La Policía Nacional de República Dominicana incautó 1.400 cigarrillos, 186 botellas de ron presuntamente de contrabando, una pistola sin documentación, 21 teléfonos celulares y dinero en efectivo durante dos procedimientos realizados este 18 de octubre en San Juan de la Maguana y el municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, en Santiago.

Los operativos dejaron cuatro detenidos: un hombre de 30 años que transportaba las bebidas y los cigarrillos en un autobús privado, y tres personas arrestadas durante un allanamiento en Navarrete, entre ellas un adolescente de 17 años. La Policía informó que los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público.

Conductor detenido con 186 unidades de ron y 1.400 cigarrillos

El primer procedimiento tuvo lugar en el sector Punta Caña, en San Juan de la Maguana. Agentes del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, con apoyo de la Subdirección de Investigación (DICRIM), interceptaron un vehículo que trasladaba mercancías que habrían ingresado al país de manera irregular, según el reporte oficial.

Las autoridades identificaron al conductor como J. M. de los Santos, de 30 años. Morillo de los Santos conducía un autobús privado Toyota cuando fue detenido en flagrancia, de acuerdo con la versión policial.

Dentro del vehículo, los agentes decomisaron ocho cajas de ron tipo chatica, con 186 unidades, además de seis paquetes con 1.200 cigarrillos y otro paquete con 200 unidades, para un total de 1.400 cigarrillos y 186 bebidas alcohólicas.

La Policía sostuvo que los productos eran presuntamente de contrabando, aunque el comunicado no precisó su procedencia, su valor comercial ni la ruta que habría seguido el vehículo antes de ser interceptado. El conductor y la mercancía fueron remitidos al Ministerio Público, que deberá determinar si corresponde formular cargos por delitos vinculados con el comercio y transporte de productos introducidos de forma irregular.

Allanamiento en Navarrete con tres arrestos y secuestro de una Glock

En un procedimiento separado, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en Villa Bisonó, Navarrete, donde decomisaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, 21 celulares y RD$ 9.350 en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), con apoyo de una unidad SWAT. Los agentes actuaron bajo la orden judicial 2026-AJ0090722, según la información oficial difundida desde Santiago de los Caballeros.

Entre los objetos incautados figura una pistola Glock modelo 17, con cargador y 15 cápsulas, que carecía de la documentación correspondiente, según indicó la institución. Las autoridades también hallaron dos porciones de una sustancia que identificaron como presunta marihuana.

El operativo permitió además el decomiso de nueve forros para celulares, un cargador portátil, un equipo mini UPS, una impresora y un dispositivo tipo vaper. La Policía no informó si los teléfonos serán sometidos a peritajes para establecer su posible relación con otros hechos bajo investigación.

Honda Accord registrado a nombre de una tercera persona

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron un automóvil Honda Accord EX gris. El vehículo figura registrado a nombre de una persona distinta de los detenidos, según el parte policial. Tres personas fueron arrestadas para fines de investigación, entre ellas un menor de 17 años. La identidad de los otros dos detenidos no fue divulgada.

La Policía indicó que tanto los arrestados como las pruebas incautadas quedaron bajo custodia del Ministerio Público. La investigación continúa para establecer el origen de los objetos decomisados, la situación legal del arma y la eventual vinculación de los involucrados con otros delitos.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá (Morillo), y lo condenó por el desmantelamiento sistemático y posterior contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano.

El ex jefe comunal había sido absuelto en abril de este año por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Ahora, los jueces de primera instancia deberán fijar el monto de la pena acorde a lo resuelto por el máximo tribunal penal.

La investigación judicial comenzó en agosto de 2023, luego de que personal de Correo Argentino denunció el hallazgo de neumáticos extranjeros sin aval aduanero en la Ruta Nacional 50. Las pesquisas condujeron a David Edilberto Medina, un comerciante que administraba un galpón en Orán. Mediante intervenciones telefónicas, las autoridades descubrieron que la organización criminal expandió sus actividades hacia la sustracción de rieles ferroviarios. El material extraído se trasladaba en camiones hacia la frontera y se cruzaba a Bolivia en balsas de goma por pasos clandestinos.

Por estos hechos, la justicia salteña homologó previamente acuerdos de juicio abreviado. José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, recibió una pena de seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, robo en despoblado y en banda, y cohecho activo. Medina recibió idéntica sanción por los mismos delitos. Por su parte, el cabo de Gendarmería Nacional, Jorge Fernando Cabrera, resultó condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo, al comprobarse que facilitaba el tránsito de los cargamentos a cambio de dinero.

El TOF N° 2 de Salta dictó, el 23 de abril último, la absolución de Atta Miguel Gerala por el beneficio de la duda. En aquella instancia, los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano consideraron que no existían pruebas directas sobre su participación. Argumentaron que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían en marca y color con las utilizadas en las vías, y que la camioneta Toyota Hilux de su propiedad era usada habitualmente por su hijo sin que se acreditara el conocimiento del padre.

En ese mismo debate, el tribunal oral condenó al oficial de la policía salteña Mauro Rodríguez a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa del policía y el Ministerio Público Fiscal recurrieron dicha resolución.

Giro en Casación

El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta impugnaron la absolución de Gerala por considerarla arbitraria. Sostuvieron que el tribunal de juicio valoró las pruebas de manera fragmentada y aislada, desarticulando un cuadro indiciario global y unívoco.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, votaron a favor de revocar la absolución. El magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia, inclinándose por mantener la decisión del tribunal de origen bajo el principio de inocencia.

La mayoría de la Cámara determinó que el exintendente realizó un aporte consciente y necesario para la sustracción de los bienes públicos. Los jueces señalaron que Gerala gobernó el municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un control absoluto del territorio. El desmantelamiento del ramal ferroviario se extendió por ocho meses, a plena luz del día, utilizando mano de obra de comunidades originarias locales que eran trasladadas en el vehículo particular del funcionario.

Además, durante el allanamiento en la vivienda particular de Gerala, donde también funcionaba la Secretaría de Finanzas y un taller municipal, las fuerzas de seguridad incautaron 15 rieles de origen ilegal y herramientas compatibles con el corte de metales. Casación remarcó que la ausencia física del exjefe comunal en las vías no lo exime de responsabilidad penal, ya que su rol consistió en otorgar la cobertura política, logística y territorial indispensable para asegurar la impunidad de la banda.

De este modo, el tribunal de alzada declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (valuados en más de 558 millones de pesos), en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda.

Las actuaciones regresaron al tribunal de origen para que fije la pena correspondiente.

En el mismo fallo, la Cámara de Casación desestimó los planteos de la defensa de Mauro Rodríguez y ratificó su condena por cohecho pasivo. Los jueces validaron las pruebas digitales obtenidas del teléfono de “Yopi” Gerala, donde constaban mensajes de texto del 7 de mayo de 2024. En dicha conversación, el oficial se identificó como el jefe del puesto de Pluma de Pato y negoció coimas de entre 200.000 y 300.000 pesos por cada camión que transitara sin inspección.

El Libro de Guardia del destacamento policial corroboró que, en las mismas horas del intercambio de mensajes, Rodríguez inició un “operativo saturación” y se apostó en la Ruta Nacional 81. Casación concluyó que el cohecho se consumó con el acuerdo venal y la promesa de dinero, sin que fuera necesario demostrar transferencias bancarias o el paso físico de un vehículo específico.

Tres ciudadanos extranjeros, dos nicaragüenses y un colombiano, fueron capturados cuando transportaban 1.098 paquetes de presunta droga en una embarcación artesanal interceptada al sur de Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.

Los sospechosos intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La operación se desarrolló el 15 de octubre de 2026, durante patrullajes de vigilancia en aguas del Pacífico occidental panameño. Los agentes lograron interceptar la lancha y recuperar los bultos, que fueron trasladados junto con los detenidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí participó en la operación coordinada con el Senan, que permitió asegurar la embarcación y contabilizar los paquetes. Las autoridades todavía no han confirmado el tipo de sustancia ni su peso total, información que deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.

El decomiso ocurrió en una zona marítima cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica, utilizada para la navegación entre países centroamericanos. Punta Burica se encuentra en el extremo occidental del litoral pacífico panameño, una ubicación relevante para los controles contra el transporte ilícito de mercancías por mar.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan embarcaciones rápidas y lanchas artesanales para movilizar cargamentos por el Pacífico centroamericano. En estas operaciones pueden realizar trasbordos en el mar o utilizar puntos costeros para descargar mercancías, antes de continuar hacia otros destinos mediante diferentes medios de transporte.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de las rutas internacionales del tráfico de drogas, por su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica y sus costas en dos océanos. Parte de los cargamentos puede destinarse al mercado local, mientras otros continúan hacia países de tránsito con destino final en Estados Unidos o Europa.

El operativo forma parte de la denominada Operación Escudo Protector, mediante la cual el Senan mantiene patrullajes para combatir actividades ilícitas en espacios marítimos. La institución destacó que las tareas de seguridad continúan pese a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales muestran que Panamá incautó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana, según el informe preliminar elaborado con información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El total representa una reducción frente a las aproximadamente 79,6 toneladas decomisadas en igual período de 2025, de acuerdo con los registros mensuales comparativos. No obstante, agosto cerró con 9,46 toneladas incautadas, por encima de las 8,36 toneladas contabilizadas durante ese mes del año anterior.

Por provincias, Colón encabezó las incautaciones con 18,44 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 15,92, y Panamá, con 13,24. En Chiriquí se reportaron 12,91 toneladas durante los primeros ocho meses, una cifra que confirma la importancia de esa provincia dentro de las operaciones antidrogas.

El informe también revela diferencias importantes en la evolución de los decomisos por territorio. Mientras Colón y Panamá Oeste registraron aumentos respecto al año anterior, Panamá y Chiriquí presentaron reducciones, sin que esas variaciones permitan determinar por sí solas cambios en el volumen total del narcotráfico.

En otras actuaciones recientes, la Policía Nacional capturó en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Durante el procedimiento también fue retenida una venezolana con su estadía migratoria vencida, para ponerla a disposición del Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, en Koskuna, corregimiento de Veracruz, un hombre de 38 años fue aprehendido durante un recorrido preventivo, luego de que una verificación revelara un requerimiento judicial. El oficio, emitido en noviembre de 2024, estaba relacionado con una medida de libertad vigilada por estudio en un proceso por tráfico internacional de drogas.

Un copiloto de Aerolíneas Argentinas con más de una década de antigüedad en la compañía fue imputado por presunto contrabando tras detectarse en su equipaje despachado a bodega una serie de joyas envueltas en papel metálico, en un procedimiento que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El tripulante, que tenía previsto volar a Madrid, no fue detenido en el momento y se le permitió continuar con su viaje, pero a su regreso ya lo esperaba una causa penal económica abierta y una citación a indagatoria.

Según confirmaron fuentes de la PSA a Infobae, el episodio comenzó el pasado sábado 3 de octubre cerca de las 17:30, cuando el personal que operaba los equipos de rayos X de la Nueva Terminal de Partidas identificó dentro de una valija elementos que, por su forma, color y densidad, podían corresponder a metales del tipo oro. Se convocó a testigos y, en presencia del pasajero, se abrió el equipaje. En su interior aparecieron dos cadenas y varios anillos, todos de color plateado.

Lo que determinó la apertura de la causa no fue la posesión de las piezas en sí, sino la forma en que estaban acondicionadas. Las cadenas, los anillos y los aros se encontraban envueltos en un material tipo papel de aluminio, un método que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, buscaba impedir que los escáneres detectaran su composición real.

Si el contenido no hubiese estado disimulado, el tripulante podría haber alegado que se trataba de pertenencias personales. Ese intento de ocultamiento es, precisamente, lo que configura la sospecha de contrabando.

El inventario de los elementos secuestrados fue detallado. Se incautaron dos cadenas con un peso conjunto de 304 gramos. También se retiraron ocho anillos (48 gramos en total) y diez pares de aros (96 gramos).

El imputado fue identificado como D.O.L.. Según fuentes de la aerolínea, se desempeñaba como copiloto y acumulaba más de diez años dentro de la empresa.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, con intervención de la Secretaría N°12, a cargo del fiscal Guillermo Brugo.

Fue Brugo quien, tras dos comunicaciones telefónicas con el jefe de turno de la PSA durante el procedimiento, ordenó las diligencias a seguir. Entre ellas, una que llamó la atención: permitió que el investigado continuara con su viaje a Madrid sin más trámites. La decisión obedeció a que, en ese momento, aún restaba verificar si los elementos incautados eran efectivamente oro.

La aerolínea de bandera no formuló declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que el piloto fue suspendido de sus funciones una vez que la empresa tomó conocimiento de la situación. D.O.L. no se encuentra detenido, pero ya fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juzgado interviniente.

El expediente también consigna que la Justicia prohibió la difusión de las imágenes obtenidas durante el procedimiento a la prensa de la PSA. El damnificado en la causa es el Estado Nacional, y la investigación continúa abierta mientras se aguardan los resultados de los peritajes que determinarán la composición real de las piezas secuestradas.

Un operativo desarrollado en la frontera norte de Costa Rica permitió a las autoridades decomisar un cargamento de productos que habrían ingresado ilegalmente al territorio nacional, cuyo valor comercial podría superar los 37 millones de colones (USD 80 mil), según estimaciones preliminares del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La intervención fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, quienes localizaron miles de medicamentos, zapatos, alimentos y dispositivos electrónicos en una zona montañosa de Peñas Blancas, cerca del río Sapoá, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, próximo a la frontera con Nicaragua.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió como resultado de labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia fronteriza orientadas a combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Durante el recorrido, los oficiales sorprendieron a tres hombres que se encontraban cargando numerosos sacos con diferentes productos en un camión, situación que motivó su intervención inmediata.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar, mientras los agentes procedieron a coordinar con la Policía de Control Fiscal para realizar la revisión e inventario de la mercancía.

Las autoridades calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos de productos ingresados sin el pago de impuestos realizados en esa zona fronteriza, debido tanto al volumen de los artículos como a su valor económico.

Más de 13,900 medicamentos entre los artículos decomisados

Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue la gran cantidad de productos farmacéuticos encontrados entre la mercancía.

Según el inventario elaborado por los cuerpos policiales, se decomisaron 13,914 unidades de medicamentos de diferentes tipos, que representaban la categoría más numerosa dentro del cargamento.

Además de los fármacos, los policías localizaron 1,515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias, así como 2,715 unidades de productos alimenticios, incluidos consomés, sopas, café y diferentes tipos de salsas.

El inventario también permitió identificar 76 artículos electrónicos, principalmente audífonos.

Tres detenidos y un conductor remitido a la Fiscalía

El procedimiento policial también dejó como resultado la aprehensión de tres hombres, quienes fueron sorprendidos mientras movilizaban los productos hacia el camión.

Después de realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público, las autoridades determinaron que dos de los involucrados debían quedar a disposición de la Policía Profesional de Migración, debido a que se encontraban en condición migratoria irregular dentro del territorio costarricense.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado únicamente con el apellido Calero, fue remitido al Ministerio Público para la continuación de las diligencias judiciales.

Frontera norte registra otros decomisos recientes

El hallazgo se produjo en medio de una serie de intervenciones policiales desarrolladas durante los primeros días de octubre de 2026 para combatir el ingreso irregular de mercancías por la frontera con Nicaragua.

El 6 de octubre, las autoridades también informaron sobre la detección de compartimentos ocultos en un autobús que transportaba productos de contrabando cerca de Peñas Blancas.

En aquella intervención, los oficiales encontraron zapatos, sandalias, bebidas alcohólicas, cosméticos y medicamentos que eran trasladados sin cumplir con los controles aduaneros correspondientes.

En otro procedimiento durante la misma semana, la Policía de Fronteras decomisó 1,311 unidades de medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, pastillas y jarabes, que eran transportados por una pareja de nacionalidad nicaragüense.

Según los reportes policiales de ese caso, los productos presuntamente iban a ser comercializados al menudeo en sectores de San José.

El contrabando y sus implicaciones para Costa Rica

El ingreso de mercancías sin cumplir con las obligaciones aduaneras representa un desafío para las autoridades fiscales, debido a que puede generar pérdidas en la recaudación tributaria y condiciones de competencia desiguales para los comerciantes que sí cumplen con los requisitos legales.

En el caso particular de los medicamentos, el comercio fuera de los canales autorizados también plantea interrogantes sobre las condiciones de almacenamiento, transporte, trazabilidad y cumplimiento de los controles sanitarios.

La fiscal Paola Andrea Londoño afirmó que la investigación contra la organización presuntamente encabezada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se frenó tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación, en un proceso que incluyó su salida del expediente, el desvío de pruebas y presiones para reunirse con funcionarios del Gobierno.

Londoño, en entrevista con Semana, aseguró que, en menos de seis meses al frente del caso, logró capturas dentro de la estructura atribuida a Marín Buitrago, entre ellas la de alias El Bendecido y otros socios. También obtuvo una orden de captura contra el propio Marín, consiguió una circular roja de Interpol y tramitó su extradición. Los resultados fueron tan contundentes que la fiscal y los investigadores recibieron condecoraciones.

El expediente había circulado durante más de cinco años por varios despachos del ente acusador antes de llegar a manos de Londoño. Según sus declaraciones, hasta ese momento Diego Marín Buitrago era un millonario empresario aduanero sin sanciones ni procesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). “Con la investigación y los resultados en cabeza de la fiscal Londoño, el país conoció quién era Papá Pitufo”, sostuvo.

Las denuncias sobre información y contactos oficiales

Londoño afirmó que ordenó solicitar un informe a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), pero que el documento nunca llegó a su despacho. La fiscal dijo que le informaron que el reporte había terminado en la Presidencia de la República, aunque precisó que desconoce si pasó primero por el Ministerio de Defensa.

“Yo di unas órdenes a la policía judicial, entre ellos un informe de la Uiaf, pero el informe nunca llegó. Me dicen que efectivamente el informe llegó directamente, no sé si al ministro de Defensa o a Presidencia, no lo sé, pero el informe llegó a Presidencia, llegó allá, nunca llegó al despacho y fuimos nosotros quienes lo solicitamos”, declaró Londoño al medio citado.

La fiscal también atribuyó insistentes intentos de contacto al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, después de las capturas de los primeros integrantes de la red. Según su versión, el exministro recurrió a funcionarios de la Policía para hacerle llegar mensajes y le propuso reunirse en su residencia.

“Cuando yo hago las capturas, empieza el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a mandarme razones, de que me reuniera con él, que por favor me reuniera con él, con insistencia. Me mandaba razones con funcionarios de la Policía; yo nunca accedí. En algún momento me dijo que me reuniera con él en su casa para desayunar”, afirmó la fiscal.

El cambio de fiscal y las denuncias de persecución

Tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección del ente acusatorio, Londoño dijo que una reorganización interna apartó su despacho del caso. Según su relato, la directora contra la corrupción entregó el expediente a Nancy Carolina Aponte, funcionaria de delitos fiscales a quien describió como amiga cercana de esa directiva, sin un reparto aleatorio.

“Lo hizo delante mío, llamar a una amiga de ella, de delitos fiscales, que fue la persona que después quedó en el proceso: la doctora Nancy Carolina Aponte, que porque ella era muy preparada para llevar este tipo de procesos. Ella tenía una amistad bastante estrecha con la doctora”, declaró.

A juicio de Londoño, los resultados obtenidos contra la organización generaron resistencia tanto dentro de la Fiscalía como entre personas vinculadas con el Gobierno anterior. “Esos resultados incomodaron a muchas personas, en la misma entidad, en la Fiscalía, y estamos hablando de personas del Gobierno, para ese momento el anterior”, señaló.

La fiscal dijo que su relevo del expediente derivó en su traslado a Paloquemao para repartir denuncias. Además, aseguró que los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que trabajaban en el caso afrontaron retiros, traslados, amenazas y denuncias, incluido el director del grupo anticorrupción.

Londoño relató además un episodio que, según dijo, puso en conocimiento de la Fiscalía: dos hombres abordaron a su hija en el sector de Galerías, en Bogotá, y la retuvieron cerca de una hora. “Ella me llamaba asustada y uno de ellos le rapó el teléfono y me dijo: ‘Usted es la fiscal del caso Papá Pitufo’”, expuso.

El estado de la investigación contra Papá Pitufo

La fiscal describió un ambiente de temor entre funcionarios de la Fiscalía y sostuvo que existían otras irregularidades en dependencias de la institución. “Pasan muchas cosas irregulares. ¿Cuál es esa expectativa que tiene la sociedad de que se haga justicia si pasan estas situaciones? Eso es muy triste”, declaró.

Según Londoño, envió informes a Camargo sobre situaciones que aseguró haber observado en el séptimo piso del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “A la señora fiscal se le envió una información de todas las cosas irregulares que pasaban en ese piso séptimo del edificio antiguo DAS mientras yo trabajaba, porque todos los días me iba tarde”, señaló.

El avance del comercio ilegal y las irregularidades en el ingreso de mercadería importada volvió a ocupar esta semana un lugar central en la agenda de los empresarios industriales. Esta vez, los reclamos llegaron directamente a las autoridades de la Aduana, que visitaron la sede de la UIA para escuchar de primera mano cómo el contrabando y la subfacturación de importaciones está afectando cada vez a más sectores, en un contexto de fuerte caída de la demanda.

Una reciente encuesta realizada por la institución reflejó el problema y mostró que 6 de cada 10 empresas considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad. Las autoridades reconocieron las limitaciones en materia de infraestructura que existen para realizar los controles, pero a la vez explicaron las medidas que están desarrollando para mejorar la fiscalización. Entre ellas, se destaca un nuevo sistema que utilizará inteligencia artificial para detectar posibles maniobras de subfacturación, a partir del análisis de precios, cantidades y referencias internacionales.

El tema se abordó el martes pasado durante una reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el director general de Aduanas, Andrés Velis, quien asistió acompañado por María Eugenia Rodríguez Campos, directora adjunta del organismo, y Samanta Franco, subdirectora de Control Aduanero. Los industriales llevaron sus preocupaciones por el crecimiento del comercio ilegal y buscaron conocer qué herramientas prepara el organismo para enfrentar una problemática que afecta especialmente a determinados sectores productivos.

Según explicaron a Infobae fuentes de la UIA que participaron del encuentro, uno de los principales asuntos fue la subfacturación de importaciones, una práctica que consiste en declarar valores inferiores a los reales para reducir el pago de tributos. Los empresarios advirtieron que, desde la eliminación de los valores de referencia, detectan situaciones que generan preocupación por sus efectos sobre la competencia con la producción nacional.

Frente a ese planteo, las autoridades aduaneras explicaron que trabajan en el desarrollo de una herramienta tecnológica destinada a identificar operaciones con precios que se aparten de los valores internacionales. El proyecto contempla un acuerdo con Microsoft para utilizar infraestructura en la nube y procesar información vinculada con los volúmenes y los precios de las mercaderías que ingresan al país.

El mecanismo permitiría cruzar las cantidades importadas con los valores declarados y compararlos con referencias internacionales, con el objetivo de detectar posibles irregularidades de manera sistemática. Actualmente, según explicaron los empresarios, los controles no funcionan bajo esa modalidad. “Nos dijeron que el desarrollo está avanzando. En breve debería estar implementado”, señaló una fuente de la entidad fabril. Sin embargo, durante el encuentro no se precisó una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento. En la Secretaría de Comercio hablan de “fin de año”.

Para los industriales, la herramienta podría contribuir a resolver uno de los principales problemas que identifican en el comercio exterior. La subfacturación no sólo altera las condiciones de competencia, sino que también implica una posible evasión de impuestos, al reducir artificialmente el valor sobre el cual se calculan los tributos correspondientes.

Falta de infraestructura

El otro gran eje del encuentro fue el contrabando, una problemática que, según señalaron los empresarios, requiere medidas que exceden el control de los precios declarados en las operaciones de importación.

En este punto, las autoridades de Aduana reconocieron dificultades vinculadas con la infraestructura, el equipamiento y la tecnología disponible para fiscalizar el ingreso de mercadería. Según relataron fuentes industriales, Velis explicó las limitaciones que enfrenta el organismo y mencionó un posible préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de las necesidades de infraestructura.

Los empresarios plantearon la necesidad de reforzar los controles en los pasos fronterizos, ampliar la cobertura horaria de las aduanas e incorporar escáneres y otros equipos que permitan mejorar la detección de mercadería irregular. También propusieron avanzar en mecanismos de declaración electrónica anticipada, controles basados en perfiles de riesgo y auditorías posteriores a las operaciones. Otro punto fue la posibilidad de contar con veedores sectoriales que aporten conocimientos técnicos sobre determinados productos, sus características, valores y países de origen.

Durante la reunión se habló, además, de la capacitación de los agentes que participan en los controles fronterizos, incluidos los efectivos de Gendarmería. Según explicaron los empresarios, no siempre cuentan con los conocimientos específicos necesarios para identificar determinados productos que ingresan de manera irregular.

Plataformas digitales y mercadería decomisada

La comercialización de productos irregulares a través de internet ocupó parte de la conversación. Según relataron fuentes de la UIA, las autoridades aduaneras explicaron que avanzaron en acuerdos con Meta y Mercado Libre para facilitar las denuncias de publicaciones vinculadas con mercadería ilegal y permitir que sean retiradas de las plataformas.

Los industriales valoraron esa iniciativa, aunque advirtieron que el mecanismo presenta limitaciones. Una de ellas es que, después de la eliminación de una publicación, el mismo producto puede volver a ofrecerse desde otra cuenta.

Otro punto que generó preocupación fue el destino de la mercadería decomisada por las autoridades. Los empresarios plantearon que algunos productos secuestrados vuelven al circuito comercial mediante subastas, una situación que consideran necesario revisar.

Una fuente industrial mencionó específicamente casos de subastas de cerveza. A partir de esa situación, la UIA propuso revisar los protocolos de verificación, subasta, destrucción y disposición final de los productos incautados.

Una preocupación que crece en la industria

Los planteos realizados durante la reunión se apoyaron en los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de la UIA, que los empresarios presentaron a las autoridades aduaneras.

El relevamiento de septiembre, realizado entre 628 empresas, mostró que el 59,7% considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad.

La incidencia resulta especialmente elevada en algunos sectores industriales. Entre las empresas textiles, el 84,6% identificó un impacto alto o muy alto, mientras que en confecciones, cuero y calzado la proporción alcanzó el 76,2%. En metales comunes llegó al 88,2%.

Entre las principales consecuencias aparecen la caída de las ventas, la presión para reducir precios y la pérdida de rentabilidad. La encuesta también identificó a los canales mayoristas y de distribución, los comercios minoristas y las plataformas digitales entre las vías de comercialización de productos presuntamente irregulares.

El informe, cuyos resultados ya se conocían antes de la reunión, mostró además que el 33,2% de las empresas reclamó fortalecer los controles aduaneros, mientras que otras señalaron la necesidad de mejorar la fiscalización de la facturación y del comercio electrónico.

Según fuentes de la UIA, Velis planteó la posibilidad de establecer un canal de diálogo directo con los empresarios para agilizar el intercambio de información y mejorar la coordinación de las acciones. Los representantes industriales también solicitaron reuniones técnicas específicas para conocer los avances de las herramientas de control y aportar información sobre productos, valores y operaciones que consideran de mayor riesgo.

La elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala y su posterior distribución en países de Centroamérica es una situación que, según Carmen Estela Pérez, presidenta de la Federación de la Industria Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe (FIFCCA) y de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), debe abordarse de forma regional.

Durante una entrevista en Frente a Frente, Pérez también habló del contrabando, las ventas sin autorización y los medicamentos importados. La dirigente sostuvo que los productos que llegan al mercado deben cumplir requisitos sanitarios, tanto si son fabricados dentro de la región como si proceden de otros países.

Falsificación, contrabando y herramientas legales

Pérez afirmó que hay elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala que luego se distribuyen hacia otros países de Centroamérica. La presidenta de FIFCCA planteó que este fenómeno requiere una respuesta regional, debido a que los productos pueden circular entre distintos mercados.

La entrevistada mencionó que la Fiscalía presentó, en un congreso, las acciones efectuadas para incautar medicamentos falsificados y procesar a personas que los comercializaban. Aclaró que no conoce los detalles de ese caso, pero consideró que el procedimiento mostró la posibilidad de actuar con las herramientas disponibles.

Según Pérez, no existe un tipo penal específico para la falsificación de medicamentos. Explicó que las autoridades recurren a delitos ya contemplados en el Código Penal, como aquellos relacionados con la venta de productos farmacéuticos en lugares que no cuentan con autorización.

La presidenta de INQUIFAR consideró que la autoridad sanitaria y el Ministerio Público necesitan más instrumentos para investigar la producción, distribución y comercialización de medicamentos falsificados. No detalló cuáles reformas legales deberían adoptarse.

Pérez también se refirió al contrabando de medicamentos. Señaló que es difícil conocer su magnitud porque los productos que ingresan por vías irregulares no pasan necesariamente por aduanas ni dejan registros que permitan establecer su origen o cantidad.

“Es difícil medirlo”, afirmó. La dirigente explicó que pueden existir estimaciones, pero no presentó datos sobre el volumen de medicamentos que entran o se venden fuera de los mecanismos formales de importación y distribución.

Empaques, presentación y puntos de venta

La entrevistada recomendó a los consumidores revisar la presentación habitual de los medicamentos que utilizan. Indicó que cambios en el color de una tableta, una cápsula o un envoltorio pueden llevar a comprobar el origen del producto, especialmente si fue adquirido fuera de establecimientos autorizados.

“Si cambia ese color, dude”, expresó Pérez. La presidenta de INQUIFAR explicó que los laboratorios regulados no pueden modificar por decisión propia el empaque primario de un medicamento, que es el material que está en contacto directo con tabletas, cápsulas u otras presentaciones.

Como ejemplo, mencionó los blísteres elaborados con plástico y aluminio. Si un fabricante quiere sustituir ese material por otra presentación, debe solicitar una autorización sanitaria, que evalúa si el cambio conserva la estabilidad del producto.

Pérez explicó que la estabilidad se relaciona con la capacidad del medicamento para mantener su potencia y sus condiciones durante el tiempo previsto para su uso. Por ello, afirmó que una modificación en el empaque debe ser evaluada antes de aplicarse.

Entre las características que pueden generar dudas, la dirigente mencionó envoltorios con sellos deficientes, letras desplazadas, información incompleta o diferencias frente a la presentación que el consumidor compra habitualmente.

Pérez pidió adquirir medicamentos en farmacias y otros establecimientos habilitados. Señaló que algunos supermercados, tiendas de conveniencia y comercios pueden venderlos, siempre que cuenten con los permisos requeridos por la autoridad sanitaria.

La presidenta de FIFCCA recomendó evitar las compras a vendedores ambulantes, en parques, calles, mercados y otros puntos no autorizados. También pidió cautela ante productos promocionados en redes sociales, sobre todo si ofrecen efectos extraordinarios o soluciones para varios problemas de salud.

Medicamentos de India y controles para importaciones

Pérez afirmó que existe una presencia amplia de medicamentos importados en Centroamérica, principalmente fabricados en India. Al ser consultada sobre ese ingreso, dijo que la preocupación de la industria regional es conocer qué tipo de productos están llegando al mercado y si cumplen las exigencias requeridas.

La dirigente señaló que los productos importados a los que se refirió ingresan como medicamentos genéricos. Aclaró que la posición de los laboratorios centroamericanos no es impedir su entrada, sino que sean sometidos a las mismas condiciones que deben cumplir los fabricantes instalados en la región.

“Los mismos estándares que nosotros cumplimos para nuestra población sean los estándares de todos los que quieran ingresar a la región”, sostuvo Pérez durante la entrevista.

La presidenta de INQUIFAR afirmó que la industria farmacéutica regional ha avanzado en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Según explicó, las plantas se someten a auditorías y controles vinculados con sus procesos de fabricación.

Pérez indicó que la autoridad sanitaria ya trabaja en la fiscalización de medicamentos importados para determinar cuáles son aptos y cuáles no cumplen las condiciones necesarias para venderse. En El Salvador, identificó a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) como la entidad responsable de esa tarea.

Los medicamentos que ingresan legalmente requieren autorización del regulador de cada país antes de comercializarse en farmacias y otros establecimientos habilitados. También deben entrar por los mecanismos establecidos para que las autoridades puedan verificar sus requisitos sanitarios.

“En algún momento usted y yo somos pacientes consumidores”, afirmó Pérez al explicar que, según su planteamiento, los medicamentos disponibles en el mercado deben ser seguros, eficaces y de calidad.

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras descubrir que intentaba ingresar al país 10 aves vivas ocultas de forma clandestina en su indumentaria personal. El acusado, identificado como Alberto Hernández Castillo, de nacionalidad cubana y residente permanente legal en Estados Unidos, arribó a territorio estadounidense procedente de La Habana en el vuelo 503 de la aerolínea Atlantic.

El incidente salió a la luz durante los controles de rutina implementados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., (CBP). Según recogen los documentos judiciales y la información difundida por el medio Telemundo 51, Hernández Castillo fue seleccionado por un agente fronterizo para someterse a un proceso de inspección secundaria a su llegada a la terminal aérea.

Durante la revisión inicial, el pasajero declaró que únicamente transportaba un equipaje de mano y un bolso de cintura. Asimismo, en el formulario oficial de declaración aduanera entregado por los oficiales, Hernández Castillo marcó explícitamente “no” a todas las preguntas relacionadas con la importación o transporte de animales, plantas o especímenes de vida silvestre.

Sin embargo, la actitud del sospechoso levantó las alarmas de los inspectores. Los agentes notaron que Hernández Castillo mostraba un comportamiento crecientemente nervioso al responder preguntas sobre su viaje y observaron un bulto atípico e inexplicable en la zona frontal de su cintura.

Ante las sospechas de un posible tráfico o porte indebido, los agentes procedieron a realizar un registro físico superficial. Fue en ese momento cuando descubrieron el complejo mecanismo ideado para el ocultamiento: el hombre llevaba cosidos en la parte interior de su ropa interior seis recipientes cilíndricos de plástico transparente, asegurados con cinta adhesiva. Al examinar minuciosamente los contenedores, los oficiales hallaron un total de 10 aves vivas distribuidas en los tubos.

Al ser interrogado sobre el hallazgo y la procedencia de la fauna silvestre, Hernández Castillo aseguró a las autoridades federales que las aves eran para su “uso personal”. Sin embargo, al no contar con los permisos de importación, las certificaciones sanitarias correspondientes ni la documentación requerida para el ingreso de animales vivos, las autoridades procedieron a su detención de inmediata.

Posterior a su arresto, el acusado compareció ante los tribunales federales, donde se le impuso una fianza de 25,000 dólares para permanecer en libertad mientras continúa su proceso judicial.

¿Qué es el delito de contrabando de mercancías?

El delito de contrabando de mercancías consiste en la importación, exportación, transporte o comercio clandestino de productos, bienes o animales evitando de manera deliberada los controles legales, el pago de aranceles e impuestos aplicables o la presentación de la documentación requerida por las autoridades aduaneras de un país.

Desde la perspectiva legal y jurídica en Estados Unidos (bajo el Título 18 del Código de EE. UU., Sección 545), este delito se configura cuando una persona introduce o intenta introducir fraudulentamente cualquier mercancía al territorio nacional a sabiendas de que su ingreso viola las leyes vigentes, o bien cuando falsifica declaraciones aduaneras para ocultar la naturaleza real del cargamento.

Las sanciones por incurrir en el delito de contrabando de mercancías hacia los Estados Unidos son severas, las penas pueden incluir:

• Penas de prisión federal: Condenas que pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel.
• Multas económicas severas: Sanciones monetarias impuestas por el tribunal, además del pago diferido de tributos e impuestos omitidos.
• Decomiso de bienes: La confiscación permanente de las mercancías, vehículos o instrumentos utilizados para cometer el ilícito.
• Consecuencias migratorias: Para residentes permanentes o titulares de visados, una condena por contrabando puede derivar en la revocación del estatus legal y el inicio de un proceso de deportación.

La Policía de Seguridad Vial incautó un cargamento de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero valuado en más de $7.600.000 durante un control de rutina realizado en el acceso sur de la provincia de Formosa. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Lucio V. Mansilla y derivó en la intervención de la Justicia Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El procedimiento se concretó el domingo pasado, pocos minutos después del mediodía, en el puesto caminero ubicado sobre una ruta de ingreso al territorio provincial. Allí, los agentes desarrollaban tareas de identificación de personas y verificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de una furgoneta Toyota Hiace.

En el utilitario viajaban tres hombres. La inspección de la zona de carga permitió detectar una cantidad considerable de productos que, de acuerdo con la información oficial, habían ingresado al país sin la documentación aduanera requerida. La carga incluía artículos de telefonía, pequeños electrodomésticos, ventiladores, utensilios de cocina y piletas.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias Formosa, entre los elementos secuestrados había 20 teléfonos celulares, además de seis linternas LED, seis depiladoras eléctricas, seis máquinas para cortar cabello y seis afeitadoras eléctricas.

El cargamento también contenía 96 ventiladores de pie, 60 termos, 20 purificadores de agua, 5 licuadoras de mano y 10 conjuntos compuestos por secador de cabello y planchita. Los productos fueron contabilizados durante las actuaciones ordenadas luego del control.

La presencia de artículos destinados al uso doméstico y personal llevó a extender la verificación sobre la totalidad de los bultos transportados.

Así, dentro de la mercadería incautada, se encuentran 140 sets de cubiertos, 12 trituradoras de verduras, cubiertos varios y nueve piletas de distintas capacidades. El detalle de los productos fue incorporado a las actuaciones iniciadas a partir de la inspección realizada por la delegación vial.

El valor total de los elementos fue estimado en más de $7.600.000, según la información proporcionada sobre el operativo.

La carga no contaba con el aval aduanero exigido para este tipo de mercadería, por lo que los agentes dispusieron las medidas iniciales previstas para preservar los elementos y comunicar el hallazgo. Los tres ocupantes de la furgoneta fueron identificados durante el control, sin que se informaran otras medidas respecto de ellos.

Tras el hallazgo, se informó de inmediato a la Unidad Fiscal Federal, que dispuso una revisión completa de la mercadería transportada y el secuestro preventivo de todos los productos.

Asimismo, se dio participación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que interviene en cuestiones vinculadas con el control aduanero.

La documentación, el inventario de la carga y los productos secuestrados formarán parte de la investigación que se inició tras el operativo. La autoridad judicial deberá determinar los pasos posteriores dentro de la causa, a partir de las verificaciones ordenadas sobre el origen y la situación aduanera de la mercadería.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará el combate contra la evasión y elusión fiscal mediante herramientas digitales y tecnológicas, con especial atención al cy al contrabando de combustibles, informó el secretario Edgar Amador Zamora ante el Senado.

Durante su comparecencia, el funcionario explicó que una de las prioridades del gobierno federal consiste en cerrar los espacios que permiten la fuga de recursos públicos y garantizar que las empresas y contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de acuerdo con su capacidad económica.

Al responder cuestionamientos de senadores de oposición sobre el combate al mercado ilegal de combustibles, Amador Zamora reveló que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron detectados 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados.

De acuerdo con el secretario, ese volumen representó una recaudación potencial de 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS, lo que muestra el impacto que tienen las operaciones irregulares de importación, comercialización y venta de gasolina y diésel.

Hacienda busca rastrear la ruta de la gasolina y el diésel

Amador Zamora explicó que la estrategia contra el huachicol fiscal no se limitará a detectar cargamentos o transacciones irregulares, sino que pretende establecer un sistema que permita seguir la ruta de los combustibles desde su ingreso al país o su producción hasta su venta y consumo.

Para ello, la dependencia trabaja en modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de aumentar la trazabilidad de las operaciones relacionadas con hidrocarburos.

La intención es fortalecer el uso de controles volumétricos y herramientas tecnológicas que permitan determinar con mayor precisión cuánto combustible ingresa al país, cuánto se comercializa y cuánto corresponde pagar en impuestos.

Con estos mecanismos, Hacienda busca reducir los espacios utilizados para evadir obligaciones fiscales mediante operaciones vinculadas con la importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel.

SAT cancela más de 2 mil sellos a comercializadoras

El secretario destacó que el combate al huachicol fiscal involucra a distintas dependencias del gobierno federal. Como parte de estas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 2 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras ilegales de combustible y estableció controles automáticos en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Además, en coordinación con la Secretaría de Energía, desde junio de este año se implementaron medidas para que únicamente quienes cuenten con un permiso vigente de esa dependencia puedan emitir facturas por ventas de hidrocarburos.

El funcionario sostuvo que el gobierno federal mantendrá una política de tolerancia cero frente a estas prácticas.

“Es algo en lo que no vamos a cejar”, afirmó Amador Zamora al señalar que para Hacienda y el gobierno federal el huachicol fiscal constituye una práctica perjudicial que requiere todo el esfuerzo institucional.

Recaudación aumenta sin una reforma fiscal

Por otra parte, Amador Zamora destacó que el fortalecimiento de los ingresos públicos se ha conseguido sin recurrir a una reforma fiscal ni incrementar los gravámenes.

Explicó que mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento, durante los últimos dos años se obtuvieron 776 mil millones de pesos adicionales en términos nominales.

El secretario sostuvo que la estrategia busca que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de acuerdo con su capacidad económica.

Este fortalecimiento de la recaudación, agregó, permitirá que los ingresos totales del gobierno federal alcancen 9.2 billones de pesos en 2027, en un escenario donde Hacienda apuesta por mejorar la fiscalización y cerrar espacios a la evasión y elusión fiscal sin aumentar los impuestos.

Durante la comparecencia, senadores del PAN y PRI insistieron al funcionario para que precisara si existía una investigación relacionada con Amílcar Olán, a quien señalaron como presunto amigo de Andrés López Beltrán, en relación con el huachicol fiscal.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Hacienda respondió que no existe ninguna investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la persona mencionada.

Las autoridades costarricenses detectaron varios cargamentos de licores y bebidas energéticas presuntamente ingresados por contrabando durante controles efectuados en Pérez Zeledón y Parrita. En total, la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal (PCF) incautaron 6,408 unidades que eran trasladadas en cuatro vehículos.

La mayor parte de la mercancía fue ubicada en Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José. Los oficiales interceptaron dos vehículos en los distritos de San Pedro y Daniel Flores, donde encontraron 4,647 unidades de bebidas. Según la información divulgada por las autoridades, los productos procedían de la frontera sur del país.

Tres hombres de apellidos González, Álvarez y Barrantes quedaron vinculados con este procedimiento. Las autoridades indicaron que dos de ellos registran antecedentes: Álvarez por legitimación de capitales y Barrantes por transporte ilegal de licores. La información disponible no precisa si fueron detenidos, ni detalla las marcas, el valor comercial de los productos o su destino final.

Dos vehículos fueron interceptados en la carretera Costanera

El segundo decomiso ocurrió en Parrita, en la provincia de Puntarenas. Durante patrullajes en la carretera Costanera, los agentes abordaron otros dos vehículos que transportaban bebidas alcohólicas.

Uno de los automotores llevaba 1,320 unidades de licor y el otro, 488. Ambas cantidades completan las 1,808 unidades decomisadas en ese cantón. Sumadas a las incautadas en Pérez Zeledón, elevaron el total del operativo a 6,408 productos.

La mercancía quedó a disposición de la Policía de Control Fiscal, que deberá efectuar el conteo oficial y determinar las diligencias que corresponden. Esa dependencia del Ministerio de Hacienda investiga posibles infracciones relacionadas con el ingreso, traslado, almacenamiento o comercialización de mercancías que no cumplen las exigencias fiscales y aduaneras.

El caso se mantiene bajo análisis debido a que las autoridades calificaron los productos como presuntamente contrabandeados. Hasta ahora, no se informó sobre una eventual acusación formal, el cálculo de impuestos que se habrían dejado de pagar ni posibles sanciones para los sospechosos.

Los controles buscan verificar el origen legal de las mercancías

Costa Rica mantiene operativos de vigilancia en carreteras, zonas fronterizas, bodegas y comercios para detectar mercancías que podrían circular sin el pago de tributos o sin los permisos requeridos para su venta. Estos controles incluyen patrullajes, inspecciones de vehículos y verificaciones sobre el origen de los productos.

La PCF trabaja en coordinación con otras instituciones de seguridad y fiscalización cuando identifica indicios de contrabando, evasión tributaria o comercio irregular. En procedimientos recientes, el Ministerio de Hacienda también ha señalado la importancia de las denuncias ciudadanas, que pueden dar inicio a investigaciones y seguimientos sobre movimientos inusuales de productos.

Las medidas buscan impedir que bebidas alcohólicas, alimentos, medicamentos, cigarrillos y otros artículos ingresen o se distribuyan fuera de los mecanismos legales. En el caso de los licores, la fiscalización también apunta a comprobar que los productos cuenten con la documentación correspondiente y que hayan cumplido las obligaciones tributarias aplicables.

Las autoridades no informaron cuándo concluyeron los operativos ni si ampliarán la investigación a otros vehículos, comercios o personas. La definición del caso dependerá de la revisión de la mercancía decomisada y de las verificaciones que realice la Policía de Control Fiscal.

Las heces fecales y los metales pesados conforman parte del material encontrado en los cigarros apócrifos que circulan en México, según análisis de autoridades sanitarias y universidades. García Harfuch detuvo a tres hombres, dos de ellos canadienses, en un operativo realizado en Huixquilucan, Estado de México, el jueves 1 de octubre.

Las autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros falsificados, equivalentes a cerca de dos millones de unidades, en una bodega utilizada para fabricar y distribuir el producto. El hallazgo reabrió la pregunta sobre qué contienen realmente estos cigarros y qué efectos provocan en el organismo de quien los fuma.

Omar García Harfuch confirmó el operativo en Huixquilucan, Estado de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el operativo a través de sus redes sociales. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional ejecutaron la orden de cateo.

La intervención contó con información del Centro Nacional de Inteligencia. Las autoridades localizaron en el inmueble cuatro máquinas para la elaboración y empaquetado de cigarros, 293 cajas con filtros y más de 4.800 rollos de papel.

Los detenidos quedaron identificados como Matthew Russell Montour, de 49 años, Elliot Benchimol, de 46 años, ambos canadienses, y Antonio Marines Marines, de 60 años, de nacionalidad mexicana. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La bodega quedó sellada y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias. García Harfuch señaló que la fabricación y comercialización de estos productos afecta a la economía formal y representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Heces y fibras sintéticas en cigarros piratas: Instituto Nacional de Salud Pública

Un estudio citado por el Instituto Nacional de Salud Pública analizó 40 marcas de cigarros ofertadas en distintas zonas de la Ciudad de México. El análisis identificó 21 compuestos químicos mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.

El examen macroscópico detectó la presencia de pelo, fibras sintéticas, cartón y papel metálico entremezclados con fibras vegetales. Otros estudios de la industria tabacalera reportados por El Heraldo de León encontraron basura, restos de alfombra, residuos de tejido humano, madera, paja y heces fecales animales y humanas en distintas marcas de cigarro pirata.

Los cigarros falsificados representan un riesgo mayor para la salud que los productos legales, porque no pasan controles de calidad y pueden contener metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, además de pesticidas y restos orgánicos no identificados. La combinación de estas sustancias con el humo del tabaco incrementa el daño pulmonar y cardiovascular en quienes los consumen, según especialistas citados por medios mexicanos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como Cofepris, ha señalado que el principal peligro de estos productos radica en la ausencia de permiso sanitario. Ese vacío impide garantizar una producción regulada y un conocimiento pleno de su composición fisicoquímica.

Cofepris también advirtió que el bajo costo de los cigarros piratas los hace más accesibles para niños y adolescentes. Esa accesibilidad fomenta el consumo temprano de tabaco entre la población menor de edad.

Un cigarro legal contiene hasta 20 miligramos de alquitrán, los piratas superan esa cifra. Así afectan al cuerpo

El tabaco procesado contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales al menos 250 causan enfermedades atribuibles al tabaco. Más de 50 de esas sustancias son cancerígenas, de acuerdo con información recopilada por El Heraldo de León.

Un cigarro fabricado legalmente contiene entre 7 y 20 miligramos de alquitrán y produce 80 centímetros cúbicos de monóxido de carbono. El alquitrán constituye la principal sustancia cancerígena del tabaco, mientras que el monóxido de carbono reduce en 10% la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.

Los cigarros piratas contienen una cantidad mayor de alquitrán que los productos legales, según el decálogo de riesgos del tabaco ilegal publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor. Fumar multiplica cinco veces el riesgo de padecer cáncer de boca, labios y pulmón, y ese riesgo se eleva aún más cuando el cigarro consumido es falsificado.

El alquitrán de los cigarros piratas no solo afecta la boca, las cuerdas vocales, la garganta y los pulmones. También daña los riñones, la vejiga y, en el caso de las mujeres, el útero y los ovarios.

Los filtros falsificados tampoco retienen partículas con la misma eficacia que los filtros legales. Algunos de ellos desprenden fibras plásticas que terminan por alojarse en los pulmones del fumador.

Los cigarros piratas generan además mayor producción de monóxido de carbono, un compuesto que actúa como depredador del oxígeno en la sangre. Esa sustancia provoca enfermedades cardíacas con mayor frecuencia, somnolencia, fatiga, náuseas, mareos y taquicardia en quienes la inhalan de forma constante.

El mercado ilícito de cigarros representa 25.7% del consumo total en México

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, conocida como Canacintra, presentó en septiembre un informe elaborado junto con Oxford Economics y la Federación Nacional de Economistas. El documento estableció que el mercado ilícito de cigarros representa 25.7% del consumo total en el país, lo que equivale a que uno de cada cuatro cigarros consumidos en México proviene de redes ilegales.

El alza de impuestos al tabaco aplicada en 2026, de 33%, no se tradujo en un incremento proporcional de la recaudación fiscal. La publicación digital señaló que la recaudación únicamente creció 9%, mientras la carga tributaria llegó a representar cerca de 68% del precio final de una cajetilla.

La brecha de precios entre el mercado formal y el informal explica buena parte del fenómeno. Una cajetilla legal cuesta en promedio 100 pesos, mientras que una cajetilla de origen ilícito puede adquirirse hasta en 20 pesos, de acuerdo con el reporte de Canacintra.

El presidente de la Federación Nacional de Economistas, Rogelio Mirazo Román, advirtió que la erosión fiscal provocada por este comercio supera los 20 mil millones de pesos anuales. El especialista proyectó que, de mantenerse la tendencia actual, el mercado ilícito podría controlar hasta 50% del consumo total de tabaco en México para el año 2034.

Una estimación previa de la consultora KPMG, difundida en abril por Expansión Política, calculó que México perdió 1.314 millones de dólares de recaudación en 2025 por el consumo de cigarros ilícitos. Ese informe documentó que se consumieron 9.190 millones de cigarros de origen ilegal durante el año, equivalentes a 23,3% del consumo total nacional.

Tamas Sipos, responsable global de estrategia regulatoria de Philip Morris, explicó ante medios que entre 75% y 90% de los cigarrillos ilegales que circulan en México corresponden a los llamados blancos ilícitos. Esa categoría agrupa productos fabricados en Paraguay, Corea del Sur, China y Vietnam sin registro de marca ni pago de aranceles en el país de destino.

El operativo realizado en Huixquilucan se suma a otros decomisos recientes de cigarros irregulares en territorio mexicano. En abril, la Secretaría de Marina informó sobre el aseguramiento de 1,8 millones de cigarros irregulares procedentes de China y Corea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la provincia de Chiriquí decomisaron 50 mil unidades de cigarrillos de presunto contrabando, ocultos en el maletero de un taxi que se dirigía a Paso Canoas.

La mercancía, hallada en el puesto de control de San Isidro, tiene un valor FOB estimado de $3.750,00.

El operativo forma parte de una serie de controles de rutina en distintos puntos de la provincia fronteriza con Costa Rica.

Durante las verificaciones, los inspectores de la DPFA retuvieron calzado y ropa con presuntas falsificaciones de marcas reconocidas, cigarrillos de contrabando y suplementos vitamínicos sin respaldo sanitario.

Los hallazgos se concentraron en los puestos de San Isidro y Guabalá, además de establecimientos dedicados al transporte de encomiendas.

En San Isidro, un camión procedente de la ciudad de Panamá con destino a comercios de la zona fronteriza de Paso Canoas transportaba más de 3.386 unidades entre suéteres, zapatillas y chancletas. Los inspectores presumen que se trata de réplicas de Nike, Adidas y Crocs.

En el puesto de control de Guabalá, los inspectores retuvieron 576 unidades de suplementos multivitamínicos de las marcas Vitafer-L, Vital Honey y Kitty Kat. Los productos carecían de factura y de registro sanitario vigente para su consumo en el país.

El vehículo particular que los trasladaba era conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana, según el reporte de la DPFA.

Las diligencias en empresas de transporte de encomiendas sumaron otro capítulo a los decomisos.

Allí aparecieron 255 cigarrillos electrónicos sin documentos que respaldaran su tenencia legal, 6 mil unidades adicionales de cigarrillos de contrabando y 24 sobres de suplementos energizantes Vital Honey sin registro sanitario.

En una acción distinta dentro del mismo puesto de San Isidro, el uso del escáner permitió identificar mercancías no declaradas en la documentación de un vehículo tipo mula. Entre los artículos figuraban sillas de camping, abrazaderas de elevación y mesas armables.

Toda la mercancía retenida en los distintos operativos quedó sujeta a las investigaciones correspondientes, en el marco de las labores de fiscalización que desarrolla Aduanas para verificar el cumplimiento de las normas que regulan el ingreso y transporte de productos en el territorio nacional.

Mientras, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Naomí Griffing, se reunió con la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, y los subdirectores Carmen Tapia y Reynaldo Javier Bello.

El encuentro buscó profundizar en el desempeño y la distribución de los ingresos aduaneros.

Valdivieso expuso ante los delegados los logros vinculados con las mejoras al recurso humano, la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de inteligencia en la gestión de riesgo. La funcionaria atribuyó a esas medidas el incremento en la lucha contra el contrabando y la defraudación, que se tradujo en mayores ingresos tributarios.

Los ingresos aduaneros de Panamá crecieron más de 4% durante este 2026, según los datos que expusieron en la reunión los directores de Planificación y Finanzas, Marcos Moscoso y Johanys Cerrud.

Aduanas aporta, además, el 23% del total de los impuestos recaudados por el Estado panameño, un dato que sitúa a la institución como uno de los principales motores de la recaudación fiscal del país.

Daniel Poveda, de la Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica, presentó ante la misión del FMI un informe sobre los avances propuestos en materia de inteligencia artificial.

El funcionario destacó nuevas modalidades orientadas a enfrentar los ciberdelitos y a acelerar los procesos aduaneros. Según explicó Poveda, esas herramientas traerán beneficios medibles para la facilitación del comercio exterior.

Al cierre del encuentro, se informó que los delegados del FMI expresaron su satisfacción por el manejo de las recaudaciones y por los avances tecnológicos proyectados por la Autoridad Nacional de Aduanas.

Un empresario tecnológico de San Gabriel, California, fue detenido tras ser acusado de contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos de alta gama equipados con procesadores gráficos (GPU) sujetos a controles de exportación estadounidenses. Greg Lui, de 38 años, también conocido como “Yiu Kong Lui”, enfrenta tres cargos federales que podrían costarle hasta 50 años de prisión.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Lui es propietario de Earthmade Computer Inc., una firma tecnológica con sede en City of Industry que, de acuerdo con la acusación, operó entre 2023 y 2024 como vehículo para adquirir y reexportar ilegalmente equipos de cómputo destinados a programas chinos de superinteligencia (SI) y potencial uso militar.

Un gran jurado federal procesó a Lui por un cargo de conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y las Regulaciones de Administración de Exportaciones, un cargo de contrabando de salida y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, de acuerdo con el comunicado del DOJ. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración, otros 20 años por el lavado de dinero y 10 años adicionales por el contrabando, lo que suma un total estatutario de 50 años.

El empresario fue arrestado el miércoles y tenía previsto comparecer el viernes ante la corte federal de Los Ángeles para su lectura de cargos, según el DOJ.

Bill Essayli, primer fiscal federal asistente para el Distrito Central de California, explicó el alcance de la maniobra. “Este acusado presuntamente usó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear más de 300 millones de dólares en servidores computacionales controlados por exportación hacia China”, declaró Essayli. “Perseguiremos con firmeza a quienes pongan en riesgo nuestra seguridad nacional por lucro”, agregó.

De acuerdo con el comunicado oficial, los dispositivos en cuestión podrían haber impulsado capacidades militares relevantes para el gobierno chino si hubiesen quedado fuera del alcance de los controles estadounidenses.

El esquema consistía en enviar los servidores con licencias falsas hacia países donde no se exige autorización de exportación, para luego reenviarlos a su destino final. Earthmade utilizaba a Malasia y Singapur como escalas intermedias antes de que la mercancía llegara a territorio chino, según detalló el DOJ.

De acuerdo con la acusación, Lui y sus coconspiradores entregaron documentación falsa a fabricantes estadounidenses en la que aseguraban que los equipos tendrían destinos permitidos que no requerían licencia de exportación. Tras colocar los pedidos, el empresario contrataba empresas de transporte de carga para despachar los servidores hacia los países de tránsito. Una vez que la mercancía arribaba a Malasia o Singapur, coordinaba con sus socios el reenvío final hacia China.

Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de USD 176 millones provenientes de dos empresas de envío con sede en Malasia como parte del esquema, precisó la fiscalía. Los componentes centrales de los equipos eran unidades de procesamiento gráfico fabricadas por compañías especializadas en cómputo de inteligencia artificial. Según reportó The California Post, los procesadores correspondían a la firma Nvidia Corp, con sede en Santa Clara.

La fiscalía reconstruyó el mecanismo a partir de comunicaciones internas de la red. En enero de 2024, Lui envió un correo electrónico a un coconspirador en el que señalaba que una empresa de transbordo con sede en Malasia deseaba comprar 70 servidores con GPU restringidas para exportación, adjuntando un formulario de cumplimiento que reconocía las leyes estadounidenses aplicables, según la acusación.

Ese mismo mes, el acusado presentó una orden de compra a un fabricante estadounidense por 27 de esos servidores, valuada en aproximadamente USD 7.614.000. Lui y un coconspirador dispusieron el envío de ese cargamento desde Los Ángeles hasta Kuala Lumpur, Malasia, con una lista de empaque que identificaba los componentes como equipos controlados que no podían enviarse a China sin licencia, de acuerdo con el documento judicial.

En marzo de 2024, un coconspirador informó por correo electrónico a un funcionario del gobierno malasio que los 27 servidores habían sido, en efecto, transbordados hacia un comprador en China, según consta en la acusación. La fiscalía sostiene además que Lui utilizó cuentas bancarias de JPMorgan Chase y Bank of America con sede en Los Ángeles para canalizar los pagos del esquema.

El caso de Lui se enmarca en una serie de procesos federales orientados a frenar el desvío de tecnología informática avanzada hacia China. John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, sostuvo: “La SI es la tecnología definitoria de la época. La División de Seguridad Nacional protegerá la ventaja estadounidense en los chips que impulsan esta tecnología, producto de nuestra innovación y trabajo sin igual, frente al desvío ilegal por parte de nuestros adversarios económicos y militares”.

Desde el FBI, el agente a cargo de la División de Contrainteligencia y Espionaje, Roman Rozhavsky, afirmó que la investigación “reveló que Lui presuntamente vendió al gobierno chino cientos de millones de dólares en tecnología estadounidense de superinteligencia, en clara violación de las leyes de control de exportaciones”.

El Pentágono también expresó preocupación por el recorte ilegal de tecnología. John E. Helsing, agente especial a cargo de la oficina occidental del Servicio de Investigaciones Criminales de Defensa (DCIS), señaló que “prevenir la exportación ilegal de tecnología controlada es crítico para proteger nuestra seguridad nacional” y que esas capacidades “ofrecen ventajas fundamentales a las fuerzas estadounidenses”.

Por su parte, David A. Peters, secretario adjunto de Comercio para Aplicación de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), indicó que ese organismo “está comprometido a usar todos los medios legales para proteger la seguridad nacional y responsabilizar a los infractores”. El caso lo investigan de manera conjunta la Oficina de Aplicación de Exportaciones de la BIS, el Servicio de Investigaciones Criminales de Defensa y el FBI.

La acusación formal es conducida por los fiscales federales asistentes Colin S. Scott y Joseph S. Guzman, junto con el abogado litigante Eli Ross de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, mientras que el fiscal asistente Alexander Su se ocupa de los decomisos civiles y penales de la propiedad incautada, según el comunicado oficial.

The California Post reportó haber presenciado el operativo en el que agentes del FBI y del Departamento de Comercio detuvieron a Lui en la sede de Earthmade Computer en City of Industry. Según ese medio, los agentes siguieron al empresario mientras conducía una camioneta Tesla Cybertruck con envoltura blanca desde su residencia en San Gabriel hasta las oficinas, donde fue esposado a punta de pistola poco después de llegar a trabajar.

El diario indicó que, al día siguiente del arresto, agentes federales registraron la vivienda del acusado, una propiedad de nueve habitaciones y siete baños de dos plantas, de 399 metros cuadrados (4.300 pies cuadrados), que había sido recientemente renovada con nuevo revoque, ventanas y entrada vehicular.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn citado por el medio, Lui acumulaba ocho años de trayectoria en el sector tecnológico, con un paso previo por Amplitude Tech Hosting Service, firma con sede en Denver especializada en alojamiento de bases de datos. En 2021 fundó Earthmade Computer, dedicada también a la colocación de servidores y a la adquisición y exportación de procesadores.

Antes de su incursión en la tecnología, Lui se desempeñó como restaurador y cofundó en 2012 el local Duo-Pot, en Arcadia, especializado en comida picante de Sichuan, que cerró en 2021, según la misma fuente.

La Fiscalía General de la Nación pidió que Martínez continuara en prisión mientras avanza el proceso penal. Sostuvo que sería responsable de los delitos imputados y que su libertad podría afectar la investigación. La jueza de control de garantías respaldó la solicitud del ente acusador.

“No existen razones para revocar la decisión de primera instancia y en este sentido será confirmada, pero por las razones expuestas en esta providencia. En mérito a lo expuesto, el Juzgado 55 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá resuelve, primero, confirmar la decisión proferida el 13 de mayo de 2026 por el Juzgado 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se impuso a Walter Francisco Martínez medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario con cumplimiento transitorio en institución hospitalaria. Pero aclarando que por las razones expuestas en esta providencia”, dijo la jueza.

Martínez fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante los allanamientos realizados por la Fiscalía en distintas sedes y sucursales de la empresa de ropa interior femenina en el país.

El organismo investigador argumentó que el procesado representa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del expediente. Según expuso, podrían verse comprometidos elementos materiales probatorios y testigos vinculados al caso.

La jueza concluyó que la defensa no acreditó cambios en las circunstancias que motivaron la detención. Consideró que persistía el riesgo para la investigación y que no estaba asegurada la comparecencia de Martínez a las audiencias.

En otras diligencias, la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra socios de las compañías que integran la marca. No obstante, los jueces rechazaron esos pedidos y cuestionaron la presentación de los elementos probatorios, así como la falta de evidencia para justificar restricciones a la libertad de los empresarios. La situación fue distinta en el caso de Martínez, quien continuará privado de la libertad.

Así operaba Walter Francisco Martínez, hasta ahora el único capturado en el caso de Lili Pink

Walter Martínez, el único capturado hasta ahora en la investigación sobre las tiendas Lili Pink y su casa matriz Fast Moda S.A.S., fue detenido el 26 de abril de 2026 en Barranquilla, Atlántico, por su presunta participación en una red de lavado de activos y contrabando. La Fiscalía General de la Nación lo señala como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus ganancias al exterior.

La estructura investigada habría afectado al sector textil colombiano desde al menos 2014. El alcance del caso fue detallado por El Tiempo y Caracol Radio, que registraron el crecimiento comercial de Lili Pink durante el período bajo análisis.

Las autoridades sostienen que la red abrió más de 400 tiendas desde 2014, una expansión que, según la investigación, habría servido como cobertura para mantener en circulación mercancías y recursos fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Martínez Martínez, abogado, figuraba como representante legal de siete sociedades que las autoridades consideran ficticias. Estas empresas habrían sido utilizadas para introducir productos al país mediante firmas de papel y luego ponerlos en circulación de forma irregular.

Las utilidades generadas por las ventas eran enviadas a cuentas internacionales para ocultar su origen, de acuerdo con el ente investigativo. Las tiendas Lili Pink habrían dado una apariencia de legalidad a prendas que ingresaban sin los controles reglamentarios.

El esquema incluía la creación, modificación y cierre de compañías para trasladar activos sin asumir obligaciones legales que pudieran comprometer a los responsables. Las sociedades heredaban cuentas por cobrar, pero no sus deudas, una práctica que habría dificultado el seguimiento de los movimientos de dinero y mercancías.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó operaciones atípicas en Pink Life S.A.S. y otras firmas desde 2017. Sin embargo, los directivos de las compañías aseguraron a Caracol Radio que todas las transacciones estaban justificadas y documentadas.

El cierre definitivo de Tío Mario expone las dificultades de las jugueterías argentinas, entre caída del consumo, costos operativos y competencia de productos importados. La cadena lanzó una liquidación en avenida Pueyrredón 1529, tras casi tres décadas de actividad.

Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete afirmó que “se han cerrado más de doscientas jugueterías en el último año”. Agregó que algunos comercios trasladaron sus ventas a internet para liquidar el stock disponible.

También atribuyó la situación a la caída del consumo y al incremento de alquileres, servicios y salarios. Según planteó en Infobae Al Amanecer, esos gastos afectan a los locales que mantienen estructuras físicas.

Compras puerta a puerta y competencia de importaciones

De acuerdo con el titular de la Cámara, hoy por hoy, “lo principal es el puerta a puerta”. Cuestionó que consumidores compren juguetes en plataformas internacionales sin los mismos costos que afrontan los comercios locales.

Al mismo tiempo afirmó que las jugueterías pagan impuestos, alquileres, luz, gas, agua y salarios. Aseguró que deben competir con productos importados que llegan desde el exterior.

También cuestionó la desregulación de reglamentos técnicos para juguetes importados. Señaló que esas compras pueden incluir artículos sin controles de calidad para niños.

Furió mencionó el caso de Squishy Gamzee y dijo que ese producto contenía benceno. “Vos podés comprar un juguete tóxico”, dijo y remarcó que quienes compran en locales físicos cuentan con un comercio al cual reclamar.

Contrabando, precios y cambios en el consumo

El dirigente afirmó que “está el 30% del mercado del juguete es de contrabando”. Vinculó esa cifra con el ingreso de mercadería por fronteras y aduanas.

Furió sostuvo que la eliminación de tablas de valores facilita la subfacturación de productos importados. Explicó que un juguete valuado en cinco dólares puede declararse por un dólar.

Sobre los precios, afirmó que “un juguete va a estar más barato que una golosina o un alimento”. Dijo que existen autitos, camioncitos y pelotas desde mil pesos.

También señaló que la tecnología redujo la edad hasta la cual niños y niñas juegan con juguetes. Según indicó, las jugueterías venden más productos para menores de tres y cuatro años.

El presidente de la cámara afirmó que Argentina cuenta con 2.800 jugueterías. También sostuvo que algunos juguetes nacionales, como masas para moldear, camioncitos, muñecas sin mecanismo y juegos de mesa, compiten en precio con los importados.

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La infiltración en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por parte de la red criminal que dirigía Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo habría asegurado el paso de mercancías de contrabando, según la Fiscalía General de la Nación.

El informe del ente acusador, revelado por Semana, explica que el entramado criminal se gestó con dádivas, pagos en efectivo, vehículos, celulares y hospedajes para funcionarios destinados a zonas portuarias estratégicas. La Fiscalía sostuvo que ese esquema facilitó el ingreso irregular de mercancías y que también incluyó la promoción de personas de confianza a puestos clave.

La declaración de dos agentes encubiertos permitió establecer cómo Marín Buitrago accedía a información interna y movía nombramientos para que se omitieran controles aduaneros. Según la Fiscalía, “la finalidad de la organización criminal era cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social, cooptando funcionarios para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia”.

Los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores pasaban por esos puertos con apoyo interno, de acuerdo con documentos en poder del ente investigativo. El expediente describe un mecanismo basado en la cooptación de funcionarios públicos, las recomendaciones para cargos clave y las comunicaciones encriptadas para coordinar la operación.

La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, indicó que el papel de “Pitufo” incluía financiar la captación de nuevos funcionarios en zonas portuarias estratégicas. “(El rol de Marín Buitrago era) financiar para que fueran cooptados los nuevos funcionarios ofreciendo y dando regalos, así como beneficios como celulares, carros, gastos de hospedaje y pagos en efectivo, a cambio de omitir las funciones propias de sus cargos para que miraran a otro lado”, determinó la Fiscalía.

Los nombres que aparecieron en el expediente

El expediente también recoge un frente sobre nombramientos dentro de la Dian. En la mansión de Marín Buitrago en Guaymaral, al norte de Bogotá, el CTI de la Fiscalía halló hojas de vida durante un operativo del 13 de febrero de 2025.

Entre esos documentos aparecen Yerlin Arley Campo y Javier Zuluaga Montero, que fueron nombrados en cargos clave en la Dian de Buenaventura, informó Semana. Campo fue designado como director Seccional 3 en ese puerto y Zuluaga Montero fue nombrado en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y cambiaria.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes dijo a la revista que “el señor Campo es uno de los recomendados por Roy Barreras (...) quería que lo nombrara como director de Aduanas de Buenaventura. Yo no lo hice”. Reyes salió de la Dian y, unos días después, su sucesor nombró a Campo en mayo de 2024 para ese cargo.

La Fiscalía también sostuvo que la documentación hallada en el allanamiento corrobora que Campo es funcionario de carrera de la Dian. Añadió que su vinculación en Buenaventura coincide, en tiempo y lugar, con los hechos de cooptación de funcionarios descritos en la investigación.

Cómo operaba la red dentro de la Dian

Una vez que se conseguía la infiltración, la organización coordinaba con funcionarios para burlar la seguridad aduanera. El expediente describe la modalidad de “tapa”, que consistía en ocultar mercancía en contenedores con doble fondo y requería complicidad en la zona primaria de la Dian y en su centro de trazabilidad y monitoreo.

La investigación también menciona a las “pupilas”, funcionarias dentro de la entidad encargadas de organizar y facilitar la salida de contenedores con contrabando. Esa es una de las líneas de investigación que, según fuentes consultadas, explotará en los próximos días.

Otro capítulo detalla la adulteración del tránsito aduanero. Para eso, la red usaba Declaraciones de Tránsito Interno (DTI) con documentos falsos y Declaraciones de Tránsito Aduanero (DTA) para mover la mercancía y evadir la fiscalización en los puertos.

Una fuente bajo reserva expuso al medio referenciado que la organización funcionaba como un “reloj suizo” gracias a la información reservada que recibía sobre el engranaje de la Dian y sus controles. Según la Fiscalía, ese poder llegó al punto de ordenar controles fuertes en la salida del puerto y en la zona franca de Cartagena para frenar a contrabandistas rivales.

Las comunicaciones entre los jefes de la red, intermediarios y funcionarios cooptados se hacían por Celcrypt y Signal. Allí coordinaban reuniones, enviaban datos de contenedores, matrículas de vehículos y definían pagos a nóminas ilegales, además de usar claves como “Bodega Caleño”, “Cartagena 2”, “Coro Coro” o “señor Vino”.

En conversaciones con funcionarios también quedó confirmado el ofrecimiento de hospedajes en apartamentos pagados por la organización en el edificio Murado Élite, en Bocagrande, Cartagena. El agente encubierto señaló que desde ese lugar circulaba información detallada de la Dian y, a cambio, se entregaban sumas millonarias de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de dos hombres por un caso de contrabando de mercaderías que acumula USD $ 19.722,39 entre impuestos y multa. Los señalados son Weder Emigdio O. B. y Pedro Antonio A., detenidos con apoyo de la División Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la investigación fiscal, ambos habrían ingresado al país artículos cuya verdadera naturaleza fue ocultada ante las autoridades. Entre la mercancía detectada figuran miras láser y miras tácticas, productos cuya importación está prohibida, además de otros bienes sujetos a restricciones de ingreso.

La causa se centra en el presunto incumplimiento de los controles aplicados a mercancías que requieren autorizaciones especiales o que no pueden ser importadas. La FGR atribuye a Ortiz Bustillo y Argueta el delito de contrabando de mercaderías.

Cinco registros en San Salvador y Usulután

Como parte de las diligencias, la Fiscalía y la PNC realizaron cinco registros con prevención de allanamiento en inmuebles ubicados en los departamentos de San Salvador y Usulután.

Durante los operativos, las autoridades incautaron $15.621,30 en efectivo, además de otros elementos que serán incorporados al expediente de investigación. La FGR no precisó el detalle de los objetos confiscados ni informó si el dinero será vinculado de forma directa con las operaciones bajo investigación.

Los registros buscan reunir documentación, dispositivos u otros indicios que permitan reconstruir el mecanismo utilizado para el ingreso de la mercancía y establecer el alcance de la participación de cada imputado.

Mercancías prohibidas y bienes con restricción de ingreso

El caso diferencia dos tipos de productos: aquellos cuya importación está prohibida, como las miras láser y tácticas, y otros que pueden ingresar al país solo bajo condiciones o permisos específicos.

El monto de $19.722,39 informado por la FGR corresponde a impuestos y multa relacionados con el supuesto contrabando. No se detalló el valor comercial total de las mercancías ni las fechas en las que habrían sido introducidas al territorio nacional.

Según la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LESIA), comete contrabando de mercaderías quien, mediante acciones u omisiones, sustrae la importación o exportación de mercancías de la intervención aduanera correspondiente y produce o puede producir perjuicios económicos a la Hacienda Pública, o evade los controles sanitarios u otros establecidos legalmente.

Otro caso reciente

El guatemalteco Fredy Ventura Riscajche Siquina fue condenado a 6 años de prisión en mayo de este año por contrabando de mercaderías, tras ingresar al país con medicina y ropa ocultas en un vehículo que, según declaró, transportaba verduras. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2024 en el recinto aduanal de La Hachadura, y la pena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.

El peritaje de la Dirección General de Aduanas estableció que la operación ocasionó un perjuicio de USD 1.461.914,11 a la Hacienda Pública. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

El vehículo fue sometido a revisión mediante un escáner, que detectó irregularidades. En la inspección, las autoridades hallaron 64 bultos con medicina diversa y seis con ropa, ocultos entre la carga.

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-24), realizó una revisión de rutina en ese punto fronterizo durante la cual los agentes detectaron un cargamento de bebidas alcohólicas sin documentación que acreditara su procedencia ni su ingreso regular al país.

El vehículo transportaba 100 cajas de aguardiente de la marca Dominó, equivalentes a aproximadamente 1,200 litros, de presunta procedencia extranjera que habría ingresado al territorio sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.

Tras el hallazgo, los agentes decomisaron el cargamento y detuvieron al ciudadano señalado en el caso. La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias para establecer su procedencia, las condiciones de ingreso al país y las posibles responsabilidades derivadas del hecho.

El detenido fue puesto a disposición de las instituciones competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a las investigaciones y a la legislación vigente. El reporte policial lo identifica como presunto involucrado en actividades de contrabando.

Controles en zonas fronterizas

El decomiso se enmarca en las acciones que desarrollan las fuerzas de seguridad para detectar el traslado irregular de productos a través de las fronteras nacionales. La Policía Nacional señaló que el cargamento habría evadio los procedimientos establecidos para el ingreso de este tipo de productos, incluidas las obligaciones relacionadas con los controles aduaneros y el pago de impuestos.

El comercio de bebidas alcohólicas está sujeto a requisitos específicos de importación, distribución y comercialización, por lo que las autoridades verifican que los productos que ingresan al territorio nacional cumplan con las disposiciones vigentes.

La Policía Nacional reiteró que el contrabando puede afectar distintos sectores de la economía formal al permitir la circulación de productos fuera de los mecanismos legales de importación y comercialización. Según la institución, este tipo de prácticas también repercute en la recaudación fiscal por la evasión de tributos asociados al ingreso de mercancías y genera condiciones de competencia desiguales para los comerciantes y empresas que sí cumplen con sus obligaciones.

Decomiso y detención

La Policía Nacional convocó a la población a reportar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal o el traslado irregular de mercancías. Las autoridades consideran que la información aportada por ciudadanos puede contribuir a identificar movimientos sospechosos y facilitar la intervención de las instituciones de seguridad y control fronterizo.

La persona detenida permanece a disposición de las autoridades competentes y la mercancía decomisada queda bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

Además de las labores operativas, las instituciones buscan reforzar la coordinación entre los distintos organismos encargados de la seguridad, fiscalización y control de mercancías. El intercambio de información y la detección oportuna de posibles irregularidades son elementos clave para dar seguimiento a este tipo de situaciones.

Los procedimientos en las zonas fronterizas continuarán como parte de las medidas destinadas a preservar el orden en las actividades comerciales y prevenir nuevas irregularidades. Las autoridades mantienen así el llamado a respetar los mecanismos establecidos para el traslado y comercialización de productos dentro del territorio nacional. Hasta el momento no se reportan más personas capturadas.

En medio de los avances en una causa por lavado de dinero que investiga al ex senador Edgardo Kueider, Óscar Orué, titular de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) de Paraguay, confirmó a Infobae que los USD 200 mil no declaró al intentar pasar por el Puente de la Amistad quedaron en poder del Estado paraguayo. Un destino similar ocurrió con la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba con su pareja, Iara Guinsel, que será rematada.

Los bienes habían sido decomisados el 4 de diciembre de 2024 cuando se produjo el incidente en la cabecera paraguaya del viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu. La medida fue ratificada por una resolución administrativa posterior. Y quedó firme luego de que el ex representante de Entre Ríos en el Congreso dejara caer la apelación.

Según detalló Orué, Paraguay ya se quedó con los USD 200 mil que trasladaban. Están acreditados en una cuenta del Estado del país vecino. En rigor, Kueider intentó traspasar la frontera con 211 mil dólares, pero como el límite legal para transportar es de 10 mil, se le devolvió ese dinero y el resto quedó retenido.

La Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” (o Pajarito) González. Guinsel tenía una autorización de manejo y, al momento de la detención, era quien conducía.

El supuesto dueño del vehículo está sindicado por la Justicia como posible testaferro de Kueider. Se acreditó que fue presidente de Betail SA. La firma figuraba como dueña de departamentos de lujo en Paraná comprados en efectivo por el ex senador, según los titulares de la desarrolladora inmobiliaria que los construyó.

La camioneta será puesta en remate. Lo recaudado también quedará en manos del Estado paraguayo, señaló Orué. El funcionario puntualizó que la venta pública de la Chevrolet Trailblazer se realizará “antes de fin de año”, con seguridad.

El proceso

Luego de la retención del dinero y del vehículo, se inició un trámite de decomiso que culminó con una resolución administrativa de la DNIT, una dependencia similar al ARCA de Argentina.

La defensa de Kueider accionó contra la decisión ante el Tribunal de Cuentas del país vecino. El organismo es la primera instancia del Poder Judicial encargada de entender en los procedimientos y recursos contencioso-administrativos.

El expediente fue caratulado “Edgardo Darío Kueider y otros c/ resolución nº 212 dictada por la DNIT”. El procedimiento contencioso administrativo en Paraguay dispone que quien promueve la demanda debe impulsar la causa. Si no lo hace durante tres meses, se dicta la caducidad de oficio. Esto fue lo que ocurrió con el caso del ex senador argentino.

Según establecieron los jueces Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ávalos Valdéz y Hugo Diez Pereira Vera, los abogados de Kueider dejaron pasar más de cuatro meses sin realizar ningún acto. Por eso, el pasado 9 de septiembre declararon de oficio la caducidad de instancia y la incautación de bienes quedó firme.

El caso

Edgardo Kueider fue detenido en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad en las primeras horas del martes 4 de diciembre de 2024. Llevaba 200 mil dólares, guaraníes y pesos argentinos que no había declarado en la Aduana a pesar de que lo consultaron al respecto. La Justicia le dictó prisión domiciliaria a él y a su pareja.

En junio pasado, fue condenado por contrabando en grado de tentativa. Le dieron dos años de cumplimiento condicional. A Guinsel, la sancionaron con un año y 10 meses.

Por otro lado, la Justicia de Paraguay le abrió otra causa por lavado de activos. Es por la compra de departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción. La hipótesis fiscal es que se usó dinero proveniente de ilícitos en la Argentina para la operación.

Kueider, además, tiene dos causas por lavado abiertas en nuestro país. Una está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lo tramitan. La otra se armó en la Justicia de Entre Ríos. El juez de Garantías 2 de Concordia, Ives Bastián, y el fiscal José Costa son quienes llevan el expediente. La Corte tiene en sus manos definir a cuál le corresponde la competencia.

Por otro lado, Arroyo Salgado pidió a Paraguay la extradición de Kueider. Eso generó un nuevo juicio en el país vecino. La Fiscalía paraguaya dio luz verde al procedimiento. Pero puso como requisito que antes cierre sus cuentas ante la Justicia legal. En ese recorrido están las apelaciones por la condena por contrabando y el caso por lavado.

Personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) decomisó 420 kilos de hojas de coca en estado natural durante el control de un camión en el Peaje Fernández, sobre la Ruta Nacional N.° 34, en el departamento Robles de Santiago del Estero.

Según precisaron desde la fuerza federal a Infobae, el transporte realizaba un recorrido desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy, hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección del vehículo, los agentes advirtieron que la cinta aduanera de seguridad del acoplado había sido cortada y posteriormente unida con pegamento. A partir de ese indicio, el semirremolque fue sometido a un control con escáner junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) provincial.

En ese contexto, el equipo detectó imágenes de cuerpos extraños en el interior del acoplado.

Con los resultados obtenidos durante el control, el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Diego Argibay, autorizó la apertura de las puertas del semirremolque y en su interior los efectivos hallaron bolsas de nylon negras que contenían las hojas de coca.

Así, el conductor quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, que regula el tráfico internacional de mercaderías, el control aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de la importación y exportación.

Además de los 420 kilos de mercadería de contrabando, los efectivos secuestrados el camión, una antena Starlink y tres teléfonos celulares.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Núcleo y de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero”, ambas dependientes del Escuadrón 59 de la Gendarmería Nacional Argentina.

Operativos en Formosa y Chaco

En el marco de tareas de control y prevención llevadas a cabo sobre el camino vecinal “La Pista” en la localidad de El Chorro (Formosa), gendarmes de la Sección “General Enrique Mosconi” del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”, decomisaron 64 kilos de hojas de coca al advertir que un vehículo y una moto transportaban el vegetal de contrabando.

A su vez, personal de la misma Unidad, pero desplazados en la zona costera del río Pilcomayo, próximo al paraje El Quebracho, controló otra moto y decomisó los 40 kilos de hojas de coca que el conductor transportaba en su estado natural.

Por su parte, uniformados del Escuadrón 5 “Pirané” desplegados sobre la Ruta Provincial Nº 1 en la localidad formoseña de El Colorado, solicitaron al conductor de una camioneta que se detuviera en el retén y presentara su documentación correspondiente. En ese contexto, visualizaron 26 neumáticos de diferentes medidas en la caja y en los asientos traseros que viajaban sin el aval legal aduanero.

En los procedimientos intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) – Delegación Formosa, orientando el secuestro de todos los elementos hallados por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

En tanto en la provincia de Chaco, uniformados de la Base de Patrulla “Río Muerto” y de la Sección “Miraflores” dependientes del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”, cumplían funciones operativas sobre caminos rurales en la localidad de Juan José Castelli y sobre la Ruta Nacional Nº 16, y lograron incautar 10 kilos de hojas de coca al interceptar dos camionetas que escondían el vegetal dentro de bolsas de residuos y en una valija.

La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos del ex senador Edgardo Kueider. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal del país vecino recibió en la mañana del viernes los dispositivos incautados en la causa por lavado.

Los celulares, computadoras y pendrives se incautaron en allanamientos hechos en diciembre de 2024. Desde entonces quedaron a resguardo en el Juzgado de Garantías. Los dispositivos pertenecen al exlegislador por Entre Ríos y su pareja, Iara Guinsel. Sin embargo, también se extraerán datos de los que se incautaron a dos paraguayos relacionados con los negocios inmobiliarios que ambos realizaban en Paraguay.

Todos están imputados en la causa por lavado de activos. La justicia paraguaya sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina para adquirir seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Las fiscales que intervienen en el caso, Luz Guerrero y Verónica Valdez, tienen intenciones de conocer cuáles fueron las interacciones entre Kueider y un grupo de personas envueltas en la operación.

Una es su pareja. Los otros dos son Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, también imputados. Son quienes aparecen como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el ex senador.

A ellos se suman Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí, dos empresarios con el negocio inmobiliario. No están imputados, son testigos. Ambos tuvieron relación con los acusados cuando intentaron comprar en efectivo otros departamentos. La operación avanzó, pero se cayó luego por falta de información sobre el origen del dinero.

Por otro lado, la Justicia sospecha que Benegas y Cousirat son testaferros del exlegislador argentino y de su pareja. La conjetura se funda en que adquirieron Golsur meses antes de que Kueider fuera detenido y, de inmediato, le entregaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

En ese sentido, la mujer afirmó que el dinero sin declarar con el que se los interceptó el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por el incidente, Kueider y su pareja recibieron condenas por tentativa de contrabando.

El intento por frenar la medida

Las fiscales solicitaron la medida como acto investigativo. El Juzgado de Garantías dio luz verde. Una vez que se conoció la decisión de extraer información de los dispositivos, las defensas de los imputados intentaron un bloqueo.

Los abogados Juan Bogado, Carlos Arévalos y Macarena Bellenzeir pidieron al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que revocara el permiso. La razón esgrimida fue que se trataba de “fraude de etiquetas”, ya que lo que se presentaba como una extracción de datos era, en realidad, una pericia.

Sin embargo, la Sala 1 del Tribunal sostuvo la decisión. Para eso se basó en la diferenciación entre extracción y pericia. El primero es el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos. La segunda supone la emisión de un dictamen u opinión.

El órgano judicial, integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, también descartó que exista vulneración del derecho de defensa debido a que se dio intervención en el procedimiento a los letrados de los acusados.

El proceso de recolección de información guardada en los dispositivos demandará varias semanas. Se trata de un total de 26 aparatos. Nueve de ellos se incautaron durante un allanamiento realizado en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción. Por el operativo, concretado el 5 de diciembre de 2024, les rescindieron el contrato de alquiler de forma anticipada. Debieron mudarse a Luque.

Los 17 restantes se secuestraron a Benegas y Cousirat en procedimientos paralelos al concretado en la residencia del exsenador por Entre Ríos.

El caso

Según la acusación, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas entregó 3.787 pacas de cigarrillos al Ministerio Público, tras dos diligencias de retención realizadas por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera.

La mercancía, valorada en $2.840.250,00, quedó bajo control de las autoridades judiciales para avanzar con los procedimientos establecidos.

Parte de los productos fue destruida mediante trituración, con la participación del Ministerio Público y el Ministerio de Salud.

La actuación de Aduanas reúne operativos contra el comercio ilícito, la pesca ilegal y posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual en distintos puntos de Panamá.

En los operativos los inspectores retuvieron productos marinos sin permisos, cigarrillos de presunta procedencia ilegal y perfumes de diversas marcas para que cada caso continúe por la vía administrativa o judicial correspondiente.

En detalle, la primera entrega incluyó 2.146 pacas de cigarrillos que estaban almacenadas en dos contenedores bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El Ministerio Público retiró esa carga para continuar con el trámite judicial y ordenar su posterior destrucción, según las disposiciones aplicables.

El segundo expediente abarcó 1.641 pacas incautadas durante la Operación Río, desarrollada por unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera.

Durante ese procedimiento, los inspectores interceptaron un furgón que transportaba cigarrillos de presunta procedencia ilegal. La carga tenía como destino un establecimiento Duty Free ubicado en la provincia de Chiriquí.

Las autoridades trituraron la totalidad de la mercancía involucrada en esa actuación, conforme a las órdenes judiciales y a la coordinación entre las instituciones participantes.

En otro operativo, en el Puesto de Control de Guabalá, los inspectores revisaron un vehículo que trasladaba grandes tinas hieleras que en su interior contenían camarones y cambute sin documentación.

El conductor no presentó los permisos regulatorios exigidos para respaldar el transporte de la carga. Por ese motivo, los funcionarios retuvieron los camarones y el cambute, también conocido como caracol marino.

La mercancía quedó a disposición de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Esa entidad debe determinar las actuaciones posteriores relacionadas con los productos retenidos.

Los camarones se encontraban dentro del período de veda comprendido entre el 1 de septiembre y el 11 de octubre, de acuerdo con la información disponible sobre el operativo.

La restricción impide la captura y comercialización de ese recurso durante esas fechas. Las autoridades buscan proteger las especies y verificar el origen legal de los productos pesqueros que circulan en el país.

El caracol marino de la familia Strombidae está sujeto a una veda que se mantiene desde hace diez años consecutivos en todo el territorio nacional.

La medida prohíbe la captura, extracción y venta del cambute. Los comercios, plantas procesadoras y productores que posean inventario deben contar con las autorizaciones requeridas.

Entre los documentos exigidos figura el certificado de inspección ocular emitido por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Ese requisito permite acreditar la situación de los productos almacenados antes de la restricción.

Los controles sobre la carga marina apuntan a reforzar los mecanismos de trazabilidad. Las autoridades buscan identificar el recorrido de los recursos pesqueros y cerrar brechas que faciliten la pesca ilegal.

En otra acción de fiscalización, los funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron 31 bultos con perfumes de distintas marcas.

La diligencia se realizó en un local ubicado en Colón 2000, ante la presunción de un posible delito contra los derechos de propiedad intelectual.

Los inspectores trasladaron los productos a la Oficina de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Norte, en la provincia de Colón.

La carga permanecerá bajo resguardo mientras avanzan los trámites y procedimientos que correspondan. Las autoridades deberán establecer si la mercancía cumple con la normativa vigente.

La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron el aseguramiento precautorio de 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las autoridades.

El embarque procedía de Pekín, China, y había sido declarado documentalmente como palillos perfumados. Sin embargo, dentro de las cajas se localizaron cigarrillos de procedencia irregular, según confirmó la revisión especializada realizada por personal aduanero.

Qué se encontró y cómo se detectó la irregularidad

El aseguramiento se dio a conocer este 21 de septiembre en México y ocurrió cuando efectivos detectaron un embarque con destino a territorio nacional que no coincidía con su documentación. En lugar de palillos perfumados, la mercancía contenía 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2.4 millones de unidades, con un peso total de 3 mil 983 kilos. El cargamento estaba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

Este tipo de operativos responde a una pregunta recurrente sobre el contrabando de tabaco en México: los cargamentos ilegales suelen ingresar al país declarados como productos distintos a los que realmente transportan, con el fin de evadir los controles arancelarios. En este caso, la simulación fue registrar cigarrillos como palillos perfumados para sortear la inspección aduanera.

De acuerdo con el comunicado, la mercancía fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. Estos sistemas permitieron identificar elementos que ameritaron una inspección especializada del embarque.

Fue durante esa revisión que se confirmó la inconsistencia entre la documentación de transporte y el contenido real de las cajas, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

Situación jurídica y justificación del operativo

La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM. Las autoridades esperan el pronunciamiento del titular de la marca afectada para determinar la situación jurídica del cargamento, proceso que se realizará con la intervención de la autoridad competente.

Este procedimiento es habitual en este tipo de aseguramientos: la mercancía queda bajo resguardo hasta que se completan las diligencias legales y técnicas necesarias para definir su destino final, ya sea la destrucción, el decomiso definitivo o cualquier otra resolución conforme a la legislación aplicable.

Según el comunicado conjunto, este aseguramiento representa una medida para la protección de la Seguridad Nacional. Las autoridades argumentaron que impide el posible ingreso de productos apócrifos que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual.

El documento también señaló que este tipo de mercancía representa riesgos para la salud pública y fortalece los esquemas de comercio ilícito utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando.

La Marina, la ANAM, la SSPC y otras instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron la efectividad de la estrategia de inspección no intrusiva y coordinación operativa que aplican en el AICM, cuyo objetivo declarado es identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior con indicadores de riesgo.

Antecedentes de decomisos en el AICM

El caso se suma a una serie de aseguramientos de cigarrillos apócrifos registrados en el AICM durante 2026. El 2 de agosto, la ANAM había reportado la incautación de 2 millones 880 mil cigarrillos procedentes de China y Corea, con un peso de 4 mil 31 kilos.

Días después, el 14 de agosto, Marina y ANAM identificaron otro cargamento con 2 millones 208 mil cigarrillos procedentes de Bangkok, Tailandia. El 19 de agosto, las autoridades reportaron un decomiso mayor: cuatro embarques con cerca de 5 millones 808 mil cigarrillos provenientes de Singapur y Sri Lanka.

El 2 de septiembre, Marina y ANAM aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarrillos en dos operaciones distintas procedentes de Singapur, uno de los embarques declarado falsamente como bocinas y básculas eléctricas. Días después, el 9 de septiembre, se reportó el aseguramiento de 8 millones 780 mil cigarrillos procedentes de China, disfrazados como cajas de comida.

De acuerdo con datos difundidos por la Marina, desde septiembre de 2025 la aduana del AICM ha acumulado más de 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular asegurados, en el marco del reforzamiento del control aduanero en ese punto de entrada al país.

La Aduana General de la República (AGR) de Cuba decomisó 533 cajas y 527 puros sueltos en el aeropuerto internacional de La Habana, en dos operativos distintos que revelaron intentos de extracción ilícita de tabacos cubanos, informó la agencia EFE este jueves 17 de septiembre.

El dato más revelador no fue la cantidad de producto incautado, sino el método empleado: en uno de los casos, los involucrados falsificaron facturas y habilitaciones para eludir los controles de exportación.

Documentos adulterados contra las normas del Ministerio de Agricultura

El vicejefe primero de la AGR, William Pérez, difundió los detalles del caso a través de sus redes sociales. Según precisó a EFE, las facturas adulteradas violaban las disposiciones del Ministerio de Agricultura (Minag) para la exportación de tabacos.

La normativa vigente es la Resolución 98 del 2022 del Minag, que obliga a los viajeros a declarar ante la AGR todo el tabaco torcido a mano que transporten, ya sea en su equipaje de mano o en el facturado.

La misma resolución fija un límite de 20 unidades sin necesidad de documentación. Para cantidades superiores, la presentación de una factura es obligatoria. Está expresamente prohibido dividir compras entre varios pasajeros para evadir ese tope individual.

El tabaco cubano, ante su peor crisis en décadas

Los operativos ocurren en un momento en que la industria tabacalera cubana acumula golpes simultáneos desde varios frentes.

El tabaco es el cuarto sector que más ingresos aporta al producto interno bruto de la isla, según EFE. La producción lleva años bajo presión: los huracanes, la crisis energética y la escasez de insumos agrícolas han reducido de forma sostenida los volúmenes disponibles para exportación.

Cuba exportó apenas 50 millones de puros en 2024, poco más de la mitad de los 93.9 millones despachados en 2018, según datos publicados por Cigar Rights, sitio especializado en la industria del cigarro.

La industria que opera desde las fábricas habaneras lucha a diario con cortes de electricidad que en lo que va del año han colapsado la red eléctrica nacional en tres oportunidades.

La situación se agravó además por sanciones internacionales: el empresario chino Chen Zhi, propietario de casi un tercio de las acciones de Habanos S.A., fue incluido en las listas de sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea entre octubre de 2025 y julio de 2026. Eso paralizó los circuitos bancarios de varios distribuidores europeos, según informó CiberCuba.

Cancelación del Festival del Habano 2026

El deterioro del sector quedó expuesto también en el plano simbólico. El Comité Organizador del Festival del Habano anunció en julio la cancelación definitiva de la XXVI edición del evento, luego de haberlo pospuesto en febrero, según confirmó Nicotine Insider, publicación especializada en tabaco.

Fue la primera cancelación desde la pandemia de covid-19, que había impedido las ediciones de 2021 y 2022. El festival, que cada año convoca a más de mil profesionales y aficionados de unos 70 países, debía celebrar el 60 aniversario de la marca Cohiba.

La subasta de humidores artesanales que se realiza en cada edición es una de las principales fuentes de recaudación del evento. En 2025, esa instancia generó unos USD 18,72 millones, que el Gobierno cubano destina al sistema de salud pública, según EFE.

Habanos S.A., con ingresos récord pese al colapso productivo

La paradoja del sector es que, mientras la producción se derrumba, los ingresos comerciales alcanzaron cifras históricas. Habanos S.A. registró USD 827 millones en 2024, un aumento de cerca del 16% respecto al año anterior, impulsado por una estrategia de reposicionamiento en el segmento de lujo, de acuerdo con Cigar Journal, revista especializada en cigarros.

El precio de un Cohiba Behike 52 pasó de unos 55 euros a principios de 2022 a unos 230 euros a comienzos de 2026. China se consolidó como el principal mercado por valor de ventas, seguido de España, Suiza, el Reino Unido y Alemania.

En ese contexto, los intentos de extracción ilícita registrados en el aeropuerto de La Habana reflejan una tensión estructural: el tabaco cubano vale cada vez más en el exterior y cada vez es más difícil de producir y exportar por los canales formales.

Una inspección de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 11 derivó en el hallazgo de 12 teléfonos móviles de presunto contrabando ocultos dentro de juguetes de felpa. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 1.103, en la localidad de General Lucio V. Mansilla, provincia de Formosa, según la información proporcionada sobre el operativo.

El vehículo era ocupado por una pareja cuando fue detenido por integrantes de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 Bajo Paraguay. Durante la revisión de la documentación, los efectivos advirtieron una situación que motivó una inspección más detallada del equipaje transportado.

Según informó el portal del diario El Comercial, la mujer que viajaba como acompañante presentaba signos de nerviosismo y llevaba una bolsa con peluches. De acuerdo con los datos aportados, los agentes detectaron en los peluches contornos irregulares que resultaban llamativos al manipularlos. Esa particularidad impulsó la requisa de los objetos.

Al advertir irregularidades en la forma de los peluches, los efectivos sometieron los objetos a un equipo de rayos X. El análisis permitió confirmar que en su interior había dispositivos electrónicos.

El resultado de ese control determinó que el hallazgo de 12 teléfonos móviles ocultos en los juguetes. La intervención fue realizada por personal de la Sección Puerto Velaz del Escuadrón 15 Bajo Paraguay. El operativo se encuadró en las tareas de control vehicular que despliega la fuerza en esa zona de Formosa.

Luego del hallazgo, la Unidad Fiscal de Formosa dispuso la incautación de los celulares. La medida se adoptó por una presunta infracción a la Ley 22.415, conocida como Código Aduanero.Además, la Fiscalía ordenó dar intervención a personal de ARCA – Formosa.

A finales del mes de agosto, Gendarmería Nacional incautó más de 700 kilos de hojas de coca y 24 mil atados de cigarrillos que eran transportados de contrabando en Orán, provincia de Salta.

El procedimiento se inició cuando dos camionetas intentaron eludir el control dispuesto por la fuerza sobre la traza provincial. Según la información oficial, esto motivó la inmediata reacción de los efectivos desplegados en el lugar. La situación activó protocolos de seguimiento, permitiendo en primera instancia localizar una de las camionetas, una Toyota Hilux, en el interior de una finca cercana.

De acuerdo con lo informado por el portal de La Gaceta, en el interior de la camioneta Toyota se encontraba un ocupante y una carga compuesta por 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. El hallazgo resultó relevante para los investigadores, ya que la mercadería no contaba con la documentación aduanera correspondiente y se presume que su ingreso al país se realizó en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.

A unos tres kilómetros del primer hallazgo, los gendarmes localizaron la segunda camioneta involucrada, una Chevrolet S10. El vehículo, que presentaba signos de colisión, había sido abandonado por sus ocupantes. Al inspeccionar su interior, los agentes encontraron 430 kilos de hojas de coca en estado natural.

En un procedimiento independiente, realizado por efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, se registró un nuevo intento de ocultar mercadería ilegal bajo materiales de descarte. El operativo tuvo lugar sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34 y se centró en una camioneta Chevrolet D-20 ocupada por dos ciudadanos mayores de edad.

Una enfermera contratada por la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, fue detenida luego de que los investigadores la acusaran de entregar medicamentos recetados sin autorización a un recluso con quien presuntamente mantenía una relación sentimental.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton informó que Shakimia G. Johnson, de 36 años, fue arrestada el 14 de septiembre. La mujer enfrenta un cargo grave por proporcionar una droga prohibida a una persona encarcelada sin autorización y obtuvo una fianza de 10.000 dólares.

El caso se originó tras una pesquisa interna sobre la entrega de fármacos dentro de la prisión. Los investigadores sostienen que el recluso Caleb Sims no tenía una receta ni una orden médica vigente para recibir el medicamento en cuestión cuando ocurrió el hecho.

La información fue difundida por CBS Atlanta, que citó a autoridades de la oficina del sheriff. El organismo no reveló el nombre del fármaco presuntamente entregado.

La acusación sitúa la entrega de medicamentos el 10 de septiembre

De acuerdo con la investigación, Johnson habría entregado la medicación a Sims alrededor del 10 de septiembre en la cárcel del condado de Fulton. Los agentes aseguraron que el vínculo entre ambos no había sido declarado ante las autoridades penitenciarias.

La acusada trabajaba como enfermera contratada en el centro de detención, por lo que tenía acceso a las áreas de alojamiento y a la distribución de tratamientos médicos. Los investigadores afirman que ingresó a la unidad donde se encontraba Sims con el argumento de llevar medicación a pacientes.

Sin embargo, las imágenes de vigilancia revisadas por las autoridades mostrarían que Johnson entregó objetos directamente al preso, en lugar de realizar una administración registrada para los internos que debían recibir tratamiento. La oficina del sheriff indicó que esa conducta quedó bajo análisis como parte del expediente penal.

Durante una entrevista con los investigadores, Johnson reconoció que llevó la medicación a Sims, tal como informó CBS Atlanta. Esa declaración forma parte de los elementos que, junto con los registros audiovisuales y las comunicaciones entre ambos, sustentaron la acusación presentada contra la enfermera.

Los supervisores médicos dijeron que no existía una orden para Sims

Los supervisores del contratista médico de la cárcel confirmaron a los investigadores que Sims no tenía prescripto el medicamento al momento del supuesto incidente. También aseguraron que no existía un registro de administración del fármaco en los documentos sanitarios del recluso.

Ese punto es central en el caso: la imputación sostiene que la entrega se produjo fuera de los procedimientos establecidos para suministrar medicamentos dentro de una instalación penitenciaria. Las autoridades no precisaron si se recuperó la sustancia ni detallaron qué tipo de medicamento habría recibido el interno.

La pesquisa también detectó cerca de 144 llamadas telefónicas grabadas y comunicaciones en redes sociales entre Johnson y Sims. La oficina del sheriff afirmó que esos intercambios fueron incorporados a la investigación para determinar la naturaleza de la relación y las circunstancias que rodearon la entrega.

El vínculo, que los investigadores describieron como no declarado, había comenzado antes del hecho denunciado, de acuerdo con la información atribuida a las autoridades del condado. La acusación no establece públicamente desde cuándo existía la relación ni el contenido de los contactos registrados.

El sheriff Labat anunció una política de tolerancia cero

El sheriff del condado de Fulton, Patrick “Pat” Labat, sostuvo que la institución no aceptará conductas que afecten los controles internos de la cárcel. “Mantenemos una política de tolerancia cero con cualquier empleado o contratista que comprometa la seguridad de nuestras instalaciones”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por CBS Atlanta.

Labat añadió que la conducta investigada “socava la seguridad de nuestras instalaciones” y que la dependencia responsabilizará a quienes vulneren esa confianza. La declaración se produjo después de que se conociera el arresto de Johnson y la acusación en su contra.

Por ahora, la causa se apoya en los registros de vigilancia, las comunicaciones detectadas, la entrevista a la enfermera y las verificaciones del proveedor médico. La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton no informó si Johnson conserva su vínculo contractual con la cárcel ni anunció nuevas acusaciones relacionadas con el caso.

La Fiscalía General de la Nación continúa investigando el alcance de la organización criminal liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, que habría extendido su influencia a funcionarios de alto nivel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según la hipótesis del ente acusador, la estructura buscaba sobornar a servidores públicos para impedir que ejercieran sus funciones de control sobre el ingreso de mercancías por los principales puertos del país.

Esta teoría constituye uno de los ejes de la acusación contra Marín Buitrago por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Para sustentarla, la Fiscalía solicitó incorporar el testimonio de Luis Carlos Reyes Hernández, que dirigió la Dian.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso mencionó la prueba 132 y pidió que se admitiera la declaración de Reyes Hernández. El propósito es establecer cómo surgieron dentro de la entidad encargada de administrar y controlar el comercio aduanero en el país las alertas por presuntas presiones sobre funcionarios para favorecer a la organización de “Papá Pitufo” mediante el nombramiento de personas recomendadas en puestos estratégicos.

“El elemento fue aportado por quien ejerció como director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024, período que coincide con los hechos incluidos en la imputación y la acusación de esta primera fase de la investigación. Además, respalda el papel de Diego Marín Buitrago dentro de la estructura para promover nombramientos en entidades encargadas del manejo aduanero”, sostuvo el fiscal.

El organismo, liderado por Luz Adriana Camargo, indicó que Reyes Hernández deberá explicar cómo se elaboró el listado, cuál era el mecanismo de selección de funcionarios en la Dian y qué relación tenía ese documento con su administración.

También se prevé que se detalle la coincidencia entre nombres incluidos en ese listado y hojas de vida halladas durante el allanamiento de una vivienda vinculada a Marín Buitrago. Algunas de esas personas, según expuso el fiscal, terminaron designadas como director seccional 3 de Impuestos en Buenaventura y gestor 3 de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas del distrito portuario.

Para el ente acusador, el informe resulta relevante para probar una presunta infiltración de la organización en la Dian.

“La prueba es pertinente porque aumenta la probabilidad de acreditar la responsabilidad de Diego Marín Buitrago en los delitos por los que fue acusado, a partir de su supuesto papel en la ubicación de personas al servicio de la organización en entidades de control aduanero”, explicó el fiscal. El documento también será respaldado con el testimonio de María Alejandra Rizo Arango, que elaboró el listado y deberá explicar su origen.

Diego Marín Buitrago permanece en asilo en Portugal. Las autoridades colombianas solicitaron su extradición hace dos años para que comparezca personalmente en el proceso judicial.

Tras conocerse que el exdirector de la Dian sería testigo en el juicio, Luis Carlos Relles denunció en su cuenta de X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) redujo su esquema de seguridad.

“En los últimos meses he venido recibiendo distintas formas de amenaza y hostigamiento en contra mía y de mi familia, que se han notificado debidamente a la Fiscalía y la UNP. Pese a esto, se ha reducido nuestro esquema de protección, al punto de hacerlo insuficiente para protegerme simultáneamente a mí, a mi esposa y a mis tres hijos menores de edad. Esto se da pese a mi papel como testigo en este y otros casos de corrupción que involucran a estructuras criminales como esta y a sus aliados en la política”.

La Fiscalía abrirá el caso con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez

El mayor Kevin Castaño será el primer testigo de la Fiscalía. Su declaración está prevista para exponer los fundamentos que justificaron el uso de la figura del agente encubierto, los riesgos de esa operación y la necesidad, utilidad y proporcionalidad de esa estrategia investigativa.

Cabe recordar que el órgano investigativo en carta dirigida a la Policía Nacional advirtió que la participación del oficial era determinante para el avance de los juicios contra Diego Marín Buitrago en medio de la preocupación por un eventual traslado del uniformado al departamento de Arauca.

“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, puntualiza la comunicación citada por Caracol Radio.

La Fiscalía sostiene que ese trabajo permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por “PapáPitufo”. También anticipó que llevará como testigo al exministro de Comercio Industria y Turismo (CIT) y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, informó la cadena radial.

Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con la creación del Grupo Táctico Portuario (GRUTAP), una unidad policial especializada que tendrá como objetivo reforzar la vigilancia, prevención e intervención en los principales puertos del país.

La nueva estructura forma parte de la Operación Soberanía, implementada desde 2023 como una de las principales estrategias estatales para combatir el tráfico internacional de drogas mediante terminales marítimas y la cadena logística vinculada al comercio exterior.

El GRUTAP operará bajo el Ministerio de Seguridad Pública y fue desarrollado con apoyo técnico del Gobierno de Estados Unidos, particularmente de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La unidad tendrá entre sus principales funciones la detección de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, contrabando y otras amenazas que utilizan los puertos y las rutas comerciales internacionales como mecanismo para movilizar mercancías ilegales.

El Ministerio de Seguridad Pública explicó que la creación del grupo busca generar una nueva capacidad operativa que permita responder de forma especializada a los riesgos vinculados con las terminales portuarias.

Capacitación con instructores de Estados Unidos

La preparación del nuevo equipo incluyó una capacitación especializada impartida por instructores de la CBP, quienes se desplazaron a Costa Rica para entrenar a los agentes.

Las jornadas se desarrollaron en la Academia Nacional de Policía, ubicada en Pococí, Limón, así como en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y zonas cercanas.

La formación fue diseñada específicamente para las necesidades operativas de Costa Rica, según las autoridades.

El modelo adoptado toma como referencia la experiencia del Anti-Terrorism Contraband Enforcement Team (ATCET), una estructura utilizada por la CBP en Estados Unidos para detectar contrabando y amenazas dentro de los sistemas de transporte y comercio internacional.

Sin embargo, el esquema fue adaptado a la legislación, competencias policiales y condiciones operativas costarricenses.

De acuerdo con la información oficial, esta capacitación representa un esfuerzo particular de la CBP debido a que fue diseñada de manera específica para un país socio.

Varias policías integran el esfuerzo

La conformación de GRUTAP involucra además a diferentes cuerpos policiales que participan en las operaciones de seguridad del país.

Entre ellos se encuentran la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y Policía de Control de Drogas (PCD).

La integración de estas unidades pretende facilitar el intercambio de inteligencia, mejorar la capacidad de reacción y fortalecer los controles sobre mercancías, embarcaciones y personas que ingresan o salen de las zonas portuarias.

Las autoridades consideran que la cooperación entre distintas policías es clave debido a la complejidad de las estructuras criminales que utilizan las cadenas de suministro internacional para ocultar cargamentos ilícitos.

El narcotráfico mediante contenedores representa uno de los principales desafíos para Costa Rica debido a su posición geográfica y al volumen de mercancías que transitan por sus puertos hacia mercados internacionales.

Por ello, el nuevo grupo busca combinar inteligencia policial, inspección especializada, coordinación institucional y conocimiento del funcionamiento logístico de los puertos.

Operación Soberanía suma una nueva herramienta

La Operación Soberanía fue creada en 2023 con el propósito de fortalecer la presencia policial en las terminales marítimas y disminuir el uso de los puertos costarricenses para el envío de drogas hacia otros países.

La creación de GRUTAP representa una nueva etapa dentro de esa estrategia.

Además del combate directo contra los cargamentos de drogas, las autoridades buscan proteger el comercio legítimo, las mercancías y las personas que participan en la actividad portuaria.

La participación estadounidense ha sido clave en el diseño del modelo y en la capacitación del personal que integrará el grupo.

La INL participó en la coordinación interinstitucional y en el desarrollo conceptual de la unidad, mientras que la CBP aportó su experiencia operativa y metodologías especializadas.

El Gobierno costarricense considera que este tipo de cooperación permite incorporar prácticas utilizadas en otros países y adaptarlas a las necesidades locales.

Puertos bajo mayor vigilancia

Con la creación del GRUTAP, Costa Rica pretende aumentar la capacidad de detectar movimientos sospechosos antes de que las cargas ilícitas abandonen el territorio o ingresen a la cadena logística internacional.

La formación realizada en Moín permitió a los agentes entrenarse directamente en un entorno portuario real, donde enfrentaron escenarios relacionados con inspección, identificación de riesgos y coordinación operativa.

El objetivo final es que la unidad pueda actuar de manera permanente como un equipo especializado dentro de la estrategia nacional contra el narcotráfico.

La creación del grupo también refleja el creciente énfasis de las autoridades costarricenses en la seguridad portuaria como uno de los principales frentes de lucha contra el crimen organizado.

La cooperación con Estados Unidos continuará siendo uno de los componentes de ese esfuerzo, especialmente en áreas relacionadas con capacitación, inteligencia, controles fronterizos y detección de contrabando.

La diligencia se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en el Callejón Flamencos, colonia Centro, según informó la dependencia.

Un local sin documentación para operar

En el establecimiento se ofertaba una amplia variedad de artículos sexuales de uso íntimo para adultos. Sin embargo, el negocio no contaba con la documentación correspondiente para acreditar la legal adquisición y comercialización de esos productos dentro del territorio nacional.

Esta irregularidad fue el motivo que derivó en la intervención de las autoridades y en el posterior decomiso de la mercancía. La revisión se centró en verificar el origen y la legalidad de los productos que se comercializaban en el sitio.

Como resultado de la diligencia, las autoridades incautaron 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras. Ambos contenedores almacenaban una amplia variedad de juguetes y artículos de uso íntimo para adultos.

Traslado y custodia de la mercancía

Una vez concluida la revisión, las cajas y las bolsas fueron selladas para preservar la evidencia. La mercancía quedó bajo custodia de los oficiales de la SSC.

Posteriormente, los elementos policiales trasladaron el total de lo decomisado hacia las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.

Coordinación entre corporaciones

El operativo se distingue por la participación conjunta de tres instancias con funciones distintas. La SSC aportó el resguardo y traslado de la mercancía. La Semar sumó su apoyo en la diligencia de campo. Mientras que la SAF, en su carácter de autoridad hacendaria, fue la responsable de verificar la documentación fiscal y de importación de los productos.

El decomiso en el Callejón Flamencos se enmarca en una serie de operativos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México han realizado en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc durante 2026, enfocados en detectar mercancía sin comprobante de legal procedencia.

Este no es un caso aislado. Apenas dos días antes, el 12 de septiembre, la SSC y la SAF decomisaron 2 mil 123 discos grabados valuados en 53 mil pesos en un puesto semifijo de la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, por la misma causa: falta de documentación que acreditara el origen legal de la mercancía.

En abril de 2026, un operativo de mayor escala en el propio Centro Histórico derivó en el decomiso de más de 79 toneladas de mercancía, entre los que destacaron perfumes árabes, cosméticos y barnices, tras hallar una bodega en la calle República de Costa Rica sin comprobantes de procedencia. En ese caso intervino además la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE).

Un antecedente de mayor magnitud económica ocurrió en marzo de 2025, cuando la SSC, en coordinación con la Semar y la SAF, aseguró mil 139 toneladas de motocicletas, patines y bicicletas eléctricas de procedencia extranjera en la colonia Centro, con un valor estimado de 17 millones de pesos.

El marco regulatorio de fondo

La importación y venta de juguetes y artículos sexuales en México está sujeta a trámites específicos ante autoridades federales. De acuerdo con la página oficial de trámites del gobierno mexicano, quienes desean introducir este tipo de productos al país deben presentar un Aviso Sanitario de Importación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), acompañado de una constancia sanitaria o certificado de libre venta del producto.

De forma complementaria, el sitio de asesoría en comercio exterior Duyou detalla que este tipo de importaciones también requiere factura comercial, lista de empaque, pedimento de importación ante la aduana mexicana y certificado de origen, además de cumplir con el etiquetado en español que exige la norma mexicana NMX-E-265-CNCP-2016 para juguetes y artículos sexuales.

Cuando un establecimiento no puede exhibir esta documentación durante una visita de verificación administrativa, como ocurrió en el Callejón Flamencos, la mercancía queda sujeta a decomiso mientras se determina su situación legal ante la autoridad correspondiente.

El director Andrés Felipe Velásquez dio a conocer los resultados de las acciones que se han adelantado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que dirige desde agosto de 2026. El director se enfocó en incautaciones y aprehensiones que se han ejecutado en apenas un mes.

“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país. Según Velásquez, ahora se está articulando un grupo élite en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el cual será liderado por mujeres, que se encargarán de tener “una lucha frontal contra el contrabando”.

El primer mandatario, por su parte, resaltó el hecho de que, por primera vez, la dirigencia de la Polfa esté conformada por mujeres. “Donde hay mujeres, hay más responsabilidad, hay más patriotismo y hay más honestidad (...). Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, detalló el director de la Dian.

Por otro lado, el jefe de Estado informó que desde la Dian también se adoptaron medidas frente al ingreso de maquinaria amarilla, puesto que está siendo utilizada de manera irregular en las zonas del país donde hay actividades mineras ilegales que afectan el ecosistema.

De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez, “mediante acto administrativo se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla”. Asimismo, según el funcionario, también se va a generar una restricción en el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos.

Además, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que solo se podrá importar maquinaria amarilla a través de los puertos de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”, dijo.

Cambios establecidos en las seccionales de la Dian

El director de la Dian informó sobre la toma de otras medidas para mejorar el funcionamiento de la entidad. Las seccionales de la Dian que están ubicadas en puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública. Esas personas son oficiales de grados superiores, que estarán acompañadas de un grupo élite; su tarea será combatir el contrabando y la evasión.

Para ello también se contará con cooperación internacional, lo que contribuirá a que las personas involucradas en casos de contrabando sean incluidas en procesos judiciales de otros países. “Hemos venido trabajando muy articuladamente con los Estados Unidos, con la embajada estadounidense, con CBP, con HCI”, aclaró.

De la Espriella indicó que las seccionales también van a ser manejadas por mujeres. De la mano de las uniformadas, el Gobierno espera fortalecer la lucha contra el contrabando, proteger los recursos y resolver algunas de las problemáticas que más aquejan a la población. Por eso, aseguró que combatirá a las organizaciones criminales que se dedican a esa actividad ilícita.

“Vamos por todas las mafias, llámese “Pitufo” o “Gargamel”; todos van a caer sin ninguna consideración. Aquí no se va a proteger a nadie. Vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo.

Además, reveló que se va a abrir un programa de fiscalización para poner la lupa sobre personas que, siendo residentes fiscales en Colombia, deben declarar criptoactivos que tienen fuera del país. Esto, debido a que hay altas cifras de evasión en materia de criptomonedas.

Dos ciudadanas estadounidenses de 25 años quedaron detenidas en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, el 5 de septiembre. Ambas acusadas de introducir ilegalmente 30 kilogramos de cannabis con fines de lucro tras llegar en un vuelo desde Nueva York.

La droga estaba distribuida en 35 bolsas ocultas dentro de dos maletas, según informó la policía metropolitana de Tokio a la agencia AFP. Una de las acusadas admitió los cargos; la otra los negó.

El operativo se inició cuando agentes de aduanas del aeropuerto detectaron comportamientos sospechosos en el equipaje de una de las mujeres durante la revisión de rutina, según precisó el medio tailandés Thairath con base en fuentes policiales japonesas.

La inspección derivó en el hallazgo de las bolsas de cannabis seco y en la detención inmediata de ambas. El canal japonés Nippon TV difundió imágenes del decomiso, que mostraban los paquetes incautados, según consignó CBS News.

La detención en el aeropuerto Haneda y el papel de cada acusada

De acuerdo con la policía metropolitana de Tokio, las dos mujeres fueron identificadas como Catron Jamere Bourbon Castillo y Jocelyn Dizon Natividad Patrin, ambas de 25 años, según publicó Thairath con base en fuentes policiales niponas. La misma publicación señaló que las autoridades sospechan que Patrin actuó como supervisora del traslado bajo las órdenes de un organizador desconocido, mientras que Bourbon Castillo habría sido quien transportó físicamente el cargamento.

La policía indicó a AFP que ambas habrían actuado en coordinación con una persona cuya identidad no fue establecida. Según medios locales citados por CBS News, las detenidas dijeron haber recibido instrucciones de un hombre que conocieron a través de redes sociales y con quien nunca tuvieron contacto presencial.

La droga hallada: 35 paquetes con un valor de mercado de casi USD 1 millón

El cargamento totalizó 30 kilogramos (66 libras) de cannabis seco con un valor estimado en 150 millones de yenes —aproximadamente USD 970.000—, según medios locales citados por CBS News y Japan Today. SoraNews24 precisó que la sustancia estaba fraccionada en 35 bolsas individuales repartidas entre las dos maletas.

La aduana no detalló públicamente la metodología de ocultamiento. Sin embargo, el portavoz policial confirmó a AFP que las plantas secas “estaban almacenadas de forma oculta” dentro del equipaje, lo que sugiere un acondicionamiento deliberado para eludir los controles.

Las declaraciones de las dos acusadas ante la policía

Castillo admitió los cargos ante los investigadores. Dijo que aceptó el trabajo por el dinero y porque “me atrajo la posibilidad de viajar a Japón de forma gratuita”, según recogió Nippon TV en declaraciones citadas por CBS News y Japan Today. El medio taiwanés Mirror Media, con base en fuentes policiales japonesas, agregó que la mujer conoció al organizador a través de un chat en redes sociales, quien le pidió transportar las maletas a cambio de cubrir sus gastos de traslado y alojamiento.

Patrin, en cambio, negó conocer el contenido de la valija. Según el Tokyo Shimbun, que citó fuentes policiales anónimas —dato recogido también por CBS News—, afirmó que “no sabía que había cannabis dentro”. Thairath agregó, con base en las mismas fuentes, que la policía cree que fue Bourbon Castillo quien la invitó a sumarse al viaje.

Las penas por contrabando de cannabis en Japón

Las dos mujeres enfrentan cargos por presunta violación de la ley de control de drogas y psicotrópicos, bajo la figura específica de contrabando de cannabis con fines de lucro, según confirmó el portavoz policial a AFP. El mismo funcionario indicó que también habrían infringido otras dos normas, sin precisar cuáles, de acuerdo con Japan Today.

La importación de cannabis con fines comerciales prevé una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 3 millones de yenes (unos USD 19.500), según CBS News y Japan Today. SoraNews24 sumó que la importación sin fines de lucro conlleva hasta siete años de cárcel, y que los extranjeros condenados por delitos de drogas en Japón pueden quedar sujetos a una prohibición de entrada al país sin plazo fijo de vencimiento.

Al momento de las publicaciones del 11 de septiembre de 2026, la investigación seguía en curso. Bajo la legislación japonesa, los sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos formales por hasta 23 días, según precisó SoraNews24. La policía metropolitana de Tokio indicó que la pesquisa continúa con el objetivo de identificar y arrestar al organizador y a otros posibles implicados en la red de contrabando.

El crimen organizado financia sus operaciones con el contrabando que entra desde Nicaragua y representa ya el 10.2% del gasto mensual de cada hogar costarricense, según un informe de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) difundido esta semana y reseñado por Confidencial Digital.

El dato central del estudio, preparado por el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), es la concentración geográfica del problema: ocho de cada 10 tipos de productos ilícitos que ingresan al país tienen origen nicaragüense.

El informe además vincula ese flujo con el financiamiento de redes criminales y con una pérdida fiscal que equivale al 38% del déficit financiero del Gobierno Central.

Los cigarrillos lideran el ingreso ilegal de mercaderías

El 56% de los cigarrillos que se consumen en Costa Rica proviene del comercio ilícito, lo que los coloca en el primer lugar de una lista de 10 categorías de productos que entran sin pagar impuestos ni cumplir con las regulaciones del Estado.

Las bebidas alcohólicas destiladas y los vinos ocupan el segundo lugar, con un 37% de origen ilícito. Ambas categorías comparten un denominador común: las altas cargas impositivas que les aplica el fisco costarricense las convierten en blancos atractivos para el contrabando.

El Índice Global de Crimen Organizado 2026 precisó que la mayoría de los cigarrillos de contrabando ingresa desde China a través de Panamá y se distribuye por los pasos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica.

El resto de la lista incluye jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador (25%); calzado (15%); productos farmacéuticos y medicinales (14%); cebollas (13%); lácteos (11%); y frijoles (8%). Electrodomésticos y prendas de vestir completan el cuadro, con un 8% cada uno.

El comercio ilícito equivale al 3.2% del PIB costarricense

El comercio ilícito de mercaderías en Costa Rica alcanzó 1.6 billones de colones, equivalentes a USD 3,600 millones al tipo de cambio actual, lo que representa el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de la CCCR. Al incorporar servicios, la proporción sube al 3.5%.

Para dimensionar esa magnitud, la Cámara señaló que el monto equivale aproximadamente a 16 veces el valor del nuevo Hospital de Puntarenas.

La pérdida en recaudación tributaria se estima en 664,000 millones de colones anuales, cerca de USD 1,500 millones, cifra que representa el 38% del déficit financiero del Gobierno Central.

“El comercio ilícito es un flagelo para el comercio lícito y para la sociedad, porque son productos que entran sin normativas de producción. También para el Estado, por la caída en la recaudación de impuestos”, sostuvo Arturo Rosabal, presidente de la CCCR, según consignó Confidencial Digital.

El crimen organizado aprovecha la brecha para lavar dinero

El informe no se limita a cuantificar pérdidas tributarias. Su preocupación central es quiénes operan detrás del negocio: el crimen organizado usa el contrabando para introducir dinero ilícito al circuito legal de la economía.

Entre 2021 y 2025, Costa Rica pasó de 4.99 a 5.90 puntos en el índice internacional de criminalidad, en una escala de cero a 10, y se ubica entre los tres países con peor desempeño en Centroamérica, solo por detrás de Honduras (7.10) y Panamá (6.93).

Ricardo Carvajal, director del OBCI y asesor económico de la Cámara, fue categórico ante la publicación: “Hay crimen organizado involucrado en esto, y no tenemos ni la legislación ni las herramientas, ni la tecnología adecuada para combatirlo”.

El dato judicial confirma la escala del problema: en marzo de 2026 había 293 expedientes activos de contrabando distribuidos entre fiscalías y juzgados penales, según información de La Nación citada por Infobae. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos abrió 20 nuevos expedientes en lo que va del año y mantiene 73 investigaciones vigentes.

La administración Fernández Delgado acelera los decomisos

El contexto legislativo y operativo se mueve en paralelo al informe. En los primeros meses de la administración Fernández Delgado, los decomisos realizados entre mayo y julio de 2026 superaron los 30 millones de unidades, un incremento del 58% frente al mismo período del año anterior, cuando el total incautado fue de 13 millones, según informó Diario Extra.

El 24 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley como parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.

El más relevante para el sector empresarial es la reforma parcial a la Ley General de Aduanas, que actualiza el régimen de infracciones, eleva las multas, incorpora criterios de reincidencia y aumenta el umbral a USD 20,000 para que un caso pase a la vía penal, de acuerdo con la firma EY, que analizó las iniciativas.

En paralelo, la Asamblea Legislativa estudia una propuesta para reducir los impuestos al tabaco y eliminar así el incentivo económico que alimenta el contrabando de cigarrillos.

La percepción de impunidad sostiene el negocio ilegal

Carvajal identificó un factor que explica la persistencia del fenómeno: la percepción generalizada de que los contrabandistas no enfrentan consecuencias reales.

“Actualmente hay una percepción de que a nadie, a ningún contrabandista meten a la cárcel, a casi ninguno lo sancionan con multas”, reconoció ante Confidencial Digital. Aunque la ley prevé penas de hasta 15 años para el contrabando agravado, la mayoría de los casos se resuelven con conmutación de penas, servicio comunitario o monitoreo electrónico.

La CCCR también señaló que la alta carga regulatoria empuja a los consumidores hacia el mercado informal. En el caso de los medicamentos, los precios elevados generan demanda de productos traídos ilegalmente desde otros países.

En los lácteos, el costo de cumplir con las normativas sanitarias costarricenses incentiva el ingreso de queso nicaragüense sin controles arancelarios ni de inocuidad.

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) ubicó a Costa Rica como el país con mejor desempeño de Centroamérica en su índice de comercio ilícito, con 51.2 puntos sobre 100 y el puesto 68 entre 158 economías, pero advirtió que el país sigue siendo una jurisdicción de riesgo moderadamente alto por brechas regulatorias y controles fronterizos débiles, según publicó Delfino en julio de 2026.

En el último mes, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), secuestraron bebidas alcohólicas valuadas en más de $67 millones en distintos puntos del país, en el marco de una serie de operativos orientados a combatir el contrabando y la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero. Los procedimientos abarcaron la Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, el Gran Rosario, Mar del Plata y Posadas, y tuvieron lugar tanto en comercios como en controles de encomiendas y pasos fronterizos.

El trabajo del organismo aduanero va mucho más allá de los puestos de frontera, aeropuertos y puertos: una parte sustancial de los secuestros se produjo en zonas secundarias aduaneras, es decir, en locales comerciales y domicilios de importadores, durante controles denominados ex post. En ese tipo de instancias, los agentes verifican que la mercadería en poder de terceros cuente con la documentación que acredite su ingreso legal al país, conforme lo establece el artículo 123 del Código Aduanero.

Cuando esa documentación está ausente, la infracción encuadra en la figura de tenencia injustificada con fines comerciales, regulada por el artículo 987 del mismo cuerpo normativo. La sanción prevista puede alcanzar una multa de hasta cinco veces el valor de los productos en infracción, lo que convierte a este tipo de operativos en una herramienta de alto impacto tanto para el control como para la disuasión del contrabando de mercaderías.

La mayor parte del total incautado —$61,6 millones de los $67 millones— correspondió a mercadería hallada en comercios. En el Gran Rosario, una inspección en un local ubicado sobre la Autopista Rosario-Córdoba, en la localidad santafesina de Roldán, derivó en el secuestro de 271 botellas de whisky, vodka y gin valuadas en $19,5 millones. Los tenedores no pudieron exhibir ningún comprobante que justificara la procedencia legal de los productos.

En Mar del Plata, procedimientos llevados adelante de forma simultánea en cinco supermercados resultaron en la incautación de 63 bultos de mercancías de origen extranjero, entre los que se contaban botellas de licores, whisky y bebidas blancas por un valor de $19 millones. Por su parte, en Paraná las inspecciones de dos establecimientos produjeron el secuestro de 143 botellas de whisky de origen estadounidense, irlandés y escocés, tasadas en $4,4 millones, cuyos responsables tampoco acreditaron el ingreso legal de las mercancías.

En la Ciudad de Buenos Aires, cinco comercios de los barrios de Palermo, Almagro y Balvanera fueron objeto de inspecciones que culminaron con el secuestro de 235 productos: latas de cerveza alemana, cócteles mezclados, botellas de whisky, licores, ron, tequila y espumante, con una valuación conjunta de $18,7 millones. En ninguno de los casos los tenedores presentaron la documentación exigida por la normativa vigente.

Sobre esa base, las potenciales multas que podrían recaer sobre los responsables de los comercios inspeccionados ascienden, en conjunto, a $308 millones, de acuerdo con el tope máximo fijado por el artículo 987 del Código Aduanero.

Los operativos también incluyeron controles sobre el flujo de encomiendas. En Córdoba, el escaneo de un bulto con procedencia declarada en Jujuy permitió detectar que contenía 1.300 latas de cerveza boliviana, valuadas en $1,95 millones. En Buenos Aires, la revisión de otro paquete dejó al descubierto 120 botellas de whisky sin respaldo documental, con un valor estimado de $3 millones.

Finalmente, un control de tránsito internacional en el Paso Fronterizo Posadas-Encarnación resultó en el secuestro de 21 packs de cervezas de origen paraguayo e italiano, transportados en un automóvil de matrícula paraguaya, con una valuación de $556.000.

La cuota de exportación, en el centro de la estrategia

De acuerdo con la Presidenta, el incremento se logró tras varias reuniones con representantes de cañeros, trabajadores y administradores de ingenios, en las que también participaron gobernadores de entidades productoras como Veracruz, Colima, Tamaulipas y Morelos. Sheinbaum explicó que la producción nacional de azúcar supera la demanda interna del país, por lo que la reducción previa de la cuota estadounidense generó una sobreoferta que abarató el precio del producto y afectó tanto a los trabajadores del campo como a los propios ingenios.

• La recuperación de la cuota busca retirar excedente del mercado interno.
• Según la mandataria, el ajuste beneficia desde el trabajador cañero hasta la industria procesadora.
• En las negociaciones participaron, entre otros, funcionarios de la Secretaría de Economía.

La Presidenta atribuyó parte del resultado a la gestión con autoridades estadounidenses, aunque no detalló cifras específicas sobre plazos de implementación de la nueva cuota durante su intervención.

Contrabando de azúcar desde Centroamérica: medidas en aduanas

Sheinbaum también se refirió al ingreso irregular de azúcar centroamericana, señalado por productores y trabajadores del sector como un factor que presiona a la industria nacional. La mandataria indicó que, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se implementaron acciones en aduanas del sur del país, así como revisiones con la Guardia Nacional en distintos puntos fronterizos.

La Presidenta no ofreció un balance cuantitativo sobre los resultados de estas revisiones, por lo que su alcance real está sujeto a que las dependencias correspondientes lo informen de manera oficial.

El caso del ingenio San Pedro, en Veracruz

Sobre el cierre del ingenio San Pedro —ubicado en la región de Lerdo de Tejada, en el sur de Veracruz—, Sheinbaum indicó que, gracias a la intervención de la gobernadora Rocío Nahle, se logró que la empresa liquide a los trabajadores conforme a lo que legalmente les corresponde. La compañía había señalado previamente que el cierre obedeció a falta de rentabilidad, en un contexto en el que, según personas vinculadas al sector cañero, el contrabando de azúcar centroamericana también habría incidido en la situación financiera del ingenio.

Respecto al futuro de la planta, la Presidenta precisó que aún no existe una decisión definitiva sobre quién continuará su operación. Entre las opciones que se analizan se encuentran:

• Que el Gobierno del Estado de Veracruz asuma su administración.
• Que los propios trabajadores lo operen a través de una cooperativa.
• Que otro ingenio interesado lo adquiera.

Sheinbaum subrayó que, en cualquiera de los tres escenarios, el ingenio deberá incorporarse a un esquema de mercado y no recibirá un subsidio directo exclusivo, aunque sí podrá acceder a los apoyos generales para productores de caña, como la entrega de urea para el Programa de Producción para el Bienestar. La mandataria indicó que su gobierno mantiene pláticas con los trabajadores del ingenio para definir la mejor alternativa, con el objetivo de preservar los empleos directos e indirectos vinculados tanto al ingenio como a los productores de caña de la región.

Antecedentes: privatización y falta de inversión

La Presidenta recordó que los ingenios azucareros fueron propiedad del Estado mexicano, posteriormente se privatizaron y tuvieron que ser rescatados por el gobierno federal. Una segunda privatización ocurrió durante el sexenio de Vicente Fox. Según Sheinbaum, este proceso derivó en que algunos ingenios no hayan renovado su maquinaria en décadas, con equipos que —afirmó— siguen operando “con los mismos equipos que hace 60 años”.

La mandataria señaló que su administración trabaja en acciones de mejora en riego y producción de caña, aunque puntualizó que la inversión en infraestructura de los propios ingenios corresponde a sus administradores, no al gobierno federal.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una fecha para la resolución del caso del ingenio San Pedro, por lo que las autoridades estatales y federales deberán informar los siguientes pasos en las próximas semanas.

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó sobre la incautación de 74,100 municiones ocultas dentro de ocho motores de camión en la Administración de Aduanas de Haina Oriental, en Santo Domingo. Según la entidad, se trata del mayor decomiso de este tipo realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años.

El cargamento fue localizado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país. Los agentes detectaron que las municiones estaban escondidas en los motores, una modalidad que buscaba evitar los controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de ese material al territorio dominicano.

La DGA detalló que el decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y otras 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros. La suma de ambos lotes elevó la cantidad incautada a 74,100 unidades.

El decomiso supera la incautación realizada en febrero de 2025

La institución señaló que el hallazgo supera el operativo efectuado en febrero de 2025, cuando fueron decomisadas 36,000 municiones. En aquella ocasión, las autoridades encontraron 20,000 cápsulas calibre 7,62 milímetros y 16,000 calibre 5.56 milímetros.

La diferencia entre ambos procedimientos es de 38,100 municiones. La cifra actual equivale a más del doble del cargamento detectado en el antecedente citado por la DGA.

La información oficial no presenta un listado completo de las incautaciones de municiones registradas desde 2022. Por esa razón, el señalamiento sobre la mayor operación de los últimos cuatro años corresponde al registro institucional expuesto por Aduanas.

Nuevos mecanismos para ingresar ilícitos en la frontera

La forma en que el material fue ocultado constituye uno de los elementos centrales del caso. Las municiones estaban distribuidas en ocho motores de camión, de acuerdo con el reporte de la DGA.

El uso de piezas mecánicas como cobertura habría permitido que el cargamento se presentara como una importación de repuestos. Los controles aduaneros identificaron el contenido oculto antes de que pudiera continuar su traslado.

La entidad indicó que el operativo formó parte de sus tareas de inteligencia, evaluación de riesgos e inspección. El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la detección responde al fortalecimiento de los mecanismos aplicados para identificar nuevas formas de contrabando.

Arroyo sostuvo que las redes relacionadas con el comercio ilícito modifican sus métodos para intentar ingresar mercancías prohibidas o sometidas a controles especiales. En este caso, la operación permitió detectar municiones de dos calibres de uso frecuente.

El Ministerio Público abrió una investigación tras el hallazgo

Luego del decomiso, la Dirección General de Aduanas entregó el caso al Ministerio Público. La investigación derivó en tres allanamientos simultáneos, realizados junto con los organismos correspondientes.

Las autoridades no informaron en la publicación sobre personas detenidas, el país de procedencia de las municiones, el destino previsto para el cargamento ni las identidades de los responsables de la operación de importación.

Tampoco se precisó el momento en que ocurrieron los allanamientos ni los resultados de esas diligencias. La información divulgada se limita a señalar que el proceso investigativo continúa bajo la coordinación del Ministerio Público.

La DGA afirmó que mantendrá sus operativos contra el contrabando y el ingreso irregular de mercancías. El caso queda bajo investigación mientras las autoridades determinan el origen, la ruta y los posibles responsables del traslado de las 74,100 municiones decomisadas en Haina Oriental.

En uno de los corredores que conectan el norte argentino con Córdoba, un operativo de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de 1.101 bultos de mercadería extranjera sin documentación aduanera, una carga valuada en alrededor de 550 millones de pesos. El procedimiento se concentró en las inmediaciones de la localidad de Jesús María, donde los controles apuntaron a detectar maniobras vinculadas con el traslado irregular de productos en colectivos de larga distancia.

La intervención no surgió de un control aleatorio. El despliegue fue el resultado de una investigación previa que puso el foco sobre la modalidad conocida como “tours de compra”, un circuito utilizado para mover mercadería desde el norte del país hacia distintos puntos de la provincia. Ese trabajo permitió identificar patrones de circulación y orientar la vigilancia sobre rutas consideradas sensibles para este tipo de transporte.

Los colectivos interceptados habían partido desde Salta y tenían como destino final la capital cordobesa y localidades cercanas, de acuerdo con lo informado tras el procedimiento. De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la secuencia comenzó con tareas de análisis desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba”, que reunió, procesó y ordenó información sobre posibles maniobras irregulares en servicios de larga distancia.

Con esa base, la Jefatura de Región III dispuso un esquema de control en distintos corredores que comunican el norte argentino con la ciudad de Córdoba y su área de influencia. El objetivo, según se precisó, fue prevenir e identificar infracciones vinculadas con mercadería ingresada o transportada sin el respaldo exigido por la normativa aduanera.

La modalidad de “tours de compra” apareció como uno de los ejes del análisis previo. Se trata de viajes en los que se movilizan grandes volúmenes de productos adquiridos fuera de los canales formales de importación o circulación. En este caso, esa línea de trabajo sirvió para definir dónde ubicar a los efectivos y qué unidades de transporte concentrarían la atención de los controles.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de cuatro colectivos que habían salido de la provincia de Salta. De acuerdo con la información oficial, todos tenían como destino final la ciudad de Córdoba y localidades aledañas, una ruta que ya había quedado bajo observación en la etapa previa de inteligencia.

La inspección de los vehículos permitió contabilizar 1.101 bultos con distintos tipos de mercadería de origen extranjero. Entre los productos hallados había artículos de electrónica, bazar y prendas de vestir, todos trasladados sin la documentación aduanera correspondiente, siempre según el detalle difundido sobre el operativo.

El dato económico también marcó la dimensión del caso: el avalúo estimado de la mercadería asciende a unos $550 millones, una cifra que ubica a la incautación entre las de mayor magnitud informadas en este tipo de operativos regionales.

El despliegue fue coordinado por la Jefatura de Región III e involucró a distintas áreas de Gendarmería Nacional. Participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba”, el Destacamento Móvil 3, el Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” y “San Francisco”, además del Escuadrón 65 “Córdoba”.

A ese esquema se sumó personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas, que brindó apoyo durante las verificaciones. La presencia de la autoridad aduanera resultó central para la constatación de la falta de documentación exigida para respaldar el transporte de los productos detectados en los colectivos.

Una vez finalizadas las inspecciones, los elementos secuestrados fueron depositados y quedaron bajo órbita de la autoridad aduanera competente. El procedimiento avanzó sobre la base de la presunta infracción vinculada al traslado de productos extranjeros sin los comprobantes requeridos para su circulación legal.

Durante los últimos meses las autoridades de República Dominicana informaron sobre la incautación de más de 30 mil mercancías presuntamente irregulares en comercios chinos.

La intervención más reciente se realizó en Santiago de los Caballeros, donde fueron inspeccionados cuatro establecimientos y se decomisaron 5,872 unidades de productos sin los permisos exigidos por la normativa local.

Entre los últimos artículos incautados figuran estimulantes sexuales, medicamentos, bebidas alcohólicas de alta gama, cigarrillos y otros bienes de consumo que, según las autoridades, no contaban con registro sanitario, trazabilidad fiscal o etiquetas en español.

Cuatro comercios fueron inspeccionados en Santiago

El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con acompañamiento del Ministerio Público.

Las inspecciones se concentraron en los negocios Mall Lindo, Well Being Malls, Plaza Moda Select y Kindo Mall, ubicados en Santiago de los Caballeros. La jornada fue encabezada por Lía Collado, procuradora fiscal del Departamento de Delito Electrónico de la Fiscalía de Santiago.

De acuerdo con el reporte oficial, los equipos ingresaron a los establecimientos para verificar si los productos comercializados cumplían los requisitos sanitarios, tributarios y de etiquetado establecidos en República Dominicana. Las autoridades identificaron mercancías que, presuntamente, eran ofrecidas al público sin cumplir esas condiciones.

Estimulantes, medicamentos y alcohol figuran entre lo decomisado

El detalle de la incautación en Santiago incluye 3,706 unidades de estimulantes sexuales, categoría en la que la información oficial no precisa marcas ni presentaciones. El comunicado tampoco identifica esos artículos de forma específica como juguetes sexuales, aunque señala que se trata de productos de uso sexual.

Además, fueron decomisadas 2,141 unidades de medicamentos y mercancías diversas. Según el MICM, estos productos carecían de registro sanitario o tenían etiquetas únicamente en su idioma original, sin la información en español que exigen las regulaciones dominicanas.

La lista también incluye 25 unidades de bebidas alcohólicas premium. Las autoridades señalaron que esas botellas formaban parte de productos que no tenían los permisos legales requeridos para su comercialización.

El comunicado menciona, además, cigarrillos premium y otros artículos de consumo dentro de las mercancías detectadas en los distintos operativos. Sin embargo, no especifica cuántas unidades de cada uno de esos productos fueron incautadas en Santiago.

Los operativos también llegaron a otros puntos del país

Antes de la actuación en Santiago, el MICM y el CECCOM realizaron intervenciones en Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Haina y la Carretera Sánchez. En esos lugares, las autoridades también ocuparon artículos similares por presuntas faltas relacionadas con registros sanitarios, etiquetado y controles fiscales.

El MICM sostuvo que la venta de productos sin registro sanitario, sin trazabilidad fiscal y sin información en español puede constituir una infracción a la Ley 17-19, sobre comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados; a la Ley General de Salud 42-01; y a la Ley General de Aduanas 168-21.

Las instituciones indicaron que mantendrán las inspecciones en comercios de distintas zonas del país para identificar mercancías que no cumplan con las exigencias legales.

La Fiscalía de Paraguay cree que los aparatos electrónicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigación por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción donde cumplía arresto domiciliario. Allí le incautaron teléfonos y otros dispositivos de interés. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debió mudarse a Luque.

El estudio informático se concretará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Buscará establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.

Dos son el ex representante de Entre Ríos en el Senado y su pareja Iara Guinsel. Otro par está integrado por Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, dueños de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.

Los cuatro están imputados por la Justicia del país vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez suponen que utilizaban dinero de ilícitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunción. Kueider y Guinsel, además, fueron condenados por tentativa de contrabando.

Los restantes son Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí. Guasti Cabañas es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y dueño mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes raíces más grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunción. Ha erigido más de 20 complejos ya entregados.

El grupo fundado por Guasti Cabañas en 2016 construyó el edificio más alto del país vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.

El empresario paraguayo declaró en su momento que Guinsel había querido comprar en efectivo 5 departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.

La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirmó Guasti. Según sus dichos, la pareja del exsenador habría abonado una reserva de dos mil dólares. Pero como no presentó la documentación sobre el origen de los fondos, la operación cayó. Además, se dio intervención a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.

Baladí Azouz es un empresario que también está ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaración como testigo en la causa, consignó que Torales Benegas lo contactó en diciembre de 2024, a días del arresto de Kueider.

Fachadas

Torales Benegas y Cousirat aparecen como dueños de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador argentino cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar . Guinsel tenía un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.

La pareja de Kueider declaró en su momento que los USD 200 mil que tenían cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenecían a Golsur.

Pero además Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad está registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formación de unidades de negocios.

Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habría adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estimó en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese año. Pero en septiembre el negocio se desarmó e Innova reintegró el dinero.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

El mecanismo no sería una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador entrerriano seguía un mismo modus operandi en nuestro país. El mascarón de proa sería Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paraná. La sociedad funcionó bajo la dirección de personas que para la investigación son prestanombres.

Daniel «Gonzalito» o «Pajarito» González, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el albañil Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma recíproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y demás gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, según indicaron testigos de la firma desarrolladora.

Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Domínguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una «fachada» usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.

Qué se analizará

La pericia buscará, recuperará y extraerá conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Cabañas y Azouz Baladi.

Pondrán bajo la lupa los mensajes y llamadas del teléfono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicación de mensajería.

La investigación también intentará recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomará como parámetro irá desde enero de 2024 a diciembre de 2025.

En la lista de dispositivos a registrar están los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.

Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de José Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.

Por último, se evaluarán los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestró una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.

Un total de 800 galones de combustible, presuntamente destinados a actividades de contrabando, fueron decomisados durante un operativo marítimo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en aguas del mar Caribe, específicamente en la zona de La Mosquitia.

La operación fue desarrollada por personal especializado de la Fuerza Naval de Honduras en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las acciones las autoridades identificaron varios puntos que presuntamente eran utilizados para el abastecimiento clandestino de embarcaciones.

El despliegue permitió intervenir lo que las Fuerzas Armadas calificaron como un centro de abastecimiento ilícito, utilizado presuntamente para apoyar actividades de estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional que operan en la región del Caribe.

Además del combustible, durante el operativo fueron aseguradas tres embarcaciones menores, que, según las autoridades, serían utilizadas para desarrollar actividades de logística relacionadas con el supuesto centro de abastecimiento clandestino.

Las autoridades investigan ahora la posible relación de estas embarcaciones con las actividades ilícitas que se desarrollaban en el sector.

Operativos y aseguramientos

Durante la intervención también fue asegurado un radio de comunicación VHF, utilizado habitualmente para comunicaciones marítimas.

Asimismo, los efectivos encontraron una antena de internet satelital Starlink, que, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba activa al momento del operativo.

El hallazgo de estos equipos es considerado por las autoridades como parte de la infraestructura utilizada para facilitar las comunicaciones y la coordinación en el punto intervenido.

La combinación de combustible, embarcaciones y equipos de comunicación es analizada por las autoridades como parte de la presunta estructura logística instalada en los cayos.

Según las Fuerzas Armadas, los cayos intervenidos eran utilizados como puntos estratégicos de reabastecimiento clandestino para embarcaciones presuntamente relacionadas con estructuras del crimen organizado transnacional que operan en el Caribe.

La ubicación del área intervenida representa un punto de interés para las autoridades debido a su conexión con las rutas marítimas del Caribe y a la posibilidad de que estas sean utilizadas para diferentes actividades ilícitas.

Investigan nexos fuera de ley

Las autoridades sostienen que la identificación de estos puntos permite afectar las capacidades logísticas de las estructuras que intentan utilizar el territorio y las aguas nacionales para desarrollar sus operaciones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que uno de los principales resultados de la operación fue la neutralización de varios puntos considerados estratégicos para la logística criminal. El aseguramiento del combustible busca impedir que este sea utilizado para abastecer embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.

El despliegue también permitió retirar de circulación las tres embarcaciones encontradas en el área y asegurar los equipos de comunicación localizados durante la intervención.

Los operativos marítimos buscan detectar movimientos sospechosos, puntos de abastecimiento y otras actividades que puedan estar vinculadas con redes criminales que utilizan rutas marítimas.

En este caso, las Fuerzas Armadas indicaron que la operación permitió localizar un supuesto punto de abastecimiento clandestino en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca.

Tras el operativo, las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán con las acciones de vigilancia y control en el espacio marítimo nacional.

Las autoridades no informaron, en los datos proporcionados, sobre personas detenidas durante el operativo ni detallaron el destino final que presuntamente tendría el combustible asegurado.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), decomisó un cargamento con 769 mil 755 dólares estadounidenses ocultos en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El hallazgo se logró mediante un equipo móvil de rayos X.

El operativo se realizó como parte de las labores de inspección y vigilancia que realizan ambas instituciones en los puntos fronterizos del país. La revisión no intrusiva permitió detectar el dinero oculto en la mercancía inspeccionada, según informó un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detalles del hallazgo en la aduana

El decomiso ocurrió durante una revisión rutinaria en la Aduana de Nuevo Laredo, uno de los cruces fronterizos con mayor tránsito comercial entre México y Estados Unidos. El personal aduanero, con apoyo de un binomio canino, localizó 12 paquetes con dólares estadounidenses ocultos en la mercancía inspeccionada.

El descubrimiento se produjo gracias a un sistema de rayos X que identificó irregularidades en la imagen de la carga, lo que llevó a una revisión física posterior con apoyo canino.

Tras la localización de los paquetes, el material fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad quien determine el destino legal del dinero y las eventuales acciones contra los responsables del cargamento.

Cómo funcionó la detección con rayos X

El hallazgo se originó cuando el equipo móvil de rayos X registró una diferencia de densidades en la imagen del cargamento inspeccionado. Esta anomalía llamó la atención del personal aduanero, que decidió proceder con una revisión física de la mercancía.

Los sistemas de revisión no intrusiva, como el utilizado en Nuevo Laredo, permiten a las autoridades identificar objetos o sustancias ocultas sin necesidad de abrir cada bulto de manera manual. Cuando la tecnología detecta una irregularidad, el protocolo establece que se realice una inspección física complementaria.

En este caso, esa segunda etapa contó con el apoyo de un detector canino, entrenado para identificar la presencia de divisas o mercancías no declaradas. La combinación de ambos métodos, tecnológico y canino, derivó en la localización de los 12 paquetes con dólares.

El comunicado de la SSPC señaló que todo el procedimiento se realizó siguiendo los protocolos y disposiciones aplicables para este tipo de hallazgos, sin precisar detalles adicionales sobre el cargamento ni sobre las personas involucradas.

Coordinación entre ANAM, Guardia Nacional y SSPC

El operativo en Nuevo Laredo se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la ANAM y la GN en las aduanas del país. Ambas instituciones combinan personal de inspección con equipos tecnológicos para el control del tránsito de mercancías y bienes en los cruces fronterizos.

La SSPC, dependencia federal a la que se adscriben estas capacidades, destacó en el comunicado la importancia del empleo de equipos de rayos X móviles en coordinación con revisiones físicas. Según el documento, esta articulación fortalece las acciones de control, inspección y detección de mercancías o bienes que pudieran encontrarse ocultos o no declarados.

Qué sigue tras el decomiso

Con el cargamento puesto a disposición del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de esa autoridad, que deberá determinar el origen y destino de los 769 mil 755 dólares localizados, así como las posibles responsabilidades penales derivadas del hallazgo.

El comunicado conjunto de la ANAM, la GN y la SSPC no precisó si se detuvo a alguna persona en relación con el cargamento ni brindó información adicional sobre el tipo de mercancía en la que se ocultaban los paquetes con divisas.

Aquí tienes el contexto sobre aseguramientos de efectivo en aduanas mexicanas, basado en información encontrada en fuentes recientes:

Marco legal: cuándo declarar dinero en las aduanas

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), introducir o sacar del país más de 10 mil dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) no constituye un delito. El problema surge cuando esa cantidad no se declara ante las autoridades aduaneras, según explicó la ANAM.

Quien no declare el excedente enfrenta una multa de entre 20% y 40% sobre la cantidad no reportada. Si el monto no declarado supera los 30 mil dólares, la sanción puede escalar a una pena de tres meses a seis años de prisión, y el excedente pasa a ser propiedad del Fisco Federal, salvo que se demuestre el origen lícito de los recursos.

En casos donde no se acredite la procedencia legítima del dinero, la pena puede alcanzar entre cinco y 15 años de prisión, al considerarse una operación con recursos de procedencia ilícita.

Del lado estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exige declarar montos superiores a 10 mil dólares mediante el Formulario FinCEN 105. No hacerlo puede derivar en confiscación total del dinero, multas de hasta 500 mil dólares y penas de hasta 10 años de prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos avances en la investigación contra una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, que operaba con complicidades dentro de la Secretaría de Marina y aduanas mexicanas.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que el caso se originó tras el aseguramiento de diez millones de litros de diésel en un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Ese hallazgo permitió identificar una estructura criminal más amplia, con ramificaciones en distintos estados del país.

La red y sus operadores identificados como “Los Primos”

Detrás de la operación del buque asegurado en Altamira no actuaba un contrabandista aislado. “Había una compleja red criminal”, afirmó Godoy Ramos, en la que Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, hermanos y exaltos mandos de la Armada de México, coordinaban la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de forma ilegal.

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Roberto se desempeñó como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de su detención.

De acuerdo con datos de prueba que ya son valorados por el Poder Judicial, los cómplices de ambos intervenían en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. “Roberto N., en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, precisó la fiscal.

La investigación sobre el huachicol fiscal expuso una red que combinaba contrabando de hidrocarburos con tráfico de influencias dentro de instituciones públicas. Los hermanos Farías Laguna habrían usado su control sobre designaciones y ascensos en aduanas y la Marina para garantizar la impunidad de sus operaciones de importación ilegal de combustible durante un periodo prolongado.

Hallazgos en el cateo de una bodega en la Ciudad de México

Como parte de las diligencias, se realizó el cateo de una bodega que Roberto Farías arrendaba en la capital del país. En el lugar se encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas y expedientes de personal naval y altos mandos de la institución.

También se localizó documentación clasificada como reservada y confidencial vinculada a seguridad nacional, además de armas sin el debido registro, según el reporte de la fiscal.

El circuito del contrabando: buques, pagos y empresas fachada

Con la estructura de complicidades ya instalada, la trama se repetía de manera sistemática. Los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, que se declaraba como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal.

Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar. Cuando llegaban a realizarse inspecciones, estas eran simuladas: la red garantizaba muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el hidrocarburo sin revisión.

“Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, afirmó Ramos Godoy en su mensaje.

También se establecían calendarios de arribo para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de empresas fachada y transacciones financieras daba apariencia legítima a los ingresos de la venta.

Operaciones detectadas en cinco estados del país

Las investigaciones permitieron identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Como parte de las indagatorias, la fiscalía siguió el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de la cadena ilegal.

“El combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y transacciones financieras eran las responsables de dar apariencia legítima a los ingresos de la venta”, dijo.

“Quien usó un uniforme para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”

Godoy Ramos subrayó que “una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”. Como muestra de ello, la fiscal señaló que, según sus propias palabras, el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado atento al seguimiento de las investigaciones.

“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, afirmó Godoy Ramos, quien remató su mensaje con una advertencia, afriamndo que “donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El origen del caso: la denuncia del almirante Rafael Ojeda

El caso tuvo su punto de partida en 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda denunció ante el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.

Esa denuncia dio origen a las investigaciones que, bajo el nuevo modelo de trabajo de la fiscalía, condujeron al aseguramiento de los diez millones de litros de diésel en el buque detenido en Altamira, Tamaulipas, hecho que a su vez permitió destapar la estructura completa de la red encabezada por sus propios sobrinos políticos.

Detenciones y proceso judicial de los hermanos Farías Laguna

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Su captura fue anunciada públicamente por el Gabinete de Seguridad el 7 de septiembre de ese año, junto con otras 13 personas señaladas por su presunta participación en la red.

Fernando Farías Laguna fue arrestado meses después en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, cuando usaba una identidad y un pasaporte falsos. Tras la solicitud de extradición presentada el 21 de mayo, las autoridades argentinas emitieron un acuerdo de expulsión y Fernando Farías fue trasladado a México en la madrugada del 21 de agosto de 2026.

Ambos hermanos permanecen recluidos en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Con la llegada de Fernando Farías, el número de personas detenidas vinculadas al caso ascendió a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos.

La competencia desleal y el contrabando se convirtieron en un problema de peso para buena parte del entramado fabril argentino. En medio de una coyuntura marcada por la debilidad de la demanda interna y una mayor competencia de productos importados, 6 de cada 10 empresas industriales señalaron que estas prácticas tienen un impacto alto o muy alto sobre su nivel de actividad, según reveló la nueva encuesta del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) que se difundirá en las próximas horas.

El relevamiento le pone números a una preocupación que la UIA viene manifestando desde hace tiempo y que expuso públicamente pocos días atrás, durante la celebración por el Día de la Industria. El ingreso de productos a precios que las compañías consideran artificialmente bajos, la falta de certificaciones obligatorias, los problemas de trazabilidad y la comercialización informal aparecen entre las principales dificultades detectadas. Además, el fenómeno golpea con distinta intensidad según el sector y la región del país.

La encuesta muestra que el 34,5% de las firmas calificó como “alto” el impacto de la competencia desleal y el contrabando sobre su actividad y otro 25,6% lo consideró “muy alto”. En el otro extremo, un 18,1% respondió que el efecto es bajo; 12,8%, moderado; y 9%, muy bajo. Es decir, las dos categorías de mayor gravedad reúnen a alrededor del 60% de las compañías relevadas.

Caída de ventas, principal consecuencia

El efecto aparece principalmente en las ventas. Entre las empresas que respondieron que el impacto es alto o muy alto, el 48,4% identificó una reducción de las ventas como principal consecuencia. A bastante distancia aparecen la presión para reducir precios, con 15,2%; la disminución de la rentabilidad, con 13,3%; la pérdida de participación de mercado, con 10,9%; y un menor nivel de producción, con 8,2%. Otro 3,1% señaló la postergación o cancelación de inversiones.

La cuestión de los precios ocupa un lugar central en el diagnóstico empresario. La mitad de las compañías consultadas señaló que los productos de origen externo se comercializan a precios artificialmente bajos, una situación que, de acuerdo con el informe, presiona los valores locales hasta niveles que resultan insuficientes para cubrir los costos mínimos de producción.

Ese no es, sin embargo, el único problema que identificaron los industriales. El 15,3% mencionó la falta de certificaciones obligatorias; el 13,8%, la ausencia de trazabilidad; y el 13,2%, la comercialización sin factura u otras formas de informalidad. Los resultados trazan así un mapa que excede la discusión exclusivamente vinculada con los precios e incorpora diferentes irregularidades señaladas por las empresas.

Textiles y metales, entre los más afectados

La radiografía por actividad muestra diferencias importantes. Metales comunes aparece como el sector con mayor exposición: el 88,2% de las empresas consultadas consideró que el efecto es alto o muy alto. Dentro de ese total, el 41,2% lo calificó como muy alto y otro 47,1% como alto.

Muy cerca se ubica la industria textil. En este caso, el 84,6% de las empresas calificó el impacto como alto o muy alto: el 61,5% respondió “muy alto” y el 23,1%, “alto”. En confecciones, cuero y calzado, la proporción conjunta llega al 76,2%, distribuida entre un 42,9% que señaló un impacto muy alto y un 33,3% que lo consideró alto.

El problema también alcanza a otros rubros fabriles. En papel, cartón y madera, el 30% de las empresas calificó el efecto como muy alto y el 40% como alto. En autopartes, esos porcentajes se ubicaron en 25,8% y 41,9%, respectivamente. En caucho y plástico, el 18,6% respondió “muy alto” y el 48,8% señaló un impacto “alto”. El informe de la UIA ubica precisamente a autopartes, caucho y plásticos y papel, cartón y madera entre las actividades con efectos significativos.

La incidencia también cambia según la ubicación de las compañías. El AMBA concentra la mayor proporción de empresas que reportaron un impacto alto o muy alto, con 65,9%, mientras que en el Norte esa proporción alcanza el 56,5%.

Un reclamo que llegó al Día de la Industria

Los números se conocen pocos días después de que la conducción de la UIA colocó la competencia desleal entre los principales temas de su agenda. Durante el festejo por el Día de la Industria, realizado la semana pasada en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, unos 200 empresarios, dirigentes de cámaras, funcionarios y referentes del mundo productivo participaron de un encuentro en el que la situación de la actividad, el crédito, la morosidad y el consumo ocuparon buena parte de las conversaciones.

En ese encuentro, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, organizó su discurso alrededor de una imagen: la necesidad de construir un puente entre la economía que se deja atrás y la que se busca construir. Ese puente incluyó siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral.

El contrabando ocupó un lugar destacado. Rappallini sostuvo que, en algunos rubros, los productos que ingresan mediante circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten con la producción local y deprimen los precios. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó durante su exposición.

Fuera del escenario, el asunto también apareció en las conversaciones entre los empresarios. “Es un colador”, señalaron industriales durante el encuentro al referirse al ingreso de contenedores con mercadería subfacturada. La preocupación se insertó, además, en un escenario de menor actividad: la industria acumula una caída del 10% desde 2022, con sectores que registran bajas de entre 25% y 30 por ciento.

Por dónde se comercializan los productos

La nueva encuesta también buscó identificar los canales a través de los cuales las compañías detectan la comercialización de esos productos. Los mayoristas y distribuidores encabezan el listado, con el 26,4% de las respuestas. En segundo lugar aparecen los comercios minoristas, con 16,2%, seguidos por las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, con 15,1 por ciento.

Las redes sociales representan otro 14,9%, mientras que los marketplaces concentran el 11,9% y las ferias y la venta informal, el 8,6%. Los resultados muestran que las empresas identifican diferentes vías de comercialización, que abarcan tanto los canales tradicionales como distintas modalidades vinculadas al comercio electrónico.

En ese escenario, el informe también indaga sobre la percepción de las compañías respecto de los controles aduaneros. El principal cuestionamiento no apunta a su existencia sino a su efectividad. El 19,4% de las empresas señaló que tienen un impacto negativo sobre su actividad, principalmente porque considera que no resultan suficientes para evitar el ingreso de mercadería irregular. Según el CEU-UIA, eso favorece la posterior comercialización de esos productos a precios bajos y profundiza la competencia desleal.

En sentido contrario, el 27,6% de las compañías dijo que los controles tienen un efecto positivo. Esas firmas destacaron los efectos que tendría un fortalecimiento de los mecanismos existentes: contribuiría a generar una competencia más justa, reduciría la subfacturación, limitaría el ingreso de productos de menor calidad y permitiría igualar las condiciones entre quienes operan formalmente y quienes lo hacen por fuera de los canales legales.

Qué medidas piden las empresas

La encuesta preguntó además cuáles son las acciones que las empresas consideran necesarias para enfrentar el problema. El 33,2% planteó como principal medida fortalecer los controles aduaneros, mientras que el 31,5% pidió fortalecer la fiscalización de la facturación.

El comercio electrónico también aparece dentro de las preocupaciones. El 15,1% señaló la necesidad de reforzar los controles en ese canal, mientras que el 7,5% pidió mejorar el control de etiquetado y trazabilidad. Otro 5,6% reclamó agilizar los mecanismos de denuncia.

El valor comercial estimado de la mercadería asciende a casi ₡200 millones (aproximadamente USD 441,236). La cifra representa una estimación de mercado sobre las unidades incautadas y no necesariamente equivale al eventual perjuicio fiscal que deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

En un video publicado este sábado por la cuenta de la Presidencia, el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, explicó que la incautación formó parte de un refuerzo en las labores de vigilancia y control que se desarrollan en las zonas limítrofes del país.

“Como parte de nuestras funciones y en acatamiento irrestricto a las directrices semanales de la actual administración, se ha hecho un reforzamiento de las acciones policiales, apoyados con inteligencia”, afirmó Camacho.

“La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal ubicaron dos millones de cigarrillos de contrabando en Paso Canoas. Esto representa un golpe contundente de casi ₡200 millones que logramos quitarles a los contrabandistas. En este gobierno no vamos a tolerar a quienes quieran seguir desangrando las finanzas del país", expresó la Presidencia en sus canales oficiales.

El operativo en Paso Canoas permitió frustrar el ingreso ilegal de dos millones de cigarrillos

El funcionario señaló que esa labor permitió articular distintas operaciones contra el comercio ilegal. Mencionó decomisos recientes de licor en el sector de Sixaola y la ubicación de los cigarrillos en la frontera sur.

“Hoy, con la incautación de dos millones de unidades de cigarrillos en el sector de la frontera sur, Paso Canoas, hacia el kilómetro 35, en el sector de Guaicará, los cuales iban a tratar de ser introducidos al país de manera ilegal en un vehículo”, detalló el director policial.

De acuerdo con el director de la Policía de Fronteras, el resultado respondió a la coordinación entre las unidades policiales y el trabajo de inteligencia desplegado en áreas sensibles para el ingreso irregular de mercadería.

“El Ministerio de Seguridad Pública está haciendo un trabajo conjunto con la Policía de Control Fiscal que da importantes réditos para la protección de la soberanía nacional y de las finanzas del Estado costarricense”, sostuvo Camacho en el video.

El funcionario agregó que el cálculo económico se basa en la cantidad de productos encontrados. “A precio de mercado, como se dice popularmente, al ser dos millones de unidades, podríamos estar hablando de casi doscientos millones de colones”, afirmó.

La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias para establecer el origen de los cigarrillos, la ruta prevista para su distribución y las eventuales responsabilidades penales o administrativas derivadas del caso.

Las autoridades costarricenses informaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control en las zonas fronterizas para detectar mercadería que intente ingresar al país de forma irregular.

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó este viernes que el 3 de septiembre decomisaron USD 600,700 y 647,000 pesos colombianos a un pasajero de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo. El dinero no había sido declarado ante las autoridades, según indicó la institución por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información publicada por la propia DGA, las divisas equivalen a RD$35.98 millones. El procedimiento contó con la participación de organismos de seguridad aeroportuaria y representantes del Ministerio Público.

El pasajero intentaba salir de República Dominicana rumbo a Panamá cuando fue interceptado. Las autoridades detectaron USD 599,700 dentro de un equipaje de mano y otros USD 1,000 que llevaba en los bolsillos.

A su vez, la DGA señaló que el decomiso fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas junto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.

Colombiano quedó a disposición del Ministerio Público

La operación tuvo lugar en el AILA, una de las principales terminales aéreas de República Dominicana. Según la institución aduanera, el pasajero transportaba las divisas sin cumplir con los requisitos de declaración previstos por la legislación local.

Las autoridades no difundieron la identidad del ciudadano colombiano ni precisaron si el dinero tenía un origen determinado. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir los pasos procesales correspondientes. “El nacional colombiano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes”, confirmó la DGA.

El caso se suma a los controles sobre el traslado transfronterizo de efectivo y otros valores en puertos y aeropuertos dominicanos. La DGA sostiene que esos operativos apuntan a detectar infracciones vinculadas al contrabando y al tráfico ilícito.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la entidad mantendrá una vigilancia permanente en las terminales del país. “La institución se mantendrá en completa vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para enfrentar el contrabando en sentido general”, indicó la DGA al difundir la declaración del funcionario.

El decomiso de efectivo ocurre un mes después de otro operativo comunicado por la DGA. En esa ocasión, las autoridades incautaron dos contenedores con mercancías que, según el organismo, buscaban ingresar al país sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

Uno de esos cargamentos contenía 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer. El segundo incluía 961 televisores de distintas marcas y tamaños. La Dirección General de Aduanas calculó que ambas incautaciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones (al rededor de USD 712,838) por derechos e impuestos de importación.

De igual manera, la DGA afirmó que continuará con los operativos de fiscalización en los puntos de entrada y salida de República Dominicana, mientras el Ministerio Público avanza con las actuaciones vinculadas al pasajero detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para combatir el contrabando y otros ilícitos, indicó la institución.

Durante las exposiciones por el Día de la Industria, el 2 de septiembre, se destacó que el comercio de mercadería ingresada ilegalmente ronda el 5% del PBI argentino y que en 2025 provocaría una pérdida anual de USD 2.300 millones en recaudación.

El presidente de la Unión Industrial Argentina Martín Rapallini sostuvo que varios rubros compiten en condiciones desiguales por la subfacturación, la informalidad y las diferencias en exigencias de calidad y seguridad. “Esto, lejos de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó.

La directora ejecutiva de AFARTE Ana Vainman aseguró, en diálogo con Infobae Al Mediodía, que el impacto también golpea a la producción local y al comercio formal. Según explicó, las empresas registradas pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales, una carga que no alcanza a quienes ingresan mercadería por vías irregulares.

Uno de cada tres celulares conectados a la red ingresó de forma ilegal

Vainman afirmó que “uno de cada tres celulares” que se conectan a la red argentina entró al país de forma ilegal. La entidad, que reúne a fabricantes de celulares, televisores y equipos de aire acondicionado radicados en Tierra del Fuego, detecta esos casos mediante el IMEI, el código que permite identificar para qué mercado fue fabricado cada teléfono.

La directiva indicó que ese promedio se mantiene desde hace más de un año. También señaló que, mientras los televisores y acondicionadores de aire suelen quedar en zonas cercanas a las fronteras, los celulares llegan con más facilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según Vainman, el contrabando en electrónicos se movió históricamente entre 5% y 7% del mercado, pero en los últimos dos años subió a cerca de 30%. Vinculó esa expansión con la caída de la demanda y con una capacidad ociosa en las fábricas de entre 40% y 45%. La dirigente resumió el efecto sobre la actividad formal con una frase directa: “La renuncia fiscal es enorme”.

La venta ilegal de neumáticos, cerveza y agroquímicos

El problema no se concentra solo en la electrónica. Las estimaciones que ubican la venta informal o de contrabando en más de 30% del mercado de neumáticos, en 40% de la cerveza vendida en autoservicios del AMBA, en 15% de los agroquímicos y en 10% de los cigarrillos.

Vainman además mencionó casos de falsificación en cosméticos, juguetes, indumentaria, calzado y otros bienes de consumo. Planteó que el riesgo no se limita a la evasión tributaria: también alcanza a los consumidores que compran productos sin controles de calidad, trazabilidad ni garantía.

Sobre los teléfonos, explicó que pueden aparecer fallas de garantía o problemas para instalar sistemas operativos y aplicaciones. En otros rubros, el daño puede ser mayor: “Puede afectar la salud”, dijo al aludir a cosméticos adulterados, protectores solares y elementos de seguridad que no cumplen con las condiciones prometidas.

Añadió que un cosmético falsificado puede causar reacciones alérgicas y que un producto de seguridad defectuoso puede exponer a trabajadores. Ese mismo criterio, según la representante de AFARTE, se extiende a cualquier mercadería que se comercializa fuera de las normas vigentes.

El sector apunta a la frontera norte y pide controles sobre plataformas

Vainman afirmó que gran parte de los productos detectados por la entidad ingresa por la frontera norte y que los celulares suelen entrar desde Paraguay, a pie, en camión o en lancha. Para mejorar la detección, la cámara prepara capacitaciones para fuerzas federales en Iguazú y Salta el 17 de septiembre.

La entidad trabaja con el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y también pidió reuniones con Aduana y ARCA. Sobre esa gestión, la directiva admitió: “No hemos tenido mucha respuesta, sinceramente”.

Según explicó, las investigaciones suelen demorarse por la intervención de fiscalías y por medidas judiciales. También reclamó que el Estado mantenga decisiones políticas sostenidas para combatir el delito.

El sector sumó otro frente de preocupación: las plataformas de comercio electrónico. Vainman propuso que esos sitios exijan documentación que acredite el ingreso legal de los productos por Aduana y señaló que la aparición de teléfonos todavía no lanzados oficialmente en Argentina funciona como indicio de posibles operaciones irregulares.

La directora ejecutiva de la cámara vinculó ese desvío de ventas con el retroceso del consumo formal. “Lo poco que se vende se vende a manos del contrabando”, sostuvo.

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El miércoles por la mañana, la localidad de Malvinas Argentinas se convirtió por unas horas en el epicentro de la industria argentina. Unos 200 empresarios, dirigentes de cámaras, funcionarios y referentes del mundo productivo se reunieron en la planta del Laboratorio Elea para celebrar el Día de la Industria en un clima que combinó propuestas técnicas con una frustración difícil de disimular. El telón de fondo es ya conocido: una relación tensa entre el empresariado manufacturero y el Gobierno, en un escenario en el que la industria que acumula una caída del 10% desde 2022, con sectores que registran bajas de entre 25% y hasta 30 por ciento.

En este contexto, hay un consenso que nadie parece discutir: el rumbo macroeconómico —superávit fiscal, baja de la inflación, fin del cepo— es el correcto, aseguraron empresarios de todos los sectores en los pasillos del evento. Pero ese acuerdo convive con una fractura igualmente extendida: quienes producen y comercializan en el mercado interno —la gran mayoría de los participantes de la UIA— reclaman que el orden macro no está derramando hacia la economía real con la urgencia que la situación exige. Esa tensión fue el verdadero hilo conductor de la jornada, tanto en el escenario como, con menos protocolo, en los pasillos.

Isaías Drajer, presidente de Elea, ofició de anfitrión y abrió la jornada con un retrato de la industria farmacéutica nacional. El sector invierte más de USD 300 millones anuales para ampliar y modernizar su capacidad productiva, da empleo calificado a 48.000 personas de forma directa y a 120.000 de manera indirecta, y genera exportaciones por más de 1.500 millones de dólares anuales. Elea, en particular, exporta a más de 40 países —entre ellos Brasil, Colombia y Perú, mercados con exigencias regulatorias estrictas— y genera más divisas de las que consume en importaciones.

En este sentido, Drajer expuso una paradoja del mercado local: en unidades, el 75% de los medicamentos que se venden en la Argentina proviene de laboratorios nacionales, pero en términos de valor esa proporción cae al 50%. En cambio, la industria extranjera se lleva la mitad de la facturación con apenas el 25% de las unidades vendidas. Menos volumen, más precio: esa es la ecuación de los laboratorios foráneos frente a los nacionales. “Sin industria no hay país”, parafraseó Drajer al expresidente Carlos Pellegrini, en una frase que sintetizó el espíritu del encuentro.

El puente de siete puntos que la UIA le presentó al gobierno

Desde el escenario, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), organizó su discurso alrededor de una imagen: la industria necesita un puente entre la economía que se deja atrás y la que se quiere construir. Ese puente tiene siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. El eje que más resonó fue el del contrabando: en algunos rubros, dijo Rappallini, los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten con la producción local y deprimen los precios. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó. Y agregó una frase que varios empresarios repitieron después en los pasillos: “La industria le está poniendo el hombro en la estabilización.”

El vínculo con el gobierno, deteriorado desde el episodio de los “prebendarios”

El contexto político del encuentro es inseparable de lo que ocurrió en el Día de la Industria de 2024, cuando Milei llamó a los industriales “prebendarios” y “adictos al Estado” en su propia casa. Meses después, ningún funcionario concurrió a la Conferencia Industrial. Este año, la ausencia del presidente era un dato descontado. Tampoco estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Estados Unidos por el G20 y luego asistió a un evento de la Fundación Libertad y Progreso.

El vínculo entre los industriales y la cartera económica se sostiene principalmente a través de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, quien sí participó del acto. Los empresarios señalan que se reúnen periódicamente con el funcionario, quien recibe sus inquietudes, aunque los resultados concretos han sido escasos frente al caudal de propuestas que el sector presentó al gobierno en los últimos dos años y medio.

Por otro lado, la tensión con Caputo tiene su propio episodio reciente: el ministro se refirió a quienes hablan de industria como “tarados”, una frase que varios empresarios mencionaron en privado durante la jornada.

Fuera del escenario, las conversaciones fueron más directas. La postura dominante entre los industriales consultados combina respaldo a los pilares del modelo con una frustración creciente ante la falta de derrame hacia la economía real. “El Gobierno va a morir con las botas puestas. No esperamos reacción”, resumió un empresario en privado. Otro fue más concreto sobre la urgencia: “Los sueldos los tenemos que pagar ahora. No es que se van a poder pagar cuando la micro mejore. No hay tiempo”.

Las comparaciones más crudas apuntaron al año 2001. Varios participantes describieron una cadena de suministro bajo presión, con cheques rechazados entre proveedores y dificultades crecientes para sostener las operaciones. “Estamos como en 2001”, graficó uno de los presentes, respecto al quiebre de la cadena de suministro, efecto de cientos de concursos, quiebras y cierres definitivos de empresas proveedoras de insumos.

La mora de las empresas también fue uno de los tópicos más urgentes y, según coincidieron varios referentes, el Gobierno no tiene intenciones de ceder en ese frente. De hecho, algunos representantes admitieron haberse reunido con la agencia de recaudación para apaciguar las ordenes de embargo, ya que termina por asfixiar a una empresa que busca salir de sus dificultades financieras.

El consumo fue otro punto de tensión recurrente. “No se vende nada, ni lo importado ni lo nacional”, sintetizó un industrial. La caída de la demanda interna no encuentra reconocimiento oficial, algo que los empresarios mencionaron con evidente malestar.

También circuló con fuerza la preocupación por el contrabando: “Es un colador”, reconocieron y comentaron que ingresan al país contenedores con mercadería subfacturada que compite con la producción local, lo que termina por derrumbar los precios, en sectores donde —según estimaciones compartidas durante el encuentro— los productos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado.

Un RIGI para la construcción, la expectativa que circuló entre los empresarios

En medio del diagnóstico sombrío, una idea ganó terreno en las conversaciones informales: la posibilidad de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específico para la construcción. Los industriales lo describieron como una herramienta capaz de dinamizar una cadena con alto impacto en el empleo y con fuerte efecto de arrastre sobre proveedores de materiales, servicios y logística. La iniciativa no tiene aún forma oficial, pero fue mencionada como una de las pocas señales posibles de reactivación a corto plazo.

“La industria genera clase media. Se está destruyendo el entramado productivo. Hay que cambiar el modelo”, resumió un empresario al cierre del encuentro. Rappallini, desde el escenario, había dicho algo similar con otras palabras: “Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años.”

Elementos del Comando Sumpul capturaron a dos hombres en un punto fronterizo no autorizado de Poza Redonda, en el municipio de Victoria de Cabañas Este, donde las autoridades les incautaron 75 paquetes de mercancía de contrabando valuados en alrededor de USD 1,125, según informó este miércoles la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en sus redes sociales.

La institución identificó a los involucrados como Henry Omar V. y Bryan Alexander P. Ambos fueron ubicados durante un procedimiento efectuado en el paso fronterizo no habilitado, una zona que, de acuerdo con el reporte oficial, era utilizada para trasladar productos sin el control correspondiente.

A su vez, la Fuerza Armada indicó que, además de los paquetes de mercadería, los efectivos retuvieron un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular. “En el procedimiento se incautaron 75 paquetes de mercadería de contrabando”, expresó la FAES.

El procedimiento ocurrió en un paso fronterizo no habilitado

El punto señalado por parte de la Fuerza Armada está ubicado en Poza Redonda, Victoria, Cabañas Este, una zona fronteriza en la que el Comando Sumpul mantiene presencia operativa. La actuación se desarrolló en un paso no habilitado, es decir, fuera de los puestos formales de control para el ingreso y salida de mercancías y personas.

Según la publicación institución castrense, los dos hombres y los bienes retenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC). A partir de esa entrega, corresponde a la policía y a las instancias competentes establecer si existen elementos para iniciar una investigación penal o administrativa vinculada con el traslado de los productos.

A su vez, la Fuerza Armada presentó el caso como parte de sus acciones contra el comercio irregular en zonas fronterizas. En el mensaje difundido por sus canales oficiales, recordó que el contrabando constituye un delito y advirtió sobre las consecuencias legales que puede tener participar en este tipo de actividades.

El decomiso incluyó un total de 75 paquetes de productos cuya valuación oficial fue de aproximadamente USD 1,125. La cifra corresponde a la estimación divulgada por la institución militar.

“Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil. El contrabando es un delito. No arriesgues tu libertad por dinero fácil”, detalló la FAES en sus canales oficiales.

La entrega de ambos capturados a la policía salvadoreña implica que la investigación queda bajo la órbita de las autoridades competentes, que deberá verificar la procedencia de los bienes, la ruta utilizada y la eventual participación de otras personas.

En su publicación, la Fuerza Armada informó que los hombres quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por tal motivo, tanto el vehículo, como el efectivo y el teléfono celular serán incorporados como elementos de prueba dentro de una investigación.

El caso se conoció a través de las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada, que difundieron las identidades de los dos hombres, el lugar del procedimiento y el detalle general de los bienes incautados. La institución no proporcionó declaraciones adicionales sobre el operativo ni sobre las medidas que adoptará la PNC tras recibir a los involucrados.

La Guardia Fronteriza de la provincia iraní de Juzestán incautó un petrolero que transportaba 382.000 litros de combustible de contrabando en aguas cercanas al golfo Pérsico, informó este miércoles el responsable de la fuerza en la región, Sardar Hojat Sefid Posut. La operación se saldó con la detención de once marineros extranjeros, cuyas nacionalidades no fueron reveladas por las autoridades.

Según explicó Sefid Posut, citado por la agencia estatal Mehr, los guardias fronterizos de Abadán formaron varios equipos operativos de respuesta rápida que se desplazaron hasta el punto donde se encontraba la embarcación, dentro de aguas territoriales iraníes. “Los guardias fronterizos de Abadán, mediante la formación de varios equipos operativos de respuesta rápida, se desplazaron al lugar en aguas territoriales, identificaron la embarcación en cuestión y la incautaron en una operación rápida”, declaró el funcionario.

Las autoridades abrieron una investigación sobre el origen y el destino del cargamento. Sefid Posut estimó el valor del combustible incautado en más de 570.000 millones de riales, unos USD 414.000 al cambio actual, que fueron entregados a los organismos competentes para su custodia mientras avanza el proceso judicial contra la tripulación detenida. Por el momento no se ha precisado ante qué tribunal responderán los once marineros ni si enfrentan cargos adicionales por posible vinculación con redes organizadas.

La incautación se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado energético interno de Irán. El país atraviesa desde finales de agosto un déficit diario de unos 15 millones de litros de combustible, un problema que las autoridades atribuyen a las sanciones estadounidenses, aunque medios iraníes también han informado de tensiones internas entre la Guardia Revolucionaria y el régimen por el acceso a las reservas estratégicas, sin que ninguna de las partes lo haya confirmado públicamente. La escasez ha provocado colas de vehículos de varios kilómetros frente a gasolineras de Teherán y otras ciudades, además del anuncio gubernamental de una subida de precios cuya fecha y magnitud no se han precisado todavía.

Medios iraníes informaron además del desmantelamiento de una tubería de seis kilómetros, enterrada bajo la arena y el agua del mar, que se utilizaba para sacar combustible de contrabando hacia el exterior del país. Esa crisis de suministro se desarrolla en paralelo al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene contra los puertos iraníes desde el inicio del conflicto armado entre ambos países y al cierre parcial del estrecho de Ormuz, la vía por la que transita buena parte del petróleo que se comercia en el mundo. El Departamento del Tesoro estadounidense denomina esta ofensiva sancionadora Operación Furia Económica.

El contrabando de carburante hacia países vecinos del golfo se ve favorecido por la diferencia de precios: Irán mantiene, desde antes del inicio de las sanciones más recientes, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo, lo que convierte cada litro sacado ilegalmente del país en una operación rentable para quienes lo revenden en mercados donde el combustible cuesta varias veces más. Ese sistema de subsidios, una política interna del régimen iraní y no una consecuencia directa de las sanciones, es señalado por analistas como uno de los incentivos estructurales del tráfico marítimo que las autoridades dicen combatir.

Irán ha realizado decenas de incautaciones similares en los últimos años, lo que muestra tanto la persistencia del fenómeno como las limitaciones del control estatal sobre su litoral. En mayo, la Guardia Fronteriza de la misma provincia detuvo a ocho personas y confiscó cinco embarcaciones con cerca de 200.000 litros de diésel que iban a ser trasladados desde el río Faizal hacia compradores en el golfo Pérsico. Las autoridades atribuyen sistemáticamente estas operaciones a violaciones de la normativa de navegación marítima, aunque rara vez precisan el destino final de las mercancías ni la identidad de las redes que las organizan.

La investigación abierta sobre los once marineros detenidos determinará en los próximos días si actuaban de forma independiente o formaban parte de una red más amplia de tráfico de combustible hacia el golfo. El desenlace del caso llegará en paralelo a la decisión del Gobierno iraní sobre el alza de los precios de la gasolina, una medida que, de confirmarse, podría intensificar tanto las protestas internas como los incentivos económicos para el contrabando marítimo en las semanas siguientes.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público desmantelaron en Yaguate una estructura dedicada a fabricar, envasar, etiquetar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas, una operación que dejó 25.496 mercancías ilícitas incautadas por un valor de RD$5,9 millones ($100,150 dólares estadounidenses) y que, según las autoridades, forma parte de la estrategia para evitar muertes por consumo de alcohol adulterado en República Dominicana.

Entre lo ocupado había 4.780 botellas de licor premium listas para distribución, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones preparados para envasado, 1.363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza. También fueron decomisados 19.536 artículos ilícitos diversos, además de 1.542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales, marcos serigráficos, troqueles y maquinaria industrial para mezclado y envasado.

Según Listín Diario, la intervención se realizó en una edificación de tres niveles ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Ana, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal. El operativo se ejecutó con una orden de allanamiento, después de labores de inteligencia iniciadas en abril tras la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.

El operativo apuntó a una red con capacidad de fabricar, falsificar y distribuir

La dimensión del decomiso mostró una operación que no se limitaba al almacenamiento. Las autoridades describieron una estructura capaz de producir bebidas adulteradas, falsificar elementos de presentación comercial y preparar su circulación en el mercado.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, dijo que las acciones continuarán para que el país siga “sin registrar ni una sola muerte por el consumo de bebidas adulteradas”, una meta que, afirmó, se ha mantenido por más de cuatro años.

Sanz Lovatón añadió que este tipo de operativos también contribuyó a que República Dominicana fuera excluida y permaneciera fuera de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en 2024.

Las autoridades advirtieron que estas estructuras violan la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación. El objetivo, indicaron, es neutralizar focos clandestinos que ponen en riesgo la salud pública y generan evasión fiscal.

Adopron pidió rastrear el origen del alcohol etílico y llevar el caso hasta sentencias

La Asociación Dominicana de Productores de Ron reclamó que la investigación avance más allá del decomiso para establecer quiénes financiaban y abastecían la operación y de dónde provenía el alcohol etílico utilizado. Citada por Diario Libre, la entidad valoró el operativo, pero sostuvo que la siguiente etapa debe concentrarse en identificar a todos los responsables.

La vocera del gremio Circe Almánzar afirmó: “Este operativo demuestra que la coordinación público-privada y el fortalecimiento de las labores de inteligencia pueden producir resultados concretos en la lucha contra un ilícito que no solo perjudica a las empresas que operan formalmente y al fisco, sino que representa una seria amenaza para la salud y la vida de los consumidores”.

Almánzar pidió identificar a las personas físicas y jurídicas vinculadas con la fabricación, el financiamiento, el suministro de insumos, la falsificación, el almacenamiento y la distribución de las bebidas. También reclamó que los procesos judiciales concluyan con condenas que tengan efecto ejemplarizante y disuasorio. La entidad planteó que las autoridades deben establecer quién produjo o importó ese alcohol, quién lo comercializó, a nombre de quién fue adquirido y qué canales se utilizaron para abastecer la operación ilegal.

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.

Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos

Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.

Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.

La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.

Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad

El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.

La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.

Dos operativos previos en agosto en la misma aduana

El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.

El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México

El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.

Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando

El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.

El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.

Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.

Un millonario decomiso de mercadería de contrabando se realizó en Guatemala. Según las autoridades, el producto entraría al país a través de un furgón que, al ser consultado el piloto, carecía de la documentación correspondiente.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la Aduana El Florido, ubicada en Chiquimula.

Las autoridades revelaron que interceptaron un cabezal que transportaba un furgón cargado con 555 cajas de diversos productos, entre los que figuran relojes, perfumes, medicamentos, joyas y aparatos eléctricos.

Este cargamento, fue valorado en Q9.373,499 (USD 1.217,338), y carecía de los documentos necesarios para acreditar suprocedencia legal o ingreso al territorio nacional.

Los elementos de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC confirmaron que la mercadería quedó bajo resguardo de las autoridades aduaneras para continuar con las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

Estadísticas y rutas del contrabando en Guatemala

El contrabando representa un desafío persistente para la economía de Guatemala. Según reportes de diversas fuentes, principalmente del sector empresarial, este fenómeno impacta severamente la recaudación tributaria y la competencia leal en el mercado interno.

Las rutas más utilizadas por las estructuras criminales se concentran en zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador.

Las gremiales empresariales calculan que el valor total del contrabando supera los Q25 mil millones (USD 3.3 millones) anuales, lo que se traduce en miles de millones en quetzales que el fisco deja de percibir, debido a que no logra la recaudación de aranceles, ni impuestos como el IVA.

Mientras que sectores como el de alimentos, bebidas, calzado, textiles y granos básicos experimentan pérdidas que oscilan entre el 11% y el 30% en sus ventas formales, desincentivando la inversión privada y la expansión empresarial.

En la frontera con México, puntos como Lagos de Montebello y áreas cercanas a Tapachula son empleadas para el trasiego irregular de ganado y productos diversos. Por otro lado, corredores como la CA-9 Norte y la CA-9 Sur facilitan el movimiento de mercancías ilícitas hacia la capital y otros centros urbanos.

Entre las mercancías que más contrabando generan en el país destacan los productos agrícolas, el ganado bovino, los combustibles, los medicamentos y los bienes de consumo masivo como tabaco y licores.

Estas actividades ilícitas no solo afectan la recaudación de la SAT, sino que también introducen riesgos sanitarios y de seguridad al evadir los controles fitosanitarios y de calidad.

Requisitos legales para la importación de mercancías

Para que cualquier mercaderíaingrese al país sin contratiempos, los importadores deben cumplir con un marco normativo riguroso supervisado por la SAT. El proceso básico requiere la presentación de la Declaración de Mercancías, documento mediante el cual se detalla la naturaleza, cantidad y valor de los bienes.

Además, es indispensable adjuntar la factura comercial original, el documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte) y el certificado de origen, cuando aplique para regímenes de preferencias arancelarias.

Dependiendo del tipo de producto, las autoridades pueden exigir permisos especiales de entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para medicamentos o alimentos, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para productos de origen agropecuario.

El cumplimiento de estas disposiciones evita sanciones administrativas, multas o la incautación definitiva de las mercancías, como ocurrió en el reciente operativo registrado en Chiquimula.

Edgardo Kueider y su exsecretaria, Iara Guinsel, recibieron una condena por tentativa de contrabando y ahora están bajo investigación por lavado de activos.

En foco está la adquisición de departamentos de lujo. En ese expediente solicitaron reemplazar la detención domiciliaria que cumplen por una “caución juratoria”. El instituto legal es equivalente a la “libertad bajo palabra” en el sistema procesal de Paraguay y de otros países de tradición jurídica hispana.

Se constituye como un compromiso formal o promesa bajo juramento prestado ante el juez. En el acto, el imputado asume la obligación de someterse al procedimiento judicial. También debe presentarse cada vez que sea requerido y cumplir con las medidas impuestas.

El planteo fue rechazado. El juez interviniente, Humberto Otazú, consideró en una resolución del 18 de agosto pasado que las circunstancias que llevaron a imponer el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado evaluó como inviable la solicitud en razón de que Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

Cuál es la situación

Aunque la decisión lo hubiese favorecido, Kueider no habría podido caminar con libertad por las calles de Luque, la localidad lindera a Asunción donde ahora tiene residencia. Es que el exsenador por Entre Ríos soporta tres órdenes de detención domiciliaria en Paraguay. Además de la que se le dictó en la causa por lavado, tiene otra en el expediente de extradición y una más a consecuencia de la condena por contrabando.

En 2025, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó al Paraguay que extradite al exlegislador nacional. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos. La Fiscalía del vecino país dio luz verde al pedido. Sin embargo, impuso la condición de que, antes de ser remitido a la Argentina, debe cerrar cuentas con la justicia paraguaya.

Como Kueider no se allanó al pedido de Arroyo Salgado, se inició un proceso judicial de extradición, conforme al tratado entre ambos países.

En ese momento, el exsenador tenía abierta la causa por contrabando en grado de tentativa. El expediente armado por los USD 200 mil que intentó ingresar sin declarar a Paraguay llegó a juicio en junio. A mediados de julio recibió una condena de dos años. La sentencia fue recurrida y ahora la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado deberá revisarla.

Cuando este juicio estaba por comenzar, Kueider y Guinsel fueron procesados por lavado de activos.

Departamentos y cocheras

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios de que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras. Las propiedades están en un edificio de lujo en el centro de Asunción.

El complejo se llama Innova Las Mercedes. Se encuentra en la avenida General Santos esquina Marco de Brix. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, de 2 dormitorios y 2 baños. Se suman dos más en el sexto nivel (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”. Estos cinco cuentan con un dormitorio y un baño. Las cocheras se localizan en el segundo subsuelo.

La investigación fiscal evaluó que para adquirir estas unidades, Kueider apeló a la mascarada de una sociedad anónima paraguaya: Golsur. La firma está a nombre de dos ciudadanos del vecino país: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Ambos adquirieron la empresa meses antes de que el exsenador caiga detenido. Y le dieron a Guinsel un poder plenipotenciario para manejar la firma.

La Justicia ordenó el embargo de esos bienes. En Paraguay, el lavado de activos tiene una pena en expectativa que va desde los 5 a los 10 años de prisión.

El episodio se produjo durante los controles habituales sobre los paquetes que llegan al establecimiento penitenciario, una instancia en la que el personal revisa objetos y pertenencias con el objetivo de detectar artículos prohibidos. En ese marco, la inspección de una mochila para niños derivó en el descubrimiento de los dispositivos, cuya presencia dentro de una cárcel se encuentra vedada por la normativa interna.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias avanzaron con el secuestro de la mochila y de los 10 chips, además de dar aviso a la Justicia para el inicio de las actuaciones correspondientes.

La información oficial no precisó a quién estaba destinado el ingreso del bolso ni en qué sector exacto del penal se iba a entregar, aunque sí confirmó que los chips fueron retirados de circulación antes de que pudieran entrar en la unidad.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, los 10 chips de celulares quedaron secuestrados junto con la mochila como parte del procedimiento administrativo y judicial.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron detenciones ni imputaciones vinculadas con este hecho.

Esta es una modalidad habitual en los penales. De hecho, hace unos meses, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba también permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

El Ministerio de Hacienda recibió 3,757 denuncias por presunto contrabando y evasión fiscal entre enero y julio de este año, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este incremento coincide con una mayor cantidad de decomisos, más investigaciones por facturas falsas y el impulso de una política oficial orientada a endurecer las sanciones contra el comercio ilícito.

Según cifras publicadas por El Observador, durante los primeros siete meses de 2025 se habían reportado 2,587 denuncias.

Entre los motivos más frecuentes, se encuentran la entrega de facturas no autorizadas, la exigencia de pagos en efectivo y el cobro incorrecto del Impuesto al Valor Agregado.

También se recibieron reportes sobre personas cuyo crecimiento de ingresos resulta cuestionable, comercios que no cumplen con los requisitos del Régimen de Tributación Simplificada y contribuyentes que no declaran la totalidad de sus ingresos.

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, sostuvo que este aumento puede interpretarse como una señal de respaldo ciudadano a los controles tributarios implementados.

Carvajal señaló: “Nosotros estamos yendo a visitar estos locales que nos están dando esa información valiosa, y vamos a seguir trabajando. Los directores generales nos apoyan con alguna búsqueda y profundización de datos”.

Los decomisos y los operativos recientes

El incremento en la cantidad de denuncias se produjo en paralelo con un aumento en el número de decomisos. El Ministerio de Hacienda informó el 7 de agosto que, entre mayo y julio de este año, las incautaciones crecieron 58% respecto del mismo periodo de 2025.

Las estadísticas oficiales indican que la cantidad de unidades decomisadas pasó de 13 millones a 30 millones en ese mismo lapso.

El aumento se concentró principalmente en cigarrillos y habanos, seguidos de licor, cosméticos, calzado y productos de perfumería. En julio, las autoridades presentaron 15 denuncias ante el Ministerio Público por compra y uso de facturas falsas, con una evasión tributaria estimada en ¢809.5 millones (aproximadamente USD 1.5 millones, según el tipo de cambio promedio al momento de la redacción).

En diferentes operativos realizados en San José, Alajuela y Heredia, funcionarios de las direcciones generales de Tributación, Aduanas y de la Policía de Control Fiscal decomisaron más de 259,000 unidades de cigarros, cerca de 2,000 perfumes finos, así como calzado y bebidas carbonatadas. El jueves pasado, la Policía de Control Fiscal allanó un local en Avenida 3, cerca de la escuela Juan Rafael Mora Porras, donde se decomisó toda la mercadería por carecer de documentación que respaldara su procedencia.

Sobre este caso, Carvajal explicó: “En este caso hemos estado siguiendo algunas importaciones donde hemos logrado escanear contenedores y a la hora que llegamos al almacén fiscal, a la inspección, incluso ya han descargado los contenedores”.

Estrategia de operativos y desafíos internos

El viceministro Carvajal indicó que la estrategia continuará basada en operativos sorpresa, y que los destinos de estas intervenciones se mantienen en reserva hasta poco antes de ser ejecutados. Según lo citado por El Observador, en ocasiones solo él conoce la ubicación hasta momentos antes de la salida del personal.

Carvajal relató un operativo en Alajuela donde, al no aplicar el protocolo habitual, una persona en bicicleta alertó a los comercios para que cerraran antes de la llegada de los inspectores. Señaló que, aunque no puede afirmar que existan funcionarios que filtren información, reconoce que el riesgo es alto, por lo que la comunicación de los operativos al personal policial suele realizarse en el último momento.

El funcionario planteó que sería necesario endurecer las sanciones y adoptar medidas más estrictas para que las respuestas no se limiten solamente al decomiso de mercadería. Actualmente, las autoridades fiscales pueden incautar productos, pero no tienen facultad para ordenar el cierre de los establecimientos involucrados.

En cuanto a la mercadería decomisada, Hacienda informó que carecía de documentos de respaldo y que su valor asciende a varios millones de colones.

Los operativos continuarán cada semana en diferentes cantones y los artículos incautados se destruyen una vez que los jueces autorizan su desecho.

Un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector de Villa Consuelo, en Santo Domingo, dejó como resultado la incautación de más de 19 millones de pesos dominicanos en bebidas alcohólicas, cigarrillos premium, estimulantes sexuales y medicamentos importados irregularmente.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), forma parte de una serie de acciones orientadas a reforzar los controles sobre el comercio ilícito en la República Dominicana.

De acuerdo con el MICM, la intervención permitió decomisar un total de 119,708 unidades de mercancía que se encontraban sin el registro sanitario correspondiente y presentaban múltiples irregularidades en el etiquetado, aproximadamente $320,000.

Las autoridades localizaron los productos en un establecimiento comercial manejado por ciudadanos chinos, donde además se detectó la comercialización irregular de estos artículos en flagrante incumplimiento de las normativas sanitarias y fiscales vigentes.

En el operativo participaron varias entidades, entre ellas el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público. El trabajo interinstitucional permitió asegurar la cadena de custodia de los bienes decomisados y proceder con la detención de cinco ciudadanos haitianos, quienes se encontraban en situación migratoria irregular y fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, subrayó que la institución mantendrá una postura firme ante cualquier intento de operar al margen de la ley.

Destacó que estas acciones se inscriben dentro de los esfuerzos de la Mesa de Ilícitos, mecanismo de coordinación que busca combatir el contrabando y la evasión fiscal, así como proteger a la población frente a productos que representan un riesgo para la salud pública.

La mercancía incautada fue valuada preliminarmente en 19,482,180 pesos dominicanos y trasladada a la sede central del CECCOM bajo estrictos protocolos de custodia, en tanto se desarrolla el proceso administrativo y judicial correspondiente.

Las autoridades confirmaron que los productos decomisados carecían de los controles sanitarios exigidos y su etiquetado presentaba graves irregularidades, lo que evidenciaba su ingreso ilegal al mercado nacional.

El contexto de este operativo se enmarca en una serie de intervenciones recientes orientadas a desmantelar redes de comercialización ilícita en sectores clave de la economía dominicana. En los últimos meses, las autoridades han incrementado los controles en zonas comerciales y han fortalecido la cooperación interinstitucional para identificar y sancionar puntos de venta de productos sin documentación legal y con potenciales riesgos para los consumidores.

La detención de los ciudadanos haitianos se realizó tras verificar su estatus migratorio irregular durante el operativo, y su situación quedó en manos de los inspectores migratorios. Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las distintas instancias estatales ha sido determinante para lograr resultados concretos frente a delitos como el contrabando y la evasión de impuestos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes indicó que continuará impulsando operativos similares, en coordinación con las entidades que integran la Mesa de Ilícitos, para enfrentar las actividades comerciales ilícitas y proteger tanto la salud de la población como los intereses fiscales del Estado. El operativo en Villa Consuelo refuerza el mensaje de tolerancia cero ante quienes vulneran las leyes comerciales y sanitarias en el país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina aseguraron 52 millones 500 mil cigarros apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante una operación de transbordo sobre un cargamento proveniente de Vietnam, de acuerdo con un comunicado oficial de la ANAM. La acción fue coordinada con autoridades del Gabinete de Seguridad y la Unidad Administrativa de la Aduana local.

Cargamento de Vietnam interceptado en Michoacán

El decomiso se concretó en la Aduana de Lázaro Cárdenas, uno de los puertos de entrada de mercancía más activos del país. Según el comunicado de la ANAM, el cargamento originario de Vietnam fue detectado durante una operación de transbordo, modalidad en la que la carga cambia de embarcación o medio de transporte antes de llegar a su destino final.

La escala del alijo de más de 52 millones de cigarrillos da cuenta de la magnitud de la operación. De haber circulado en el mercado informal, el volumen decomisado habría representado una afectación directa tanto a la recaudación fiscal como a los consumidores.

Análisis documental y perfiles de riesgo, claves del hallazgo

La detección no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado institucional, el cargamento fue identificado a través de los mecanismos de análisis de riesgo y control aduanero que la ANAM opera de forma permanente en coordinación con la Unidad Administrativa del puerto michoacano.

El proceso incluyó análisis documental, revisión de antecedentes comerciales y verificación de perfiles operativos. Fueron las inconsistencias detectadas en esos tres frentes las que derivaron en la revisión especializada y, posteriormente, en el aseguramiento.

La Semar y las autoridades del Gabinete de Seguridad participaron en las acciones de campo que permitieron materializar el decomiso, en el marco de los esquemas de colaboración interinstitucional que rigen las operaciones de control en puertos estratégicos, según precisó la ANAM.

También en el AICM: cajetillas Pall Mall retenidas por presunta violación de marca

Un segundo operativo en la Aduana del AICM, dejó como resultado una visita de inspección conjunta entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Semar, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades impusieron una medida provisional para suspender la libre circulación de 865 mil 751 cajetillas de cigarros de la marca Pall Mall, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos, según el comunicado oficial del IMPI.

La actuación se desarrolló en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario 476181 PALL MALL, ante la posible vulneración de sus derechos de propiedad industrial. La mercancía se encontraba en tránsito a través del aeropuerto capitalino.

A diferencia del operativo en Lázaro Cárdenas, en este caso la naturaleza del procedimiento es marcaria: la medida busca impedir la libre circulación de los productos mientras el IMPI determina si existe una afectación real a los derechos del titular de la marca.

El procedimiento legal tras el operativo en el AICM

La medida impuesta en el AICM tiene carácter provisional. A partir de su notificación, British American Tobacco contará con 20 días hábiles para solicitar formalmente la declaración administrativa de infracción ante el IMPI, plazo consistente con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial de México para este tipo de medidas.

De presentarse esa solicitud, el instituto iniciará el procedimiento correspondiente y resolverá conforme a las pruebas y disposiciones aplicables. Hasta entonces, las 865,751 cajetillas permanecerán retenidas dentro del recinto fiscalizado del aeropuerto capitalino, según el comunicado del IMPI.

Qué son los cigarros apócrifos y por qué su tráfico es un delito

Los cigarros apócrifos son productos que se comercializan sin los registros sanitarios, fiscales ni de propiedad intelectual exigidos por la legislación mexicana. Su introducción ilegal al país implica evasión de impuestos, incumplimiento de normas de salud pública y, en muchos casos, vínculos con redes de comercio ilícito.

Estudios externos al comunicado, entre ellos uno de Oxford Economics citado por investigadores del Colegio de México, estiman que en 2020 el mercado ilegal de tabaco generó una pérdida de 13 mil 500 millones de pesos en recaudación para el Estado mexicano, equivalentes al 19.4% de los ingresos potenciales por impuestos especiales al tabaco.

La calificación de “presumiblemente apócrifos” empleada en el comunicado oficial indica que, al momento del aseguramiento, el cargamento estaba sujeto a validación por las autoridades competentes, proceso habitual en este tipo de decomisos antes de proceder con las acciones legales correspondientes.

Lázaro Cárdenas, puerto de alta vigilancia

El puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo recinto portuario en movimiento de carga contenerizada del país y uno de los principales puntos de ingreso de mercancía proveniente de Asia, con más de 24,6 millones de toneladas procesadas en 2025, según datos de la Asociación de Puertos del Pacífico. Su posición lo convierte también en un corredor sensible para el tráfico de productos ilegales.

Las operaciones de inteligencia aduanera en ese punto incluyen trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, de acuerdo con lo informado por la ANAM. Estas herramientas forman parte de un sistema de gestión de riesgo diseñado para detectar patrones atípicos en las operaciones de comercio exterior.

Compromiso interinstitucional frente al comercio ilícito

La ANAM, junto con la Semar y el Gabinete de Seguridad, reafirmaron su postura ante este tipo de operaciones, según el comunicado oficial. Las instancias señalaron que el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección constituye una prioridad para proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afectan al país.

El operativo en Lázaro Cárdenas se enmarca en esa estrategia de vigilancia permanente sobre las operaciones de comercio exterior, con especial atención a los cargamentos provenientes de regiones con alta incidencia de productos falsificados o de procedencia irregular, de acuerdo con lo establecido por la ANAM.

Panamá ha dado un paso pionero en la región al capacitar a sus especialistas aduaneros para fortalecer la detección y el bloqueo de actividades criminales vinculadas al tráfico de armas nucleares o radiológicas.

Este esfuerzo responde a la amenaza de que organizaciones delictivas o grupos terroristas utilicen el país como ruta para trasladar materiales peligrosos con fines destructivos, tanto en territorio panameño como en naciones aliadas.

El país participa en un programa de formación integral que actualiza los conocimientos de sus funcionarios aduaneros.

El objetivo es perfeccionar los sistemas de control en áreas como comercio exterior, logística y regulación internacional, priorizando la lucha contra delitos como el contrabando, la falsificación y el narcotráfico.

Dentro de este marco, la prevención del tráfico de materiales nucleares y radiactivos figura entre las prioridades estratégicas.

El taller especializado fue impartido por instructores del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear, quienes aportaron herramientas y simulaciones de última generación.

Mark Greer, responsable técnico del Proyecto Megapuertos Panamá y líder de la delegación estadounidense, subrayó que “Panamá está a la vanguardia en la región en la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para enfrentar más eficientemente el trasiego de materiales nucleares y radioactivos”.

Por su parte, Carmen Tapia, directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, remarcó uno de los ejes de la actual gestión: “dotar de tecnologías avanzadas a la institución”.

Esta estrategia, dijo, busca optimizar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y proteger tanto la seguridad nacional como el flujo legítimo del comercio.

En paralelo al programa formativo, la Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de dos contenedores con mercancía bajo sospecha de infringir derechos de propiedad intelectual.

La operación, que tuvo lugar en un puerto de la costa atlántica, derivó de acciones conjuntas de inteligencia y control físico, y se calcula que el valor preliminar de los productos retenidos asciende a $807.500.

Los inspectores, tras la verificación física de los cargamentos, hallaron cigarrillos de marcas reconocidas.

El análisis inicial sugirió indicios de presunto fraude marcario, por lo que la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención y custodia inmediata de los contenedores.

Actualmente, los especialistas elaboran un inventario detallado para determinar la cantidad exacta y el valor definitivo de la mercancía.

De acuerdo con los procedimientos, una vez finalizadas las verificaciones, se aplicará el régimen administrativo correspondiente a la legislación de propiedad intelectual. Si se confirma la existencia de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación formal.

Durante una diligencia de allanamiento en un local dedicado al transporte y recepción de paquetes internacionales, las autoridades detectaron una encomienda que contenía posibles sustancias prohibidas.

Agentes de la Policía Nacional, al llegar al establecimiento, fueron recibidos por el propietario, quien colaboró voluntariamente con la inspección y facilitó el acceso al área de almacenamiento para ubicar la caja señalada.

Como parte de su labor, los funcionarios continúan aplicando controles estrictos en puertos y centros logísticos, tanto para combatir el comercio ilícito como para garantizar la seguridad y la legalidad en el mercado nacional.

Con estas acciones las autoridades aduaneras sostienen que Panamá refuerza sus capacidades aduaneras mediante alianzas internacionales, incorporación de tecnología avanzada y una política de fiscalización permanente, en respuesta a los desafíos del crimen organizado y las nuevas amenazas globales.

Autoridades mexicanas aseguran casi 5,8 millones de cigarros apócrifos procedentes de Asia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un operativo conjunto que involucró a la Aduana, la Marina y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques con aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los cargamentos llegaron desde Singapur y Sri Lanka con destino a la capital del país, y permanecen retenidos de forma precautoria mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

Casi seis millones de cigarros en 24 pallets

El volumen del decomiso fue considerable: 484 cajas y 24 pallets con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos de producto apócrifo.

Cada uno de los cuatro embarques estaba amparado por una guía aérea distinta, con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación correspondiente.

La mercancía fue retenida dentro del recinto fiscalizado del AICM, donde permanece asegurada de manera precautoria hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.

Singapur y Sri Lanka, puntos de origen del contrabando

Los cuatro embarques provenían de dos países asiáticos: Singapur y Sri Lanka, con destino declarado a la Ciudad de México.

El tráfico de cigarros apócrifos desde Asia representa una amenaza directa a la recaudación fiscal del Estado, ya que estos productos circulan fuera de los canales formales de importación y comercialización, según indicó el comunicado conjunto de las dependencias.

La introducción de tabaco ilícito también implica riesgos para la salud pública, al tratarse de productos que no pasan por los controles sanitarios establecidos, de acuerdo con las autoridades.

Inteligencia aduanera y tecnología no intrusiva, claves del operativo

El aseguramiento fue posible gracias a una estrategia basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, según informó la ANAM en el comunicado conjunto.

Este tipo de tecnología permite revisar el contenido de los embarques sin abrirlos físicamente. La coordinación entre la Aduana del AICM y el personal de la SEMAR fue determinante para identificar los indicadores de riesgo en los cuatro cargamentos.

El operativo se enmarca en la estrategia conjunta que ambas dependencias han implementado para detectar y neutralizar operaciones de comercio exterior con señales de actividad ilícita.

ANAM y SEMAR reafirman su coordinación contra el contrabando

Tras el aseguramiento, la ANAM y la SEMAR emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su “compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales” en materia de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control.

Las instituciones encuadraron la acción dentro de tres objetivos centrales: proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior legítimo y combatir conductas ilícitas que afecten la economía del país.

El Gabinete de Seguridad también participó en el operativo, lo que refleja el carácter interinstitucional de la intervención.

Un golpe a la recaudación y la salud pública

El contrabando de cigarros apócrifos afecta tanto a la recaudación del Estado mexicano como al combate de posibles conductas ilícitas que dañan al país, según precisó el comunicado de las dependencias involucradas.

Las instituciones subrayaron que las acciones fortalecen la seguridad nacional y protegen la salud pública, dos de los ejes que justifican la coordinación permanente entre la ANAM, la SEMAR y el Gabinete de Seguridad en los puntos de entrada al territorio mexicano.

El AICM, epicentro del combate al contrabando de tabaco

El decomiso de hoy no ocurre de forma aislada. Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM, operada por personal de la SEMAR, ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. “De acuerdo con un estudio del Colegio de México (Colmex, 2025), uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, una proporción que se duplicó entre 2017 y 2023, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.”

El operativo, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (Gepci) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y expertos de Bavaria, permitió también la incautación de botellas vacías, tapas, maquinaria artesanal y otros insumos utilizados para lavar y volver a sellar los envases.

En el procedimiento, orientado inicialmente a combatir la comercialización de licor adulterado y de contrabando, las autoridades encontraron un espacio acondicionado específicamente para el reenvasado ilegal de cerveza, práctica que hasta ahora no se había registrado en el departamento.

También se decomisaron más de 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

El riesgo sanitario y tributario de la adulteración de cerveza

El gobernador Jorge Rey advirtió sobre el grave riesgo que implica el consumo de bebidas alcohólicas cuya procedencia y manipulación se desconocen. “Una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede poner en riesgo la salud, inclusive la vida”, señaló, recordando que la cerveza reenvasada elude todo control legal, sanitario y tributario.

La manipulación clandestina incluye el lavado y rellenado de envases, el uso de maquinaria artesanal y la falsificación de sellos y tapas, condiciones que pueden facilitar la contaminación del producto y la introducción de sustancias nocivas. Además, la venta de estas bebidas ilegales afecta las rentas departamentales destinadas a sectores críticos como la salud, la cultura y el deporte, pues evade el impuesto al consumo.

Este hallazgo representó la primera vez que las autoridades de Cundinamarca detectan un caso de adulteración de cerveza a gran escala, una práctica que hasta ahora se había concentrado principalmente en licores como whisky, ginebra, ron y aguardiente. El gobernador Rey subrayó que esta nueva modalidad abre una alerta que exige redoblar la vigilancia y los controles en toda la cadena de producción y distribución de bebidas alcohólicas.

Sanciones y consecuencias legales para los responsables

El delito de adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas está tipificado como corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico (artículo 372 del Código Penal), con penas que van de 5 a 12 años de prisión y multas que pueden superar los 1.500 salarios mínimos legales.

Asimismo, los responsables pueden enfrentar cargos adicionales por imitación o simulación de sustancias, cierre temporal o definitivo de establecimientos y prohibición para ejercer actividades comerciales en el sector.

Recomendaciones para los consumidores y canales de denuncia

La Gobernación de Cundinamarca y las entidades participantes en el operativo recomendaron a los ciudadanos adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y autorizados, verificar siempre el estado de las botellas, tapas, sellos y etiquetas, y desconfiar de precios anormalmente bajos. La revisión cuidadosa de los envases y la procedencia del producto es la principal medida de autoprotección frente a la adulteración.

Para denunciar la venta o fabricación de alcohol adulterado, los ciudadanos pueden comunicarse de manera confidencial a la Línea 123 o contactar a la Gobernación de Cundinamarca a través del teléfono +57 (601) 7490000 o del correo contactenos@cundinamarca.gov.co. Los reportes permiten a las autoridades actuar con rapidez y cerrar establecimientos ilegales, protegiendo la salud colectiva y combatiendo la evasión fiscal.

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca anunció que intensificará las labores de inteligencia y los operativos conjuntos con la Polfa, el Invima y otras entidades, para detectar nuevas modalidades de adulteración, proteger a los consumidores y asegurar la legalidad en el mercado de bebidas alcohólicas.

El gobernador Rey reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier sospecha de adulteración, subrayando que la colaboración entre autoridades y comunidad es clave para erradicar esta amenaza emergente en el departamento y en la capital del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisó más de 3.5 toneladas de drogas durante julio, como resultado de 144 intentos de contrabando detectados en distintos puntos de entrada a territorio estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los aseguramientos alcanzaron un volumen conjunto de aproximadamente 3 mil 500 kilos de narcóticos, entre los que se encuentran algunas de las principales drogas que son introducidas ilegalmente a Estados Unidos.

El mayor decomiso correspondió a la metanfetamina, con aproximadamente 2 mil 300 kilos asegurados durante las operaciones realizadas a lo largo de la frontera.

A esta cifra se suman mil 130 kilos de cocaína, 250 kilos de fentanilo y 18 kilos de heroína. En conjunto, las drogas confiscadas fueron valuadas en más de 67 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades estadounidenses.

Los resultados corresponden a 144 intentos de contrabando frustrados por agentes de CBP durante julio, en operaciones efectuadas en diferentes puntos de entrada fronterizos.

San Ysidro y Otay Mesa, entre los puntos vigilados

Los decomisos se registraron en distintos cruces fronterizos utilizados para el ingreso legal de personas y mercancías a Estados Unidos. Entre los puntos de entrada donde se realizaron aseguramientos se encuentran San Ysidro, Otay Mesa y Tecate, en California.

También fueron reportados decomisos en Calexico Este, Calexico Oeste y Andrade, cruces ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses mantienen estos puntos bajo esquemas de inspección y vigilancia para detectar el ingreso de sustancias ilícitas, utilizando revisiones físicas, tecnología de inspección y mecanismos de análisis para identificar posibles cargamentos de narcóticos.

La magnitud de los decomisos reportados durante julio refleja la importancia de los cruces fronterizos en las operaciones para impedir que drogas sean introducidas al mercado estadounidense.

Entre las sustancias aseguradas destaca particularmente el fentanilo, debido a la prioridad que el gobierno de Estados Unidos ha otorgado al combate contra esta droga sintética y las organizaciones criminales dedicadas a su producción, tráfico y distribución.

CBP destaca acciones contra el contrabando

Sidney K. Aki, director de Operaciones de Campo de CBP en San Diego, destacó la importancia de las acciones emprendidas por los agentes para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos.

La dependencia estadounidense sostiene que sus operaciones de inspección tienen como uno de sus principales objetivos identificar cargamentos ilícitos antes de que puedan ingresar a territorio estadounidense y continuar hacia otros puntos del país.

Los más de 67 millones de dólares en narcóticos decomisados representan, de acuerdo con las autoridades, un golpe económico para las organizaciones que intentan introducir estas sustancias a través de la frontera.

Los aseguramientos también se producen en un contexto de mayor presión por parte del gobierno estadounidense contra las redes dedicadas al tráfico de drogas, particularmente aquellas relacionadas con fentanilo y metanfetamina.

Además de las acciones de vigilancia en los cruces fronterizos, CBP llamó a la población a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa o relacionada con operaciones delictivas.

La dependencia señaló que la participación ciudadana puede contribuir a detectar movimientos vinculados con el contrabando y facilitar las investigaciones de las autoridades encargadas de combatir el tráfico de drogas.

De esta manera, durante julio, los agentes estadounidenses reportaron 144 intentos de contrabando frustrados y el aseguramiento de alrededor de 3.5 toneladas de narcóticos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

La denuncia de los socios de Lili Pink sobre mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que reapareció a la venta en Bogotá quedó en el centro del caso penal contra directivos, empleados e importadores de la marca de ropa interior femenina. Según la defensa, las fotografías usadas ahora por la Fiscalía General de la Nación como prueba de un supuesto contrabando habían sido señaladas desde enero de 2026 como parte de presuntas irregularidades en los operativos y en la custodia de los bienes.

El texto señala que la defensa revisó más de 1.500 archivos que suman 4 GB y concluyó que no existe prueba de contrabando. A partir de esa lectura, la firma Riveros Bazzani afirmó que, sin ese delito base, no sería jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito.

Los empresarios denunciaron desde enero de 2026 que mercancía retenida en una bodega del tamaño de una cancha de fútbol terminó en tiendas de descuento de San Victorino y de los San Andresitos, en el centro de la capital del país. La ropa interior femenina apareció en ganchos, canastas de saldo e incluso en ventas callejeras, con marquillas de la marca y sin registro de esas transacciones.

La denuncia sostuvo que la mercancía era original y no falsificada

La empresa realizó una investigación propia para seguir el rastro de las prendas y reunir pruebas sobre su reaparición en el mercado. Conforme a lo expuesto en documento presentado ante la Fiscalía, parte de esa mercancía estaba destinada a remanufactura o a descarte por daños irreparables.

La querella citó una verificación hecha por el equipo de compras, que incluyó la adquisición de productos ofrecidos por terceros. “Previa indagación del mismo equipo de compras y adquisición de los productos identificados con las marcas que se estaban vendiendo sin autorización, fue posible concluir que los productos ofrecidos por dichos terceros corresponden a mercancía original, con marquillas y etiquetas de fábrica, confirmando que la mercancía no se trata de falsificaciones, sino de bienes auténticos cuya circulación comercial no había sido autorizada por Fast Moda S.A.S”, puntualiza el escrito.

Ese fue el punto central de la denuncia: los bienes que circularon en comercios informales no eran imitaciones, sino productos auténticos cuya venta no había sido autorizada por la empresa. Con ese material, los socios acudieron al ente acusador y expusieron los elementos que, a su juicio, no cuadraban en el procedimiento de la autoridad aduanera.

La defensa dijo que la denuncia sobre la Dian quedó sin decisiones conocidas

En la imputación de cargos contra directivos, empleados e importadores de Lili Pink, la Fiscalía presentó algunas fotografías de los operativos de la Dian como elementos de prueba de un supuesto contrabando. La respuesta de la defensa fue que esas mismas imágenes correspondían a los hechos que habían sido denunciados meses antes como posibles irregularidades en los decomisos y en la posterior salida de la mercancía al mercado.

La firma Riveros Bazzani, que representa a los empresarios vinculados, sostuvo en un pronunciamiento que la revisión del expediente no acredita la existencia del delito aduanero. En su declaración afirmó: “Tras analizar los más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”.

Los abogados añadieron que la investigación por el supuesto contrabando, que después derivó en señalamientos por lavado de activos y concierto para delinquir, avanzó en el órgano investigativo. La denuncia sobre los procedimientos cuestionados de la Dian y sobre la ropa interior que volvió al mercado sin autorización, en cambio, quedó engavetada y no se conocen decisiones.

En uno de los bultos ocultos detrás del asiento trasero de un Volkswagen había algo que todavía se movía. La revisión, realizada en el cruce fronterizo de San Ysidro, permitió descubrir 69 animales vivos escondidos en un compartimento del vehículo, entre ellos víboras venenosas, caimanes y un cocodrilo bebé.

El caso, reconstruido por Fox News a partir de información de la Fiscalía federal del Distrito Sur de California y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivó en la detención de una mujer de Tijuana y reactivó una causa por tráfico de fauna silvestre en la frontera con México.

La acusada fue identificada como Georgina Bribiesca Chavez, de 66 años. Las autoridades la arrestaron el 10 de agosto cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense.

Frente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aseguró que no tenía nada para declarar.

La secuencia tomó otro rumbo cuando los oficiales revisaron sus antecedentes. Allí apareció una orden de arresto pendiente vinculada a una investigación federal. Los agentes secuestraron el Volkswagen, pero el hallazgo central apareció recién a la mañana siguiente.

Un compartimento oculto y fundas cerradas con cinta

La inspección completa del auto expuso un espacio de fábrica adaptado para ocultar carga, detalló Fox News. Dentro de ese sector había varias fundas de almohada cerradas con nudos y selladas con cinta adhesiva.

Uno de esos bultos se movía. Esa señal alertó a los agentes, que trasladaron las bolsas al Zoológico de San Diego para una revisión especializada. Allí apareció el detalle del cargamento: 60 lagartijas abronia, cuatro víboras venenosas de palma con manchas amarillas, tres caimanes, un cocodrilo bebé y una serpiente índigo.

Los fiscales afirmaron que la mujer nunca informó que transportaba animales y que los ejemplares permanecieron dentro del auto durante casi 24 horas bajo el calor de agosto. Los tres caimanes murieron antes de recibir atención.

El resto de los animales permanecía estable la semana pasada y seguía bajo cuidado del zoológico, indicó el reporte. Ese dato quedó incorporado al expediente abierto en la Justicia federal.

La pesquisa avanzó durante 18 meses

La causa fue el resultado de una pesquisa encubierta de aproximadamente 18 meses a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, afirmó la Fiscalía. El foco de ese trabajo estuvo puesto en una presunta red dedicada al comercio de especies exóticas entre México y Estados Unidos.

Los investigadores también señalaron a Salvador Pelayo, de 28 años y residente de Chula Vista, como presunto socio de Chavez. Pelayo fue arrestado en julio y también se declaró inocente, indicó Fox News. La acusación sostiene que ambos habrían operado juntos desde 2023 y que obtuvieron decenas de miles de dólares por esas maniobras.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió en marzo de 2025. En esa oportunidad, Chavez entregó cuatro tortugas de caja mexicanas protegidas a un agente encubierto a cambio de USD 2.600 dólares en efectivo, indicó la acusación federal. Los fiscales agregaron que esos ejemplares murieron después de su traslado al Zoológico de Oakland.

Pelayo enfrenta además una acusación separada por haber utilizado el alias “Jose Lopez” para despachar cuatro tortugas protegidas mexicanas y de Yucatán a un agente encubierto en Nueva York, afirmó la Fiscalía.

Los cargos y la posible pena

Chavez se declaró inocente del cargo federal por tráfico de fauna y quedó detenida sin derecho a fianza.

Pelayo adoptó la misma postura ante la Justicia. Ambos enfrentan cargos bajo la Lacey Act, una norma de Estados Unidos que sanciona el comercio ilegal de vida silvestre. Esa figura prevé una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La pesquisa sigue en manos de la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, con apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Al inspeccionar la motonave, los uniformados hallaron 2.500 cajas de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 1.250.000 cajetillas de diferentes marcas. El avalúo preliminar de la carga se estimó en $16.250 millones de pesos, mientras que la valoración definitiva quedará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Durante el procedimiento, fueron capturadas nueve personas: tres de nacionalidad colombiana y seis venezolanas. Los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para ser judicializados por el presunto delito de contrabando.

Coordinación interinstitucional y alcance de la operación

La acción fue ejecutada en coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Ejército Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y la Dian. El capitán de Navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, destacó la articulación entre las instituciones y explicó que la operación “permitió la incautación de una importante cantidad de mercancía de procedencia extranjera, presuntamente destinada a actividades de contrabando”.

El comandante Guzmán añadió que este resultado “constituye uno de los golpes más importantes registrados en los últimos años contra el contrabando de cigarrillos mediante rutas marítimas en el Caribe colombiano y representa una significativa afectación a las economías ilícitas asociadas a grupos narcoterroristas”.

La operación, según el oficial, evidencia la relevancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer el control en los espacios marítimos del país.

Impacto del contrabando en la región y vínculos con estructuras criminales

De acuerdo con la Armada de Colombia, el contrabando de cigarrillos a gran escala suele estar vinculado a dinámicas de crimen organizado en el Caribe, donde múltiples grupos buscan financiar sus actividades ilícitas.

El capitán Guzmán subrayó que “el contrabando puede estar relacionado con otras dinámicas criminales”, ya que representa una fuente de ingresos para estructuras que buscan “fortalecer sus capacidades delictivas y emplear diferentes modalidades para evadir el control de las autoridades”.

Las autoridades resaltaron que el combate al contrabando no solo responde a la defensa de la economía formal, sino que tiene un impacto directo en la seguridad nacional, debido a la utilización de recursos ilícitos para la financiación de actividades de grupos armados ilegales.

Compromiso estatal con el control marítimo y la seguridad

La autoridad militar reiteró su compromiso de mantener operaciones de vigilancia, control e interdicción marítima. La institución precisó que “continuará desarrollando acciones en el Caribe colombiano con el propósito de proteger la soberanía nacional, salvaguardar los intereses económicos del país y contribuir a la seguridad de todos los colombianos”.

Las autoridades enfatizaron que la acción coordinada entre entidades estatales y aliadas internacionales, como la HSI de los Estados Unidos, fortalece la capacidad del Estado para enfrentar las redes de contrabando que operan en la región, así como para limitar las fuentes de financiación de grupos narcoterroristas.

Contexto operativo y judicialización

Este operativo, según las autoridades, se inserta en una estrategia más amplia de combate a las economías ilegales en el Caribe, con la colaboración de organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Dirección General Marítima. Las personas capturadas serán procesadas ante las autoridades judiciales competentes, bajo cargos relacionados con el delito de contrabando.

La incautación de la motonave y la mercancía representa, según la institución naval un avance en la lucha contra las redes delictivas que afectan al comercio legal y a la seguridad en el norte del país.

La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y permitió identificar a un hombre que se dedicaba a la venta ilegal de estos animales, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La Policía logró establecer los lugares en los que el indagado almacenaba estos animales. Tras la intervención de la Justicia, el domingo hubo dos allanamientos ubicados en las inmediaciones de las calles Carlos Pérez Montero y Luis Gerona, en el noreste de la ciudad.

En estos procedimientos los efectivos encontraron varias jaulas, peceras y otros recipientes que eran utilizados para mantener y acopiar los animales que luego se vendían. Luego, con la intervención del Ministerio de Ambiente y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) se rescataron 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos, detalló el comunicado oficial.

Además, en el lugar se encontraron conejos, peces, cobayos y perros de raza, algunos de los cuales luego eran utilizados para su reproducción y posterior comercialización.

En el operativo también se incautó un vehículo, celulares y dinero en efectivo. Ahora estos elementos serán analizados en el marco de una investigación judicial que se inició para determinar la eventual vinculación del hombre detenido con la actividad animal.

El detenido tiene antecedentes penales por contrabando de animales y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que tiene previsto pedir la imputación del hombre.

Según informó el Ministerio del Interior, este procedimiento permitió “poner a resguardo a decenas” de animales y avanzar en una investigación sobre una maniobra vinculada al tráfico y la comercialización ilegal de fauna.

Otros casos con animales

Otro operativo de contrabando había tenido lugar días atrás en el balneario Marindia, en el departamento de Canelones, a unos 40 kilómetros de Montevideo.

La Dirección Nacional de Seguridad Rural, en este caso, encabezó un operativo por contrabando, comercialización de animales prohibidos y exóticos, y caza abusiva. En total, se incautaron 41 aves vivas, un ave muerta y 97 jaulas. En este caso, el proceso terminó con la condena del hombre.

Esa vez, personal de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, acompañado por técnicos del Ministerio de Ambiente, se presentó en una vivienda del balneario Marindia para dar cumplimiento a órdenes de allanamiento y detención, en el marco de una investigación que se venía desarrollando desde hacía varias semanas, informó el Ministerio del Interior.

Luego, el detenido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de receptación agravado y se le impuso una pena de siete meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

A principios de agosto, en tanto, un mono tití fue incautado en el marco de ocho allanamientos que tuvieron lugar en la capital uruguaya. Dos semanas antes, había sido incautado un mono capuchino. En otro allanamiento, además, se incautaron seis celulares y cinco caballos, que quedaron a disposición de la Dirección de Seguridad Rural.

Una operación conjunta realizada en el sector El Charco, municipio de Ipiales, departamento de Nariño, permitió a las autoridades frustrar el traslado de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando que tenía como posible destino el vecino país de Ecuador.

Soldados de la Brigada 23 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Aduanera y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detuvieron un camión en el que se transportaban 198.500 cajetillas sin la documentación exigida por la legislación colombiana, de acuerdo con información recogida por la cuenta de X del Ejército Nacional de Colombia.

Durante la inspección, el conductor del automotor fue sorprendido en flagrancia al no poder acreditar la legalidad de la carga ni justificar la movilización del producto.

En la revisión, además de la mercancía, los uniformados incautaron tres radios de comunicación y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para coordinar la logística del traslado y facilitar la evasión de controles en la zona fronteriza.

El operativo, resultado de acciones articuladas entre entidades militares y aduaneras, refleja la estrategia nacional para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país. Las autoridades trasladaron el vehículo, la totalidad de la mercancía y los dispositivos incautados a disposición de organismos judiciales competentes, al igual que al capturado.

Esta incautación representa un golpe significativo contra las redes dedicadas al tráfico de productos ilegales en el sur del territorio nacional.

Este tipo de operaciones buscan desarticular las rutas empleadas por organizaciones criminales para introducir mercancía sin pagar impuestos y sin cumplir normas sanitarias.

La región fronteriza de Nariño es considerada un punto estratégico para el contrabando debido a su proximidad con pasos internacionales y la presencia de corredores viales utilizados por estructuras ilegales.

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso de intensificar los controles y fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar este fenómeno, que afecta tanto a la economía como a la seguridad en el suroccidente colombiano.

Desmantelaron laboratorio con más de 15 toneladas de precursores químicos para cocaína en el departamento del Guaviare

Una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos permitió desmantelar un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de insumos químicos para el narcotráfico en la zona rural de El Retorno, Guaviare.

En el sitio, los uniformados localizaron más de 15 toneladas de permanganato de potasio, sustancia esencial en la elaboración de clorhidrato de cocaína, junto a tres edificaciones rústicas y tres calderas metálicas utilizadas por la organización criminal, según información del Ejército Nacional de Colombia en su cuenta oficial de X.

El complejo ilícito estaba vinculado a la Estructura Jhon Linares, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño, dedicada a la producción y tráfico de estupefacientes en la región suroriental del país.

La infraestructura tenía capacidad para generar ingresos superiores a 1.500 millones de pesos mensuales mediante la fabricación y distribución de drogas.

Durante la operación, todo el material incautado fue destruido conforme a los protocolos establecidos para evitar daños ambientales y garantizar la seguridad de los equipos intervinientes.

El procedimiento afectó directamente la capacidad de la estructura ilegal para procesar cerca de 21 toneladas de clorhidrato de cocaína, mercancía destinada a mercados ilícitos nacionales e internacionales.

“Con la neutralización de las más de 15 toneladas de permanganato de potasio se habría afectado la capacidad para el procesamiento de aproximadamente 21 toneladas de clorhidrato de cocaína”, afirmaron desde el Ejército.

La coordinación entre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos responde a la estrategia nacional orientada a debilitar las finanzas y la infraestructura de grupos dedicados al tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la vigilancia en el departamento del Guaviare para impedir la reactivación de actividades ilícitas y evitar que las estructuras criminales recuperen su capacidad operativa en zonas de difícil acceso. El compromiso institucional busca frenar la expansión y el fortalecimiento de economías ilegales en regiones estratégicas del país.

Una investigación que comenzó en Rosario a partir de sospechas vinculadas con narcotráfico y contrabando terminó revelando, según tuvo por probado la Justicia, una estructura destinada a introducir en la economía formal ganancias provenientes de distintos delitos mediante empresas, inmuebles, vehículos, operaciones financieras y bienes registrados a nombre de terceros. El proceso dejó 14 condenados, más de USD 2 millones secuestrados y el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, automotores, vehículos de carga y embarcaciones.

Entre los principales acusados quedó Matías José Ángel Matarochi, de 37 años y domiciliado en la localidad santafesina de Álvarez, un empresario dedicado al transporte de cargas a quien el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario ubicó, junto con Juan y Norberto Derminio, entre quienes encabezaban la organización conocida durante la pesquisa como el “Clan Derminio”.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora su responsabilidad por lavado de activos agravado y rechazó los cuestionamientos contra la prueba que sustentó la condena. Sin embargo, por mayoría, anuló únicamente la determinación de los ocho años de prisión porque consideró que el tribunal oral no explicó suficientemente cómo llegó a esa cantidad de pena. Deberá celebrarse una nueva audiencia y dictarse otro pronunciamiento sobre ese punto.

La resolución, fechada el 13 de agosto de 2026, fue firmada por Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los tres coincidieron en mantener la declaración de culpabilidad. Slokar y Ledesma formaron mayoría para revisar exclusivamente la extensión del castigo; Yacobucci propuso rechazar íntegramente el recurso de la defensa.

Una investigación que siguió el dinero

El núcleo del grupo estaba compuesto por integrantes y allegados de la familia Derminio, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. Las primeras investigaciones que luego confluyeron en la causa se remontan a 2018 y 2019 y estuvieron relacionadas con sospechas de narcotráfico, contrabando y movimientos económicos que no encontraban correspondencia clara con los ingresos declarados.

El expediente por lavado surgió como desprendimiento de otras actuaciones de la Justicia Federal de Rosario. En una de ellas se habían ordenado escuchas sobre Norberto Carlos Derminio, Juan Derminio y Claudia Rattaro, entre otras personas. También aparecieron movimientos hacia Paraguay, mercadería sin control aduanero y vínculos con distintas investigaciones por delitos precedentes.

A partir de esos elementos, el Ministerio Público Fiscal profundizó las tareas junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El foco comenzó a desplazarse hacia una pregunta patrimonial: qué bienes poseían los investigados, cuánto declaraban, qué empresas utilizaban y cómo circulaba el dinero dentro del grupo.

Los agentes cruzaron registros tributarios, propiedades, automotores, sociedades, movimientos migratorios, escuchas telefónicas y documentación secuestrada. Uno de los investigadores declaró durante el juicio que habían detectado una falta de correspondencia entre el perfil económico formal de algunos involucrados y el nivel de vida o el patrimonio que exhibían.

La acusación reconstruyó una operatoria desplegada, al menos, desde 2014. Según esa hipótesis, sus integrantes compraban y administraban bienes en la Argentina y en el extranjero, realizaban conversiones de moneda y utilizaban a familiares, allegados o terceras personas para inscribir activos y dificultar la identificación de sus verdaderos beneficiarios. También se analizaron operaciones de construcción, préstamos y gravámenes reales, mecanismos que podían permitir que fondos de origen ilícito circularan bajo formas contractuales o comerciales aparentemente regulares.

Cuando en diciembre de 2023 el Ministerio Público Fiscal pidió llevar a juicio a parte de los acusados, contabilizó 146 operaciones relacionadas con el lavado: 94 vinculadas con automotores, cuatro con embarcaciones y 33 con inmuebles. También incluyó operaciones con moneda extranjera y un crédito garantizado mediante una hipoteca por USD 100.000.

36 allanamientos y un patrimonio millonario

La dimensión económica de la pesquisa había quedado expuesta en septiembre de 2021, cuando la PSA desplegó 36 allanamientos simultáneos: 32 en Rosario y distintas localidades de Santa Fe y otros cuatro en Salvador Mazza y Las Lajitas, Salta.

Los procedimientos dejaron cinco detenidos y decenas de bienes bajo secuestro. Entre los vehículos aparecieron automóviles de alta gama, camionetas, camiones, motocicletas y cuatriciclos, además de una embarcación. Uno de los rodados que llamó la atención de los investigadores fue un Ford Mustang GT, que integraba el patrimonio examinado junto con otros modelos de alta gama y una importante flota vinculada al transporte.

El dato central, sin embargo, estaba en el efectivo. En el conjunto de los procedimientos quedaron registrados USD 2.068.756, $5.411.231,75 y 1.350 pesos bolivianos. La causa terminó posteriormente con el decomiso de 102 bienes, entre inmuebles, automotores, vehículos de carga y embarcaciones alcanzados por la maniobra.

El despliegue territorial también reflejaba una de las líneas de investigación. Las conexiones entre Rosario, localidades de su área metropolitana y puntos del norte del país aparecieron de manera reiterada en los expedientes que rodeaban al grupo. Parte de la prueba examinó transportes y relaciones comerciales con personas radicadas en zonas fronterizas, especialmente en causas vinculadas con contrabando de cigarrillos.

La amplitud de los procedimientos permitió además reconstruir quién utilizaba cada vehículo, a nombre de quién estaba registrado y qué relación existía entre sus titulares formales y quienes efectivamente disponían de ellos. Ese análisis patrimonial sería luego uno de los ejes utilizados para sostener que parte de los bienes no respondía únicamente a negocios independientes, sino que integraba una estructura económica común.

Las empresas y el rol atribuido a Matarochi

En el caso de Matarochi, una parte relevante del análisis se concentró en Logística MM SRL y Doning SAS. Esta última había sido constituida en marzo de 2019 por él y otro empresario, con Matarochi como administrador titular. Su objeto societario incluía sistemas de localización satelital y control para vehículos, además de la comercialización de partes y accesorios.

La acusación sostuvo que empresas con actividad formal eran utilizadas dentro del mecanismo para mezclar fondos de origen lícito con dinero proveniente de delitos y facilitar así su incorporación a la economía legal. La maniobra, según la reconstrucción aceptada en el juicio, no dependía necesariamente de sociedades sin actividad, sino que podía apoyarse en circuitos comerciales reales capaces de brindar una explicación aparente a movimientos patrimoniales de otra procedencia.

La defensa ofreció una lectura completamente diferente. Argumentó que Matarochi se dedicaba al transporte desde mucho antes de conocer a Derminio, que las empresas desarrollaban actividades reales y que existían balances, documentación tributaria y cartas de porte capaces de respaldar las operaciones. Añadió que sus camiones trasladaban mercaderías como soja, trigo y fertilizantes.

Casación entendió que esas explicaciones no lograban revertir el análisis conjunto de la evidencia.

El juez Slokar señaló que “los argumentos defensistas no logran conmover las conclusiones a las que arribó el tribunal”. Para el camarista, los vínculos comerciales y personales no podían analizarse separadamente de las escuchas, los documentos secuestrados, los movimientos patrimoniales y las restantes investigaciones conectadas con los involucrados.

El camarista Yacobucci coincidió. “No advierto ni la recurrente acierta en acreditar la falacia ni endeblez de los argumentos esbozados en el fallo que invoca ni la falta de fundamentación de las conclusiones a las que allí se arribara”, escribió.

Y agregó: “Claramente no hay arbitrariedad en la línea argumental, ni tampoco orfandad probatoria para sostener la imputación”. Según explicó, el tribunal había realizado un análisis integrado de la prueba instrumental, documental, testimonial e indiciaria.

USD 1,6 millones en un departamento

Uno de los hallazgos centrales ocurrió en un departamento de avenida Pellegrini 3709, en Rosario. El inmueble estaba registrado a nombre de Matarochi, aunque su defensa sostuvo que allí residía Norberto Derminio como inquilino.

Durante el allanamiento fueron encontrados USD 1.659.835 en efectivo. También se secuestró un teléfono que contenía fotografías de fajos de dólares, vehículos de alta gama y elementos descriptos en el expediente como presuntos panes de clorhidrato de cocaína.

La defensa afirmó que ese dinero pertenecía a Derminio y diferenció aquel hallazgo de las sumas encontradas directamente en lugares asociados con Matarochi: $250.000 en la sede de Logística MM y $933.580 y USD 1.006 en su domicilio familiar. Explicó que una parte correspondía al funcionamiento cotidiano de la empresa y que otra estaba destinada a cubrir cheques.

El tribunal oral rechazó esa lectura fragmentada y sostuvo que, dentro del conjunto probatorio, estaba acreditada “la calidad de socios entre ambos en esta actividad ilícita”. La propiedad, el dinero, las comunicaciones y la relación comercial fueron examinados como piezas de una misma reconstrucción y no como hechos independientes.

Cigarrillos, camiones y delitos precedentes

La procedencia criminal de los activos tampoco fue atribuida a un único delito. El expediente recorrió antecedentes e investigaciones vinculadas con narcotráfico, contrabando de cigarrillos, defraudaciones y otras maniobras ilícitas.

Uno de los episodios ocurrió el 23 de julio de 2019, cuando un camión registrado a nombre de María Cecilia Rodríguez, esposa de Matarochi, fue interceptado en Entre Ríos. En su interior fueron encontrados 12.301 cartones de cigarrillos Rodeo de origen paraguayo, valuados entonces en $10.602.969. Las pericias sobre los teléfonos de quienes llevaban la carga permitieron detectar comunicaciones con Matarochi vinculadas con el transporte.

También fueron incorporadas escuchas relacionadas con movimientos de mercadería entre el norte del país y Rosario. Para Casación, ese material debía evaluarse en conjunto con el resto de los indicios y no como conversaciones aisladas.

Slokar explicó además una cuestión central para comprender el fallo: el lavado puede acreditarse aunque no exista una sentencia condenatoria firme por cada delito que generó el dinero. La figura es autónoma y basta con demostrar objetivamente la procedencia delictiva de los bienes mediante un cuadro probatorio suficientemente consistente. Esa precisión resultó relevante frente al planteo defensivo que cuestionaba la utilización de distintas causas precedentes que no habían terminado necesariamente con condenas contra Matarochi.

Catorce condenados

El juicio dejó 14 personas condenadas. Norberto Derminio recibió cinco años de prisión y una multa de $136.034.251,02 mediante un acuerdo de juicio abreviado. Juan Derminio obtuvo una pena única de cuatro años y seis meses y una multa de $30.597.283,40. Otros once integrantes también admitieron distintos grados de responsabilidad mediante acuerdos con el Ministerio Público Fiscal.

Matarochi, en cambio, llegó al debate oral. El 30 de mayo de 2025 fue condenado a ocho años de prisión, una multa de $114.837.270,60, accesorias legales y costas como coautor de lavado de activos agravado por habitualidad o por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de este tipo de hechos.

En cambio, Fabiola Yael Siuffi, María Cecilia Rodríguez y Micaela Belén Barbieri fueron absueltas por el beneficio de la duda. La Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó esas decisiones, pero el planteo no prosperó ante Casación.

Por qué quedaron sin efecto los ocho años

La discusión que sí prosperó fue la referida a la cantidad de pena impuesta a Matarochi.

Slokar entendió que el tribunal oral había mencionado una serie de circunstancias para agravarla, pero no explicó de manera suficiente qué incidencia concreta había tenido cada una para arribar a los ocho años. Esa falencia, a criterio del juez, impedía controlar la racionalidad del monto.

Ledesma coincidió y profundizó ese razonamiento. “La individualización judicial de la pena exige exteriorizar el razonamiento que vincula las circunstancias del caso con el concreto monto finalmente impuesto, de modo que las partes puedan conocer las razones que justifican la respuesta punitiva”, escribió.

Para la camarista, la sentencia había identificado distintas características del hecho y condiciones personales del condenado, “sin embargo, omite explicar cuál fue el peso específico que cada uno de ellos tuvo en la determinación de la pena finalmente impuesta”. Esa ausencia, afirmó, impedía reconstruir el razonamiento seguido para establecer que la sanción era proporcional.

La jueza reparó además en la diferencia entre Matarochi y Norberto Derminio. “En la medida en que a ambos se les atribuyó un rol organizador en la maniobra investigada, esa circunstancia constituye un elemento que no puede ser soslayado al examinar la razonabilidad de la pena impuesta. Ello no implica exigir una identidad de respuestas punitivas, sino advertir que una diferencia de esa entidad exige una fundamentación especialmente suficiente que permita comprender las razones de la distinta cuantificación de las sanciones”.

Yacobucci quedó en minoría en ese punto. Propuso rechazar también ese aspecto del recurso y mantener los ocho años, aunque compartió con sus colegas que la prueba permitía dar por acreditados “tanto la materialidad de los hechos como la participación del imputado en el mismo”.

La decisión de Casación, por lo tanto, no anuló el juicio ni la declaración de culpabilidad de Matarochi por lavado de activos agravado. Lo que quedó sin efecto fue exclusivamente la extensión de la pena.

Por mayoría, las actuaciones deberán ser reenviadas para que, “por ante quien corresponda, previa audiencia de visu y con intervención de las partes, dicte un nuevo pronunciamiento debidamente fundado sobre ese extremo”.

La Dirección General de Aduanas (DGA), con apoyo de otras entidades estatales, realizó la destrucción de 8.287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos desarrollados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. La cifra representa uno de los mayores decomisos de productos de tabaco en el país en el último año, según informó la propia DGA.

La entrada irregular de estos cigarrillos al mercado dominicano habría implicado una evasión fiscal estimada en RD$53.290.682,60 (USD 910,973.31), de acuerdo con datos ofrecidos por la Dirección General de Aduanas. Los operativos, coordinados por la Gerencia de Inteligencia de la DGA, contaron con la colaboración del Ejército de República Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.

La destrucción de la mercancía tuvo lugar en las instalaciones de Residuos Clasificados Diversos (Resicla), ubicadas en Hato Nuevo, Los Alcarrizos. Esta acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y combatir el comercio ilícito, informó la DGA.

En la República Dominicana, el combate al contrabando y al comercio ilícito se articula principalmente a través de la Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, que tipifica y sanciona el tráfico y la falsificación de bienes sensibles como medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados. También se aplica la Ley 168-21 de Aduanas, que regula el tránsito internacional de mercancías y penaliza la defraudación aduanera y la introducción de carga sin control fiscal. Cuando el comercio ilegal afecta la recaudación de impuestos internos, resulta aplicable el Código Tributario (Ley 11-92).

Las sanciones establecidas para el contrabando y el comercio ilícito incluyen penas de prisión de 3 a 5 años para los responsables, severas multas económicas que pueden alcanzar de 100 a 300 veces el valor aduanero de la mercancía y la incautación o destrucción inmediata de los productos y de los medios de transporte utilizados. Las personas jurídicas involucradas enfrentan sanciones económicas y la cancelación de operaciones.

El director general de la entidad, Nelson Arroyo, declaró que la institución mantiene el compromiso de fortalecer los controles y luchar contra el contrabando y el comercio ilegal, en respaldo a la economía nacional. Arroyo enfatizó que “con estas acciones protegemos la recaudación fiscal, promovemos la transparencia y enviamos un mensaje claro de que continuaremos enfrentando con firmeza todas las prácticas que afectan el comercio formal y el desarrollo económico del país”.

Arroyo aclaró que los productos destruidos no corresponden a los hallazgos recientes anunciados ante la prensa, ya que se trata de operativos y procesos distintos. Además, sostuvo que estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud pública al impedir la circulación de productos no regulados y refuerzan la seguridad nacional, creando condiciones favorables para la inversión.

Por parte del sector privado, Erick Pérez, representante de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) y director de Asuntos Externos de Philip Morris Dominicana, valoró el trabajo realizado por la DGA y las instituciones involucradas. “Más allá de la destrucción de los más de 8 millones de cigarrillos, lo más importante es que estamos cerrando una puerta más al contrabando y al comercio ilícito”, expresó Pérez. Añadió que el accionar coordinado de las entidades “demuestra un compromiso real con el fortalecimiento de los controles y la protección de los intereses nacionales”.

Las autoridades subrayaron que la destrucción de estos productos constituye un golpe significativo al comercio ilícito de tabaco y reiteraron que las incautaciones recientes en el Puerto Multimodal Caucedo forman parte de otros procedimientos en curso.

Más de 215 millones de pesos en cigarrillos, tres vehículos secuestrados y dos personas detenidas, ambas oriundas de Brasil. Ese fue el saldo que dejaron dos procedimientos policiales este jueves en distintas localidades de la provincia de Misiones.

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Montecarlo, donde los implicados intentaron escapar a pie. En tanto, las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

La primera acción policial partió de tareas de inteligencia desarrolladas por efectivos de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, según especificó la Policía de Misiones mediante redes. A través del intercambio de información entre sus dependencias, detectaron que una camioneta de patente brasileña recorría el trayecto desde esa localidad hacia San Antonio. El vehículo llevaba una carga sospechosa a bordo y con ese dato, la fuerza dispuso controles sobre la Ruta Nacional 101, por la que se llega a la ciudad de frontera binacional con Santo Antonio do Sudoeste en Paraná, Brasil.

Cerca de las 9 de la mañana, personal de la Comisaría de Piñalito Norte advirtió sobre una camioneta Fiat Strada roja que esquivó uno de los puestos de control y se metió por un camino de tierra. El rodado fue seguido a distancia prudente hasta que sus ocupantes lo dejaron en una chacra y escaparon. Dentro del vehículo, los efectivos hallaron 15.990 atados de cigarrillos.

Poco después, en otro tramo de la misma ruta, los efectivos interceptaron un Ford Fiesta plateado con dos ciudadanos brasileños a bordo, de 43 y 54 años. Ambos quedaron detenidos por su presunta vinculación con el cargamento. El secuestro total del primer procedimiento —mercadería y vehículos incluidos— alcanzó los $168 millones.

El segundo contrabando

Horas más tarde, a 150 kilómetros de la primera ciudad se registró un episodio de características similares. En Montecarlo, el Personal de Seguridad Urbana Municipal realizaba un control de rutina cuando el conductor de una Ford EcoSport abandonó el vehículo y escapó a pie.

En este, la División Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas encontró 22.000 cajetillas de cigarrillos en el interior. Al revisar los datos del vehículo comprobaron que la patente colocada no correspondía a esa camioneta y que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. El valor de este segundo procedimiento llegó a $47,2 millones.

La zona de Bernardo de Irigoyen, ubicada frente a la ciudad brasileña de Dionísio Cerqueira, es uno de los pasos informales más activos de la región para el ingreso ilegal de tabaco y otros productos. La densidad de la selva y la extensión de la frontera facilitan el movimiento de mercadería por fuera de los controles aduaneros. Ambas actuaciones quedaron a cargo de la Justicia Federal.

Días atrás, la Prefectura Naval Argentina secuestró más de una tonelada de marihuana en las inmediaciones del arroyo Itaembé, en la ciudad de Posadas, luego de detectar mediante una cámara térmica el cruce de una embarcación a motor desde la costa de Paraguay durante la madrugada.

Al rastrear la zona del kilómetro 1.567 del río Paraná, los efectivos encontraron 40 bultos ocultos entre la vegetación, que un narcotest confirmó como Cannabis sativa. El cargamento, compuesto por 1.154 panes prensados y 104 paquetes de cogollos, totalizó 1.059,7 kilogramos y fue valuado en $3.306.267.000, según el cálculo establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la cotización oficial del dólar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, que dispuso el secuestro y traslado de la droga al resguardo del Juzgado Federal competente, en el marco de una investigación por infracción a la Ley N°23.737.

Autoridades panameñas llevaron a cabo un operativo en la Zona Libre de Colón donde inspeccionaron un cargamento de millones de cigarrillos.

Tras constatar el incumplimiento de la legislación nacional, funcionarios de la entidad procedieron a la aplicación de medidas aduaneras correspondientes.

La acción formó parte de la Operación Odisea, ejecutada en conjunto con la Policía Nacional, y de acuerdo con las autoridades responde al objetivo de frenar el comercio ilícito de tabaco y derivados.

En julio de este año la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá también retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $60 millones.

La retención, según se informó en el momento, alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

Luisa Napolitano, gerente de la zona franca, manifestó que Napolitano desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria, citada por EFE, dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

El marco legal que sustenta los procedimientos se apoya en el Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008 y la Ley 27 de 1 de julio de 2016, normas que refuerzan el compromiso de Panamá con los acuerdos internacionales en materia de control aduanero y vigilancia del tránsito internacional de mercancías.

La combinación de operativos contra el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de productos demuestra, según una nota de prensa institucional, la prioridad que otorgan las autoridades panameñas a la seguridad fronteriza y a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

Las autoridades de Aduanas también informaron que el reciente decomiso de más de $34,000 y casi 35,000 euros a una pareja de nacionalidad coreana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha puesto en evidencia los controles aduaneros en Panamá.

Tras arribar en un vuelo desde Surinam, el matrimonio fue retenido cuando inspectores detectaron cantidades no declaradas de dinero ocultas en maletas, ropa, una mochila y una cartera.

Durante una revisión rutinaria con escáneres, los agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas identificaron imágenes irregulares en el equipaje, lo que llevó al hallazgo del efectivo oculto en distintos compartimentos.

La acción inmediata de los inspectores activó el protocolo que exige la notificación al Ministerio Público, entidad que ahora investiga tanto el origen como el destino de los fondos.

La pareja permanece bajo investigación y el caso sigue abierto.

El procedimiento incluyó la intervención de distintas unidades de la Autoridad Nacional de Aduanas, como la Oficina de Análisis de Riesgo y el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, que participaron de forma coordinada en el operativo.

Por otro lado, funcionarios de la subdirección técnica de la entidad tuvieron un intercambio con expositores durante la presentación de un proyecto orientado a la “Detección de Drogas Sintéticas”.

Según los especialistas invitados por la Organización Mundial de Aduanas, resulta imprescindible fortalecer la formación de los inspectores panameños, con el fin de identificar nuevas sustancias y analizar tendencias delictivas en evolución.

En la actividad, los expertos Anderson Siqueira y Froilan Blanco describieron cómo el tráfico de cannabis, opioides y cocaína mantiene alta demanda en la región.

Advirtieron sobre el crecimiento del uso de drogas sintéticas, que ahora aprovechan rutas logísticas ya establecidas, lo que representa una amenaza para la seguridad panameña.

Sus análisis incluyeron experiencias adquiridas en España, Brasil y otros países, además de observaciones sobre la relevancia de la aviación comercial, el correo postal y los equipos caninos en la detección de sustancias ilegales.

Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

Detectan cargamento mediante análisis de riesgo

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

El procedimiento forma parte de las acciones de inteligencia aduanera que se llevan a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina para detectar posibles inconsistencias en la documentación de los embarques y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención prioritaria.

La mercancía provenía de Bangkok, Tailandia, y fue identificada a su llegada a la Aduana del AICM. Tras la detección, los productos fueron asegurados y permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de cigarrillos de mayor volumen reportados recientemente en una operación de revisión aduanera en el principal aeropuerto de la capital mexicana.

Autoridades mantienen investigación sobre los cigarrillos

La ANAM informó que el cargamento permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales correspondientes.

La autoridad deberá determinar, entre otros aspectos, la situación jurídica de la mercancía y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso y traslado. Por el momento, los cigarrillos son considerados presuntamente apócrifos, por lo que corresponderá a las investigaciones establecer su naturaleza y procedencia ilícita.

Las autoridades federales destacaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar los controles en las cadenas logísticas internacionales y evitar que mercancías que incumplan con las disposiciones legales ingresen al mercado mexicano.

La coordinación entre la ANAM, Semar y SSPC también busca incrementar las capacidades de vigilancia mediante el uso de tecnología, inteligencia y sistemas de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos permiten focalizar las inspecciones y detectar posibles conductas ilícitas sin limitarse únicamente a revisiones físicas de las mercancías.

El operativo en el AICM se suma a las acciones federales destinadas a fortalecer el control de las fronteras y las aduanas del país, particularmente frente a mercancías que puedan ingresar mediante operaciones irregulares.

La ANAM, Marina y SSPC refrendaron su compromiso de mantener la colaboración institucional para fortalecer la seguridad nacional, combatir posibles actividades ilícitas y proteger la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Mientras concluyen las diligencias, los más de dos millones de cigarrillos permanecerán bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades en la documentación, importación o comercialización de la mercancía y, en su caso, quiénes serían los responsables.

En un operativo conjunto, la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público informó este martes que interceptó en el Puerto Multimodal Caucedo un cargamento con 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores ingresados de manera irregular, evitando una pérdida fiscal superior a RD$42.2 millones (aproximadamente USD 720,000).

El hallazgo se presentó como resultado de las acciones sistemáticas para combatir el comercio ilícito y proteger los recursos estatales, según informaron las autoridades. De acuerdo con información suministrada por la DGA, las mercancías fueron incautadas durante un procedimiento de control aduanero realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República Dominicana.

Los productos, que habían sido declarados con especificaciones distintas a lo que realmente contenía el contenedor, fueron detectados tras una inspección detallada. La entidad mencionó: “Donde hay control, el contrabando no tiene espacio. Como parte de las acciones de control aduanero, junto con el Ministerio Público, detectamos y detuvimos un cargamento de mercancías introducidas de manera irregular al país”.

Venancio Alcántara, director general de Migración, destacó el rol de la institución en la protección de los intereses del Estado al señalar que “los ingresos que recauda la aduana son para toda la sociedad. Son los que van a los hospitales, son los que van a las carreteras, son los que van a la educación”.

En esa misma línea, el funcionario explicó respecto al operativo: “En este hallazgo se han encontrado uno 961 televisores de distintas marcas y modelos. También 4.5 millones de unidades de cigarrillos que fueron declarados de forma distinta a lo que se encontró. Y en ese ámbito es que el Ministerio Público está haciendo las pesquisas pertinentes, como decíamos, en el ámbito de la ley”.

El reporte oficial indica que la incautación de esta mercancía irregular constituye un golpe relevante al contrabando de productos sujetos a altos tributos, como los cigarrillos, y al comercio de electrónicos sin la debida documentación.

De acuerdo con la DGA, la labor coordinada con el Ministerio Público permitió documentar las irregularidades y asegurar la cadena de custodia para el proceso judicial correspondiente.

Compromiso institucional para fortalecer los controles y combatir el comercio ilícito

La DGA reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles fronterizos para cerrar el paso al comercio ilícito y garantizar la sana competencia en el mercado local. La entidad ha intensificado las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, apoyándose en tecnología y en la cooperación interinstitucional para detectar patrones de fraude y evasión fiscal.

De acuerdo con la institución, la protección de los ingresos aduaneros es fundamental para financiar servicios públicos esenciales y mantener el equilibrio fiscal. “Desde Aduanas seguimos trabajando de manera firme y coordinada para fortalecer la vigilancia y el control, cerrar el paso al comercio ilícito y proteger los intereses del Estado dominicano”, concluyó la entidad en su comunicado.

La Procuraduría General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando. Las autoridades enfatizaron que estos procedimientos continuarán como parte de la política de cero tolerancia al fraude en las operaciones de comercio exterior.

Una inspección minuciosa de un furgón permitió a oficiales de la Policía de Fronteras descubrir uno de los mayores cargamentos de cigarrillos presuntamente contrabandeados decomisados este año en la Zona Sur de Costa Rica.

El operativo se realizó la noche del domingo en Kilómetro 35, distrito de Guaycará de Golfito, cuando los agentes revisaron un tráiler procedente de Paso Canoas, en la frontera con Panamá.

A simple vista, el contenedor parecía estar vacío. Sin embargo, los policías decidieron revisar detalladamente las paredes de la estructura y encontraron un compartimento oculto en el que estaban almacenadas 220 cajas con aproximadamente 2,200,000 cigarrillos.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento habría ingresado al país al margen de la legislación tributaria y sanitaria y su valor estimado en el mercado nacional podría superar los ₡220 millones (USD 440 mil).

La forma en que fue oculto el producto llamó la atención de los investigadores, debido a que los responsables habrían acondicionado una especie de doble pared dentro del contenedor para intentar evadir los controles policiales.

El hallazgo se produjo como parte de los operativos que desarrolla la Policía de Fronteras para combatir los delitos transfronterizos, entre ellos el ingreso y transporte irregular de mercancías.

Según la institución, este constituye el mayor decomiso de cigarrillos realizado por la Policía de Fronteras en la zona sur del país en lo que va de 2026.

El cargamento viajaba desde la frontera con Panamá

El tráiler había salido de Paso Canoas, uno de los principales puntos fronterizos entre Costa Rica y Panamá, y avanzaba hacia el interior del territorio nacional.

Los oficiales realizaron una inspección detallada del vehículo en el sector de Kilómetro 35, debido a las acciones de control que mantienen en las principales rutas utilizadas para el traslado de mercancías.

Aunque inicialmente el contenedor no mostraba señales evidentes de transportar productos, la revisión de las paredes permitió detectar irregularidades en su estructura.

El procedimiento permitió impedir que la mercancía continuara su recorrido y fuera distribuida en el mercado nacional.

Las autoridades indicaron que el cargamento quedó a disposición de la Policía de Control Fiscal, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes en este tipo de casos.

La investigación deberá determinar quiénes están detrás del traslado de la mercancía, cuál era su destino y las circunstancias en las que los cigarrillos ingresaron al territorio costarricense.

También decomisaron casi ₡10 millones (USD 25 mil) en licores

El operativo contra el contrabando no se limitó al cargamento de cigarrillos.

Durante las primeras horas del domingo, oficiales de la Policía de Fronteras interceptaron cuatro vehículos en el mismo puesto policial de Kilómetro 35.

Los automóviles también procedían de la frontera sur y transportaban un total de 5,337 unidades de diferentes tipos de licores.

Las bebidas alcohólicas no contaban, según las autoridades, con el debido pago de impuestos ni los registros sanitarios correspondientes para su comercialización en Costa Rica.

El valor estimado de este segundo cargamento asciende a aproximadamente ₡9,9 millones. (USD 25 mil)

Al igual que ocurrió con los cigarrillos, los productos fueron decomisados y quedaron bajo custodia de la Policía de Control Fiscal, siguiendo el procedimiento establecido para mercancías que ingresan o son transportadas de manera irregular.

En total, entre ambos procedimientos, las autoridades decomisaron mercancías cuyo valor estimado supera los ₡229 millones.

La mayor parte corresponde al cargamento de cigarrillos encontrado dentro del contenedor del tráiler.

Una modalidad utilizada para evadir controles

El uso de compartimentos ocultos para transportar mercancías recuerda las estrategias empleadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal para intentar burlar los controles policiales.

En este caso, los responsables aparentemente aprovecharon la estructura del contenedor para crear un espacio que permitiera esconder las cajas de cigarrillos y mantenerlas fuera de la vista durante los controles de carretera.

Sin embargo, la inspección realizada por los agentes permitió descubrir la modificación en las paredes y localizar la mercancía.

Para las autoridades, este tipo de controles resulta fundamental debido a que el contrabando no solo representa una afectación económica por el no pago de impuestos, sino que también puede involucrar productos que no cumplen con las regulaciones sanitarias exigidas para su comercialización.

El ingreso irregular de bebidas alcohólicas y productos de tabaco también afecta los canales formales de comercialización y puede generar pérdidas para el Estado por concepto de tributos.

Los operativos en la Zona Sur forman parte de las acciones permanentes de la Policía de Fronteras para controlar el tránsito de mercancías en las zonas limítrofes y las principales rutas utilizadas para trasladarlas.

Los productos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan los procedimientos administrativos y las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.

El hallazgo de 76 barras de oro sin declarar en el equipaje de tres ciudadanos venezolanos en tránsito que fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, constituye al parecer mucho más que un incidente aislado de contrabando puntual.

Esta modalidad se inscribe, de acuerdo con las autoridades de Migración, en un patrón emergente de utilización de la principal terminal aérea panameña como punto de tránsito de oro presuntamente ilegal y se conecta con una economía criminal transnacional basada en la minería ilegal y el lavado de activos en América Latina.

Las autoridades migratorias panameñas no solo detectaron la ausencia de documentación aduanera, licencias de exportación y certificados de propiedad del metal, sino que han señalado públicamente que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

Por ello, a los pasajeros extranjeros se les aplicó el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 para, de acuerdo con la normativa legal panameña, negarles el tránsito por el país y poder devolverlos a su lugar de origen.

Este caso se suma, además, a la interceptación de un ciudadano colombiano apenas días antes, que intentó transitar por Tocumen con más de 16 kilogramos de lingotes de oro sin declarar, lo que sugiere un posible cambio de escala y modalidad en el tráfico ilícito de metales preciosos en la región.

En esa oportunidad el Servicio Nacional de Migración indicó que el extranjero llegó a Panamá procedente de Cali, Colombia, y tenía como destino final Estambul, Turquía.

Según la información replicada por los medios, el incidente se produjo en el marco de una inspección a los equipajes de pasajeros en tránsito por parte de unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) que detectaron que las 76 barras de oro no habían sido declaradas ante la autoridad aduanera y que carecían de la documentación exigida para acreditar su origen lícito y la propiedad legal del metal.

La revisión de las maletas permitió identificar que el oro viajaba como parte del equipaje de los pasajeros y no como carga debidamente registrada, lo que en las autoridades incrementa la sospecha de que se trata de una operación de contrabando encubierta bajo apariencia de tránsito turístico o comercial.

La difusión inicial del caso se produjo a través de comunicados oficiales del Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la información recogida por agencias de prensa y replicada por medios venezolanos, las autoridades migratorias panameñas enfatizaron que el material incautado no contaba con declaración aduanera de origen y destino, ni con licencias de exportación vigentes, ni con documentos que acreditaran la propiedad del oro.

Estos elementos son considerados requisitos básicos en la normativa internacional para el transporte lícito de metales preciosos de alto valor.

El carácter de “caso en tránsito” es otro elemento significativo. Los reportes indican que los tres venezolanos no pretendían ingresar a Panamá como destino final, sino que se encontraban en tránsito internacional por Tocumen, en una ruta que no ha sido detallada públicamente.

Este tipo de situaciones es especialmente compleja desde el punto de vista jurídico y operativo, ya que coloca al país de tránsito en la posición de detectar y neutralizar ilícitos que pueden tener origen en un Estado diferente y estar destinados a un tercero, lo que exige mecanismos de cooperación internacional más allá del simple rechazo de tránsito.

En este caso concreto, las autoridades panameñas se limitaron a negar el tránsito y devolver a los pasajeros a su país de origen, aparentemente sin divulgar hasta ahora información sobre posibles solicitudes de cooperación judicial o policial con otros Estados.

María, docente jubilada, decidió invertir sus ahorros en un pequeño negocio de joyería con la esperanza de obtener ingresos extra para sobrellevar su retiro.

En enero de este año, adquirió mercancía pensando que sus clientes habituales, principalmente amigas y madres de sus exalumnos, continuarían comprando como antes. La realidad fue distinta.

En los últimos meses, María vio cómo sus ventas disminuyeron drásticamente ante la preferencia de los consumidores por productos importados desde China a precios considerablemente bajos, ofrecidos a través de aplicaciones de comercio electrónico.

A pesar de ofrecer rebajas, más de la mitad de su inventario quedó sin vender y terminó abandonando su emprendimiento.

La situación de María refleja el impacto que la llegada masiva de productos asiáticos genera sobre los pequeños y medianos negocios en El Salvador.

Este fenómeno no solo afecta a comerciantes individuales, sino que también preocupa a sectores industriales organizados. Jorge Arriaza, coordinador del Consejo Industrial y presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), advierte que la competencia desleal se ha intensificado durante los últimos meses en el país.

Arriaza identifica cuatro factores principales detrás de esta problemática. El primero corresponde al contrabando, que facilita la entrada de grandes volúmenes de mercancía procedente de Asia sin cumplir los requisitos legales ni fiscales.

Recientemente, la Fiscalía General de la República desarticuló una red dedicada al contrabando por varios millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del problema.

El dirigente industrial considera que las autoridades han iniciado acciones para contener esta situación, pero reconoce que el contrabando sigue afectando a toda la región centroamericana.

El segundo factor es la falsificación de marcas. Según Arriaza, existe una proliferación de productos falsificados que ingresan a Centroamérica y compiten de manera desigual con la industria local, principalmente en sectores como confección y accesorios.

Esta situación perjudica tanto a fabricantes como a comerciantes, quienes deben enfrentar la competencia de productos que imitan marcas reconocidas, pero que se venden a precios muy bajos.

El tercer aspecto señalado por el presidente de la ASI se relaciona con las prácticas laborales. Arriaza subraya que en varios países asiáticos no se respetan los estándares laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A esto se suma el riesgo de que productos ingresen al mercado salvadoreño habiendo sido fabricados bajo condiciones de trabajo infantil o forzado, lo cual contradice los compromisos asumidos por El Salvador en acuerdos internacionales, como el firmado con Estados Unidos.

Por último, la calidad de algunos productos importados también genera preocupación. Arriaza menciona que en el campo farmacéutico, por ejemplo, se han detectado mercancías que no cumplen con la normativa sanitaria nacional.

La Superintendencia Sanitaria realiza controles, aunque siempre existe margen para mejorar los mecanismos de verificación y protección al consumidor.

El caso de María ilustra cómo estos factores convergen en la vida diaria de quienes dependen del comercio local. Para muchos pequeños empresarios, competir contra productos de bajo costo y origen incierto se ha vuelto cada vez más difícil, afectando sus ingresos y su proyección de futuro.

El TLC con China, en pausa

El avance del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y El Salvador permanece en suspenso, según informó Jorge Arriaza desde la ASI.

Las negociaciones han quedado detenidas, sin que se produzcan avances significativos en los últimos meses. Para los sectores industriales salvadoreños, un acuerdo de esta naturaleza requeriría condiciones muy específicas y controles claros para evitar que los problemas actuales de competencia desleal se profundicen.

La coyuntura del comercio internacional, marcada por tensiones y desafíos globales, hace que cualquier acuerdo comercial deba contemplar cláusulas estrictas en materia de calidad, fiscalización y cumplimiento de normas laborales.

Mientras tanto, el intercambio comercial entre ambos países continúa, aunque sin el marco regulatorio que ofrecería un tratado formal. Las expectativas permanecen abiertas respecto a la evolución de este proceso y su posible impacto en la economía salvadoreña y en la relación bilateral con China.

El Ejército de Nicaragua informó este viernes la detención de 22 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona fronteriza con Costa Rica donde ambos países acaban de reforzar la coordinación de seguridad para frenar la extracción clandestina de oro, el contrabando y el traslado de insumos por la cuenca del río San Juan.

La captura se produjo en los sectores del puente Santa Fe y Boca de San Carlos, donde, según las Fuerzas Armadas, los retenidos trasladaban medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la reserva. Los detenidos y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.

El operativo se conoció después de la reunión celebrada el 28 de febrero entre Costa Rica y Nicaragua, en la que ambos gobiernos acordaron una mayor coordinación entre sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando del mineral en la frontera común.

Según las autoridades costarricenses, los mineros ilegales extraen oro en territorio de ese país, lo procesan y luego lo venden en Nicaragua. Por esa razón, San José ha pedido a Managua mayor vigilancia sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde identifica una ruta usada para el contrabando.

La extracción clandestina de oro opera con una cadena transfronteriza entre ambos países

La minería ilegal en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se concentra sobre todo en la extracción de oro en localidades costarricenses como Crucitas y el cerro Conchudita, muy cerca del río San Juan. La actividad funciona mediante redes que aprovechan diferencias de control e institucionales entre ambos países.

El esquema descrito incluye la extracción en suelo costarricense por parte de cientos de mineros artesanales e irregulares, muchos de ellos de origen nicaragüense que cruzan de forma continua la frontera. Gran parte del sedimento y del material en bruto es trasladado de manera ilegal a territorio nicaragüense para su procesamiento.

Allí operan plantas semiindustriales y otras instalaciones en fincas fronterizas, equipadas con piletas de lixiviación que permiten separar el oro con mayor eficiencia. A la vez, existe un flujo constante y bidireccional de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio desde Nicaragua hacia Costa Rica para la purificación del metal.

La detención de los 22 nicaragüenses responde de forma directa a ese circuito: fueron retenidos cuando transportaban medios destinados a faenas de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas protegidas más importantes de Nicaragua y una de las zonas bajo presión por la expansión de esta actividad en la franja limítrofe.

Costa Rica endureció penas y Nicaragua multiplicó los operativos en la reserva

El conflicto ya derivó en medidas legales y operativas en ambos lados de la frontera. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa tipificó la minería ilegal como delito de crimen organizado y elevó las penas de cárcel hasta 6 años y 10 años para quienes extraigan oro de forma irregular o destruyan áreas de conservación.

El Ejecutivo costarricense también impulsa un plan para reactivar la minería legal regulada en Las Crucitas. La propuesta parte del argumento de que la prohibición total vigente desde 2010 favoreció el descontrol y el crecimiento de redes ilegales.

En paralelo, las fuerzas de seguridad de ambos países avanzaron en acuerdos de coordinación para contener la actividad. Como resultado de ese refuerzo binacional, el Ejército de Nicaragua, realiza detenciones frecuentes de personas que portan insumos mineros dentro de la Reserva Indio Maíz.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cerca de 10 millones de cigarrillos ilícitos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras detectar una importación irregular en la que la carga, proveniente de un país asiático, fue declarada falsamente como vasos para beber.

La operación arrojó un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos decomisados como resultado de un trabajo coordinado entre las tres dependencias federales, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo y control aduanero.

Carga asiática declarada como vasos para beber

La alerta se activó a través de los mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La declaración aduanera señalaba que el embarque contenía vasos para beber, pero el perfil de la operación generó señales de alerta que derivaron en una revisión exhaustiva.

El análisis documental y la verificación de antecedentes comerciales permitieron a las autoridades identificar inconsistencias en la documentación presentada. La revisión de perfiles operativos fue determinante para confirmar que la mercancía no correspondía a lo declarado ante la aduana.

Una vez ejecutadas las medidas de control coordinadas entre las instancias de seguridad, la autoridad aduanera confirmó que los contenedores albergaban cigarrillos sin respaldo legal ni registro, es decir, mercancía apócrifa que circulaba bajo una identidad falsa en el sistema de comercio exterior.

Coordinación entre ANAM, Marina y SSPC

El aseguramiento fue posible gracias al trabajo conjunto de la ANAM con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dos integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. La intervención de estas dependencias se enmarca en el esquema de vigilancia permanente sobre los flujos de importación que presenten perfiles de riesgo.

La ANAM señaló que el análisis integral de la operación fortaleció las acciones de trazabilidad documental y validación de perfiles comerciales, elementos centrales de la modernización de los procesos de inspección aduanera.

Las tres dependencias subrayaron que operativos de este tipo no constituyen intervenciones aisladas, sino parte de acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero, según el comunicado oficial.

Compromiso institucional con el control aduanero

La ANAM, junto con las autoridades del Gabinete de Seguridad, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de inteligencia aduanera y la modernización de los procesos de inspección y control. El objetivo declarado es proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afecten al comercio exterior y a la economía del país.

El comunicado oficial destacó que el análisis de riesgo, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos fueron los mecanismos que permitieron fortalecer las acciones de control y vigilancia aduanera en este caso.

La operación en el puerto michoacano se suma a una serie de aseguramientos registrados en 2026 en distintos puntos de entrada al país. El 2 de agosto la misma combinación de dependencias decomisó 2 millones 880 mil cigarrillos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China y Corea, declarados también con documentación irregular.

Mercado negro de tabaco: uno de cada cuatro cigarrillos en México es ilegal

El decomiso en Lázaro Cárdenas se produce en un contexto de expansión del contrabando de tabaco. Según el informe Illicit Cigarette Consumption in Latin America and Canada de KPMG, en 2025 se consumieron en México 9 mil 190 millones de cigarros de origen ilícito, equivalentes al 23.3% del mercado total. La pérdida fiscal asociada se estima en USD 1,314 millones anuales.

Desde septiembre de 2025, la ANAM acumula aseguramientos por más de 156 toneladas de cigarros ilícitos solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en julio de 2026.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas que, al parecer, hacían parte de una organización transnacional dedicada al contrabando y al lavado de activos por $71.500 millones en Colombia. El caso avanza hacia el juicio, donde el reto clave será lograr sentencias condenatorias.

Las autoridades informaron sobre la captura de seis ciudadanos chinos y dos colombianos, señalados de integrar una presunta red criminal que operaba entre China y Bogotá. La Fiscalía especializada para el contrabando, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, lideró el operativo en el marco de la llamada Operación San Marcos.

Según información oficial del ente investigador, el procedimiento fue uno de los golpes más importantes contra el contrabando en los últimos años.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a los ocho procesados los delitos de facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Según el informe presentado, todos los investigados negaron los cargos, por lo que aclararon que el proceso continuará bajo las etapas ordinarias del sistema penal colombiano.

Alcance de la investigación: ‘modus operandi’ y cifras

De acuerdo con la investigación, la organización habría ingresado mercancía al país de manera irregular por un valor que supera los $9.100 millones. Las autoridades sostienen que la red empleaba siete sociedades comerciales para importar productos a través del puerto de Buenaventura, con destino final en la capital del país colombiano. La presunta estructura, además, habría lavado más de $71.500 millones utilizando esas empresas como fachada para legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.

El caso fue asumido por un grupo interinstitucional ante el carácter transnacional de la organización, subrayó la Fiscalía. De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, la coordinación entre diferentes agencias resultó clave para documentar los movimientos financieros y la ruta del contrabando.

Etapas judiciales y retos para la Fiscalía

Cabe aclarar que con la imputación de cargos concluyó la primera fase del proceso. A continuación, la Fiscalía deberá presentar y sustentar el material probatorio para demostrar tanto la existencia de la organización como la responsabilidad individual de cada uno de los procesados. El avance hacia una eventual condena requerirá la valoración de pruebas, la resolución de solicitudes de las partes y la práctica de nuevas evidencias en juicio.

La defensa de los investigados dispondrá de las garantías procesales previstas, incluyendo la presentación de sus propios elementos probatorios y la posibilidad de controvertir la tesis de la Fiscalía. La decisión final dependerá de la suficiencia de la evidencia recaudada, en línea con los parámetros del sistema judicial colombiano.

Contexto y relevancia del operativo

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación subrayó que la investigación y las capturas marcan solo el inicio de un proceso judicial complejo. Las autoridades recalcaron la importancia de la articulación institucional para atacar las redes de contrabando y lavado de activos con alcance internacional.

Es preciso mencionar que el impacto financiero de la operación, así como la dimensión transnacional de la red, llevan a las autoridades a considerar este caso como un referente en la lucha contra el crimen económico en Colombia. El proceso judicial determinará si la evidencia permite establecer la existencia de la organización y la responsabilidad penal de los procesados.

La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas y la coordinación con la Dian y la Dijín, mientras la justicia colombiana define los pasos siguientes en este proceso relevante para la lucha contra la criminalidad organizada.

Gracias a una denuncia anónima, Gendarmería logró impedir un intento de contrabando de heroína al interior de una cárcel en Chile. Dos sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, pues, además de esta droga muy rara en el país llevaban adosado a su cuerpo otros estupefacientes como pasta base, tramadol, ketamina y marihuana.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ex Penitenciaría, de la capital chilena, y según informó este martes el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, un día antes del hecho una persona hizo una advertencia anónima que permitió dar con los traficantes.

“Se activaron los controles con Gendarmería a raíz de la instrucción del fiscal y se detectó no sólo a quienes intentaban ingresar las drogas, sino también a quienes iban a recibirlas dentro de la cárcel”, señaló Guerrero, según consignó Emol.

En tanto Tania Mora, fiscal de Foco Penitenciario Occidente, detalló que los estupefacientes estaban destinados a reos de la Galería 11, una de las más peligrosas del recinto carcelario más grande del país.

“Se realizaron medidas de selección y control por escáner corporal, identificando a dos sujetos que llevaban, al interior de su cuerpo, distintos tipos de droga. Ambos fueron detenidos en flagrancia, formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva”, complementó.

Droga rara en Chile

Cabe señalar que la heroína -opioide que provoca depresión respiratoria, edema pulmonar, coma y la muerte por sobredosis-, es una droga extremadamente rara en Chile, pues de acuerdo a información del Instituto de Salud Pública (ISP), ha sido detectada en muy pocas ocasiones y no tiene uso médico en el país.

A pesar de ello, el ISP mantiene una alerta al respecto debido a su masivo uso en otros países como EEUU y su alto poder adictivo, aunque no tiene un valor de venta establecido en el mercado como otras drogas más comunes.

El precio de un gramo de heroína en los mercados internacionales varía significativamente según el país, la pureza y la cercanía a las rutas de producción, situándose en un promedio global de USD 87 por gramo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En Estados Unidos, su costo promedio oscila entre USD 300 y USD 390 por gramo; en Europa Occidental está entre 40 a 90 euros, mientras que en Nueva Zelanda y Australia, su precio se eleva por sobre los USD 500.

Finalmente, en países de África Oriental -como Kenia- o cercanos a los centros de cultivo en Asia y América Latina, el gramo se puede adquirir por tan solo USD 1.5 a USD 10.

Una pareja intentó cruzar a Uruguay en ferry con más de 52.000 dólares ocultos en su camioneta pero evitó el juicio oral mediante un acuerdo de reparación integral que derivó todo el dinero al Estado. Además, sumó una donación de poco más de u$s 10.000 que se repartirá entre cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando los dos acusados se presentaron en el punto aduanero de la terminal de ferry de Puerto Madero para embarcar en una Ford Ranger con destino a Colonia, Uruguay. Durante el control previo al embarque, los agentes hallaron una mochila con 250 billetes de cien dólares en la puerta trasera derecha del vehículo y otros 272 billetes del mismo importe en un compartimiento a la izquierda del volante. El total ascendía a u$s 52.200 que la pareja no había declarado ante la Aduana.

Evitar el juicio

La causa se inició por tentativa de contrabando. Cuando el expediente llegó a juicio oral, la defensa solicitó la aplicación de la reparación integral del daño, figura prevista en el artículo 59 del Código Penal que permite extinguir la acción penal a cambio de un ofrecimiento económico.

El mismo consistió en el abandono definitivo de la totalidad del dinero secuestrado a favor del Estado Nacional y la entrega adicional de 10.440 dólares —equivalente al 20% del monto incautado— distribuidos en partes iguales entre cuatro hospitales: Garrahan, Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Gutiérrez y el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Cada institución recibirá 2.610 dólares.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opuso al acuerdo con el argumento de que la reparación integral no resulta aplicable al delito de contrabando. La fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá consideró que la reparación integral se encuentra plenamente operativa, es aplicable a este delito, y que el ofrecimiento cumplió con la condición de integralidad con el abandono de la totalidad de las divisas y por la entrega adicional del 20% de las sumas secuestradas a entidades de bien público. Como aún falta reglamentación de la reparación integral, el dinero puede destinarse a lo que acuerden las partes siempre que se contribuya “a los intereses generales de la sociedad”.

El Tribunal Oral Penal Económico 3 avaló el acuerdo con la firma del juez Fernando Machado Pelloni. En su resolución, el magistrado señaló que “la propuesta formulada resulta razonable, proporcional y adecuada a las particularidades del caso, en tanto comprende el abandono definitivo de la totalidad de las divisas secuestradas a favor del Estado Nacional y un aporte económico —equivalente al 20% de dichas sumas— a cuatro entidades de bien público”, según la decisión a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre la oposición de ARCA, Machado Pelloni concluyó que “la posición de la damnificada debe ser considerada, pero no resulta vinculante para la decisión jurisdiccional”, dado que la titularidad de la acción penal pública recae en el Ministerio Público Fiscal, cuya conformidad sí resulta determinante. El dinero incautado quedó a disposición de ARCA-Dirección General de Aduanas (DGA) por su vinculación con el interés público comprometido en el control aduanero y por ser el organismo al que la ley encomienda esa función.

Qué es la reparación integral

La reparación integral del perjuicio es una causal de extinción de la acción penal incorporada al artículo 59 del Código Penal por la reforma de 2015. Permite que un imputado evite el juicio —y una eventual condena— si repara de forma plena el daño causado por el delito y el Ministerio Público Fiscal presta su conformidad.

A diferencia de una indemnización, la figura exige que el ofrecimiento sea proporcional y cubra la totalidad del perjuicio generado. En delitos que afectan bienes jurídicos individuales, eso suele traducirse en una compensación económica a la víctima directa. Cuando el bien jurídico es de naturaleza colectiva o supraindividual —como ocurre con el contrabando, que afecta el control aduanero del Estado—, los tribunales han admitido que la reparación se canalice hacia entidades de bien público.

La figura no requiere el consentimiento de la parte damnificada para prosperar: basta con que el fiscal acepte el acuerdo y el juez lo considere adecuado. Al carecer aún de reglamentación específica, el destino concreto de los fondos queda librado a lo que acuerden las partes, siempre que el tribunal verifique que la propuesta satisface el estándar de integralidad y beneficia los intereses generales de la sociedad.

La investigación por el robo de un patín eléctrico en Guadalajara terminó con el desmantelamiento de un presunto casino clandestino en la colonia San Juan de Dios: la Fiscalía de Jalisco detuvo a 14 personas y aseguró 33 máquinas tragamonedas, droga y vehículos en una finca que también operaba como punto de venta de narcóticos.

Los agentes de la Policía de Investigación siguieron la señal de geolocalización del vehículo robado hasta dar con el inmueble, donde encontraron mucho más que el objeto buscado.

Un patín eléctrico como hilo conductor

La secuencia comenzó con una denuncia ordinaria: el robo de un patín eléctrico en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

Los agentes utilizaron la geolocalización del vehículo para rastrear su paradero, una herramienta que los condujo directamente a la finca donde presuntamente operaba el casino.

Al llegar al inmueble, la Policía de Investigación no solo recuperó el patín: encontró instalaciones con decenas de máquinas de juego, sustancias ilícitas y personas en el lugar, lo que derivó en un cateo por parte de los agentes.

Lo que encontraron dentro de la finca

El operativo dejó al descubierto un volumen considerable de objetos asegurados. Dentro del inmueble, los agentes hallaron 33 máquinas tragamonedas, más de tres kilogramos de presunta marihuana y 24 pipas de cristal. También aseguraron una báscula electrónica, un arma de utilería, 22 cartuchos útiles, dos motocicletas y dos automóviles con diversas irregularidades.

La combinación de máquinas de juego con droga, instrumentos de pesaje y municiones llevó a las autoridades a catalogar el lugar no solo como un casino clandestino, sino también como un presunto punto de distribución de narcóticos.

La finca quedó bajo resguardo de la Fiscalía al concluir el cateo, mientras la dependencia inició las diligencias para determinar el alcance de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el inmueble.

14 detenidos con cargos diferenciados

Durante el operativo fueron arrestadas 14 personas que se encontraban en el lugar al momento del cateo. La Fiscalía de Jalisco las puso a disposición de las autoridades correspondientes con cargos distintos según la situación particular de cada una.

Seis de los detenidos enfrentan cargos por presunto comercio de narcóticos, la figura más grave de las imputadas. Otros seis quedaron bajo proceso por posesión simple, y los dos restantes por posesión con fines de comercio.

Las investigaciones no se dieron por concluidas con las detenciones. La Fiscalía informó que continúan las diligencias para determinar si los arrestados tienen responsabilidad en otros delitos, lo que podría ampliar los cargos en su contra.

La finca, bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco

El inmueble de la colonia San Juan de Dios permanece asegurado y bajo custodia de la FJ, que lo investiga en dos vertientes: como presunto casino clandestino y como posible punto de venta de estupefacientes.

La operación pone de relieve cómo “una denuncia de bajo perfil, el robo de un patín eléctrico, puede escalar hasta revelar estructuras delictivas de mayor envergadura”. En este caso, la geolocalización del objeto robado fue el recurso técnico que permitió a los investigadores llegar al inmueble.

33 máquinas tragamonedas, el centro del casino clandestino

El Artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe de forma expresa las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades fuera de establecimientos con permiso federal vigente. Desde noviembre de 2023, el gobierno federal dejó de emitir nuevos permisos y suspendió la renovación de los existentes, lo que convierte en ilegal la operación de este tipo de dispositivos en locales no autorizados.

En Jalisco, la facultad de inspección y vigilancia recae en los municipios. Durante 2025, las autoridades estatales aseguraron y destruyeron 605 máquinas tragamonedas en el área metropolitana de Guadalajara: 294 en el municipio capital, 127 en San Pedro Tlaquepaque, 102 en Zapopan, 62 en Tlajomulco de Zúñiga y 20 en Tonalá. En lo que va de 2026, al corte de enero, la cifra acumulaba 94 dispositivos retirados.

El patrón de operativos en la zona metropolitana no es nuevo. En marzo pasado, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisaría de Guadalajara había desmantelado otro local ilegal en la colonia Alcalde Barranquitas, donde se incautaron nueve máquinas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró 2 millones 880 mil cigarros ilícitos, equivalentes a 4 mil 31 kilos, según información compartida por las autoridades, que intentaban ingresar al país por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los embarques procedían de China y Corea, y fueron interceptados mediante inteligencia aduanera y equipos de revisión no intrusiva.

Parte de un operativo acumulado de más de 156 toneladas

Los aseguramientos se enmarcan en una estrategia de control fronterizo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han desarrollado durante 2025 y lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En ese periodo, las tres dependencias acumularon el decomiso de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con información oficial difundida por las instituciones. Los 4 mil 31 kilos referidos en el comunicado más reciente representan una fracción de ese total.

Revisión documental, rayos X e inteligencia: así se detectó el contrabando

La detección fue posible gracias a una combinación de herramientas: revisión documental, inspección mediante equipos de rayos X, es decir, tecnología de revisión no intrusiva, e inspección física de los bultos. A ello se sumó la gestión integral de riesgos e inteligencia aduanera, que permitió identificar patrones irregulares en los envíos.

Según la ANAM, los embarques tenían origen en China y Corea, y estaban destinados al territorio nacional. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión activaron los protocolos de inspección profunda que derivaron en los aseguramientos.

La actuación conjunta entre la ANAM, la Semar y la SSPC fue determinante para ejecutar los operativos en un entorno de alta rotación logística como el AICM.

Daño a la economía, la salud y la propiedad intelectual

El contrabando de cigarros no es un delito menor en términos de impacto social. Según las autoridades, este tipo de mercancía ilícita afecta la economía formal al evadir impuestos y aranceles, lo que representa una pérdida directa para la recaudación del Estado mexicano.

A eso se suman otros efectos: la violación de derechos de propiedad intelectual, la generación de competencia desleal frente a empresas legalmente establecidas y los riesgos para la salud pública. Al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad aún deben ser determinadas por las autoridades competentes, no existe garantía alguna sobre los ingredientes que contienen.

La ANAM subrayó que estos aseguramientos representan un golpe directo a los esquemas organizados de contrabando de tabaco que operan a través de rutas aéreas internacionales.

Procedimientos legales en curso

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras avanzan las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para determinar la situación jurídica de la mercancía decomisada.

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con la modernización de los procesos de inspección y control aduanero, así como con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aplicada al comercio exterior.

Blindaje aduanero como política de Estado

El operativo en el AICM se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las fronteras mexicanas frente al ingreso de mercancías de alto riesgo. La coordinación entre dependencias de seguridad y la agencia aduanera refleja un modelo de intervención interinstitucional orientado a proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

La ANAM destacó que los controles aplicados se apoyan en tecnología de última generación y en esquemas de inteligencia que permiten anticipar y neutralizar intentos de introducción de mercancías ilícitas antes de que alcancen el mercado interno.

Las actuaciones, informadas oficialmente por las autoridades, respondieron a controles fiscales y resoluciones administrativas para frenar maniobras irregulares en el ingreso de productos extranjeros en presunta infracción al Código Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la División Investigaciones y Operativa Regional, realizó un operativo conjunto con la DGI en un supermercado, donde detectó 271 botellas de bebidas alcohólicas de origen extranjero sin la documentación necesaria para acreditar su importación legal. Como resultado de la fiscalización, se dispuso la interdicción sin derecho a uso de esa mercadería, que incluía whiskies, gin, licores y vodka, valuada en 19.500.000 pesos. La presunta maniobra infringe la Ley N.º 22.415, es decir el Código Aduanero.

De manera separada, la División Aduana de Formosa, dependiente de la Dirección Regional Aduanera Noreste, ejecutó la destrucción de bebidas alcohólicas conforme a la Disposición Interna N.º 48/2026. El valor estimado de la mercadería destruida fue de 4.911.579 pesos, aunque no se detalló la cantidad de unidades ni la fecha exacta de la operación.

Ambos procedimientos se enmarcan en las acciones de control sobre mercaderías de origen extranjero y derivan en la inutilización de productos cuyo ingreso, circulación o comercialización no cumplía con la normativa vigente. La suma de los valores de ambos operativos supera los 24 millones de pesos.

El Código Aduanero establece el marco legal para la importación, exportación y control del tráfico de mercaderías, y distingue entre contrabando, contrabando menor e infracciones administrativas según los valores en plaza. En la actualidad, la Justicia Federal y la propia Aduana aplican mecanismos de actualización automática de los límites monetarios por inflación, en función del artículo 953 de la ley.

La distinción entre delito de contrabando e infracción aduanera depende no solo del valor de la mercadería, sino del modo en que se habría intentado eludir el control fiscal. Mientras el contrabando requiere una maniobra de ocultamiento o engaño para sortear la fiscalización aduanera, la simple carencia de documentación suele calificarse como infracción administrativa. Por eso, los casos en los que solo se verifica la ausencia de respaldo legal para la mercadería generalmente se resuelven a través de sumarios administrativos, con sanciones como decomiso y multa, sin intervención penal.

La Disposición Interna N.º 48/2026 funcionó como acto administrativo final para el sumario correspondiente en Formosa y fue la orden legal que autorizó la destrucción de las bebidas decomisadas.

Entre ambos procedimientos, la Aduana retiró e inutilizó bebidas alcohólicas por un valor superior a 24,4 millones de pesos, reforzando las acciones de control sobre productos extranjeros que no cumplían con los requisitos legales y administrativos para su ingreso o permanencia en el país.

La Disposición Interna N.º 48/2026 de la División Aduana de Formosa representó la resolución final del sumario administrativo iniciado a raíz del decomiso. Este acto formal dispuso la destrucción de las bebidas por no contar con certificaciones sanitarias exigidas para su comercialización y funcionó como respaldo legal para los agentes intervinientes, delimitando sus responsabilidades frente a la eliminación de bienes en infracción.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos especiales.

Las bombas se encontraban en una bodega situada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, dentro del condominio Las Maravillas, y se logró su detección tras una alerta ciudadana.

Según informó la Policía Nacional Civil, los dispositivos se encontraban en siete cajas metálicas que ingresaron al país como encomienda y estaban clasificadas como “repuestos de vehículos”.

No obstante, al efectuar la revisión se percataron que violaron la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas identificada como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S), lo que implica que corresponden a artículos explosivos para usos técnicos y profesionales.

Hallazgo y procedimientos

La División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) intervino en la inspección y después de localizar los artefactos, el área fue acordonada por los especialistas.

En el lugar se aplicaron los protocolos de seguridad para el resguardo y análisis de los explosivos y se verificó que cada caja y artefacto cumpliera con el tratamiento adecuado, en concordancia con la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino de los artículos incautados, según confirmaron fuentes oficiales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

¿Qué es el código UN0432?

El código UN0432 corresponde, bajo la normativa internacional, a los “artículos pirotécnicos para fines técnicos”. Estos dispositivos se utilizan en sectores industriales, aeronáuticos, automotrices y de rescate. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el código UN0432 designa productos como cortadores de cables por detonación controlada, iniciadores pirotécnicos para sistemas de extinción de incendios y dispositivos mecánicos generadores de gas empleados en la industria.

A diferencia de los fuegos artificiales de uso recreativo, los productos con el código UN0432 cumplen funciones técnicas y operativas en contextos especializados. La PNC indicó que estos insumos no presentan un riesgo de explosión masiva, ya que pertenecen a la División 1.4S (Clase 1 de Explosivos), donde cualquier detonación accidental se confina principalmente al interior del embalaje.

Riesgos y regulaciones internacionales

El comercio internacional de artículos peligrosos como los clasificados bajo el código UN0432 está regulado por acuerdos como el ADR (terrestre), el Código IMDG (marítimo) y las regulaciones de la IATA/OACI (aéreo). Para cumplir con estos estándares, los envíos deben contar con embalaje certificado, rotulado visible y declaración explícita en los manifiestos de carga.

El protocolo prohíbe estrictamente el uso de herramientas con chispa o el consumo de tabaco cerca de estos materiales durante su manipulación. Los especialistas de la DIDAE confirmaron que cada uno de los pasos del procedimiento fue ejecutado conforme a la normativa internacional vigente.

Investigación en curso

La Policía Nacional Civil mantiene la investigación para determinar si los explosivos tenían como destino el mercado nacional o internacional, por lo que coordinan con agencias internacionales para rastrear el posible origen de las cajas metálicas y establecer si existe vínculo con organizaciones dedicadas al tráfico de mercancías peligrosas.

También se buscará establecer a los responsables de la importación de los artefactos explosivos.

Las autoridades aduaneras han reforzado su vigilancia tras la identificación de 14,111 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $16 millones, según los resultados preliminares de la Operación Khaleesi 2.0.

El hallazgo incluye productos de nueve marcas distintas, varias de ellas sin los sellos ni las etiquetas requeridas, lo que ha generado preocupación por posibles irregularidades en los procesos de importación y comercialización.

Entre los elementos más llamativos, los inspectores señalaron que detectaron que parte de los cigarrillos presentaba signos de deterioro, situación que podría implicar un riesgo para la salud pública.

Las autoridades están evaluando el alcance de esta problemática para determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias legales para los involucrados.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, la mercancía permanece bajo custodia y control, sin que pueda ser comercializada hasta que se concluyan las investigaciones y se adopten las decisiones administrativas y legales correspondientes.

Mientras tanto, se ha ordenado la suspensión temporal de las operaciones de la empresa investigada, con el objetivo de preservar la integridad de las pruebas y evitar que el comercio legítimo se vea afectado.

Las diligencias han incluido la participación de los titulares de las marcas, quienes se han presentado como posibles afectados y han acompañado parte del proceso a través de la Dirección de Propiedad Intelectual, bajo el marco legal vigente.

La investigación, siempre según las autoridades de Aduanas, también abarca la detección de indicios compatibles con procesos de reempaque, lo que podría agravar la situación de los responsables en caso de confirmarse.

La magnitud del caso ha convertido a la Operación Khaleesi 2.0 en una de las investigaciones más relevantes para la autoridad aduanera, no solo por el valor económico de la mercancía, sino también por las implicaciones que tiene en materia de control aduanero, derechos de propiedad intelectual y protección al consumidor.

Las inspecciones recientes han permitido descubrir, además de cigarrillos, una cantidad significativa de licores y otros productos en situación irregular, cuyo valor se estima en más de $1,7 millones.

En otro operativo reciente, una denuncia anónima activó la intervención de inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y la Policía Nacional en un inmueble de Calidonia.

Allí se incautaron cigarrillos y derivados de tabaco valorados en $35 mil, mientras que una persona quedó aprehendida en el lugar.

La mercancía fue trasladada a las instalaciones de Aduanas para el inicio de las investigaciones y determinar si existe responsabilidad penal o administrativa.

El procedimiento, derivado de la llamada a la línea de denuncias de Aduanas, permitió asegurar la carga y avanzar en la identificación de posibles redes de contrabando de productos de tabaco en la región.

Los casos como este, se detalló, son atendidos bajo la normativa vigente y pueden derivar en sanciones administrativas si se comprueba la infracción aduanera.

Esta mercancía también está bajo investigación y, de confirmarse las irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones severas establecidas por la normativa aduanera vigente.

Las autoridades mantienen todas las acciones bajo estricta vigilancia mientras se avanza en los procesos legales, reiterando su compromiso con el resguardo de la salud pública y el comercio formal en el país.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, de la zona occidental, en diligencia de inspección de local en diferentes encomiendas de la provincia de Chiriquí también dieron con el hallazgo de gran cantidad de mercancías las cuales no cuentan con documentación.

Entre las mercancías retenidas están 100 cajas de fresas, enviadas presuntamente desde Costa Rica, que tenían como destino diferentes lugares de la ciudad; de igual manera, se retuvieron 63 camisetas de fútbol de una reconocida marca, presuntamente falsificadas, y también se efectuó el decomiso de 60 paquetes de suplementos y proteínas.

Los magistrados Matías Garcete Piris, Adriana Planas y Elsa García en su rol de presidenta componen el Tribunal especializado en delitos económicos de Paraguay que juzgó al ex senador Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel. Se los condenó por contrabando en grado de tentativa después de que en diciembre del 2024, ambos intentaron ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con USD 200 mil sin declarar.

“Estamos habituados a tratar causas complejas. Pero, de manera independiente al impacto público, nuestro deber es resolver conforme a la ley, a las pruebas y a las reglas de la sana crítica, y no desde el impacto mediático. Toda persona, tenga o no una condición particular, es decir, sea o no un legislador o persona pública, debe ser juzgada con las mismas garantías procesales. Eso fue lo que hicimos en este caso concreto”, dijo el magistrado Garcete Piris en diálogo con Infobae.

Luego, subrayó: “Se trató de una causa importante por sus particularidades técnicas y por la necesidad de reafirmar que la normativa de cada país debe ser respetada. Ese respeto al orden jurídico es esencial para mitigar riesgos y prevenir distintos hechos injustos que pueden afectar la confianza en las instituciones”.

Garcete Piris remarcó que el fallo en el caso Kueider “determina una posición positiva, porque demuestra que es posible resolver una causa compleja, con garantías. Más allá de hablar de un fallo ejemplar, diría que se trató de una respuesta institucional y nacional seria, fundada en la ley y en las pruebas”.

El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado anunció que apelará el fallo. “No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, consideró.

El proceso de convicción

El fallo del Tribunal fue unánime. La resolución que estableció la condena se dio a conocer poco después de que finalizara la última jornada del juicio el pasado 13 de julio.

“La convicción se fue construyendo durante las audiencias, a partir de las pruebas producidas. Una vez cerrado el juicio, realizamos una valoración integral conforme a las reglas de la sana crítica y concluimos, bajo una línea objetiva, que la conducta encuadraba en la tentativa de contrabando prevista en el artículo 336 del código aduanero, modificado por la Ley Nº 6.417/2019, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29, inciso 2, del código penal del Paraguay”, relató el magistrado.

Los jueces dedicaron un tramo extenso de su resolución a justificar por qué consideraron contrabando al tráfico de divisas. La defensa de Kueider y Guinsel cargó con fuerza sobre este punto. Sostenían que la legislación paraguaya reserva ese delito para las mercancías y que los billetes que se encontraron en la Chevrolet Trailblazer en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 no tenían esa característica.

La extensa justificación se debió a que no existe una jurisprudencia amplia sobre este tipo particular de actividades ilícitas. No porque no haya antecedentes, sino que lo habitual es que se resuelvan en juicios abreviados.

Garcete Piris remarcó que lo relevante de la causa Kueider es que se trató de “uno de los primeros casos de esta naturaleza que llegó a estadio de juicio oral y público”. La instancia judicial es “en la que se debate el fondo de la cuestión y se producen las pruebas”, detalló.

“Es que, en nuestro sistema existe previamente una etapa intermedia, donde pueden adoptarse distintas salidas procesales que eviten el juicio. Por eso, más que hablar de un camino jurisprudencial ya consolidado, diría que este caso adquiere importancia porque permitió discutir y fundamentar de manera expresa la figura de contrabando”, aseveró.

Luego, mencionó: “Paraguay, a partir de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), avanzó hacia una regulación más acorde con los estándares internacionales mediante la Ley Nº 6.417/2019. Esta normativa permitió precisar el tratamiento jurídico del traslado de dinero en efectivo sin declarar y brindó una base legal más clara para analizar este tipo de conductas”.

El GAFI es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales en la prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las últimas palabras

Los acusados eligieron no hablar durante las audiencias. El ex senador perdió entonces la oportunidad de dar ante el Tribunal su versión de lo ocurrido esa madrugada en el Puente de La Amistad. Kueider sostuvo en varias entrevistas que el relato de los agentes aduaneros de que habían encontrado todo el dinero en una mochila era falso. Pero nunca lo dijo en el juicio. Los jueces se quedaron, entonces, con lo que habían dicho los funcionarios.

“Tanto la Constitución de la República del Paraguay como el Código Procesal Penal reconocen la declaración como un derecho y una garantía de toda persona procesada. Por eso, guardar silencio no puede interpretarse en su contra ni utilizarse como indicio de culpabilidad”, expresó Gacete Piris.

“En el caso concreto —apuntó— entendimos que fue una decisión propia de la estrategia defensiva. El Tribunal —recalcó— formó su convicción exclusivamente a partir de las pruebas producidas en juicio y de aquellos elementos que corroboraron objetivamente los hechos acusados”.

Kueider eligió el espacio de las últimas palabras, ya con el debate cerrado, para sentar su posición sobre varios puntos del juicio.

“Las palabras finales previstas en nuestro código procesal penal no constituyen una declaración formal ni un medio de prueba. Son la oportunidad que tiene el acusado de formular una última petición al Tribunal antes de la deliberación”, aclaró el magistrado.

Por eso, el cuerpo “lo escuchó y consideró en su alcance correspondiente. Pero reitero: la decisión se sustentó en las pruebas producidas legalmente durante el juicio”, concluyó.

Matías Garcete Piris es abogado, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción. Además, se graduó como doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario–Argentina, y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay.

Es magíster en Ciencias Penales y en Derechos Humanos, especialista en Ciencias Penales y Docencia Superior. Forma parte de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario y trabaja como docente de la Escuela Judicial del Paraguay.

La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El equipo jurídico del señalado contrabandista acusó al jefe de Estado de incurrir en los delitos de injuria, calumnia y abuso de autoridad por omisión de denuncia, tras una serie de declaraciones públicas que, según argumentan, ponen en riesgo la integridad y el buen nombre de su cliente. La acción judicial fue radicada el 24 de julio de 2026, según información obtenida por Caracol Radio.

Señalamientos públicos y delitos imputados

La denuncia, presentada por el abogado Nelson Antonio Lopera, señala que Gustavo Petro habría formulado acusaciones directas contra Marín Buitrago en distintos escenarios, como la red social X, ruedas de prensa, consejos de ministros y entrevistas a medios de comunicación. La defensa sostiene que el mandatario sostuvo afirmaciones “sin el amparo de la presunción de inocencia”, vulnerando así derechos fundamentales de su representado.

De acuerdo con el documento citado por Caracol Radio, la denuncia solicita que se investigue al presidente por los presuntos delitos de injuria (artículo 220 del Código Penal), calumnia (artículo 221), circunstancias especiales de agravación de la pena (artículo 223) y abuso de autoridad por omisión de denuncia (artículo 417). Los abogados destacan que, si el mandatario colombiano tenía conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos, debía trasladarlos formalmente a las autoridades competentes.

La defensa enfatizó en el escrito que “las manifestaciones públicas del jefe de Estado habrían vulnerado el buen nombre y la presunción de inocencia de Diego Marín Buitrago”, y que algunas de esas afirmaciones estarían relacionadas con información de inteligencia protegida por reserva legal.

Uso de información de inteligencia y derecho de defensa

En la denuncia se advierte sobre el uso de información suministrada por organismos de inteligencia del Estado. Según el abogado de Marín Buitrago, su cliente se encuentra en una situación de indefensión frente a ese tipo de datos, ya que no ha tenido acceso para controvertirlos en un escenario judicial. El documento destaca que parte de las afirmaciones públicas del mandatario se habría basado en informes de inteligencia que forman parte de investigaciones penales sometidas a reserva.

La defensa argumenta que “el presidente realizó afirmaciones sin aportar pruebas suficientes, lo que afecta el buen nombre y la integridad del empresario”, según recoge Caracol Radio. Además, plantea que, de confirmarse que Petro tenía información sobre hechos constitutivos de delito, incumplió su deber legal de denuncia como servidor público.

Hasta el momento, Gustavo Petro no ha emitido ninguna declaración pública sobre la denuncia presentada por la defensa de alias Papá Pitufo. La acción judicial radicada ante la Comisión de Acusaciones implica que será esa instancia del Congreso la encargada de determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el presidente en ejercicio.

Contexto judicial de alias Papá Pitufo

La denuncia se conoce en un contexto judicial complejo para Diego Marín Buitrago. El señalado contrabandista enfrenta actualmente un proceso de extradición a Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara a Interpol la reactivación de la circular roja en su contra.

Marín Buitrago fue capturado en Portugal y ha promovido diferentes recursos legales para evitar su entrega a las autoridades colombianas, incluidos un hábeas corpus y una solicitud de asilo que fue negada y posteriormente apelada.

Las autoridades colombianas investigan a Marín Buitrago por presuntamente liderar una organización transnacional de contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría operado mediante empresas fachada, rutas ficticias de importación y sobornos a funcionarios públicos, principalmente para facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, textiles y calzado a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.

La investigación sostiene que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habrían omitido sus funciones de control, favoreciendo los intereses de la red comandada por Marín Buitrago.

El contrabando de cigarrillos provoca una pérdida anual de veinticinco millones de dólares en impuestos para El Salvador, según Alex Fernández, presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).

Esta cifra corresponde únicamente al sector tabacalero y refleja el peso del comercio ilícito sobre la recaudación fiscal.

Fernández explicó que el contrabando ha sido sancionado siempre por la ley aduanera y el código penal, aunque por años quedó relegado frente a delitos como la extorsión y el homicidio en épocas de mayor inseguridad.

Aclaró que no se trata de actividades aisladas: el contrabando está vinculado a estructuras de crimen organizado que también participan en narcotráfico y trata de personas.

El presidente de ADES señaló que el vendedor minorista es solo el último eslabón visible de una red mucho más compleja.

El caso de los cigarrillos ilustra bien el fenómeno. Según Fernández, las marcas ilegales se producen principalmente en China o Corea, pasan por Panamá y luego a zonas libres de Belice o Guatemala.

Desde allí ingresan clandestinamente a El Salvador, sobre todo a través de puntos fronterizos no habilitados. Destacó que la marca Modern logró posicionarse entre los consumidores al punto de ser solicitada por nombre.

Inicialmente, los contrabandistas introdujeron más de cien marcas para probar el mercado, pero Modern terminó dominando el segmento ilegal.

El impacto económico es contundente. Fernández detalló que en 2018, el cuarenta y tres por ciento de los cigarrillos consumidos en el país eran de contrabando. Tras la implementación del Plan Anticontrabando, esa cifra descendió al veinticuatro por ciento en 2025, aunque las pérdidas fiscales anuales por impuestos no percibidos siguen en torno a los veinticinco millones de dólares.

Impacto económico y social del contrabando

El presidente de ADES afirmó que la reducción del contrabando ha sido posible gracias a la acción coordinada de instituciones como Aduanas, la Policía, la Fiscalía, la Fuerza Armada y la División de Seguridad Fronteriza. A pesar de este avance, el contrabando continúa afectando los ingresos del Estado y la viabilidad de las empresas legales.

La diferencia de precios es notoria: una cajetilla de Modern cuesta un dólar, mientras que la legal más barata se vende a $2.40 y la más cara puede alcanzar los cuatro dólares. Fernández destacó que El Salvador es el segundo país con la base impositiva más alta sobre tabaco en la región, solo detrás de Panamá.

El contrabando también ha provocado la desaparición de rutas de distribución y la pérdida de empleos durante los periodos más críticos de inseguridad. Las estructuras criminales llegaron a impedir la entrada de distribuidores legales a ciertas zonas, controlando el comercio ilícito y afectando directamente la cadena de valor formal.

Otros productos de contrabando y falsificación

El problema no se limita al tabaco. Fernández identificó el alcohol como el segundo rubro más afectado. En este caso, el riesgo aumenta por la falsificación y adulteración: existen casos en los que se rellenan botellas vacías y se venden como originales, lo que representa un peligro para la salud.

Los medicamentos son otro foco de preocupación. Muchos productos no regulados ni aprobados ingresan al país, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios.

Además, Fernández enumeró otros productos comúnmente afectados por el contrabando: aves, ganado, quesos, aceites y artículos de primera necesidad.

El presidente de ADES señaló que existe una cultura del “más vivo”, donde algunos consumidores piensan que comprar productos de contrabando es una muestra de astucia, sin considerar los riesgos ni el daño a la economía formal.

Campaña y acciones de ADES contra el contrabando

Ante estos desafíos, Alex Fernández indicó que ADES está impulsando una campaña orientada a transformar, de manera gradual, la cultura de consumo y comercio en El Salvador.

El objetivo es favorecer la preferencia por productos legales y leales, resaltando que comprar legal contribuye a la calidad, la trazabilidad, el sostenimiento del empleo y la recaudación de impuestos para el desarrollo nacional.

Para avanzar en este cambio, la asociación promueve campañas en medios y capacitaciones que buscan informar a la población sobre los riesgos del contrabando y la relevancia de la competencia leal.

Fernández señaló que la concientización juega un papel fundamental: “Podemos implementar cientos de medidas para buscar disminuir el contrabando, pero si la conciencia no cambia, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos en medidas”.

Además de la comunicación pública, ADES participa en mesas técnicas junto a las autoridades, para abordar temas relacionados con la gestión de rutas y el seguimiento de la distribución.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.

Un operativo simultáneo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la Ruta Nacional 14 derivó en la interdicción de 306 encomiendas y 23 pallets con mercadería presuntamente ingresada en infracción, valuada en más de $500 millones. El procedimiento se desplegó de forma coordinada en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, con intervención de las Direcciones Regionales Aduaneras Hidrovía y Noreste.

El operativo abarcó el control de siete transportes de carga con origen en Clorinda, Posadas, Bernardo de Irigoyen e Iguazú. Tras el análisis de la documentación de cada vehículo, tres de los camiones fueron sometidos a controles no intrusivos mediante equipos de escaneo. Las imágenes obtenidas revelaron indicios compatibles con mercadería de los rubros perfumería, electrónica, indumentaria y cigarrillos electrónicos.

La totalidad de las encomiendas y pallets interdictos pertenecían a transportes de la empresa Vía Cargo con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mercadería permanecerá bajo custodia hasta que sea abierta, verificada y valuada para determinar con exactitud su cantidad y naturaleza, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

La intervención de la Justicia Federal amplió el alcance del procedimiento. A pedido de la Fiscalía interviniente, un juez federal ordenó el secuestro de uno de los vehículos inspeccionados y de los teléfonos celulares de sus choferes. Los conductores quedaron supeditados a la causa, aunque el comunicado oficial no precisó si fueron detenidos o simplemente imputados.

El operativo se enmarca en los controles que ARCA lleva adelante sobre los corredores viales del noreste del país, una región con alta actividad de tráfico de mercadería proveniente de zonas francas y pasos fronterizos con Paraguay y Brasil. La Ruta 14 conecta esos puntos de ingreso con el área metropolitana de Buenos Aires y es uno de los ejes de mayor volumen de carga del país.

Una inspección realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles resultó en la incautación de casi 100 libras de carne, frutas, plantas y un ejemplar de lagarto monitor de Bengala transportados en el equipaje de un vuelo procedente de Tailandia. El operativo, desarrollado en julio de 2026, puso de manifiesto los riesgos que representa la importación ilegal de productos biológicos y animales exóticos para la seguridad sanitaria y ambiental del país.

De acuerdo con la CBP, el hallazgo se produjo gracias a la intervención de la perra detectora Maisy, entrenada para identificar olores asociados a productos agrícolas y de origen animal. Tras alertar a los agentes sobre una maleta sospechosa, se inició una revisión durante la que se encontraron 50 libras de carne cruda, 33 libras de mangos, ajo, bambú, plantas de plátano y 16 libras de lagarto monitor de Bengala. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service) intervino para custodiar al reptil, en cumplimiento de los protocolos internacionales sobre especies protegidas, según informó la CBP en su página oficial de Facebook y reportaron medios estadounidenses como Fox News y FOX LA.

La introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y de fauna silvestre a territorio estadounidense está sujeta a una regulación estricta. Estas restricciones buscan prevenir la entrada de enfermedades, plagas y especies invasoras que puedan afectar la producción agrícola, la salud pública y los ecosistemas locales. La CBP y sus agencias asociadas realizan inspecciones sistemáticas en los puntos de ingreso internacional, apoyadas en unidades caninas, tecnologías de escaneo y coordinación interinstitucional.

¿Qué productos prohibidos fueron hallados en la maleta proveniente de Tailandia?

En el equipaje inspeccionado por la CBP Office of Field Operations se encontraron:

• 50 libras (22,7 kg) de carne cruda, incluidas distintas variedades de embutidos y productos cárnicos.
• 33 libras (15 kg) de mangos, además de ajo, brotes de bambú y plantas de plátano.
• 16 libras (7,2 kg) de lagarto monitor de Bengala, una especie cuya importación está regulada y que se encuentra bajo protección internacional.

El operativo fue documentado por la CBP en sus redes sociales, donde se destaca la labor de la perra detectora Maisy: “Si encontraras todo esto en una maleta, ¿no estarías igual de feliz? La unidad canina Maisy de CBP en Los Ángeles alertó sobre una bolsa proveniente de Tailandia con 22,7 kilos de carne (incluida carne cruda), 15 kilos de mangos, ajo, bambú y plantas de plátano. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos se hizo cargo de 7,2 kilos de lagarto monitor de Bengala”, publicó la agencia.

El U.S. Fish and Wildlife Service tomó el control del lagarto monitor, siguiendo las normativas de protección de especies y el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Los productos cárnicos y vegetales, considerados de alto riesgo sanitario, fueron destruidos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

¿Por qué las autoridades estadounidenses prohíben la entrada de carne, frutas y especies exóticas?

La importación de productos de origen animal y vegetal sin autorización puede introducir enfermedades, plagas y especies invasoras que amenazan la salud pública y la producción agrícola nacional. Según la CBP, carnes crudas y embutidos pueden portar virus o bacterias causantes de enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana o la influenza aviar. Las frutas y plantas pueden transportar insectos, hongos o parásitos que afectan cultivos locales.

La presencia de animales exóticos, como el lagarto monitor de Bengala, representa riesgos tanto para la fauna autóctona como para el equilibrio ecológico. El comercio y traslado de estas especies está regulado por leyes federales y acuerdos internacionales. El U.S. Fish and Wildlife Service supervisa el cumplimiento de la legislación sobre especies protegidas y coordina la disposición de los ejemplares decomisados.

¿Cómo se realizan los controles de equipaje internacional en Estados Unidos?

La CBP implementa controles exhaustivos en todos los puertos de entrada internacional, incluidos aeropuertos y cruces fronterizos. Las inspecciones involucran tecnología de escaneo, revisión manual y unidades caninas especializadas. Los perros como Maisy están entrenados para identificar olores asociados a productos prohibidos, lo que permite detectar mercancía oculta en equipajes o cargas.

Cuando una unidad canina alerta sobre un equipaje, los agentes de la CBP proceden a su apertura y revisión. Si detectan productos biológicos, animales o vegetales no declarados, la agencia coordina con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el U.S. Fish and Wildlife Service para su manejo y disposición. Los productos confiscados pueden ser destruidos, decomisados o, en el caso de especies vivas, puestos bajo la tutela de organismos especializados.

¿Qué sanciones pueden enfrentar quienes intentan ingresar productos prohibidos a Estados Unidos?

Según la legislación estadounidense, la introducción no autorizada de productos de origen animal, vegetal y especies protegidas puede conllevar sanciones administrativas y penales. Las multas pueden superar los 10.000 dólares, según la naturaleza y cantidad de los productos. En casos graves, los responsables pueden enfrentar procesos judiciales o la prohibición de ingreso al país.

La CBP advierte que ocultar o no declarar mercancía biológica al ingresar a Estados Unidos constituye una infracción federal. La agencia señala que estas medidas son necesarias para proteger la agricultura, la salud pública y la biodiversidad nacional. En el caso reportado en Los Ángeles, las autoridades no revelaron la identidad de la persona propietaria del equipaje ni especificaron las sanciones aplicadas, según la información recabada por FOX LA.

¿Qué dice la legislación estadounidense sobre la importación de productos agrícolas y animales?

La CBP y el USDA aplican regulaciones estrictas sobre la importación de productos agrícolas, cárnicos y animales exóticos. Estas normas buscan evitar la introducción de enfermedades y plagas que puedan afectar la producción agrícola y ganadera. El marco legal incluye la Ley Federal de Protección de Plantas y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, además de la aplicación de tratados internacionales como la CITES.

Las restricciones varían según el producto, el país de origen y el riesgo sanitario o ambiental asociado. La CBP mantiene información actualizada sobre productos cuyo ingreso está prohibido o regulado, accesible para viajeros y empresas en sus canales institucionales. Los viajeros tienen la obligación de declarar cualquier producto de origen animal, vegetal o vida silvestre al ingresar al país.

¿Qué deben saber los viajeros antes de ingresar a Estados Unidos con productos de origen animal o vegetal?

Los viajeros que planean ingresar a Estados Unidos deben informarse sobre las restricciones existentes para productos de origen animal, vegetal y vida silvestre. La CBP recomienda consultar sus listas de productos prohibidos y regulados, así como declarar cualquier mercancía de este tipo en los formularios de ingreso. El incumplimiento puede resultar en la confiscación de los productos, multas e incluso en la apertura de investigaciones legales.

En el caso documentado en el aeropuerto de Los Ángeles, la CBP reiteró la importancia de la detección temprana de productos prohibidos para evitar la entrada de enfermedades y especies invasoras. “La detección temprana de productos prohibidos es fundamental para prevenir el ingreso de enfermedades y especies invasoras que podrían tener consecuencias graves para la agricultura y la salud en Estados Unidos”, detalló la agencia.

¿Cuál es el impacto de estos controles para la seguridad sanitaria y ambiental en Estados Unidos?

El decomiso de casi 100 libras de productos prohibidos evidencia la efectividad de los controles implementados por la CBP y sus agencias asociadas. Estos procedimientos han permitido evitar la entrada de agentes patógenos, plagas y especies invasoras que representan riesgos para la producción de alimentos, la salud pública y la biodiversidad local.

Según datos de la CBP, cada año se decomisan miles de productos biológicos en los puntos de ingreso internacional, lo que contribuye a mantener la sanidad agropecuaria y la protección del medio ambiente en Estados Unidos. El organismo mantiene una política de cero tolerancia ante la importación ilegal de mercancía biológica.

El Gobierno de Costa Rica presentó una estrategia integral compuesta por 24 acciones de corto, mediano y largo plazo con las que pretende fortalecer la recaudación tributaria, combatir el contrabando, reducir la evasión fiscal y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, todo ello sin aumentar impuestos ni crear nuevos tributos.

Laura Fernández, el exministro de Hacienda y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, defendieron la situación económica que recibió la actual administración y aseguraron que los resultados alcanzados en materia fiscal permiten impulsar ahora una nueva etapa enfocada en cobrar correctamente los impuestos existentes.

Como parte de la exposición, el Gobierno utilizó la metáfora de una “casa” para describir la condición financiera del país en mayo de 2022. Según las autoridades, Costa Rica enfrentaba una deuda equivalente al 67% del Producto Interno Bruto (PIB), un desempleo del 13.6%, una inflación del 8.71% y una baja calificación de riesgo internacional que limitaba el acceso al financiamiento.

El Ejecutivo sostuvo que esos indicadores han mejorado durante los últimos cuatro años. De acuerdo con los datos presentados, la deuda pública se redujo al 60.5% del PIB, el desempleo cayó al 6.7%, la inflación se ubicó por debajo del 1% y las reservas monetarias internacionales pasaron de 6,197 millones de dólares a más de 20,704 millones de dólares.

La presidenta afirmó que esos resultados permitieron fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, aunque advirtió que mantener esa tendencia requiere nuevas reformas para impedir que la deuda vuelva a crecer en los próximos años.

Uno de los principales de Fernández fue que el Gobierno descarta promover nuevos impuestos y, en cambio, apuesta por mejorar la capacidad del Estado para cobrar los existentes.

“Costa Rica no necesita más impuestos. Lo que necesita es que los vivazos paguen lo que les corresponde”, señaló la mandataria durante la presentación.

Entre los ejemplos expuestos, Hacienda indicó que detectó un vehículo Toyota Land Cruiser modelo 2025 cuyo valor fue declarado en apenas 20,000 dólares, cuando su precio real rondaba los 140,000 dólares, situación que habría generado una evasión cercana a 26 millones de colones (USD 55 mil) en impuestos.

También se mencionó el caso de un Ferrari cuyo valor habría sido subdeclarado, lo que representó una diferencia tributaria superior a los 67 millones de colones (USD 135 mil)

Las autoridades señalaron además que continúan identificando organizaciones dedicadas a comercializar facturas electrónicas falsas, utilizadas por empresas para disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

Según Hacienda, uno de los expedientes detectados involucró una reducción indebida de más de 41 millones de colones mediante este mecanismo.

Para enfrentar esta modalidad, el Gobierno anunció un proyecto de ley que permitiría suspender administrativamente la emisión de facturas electrónicas a empresas que se determine venden comprobantes falsos, incluso antes de que concluyan largos procesos judiciales.

El viceministro Víctor Julio Carvajal informó además que este miércoles se presentarán las primeras diez denuncias penales contra contribuyentes vinculados al uso de facturación falsa.

Añadió que actualmente existen más de 400 investigaciones abiertas, que abarcan desde pequeños negocios hasta grandes empresas.

Otro de los puntos abordados fue la información que circuló en redes sociales sobre supuestos impuestos al Sinpe Móvil.

El Gobierno negó que exista una iniciativa para gravar las transferencias personales entre ciudadanos y aseguró que la intención es identificar negocios que reciben pagos mediante esa plataforma, cobran el impuesto correspondiente al consumidor, pero luego omiten declarar parte de esos ingresos ante Tributación.

Como ejemplo, Hacienda expuso el caso de un comercio que recibió más de 24 millones de colones (USD 50 mil) mediante Sinpe Móvil, pero ocultó alrededor de 8 millones (USD 18 MIL) en ventas y nunca emitió facturas electrónicas por esos montos.

La estrategia también contempla modificaciones para agilizar el cobro de obligaciones tributarias pendientes.

Según Carvajal, actualmente existen más de 400,000 millones de colones (USD 89.4 millones) en procesos de cobro judicial que permanecen sin recuperarse debido a la lentitud de los tribunales.

El Ejecutivo pretende impulsar reformas legales que permitan a la Administración Tributaria ejecutar los cobros una vez agotadas las etapas administrativas, reduciendo los tiempos de recuperación de esos recursos.

En materia aduanera, el viceministro aseguró que el 80% de las infracciones actualmente no reciben sanción, por lo que se impulsarán cambios legales para fortalecer los controles sobre mercancías en tránsito, mejorar la trazabilidad de las importaciones y endurecer las sanciones contra evasores y contrabandistas.

El paquete también incorpora medidas de contención del gasto público.

El Gobierno anunció que solicitará a todas las instituciones estatales realizar un ahorro del 5% en sus presupuestos para el 2027 y reiteró que buscará un uso más eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, adelantó un proyecto para revisar el régimen de exoneraciones fiscales y establecer un marco de sanciones para quienes hagan un uso indebido de estos beneficios.

Durante la conferencia semanal del gobierno también hubo fuertes críticas hacia la oposición política y al Poder Judicial. Rodrigo Chaves cuestionó la actuación de diputados de la administración anterior y de algunos magistrados, mientras defendió que las reformas buscan proteger las finanzas públicas y evitar que la carga de la deuda recaiga sobre las futuras generaciones.

El Gobierno insistió en que el propósito de las iniciativas no es aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos cumplidores, sino cerrar espacios a la evasión, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar que los recursos públicos puedan destinarse a infraestructura, seguridad, salud y educación.

La fiscalización de insumos químicos ocupa un lugar central dentro de las acciones del Estado para combatir actividades ilícitas vinculadas con la extracción ilegal de minerales. Entre esos productos, el mercurio figura como uno de los materiales de mayor preocupación debido a su uso frecuente en procesos informales de obtención de oro y por los riesgos que representa para la salud y el ambiente.

Las autoridades aduaneras mantienen mecanismos de vigilancia sobre las operaciones de importación con el objetivo de identificar mercancías que presenten inconsistencias documentarias o características consideradas de riesgo. Estos procedimientos incluyen labores de inteligencia, análisis de trazabilidad e inspecciones físicas antes del proceso de nacionalización de la carga.

En ese contexto, una reciente intervención permitió descubrir un cargamento que no coincidía con la mercancía declarada. La operación movilizó a especialistas de distintas entidades y evitó el ingreso de una importante cantidad de un insumo químico cuyo desvío suele relacionarse con economías ilegales.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la intervención también forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los controles sobre sustancias fiscalizadas, en paralelo con nuevas disposiciones orientadas a reforzar la supervisión de estos productos en el país.

SUNAT detectó mercurio oculto en un cargamento declarado como baterías

La SUNAT incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizadas en más de cuatro millones de dólares tras identificar un presunto caso de ocultamiento de mercancía durante un procedimiento de control aduanero.

Según la entidad, el producto químico se encontraba dentro de baterías para vehículos que formaban parte de un cargamento procedente de un puerto de Centroamérica. Los dos contenedores figuraban consignados a una empresa importadora registrada en el Perú.

La detección fue posible luego del trabajo de inteligencia aduanera y de la aplicación de técnicas de gestión de riesgo utilizadas por la institución para revisar operaciones que presentan características similares a otros casos investigados. Ese análisis permitió activar un seguimiento de trazabilidad antes del proceso de nacionalización de la carga y generar alertas sobre los contenedores inspeccionados.

Frente a esos indicios, la SUNAT programó una acción de control extraordinario en el terminal portuario con participación de especialistas del área de Insumos Químicos. Durante la inspección física, el personal identificó la presencia de mercurio líquido dentro de las baterías, situación que motivó la incautación inmediata del cargamento.

La operación recibió el respaldo de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Callao y de la Policía de Delitos Ambientales, instituciones que participaron en las diligencias desarrolladas durante la intervención.

La SUNAT indicó que continuará con acciones de verificación y prevención para detectar mercancías ilegales que intenten ingresar al territorio nacional mediante distintas modalidades de contrabando. Los controles comprenden rutas terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, dentro de las estrategias dirigidas contra el comercio informal, el narcotráfico y la minería ilegal.

El caso también refleja el uso de métodos de ocultamiento destinados a evadir los controles aduaneros. La modalidad conocida como “gato por liebre” consiste en declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los contenedores, con el propósito de superar las revisiones documentarias.

Riesgos asociados al uso ilegal del mercurio

El mercurio constituye uno de los principales insumos utilizados en la extracción de oro mediante el proceso de amalgamación, práctica frecuente en operaciones mineras fuera del marco legal.

Su utilización sin controles favorece la liberación del metal al aire, al agua y al suelo. Además, el mercurio puede acumularse en organismos vivos e incorporarse a la cadena alimentaria, situación que representa un riesgo para poblaciones cuya alimentación depende de recursos provenientes de ríos y actividades pesqueras.

Especialistas también advierten que la exposición directa al mercurio puede alterar el sistema nervioso, provocar fallas motoras y afectar el desarrollo fetal. Estas preocupaciones motivaron acuerdos internacionales como el Convenio de Minamata, orientado a reducir el uso de este insumo químico.

De acuerdo con la información difundida, la incautación realizada en el Callao evita que ese cargamento llegue a zonas donde el mercurio suele utilizarse sin protocolos de seguridad.

El gobierno de Tailandia implementó nuevas sanciones que contemplan hasta 10 años de prisión y multas de 500.000 baht (unos 15.000 dólares estadounidenses) para quienes intenten ingresar o sacar productos de cannabis a través de los aeropuertos del país sin autorización. Esta norma, vigente desde junio de 2026, afecta a turistas internacionales, residentes y ciudadanos tailandeses, según fuentes oficiales consultadas por Fox News y la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. Las embajadas de varios países advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos legales y recomiendan revisar la legislación local antes de viajar.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, la nueva política responde a un refuerzo de los controles aduaneros tras el aumento de intentos de contrabando y tráfico de cannabis en vuelos internacionales. Las penas incluyen privación de libertad y sanciones económicas significativas, sin excepción por cantidades pequeñas o uso personal. Fox News y medios tailandeses reportan que la normativa prohíbe expresamente el traslado internacional de cannabis sin permisos oficiales, incluso si el producto es legal en el país de origen del viajero.

El endurecimiento de la ley tailandesa se produce tras la despenalización de la posesión de cannabis para consumo interno en 2022. Las autoridades locales justifican la medida por el incremento de incautaciones y el desvío de productos derivados hacia otros mercados, según comunicados del gobierno de Tailandia.

¿Qué consecuencias legales enfrenta un turista que transporta cannabis en Tailandia?

Las consecuencias legales para quienes transportan cannabis en los aeropuertos de Tailandia son claras: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 500.000 baht, equivalentes a aproximadamente 15.000 dólares estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en Tailandia advierte que la normativa se aplica sin distinción a residentes, extranjeros, turistas y pasajeros en tránsito. El decomiso inmediato del producto y la apertura de un proceso penal son las acciones iniciales ante la detección de cannabis en el equipaje, de acuerdo con el Departamento de Aduanas de Tailandia.

Según declaraciones recogidas por Fox News, “el hecho de portar cannabis, aunque sea en cantidades mínimas o con prescripción médica, no exime de responsabilidad penal en Tailandia”. Los controles en los principales aeropuertos internacionales incluyen inspecciones con rayos X, perros adiestrados y cooperación entre policías migratorias y organismos de aduanas. Las autoridades tailandesas han incrementado la vigilancia en respuesta a recientes incautaciones en otros países de la región, como Hong Kong e Indonesia.

¿Por qué Tailandia endureció las leyes sobre el cannabis en fronteras?

El endurecimiento de la legislación sobre cannabis en las fronteras de Tailandia responde a dos factores principales: el aumento del tráfico internacional y la necesidad de alinearse con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de control de estupefacientes. Según información oficial, las incautaciones de cannabis en aeropuertos se multiplicaron tras la despenalización interna de la planta en 2022. El Ministerio de Salud Pública de Tailandia, citado por The Diplomat, destaca que la normativa busca evitar que los productos legales en Tailandia terminen en países donde el cannabis sigue siendo ilegal o está sujeto a controles estrictos.

Las autoridades tailandesas subrayan que, aunque el consumo y la posesión de cannabis para uso personal son legales en el país desde 2022, la exportación y la importación de cualquier derivado siguen prohibidas sin autorización expresa. “El hecho de que la posesión se haya despenalizado no significa que su traslado a través de fronteras esté permitido”, advierte la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. El gobierno tailandés ha reforzado los controles y endurecido las penas tras varios incidentes en los que grandes cantidades de cannabis fueron incautadas en vuelos internacionales.

¿Qué diferencias existen entre la ley tailandesa y la de otros países respecto al cannabis?

La principal diferencia entre la ley tailandesa y la de otros países radica en la severidad de las penas y la aplicación estricta en los controles de frontera. Mientras que en países como Estados Unidos o Canadá la posesión de cannabis puede estar permitida en ciertos estados o bajo prescripción médica, en Tailandia cualquier intento de cruzar la frontera con productos derivados, aunque sean legales en el país de origen, constituye un delito penal.

Según Fox News, “cuando se viaja a otra jurisdicción, se está sujeto a sus leyes”. El caso de la deportista estadounidense Brittney Griner en Rusia, quien fue detenida por portar aceite de cannabis, es citado como ejemplo de la aplicación estricta de las normativas antidrogas fuera de Estados Unidos. Las embajadas de países occidentales, como Estados Unidos, Australia y varios de la Unión Europea, han reiterado que la legalidad en el país de residencia no tiene validez en el destino y recomiendan consultar la legislación local antes de viajar.

¿Qué productos de cannabis están prohibidos en Tailandia y cuáles son las excepciones?

En Tailandia, están prohibidos todos los productos de cannabis que se trasladen a través de las fronteras, incluyendo flores, aceites, comestibles, extractos y medicamentos, salvo que se cuente con un permiso oficial específico. Las excepciones son mínimas y solo aplican para importadores o exportadores autorizados por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Aduanas del país.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, “la falta de dicho permiso puede derivar en una condena de hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 500.000 baht”. El transporte de semillas y plantas también está prohibido sin licencia. Las autoridades recomiendan no llevar ningún producto de cannabis, aunque esté recetado para uso medicinal, ya que las leyes tailandesas no reconocen las recetas extranjeras.

¿Qué recomendaciones hacen las embajadas y organismos internacionales?

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea han intensificado las advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de portar cannabis al viajar a Tailandia. Las recomendaciones incluyen:

• Revisar a fondo el equipaje antes de viajar para asegurarse de no transportar productos de cannabis, ni siquiera por accidente.
• Consultar la legislación tailandesa en fuentes oficiales, como la página web de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia y el Ministerio de Salud Pública.
• No confiar en la validez de recetas médicas emitidas en otros países.
• No portar productos de cannabis, aunque sean para uso personal, terapéutico o recreativo.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos recuerda que, aunque la posesión de cannabis medicinal puede estar permitida en vuelos internos bajo ciertas condiciones, cualquier cruce de fronteras internacionales implica la aplicación de las leyes del país de destino, según reportó Fox News.

¿Qué deben saber los viajeros antes de volar a Tailandia o hacer escala en el país?

Los viajeros que planean visitar Tailandia o hacer escala en sus aeropuertos deben informarse sobre la normativa vigente. Es fundamental vaciar mochilas, bolsos y maletas de cualquier producto de cannabis, incluidos comestibles, aceites, flores, semillas y medicamentos. Las autoridades de Tailandia y la Embajada de Estados Unidos subrayan que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad penal.

En caso de detención por portar cannabis, el proceso penal incluye la detención provisional, el decomiso inmediato del producto y el inicio de una investigación judicial. Las penas se aplican incluso si la cantidad es pequeña o si el viajero no tenía intención de infringir la ley, según medios tailandeses.

¿Qué impacto tiene esta normativa para turistas, residentes extranjeros y tailandeses?

La entrada en vigor de la nueva normativa impacta de manera directa en turistas internacionales, residentes extranjeros y ciudadanos tailandeses que viajan fuera del país. La medida busca desalentar el tráfico y el contrabando, reforzando la imagen de Tailandia como un destino con regulación estricta en materia de drogas. Las autoridades prevén mantener los controles en aeropuertos y aumentar la cooperación internacional con organismos de seguridad y aduanas.

El endurecimiento de la legislación tailandesa sobre el cannabis en aeropuertos se mantendrá vigente y será objeto de revisiones periódicas para adaptarse a la evolución de los flujos turísticos y a las demandas de la comunidad internacional, según comunicados del Ministerio de Salud Pública y de la Embajada de Estados Unidos en el país.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en USD 60 millones, un caso que, según informó la agencia EFE, expone un nuevo esquema presuntamente usado por redes ligadas al comercio ilícito en el principal enclave comercial del país.

La carga fue detectada en la Zona Libre de Colón, la mayor del continente americano y ubicada en la costa caribeña panameña. En 2025, ese recinto registró un movimiento comercial de más de USD 25.000 millones, casi USD 2.000 millones por encima del año anterior, de acuerdo con declaraciones de su gerente general, Luisa Napolitano.

La retención alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

El operativo fue ejecutado por la Unidad Sensitiva de Aduanas y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con respaldo de la administración del recinto. El comunicado oficial indicó que esa actuación permitió detectar una gran cantidad de cigarrillos y un contenedor completamente cargado que estaba por salir del local.

La investigación apunta a contrabando, propiedad intelectual y riesgos sanitarios

La ANA sostuvo que hay una posible comisión de delitos de contrabando y de violación de normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual. También señaló “signos evidentes de deterioro para el consumo humano”, una situación que será puesta en conocimiento del Ministerio de Salud para las evaluaciones correspondientes.

La continuidad de la investigación quedará en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades. El comunicado añadió que las acciones forman parte de una investigación de inteligencia desarrollada durante meses por la autoridad aduanera.

Según la información oficial citada por EFE, ese trabajo previo permitió detectar un nuevo esquema operativo presuntamente empleado por redes vinculadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la zona franca. Ante los indicios reunidos, la autoridad suspendió las claves de operación para la tramitación de mercancías e inició un proceso de auditoría.

La respuesta de Aduanas y de la administración del área ocurre en un recinto que cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas. La magnitud de su actividad comercial explica por qué cualquier señal de desvío irregular dentro de ese circuito adquiere peso para las autoridades panameñas.

El decomiso aparece tras un informe que señaló a Colón como punto vulnerable

Napolitano afirmó esta semana que desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

Sus declaraciones se conocieron después de la presentación en Panamá, el pasado 8 de julio, de un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito. Ese documento señaló que “la vulnerabilidad central” del país en la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón.

El informe describió que ese espacio funciona como un motor del comercio legítimo, pero también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos. El decomiso informado por la publicación refuerza la atención oficial sobre ese punto del sistema comercial panameño.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo el 16 de julio de 2026 que en el caso Lili Pink habría operado desde 2013 una organización transnacional que usó sociedades en Colombia y Panamá para importar y comercializar mercancías de manera presuntamente ilegal, una hipótesis que seguirá desarrollando en los próximos días durante la audiencia de imputación de cargos contra los implicados.

La exposición del ente acusador ubicó el origen de la investigación en una denuncia presentada por la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en medio de sus labores de apoyo contra el delito aduanero y fiscal. A partir de esa información, la fiscal del caso afirmó que se pusieron en conocimiento posibles actos con relevancia penal atribuidos a la sociedad FAST MODA y a empresas ya disueltas y liquidadas como Innova Quality S.A.S. y Bing Light S.A.S.

La Fiscalía determinó que esas compañías habrían comercializado durante varios años las marcas Lili Pink y Yoi en establecimientos ubicados en distintas regiones del país. Con los elementos materiales probatorios recaudados en la indagación, el ente acusador aseguró que logró establecer la existencia de una estructura de alcance transnacional dedicada a operaciones de comercio exterior a las que, según su teoría del caso, se les daba apariencia de legalidad.

La hipótesis de la Fiscalía describe una red con sociedades en Colombia y Panamá

Durante la diligencia judicial, la fiscal explicó que la mercancía que ingresaba al país incluía principalmente prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, entre otros bienes. La acusación sostiene que esa operación se articuló mediante empresas constituidas tanto en Colombia como en Panamá.

La funcionaria describió así el esquema atribuido a los investigados: “Se pudo establecer entonces cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 a la fecha, se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional”.

La Fiscalía añadió que esas sociedades habrían sido creadas para controlar toda la operación comercial, desde el ingreso de los productos al territorio aduanero nacional, a través de importadoras de papel, hasta su comercialización ilegal mediante contrabando. Bajo esa hipótesis, los recursos obtenidos por la venta de la mercancía eran enviados después a empresas panameñas que, presuntamente, estaban bajo el control de la misma organización.

La acusación incluye empresas liquidadas y representantes formales sin control real

Uno de los mecanismos expuestos por el ente acusador durante la imputación fue la creación y liquidación recurrente de sociedades para dificultar el rastreo de responsabilidades. La fiscal dijo que se identificó cómo esas empresas eran creadas y luego liquidadas por los mismos miembros de la organización para aparentar roles distintos dentro de las operaciones de comercio exterior y nacional.

En esa línea, la funcionaria afirmó que esa estrategia buscaba “desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal”. La teoría de la acusación agrega que quienes aparecían formalmente como constituyentes o representantes legales no serían las personas que dirigían en realidad la estructura.

Sobre ese punto, la fiscal señaló: “Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”. Con esa exposición, la Fiscalía General de la Nación avanzó en la presentación de los presuntos integrantes de la organización y de los elementos de prueba con los que respalda la imputación.

La audiencia continuará en los próximos días. En esa etapa, la Fiscalía seguirá explicando cómo, según su investigación, operó el presunto entramado empresarial y presentará más pruebas contra los implicados.

La administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) respondió este martes a los cuestionamientos surgidos tras el informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que la semana pasada advirtió sobre vulnerabilidades del principal centro logístico del país frente al contrabando y otros delitos transnacionales.

Su gerente general Luisa Napolitano, rechazó que el complejo facilite actividades ilegales, aseguró que la institución ha reforzado los controles de seguridad y trazabilidad desde 2024 y anunció que avanza en un ambicioso plan de expansión de más de 280 hectáreas, cuya primera fase requerirá una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), encabezada por su presidente Aurelio Barría, en la que ambas partes defendieron el papel estratégico de la Zona Libre para la economía nacional y coincidieron en que los retos asociados al comercio ilícito deben enfrentarse con mayor tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de los controles, sin afectar la reputación internacional del complejo comercial.

La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como si fuera un centro de contrabando. No lo es, afirmó Napolitano al responder directamente a las observaciones contenidas en el estudio de TRACIT, organización que ubicó recientemente a Panamá como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño frente al comercio ilícito, aunque advirtió que persisten vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías y el crecimiento del comercio electrónico.

La gerente sostuvo que desde el inicio de la actual administración, en julio de 2024, la ZLC estableció una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas para fortalecer la trazabilidad del comercio, digitalizar procesos y modernizar los sistemas que regulan el movimiento de mercancías.

Entre las medidas mencionó la actualización del sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), la digitalización de procesos administrativos y legales, la instalación de más de 490 cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo que opera las 24 horas y la integración tecnológica con Aduanas para reforzar la supervisión de las operaciones comerciales.

Napolitano también aseguró que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 98% los incidentes relacionados con hurtos, plagio de mercancías y otras irregularidades que anteriormente afectaban a la Zona Libre.

Según explicó, ese resultado ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y los propios equipos de seguridad del complejo.

Sobre las críticas de TRACIT relacionadas con el contrabando de cigarrillos y otras mercancías, la funcionaria insistió en que cualquier empresa o usuario que incurra en actividades ilícitas es puesto a disposición de las autoridades competentes y defendió que la institución no tolera ese tipo de prácticas.

"Nosotros trabajamos en un comercio lícito. Si una empresa comete algún delito, eso se investiga y pasa a las autoridades correspondientes“, sostuvo.

La defensa de la administración de la Zona Libre estuvo acompañada por cifras que, a juicio de Napolitano, reflejan una confianza empresarial. Indicó que indicó que durante 2025 se registraron 264 nuevas empresas, un incremento de 52 % respecto al año anterior, mientras que el movimiento comercial superó los 25.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones más que en 2024.

Añadió que el desempeño también se mantiene positivo durante 2026. Según explicó, entre enero y junio el movimiento comercial aumentó en casi 5.000 millones de dólares frente al mismo período de 2025, pese al complejo escenario geopolítico internacional.

“Todos los meses han cerrado en números positivos. La Zona Libre de Colón está nuevamente brillando“, afirmó.

Como parte de esa estrategia para fortalecer la competitividad Napolitano presentó el proyecto New Field, considerado la principal apuesta de expansión del complejo en décadas.

La iniciativa contempla desarrollar más de 280 hectáreas adicionales mediante un plan maestro que incorporará actividades de manufactura ligera, ensamblaje, centros de datos, telecomunicaciones, energía y otros servicios de alto valor agregado, aprovechando las nuevas posibilidades introducidas por la Ley 412 de 2023.

La primera etapa abarcará 36 hectáreas y requirió una inversión cercana a 250 millones de dólares. La gerente explicó que el objetivo es licitar el proyecto antes de noviembre y convertirlo en un proyecto de Estado que trascienda la actual administración.

"Queremos dejar otros 75 años de Zona Libre de Colón", expresó, al recordar que el complejo acaba de cumplir 78 años de operaciones.

Durante el encuentro, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría respaldó la estrategia de modernización y sostuvo que la Zona Libre continúa siendo uno de los principales activos logísticos del país.

Aunque reconoció que el comercio ilícito representa un desafío regional, afirmó que los avances tecnológicos y el fortalecimiento institucional implementados por la administración actual constituyen señales positivas.

Barría añadió que la expansión de la Zona Libre tendrá un impacto relevante en la generación de empleo y en la atracción de nuevas inversiones, al tiempo que destacó que el complejo sigue siendo un actor importante para el crecimiento económico del país.

Las declaraciones se producen pocos días después de que TRACIT advirtiera que Panamá aún debe fortalecer los controles sobre las zonas francas, el comercio electrónico y el ingreso de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció hoy en su conferencia semanal desde Casa Presidencial un plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal, que será presentado oficialmente el 22 de julio.

La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Hacienda, busca fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, con un enfoque en atacar la evasión, endurecer controles y sanciones, y cerrar portillos legales que permiten el comercio ilícito y la subdeclaración de ingresos.

Durante su intervención, Laura Fernández recalcó: “La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos”.

Según la mandataria, el objetivo es “ir por los que están evadiendo”, una instrucción que reiteró al equipo económico. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que el plan “responde a la instrucción de atacar la evasión y mejorar los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos”.

Además, uno de los ejes del plan es la reforma de la Ley General de Aduanas, que busca reforzar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país, en especial en contenedores y en importaciones al por menor. Por lo que, la mandataria, abogó que el Ministerio de Hacienda prepara una propuesta para modificar la Ley General de Aduanas (N° 7557) con el objetivo de reforzar el control de las mercancías que ingresan o salen del país en contenedores y de las importaciones al menudeo realizadas por algunos comerciantes.

Control a la evasión digital y comercio informal

El plan detallado hoy por Fernández incluye acciones contra comercios digitales que usan métodos para evadir impuestos. Las autoridades han detectado tiendas virtuales que declaran productos con valores menores o diferentes categorías para pagar menos impuestos y luego venden la mercancía por canales digitales.

Además, en la conferencia, la presidenta Fernández anunció que el Gobierno avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos mediante Sinpe Móvil y tarjetas, pero no declaran estos ingresos ante Hacienda.

“Este mecanismo se utiliza para evadir tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto sobre la Renta (ISR)”, sostuvo.

La estrategia incluye colaboración interinstitucional y tecnología para rastrear transacciones que actualmente escapan al control fiscal.

Ante este panorama, el Ejecutivo enviará en julio proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de la ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión. Parte de las iniciativas ya están en marcha mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será anunciado el 22 de julio.

Según informó la Presidencia, la Policía de Control Fiscal decomisó recientemente cerca de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor golpe a este delito en la historia del país. La presidenta Fernández subrayó hoy que “la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal es un deber con todos los costarricenses” y pidió eficiencia y rigor en la administración de los recursos públicos.

La importancia del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal radica en su potencial para fortalecer las finanzas públicas de Costa Rica sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que responde a una demanda social de equidad fiscal.

Este enfoque permite que el Estado recupere recursos fundamentales para financiar servicios como salud, educación y seguridad, al mismo tiempo que combate estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito.

Además, la modernización de los controles y la fiscalización digital representa un avance en la transparencia y la eficiencia institucional, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía y en los sectores productivos.

Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.