudadana.

La intervención en el colmado de Los Mina se inscribe en una serie de operativos que la DINTEL y el Ministerio Público realizan en diferentes zonas de Santo Domingo Este, donde las autoridades han identificado puntos de venta y distribución de productos ilegales.

Las investigaciones continúan, mientras los productos incautados permanecen bajo custodia de las autoridades competentes, a la espera de los resultados periciales que permitan determinar su composición exacta y el posible vínculo con redes de contrabando que operan en el país.

El Congreso de la República decidió aplazar el primer debate legislativo sobre el Régimen Sancionatorio Aduanero en el Congreso colombiano que impulsa la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ante esto, la entidad advirtió un riesgo inminente de vacío legal si el proyecto no es aprobado antes del 10 de junio de 2024. El director general de la entidad, Carlos Emilio Betancourt, instó a los congresistas a actuar con urgencia, ya que la ley debe ser sancionada por el presidente Gustavo Petro a más tardar el 20 de junio.

Así las cosas, si el Congreso no aprueba el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero dentro de los plazos señalados, Colombia quedaría sin herramientas jurídicas para combatir el contrabando. Tal escenario pondría en peligro la economía formal y dejaría sin facultades a la Dian para ejercer control sobre el comercio exterior.

Betancourt resaltó la importancia de la normativa y su carácter imprescindible para las operaciones de comercio legal en el país. “A pesar de la votación positiva de la ponencia unificada, hoy se hizo el anuncio de continuar con la sesión en otro momento, como Gobierno confiamos en la responsabilidad del Congreso de la República con el país para sacar adelante este Régimen Sancionatorio Aduanero, que es una ley absolutamente importante y necesaria para el comercio exterior”, dijo el funcionario.

Urgencia de la ventana legislativa

Asimismo, el enfatizó en la urgencia de no perder la ventana legislativa: “Confiamos en el compromiso de las Comisiones Segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios”. Según él, un retraso dejaría a Colombia ante un “vacío constitucional” y sin posibilidad de realizar acciones de control aduanero fundamentales, como aprehensiones o decomisos, lo que dificultaría el cumplimiento de la ley en las fronteras.

Betancourt advirtió sobre el escenario que enfrentaría el país en caso de no contar con la nueva ley. Apuntó que sería un escenario realmente grave pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero.

“Acciones de lucha contra el contrabando como las aprehensiones, los decomisos y la liquidación de sanciones no se podrían adelantar, de manera que entraríamos en un estado inconstitucional del Régimen Aduanero vigente, generando imposibilidad de ejercer la autoridad aduanera en el país y eso sería inaceptable, inconveniente y realmente grave para las condiciones del comercio exterior colombiano, para las personas que ejercen legalmente el comercio y para el país en general”, adujo.

El texto unificado del proyecto responde a la necesidad de un régimen moderno y proporcional que refuerce el control aduanero y la seguridad jurídica, y que cubra los mandatos constitucionales y la protección de la economía formal.

Riesgos jurídicos y tecnológicos de la reforma aduanera

Pese a que todo indica que la reforma beneficiaría a los colombianos, esta ya enfrenta críticas por vacíos técnicos y fallas legales, en especial, en áreas como el comercio digital y la modernización tecnológica. El exdirector de la Dian Lisandro Junco cuestionó la exigencia del uso de inteligencia artificial y la adecuación de la infraestructura tecnológica.

Afirmó, por medio de X, que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025”. Según él, la expectativa sobre la capacidad tecnológica es desproporcionada, ya que “le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Recordó el exfuncionario que Colombia recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD250 millones en 2020 para modernizar la Dian; sin embargo, “solo se ha ejecutado entre el 37% y el 51% del programa”. El nuevo sistema aduanero (NSGA) aún no tiene proveedor contratado, por lo que la ley se apoyaría en herramientas inexistentes.

Desde el punto de vista jurídico, Junco destacó que uno de los artículos del proyecto sanciona a importadores incluso si prueban que no tuvieron culpa, aplicando el concepto de “responsabilidad objetiva”. La Corte Constitucional ya rechazó la figura en materia sancionatoria y, según el experto, “Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”.

Otro aspecto controvertido es la causal de aprehensión basada en la “solvencia económica del importador”, debido a que la definición de solvencia queda a discreción de la entidad tributaria sin criterios claros en la ley. Para Junco, esto pone en peligro la seguridad jurídica. “Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”, adujo.

Respecto a la prescripción de los decomisos, explicó que, al clasificarse como sanción, un contrabandista podría recuperar su mercancía si vencen los términos del proceso. La situación propiciaría impunidad y debilitaría la función disuasoria del régimen sancionatorio.

De acuerdo con el exfuncionario, el proyecto ignora, además, los retos del comercio digital. Por lo tanto, señaló que “el comercio digital ignorado. El PL 312 no promueve ni controla el e-commerce transfronterizo. Mientras usted compra en Shein o Amazon y la mercancía entra fraccionada en pequeños paquetes, la ley no tiene cómo perseguirla”, lo que deja a Colombia sin mecanismos efectivos para enfrentar el contrabando actual.

La urgencia legislativa, impuesta por la Corte Constitucional, mantiene como fecha máxima el 20 de junio de 2026 para regular la materia. Para Lisandro Junco, aprobar la reforma sin condiciones técnicas ni jurídicas adecuadas incrementa los riesgos para comerciantes y empresas, quienes enfrentarán sanciones, un sistema tecnológico débil y dificultades para distinguir entre actividades legales e ilegales.

La empresa Fast Moda S.A.S. rechazó este lunes 11 de mayo de 2026 cualquier vínculo comercial, laboral o societario vigente con Walter Francisco Martínez Martínez, capturado recientemente en Colombia en el marco de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos, según un comunicado oficial firmado por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la marca Lili Pink.

El pronunciamiento subraya que la separación con Martínez Martínez rige desde 2021, cuando concluyó una relación limitada únicamente al suministro de productos, sin que el implicado haya tenido participación en la administración, dirección o decisiones de la empresa colombiana de ropa interior femenina.

“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca”, puntualiza misiva, destacantando que las labores del capturado no estuvieron relacionadas con acciones de la empresa, sino que actuó de manera indipendiente.

Desde Fast Moda, se reitera el compromiso con “el cumplimiento de la ley, la transparencia empresarial y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida”, y se enfatiza la expectativa de que a Martínez Martínez se le garantice el debido proceso y la presunción de inocencia.

Lili Pink se defiende de acusaciones por presunto lavado de activos y contrabando

Un megaoperativo del CTI de la Fiscalía General de la Nación tuvo lugar el lunes 27 de abril de 2026 en más de 405 locales comerciales de Lili Pink distribuidos en 59 municipios de Colombia, tras una investigación sobre un presunto lavado de activos que, según los datos oficiales, alcanzaría los $730.000.000.000. El despliegue respondió a meses de seguimiento sobre la cadena que opera bajo la razón social Fast Moda S.A.S.

En un comunicado, emitido el 5 de mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S. señaló “inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas”, postura que defiende la necesidad de que cualquier acusación sea determinada en el ámbito judicial. De acuerdo con el documento, la compañía negó cualquier responsabilidad en lavado de activos o contrabando, afirmando que “no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”.

En su defensa, la empresa colombiana argumentó que las operaciones de importación de mercancía se rigen bajo el marco legal vigente, soportado con documentación.

Sobre los señalamientos de contrabando Lili Pink precisó que: “No existe declaratoria judicial que los confirme. Las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente. Todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

Las pesquisas se desarrollaron con herramientas como el sistema de monitoreo Ojo de la Dian, que detectó “accesos inusuales a la base de datos y consultas de información distintas a la labor habitual de los funcionarios”. Sobre una investigación paralela por enriquecimiento ilícito de particulares, estimada en más de $430.000.000.000, la empresa enfatizó que cuenta con soportes de importación y pagos correspondientes para toda su mercancía.

Frente a las operaciones de las autoridades competentes, el abogado Iván Cancino —vocero de la defensa en esta fase— remarcó en el comunicado que “los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”. En efecto, insistió en “respetar la presunción de inocencia y el debido proceso”, advirtiendo contra prejuzgamientos antes de una resolución formal.

Por último, en el documento, la marca de ropa interior femenina subrayó que “genera más de 3.000 empleos directos” y mantiene operaciones legales en Colombia y otros países de Latinoamérica, mientras sostuvo que todas sus actuaciones administrativas “están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente”.

Las autoridades guatemaltecas informaron sobre la captura de un ciudadano hondureño que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular un millonario cargamento de bebidas alcohólicas al territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos aduaneros y sanitarios establecidos por la ley.

La detención ocurrió durante un operativo de control realizado en la aldea Entre Ríos, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, como parte de las acciones de vigilancia impulsadas por fuerzas de seguridad y autoridades tributarias para combatir el contrabando en las zonas fronterizas del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido fue identificado como Jefferson “N”, de 33 años, originario de Honduras.

El hombre se conducía a bordo de un cabezal tipo furgón con placas hondureñas HDM-6927, en cuyo interior transportaba miles de botellas de licor y cerveza de distintas marcas.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), quienes desarrollaban un operativo interinstitucional en la zona cuando detectaron irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Según el reporte policial, durante la inspección del vehículo se contabilizaron 94 mil 962 botellas de bebidas alcohólicas y cerveza.

Las autoridades indicaron que la mercadería no contaba con los permisos aduaneros correspondientes ni con el registro sanitario exigido para su distribución y comercialización dentro del territorio guatemalteco.

La falta de estos documentos levantó las sospechas de las autoridades, quienes procedieron a consignar tanto el cargamento como al conductor para iniciar las diligencias legales correspondientes.

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participó en la evaluación del producto decomisado y estimó el valor total de la mercadería en 238 mil 586.40 Quetzales, equivalentes a 31 mil dólares, una cifra considerable que refleja el impacto económico que este tipo de actividades ilícitas puede representar para el Estado.

Las autoridades señalaron que el contrabando continúa siendo uno de los principales desafíos en las regiones fronterizas de Guatemala, especialmente en puntos cercanos a Honduras y México, donde constantemente se reportan intentos de ingreso ilegal de mercancías sin el pago de impuestos respectivos.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas sin controles sanitarios puede convertirse en un riesgo para la salud pública, ya que las autoridades no pueden garantizar el origen, almacenamiento ni las condiciones de distribución de los productos.

La PNC destacó que los operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad, autoridades aduaneras y entidades tributarias forman parte de una estrategia permanente para frenar las estructuras dedicadas al contrabando y otros delitos transnacionales.

En los últimos meses, las autoridades guatemaltecas han incrementado los controles en carreteras, puertos y puestos fronterizos con el objetivo de detectar mercancías que ingresan sin autorización legal.

Entre los productos más incautados figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicamentos, productos electrónicos y alimentos.

De igual manera, la institución policial reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas en distintos puntos del país para identificar rutas utilizadas por redes dedicadas al comercio ilícito.

Tras la captura, Jefferson “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen exacto de la mercadería y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto intento de contrabando.

El cabezal y el cargamento quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes realizarán los procedimientos administrativos y judiciales respectivos.

Un contenedor procedente de Camboya llegó al puerto del Callao con un manifiesto de carga que no levantaba sospechas: servilletas de papel. Pero al abrirlo, los agentes de Aduanas de la SUNAT encontraron algo muy distinto. Dentro había 7,5 millones de cigarrillos de contrabando de distintas marcas, sin documentación legal y valuados en más de 8 millones de soles.

Todo comenzó como una inspección de rutina. Al registrar el contenedor, los agentes detectaron una irregularidad en el peso declarado: los números no cerraban para un cargamento de servilletas de papel. Esa discrepancia disparó una revisión manual que terminó por destapar el engaño. Para descartar que el contenedor escondiera otras sorpresas, los agentes desplegaron unidades caninas, que recorrieron el cargamento sin hallar elementos adicionales.

Cómo operan las mafias del tabaco ilegal

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que los productos carecían de controles sanitarios y tenían como destino no solo Lima, sino también diversas ciudades del interior del país, lo que amplía el alcance del daño potencial al mercado formal y a la salud pública.

El hallazgo se enmarca en un patrón extendido en América Latina. Los cargamentos de cigarrillos ilegales de origen asiático —procedentes principalmente de China, Camboya, Corea del Sur e India— circulan por rutas marítimas internacionales y se distribuyen a través de redes criminales que combinan documentación falsa, empresas fachada y puertos de tránsito con controles débiles. El comercio ilícito de tabaco en la región generó pérdidas fiscales superiores a los 6.000 millones de dólares, según estimaciones.

El vínculo entre el tráfico de cigarrillos y el crimen organizado está documentado. La policía internacional precisa que los carteles mexicanos como el de Sinaloa utilizan las mismas rutas y redes del narcotráfico para mover tabaco ilegal.

Un negocio millonario que financia al crimen organizado

Un estudio de KPMG publicado en abril de 2026 reveló que el 31,9% del tabaco consumido en América Latina correspondió a productos ilegales en 2025, equivalente a 77.000 millones de cigarrillos y a una pérdida fiscal estimada de 8.500 millones de dólares en toda la región. Las redes que mueven esos productos operan con la misma lógica que otros mercados ilegales: documentación falsificada, empresas fachada y rutas marítimas diseñadas para evadir controles aduaneros. Una vez en tierra, los cigarrillos se distribuyen en mercados informales de las principales ciudades, donde se venden sin tributar y sin ningún control sanitario.

La SUNAT ya había registrado operativos similares en el Callao. En octubre de 2022, agentes aduaneros decomisaron más de 8 millones de cigarrillos camuflados en un contenedor declarado como papel tissue con destino a Bolivia, en las instalaciones de DP World Callao. En ese caso, la evasión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendía a 720.000 soles.

Los especialistas advierten que el tráfico ilegal de cigarrillos no se limita a la evasión fiscal. Financia también otras actividades delictivas como el lavado de dinero, la falsificación y el transporte clandestino de mercadería, lo que convierte cada cargamento interceptado en un eslabón desarticulado de una cadena criminal más amplia.

El Ministerio Público tomó intervención en el caso para iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales. El cargamento fue trasladado a los almacenes de la SUNAT mientras avanzan las diligencias.

El registro de un vuelo realizado por Gustavo Petro en noviembre de 2021, cuando era candidato presidencial, ha generado controversia por la presencia de figuras vinculadas al contrabando y el rol de su jefe de seguridad.

Allegados al coronel (r) William Castellanos salieron en su defensa tras las versiones que lo relacionan con una presunta infiltración por parte de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.

El entorno cercano de Castellanos recalcó que el oficial sí aparece en el video del abordaje, pero negaron cualquier vínculo con intentos de infiltración.

“Es el señor que se ve con tapabocas detrás del señor Presidente, de camiseta blanca y zapatos negros es el coronel Castellanos. Es imposible que él haya grabado el video porque se ve que tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”, le dijo una persona cercana al coronel Castellanos a El Tiempo.

Además, resaltaron que no pudo grabar el video, ya que “tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”. Así mismo, negaron cualquier relación con Diego Marín Buitrago y remarcaron que Castellanos ha trabajado responsablemente en la seguridad de Petro desde su alcaldía en Bogotá.

Fuentes cercanas al oficial explicaron a El Tiempo que “no existe evidencia que involucre a Castellanos en intentos de infiltración o en gestiones con ‘Papá Pitufo’”.

Destacaron que su función siempre ha sido la protección de Petro y su equipo, sin nexos con personas ajenas a esa labor. A pesar de los señalamientos, Castellanos fue contactado por el diario pero optó por no pronunciarse sobre el caso.

Según la información difundida por diversos medios, el vuelo, contratado por César Augusto Valencia por un pago de $7.200.000, se realizó entre Cali y Buenaventura.

El registro del abordaje se conoció junto con detalles sobre la propiedad de la aeronave, perteneciente a la empresaria Martha Lucía Núñez Moncada.

Valencia, identificado como emisario, gestionó el vuelo y facilitó una lista de pasajeros en la que figuraban Gustavo Petro, William Castellanos y otros miembros del equipo.

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien relató a Blu Radio que Valencia buscaba insistentemente que la campaña aceptara apoyo de ‘Papá Pitufo’.

Rodríguez afirmó: “Al señor Valencia lo conozco, es el que estaba merodeando e intentando convencernos por todas partes a que recibiéramos los apoyos del señor ‘Papá Pitufo’. Le dijimos al presidente y se molestó obviamente. Esas fotos las tuvo que haber tomado una persona muy cercana a ‘Papá Pitufo’ que era una infiltración, el señor William Castellanos”.

A esta versión se sumó Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que participó activamente en la campaña de Petro.

Tascón declaró a Semana que en el video “se ven todos los que iban en la avioneta menos William”, y que notificó este dato a la Fiscalía General de la Nación. Además, mencionó que antes del viaje se verificaron las matrículas de la aeronave.

La documentación revelada, por El Tiempo, en febrero de 2025 confirmó que la avioneta era propiedad de Núñez Moncada y que el pago y la coordinación estuvieron a cargo de Valencia. En los chats, Valencia incluía a Castellanos entre los pasajeros y resaltaba que el jefe de seguridad estaba informado de la operación.

“Cali-Buenaventura: Gustavo Petro, William Castellanos, Javier Camargo, Señor Augusto, María Antonia, Luis Prensa, dos empresarios que regalaron el vuelo”, dice uno de los chats revelados por el medio citado.

El caso ha puesto en debate los mecanismos de seguridad en campañas presidenciales en Colombia y la posibilidad de que actores con antecedentes penales intenten acercarse a figuras políticas.

Las declaraciones cruzadas sobre la presencia de Castellanos en el vuelo y la existencia de registros, listados y pruebas documentales permiten reconstruir los hechos, aunque la responsabilidad y transparencia en la gestión de la seguridad siguen generando interrogantes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró un aumento del 12% en aprehensiones de mercancías de contrabando durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un valor total de $204.292 millones en decomisos.

Este resultado, informado por la Dian, no solo refleja una intensificación de los controles aduaneros, sino que produjo una consecuencia directa: el incremento en valor de las incautaciones superó los $73 mil millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el balance divulgado por la Dian, entre enero y el 5 de abril de 2026 se efectuaron 6.278 aprehensiones, una cifra superior en 1.215 operaciones respecto a las 5.063 aprehensiones y $130.361 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento representa no solo una mayor cantidad de acciones, sino un incremento del 56,7% en el valor de la mercancía incautada, lo que marca un nuevo umbral de eficiencia en la gestión contra el contrabando en el país.

Durante el primer trimestre de 2026, las seccionales con mayores aprehensiones de mercancía de contrabando fueron Bogotá (717 casos), Medellín (642), Cartagena (433), Cali (408) y Santa Marta (279), como consta en el balance de la Dian. Estas cinco ciudades concentraron 2.479 aprehensiones por un valor de $143.510 millones.

Según la autoridad tributaria, el desglose sectorial detalló que el sector textil y manufacturas sumó 466 aprehensiones valoradas en $38.392 millones.

En el área de máquinas, aparatos y sector eléctrico, las 547 aprehensiones alcanzaron los $20.288 millones. El sector de calzado y artículos análogos registró 217 aprehensiones por $20.394 millones.

En materia de vehículos y partes, se incautaron 38 unidades por un monto de $10.104 millones, mientras que el sector de productos químicos y conexos reportó 130 aprehensiones evaluadas en $9.057 millones. Otros sectores completaron 1.081 casos por $45.275 millones.

De manera puntual, uno de los operativos destacados por la Dian ocurrió el 13 de marzo en el puerto de Cartagena, donde agentes aduaneros detectaron 1,2 toneladas de mercurio ilícito, producto de alta peligrosidad utilizado en la minería ilegal.

Según el informe consignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los documentos de transporte presentados por los responsables no coincidían con la falsa declaración de mercancía plástica, hecho que facilitó la detección.

Entre tanto, en Maicao, La Guajira, una acción conjunta de la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar permitió incautar 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, evidencia del trabajo coordinado entre diferentes entidades estatales en la lucha contra este delito.

Según el reporte del 13 y 14 de marzo, la Dian desarrolló la primera Jornada de Transparencia Fiscal de 2026 de manera simultánea en 40 ciudades.

Más de 5.000 servidores realizaron controles de ingresos y seguimiento a la expedición de facturas electrónicas con 12.390 contribuyentes, lo que redundó en un desempeño 40% superior respecto a la meta inicial de visitas proyectada, datos presentados en el balance institucional.

La Dian señala que sigue potenciando sus capacidades técnicas y operativas para combatir el contrabando y delitos conexos, como la evasión fiscal, lavado de activos y la financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva.

Para ello, la entidad indica que ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y el análisis de datos, consolidando modelos integrados de gestión para anticipar riesgos y proteger la economía nacional.

En el primer trimestre de 2026, la actividad de la Dian en cuanto a decomisos de mercancía ilícita se tradujo en 6.278 aprehensiones por $204.292 millones, un aumento del 12% en casos y del 56,7% en valor frente al año anterior.

Destacaron operativos como la inmovilización de 1,2 toneladas de mercurio en Cartagena y la incautación de 200.000 cajetillas de cigarrillos en Maicao. Estos logros se enmarcan en la estrategia institucional de la Dian para fortalecer sus controles y el uso de inteligencia frente al contrabando y delitos asociados en Colombia.

Un ex legislador de Salta que ya enfrentaba cargos por contrabando agravado y asociación ilícita fue imputado por dos nuevos delitos luego de que intentara, a través de un intermediario, comprar la voluntad de un auxiliar fiscal con dinero en efectivo. La maniobra quedó registrada en una grabación que el propio funcionario judicial obtuvo al concurrir al encuentro con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha decir al intermediario en uno de los fragmentos reproducidos durante la audiencia.

El acusado es Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de la provincia norteña, quien desde septiembre del año pasado se encontraba bajo proceso penal por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.

Lejos de mantenerse al margen del expediente que lo tenía como investigado, Cisnero habría diseñado una estrategia para acercarse a un integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con vínculos en su causa y torcer el rumbo del proceso antes de una audiencia determinante prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exlegislador por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia de formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, quien calificó el episodio como un hecho de "inusitada gravedad institucional" —expresión que también emplearon los fiscales intervinientes— y dispuso la prisión preventiva de Cisnero por 60 días, con lo que dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida en diciembre pasado.

La maniobra para llegar al auxiliar fiscal no fue un acercamiento improvisado. Según expuso en la audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede de Tartagal y a cargo de la investigación principal, Cisnero conocía al funcionario porque este había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado. A partir de ese momento, mientras gozaba de libertad, el exdiputado buscó contactarlo mediante vínculos personales y familiares. En una primera instancia recurrieron a una persona amiga de la familia del auxiliar fiscal, pero la falta de trato frecuente hizo que el funcionario no respondiera a los insistentes llamados. Fue entonces cuando el intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció de llamarlo por teléfono para concertar un encuentro, sin revelar el verdadero motivo.

La secuencia culminó el sábado previo a la audiencia, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y lo invitó a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, prevenido ante la situación, llegó con una grabadora oculta. Allí, el intermediario le dijo que hablaba en nombre del ex legislador y le ofreció dinero para que influyera en su favor antes del 23 de junio. “Él dice que está dispuesto a poner guita”, afirmó J.M.A. según los audios reproducidos en la audiencia por el MPF. Y agregó, en alusión directa a la funcionaria a cargo del caso: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.

Los fragmentos también revelaron referencias a supuestos pagos anteriores: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía". Para el MPF, el episodio evidenció el intento de ambos acusados de abrir un canal de influencia dentro del sistema judicial. El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal Orsetti sostuvieron en la audiencia que el caso reviste una gravedad que no podía ser contenida con las medidas restrictivas vigentes.

La jueza Hernández coincidió con esa valoración. Al resolver los pedidos, ponderó el riesgo de fuga y, de manera particular, el argumento del MPF sobre el entorpecimiento procesal, que a su criterio no había podido ser neutralizado con la caución real ni con la libertad concedida meses atrás. Rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y extendió la prisión preventiva de 60 días también a J.M.A., a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.

Los allanamientos realizados el martes previo a la audiencia abarcaron cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en la calle Gorriti de Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados al exlegislador y a uno de sus hijos. El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a 584.603.895 pesos.

Entre los objetos secuestrados en la vivienda de Cisnero en Green House figuran un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok, además de tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tres pasaportes, una pistola calibre .22 con cargador y municiones, y documentación diversa. En efectivo se hallaron 36.917.700 pesos, 84.390 dólares y 500 euros. Entre las joyas se incautaron 24 cadenas doradas, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y dos monedas bitcoin de oro, entre otros objetos de valor.

En el inmueble de la calle Gorriti, vinculado a un hijo del exlegislador, se incautaron 48.000 dólares, 374.500 pesos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook. En otro domicilio del mismo barrio privado, también asociado a un hijo de Cisnero, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas KTM, un sistema de cámaras de seguridad, cuatro celulares y documentación variada. La investigación principal, en la que hay otras cinco personas imputadas además de Cisnero, tiene como próxima instancia la audiencia de Control de la Acusación prevista para el 23 de junio, paso previo a una eventual elevación del caso a juicio oral y público.

En 2014, el entonces gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, Renzo Rossini, lanzó una advertencia que hoy vuelve a cobrar vigencia: “no tenemos que ser exageradamente ambientalistas y frenar la inversión”. Su mensaje no cuestionaba el objetivo —proteger el medio ambiente—, sino los excesos regulatorios que, bajo ese propósito, terminaban desincentivando la actividad económica.

La lección es clara: cuando se pierde el equilibrio, incluso las políticas bien intencionadas pueden generar efectos contrarios a los buscados.

Hoy, esa misma lógica empieza a observarse en el debate sobre el comercio ilícito. Diversos sectores empresariales vienen alertando sobre el impacto del contrabando y la subvaluación en la industria nacional. Los efectos son conocidos: reducción de ventas, presión a la baja en precios, pérdida de márgenes y de participación de mercado. Se trata, sin duda, de problemas reales que deben ser enfrentados con decisión.

Pero una cosa es combatir la ilegalidad y otra muy distinta es distorsionar el funcionamiento del comercio formal.

El riesgo está en sobrerreaccionar. En trasladar la responsabilidad hacia las importaciones legales o en promover medidas que, en la práctica, terminan restringiendo el comercio legítimo. No es lo mismo competir contra productos que ingresan cumpliendo la normativa, que enfrentar a operadores informales que evaden controles y tributos. Mezclar ambos planos no solo es técnicamente incorrecto, sino que abre la puerta a decisiones de política pública mal orientadas.

En ese contexto, algunas propuestas empiezan a generar preocupación. Se habla de intensificar controles en frontera, aplicar medidas antidumping de manera más amplia e incluso recurrir a salvaguardias. Instrumentos que, correctamente utilizados, pueden ser válidos, pero que en exceso o sin sustento técnico terminan configurando barreras encubiertas al comercio.

Un ejemplo concreto es el reciente Decreto Legislativo 1721, que establece un Procedimiento Especial de Control de Valor. Si bien su objetivo es reforzar la lucha contra la subvaluación, su diseño plantea interrogantes relevantes. La exigencia de garantías equivalentes al 200% de los tributos diferenciales para liberar mercancía, la posibilidad de extender el procedimiento hasta por dos años y la aplicación de controles durante el despacho —en lugar de un esquema posterior— podrían generar sobrecostos y demoras que afectan a importadores formales.

A ello se suma la falta de claridad en los criterios para identificar mercancías de “alto riesgo”, lo que incrementa la discrecionalidad y la incertidumbre. Más aún si se considera que el Perú ha asumido compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, particularmente en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que establece que las garantías exigidas no deberían exceder lo necesario para asegurar el pago de los derechos finalmente exigibles. En ese sentido, una garantía del 200% plantea dudas razonables sobre su proporcionalidad.

Combatir el contrabando y la subvaluación es indispensable. Son delitos que afectan directamente la competencia y la recaudación. Pero no deben convertirse en la excusa perfecta para restringir el comercio formal ni para promover agendas proteccionistas.

El Perú ya recorrió ese camino en el pasado. En las décadas de los setenta y ochenta, políticas orientadas a cerrar la economía terminaron generando escasez, baja calidad de productos y mayores costos para los consumidores.

La evidencia es clara. El comercio abierto no es el problema. Por el contrario, ha sido una de las principales fuentes de crecimiento y bienestar en las últimas décadas. Limitarlo, bajo el pretexto de control, no solo es un error de diagnóstico, sino un riesgo para la competitividad del país.

Como advertía Rossini hace más de una década, el problema no es el objetivo, sino el exceso. Evitar caer en un proteccionismo encubierto es hoy tan importante como lo era, en su momento, no frenar la inversión por sobrerregulación.

Gonzalo Boye, el abogado que representa en España a Diego Marín Buitrago —conocido con el alias de “Papá Pitufo” y señalado en Colombia como presunto líder de la red de contrabando más grande del país— confirmó que se reunió con el presidente Gustavo Petro en Bogotá como parte de los primeros acercamientos para gestionar la situación legal de su cliente.

La confirmación despeja una duda que había generado controversia política en Colombia: el propio Petro había negado haber dado instrucciones para que un funcionario del gobierno viajara a España a reunirse con Boye.

“La reunión sí se produjo. Punto final”, dijo el abogado en entrevista con Caracol Radio Y ante la insistencia sobre dónde ocurrió y quiénes participaron, Boye precisó: “Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar, pero el presidente Petro y yo sí estuvimos.”

Según explicó Boye en la entrevista, tras ese encuentro en la capital colombiana se concretó una segunda reunión, esta vez en su despacho en España, a la que habría asistido Isaac Beltrán, funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en calidad de enviado especial del gobierno colombiano.

El abogado aclaró que no pidió autorizaciones a los asistentes al inicio del encuentro, pero fue enfático: “Es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental.” El contenido de ambas reuniones quedó protegido por el secreto profesional y Boye se negó a revelar lo que allí se trató.

Para entender por qué estas reuniones importan tanto, hay que saber quién es Marín Buitrago. Se trata de un empresario colombo-español al que la justicia colombiana acusa de haber dirigido, por más de 30 años, una red de contrabando de textiles, calzado y cigarrillos que ingresaba mercancía ilegal por los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Las autoridades colombianas también lo señalan de haber sobornado a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que no revisaran sus contenedores. Marín Buitrago, además de la nacionalidad colombiana, tiene la española, un detalle que su defensa ha usado en el proceso legal: en principio, los países no suelen entregar a sus propios nacionales.

Fue capturado en Valencia, España, en abril de 2024. Un juez le otorgó libertad provisional y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue recapturado en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, espera en territorio portugués la resolución de una solicitud de asilo político, que es el mecanismo legal que tiene frenada su extradición a Colombia. Su defensa argumenta que en Colombia sería víctima de persecución política y que su vida correría peligro.

Sobre los tiempos del proceso, Boye fue cauteloso. Dijo que todavía faltan “bastantes meses” para que haya una decisión en la vía administrativa y que, si el resultado no favorece a ninguna de las partes, vendrían más recursos judiciales. “Aventurarnos a establecer tiempos yo creo que es un error”, señaló.

El abogado también se refirió a las declaraciones públicas del gobierno de Petro, que ha dicho estar dispuesto a “hacer todo lo que haga falta” para traer a Marín Buitrago a Colombia. Para Boye, esa frase no genera tranquilidad: “Un gobierno puede hacer lo que la ley le permite, no todo lo que haga falta. Cuando se habla de todo lo que haga falta, a mí siempre me recuerda a traspasar líneas rojas.”

Ante la pregunta de si las reuniones con el gobierno colombiano pudieron haber sido una estrategia para extraerles información a él o a su cliente, Boye descartó esa posibilidad: “Yo creo que Diego es una persona con suficiente experiencia profesional y vital para que nadie le saque lo que no quiera que le saquen.” Y sobre su propia postura, añadió: “Lo que ha habido es una postura errática por parte de las autoridades.”

Boye lleva entre diez y doce años representando a Marín Buitrago en distintos asuntos legales en España, desde protección de datos hasta derecho a la propia imagen.

El operativo de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa interior Lili Pink marcó un hito reciente al iniciar un proceso de extinción de dominio sobre más de 400 locales, en respuesta a presuntos vínculos con lavado de activos y contrabando por cifras que superan los $730.000 millones.

El futuro de más de 2.000 empleados y la operación de las tiendas quedará determinado por la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumirá la administración estatal de los bienes incautados, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad comercial y los derechos laborales.

Las pesquisas judiciales, reveladas por la Fiscalía el 28 de abril, no solo involucran la venta de ropa femenina. La marca habría sido utilizada como canal de ingreso para juguetes y productos cosméticos sin documentación, a través de una red de sociedades de papel y maniobras financieras que pretendían ocultar movimientos irregulares y dar apariencia de legalidad a elevados volúmenes de mercancía.

El ente acusador aseguró que el valor de los bienes incautados asciende a más de $54.000 millones, los cuales incluyen 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos del país.

La SAE, por medio de su directora Amelia Pérez, puntualizó que la estrategia estatal busca evitar que la empresa colapse o pierda valor mientras dura el proceso judicial.

Pérez explicó que “el plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

La intervención de la Sociedad de Activos Especiales se produce tras la incautación de los bienes, en el contexto de una de las operaciones más grandes contra el presunto lavado de activos en el sector comercio colombiano.

Un bloque de más de 2.000 empleados representa la principal preocupación en este proceso. La SAE afirmó que sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo para velar porque se respeten los derechos laborales durante la transición, una medida destacada por Pérez: “Las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a realizar por parte de la Fiscalía y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”, denunció la funcionaria.

Por iniciativa de la SAE también fue solicitada la intervención conjunta de la Procuraduría General y la Contraloría General, con el fin de ejercer auditoría permanente y asegurar la transparencia durante el proceso de toma de control y administración de los activos afectados.

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación identificó un complejo mecanismo de simulación a través de empresas importadoras y comercializadoras ficticias, por el cual se distribuían en el país mercancías sin cumplir los requisitos aduaneros y documentales.

Entre los hallazgos consta que “la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, asunto que llevó a confiscaciones en numerosos municipios.

En cifras, el informe presentado por la autoridad judicial habla de un presunto lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, decomisos de mercancía valorados en $54.000 millones y contrabando cercano a $75.000 millones. Todas estas cifras fueron consignadas por la Fiscalía y debidamente avaladas en sus informes oficiales.

Durante el operativo, la SAE reportó que “en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa”, fenómeno que atribuyó a la anticipación de las diligencias por parte de la alta gerencia de la marca.

La entidad remarcó que funcionarios propios acompañaron y supervisaron las incautaciones desde el inicio, haciendo seguimiento a la integridad de los activos en cada local, incluso aquellos que fueron hallados vacíos.

Por su parte, la empresa Lili Pink reconoció a través de un comunicado la existencia de la investigación penal, aclarando que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

La Fiscalía comunicó que, pese a la extinción de dominio, los establecimientos de la marca continuarán abiertos al público durante el trámite judicial, procurando no afectar a los consumidores ni precipitar la caída operativa de la cadena.

Esa decisión, sumada a la administración transitoria de la SAE, busca preservar la actividad comercial y proteger el interés de los trabajadores y clientes mientras el caso avanza en los estrados judiciales.

La Fiscalía General de la Nación informó de la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, ficha clave en la estructura criminal que se encargaba de mover la mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo en el Caribe.

El ente acusador sostuvo que el acusado, que es mencionado en las investigaciones como alias Pacho o Millos, sería el encargado de permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.

Este sujeto sería uno de los articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades. Además, sería el encargado de gestionar el traslado de la mercancía a países como Ecuador y Venezuela.

En la audiencia, el fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que este hombre tendría un vínculo directo con Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, criminal que Colombia ha pedido en extradición a Portugal, donde está bajo libertad condicional desde mediados de 2025.

En la estructura criminal, “Millos” sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena, en Bolívar, y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá.

Los sobornados, que serían principalmente policías, también debían comprometerse a permitir la salida de los productos de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros. De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.

El ente acusador informó que en la investigación, que es liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conocieron, al menos, seis hechos delictivos en los que “Millos” habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando.

De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial para que este siguiera colaborando con la estructura criminal.

Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.

‘Millos’ sería clave para demostrar la importancia de ‘Papá Pitufo’ en el ingreso de contrabando a Colombia

El puerto de Cartagena cumple un papel central en el comercio marítimo de Colombia y la región del Caribe. Su ubicación estratégica y el alto volumen de carga que recibe lo han convertido en una de las principales puertas de entrada para mercancías de todo tipo, incluidas aquellas que ingresan de manera ilegal.

A través de este puerto, el contrabando ha encontrado rutas propicias para el ingreso de productos que evaden controles aduaneros, afectando tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país. El flujo constante de contenedores y la sofisticación de las redes criminales dificultan la detección de cargamentos ilícitos, que suelen ser camuflados entre mercancía legal.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha sido señalado en diversas investigaciones como un punto recurrente para el ingreso de textiles, calzado, licores, cigarrillos y tecnología de contrabando. El dinamismo comercial y la dimensión de la infraestructura portuaria favorecen que organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas operen mediante sobornos, falsificación de documentos y alianzas con funcionarios corruptos.

Uno de los nombres que ha surgido en el marco de estos señalamientos es el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este individuo ha sido vinculado a redes de contrabando que operan a gran escala en el puerto de Cartagena. Las acusaciones en su contra lo relacionan con el ingreso sistemático de mercancía ilegal, supuestamente facilitado por contactos estratégicos dentro del puerto. A pesar de que se le atribuye la organización de esquemas de ocultamiento y distribución de productos que burlan los controles oficiales, este sujeto se mantiene en Europa sin que las autoridades colombianas puedan judicializarlo.

La Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo en el barrio porteño de Palermo a Fernando Farías Laguna, ciudadano mexicano de 47 años y ex contralmirante de la Marina de México, sobre quien pesaba una notificación roja de INTERPOL por delitos relacionados con el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos.

El operativo se desarrolló en la vía pública, en la intersección de Guatemala y Juan B. Justo. Farías Laguna había ingresado al país el 1° de abril de este año, utilizando una identidad falsa a nombre de un ciudadano guatemalteco, y se alojaba en un departamento de alquiler temporario en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Su captura fue resultado de un trabajo articulado entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, INTERPOL y las autoridades judiciales de Argentina y México. El ex contralmirante es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

La intervención judicial en Argentina corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del magistrado Julián Ercolini, con la Secretaría N°24 a cargo de María Alejandra Cavallero.

La investigación señala que desde 2023 Farías Laguna integraba una estructura criminal conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas. Esta organización se dedicaba al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible, en lugar de ser declarado como tal, era presentado como “aceites, lubricantes o aditivos”, lo que permitía evadir los controles aduaneros y fiscales.

Esta operatoria, conocida en México como “huachicol fiscal”, representa una modalidad de criminalidad organizada compleja que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales para encubrir la actividad ilícita. A diferencia del robo tradicional de combustible, el esquema se apoya en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, generando ganancias ilegales para la organización y distorsionando el mercado energético.

El impacto económico de estas maniobras resulta significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos para el Estado mexicano. El modus operandi incluía la utilización de documentación apócrifa, empresas fachada y la simulación de operaciones comerciales mediante la presentación de documentación adulterada sobre volúmenes y muestras, así como la emisión de facturas apócrifas.

El trabajo de cooperación internacional fue clave para la detención. Desde México, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y INTERPOL México participaron en la localización y posterior captura, en conjunto con sus pares argentinos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales sobre la aprehensión del ex contralmirante, destacando que Farías Laguna “cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”.

Farías Laguna se encontraba prófugo desde 2025. En septiembre de ese año, había obtenido una suspensión definitiva que impedía su captura, pero el 2 de octubre la medida fue retirada, lo que permitió que las autoridades avanzaran con el arresto. La ficha roja de INTERPOL permitía su búsqueda en 192 países.

El desmantelamiento de estas redes de contrabando de combustible es considerado uno de los golpes más relevantes para el combate al huachicol fiscal en México. Las maniobras ilegales no solo incluían la entrada irregular de combustible, sino también el uso de una estructura logística multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. Esta logística, basada en operaciones simuladas y documentación falsa, buscaba fragmentar la trazabilidad del producto y evadir los controles aduaneros y fiscales.

En el marco de investigaciones previas, la Fiscalía mexicana aseguró buques con millones de litros de diésel ilegal y detuvo a servidores públicos vinculados con estas maniobras. Además, se detectaron empresas dedicadas al contrabando de combustible cuya operatoria llegó a los 23 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una decisión que podría redefinir la lucha contra el contrabando en México: determinar si el SAT conserva atribuciones para denunciar estos delitos, tras el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un punto que afectará la validez de investigaciones fiscales aún en proceso y delimitará el papel del fisco federal frente al crimen aduanero. El recurso fue atraído el 15 de abril de 2026, en el contexto de una disputa jurídica desatada luego de que un tribunal resolviera que la representación ante delitos de contrabando quedó exclusivamente en manos de la autoridad aduanera a partir de 2022, año en que entró en vigor el nuevo reglamento institucional.

El origen de la controversia radica en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República desde junio de 2020, cuando el SAT denunció un presunto contrabando de diésel valuado en $170 millones por el puerto de Tuxpan, Veracruz. La intervención del SAT incluyó la presentación de una declaratoria de perjuicio fiscal y señalamientos contra Édgar Marín Meza Moreno, presidente de Impulsora de Productos Sustentables, por supuestamente utilizar documentación falsa para importar combustible. Dos años después, el SAT solicitó también procesar a Mario Alberto Guijardo Tamayo, representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa.

Un tribunal federal resolvió que, desde 2022, la facultad de denunciar delitos aduaneros corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y no al SAT. Esta interpretación jurídica podría invalidar procesos penales iniciados por el fisco federal en materia de contrabando, según resoluciones judiciales y fuentes consultadas por La Jornada y El Imparcial.

Tribunal federal anula proceso contra empresario y limita funciones del SAT

El proceso judicial avanzó con criterios diferenciados. En mayo de 2025, un juez federal negó la vinculación a proceso de Meza Moreno por falta de pruebas de la FGR, mientras que Guijardo Tamayo sí fue vinculado y sujeto a restricciones, como la presentación periódica, entrega de garantía económica por 300 mil pesos y la prohibición de salir del país. Pero en noviembre de 2025, un tribunal anuló la medida sobre Guijardo Tamayo tras determinar que, para 2024, el SAT ya carecía de facultades legales para denunciar el contrabando, función transferida a la Agencia Nacional de Aduanas de México después de la reforma de 2022, según explicó El Imparcial.

Al verse desplazado con esta interpretación jurídica, el SAT promovió un juicio de amparo con el propósito de revertir tanto la negativa de vinculación a Meza Moreno como la revocación del proceso contra Guijardo Tamayo. El asunto llegó a la Suprema Corte, que debe resolver ahora si el SAT puede seguir representando los intereses del fisco federal en materia penal frente al contrabando, o si la legitimidad para denunciar yace solo en la nueva autoridad aduanera, según informó La Jornada.

La SCJN busca sentar precedente sobre representación fiscal en delitos aduaneros

El expediente judicial que analiza la SCJN corresponde al recurso de queja 52/2026 y emana del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. La intervención directa de la Corte responde a la petición de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo para sentar un precedente que clarifique la representación fiscal en procesos relacionados con delitos aduaneros.

En paralelo, la SCJN atiende al menos otro caso similar en torno al mismo empresario, evidenciando que la disputa de competencias podría dejar en el limbo decenas de procesos judiciales por delitos como el huachicol fiscal. En marzo de 2026, la Corte también decidió atraer el análisis de otro caso donde figuran 21.5 millones de litros de diésel, en el que deberá definir la legitimidad del SAT para defender el interés de la Federación contra el contrabando, de acuerdo con información de La Jornada.

La reforma de 2022 otorga exclusividad a la Agencia Nacional de Aduanas

La reforma legal que transfirió las atribuciones al nuevo órgano aduanero data de 2022. Desde entonces, la Agencia Nacional de Aduanas de México es reconocida como el único ente facultado para intervenir legalmente en delitos de contrabando y otros ilícitos aduaneros, desplazando al SAT del frente procesal.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultará decisivo para orientar la actuación de jueces y autoridades hacendarias en la representación del Estado mexicano ante los tribunales. La resolución, que permanece pendiente, podría impactar la validez de múltiples investigaciones en curso y redefinir los mecanismos del combate oficial al contrabando y los delitos fiscales vinculados al comercio exterior en México.

El contrabando se consolidó como la principal modalidad de comercio ilícito que afecta a la industria peruana, impactando al 42% de las empresas del sector, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El informe, elaborado en marzo sobre una muestra de empresarios a nivel nacional, revela que este fenómeno representa uno de los desafíos más importantes para la producción formal en el país.

De acuerdo con el reporte, cerca de la mitad de los empresarios industriales indicó que alguna modalidad de comercio ilícito afecta su actividad. Además del contrabando, la subvaluación impacta al 35% de las empresas, la falsificación y adulteración de productos al 26% y la piratería al 18%.

Reducción de ventas y presión en los precios para la industria de Perú

El efecto más inmediato del comercio ilícito es la caída de las ventas. Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, el 74% de los empresarios consultados señaló la disminución de los ingresos como la principal consecuencia.

Esta situación se agrava con la reducción de precios (40%), la pérdida de clientes (35%) y la disminución de márgenes de ganancia (32%), lo cual debilita la competitividad de las empresas formales frente a productos ilegales de menor precio.

Estrategias empresariales y percepción de las políticas públicas

Ante la expansión del contrabando y otras formas de comercio ilegal, las empresas industriales han adoptado diversas estrategias de defensa. El 22% apostó por diferenciar sus productos o servicios, mientras que el 18% realizó denuncias ante las autoridades. Un 16% optó por buscar nuevos mercados y el 13% decidió ajustar sus precios para competir.

Pese a estos esfuerzos, la percepción sobre la respuesta estatal es negativa. El 76% de los empresarios considera que las medidas impulsadas por el Estado resultan insuficientes. Solo un 2% cree que son adecuadas para enfrentar el problema, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias.

¿Prioridades para combatir el comercio ilícito?

En este derrotero, los empresarios peruanos identifican la fiscalización del mercado interno como la acción más urgente, con un 44% señalando esta medida como prioritaria, según la Sociedad Nacional de Industrias.

El control aduanero, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sigue en importancia (42%), mientras que un 33% apuntó a la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y un 24% propuso promover una cultura de formalidad como parte de la solución.

El estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales abarca sectores como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil, confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial. Esta amplitud muestra el alcance transversal del problema y la diversidad de industrias afectadas.

La gremio industrial remarcó que el impacto del comercio ilícito pone en riesgo la sostenibilidad y la generación de empleo en la industria formal. Los resultados del estudio refuerzan el pedido de acciones integrales para fortalecer el control estatal y promover entornos de competencia leal en el país.

El avance del contrabando volvió a encender alertas en el sector industrial, con impacto directo en rubros clave como el mercado de celulares, donde las empresas advierten sobre fuertes distorsiones de precios y una creciente presencia de canales informales. La circulación de productos ingresados por fuera de los canales legales afecta la competencia y altera la dinámica del mercado interno, remarcaron desde el sector.

Según un reciente informe del sector, el mercado de celulares en la Argentina se ubica en torno a 9,2 millones de unidades anuales, tomando como referencia el promedio entre 2023 y 2025. Dentro de ese volumen, el contrabando pasó de representar un 7% a alcanzar actualmente el 35% del total, lo que equivale a más de 3,2 millones de equipos por año. En términos concretos, el estudio señala que uno de cada tres celulares se comercializa por fuera de los canales formales.

La medición en dólares también refleja la magnitud del fenómeno. De acuerdo con los datos de 2025, el mercado de contrabando generó ingresos por USD 1.858 millones, mientras que las ventas de celulares de producción nacional alcanzaron los USD 2.311 millones. De esta manera, el segmento ilegal representó cerca del 45% del mercado medido en dólares, lo que evidencia su peso dentro de la estructura general del sector.

Fuentes del mercado señalaron que esta dinámica se sostiene en el tiempo y presenta un comportamiento estable. Durante el primer trimestre de 2026, el canal informal mantuvo un volumen estimado de 50.000 unidades semanales, lo que consolidó su presencia como un circuito paralelo con niveles de comercialización previsibles.

“Observamos con profunda preocupación cómo la estructura impositiva y de costos de comercialización, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante. Es fundamental entender que el desafío que enfrentamos hoy trasciende el modelo operativo”, destacaron desde el sector.

Así, la ausencia de fiscalización rigurosa en las fronteras alimenta un circuito irregular donde uno de cada tres celulares vendidos en Argentina es de origen ilegal. Eso impacta en los consumidores, el empleo de la industria y en el comercio legal.

“Si no se encara una revisión integral de la estructura impositiva y no se fortalece la presencia del Estado en los puntos de ingreso al país, el impacto en la economía real seguirá siendo crítico. La industria necesita un ecosistema con reglas claras y fronteras seguras para garantizar una competitividad sostenible”, agregaron desde la industria móvil.

El informe también describe cómo el contrabando gana terreno en los segmentos de mayor valor. En el caso de los dispositivos de alta gama, las ventas del canal informal se equipararon con las del circuito formal durante los primeros meses del año. En tanto, en las gamas media y baja, el mercado ilegal alcanzó aproximadamente la mitad del volumen comercializado por los canales legales.

Además del volumen, el estudio identifica los principales puntos de ingreso de los dispositivos. Según las estimaciones, el 50% de los equipos ingresa desde Paraguay a través del paso fronterizo de la localidad de El Dorado, mientras que el otro 50% proviene de Miami, vía Panamá, y llega al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta doble vía de entrada configura una estructura de abastecimiento consolidada para el mercado informal.

Brecha de precios

Otro de los factores centrales que explica la expansión del contrabando es la brecha de precios. El informe señala que la diferencia entre el canal formal y el informal se ubica en un rango de entre 30% y 35% en promedio, y puede alcanzar hasta el 40% en equipos de alta gama. Esta diferencia sostenida en el tiempo actúa como uno de los principales incentivos para la demanda de productos ilegales.

“Observamos con preocupación cómo la estructura impositiva y de costos, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante”

La brecha responde a una estructura de costos que impacta sobre el canal formal. De acuerdo con el relevamiento, el 42% del precio de un dispositivo corresponde a costos de producción, mientras que un 34% se explica por la carga impositiva en sus distintos niveles. A eso se suman un 10% de gastos comerciales y administrativos, un 9% vinculado a financiamiento y un 5% de margen estándar. Esta composición genera una diferencia estructural frente al mercado informal, que no enfrenta esos costos.

El informe también detalla el rol de los canales digitales en la expansión del contrabando. El 60% de las ventas informales se realiza a través de redes sociales, mientras que el 40% restante se canaliza mediante plataformas de comercio electrónico. En este entorno, los vendedores adoptan estrategias híbridas que combinan stock legal e ilegal, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones y complica los controles.

Preocupación transversal a la industria

En este contexto, el fenómeno del contrabando se consolidó como una preocupación transversal dentro del sector industrial. Empresas de distintos rubros señalaron que la circulación de mercadería ilegal genera distorsiones que afectan tanto a la comercialización como a la recaudación.

De hecho, días atrás, el dueño de la marca de electrodomésticos Peabody, Dante Do Sun Choi aseguró, en una entrevista con Infobae, que “la ilegalidad tomó el mercado”. Se refirió a la “bolivarización” de la economía argentina, ya que “el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando”. "Hoy la producción dejó de convenir, ni siquiera importar conviene, salvo subfacturando“, remarcó.

Este tema es motivo de una gran preocupación dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), desde donde se impulsó una agenda de trabajo con distintas áreas oficiales, con el objetivo de reforzar los controles y actualizar el marco normativo.

Uno de los principales ejes de esa agenda se centró en la necesidad de introducir cambios en el Código Aduanero, en coordinación con la Aduana. Según indicaron fuentes de la entidad, la intención es incorporar herramientas más eficaces para enfrentar el ingreso ilegal de productos. La idea es buscar regular la comercialización de productos confiscados. Las empresas advirtieron que parte de esos bienes vuelve al mercado a precios muy inferiores a los del circuito formal, lo que profundiza las distorsiones existentes. En ese sentido, propusieron establecer límites o condiciones más estrictas para su venta.

En paralelo, se avanzó recientemente en la implementación del Sistema de Vigilancia del Mercado, en conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Fernando Blanco Muiño. A través de este mecanismo, las empresas presentan listados de comercios en los que detectan venta de productos de origen ilegal y las autoridades realizan fiscalizaciones junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de verificar la procedencia de los productos y detectar irregularidades.

Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa en el ámbito digital. Desde la UIA indicaron que todavía no se logró establecer un mecanismo efectivo para controlar la comercialización a través de redes sociales y plataformas online, donde se concentra una parte significativa de las ventas informales.

El tema formó parte de la agenda del comité ejecutivo de la entidad, que trató la problemática del contrabando durante una reunión este martes de comité directivo.

El informe de gestión de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reveló que durante el 2025 intervino en 306 nuevas causas, lo que equivale a un 12,5% más que las registradas el año anterior.

La oficina especializada en causas de narcotráfico asiste al Ministerio Público Fiscal (MPF) en todo el país, al tiempo que promueve investigaciones autónomas con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos.

El resumen difundido a través del portal del MPF detalla que la PROCUNAR gestionó unas 117 colaboraciones con más de 100 fiscalías de todo el país, tuvo 3 casos delegados, participó de 144 investigaciones preliminares y 42 autónomas.

Por otro lado, el fiscal federal Diego Iglesias destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio repercutió positivamente en el avance de casos de narcocriminalidad “lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.

Droga en barco a España

Uno de los ejemplos refiere a una pesquisa basada en información recibida desde la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, que orientó a determinar responsabilidades en una organización transnacional, vinculada al contrabando marítimo de cocaína con destino a Europa.

En Argentina, la PROCUNAR trabajó en conjunto con el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Gustavo Meirovich.

El resultado se obtuvo el 28 de agosto de 2025, cuando se incautó una plancha metálica donde se ocultaban alrededor de 510 kilogramos de clorhidrato de cocaína, separados en 444 paquetes.

Se detuvieron en total a ocho personas, todas procesadas con prisión preventiva por delito de contrabando de estupefacientes.

Correos humanos en Posadas

La justicia de Misiones secuestró 20 kilos de MDMA, una droga psicoactiva sintética, conocida también como éxtasis o Molly. El operativo se concretó tras el análisis de la información contenida en los teléfonos celulares que habían sido incautados.

El proceso fue impulsado por la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, que estaba detrás de una banda que captaba personas para que oficien de “correos humanos” de cocaína a países de Europa.

Cuando regresaban al país debían transportar MDMA para ser comercializadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La PROCUNAR precisó que por ese caso se requirió la elevación a juicio para los siete imputados de tráfico de estupefacientes agravado y falsificación de documentos públicos.

Tráfico aéreo de Droga

La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo a cargo de Claudio Rodolfo Kishimoto y la PROCUNAR lograron interceptar en Santa Fe, una aeronave de matrícula boliviana, que trasladaba 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 430 paquetes envueltos en bolsas arpilleras.

La investigación derivó a un campo ubicado en Maguire, provincia de Buenos Aires, donde detectaron dos camionetas que estaban esperando el aterrizaje de otros aviones con droga.

En uno de los vehículos hallaron 956 kilogramos de clorhidrato de cocaína, acondicionada en 22 bultos.

Durante el primer procedimiento detuvieron al piloto que fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión como autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes.

A su vez, identificaron al jefe de la organización, Brian Bilbao, encargado de la distribución de cargamentos, quien en el momento de la detención hacía dos años que estaba prófugo.

Una operación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación permitió la incautación de 574.818 unidades de mercancía de contrabando en seis ciudades del país, en un despliegue simultáneo contra redes dedicadas a la comercialización ilegal de productos.

El valor comercial de la mercancía incautada supera los $36.252 millones, según el reporte oficial de las autoridades.

Las acciones se desarrollaron en Bogotá, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Maicao, donde fueron ejecutadas 22 diligencias de registro y allanamiento en puntos identificados como centros de acopio ilegal y carga contenerizada.

Las autoridades informaron que el operativo se concentró en estructuras logísticas utilizadas para el almacenamiento y distribución de mercancía ingresada de manera irregular al país.

Más de 574 mil unidades de mercancía incautadas

Durante los procedimientos fueron decomisados productos como oro, confecciones, cigarrillos, calzado, autopartes, juguetes y otros artículos de procedencia extranjera.

La Polfa confirmó que la totalidad de la mercancía no contaba con documentos que acreditaran su ingreso legal al territorio nacional.

Riesgo sanitario por productos sin registro del Invima

Las autoridades advirtieron que parte de los productos incautados, especialmente alimentos perecederos y suplementos dietarios, no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos por el INVIMA.

En el comunicado oficial se indicó que estos productos no eran aptos para el consumo humano, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

Captura por corrupción de alimentos

En el marco de la operación fue capturada una persona señalada por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de judicialización ante un juez de control de garantías.

Declaraciones del director de la Polfa

El coronel Mauricio Andrés Carrillo, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que la operación hace parte de una estrategia reforzada contra el contrabando.

“En la última semana ejecutamos veintidós diligencias de registro de allanamiento a nivel nacional en ciudades y puertos del país, sobre cargas contenerizadas y centros de acopio ilegal”, señaló.

El oficial confirmó el resultado de la operación: “logrando la incautación de más de quinientas setenta y cuatro mil unidades de mercancía ilegal, avaluadas en más de treinta y seis mil millones de pesos, además de dinero en efectivo producto de esta actividad criminal”.

Golpe a estructuras y cambio de enfoque operativo

Carrillo explicó que el objetivo de las autoridades ya no se limita a la incautación de mercancía, sino a la afectación directa de las redes criminales.

“Hoy estamos cambiando la estrategia de lucha contra estas economías ilegales. No nos quedamos solo en la incautación o la aprehensión. Estamos identificando, judicializando y afectando las estructuras que financian el contrabando”, indicó.

El coronel añadió que el impacto es financiero y estructural: “Esto significa golpear directamente las finanzas de estas organizaciones criminales que evaden impuestos, afectan la economía y el comercio legal y comprometen la seguridad de nuestro país”.

Impacto económico del contrabando

El oficial explicó que las operaciones generan un efecto directo en las finanzas del Estado. “Cada operación tiene un doble impacto. Protegemos el recaudo del Estado, que se traduce en inversión social, y cerramos el flujo de dinero ilegal”, afirmó.

Carrillo también advirtió sobre el impacto sanitario del contrabando de productos sin control.

“También evitamos la comercialización de productos sin control sanitario, como en el caso de los medicamentos adulterados o de uso institucional, protegiendo la salud pública”, señaló.

Llamado a la ciudadanía

El director de la Polfa hizo un llamado a comprender la dimensión del delito. “Es importante invitar a los ciudadanos a ver el contrabando no como una evasión fiscal, es decir, un pago que no se hace de los impuestos o la no declaración de estas mercancías ante autoridades aduaneras al momento de ingresar al país”, indicó.

Agregó que este fenómeno tiene un impacto estructural: “Es un fenómeno que financia el crimen y debilita al Estado”.

Coordinación institucional e internacional

La operación contó con articulación entre autoridades nacionales y agencias internacionales, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado transnacional.

“Por eso lo estamos enfrentando con mayor contundencia de la mano de autoridades judiciales nacionales e internacionales”, concluyó Carrillo.

El operativo se fundamentó en una investigación de ciberpatrullaje que permitió identificar no solo la operación digital de la empresa involucrada, sino también el emplazamiento físico de su local y uno de los domicilios de los sospechosos.

El dato diferencial surgió de la detección del mecanismo utilizado: la mercadería ingresaba al país a través de una empresa de micros de larga distancia, punto clave en el trazado de la logística del contrabando. Todas las evidencias colectadas fueron puestas a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4 y de la Secretaría N°4, responsables formales de la causa.

Durante la intervención, los agentes secuestraron no solo el calzado, sino también dos dispositivos posnet, una notebook y documentación considerada de interés. Las zapatillas incautadas simulaban ser de principales marcas internacionales y carecían de respaldo legal sobre su procedencia, infringiendo de manera directa la Ley de Marcas vigente en Argentina.

La actuación en la vivienda del principal imputado permitió el decomiso de un celular y una libreta con anotaciones vinculadas a la operativa comercial del grupo, materiales que ahora serán sometidos a peritajes para determinar la amplitud de la organización y la potencial red de distribución dentro del país.

El avance judicial fue encabezado por el juez Alejandro Catanea y el secretario Diego Martin Fera Gómez, quienes avalaron la ejecución simultánea de los dos procedimientos en territorio bonaerense, articulando colaboración entre la Policía de la Ciudad, personal de Aduana y las unidades de investigación técnica.

El pedido de documentación a la empresa de micros de larga distancia representa una vía estratégica para trazar el circuito internacional del contrabando, ya que los registros de viajes pueden revelar la magnitud de la red, posibles operadores adicionales y eventuales responsables internos en el sector del transporte.

Qué dice la Ley de Marcas

La Ley Nº 22.362 establece el marco legal para la protección y el registro de marcas en Argentina. Esta norma, sancionada en 1980, regula el modo en que personas y empresas pueden distinguir productos y servicios a través de signos identificatorios. Según lo dispuesto, la propiedad sobre una marca y su uso exclusivo surgen únicamente a partir del registro oficial ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI).

El texto legal considera marca a cualquier signo con capacidad distintiva, incluyendo palabras, dibujos, emblemas, combinaciones de colores, envases, letras, números, frases publicitarias y otros elementos gráficos. No pueden registrarse aquellos signos que designan de manera habitual o necesaria el producto o servicio, ni los que resultan descriptivos, genéricos o que hayan pasado al uso general antes de la solicitud. Tampoco se aceptan formas, colores naturales, marcas idénticas o similares a otras ya registradas, denominaciones de origen, ni aquellas susceptibles de generar confusión o engaño respecto de la naturaleza, calidad, origen o precio de los bienes y servicios.

La exclusividad de uso se obtiene únicamente con el registro, que tiene una vigencia de diez años y puede renovarse indefinidamente si la marca ha sido utilizada en los cinco años precedentes a cada vencimiento. El derecho de prelación corresponde a quien primero presenta la solicitud, y es posible la titularidad conjunta de una marca si así lo solicitan varias personas.

En materia penal, la norma sanciona con prisión de tres meses a dos años y multas de hasta ciento cincuenta millones de pesos a quienes falsifiquen, imiten o utilicen indebidamente marcas registradas o designaciones protegidas. El titular damnificado puede solicitar el comiso, venta o destrucción de los elementos en infracción, así como medidas cautelares como el embargo o secuestro preventivo de mercadería. El derecho a reclamos civiles prescribe a los tres años de la infracción o al año de haberse tenido conocimiento de la misma.

El antecedente contra el contrabando

Hace poco más de una semana, la Policía de la Ciudad secuestró 137 bultos con prendas de vestir de primeras marcas norteamericanas y europeas que habían sido ingresadas de contrabando al país. El valor estimado de la mercadería supera los 150 millones de pesos.

El operativo se realizó en un comercio ubicado en Monroe al 2500, en el barrio de Belgrano. La intervención fue el resultado de una investigación de dos meses, según informó la fuerza de seguridad.

Participaron agentes de la División Contravenciones y Faltas y de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), dependientes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Identificaron un local que ofrecía ropa supuestamente usada, aunque en realidad se trataba de mercadería nueva de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, entre otras.

A través de redes sociales, el comercio promocionaba ropa deportiva —calzas, camisetas de fútbol y fútbol americano, camisas, remeras, abrigos, chombas— y también accesorios como lentes de sol. En esos perfiles se mostraban las prendas ingresadas y a la venta, además de promociones y días de feria con descuentos. En una de las últimas publicaciones ofrecían la posibilidad de que los clientes llevaran ropa usada para venderla, que luego era revendida por el local. “Te asesoramos con los respectivos costos, condiciones, etc”, indicaban.

Luego de la denuncia presentada por la UTOJ, el Juzgado Penal y Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, autorizó el allanamiento en el local de Belgrano.

Durante el procedimiento, personal de la Policía y de ARCA realizó una inspección exhaustiva. Como resultado, se requisó una gran cantidad de indumentaria importada. Ninguna de las prendas contaba con la documentación respaldatoria necesaria.

La causa judicial avanza por infracción a la Ley 22.415 (Ley de Contrabando), mientras se analizan los dispositivos y documentación incautados en el comercio de Monroe al 2500.

El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1° de junio, según confiaron a Infobae fuentes tribunalicias de Paraguay. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.

Es la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.

El ex senador nacional y su ex secretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.

Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.

El juicio en el país vecino es relevante para el futuro de Kueider en la Argentina. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, pidió su extradición por lavado de activos. Considera que gran parte del patrimonio del ex senador es de origen ilícito porque no se condice con sus ingresos. La Fiscalía paraguaya dio curso, pero puso la condición de que primero se realice el proceso por contrabando.

Cómo espera Kueider el juicio

En la agenda del ex legislador, el sábado 18 estaba marcado como el día para conversar con sus abogados sobre los últimos retoques a la estrategia judicial. El encuentro debía producirse antes, pero no se concretó.

El viernes 17, los letrados que patrocinan al ex senador y a su pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, hicieron una conferencia telefónica durante las primeras horas de la tarde. Ahí le avisaron de la postergación.

La reunión del sábado ya no tuvo la misma importancia de antes. Pese al paso del tiempo, la planificación del caso de la defensa no tendrá demasiadas variantes.

A trazo grueso, la estrategia de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido recogidos en Paraguay horas antes de la detención. Con los dólares a cuestas, habrían cruzado a cenar a Foz y, al regreso, se produjo el arresto.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta resolvió absolver al ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo) Atta Gerala en el marco de la investigación que pesaba sobre él por el robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. En la misma causa, un policía, Mauro Rodríguez, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo. Además de la condena, se le prohibió residir o circular por la localidad de Pluma de Pato.

El veredicto fue dictado por los jueces Domingo Batule —presidente del tribunal—, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano. El juicio contó con la intervención del fiscal general Eduardo Villalba, coordinador de la Fiscalía de Distrito de Salta, y la asistencia de Roxana Gual, auxiliar fiscal.

La investigación, que se remonta a agosto de 2024, buscó desarticular una organización dedicada al robo y contrabando de material ferroviario. La causa se formalizó tras la audiencia de control de acusación del 12 de diciembre de 2025; el juicio oral se inició el 4 de marzo del año siguiente.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la condena de Gerala como partícipe primario de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos.

La fiscalía sostuvo que los hechos representaban “un delito de poder” y que en Morillo, “no se movía un alfiler sin que el entonces intendente lo supiera”. El tribunal, sin embargo, consideró que la prueba reunida no superó el umbral de la duda razonable respecto del ex intendente y dispuso su absolución.

Por el mismo caso, ya se habían dictado condenas mediante acuerdos de juicios abreviados a otros tres imputados, entre ellos Miguel Ángel “Yopi” Gerala, hijo del ex intendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado, cohecho activo y robo agravado.

El comerciante David Medina recibió la misma pena y fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. El cabo de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

En cuanto a los hechos, la investigación se inició a raíz de una denuncia del Correo Argentino por el envío de 480 cubiertas de presunto origen extranjero. Ese dato permitió identificar al comerciante Medina, quien administraba un galpón en la ciudad de Orán. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo que detectaron la expansión de actividades hacia el contrabando de material ferroso, estableciendo un vínculo con el hijo del ex intendente. Este último, según la acusación, organizaba el robo de rieles y su traslado por rutas seguras, a cambio de pagos ilegales a funcionarios de Gendarmería Nacional y de la policía provincial.

El circuito delictivo incluía la extracción de rieles, su traslado en camiones y el cruce hacia Bolivia a través del río Bermejo. Según declaraciones recogidas durante el debate, el negocio generaba un rédito de 25 millones de pesos diarios, con pagos de 200 mil pesos por tonelada y entre cuatro y cinco viajes diarios de camiones, cada uno transportando entre 30 y 31 toneladas de rieles.

En relación a la prueba contra Gerala, la fiscalía señaló que en su domicilio se hallaron 15 rieles, herramientas de corte y una camioneta blanca utilizada por su hijo. Un procedimiento realizado el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano derivó en el secuestro de dos camiones con rieles robados. Un chofer manifestó que el traslado se realizaba por encargo de Gerala e intentó ponerlo en comunicación telefónica con el entonces intendente.

La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Pomares, negó la responsabilidad penal de Gerala, aunque reconoció la de su hijo. Argumentó que las herramientas de corte halladas no eran las utilizadas en el robo de rieles y que los rieles encontrados en la propiedad estaban allí desde antes, posiblemente desde la adquisición del terreno. La defensa también sostuvo que no existen pruebas directas que vinculen al ex jefe comunal con los otros imputados condenados y que el contacto telefónico del ex intendente fue incorporado por el conductor después de los hechos.

El juez Batule valoró la decisión del MPF de llevar el caso a juicio, aunque concluyó que las evidencias contra Gerala no alcanzaron la contundencia necesaria para acreditar su responsabilidad penal. La presencia de rieles en el domicilio del acusado no fue considerada un indicio concluyente, y las herramientas de corte no coincidían con las empleadas en los robos. La camioneta blanca, aunque pertenecía al exintendente, no probó que supiera del uso que le daba su hijo.

Sobre Rodríguez, el tribunal ponderó como determinantes los registros de comunicaciones que evidenciaban negociaciones para el pago de sobornos. También se tuvo en cuenta que, como jefe del destacamento policial, no receptaba denuncias vinculadas a estos hechos ni promovía investigaciones para su esclarecimiento.

Además, se acreditó que desplegaba conductas intimidatorias hacia pobladores de comunidades originarias relacionadas con las denuncias de robo de rieles, incluyendo amenazas de apertura de causas penales.

Dos camioneros imputados en la causa accedieron a una suspensión de juicio a prueba, que contempló aportes económicos al hospital público de General Mosconi y tareas comunitarias por un año en una iglesia evangélica del departamento de Santa Victoria. Ambos habían sido detenidos el 18 de mayo de 2024 transportando rieles robados en la ruta provincial 53, en la localidad de Padre Lozano.

Dante Do Sun Choi es dueño de la firma de electrodomésticos Peabody y a comienzos de marzo tomó la decisión de avanzar con la reestructuración de sus pasivos y pedirle a la Justicia entrar en concurso preventivo. Su situación no escapa a la de muchas firmas del sector, y de muchos otros rubros también.

En una entrevista exclusiva con Infobae en el bar de un hotel boutique del barrio de Palermo, el empresario coreano, quien llegó a Buenos Aires con su familia a los 12 años y vivió indocumentado en Fuerte Apache durante varios años, expuso una “profunda tristeza” por el devenir del sector industrial y remarcó que, a pesar de estar agradecido por lo que le dio el país, “es muy ingrato ser empresario en la Argentina“.

Evitó referirse al pedido de concurso porque se encuentra en medio de las negociaciones, pero espera poder resolver la deuda que tiene con sus acreedores en el menor tiempo posible y mientras tanto evalúa de qué manera continuar operando en el país.

En la charla, el empresario repasó los factores que, según su visión, destruyeron la competitividad de la industria local y llevaron a su compañía a una situación límite. Responsable de una marca con más de veinte años de historia, relató que la asfixia impositiva, la presión regulatoria, la apertura de importaciones y el avance de la economía informal se combinaron para dejar a la firma al borde del colapso.

Antes de referirse a las políticas del actual gobierno, Choi cuestionó a la gestión anterior y la culpó de muchos de los problemas que arrastra la empresa. Tiempos de reuniones con la Secretaría de Comercio y adhesión a Precios Cuidados para obtener los permisos de importación. En ese momento, sumó el empresario, la empresa producía 800 artículos e importaba 200. Ése, para él, fue el “primer golpe”.

“Yo me pregunto en este momento si vale la pena seguir con mi negocio realmente”

A ese primer episodio le siguieron otros impactos que, según describió, profundizaron el deterioro de la compañía. Señaló que hacia fines de 2023 la empresa acumuló crédito fiscal retenido por IVA por unos $1.500 millones, que se licuó tras la devaluación y la inflación, y que recién pudo utilizar meses después. Luego, durante el primer semestre de 2024, enfrentó dificultades para pagar deudas con proveedores de China por las restricciones vigentes, lo que derivó en la pérdida de crédito y en la necesidad de cancelar obligaciones a costos mucho más altos.

Indicó que, tras una mejora de la demanda en la segunda mitad de ese año, el escenario volvió a cambiar a partir de 2025 con el aumento de importaciones y la caída de la rentabilidad. En ese contexto, sumó el impacto de la presión impositiva, los reclamos pendientes con el Estado y, principalmente, la expansión de la informalidad, que, según definió, terminó por alterar las condiciones de competencia en el mercado. En ese marco, el empresario sintetizó su diagnóstico sobre la situación actual del sector: “La ilegalidad tomó todo el mercado argentino”.

— ¿Cómo impacta esa situación en la competencia diaria?

— Impacta en todo. Porque ya no es solo competir con importados en condiciones normales. Es competir con productos que entran subfacturados, que no cumplen normas, que no pagan impuestos. La competencia se volvió imposible por la doble imposición de IVA y los altos costos, lo que lleva a la subfacturación.

— ¿Tiene ejemplos concretos?

— Hace diez años desarrollamos un ventilador de techo retráctil. El costo era 35 dólares, mientras en China costaba entre 55 y 100 dólares. Registramos el modelo y fuimos exclusivos nueve años. El año pasado aparecieron más de 200 marcas importando el mismo producto desde China, a 15 dólares.

— ¿A qué atribuye esa diferencia?

— Esa diferencia de costo se debe a que incumplen con la norma IRAM. La obligatoriedad de presentar el certificado para importar desapareció; ahora solo piden un QR posterior que muchos no cumplen. Son productos peligrosos.

— ¿Pudieron bajar costos?

— Bajamos el costo a 20 dólares, pero ahora los importan a 5 dólares. Es inviable. El 90% de los productos en el mercado no tiene certificación y hay subfacturación generalizada. Y se venden tanto en grandes retailers como en Mercado Libre y otros canales.

— ¿Sólo producían ventiladores?

— No, también hacíamos hornos eléctricos, licuadoras, pero todos los productos sufren dumping.

— ¿Ve lo mismo en otros sectores?

— Claro. Cuando Carrefour anunció su venta, Federico Braun, dueño de La Anónima, dijo que podía competir contra la cadena francesa, pero no contra la ilegalidad. El hipermercadismo perdió 20 puntos de market share en manos de la ilegalidad. A esto yo lo llamo la bolivarización de la economía argentina: en Bolivia, el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando. Ahora ocurre lo mismo aquí. Nuestro ventilador más barato se vendía a $199.000; el producto contrabandeado se comercializa a $65.000. Hoy la producción dejó de convenir, ni siquiera importar conviene, salvo subfacturando.

“En Bolivia, el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando. Ahora ocurre lo mismo aquí”

— ¿El modelo chileno es comparable?

— En Chile, la apertura es ordenada, no hay subfacturación ni ventas en negro. El consumidor paga más por marca y garantía. Pensé que la Argentina iría a ese modelo, pero adoptó el boliviano, donde la ilegalidad domina.

— ¿Hicieron denuncias?

— Sí, ante varios organismos oficiales, pero el sistema es tan lento que cuando aplican sanciones, el daño ya está hecho y las multas se apelan.

— ¿Cuál es la situación actual de la empresa en este contexto?

— Estamos en una etapa de reestructuración. En los últimos años invertí en tres fábricas: primero en Ezeiza, luego la mudé a La Tablada, y después abrí una en Paraguay. En la Argentina los costos son mucho más altos que en Paraguay, donde los impuestos y cargas son menores. Hoy la producción local es muy limitada, de trescientas personas pasamos a ciento cuarenta.

“No sé qué va a ser de mi vida en este momento. Estoy evaluando; depende de las circunstancias que ofrezca este país”

— ¿Considera solo importar?

— Yo me pregunto en este momento si vale la pena seguir con mi negocio realmente, porque en un país donde no hay reglas claras, tenés que competir contra la ilegalidad. Yo construí equity de una marca en base a innovación, diseño y calidad. Y en este momento la sociedad argentina valora otra cosa.

— Sí, pero eso tiene un límite. En algún momento el consumidor se da cuenta si un producto es de mala calidad.

— Está bien, pero el problema es que siempre existió subfacturación y el contrabando en la Argentina, pero eran negocios marginales para el 10 o 15% del mercado; ahora es del 70 u 80 por ciento.

— ¿Cuál será el futuro de Peabody entonces en la Argentina?

— El problema es que acá en la Argentina ningún proyecto industrial es viable. Pero no es solamente eso, sino que ningún negocio regular dentro de la legalidad es viable, si esto sigue así. No sé qué va a ser de mi vida en este momento. Estoy evaluando; depende de las circunstancias que ofrezca este país. Mientras tanto, me da mucha tristeza, porque el equity de marca, el equity de la empresa que construí no es para este país. En otro, valdría muchísima plata. Eso es lo que me da una gran tristeza y depresión.

Petro afirmó que con las decisiones de su par ecuatoriano “le están entregando el comercio al contrabando; le entrega su pueblo y el nuestro a la mafia, el territorio”. Según el mandatario colombiano, el cierre de la frontera y el aumento de aranceles “produce que los pueblos dejen de comerciar” y genera un aumento del contrabando a través de rutas ilegales, especialmente por la selva amazónica.

El presidente colombiano advirtió que las medidas tomadas por Ecuador no solo afectan el comercio formal sino que “le están entregando la frontera a la mafia”, reforzando la economía ilegal y debilitando las oportunidades de empleo en la región de Nariño. Petro vinculó la crisis actual con episodios similares ocurridos en la frontera con Venezuela, donde el cierre arbitrario de pasos fronterizos incrementó el flujo de mercancía ilegal y el poder de organizaciones criminales.

En ese contexto, Petro también criticó el alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, sugiriendo que esa política podría agravar la situación económica y social en las zonas fronterizas.

Guerra arancelaria y tensión diplomática

El centro del conflicto reside en la reciente “guerra arancelaria”, término empleado por Petro para describir la decisión del gobierno de Noboa de incrementar al 100% la llamada tasa de seguridad sobre productos colombianos. El mandatario colombiano acusó a su par de actuar “de manera brutal e irracional”, lo que, en su opinión, no solo perjudica el comercio bilateral sino que “divide a ambos países” y fomenta el avance del contrabando y el lavado de dinero asociado al narcotráfico.

Petro señaló que la imposición de estos aranceles tendrá consecuencias negativas tanto para la economía formal colombiana como para la estabilidad social en la región fronteriza: “Cuando impide pasar las tractomulas y camiones con mercancía legal, pues está entregándole el comercio al contrabando y el contrabando es la cara de lavado de dólares de los narcotraficantes”.

La tensión entre ambos gobiernos se traduce en llamados a consulta de los embajadores y en la ausencia de canales de diálogo directos. Petro sostuvo que ha intentado comunicarse con Noboa sin éxito: “No quiere hablar conmigo”, afirmó el jefe del Estado colombiano, que también advirtió que, ante la posibilidad de una crisis energética en Ecuador por el fenómeno del Niño, Colombia no suministrará electricidad si no se restablecen las condiciones de diálogo y cooperación.

Reacciones de Noboa y panorama regional

Por su parte, el presidente Daniel Noboa declaró en una radio ecuatoriana que no tiene “gran esperanza” de que Petro modifique su postura en materia de seguridad fronteriza.

Noboa defendió la política de incremento arancelario, argumentando que Ecuador “está mejor con la tasa de seguridad” y reclamó reciprocidad por parte del Gobierno colombiano, mencionando como antecedente la venta de electricidad barata a Colombia en 2017.

Según Noboa, “si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos, cuida tu frontera y sé recíproco”.

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la relación bilateral debería mejorar luego de las elecciones en Colombia, mostrando disposición a restablecer el diálogo después de ese proceso. Las tensiones han estado presentes desde antes de la posesión de Noboa, debido al reconocimiento inicial que Petro negó a su elección, y se profundizó con los recientes episodios en la frontera y el tratamiento del exvicepresidente Jorge Glas.

A nivel internacional, Petro solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el conflicto con Ecuador y planteó la posibilidad de redirigir las exportaciones bloqueadas hacia Venezuela. Además, anunció la compra de aviones a Brasil y la gestión con Bielorrusia para mejorar la flota aérea militar.

Petro concluyó su intervención enfatizando que la frontera no puede quedar bajo control de organizaciones criminales y que el cierre fronterizo y las políticas arancelarias actuales solo favorecen a la ilegalidad y el contrabando, dejando a las poblaciones fronterizas expuestas a los intereses de las mafias.

Una vertiginosa persecución se desató en las últimas horas en la Ruta Provincial N° 17 de Misiones, luego de que el conductor de una camioneta embistiera a un control de Gendarmería Nacional y huyera a gran velocidad. Cuando los agentes lograron hallar el vehículo, el mismo había sido abandonado en una zona de monte, en un camino secundario. Estaba cargado con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando.

En la noche del jueves, efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial N° 17, en una zona rural. En medio del operativo, divisaron a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad y sin dominio. El conductor, lejos de detenerse, aceleró su marcha, atravesando el control de la fuerza de seguridad nacional.

Según informaron desde Gendarmería, a raíz del violento incidente, se inició un seguimiento controlado de la camioneta, que finalmente fue hallada abandonada a unos kilómetros, en la espesura del monte, sin ocupantes y con la lona de la caja desprendida. A simple vista, se apreciaba que estaba cargada con numerosas cajas de cigarrillos extranjeros.

Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.

Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Desarticularon una red de contrabando millonaria: encontraron cigarrillos, electrodomésticos y neumáticos

La Policía Federal Argentina realizó hace poco más de una semana un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes, donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

Un cargamento de 22,320 unidades de cremas dentales, presuntamente introducidas de forma ilegal desde Nicaragua, fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica en la zona norte del país, como parte de los operativos contra delitos transfronterizos.

El decomiso se realizó en la localidad de Acapulco, distrito de Cutris de San Carlos, sobre la Ruta Nacional #35, vía que conduce hacia el cantón de Los Chiles, en la frontera con Nicaragua. La acción se dio en el marco de un control de carreteras ejecutado por cuerpos policiales en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales detuvieron un vehículo tipo carga liviana para una inspección de rutina. Durante la revisión, detectaron irregularidades en la mercancía transportada, lo que llevó a una inspección más detallada del contenido.

Fue en ese momento cuando los policías encontraron un cargamento de cremas dentales oculto bajo sacos de abono orgánico, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del producto transportado.

El conductor del vehículo, un costarricense de apellido Rojas, fue consultado por los oficiales acerca del origen de la mercancía. Sin embargo, indicó no contar con documentación que acreditara su ingreso legal al país, como facturas de pago de impuestos o registros sanitarios.

Ante esta situación, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, que ordenó la incautación inmediata de la totalidad de la carga.

Según estimaciones oficiales, el valor del cargamento en el mercado nacional podría superar los ₡20 millones, lo que lo convierte en una de las incautaciones relevantes en materia de contrabando registradas en la zona en lo que va del año.

Las autoridades indicaron que este tipo de decomisos busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también proteger a los comercios formales que cumplen con las obligaciones tributarias y sanitarias establecidas por la legislación costarricense.

Además, advirtieron sobre los riesgos asociados al consumo de productos introducidos ilegalmente al país, ya que estos no cuentan con permisos sanitarios que garanticen su calidad, condiciones de producción ni transporte adecuado.

En el operativo también se destacó que los controles en carretera forman parte de una estrategia sostenida por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera norte, donde se ha identificado tránsito frecuente de mercancías irregulares.

El jefe distrital de la Fuerza Pública de Santa Rosa de Pocosol, Elmer Avilés, explicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados durante los primeros meses del año enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Según detalló, en otras intervenciones recientes también se ha logrado la detención de personas requeridas por delitos graves, así como la detección de transporte irregular de distintos tipos de mercancías.

En el caso específico del decomiso de las cremas dentales, Avilés indicó que el hallazgo se dio tras una revisión minuciosa del vehículo, en el que inicialmente se transportaban materiales varios, entre ellos productos orgánicos, utilizados como fachada para ocultar la carga.

Tras confirmar la naturaleza del producto, los oficiales procedieron a realizar las coordinaciones correspondientes con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de ejecutar el decomiso formal de la mercancía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas fronterizas y de continuar con operativos dirigidos a prevenir y combatir el contrabando en sus distintas modalidades.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el ingreso ilegal de mercancías al país, especialmente en regiones cercanas a la frontera.

El operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Monroe al 2500, en el barrio porteño de Belgrano, tras una investigación que, según reportó la propia fuerza de seguridad, se extendió durante dos meses.

Personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad y de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) , dependiente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, identificaron un local que ofrecía ropa supuestamente usada, aunque, en realidad, se trataba de mercadería nueva de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, entre otras reconocidas.

Según promocionaban a través de sus redes sociales, vendían ropa deportiva, como calzas, camisetas de fútbol y fútbol americano, camisas, remeras, abrigos, chombas y más. Estos mismos productos se pueden ver en el video e imágenes del operativo, en el que también se ven accesorios como lentes de sol.

En las mismas cuentas también mostraban las prendas que ingresaban y que estaban a la venta, así como algunas promociones o días de ferias con descuentos. Además, en una de las últimas publicaciones promocionaban la posibilidad de ir al local con ropa usada para poder venderla, y ellos después la revenderían. “Te asesoramos con los respectivos costos, condiciones, etc”, escribieron.

Este hallazgo surgió tras tareas de ciberpatrullaje que permitieron a los investigadores detectar que la empresa publicitaba en redes sociales indumentaria de “primera, segunda y tercera calidad”, pero las prendas presentaban las etiquetas originales, señal que resultó determinante para exponer el verdadero origen de la mercadería.

La pesquisa reveló que la ropa, procedente principalmente de Chile, ingresaba al país sin documentación aduanera. La empresa, administrada por dos ciudadanos argentinos, carecía de certificados que avalaran movimientos aduaneros y tampoco contaba con habilitación comercial ni sistema de facturación.

Ante la denuncia presentada por la UTOJ, el Juzgado Penal y Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, autorizó el allanamiento en el local del barrio de Belgrano.

Durante el registro, personal de la Policía y de ARCA realizó una inspección exhaustiva en la que se requisó una gran cantidad de indumentaria importada. Según los agentes presentes, ninguna de las prendas contaba con la documentación respaldatoria correspondiente.

Como parte del operativo, el juzgado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería, además de documentación, elementos electrónicos y dispositivos considerados de interés para la causa.

La causa judicial avanzará bajo la infracción a la Ley 22.415, conocida como Ley de Contrabando, mientras se continúan analizando los dispositivos y documentación incautados en el comercio de Monroe al 2500.

Prisión preventiva decretó este martes el Juzgado de Garantía de Colina en Santiago para dos ciudadanos chilenos y un iraní, miembros de una banda dedicada principalmente al contrabando de cigarrillos traídos desde Paraguay, los que eran comercializados en el populoso barrio Meiggs capitalino.

La organización fue desarticulada tras un amplio operativo policial a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cerrillos, quienes en los varios allanamientos que realizaron lograron decomisar distintos tipos de armamento, municiones, explosivos, vehículos, dinero en efectivo y 2.298 cajas de cigarrillos, cargamento avaluado en unos $3.200 millones (más de USD 3,5 millones).

Según antecedentes de la investigación, todo partió cuando los uniformados comenzaron a vigilar una parcela sospechosa ubicada en la comuna de Colina, la que resultó ser una bodega donde se acopiaba la mercancía. Hasta allí llegaban periódicamente personas a retirar cajas de cigarrillos, los que luego eran revendidos en ferias del centro de Santiago.

Iraní en situación irregular

En un punto de prensa, el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristian Ramírez, detalló que “detectives de esta brigada, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”, señaló el uniformado.

De acuerdo al oficial, tras hacer los seguimientos respectivos, “se logró en primera instancia cuatro órdenes de entrada y registro, una de ellas en la comuna de Colina, otra en Quinta Normal, en Maipú, y otro en la ciudad de Arica, logrando con esto la detención de tres personas”.

Tocante a los detenidos, Ramírez detalló que “dos de ellas son chilenas -un hombre y una mujer con antecedentes policiales-, y el tercero es un ciudadano de nacionalidad iraní, quien tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando. De hecho, en el proceso de la detención de este sujeto, se le encontraron armas de fuego que tenía listas para ser utilizadas”.

Trascendió que el ciudadano iraní, de 38 años, entró a Chile por un paso no habilitado el año pasado y contaría con formación militar, pues permaneció cuatro años en Colombia como miembros de varias guerrillas de ese país.

Así las cosas, los tres detenidos fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, contrabando, tenencia de armas de fuego y lavado activos, quedando en prisión preventiva mientras se cumplen los 120 días decretados para la investigación.

El tráfico internacional de partes de especies protegidas llevó este mes a la condena de Adam Bied, un residente de Massachusetts, a ocho meses de prisión y una multa de USD 75.000 por importar y vender ilegalmente cráneos, pieles y garras de animales en peligro.

El juicio, resuelto el 2 de abril en la Corte de Distrito de Boston, expone cómo una sola red clandestina puede generar consecuencias graves para especies al borde de la extinción. Así lo afirmó la agencia federal de protección de vida silvestre de Estados Unidos, el U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS).

El caso concluyó con Bied declarando su culpabilidad el 5 de enero de 2026 por cuatro delitos graves: dos por conspiración para violar la Ley Lacey y el estatuto de contrabando, y dos por tráfico bajo la misma ley.

Además de la prisión y la multa, el tribunal ordenó dos años de libertad supervisada y la confiscación de todas las piezas de vida silvestre asociadas a los delitos, según el USFWS.

La investigación reveló años de contrabando y una red internacional

Las autoridades descubrieron la actividad delictiva tras interceptar, en marzo de 2021, un paquete en la central de procesamiento postal de Louisville, Kentucky. Un examen con rayos X identificó lo que parecía ser un cráneo oculto bajo máscaras de cerámica decorativas.

Agentes de la Oficina de Inspección de Vida Silvestre confirmaron que uno de los cráneos era de orangután (especie originaria de Indonesia y Malasia en grave peligro), y los otros tres eran de grandes felinos.

El paquete, enviado desde Indonesia, a Massachusetts, no contaba con los permisos ni la documentación exigida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción ni por el tratado internacional CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas), reportó el USFWS.

La posterior investigación reveló que, desde al menos 2018, Bied compró, vendió y comercializó deliberadamente cientos de partes de animales protegidos, infringiendo leyes nacionales e internacionales. El acusado realizaba pedidos a conocidos en Camerún e Indonesia, quienes cazaban o recolectaban animales para abastecerlo. Una vez recibidas, revendía o intercambiaba estas piezas en Estados Unidos, mintiendo sobre su origen o antigüedad.

Entre las especies afectadas por la red estaban el pangolín; narval; mandril; tigre; león africano; orangután; jaguar; leopardo; tortuga marina; oso polar; oso pardo; morsa; babirusa; lobo marino; cachalote; foca arpa; elefante marino; foca gris; cálaos; calderón; monos y puma. Los artículos decomisados incluían cráneos; pieles; cuernos; colmillos; garras y dientes, según el recuento hecho público por el USFWS.

En uno de los episodios que fortalecieron la acusación, los agentes permitieron la entrega del paquete interceptado y, días después, Bied ofreció en línea el cráneo de leopardo que vendió en USD 1.750.

Luego sugirió al comprador (un agente encubierto) adquirir un segundo cráneo, que consideró de los más raros, por USD 1.850. El rastreo confirmó que ambos cráneos provenían del envío sospechoso de marzo.

Estrategias de captación y métodos para maximizar las ganancias

El acusado construyó su acceso a especies raras estableciendo relaciones con personas en situación de pobreza en el extranjero. Luego, las inducía a capturar y vender fauna local para su red. Uno de sus cómplices era cazador en África y proveía gorila; cocodrilo; pangolín; chimpancé; lagarto monitor; babuino; león; leopardo; hiena; hipopótamo y elefante.

En los mensajes, Bied instruía explícitamente a sus proveedores: “Solo mándame muchos cráneos grandes. Tampoco quiero cráneos con orificios de bala”. El objetivo era mantener la integridad y el valor comercial de las piezas, indicó el USFWS.

El acusado seleccionaba especies con poblaciones críticas. El caso del orangután ejemplifica este método: estos primates, cuyas tres especies sobreviven exclusivamente en Indonesia, ya ocupan el rango más alto de protección de la CITES (apéndice I).

La destrucción de hábitats y el tráfico ilícito los colocaron entre los grandes simios más amenazados del mundo; las hembras dan a luz solo una vez cada tres hasta cinco años, lo que dificulta su recuperación tras cualquier declive, según el USFWS.

La explotación organizada de especies en peligro compromete todas las estrategias de conservación, subrayaron las autoridades.

Doug Ault, subdirector de la Oficina de Cumplimiento de la ley del USFWS, declaró: “El acopio de piezas ilegales de vida silvestre que Bied logró para su beneficio personal demuestra que incluso las acciones de una sola persona pueden tener consecuencias graves para especies vulnerables”.

Restitución y uso educativo de los bienes incautados

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Adam Bied renunció a cualquier reclamo sobre todos los objetos decomisados, tanto los vinculados directamente a los cargos criminales como los recogidos en la causa civil paralela.

Una parte de esos objetos será repatriada a Indonesia, con la colaboración de la oficina del USFWS en la embajada de Estados Unidos en Bangkok, que trabaja para identificar redes delictivas asociadas y devolver los restos faunísticos a sus países de origen.

El resto de los artículos confiscados será transferido al National Wildlife Property Repository, el repositorio federal de fauna de Estados Unidos en Colorado, institución que alberga más de un millón de piezas obtenidas en operaciones contra el tráfico de vida silvestre. Allí, muchas se destinan a programas educativos, investigación científica o nuevas investigaciones policiales, según la agencia federal.

Llamado a la colaboración ciudadana para frenar el comercio ilegal

El USFWS advierte que cualquier persona puede contribuir a combatir el tráfico de especies si actúa como consumidor informado y denuncia actividades sospechosas.

Recomienda: “Si piensa comprar un producto hecho de vida silvestre, infórmese primero sobre su legalidad. Ante la duda, no compre. Si cuenta con información relevante sobre un delito de fauna silvestre, incluso en línea, puede enviar un aviso a las autoridades mediante la línea de denuncias habilitad“.

Esta operación demuestra cómo el tráfico de partes de animales protegidos se sostiene mediante redes internacionales y mecanismos de captación dirigidos a poblaciones vulnerables. La respuesta judicial y la coordinación para la restitución de bienes buscan reducir el impacto destructivo sobre algunas de las especies más amenazadas del planeta.

Con el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como el nuevo director al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se espera que las condiciones de revisión de mercancías se transforme con el uso de métodos no invasivos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo del recién nombrado titular es que se digitalicen los procesos y se amplíen las revisiones para evitar el contrabando de artículos y sustancias ilícitas al país.

Para lograr este objetivo, será implementado un mayor uso de Rayos X y Gamma para revisar los contenedores, esto sin la necesidad de que se abran uno por uno para comprobar los artículos que transporta.

Sheinbaum destacó que para la realización de estos objetivos se cuenta con recursos destinados a las aduanas para este 2026.

Asimismo, señaló que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se adquirieron equipos, los cuales han sido instalados desde el año pasado debido a que “tardaron en llegar”.

Bases de datos digitales sustituirán al papel

Sheinbaum destacó que el proceso de digitalización busca que se cuente con bases de datos propias, destacando que una será exclusiva del comercio exterior.

“En este momento hay permisos que tienen que ver con la Secretaría de Economía, como los permisos Immex ( Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), los permisos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para comercio exterior, y los permisos de aduanas para comercio exterior“, comentó la presidenta.

Además, señaló que en la actualidad todavía se realizan revisiones con papel en algunas aduanas, por lo que la implementación de la digitalización beneficiará que estos procesos sean más eficientes y rápidos.

SAT, Aduanas y Secretaría de Economía realizarán revisión simultánea

Sheinbaum destacó que con la creación de la base de datos se permitirá que tanto el SAT, como la Secretaría de Economía (SE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México lleven a cabo la revisión de manera simultánea.

“El objetivo es que estas tres bases de datos estén en una sola base de datos, y que el importador o exportador tenga un servicio mucho más expedito y que, al mismo tiempo, que la revisión pueda ser conjunta entre el SAT, Aduanas y la Secretaría de Economía”, detalló la presidenta.

Con esta digitalización se buscará que haya mayor recaudación, ya que con este indicador se puede determinar que funcionan de manera adecuada y, por lo tanto, reducir el contrabando y la corrupción.

Para cumplir con este objetivo, Sheinbaum afirmó que Héctor Alonso Romero Gutiérrez ya se encuentra coordinando las acciones a seguir con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes son los encargados de la seguridad en las aduanas.

La Policía Federal Argentina realizó un total de 30 allanamientos en varias provincias del país, con el objetivo de desarticular una red gigante de contrabando que operaba a nivel nacional. Esta serie de despliegues policiales permitieron desbaratar una organización que distribuía mercadería ilegal proveniente de Paraguay. El secuestro de los materiales fue valuado en más de 477 millones de pesos.

Durante la operación, que se desarrolló tras una investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, se identificaron 26 sospechosos -21 hombres y 5 mujeres— relacionados con la distribución de productos de origen ilegal en todo el territorio argentino, de acuerdo con la misma fuente.

Entre los elementos incautados durante los operativos constan gomas para camiones, electrodomésticos y cigarrillos, todos sin documentación que acreditara su ingreso legal al país, según informó MDZol. Estas mercancías eran movilizadas a diferentes puntos de venta a través de una empresa de encomiendas en Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, donde además se “congelaron” envíos y se abrieron varias encomiendas bajo orden judicial.

Desde que se empezó el oficio judicial, se realizaron análisis de datos y ciberpatrullajes donde se detectaron 30 domicilios vinculados con la red de contrabando. Algunas de las provincias donde se distribuían son: Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y CABA.

Qué secuestraron en los allanamientos por contrabando

El resultado de los allanamientos mostró una cifra millonaria en incautaciones y elementos de gran valor en el mercado negro actual. Durante los operativos policiales, secuestraron mercadería de origen ilegal, entre ellos: más de 10.400.000 de pesos y 400 dólares, alrededor de 1.200 neumáticos de origen chino y brasileño, 650 juguetes importados, 151 artículos electrónicos e indumentaria, 214 perfumes, 23 celulares de alta gama, notebooks, tablets y smartwatches, más de 2.000 atados de cigarrillos extranjeros y varias mochilas, termos, alfombras, herramientas y documentación.

En los procedimientos también se secuestraron cogollos de marihuana, lo que generó la apertura de actuaciones separadas bajo la Ley 23.737. Todos los bienes incautados quedaron bajo jurisdicción del juzgado interviniente, en una causa abierta por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras continúan las tareas para establecer el alcance total de la organización y la función de los involucrados.

Contrabando desde la frontera

Un operativo se concretó sobre la Autopista 9 y tras frenar un camión que había salido desde Salta con destino a Buenos Aires, descubrieron mercadería ilegal a gran escala proveniente de zonas fronterizas. En esta oportunidad, agentes de la Gendarmería Nacional Argentina inspeccionaron el transporte. Allí, encontraron productos de rubro textil y de higiene sin documentación para ingresar al país.

Se estima un valor de aproximadamente 2.100.000.000 de pesos en materia de contrabando. En total, decomisaron: 240 bultos de nylon y 210 cajas con productos textiles, de tienda y artículos de higiene. Todo la mercadería quedó en infracción a la ley 22.415, que regula el tráfico internacional de mercaderías, las prohibiciones y los delitos aduaneros como el contrabando en el territorio argentino.

Tras el decomiso, intervino la Fiscalía Federal de Villa María y la carga fue trasladada a un depósito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este procedimiento también sucede en un marco de controles que buscan frenar el contrabando en Argentina, y que parece avanzar a través de rutas específicas que se conectan con los grandes centros urbanos.

Este tipo de delitos no solo implica una evasión fiscal de millones de pesos sino que también impacta en la economía del país, afectando directamente a los comerciantes y cadenas legales de distribución. Estos casos dejan de ser hechos aislados y parecen repetidos y estratégicos, dato que preocupa a las autoridades.

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

La incautación se realizó en medio del plan Semana Santa Segura, que intensifica los controles contra el contrabando en la frontera sur del territorio nacional, con el fin de evitar que este tipo de productos ilegales lleguen al consumidor final y puedan llegar a ocasionar graves enfermedades de salud derivadas de una intoxicación por el consumo de los alimentos que no cumplen con la normativa requerida para estar en la mesa de los colombianos.

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Según explicó la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, los productos decomisados eran alimentos perecederos tipo camarón, que eran transportados en varios vehículos sin la documentación exigida por la autoridad nacional de acuicultura y pesca.

La oficial indicó que con este operativo se protege al sector pesquero colombiano, al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y fortalece el comercio formal.

“Con este resultado protegemos el sector pesquero colombiano al contrarrestar el contrabando que afecta a los productores nacionales y promover el comercio legal y salvaguardar la economía del país”, explicó la oficial a cargo del procedimiento.

Ante el incremento de estos casos en el país, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa de contrabando a través de la línea 159.

Cabe reiterar que el operativo forma parte de los esfuerzos para salvaguardar la economía legal y garantizar la inocuidad de los productos que ingresan al país, por lo que no es el único que se ha reportado recientemente.

Y es que el 26 de marzo la Policía Nacional anunció la incautación de más de 87 toneladas de alimentos ilegales en el municipio de Ipiales, Nariño, tras un operativo conjunto entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que tuvo lugar en medio de los controles de rutina a vehículos de carga en vías terciarias.

El valor de los productos incautados, en esa ocasión, superaba los $219 millones, según informó la Policía Nacional, y estaban destinados al mercado nacional sin contar con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lo que se convierte en un riesgo notable para la salud pública.

Durante la incautación que ocurrió unos días antes de la Semana Santa, la mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefe de la División de Control Operativo Ipiales, destacó que la incautación contribuye a “Fortalecer la protección del agro colombiano, combate la evasión de impuestos y promueve el comercio legal, además de salvaguardar la salud de los consumidores”, que son los principales objetivos de los uniformados que trabajan en esta iniciativa.

Del mismo modo, las autoridades señalaron que los alimentos decomisados durante el operativo también eran de procedencia extranjera y no presentaban la documentación exigida para su ingreso legal al país.

Después de que se llevara a cabo la aprehensión, la mercancía, los uniformados aseguraron que quedó bajo custodia de la Dian, que encarga de realizar los procesos administrativos correspondientes cuando una situación de este tipo se presenta en el país.

Cabe mencionar que la Policía Fiscal y Aduanera reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar el contrabando, lo que no solo se puede hacer a través de la línea 159, pues también está habilitado el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, canales en los que se asegura la confidencialidad de la información proporcionada.

El crecimiento del comercio ilícito en Costa Rica dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una actividad estructurada, vinculada directamente con redes del crimen organizado. Ricardo Carvajal, director del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, señala que este delito no solo se ha diversificado, sino que además representa un negocio altamente lucrativo y de bajo riesgo para quienes lo operan.

Las declaraciones surgen en un contexto reciente marcado por decomisos millonarios en distintas zonas del país, incluyendo cargamentos de licor, cigarrillos y productos de perfumería. Según explicó Carvajal, estos casos son apenas una muestra de una problemática mucho mayor.

“En los últimos años hemos visto un crecimiento de la operación del crimen organizado en Costa Rica, no solo en narcotráfico, sino también en contrabando y otras actividades ilícitas”, indicó. De acuerdo con estimaciones del Observatorio, el valor del comercio ilícito alcanzó en 2022 cerca de un billón de colones anuales, lo que equivale al 2,6 % del producto interno bruto.

El experto subrayó que el contrabando dejó de ser una práctica informal de pequeños comerciantes para convertirse en una actividad controlada por estructuras criminales organizadas, capaces de distribuir mercancías a gran escala en todo el territorio nacional. “Cuando vemos decomisos de hasta un millón de dólares en productos, entendemos la magnitud del negocio”, afirmó.

Entre los artículos que más ingresan ilegalmente al país destacan cigarrillos, licores, medicamentos, textiles, calzado falsificado e incluso insumos agrícolas como agroquímicos y semillas. Esta diversificación responde, según Carvajal, a dos factores clave: la alta rentabilidad y el bajo nivel de riesgo penal.

“Es un negocio muy lucrativo y además poco riesgoso. No recibe la misma atención que el narcotráfico y prácticamente no hay personas cumpliendo penas de cárcel por contrabando, a pesar de que la ley contempla sanciones de hasta 15 años”, explicó.

A diferencia del narcotráfico, que en muchos casos utiliza Costa Rica como país de tránsito, el contrabando tiene como destino final el mercado local. Es decir, los productos ilegales se comercializan y consumen dentro del país.

Esta dinámica está estrechamente ligada a factores económicos. Los altos impuestos sobre ciertos bienes, como el licor y los cigarrillos, han generado incentivos para que los contrabandistas introduzcan mercancías sin pagar tributos, ofreciendo precios más bajos al consumidor.

“Se crean condiciones donde el consumidor encuentra productos más baratos, y eso los hace atractivos. A esto se suma que el riesgo para quienes los comercializan es bajo, lo que termina impulsando el crecimiento del negocio”, detalló Carvajal.

El fenómeno también involucra a los consumidores. Aunque en algunos casos las personas desconocen el origen ilícito de los productos, especialmente cuando se trata de falsificaciones, en otros existe plena conciencia de que se trata de mercancía de contrabando.

El experto advirtió que, además del impacto económico, estos productos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Recordó, por ejemplo, casos de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron intoxicaciones e incluso muertes en el país hace algunos años, lo que obligó al Ministerio de Salud a intervenir.

En cuanto al destino de los productos decomisados, Carvajal explicó que deben pasar por un proceso administrativo que incluye almacenamiento mientras se garantiza el debido proceso. Posteriormente, la mayoría es destruida, ya que no cumple con regulaciones sanitarias ni legales.

Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. “Muchas veces la destrucción es lenta y eso genera peligros, como robos en los almacenes fiscales por parte de las mismas estructuras criminales”, señaló.

Ante este panorama, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la lucha contra el contrabando mediante un enfoque integral. Carvajal insistió en la necesidad de una articulación interinstitucional que involucre a entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y cuerpos policiales como la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial.

También destacó la importancia de dotar de mayores recursos a las autoridades y capacitar a jueces y fiscales en materia aduanera, con el fin de lograr condenas efectivas.

“El objetivo es que estas redes empiecen a sentir el riesgo. No se trata solo de decomisar, sino de lograr sentencias y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, concluyó.

El experto aseguró que, si bien erradicar completamente el contrabando es poco probable, sí es posible disminuir su impacto mediante acciones coordinadas del Estado y una mayor conciencia ciudadana sobre las implicaciones de consumir productos ilícitos.

Más de 800 unidades de cerveza quedaron bajo custodia policial tras una intervención en la zona sur del país. La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades.

El operativo formaba parte de los patrullajes regulares que se realizan a lo largo del cordón fronterizo sur. Durante la revisión, los agentes confirmaron que los paquetes contenían cajas de licor, específicamente cerveza, sumando en total 888 unidades. Según la información proporcionada por los efectivos fronterizos, la mercancía pretendía ingresar al país sin cumplir con el pago de impuestos.

El incidente sucedió en horas de la tarde, cuando los oficiales patrullaban sobre la margen del río. El individuo visible abandonó los bultos y huyó al ver a los policías, dejando la carga atrás. La reacción de los uniformados permitió asegurar la mercadería antes de que fuera trasladada a otro punto.

Coordinación interinstitucional tras el hallazgo

La Policía de Fronteras indicó que, tras el descubrimiento, se coordinó con la Policía Fiscal para ejecutar el decomiso del licor. Luego, los agentes elaboraron el informe correspondiente para dar inicio al trámite legal. No hubo personas detenidas en el lugar, ya que el sospechoso escapó antes de ser identificado.

La mercancía incautada quedó a disposición de las autoridades competentes. El decomiso busca frenar el ingreso irregular de productos gravados y proteger los ingresos fiscales nacionales. Esta acción se integra a un bloque de controles destinados a reducir el contrabando en las zonas limítrofes.

Controles y antecedentes de contrabando en la frontera sur

Los patrullajes y operativos de la Policía de Fronteras, según datos oficiales, permiten detectar con frecuencia intentos de evasión fiscal a través del ingreso clandestino de bebidas alcohólicas y otros productos. En este caso, la intervención impidió que una cantidad considerable de cerveza entrara al mercado nacional sin control tributario.

En marzo de 2026, Costa Rica reforzó la seguridad en sus pasos fronterizos terrestres con la instalación de escáneres móviles de rayos X de baja energía en Paso Canoas y Peñas Blancas.

Estos equipos, que tuvieron un costo superior a 2,5 millones de dólares y fueron donados por Estados Unidos, permiten efectuar inspecciones no invasivas para detectar narcóticos, armas, explosivos y dinero ilícito en los principales corredores logísticos del país, según informó staytv.cr.

La cooperación entre Costa Rica y Panamá permitió el 23 de marzo de 2026 el decomiso de un cargamento de cigarrillos y perfumes valorado en más de 500 millones de colones (aproximadamente 1,1 millones de dólares) en la zona de Corredores. En el operativo, realizado en un furgón abandonado, las autoridades localizaron 9,5 millones de unidades de cigarrillos y 706 unidades de perfumería fina, de acuerdo con infobae.com.

El control fronterizo también ha tenido impacto en el tráfico de dinero no declarado. El 8 de enero de 2026, durante una inspección vehicular en San Jorge de Paso Canoas, la Fuerza Pública incautó 58.217 dólares y 7.400 colones que portaban un ciudadano panameño y un costarricense en un vehículo con placas de Panamá, informó telediario.cr.

Las medidas adoptadas durante 2026 revelan la prioridad de las autoridades costarricenses en combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la frontera sur del país.

El caso expone la vulnerabilidad del penal federal en un año marcado por episodios de violencia extrema y homicidios, según informó el diario estadounidense New York Daily News.

La intervención judicial tras este incidente llevó a federales a solicitar 33 meses adicionales de prisión para Campbell, quien ya cumple una condena de 35 años por homicidio en el ámbito estatal. Los fiscales federales detallaron ante la Corte que la cuerda utilizada desde el exterior estaba “envuelta en cinta adhesiva, repleta de más de 100 tiras de buprenorfina sintética, 27 bolsas de marihuana, más de 400 cigarrillos, dos encendedores, un bisturí y un cable de carga de teléfonos móviles”.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte Federal de Brooklyn y citados por New York Daily News, los participantes del operativo —entre internos y colaboradores externos— ya se declararon culpables por los delitos imputados.

Videos, instrucciones y la logística del contrabando

Las grabaciones entregadas al tribunal muestran cómo Jonathan Guerrero, Ian Diez y Abel Mora idearon durante unos 20 minutos distintas maniobras para alcanzar la cuerda lanzada desde la calle hacia la ventana del gimnasio, empleando un carrito de comida, sillas y la estructura de una canasta de baloncesto.

Se observa a Guerrero escalar la improvisada torre y forcejear con la cuerda durante varios minutos, hasta caer y derribar la estructura.

El grupo reconstruyó el andamiaje y retomó el intento, aunque finalmente desistieron tras múltiples caídas y antes de la intervención del personal de custodia.

El liderazgo de Taxstone quedó registrado en mensajes de voz enviados desde un teléfono móvil en la cárcel. En uno de los audios reproducidos por New York Daily News y grabado el 19 de abril de 2024, Campbell da instrucciones: “Vamos a lanzar la cuerda desde esa reja, así que solo tienes que entrar corriendo y enganchar la cuerda porque en la punta ya hemos puesto un gancho. Solo tienes que engancharlo y salir rápido”.

En otra comunicación del mismo día, agrega: “Les avisaré cuándo acercarse en coche. Tendremos la cuerda lista y solo tendrán que bajarse y hacerlo”.

El operativo se activó cerca de las 13:45, cuando Carl Kelly, identificado como contacto externo de Campbell, arrojó la cuerda hacia la ventana del cuarto piso. Poco después, en el gimnasio del penal, los internos manipulaban el carrito, las sillas y la cuerda, mientras Mora simulaba una actividad deportiva a la vez que vigilaba.

Condenas y contexto dentro del penal federal

Tras la fallida tentativa y la llegada de los custodios, las autoridades confirmaron la conexión entre la cuerda manipulada por los internos y el cable que Kelly lanzó desde la vía pública. El paquete contenía “papeles impregnados en cannabis sintético, productos derivados del opioide buprenorfina y elementos electrónicos”, según documentos judiciales a los que accedió New York Daily News.

El MDC Brooklyn fue escenario de incidentes de violencia extrema durante 2024, incluyendo una agresión grabada en video y dos homicidios dentro de sus instalaciones.

El penal acumula desde hace años denuncias por “condiciones deplorables” y “escasez crítica de personal”, situaciones que facilitaron prácticas de contrabando tanto mediante cuerdas como con la implicación ocasional de guardias, de acuerdo con la reconstrucción del propio medio.

En cuanto a las consecuencias penales para los involucrados, Abel Mora recibió una condena superior a 11 años por su participación en el intento de contrabando y por dos tiroteos vinculados a pandillas.

Jonathan Guerrero fue sentenciado a 30 meses federales. Los procesados Kelly, Diez y Rodriguez esperan la determinación final de sus condenas, según información judicial recopilada por New York Daily News.

Campbell, quien admitió en septiembre su culpabilidad por conspiración para la introducción de objetos prohibidos en prisión, tiene su sentencia programada para el 29 de abril.

Grabaciones inéditas reveladas por Noticias Caracol dan cuenta de un presunto entramado de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en el que estaría involucrado el capitán Faudel Salazar, exjefe de esa unidad en Cartagena. Los audios hacen parte de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

De acuerdo con la información conocida, el oficial fue capturado el pasado 8 de marzo junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez, señalados como presuntos integrantes de la organización criminal.

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Un agente encubierto detalló el presunto esquema

Según el material revelado por el medio, un agente encubierto infiltrado en la red describió el supuesto mecanismo de recaudo de dinero ilegal a comerciantes en Cartagena. De acuerdo con su testimonio, el capitán Salazar habría coordinado una estructura de intermediarios encargados de recolectar los pagos:

“El señor capitán Salazar reclutó para ser el enlace entre los comerciantes y él... estas tres personas son las que recogen el dinero de todos los locales... y ese dinero se lo entregan a este señor Óscar, expolicía. Y este, a su vez, se lo hace llegar al señor capitán” dijo el testigo según conoció Noticias Caracol.

Las autoridades investigan si estos cobros correspondían a pagos exigidos para permitir el ingreso y comercialización de mercancía ilegal, sin controles por parte de la POLFA.

Conversaciones internas sobre pagos mensuales

En los audios conocidos, también se registran conversaciones en las que el capitán Salazar se referiría a la continuidad de los pagos dentro de la estructura, en aparente diálogo con personal bajo su mando dijo:

“Aquí hay que aprovechar muchachos el cuarto de hora... La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, pa’ sus gastos, pa’ sus beneficios. Vengo es a que trabajemos de la mano”.

Estas grabaciones son analizadas por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso, que busca establecer responsabilidades dentro de la institución.

Audios sobre traslado y posibles entregas de dinero

Tras conocerse su traslado al departamento del Cauca, el capitán fue interceptado en llamadas en las que hablaba sobre su desempeño en el cargo y posibles entregas de dinero a superiores, según el expediente: “Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar”.

En otra grabación, añadió: “¿Usted quiere saber lo que pasa en la POLFA? Yo le cuento todo lo que pasa... Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director”.

Asimismo, en otro audio conocido, el oficial señala: “Mi jefe de antes de Polfa sabe que no le mete a uno un discrecional porque sabe que uno mismo va y se riega... y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá. Y de cómo se mandaba la plata para Bogotá y todo”.

Menciones al entonces director de la POLFA

Dentro del expediente también aparecen referencias al entonces coronel Heiner Puentes, quien se desempeñaba como director de la POLFA en 2023. En audios atribuidos a alias ‘Papá Pitufo’, se menciona que ciertos funcionarios no representaban un obstáculo para la organización.

En una de las conversaciones se escucha la siguiente conversación:

• Diego Marín: “Claro. Usted sabe que él está haciendo lo suyo”.
• Agente encubierto: “Con presidencia...”
• Diego Marín: “Sí claro, y anda en lo suyo. Y de Presidencia reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente”.

De acuerdo con el agente infiltrado, Marín habría señalado que el entonces coronel tenía respaldo político y que su posición dentro de la institución era sólida.

Ascenso y decisiones posteriores

Pese a los señalamientos incluidos en la investigación, Heiner Puentes fue ascendido a general el 30 de octubre de 2023. Posteriormente, el 2 de abril de 2024, firmó una resolución mediante la cual se retiró de la institución al investigador de Interpol que lideraba el caso.

El oficial fue llamado a calificar servicios el 5 de septiembre de 2024, en medio del avance del proceso.

Respuesta de la defensa

Frente a las revelaciones, la defensa del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, negó cualquier vínculo con la red investigada. A través de su abogado, Andrés Garzón, se indicó: “No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque es que es el principal enemigo de ‘Pitufo’”.

Asimismo, el abogado señaló que las menciones al “director” en los audios corresponderían a la POLFA y no a la dirección general de la Policía Nacional.

Sobre el ascenso de Puentes, explicó que se trató de una decisión adoptada por una junta de generales con base en análisis técnicos y no de manera individual.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol hacen parte del material probatorio que se analiza dentro del proceso.

Hasta el momento, ni el capitán Faudel Salazar ni el general Heiner Puentes han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios, de acuerdo con lo informado.

La incautación de 1.049 kilogramos de cannabis en puntos cercanos a la frontera con Marruecos fue el resultado de una serie de operaciones llevadas a cabo en las localidades de Hasi Achur y Kenadsa. Según publicó el Ministerio de Defensa argelino en un comunicado, el decomiso se realizó en el contexto del Eid al Fitr, periodo considerado de especial vigilancia debido a un aumento en los intentos de contrabando en la región. Además del cargamento de droga, las fuerzas militares lograron confiscar un vehículo y dos motocicletas, sin que se hayan reportado detenciones relacionadas con la operación.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, citó que las acciones se dirigieron específicamente contra "los barones del contrabando" con el objetivo de impedir la entrada de grandes cantidades de estupefacientes al país. El operativo se enmarcó dentro de las labores habituales de seguridad fronteriza, pero se intensificó debido a la conmemoración religiosa, momento que, según el comunicado oficial, fue aprovechado por redes delictivas para intentar introducir la droga en el territorio argelino.

El medio detalló que, tras las incautaciones y según consignó el comunicado ministerial, las autoridades argelinas vinculan el aumento en la actividad criminal con el aprovechamiento de festividades religiosas por parte de bandas organizadas que operan entre Argelia y Marruecos. La frontera entre ambos países se ha considerado históricamente como zona crítica para el tráfico de drogas, lo cual ha motivado que las fuerzas de seguridad mantengan un despliegue constante en áreas vulnerables.

El Ministerio de Defensa ha subrayado que la presencia militar en la franja fronteriza representa un obstáculo insalvable para quienes buscan introducir cargamentos ilegales al país, reafirmando su compromiso de actuar con “determinación y firmeza” en defensa de la seguridad nacional. El comunicado reproducido por el medio agrega una declaración en la que la institución castrense remarca: "Estos criminales no entendieron que el personal del Ejército Nacional Popular constituye un baluarte impenetrable contra cualquiera que se atreva a amenazar la seguridad y la estabilidad de nuestro país".

Además de la droga, los medios de transporte incautados representan parte de la infraestructura empleada por las bandas para movilizar mercancía ilícita a través de rutas secundarias y caminos poco transitados de la región limítrofe, una modalidad que las autoridades militares buscan desarticular informando sobre la vigilancia y los decomisos realizados.

Las operaciones reflejan la estrategia argelina frente al narcotráfico transfronterizo vinculando las acciones represivas con contextos sociales y culturales en los que, históricamente, se incrementan las tentativas de paso de estupefacientes. El Ministerio de Defensa reiteró ante la opinión pública la política de tolerancia cero, en la que recalcan la disposición del Ejército para continuar enfrentando cualquier intento que implique riesgo a la seguridad estatal, según reportó también la plataforma noticiosa.

Hasta el momento, el comunicado oficial no menciona la captura de personas involucradas en el intento de tráfico, pero resalta la importancia de las incautaciones y los despliegues como medida preventiva. Este tipo de intervenciones se enmarca en políticas regionales que buscan reducir la circulación de productos ilícitos y fortalecer el control sobre la frontera argelino-marroquí, una de las áreas más observadas en el norte del continente africano por la magnitud de los flujos de contrabando detectados en años recientes.

El último operativo, según detalló el Ministerio de Defensa, ejemplifica la cooperación entre diferentes unidades militares y policiales desplegadas a lo largo del límite con Marruecos, orientando sus esfuerzos tanto a la intercepción de drogas como a la identificación y neutralización de las rutas empleadas por los grupos delincuenciales. Estas actuaciones, de acuerdo con fuentes militares reproducidas por la prensa, forman parte de una política sostenida para garantizar la estabilidad interna y contener el impacto de redes internacionales de tráfico de estupefacientes.

Las incautaciones anunciadas reafirman la postura del Estado argelino en relación con el combate al narcotráfico y reflejan la preocupación de las autoridades por el uso de fechas señaladas para la intensificación de las actividades delictivas, elemento sobre el cual insisten en la necesidad de mantener una atención constante en los puntos limítrofes. Las actuaciones descritas constituyen una respuesta a los intentos de grupos dedicados al contrabando de explotar la coyuntura religiosa y social, concluyendo con una muestra del despliegue militar en una zona que sigue siendo escenario central en la lucha contra el tráfico ilícito en el Magreb, según se desprende de los partes oficiales difundidos por los medios argelinos.

Un dron sobrevoló la madrugada del 14 de marzo las instalaciones del Marcy Correctional Facility en el norte del estado de Nueva York y liberó un paquete con cuchillos, sustancias sospechosas y productos electrónicos en el interior del recinto penitenciario.

La intervención inmediata del personal permitió recuperar el envío, que forma parte de un fenómeno en crecimiento que ya impulsó propuestas legislativas estatales para endurecer el control y sanción del uso ilícito de drones cerca de centros correccionales, según informó USA Today.

Entre los objetos incautados se encontraban dos cuchillos de doble filo de 20 centímetros, más de 450 gramos de “sustancia vegetal verde” envuelta en plástico y globos, cinco hojas de papel impregnadas con productos químicos, un teléfono móvil, dos cortadoras de cabello eléctricas con sus accesorios y cuatro bandanas, detalló el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York a USA Today.

El paquete presentaba cables expuestos, lo que motivó la intervención de la brigada antibombas de la Policía Estatal de Nueva York para descartar amenazas explosivas antes de su apertura. La nave no tripulada fue localizada fuera del perímetro de la prisión, ubicada en Marcy, a unos 87 kilómetros al este de Syracuse.

Las autoridades comunicaron que no se identificó a los responsables del intento de contrabando hasta el momento y que la investigación continúa abierta.

Este episodio se suma al menos a 130 incidentes similares registrados en prisiones federales entre 2015 y 2019, una cifra que el Instituto Nacional de Justicia, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considera conservadora, ya que la documentación es incompleta.

El uso de drones para contrabando crece, acentuando los riesgos de violencia en cárceles

“El ingreso de contrabando en las cárceles alienta la violencia y pone en peligro tanto al personal como a la población reclusa”, explicó Daniel F. Martuscello III, comisionado del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, en declaraciones a USA Today.

Martuscello señaló que la utilización de drones para introducir armas, drogas y teléfonos móviles representa “una amenaza inminente y en evolución”, que desafía los controles implementados para cerrar otras vías de acceso.

Frente a este escenario, el departamento expresó su respaldo a la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul, que propone reforzar la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar el uso ilícito de drones. El proyecto plantea prohibir la operación no autorizada de estas aeronaves y restringir su actividad sobre áreas sensibles, como las cárceles.

Además, se incluirían nuevos delitos específicos y se otorgarían mayores facultades a las fuerzas de seguridad para detectar, interceptar y neutralizar drones que representen un riesgo para la seguridad pública. La propuesta prevé también la creación de un registro estatal de drones y de tecnologías destinadas a contrarrestar estas incursiones, informó el Departamento Correccional a USA Today.

Chris Summers, presidente de la Asociación de Oficiales Correccionales y Benevolencia Policial del Estado de Nueva York, confirmó a USA Today que el uso de drones con fines delictivos “constituye una amenaza creciente para la seguridad” en los centros penitenciarios.

Summers apoyó la propuesta legislativa de la gobernadora, que contempla criminalizar la operación de drones a menos de 150 metros de una cárcel, e instó a la legislatura estatal a respaldar la medida.

El Instituto Nacional de Correcciones de Estados Unidos, institución federal de formación y análisis carcelario, indicó que la entrada de armas y drogas en las prisiones representa un riesgo grave de violencia y consumo en entornos donde existen altos niveles de conflictos.

El mismo fenómeno se registra en otras jurisdicciones: en diciembre de 2025, un dron entregó “patas de cangrejo, filetes y drogas” en una cárcel de Carolina del Sur; en marzo de 2024, las autoridades de Georgia acusaron a 150 personas por su implicación en una red de contrabando carcelario que utilizaba sistemas aéreos no tripulados, informó USA Today.

Marcy Correctional Facility bajo el foco por denuncias y reformas tras el fallecimiento de Robert Brooks

La Marcy Correctional Facility está bajo escrutinio creciente debido a denuncias de abuso de autoridad, represalias, condiciones deficientes y atención médica insuficiente, según la Correctional Association of New York, organización independiente de supervisión carcelaria citada por USA Today.

La presión pública se intensificó en 2024, tras la muerte de Robert Brooks, una persona privada de libertad de 43 años, quien fue agredido por varios agentes dentro del penal y murió en el hospital. Las cámaras corporales de los oficiales estaban en modo de espera, aunque sí registraron imágenes que muestran cómo Brooks, esposado, fue golpeado y asfixiado.

A raíz de ese caso, la gobernadora Kathy Hochul ordenó el despido de más de una docena de funcionarios penitenciarios y reformas inmediatas en la prisión, según informó USA Today. Diez agentes enfrentaron cargos judiciales: siete admitieron su responsabilidad por homicidio u otros delitos leves, uno fue declarado culpable de asesinato y dos resultaron absueltos.

La muerte de Brooks reavivó las demandas de reforma en el sistema penitenciario del estado. Organizaciones defensoras de los derechos civiles destacaron la existencia de antecedentes de denuncias y demandas por prácticas abusivas en Marcy y en otros centros correccionales.

En los últimos 20 años, la abogada Katie Rosenfeld litigó varios casos contra el sistema penitenciario por maltrato a internos en Marcy, de acuerdo con USA Today. Otra demanda presentada en 2023 por la letrada Amy Jane Agnew acusó a funcionarios de emplear represalias violentas durante traslados de personas privadas de libertad.

Estos episodios ilustran la situación que enfrenta el sistema penitenciario neoyorquino, donde los desafíos tecnológicos en el control de ingresos ilícitos coinciden con demandas sociales por transparencia y rendición de cuentas.

Durante la intervención militar que involucró a fuerzas de Argelia y un grupo armado extranjero, las autoridades lograron confiscar 150 kilogramos de oro, además de armamento y municiones, en una zona limítrofe con Níger. Según consignó el Ministerio de Defensa argelino a través de un comunicado, este hecho se produjo como resultado de un enfrentamiento en la provincia de In Guezam, en el sur del país, en donde las tropas argelinas interceptaron a personas a las que calificaron como "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera". Tal como publicó la agencia Europa Press, la acción fue presentada como parte de una estrategia más amplia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de metales preciosos, especialmente en puntos fronterizos estratégicos.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Defensa de Argelia, tras la operación, se logró "neutralizar" a los sospechosos. El término utilizado por las autoridades refiere a la muerte de los tres individuos, todos de nacionalidad extranjera, durante el enfrentamiento armado en In Guezam. Además del decomiso del oro, las fuerzas argelinas incautaron diversas armas de fuego y municiones, lo que refuerza la preocupación sostenida del gobierno argelino respecto a la circulación de armas y el tráfico ilegal de recursos en la zona limítrofe con Níger. Según informó Europa Press, las autoridades no mencionaron si este operativo causó bajas o lesiones entre los efectivos locales participantes en la operación.

El suceso, según detalló el Ministerio de Defensa en el comunicado divulgado por Europa Press, forma parte de una serie de medidas que han multiplicado la vigilancia y patrullaje en las regiones fronterizas del sur argelino, donde el tráfico ilícito de bienes, especialmente oro, representa una amenaza constante al control estatal y la estabilidad regional. En ese sentido, el incidente en In Guezam se interpreta dentro de una estrategia sistemática de combate a las redes internacionales de criminalidad organizada que utilizan rutas transfronterizas para el contrabando de metales preciosos y armas.

Las autoridades de Argelia han destacado la importancia de esta acción militar, subrayando la capacidad de reacción y preparación del Ejército Nacional Popular para defender las fronteras nacionales y salvaguardar los recursos naturales del país. El Ministerio de Defensa señaló en su declaración que "esta operación confirma una vez más la vigilancia y la preparación del personal del Ejército Nacional Popular a la hora de garantizar la seguridad de las fronteras nacionales y proteger los valiosos recursos, en cualquier circunstancia". Esta apreciación apunta a reforzar la imagen de las fuerzas armadas como garante de la seguridad interna y la defensa de los recursos estratégicos argelinos.

Hasta el momento, las autoridades de Argelia no han proporcionado información adicional sobre la identidad de los fallecidos ni sobre posibles conexiones de los grupos interceptados con redes criminales transnacionales o milicias activas en la región del Sahel. Según publicó Europa Press, tampoco se han anunciado detalles sobre futuras acciones o investigaciones derivadas de la operación en In Guezam, aunque la intensidad del operativo sugiere una preocupación persistente de las autoridades por el control de sus extensas fronteras del sur, donde el tráfico de oro y armas mantiene un flujo ininterrumpido debido a la porosidad y a las condiciones geopolíticas de la zona.

La región fronteriza entre Argelia y Níger se caracteriza por ser un corredor frecuentemente empleado por bandas de contrabandistas y traficantes de recursos. En este contexto, la incautación de 150 kilogramos de oro representa, según diversas fuentes recogidas por Europa Press, un golpe considerable a las redes que se benefician de la extracción y traslado ilegal de metales preciosos fuera del país. La decisión del Ministerio de Defensa de enmarcar el operativo como una respuesta a la criminalidad organizada sugiere la existencia de un marco estratégico mayor, enfocado en impedir que estas actividades socaven la seguridad económica y territorial de Argelia.

El comunicado oficial no especifica si la intervención fue resultado de una acción de inteligencia específica ni detalla el modo en que las fuerzas armadas lograron interceptar al grupo. No obstante, según el reporte de Europa Press, la ausencia de menciones a bajas en filas argelinas permite inferir que no hubo muertos ni heridos entre los efectivos, al menos según la información divulgada hasta el momento por las autoridades.

El cruce de información sobre la operación, según recoge Europa Press de los canales oficiales argelinos, enfatiza la relevancia estratégica que los recursos naturales como el oro tienen para la economía y para la seguridad nacional de Argelia, sobre todo en el presente contexto de inestabilidad en las regiones limítrofes del Sahel. La vigilancia permanente y las acciones coordinadas, según el Ministerio de Defensa, permanecerán como parte de la política estatal para hacer frente a estos desafíos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decomisó maquinaria y equipos cuyo valor sumado superaría los 11.000 millones de pesos. Las acciones de control fueron realizadas en marzo de 2026 en Cartagena y Bogotá, como operaciones estratégicas contra el contrabando en Colombia.

Información suministrada por la entidad indicó que el mayor decomiso se registró en Cartagena, donde fueron retenidos dos camiones grúa usados, cuyo valor comercial conjunto supera los $9.600 millones.

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Desde la Dian establecieron que estos vehículos no cumplían con los requisitos legales para su ingreso y permanencia en Colombia. El primer caso ocurrió en un puesto de control en la vía Mamonal - Pasacaballos, departamento de Bolívar, donde autoridades detectaron un camión con carrocería telescópica que presentaba inconsistencias en su documentación y posibles irregularidades aduaneras.

“Esta maquinaria tiene un avalúo aduanero de $1.578.877.200 y un avalúo comercial de $4.736.631.600″, se leyó en el informe oficial.

Posteriormente, en el sector del antiguo peaje de Gambote, municipio de Arjona, en el mismo departamento, fue interceptado un segundo camión grúa. Al no poder acreditar su importación legal, el automotor, avaluado en cerca de 4.900.533.540 pesos —con un valor aduanero de 1.633.511.180 pesos— fue decomisado por no cumplir con la normativa arancelaria.

Ambos casos representan los decomisos más relevantes de maquinaria pesada en lo que va del año. A estos procedimientos se integraron otras dos incautaciones de maquinaria pesada, efectuadas por la Policía Fiscal y Aduanera, que en conjunto superan los 3.212 millones de pesos.

El operativo en el aeropuerto El Dorado

En Bogotá, funcionarios de la Dian lograron la incautación de 2.300 unidades de tecnología que iban a ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado.

En el comunicado oficial de la entidad se reportó que entre los objetos decomisados se encuentran celulares, tabletas y discos duros que eran transportados bajo modalidad de carga sin los documentos exigidos por la normativa aduanera.

El valor de esta mercancía asciende a cerca de 1.900 millones de pesos. Ante la falta de acreditación legal, los productos fueron retirados del mercado.

Sandra Liliana Cadavid, directora de gestión de Aduanas de la DIAN, afirmó que los resultados de estas acciones “son muestra de la contundencia y exhaustivo trabajo que adelanta a diario la Dian para hacerle frente a este flagelo, cerrar todas puertas al ingreso de bienes que no cumplen con las disposiciones aduaneras y proteger la industria y producción nacional”.

“Los esfuerzos institucionales de la autoridad aduanera contra el contrabando no se detienen”, agregó.

Casi una tonelada de mercurio fue decomisada por la Dian en Cartagena

Desde a dirección aduanera comunicaron el 13 de marzo de 2026 el decomiso de 1.277 kilogramos de mercurio que pretendían ser ingresados de manera ilegal al país a través del Puerto de Cartagena. El hallazgo se produjo durante inspecciones de rutina y control aduanero realizadas en la terminal portuaria.

El cargamento ilícito, que figuraba en el documento de transporte como 206 bultos de mercancías plásticas envasadas, fue identificado tras detectarse inconsistencias entre el peso registrado y la mercancía declarada.

El proceso de perfilamiento del contenedor incluyó un análisis de imágenes mediante inspección no intrusiva, que motivó la revisión física de la carga. Durante este procedimiento, las autoridades hallaron 37 cajas, cada una con un peso aproximado de 34,5 kilogramos, que en total sumaron más de una tonelada de mercurio.

La mercancía quedó a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que realizó la verificación final y confirmó que el contenido era mercurio. Este elemento químico se utiliza en la fabricación de baterías especiales, equipos científicos, procesos industriales y, especialmente, en la minería artesanal del oro, práctica oficialmente catalogada como riesgosa para el medio ambiente y para la salud humana.

Las autoridades de UNICEF han señalado que la investigación interna sobre el caso de supuesto contrabando en sus envíos humanitarios a Gaza surgió tras la detección de botellas de tabaco y nicotina ocultas entre kits de higiene, una situación que, según el organismo, requiere la colaboración de todos los Estados involucrados para mejorar los sistemas de inspección y detección de productos ilícitos. Este incidente llevó al gobierno de Israel a suspender temporalmente la entrada de ayuda coordinada por la agencia hacia la Franja, lo que, advirtió UNICEF, puede aumentar el nivel de gravedad en la crisis humanitaria que atraviesa la población local.

Según informó Europa Press, UNICEF confirmó el miércoles la apertura de una investigación interna para esclarecer las denuncias acerca del intento de contrabando localizado en un cargamento destinado a Gaza y transportado por un operador comercial. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia detalló que el 17 de marzo de 2026 fue notificado formalmente por las autoridades israelíes del hallazgo de estos artículos no autorizados, hallazgo que motivó la acción inmediata del organismo para dar inicio a un análisis exhaustivo del hecho.

En declaraciones al mismo medio, representantes de UNICEF subrayaron la estricta política de tolerancia cero que mantiene la organización en relación con la inclusión de artículos no declarados en material humanitario. Además, recordaron que, a pesar de la existencia de medidas de precaución, existen intentos esporádicos de introducir productos prohibidos en entregas humanitarias, por lo que la colaboración con las autoridades fronterizas resulta fundamental. UNICEF recalcó la necesidad de fortalecer los controles para detectar bienes ilícitos antes de que accedan a los territorios afectados por conflictos.

Las fuentes consultadas por Europa Press resaltaron la importancia de que las remesas humanitarias enviadas a Gaza resultan esenciales para la supervivencia de los menores y sus familias. Desde el organismo, insistieron en que cualquier suspensión representa un riesgo considerable de profundización en el deterioro de las condiciones de vida de la población civil que ya enfrenta una situación que catalogan como extremadamente crítica.

El anuncio de la suspensión por parte de Israel provino del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), entidad militar adscrita al Ministerio de Defensa encargada de la política y la seguridad en Gaza y Cisjordania. Conforme a lo publicado por este organismo, la inspección de los materiales se efectuó en el cruce de Kerem Shalom, fronterizo con Egipto, y participaron tanto la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa como la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza.

Según reportó el COGAT a través de sus redes sociales, "durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, junto con representantes de la CLA de Gaza (la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza) se encontraron botellas que contenían sustancias de nicotina ocultas dentro de cajas de kits de higiene". La dependencia militar calificó el hecho como una infracción importante de los procedimientos que regulan el acceso de artículos humanitarios y remarcó la existencia de intentos reiterados por parte de actores hostiles para valerse de estos canales como método de tráfico ilícito, en particular de productos de tabaco.

El COGAT detalló que la suspensión continuará vigente hasta que UNICEF presente los resultados de la investigación integral y se emita una respuesta oficial. Las autoridades israelíes comunicaron que aumentarán los controles para impedir cualquier posible intento futuro de contrabando de artículos no autorizados a través de los pasos fronterizos habilitados para la asistencia internacional.

Europa Press expuso que las restricciones a la entrada de ayuda en Gaza forman parte de las medidas impuestas por Israel desde el recrudecimiento del conflicto ocurrido tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ofensiva militar inició como represalia a las acciones perpetradas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que según cifras oficiales dejó cerca de 1.200 fallecidos y cerca de 250 personas secuestradas en territorio israelí.

En relación con la situación humanitaria, fuentes de Hamás citadas por Europa Press aseguraron que, desde el anuncio de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 tras un acuerdo promovido por Estados Unidos para el futuro de la región, se han contabilizado 673 muertes y 1.799 heridos en Gaza derivados de ataques israelíes. Las cifras acumuladas desde el inicio de la ofensiva militar, siempre según las autoridades gazatíes, ascienden a 72.249 fallecidos y un total de 171.898 personas heridas.

Conforme a lo publicado por Europa Press, desde el inicio del conflicto se han sucedido denuncias por parte de Hamás relativas a la no aplicación efectiva de las cláusulas humanitarias acordadas el año anterior, lo que ha mantenido la presión internacional sobre las partes y sobre los canales de ingreso de ayuda humanitaria, a la vez que se han incrementado las dificultades para la población local, dependiente en su mayoría de la asistencia proveniente del exterior.

Agentes de la Prefectura Naval Argentina incautaron mercadería electrónica ilegal valuada en más de 126 millones de pesos, que había ingresado de manera ilegal al país y era comercializada en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que los procedimientos tuvieron lugar en comercios del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Adrogué.

El procedimiento se originó a raíz de órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada y la Secretaría N°2 de María Valeria Peralta Urquiza Rosito. El objetivo: incautar artículos electrónicos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero para su ingreso a Argentina.

Entre los elementos decomisados se encontraron más de 200 teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, tablets, parlantes, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. Además, se secuestró documentación relevante para la causa, tanto en soporte físico como digital.

El valor total del material incautado supera los 126 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se llevó a cabo con la intervención de distintas áreas especializadas del organismo y de la Dirección General de Aduanas (ARCA), quienes verificaron la falta de documentación que respaldara el ingreso legal de los productos al territorio nacional.

Antecedente

En enero, personal de la Policía de la Ciudad desmanteló una organización dedicada a la importación ilegal en el barrio porteño de Villa General Mitre, con el secuestro de artículos valuados en 120 millones de pesos que habían ingresado al país de manera irregular y se ofrecían en tiendas virtuales.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las acciones incluyeron dos allanamientos realizados por la División Organizaciones Criminales de la fuerza porteña, uno en una vivienda de un barrio privado en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y otro en una propiedad utilizada como oficina y depósito en Villa General Mitre. En esos procedimientos, se localizó al presunto responsable de la maniobra, identificado como M.A.C., quien resultó imputado en la causa judicial.

La investigación se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), especializada en causas del fuero federal penal y económico, que detectó la actividad ilícita a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. Esta dependencia trabajó en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, y la Secretaría 9, encabezada por Laura Irene Nicocia.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con mercadería extranjera compuesta por artículos de electrónica, electrodomésticos, audio y video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes, vestimenta e indumentaria de la marca Adidas apócrifa. Además, se incautaron una camioneta Toyota SW4,un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, equipos informáticos (tres CPU, tres notebooks, una tablet), cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación relevante para la causa. Fuentes del caso explicaron a este medio que la mercadería era ingresada al país sin declarar, y luego vendida a través de plataformas digitales y redes sociales.

La decisión de mantener la suspensión está sujeta a que la agencia presente tanto los resultados de una investigación exhaustiva como una respuesta formal, y en el transcurso se aplicarán medidas de control más estrictas para detectar cualquier intento de transferencia ilícita a través de los cruces, según informó el COGAT, autoridad militar israelí encargada de supervisar los territorios palestinos. Este anuncio llega tras la detección de botellas con sustancias de nicotina durante un chequeo de seguridad, según publicó el medio, y ha tenido un impacto inmediato en la colaboración entre Israel y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el contexto del suministro de asistencia humanitaria dirigida a la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información proporcionada por COGAT mediante un comunicado recogido por las agencias internacionales, la suspensión afecta a los envíos coordinados por UNICEF desde Egipto hacia el territorio gazatí y utiliza como principal vía el paso fronterizo de Kerem Shalom. El responsable de operaciones de COGAT, general de división Yoram Halevi, trasladó la notificación por escrito a los directivos regionales de UNICEF este martes, reiterando la gravedad de la infracción detectada al hallarse los productos prohibidos ocultos en cajas de kits de higiene.

Tal como detalló el medio, el hallazgo se produjo durante una inspección desarrollada por personal vinculado tanto al Ministerio de Defensa como a la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza (CLA de Gaza), quienes localizaron envases con nicotina en el interior de uno de los cargamentos. Tras esta verificación, las autoridades israelíes manifestaron que el incidente representa una vulneración considerable de los protocolos que rigen la gestión y entrega de provisiones humanitarias a la población gazatí.

El organismo militar subrayó, según consignó el medio, que existen esfuerzos reiterados por parte de grupos hostiles para aprovechar los envíos de ayuda como medio para el contrabando de mercancías, cita textual: “actores hostiles intentan continuamente explotar este tipo de suministros con fines ilícitos, incluyendo el uso de las operaciones de la agencia para el contrabando de productos de tabaco a la Franja de Gaza”.

Las consecuencias administrativas incluyen la inmediata suspensión de futuros cargamentos de UNICEF a través de este corredor hasta que la agencia de Naciones Unidas proporcione la documentación solicitada, con el objetivo de esclarecer lo sucedido en lo que el COGAT calificó como una “grave violación” del sistema de gestión de asistencia en la frontera. Además, la autoridad militar israelí adelantó que endurecerá los análisis y requisas sobre los productos que busquen ser introducidos por los pasos fronterizos supervisados, reforzando la vigilancia para detectar irregularidades.

La situación surge después de que Israel haya incrementado el escrutinio sobre la ayuda internacional debido a preocupaciones de seguridad y ante denuncias anteriores de que materiales sensibles pudieran llegar a manos de actores no estatales. UNICEF y otras organizaciones habitualmente colaboran en la entrega de bienes esenciales a Gaza, en el contexto de las restricciones y el monitoreo insistente del Estado israelí. Ahora, los procesos de revisión experimentarán un aumento en los niveles de control en todos los cargamentos, según indicó el comunicado citado en la cobertura.

El incidente, reportó el medio, generó peticiones inmediatas de explicaciones concretas y demandó a UNICEF una evaluación interna de los hechos. También reavivó el debate sobre el riesgo de desvío de artículos suministrados bajo el paraguas humanitario y el papel de las agencias internacionales en el cumplimiento estricto de las normativas impuestas por las autoridades de la región.

Por el momento, la continuidad del flujo de ayuda de UNICEF hacia la Franja depende de que la agencia remita una investigación detallada y entregue una respuesta oficial a la suspensión, mientras las autoridades israelíes sostienen su postura de alerta máxima a la espera de las aclaraciones solicitadas. Todo este contexto, según informaron fuentes militares citadas por el medio, mantiene la cooperación bilateral en una situación de incertidumbre, a la vez que incrementa las medidas de seguridad en los puntos de control en la región fronteriza.

La investigación sobre una presunta red de coimas para facilitar el contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas (Misiones - Argentina) con Encarnación (Paraguay), derivó en una serie de allanamientos que revelaron la participación de integrantes de Gendarmería, aduaneros y trabajadores de frontera.

La causa, en manos de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, se centra en maniobras ilegales para permitir el ingreso y egreso irregular de mercaderías y personas, por medio del pago de sobornos a funcionarios.

Sin embargo, fuentes del caso indicaron a Infobae que la investigación comenzó con una denuncia de la propia fuerza de seguridad que detectó, en 2022, que algunos agentes cobraban coimas para dejar pasar a taxistas, remiseros y paseros paraguayos sin hacer las largas filas que se registran en el paso internacional. Además, existían algunos casos de facilitación al contrabando.

A raíz de la investigación, la Unidad de Inteligencia Criminal “Misiones”, realizó el 16 de marzo 38 allanamientos simultáneos en la ciudad de Posadas, en el marco del expediente FPO 2837/2025, bajo la carátula “NN: Escuadrón 50 Posadas remite s/averiguación de delito”.

En los procedimientos, los agentes secuestraron 62 teléfonos celulares, 6.071 reales, 947.000 guaraníes, 37.202 dólares, 57.333.470 pesos argentinos y 17 pesos cubanos.

Además, hallaron 26 tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, 19 tarjetas de crédito y débito, 19 cámaras y dispositivos DVR, ocho notebooks, tres cámaras fotográficas, una caja fuerte, 649 cigarrillos extranjeros, documentación de interés, dos módems, un GPS, 17 vasos térmicos, seis cubiertas de camión y un posnet. Entre los elementos incautados también figuran dos armas de fuego y 102 municiones de distintos calibres.

La investigación también alcanzó a 22 agentes de la Administración de Rentas de la provincia de Misiones (ARCA), todos allanados y supeditados al expediente. En paralelo, 25 trabajadores paraguayos de frontera, denominados “paseros”, quedaron bajo investigación judicial.

Ahora, la causa continúa con el análisis de la documentación secuestrada y los registros electrónicos obtenidos en el procedimiento.

Fuentes consultadas por este medio aseguraron que los involucrados no fueron detenidos debido a la falta de capacidad para alojamiento en las unidades dependientes de la fuerza, una versión que desmintieron desde Gendarmería.

La causa sufrió demoras por diferentes situaciones. El primer año, el caso fue archivado por la Justicia; se reactivó en 2024 con nuevas pruebas presentadas y en diciembre de 2025 Gendarmería solicitó las medidas que ahora se hicieron efectivas. Durante todo ese tiempo, que incluyó el cambio de jueces, la red continuó activa.

Los gendarmes involucrados fueron apartados y se estima que, en un futuro, sean pasados a disponibilidad y echados de la fuerza.

Entre los resultados de la operación militar en Argelia, las fuerzas armadas informaron que lograron decomisar un fusil de asalto tipo Kalashnikov, munición, dos todoterrenos y una cantidad considerable de pastillas psicotrópicas—1,6 millones en total—además de equipos de comunicación utilizados por las personas intervenidas. Este operativo se desarrolló en el marco de las acciones dirigidas a reforzar la seguridad en las fronteras del país y a combatir el contrabando y las redes de narcotráfico, según anunció el Ministerio de Defensa argelino.

El medio detalló que en el transcurso de la intervención, cuatro personas identificadas como “narcotraficantes armados” perdieron la vida tras el enfrentamiento con el Ejército. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa y citada por el medio, los militares desplegaron este operativo como parte de los esfuerzos continuos para garantizar el control de las zonas fronterizas y para evitar la actividad de traficantes y bandas criminales dedicadas al contrabando de medicamentos y sustancias ilegales.

Según publicó el Ministerio de Defensa de Argelia, la incautación de 1,6 millones de comprimidos psicotrópicos, junto al armamento y los vehículos, refleja la magnitud del intento de contrabando que quedó desarticulado por la acción militar. Los informes oficiales señalan que los dispositivos de comunicación recuperados formaban parte de los recursos empleados por los involucrados para coordinar sus movimientos y evadir los controles de las fuerzas de seguridad.

El comunicado ministerial subrayó que este resultado operativo se suma a otras intervenciones que se efectúan regularmente en distintas zonas del territorio argelino. Según consignó la fuente oficial, “los resultados de esta operación se suman a otras operaciones cualitativas llevadas a cabo a diario contra estos criminales por destacamentos del Ejército y los diversos servicios de seguridad en territorio nacional”.

Las autoridades recalcaron que el objetivo fundamental de estas acciones es preservar la seguridad en las fronteras y evitar que organizaciones criminales puedan “dañar la seguridad de los jóvenes”, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. El enfoque del gobierno argelino sobre el combate al tráfico de drogas y la delincuencia asociada incluye la implementación de controles permanentes, la utilización de recursos militares y la colaboración entre diferentes áreas de seguridad para interceptar cargamentos contrabandeados y localizar a individuos dedicados a dicho tráfico.

El Ministerio de Defensa reiteró la importancia de la cooperación entre las distintas unidades del Ejército y los servicios de seguridad nacionales para responder de manera efectiva frente al fenómeno del contrabando y la proliferación de sustancias controladas. Según informó el medio, las acciones de este tipo se integran en una estrategia de protección territorial y de salvaguarda de los sectores de mayor riesgo, donde los grupos criminales intentan cruzar mercancías ilícitas a través de rutas poco vigiladas.

Esta ofensiva se inserta dentro de una política de seguridad fronteriza que ha sido priorizada ante el aumento de las actividades ilegales detectadas en los límites territoriales del país. Las fuerzas armadas de Argelia mantienen un despliegue constante en las áreas limítrofes, con la finalidad de interceptar movimientos sospechosos y confiscar tanto armas como sustancias ilegales, tal como demuestran los resultados difundidos tras el reciente operativo.

El Ministerio de Defensa concluyó su declaración asegurando el compromiso de las fuerzas armadas con la “lucha sostenida contra las mafias del tráfico de drogas y todo intento de socavar la soberanía y estabilidad nacional”. Según la información oficial citada por el medio, estos procedimientos continuarán en el futuro, manteniendo la vigilancia y las operaciones dirigidas a desarticular redes delictivas presentes en el país.

Más de 172.000 unidades de medicamentos ilegales, valoradas en $3.459 millones, fueron incautadas durante una operación que permitió desarticular una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en el sur de Cali, según informó la Policía Nacional.

En el operativo, capturaron a nueve personas y decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

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En acciones desarrolladas en una vivienda utilizada como centro de acopio y en dos establecimientos comerciales, la Policía Nacional, con apoyo de la Dian, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud de Cali, incautó 172.968 medicamentos.

La Policía Nacional detalló que, de los medicamentos incautados, 55.650 unidades correspondían a uso institucional, 4.105 no tenían registro sanitario expedido por el Invima, 101.427 no cumplían con los requisitos de almacenamiento y 11.786 eran productos de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

La circulación de estos productos ilegales impactó tanto la salud pública como la economía formal, al exponer a la población a la adquisición de medicamentos sin control ni respaldo normativo.

Según la institución, parte de estos correspondía a productos de uso institucional, otros no tenían registro sanitario y algunos eran de origen extranjero sin documentos legales de ingreso, lo que representó un valor comercial de $3.459 millones.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el arma y los medicamentos, en cumplimiento de los procedimientos judiciales establecidos.

“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian y demás autoridades competentes, continuamos desmantelando estas redes criminales, enviando un mensaje claro: cualquier intento de introducir, almacenar o comercializar ilegalmente medicamentos será detectado, judicializado y sancionado con todo el rigor de la ley”, indicó William Rincón, director de la Policía Nacional.

Cómo operaba la red

Según la Policía Nacional, las investigaciones establecieron que la red adquiría fármacos de manera ilegal mediante los sistemas de salud, en algunos casos introduciendo productos de origen extranjero al país por vías terciarias en la frontera sur, eludiendo controles aduaneros y sanitarios. Esta modalidad puso en circulación medicamentos sin garantías de calidad ni trazabilidad, con consecuencias directas para la salud pública.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, señaló en el comunicado que la operación constituyó “un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de medicamentos en el país”.

Añadió que la articulación entre entidades permitió retirar del mercado una cantidad significativa de productos ilegales, que representaban un gran riesgo para los ciudadanos y afectaban las finanzas del Estado.

Según el uniformado, el impacto de estas actividades trascendió lo sanitario, ya que debilitó la economía legal y vulneró a la población que, de manera inadvertida, pudo adquirir medicamentos sin control ni respaldo regulatorio.

Recomendaciones para la compra segura de medicamentos

El comunicado recomendó a la ciudadanía adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y desconfiar de precios demasiado bajos, que podían indicar falsificaciones o irregularidades en el origen del producto.

También instaron a evitar compras en plataformas digitales no verificadas y a utilizar siempre medicamentos prescritos por profesionales de la salud.

La Policía Fiscal y Aduanera dispuso los canales oficiales para recibir denuncias sobre comercialización ilegal: línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, con absoluta reserva para los denunciantes.

Las autoridades mantuvieron y reforzaron los controles y las investigaciones, enviando un mensaje inequívoco: cualquier actividad ilícita relacionada con medicamentos sería detectada y sancionada conforme al alcance de la ley.

“La Policía Nacional y la Dian reafirman su compromiso con la seguridad de todos los colombianos y hacemos un llamado a la ciudadanía a adoptar conductas responsables a la hora de adquirir medicamentos, con el fin de prevenir riesgos graves para la salud”, afirmó la Policía Nacional.

El control del Servicio Tributario y las aduanas en las áreas fronterizas se ha convertido en fuente significativa de corrupción, con implicación de funcionarios militares, que en Apure mantiene vínculos con comerciantes asiáticos para facilitar maniobras ilícitas. El conflicto entre cuatro generales se ha intensificado, por el control de la aduana donde nacionalizan parcialmente mercancías, además el cobro de cuotas extraoficiales a importadores y la garantía que en ninguna alcabala se revise la carga.

Son cuatro los generales en el entramado y conflicto por poder y negocios, que se han enriquecido durante años por lo que genera la aduana de Apure: el exjefe de la ZODI, Robinson José Vera Cumare; MG del Ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, ex comandante de la REDI Los Andes.

Se suma el GD Francisco Alejandro Corona Preciado, ex secretario de Seguridad de Apure, exjefe del CZGNB 35 y de la Misión Barrio Tricolor; y el GD Daniel Alfonso Galarraga Torres, exjefe de la 92 Brigadas Caribes y actual comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 31 del estado Apure.

“El negocio ha sido nacionalizar solo un porcentaje de las cargas, y el resto cobrar una vacuna a los importadores, y cobrarles un dinero adicional por la protección, de manera que los funcionarios de los puntos de control no requisen la carga, no paren las gandolas”, le dice a Infobae un productor fronterizo.

Los generales Galarraga y Vera Cumare, están enfrentados con Ovidio Delgado, por el control de la aduana. “Lo que entra y se nacionaliza con cualquier empresa aduanera que no están en su control, son perseguidos, los detienen, se roban la mercancía y después Galarraga se encarga de que se venda en comercios de su confianza”.

Los comerciantes asiáticos, grandes distribuidores de la mercancía que es traída de Colombia, tienen estrecha relación con todos los generales.

En la aduana de Apure nacionalizan diversos productos, especialmente: azúcar, papel sanitario, aceite comestible, confiterías, galletas, café, arroz, harina de trigo, entre otros. “Los importadores pagan por la protección de las cargas, 3 mil dólares”.

En cuanto al general Galarraga un productor lo describe como “un oficial controlador del contrabando en Apure. A quienes no se alinean con él los detiene e incluso les saquea sus propiedades”.

Generales y esposas

En todo el entramado se cuelan los nombres de tres mujeres, esposas de los altos oficiales. La esposa del General Robinson Vera Cumare es Fresia de Vera, oriunda de El Amparo; “en las reuniones, en Arauca, quien representaba la empresa Vencol era Jessica Tovar de Delgado, esposa del general Ovidio Delgado”, revela un exfuncionario del Seniat, quien agrega que “los negocios del general Vera en Apure los está manejando su cuñado Libardo”.

Un habitante de San Fernando de Apure refiere que “en el negocio de los fletes, parte de las gandolas con del General Francisco Corona, cuya empresa de transporte está a nombre de su esposa Jenifer Matiz de Corona; los depósitos de Corona están detrás de la ZODI, donde tiene los galpones. Ella mueve todas las finanzas del general, además del transporte y otros negocios”.

Como representante legal de la empresa Vencol ante el SENIAT, es decir la agente aduanal Frontera Vencol, según registro J-40716756-1, está Yulis Amadeley de la Trinidad Sojo Martínez, una muchacha de Guárico, la menor de once hermanos. “Yulis era la secretaria de la esposa del general Delgado Ramírez y se encuentra en España, al parecer viviendo en Madrid”, relata a Infobae un exfuncionario del Seniat.

Vencol es una empresa venezolana especializada en logística integral, importación y exportación, autorizada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para gestionar trámites ante diversas aduanas principales del país; su sede principal está en Puerto Cabello, estado Carabobo y opera, además, en las aduanas de La Guaira, Guanta y El Amparo.

Ante la pregunta de Infobae a un agente aduanal de cómo entra a formar parte el general Galarraga en ese conflicto entre generales, responde que “en el control de la aduana hace parte Galarraga, porque controla todo, a través de Diana María Armirola Vanegas, una mujer colombovenezolana, a su servicio en la aduana”, quien es esposa de Pedro Panza.

El poder militar

Desde el 2004, Hugo Rafael Chávez Frías ingresó al círculo de poder al coronel (Ej) Ramón Alonso Carrizález Rengifo; le dio cargos de ministro, incluso de la Defensa y lo designó Vicepresidente Ejecutivo en el 2008, cuando sale hacia el estado Apure, designándolo como gobernador, cargo que ocupa durante 10 años, pero consolida un poder regional.

Carrizález entrega, en noviembre 2021, la Gobernación del estado Apure a Germán Eduardo Piñate Rodríguez, pero continúa controlando la aduana, a través del apoyo de Diosdado Cabello, cuyo hermano, José David Cabello Rondón, es el Superintendente de la Administración Aduanera y Tributaria.

Así empoderaron de Gerente de Aduanas a Luis Eduardo Tolosa Duarte a quien en el Alto Apure relacionan al Estado Mayor de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). Fue director General de la Alcaldía del municipio Páez con el Partido Patria Para Todos (PTT).

Así mismo, Tolosa fue Comisionado para el Alto Apure en la gobernación de Carrizales. Desde el 8 de febrero 2022, hasta noviembre 2025, fue gerente de la Aduana del Amparo, Apure, cargo del que sale por el enfrentamiento entre los generales Delgado y Vera.

Lo envían a la Aduana de Táchira, pero el 6 de enero 2026, José David Cabello lo nombra Gerente de la Aduana Principal de Las Piedras, península de Paraguaná, estado Falcón, según Providencia Administrativa SNAT/2026/00001, publicada en Gaceta Oficial Nº 43.295.

“Luis Tolosa y Vera Cumare tienen un hotel en Pueblo Viejo, Guasdualito, que fue inaugurado en diciembre. Ese hotel, que salió de esos dineros de la Aduana, está a nombre de Pedro Panza alias Peche”, le dice a Infobae un vecino del municipio Páez.

El ocaso de Delgado

El Mayor General del Ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, destacado oficial, número 6 de la promoción 1989 “GD Cornelio Muñoz“, ocupó hasta julio de 2021 el cargo de Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Nº 2 Los Andes.

En ese periodo, era uno de los siete militares con mayor capacidad de fuego en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). También de los que hace fuertes apuestas en las peleas de gallos, algunas de ellas en Arauca.

Identificado como uno de los colaboradores más cercanos a Diosdado Cabello, el alto oficial se perfilaba hacia el Alto Mando Militar. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida tras el estallido del conflicto fronterizo, el 21 de marzo 2021, cuando se enfrentaron el Ejército venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dejando, al término del conflicto, un saldo de 18 militares fallecidos.

En ese contexto, fue detenida una bella joven llamada María José Gualdrón Rivas, amiga del general, conocida por sus vínculos en la frontera con grupos guerrilleros, primero con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y posteriormente como enlace de las FARC, tras su ingreso al ejército venezolano, y su actividad en el Alto Apure.

La aprehensión de Gualdrón, en abril 2021, por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde fue sometida a torturas y desaparición forzada, antes de ser trasladada al Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, estado Táchira, marcó el ocaso de Delgado. La relación con la joven precipitó su salida de la REDI y su asignación a un puesto de escasa relevancia.

Aunque el MG Ovidio Delgado mantiene estrecha relación con la zona fronteriza, desde que sale de la REDI en 2021, desapareció de la esfera pública, dejando atrás sus habituales declaraciones a favor de la revolución bolivariana y de sus líderes, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Tampoco retomó sus polémicos discursos, como el pronunciado en febrero de 2021 durante el aniversario de la Defensoría del Pueblo, en el Consejo Legislativo del Táchira, donde amenazó con atacar objetivos estratégicos en la vecina población de Cúcuta si se producía una incursión militar colombiana en territorio venezolano.

Dos semanas antes, en una parada militar celebrada en el Cuartel Rivas Dávila, sede de la 221° Brigada de Infantería “General en Jefe Justo Briceño” en Mérida, con motivo del intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Delgado instó a la “lealtad al proceso revolucionario”, asegurando que “la revolución es irreversible y transita hacia la mayor suma de felicidad y justicia social para el pueblo”.

General con influencias

Robinson José Vera Cumare fue jefe de la 92 Brigada Caribe y, en el año 2020, llegó a jefe de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del fronterizo estado Apure, luego del extraño asesinato del general Sergio Negrín Alvarado quien se encaminaba a tomar la jefatura del Comando de Zona Nr. 35 de Apure.

En julio 2025, según Resolución 60498, Vera es retirado de la vida activa en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de un desempeño militar rodeado de oscuros episodios, como el presentado, en diciembre 2017, por Dayana Daniela Díaz Piñero.

Esta mujer de origen colombiano denunció ante organismos venezolanos y el Consulado de Colombia en Guasdualito, Apure, al entonces jefe de la Brigada Caribe, Vera Cumare y a otros funcionarios, por la desaparición de su concubino César Eduardo Sánchez y del inquilino Jeison Pardo León, quienes habitaban en el barrio La Primavera de Guasdualito, municipio Páez de Apure.

Un informe de la OCCRP, una de las mayores organizaciones de periodismo de investigación del mundo, con sede en ámsterdam, que estudia e investiga casos de Delincuencia Organizada y Corrupción, ha publicado que el general Vera Cumare, según el registro de contratistas, poseía acciones de la Cooperativa Jerusalén 24, fundada en 2005, empresa que ha obtenido decenas de contratos públicos en Venezuela, incluido el suministro de frutas y verduras a un centro educativo público.

Quizá el más relevante de esos controversiales episodios que involucran al otrora poderoso general Vera Cumare es porque crea el antecedente que lleva al conflicto en Apure, entre marzo y junio 2021, dejando 18 militares venezolanos muertos en el enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las disidencias de las FARC.

Hasta ese momento, según testimonios de los habitantes de la zona, la relación de los jefes militares apureños, incluyendo a Vera Cumare, con los comandantes de la guerrilla, era fluida por los diversos negocios ilegales en la frontera, como lo reveló a Infobae, en enero 2022, un colaborador del Décimo Frente de las FARC, la disidencia de la guerrilla al mando de Gentil Duarte.

Unos meses antes, el 19 de septiembre 2020, el General de División (Ej) Robinson José Vera Cumare, como jefe de la ZODI Apure, lleva a cabo la Operación Escudo Bolivariano 2020 Centauro de los Llanos, atacando un campamento de las disidencias de las FARC; en ese lugar eran asiduos visitantes dirigentes políticos y militares de la revolución bolivariana.

En esa operación murieron cuatro militares venezolanos: los sargentos del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva y Reiber David Chirino Reyes, así como los tenientes Augusto David Linares Delgado y Miguel ángel Mora García. Además, heridos el francotirador Franklin Enrique Ruiz Ramírez, y los cabos Fernando de Jesús Belisario y álvaro Gilberto Gregorio.

Un coronel que conversó con Infobae, en octubre 2021, dijo que “la operación del 19 de septiembre 2020 fue un desastre. Murieron cuatro militares y solo un guerrillero. Participaron más de 300 militares que trajeron de Caracas, Brigadas de Fuerzas Especiales, brigada de Paracaidistas, pero que no conocían la zona”.

La intervención incluyó la elaboración de actas por infracciones administrativas vinculadas tanto al contrabando de tabaco como a la importación irregular de medicamentos, según consignó la Guardia Civil en un comunicado citado por varios medios españoles. De acuerdo con la información divulgada por la Guardia Civil y publicada por la prensa local, todos los productos incautados se pusieron a disposición de la autoridad aduanera correspondiente en A Coruña.

Según informó la Guardia Civil, el operativo se llevó a cabo el pasado 10 de marzo en la terminal del aeropuerto coruñés de Alvedro, durante un control aleatorio que efectuaron agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras. Ese día, tras la llegada de un vuelo procedente de Madrid cuyo origen inicial era Cuba, los agentes observaron a un hombre de 41 años que pronto captó su atención. Una vez recogido su equipaje, el viajero se dirigía a salir por el circuito verde, reservado para pasajeros que declaran no llevar mercancía sometida a control o tributos.

Tal como publicó la Guardia Civil, la intervención tuvo lugar después de que los agentes solicitaron información al pasajero sobre la mercancía que transportaba y este respondiera que portaba únicamente dos mazos de puros. Tras esta declaración, los funcionarios decidieron revisar el contenido del equipaje, en el que encontraron mercancía que rebasaba de manera significativa los límites legales de importación para consumo propio. Entre los objetos localizados había 80 pastillas de viagra, 198 puros habanos y 22 cartones de tabaco, equivalentes a unos 4.400 cigarrillos.

El medio detalló que el pasajero carecía de la documentación sanitaria y aduanera obligatoria para introducir tanto los medicamentos como el tabaco en territorio español. Debido a ello, los agentes levantaron actas por infracción administrativa, tipificadas como contrabando de labores de tabaco y como infracción en la importación de productos farmacéuticos regulados. Según consignó la Guardia Civil, estos productos quedaron inmovilizados y bajo custodia de la dependencia de Aduanas de A Coruña para la apertura de los procedimientos legalmente establecidos.

Los controles aleatorios en los aeropuertos forman parte de las medidas de vigilancia implementadas para prevenir la entrada indebida de mercancías reguladas. La normativa vigente establece límites precisos para el ingreso de tabaco y medicamentos sin fines comerciales, así como el requerimiento de poseer certificados o autorizaciones sanitarias y aduaneras adecuadas. En el caso específico de los productos farmacéuticos, como los comprimidos de viagra detectados, se exige justificar tanto la necesidad terapéutica como la procedencia legal de los medicamentos.

La intervención de la Guardia Civil busca prevenir tanto la evasión fiscal como la circulación irregular de productos cuya distribución está controlada por razones sanitarias y de salud pública. Las sanciones administrativas derivadas de este tipo de infracciones pueden incluir la incautación de la mercancía, multas económicas y, en situaciones más graves, procesos judiciales según lo establecido en la legislación española contra el contrabando y la importación indebida de bienes.

La Guardia Civil precisó en su comunicado que estas actuaciones se enmarcan en los programas de control y fiscalización en aduanas, especialmente dirigidos a vuelos procedentes de países considerados sensibles por el volumen o la tipología de mercancía que suelen transportar determinados pasajeros. Cada una de las actuaciones realizadas queda documentada y revisada por las autoridades competentes, que determinan el destino final de los objetos incautados conforme a la regulación vigente.

Un operativo sorpresa en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi terminó con la detención de Zhang Kequn, un ciudadano chino de 27 años, acusado de intentar sacar del país más de 2.200 hormigas reinas vivas ocultas en su equipaje. El hallazgo, realizado durante un control de seguridad, destapó una de las incautaciones de insectos más grandes registradas en Kenia, según informaron autoridades judiciales citadas por The Independent y la BBC.

Los investigadores localizaron 1.948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos de ensayo y otras 300 escondidas en rollos de papel de seda, listas para ser transportadas hacia China. El ciudadano asiático llevaba dos semanas en el país africano e identificaron al menos tres cómplices que le suministraban los insectos, según consta en los documentos oficiales del caso.

Tras el arresto, las autoridades suspendieron el pasaporte del acusado, quien ya había evadido la detención en 2023 utilizando documentación diferente. Entre las pertenencias incautadas se encuentran un iPhone y una MacBook, que serán sometidos a peritaje. El tribunal autorizó la retención del sospechoso por cinco días mientras avanza la investigación.

La red de contrabando de hormigas en Kenia

La detención de Zhang Kequn ha puesto al descubierto una red internacional dedicada al tráfico de hormigas, con conexiones en Kenia, Asia y Europa. Según documentos judiciales citados por The Independent y BBC, el ciudadano chino formaba parte de una organización que suministraba los ejemplares a coleccionistas y aficionados dispuestos a pagar grandes sumas por colonias vivas.

Durante el interrogatorio, Zhang mencionó a tres cómplices locales encargados de recolectar las hormigas en distintos puntos de Kenia. Los investigadores detallaron que el cargamento se distribuía en tubos de ensayo y rollos de papel de seda, una técnica que buscaba facilitar el transporte discreto y mantener a los insectos en condiciones de supervivencia, según consta en ambos medios.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) informó al tribunal que el tráfico de estos insectos se ha extendido y que se esperan más arrestos en otras ciudades del país. La investigación involucra el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados al detenido, en busca de pruebas sobre la estructura y alcance de la red. The Independent remarca que recientemente, en Bangkok, se incautó otro envío de hormigas procedente de Kenia, lo que confirma la existencia de rutas de contrabando transcontinentales.

Las autoridades sospechan que Zhang era el principal organizador de la red, por su reciente antecedente con una identidad falsa, según información de BBC. Este modus operandi revela la profesionalización del tráfico y la creciente demanda internacional por especies exóticas y valiosas.

Valor de las hormigas e insectos en Kenia

El comercio de hormigas en el país africano está sujeto a una normativa específica: las exportaciones solo se permiten con licencias adecuadas, aunque la legislación resulta compleja y poco clara. Además, los insectos están protegidos por tratados internacionales de biodiversidad, y su comercialización se encuentra altamente regulada para evitar la explotación indiscriminada de especies nativas.

El auge del tráfico responde a una demanda creciente en mercados de Europa y Asia, donde coleccionistas y aficionados buscan especies exóticas para mantenerlas como mascotas en recintos especializados llamados hormigueros. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia advirtió ya en 2023 sobre la popularidad de las Messor cephalotes, conocidas como hormigas cosechadoras gigantes africanas, entre compradores internacionales.

Un antecedente relevante se produjo en mayo del año pasado, cuando un tribunal keniano condenó a cuatro personas (dos belgas, un vietnamita y un keniano) a un año de prisión o al pago de una multa de USD 7.700 cada uno por intentar sacar miles de hormigas reinas vivas del país. Este caso, recogido por BBC y The Independent, fue calificado como pionero por las autoridades y marcó un precedente en la persecución penal del tráfico de especies menos visibles.

El valor de mercado de estas hormigas es considerable. Según el promedio de precios en tiendas especializadas del Reino Unido, cada reina incautada puede alcanzar los USD 233, lo que transforma cada incautación exitosa en una operación de alto impacto económico para las redes de tráfico y para los países de origen.

De este modo, la sustracción masiva de los ecosistemas kenianos genera preocupación entre los expertos y las autoridades, quienes advierten que el impacto ambiental es grave. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia agrega que estas especies cumplen un papel clave en la salud del suelo y en la preservación de la biodiversidad, ya que su eliminación podría alterar procesos ecológicos esenciales.

El fenómeno refleja un cambio en la biopiratería, que históricamente se focalizaba en la extracción y tráfico de especies emblemáticas como el marfil de elefante. Ahora, las redes delictivas han desplazado su interés hacia especies menos conocidas, pero igualmente valiosas para los hábitats.

Junto con el político, otros cuatro exintegrantes de la Policía Nacional fueron cobijados con la medida de aseguramiento intramural:

• Capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros
• Patrullero (r) José Luis Olaya Caicedo
• Patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido como “Zorro”.
• Patrullero (r) Édgar Humberto Bacca

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Las investigaciones adelantadas hasta el momento por la Fiscalía indican que los procesados hicieron parte de una red de corrupción que ayudó a que se ejecutaran actividades de contrabando de alias Papá Pitufo. Su actuar ilícito sirvió para garantizar el ingreso irregular de mercancías en los puertos del Caribe. Esto, a cambio de beneficios económicos (a los que llamaban cachetadas) que alcanzaban los $300 millones.

“Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”, detalló el ente acusador.

Por otro lado, según la Fiscalía, el capitán en retiro Salazar Piñeros, que fungió como jefe de la División Operativa de la Polfa en Cartagena, habría intervenido en el direccionado a algunos subalternos para lograr que mercancía de contrabando salieran de los puertos. De esta manera, productos como textiles y cigarrillos que no tenían documentación aduanera ni permisos completos llegaron a distintas ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela; fueron trasladados por vía terrestre.

El ex jefe de la división de la Polfa también habría ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida por las autoridades. Esto, mientras los productos eran trasladados en las carreteras del departamento del Atlántico. Aunado a ello, habría pagado el arriendo de un apartahotel en Cartagena para que un presunto miembro de la red de corrupción se hospedara allí; el huésped sería un mayor de la Policía.

Sobre el patrullero (r) Olaya Caicedo, el ente acusador identificó que, presuntamente, habría perfilado a uniformados de la Polfa que podrían hacer parte de la red criminal. También habría recolectado dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas.

El patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora se habría encargado de “dinamizar” la entrega de dinero a los involucrados, entre ellos, un uniformado que actuaba como agente encubierto, el cual recibió $34 millones. “Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo”, precisó.

De igual manera, el patrullero (r) Édgar Humberto Bacca habría estado involucrado en el ingreso de mercancía de contrabando, como cacharrería y cigarrillos, por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Presuntamente, dio instrucciones a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le informaran sobre productos que no debían ser registrados.

“Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto”, explicó la Fiscalía.

Así las cosas, el excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Los patrulleros (r) y el capitán en retiro también fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, pero a Salazar Piñeros se le adicionó el delito de influencias de servidor público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Colombia y recogida por distintos medios, Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado en las elecciones de este domingo, fue detenido tras acudir a votar en un colegio electoral por su presunta implicación en una red de contrabando que operaba en el país y que tendría como líder a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” o “El Viejo”. Junto a Gómez Castro también fueron arrestados cuatro exmiembros de la Policía Nacional, sospechosos de desempeñar roles clave dentro de esta estructura delictiva. Según consignó la Fiscalía, Gómez Castro y los exagentes permanecen bajo custodia y serán presentados ante un juez de control de garantías, acusados formalmente de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, así como de concierto para delinquir agravado.

La operación, anunciada por las autoridades colombianas y reportada por la Fiscalía en un comunicado oficial, señala que los detenidos fueron sorprendidos al momento de ejercer su derecho al voto. Personal de la Dirección Especializada contra la Corrupción coordinó el despliegue para ejecutar la captura en diferentes centros de votación. El organismo indicó que la investigación identificó una supuesta red de corrupción con ramificaciones nacionales y regionales, centrada en el ingreso, circulación y venta de mercancía de contrabando a cambio de pagos a funcionarios y agentes. La estructura liderada por Diego Marín Buitrago ha sido catalogada oficialmente como uno de los principales engranajes en el comercio ilícito dentro del territorio colombiano.

El medio también destacó que Gómez Castro habría mantenido contacto directo con representantes y funcionarios de entidades públicas en varios niveles, con el objetivo de comprar voluntades y facilitar la entrada y distribución de productos ilegales provenientes de contrabando. Según detalló la Fiscalía, el aspirante al Senado habría negociado entregas de dinero para asegurar la complicidad de empleados estatales y garantizar así el funcionamiento del esquema. Los cuatro exagentes de la Policía Nacional señalados como partícipes en la organización cumplían funciones adicionales relacionadas con la protección y apoyo logístico a estas actividades ilícitas.

En el centro de la red de contrabando que desarticuló la Fiscalía, figura Diego Marín Buitrago, identificado por las autoridades con los alias de “Papá Pitufo” y “El Viejo”. Según la Fiscalía y otras fuentes oficiales publicadas por medios noticiosos, Marín Buitrago es considerado como uno de los contrabandistas de mayor relevancia en Colombia, vinculado durante años a múltiples operaciones de tráfico ilegal de mercancía. Su historial con la justicia cuenta con antecedentes a nivel internacional: en 2024, agentes de seguridad española lograron capturarlo en la ciudad de Gandía, aunque posteriormente un juez en ese país le concedió la libertad provisional.

Luego, Diego Marín fue arrestado nuevamente, en Portugal, donde las autoridades nacionales solicitaron formalmente la extradición del sospechoso a Colombia. A pesar de los pedidos de Bogotá respaldados por entregas documentales que, según sostuvo el presidente colombiano Gustavo Petro, evidenciaban las actividades ilícitas, un tribunal portugués dispuso su liberación provisional en junio de 2025 y le permitió presentar una solicitud de asilo político. Tal como consignó la prensa nacional y la Fiscalía, este episodio generó críticas desde la administración colombiana, encabezada por Gustavo Petro, quien manifestó su inconformidad con la decisión de la justicia portuguesa y reiteró que se habían entregado pruebas ante el Supremo de Portugal sobre las acciones delictivas de Marín Buitrago en el país suramericano.

El operativo que resultó en la detención de Freddy Camilo Gómez Castro y los exagentes se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre estructuras criminales dedicadas al contrabando, fenómeno que ha impactado de manera significativa la economía y la institucionalidad en Colombia. La Fiscalía remarcó la importancia de la vinculación de actores políticos y exmiembros de la fuerza pública, quienes, de acuerdo a las indagaciones, habrían conformado redes y alianzas con organizaciones criminales para facilitar el tránsito de mercancía no autorizada.

En las acusaciones presentadas, el Ministerio Público sostiene que las personas detenidas serán formalmente imputadas por su presunta participación en un entramado cuyo fin era la obtención de beneficios económicos ilícitos a costa de la legalidad y el control estatal. Conforme a la cronología y los testimonios citados en los comunicados oficiales, las detenciones durante la jornada electoral ilustran el alcance del operativo y la relevancia de las investigaciones que aún continúan en curso.

El medio reportó que la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de vincular a otros sospechosos y que las acciones judiciales futuras buscarán desmantelar completamente las redes de corrupción en torno al contrabando, especialmente en los puntos fronterizos y en las cadenas de distribución internas. Las autoridades afirmaron que las pesquisas continuarán para identificar a más personas que puedan estar asociadas a la estructura encabezada por Diego Marín Buitrago y para establecer el verdadero alcance de las actividades ilícitas en el territorio nacional.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado por las autoridades como el “zar del contrabando”.

La diligencia judicial se realizó de manera reservada este lunes 9 de marzo ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Durante la audiencia, el ente acusador presentó los elementos de investigación que vincularían a los implicados con una estructura dedicada a facilitar el ingreso y circulación de mercancía ilegal en el país.

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Junto con Gómez también fueron imputados José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, todos exintegrantes de la Policía Nacional.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Los delitos imputados por la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, los cinco investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.

Según la investigación, estas personas habrían integrado una red de corrupción que favorecía las operaciones de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido también como ‘El Viejo’.

“La investigación da cuenta de que estas personas harían parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’”, indicó la Fiscalía en su informe según Caracol Radio.

Las autoridades sostienen que la organización habría operado principalmente entre los años 2023 y 2024, período durante el cual presuntamente se realizaron pagos ilícitos a funcionarios para permitir el ingreso y la comercialización de mercancía ilegal en el país.

La captura del excandidato al Senado

Según la Fiscalía, el excandidato al Senado fue notificado de un requerimiento judicial vigente en su contra luego de ejercer su derecho al voto en un puesto de votación ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y posteriormente fue presentada ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento.

Las autoridades señalan que Gómez Castro habría tenido un papel clave dentro de la estructura criminal, actuando como uno de los presuntos articuladores de la red.

El rol que habría tenido Freddy Camilo Gómez

De acuerdo con la investigación, el excandidato al Senado habría sido el encargado de establecer contactos con funcionarios públicos y entidades del Estado para facilitar las operaciones de contrabando.

La Fiscalía sostiene que Gómez Castro mantenía comunicación con representantes de entidades del orden nacional y regional, así como con integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y miembros de la Rama Judicial.

El objetivo de estos contactos, según el ente investigador, era garantizar que mercancía ilegal pudiera ingresar al país, circular y ser comercializada sin controles.

“Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, señaló el ente acusador de acuerdo con Caracol Radio.

El papel de los expolicías en la red

La investigación también apunta a que los cuatro exintegrantes de la Policía Nacional habrían desempeñado funciones específicas dentro de la estructura de corrupción.

Según la Fiscalía, José Luis Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar con la red.

Además, presuntamente recolectaba dinero entre comerciantes de Cartagena para entregar sobornos a miembros de la fuerza pública.

Por su parte, Édgar Humberto Bacca Suárez habría tenido un rol directamente relacionado con el ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. La investigación señala que contactaba agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser inspeccionados.

En cuanto a Faudel Luis Salazar Piñeros, quien se desempeñó como jefe de la POLFA en Cartagena, la Fiscalía sostiene que habría bloqueado operativos de incautación de mercancía ilegal para beneficiar a la organización.

Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora es señalado de recibir y distribuir los pagos ilícitos entre los uniformados involucrados en la estructura.

Contrabando en puertos del Caribe

Las pesquisas de la Fiscalía indican que la red operaba principalmente en puertos estratégicos del Caribe colombiano, especialmente en Barranquilla y Cartagena.

Según el ente acusador, la organización habría logrado infiltrar funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para evitar controles sobre contenedores con mercancía ilegal.

De esta forma, los cargamentos de contrabando podían ingresar al territorio nacional sin ser detectados ni incautados, lo que habría generado importantes beneficios económicos para la estructura criminal.

Proceso judicial en curso

Tras la imputación de cargos, el proceso judicial contra los cinco investigados continuará en las próximas etapas procesales, en las que se definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará recopilando pruebas para esclarecer el alcance de la presunta red de corrupción y determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en las actividades de contrabando vinculadas a alias ‘Papá Pitufo’.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó la extradición de un ciudadano dominicano acusado de participar en una organización internacional de tráfico de drogas, tras un proceso coordinado con las autoridades de la Confederación Suiza.

El hombre, de 40 años y nacionalidad dominicana, fue identificado como presunto responsable de captar personas en Argentina dispuestas a transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo, con destino a distintos países de Europa, principalmente desde Brasil.

La investigación señala que el acusado proporcionaba apoyo logístico y financiero a la estructura criminal desde el exterior, además de coordinar los viajes que posibilitaban el traslado de los estupefacientes. Según el expediente, la acusación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red de contrabando de drogas con alcance internacional.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, encabezado por Gustavo Darío Meirovich, con la Secretaría N° 15 a cargo interino de Milagros Stoddart. El juzgado requirió la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que activó una notificación roja para dar con el paradero del imputado.

Fuentes oficiales explicaron que la búsqueda incluyó múltiples consultas a bases de datos nacionales e internacionales y el trabajo conjunto con diversas oficinas centrales nacionales de Interpol.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reportó que, tras el análisis de información compartida entre agencias, surgió la pista de que el buscado tenía un domicilio registrado en Ámsterdam, Países Bajos. Este dato resultó clave para orientar la localización en territorio europeo. Más tarde, autoridades de la Confederación Suiza comunicaron que el ciudadano dominicano había sido retenido en julio de 2025 en ese país, donde permanecía bajo detención preventiva a la espera de resolución judicial.

A partir de la confirmación de la identidad y la imputación, Interpol Suiza notificó formalmente a la justicia argentina, dando lugar al inicio del proceso de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que la solicitud de extradición fue concedida en febrero de este año. A raíz de esta decisión, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA organizó el operativo para concretar el traslado.

Una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional viajó a la ciudad de Zúrich para asumir la custodia del detenido. El viaje de regreso a Buenos Aires se llevó a cabo en un vuelo comercial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación policial. El traslado fue coordinado con las autoridades suizas e intermediado por la red de Interpol, de acuerdo con la información brindada por el Gobierno argentino.

Una vez en Argentina, el ciudadano dominicano fue puesto a disposición del juzgado interviniente, donde continuará el proceso judicial correspondiente a los cargos de tráfico internacional de estupefacientes y contrabando agravado.

Infobae Colombia pudo conocer que el mayor Kevin Castaño Flórez, investigador principal en casos de corrupción portuaria y contrabando, logró que se dejara sin efecto su traslado a Arauca, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que la Policía Nacional no evaluó correctamente el nivel extraordinario de riesgo al que estaba expuesto.

La decisión obliga al reintegro inmediato de Castaño a su puesto anterior y la adopción de medidas de protección urgentes, que deben implementarse en un plazo máximo de 48 horas.

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Castaño Flórez lideró investigaciones en puertos estratégicos como Cartagena, Buenaventura y Cali, impulsando capturas de oficiales activos y retirados, y llevando a juicio a redes que afectaban la administración pública, incluyendo operaciones vinculadas a alias Papá Pitufo, según consta en el documento.

El Comité de la Policía Nacional había evaluado su riesgo como “extraordinario”, otorgándole protección durante 12 meses hasta febrero de 2026, pero la institución no renovó ni amplió la protección ni suspendió la reasignación, a pesar de la persistencia de las amenazas.

Las presuntas amenazas internas de la Policía

El traslado se materializó el 24 de diciembre de 2025, durante las vacaciones del oficial, bajo la justificación de necesidades del servicio.

Según la información obtenida por este medio, la decisión provocó que ocho funcionarios fueran retirados del grupo investigador encargado de casos complejos de corrupción y contrabando, con similitudes al modus operandi de alias Papá Pitufo, quien fue capturado gracias a las pesquisas lideradas por el mayor.

La expreciencia de los investigadores habían permitido seguir investigaciones en las que bandas delictivas recibían pagos ilícitos, involucrando a servidores públicos en delitos contra la administración.

El fallo judicial revierte una decisión anterior que había negado la tutela presentada por el mayor Castaño y subraya que el traslado a Arauca, una región catalogada por la Defensoría del Pueblo como de riesgo extremo por la presencia de grupos armados ilegales, se ejecutó sin un análisis adecuado de las circunstancias especiales de seguridad del uniformado.

La magistrada ponente, Xenia Rocío Trujillo Hernández, calificó la decisión como una medida que “maximiza los riesgos para su vida” y que no contempló el contexto de amenazas previas ni la notoriedad mediática del caso.

¿Pipe Tuluá y Papá Pitufo?

Infobae Colombia pudo conocer que, durante los años anteriores, los funcionarios ya habían enfrentado situaciones de riesgo extremo.

En octubre de 2024, un informe de inteligencia habría reportado que La Inmaculada, dirigida por el ahora extraditado Pipe Tuluá, intentó establecer contacto con alias Papá Pitufo a través de un intermediario legal, en operaciones por cerca de mil millones de pesos, con la intención de atentar directamente contra la vida de uno de los ocho funcionarios.

En noviembre de 2025, se registraron mensajes amenazantes dirigidos a las vícitimas, advirtiendo que su traslado afectaría su seguridad y las de sus familias. El traslado en diciembre consolidó los riesgos a los que estaban expuesto, en un entorno donde la presencia de grupos armados ilegales es alta.

El tribunal halló que la resolución de traslado no admitía recursos administrativos, dejando al oficial sin posibilidad de oponerse al cambio a través de vías internas, y señaló que la Policía no realizó una actualización de su nivel de riesgo bajo el argumento de que el oficial no había acudido a entrevistas programadas, las cuales coincidieron con su periodo vacacional.

La corte calificó como injustificada esta atribución de responsabilidad al investigador.

Reintegro y suspensión de traspaso

La decisión judicial enfatiza que la Policía Nacional tiene la obligación constitucional de proteger la vida e integridad de sus funcionarios, especialmente de aquellos que enfrentan amenazas derivadas de investigaciones de alto impacto.

Asimismo, resalta la necesidad de medidas inmediatas de protección, coordinadas con el oficial y basadas en un estudio actualizado del nivel de riesgo, para garantizar que su labor continúe sin represalias ni obstáculos.

El medio también pudo conocer que, en algunos casos, los estudios de riesgo elaborados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) se han calificado como “ordinarios”, dejando de lado amenazas graves y situaciones de riesgo real que enfrentan los funcionarios.

Esta clasificación reduce la posibilidad de que los investigadores puedan acudir a vías constitucionales para exigir protección efectiva, pese a que su labor los expone a peligros extraordinarios y amenazas concretas derivadas de su trabajo en investigaciones de alto impacto.

El Ejército de Siria informó que las unidades destacadas en las zonas limítrofes con Líbano e Irak conforman principalmente batallones de la Guardia Fronteriza y de reconocimiento, los cuales asumen el encargo directo de observar el movimiento en pasos fronterizos y prevenir el contrabando y otras prácticas ilícitas. Esta acción responde a la actual tensión derivada de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado, episodio que, según consignó la agencia estatal SANA, ya dejó cerca de 800 personas fallecidas en territorio iraní.

De acuerdo con SANA, la decisión de aumentar la presencia militar en las fronteras forma parte de una estrategia oficial, comunicada este martes por el Comando de Operaciones del Ejército de Siria, destinada a fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso internacional y responder a escenarios de potencial propagación del conflicto. En el comunicado difundido por el órgano militar, las autoridades detallaron que el despliegue adicional busca consolidar el control sobre los límites nacionales, ante la escalada de violencia regional.

El medio SANA reportó que las unidades movilizadas se enfocan en patrullar áreas consideradas críticas para el tránsito de personas y mercancías, con la misión de supervisar el tráfico fronterizo y enfrentar actividades ilícitas asociadas al contrabando. Esta postura reactiva del gobierno de Damasco adquiere especial relevancia ante el incremento de tensiones en el Medio Oriente, luego del inicio de la ofensiva militar coordinada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Según el reporte de la agencia, la situación motivó que el ejército sirio intensifique sus labores de reconocimiento en posiciones estratégicas.

El despliegue ampliado involucra recursos humanos y logísticos que, según comunicó el ejército a través de SANA, reforzarán los controles en los cruces hacia Líbano e Irak, dos países que históricamente presentan desafíos en relación a la seguridad y el flujo no autorizado de bienes. Las autoridades sirias destacaron que se trata de una medida orientada a anticipar riesgos, evitar el aumento de acciones ilegales, y mantener la integridad de las fronteras nacionales durante el periodo de alta tensión en la región.

El conflicto abierto desde el pasado sábado generó inquietud por la posibilidad de que las hostilidades o los desplazamientos irregulares atraviesen las líneas fronterizas, lo que llevó a Siria a enfatizar en labores de supervisión. Como destacó SANA, la vigilancia elevada pretende tanto disuadir como responder rápidamente a cualquier intento de violación fronteriza, en sincronía con esfuerzos regionales por contener la expansión del conflicto armado.

Los batallones asignados a las zonas limítrofes cuentan con órdenes de control estricto, de acuerdo con la directriz divulgada por el Comando de Operaciones. El cuerpo militar explicó que el enfoque no solo abarca la seguridad convencional, sino también la identificación y neutralización de potenciales redes de contrabando que, según las autoridades, suelen intensificarse ante situaciones de conflicto.

El reporte de SANA enfatizó que la iniciativa de Damasco se da en el marco de la intensificación de enfrentamientos regionales y el temor a un desbordamiento del actual conflicto que afecta a Irán. El aumento de efectivos y recursos en los pasos con Líbano e Irak surge como respuesta directa al riesgo de que la violencia se traslade más allá de las fronteras iraníes, provocando desplazamiento de personas y multiplicación de actividades ilícitas vinculadas al comercio no regulado.

El balance de víctimas en Irán, calculado en cerca de 800 personas fallecidas según la cobertura de SANA, refleja la magnitud de la crisis que afronta la región. Las autoridades sirias manifestaron en su comunicado la intención de prevenir cualquier tipo de infiltración que pueda derivar en amenazas a la seguridad dentro de territorio sirio. El despliegue comunicó un mensaje de vigilancia permanente y preparación frente a escenarios cambiantes e imprevisibles.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió SANA, el Comando de Operaciones del Ejército permanecerá atento a los desarrollos en la frontera, manteniendo la capacidad de reorganizar posiciones en función del curso del conflicto y de las necesidades de protección nacional. También informó que esta medida puede adaptarse dinámicamente a las variaciones en la situación regional.

Por último, el comunicado del ejército agrupó la misión de los efectivos desplegados en el refuerzo de la integridad de las fronteras estatales, la detección temprana de amenazas y la cooperación interagencial para la gestión de los riesgos asociados al conflicto en desarrollo. SANA subrayó que la operación de vigilancia ampliada continuará según lo requiera el contexto, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad militar siria.

El procedimiento, realizado en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires, incluyó seis diligencias de registro y allanamiento en establecimientos comerciales y una vivienda empleada para la fabricación y distribución ilegal de productos tecnológicos, según informó el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

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El operativo, desarrollado en articulación entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación, permitió incautar 25.862 insumos que utilizaban de forma ilegal una reconocida marca tecnológica, de acuerdo con el reporte oficial difundido por el alto oficial, el martes 3 de marzo.

Es preciso mencionar que, durante las diligencias también se halló un proveedor para pistola calibre 9 mm junto con munición, elementos que quedaron a disposición de la autoridad pertinente.

Productos falsificados y afectación a la economía legal

De acuerdo con el general Rincón Zambrano, los artículos y componentes incautados no cumplen con los estándares de autenticidad ni de calidad definidos por el titular de la marca afectada.

El dictamen técnico elaborado por peritos autorizados determinó que la comercialización de estos productos supone una afectación directa a la economía formal y vulnera los derechos de propiedad intelectual. Con base en el comunicado, la red desmantelada operaba desde una vivienda utilizada clandestinamente como centro de producción y distribución.

El valor de la mercancía incautada, superior a los 2,7 millones de dólares, evidencia el impacto económico de este tipo de actividades ilícitas. El director de la Policía Nacional subrayó que la acción conjunta de las instituciones busca proteger la economía formal y garantizar la legalidad en el sector tecnológico, al tiempo que se combate la comercialización de productos falsificados que pueden poner en riesgo a los consumidores.

Compromiso institucional

“Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la economía formal, la legalidad y la seguridad ciudadana, combatiendo de manera frontal las redes dedicadas a la falsificación y comercialización ilegal de productos tecnológicos”, afirmó el general Rincón Zambrano a través de su cuenta en X.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación continuará para determinar el alcance de la red y la posible vinculación de otras personas o establecimientos.

Otra acción reciente contra el contrabando y las economías ilícitas

El 28 de febrero, la Policía Nacional reportó otra acción relevante dentro de la misma estrategia integral contra el crimen transnacional y las economías ilícitas.

De acuerdo con la entidad, una diligencia de registro y allanamiento en un centro de acopio de mercancías también en Los Mártires permitió incautar 12.530 unidades de tecnología vinculadas a siete marcas extranjeras, las cuales carecían de los documentos que acreditaran su ingreso legal al país.

Durante este operativo, ejecutado con apoyo de la Homeland Security Investigations (HSI), la Fiscalía y la Dian se decomisaron dinero en efectivo por $1.339.795.000, encontrado oculto en una caja fuerte dentro del inmueble. El valor comercial total de la mercancía incautada se estimó en $6.275.500.000.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Policía Fiscal y Aduanera, resaltó: “Este resultado operacional ratifica la importancia de la articulación efectiva entre autoridades nacionales e internacionales para salvaguardar la seguridad del consumidor y fortalecer la legalidad del mercado”.

El oficial advirtió que la compra de productos de contrabando o falsificados representa un riesgo para el funcionamiento y la garantía de los equipos, además de afectar el recaudo fiscal y financiar estructuras criminales.

Llamado a la ciudadanía y continuidad de las investigaciones

La Polfa reiteró el llamado a la ciudadanía para adquirir tecnología exclusivamente en canales autorizados y denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías.

Se dispuso la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co para recibir denuncias bajo absoluta reserva.

Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de otras personas o establecimientos y determinar la conexión entre las distintas redes de falsificación y contrabando tecnológico que operan en la capital colombiana.

En el marco de la “Operación Limpieza”, la Secretaría de Economía ejerció sus atribuciones para llevar a cabo una exhaustiva inspección y verificación de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de acero, tanto en territorio nacional como en el extranjero. El objetivo central fue determinar la legalidad de sus operaciones de importación y exportación, así como verificar el cumplimiento de las reglas de origen de los fabricantes extranjeros que exportan productos siderúrgicos a México.

750 empresas irregulares identificadas: así se detectó el problema

El hallazgo fue posible gracias al trabajo coordinado en mesas interinstitucionales donde participaron la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A este esfuerzo se sumó información clave aportada por la Cámara Nacional de Acero (CANACERO), que permitió identificar un total de 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en todo el país. De ese universo, a 350 de ellas se les suspendieron actividades de importación y se iniciaron formalmente los procedimientos de cancelación del programa IMMEX. Las restantes 400 permanecen bajo análisis y en proceso de cumplimiento de requerimientos de información, a la espera de que se determine si procede el inicio de un procedimiento administrativo.

El caso Bremsa Regiomontana: triangulación de 76 mil toneladas de acero

Entre las empresas suspendidas destaca de manera particular el caso de Bremsa Regiomontana S.A. de C.V., que en conjunto con la empresa Elegant Fashion presuntamente triangularon operaciones de importación durante 2025. El volumen involucrado es significativo: 76,761 toneladas de acero, cifra que refleja la escala y sofisticación de las maniobras irregulares detectadas dentro del sector.

Gobierno federal refrenda su compromiso con la legalidad económica

Con estas acciones, la Secretaría de Economía deja en claro que la vigilancia sobre las cadenas de suministro y el combate al contrabando son prioridades permanentes del Gobierno Federal. La dependencia subraya que el uso indebido de programas de fomento económico como el IMMEX no quedará impune, y que las investigaciones continuarán en coordinación con todas las instituciones involucradas para garantizar condiciones de competencia justa en la industria siderúrgica nacional.

Las incautaciones de cigarrillos ilegales y licor clandestino muestran un aumento drástico en Guatemala durante los primeros meses de 2026, superando con amplitud los registros del año anterior y evidenciando la consolidación de redes delictivas con mayor volumen y diversificación, un fenómeno que la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de la Cámara de Industria de Guatemala considera una alerta urgente sobre la capacidad de estas estructuras para mantener y expandir sus operaciones en el país.

Según datos internos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, en enero y febrero de 2026 se decomisaron 12.860.000 unidades de cigarrillos ilegales, cifra que multiplica por casi cinco el total reportado para todo 2025, cuando se incautaron 2.720.000 unidades en el transcurso de doce meses. El volumen de licores ilegales decomisados también reflejó una expansión significativa: durante el año anterior se documentaron más de 10.000 litros incautados y, en tan solo los dos primeros meses de 2026, el total estimado ascendió a 44.000 litros.

Las cifras confirman la ampliación y diversificación de las redes ilícitas

La evolución en la magnitud de estos decomisos revela que el tráfico ilícito se sostiene mediante un abastecimiento cada vez más voluminoso y diversificado, advierte CODECOF en su informe. Esta tendencia implica que no basta con realizar operativos puntuales, sino que resulta imprescindible fortalecer la investigación coordinada, identificar y desarticular estructuras completas, y garantizar la trazabilidad de los productos desde su ingreso al territorio nacional.

El comportamiento de las incautaciones durante 2025 estuvo marcado por altibajos mensuales, aunque el segundo semestre reflejó un mayor movimiento debido a una intensificación en las acciones operativas y al compromiso de los organismos responsables de la seguridad y fiscalización. Entre las instituciones clave CODECOF señala a unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP), cuya colaboración territorial permitió detectar con mayor rapidez los movimientos de contrabando, tendencia que se mantiene en 2026.

La concentración de incautaciones de cigarrillos ilegales también revela la presencia de múltiples marcas, como Modern, Marshal, Elephant, Time, Star Gold, Pine, Marvel y Carnival, mientras que en el caso de bebidas alcohólicas se identifican productos de marcas como Caña Rey y Caña Carey.

Corredores fronterizos y rutas de salida refuerzan el carácter regional del fenómeno

El análisis territorial detallado por CODECOF identifica que la frontera con Belice persiste como el corredor central para el ingreso de este tipo de mercancía, con rutas articuladas que dirigen la distribución hacia Honduras y emergentes vías de salida hacia El Salvador. Esta dinámica muestra que las redes se adaptan constantemente y eligen sus rutas conforme a las oportunidades surgidas del uso de caminos empleados para otros delitos.

En Alta Verapaz, CODECOF señala una consolidación del comercio ilícito, evidenciada por la comercialización simultánea de cigarrillos y bebidas alcohólicas ilegales. En estos puntos, la operación no se refiere a “ventas aisladas”, sino a cadenas logísticas clandestinas con financiamiento, almacenamiento en bodegas y redes territoriales que posibilitan la oferta de productos a precios imposibles de sostener en la economía formal debido a la evasión de impuestos y controles regulatorios.

El contrabando provee financiamiento a economías criminales de alto impacto

El informe destaca que el contrabando de cigarrillos resulta especialmente atractivo para redes vinculadas a delitos de alto impacto por su capacidad de generar rápido flujo de efectivo, integrarse a rutas multipropósito y funcionar de manera recurrente como mecanismo para el financiamiento y lavado de dinero.

Con el incremento exponencial de volúmenes incautados en periodos cortos, CODECOF afirma que no se trata de hechos aislados sino de una expansión logística de economías delictivas cuya meta es obtener control de mercado y territorio y, eventualmente, elevar su alcance.

CODECOF solicita acciones integradas para cortar la capacidad operativa de las redes criminales

A raíz del escenario que describen las recientes incautaciones y patrones de distribución, CODECOF pide fortalecer las acciones interinstitucionales. La comisión plantea como línea de acción prioritaria mantener y escalar las operaciones basadas en inteligencia, asegurar la continuidad investigativa para mapear bodegas, rutas y responsables logísticos, y robustecer los controles territoriales sobre corredores y puntos críticos para bloquear el reabastecimiento y reducir la capacidad operativa de las redes.

CODECOF también reafirma su “disposición a colaborar de forma ordenada y responsable, dentro del marco legal, canalizando alertas y evidencia estructurada que contribuya a la protección del abastecimiento formal, el empleo y la seguridad de las comunidades”.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un amplio operativo para desmantelar una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en El Salvador.

Según reportó la FGR, la investigación permitió identificar a los principales líderes y desarticular diversos niveles operativos de la organización, que introducía mercancía ilegal por pasos fronterizos no habilitados en las zonas limítrofes con Guatemala y Honduras.

Las operaciones se desplegaron en la zona oriental, donde la red utilizaba al menos cinco clicas para recibir los cargamentos y distribuirlos en comercios locales. En la región paracentral y occidental, la estructura empleaba rutas similares para asegurar una distribución eficiente, trasladando la mercadería hasta San Salvador y, desde ahí, abastecían a vendedores en distintos municipios del país.

Durante el operativo, las autoridades incautaron evidencias que fortalecerán las investigaciones, tales como:

• Vehículos
• Tres fusiles
• Una pistola
• Una motocicleta
• Dinero en efectivo
• Teléfonos móviles.

La FGR señaló que las investigaciones tomaron aproximadamente dos años. Durante este periodo, se reveló que el grupo funcionaba con jerarquías definidas: los líderes coordinaban la entrada del producto a través de pasos fronterizos irregulares.

Otros miembros se encargaban del transporte, almacenamiento y distribución final de los cigarrillos ilegales. Los hallazgos evidencian la sofisticación de la cadena de contrabando, que abarcaba desde la introducción inicial hasta la venta minorista. Los capturados serán procesados por los delitos de contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.

Las penas por contrabando pueden alcanzar seis años de cárcel y multas crecientes

El marco normativo establece que el ingreso, tenencia y comercio de cigarrillos sin la documentación aduanera requerida o la leyenda “Importación a El Salvador” constituye un delito aduanero tipificado por la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras y la Ley de Control del Tabaco.

El literal g) del artículo 15 de la citada ley sanciona la introducción no declarada de mercancía extranjera con penas de prisión de hasta seis años y multas proporcionales al valor de la carga.

Un caso reciente ejemplifica la aplicación judicial de la ley: una mujer fue condenada a seis años de prisión por traficar cien paquetes de cigarrillos, además de enfrentar multas y el decomiso total de la mercadería utilizada.

Impacto fiscal, salud pública y lucha contra las redes criminales

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas han reiterado ante los medios que el contrabando de cigarrillos deteriora la capacidad recaudatoria del Estado y facilita el financiamiento de organizaciones criminales. Las marcas retenidas en los más recientes operativos carecen, en su mayoría, de registro sanitario y presentan condiciones de almacenamiento incontroladas, lo que incrementa los riesgos para la salud de los consumidores.

Las autoridades salvadoreñas anunciaron que los controles y la vigilancia continuarán en todo el territorio nacional. Los responsables, según el marco legal vigente, enfrentarán penas privativas de libertad y el pago de severas multas, además de la incautación de bienes y la posible remisión a la Fiscalía para procesamiento penal.

Estas medidas buscan tanto interrumpir el flujo de productos ilícitos como desarticular las redes que aprovechan las debilidades fronterizas para consolidar operaciones que trascienden el contrabando menor, afectando la economía formal y la salud de la población.

Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), afirmó en entrevista con Caracol Radio 6AM W que existen “demasiadas pruebas” de que la reunión celebrada en España con Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, fue autorizada por el presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones de Beltrán se dan en el marco de cuestionamientos sobre la salida del general William René Salamanca de la Dirección de la Policía y sobre la gestión de inteligencia del actual Gobierno.

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Durante el diálogo exclusivo con el medio, Beltrán sostuvo que la misión en Madrid, donde se reunió con Diego Marín Buitrago, contó con el aval directo del mandatario. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él. El señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, manifestó Beltrán al periodista Julio Sánchez Cristo.

El exfuncionario remarcó la importancia de que los servicios de inteligencia alimenten correctamente la toma de decisiones presidenciales y advirtió sobre los riesgos de que información de baja calidad llegue al despacho presidencial. “La reflexión más importante allí es cómo protegemos los servicios de inteligencia para que alimenten de manera correcta la toma de decisiones del señor presidente y evitar que información de poca calidad llegue a su despacho”, puntualizó.

Contexto de la reunión en España

De acuerdo con información divulgada en medios en noviembre de 2025, Isaac Beltrán presentó su renuncia a la UIAF después de que se conociera su participación en la mencionada reunión en Madrid con ‘Papá Pitufo’. El encuentro se realizó en abril de 2024 y, según una carta atribuida a Beltrán, fue autorizado expresamente por Gustavo Petro en el marco de las funciones de inteligencia y contrainteligencia definidas en la Ley 1621 de 2013.

El objetivo principal de la reunión, según una misiva citada por W Radio, era entregar un mensaje a Diego Marín Buitrago para que se sometiera a la justicia colombiana, contando con garantías de seguridad e integridad. Beltrán indicó en la carta que la información recabada se transmitió posteriormente al presidente, a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a altos funcionarios de la UIAF.

La controversia con la Fiscalía

Durante la entrevista en 6AM W, el periodista preguntó a Beltrán sobre la versión de la fiscal general, quien negó públicamente haber recibido información relacionada con la reunión en España. Ante este señalamiento, Beltrán evitó confrontar a la fiscal y recalcó: “No voy a entrar en una controversia con la señora fiscal general de la Nación”, argumentando que la confidencialidad de estos encuentros forma parte del fuero interno del cargo.

El exfuncionario sugirió que, por la naturaleza reservada de la inteligencia, no siempre las autoridades aceptan o pueden confirmar la recepción de la información.

“La información de inteligencia se puede entregar en una mesa de trabajo y uno muestra una información. ¿Por qué habría la señora fiscal, con el fuero de su cargo, con la potencia y responsabilidad de su cargo, con semejante responsabilidad, por qué tendría ella que decir que sí? Eso es una cosa que pertenece al fuero interno de la conversación que se dio en esa mesa, nada más”, aclaró.

Perfil de Diego Marín Buitrago y situación judicial

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, es señalado como uno de los principales líderes del contrabando en Colombia y ha sido vinculado a un intento de aporte de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, según reportó W Radio. Marín finalmente rechazó realizar ese aporte, aunque entregó información relevante sobre sus actividades ilícitas.

La justicia colombiana logró su captura en España el 5 de abril de 2024 en cumplimiento de una orden internacional. No obstante, un juez le concedió libertad provisional mientras avanzaban las actuaciones judiciales, situación que le permitió abandonar ese país.

Posteriormente fue recapturado en Portugal el 3 de diciembre de 2024. Aunque en primera instancia las autoridades portuguesas autorizaron su extradición a Colombia, en junio de 2025 el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal le concedió libertad provisional mientras se resuelve su solicitud de protección internacional (asilo), lo que ha impedido que se materialice su traslado y mantiene en suspenso una decisión definitiva sobre su envío a Colombia.

Más de 300 uniformados participaron en el despliegue durante la jornada del 20 de febrero de 2026, que incluyó inspecciones a 145 locales y compraventas de automotores. Durante la intervención, los agentes capturaron a cuatro individuos en flagrancia, de los cuales tres enfrentan cargos por falsedad marcaria y uno por receptación. Los procedimientos permitieron también la recuperación de tres motocicletas reportadas como hurtadas.

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De acuerdo con la información emitida por la Policía capitalina, la operación se centró en la verificación de cerca de 2.740 motocicletas que permanecían en los establecimientos intervenidos.

Las autoridades procedieron a la suspensión temporal de la actividad económica en 12 de estos locales, por no contar con la documentación que exige la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Policía y Convivencia, y regula la actividad comercial y el cumplimiento normativo en los establecimientos públicos. Su aplicación busca garantizar entornos seguros y el respeto a la normatividad vigente.

La avenida Primero de Mayo es una de las principales vías comerciales de Bogotá, donde operan decenas de negocios relacionados con la compra y venta de vehículos y motocicletas. Las acciones de la Policía Nacional en este sector forman parte de una estrategia más amplia para contener los delitos de mayor impacto en la ciudad.

El megaoperativo, realizado en coordinación con varias entidades distritales, respondió a la preocupación creciente por la circulación de vehículos robados y la comercialización irregular de autopartes.

Este tipo de intervenciones buscan reducir la incidencia de delitos como la falsedad marcaria, que consiste en la alteración ilegal de los números de identificación de los vehículos.

Las autoridades advirtieron que este tipo de controles continuarán en distintas zonas de la capital. El objetivo, según afirmaron, es garantizar la legalidad en la actividad comercial y proteger a la ciudadanía frente al delito.

La institución insistió su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad en la capital. Sus voceros afirmaron que “seguirán adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana”, según el comunicación oficial.

Caen los hurtos y crece la sensación de seguridad en Bogotá, según la mayor encuesta ciudadana del país

La Encuesta de Percepción y Victimización 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una baja en los hurtos y una mejora significativa en la percepción de seguridad en la capital y sus barrios.

Estos resultados, socializados el 17 de febrero de 2026 con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, marcan un giro en la manera en que la ciudadanía evalúa la convivencia y la protección en la ciudad.

La encuesta confirmó que en 2025 se registró un descenso en el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó: pasó de 69,3% en 2024 a 66% en 2025.

Al mismo tiempo, la tasa de victimización por delitos se redujo de 15,3% a 14,9%. La encuesta, considerada la más grande del país en su tipo, también evidenció un avance en barrios del sur y occidente, donde la percepción de seguridad mejoró en 14 de las 20 localidades medidas.

Carlos Fernando Galán destacó la importancia de estos datos para la política pública: “Esta herramienta nos da luces sobre lo que está pasando y nos permite complementar el análisis de herramientas de seguridad a partir de la información que también tenemos por parte de la Policía Metropolitana, la Fiscalía y otras herramientas”.

Para el mandatario ditrital, el avance en la percepción general es clave: “Lograr una mejora en la percepción general es un avance muy importante. El reto ahora es mantener esa tendencia y consolidarla en los barrios”.

En particular, Galán resaltó el incremento de ciudadanos que consideran seguro su entorno inmediato: “Pasar del 31% de personas que manifestaban que su barrio es seguro a un 43% representa un aumento cercano al 35% en el número de ciudadanos que expresan sentirse seguros en su entorno.

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) informó sobre un operativo realizado en Bogotá contra el contrabando, en el que fueron decomisadas mercancías tecnológicas valoradas en más de $6.000 millones de pesos, además de una millonaria suma de dinero en efectivo encontrada en una caja fuerte dentro de una bodega. El procedimiento se desarrolló en el centro de la capital y hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal. La información fue divulgada por Revista Semana dentro del seguimiento a los operativos recientes contra el contrabando.

Según el reporte oficial, durante la intervención se logró la incautación de más de 12.530 unidades de tecnología pertenecientes a marcas extranjeras que, de acuerdo con las autoridades, no contaban con la documentación requerida para demostrar su ingreso legal al territorio nacional. La mercancía fue avaluada comercialmente en aproximadamente $6.275.500.000, cifra que refleja la magnitud del operativo realizado por la Policía Aduanera.

“En el centro de Bogotá se logró el decomiso de más de 12.530 unidades de tecnología de importantes marcas extranjeras, las cuales no contaban con los documentos soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional”, informó la Policía Fiscal y Aduanera, citado por Revista Semana.

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Además del material tecnológico incautado, las autoridades hallaron una caja fuerte en el lugar donde era almacenada la mercancía. En su interior se encontraban $1.339.795.000 en efectivo, dinero que fue incautado y que, según la Policía, constituye un elemento probatorio relevante dentro de la investigación que busca esclarecer la procedencia de los productos y las posibles redes detrás del contrabando.

“Se logró la incautación de $1.339.795.000 en efectivo, los cuales se encontraban ocultos dentro de una caja fuerte al interior de la bodega donde era almacenada la mercancía de contrabando”, indicó la institución, citado por ese medio de comunicación.

El operativo fue presentado por las autoridades como una acción orientada a proteger el comercio formal y fortalecer el control aduanero en la ciudad. La Policía destacó que este tipo de procedimientos busca reducir el impacto económico del contrabando, una práctica que afecta el recaudo fiscal y la competencia legal en el mercado.

Sobre los resultados obtenidos, el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, resaltó el alcance de la operación y su impacto en la lucha contra el comercio ilegal. “La incautación de más de 12.500 unidades de tecnología y una millonaria suma de dinero en efectivo refleja el compromiso institucional con la protección del comercio formal y de la economía del país”, dijo el oficial, citado por Revista Semana.

Las autoridades también recordaron que la compra de mercancía de contrabando o falsificada puede tener consecuencias negativas para los consumidores y para la economía en general. Según la Policía, estos productos no solo afectan la industria formal, sino que además pueden representar riesgos relacionados con la calidad, el funcionamiento de los equipos y la ausencia de garantías.

“La compra de mercancía de contrabando o falsificada no solo afecta el recaudo fiscal y financia estructuras ilegales, sino que también pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, la garantía de calidad y la seguridad del consumidor”, señaló el coronel Carrillo, citado por ese medio de comunicación.

El operativo en Bogotá se suma a otras acciones adelantadas por la Policía Aduanera en diferentes regiones del país. En Santa Marta, por ejemplo, las autoridades reportaron la aprehensión de más de 4.364 unidades de mercancía, entre las que se encontraban morrales, bolsos, calzado, maletas y textiles que tampoco contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al territorio aduanero nacional.

Según el reporte oficial, estos elementos fueron puestos a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, entidad encargada de continuar con los trámites administrativos correspondientes y determinar el destino final de la mercancía incautada. El procedimiento hace parte de las estrategias de control que buscan reducir el ingreso de productos sin respaldo legal al mercado colombiano.

Las autoridades indicaron que los operativos contra el contrabando continuarán en diferentes ciudades, con el objetivo de fortalecer el control sobre las cadenas de distribución y evitar la comercialización de productos ilegales. Este tipo de acciones también busca identificar posibles redes dedicadas al almacenamiento y comercialización de mercancía sin soporte aduanero.

Ante el recurso presentado la pasada semana por la defensa del presidente de Sidenor para que la Audiencia Nacional declare nulo el registro efectuado en la sede de la empresa en Basauri, José Antonio Jainaga sostiene que no existe fundamento razonable en la investigación judicial abierta en su contra por la venta de acero a Israel. Según detalló El medio, la medida fue objetada tanto por la defensa como por la propia Fiscalía, que consideró inadecuada y desproporcionada la actuación llevada a cabo por orden del magistrado Francisco de Jorge.

El presidente de Sidenor, durante su intervención en un encuentro del Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, expuso que ni él ni los otros dos directivos afectados comprenden por qué se ha iniciado un procedimiento judicial, ya que, a su juicio, la empresa ha cumplido rigurosamente con la legalidad vigente en todas las operaciones de exportación a Israel. De acuerdo con la información publicada, el procedimiento judicial analiza si la mercantil pudo haber cometido delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, al presuntamente vender sin autorización lotes de acero a la firma Israel Military Industries (IMSI).

Según consignó el medio de referencia, la defensa de Jainaga pidió la nulidad de la entrada y registro, argumentando que el auto judicial supuso “gravísimas medidas limitativas” de derechos fundamentales, ya que según la defensa no existía ningún indicio razonable que justificase la investigación por los delitos citados. La Fiscalía coincidió en rechazar la validez de la entrada y registro, no sólo por la desproporción de la medida —al haberse desplazado quince furgones de personal uniformado— sino porque, según el Ministerio Público, la información que buscaba el juzgado podía haberse obtenido solicitándola directamente a la empresa, que ya se había mostrado dispuesta a colaborar.

El presidente de Sidenor, según reportó el mismo medio, expresó que mantiene la conciencia “perfectamente tranquila”, e indicó que la empresa ha presentado todas las pruebas requeridas para demostrar que los materiales exportados a Israel no requerían autorización previa, ya que no están incluidos en el listado de productos sujetos a control, y la ley exige únicamente informar al Gobierno antes de efectuar la exportación.

Durante su comparecencia, Jainaga expresó que hasta hace seis meses tenía plena confianza en la Justicia, creyendo que perseguía a los delincuentes y protegía a los ciudadanos honestos, opinión que afirma haber cambiado tras el inicio de la causa en su contra. “No entiendo por qué estamos metidos en ese lío”, señaló en el encuentro, añadiendo que cuestionarse continuamente este asunto podría afectar el normal desarrollo de las actividades profesionales.

El presidente de la compañía recordó que la Fiscalía también solicitó la nulidad del registro y sostuvo que el procedimiento fue desproporcionado, siendo mucho más de lo necesario para la obtención de los documentos e información electrónica requerida en la investigación. “No se entiende que para pedir emails o papeles se necesite llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada”, enfatizó durante el evento, declaraciones que comunicó el medio.

El Ministerio Público, según indicó El medio, pidió al juzgado que excluyera del ámbito de la investigación la presunta participación por complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio, planteando que de subsistir la investigación se limitara únicamente a determinar si la empresa pudo incurrir en delito de contrabando a través de ventas no autorizadas. En el escrito de la Fiscalía se manifestó un “desacuerdo absoluto con la posición tomada por el juez”, en referencia al registro de la sede empresarial realizado en febrero.

Jainaga subrayó en su intervención que en todos los envíos de material a Israel cumplieron con los procedimientos legales y reiteró haber comunicado oportunamente al Gobierno cada exportación, según exige la legislación en vigor. Señaló que, a pesar de la situación actual, la empresa mantiene su disposición a colaborar con la Administración y con las instancias judiciales pertinentes, con la finalidad de esclarecer los hechos investigados.

La investigación se centra en determinar las condiciones en las que se realizaron las exportaciones de acero y si Sidenor infringió la normativa sobre exportaciones de productos sensibles. La defensa del presidente valoró que la medida judicial suponía una vulneración de derechos al no contar con un sustento probatorio suficiente. Además, distintos actores han criticado la proporcionalidad de los procedimientos adoptados para la revisión de la sede de la compañía.

Según declaraciones recogidas por El medio, Jainaga transmitió que actualmente sólo confía en algunas instituciones, públicas y privadas, valorando que la crisis de confianza en la Justicia le afecta especialmente, dado su historial previo de seguridad en el sistema. Esta situación ha motivado un debate sobre el modo en que se ejecutan las investigaciones judiciales en casos relativos a exportaciones de material industrial con potenciales destinos bélicos.

El recurso presentado por la defensa argumentó que las medidas impuestas por el magistrado Francisco de Jorge eliminaron de un plumazo los derechos fundamentales de los investigados, al tiempo que ni la Fiscalía ni la empresa consideraban acreditados los hechos que motivaron el registro y la causa penal.

El caso ha abierto interrogantes sobre los mecanismos de control para la exportación de materiales considerados de doble uso o sensibles, así como sobre la interpretación y aplicación de la normativa vigente en España para este tipo de operaciones comerciales internacionales.

La defensa del presidente de Sidenor presentó recientemente un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional solicitando la nulidad del registro en las instalaciones de la empresa en Basauri (Bizkaia). Este recurso sostiene que la resolución del magistrado Francisco de Jorge impuso medidas restrictivas de gran gravedad contra los derechos de los involucrados, sin aportar indicios razonables que fundamentasen la presunta comisión de delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio relacionados con la exportación no autorizada de acero a Israel Military Industries (IMSI). Sobre este hecho, la Fiscalía ya había expresado su oposición a la entrada y registro, según publicó el medio, compartiendo la visión de que la actuación resultó desproporcionada e inadecuada.

Según informó el medio, José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, declaró no comprender las razones por las que se ha abierto una causa contra él y otros dos directivos por la venta de acero a Israel. Durante su intervención en un foro organizado por la Fundación Vital en Vitoria, Jainaga subrayó su convicción acerca de que todas las exportaciones de la empresa cumplieron con la legislación vigente, y que los productos enviados no requerían de una autorización previa, más allá del deber de comunicar al Gobierno sobre las ventas efectuadas.

Durante el encuentro, Jainaga relató que hasta hace medio año mantenía una confianza plena en el sistema judicial, considerando que sus actuaciones perseguían exclusivamente a los delincuentes y garantizaban la tranquilidad a quienes se consideran personas íntegras. Sin embargo, la situación actual ha deteriorado esa percepción. "Todavía no entendemos por qué estamos metidos en ese lío. No sé si hay otros intereses. La verdad es que, si te dedicas a pensar en eso y te torturas, no trabajas", expuso el presidente de Sidenor, según reportó el medio.

El registro efectuado en la sede de Sidenor en Basauri en febrero incluyó la llegada de quince furgonetas con efectivos encapuchados, una medida que el empresario ha calificado como excesiva. A este respecto, recalcó que la Fiscalía expresó "desacuerdo absoluto" con la actuación judicial, considerando que la información requerida podría haberse facilitado a través de una solicitud directa a la empresa, dado que ya se había ofrecido a colaborar.

Tal como consignó el medio, Jainaga reconoció que la compañía proporcionó "todas las pruebas" que demuestran la legalidad de sus operaciones. A su juicio, la Fiscalía debió excluir de la investigación la supuesta implicación en crímenes de lesa humanidad o genocidio, y centrarse exclusivamente en esclarecer si existió contrabando en los envíos de acero. Según el relato de Jainaga, la empresa siempre ha actuado conforme a la normativa, asegurando que los productos exportados no figuraban en la lista de bienes que requieren autorización expresa.

El responsable de Sidenor reiteró su opinión sobre el carácter improcedente y desproporcionado de la actuación judicial. De acuerdo con sus palabras recogidas en el medio, la forma en la que se ejecutó el registro afectó de modo severo derechos fundamentales, al tratarse de una medida que podría haberse evitado a través de canales de colaboración habituales con la empresa.

En su exposición, Jainaga también confesó mantener reservas sobre la confianza que deposita en ciertas entidades públicas y privadas, aunque hasta hace pocos meses conservaba fe en el sistema judicial. Según sus palabras: “En la Justicia, hasta hace seis meses, creía firmemente. Creía que la Justicia va a perseguir a los delincuentes y lo va a hacer hasta el final, pero que la gente honrada y la gente inocente puede ir a dormir tranquilamente todos los días. Hasta hace seis meses pensaba eso”.

El proceso judicial involucra acusaciones de haber exportado, sin las autorizaciones requeridas, partidas de acero a la firma israelí IMSI. Tanto la defensa como la Fiscalía argumentan que no existían pruebas suficientes para justificar medidas tan restrictivas como el registro realizado, por lo que ambos pidieron la nulidad de esa actuación, según reportó el medio.

Frente a la situación legal presentada, Jainaga insistió en la disposición de la empresa para colaborar con las autoridades y en la “tranquilidad” con la que afrontan el proceso actual, reiterando haber entregado toda la documentación exigida y señalando que los productos comercializados se ajustaban a las normas establecidas por la ley.

La Fiscalía planteó en su escrito que la causa judicial centrada en el presidente de Sidenor y otros dos directivos debía ceñirse únicamente a la posible comisión de un delito de contrabando, y no a la presunta implicación por complicidad en delitos de lesa humanidad ni de genocidio. Este posicionamiento contribuyó al debate jurídico en torno al registro realizado en la sede de Sidenor en Basauri, en el marco de la investigación sobre la exportación de acero a Israel. Según informó Europa Press, José Antonio Jainaga, como presidente de la compañía, interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional solicitando la nulidad de esa entrada y registro efectuados por la Policía Nacional el 10 de febrero.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el recurso presentado por la representación legal de Jainaga llegó al alto tribunal en la tarde del pasado martes. El documento pide que se emita un nuevo auto judicial que anule la diligencia policial llevada a cabo en las instalaciones de la empresa vizcaína, alegando su improcedencia. El registro fue consecuencia directa de la investigación abierta por orden del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, quien en octubre decidió investigar a Jainaga en relación con el envío de acero a Israel Military Industries (IMSI) sin la autorización correspondiente.

Europa Press detalló que los hechos investigados aluden, en un primer momento, a posibles delitos de contrabando y a la participación por complicidad en delitos internacionales de carácter grave, focalizándose en la exportación de partidas de acero por parte de Sidenor. No obstante, la posición de la Fiscalía fue eliminar del ámbito de la investigación las acusaciones de lesa humanidad y genocidio, manteniendo solo el análisis de las conductas relacionadas con contrabando. La Fiscalía también se mostró contraria a la ejecución del registro, calificándolo como una medida "inadecuada y desproporcionada en un juicio ponderativo con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", haciendo mención al artículo 18.2 de la Constitución Española, según reportó Europa Press.

El 12 de noviembre, el presidente de Sidenor, acompañado de otros dos directivos, compareció como investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Durante esa comparecencia, Jainaga argumentó que había aportado documentación suficiente ante el propio tribunal para demostrar que la compañía no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel". Según declaró el presidente, el acero fabricado y exportado por Sidenor no aparecía "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración", una circunstancia que buscaba despejar dudas en torno a la legalidad de la actividad exportadora investigada.

El medio Europa Press añadió que la actuación policial realizada en febrero en las oficinas de Sidenor respondía a la instrucción dictada meses antes por el juez Francisco de Jorge, cuya resolución abrió la vía para investigar los envíos de acero a la empresa israelí. La investigación se centró en determinar si existieron irregularidades administrativas o penales vinculadas a la posible ausencia de autorizaciones comerciales para estas exportaciones. La causa afecta directamente a alto nivel en la estructura de Sidenor, puesto que, además de Jainaga, otros dos directivos también figuran como investigados.

Europa Press destacó que los argumentos de la Fiscalía, incorporados al proceso, reforzaron la petición de nulidad de la diligencia policial sobre la base del respeto al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio empresarial, un aspecto considerado prioritario en el recurso elevado a la Audiencia Nacional. Tanto la defensa de Jainaga como el Ministerio Público insisten en que el registro, más allá de sus implicaciones legales, no resultó proporcionado a la gravedad de los hechos que todavía se debaten en la instrucción.

Hasta el momento de la presentación del recurso, no se han difundido resoluciones definitivas respecto a la nulidad solicitada. La evolución del caso continúa bajo el foco judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1, mientras el principal ejecutivo de Sidenor sostiene que la compañía ha cumplido los requisitos legales en materia de exportación, según ha reiterado en sus declaraciones y aportaciones documentales a la Audiencia Nacional.

El juicio por la presunta fabricación de lanchas rápidas ilegales en Vigo y el norte de Portugal se celebrará, en principio, durante varios días de abril, tras haberse vuelto a aplazar la vista oral. El medio El País informó que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió posponer el inicio del proceso contra once personas y una empresa de transportes de O Porriño, inicialmente previsto para este jueves, después de que uno de los acusados no pudiera asistir debido a un problema de salud.

Según publicó El País, el procedimiento judicial ha enfrentado ya cuatro suspensiones desde que se estableció su primera fecha en noviembre del año pasado. En esa ocasión, el motivo enunciado fue el cambio de abogado de uno de los acusados, lo que obligó a reprogramar el inicio de las sesiones. Posteriormente, detalló el medio, se celebró una vista previa el 2 de febrero para resolver cuestiones iniciales, fijando la apertura de las declaraciones para el 16 de febrero. El lunes anterior a esa fecha, el juicio quedó suspendido al presentar uno de los letrados una indisposición; la vista se reprogramó para el martes, momento en que nuevamente se suspendió por la imposibilidad del mismo abogado de acudir a tiempo.

Durante la última convocatoria, reportó El País, los asistentes aguardaron casi dos horas hasta que la sala informó de la causa de la nueva suspensión: uno de los acusados, a través de su abogado, comunicó que permanecía en cama debido a una ciática y no podía acceder a un lugar con internet para intervenir mediante videoconferencia. Ante esta circunstancia, la Audiencia acordó un nuevo aplazamiento y eligió la semana del 9 al 17 de abril como periodo para la celebración de las audiencias orales, aunque algunos abogados ya han advertido al tribunal sobre la coincidencia de estas fechas con otros compromisos judiciales, por lo que planean solicitar nuevas modificaciones.

De acuerdo con la acusación pública citada por El País, los encausados, junto a la empresa, integraban una organización dotada de medios y recursos que operó entre septiembre de 2020 y junio de 2022 con el propósito de construir embarcaciones neumáticas rápidas. Estas lanchas, consideradas género prohibido en la normativa española, se presuntamente destinaban a actividades de tráfico ilegal de drogas. La fiscalía atribuye a los implicados delitos de contrabando al fabricar y comercializar estas embarcaciones, a través de la colaboración entre personas físicas, entidades y estructuras organizadas.

El Ministerio Público, según recopiló El País, incluye además entre los delitos el de tenencia ilícita de armas y el de atentado contra la salud pública para uno de los procesados: durante un registro en su domicilio, los agentes confiscaron cerca de 300 gramos de hachís, mientras que en su despacho dentro de la empresa hallaron una pistola detonadora semiautomática.

La investigación permitió identificar al menos diecinueve embarcaciones tipo 'narcolancha' fabricadas por la presunta red, algunas de las cuales acabaron según los informes oficiales actuando en operativos de transporte de hachís en el sur de la península ibérica. La fiscalía solicita, según El País, penas de entre dos y nueve años de prisión para los once acusados, e impone multas que suman más de 80 millones de euros. En cuanto a la compañía involucrada, la petición fiscal contempla una sanción de 14 millones de euros y la prohibición durante dos años para acceder a ayudas públicas o incentivos fiscales, así como la suspensión por quince meses de toda actividad relacionada con la importación, exportación y comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.

El inicio efectivo del juicio permanece condicionado a la disponibilidad de los profesionales y el estado de salud de los enjuiciados, mientras la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra intenta coordinar una fecha definitiva para dar inicio al proceso.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Fiscalía considera que la investigación debe centrarse exclusivamente en dilucidar si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos han incurrido en un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando. El ministerio público sostiene que no existen fundamentos para mantener abiertas diligencias relativas a posibles delitos de lesa humanidad o genocidio, como se había planteado inicialmente a partir de la documentación recabada y de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.

En el escrito presentado este martes, la Fiscalía explicitó que, en ausencia de pruebas suficientes, la causa no puede continuar en lo referente a supuesta complicidad en crímenes internacionales. El texto del ministerio público destaca que "toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal alguna que la permita" en relación con los delitos de genocidio, lesa humanidad o aquellos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, solicitando por ello la nulidad de "todo lo practicado y referido" a estos cargos.

El propio tribunal ya había iniciado la investigación en octubre del año pasado tras la querella impulsada por la citada asociación. El enfoque inicial abarcaba tanto los presuntos delitos de contrabando como la posible participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, en su defecto, de genocidio. Desde entonces, el procedimiento se dirigió ante el Tribunal Central de Instancia, que tomó en consideración la posible falta de autorización y el conocimiento que los directivos de Sidenor poseían respecto al destino de la mercancía.

Tal como reportó Europa Press, los órganos judiciales analizaron la información aportada por la Comisaría General de Información en un oficio fechado el 10 de septiembre pasado. Ese documento advertía que la venta de acero desde Sidenor a Israel Military Industries se habría ejecutado sin la correspondiente autorización gubernamental ni la inscripción requerida en los registros oficiales.

El 12 de noviembre del año anterior, José Antonio Jainaga y los otros dos directivos de la empresa vasca prestaron declaración en calidad de investigados. Según narró Europa Press, los investigados defendieron en sus comparecencias la regularidad de las operaciones, exponiendo que el acero exportado no se encontraba incluido entre los materiales sometidos a un control especial por parte de la administración. Jainaga declaró que había aportado pruebas de que "Sidenor no había cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel".

Europa Press detalló que el escenario de la investigación quedó restringido formalmente al presunto delito de contrabando desde el momento en que la Fiscalía estimó que no había base suficiente para los delitos internacionales. El tribunal instruye actualmente la causa solo por este delito, como establece la Ley Orgánica 12/1995, que regula las actividades de importación y exportación prohibidas o restringidas.

A excepción del levantamiento del secreto de las actuaciones que anunció este miércoles el juez Francisco de Jorge Mesas, la causa mantiene la posibilidad de recurso de reforma en el plazo de tres días para las partes que lo consideren oportuno, detalló Europa Press. Mientras tanto, los actos relacionados con presunta responsabilidad penal por crímenes internacionales quedan excluidos de la instrucción.

Por su parte, la entrada y registro en la sede central de Sidenor, realizada durante varias horas, tuvo como finalidad obtener documentación relevante sobre la operación investigada. La Fiscalía expresó su oposición a esta medida, según consta en el escrito presentado al juzgado, alegando que resultaba excesiva al ponderar los derechos fundamentales tutelados por el artículo 18.2 de la Constitución sobre la inviolabilidad del domicilio.

La investigación judicial surgió de la denuncia impulsada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que acusaba a los responsables de Sidenor de exportar acero a la industria militar israelí sin las autorizaciones obligatorias. El procedimiento pasó a ser competencia del Tribunal Central de Instancia después de que el juez considerara acreditados, en esa fase inicial, indicios de posibles delitos, tanto por contrabando como, de forma subsidiaria, de cooperación en la comisión de crímenes internacionales.

Según publicó Europa Press, el tribunal durante la etapa de instrucción contempló que los directivos investigados disponían de "pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento". Sin embargo, la Fiscalía y la evolución de las pesquisas han modificado el alcance de la investigación judicial, centrando los esfuerzos únicamente en posibles prácticas de contrabando.

El desarrollo posterior de la causa dependerá de los recursos que eventualmente presenten las partes procesales y de las nuevas diligencias que pueda considerar el juzgado en la instrucción del posible delito de contrabando, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

El juez Francisco de Jorge Mesas, del Tribunal Central de Instancia, ha dispuesto el levantamiento total del secreto de sumario en una pieza separada del procedimiento por presunto contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad relacionados con las operaciones de venta de acero a Israel. Esta decisión se produce tras la diligencia de entrada y registro por parte de la Policía Nacional en la sede de Sidenor, ubicada en Basauri (Bizkaia), acción dirigida a recopilar documentación vinculada a las transacciones con la empresa armamentística Israel Military Industries (IMSI), según informó el medio que detalla los avances judiciales.

El auto, fechado este miércoles, señala que el secreto de sumario había sido impuesto el 8 de enero de 2026 en el marco de las diligencias previas 51/2025. Esta medida había sido prorrogada el 6 de febrero antes de que, finalizadas las actuaciones policiales en la empresa, el juez procediera a su levantamiento, permitiendo así a las partes acceder íntegramente a los documentos incorporados al procedimiento. De acuerdo con la resolución judicial, cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días desde su notificación. El medio destaca que la resolución llega apenas un día después de la intervención policial en la sede central de la siderúrgica, donde, tras varias horas, los agentes recabaron información indispensable para el avance de la investigación.

El caso se originó tras una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, lo que llevó a abrir diligencias para esclarecer si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos, incurrieron en delitos relacionados con el suministro presuntamente no autorizado de acero a un fabricante de armamento israelí. Según publicó el medio, la investigación se centra en operaciones realizadas sin solicitar el permiso gubernamental ni registrar las ventas según los requisitos del marco legal, hechos que constan en un oficio de la Comisaría General de Información fechado el 10 de septiembre del año anterior.

Las acusaciones apuestan por que los responsables de Sidenor conocían el destino y uso final del acero exportado, destinado a la fabricación de armamento pesado y ligero por parte de IMSI. Según informó el medio, la autoridad judicial atribuye a los investigados el “pleno conocimiento” de la naturaleza de su cliente israelí y el posible uso bélico de los productos exportados, de acuerdo con los datos recogidos en la causa.

Frente a las imputaciones, tanto el presidente Jainaga como los otros dos directivos comparecieron ante el juez el 12 de noviembre en calidad de investigados. Durante sus declaraciones, según consignó el medio, Jainaga mantuvo que Sidenor “no había cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel” y defendió que los materiales exportados no estaban incluidos en el listado de productos sujetos a control especial por parte de la administración. A raíz de la comparecencia, la investigación se ha mantenido activa, en búsqueda de aclarar si efectivamente se produjo contrabando y colaboración en crímenes internacionales.

De acuerdo con el medio, el episodio del registro policial fue respondido por la propia Sidenor mediante un comunicado en el que manifestó su voluntad de cooperación total con las autoridades, afirmando que facilitaría cualquier dato requerido en el marco de la investigación. La empresa remarcó que la información sobre sus operaciones se entregaría con absoluta transparencia y diligencia a los agentes personados en la sede.

La investigación sigue abierta sobre la base de la posible participación de los directivos tanto en hechos de contrabando, por ventas que se habrían realizado sin autorización gubernamental, como en presunta complicidad en delitos de lesa humanidad, dada la finalidad del material exportado. El procedimiento judicial y la revelación de la documentación buscan establecer con precisión el circuito de autorizaciones, el registro de exportaciones y la responsabilidad de los implicados.

El medio añade que las piezas documentales a las que a partir de ahora tendrán acceso las partes resultarán decisivas para fundamentar los avances procesales, tanto para la defensa como para la acusación. Con este levantamiento del secreto sumarial se inicia una nueva fase en la que los detalles de la operación comercial, las comunicaciones internas y los informes oficiales podrán ser analizados por todos los sujetos intervinientes en el proceso. Se espera que la documentación esclarezca el modo en el que se gestionaron las ventas, la naturaleza de los productos exportados y el grado de conocimiento de los directivos investigados respecto a los clientes y los usos finales del acero suministrado.

La evolución de esta causa, marcada por la intervención policial reciente y la apertura de acceso a la documentación, mantiene la atención sobre las prácticas de exportación del sector siderúrgico y el control gubernamental de las ventas internacionales, especialmente cuando se trata de materiales susceptibles de empleo militar. Las partes afectadas —Sidenor y sus directivos, la acusación querellante y la administración— aguardarán los siguientes pasos procesales una vez revisada la documentación contenida en esta pieza separada, al amparo de la reciente resolución judicial dictada por el Tribunal Central de Instancia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frustró el intento de ingreso al país de 52 partes para fusil en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El hallazgo, realizado durante acciones de control y fiscalización, permitió a las autoridades incautar el material bélico oculto en un envío de tráfico postal y en el equipaje de un viajero internacional.

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Según un comunicado emitido por la Dian, el primer hallazgo se produjo cuando funcionarios de la Dirección Seccional Aeropuerto El Dorado inspeccionaron un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

El contenido declarado como equipo de gimnasio resultó contener 26 correderas para fusil ocultas en su interior. “En desarrollo de labores de control y fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) interceptó un cargamento ilegal de partes de armas de fuego que pretendía ingresar al territorio nacional por la capital del país”, señala el documento oficial.

En una segunda intervención, las autoridades identificaron irregularidades en el equipaje de un pasajero estadounidense que había llegado desde Orlando, Florida.

Durante la revisión de sus pertenencias, se encontraron otras 26 partes y correderas para fusil. La Dian explicó que “tras la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos, cuyo contenido declarado era un equipo de gimnasio, se descubrieron 26 correderas para fusil ocultas en su interior”.

La totalidad del material bélico incautado fue puesta a disposición de la Policía Judicial, que adelantará las investigaciones y procesos judiciales correspondientes. De acuerdo con la Dian, “siguiendo los protocolos establecidos, todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial para que se adelanten las investigaciones y procesos de judicialización correspondientes”.

La entidad resaltó que este tipo de procedimientos forma parte de su política para combatir el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo. El comunicado concluye que “con este tipo de acciones, la Dian ratifica su compromiso con la seguridad nacional y su lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo, protegiendo así la integridad de los colombianos”.

La totalidad del material bélico incautado fue puesta a disposición de la Policía Judicial, que adelantará las investigaciones y procesos judiciales correspondientes. De acuerdo con la Dian, “siguiendo los protocolos establecidos, todo el material aprehendido fue puesto a disposición de la Policía Judicial para que se adelanten las investigaciones y procesos de judicialización correspondientes”.

La entidad resaltó que este tipo de procedimientos forma parte de su política para combatir el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo. El comunicado concluye que “con este tipo de acciones, la Dian ratifica su compromiso con la seguridad nacional y su lucha permanente contra el contrabando y el tráfico de mercancías prohibidas en los puntos de control fronterizo, protegiendo así la integridad de los colombianos”.

La Dian incautó cargamento de cigarrillos en el Urabá antioqueño

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó la aprehensión de más de 10 millones de cigarrillos en el Urabá antioqueño, con un valor aduanero superior a $3.795 millones. Este operativo, llevado a cabo en el corregimiento de Zungo Embarcadero, implicó el decomiso de 513.500 cajetillas distribuidas en 1.027 pacas.

Según informó la entidad, la operación se desarrolló en coordinación con el grupo de Policía Fiscal y Aduanera, tras identificar que la mercancía “no estaba amparada en los documentos de transporte correspondientes”. El procedimiento tuvo lugar en un depósito del corregimiento Zungo Embarcadero, en jurisdicción de Carepa, Antioquia, y resultó en la incautación de un total de 10.270.000 unidades de cigarrillos.

La entidad señaló que la mercancía incautada permanece en estado de aprehensión, con traslado y entrega a la Unión Temporal Nueva Logística, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia. Allí se continuará el trámite administrativo conforme a la normatividad vigente.

“La Dian reafirma su compromiso con el control al contrabando, la protección de la salud pública y la defensa del comercio legal, contribuyendo a salvaguardar los intereses del Estado y de los consumidores, así como a fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior”, subrayó la autoridad aduanera en el comunicado oficial.

Entre los datos destacados por la autoridad tributaria, se precisa: “En desarrollo de operativos de control aduanero adelantados en jurisdicción de Carepa, Antioquia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aprehendió 1.027 pacas de cigarrillos, equivalentes a 513.500 cajetillas y un total de 10.270.000 unidades, cuyo avalúo aduanero asciende a $3.795.528.500”.

El proceso administrativo seguirá su curso en la sede de la Unión Temporal Nueva Logística de Turbo, donde la mercancía permanecerá bajo custodia hasta que se defina su destino final con base en la legislación colombiana.

“La Dian reafirma su compromiso con el control al contrabando, la protección de la salud pública y la defensa del comercio legal, contribuyendo a salvaguardar los intereses del Estado y de los consumidores, así como a fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior”, reiteró la autoridad tributaria.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), por su participación en el ingreso al país de una valija con 790.550 dólares que llevaba el empresario venezolano Guido Antonini Wilson cuando ambos arribaron a la Argentina en agosto de 2007.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Uberti por incumplimientos formales. En particular, señalaron que la presentación no cumplió con los requisitos previstos en la Acordada 4/2007, que regula la forma y el contenido de las quejas ante el máximo tribunal. En consecuencia, la Corte desestimó la presentación directa y dejó firme la condena dictada en las instancias anteriores.

Uberti había sido condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa. Por la misma razón formal, la Corte también rechazó los recursos presentados por otros ex funcionarios aduaneros condenados en la causa a penas menores, de entre diez meses y un año de prisión en suspenso, por encubrimiento de contrabando agravado.

Se trata del guarda aduanero Jorge Félix Lamastra; María Cristina Gallini, entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newbery; Guillermo David Lucángeli, ex jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque; y Rosa Nélida García Santillán, ex directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de Ezeiza. En todos los casos, el máximo tribunal entendió que las presentaciones no reunían las exigencias formales necesarias para habilitar su análisis.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), empresa con participación estatal, en el marco de gestiones vinculadas a contratos energéticos bilaterales. Entre los pasajeros se encontraban Uberti; su secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el entonces presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; el empresario venezolano Guido Antonini Wilson; y otros ciudadanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA.

Durante el control de equipajes, una valija que no había pasado por el escáner llamó la atención del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue la agente María de Luján Telpuk quien insistió en revisar el equipaje luego de que el escáner detectara una gran cantidad de objetos rectangulares. Consultado por su contenido, Antonini Wilson respondió que llevaba “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija, se encontraron billetes de dólares estadounidenses. En un primer momento, el empresario dijo que se trataba de unos 60 mil dólares, pero al ser contabilizados se comprobó que el monto ascendía a 790.550 dólares, acondicionados en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria.

El dinero fue incautado y posteriormente destinado a jardines de infantes de zonas carenciadas. Antonini Wilson, en tanto, participó ese mismo día de un acto en la Casa Rosada y luego regresó a Estados Unidos. Nunca se presentó ante la Justicia argentina ni retiró el dinero, y los pedidos de extradición formulados por el país resultaron infructuosos.

El caso tuvo derivaciones internacionales. En Estados Unidos, Antonini Wilson colaboró con el FBI y declaró que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En Miami, la Justicia federal estadounidense juzgó y condenó a tres ciudadanos venezolanos y a un uruguayo, acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez para intentar comprar el silencio del empresario.

En la Argentina, la causa atravesó un largo derrotero. Uberti fue inicialmente indagado y luego beneficiado con una falta de mérito, y el expediente estuvo cerca de prescribir. La investigación se reactivó cuando se imputó también al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, lo que permitió extender los plazos por tratarse de ex funcionarios públicos.

En diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dictó un procesamiento de más de 500 páginas que reimpulsó la causa y la llevó finalmente a juicio oral. El debate se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva y absolvió a De Vido y a Echegaray. También fueron condenados los funcionarios aduaneros mencionados, con penas en suspenso.

En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En ese fallo, los camaristas destacaron que la integración probatoria para sostener la responsabilidad de Uberti “no padece de arbitrariedad o parcialidad” y que existía un cuadro indiciario “de peso cargoso indudable”. Según Casación, el hecho no se limitó al intento de ingreso de la valija con dinero, sino que formó parte de un entramado destinado a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de control aduanero.

Así las cosas, con la decisión del máximo tribunal quedó firme la sentencia condenatoria y cerró el trámite del caso, tras casi dos décadas de proceso judicial. Uberti estuvo al frente del OCCOVI entre 2003 y 2007, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, encabezado entonces por De Vido. Se encuentra acusado como miembro de una asociación ilícita en la causa “Cuadernos”, donde declaró como arrepentido.

La caída del comercio bilateral entre Afganistán y Pakistán, estimada en un descenso del 40 por ciento en 2025, refleja el impacto directo que los constantes episodios de violencia e inestabilidad fronteriza han generado en las relaciones económicas entre ambos países. Según informó la agencia afgana de noticias Jaama y como confirmaron portavoces de las autoridades talibanes, la entrada en vigor este lunes de la prohibición de importar medicamentos producidos en Pakistán representa un nuevo capítulo en las medidas adoptadas en el contexto del agravamiento del conflicto en la región fronteriza común. La decisión, según detalló el Ministerio de Finanzas afgano, apunta a restringir el acceso de productos farmacéuticos paquistaníes, con la exigencia expresa de recurrir a alternativas legales y seguras para el abastecimiento.

De acuerdo con Jaama, la disposición, que había sido anunciada por el gobierno instaurado por los talibán en noviembre pasado, se oficializó este lunes. Las autoridades del Ministerio de Finanzas señalaron que la medida implica el endurecimiento de los controles en todos los puntos de entrada, a fin de garantizar el cumplimiento estricto de la prohibición. El gobierno hizo un llamado a los comerciantes de medicamentos a buscar vías de suministro alternas, asegurando que las operaciones deben ajustarse tanto a la legalidad como a la transparencia.

El Ministerio ha argumentado que estas restricciones, además de responder al deterioro de las relaciones con Pakistán, buscan frenar el contrabando de fármacos y el narcotráfico. Según consignó Jaama, las autoridades atribuyen la implementación de estas medidas a la necesidad de reforzar los mecanismos que garanticen la seguridad y el control estatal en el proceso de importación de insumos médicos, marcando una distancia con los canales informales o ilegales que han proliferado en el contexto de las disputas fronterizas.

El contexto de la decisión se inscribe en una serie de incidentes armados ocurridos a lo largo de la frontera afgano-paquistaní durante los últimos meses. En octubre, enfrentamientos entre el Ejército de Pakistán y fuerzas talibanas incluyeron intercambios de artillería, generando el cierre prolongado de pasos estratégicos como el de Torjam. El impacto inmediato fue un retraso sustancial en el flujo comercial, que se vio prácticamente paralizado durante varias semanas, según recordó el Ministerio de Industria y Comercio afgano.

El portavoz del Ministerio, Ajundzada Abdul Salam Jauad, indicó a mediados de enero que el volumen de negocios entre ambos países sufrió caídas significativas, en parte como consecuencia de la inestabilidad fronteriza y los cambios regulatorios impuestos por Kabul. Según explicó el funcionario, la inseguridad y las medidas restrictivas han provocado que los comerciantes busquen rutas alternativas o incluso desistan de realizar operaciones transfronterizas, afectando especialmente el acceso a productos farmacéuticos que tradicionalmente arribaban desde Pakistán.

En el fondo de la crisis comercial se encuentran las acusaciones cruzadas entre Islamabad y Kabul, así como la persistencia de ataques atribuidos al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes. A lo largo de los últimos años, la región fronteriza se ha mantenido como un punto crítico de inseguridad, con incidentes recurrentes vinculados a la presencia y actividad de distintas facciones insurgentes. Islamabad sostiene que tanto las autoridades afganas como la India han prestado apoyo, de manera directa o indirecta, a TTP; por su parte, tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado estas imputaciones.

En este clima, el gobierno talibán de Afganistán insiste en que la actual política restrictiva sobre la importación de medicamentos persigue, en primer lugar, “un aumento de la transparencia y la prevención del contrabando y el narcotráfico”, según declaraciones reproducidas por Jaama. La iniciativa se enmarca, entonces, en los esfuerzos del Ejecutivo por controlar el flujo de productos a través de la frontera y fortalecer los mecanismos legales para la adquisición de insumos médicos.

El endurecimiento de las restricciones ha generado incertidumbre entre los comerciantes afganos de medicamentos, que enfrentan la presión de adaptar sus redes de suministro. El Ministerio de Finanzas remarcó la obligatoriedad de cumplir con las nuevas normativas y advirtió que se intensificarán los controles, tanto en los pasos fronterizos como en los mercados internos. Las autoridades subrayaron que cualquier infracción será objeto de sanciones, con el objetivo de evitar que persistan los viejos circuitos informales de introducción de mercancías.

El medio Jaama también detalló que la decisión ha sido objeto de debate dentro de la propia comunidad comercial, en vista de la dificultad de sustituir de inmediato los productos provenientes de Pakistán. En el pasado, el mercado afgano dependía en gran medida de los fármacos fabricados en territorio paquistaní, por razones de costos y proximidad geográfica. La actual prohibición obliga tanto a importadores como a distribuidores a encontrar nuevos socios en el sector farmacéutico internacional, siempre bajo el amparo de las disposiciones legales nacionales.

Diversos sectores observan con atención el impacto que tendrá la medida en el acceso a medicamentos en Afganistán, donde el sistema de salud se encuentra condicionado por la escasez de productos y la falta de alternativas de suministro estables. Mientras el gobierno insiste en la legalidad y la seguridad como parámetros básicos para el comercio de insumos médicos, los actores comerciales sostienen que la rápida transición hacia proveedores alternativos representa un desafío logístico y económico.

Fuentes oficiales citadas por Jaama aseguraron que los organismos gubernamentales están coordinando acciones para supervisar el cumplimiento de la prohibición y asistir a los comerciantes en la búsqueda de nuevas rutas legales de importación. La expectativa, según las autoridades, es que en la medida en que se estabilicen las relaciones comerciales bajo estas nuevas condiciones, mejore la oferta interna de medicamentos, siempre en consonancia con los estándares de transparencia y legalidad promovidos por la administración talibán.

La histórica inestabilidad en la frontera entre Afganistán y Pakistán, agravada por episodios de violencia y desconfianza mutua, sigue marcando el curso de las relaciones económicas y comerciales. El cierre parcial o total de pasos estratégicos no solo ha reducido el flujo de bienes, sino que ha puesto en tela de juicio la viabilidad de cualquier tipo de intercambio que no pase por estrictos controles y nuevas formas de regulación, de acuerdo con el panorama descrito por Jaama y funcionarios afganos.

La investigación sobre el contrabando de mercancías hacia Gaza ha permitido a las autoridades israelíes identificar redes en las que participan ciudadanos tanto de Israel como de Cisjordania y de la propia Franja, así como residentes de Gaza, de acuerdo con información divulgada por la Policía en colaboración con el Shin Bet. El caso se centra en un grupo acusado de aprovechar el periodo de alto el fuego y el ingreso de ayuda humanitaria, instaurados tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), para introducir al enclave mercancías expresamente prohibidas. Según consignó Europa Press, la Fiscalía de Israel ha presentado cargos contra doce personas, incluido un número no especificado de reservistas del Ejército, a quienes se señala de formar parte de una organización involucrada en actividades de contrabando hacia el territorio controlado por Hamás.

Entre los principales cargos presentados por las autoridades destacan los de “ayudar al enemigo durante tiempo de guerra” y “financiación de actividades terroristas”; así lo reportó Europa Press en función de los comunicados policiales. Los detenidos han sido acusados formalmente de proporcionar recursos materiales a grupos que Israel considera terroristas, vulnerando severamente tanto las restricciones vigentes respecto a Gaza como disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.

Según detalló la Policía en sus redes sociales y difundió Europa Press, el operativo que culminó con las detenciones derivó de una serie de informaciones recabadas por organismos de seguridad. Estas concluían que “varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes”, estaban empleando las condiciones impuestas por el alto el fuego para obtener beneficios con el tráfico ilícito de productos prohibidos por el gobierno israelí para Gaza. El comunicado conjunto entre la Policía y el Shin Bet resalta que la pesquisa brindó “mucha información sobre las organizaciones implicadas en el contrabando de mercancías y equipos prohibidos en la Franja”.

La lista de bienes presuntamente introducidos de modo ilegal incluye cigarrillos, teléfonos inteligentes de la marca iPhone, cargadores, cables específicos para telecomunicaciones y piezas para vehículos. Algunos de estos componentes han sido calificados por las autoridades israelíes como de “doble uso”, definición que implica la posibilidad de que dichos objetos puedan aprovecharse para llevar a cabo “actividades terroristas”, informó el portal israelí The Times of Israel y reprodujo Europa Press.

The Times of Israel señaló asimismo que la banda relacionada con esta operación mantendría conexiones con Bezalel Zini, quien es hermano de David Zini, jefe del Shin Bet. No obstante, según ha señalado el citado medio, Bezalel Zini todavía no ha sido formalmente imputado y las fuerzas policiales no han confirmado de forma oficial su inclusión como sospechoso en el expediente. Según el mismo comunicado de la Policía, existen al menos otros tres individuos que están siendo interrogados en el marco de esta investigación.

En sus declaraciones públicas, la Policía israelí y el Shin Bet han enfatizado que el contrabando representa una amenaza sustancial para la seguridad del Estado. Según el comunicado replicado por Europa Press y The Times of Israel, estas actividades ilegales “ayudan a la supervivencia y la gobernanza de Hamás como resultado de los beneficios económicos de los bienes introducidos” en Gaza. Las autoridades sostienen que este flujo de mercancías no solo contribuye a reforzar la posición financiera de Hamás, sino también a fortalecer su estructura interna, mantener su capacidad de gobierno y restaurar su potencial militar.

La operación que condujo a las detenciones se produjo en medio de un contexto modificado por el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025. Este acuerdo facilitó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, pero también dio pie, según las fuentes de seguridad citadas por Europa Press, a nuevas oportunidades para el tráfico ilícito de materiales considerados críticos por su potencial uso en actividades armadas.

De acuerdo con el relato de The Times of Israel, el número total de participantes en estas redes ilegales podría extenderse a decenas de personas, abarcando tanto ciudadanos de Israel como habitantes de Cisjordania y de Gaza. La compleja vinculación entre los diferentes actores y la presunta asignación de roles específicos dentro de la organización son algunos de los aspectos investigados por las autoridades israelíes.

Por otra parte, la Policía y el Shin Bet también subrayaron que este tipo de contrabando otorga a Hamás la capacidad de “construir poder e incrementar sus capacidades militares”, según palabras recogidas en el comunicado revisado por Europa Press. Las autoridades consideran que impedir este tipo de tráfico resulta necesario para preservar la estabilidad y la seguridad en la región, dada la repercusión que tiene en el balance de poder dentro de la Franja de Gaza.

El caso, cuyas ramificaciones legales y políticas continúan en desarrollo, pone de manifiesto la dificultad de controlar completamente el flujo de bienes y personas en contextos de conflicto donde las medidas excepcionales, como los altos el fuego y la entrada de ayuda internacional, pueden ser aprovechadas para fines distintos a los humanitarios. Tanto los organismos de seguridad como la Fiscalía siguen a cargo de la instrucción del expediente, en el que actualmente figuran al menos doce personas acusadas y otros posibles implicados cuya situación está bajo análisis, según la información recogida por Europa Press y respaldada por las comunicaciones oficiales emitidas en Israel.

El buque interceptado en aguas territoriales de Estonia transportaba carga desde Ecuador hasta el puerto ruso de San Petersburgo, y su escala en territorio estonio respondía a la necesidad de repostar combustible antes de continuar su travesía hacia Rusia. Según informó la Autoridad de Impuestos y Aduanas de Estonia mediante un comunicado, las sospechas de contrabando vinculadas a Sudamérica motivaron la intervención.

El medio estonio detalló que la operación conjunta implicó a la Policía, la Armada y los servicios de aduanas. Las fuerzas de seguridad actuaron tras identificar indicios de tráfico ilegal asociados al trayecto del carguero, que navega bajo bandera de Bahamas y viajaba desde Ecuador con rumbo a Rusia. De acuerdo con la Autoridad de Impuestos y Aduanas, el abordaje se realizó en aguas nacionales estonias, y la nave fue detenida bajo la supervisión de las autoridades para someter su cargamento a una exhaustiva inspección.

La organización aduanera estonia explicó que un comando especial de la Policía accedió al buque por la fuerza sin encontrar oposición por parte de la tripulación. El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de la normativa nacional, manteniéndose los controles y la vigilancia a bordo. El Departamento de Investigación de Aduanas permanece en el navío mientras avanza el registro, enfocado en esclarecer la naturaleza de la mercancía transportada y la posible vinculación con actividades ilícitas de contrabando.

Según publicó la Autoridad de Impuestos y Aduanas, existen motivos fundados para sospechar que el carguero fue utilizado en operaciones de contrabando. Las autoridades subrayaron que el barco no figura entre los conocidos integrantes de la denominada "flota fantasma", utilizada por Rusia para eludir sanciones impuestas por gobiernos europeos en respuesta al contexto internacional. De este modo, si bien la embarcación no integra la red de barcos sancionados, los investigadores consideran relevante profundizar en la procedencia y destino de la carga.

El medio consignó que la escala técnica en aguas estonias se debió al reabastecimiento de combustible programado durante la ruta Sudamérica-Rusia. A pesar de no formar parte de la lista de embarcaciones sancionadas, el tránsito y el tipo de mercancía generaron alerta entre los organismos de control, atentos a posibles maniobras de evasión y rutas alternativas empleadas para sortear restricciones comerciales.

Funcionarios adscritos al Departamento de Investigación de Aduanas siguen analizando la documentación y los contenedores presentes en la nave. La operación se mantiene activa y las pesquisas continúan en busca de pruebas que permitan confirmar o descartar las sospechas de contrabando señaladas por la Autoridad de Impuestos y Aduanas. Hasta el momento, la tripulación permanece bajo custodia, colaborando con las preguntas de los agentes sin que se haya informado de incidentes violentos o resistencia a las autoridades.

Tal como reportó la fuente oficial, la inspección del carguero forma parte de los controles habituales implementados para prevenir el tráfico ilegal a través de rutas marítimas utilizadas de forma reiterada para el transporte de productos ilícitos o no declarados. La Autoridad de Impuestos y Aduanas subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional para el desarrollo exitoso de la operación, así como la necesidad de mantener la vigilancia en puntos estratégicos del mar Báltico.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades y reflejados en el comunicado oficial, la investigación permanecerá abierta hasta que se esclarezcan todos los extremos relativos a la carga, la ruta efectuada y la participación o conocimiento de la tripulación en las posibles irregularidades vinculadas al contrabando detectado con origen en Sudamérica.

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue decisivo en la investigación del doble asesinato de dos agentes en el puerto de Barbate, Cádiz. Dicho informe, que se completó en mayo, determinó que la narcolancha que embistió a la embarcación oficial no se correspondía con la intervenida la mañana del 10 de febrero de 2024 en La Línea de la Concepción. La UCO recopiló pruebas objetivas, incluidas declaraciones de testigos y grabaciones de vídeo —una de ellas registrada por uno de los detenidos desde una narcolancha diferente—, para demostrar que la embarcación implicada en los hechos mortales era otra distinta. El medio Europa Press reportó que este análisis permitió centrar la atención de la investigación sobre Karim E.B., identificado entonces como el piloto principal responsable, a quien se detuvo siete meses después del crimen.

Según informó Europa Press, Karim E.B. permanece acusado de ser quien presuntamente pilotó la narcolancha el 9 de febrero de 2024, embistiendo hasta seis veces a la patrullera de la Guardia Civil en Barbate. Esta acción habría causado la muerte de dos agentes, motivo por el que será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz. El proceso judicial se desarrollará bajo el formato de jurado popular, tras la decisión del juez encargado de la instrucción de la causa. Junto a Karim E.B., comparecerá otro de los tripulantes de la embarcación que, según el auto judicial citado por Europa Press y adelantado por Canal Sur, afronta cargos por su presunta participación directa durante el ataque.

La Fiscalía y las acusaciones particulares cuentan con la instancia de concretar las imputaciones formales y solicitar la práctica de nuevas diligencias si lo consideran oportuno. Dichos pasos, previstos inicialmente para una comparecencia el lunes pasado, se retrasaron a consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

El juez detalló en el auto que Karim E.B. enfrenta acusación por dos delitos de asesinato consumado, otros cuatro en grado de tentativa y seis de atentado agravado contra la autoridad. La resolución judicial concreta que el segundo tripulante será juzgado por seis delitos de atentado agravado, sustentando esta calificación en el hecho de haber, presuntamente, apuntado con un láser a los agentes en la zódiac momentos antes del impacto, “con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción”. Aun así, el juez señala que “no consta” la utilización del láser exactamente en el momento de la colisión.

De acuerdo con Europa Press, los hechos juzgados ocurrieron la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, Cádiz, cuando la narcolancha protagonista de la investigación arremetió en repetidas ocasiones contra la embarcación oficial, resultando en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil y dejando a otros en situación de riesgo. La investigación original contempló la posibilidad de que otro individuo, apodado ‘Kiko el Cabra’ y encarcelado desde el día del suceso, fuera el piloto. Sin embargo, el informe de la UCO descartó tal hipótesis.

El medio Europa Press relató que los arrestos de los presuntos implicados se efectuaron en distintas fases, comenzando por la detención de Karim E.B. el 19 de septiembre de 2024, transcurridos siete meses desde los hechos en cuestión. Con el avance de las diligencias, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se logró la detención de los tres tripulantes restantes.

En lo referente a la situación procesal de los cuatro tripulantes, Europa Press detalló que solo el piloto será juzgado por el doble asesinato y delitos de atentado agravado, mientras que el segundo acusado responderá ante el jurado por delitos de atentado agravado contra la autoridad. Los otros dos tripulantes, liberados tras abonar una fianza, serán procesados en una causa separada por delitos relacionados con contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Testigos y detenidos ofrecieron desde el inicio de la investigación versiones que exculpaban a ‘Kiko el Cabra’ como responsable del doble asesinato, apuntando a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, finalmente identificado como Karim E.B. Según consignó Europa Press en base a diversas declaraciones y pruebas documentales obtenidas, esta línea de investigación permitió finalmente la detención de Karim y la posterior imputación de sus acompañantes.

En síntesis, Europa Press informó que la causa central contra Karim E.B. y su acompañante se instruye en base a acusaciones de delitos de extrema gravedad, en los que se considera la alevosía y el ataque directo contra la autoridad, así como acciones que buscaron imposibilitar la defensa y reacción de las víctimas. Los demás implicados, aunque relacionados con los hechos, enfrentarán juicios independientes por delitos menores en comparación con el doble asesinato por el que Karim E.B. será sometido al veredicto de un jurado popular.

Un comunicado difundido por el Comando General del Ejército Nacional Libio informó que varios soldados fueron tomados prisioneros tras un ataque armado en la frontera con Níger, mientras llevaban a cabo labores de protección en los puntos de control fronterizos estratégicos que buscan limitar el contrabando y otras formas de crimen organizado. Según informó el portal Libya Update, el incidente ocurrió durante la madrugada del sábado pasado e implicó ataques coordinados en tres ubicaciones clave: el cruce fronterizo de Al Tum, el sector de Wadi Bughara y el paso de Salvador, áreas donde se encontraban desplegadas unidades de la Guardia Fronteriza.

El Ejército Nacional Libio, bajo el mando del mariscal Jalifa Haftar, detalló que tres de sus soldados perdieron la vida y varios resultaron heridos durante el asalto simultáneo atribuido a grupos armados. El comunicado oficial recogido por Libya Update indica además que los combatientes responsables—identificados posteriormente como miembros del grupo autodenominado “Revolucionarios Tubu”, según consignó el medio digital Libya Review—capturaron temporalmente el cruce de Al Tum, justificando sus acciones a través de un video difundido en redes sociales. En ese mensaje, el grupo sostuvo que sus movimientos buscan enfrentar supuestas redes de corrupción y actividades de contrabando en la región sur del país, señalando directamente a las fuerzas aliadas de Haftar por presunta colaboración en el tráfico ilegal de combustible y mercancías. En su mensaje, los “Revolucionarios Tubu” advirtieron sobre futuros ataques dirigidos a vehículos y puestos de control que, según su criterio, estén implicados en tales prácticas.

Libya Update precisó que el ataque no solo resultó en la captura de militares, sino también marcó una amenaza directa contra los operativos de seguridad cuyo objetivo es preservar la integridad de la frontera sur libia. La Guardia Fronteriza realiza patrullajes regulares para combatir las redes criminales que operan en la zona, aprovechando la extendida inestabilidad política y el vacío de poder en amplios sectores del país. De acuerdo con el Ejército Nacional Libio, las acciones recientes forman parte de un esfuerzo más amplio con el que buscan eliminar las vías de suministro que sostienen las operaciones de contrabando. En el comunicado, las autoridades militares afirmaron: “Esto impulsó a las bandas a llevar a cabo este acto hostil desesperado”, responsabilizando a grupos especializados en contrabando por el ataque y asegurando que las rutas clandestinas han sufrido graves daños a raíz de las operaciones oficiales.

El mismo ejército señaló que los atacantes huyeron hacia Níger tras la ofensiva y anunció la puesta en marcha de operaciones de rastreo para dar con los responsables. Según recogió Libya Update, las autoridades continuarán los esfuerzos para liberar al personal capturado y afirmaron su compromiso de mantener la vigilancia en la frontera sin dejarse intimidar por incidentes de esta naturaleza, que ven como intentos por “socavar la seguridad y la estabilidad” nacionales.

Por su parte, el grupo “Revolucionarios Tubu” declaró haber actuado en respuesta a la supuesta connivencia de las fuerzas de seguridad locales con redes de tráfico ilícito. El grupo, formado principalmente por miembros de la comunidad tubu—pueblo nómada y seminómada distribuido por el sur de Libia, el norte de Chad, Níger y el oeste de Sudán—, ha manifestado en repetidas ocasiones su descontento con las políticas de seguridad en el sur libio y el rol de las facciones armadas asociadas a los poderes establecidos. Libya Review subrayó que el video publicado tras el asalto incluyó advertencias sobre futuros ataques contra infraestructuras y personal vinculados al contrabando.

La situación en la frontera sur de Libia sigue reflejando la complejidad del conflicto interno que afecta al país desde hace años. Según reportó Libya Update, la disputa política entre el Ejecutivo reconocido por la comunidad internacional, encabezado por Abdul Hamid Dbeibé, y las autoridades del este, lideradas por Aguila Salé y sostenidas militarmente por Jalifa Haftar, favorece la proliferación de grupos armados con intereses particulares en distintas regiones, incluidas las zonas fronterizas. La capital, Trípoli, y amplios sectores del país continúan expuestos a la fragmentación territorial motivada por la acción de diversas milicias, cada una buscando consolidar su influencia frente a la debilidad institucional del Estado central.

Libya Update y Libya Review han seguido de cerca los efectos del conflicto para comunidades locales como los tubu, que tradicionalmente viven del pastoreo y, a menudo, se ven envueltos en las dinámicas del contrabando que facilita la economía de subsistencia en regiones con acceso limitado a servicios y oportunidades. Las acciones armadas como la ocurrida en la frontera con Níger subrayan la persistente vulnerabilidad de la zona y la dificultad para establecer mecanismos efectivos de control, en un entorno caracterizado por el enfrentamiento entre diversos actores armados.

El comunicado militar del Ejército Nacional Libio explicó que, pese al impacto de los ataques y la pérdida de efectivos, las operaciones para asegurar la frontera continuarán mientras se mantiene la búsqueda de los soldados capturados y la localización de los responsables del asalto. En tanto, las autoridades reiteraron su intención de garantizar la “protección de la nación” en medio de un entorno marcado por la presencia de múltiples amenazas internas y transfronterizas.

Cinco personas quedaron bajo custodia por su presunta implicación en actividades ilícitas, tras una operación realizada cerca de la isla de Qeshm, situada en el sur de Irán, donde las fuerzas navales realizaron inspecciones a seis embarcaciones, confiscando múltiples tipos de cargamento. Según informó la cadena IRIB, la intervención se efectuó como parte de un despliegue de patrullas de vigilancia en la zona y tuvo como resultado la incautación de materiales diversos, reforzando los controles contra el contrabando en una de las principales rutas marítimas del mundo.

El comandante de la base naval de Qeshm declaró que, durante la ejecución de la operación, se procedió a la requisa de cantidades significativas de bienes. Entre los artículos confiscados se encontraba combustible para motores, 750.000 cigarrillos, 640 teléfonos móviles, 500 kilogramos de limón desecado, 360 pares de zapatos, 170 piezas de tela, 45 pantallas de ordenador, 60 AirPods y 170 cables conectores, según detalló el medio público IRIB.

De acuerdo con lo publicado por IRIB, las embarcaciones fueron interceptadas ante sospechas de estar involucradas en labores de contrabando. La ubicación de la isla de Qeshm, próxima a rutas cruciales de tráfico marítimo, convierte la región en un punto estratégico para operaciones de vigilancia y control de actividades ilegales, en las que frecuentemente se transportan cargamentos no autorizados o se incurre en el desvío de productos regulados, como combustibles.

La operación se enmarca en el contexto de medidas implementadas por Irán en los últimos años para combatir el contrabando marítimo. Tal como consignó IRIB, las autoridades han llevado a cabo decenas de incautaciones en circunstancias similares, bajo el argumento de que los buques transportaban combustible de contrabando y otras violaciones a la normativa marítima vigente. Estas acciones reflejan la presión ejercida por el gobierno iraní para hacer cumplir los controles fronterizos y reducir el comercio ilegal a través de sus aguas jurisdiccionales.

El medio IRIB reportó que, tras la intervención, los elementos confiscados quedaron bajo custodia de las autoridades, mientras que los presuntos implicados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para el desahogo de las diligencias judiciales. El propósito de operaciones como esta, según señalaron medios oficiales, radica en frenar la salida ilícita de productos y mantener la seguridad en una zona donde el tráfico marítimo internacional representa una fuente constante de riesgos vinculados al contrabando y otros delitos conexos.

La zona de Qeshm, por su posición geográfica y el volumen de tráfico marítimo, permanece bajo observación constante de las fuerzas navales iraníes. Según publicó IRIB, estas acciones forman parte de una política más amplia de monitoreo y contención del contrabando, en la que las patrullas navales intensifican la revisión de embarcaciones y la inspección de cargas sospechosas para identificar y neutralizar a quienes participan en redes de comercio ilegal.

La cadena IRIB no especificó la nacionalidad de los detenidos ni los detalles sobre el destino final de los productos decomisados, pero reiteró que las autoridades mantienen el compromiso de actuar con firmeza frente a las infracciones detectadas en las aguas del sur iraní. El saldo de la operación refuerza el mensaje de las autoridades de que el control sobre el tráfico marítimo sigue siendo una prioridad nacional.

Entre las alegaciones presentadas por las defensas, varios abogados de los once acusados señalaron que no habían tenido acceso a toda la documentación procesal y que la acústica deficiente en la sala interfería con el correcto entendimiento de las intervenciones. Esta referencia a indefensión se sumó a una batería de argumentos que expusieron durante la vista celebrada este lunes, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la que solicitaron la suspensión del juicio por considerar que este tribunal carece de competencia para juzgar los hechos relacionados con la presunta construcción y venta de embarcaciones rápidas destinadas al narcotráfico, según publicó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, los once imputados, junto a una empresa de transportes con sede en O Porriño, enfrentan cargos por presunto contrabando de embarcaciones prohibidas. El foco de la acusación es la elaboración y comercialización de lanchas semirrígidas de alta velocidad, conocidas como 'narcolanchas', que tendrían como destino operaciones de narcotráfico en costas españolas. Los implicados se sentaron este lunes ante la Audiencia Provincial de Pontevedra tras una investigación que abarca hechos presuntamente ocurridos entre septiembre de 2020 y junio de 2022 en Vigo, el norte de Portugal y otras zonas de España, como Alicante, Barcelona, Tarragona, Toledo y Sevilla.

Los abogados defensores solicitaron la nulidad de las actuaciones judiciales, cuestionando tanto la legitimidad de los autos que autorizaron los registros y otras medidas de vigilancia, como la idoneidad del tribunal para abordar la causa. Alegaron que al tratarse de hechos con vertiente internacional, con parte de las actividades desarrolladas en Portugal —donde la fabricación de tales embarcaciones está regulada y no resulta delictiva—, la competencia correspondería a la justicia portuguesa. En caso de mantenerse un proceso en territorio español, consideraron que la causa debería remitirse a la Audiencia Nacional por su carácter transnacional.

Europa Press detalló que, según las defensas, se habrían producido irregularidades en la obtención de pruebas, señalando que varios autos judiciales no motivaron suficientemente la autorización de registros en naves industriales ni el balizamiento de embarcaciones, entre otras medidas de investigación. Los letrados observaron, además, que parte de la instrucción judicial derivó de investigaciones sin indicios claros de criminalidad, lo que interpretaron como una investigación prospectiva contraria a los derechos fundamentales de sus representados.

Entre los argumentos de los acusados también surgieron quejas derivadas de las condiciones en sala, ya que afirmaron no haber podido entender la totalidad de las intervenciones por problemas acústicos. Este hecho, unido a la falta de acceso a toda la documentación, fue presentado como base para las alegaciones de indefensión.

En contraste, el Ministerio Fiscal defendió ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que sí existe competencia de este tribunal para enjuiciar los hechos, subrayando que la presunta actividad delictiva se centró en España, en particular en una nave de Vigo donde operaría la estructura principal del grupo acusado. Según el fiscal, aunque parte de la fabricación o ensamblaje de algunas embarcaciones se completara en Portugal, los destinatarios de las lanchas eran clientes radicados en España, con actividades del grupo que se extendieron a otras zonas españolas. El representante del Ministerio Público subrayó que la estructura criminal tenía un núcleo en Vigo, a partir del cual se expandía o desarrollaba hacia otros puntos del país.

El fiscal sostuvo que las diligencias realizadas por la Guardia Civil, como registros e intervenciones telefónicas, estaban respaldadas por indicios claros sobre la presunta actividad delictiva de los acusados. En palabras del representante del Ministerio Público, las embarcaciones intervenidas solo podían destinarse a actividades de narcotráfico.

Europa Press reportó que la investigación permitió conocer la existencia de al menos diecinueve 'narcolanchas', algunas de las cuales habrían sido empleadas en operaciones de tráfico de hachís en el sur de la península. Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos de delitos de contrabando de géneros prohibidos, al haber sido cometidos mediante la colaboración de personas físicas, entidades y organizaciones.

La acusación pública también atribuyó a uno de los encausados los delitos de tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública, tras hallarse casi 300 gramos de hachís y una pistola detonadora semiautomática durante los registros en su domicilio y en su despacho de empresa.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitó penas de entre dos y nueve años de prisión para los imputados, además del pago de multas cuyo monto total supera los 80 millones de euros. En el caso de la empresa de transportes acusada, la Fiscalía reclamó una multa de 14 millones de euros y la imposibilidad de acceder a ayudas o subvenciones públicas, ni beneficiarse de incentivos fiscales, durante dos años, así como la suspensión de actividades relacionadas con la importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas durante un año y tres meses.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Audiencia Provincial de Pontevedra fijó el 16 de febrero como la fecha para reanudar el proceso y comunicar la decisión respecto a las cuestiones previas planteadas. El inicio del juicio quedará marcado por las declaraciones de los testigos, dado que el tribunal concedió que los acusados declaren al término de dichas intervenciones.

La provincia de Béchar, situada a unos 1.600 kilómetros al suroeste de Argel y próxima a la frontera con Marruecos, fue escenario de un operativo de las fuerzas argelinas en el que se incautaron 74 kilogramos de cannabis y un rifle de caza, según informó el Ministerio de Defensa de Argelia. El operativo se desarrolló en la zona de Ghennama, donde las autoridades intensificaron las medidas de seguridad y reforzaron su vigilancia debido a recientes intentos de actividad ilícita en la región.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Defensa argelino, los efectivos del Ejército, la Guardia Fronteriza y la Aduana llevaron a cabo una emboscada durante la noche del miércoles en la que resultaron eliminados tres ciudadanos marroquíes, identificados como presuntos contrabandistas armados. Además, durante la misma acción se logró la detención de un cuarto implicado, también de nacionalidad marroquí.

En el comunicado oficial, reproducido por medios locales, la cartera argelina de Defensa especificó que los individuos interceptados pretendían aprovechar las condiciones climáticas adversas que afectaban a varias regiones del país para desarrollar sus actividades delictivas y facilitar el tráfico transfronterizo. Las autoridades señalaron que los detenidos y el material decomisado forman parte de acciones recurrentes para combatir el contrabando y la delincuencia organizada en las zonas fronterizas.

El Ministerio de Defensa subrayó que la operación busca reafirmar la determinación de las tropas argelinas en la protección del territorio nacional, transmitiendo un mensaje de firmeza dirigido a quienes intenten infiltrarse de forma irregular por las fronteras del país. “Esta operación viene a confirmar una vez más la vigilancia de las tropas y (reafirma) un mensaje firme a todo aquel que se atreva a infiltrarse en el territorio nacional”, señala textualmente el comunicado del ministerio, según reportó la prensa local.

Este incidente tiene lugar dentro de un contexto de fuertes tensiones bilaterales entre Argelia y Marruecos. Según consignó el Ministerio de Defensa y recogieron diversos medios, la frontera entre ambos países norteafricanos continúa cerrada desde 1994, lo que dificulta las relaciones y ha acentuado la vigilancia militar y policial en las zonas limítrofes. Las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos permanecen en estado crítico, lo que repercute directamente en la gestión de la seguridad en la franja fronteriza.

A lo largo de los últimos años, las fuerzas argelinas han extremado sus operaciones en la región con el objetivo de reducir el contrabando de droga y otras mercancías ilegales, en respuesta al incremento de este tipo de delitos en territorio fronterizo. Según detallaron las autoridades militares argelinas, la zona de Béchar se ha convertido en un punto clave para el paso clandestino de mercancías no sólo por su ubicación estratégica sino también por la dificultad que presentan sus condiciones geográficas y climáticas, que en ocasiones favorecen a los grupos dedicados a estos ilícitos.

Los nombres y datos de los ciudadanos marroquíes fallecidos en la operación han sido publicados por el Ministerio de Defensa de Argelia, que además confirmó la identidad del detenido. Las autoridades aseguran que continúan investigando posibles conexiones con redes más amplias de tráfico de drogas en la región del Magreb, y advierten que mantendrán una postura de tolerancia cero ante futuras amenazas de infiltración o contrabando.

El gobierno argelino reitera constantemente, a través de comunicados como el difundido tras este operativo, que sus fuerzas armadas permanecen en estado de alerta para enfrentar cualquier intento de vulnerar la seguridad nacional. Esta última acción, según puntualizaron fuentes del Ministerio citadas en la prensa nacional, encaja en una política sostenida de represión contra la delincuencia organizada y el tráfico internacional de drogas, especialmente en las zonas remotas y de difícil acceso de la frontera con Marruecos.

La operación en Béchar añade un nuevo episodio a la serie de intervenciones militares en la frontera occidental de Argelia desde el cierre de la frontera en la década de los 90, reflejando la persistencia del fenómeno del contrabando y las respuestas estatales ante un desafío constante a la seguridad nacional y regional.

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió desmantelar un taller clandestino de calzado en un inmueble de cinco pisos en el distrito de Lince, donde se producían zapatillas de marcas falsificadas.

Los agentes de la Policía Fiscal incautaron más de 15 máquinas industriales, junto a insumos y materiales empleados en la fabricación de productos ilegales, cuyo valor supera los S/11 millones.

La intervención, coordinada con el Ministerio Público, culminó con la detención de 19 personas, entre ellas 12 mujeres, seis varones y una menor de edad.

Según el general Marco Antonio Conde, director de la Policía Fiscal, la maquinaria pesada quedó inmovilizada en el lugar, mientras los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades y posibles casos de explotación laboral.

Persecución contra la piratería

El operativo se desarrolló bajo la supervisión de la División de Investigación de los Delitos contra los Derechos Intelectuales. El coronel Edwin Méndez indicó que la Fiscalía de Familia intervino para esclarecer la situación de la menor y evaluar si existieron delitos vinculados a la explotación laboral.

Los productos incautados y las máquinas confiscadas serán materia de investigación para establecer el alcance de la actividad ilegal.

La PNP identificó a los detenidos como presuntos integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Truchos de Carabayllo’, quienes enfrentan cargos por delitos contra el derecho intelectual y la propiedad industrial.

Las diligencias continúan para determinar el grado de participación de cada uno y la situación legal de la menor.

Otro golpe

La Policía Nacional también descubrió una fábrica clandestina de billetes falsos en San Juan de Miraflores, Lima, donde incautó más de 3.6 millones de dólares apócrifos y detuvo a tres integrantes de la banda “Los Falsificadores de San Juan”.

El operativo, resultado de una investigación de inteligencia, permitió identificar una red criminal dedicada a la producción y distribución de moneda extranjera adulterada. Los billetes falsificados, de 50 y 100 dólares, eran elaborados con maquinaria especializada, incluidas impresoras Davidson modelo 500, tintas especiales y cilindros de seguridad, replicando detalles y relieves de la moneda original.

Durante la intervención, los agentes incautaron armas, teléfonos celulares —algunos robados—, una camioneta, una mototaxi, un bloqueador de GPS y una máscara del payaso Pennywise.

Los detenidos, identificados como Huber Steven Siancas Patiño, César Andrés Valle Rúa y Juan Gabriel Siancas Luque, presentaban antecedentes migratorios hacia Chile, Argentina, México y Alemania, lo que ha motivado la colaboración internacional para investigar la posible extensión de la red.

La organización operaba ocultando la fábrica en la parte posterior de una vivienda, desde donde planeaban distribuir los billetes hacia las fronteras del país. El delito de falsificación de moneda contempla penas de 8 a 15 años de prisión, agravadas por la pertenencia a una organización criminal.

La intervención en San Juan de Miraflores se suma a otro caso de 2025, cuando la PNP halló 1.2 millones de dólares falsos en La Victoria. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el impacto y la presencia de otras organizaciones similares en Lima.

Un nuevo operativo llevado a cabo por la Dirección General de Aduanas (ARCA) logró incautar 12 motos de alta gama que están valuadas en 480 mil dólares en uno de los pasos fronterizos de Tierra del Fuego.

El procedimiento fue realizado por la División Aduana de Río Grande que secuestró los vehículos de alta cilindrada en un operativo realizado en la tarde este lunes en el Paso Fronterizo San Sebastián.

La intervención se originó tras una alerta emitida por la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE), en el contexto de una investigación activa vinculada al ingreso irregular de vehículos con matrícula extranjera al país. La coordinación entre distintas áreas de control permitió identificar e interceptar las motocicletas, que correspondían a la marca BMW, modelo R1300 GS, reconocidas internacionalmente por su cilindrada y valor en el mercado.

Según los informes oficiales, la maniobra detectada encuadra en lo previsto por el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula las infracciones relativas a la importación y circulación de bienes no autorizados. Ante la constatación de la infracción, el personal dispuso la interdicción y secuestro de la totalidad de las unidades, cuyo valor estimado asciende a 480 mil dólares, confirmando la magnitud económica del operativo.

Las motos de alta gama incautadas presentan características técnicas que las posicionan entre las más codiciadas del segmento, tanto por su potencia como por su diseño. El ingreso irregular de estos vehículos, sin la documentación aduanera correspondiente, constituye una infracción grave según la normativa vigente. La investigación se orienta a determinar el destino final de las unidades y a identificar a los responsables de la maniobra.

El operativo se desarrolló bajo la supervisión de la Dirección Regional Aduanera Austral, que mantiene controles estrictos en todos los pasos fronterizos de la provincia. Estos operativos forman parte de una estrategia integral destinada a combatir el contrabando y proteger los intereses fiscales y comerciales del país.

En paralelo al procedimiento en Tierra del Fuego, se detectó otro intento de contrabando en el Puente Internacional Posadas–Encarnación, que conecta la provincia de Misiones con Paraguay. Personal de la División Aduana Posadas identificó irregularidades durante un control de ingreso, al inspeccionar un camión de carga con matrícula paraguaya que realizaba una operación de tránsito de importación.

El escaneo del transporte permitió detectar la presencia de mercadería oculta en el interior de las cubiertas de auxilio del vehículo. Al proceder a la verificación, y en presencia de testigos, se extrajeron las cubiertas y se constató la existencia de cien paquetes de cigarrillos marca GIFT, distribuidos en cartones ocultos con la intención de eludir el control aduanero.

Ante el hallazgo, las autoridades dieron intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se instruyeron actuaciones por el delito de tentativa de contrabando, conforme a los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, lo que derivó en la detención del conductor del camión en carácter de comunicado, el secuestro de la mercadería ilícita y del medio de transporte.

Ambos procedimientos se inscriben en el marco de las acciones de control permanente que implementa la Aduana en los pasos fronterizos más sensibles del país. La detección de maniobras de contrabando de gran escala, tanto de vehículos de alta gama como de cigarrillos, evidencia la capacidad de respuesta de los organismos de control y la importancia de la labor preventiva en zonas limítrofes estratégicas.

La Aduana incautó cinco motocicletas valuadas en 85.000 dólares en Puerto Iguazú

La Dirección General de Aduanas (ARCA) incautó cinco motocicletas de alta gama valuadas en USD85.000 durante un control realizado en el Paso Internacional Tancredo Neves de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) subrayó la importancia de la articulación público-privada como estrategia para enfrentar el comercio ilícito en Sudamérica, durante el IV Consejo de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha contra el Comercio Ilícito, realizado en Viña del Mar, Chile.

El encuentro congregó a representantes empresariales y autoridades de Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, con el objetivo de fortalecer la coordinación regional frente al avance del crimen organizado transnacional.

El contrabando genera pérdidas por más de 600 millones de dólares anuales en Perú

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el contrabando mueve más de 600 millones de dólares al año en Perú.

Sin embargo, la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la SNI advirtió que este monto no representa ni la cuarta parte del impacto económico real de este delito.

El comercio ilícito abarca falsificación, piratería, contrabando y adulteración de productos, actividades que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región.

La secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Silvia Hooker, afirmó que el comercio ilícito no es un problema sectorial ni exclusivamente nacional, sino una amenaza transversal que afecta la seguridad, el empleo formal y la competencia leal.

En ese sentido, Hooker Ortega destacó la necesidad de respuestas integrales y coordinadas entre el Estado, el sector privado y los países de la región.

SNI: La frontera sur concentra el mayor riesgo logístico para actividades ilícitas

Hooker explicó que la estrategia peruana se basa en un ecosistema de colaboración público-privada que permite avanzar hacia enfoques integrales. La premisa central es combatir este ilícito desde la raíz, dándole la relevancia que corresponde por su impacto como economía ilegal transnacional.

Durante el encuentro en Chile, los gremios sudamericanos coincidieron en que las mafias operan bajo una lógica transnacional, aprovechando corredores logísticos compartidos para diversos delitos.

El contrabando de cigarrillos fue señalado como uno de los principales ejemplos de esta convergencia, al compartir rutas con otras mercancías ilícitas. Además, se destacó que las redes ilícitas concentran el 89% de sus ingresos en tres nodos logísticos críticos, siendo la frontera sur la más vulnerable.

La cooperación regional es clave para reducir el impacto del comercio ilegal, según industriales

El evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), concluyó con la firma de un compromiso para homologar definiciones de contrabando, compartir inteligencia en tiempo real y replicar modelos de operativos conjuntos.

Esta medida busca dar una respuesta eficaz ante mafias que operan sin fronteras, exigiendo que las acciones gremiales y estatales tengan el mismo alcance.

El compromiso regional apunta a desarticular los incentivos que hacen del comercio ilícito un negocio rentable y de bajo riesgo, abordando sus causas estructurales en toda la región.

Las autoridades y representantes gremiales reafirmaron la voluntad de fortalecer la cooperación regional, conscientes de los efectos negativos del comercio ilícito en la seguridad, la recaudación fiscal y la competitividad de las economías formales.

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847).

La Aduana de Paso de los Libres colaboró en el procedimiento al aportar información relevante sobre la operatoria y la identificación de los vehículos involucrados.

Los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el proceso judicial en curso, el responsable del centro de conservación animal donde fueron depositados los ejemplares incautados declaró que actualmente apenas ha sobrevivido una tortuga y dos salamandras de todos los animales intervenidos. El resto murió tras el decomiso, lo que recalca la grave situación de los especímenes exóticos implicados en este caso de tráfico ilegal. El juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, investiga las presuntas actividades ilícitas de una pareja acusada de mantener un criadero ilegal con más de mil tortugas de especies protegidas y amenazadas en una finca de Llucmajor, Mallorca, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para cada uno de los dos principales acusados y dos años de cárcel para un tercer implicado, quien, como propietario de una tienda de reptiles en Barcelona, supuestamente ejercía funciones de intermediario en la compraventa de los animales. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama que los procesados paguen indemnizaciones por un valor superior a 200.000 euros.

Durante la reciente sesión del juicio, un encargado de una empresa de transportes relató que los acusados solían recibir ocasionalmente palets con ratones congelados, algo que calificó de chocante por el inusual volumen y frecuencia. El testigo explicó que suponía que estos ratones servían de alimento para animales, ya que, según lo que había oído, los destinatarios se dedicaban a actividades vinculadas a la cría y mantenimiento de fauna, aunque no lo sabía de manera concluyente. El mismo testigo precisó, a preguntas de la defensa, que nunca transportó animales vivos para los acusados y que este tipo de envíos exige autorizaciones especiales. Recordó también haber gestionado el transporte de una caseta o un vivero pequeño que requirió el uso de un camión grúa.

Europa Press consignó que la investigación arrancó en 2018, cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron un registro en la finca ubicada en Llucmajor. La inspección reveló una infraestructura desarrollada para la cría y reproducción de tortugas tanto acuáticas como terrestres y de bosque, así como de galápagos. La mayoría de las especies presentes en el criadero estaban catalogadas como protegidas o amenazadas a nivel internacional. En los diversos operativos llevados a cabo, las autoridades decomisaron más de mil ejemplares vivos junto a huevos y material utilizado para la reproducción.

El escrito de acusación de la Fiscalía, citado por Europa Press, establece que la valoración económica total de los reptiles incautados y de las crías que pudieron nacer de los huevos intervenidos asciende a 500.000 euros. Las ventas y adquisiciones de estos animales —según la acusación— se realizaban principalmente a través del propietario de la tienda de reptiles barcelonesa, quien facilitaba transacciones a terceros o, en ocasiones, adquiría él mismo los animales para su negocio.

El Ministerio Fiscal señala que la pareja y el comerciante de animales constituyen una estructura de tráfico de especies en la que los animales, en su mayoría ejemplares en peligro de extinción, se criaban sin las licencias necesarias y vulnerando normativas sobre protección de la fauna y el contrabando. El fiscal sostiene que los hechos descritos configuran delitos contra la fauna salvaje, de contrabando y de blanqueo de capitales, ya que los ingresos derivados de estas operaciones ilegales se canalizaban fuera de los cauces legales.

Durante la vista, responsables de centros de conservación y testigos aportaron información sobre el limitado éxito de los esfuerzos por salvar la vida de los reptiles intervenidos, que sufrieron altas tasas de mortalidad tras su traslado. Según datos conocidos por Europa Press, la complejidad de mantener estos animales en cautividad y su estado previo al decomiso influyeron en la baja supervivencia registrada. Los expertos lamentaron la pérdida de la mayoría de los reptiles, subrayando los problemas éticos y ecológicos que implica el tráfico de especies amenazadas.

La acusación contra los procesados incluye la exigencia de reparar los daños causados al patrimonio natural mediante el pago de indemnizaciones, que superarían los 200.000 euros sumando los perjuicios a la biodiversidad y al coste de custodia y manejo de los reptiles. Además de la condena de prisión, la Fiscalía propone sanciones económicas y medidas accesorias para evitar la reiteración de hechos similares.

El juicio sigue su desarrollo mientras se presentan nuevas declaraciones de testigos y análisis periciales sobre el impacto que la actividad del criadero ejerció sobre las especies afectadas. Según lo relatado por Europa Press, la intervención policial permitió detener la venta ilegal de reptiles a través de supuestos intermediarios que operaban tanto presencialmente como mediante envíos a otras regiones. El caso continúa generando atención sobre los riesgos que representa el tráfico ilícito de animales y la dificultad de reintegrar a los ejemplares confiscados en condiciones adecuadas para su supervivencia.

Declaraciones de representantes afganos ratificaron el compromiso de mantener la seguridad en la frontera con Tayikistán al asegurar que el personal propio no permitirá la explotación de la zona por grupos ilegales y responderá ante cualquier amenaza. Esta postura se conoció tras un reciente incidente letal reportado en las inmediaciones limítrofes, donde fuerzas tayikas interceptaron a presuntos contrabandistas, lo que derivó en la muerte de cuatro integrantes de un “grupo terrorista”. Según consignó la cadena afgana Tolo TV y retomó la agencia Europa Press, Zabihulá Muyahid, portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, explicó que la información inicial apunta a que el choque involucró a traficantes de drogas y otras sustancias prohibidas.

El medio Europa Press detalló que las investigaciones sobre el incidente fronterizo comenzaron después de la denuncia efectuada por las autoridades tayikas el domingo pasado. El episodio ocurrió en la zona de Jarmanju, ubicada en la frontera afgano-tayika, según reportaron canales oficiales. Muyahid ratificó que el Emirato Islámico de Afganistán garantizó a Tayikistán que ninguna persona con intenciones ilícitas tendrá permiso para operar en la franja limítrofe. Sublayó, además, que las fuerzas de seguridad afganas evalúan la situación para bloquear cualquier esfuerzo dirigido a actividades ilegales y para ofrecer respuesta ante potenciales amenazas.

Europa Press recogió también las quejas previas de la parte tayika sobre la falta de acciones concluyentes frente a la actividad de grupos armados en el área fronteriza. En diversas ocasiones durante los meses anteriores, voceros oficiales de Tayikistán acusaron a las autoridades afganas de no actuar con decisión ante quienes cruzan y operan ilegalmente en esa región. En diciembre, ante otro incidente en el que murieron dos miembros de las fuerzas de seguridad tayikas, el Comité Estatal de Seguridad Nacional de Tayikistán pidió a los talibán cumplir sus compromisos internacionales para asegurar el resguardo en la línea fronteriza y luchar contra las organizaciones consideradas terroristas.

El pronunciamiento del organismo tayiko solicitó además que la cúpula gobernante en Kabul emitiera disculpas públicas hacia Tayikistán y reforzara medidas para un control efectivo del límite territorial. El mismo organismo manifestó la intención de continuar con la protección y vigilancia estricta de las fronteras, enfatizando que las autoridades tayikas mantendrán la defensa decidida de la soberanía nacional ante cualquier riesgo derivado de la inseguridad en las zonas limítrofes.

Siguiendo el recuento de los hechos realizado por Europa Press, la tensión en la frontera responde tanto a la presencia de redes de contrabando vinculadas al tráfico de drogas como al temor de infiltraciones de grupos armados categorizados como terroristas por los organismos estatales tayikos. Los responsables de seguridad de ambas naciones impulsan investigaciones separadas sobre el último enfrentamiento mientras, de acuerdo con los medios citados, demandan acciones y pruebas de cooperación efectiva para frenar el ciclo de incidentes violentos.

En declaraciones recogidas por Tolo TV y Europa Press, Muyahid reiteró que “el asunto está siendo investigado” y que el compromiso del Emirato Islámico sería impedir que la frontera se explote para actividades ilícitas. Destacó que la seguridad en el límite es una prioridad para el gobierno talibán, y que quienes tengan propósitos contrarios a la legalidad no hallarán refugio en Afganistán. Del lado tayiko, las demandas oficiales incluyeron llamados a incrementar la comunicación y a reforzar la colaboración transfronteriza, además de exhortaciones para que Kabul adopte nuevas medidas que garanticen la estabilidad en toda la región involucrada.

Europa Press puntualizó que este tipo de incidentes contribuye a mantener alta la preocupación por la seguridad en Asia Central, muy especialmente en los países que limitan con Afganistán desde la reanudación del control talibán en agosto de 2021. Las autoridades de ambas naciones permanecen en seguimiento riguroso de lo ocurrido en Jarmanju, mientras los gobiernos implicados intentan contener el flujo de personas y mercancías ilegales, como también contener la expansión de actuaciones de grupos armados más allá de las fronteras reconocidas.

En un nuevo golpe contra el contrabando en Colombia, autoridades aduaneras y de control anunciaron la aprehensión de mercancía avaluada en más de $1.100 millones en operativos realizados de manera simultánea en Medellín, Cali y Riohacha.

Las acciones, lideradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y otras entidades, permitieron retirar del mercado productos que no cumplían con la normatividad vigente y que representaban riesgos tanto para la economía formal como para los consumidores.

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El balance fue entregado este miércoles 21 de enero de 2026 desde Bogotá, en el que se detallan los resultados de las labores de control adelantadas en diferentes regiones del país como parte de la estrategia institucional para frenar el ingreso y la comercialización de mercancía ilegal.

Operativos simultáneos en Medellín, Cali y Riohacha

Uno de los resultados más relevantes se registró en Medellín, donde, gracias a un operativo conjunto entre la Dian, la Polfa y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), se logró la aprehensión de 23 toneladas de tilapia roja.

De acuerdo con las autoridades, este producto no contaba con la documentación exigida para acreditar su legal introducción al territorio nacional, lo que llevó a su retiro inmediato del mercado.

De manera paralela, en acciones desarrolladas en Cali y Riohacha, los funcionarios de control aprehendieron más de 79.000 unidades de mercancía diversa. Entre los productos incautados se encuentran ropa, zapatos, lociones y cajetillas de cigarrillos, todos sin los soportes legales requeridos para su comercialización en el país.

Estos operativos hacen parte de los controles permanentes que adelantan las autoridades aduaneras en puntos estratégicos, con el objetivo de identificar mercancía que incumpla las normas y evitar que llegue a los canales de distribución formal e informal.

Mercancía sin soportes legales ni registros exigidos

Según explicó el director de Gestión de Fiscalización de la Dian, Luis Adelmo Plaza Guamanga, la mercancía aprehendida fue avaluada en más de $1.100 millones y retirada del mercado tras comprobarse múltiples irregularidades. “La mercancía no presentaba los documentos soporte que acreditaran su legal introducción al territorio nacional”, señaló el funcionario.

Durante las inspecciones, las autoridades constataron que los productos incumplían las normativas aduaneras vigentes, carecían de registros sanitarios y no contaban con certificados de origen.

Estas condiciones, de acuerdo con la Dian, no solo vulneran el marco legal, sino que también generan una competencia desleal frente al comercio formal que sí cumple con todas las obligaciones establecidas por la ley.

Además, la ausencia de controles sanitarios y de calidad representa un riesgo para el patrimonio público y para los consumidores, especialmente en el caso de productos destinados al consumo humano, como los alimentos.

Compromiso contra el contrabando y protección al consumidor

Con estas acciones, la Dian reiteró su compromiso de frenar el contrabando en todas sus modalidades, fortalecer la presencia del Estado en las regiones y proteger a los ciudadanos de productos que no garantizan condiciones mínimas de calidad y seguridad. La entidad destacó que continuará trabajando de manera articulada con la Polfa, autoridades sectoriales y demás organismos de control para intensificar las labores de fiscalización.

Desde la institución se insistió en que el contrabando no solo afecta las finanzas públicas, sino que impacta negativamente a los empresarios y comerciantes que operan dentro de la legalidad. Por ello, los operativos seguirán desarrollándose en distintas ciudades del país como parte de una estrategia integral de control aduanero.

La Dian hizo un llamado a los ciudadanos y comerciantes para que exijan siempre productos con la documentación correspondiente y denuncien cualquier irregularidad relacionada con la comercialización de mercancía ilegal, como una forma de contribuir a la legalidad y al fortalecimiento de la economía nacional.

El operativo se concretó gracias a labores de inteligencia que identificaron a la organización dedicada al ingreso ilegal de mercancía extranjera al país, según reportes de Exitosa.

Durante las diligencias, el personal policial verificó y contabilizó una gran cantidad de productos de origen extranjero, entre los que se encontraban desodorantes, champú, cremas y otros artículos sin registro aduanero.

La mercadería, transportada en el camión de placa B0I-943, no contaba con la documentación que acreditara su ingreso legal al país. Además, las autoridades incautaron el vehículo de carga y su remolque. El valor total de lo decomisado fue de S/ 2.314.980, de acuerdo con Exitosa.

El detenido y la unidad de transporte fueron trasladados a la dependencia policial fiscal, donde se continuaron las diligencias legales con la participación de un oficial de Aduanas, el abogado defensor y el fiscal de turno. Posteriormente, se dispuso que tanto los productos incautados como el camión fueran internados en los almacenes de Aduanas para su custodia y análisis, según información de Pachamama Radio.

Las investigaciones se orientan al presunto delito aduanero de contrabando, mientras las autoridades intensifican los operativos en las principales rutas que conectan la región de Puno con Bolivia y Brasil. Los controles buscan combatir el ingreso ilegal de productos extranjeros al país, práctica que afecta la economía local y la seguridad en la frontera.

La organización Los Magníficos de Contrabando opera utilizando vehículos de carga pesada y rutas alternas para evitar los controles oficiales. El trabajo coordinado de la policía y las entidades de fiscalización aduanera fue fundamental para incautar un volumen considerable de mercancía y desarticular parte de esta red delictiva.

Las autoridades aduaneras continúan realizando acciones de control y fiscalización en el sur del país, con el objetivo de reducir el impacto negativo del contrabando sobre el comercio formal y la recaudación fiscal. Se mantiene la vigilancia en las zonas fronterizas y se exhorta a la población a informar sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso ilegal de mercancías.

El caso continúa bajo investigación, y se prevé ampliar las acciones para identificar a otros miembros de la organización y fortalecer la lucha contra el contrabando en la región.

Aumenta el contrabando de gas desde Bolivia

El contrabando de gas desde Bolivia ha crecido de forma notoria en la frontera altiplánica, impulsado por la diferencia de precios: en el país del altiplano, una garrafa cuesta 22,50 bolivianos, mientras que en Perú puede venderse hasta por 40 soles. Camiones con cilindros cruzan rutas secundarias sin vigilancia oficial y aprovechan la falta de controles durante la madrugada.

El flujo es constante, especialmente en días de feria cerca del lago Titicaca, donde comunidades administran peajes informales y permiten el paso a cambio de un pago. Las autoridades bolivianas reconocen el problema y lo relacionan con la escasez interna de gas, agravada tras el retiro de subsidios a combustibles líquidos.

Mientras tanto, la respuesta oficial apunta a una coordinación integral y no a la militarización, aunque testimonios locales revelan pagos a efectivos para facilitar el paso. Este comercio ilegal afecta el abastecimiento en Bolivia y fortalece una red binacional difícil de controlar.

La polémica que se armó en el país político por cuenta de la negativa de 17 gobernadores de Colombia de acatar el decreto de emergencia económica anunciado por parte del presidente Gustavo Petro dejó un nuevo episodio en redes sociales, y todo por una de las reacciones del ministro del Interior Armando Benedetti.

En esta ocasión el jefe de cartera volvió a defender con otra publicación desde su cuenta de X la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025).

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En esta ocasión, la noche del viernes 16 de enero de 2026, Benedetti escribió un mensaje en el que señaló como uno de sus argumentos, que el incremento del IVA al cobro de bebidas alcohólicas (uno de los puntos que menciona el decreto) podría ayudar a combatir el alcoholismo en la sociedad colombiana.

“Es increíble que, a pesar de que aumentar los precios del alcohol puede reducir su consumo y prevenir el alcoholismo y sus consecuencias, los gobernadores prioricen la venta por encima de la vida”, escribió el ministro del Interior en su cuenta de X, y un día después de que dejó en un video sus reparos luego de que se conoció el comunicado oficial por parte de la Federación Nacional de Departamentos en la que los 17 gobernadores dejaron en firme que no aplicarían esta resolución de la administración Petro.

Al final de la publicación del mismo viernes, Benedetti afirmó: “Es triste que consideren inconstitucional proteger la vida”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, había dejado otra reacción por la decisión de los 17 gobernadores

El bloque de 17 gobernadores colombianos que decidió no aplicar el reciente decreto tributario promulgado durante la emergencia económica por el presidente Gustavo Petro ha generado una tensa confrontación con el Gobierno nacional y ha puesto a prueba los límites de la autonomía regional frente al marco jurídico central.

Por lo anterior, Benedetti señaló el jueves 15 de enero de 2026 (en un video que compartió desde su perfil en X) que este tipo de resistencia no tendrá cabida legal y podría acarrear consecuencias penales o disciplinarias para los mandatarios, mientras la Corte Constitucional se prepara para pronunciarse sobre la validez del decreto.

La controversia se agravó luego de que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunciara que su departamento tampoco implementará el impuesto al consumo de licores contemplado en el decreto, un tributo considerado fundamental para los ingresos regionales, luego de la declaración inicial que hizo su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Varias administraciones departamentales agregaron inquietudes similares y respaldaron la decisión de Rendón, que se negó a ejecutar las medidas fiscales hasta que la alta corte emita un fallo definitivo.

Rendón justificó la postura de Antioquia explicando ante medios que: “Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro (sic)”.

El líder departamental sostuvo que, desde su perspectiva, la medida representa una amenaza directa para la capacidad fiscal de las regiones y alertó sobre los posibles perjuicios en la gestión de los recursos públicos.

“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, añadió el gobernador antioqueño.

Por tal motivo, y en la grabación que dejó en sus redes, Benedetti reaccionó con vehemencia al proceder de los mandatarios departamentales.

“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”, señaló el jefe de la cartera del Interior, al referirse a que ningún gobernador tiene la competencia para suspender la aplicación de un decreto nacional por cuenta propia, atribución que la Constitución reserva de manera exclusiva, según su explicación, a la Corte Constitucional.

“Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, reafirmó Benedetti.

A su vez, el ministro advirtió sobre las posibles repercusiones personales para quienes infrinjan la normativa.

“Puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su peculio. Lo que se pretende recoger de los impuestos que se está poniendo”, detalló Benedetti.

Dilian Francisca Toro explicó las consecuencias del decreto de emergencia económica

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, figura destacada entre los mandatarios que rechazaron la medida, alertó que la decisión del Ejecutivo podría precipitar graves consecuencias sobre la financiación de servicios públicos esenciales y la autonomía financiera regional.

En entrevista con Caracol Radio - W, Toro insistió la mañana del viernes 16 de enero que la posición de los gobernadores no busca un choque de poderes con la Casa de Nariño.

“No es confrontar ni pelear, es decirle al país lo que nos está pasando y lo que va a pasar si se aplica ese decreto”, detalló Toro, que de paso confirmó que el lunes 19 de enero se reunirán con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras los departamentos preparan recursos legales para defender lo que consideran derechos fundamentales.

La mandataria declaró: “La única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.

Toro, excongresista y expresidenta del Partido de la U, hizo hincapié acerca de los efectos de la centralización de los tributos a licores y cigarrillos, cuya renta pertenece constitucionalmente a los departamentos.

Según explicó, la aplicación del decreto dejaría a los gobiernos regionales sin fondos para cumplir obligaciones en salud, educación y deporte, pilares que dependen de estos recursos: “Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”.

La preocupación de la Federación Nacional de Departamentos (FND) gira en torno al impacto fiscal de la medida.

Toro detalló que, en el Valle del Cauca, la recaudación proveniente de licores y cigarrillos ya se redujo en un 40% a causa del contrabando.

“Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente”, planteó la gobernadora.

La mandataria también señaló el círculo vicioso que implica aumentar los impuestos sobre estos productos: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central”.

En esa misma línea argumentativa, Toro cuestionó el traslado de recursos a Bogotá y la afectación de los recursos de departamentos, mientras las obligaciones locales permanecen.

Frente a las investigaciones solicitadas desde el oficialismo ante la negativa de los gobernadores, Toro aseguró que la decisión cuenta con respaldo jurídico, y que las acciones emprendidas incluyen tutelas y estudios legales sólidos.

“Vamos a actuar con tutelas y además ya se está haciendo todo el estudio jurídico para poder nosotros sustentar lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, no. Las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”, cerró la gobernadora del Valle del Cauca.

La representante a la Cámara por Arauca, Lina Maria Garrido, expresó su postura crítica frente al Gobierno Nacional a través de un mensaje difundido el viernes 16 de enero de 2026, luego del rechazo a acogerse al decreto de emergencia económica que anunció el presidente Gustavo Petro junto a la cartera de Hacienda.

En su declaración, Garrido calificó como “paradójico” que los gobernadores deban salir en defensa de los recursos departamentales ante las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro.

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“Paradójico que hoy les toque a los gobernadores salir a defender la platica de las garras de su propio presidente @petrogustavo, un presidente desconectado, experto en hablar m..., en corrupción, en despilfarrar y en viajar por el mundo”, escribió la mañana del viernes 16 de enero de 2026 y desde su cuenta de X la congresista del partido Cambio Radical.

En el mismo mensaje, la representante recalcó: “Un gobierno serio y decente fortalece a las regiones, les gira recursos a los departamentos y les cumple. Este gobierno petrísta hace lo contrario: les mete la mano al bolsillo y les quita sus recursos PERO las obras NO SE VEN!!”.

La congresista también cuestionó la ausencia de proyectos estratégicos de alto impacto ejecutados por el Gobierno Nacional en los departamentos.

“No existe un solo departamento en #Colombia que hoy pueda mostrar un proyecto estratégico de alto impacto ejecutado por el gobierno de #Petro. Ni uno”, puntualizó Garrido en su publicación.

Dilian Francisca Toro explicó por qué ella y los otros 16 gobernadores no aplicaron el decreto de emergencia

Diecisiete gobernadores colombianos han rechazado la implementación del decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que tendría consecuencias negativas para las finanzas y la autonomía de los departamentos.

Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, una de las principales opositoras a la directriz nacional, advirtió que la centralización de los recursos provenientes de impuestos a licores y cigarrillos agravaría la crisis fiscal de las regiones y afectaría directamente los servicios básicos, como salud, educación y seguridad, fundamentales para las poblaciones locales.

En entrevista concedida a Caracol Radio - W, Toro destacó la mañana del viernes 16 de enero de 2026 que el desacuerdo de los mandatarios regionales no debe entenderse como un enfrentamiento con el Ejecutivo.

“Yo creo que esta no es una confrontación, es poderle decir al país y decirle al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente, en la comunidad, no tanto con nosotros, solamente nosotros”, expresó la gobernadora.

De paso, la excongresista añadió que el objetivo del comunicado difundido por la Federación Nacional de Departamentos (FND) reside en alertar sobre el riesgo de colapso de las finanzas públicas departamentales si se centralizan estas rentas.

Toro informó que el lunes 19 de enero de 2026 los gobernadores tienen previsto reunirse con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para discutir alternativas y buscar que el Gobierno nacional reconsidere la medida.

Mientras tanto, los departamentos se preparan para presentar acciones jurídicas y tutelas en defensa de lo que consideran derechos fundamentales.

La mandataria explicó: “La única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.

La preocupación central planteada por los gobernadores gira en torno al impacto fiscal de la centralización de los ingresos derivados de los tributos a licores y cigarrillos, que a lo largo de la historia reciente del país han sido recursos cedidos de manera constitucional a los departamentos.

“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”, advirtió la mandataria departamental.

Además, la dirigente regional detalló que la rentabilidad de estos productos ha disminuido de manera drástica por el incremento del contrabando.

En el caso del Valle del Cauca, la renta se ha reducido en 40%, afectando los pagos del régimen subsidiado de salud. “Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente”, argumentó Toro.

La líder vallecaucana expuso que “es a la gente, es a la comunidad (la que se afectaría de forma directa), porque es a la salud, es a la educación, es al deporte (por la aplicación del decreto). Es decir, no vamos a tener recursos ni siquiera para pagar régimen subsidiado, que es uno de los problemas que tenemos hoy por el contrabando del cigarrillo y el contrabando del licor”.

Uno de los efectos concretos descritos por Toro sería el incremento significativo en el valor de estos productos: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos, va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central”, argumentó la gobernadora.

En cuanto al respaldo jurídico de la negativa de los gobernadores, Toro aseguró que la decisión está fundamentada en la defensa de la autonomía financiera regional y en estudios jurídicos sólidos.

La repercusión del decreto, según la gobernadora, se extendería a todos los servicios públicos departamentales, generando una crisis que acentuaría problemas en infraestructura, atención social y seguridad.

El viernes 16 de enero de 2026, un día después de difundirse el comunicado de la Federación Nacional de Departamentos (FND) ―en el que diecisiete gobernadores, incluida Dilian Francisca Toro, expresaron su negativa a implementar el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro―, la mandataria del Valle del Cauca advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría generar para las regiones.

Las declaraciones de la excongresista y expresidenta del Partido de la U se dieron en entrevista a Caracol Radio - W, y ella expuso las graves consecuencias que tal medida podría acarrear para las regiones.

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Toro resaltó que la prioridad de los mandatarios regionales es proteger los recursos destinados a sectores esenciales.

“Nosotros estamos buscando todas las instancias jurídicas para poder decirle a la justicia los problemas que se nos vienen a las regiones en caso de que se aplique la emergencia económica de licores y cigarrillos”, mencionó al inicio de su intervención la gobernadora de Valle del Cauca.

En esa misma línea, ella dijo que los directos afectados son las mismas poblaciones.

“Es a la gente, es a la comunidad, porque es a la salud, es a la educación, es al deporte (los que impactaría la aplicación dle decreto). Es decir, no vamos a tener recursos ni siquiera para pagar régimen subsidiado, que es uno de los problemas que tenemos hoy por el contrabando del cigarrillo y el contrabando del licor”, puntualizó Toro.

El meollo de la polémica decisión que tomaron 17 de los 32 gobernadores en Colombia

El eje del desacuerdo radica en el impacto fiscal que supondría la centralización de las rentas provenientes de licores y cigarrillos, que son cedidas constitucionalmente a los departamentos.

Toro explicó que la aplicación del decreto dejaría a los gobiernos locales sin fondos para cubrir obligaciones básicas.

“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación. Entonces es la disyuntiva, son los ciudadanos con la salud, con la educación o es nosotros subirle el impuesto a algo que nos va a afectar para que los ciudadanos estén bien”, sostuvo la mandataria regional.

La gobernadora recalcó que la decisión de los mandatarios de oponerse a la medida se sustenta en la defensa de la autonomía financiera regional y en razones jurídicas.

“Se basa en la autonomía nuestra, en la autonomía financiera. Además, es inconstitucional, porque es que la renta del cigarrillo y la renta del licor es una renta cedida a los departamentos constitucionalmente y los recursos se los van a llevar para Bogotá, para el río central”, puntualizó Toro.

Durante la entrevista, Toro detalló que la pérdida de ingresos por concepto de licores y cigarrillos ya ha impactado a los departamentos debido al contrabando, y advirtió sobre el aumento de este fenómeno si se incrementan los impuestos y se centralizan los recursos.

“En el Valle del Cauca hemos disminuido nuestra renta en 40%. Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente", argumentó la mandataria.

De igual forma, Toro continuó defendiendo su posición, igual que la comparten los otros 16 gobernadores: “Muchas veces no tenemos rentas propias, porque no nos da para tener rentas propias”.

“Las rentas propias nuestras son esas, es el licor y el cigarrillo. Entonces, si se sube y si se aumenta y los recursos se van al Gobierno nacional, pues nosotros vamos a cargar con el contrabando, con la disminución de las rentas, pero los recursos que se generan por el aumento del impuesto se van para la región central y no se ceden a los departamentos”, expuso la líder regional vallecaucana.

La gobernadora se refirió a las posibles investigaciones que pueden abrir la Fiscalía y la Procuraduría

Frente a la preocupación de Toro por la posible reacción de la Fiscalía y la Procuraduría frente a la negativa de los gobernadores, desde el oficialismo se han solicitado investigaciones penales.

Al respecto, la mandataria afirmó que los mandatarios regionales respaldan su decisión en estudios jurídicos y que no actúan de forma arbitraria.

“Vamos a actuar con tutelas y además ya se está haciendo todo el estudio jurídico para poder nosotros sustentar lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, no. Las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”, destacó Toro.

La gobernadora explicó con ejemplos concretos el efecto que tendría la aplicación del decreto en la cotidianidad de los ciudadanos.

“Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos, va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central. Yo creo que esta no es una confrontación, es poderle decir al país y decirle al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente, en la comunidad, no tanto con nosotros, solamente nosotros”, añadió la dirigente política.

Toro señaló que la crisis de desfinanciamiento se vería reflejada en todos los servicios públicos a cargo de los departamentos, profundizando problemas de seguridad, infraestructura y atención social.

La gobernadora argumentó: “Aquí cuando hay problemas de inseguridad, le echan la culpa a los gobernadores y a los alcaldes. Y resulta que aquí nosotros somos los que tenemos que responder por absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer para que las capacidades del Ejército y la Policía puedan darse. Sin recursos, aplicando el decreto, los recursos se llevan para el gobierno nacional y nosotros tenemos que responder”.

Al ser consultada sobre la postura de la Federación Nacional de Departamentos, Toro aclaró que, aunque diecisiete gobernadores firmaron el comunicado, varios más han manifestado su respaldo a la negativa.

En el tramo final de la entrevista, Toro reiteró que el objetivo de la acción conjunta no es “confrontar ni pelear, es decirle al país lo que nos está pasando y lo que va a pasar si se aplica ese decreto”.

Por último, la mandataria expresó que el lunes 19 de enero de 2026 sostendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a la espera de que se reconsidere la decisión.

Mientras tanto, los departamentos preparan acciones jurídicas y tutelas para defender lo que consideran derechos fundamentales.

Según la gobernadora, “la única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las acciones incluyeron dos allanamientos realizados por la División Organizaciones Criminales de la fuerza porteña, uno en una vivienda de un barrio privado en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y otro en una propiedad utilizada como oficina y depósito en Villa General Mitre. En esos procedimientos, se localizó al presunto responsable de la maniobra, identificado como M.A.C., quien resultó imputado en la causa judicial.

La investigación se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), especializada en causas del fuero federal penal y económico, que detectó la actividad ilícita a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. Esta dependencia trabajó en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, y la Secretaría 9, encabezada por la doctora Laura Irene Nicocia.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con mercadería extranjera compuesta por artículos de electrónica, electrodomésticos, audio y video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes, vestimenta e indumentaria de la marca Adidas apócrifa. Además, se incautaron una camioneta Toyota SW4,un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, equipos informáticos (tres CPU, tres notebooks, una tablet), cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación relevante para la causa. Fuentes del caso explicaron a este medio que la mercadería era ingresada al país sin declarar, y luego vendida a través de plataformas digitales y redes sociales.

La pesquisa permitió establecer que M.A.C. operaba con diversos alias y utilizaba locales y depósitos como centros de acopio y exhibición. Los investigadores analizaron movimientos bancarios, domicilios, vínculos societarios y registros migratorios para reconstruir la operatoria. Las tareas de campo incluyeron vigilancia de domicilios, monitoreo de entregas, seguimiento de vehículos y análisis de publicaciones en línea para preservar pruebas sobre la procedencia y comercialización de los productos.

En una fase avanzada de la causa, personal de la UTOJ del Ministerio de Seguridad de la Ciudad intervino mediante la figura del agente revelador y realizó compras e infiltraciones que brindaron pruebas directas de la operatoria. Con la evidencia reunida, el juez Amarante ordenó los allanamientos y el secuestro del material hallado, además de la imputación del principal sospechoso por violaciones a la Ley 22.415.

En paralelo, la Justicia ordenó la apertura de los teléfonos incautados y el análisis de la documentación hallada, lo que podría derivar en la identificación de más integrantes de la organización. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas detenciones asociadas al ingreso y venta de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

Este resultado representa el segundo operativo de similares características en las últimas semanas. El mes anterior, tras ocho allanamientos simultáneos en Lanús y Quilmes, la Policía de la Ciudad decomisó más de 700 bultos con artículos electrónicos, perfumes, juguetes, prendas de vestir, herramientas, 31 teléfonos y 6 vehículos, desarticulando otra red dedicada al contrabando en el área metropolitana.