La presentación se produce en un contexto marcado por el fortalecimiento del crimen organizado en la selva peruana. De acuerdo con datos expuestos por las organizaciones indígenas y sustentados en investigaciones recientes, estas redes ya afectan a cerca del 67% de los distritos amazónicos y mantienen en disputa alrededor del 32% de los territorios indígenas, mientras que el oro ilegal se consolida como una de las principales fuentes de ingresos de las estructuras criminales, incluso por encima del narcotráfico.

Impacto de las economías ilegales sobre los pueblos indígenas será expuesto en la CIDH

La audiencia temática denominada “Perú: Situación de las mujeres indígenas defensoras en contexto de economías ilegales” se desarrollará durante el 196.º Período de Sesiones de la CIDH y reunirá, por primera vez durante el actual gobierno, a representantes del Estado peruano y a organizaciones indígenas amazónicas en un espacio internacional para debatir la situación de los derechos humanos en la región.

La delegación peruana está integrada por Teresita Antazú, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún; Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valencia, presidenta de la Organización Regional de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo-Konibo (ORGI).

Durante la audiencia, las representantes buscarán exponer cómo el avance de las redes criminales ha incrementado los riesgos para quienes protegen los bosques amazónicos. Según sostienen, la expansión de la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal ha convertido a los territorios indígenas en uno de los principales escenarios de disputa del crimen organizado en Sudamérica.

Las organizaciones advierten que esta situación se agrava por el debilitamiento de la presencia estatal y por reformas normativas que, según indican, reducen los mecanismos de protección ambiental y territorial. Entre las normas cuestionadas figuran la Ley N.º 32293, la denominada Ley “Antiforestal” (Ley N.º 31973), las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), modificaciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y cambios en la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Asimismo, las lideresas sostienen que la decisión del Perú de no ratificar el Acuerdo de Escazú deja a las personas defensoras ambientales sin un mecanismo regional adicional de protección frente al incremento de amenazas y agresiones.

La audiencia ante la CIDH se realizará este 4 de agosto, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), en Washington D. C., y será transmitida a través del canal oficial de YouTube del organismo internacional. Allí, las representantes indígenas presentarán directamente sus denuncias ante los comisionados y los representantes del Estado peruano sobre el avance del crimen organizado y los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras de la Amazonía.

Minería ilegal supera al narcotráfico y fortalece al crimen organizado en la Amazonía peruana

La preocupación expresada por las organizaciones indígenas coincide con los resultados de investigaciones recientes sobre la expansión de las economías ilegales en la Amazonía. Un informe elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico ya no operan como actividades separadas, sino como parte de una misma estructura criminal que comparte financiamiento, rutas logísticas y mecanismos para el lavado de dinero.

El estudio sostiene que entre 2014 y 2024 estas actividades movilizaron aproximadamente US$13.341 millones en el Perú. De ese total, cerca de US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, cifra que supera los ingresos atribuidos al tráfico de drogas durante ese mismo período.

La investigación también identifica que los recursos obtenidos mediante el narcotráfico sirven para financiar operaciones de extracción ilegal de oro, mientras que el mineral se convierte posteriormente en un mecanismo para blanquear ganancias ilícitas. Este modelo ha permitido consolidar redes criminales que operan simultáneamente en diferentes actividades ilegales dentro de la Amazonía.

Otro de los datos que preocupa a las organizaciones indígenas es el avance de estas economías sobre los territorios comunales. El informe señala que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, lo que representa un incremento del 147% respecto a 2018.

Además, se detectó una superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y la existencia de más de 13.000 derechos mineros en áreas donde también habitan comunidades indígenas.

Los impactos también alcanzan al ambiente. La investigación estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, además de generar contaminación por mercurio en diversos ríos utilizados por las comunidades para su alimentación y abastecimiento de agua.

Las organizaciones indígenas también alertan sobre el incremento de la violencia contra quienes defienden estos territorios. Registros de AIDESEP indican que entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en conflictos relacionados con actividades ilícitas y disputas territoriales, mientras que numerosas mujeres defensoras reportan amenazas, criminalización, violencia sexual, trata de personas, desplazamientos forzados y ataques en entornos digitales.

Frente a este escenario, distintas comunidades han fortalecido mecanismos propios de vigilancia, como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín. Estas iniciativas realizan patrullajes, monitoreo territorial y sistemas de alerta temprana para detectar el ingreso de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la Amazonía peruana.

Los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX, realizados desde la base Starbase en Boca Chica, Texas, han colocado nuevamente al Golfo de México en el centro de la discusión ambiental.

Organizaciones ecologistas denuncian que fragmentos de propulsores y otros residuos espaciales continúan llegando a aguas y playas mexicanas, principalmente en la zona de Playa Bagdad, en Matamoros, donde advierten riesgos para la biodiversidad y las comunidades costeras.

La preocupación ha llevado a que activistas describan la región como un posible “cementerio espacial”, debido a la acumulación de restos provenientes de las misiones de la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

Los ambientalistas sostienen que los desechos representan una amenaza para especies marinas, pescadores y ecosistemas considerados de alto valor ecológico.

Gobierno de México apuesta por la coordinación con Estados Unidos

Ante las denuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, por ahora, el Gobierno mexicano mantiene la vía del diálogo con Estados Unidos y con SpaceX, descartando una demanda mientras los mecanismos de coordinación continúen dando resultados.

Las autoridades explicaron que dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Transformación Digital, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Secretaría de Marina trabajan en conjunto para monitorear cada lanzamiento y evaluar posibles riesgos.

De acuerdo con el Gobierno federal, el vuelo más reciente no dejó residuos en territorio ni en aguas mexicanas, aunque aseguró que se mantendrán los protocolos de notificación y vigilancia ambiental.

Conibio Global denuncia contaminación en Playa Bagdad

La postura oficial contrasta con las denuncias de organizaciones como Conibio Global, cuyos integrantes realizaron protestas tanto en Playa Bagdad como en embarcaciones cercanas al sitio del lanzamiento para alertar sobre la presencia de residuos en el Golfo de México.

Según la organización, existen al menos tres propulsores sumergidos frente a las costas tamaulipecas y una franja aproximada de 40 kilómetros donde se han documentado restos espaciales.

Los ambientalistas también solicitaron estudios técnicos para determinar la composición de los materiales, ya que desconocen si contienen sustancias potencialmente peligrosas para la fauna marina.

¿Qué denuncian los ambientalistas?

• Presencia de restos de cohetes en playas y aguas mexicanas.
• Posible contaminación por metales y otros materiales utilizados en los lanzamientos.
• Riesgos para tortugas marinas, delfines, peces y otras especies del Golfo de México.
• Afectaciones potenciales a las comunidades pesqueras de la región.
• Exigencia de evaluaciones ambientales independientes y mayor vigilancia.

Impacto ambiental preocupa a científicos y organizaciones civiles

Especialistas y colectivos advierten que algunos residuos podrían permanecer durante largos periodos en el mar y ser transportados por las corrientes hasta las costas mexicanas.

También señalan que ciertos materiales empleados en la industria aeroespacial podrían incorporarse a la cadena alimenticia si son ingeridos por organismos marinos.

Además de la contaminación física, las organizaciones han expresado preocupación por las ondas de choque, el ruido generado durante los lanzamientos y las posibles afectaciones a especies que habitan una zona reconocida por la conservación de tortugas marinas y delfines.

Investigaciones continúan mientras crece el debate ambiental

Semarnat confirmó que mantiene inspecciones y evaluaciones sobre los residuos encontrados, mientras Profepa participa en el seguimiento de los posibles impactos ambientales. Sin embargo, los resultados de las investigaciones aún no se han hecho públicos.

Al mismo tiempo, el caso mantiene abierto el debate sobre el crecimiento de la industria espacial y la necesidad de establecer mayores controles ambientales en regiones fronterizas.

Mientras SpaceX continúa desarrollando su programa Starship para futuras misiones espaciales, organizaciones civiles insisten en que el avance tecnológico debe ir acompañado de medidas que garanticen la protección de los ecosistemas del Golfo de México y del Caribe, evitando que las costas mexicanas se conviertan en un destino permanente para la basura espacial.

Alerta en Estados Unidos: retiraron 23.000 libras de comidas preparadas de Ukrop’sHomestyle Foods —entre ellas espagueti horneado y chicken cobbler— por posible contaminación con fragmentos de metal.

La medida alcanzó ventas en Virginia, Carolina del Norte y Virginia Occidental, además de comisarías del Departamento de Guerra y pedidos en línea, según informó Fox Business a partir del anuncio federal.

El retiro abarcó productos elaborados entre el 1 y el 29 de julio de 2026, con fechas de consumo preferente desde el 8 de julio hasta el 5 de agosto.

Incluyó bandejas a granel de 62,4 onzas y porciones individuales de 4,8 onzas de Ukrop’s Baked Spaghetti, además de bandejas familiares de 48 onzas y presentaciones individuales de 11,6 onzas de Ukrop’s Chicken Cobbler.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés) indicó que la contaminación potencial correspondía a un material extraño: astillas de metal.

La agencia precisó que la investigación comenzó después de que un consumidor denunciara haber encontrado una pieza metálica en un producto completamente cocido.

El aviso comenzó por una queja de un consumidor y no hay lesiones confirmadas

La respuesta de las autoridades fue retirar los productos afectados y pedir a los compradores que no los consumieran.

Quienes los hubieran adquirido, incluso si todavía los conservaban en el congelador, debían desecharlos o devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

En su comunicado, citado por el medio, FSIS explicó: “El problema se descubrió después de que el establecimiento recibiera una queja de un consumidor sobre una pieza de metal hallada en un producto completamente cocido”. La agencia agregó que no se habían confirmado lesiones.

FSIS también señaló: “Cualquier persona preocupada por una lesión debe comunicarse con un proveedor de atención médica”.

Esa recomendación acompañó el aviso oficial pese a que, hasta el momento del anuncio, no había reportes verificados de daños a la salud.

El organismo señaló que el alerta se emitió como parte de los controles sobre productos cárnicos y avícolas en el país, y que la investigación se activó tras la notificación del consumidor.

La advertencia se mantuvo aun sin lesiones confirmadas, porque la presencia de un cuerpo extraño en alimentos listos para comer o recalentar implica un riesgo físico de inmediato.

En ese marco, la indicación oficial apuntó a cortar el consumo y la circulación de las unidades que compartieran el mismo período de elaboración y las fechas de consumo preferente informadas.

El retiro se suma a otro caso reciente por presencia de metal en alimentos congelados

La publicación ubicó este episodio en una secuencia reciente de alertas por cuerpos extraños en alimentos preparados. En junio, Rich Products Corp. retiró miles de cajas de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers porque esos productos congelados también podían contener piezas de metal.

En ese caso, más de 160.000 libras fueron retiradas en 21 estados, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El nuevo retiro de Ukrop’s volvió a poner el foco sobre alimentos listos para consumir o recalentar que, pese a presentarse como productos terminados, podían quedar alcanzados por fallas de contaminación física.

Los productos alcanzados por la medida se distribuyeron en tres estados del este de Estados Unidos y, además, por canales militares y canales digitales. Eso amplió el universo de consumidores potencialmente afectados más allá de las tiendas físicas tradicionales.

La advertencia incluyó una recomendación práctica para quienes ya hubieran comprado los alimentos: no consumirlos aunque se encontraran almacenados en el freezer.

En esos casos, la opción indicada fue desecharlos o devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

El enfoque respondió a la lógica de prevención que suele aplicarse ante riesgos de contaminación física, ya que no es posible descartar que otras unidades de la misma tanda presenten el mismo problema.

El episodio también dejó en evidencia que el circuito de distribución de comidas listas para recalentar puede incluir múltiples canales —tiendas, ventas institucionales, pedidos digitales—, lo que vuelve más amplia y compleja la comunicación de un retiro.

Por esa razón, las autoridades insistieron en que los consumidores revisaran etiquetas, formatos y fechas de consumo preferente, y que extremaran las precauciones si habían adquirido bandejas a granel o porciones individuales de los productos señalados.

California afrontó una nueva jornada de preocupación por el avance de un foco forestal en la costa norte del estado. Un incendio arrasó 57,9 hectáreas en el condado de Sonoma el jueves 30 de julio, obligó a evacuar zonas residenciales y parques estatales, cerró un tramo de la autopista 1 y derivó en una alerta por la calidad del aire para el área de la Bahía de San Francisco, vigente hasta este viernes 31.

El fuego se declaró a la 1:45 p.m. del jueves en el bloque 24000 de la Highway 1, en la comunidad de Timber Cove. Según CAL FIRE, a las 11:15 p.m. el incendio tenía un 20% de contención, aunque los equipos de respuesta continuaban activos en el terreno.

Evacuaciones y zonas afectadas

Las autoridades del Condado de Sonoma emitieron órdenes de evacuación obligatoria para la zona SON-1D1, que comprende el Salt Point State Park, la subdivisión de Timber Cove, Steelwater Cove Regional Park y Ocean Cove Private Camp. El perímetro afectado abarca las áreas al norte de Fort Ross Road, al sur de Kruse Ranch Road y Hauser Bridge Road, al este de la línea costera y al oeste del ramal sur del río Gualala.

La zona SON-1D2, al noroeste de Cazadero, quedó bajo advertencia de evacuación —un nivel de alerta inferior al de la orden obligatoria—, lo que significa que sus residentes deben estar listos para salir de inmediato si la situación escala.

La Oficina del Alguacil del condado habilitó un refugio temporal de evacuación en la Laguna High School (antes conocida como El Molino), ubicada en 7050 Covey Road, en Forestville.

Quienes necesiten ayuda para evacuar animales pueden comunicarse con Sonoma CART al 707-861-0699 para mascotas y animales pequeños, o con NorCal Livestock Evac al 707-234-7193 para ganado y animales de gran tamaño.

Cierre de la Highway 1 y calidad del aire

El incendio también cerró la autopista 1 entre Timber Cove Road y Stewarts Point-Skaggs Springs Road. CAL FIRE no informó una hora estimada de reapertura.

El humo del Woodside Fire deterioró la calidad del aire en toda la región. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Bahía (BAAQMD, por sus siglas en inglés) emitió una alerta “Spare the Air” para el jueves y el viernes, con pronóstico de niveles poco saludables en el North Bay.

Bajo esta alerta, está prohibido encender chimeneas, estufas de leña, fogatas al aire libre o cualquier dispositivo que queme madera en todos los condados de la región, tanto para residentes como para negocios. La única excepción aplica a hogares sin sistema de calefacción instalado de manera permanente.

Multas y riesgos para la salud

El BAAQMD advirtió que quienes violen la prohibición en una primera infracción podrán evitar la multa si completan un curso de concientización sobre el humo de leña. De lo contrario, recibirán una multa de USD 100, y las infracciones posteriores conllevan cargos más altos.

Las partículas en suspensión que genera el humo son especialmente nocivas para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, según indicaron funcionarios del distrito a ABC7 News.

La exposición al ozono —también conocido como smog— puede provocar irritación en la garganta, congestión, dolor en el pecho y agravamiento del asma, la bronquitis y el enfisema. La exposición prolongada reduce la función pulmonar.

Sin heridos reportados hasta el momento

Hasta la noche del jueves, las autoridades no registraron heridos relacionados con el incendio. El origen del fuego no fue informado de manera oficial por CAL FIRE en los reportes disponibles.

La temporada de smog del programa Spare the Air se extiende de mayo a octubre; la temporada invernal corre de noviembre a febrero. Los residentes del Área de la Bahía pueden consultar si hay una alerta activa en sparetheair.org, al llamar al (800) HELP-AIR o a través de la aplicación oficial del programa.

La inteligencia artificial, vista como una de las tecnologías más disruptivas de la actualidad, tiene un impacto ambiental que supera con creces las estimaciones previas. Un estudio publicado en 2026 pone en el centro del debate la huella de carbono de los centros de datos que sustentan la IA y coloca sus emisiones y consumo de recursos en cifras alarmantes, muy por encima de lo que se creía hasta ahora.

Contaminación de los centros de datos: cifras y proyecciones

De acuerdo con el estudio de Allianz Trade, los centros de datos generaron en 2025 cerca de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono, específicamente 286 millones. Este dato representa un aumento del 57 % respecto a las cifras manejadas por la Agencia Internacional de la Energía y un 51 % más que las estimaciones del Instituto de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud.

El crecimiento acelerado de la infraestructura digital y su dependencia de la energía convierten a estos complejos en grandes emisores de gases de efecto invernadero.

La demanda energética de estos centros no solo se mantiene, sino que aumenta con la expansión de la inteligencia artificial. En la actualidad, entre el 15 y el 20 % del consumo eléctrico de los centros de datos puede atribuirse a tareas de IA, según los expertos citados en el informe.

Las proyecciones indican que esta proporción podría alcanzar el 40 % para 2030, lo que implicaría un incremento exponencial en el consumo eléctrico global derivado de la digitalización y la automatización.

Patrick Hoffmann, economista sénior de clima en Allianz, subraya que los centros de datos han dejado de ser actores secundarios para convertirse en un motor estructural de la demanda eléctrica en distintas regiones del mundo. Este salto cualitativo y cuantitativo en la importancia de la infraestructura digital tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente y la economía global.

Impacto en agua y recursos naturales: el precio de la refrigeración

El funcionamiento de estos complejos informáticos requiere no solo energía, sino también enormes cantidades de agua para sistemas de refrigeración. El estudio estima que, entre 2023 y 2030, los centros de datos podrían consumir entre 1,3 y 1,8 billones de litros de agua, una cifra equivalente al consumo anual de un país como Suiza.

La presión sobre los recursos hídricos se manifiesta especialmente en zonas donde las sequías son frecuentes y los acuíferos están al límite. En Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de estas instalaciones, la preocupación de las comunidades locales crece ante el agotamiento de fuentes de agua y el posible colapso de las redes eléctricas.

Los sistemas de refrigeración, necesarios para mantener operativos los servidores, utilizan millones de litros de agua cada día y colocan a muchas áreas en una situación crítica respecto a la disponibilidad de este recurso.

Además del agua, las comunidades se enfrentan a otros problemas asociados con la expansión de los centros de datos: incremento en el costo de las facturas eléctricas, contaminación acústica constante y un impacto directo sobre la calidad de vida de los habitantes cercanos a estas infraestructuras.

Las quejas por el ruido y la preocupación por la devaluación de las propiedades se suman a la lista de efectos negativos detectados por quienes viven en las inmediaciones de estos complejos.

Rechazo comunitario y tensiones sociales por la expansión de los centros de datos

El rápido crecimiento de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial ha desatado reacciones de rechazo en distintas comunidades. Un ejemplo reciente se registró en Red Oak, Texas, donde los residentes se organizaron para oponerse a la construcción de un nuevo centro de datos.

Entre sus argumentos destacan el ruido constante, el impacto sobre la red eléctrica, la pérdida de tranquilidad y la posible depreciación de sus viviendas.

Este fenómeno no es aislado. En Estados Unidos, la resistencia a estos proyectos se hace sentir con fuerza, especialmente en estados como Texas y Ohio. Según una encuesta de la Universidad de Texas, el 56 % de los votantes registrados se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades, y la cifra asciende al 62 % en las zonas rurales.

La percepción de que los beneficios en términos de empleo son limitados y no compensan los perjuicios ambientales y sociales impulsa a los vecinos a alzar la voz y exigir medidas más estrictas.

Daños económicos y climáticos: el costo real de la inteligencia artificial

A medida que la inteligencia artificial se integra de manera creciente en la vida cotidiana y en sectores productivos, también se multiplican los daños asociados a su infraestructura.

Según las estimaciones recopiladas en el estudio de Allianz Trade y difundidas por DW, los daños climáticos provocados por las emisiones y el consumo de recursos de los centros de datos ya alcanzan los 68 mil millones de dólares anuales. Para 2030, se proyecta que la cifra podría llegar a 154 mil millones cada año.

El impacto económico no se limita a los daños directos, sino que también afecta a la disponibilidad de agua, el precio de la electricidad y la estabilidad de los ecosistemas locales.

Las cargas de trabajo vinculadas a la inteligencia artificial podrían superar los 50 mil millones de dólares en daños climáticos para el año 2030. Estas cifras evidencian que el costo ambiental de la digitalización y la IA obliga a repensar el modelo de desarrollo tecnológico actual.

Beber agua de una botella que ha permanecido varias horas o días dentro de un auto expuesta al calor representa una práctica extendida en numerosos países, aunque pocos consideran sus posibles riesgos sanitarios.

Especialistas en salud pública y toxicología han advertido sobre los peligros que implica esta costumbre, señalando que el agua sometida a altas temperaturas dentro de vehículos estacionados puede convertirse en un medio propicio para el crecimiento de bacterias y para la migración de compuestos químicos desde el envase al líquido. Estas advertencias han sido documentadas por medios internacionales como el Washington Post, el New York Times y el Los Angeles Times, que consultaron a diversos expertos y citaron informes de agencias estadounidenses.

De acuerdo con el Washington Post, la mayoría de los incidentes de contaminación surgen cuando la botella ya fue abierta con anterioridad, ya que el simple contacto bucal introduce microorganismos que pueden multiplicarse rápidamente en ambientes cálidos. La temperatura dentro de un automóvil estacionado bajo el sol puede superar los 50°C (122°F), escenario que facilita la proliferación de bacterias nocivas.

El New York Times informa que “el agua en una botella reutilizada y expuesta a altas temperaturas puede volverse un caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos”, según coinciden varios especialistas consultados. El Los Angeles Times añade que, además de los riesgos bacterianos, el calor extremo puede favorecer el desprendimiento de sustancias químicas del plástico, como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, hacia el agua. Estas sustancias han sido objeto de preocupación internacional, ya que su exposición crónica ha sido relacionada con efectos adversos para la salud, como alteraciones hormonales.

De acuerdo con la Food and Drug Administration (FDA), si bien la migración de estos compuestos bajo condiciones normales de uso no suele representar un peligro inmediato, la exposición reiterada al calor puede elevar los riesgos asociados. El Washington Post cita a toxicólogos estadounidenses que recomiendan no consumir agua de botellas plásticas que hayan permanecido en automóviles expuestas a altas temperaturas, sobre todo si presentan deformaciones, cambios de color, olor extraño o sabor inusual.

Riesgos por proliferación bacteriana y contaminación

Según el Washington Post, el principal peligro surge cuando la botella ha sido abierta previamente, ya que el contacto con la boca introduce microorganismos que, en ambientes cálidos, pueden multiplicarse de forma acelerada.

La temperatura interior de un vehículo estacionado al sol alcanza fácilmente los 50°C (122°F), lo que convierte el contenido de la botella en un entorno ideal para el desarrollo de bacterias. De acuerdo al New York Times, “el agua en una botella reutilizada y expuesta a altas temperaturas puede volverse un caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos”, según afirman los especialistas entrevistados.

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC), autoridad sanitaria nacional en Estados Unidos, advierte que el agua almacenada en condiciones inadecuadas —especialmente tras haber estado en contacto con la boca— puede acumular bacterias como Escherichia coli o Staphylococcus aureus. La ingesta de este líquido puede provocar malestares gastrointestinales, dolor abdominal e incluso infecciones más graves en situaciones excepcionales.

Migración de compuestos plásticos y advertencias internacionales

Además del riesgo bacteriano, existe preocupación sobre la posible migración de sustancias químicas del envase al agua. El Los Angeles Times ha publicado que las altas temperaturas pueden favorecer el desprendimiento de compuestos como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos. Estos químicos, presentes en algunos plásticos, han sido relacionados con efectos adversos para la salud si la exposición es frecuente y prolongada.

La FDA sostiene que el nivel de migración bajo condiciones domésticas típicas no representa un riesgo significativo, pero advierte que la exposición crónica y repetida a agua almacenada en botellas plásticas sometidas a calor extremo podría no ser inocua. El Washington Post recoge testimonios de toxicólogos que recomiendan evitar el consumo de agua que haya permanecido en vehículos, sobre todo si la botella muestra deformaciones, cambios de color o alteraciones en el olor o el sabor.

El New York Times cita a expertos en salud ambiental que enfatizan: “Aunque el riesgo inmediato es bajo, la mejor práctica es reemplazar el agua de cualquier botella que haya permanecido al sol, y nunca reutilizar botellas plásticas de un solo uso”.

Entre los segmentos clave que resaltan los especialistas se encuentra la recomendación de abstenerse de beber agua de botellas guardadas en autos por periodos prolongados, especialmente en zonas con temperaturas elevadas. Además, aconsejan utilizar recipientes reutilizables de acero inoxidable o vidrio para evitar el contacto reiterado con plásticos bajo condiciones extremas.

El atún rojo acumula más mercurio y más omega-3 que el atún claro. Esa diferencia la documentan la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y un estudio de la UNAM publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental.

El mercurio es un metal pesado que ingresa al océano principalmente por la quema de combustibles fósiles.

Los peces lo absorben en su forma orgánica —metilmercurio—que se acumula en tejidos y se transfiere a quien los consume. A mayor tamaño y edad del pez, mayor concentración.

Los omega-3, por su parte, son ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo humano no produce por sí solo y que se asocian con la reducción de triglicéridos en sangre y la protección cardiovascular.

El atún rojo es un depredador más longevo y graso que el atún claro o yellowfin, la especie que domina las latas vendidas en México.

El atún rojo tiene más mercurio que el atún claro, según la FDA

La FDA mide el mercurio en partes por millón (ppm): una ppm equivale a un miligramo de mercurio por cada kilo de pescado. El atún rojo registra 0.386 ppm frente a 0.354 ppm del atún claro.

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA1-1993 fija en 1.0 miligramo de mercurio por kilogramo de pescado como límite máximo permitido.

Ambas especies lo cumplen en condiciones normales, aunque el margen se estrecha en ejemplares grandes capturados en zonas contaminadas.

Un tercio de las latas de atún en México tiene demasiado mercurio, detectó la UNAM

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM analizó 84 muestras de atún y sardinas de seis marcas comerciales producidas en México.

Los investigadores publicaron los resultados en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental: el mercurio en las latas analizadas osciló entre 0.18 y 4.52 miligramos por kilogramo, con un promedio de 1.23.

Ese promedio rebasa el límite que fija la Norma Oficial Mexicana —1.0 miligramo por kilogramo— y fue siete veces mayor al que la FDA registraba en ese periodo para productos equivalentes.

El 36% de las muestras superó ese tope. Los autores exigieron un muestreo de mayor escala para determinar la magnitud del problema en el mercado nacional.

Los investigadores no identificaron una marca específica como la más contaminada, sino que la variación fue significativa entre diferentes lotes.

El atún en lata pierde omega-3 si viene en aceite, confirmó la PROFECO

En omega-3, el atún rojo fresco aporta entre 1.3 y 3.34 gramos por cada 100 gramos de porción comestible, frente a entre 0.5 y 3.20 gramos del atún claro fresco y cerca de 0.5 gramos del listado en lata.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en su estudio de 52 productos de atún enlatado realizado bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-235-SE-2020, confirmó que el enlatado en aceite reduce la disponibilidad de ácidos grasos.

El EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), los dos tipos de omega-3 que aporta el atún, se disuelven en el aceite de la lata y se pierden al escurrir el contenido.

Atún y embarazo: la Universidad Iberoamericana recomienda evitarlo

La doctora Alejandra de Jesús Cantoral Preciado, coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, señaló en una nota publicada en el portal oficial de la universidad que el atún enlatado concentra una proporción alta de la exposición de la población mexicana al metilmercurio.

Recomienda a las embarazadas evitar su consumo y priorizar especies como salmón, sardina y anchoas, que ofrecen mejor equilibrio entre omega-3 y metilmercurio.

La especialista precisa que los beneficios de consumir pescado son mayores que los riesgos, siempre que se elijan especies con bajo contenido de metilmercurio y alto aporte de omega-3.

El Salvador tiene 58 ríos en la cuenca del río Lempa con calidad de agua “mala, regular y pésima”, sin un solo caso de buena condición, un resultado que, según la propia Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), exige intervenciones inmediatas para recuperar la funcionalidad ecológica de los sistemas fluviales y sostener las fuentes hídricas del país.

El dato central del informe difundido en el Sistema de Información Hídrica es que, de los 58 sitios de muestreo analizados entre 2017 y 2024, 39 ríos fueron clasificados con calidad “mala”, 11 con calidad “regular” y 8 con calidad “pésima”. El reporte abarca diez departamentos salvadoreños.

Según la información del sitio gubernamental, el deterioro más visible aparece en la categoría intermedia. En 2017 se registraban 28 ríos con calidad “regular”, pero en 2024 quedaban solo once, una reducción que estaría vinculado al paso de varios cauces hacia la condición “mala”.

La serie oficial muestra que en 2017 había 27 ríos con calidad “mala”. Para 2019 la cifra subió a 39 y desde entonces se mantuvo igual hasta el último reporte de 2024 disponible en el sitio web de ASA.

La categoría mala creció desde 2017 y se estabilizó desde 2019

Los ocho ríos con calidad “pésima” no variaron en todo el período observado. Esa condición ya se había reportado en 2017 y seguía presente en 2024, de acuerdo con la información publicada por la ASA.

La distribución territorial del monitoreo incluye 19 ríos en Chalatenango, 8 en Santa Ana, 5 en Cuscatlán, 5 en La Libertad, 5 en San Vicente, 4 en San Salvador, 3 en Cabañas, 3 en Morazán, 3 en San Miguel y un río en Usulután.

Los ríos en peor estado se ubican en Santa Ana, San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango. El informe también indica que los ríos con calidad “mala” están repartidos en las zonas occidental, central y oriental del país.

Según información de la entidad estatal, estas condiciones evidencian “la necesidad de implementar intervenciones inmediatas para restaurar la funcionalidad ecológica de los sistemas fluviales y garantizar su sostenibilidad”. El mismo portal agrega que la situación revela “la urgente necesidad de fortalecer las acciones de protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua” en El Salvador.

La cuenca del Lempa concentra un recurso estratégico para el país

El estudio se concentra en la cuenca del Lempa, descrita en el texto oficial como la más extensa de El Salvador y una de las mayores de Centroamérica. Se extiende por Guatemala, Honduras y El Salvador y cubre cerca de 18,000 km2, con más de la mitad de esa superficie dentro del territorio salvadoreño.

Ese río es el principal eje hídrico del país porque abastece consumo humano, riego agrícola, generación hidroeléctrica e industria, además de sostener ecosistemas con valor ecológico y cultural. El alcance del deterioro no se limita a la calidad ambiental de los cauces y alcanza la seguridad hídrica y la gestión de recursos básicos.

El Salvador tiene 21,040 km² de superficie y, según el último censo poblacional citado en el texto, 6.029.976 habitantes, lo que lo convierte en el país más densamente poblado de Centroamérica. Su red hidrográfica está formada por 590 ríos y riachuelos distribuidos en 58 cuencas exorreicas que drenan hacia el océano Pacífico.

El territorio también cuenta con 59 humedales continentales que cubren 1.138,4 km², equivalentes al 5,4 % del territorio nacional. Entre ellos figuran el lago de Ilopango, la laguna de Güija, el lago de Coatepeque, la laguna de Olomega y la laguna El Jocotal.

El Sistema de Información Hídrica es la plataforma oficial creada por la Ley General de Recursos Hídricos para recopilar, organizar, almacenar y difundir información sobre aguas superficiales y subterráneas de El Salvador.

La plataforma es administrada por la Autoridad Salvadoreña del Agua y, según su definición oficial, busca garantizar acceso libre y público a datos técnicos e institucionales para apoyar la planificación, la gestión sostenible y la protección de los recursos hídricos.

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas en momentos en que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, en las afueras de la ciudad capital.

La acción se efectuó durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el llamado Corredor de Los Pobres, en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Las autoridades informaron que la intervención policial de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, la Policía Ambiental y del Servicio Nacional de Fronteras respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal.

Esta actividad, dijeron, estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales y sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídrica.

De igual manera, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba. Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

La minería ilegal en Panamá se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y de gobernanza del país en los últimos años, en un contexto marcado por una moratoria a la minería metálica, el cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica y una creciente conflictividad social en torno al modelo extractivo.

La minería metálica formal se encuentra paralizada tras la aprobación de la Ley 407 de 2023 y la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Cobre Panamá.

La renovación del contrato minero a través de la Ley 406 de 2023, aprobada con un trámite acelerado y sin debate suficiente, actuó como detonante de una ola de protestas masivas e históricas, en las que confluyeron pueblos indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones ambientalistas y amplios sectores urbanos.

Mientras, diversas operaciones ilícitas proliferan en zonas rurales y áreas protegidas, impulsadas por el alza del precio del oro, la debilidad del control estatal en territorios de difícil acceso y la existencia de redes organizadas que operan al margen de la ley.

Casos recientes en la provincia de Darién, la cuenca del Canal de Panamá, el Parque Nacional Chagres, la comarca indígena Guna Yala, Chepo y en otras regiones del país evidencian patrones recurrentes: excavaciones clandestinas, uso de maquinaria no artesanal, desviación de cauces de ríos, presencia de campamentos improvisados y empleo de sustancias peligrosas como combustibles y, en algunos casos, mercurio y cianuro.

Esta dinámica, según los ecologistas, ocasiona una combinación de deforestación acelerada, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas y afectación de las comunidades campesinas cercanas de los ríos.

El municipio de Fair Lawn, Nueva Jersey abrió una línea telefónica para registrar quejas por el ruido que llega desde Paterson y derivarlas a la policía de esa ciudad, con la intención de reunir datos sobre la frecuencia, el origen y las zonas afectadas para buscar una solución compartida entre ambos municipios de Nueva Jersey.

El nuevo número (201-777-6144), empezó a funcionar el 23 de julio y redirige automáticamente cada llamado al Departamento de Policía de Paterson, según informó North Jersey Media. La administración local busca saber desde qué sectores de Fair Lawn se reportan los episodios y con qué regularidad se producen.

El problema, de acuerdo con autoridades y vecinos, no es nuevo. La fuente del sonido está del otro lado del río Passaic, que separa a las dos ciudades en el norte de Nueva Jersey, y esa ubicación complica la respuesta de la policía de Fair Lawn porque el ruido se origina fuera de su jurisdicción.

La alcaldesa de Fair Lawn, Cristina Cutrone explicó al medio NBC New York que durante años los residentes fueron derivados directamente a Paterson para hacer sus denuncias. Ese mecanismo resolvía la derivación, pero dejaba al municipio sin información básica para medir la magnitud del problema.

“No teníamos forma de saber cuándo llamaban los residentes, cuántas veces llamaban ni qué residentes llamaban, es decir, de qué parte de la ciudad provenían las quejas”, aseguró Cutrone. Además agregó: “Por eso queríamos encontrar una mejor manera de seguir con qué frecuencia ocurría este problema y detectar si había tendencias, momentos específicos del año o momentos del día”.

El municipio quiere medir dónde y cuándo se escucha el ruido

La nueva línea no cambia el destino final de la denuncia: las llamadas siguen llegando a la policía de Paterson. La diferencia es que ahora Fair Lawn podrá conservar datos para analizar qué tan extendidas son las quejas y compartir esa información con la ciudad vecina.

Cutrone sostuvo que la meta es identificar patrones. El municipio quiere determinar si el ruido aumenta en ciertos meses, si se concentra en horarios concretos o si afecta más a algunos sectores del distrito que a otros.

Según la alcaldesa, las molestias se escucharon históricamente en la franja más cercana a Paterson, cerca de las calles Second, Third y Fourth. También dijo que hubo reportes de residentes que viven lejos del límite entre ambas ciudades, e incluso afirmó que ella misma, desde una zona más próxima a Glen Rock, oyó esos sonidos en verano.

Ese dato coincide con otro elemento señalado por la jefa comunal en el informe televisivo: el verano suele ser el período en que aparecen más reclamos. La recopilación sistemática de llamadas busca confirmar si esa tendencia se repite y con qué intensidad.

Vecinos describen música alta desde autos, locales y edificios

De acuerdo con el reporte de NBC New York, los residentes atribuyen el ruido a sistemas de sonido potentes en algunos bares y restaurantes, a vehículos y a edificios residenciales. Una vecina, Dawn Maurer, contó que le dijeron que parte de esas molestias provenían de equipos de música instalados en autos.

“Me dijeron que venía de radiograbadoras, no solo de restaurantes, y que en realidad no hay mucho que se pueda hacer al respecto”, señaló Maurer. “¿Me molesta? Bueno, entro a mi casa, pero sin duda se escucha”.

La alcaldesa recordó que el conflicto arrastra varios años. Según declaró a North Jersey Media, hace cinco años la policía de Paterson detectó que algunos autos llevaban parlantes de 1,80 metros en reuniones sociales y reproducían música de noche a gran volumen. Esa constatación llegó después de una investigación sobre un club nocturno local que había sido uno de los primeros focos de las quejas.

Hace alrededor de un año y medio, el gobierno local de Paterson había facilitado un número del Departamento de Seguridad Pública para que los residentes de Fair Lawn llamaran cuando escucharan ruido.

Cutrone explicó que ese canal siguió utilizándose y que durante un tiempo la situación mejoró, aunque recientemente volvió a recibir correos electrónicos con nuevas denuncias.

La alcaldesa dijo que espera que la información recopilada con el nuevo sistema también le resulte útil a la ciudad vecina. “Esperamos que los datos sean realmente útiles para Paterson, para que puedan encontrar tal vez una solución que ayude a los residentes de ambos lados”, afirmó.

La vecina Maurer consideró que la medida es un primer paso, aunque evitó asegurar que alcance para bajar el volumen de las molestias. Sobre esto, sentenció: “Escuche, creo que todos tenemos que trabajar juntos en ciertos temas. No todo es solo un asunto local. Esto afecta a las familias de ambos lados del río”.

Panamá aprobó una nueva herramienta para endurecer el manejo ambiental de las granjas porcinas, con medidas que buscan evitar que el estiércol, la orina y otros residuos de la actividad terminen contaminando ríos, quebradas, suelos y fuentes subterráneas utilizadas para abastecer de agua a la población.

La Guía de Buenas Prácticas Agroambientales para la Gestión Integral de Residuos de las Granjas Porcinas en Cuencas Hidrográficas fue oficializada mediante la Resolución DM-0368-2026, del 17 de julio, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de julio. Los productores tendrán hasta 12 meses para adecuar sus operaciones, bajo acompañamiento y fiscalización de las instituciones competentes.

La medida se aprueba después de que el manejo inadecuado de residuos pecuarios en la cuenca del río La Villa quedara señalado entre los factores que desencadenaron la crisis hídrica más grave sufrida por la península de Azuero.

Más de un año después, miles de usuarios de Herrera y Los Santos todavía no pueden beber directamente el agua que sale de sus grifos, porque continúa sin cumplir las condiciones para consumo humano.

Uno de los cambios más importantes es que toda granja porcina deberá implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, cuyo diseño tendrá que ser evaluado y aprobado por las autoridades.

El sistema deberá ajustarse a la cantidad de animales, la proyección de crecimiento, el volumen y características de los desechos, la permeabilidad del suelo, la topografía y el espacio disponible.

En la práctica, esto significa que no será suficiente mantener lagunas improvisadas o descargar los purines sin tratamiento adecuado. Los sistemas deberán reducir la materia orgánica, disminuir el nitrógeno que puede contaminar aguas superficiales y subterráneas, y controlar gases dañinos como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el metano.

La guía contempla tecnologías como biodigestores, separación de sólidos y líquidos, tratamientos biológicos o fisicoquímicos, lagunas de estabilización, humedales artificiales y compostaje. También permite aprovechar los residuos tratados como fertilizantes o para producir biogás, siempre que se cumplan las normas ambientales y sanitarias vigentes.

Las lagunas deberán estar debidamente selladas para impedir filtraciones y ubicarse lejos de ríos, quebradas, acuíferos, viviendas y zonas recreativas. En suelos arenosos podrá requerirse una geomembrana impermeable, mientras que las fincas tendrán que establecer sistemas para evitar desbordamientos y franjas vegetales que frenen la escorrentía de contaminantes hacia cuerpos de agua cercanos.

Otro cambio relevante es la creación de un sistema de supervisión continua, que incluye evaluaciones anuales, revisión de documentos, toma de muestras de agua, suelo y aire, y verificaciones directas de las prácticas desarrolladas dentro de las fincas.

Las autoridades también podrán realizar inspecciones sin notificación previa para comprobar el cumplimiento cotidiano de las medidas.

Los productores deberán facilitar al menos dos inspecciones por año, mantener registros actualizados, documentar avances medibles y demostrar que las prácticas fueron incorporadas permanentemente a sus operaciones. Además, tendrán que registrarse en los sistemas oficiales de trazabilidad y reportar inmediatamente enfermedades infectocontagiosas que afecten a animales o trabajadores.

El incumplimiento también tendrá consecuencias. La guía permite suspender beneficios, certificaciones y apoyos institucionales cuando un productor no demuestre avances razonables, aplique prácticas contrarias a las reglas, impida las inspecciones o utilice fraudulentamente la certificación ambiental.

El documento exige además que las áreas de almacenamiento de estiércol tengan techos, pisos impermeables y sistemas que eviten escurrimientos hacia el exterior. Los residuos peligrosos deberán separarse desde su origen, registrarse y permanecer almacenados temporalmente por un máximo de tres meses antes de recibir una disposición final autorizada.

Las granjas también deberán contar con áreas específicas para animales muertos, protegidas contra el ingreso de otros animales y con mecanismos para controlar líquidos contaminantes. La guía recomienda retirar los cadáveres de los corrales en un plazo no mayor de 24 horas y prohíbe destinarlos al consumo humano o animal.

La herramienta fue elaborada por MiAmbiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, junto con asociaciones del sector porcino. Está dirigida especialmente a pequeños y medianos productores, quienes recibirán orientación técnica, capacitación y evaluaciones periódicas para cumplir gradualmente con las nuevas exigencias.

La guía reconoce que la porcicultura genera unos 200 millones de dólares anuales, aporta el 7.7% del valor bruto de la producción agropecuaria y emplea a más de 30,000 personas. El reto ahora será comprobar que la fiscalización sea constante y que las nuevas disposiciones no queden únicamente escritas en un documento, especialmente después del impacto que la contaminación del río La Villa continúa teniendo sobre miles de habitantes de Azuero.

Hace poco más de dos años escribía en este espacio una pregunta que resumía el fracaso de nuestra política hídrica: ¿Quién secó la Laguna de Zumpango? En aquel momento sólo quedaban tierra agrietada, incendios y la incertidumbre de cientos de familias que veían desaparecer el último gran vaso lacustre del Valle de México.

Meses después llegaron lluvias extraordinarias que la llevaron incluso a superar su capacidad de almacenamiento. Luego apareció otra amenaza: una invasión masiva de lirio acuático cubrió casi en su totalidad su superficie y volvió a evidenciar el deterioro ambiental del ecosistema. En muy poco tiempo, Zumpango pasó de la sequía extrema a la abundancia y de ésta a una nueva crisis. Quizá ningún otro cuerpo de agua refleja con tanta claridad la fragilidad de la gestión hídrica en México.

Hoy el Gobierno Federal propone escribir un capítulo distinto. Con una inversión superior a los 10 mil 500 millones de pesos, impulsa un proyecto para recuperar la laguna y convertirla nuevamente en un activo estratégico para el Valle de México.

La iniciativa contempla desazolvar el vaso, rehabilitar bordos, construir plantas de tratamiento y potabilización, instalar estaciones de bombeo y nuevos acueductos para incorporar el agua al abastecimiento de la Zona Metropolitana, además de restaurar parte de sus funciones ambientales. Si las metas se cumplen, Zumpango volvería a ser, al mismo tiempo, un humedal vivo y una fuente adicional de agua para millones de personas.

Sería mezquino negar el alcance de esta apuesta. Diversificar las fuentes de abastecimiento, disminuir la presión sobre acuíferos sobreexplotados y recuperar un ecosistema degradado son objetivos que cualquier política pública debería perseguir. Después de décadas viendo desaparecer cuerpos de agua, resulta alentador que el Estado vuelva la mirada hacia uno de los más emblemáticos.

Pero tampoco sería responsable celebrar antes de tiempo.

La recuperación de Zumpango no dependerá únicamente de bombas, tuberías y plantas potabilizadoras. Dependerá, sobre todo, de garantizar la calidad del agua que alimentará el sistema, controlar las descargas contaminantes, contener el lirio acuático y mantener un monitoreo ambiental permanente.

Lo que ocurre en Zumpango también obliga a mirar el resto del país. Mientras este proyecto apuesta por recuperar un lago para convertirlo nuevamente en una fuente de abastecimiento, Querétaro impulsa El Batán como un modelo de reúso potable indirecto, proyecto sobre el que también he escrito en este espacio; otros estados avanzan en desalación, captación de lluvia o modernización de redes. Son esfuerzos valiosos, pero aislados. México continúa respondiendo a sus crisis hídricas con soluciones regionales cuando el desafío exige una verdadera política nacional que articule infraestructura, restauración ambiental, innovación tecnológica y una gobernanza capaz de trascender los sexenios.

La paradoja es evidente. Cada administración anuncia “la obra hídrica” que promete cambiar el futuro de una región, mientras millones de litros se pierden diariamente por fugas, los acuíferos siguen sobreexplotándose, el tratamiento de aguas residuales continúa siendo insuficiente y miles de ríos, presas y lagos permanecen contaminados. Ninguna obra, por ambiciosa que sea, compensará décadas de rezago institucional. La verdadera transformación llegará cuando dejemos de administrar emergencias y comencemos, por fin, a planificar el agua con visión de Estado.

Quizá la mayor enseñanza de Zumpango sea precisamente esa. Hace unos años discutimos quién fue responsable de su deterioro; ahora deberíamos preguntarnos quién garantizará que esta recuperación perdure. Porque rescatar una laguna cuesta miles de millones de pesos. Construir una política hídrica que evite volver a perderla vale mucho más.

Una nota personal

Hay despedidas que no caben en una columna, pero sí en una línea. Para mi mamá, Yadira Aguirre Prior: gracias por ser el cauce que dio sentido a mi vida.

Las playas francesas pueden quedar cerradas al baño de forma temporal cuando las autoridades sanitarias detectan bacterias en el agua, un problema que se agrava tras lluvias intensas o tormentas de verano y que, según franceinfo, responde tanto a vertidos y arrastres desde tierra como a la propia presión de los bañistas.

Las zonas de baño en Francia son inspeccionadas de forma periódica por las agencias regionales de salud, y el agua se analiza en busca de dos bacterias concretas: Escherichia coli y enterococos intestinales. Cuando su concentración supera el umbral establecido, se activan alertas o prohibiciones temporales de baño.

La contaminación que obliga a cerrar playas no siempre es visible a simple vista y, según la publicación francesa, sigue siendo relativamente poco frecuente. Aun así, cada año afecta a numerosos arenales y obliga a revisar el estado del agua antes de acudir a la costa en verano.

Riesgo bacteriano y presión humana

Patrick Monfort, director de investigación del CNRS en el laboratorio HydroSciences de Montpellier, ha explicado al medio que el riesgo sanitario existe cuando esas bacterias aparecen en determinadas concentraciones. Los efectos más probables son conjuntivitis o infecciones de oído.

El investigador ha precisado que los casos de gastroenteritis asociados al agua de mar son muy raros. “Para contraer gastroenteritis por agua de mar, habría que ingerir litros o que estuviera muy contaminada por los vertidos de una depuradora de aguas residuales, lo que la haría peligrosa para nadar.”

Una parte de esa contaminación procede de los propios bañistas. Monfort ha señalado que existe contaminación de origen fecal introducida por quienes se bañan, y el diario recuerda que el científico codirigió un estudio en 2021 que encontró “una relación bastante fuerte entre el número de bañistas y la cantidad de contaminación por Escherichia coli en el agua, así como la presencia de genes de resistencia a los antibióticos”.

La arena también puede actuar como vector de contaminación, un aspecto del que, según el investigador, se habla poco. En ese entorno pueden producirse cortes, infecciones o infecciones por hongos, y la arena puede intervenir en la transmisión de hongos en la piel o de estafilococos.

“Cuanta más gente haya en la playa, mayor será la probabilidad de que la arena esté contaminada”, ha afirmado Monfort. Esa presión humana no se limita al agua, sino que afecta al conjunto del entorno de baño.

Lluvias, aguas residuales y agricultura: cómo llega la contaminación a la costa

La otra gran fuente de contaminación procede del interior y llega a las playas a través de las cuencas hidrográficas, ya que según indica el investigador, puede originarse en plantas de tratamiento de aguas residuales que vierten sus desechos a los ríos o en actividades agrícolas como la aplicación de estiércol al suelo.

Esa carga microbiológica alcanza la costa durante episodios de tormenta o de lluvias intensas. A su vez, el científico describe un fenómeno de lixiviación del suelo que arrastra los contaminantes hacia el mar y eleva los niveles de contaminación microbiológica en la línea costera.

En la segunda mitad del proceso interviene también el tiempo atmosférico. El medio Franceinfo recoge que las tormentas de verano pueden multiplicar estos episodios y degradar de forma drástica la calidad del agua, hasta el punto de convertir temporalmente algunas playas en zonas no aptas para el baño.

Un sistema de cámaras inteligentes a bordo de barcos ha permitido crear una amplia base de datos sobre plásticos flotantes en los océanos. Desde 2019, el proyecto publicado en Environmental Research Communications ha escaneado decenas de miles de kilómetros cuadrados de superficie marina, identificando y geolocalizando más de 20.000 objetos de macroplástico.

Esta iniciativa ofrece por primera vez una radiografía precisa y global de la presencia de residuos plásticos en aguas abiertas, con información abierta y actualizada que permite estudiar tendencias y puntos críticos a escala planetaria.

El sistema que crearon expertos de The Ocean Cleanup comenzó en 2019 con el desarrollo del Sistema Automatizado de Imágenes de Desechos (ADIS). Este mecanismo utiliza cámaras instaladas en embarcaciones que recorren océanos como el Atlántico, el Pacífico y el Índico. ADIS fue ideado para superar los límites de las técnicas tradicionales, como las redes de arrastre o la observación visual directa, que no logran captar la magnitud real de los residuos dispersos en mar abierto.

En los primeros cinco años, ADIS recopiló más de 27 millones de fotografías, equivalentes a 165 terabytes de datos. Todas las imágenes pasaron por un modelo de inteligencia artificial que detecta objetos voluminosos, conocidos como macroplásticos (fragmentos superiores a 50 cm). Luego, un equipo validó manualmente los hallazgos. El resultado fue el registro de más de 20.000 objetos de macroplástico flotando en la superficie de los océanos. “La individualización de los datos de detección de plástico permite construir un mapa global de concentración de residuos”, explicó el equipo de The Ocean Cleanup.

Un mapa abierto para combatir la contaminación

Toda la información reunida por ADIS se integra en un mapa de acceso abierto que muestra la densidad de plásticos, medida en piezas por kilómetro cuadrado, en distintas zonas marinas. Este recurso no solo posibilita a The Ocean Cleanup identificar los llamados “hotspots” o puntos críticos de contaminación, sino que también permite a otros equipos científicos analizar estos datos y mapear nuevas zonas de acumulación, como el famoso Gran Parche de Basura del Pacífico (GPGP).

La utilidad del sistema quedó demostrada en una campaña de verificación realizada en 2022 en el GPGP. Durante esa expedición, los datos de ADIS se compararon con imágenes aéreas obtenidas por drones y con muestras físicas recolectadas con redes de arrastre. Los resultados mostraron que el sistema subestima las cantidades reales de residuos entre cinco y seis veces, principalmente por el color o el material de algunos plásticos, que dificultan su detección automática. “La naturaleza consistente de la subestimación permite usarla como factor de corrección”, señala el informe de The Ocean Cleanup. Es decir, aunque ADIS cuenta menos plásticos que los métodos físicos, la relación se mantiene estable, lo que facilita ajustar los cálculos y obtener estimaciones más precisas.

Evolución tecnológica: la llegada de ADIS2.0

En 2024, el proyecto dio un salto cualitativo con la llegada de ADIS2.0, una versión mejorada que automatiza la detección y el procesamiento de datos. Esta generación utiliza cámaras inteligentes capaces de reconocer residuos, tomar fotografías detalladas y registrar coordenadas GPS, todo sin intervención humana constante. ADIS2.0 está diseñado para funcionar durante largos periodos sin necesidad de expertos para su mantenimiento.

En solo dos años de operación, ADIS2.0 amplió la cobertura en otros 39.431 km², alcanzando casi 54.000 km² de superficie oceánica cartografiada. La herramienta, que puede visualizarse en línea, permite comparar datos de distintos años y analizar tendencias en la distribución de plásticos flotantes a escala mundial. Esto abre la puerta a estudios periódicos sobre la evolución de la contaminación y la efectividad de las estrategias de limpieza.

Uno de los pilares del proyecto es la transparencia. Al ser un recurso de acceso abierto, el mapa permite a otros investigadores estudiar el mismo conjunto de datos y mapear otros parches de basura. Esta apertura fomenta la colaboración global y facilita que gobiernos, organizaciones no gubernamentales y científicos tengan una base sólida para diseñar políticas de mitigación y limpieza.

El avance de ADIS y ADIS2.0 representa un cambio en la forma de entender y abordar la contaminación plástica marina. Gracias a la recopilación sistemática y el análisis de millones de imágenes, la comunidad científica cuenta ahora con una herramienta robusta para enfrentar uno de los desafíos ambientales más persistentes del siglo XXI.

Cada vez es más común escuchar el argumento de que vivir en la ciudad ahoga. Más allá de los precios de los alquileres, la calidad del aire se nota, las aglomeraciones, la cantidad de gente que hay en todas partes... En este sentido, el Banco de España ha publicado un estudio que examina la relación entre densidad de población y calidad del aire, y concluye que las ciudades europeas presentan un vínculo mucho menor entre densidad y contaminación atmosférica que las estadounidenses.

El estudio, elaborado por el equipo de investigación del organismo, analiza cómo el crecimiento de la población urbana impacta en la concentración de partículas contaminantes PM2.5, consideradas uno de los principales riesgos ambientales para la salud pública. Según los datos recogidos, en las ciudades europeas un aumento del 1% en la densidad de población provoca un incremento del 6% en la exposición a PM2.5, mientras que en las ciudades de Estados Unidos ese mismo aumento genera un crecimiento del 14%. El informe subraya que esta diferencia en la elasticidad —la respuesta de la contaminación a los cambios en la densidad— representa prácticamente la mitad en el contexto europeo.

Este resultado sugiere que el modelo urbano europeo logra combinar mayor compacidad y proximidad entre residentes con un menor coste ambiental en términos de contaminación atmosférica. Entre los factores que pueden influir en este comportamiento, el informe cita la configuración urbana, el peso del transporte público, las distancias de desplazamiento y las características del parque automotor.

El documento resalta que el diseño de políticas urbanas debe tener en cuenta estas diferencias estructurales. Para el Banco de España, la evidencia respalda la posibilidad de impulsar densidades mayores en las ciudades europeas sin asumir necesariamente un incremento proporcional de la contaminación, algo que no sucede en igual medida en el caso estadounidense.

Por qué la situación en Europa es menos mala

El informe también explora las razones por las que la elasticidad es menor en Europa. Una de las claves señaladas es la existencia de políticas de movilidad más restrictivas, como las zonas de bajas emisiones (LEZ, por sus siglas en inglés), que limitan el acceso de vehículos altamente contaminantes. Estas medidas, muy extendidas en ciudades europeas, contribuyen a reducir la cantidad de partículas en suspensión, incluso cuando la densidad urbana es elevada.

Al analizar el impacto de las zonas de bajas emisiones, el documento del Banco de España indica que su implementación ha permitido reducir la exposición a PM2.5 en un 4% dentro de las áreas reguladas, y que los beneficios se extienden hasta 3 kilómetros fuera de sus límites. Esto demuestra que las medidas adoptadas en un área pueden mejorar la calidad del aire también en barrios vecinos.

Desigualdad por territorios

No obstante, el informe también advierte sobre la heterogeneidad de los resultados. “Las reducciones se concentran en las ciudades más grandes y densas, así como en aquellas con zonas de tamaño medio en relación con la superficie urbana total. Por el contrario, en las ciudades y zonas más pequeñas no se observa ningún efecto significativo”, indica el informe. Esta diferencia entre ciudades hace necesario ajustar las políticas según las características de cada lugar.

El Banco de España señala que los efectos positivos de las zonas de bajas emisiones no se explican por un simple desplazamiento de la actividad económica hacia lugares no regulados, sino por una renovación del parque automotor. Al restringir la circulación de los vehículos más contaminantes, estas medidas incentivan la adopción de tecnologías más limpias y repercuten en la calidad del aire de toda la ciudad.

El estudio refuerza la idea de que la densificación urbana puede ser compatible con la mejora ambiental si se acompaña de políticas ambiciosas y bien diseñadas. La experiencia europea, recogida en el informe, muestra que es posible construir ciudades compactas, eficientes y menos contaminadas, siempre que exista un marco regulatorio adecuado y una inversión sostenida en movilidad sostenible.

Entre las recomendaciones, el informe subraya la importancia de combinar el crecimiento poblacional con la innovación en transporte y la renovación tecnológica. El reto, según el Banco de España, consiste en garantizar que el desarrollo urbano no implique un deterioro de la calidad del aire, sino una oportunidad para avanzar hacia modelos más saludables y resilientes.

Por primera vez, un equipo de la India obtuvo el máximo galardón en The Earth Prize gracias a un polvo biodegradable elaborado con tamarindo que elimina microplásticos del agua potable de manera simple y accesible.

Los creadores de este avance, Vivaan Chhawchharia, Ariana Agarwal y Avyana Mehta, tienen 16 años y desarrollaron el proyecto a partir de una problemática cotidiana: millones de personas en zonas rurales almacenan agua en recipientes plásticos sin acceso a sistemas de filtrado, lo que incrementa el riesgo por contaminación invisible.

El equipo ideó Plas-Stick luego de observar cómo los microplásticos afectan a quienes dependen de envases plásticos para el agua diaria. Según datos de The Earth Foundation, más de 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura, lo que eleva la exposición a sustancias contaminantes.

“Ser nombrados ganadores globales de The Earth Prize es increíblemente especial para nosotros, especialmente como el primer equipo de India en recibir este reconocimiento”, expresaron los jóvenes.

En qué consiste el método para eliminar microplásticos

La innovación parte de un material agrícola descartado: las semillas de tamarindo. Al convertirlas en polvo y añadirlo al agua, el compuesto actúa como un “imán natural” para los microplásticos, agrupándolos en pequeños conglomerados que se pueden retirar fácilmente con un imán portátil. En otras palabras, el método permite limpiar el agua sin electricidad ni tecnología avanzada.

Esta solución fue diseñada para ser asequible y fácil de implementar en comunidades que no cuentan con infraestructura tecnológica. Además, el sistema ya se presentó en talleres y actividades educativas donde participaron más de 8.000 estudiantes y docentes, según el comunicado de The Earth Prize.

La contaminación por microplásticos se detecta hoy en mares, ríos y fuentes de agua potable en todo el mundo. Estas partículas, que miden menos de cinco milímetros, pueden llegar al organismo humano a través del consumo diario. La solución de Chhawchharia, Agarwal y Mehta ofrece una alternativa replicable en contextos de bajos recursos y podría extenderse a otros países.

“Transformar residuos agrícolas en una herramienta para eliminar microplásticos demuestra una creatividad y un propósito extraordinarios”, destacó McGarry.

El proyecto de los adolescentes indios fue elegido entre siete finalistas continentales, tras una votación global en la que participaron cerca de 23.000 personas. Además del reconocimiento económico, el equipo recibió la “100-year flag”, una bandera simbólica confeccionada con velas recicladas y transmitida entre las escuelas ganadoras de la competencia.

El desarrollo contó con el apoyo del especialista Rajesh Khandelwal, quien aportó experiencia científica durante las pruebas. “El equipo Plas-Stick representa exactamente el tipo de innovación que The Earth Prize busca impulsar: soluciones con base científica, responsables con el ambiente y accesibles para las comunidades que más las necesitan”, valoró Peter McGarry, fundador de The Earth Foundation.

Tras la premiación, los jóvenes planean crear centros locales de producción para que la solución llegue a más zonas rurales y permita el acceso a agua limpia, al tiempo que invitan a otros jóvenes a apostar por ideas con impacto ambiental.

The Earth Prize, impulso a la acción ambiental juvenil

The Earth Prize es la competencia ambiental para jóvenes más relevante a nivel global. Desde 2019, más de 21.000 estudiantes de 169 países han presentado proyectos orientados a resolver problemas como la contaminación plástica, la escasez de agua y el cambio climático.

Organizada por The Earth Foundation, una organización con sede en Ginebra, la iniciativa busca convertir la preocupación ambiental en acciones concretas a través de mentorías, formación y financiamiento para los ganadores.

El premio incluye recursos y visibilidad internacional, facilitando que los proyectos pasen de la idea a la implementación y abran oportunidades reales de cambio.

El Mundial 2026 finalizó el pasado domingo 19 de julio, en un reñido enfrentamiento entre Argentina y España, siendo esta última la selección campeona del mundo, sin embargo, tras 39 días, no todo es celebración.

La organización ambiental Greenpeace alertó por el impacto ambiental que tuvo y advirtió que el torneo dejó “toneladas de basura” y “emisiones históricas de CO2”; además, vinculó la magnitud del evento con sus efectos sobre residuos, consumo y crisis climática.

La organización presentó su balance a partir del cierre del campeonato y puso el foco en el costo ecológico que, consideró, quedó detrás de la competencia. En una publicación en redes sociales, planteó una pregunta directa sobre el legado ambiental del torneo y respondió con una enumeración de daños asociados a la movilidad masiva, la generación de desechos y la presión sobre las ciudades sede.

El balance ambiental que expuso Greenpeace

En su publicación, Greenpeace México sostuvo que el Mundial 2026 no solo movilizó a millones de personas y recursos, sino que también dejó una huella ambiental de gran escala.

Entre las consecuencias que la organización destacó, se encuentran las toneladas de basura generadas por la asistencia masiva a los partidos y por la actividad comercial en torno a las sedes. “Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara habrán acumulado alrededor de 34 mil toneladas adicionales de basura, un volumen equivalente a casi tres días completos de residuos generados en la capital del país", destacó Greenpeace.

También puso el foco en las emisiones históricas de CO2 derivadas de la magnitud logística del campeonato. En esa categoría ubicó los vuelos internacionales, los traslados terrestres entre ciudades sede, la operación de los estadios, el consumo energético, el hospedaje y el movimiento de mercancías y servicios necesarios para sostener el torneo.

“Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó más de 27 vuelos en un jet privado, sumando más de 50 mil kilómetros en el aire. Su impacto climático a lo largo de dos semanas equivale, aproximadamente, al de 78 personas, en promedio, durante todo un año", advirtió la organización.

Otra de las consecuencias fueron los efectos del cambio climático, a partir de las altas temperaturas registradas durante varios partidos. En esa línea, desde antes que iniciara el evento deportivo, Greenpeace presentó las pausas para hidratación como una señal de las condiciones extremas en que se disputó parte de la competencia y como una muestra de que la crisis climática ya incide de forma directa en los grandes eventos deportivos.

Afectaciones a las ciudades

El señalamiento de Greenpeace no solo señaló una postal de estadios llenos y calles saturadas, sino que también apunta a la capacidad de las ciudades para procesar ese volumen de residuos sin agravar problemas previos.

Cuando un evento reúne multitudes durante varios días o semanas, la recolección, separación y disposición final de desechos pasan a ser parte del impacto ambiental total.

“El próximo Mundial 2030 se llevará a cabo en 6 paises: España, Portugal y Marruecos como sedes principales, pero habrá partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay”, lo que elevará los costos climáticos para las ciudades.

Emisiones de CO2 y crítica al modelo de megaeventos

El otro gran eje del hilo fue el de las emisiones. Greenpeace advirtió que el CO2 generado por el campeonato respondió a una cadena extensa de actividades: vuelos de selecciones e hinchas, desplazamientos entre sedes, operación continua de recintos, consumo eléctrico, hospedaje, transporte de mercancías y montaje comercial. En conjunto, ese sistema elevó la huella de carbono del torneo.

La objeción no recae solo sobre un partido o una sede, sino sobre una estructura completa que exige movilidad constante, patrocinio masivo, producción acelerada y consumo de corta duración. Desde esa mirada, el legado de estos torneos no se mide solo en cifras de audiencia o derrama económica, sino también en residuos, gasto de agua y emisiones acumuladas.

El cierre del Mundial no termina con el último partido, porque los efectos materiales del evento persisten después, de acuerdo a las denuncias de Greenpeace. La basura debe recolectarse y tratarse. Las emisiones ya fueron liberadas a la atmósfera. Y las escenas de calor extremo durante los encuentros, con pausas para hidratación incluidas, quedan como una señal de las condiciones en que se desarrollan los grandes torneos en un contexto de cambio climático.

En contextos de escasez, contaminación o privatización del agua, la distribución y administración diaria suele recaer en las mujeres, quienes soportan una carga adicional tanto en el hogar como en la sociedad. Esta doble labor implica impactos diferenciados y desafíos particulares que no siempre son reconocidos en los diagnósticos oficiales. Paulina Duarte Domínguez, estudiante de posgrado en la Universidad Iberoamericana, desarrolla una investigación que analiza estos fenómenos y sus efectos sobre la comunidad femenina en distintos territorios.

El estudio identifica una limitación fundamental en los informes acerca de este recurso: la mayoría ofrece proyecciones a largo plazo y estrategias generales, pero no presenta soluciones inmediatas ni atiende la realidad de las zonas rurales, indígenas u otras áreas donde la carencia y la toxicidad son problemas cotidianos. Estos planes suelen omitir las desigualdades estructurales y el papel histórico asignado a las ciudadanas, lo que perpetúa escenarios de vulnerabilidad.

Para la investigadora, las políticas públicas sobre crisis ambientales suelen diseñarse desde perspectivas técnicas, sin contemplar cómo las condiciones sociales y de género transforman radicalmente la vivencia de quienes sufren la problemática en el día a día.

Crisis del agua y la vulnerabilidad de género

El análisis compara dos escenarios muy distintos para comprender cómo se experimenta el derecho al agua en México. Por un lado, las localidades del Río Sonora han vivido por más de diez años las consecuencias del derrame de lixiviados de la minería, lo que ha dañado la salud y la economía local. Por otro, en Puebla, la problemática está relacionada con la privatización y la gestión desigual, lo que encarece y deteriora el acceso al suministro.

“No puedes aplicar las mismas políticas para la misma situación; hay diferentes condiciones: lo social, lo ambiental y lo cultural de cada estado”, señala la especialista. Así, las soluciones deben adaptarse a los contextos específicos y considerar tanto las particularidades territoriales como los factores sociales y de género.

En ambos entornos, uno de los hallazgos clave es la sobrecarga de responsabilidades que enfrentan las mujeres cuando el acceso al agua no está garantizado por el Estado. Ellas asumen la recolección, administración y protección del recurso, lo que implica un esfuerzo físico considerable y las expone a mayores riesgos, especialmente en regiones donde hay presencia del crimen organizado o inseguridad.

Queda en evidencia que la falta de infraestructura hídrica no solo afecta la calidad de vida, sino que también puede poner en peligro la integridad de quienes deben recorrer largas distancias para abastecer a sus familias.

Participación de las mujeres en la defensa del agua

La investigación de Duarte utiliza una metodología participativa, dándole voz a la comunidad femenina para que expresen cómo perciben la desigualdad de género y cuáles son sus verdaderas necesidades frente a la crisis del agua. El propósito es incidir en distintos sectores: en lo jurídico, para que las leyes sean realmente protectoras, mientras que en lo social, para visibilizar las condiciones que atraviesan en diversos contextos.

Este enfoque busca no solo documentar la problemática, sino también promover nuevas perspectivas que reconozcan el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la defensa a este suministro y en el manejo diario de un recurso indispensable para la vida.

El oxígeno está desapareciendo silenciosamente de los océanos, lagos, ríos y zonas costeras, en un proceso que amenaza la vida acuática y altera el equilibrio climático global. Investigadores de la Universidad de California, San Diego y la Institución Scripps de Oceanografía advierten sobre las posibles consecuencias a largo plazo de esta tendencia, que ya se observa en múltiples ecosistemas de agua dulce y salada.

Según un estudio publicado el 30 de junio de 2026 en la revista Limnology and Oceanography, el descenso de los niveles de oxígeno disuelto se aceleró en las últimas décadas. Esta pérdida, que podría persistir durante siglos, afecta a organismos de todos los niveles tróficos e implica riesgos para la biodiversidad y los procesos que moderan el clima terrestre.

La desoxigenación acuática: una amenaza que crece junto a otras crisis planetarias

El fenómeno de la desoxigenación acuática consiste en la reducción del oxígeno disponible en ambientes marinos y de agua dulce. De acuerdo con el reporte de la Universidad de California, San Diego, este proceso se presenta como un desafío de escala global y está vinculado a otros riesgos ambientales, como el cambio climático, la acidificación oceánica, la contaminación química y la pérdida de biodiversidad.

El marco de los Límites Planetarios, presentado por primera vez en 2009, identifica nueve procesos esenciales para mantener la estabilidad del planeta. Los científicos sostienen que la disminución del oxígeno debe incluirse formalmente en este esquema, ya que influye de manera transversal en los sistemas terrestres. Lisa Levin, oceanógrafa de la Institución Scripps de Oceanografía, destaca que “incorporar la desoxigenación acuática al marco de los Límites Planetarios permitirá comprender mejor sus impactos en la estabilidad de la Tierra”.

El deterioro de la calidad del agua y la reducción del oxígeno no solo alteran ecosistemas acuáticos, también debilitan los mecanismos naturales que regulan el clima. Los investigadores alertan sobre la necesidad de que los tomadores de decisiones consideren la caída de los niveles de oxígeno junto a otras amenazas planetarias y no como un fenómeno aislado.

Calentamiento global y contaminación: motores de la caída del oxígeno en el agua

El informe de la UC San Diego señala que el incremento de las temperaturas globales y la contaminación por nutrientes son las principales causas de la reducción de oxígeno en el agua. El calentamiento de la superficie oceánica dificulta la mezcla y ventilación de las capas profundas, mientras que el exceso de nutrientes favorece la proliferación de algas, que consumen oxígeno al descomponerse.

Esta dinámica impacta en la capacidad de los ecosistemas para sostener formas de vida diversas. Al disminuir el oxígeno, las especies acuáticas más sensibles enfrentan condiciones adversas para su supervivencia. Las cadenas alimentarias sufren alteraciones, desde organismos microscópicos hasta grandes depredadores como peces y tiburones.

Los mamíferos marinos también se ven afectados, pese a respirar aire en la superficie, dado que la escasez de oxígeno reduce la disponibilidad de sus presas y transforma los hábitats de los que dependen. Según declaraciones recogidas en el reporte, “la salud y la estabilidad de nuestro planeta dependen de los ecosistemas acuáticos, que precisan oxígeno para funcionar con normalidad”.

Implicancias para la biodiversidad y la regulación climática

La revisión elaborada por la investigadora estadounidense Erica Ferrer y su equipo subraya que la desoxigenación acuática amenaza la biodiversidad y debilita los procesos naturales que ayudan a regular el clima. La alteración de los ciclos biogeoquímicos, como el del nitrógeno, y el debilitamiento de los sumideros de carbono ponen en riesgo la capacidad del planeta para enfrentar el calentamiento global.

El estudio enfatiza que algunos impactos derivados de la pérdida de oxígeno podrían ser irreversibles durante la vida humana. Ferrer, en declaraciones recogidas por la revista científica Science Daily afirmó que “mitigar los efectos de la desoxigenación representa un componente clave para mantener la biodiversidad y el clima”.

La publicación del trabajo fue posible gracias al apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias y fondos de la UC Santa Cruz y la UC Santa Bárbara. Los autores esperan que estos hallazgos promuevan una acción coordinada entre la comunidad científica y los responsables de políticas públicas, y que la desoxigenación reciba atención prioritaria en la agenda ambiental internacional.

Las autoridades ambientales continúan trabajando en el territorio nacional por proteger los ecosistemas y evitar riesgos para la salud de los ciudadanos y animales. Por esta razón, realizan intervenciones frecuentes con el fin de evitar que los establecimientos que incurran en malas prácticas continúen operando y afectando a la comunidad en general.

Precisamente, en medio de uno de estos operativos se descubrió una granja porcícola con vertimientos en Nilo, Cundinamarca, que no cumplía con las normas para su funcionamiento. De acuerdo con el reporte oficial del caso, luego de que una inspección ambiental se detectaron residuos que eran arrojados al suelo y a un cuerpo de agua dentro de una zona de conservación ambiental.

Así lo dio a conocer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 19 de julio de 2026, asegurando que encontró las irregularidades en una granja de la vereda Buenos Aires. Allí se realizaba un manejo inadecuado de aguas residuales del lavado de corrales, por lo que se ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos.

El informe indica que la medida se mantendrá mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades y exigir el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a los dueños del lugar.

La medida preventiva fue impuesta tras una visita técnica al predio intervenido. En la inspección, los funcionarios identificaron que las aguas residuales provenientes del lavado de los corrales donde eran criados cerdos de diferentes edades no recibían un manejo adecuado.

En el lugar hallaron dos puntos de vertimiento. Uno conducía, por una tubería, agua, orina y restos de alimento hasta un cuerpo de agua cercano, ocasionando una grave contaminación y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la zona.

El segundo punto de conexión descargaba esos desechos directamente sobre el suelo, a escasos metros de las instalaciones. La autoridad indicó que esos residuos provenían de la actividad porcícola desarrollada en la granja.

Riesgos ambientales de las aguas residuales

La autoridad explicó que las aguas residuales de este tipo de explotaciones contienen altas concentraciones de materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Sin tratamiento, esos componentes pueden deteriorar la calidad del suelo y contaminar las fuentes hídricas.

El riesgo aumentó por el tipo de afectación detectada en el predio y por la cercanía del cuerpo de agua, teniendo en cuenta que la descarga directa de residuos alcanzaba tanto el terreno como una fuente hídrica próxima.

Medidas de la CAR en zona de conservación ambiental

Cabe mencionar que el predio está dentro de un área de conservación y protección ambiental, según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (Pomca) del río Sumapaz. Esa condición elevó la preocupación de la autoridad frente a los hallazgos.

Ante la gravedad del caso, Alfred Ballesteros Alarcón, director de la entidad, afirmó que la autoridad ambiental actúa para proteger el medio ambiente: “En una zona de conservación ambiental no hay espacio para la contaminación. En Nilo, Cundinamarca, suspendimos los vertimientos de una granja porcícola que afectaban el suelo y un cuerpo de agua. Nuestra autoridad ambiental se ejerce con decisiones y acciones”.

Entre tanto, el funcionario aclaró que la CAR mantendrá suspendidos los vertimientos mientras adelanta las actuaciones para definir responsabilidades.

Cómo evitar contaminación en las granjas porcícolas

• Realizar un estudio del terreno para identificar los cuerpos de agua presentes en las inmediaciones de la granja.
• Delimitar claramente las zonas de protección alrededor, respetando la legislación local sobre distancias mínimas.
• Ubicar las instalaciones de manejo y almacenamiento de estiércol, así como los corrales, a una distancia segura de los cuerpos de agua.
• Implementar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales que eviten el escurrimiento hacia las fuentes de agua.
• Realizar inspecciones periódicas para detectar posibles fugas o contaminación.
• Limpiar y mantener los sistemas de protección y las estructuras de manejo de agua.

Los agentes del medio natural de Cantabria han recogido a más de 2.100 peces de los ríos Pisueña y Llerana, según ha confirmado EFE. El motivo de este desastre ecológico se habría originado por un vertido ganadero detectado por la Guardia Civil el pasado viernes. Esta acción, como subrayan desde la administración, ha dejado el tramo del Llerena “completamente arrasado, sin vida”, como han confirmado El Diario Montañés.

El vertido, que se localizó en el municipio de Saro, se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: 4.500 metros en el Pisueña, hasta el puente colgante de Ruda en Santa María de Cayón, y 1.500 metros en el Llerana, donde se ha identificado el origen del problema, según datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Tanto esta institución como la Guardia Civil han confirmado que la contaminación se debió a un vertido de purines procedente de una explotación ganadera.

La indemnización por daños ambientales podría superar los 300.000 euros

La alerta se activó cuando vecinos y pescadores percibieron un intenso olor a alcantarilla cerca de la ribera. Agentes del medio natural y efectivos del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. La Consejería de Desarrollo Rural reportó a EFE que el recuento de peces muertos incluye 1.998 truchas y 49 anguilas, además de numerosos ejemplares más pequeños como piscardos y alevines, cuya cantidad resulta imposible de precisar.

El impacto ambiental es especialmente grave en el Llerana, donde, según Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, el cauce ha quedado sin rastro de vida acuática. En el Pisueña, el daño ha sido menor gracias a su mayor anchura y caudal, lo que ha ayudado a disipar la contaminación hacia las orillas y evitó, según la Consejería, que la mancha tóxica alcanzara el río Pas, el principal temor en los primeros momentos tras el siniestro.

Las autoridades han iniciado un expediente administrativo contra el responsable del vertido, cuya sanción, de acuerdo al régimen sancionador de la Ley de Pesca, podría oscilar entre 3.000 y 60.000 euros, más una indemnización por daños ambientales que superaría los 300.000 euros. No obstante, si la investigación penal en curso por un posible delito ecológico prospera, el expediente administrativo quedará en suspenso hasta que se resuelva la vía judicial, tal y como han explicado fuentes del Gobierno autonómico a El Diario Montañés.

La recogida y congelación de muestras de peces y agua contaminada constituye una medida preventiva, para que estén disponibles en caso de requerimiento judicial. Mientras tanto, los agentes del medio natural continúan en la zona vigilando los restos del vertido y retirando más ejemplares muertos que siguen apareciendo.

Un incidente similar al que pasó en 2008

El desastre revive el recuerdo del vertido masivo de 2008 en el río Besaya, cuando la empresa Froxá arrojó amoniaco y causó la muerte de 40.000 peces. En aquel caso, la justicia condenó a la compañía y a técnicos responsables a pagar indemnizaciones superiores a 276.000 euros y a cumplir penas de prisión que finalmente fueron conmutadas por multas.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural ha anunciado que pondrá en marcha un programa específico de recuperación y regeneración para los tramos afectados, que forman parte de la Zona de Especial Conservación Pas-Pisueña. Ángel Serdio ha adelantado que se evaluará si la contaminación retenida, sobre todo en la presa del Pisueña, podría seguir causando daños si el nivel del río aumenta. La autoridad autonómica estudia la viabilidad de extraer el agua contaminada como medida preventiva.

Por el momento, se prevé que el proceso de recuperación ecológica sea largo. Las autoridades estiman que la vuelta a la normalidad en los tramos más afectados puede requerir varios años, una vez se frene el impacto del vertido y se consoliden los planes de restauración ambiental.

El sargazo se ha convertido en uno de los fenómenos ambientales más críticos para Quintana Roo y el Caribe mexicano, afectando ecosistemas costeros, economía y turismo. Por esa razón, el gobierno de México anunció que presentará un plan integral para enfrentar este fenómeno, con el objetivo de contener y aprovechar el sargazo que continúa acumulándose.

La presidenta Sheinbaum explicó que el arribo masivo de sargazo afecta a todos los países con playa en el Caribe, y que en particular este mes se ha agravado la situación en Quintana Roo. Indicó que, aunque existen múltiples investigaciones científicas sobre las causas, que van desde el cambio climático hasta la deforestación en la Amazonia, el fenómeno es difícil de prevenir y representa un reto internacional. “Atender la causa fundamental es complejo y es un asunto, en todo caso, internacional”, afirmó.

Este programa que presentará el gobierno federal, fue realizado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia e Innovación.

Detalló que el plan contempla adquirir más barcos sargaceros para capturar el alga en el mar y aumentar la instalación de barreras, en estrecha colaboración con los hoteleros de la zona. “Lo que podemos hacer es evitar que llegue el sargazo a las playas o hacer nuestro máximo esfuerzo para disminuir la llegada del sargazo”, dijo.

Adelantó que el sargazo recolectado será trasladado a un centro donde podrá ser reciclado y utilizado en actividades económicas, como la producción de energía o materiales para la construcción. “Ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía o de materiales para construcción o de otras posibilidades que tiene el sargazo”, puntualizó.

“La presencia de sargazo en las playas del Caribe ha incrementado este mes, y existen diversos estudios que asocian este fenómeno al cambio climático y al aumento de la temperatura en el mar”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum explicó que el arribo masivo de sargazo afecta a todos los países con playa en el Caribe, y que en particular este mes se ha agravado la situación en Quintana Roo. Indicó que, aunque existen múltiples investigaciones científicas sobre las causas, que van desde el cambio climático hasta la deforestación en la Amazonia, el fenómeno es difícil de prevenir y representa un reto internacional. “Atender la causa fundamental es complejo y es un asunto, en todo caso, internacional”, afirmó.

Coordinación con hoteleros y autoridades locales

Sheinbaum informó que la tarde de este jueves se realizará una reunión con los hoteleros de Quintana Roo para conocer las acciones que ya implementa el sector privado y coordinar esfuerzos. “Hoy en la tarde nos vamos a reunir con hoteleros de Quintana Roo para conocer qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y el día de mañana temprano estaríamos presentando una solución mayor a la atención del problema del sargazo”, expresó.

La presidenta precisó que, tras el encuentro, el gobierno federal presentará una propuesta integral para enfrentar el fenómeno, con el objetivo de minimizar el impacto en las playas y garantizar la llegada del turismo a la región. “Mañana estaríamos dando una visión integral para la atención del tema del sargazo y garantizar, bueno, evitar, digamos, que llegue el sargazo a las playas y que pueda seguirse manteniendo el color azul de los que dan los arrecifes de esta zona y la llegada del turismo”, afirmó.

“Desde entonces hemos venido trabajando con ellos en esta solución técnica”, destacó el funcionario federal, subrayando la disposición de trabajo conjunto.

Estas declaraciones surgen luego de que el gobernador acusara al gobierno federal sobre la falta de recursos para atender la crisis de agua en el estado. En un vídeo difundido el pasado 13 de julio, donde también se anunció el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el área metropolitana de Guadalajara, desde su cuenta en ‘X’, Lemus Navarro dijo:

“No hemos recibido una respuesta positiva de la federación para aportar recursos. Cero pesos, cero centavos de la federación han llegado hasta el día de hoy para cualquier proyecto de infraestructura en Jalisco”.

En su momento, Sheinbaum respondió al líder estatal: “El gobernador que asuma su responsabilidad; nosotros la nuestra. Y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono”, dijo el pasado martes. También destaco que desde la administración de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, trabajó en Jalisco. Este jueves, Efraín Morales también se refirió al tema, destacando que el expresidente “rescató un proyecto del Zapotillo, tuvo una inversión de 8 mil 900 millones, se hizo una presa, alrededor de 60 kilómetros de acueducto y dos sistemas de bombeo”.

Asimismo, el titular de Conagua apuntó a que la situación que enfrenta Jalisco por la falta de agua es porque su sistema funciona con la alimentación de dos sistemas: el viejo acueducto de Chapala, la conducción antigua; “es una infraestructura que tiene muchísimos años, que no recibe mantenimiento y que se ha venido deteriorando y que en este momento está causando afectaciones para Guadalajara”.

Conagua presenta avances de saneamiento en río Lerma-Santiago

El director de Conagua, Efraín Morales, también presentó los avances en el saneamiento del río Lerma-Santiago, que conecta con los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, donde las obras iniciaron en la tierra tapatía.

Para este año, Conagua iniciará con el desasolve en la parte del río Lerma y se contempla el desasolve de 16 kilómetros. De acuerdo con el titular “se están interviniendo 6 plantas de tratamiento de aguas residuales” y en otras 7 están colocando sistemas de auxilio con paneles solares para que las plantas puedan funcionar correctamente.

Además, la Comisión también ha puesto tres estaciones de calidad de agua y se está llevando a cabo la reforestación de más de 2 mil 800 hectáreas.

En estas obras también se colocará un centro de monitoreo y vigilancia; además, se construirá un espacio público, “para que puedan convivir en estos ríos, ya con aguas sanas”, dijo Morales.

El avance al corte de hoy, en la primera etapa de saneamiento, es del 90%.

Entre crisis hídrica y denuncias por agua contaminada, Lemus toma descanso

Pablo Lemus Navarro anunció que se ausentará de sus funciones del jueves 16 al viernes 24 de julio para tomar unos días de descanso con motivo de su cumpleaños. Durante su ausencia, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, quedará como encargado del despacho.

El mandatario emecista difundió el mensaje a través de sus redes sociales: “Tomaré unos días de vacaciones con motivo de mi cumpleaños”, escribió, y aseguró que Zamora atenderá “cualquier necesidad” que surja en el estado.

Una lluvia invisible de microplásticos cae todos los días sobre las ciudades del mundo. Sin que nadie lo note, estas diminutas partículas viajan por el aire y encuentran su camino hacia los pulmones de millones de personas.

La magnitud real de la contaminación por microplásticos en la atmósfera es mucho menor a lo que se pensaba, pero su presencia es innegable y plantea interrogantes urgentes sobre la salud y el ambiente.

Durante años, las estimaciones sobre la cantidad de plástico que se respira a diario generaron alarma. Modelos matemáticos llegaron a calcular que hasta 10 millones de toneladas de microplásticos podrían estar flotando en la atmósfera cada año. Sin embargo, mediciones directas recientes desafían esos números.

Un estudio publicado en la revista Nature corrigió a la baja esas proyecciones, y ubicó el total anual en cerca de 4.500 toneladas.

Ria Devereux y Karina Corada-Pérez, investigadoras del Sustainability Research Institute de la University of East London, explicaron en una columna que la diferencia se debe al tipo de supuestos que usaron los modelos anteriores: “Esos cálculos sobreestimaron las emisiones de fuentes terrestres, como los neumáticos de autos y los textiles, porque no sabemos exactamente cuánto plástico libera cada fuente ni el tamaño de las partículas que produce”.

En otras palabras, los primeros estudios partieron de datos poco sólidos y, al confrontarlos con las mediciones reales, fue necesario ajustar radicalmente las cifras.

No existe hoy una respuesta clara sobre la cantidad exacta de microplásticos que una persona respira cada día. La comunidad científica aún debate las cifras y advierte que las metodologías empleadas no permiten establecer un valor preciso. Esta nota expone los últimos hallazgos, el origen de estas partículas y las razones por las que sigue siendo difícil medir con certeza la exposición diaria a microplásticos en el aire.

De dónde vienen los microplásticos que respiramos

Los microplásticos no tienen un solo origen. Parte de ellos provienen del desgaste de neumáticos en las calles, de la erosión de suelos agrícolas o del polvo levantado por el viento. Pero la fuente más importante dentro de los ambientes cerrados es la ropa y los textiles sintéticos. “Tus prendas de poliéster o tus leggings desprenden fibras con el simple uso diario”, señalaron Devereux y Corada-Pérez.

Una vez en suspensión, las partículas más pequeñas son difíciles de detectar. Las técnicas de laboratorio solo pueden identificar fragmentos de cierto tamaño, lo que lleva a subestimar la cantidad real de microplásticos presentes en el aire. Es decir, los números actuales podrían ser solo la parte visible del problema, ya que los fragmentos más diminutos escapan a la mayoría de los métodos de análisis.

No existe un estándar internacional para medir microplásticos en la atmósfera. Algunos estudios usan bombas de aire para capturar partículas en suspensión; otros recogen el polvo que se deposita sobre superficies. Luego, los investigadores analizan las muestras bajo microscopio y realizan pruebas químicas para confirmar si son plásticos y de qué tipo.

Este mosaico de metodologías genera resultados difíciles de comparar. “La falta de un protocolo de muestreo universal complica estimar cuánto plástico respira la gente realmente”, advirtieron las especialistas de la University of East London. En otras palabras, lo que se mide en un laboratorio puede no ser comparable con lo que se mide en otro, por diferencias en equipos, técnicas y rangos de tamaño de las partículas.

Microplásticos en el cuerpo humano: hallazgos y dudas

La ciencia ha encontrado microplásticos en la sangre y los pulmones humanos, lo que alimenta la preocupación pública. Sin embargo, de acuerdo con los estudios revisados, todavía no existe evidencia contundente de que los niveles habituales de inhalación provoquen enfermedades. “Detectar microplásticos no es lo mismo que demostrar que son dañinos”, aclaró Devereux.

Los experimentos de laboratorio han mostrado que estas partículas pueden estar asociadas a inflamación y daño celular, pero estas pruebas no siempre reproducen las condiciones de la vida cotidiana. Además, la detección de plásticos en muestras humanas enfrenta sus propios obstáculos: la contaminación del laboratorio y los falsos positivos originados en la presencia de lípidos pueden distorsionar los resultados. “Los lípidos pueden generar señales idénticas a las del polietileno en los instrumentos de análisis”, explicó la química ambiental Cassandra Rauert en entrevista a Yale Environment 360. Eso significa que parte de las cifras reportadas en estudios anteriores podrían estar infladas por errores metodológicos.

¿Cuáles son las fuentes de microplásticos en el hogar?

Los expertos identifican varios puntos críticos. El uso de secadoras para prendas sintéticas libera fibras al aire. Los utensilios de cocina de plástico, al ser cortados o calentados, desprenden partículas que terminan en los alimentos. Incluso los suelos de los balcones pueden acumular partículas procedentes del polvo urbano y del desgaste de neumáticos. Cambiar los utensilios plásticos por otros de madera, metal o bambú y ventilar los espacios son recomendaciones frecuentes para quienes buscan reducir la exposición.

La pregunta clave no tiene aún respuesta: ¿qué cantidad de estos fragmentos microscópicos entra realmente al cuerpo y qué efectos tiene? “No tenemos pruebas sólidas de los efectos de las partículas de microplásticos en humanos”, sostuvo Rauert. Además, la famosa afirmación de que una persona ingiere el equivalente a una tarjeta de crédito por semana ha sido desmentida por la evidencia reciente.

La comunidad científica reclama estándares internacionales para muestrear, analizar y reportar microplásticos en el aire. Las investigadoras Devereux y Corada-Pérez subrayan que “hacen falta estudios que sigan durante años los posibles daños a la salud, no solo en humanos, sino también en animales, plantas y ecosistemas”.

Mientras tanto, la presencia de microplásticos en el aire y en los cuerpos humanos no deja de ser motivo de inquietud, aunque las cifras alarmantes del pasado hayan quedado atrás. Las investigaciones avanzan y el debate sobre las consecuencias de esta contaminación invisible sigue abierto.

Miles de personas viven y trabajan cada día cerca de grandes puertos turísticos, sin saber que el aire que respiran puede estar alterando la forma en que su cuerpo responde a virus comunes. Un nuevo estudio científico advierte que la contaminación atmosférica generada por cruceros en ciudades portuarias aumenta la inflamación pulmonar y la vulnerabilidad a infecciones respiratorias, incluyendo la COVID-19 y el resfriado común.

La investigación, liderada por la Universidad de Southampton y publicada en la revista Environment International, detalla cómo las emisiones de estos barcos afectan de manera directa la salud de quienes habitan en esas zonas.

Contaminación de cruceros: una amenaza silenciosa para las ciudades portuarias

El estudio, realizado en el puerto de Southampton —uno de los más transitados de Europa—, expuso cómo los cruceros generan altos niveles de material particulado ultrafino (PM), es decir, partículas mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano.

Estas partículas, enriquecidas con metales como vanadio, níquel y cobalto, tienen la capacidad de llegar a las zonas más profundas de los pulmones y, en algunos casos, entrar al torrente sanguíneo. De acuerdo con la investigación, estos contaminantes no están regulados ni monitoreados de forma habitual.

“En esta investigación hemos identificado una clara ‘huella’ de contaminación atmosférica procedente de los cruceros que queman combustible en los puertos”, afirmó Matthew Loxham, profesor de Biología Respiratoria y Toxicología y autor principal del estudio. “Las partículas ultrafinas contenidas en las emisiones de estos barcos pueden penetrar más profundamente en los pulmones que las partículas de mayor tamaño, e incluso pueden llegar a entrar en el torrente sanguíneo”.

El papel del vanadio y los metales en la replicación viral

El equipo científico instaló estaciones de monitoreo en diferentes puntos del puerto, incluyendo la terminal de cruceros, y comparó los resultados con un sitio ubicado a cinco kilómetros. Los niveles de vanadio, níquel y cobalto resultaron más altos en la terminal durante la temporada alta de verano, cuando la presencia de cruceros es mayor.

Natasha Easton, autora principal, explicó: “Observamos aumentos en la concentración cuando el viento venía de la dirección de los cruceros y cuando la presencia de cruceros era mayor”.

El hallazgo más preocupante surgió de las pruebas de laboratorio. Al exponer células del revestimiento pulmonar humano a estas partículas ultrafinas recolectadas en la terminal de cruceros, se detectó un aumento en los genes ligados a la inflamación y una reducción en la respuesta antiviral.

“Descubrimos que la exposición de las células a estas partículas, y al vanadio —el elemento más abundante en ellas—, era proinflamatoria y facilitaba la replicación de los virus”, precisó Loxham.

Para comprender mejor este efecto, los científicos infectaron células pulmonares con rinovirus humano (causante del resfriado común) y un modelo de COVID-19. Al añadir vanadio, la replicación viral se incrementó de manera significativa. Esto sugiere que la contaminación por partículas ultrafinas emitidas por cruceros no solo afecta el sistema respiratorio, sino que también podría empeorar cuadros virales en poblaciones cercanas a los puertos.

Impactos sanitarios y debate sobre las regulaciones

La investigación también puso en evidencia una zona gris en las normativas ambientales. Las regulaciones actuales se concentran en partículas de mayor tamaño, pero dejan fuera a las ultrafinas, precisamente las más ricas en metales y las que logran penetrar más profundamente en el organismo.

“Los hallazgos refuerzan los llamados a reducir las emisiones de los buques en zonas pobladas mediante la adopción de energía eléctrica en tierra procedente de fuentes limpias, combustibles alternativos o la mejora de la tecnología de reducción de emisiones”, señalaron los autores.

La Autoridad Portuaria de Southampton respondió que las emisiones de contaminantes como dióxido de nitrógeno y material particulado se mantienen dentro de los límites nacionales, y defendió las inversiones realizadas en sistemas para reducir las emisiones, como la energía eléctrica en puerto.

No obstante, expresó dudas sobre algunos aspectos metodológicos del estudio y sobre la fortaleza de sus conclusiones.

Aunque la investigación se centró en Southampton, sus resultados podrían tener impacto en muchas otras ciudades portuarias. El equipo de la Universidad de Southampton llamó a realizar estudios más amplios en comunidades portuarias para determinar cómo la exposición a estos contaminantes afecta la salud a largo plazo.

Los autores subrayaron la importancia de “un mayor control de las partículas ultrafinas y sus efectos en la salud para fundamentar la normativa y proteger mejor la salud de las personas que viven cerca de los puertos de todo el mundo”. Así, la actividad de los cruceros, símbolo de turismo y recreación, pone en foco un desafío ambiental y sanitario que trasciende fronteras.

Las imágenes circularon en X. En el video se ve la cabina bañada por una luz anaranjada y rojiza mientras un muro de fuego arde a pocos metros de las vías, cerca de Armstrong, Ontario. El tablero del tren marca la fecha y hora exactas: 13 de julio, 22:18.

El tren atrapado entre las llamas

Desde detrás de la cámara, uno de los tripulantes grita: “¡Necesitan apurarse aquí! En serio, ahora estamos rodeados de llamas”. Segundos después, pregunta por alguien llamada “Jodie” a través de la radio. Una voz responde: “Sí, te oigo ahí. Estamos subiendo el nivel”. El tripulante insiste: “Esto tiene que darse prisa, joder”.

El diputado provincial de Ontario Sol Mamakwa fue uno de los primeros en difundir el video en X. “Esto ocurrió cerca de Armstrong, Ontario”, escribió. “¿Cuándo hará Canadian National Railway una declaración sobre este incidente?“.

La respuesta de la empresa llegó a través de CTV News: un portavoz confirmó por escrito que “la tripulación fue evacuada de la zona sin incidentes”, sin ofrecer más detalles sobre la ubicación, el tipo de operación ni el estado del material ferroviario.

Esta semana había más de 100 incendios forestales activos en el noroeste de Ontario. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para Armstrong y varias comunidades indígenas de la zona: Collins First Nation, Lac des Mille Lacs First Nation y Whitesand First Nation, entre otras.

El humo se extendió hacia el sur y cubrió Toronto el miércoles por la mañana. A las 8 a.m., la ciudad registraba la peor calidad del aire del mundo según la plataforma IQAir.

La meteoróloga de CP24 Jess Smith lo describió así: “Hemos tenido un comienzo de día con mucho humo. Sé que puede parecer niebla, pero estamos lidiando con el humo de los incendios forestales. Lamentablemente, la situación no mejora a lo largo del día de hoy”.

El humo llega a Nueva York y reactiva las alertas de salud

El mismo frente de humo, alimentado por focos activos en Minnesota y Ontario, alcanzó el estado de Nueva York y obligó a las autoridades a emitir nuevas alertas de salud pública, según informó Infobae. El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) emitió un aviso de calidad del aire para el norte del estado.

La comisionada Amanda Lefton fue directa en conferencia de prensa: “Este es un evento de varios días”, y señaló que las lluvias previstas para más adelante en la semana podrían ofrecer cierto alivio, aunque sin garantías.

James Tomasini, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que el humo podría espesarse y descender más cerca del suelo, lo que reduciría la visibilidad y elevaría el riesgo para la salud. La situación se complica por una ola de calor simultánea en la región.

Quiénes deben extremar precauciones

Los grupos con mayor riesgo ante la mala calidad del aire son las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, los bebés y niños con problemas de salud, y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado.

Para ellos, la recomendación es evitar actividades físicas al aire libre. La American Veterinary Medical Association también advirtió que “perros y gatos pueden verse afectados igual que los humanos” y aconsejó limitar sus salidas a períodos breves, con atención a síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular.

Nueva York enfrenta nuevamente la llegada de humo procedente de incendios forestales en Minnesota y Ontario, fenómeno que afectará la calidad del aire durante varios días.

La experiencia de junio de 2023 permanece fresca en la memoria colectiva, cuando el índice de calidad del aire (AQI) alcanzó los 484 puntos, el valor más alto registrado en la ciudad y un indicador de condiciones peligrosas para toda la población. En esta ocasión, si bien las autoridades anticipan un escenario menos extremo, la evolución del evento sigue sin certezas.

De acuerdo con The City Reporter, el Departamento de Conservación Ambiental del estado (DEC) emitió un aviso de calidad del aire para parte del norte de Nueva York. El resto del estado, incluida la ciudad, se mantendrá en niveles moderados de partículas en el ambiente, aunque la situación podría agravarse entre miércoles y jueves.

James Tomasini, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que el humo podría espesarse y descender más cerca del suelo, lo que dificultaría la visibilidad y aumentaría el riesgo para la salud. En la jornada del martes, la ciudad ya mostraba signos de cielos opacos y condiciones poco habituales.

El pronóstico preocupa por la simultaneidad con una ola de calor que afecta a la región. Amanda Lefton, comisionada del DEC, afirmó que la situación es dinámica y depende tanto del avance de los incendios en Minnesota y Ontario como de la llegada de lluvias previstas para más adelante en la semana.

“Este es un evento de varios días”, puntualizó Lefton en una conferencia de prensa, añadiendo que las precipitaciones podrían ofrecer cierto alivio, aunque no hay garantías sobre el desenlace.

El impacto ambiental y social de la contaminación atmosférica

El aumento de partículas en el aire no solo deteriora la visibilidad, sino que también modifica rutinas y obliga a cambiar hábitos diarios. El humo afecta tanto a la salud de los residentes como a la vida urbana, y la ciudad se prepara para tomar medidas en sectores clave.

La suspensión de actividades al aire libre, la reducción del tránsito y el cierre temporal de algunos servicios forman parte de los recursos disponibles para limitar los efectos de la contaminación.

El precedente de 2023, con vuelos interrumpidos y playas cerradas, refuerza la necesidad de respuestas coordinadas y efectivas ante emergencias ambientales.

La población más vulnerable enfrenta riesgos adicionales. Quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas, adultos mayores, embarazadas y niños pequeños deben extremar precauciones.

La experiencia reciente demostró que los grupos con menor acceso a vivienda adecuada o atención médica sufren un impacto desproporcionado durante estos episodios. Las autoridades insisten en la importancia de la información, la prevención y el acceso a recursos para garantizar la protección de toda la comunidad.

Calidad del aire y salud: a quiénes afecta y cómo actuar

La escala AQI, utilizada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), mide la concentración de contaminantes en el aire y permite establecer riesgos para la salud humana. Un valor entre 0 y 50 indica aire limpio, mientras que cifras superiores advierten sobre peligros crecientes.

Las alertas sanitarias se activan cuando el AQI supera los 100 puntos, umbral a partir del cual los grupos sensibles pueden experimentar efectos adversos.

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores de 65 años, embarazadas, bebés, niños con problemas de salud, población con sistemas inmunitarios debilitados y quienes presentan vulnerabilidades sociales forman parte de los grupos de riesgo definidos oficialmente.

Para ellos, la recomendación es evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre cuando el AQI se ubica entre 100 y 150. “El riesgo para personas sanas suele aparecer recién cuando el índice supera los 150 puntos”, detalló The City Reporter en su cobertura, citando fuentes sanitarias y meteorológicas.

Si el AQI alcanza valores superiores a 200, las autoridades aconsejan suspender todas las actividades al aire libre que no sean imprescindibles. Esta restricción también se extiende a las mascotas, tal y como advirtió la American Veterinary Medical Association.

“Perros y gatos pueden verse afectados igual que los humanos”, señaló la organización, y aconsejó limitar las salidas a períodos breves y consultar a un veterinario ante síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular.

La zona metropolitana de Nueva York ya había estado bajo advertencia sanitaria el martes, aunque en ese caso la causa fue la contaminación por ozono, no vinculada al humo de los incendios. Este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, subraya la importancia de monitorear la calidad del aire y seguir las recomendaciones oficiales.

Recomendaciones clave para protegerse durante episodios de humo

El avance del humo obliga a reforzar los cuidados en distintos aspectos de la vida diaria. A continuación, The City Reporter detalló acciones concretas y diferenciadas según el ámbito de impacto:

Salud y síntomas

• Evita la actividad física intensa y prolongada al aire libre mientras el AQI supere los valores recomendados.
• Presta atención a síntomas como tos, fatiga, irritación ocular, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Consulta al médico si estos signos aparecen o se agravan.
• Las personas con asma, enfermedades cardíacas o pulmonares deben asegurarse de contar con medicación suficiente y seguir las indicaciones profesionales.
• Extiende los cuidados a grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y quienes presentan sistemas inmunitarios debilitados.

Vida cotidiana y entorno

• Mantén puertas y ventanas cerradas, sellando grietas con trapos o toallas para reducir al máximo la entrada de humo.
• Ventila la vivienda solo cuando el AQI regrese a niveles seguros y renueva los filtros de aire tras el episodio.
• Reduce al mínimo las salidas de mascotas y controla posibles síntomas como tos o irritación ocular. Consulta al veterinario ante cualquier señal de alarma.
• Permanece atento a los avisos y actualizaciones oficiales a través de fuentes confiables, aplicaciones móviles y plataformas públicas.

Equipamiento y protección

• Emplea mascarillas KN95 o N95 al salir al exterior, especialmente si perteneces a un grupo sensible.
• Utiliza aire acondicionado en modo de recirculación interna y verifica que los filtros estén limpios y en buen estado.
• Instala purificadores de aire con filtros HEPA o MERV-13, o improvisa una versión casera con un ventilador de caja y un filtro adecuado.
• Aprovecha la distribución gratuita de mascarillas en bibliotecas públicas y recurre a los centros de enfriamiento habilitados si no cuentas con un espacio interior seguro.

La combinación de medidas preventivas, equipamiento adecuado y vigilancia constante permite disminuir los riesgos asociados a la exposición al humo. La colaboración entre autoridades, profesionales de la salud y la población general será decisiva para proteger a los sectores más vulnerables y mantener la seguridad durante estos episodios.

Perspectivas y próximos pasos ante episodios recurrentes

La evolución del humo en la ciudad sigue siendo incierta. Los expertos consultados por The City Reporter insisten en la necesidad de consultar fuentes oficiales y ajustar la rutina diaria según los avisos que se emitan.

El precedente de 2023, cuando se suspendieron vuelos, se cerraron playas y se alcanzaron niveles históricos de contaminación, refuerza la importancia de la prevención y la información actualizada.

La capital financiera y cultural de Estados Unidos vuelve a estar bajo la amenaza del humo, y la respuesta colectiva será clave para minimizar los riesgos.

La vista constituye el sentido que más utilizan las personas a lo largo de la vida diaria, pero también uno de los más vulnerables frente a factores ambientales y contaminantes. Los ojos están en contacto permanente con el entorno, lo que los expone a partículas, agentes químicos y microorganismos capaces de generar lesiones que van desde irritaciones leves hasta daños severos e irreversibles.

La fragilidad del sistema ocular se evidencia por la facilidad con la que puede alterarse su funcionamiento ante la presencia de polvo, humo, productos tóxicos o infecciones. El contacto con estos elementos no solo incrementa el riesgo de conjuntivitis y alergias, sino que también puede derivar en úlceras corneales, pérdida de agudeza visual o incluso ceguera permanente.

El deterioro impacta directamente en la calidad de vida, ya que la visión es esencial para la mayoría de las actividades cotidianas. Por eso, resulta fundamental comprender los peligros asociados al contacto de los ojos con contaminantes y adoptar medidas de protección adecuadas para preservar la integridad de este sentido indispensable.

Cómo la contaminación del aire produce problemas oculares

La presencia de partículas y agentes contaminantes en el aire de las ciudades no solo representa un riesgo para el sistema respiratorio, sino que también impacta en la salud ocular. Un estudio citado por la American Academy of Ophthalmology detalla que la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) puede verse favorecida por la exposición crónica a la contaminación ambiental. En áreas donde la calidad del aire es deficiente, el porcentaje de personas diagnosticadas con DMAE es al menos un 8% más alto que en regiones con aire más limpio.

El mecanismo de daño se vincula principalmente con la inflamación, indica la investigación del British Journal of Ophthalmology. Los contaminantes estimulan reacciones inflamatorias en el cuerpo, lo que puede acelerar el proceso degenerativo en la mácula.

El Dr. Raj Maturi, portavoz clínico de la Academia Estadounidense de Oftalmología, subraya que, aunque la asociación está probada, aún no se conoce con precisión el proceso biológico exacto por el que la contaminación influye en la aparición de DMAE. No obstante, existe consenso en que la inflamación inducida por contaminantes aumenta el riesgo de degeneración macular seca.

La DMAE deteriora progresivamente la visión central, esencial para actividades cotidianas como leer o reconocer rostros. El daño se produce cuando la mácula, ubicada en la zona central de la retina, resulta afectada. Este proceso puede pasar desapercibido en sus primeras fases, ya que los síntomas iniciales suelen ser leves o inexistentes, lo que resalta la importancia de las revisiones oftalmológicas periódicas para la detección temprana.

Los autores ponen de manifiesto la necesidad de considerar la polución ambiental como un factor modificable en la prevención de enfermedades visuales. Si bien ciertos factores de riesgo como la predisposición genética no pueden evitarse, el control de la calidad del aire y la reducción de la exposición a contaminantes se perfilan como medidas relevantes para preservar la salud ocular en poblaciones urbanas.

La contaminación exterior e interior y la salud ocular

En las últimas décadas, diversos estudios han profundizado en los efectos negativos que tanto la contaminación del aire exterior como la del ambiente interior tienen sobre la salud ocular. Las investigaciones revisadas en Environmental Research and Public Health (2022) y Chemosphere (2023) coinciden en que la exposición a una amplia variedad de contaminantes atmosféricos incrementa el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades oculares, como conjuntivitis, ojo seco, glaucoma, cataratas y degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

El análisis de Environmental Research and Public Health señala que los contaminantes más perjudiciales en exteriores incluyen partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, derivados principalmente del tráfico y la actividad industrial.

La exposición a estos agentes produce inflamación e irritación ocular, siendo la conjuntivitis el trastorno más comúnmente asociado. Además, los autores muestran que puede acelerar el desarrollo de glaucoma y contribuir al adelgazamiento de la retina, así como aumentar el riesgo de retinopatía diabética y degeneración macular. Los mecanismos implicados abarcan el estrés oxidativo, la inflamación crónica y la toxicidad celular, que afectan especialmente a la superficie ocular y a las capas retinianas vulnerables.

Por otro lado, el metaanálisis de Chemosphere pone el foco en la contaminación del aire en interiores, donde los riesgos también son significativos. La exposición prolongada a partículas finas, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y humo de cigarrillo eleva la incidencia de enfermedades como el ojo seco, la conjuntivitis y la queratitis.

Los mecanismos patológicos principales identificados son la inflamación crónica, el daño oxidativo y la alteración de las uniones celulares de la superficie ocular. La revisión destaca que, debido a que la mayor parte del tiempo se pasa en ambientes cerrados, el impacto puede ser incluso mayor que el de la contaminación exterior para muchas personas.

La inhalación diaria de aire contaminado tiene un impacto directo en el corazón y las arterias, según múltiples investigaciones internacionales.

El vínculo entre la exposición a partículas en suspensión, gases tóxicos y el desarrollo de colesterol elevado, así como el aumento del riesgo de infartos, ha recibido el respaldo de instituciones médicas y científicas de primer nivel en los últimos años.

Mecanismos biológicos: el aire contaminado y el metabolismo lipídico

Expertos en salud cardiovascular han demostrado que las partículas finas presentes en el aire —especialmente el llamado PM2.5— no solo afectan los pulmones, sino que cruzan la barrera alveolar y desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica.

El “Air Pollution and Cardiovascular Disease: A Statement for Healthcare Professionals” emitido por la Asociación Americana del Corazón (AHA) en 2020, detalla cómo la exposición a estos contaminantes altera directamente el metabolismo del colesterol y promueve la formación de placas ateroscleróticas en las arterias.

El documento, coordinado por el doctor Robert D. Brook y su equipo, resalta la relación causal entre la polución y el aumento del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, así como la disminución de las defensas antioxidantes del organismo.

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Ambient Air Pollution: Health Impacts” (2021), más del 60% de las muertes prematuras atribuidas a la contaminación atmosférica tienen origen cardiovascular, superando ampliamente a las causadas por enfermedades respiratorias.

Esta evidencia ha llevado a la OMS a clasificar la polución como la mayor amenaza ambiental para la salud pública del siglo XXI, equiparando su peligro al del tabaquismo y la dieta poco saludable.

¿Por qué la contaminación eleva el colesterol y el riesgo de infarto?

El proceso comienza al inhalar partículas microscópicas y gases tóxicos, como el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Estas sustancias provocan una reacción inflamatoria aguda en los pulmones, que se propaga al resto del cuerpo a través de mediadores químicos.

Al llegar al hígado, estas señales estimulan la producción excesiva de lipoproteínas, aumentando la concentración de colesterol LDL y triglicéridos en sangre.

A la vez, el estrés oxidativo generado por las partículas reduce la función protectora del colesterol HDL, encargado de eliminar el exceso de lípidos de las arterias.

Diversos estudios de cohorte, como el “Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution” (MESA Air), financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y dirigido por la Universidad de Washington, han seguido durante años a miles de adultos sin enfermedades cardiovasculares previas.

Los resultados, publicados por el doctor Joel D. Kaufman en 2016, confirmaron que quienes estuvieron expuestos de manera crónica a concentraciones elevadas de PM2.5 y óxidos de nitrógeno desarrollaron engrosamiento acelerado de las arterias y calcificación coronaria, ambos signos inequívocos de progresión de la aterosclerosis.

Evidencia clínica y epidemiológica: estudios y cifras clave

La magnitud del problema queda reflejada en el documento “Ambient (Outdoor) Air Pollution”, publicado por la OMS en 2021, donde se estima que la polución ambiental e intradomiciliaria es responsable de entre 6 y 9 millones de muertes prematuras por año en todo el mundo.

El informe advierte que la mayoría de estos fallecimientos se deben a infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares causadas o agravadas por la exposición a aire contaminado.

El análisis realizado por la AHA señala que incluso incrementos modestos en los niveles de PM2.5 pueden traducirse en un aumento del 1% al 2% en el riesgo de muerte cardiovascular a corto plazo.

Esta cifra representa miles de casos adicionales en grandes ciudades cada año.

Además, el documento subraya que la exposición a largo plazo acelera el envejecimiento vascular y reduce la esperanza de vida, especialmente en personas con factores de riesgo preexistentes como hipertensión, diabetes y dislipidemia.

Poblaciones vulnerables y desigualdad ambiental

No todas las personas sufren igual el impacto de la contaminación. Las investigaciones incluidas en el informe “Ambient Air Pollution: Health Impacts” de la OMS identifican a los ancianos, pacientes con enfermedades cardíacas, diabéticos y personas de bajos recursos como los grupos más afectados.

Las comunidades que viven cerca de vías de alto tráfico o instalaciones industriales presentan tasas significativamente mayores de hipercolesterolemia y eventos cardiovasculares.

El estudio MESA Air también evidenció que las mujeres y las poblaciones minoritarias experimentan una progresión más rápida de la aterosclerosis asociada a la contaminación.

Esta desigualdad ambiental agrava las brechas existentes en salud cardiovascular y subraya la urgencia de políticas públicas más estrictas.

Estrategias de prevención y mitigación

Frente a esta realidad, los expertos recomiendan una serie de medidas tanto a nivel individual como comunitario.

La declaración científica de la AHA insiste en la importancia de monitorear el índice local de calidad del aire, limitar la actividad física al aire libre durante episodios de alta contaminación y utilizar sistemas de filtración de aire en interiores, como los filtros HEPA, que han demostrado reducir los niveles de partículas finas en ambientes cerrados.

A nivel poblacional, la OMS y la AHA coinciden en que la solución definitiva pasa por la reducción drástica de emisiones contaminantes mediante políticas de descarbonización, el fomento del transporte limpio y la expansión de espacios verdes urbanos.

Estas acciones, respaldadas por datos epidemiológicos, han demostrado disminuir la progresión de la enfermedad arterial y reducir la mortalidad en regiones donde se han implementado con éxito.

La ciencia es clara: respirar aire contaminado incrementa el colesterol y eleva el riesgo de infartos y otras enfermedades cardiovasculares.

El impacto se manifiesta tanto a través de mecanismos inflamatorios y metabólicos como en la aceleración de la aterosclerosis y la desestabilización de placas arteriales.

Las advertencias de la AHA, la OMS y los resultados de investigaciones como MESA Air constituyen un llamado urgente para que la prevención cardiovascular incluya la protección ambiental como pilar central y se adopten políticas públicas que garanticen el derecho a un aire limpio para todas las personas.

Más de una docena de playas en la ciudad de Nueva York permanecen bajo estricta advertencia para bañistas tras la detección de niveles elevados de bacterias vinculadas a contaminación fecal. Esta medida, comunicada el 9 de julio, afecta tanto a residentes como a turistas que acuden a balnearios de alta concurrencia como Coney Island, South Beach y Midland Beach. La situación surge luego de varios días de lluvias intensas en la región, que provocaron un aumento significativo del escurrimiento superficial y la llegada de contaminantes al mar.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health Department) confirmó, según reportó FOX Weather, que al menos 18 balnearios urbanos superaron los estándares de seguridad definidos para la bacteria enterococo, utilizada internacionalmente como indicador de calidad del agua. Las autoridades recomendaron evitar el ingreso al agua en las áreas bajo advertencia hasta que los resultados de los monitoreos semanales certifiquen la reducción de los niveles bacterianos a valores seguros, en cumplimiento de la normativa sanitaria estatal y municipal.

De acuerdo con información recopilada por Patch y el NYC Health Department, el monitoreo sistemático de la calidad del agua en las playas de la ciudad responde a protocolos actualizados que buscan minimizar riesgos sanitarios durante la temporada alta de visitantes. El fenómeno de contaminación por bacterias tras lluvias intensas tiene antecedentes en años previos, especialmente en balnearios del noreste de Estados Unidos.

¿Cuáles son las playas de Nueva York bajo advertencia por bacterias y qué indica el mapa oficial?

Según la actualización más reciente del NYC Health Department, 18 playas de la ciudad de Nueva York, repartidas entre Brooklyn, Staten Island y Queens, se encuentran bajo advertencia. Entre las más reconocidas se destacan Coney Island, South Beach y Midland Beach. Los resultados de los muestreos realizados el 6 de julio en el agua de Coney Island arrojaron 227 colonias de enterococos por cada 100 mililitros, cifra que supera en más del doble el máximo aceptado por el Código Sanitario del Estado de Nueva York, establecido en 104 colonias por cada 100 mililitros. En South Beach y Midland Beach, los valores detectados fueron aún superiores, alcanzando el rango de los miles, según lo informado por FOX Weather y el propio departamento de salud local.

El organismo mantiene actualizado un mapa interactivo de calidad del agua en su sitio oficial, en el que se puede consultar el estado de cada balneario en tiempo real. Este recurso permite a los usuarios identificar fácilmente las playas bajo advertencia y acceder a recomendaciones específicas para cada ubicación.

¿Por qué hay bacterias en las playas de Nueva York tras las lluvias intensas?

El incremento de bacterias, concretamente del tipo enterococo, se atribuye principalmente a las lluvias torrenciales que afectaron la ciudad en los días previos al 9 de julio. Las autoridades sanitarias explicaron que las precipitaciones provocan el arrastre de desechos orgánicos y contaminantes desde calles, parques y sistemas de alcantarillado hacia los cursos de agua y, finalmente, al mar. “Altos niveles de precipitaciones se asocian con mayores concentraciones de bacterias”, declaró el NYC Health Department a FOX Weather.

La bacteria enterococo se utiliza en la normativa sanitaria estadounidense como indicador de contaminación fecal porque su presencia en niveles elevados suele señalar la existencia de otros microorganismos patógenos. Estos provienen de desechos humanos y animales, aguas residuales, escapes de sistemas sépticos y residuos de la fauna silvestre urbana. El fenómeno no es exclusivo de Nueva York, sino que afecta a otras ciudades costeras del país cuando coinciden lluvias intensas y fallas en la contención de aguas residuales, según datos recogidos por Patch.

¿Qué riesgos sanitarios existen por nadar en playas contaminadas en Nueva York?

La exposición a aguas con altos niveles de enterococo representa un riesgo sanitario para los bañistas. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la presencia de esta bacteria puede indicar la coexistencia de otros microorganismos nocivos. La EPA advierte que “los nadadores que ingresan en aguas contaminadas pueden desarrollar infecciones cutáneas, oculares, de oído, respiratorias y trastornos estomacales severos”. El NYC Health Department recomienda evitar el contacto con el agua en las playas bajo advertencia hasta que se publiquen nuevos resultados de los análisis.

Entre los síntomas reportados por la EPA y recogidos por FOX Weather se encuentran:

• Infecciones en piel, ojos y oídos
• Enfermedades gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal)
• Infecciones respiratorias

La población más vulnerable incluye a niños, personas mayores y quienes tengan el sistema inmunológico comprometido.

¿Cómo se realiza el monitoreo de bacterias en playas y qué dice la ley en Nueva York?

El monitoreo de la calidad del agua en las playas de Nueva York está regulado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el NYC Health Department. La normativa exige la toma de muestras de agua al menos una vez por semana durante la temporada de verano. El análisis se enfoca en detectar la concentración de enterococos, bacterias presentes en el tracto digestivo de humanos y animales.

El Código Sanitario del Estado de Nueva York establece un límite máximo de 104 colonias de enterococos por cada 100 mililitros de agua. Cuando este umbral se supera, el NYC Health Department emite advertencias públicas y puede disponer el cierre temporal de la playa afectada. El mapa interactivo de calidad del agua se actualiza en tiempo real y está disponible en la web oficial del organismo.

¿Qué antecedentes existen sobre advertencias y cierres de playas en Nueva York por bacterias?

Advertencias y cierres temporales de playas urbanas por contaminación bacteriana no son inusuales en Nueva York y otras ciudades del noreste de Estados Unidos. Según Patch y datos históricos del NYC Health Department, eventos similares ocurrieron en veranos anteriores tras lluvias intensas y episodios de inundaciones. En esas ocasiones, la reapertura de los balnearios se autorizó únicamente después de que los análisis confirmaron la recuperación de los parámetros de seguridad.

El procedimiento institucional incluye muestreos adicionales, comunicación pública y recomendaciones precisas para minimizar los riesgos. El NYC Health Department ha reiterado la importancia de consultar el mapa oficial antes de acudir a cualquier playa y de respetar las señales de advertencia instaladas en los accesos.

¿Qué recomienda el Departamento de Salud de Nueva York ante la advertencia por bacterias?

Las autoridades sanitarias de Nueva York recomiendan a la población que evite el contacto con el agua en todas las playas bajo advertencia hasta recibir nuevas indicaciones. “Recomendamos a los bañistas revisar el mapa de calidad del agua y respetar las señales de advertencia en cada playa”, indicaron fuentes del NYC Health Department en declaraciones recogidas por FOX Weather.

El monitoreo semanal continuará mientras se mantengan las condiciones meteorológicas que favorecen el escurrimiento y el arrastre de contaminantes. El departamento actualiza regularmente el estado de cada playa y publica recomendaciones específicas para los usuarios, que pueden consultar en la página oficial y en medios de comunicación locales.

¿Cómo consultar el estado de las playas y qué hacer si se planea visitar Nueva York?

Quienes tengan previsto acudir a las playas de Nueva York pueden consultar el estado actualizado en el sitio oficial del NYC Health Department. El mapa interactivo muestra en tiempo real qué playas están bajo advertencia, cuáles se encuentran habilitadas y qué recomendaciones aplican para cada caso.

Además, el departamento pone a disposición líneas telefónicas y canales digitales de consulta para resolver dudas y recibir reportes de posibles incidentes relacionados con la calidad del agua.

¿Qué impacto tiene la advertencia para residentes y turistas en Nueva York?

La advertencia afecta la planificación de actividades recreativas de residentes y visitantes, especialmente durante el verano, cuando aumenta la afluencia a las playas urbanas. La imposibilidad de bañarse en balnearios populares modifica la experiencia turística y obliga a buscar alternativas de esparcimiento. El NYC Health Department subraya que la prioridad es la protección de la salud pública y recuerda que la advertencia se levantará cuando los muestreos certifiquen niveles bacterianos seguros.

El monitoreo continuará durante toda la temporada de verano, y las autoridades mantendrán informada a la población sobre cualquier cambio en la situación de las playas.

¿Cuáles son las 18 playas de Nueva York bajo advertencia por contaminación bacteriana?

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó la lista de playas que actualmente se encuentran bajo advertencia por superar los niveles permitidos de enterococos, bacteria asociada a contaminación fecal. De acuerdo con FOX Weather y el mapa de calidad del agua oficial, estas son las 18 playas afectadas:

1. Coney Island Beach (Brooklyn)
2. Brighton Beach (Brooklyn)
3. Manhattan Beach (Brooklyn)
4. South Beach (Staten Island)
5. Midland Beach (Staten Island)
6. Cedar Grove Beach (Staten Island)
7. Wolfe’s Pond Beach (Staten Island)
8. Oakwood Beach (Staten Island)
9. Crescent Beach (Staten Island)
10. Conference House Park Beach (Staten Island)
11. Orchard Beach (Bronx)
12. Locust Point Yacht Club Beach (Bronx)
13. Tremont Avenue Beach (Bronx)
14. Edgewater Park Beach (Bronx)
15. Soundview Beach (Bronx)
16. Douglaston Manor Beach (Queens)
17. Whitestone Beach (Queens)
18. Bayswater Point State Park Beach (Queens)

La advertencia implica que no se recomienda ingresar al agua en ninguna de estas playas hasta nuevo aviso. El NYC Health Department actualiza el listado y el estado de cada balneario en su mapa oficial, donde se puede verificar la situación en tiempo real.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a 3M, DuPont y otras compañías químicas y agrícolas por vender durante décadas sustancias PFAS, conocidas como “productos químicos eternos”. La fiscalía sostiene que, en algunos casos, las empresas conocían la toxicidad de los químicos o su capacidad de causar daños ambientales, pero aun así los fabricaron, los promocionaron y los vendieron para su uso en productos de consumo, informaron Associated Press, Reuters y EFE.

Las PFAS, sigla de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, son compuestos desarrollados desde la década de 1940 y presentes en cientos de productos de consumo y de uso comercial. Se utilizan, entre otros fines, en cosméticos, utensilios de cocina antiadherentes, ropa resistente a la lluvia o a las manchas, embalajes y espumas contra incendios.

Estas sustancias no se degradan con facilidad ni en el cuerpo humano ni en el ambiente. Asimismo, estos químicos fueron vinculados con colesterol alto, bajo peso al nacer, menor respuesta de anticuerpos a las vacunas y cáncer de riñón y de testículo.

La demanda acusa a las empresas de ocultar durante décadas los riesgos de las PFAS

De acuerdo con Reuters, la fiscal general acusó a las demandadas de ocultar al público durante décadas los riesgos de las sustancias conocidas como PFAS, aun cuando empezaban a retirar algunas de ellas. Además, las compañías no habrían hecho nada sustancial para reducir la molestia pública que su fabricación y comercialización contribuyeron a generar durante años.

James afirmó en un comunicado: “Grandes empresas como 3M y DuPont vendieron a sabiendas productos tóxicos que pusieron en peligro la salud de los neoyorquinos y contaminaron nuestro medio ambiente durante décadas. Es hora de que paguen por los daños que causaron”.

La demanda incluye además a Chemours, Corteva y EIDP, esta última parte de DuPont antes de sus escisiones corporativas. James pidió que las compañías financien los trabajos de descontaminación, alerten de manera adecuada a los consumidores sobre los riesgos y paguen compensaciones económicas. A su vez, la fiscalía estatal reclamó que el caso sea sometido a juicio, indicaron EFE y Reuters.

Litigios, acuerdos millonarios y controversias regulatorias en torno a las PFAS en Estados Unidos

La presentación se suma a una cadena de litigios por estos compuestos en Estados Unidos. El mes pasado Chemours cerró un acuerdo por USD 450 millones con el gobierno federal por contaminación de cursos de agua en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

El año pasado, DuPont, Chemours y Corteva acordaron pagar a Nueva Jersey hasta USD 2.000 millones para resolver demandas ambientales vinculadas con PFAS. Por su parte, 3M acordó pagar a Nueva Jersey hasta USD 450 millones durante 25 años para resolver acusaciones de contaminación del agua potable con estos compuestos, indicaron Reuters y Associated Press.

El acuerdo federal con Chemours recibió críticas de grupos ambientalistas. El gobernador de Carolina del Norte Josh Stein y el fiscal general Jeff Jackson, citados por Reuters, calificaron el arreglo con la administración del presidente Donald Trump como un “pacto a puerta cerrada” que hizo “prácticamente nada” para ayudar a los residentes de su estado.

La controversia regulatoria creció en mayo, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció que revertiría parte de los límites a las PFAS en el agua potable que la administración de Joe Biden había establecido en 2024.

Marea Verde junto a The Ocean Cleanup programan reducir la contaminación por residuos sólidos en los ríos Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tapia y Cabra, ubicados en la ciudad capital, para interceptar los residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

La tarea consiste en la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de interceptación de desechos, complementados con acciones de educación ambiental y participación comunitaria para lograr la reducción de los residuos sólidos.

El impacto de la contaminación en los ríos urbanos de Panamá se manifiesta en la disminución de la calidad del agua, la proliferación de residuos y el aumento de enfermedades de transmisión hídrica.

En la ciudad, las autoridades recomiendan evitar el baño en la bahía y en áreas urbanas, debido a la presencia de contaminantes, situación verificada por organismos internacionales.

La ciudad de Panamá enfrenta un deterioro creciente en la calidad de los ríos urbanos a causa de la contaminación y la degradación de los suelos, fenómeno que compromete la seguridad hídrica y el equilibrio ambiental de la región.

Datos recientes del Ministerio de Ambiente revelan que la deforestación y las quemas agrícolas han reducido la cobertura boscosa nacional a menos del 50 %, acentuando la erosión y la sedimentación en cuencas hidrográficas estratégicas, como la del Canal de Panamá.

El acuerdo permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones para contribuir a la protección de los recursos hídricos y mejorar la calidad ambiental de las cuencas hidrográficas urbanas, promoviendo una gestión integral de los residuos antes de que estos lleguen a la bahía de Panamá y al océano.

El convenio también contempla la implementación de programas de educación ambiental dirigidos a estudiantes, organizaciones comunitarias y residentes de las áreas de influencia, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental, fomentar la correcta disposición de los residuos y promover la corresponsabilidad ciudadana en la conservación de los ríos urbanos.

Por su parte, Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde resaltó que la alianza permitirá ampliar el impacto del proyecto Siete Cuencas y consolidar un modelo de gestión que no solo intercepta residuos antes de que lleguen al mar, sino que también genera información científica, promueve cambios de comportamiento y moviliza a las comunidades para convertirse en parte de la solución frente a la contaminación por desechos sólidos.

“La mejor manera de proteger nuestros ríos y mares es evitar que la basura llegue a ellos. Este convenio demuestra que cuando el Estado, las organizaciones ambientales, las autoridades locales y la ciudadanía trabaja de manera coordinada, es posible generar soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de la población y fortalezcan la protección de nuestros recursos naturales.

Con el proyecto Siete Cuencas damos vamos hacia un Panamá más limpio y resiliente”, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

En este contexto, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la gestión ambiental surgen como prioridades para garantizar la seguridad hídrica de Panamá y la salud de sus habitantes. Las acciones implementadas buscan revertir el deterioro del entorno y asegurar la sostenibilidad de los ríos urbanos ante el crecimiento de la ciudad y los desafíos del cambio climático.

La acción representa un paso estratégico para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas del país, reduciendo la contaminación de los ríos que desembocan en la bahía de Panamá. Actualmente se han intervenido tres de los siete ríos, a saber: Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una nueva alerta sanitaria que involucra a un popular producto de skincare, un medicamento de uso frecuente y un dispositivo médico, luego de detectar fallas durante los controles oficiales de calidad. Como medida preventiva, la entidad ordenó el retiro inmediato del mercado y la destrucción de los lotes observados para evitar posibles riesgos a la salud de los consumidores y pacientes.

La información fue difundida a través del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, que exhortó a la ciudadanía a revisar los números de lote de los productos involucrados y abstenerse de utilizarlos si coinciden con los identificados por la autoridad sanitaria. Entre los casos que más llaman la atención figura el de una leche limpiadora facial de una conocida marca, en la que se detectó la presencia de una bacteria considerada de importancia clínica.

Retiran leche limpiadora facial Premier tras detectar bacteria durante control de calidad

La Digemid dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 38481 de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, de la marca Premier, presentada en frascos de 50 mililitros y con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC28261-19EC.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto de skincare no superó los ensayos de control de calidad relacionados con el límite microbiano y la prueba para microorganismos específicos, detectándose la presencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria cuya presencia en este tipo de cosméticos representa un incumplimiento de los estándares sanitarios.

La leche limpiadora facial está diseñada para aplicarse directamente sobre la piel con el objetivo de remover maquillaje, grasa e impurezas. Debido a ello, la presencia del microorganismo podría representar un riesgo para la salud, motivo por el cual se ordenó retirar inmediatamente todas las unidades correspondientes al lote observado y proceder con su destrucción.

La Digemid recomendó a los consumidores no utilizar el producto si pertenece al lote 38481 y verificar esta información antes de continuar con su uso. Asimismo, indicó que el titular del registro sanitario es Beverly Hills S.A.C.

El organismo recordó que cualquier persona que tenga dudas sobre el producto puede comunicarse directamente con la Digemid al teléfono (01) 631-4300 para recibir orientación.

También retiran medicamento para cálculos renales y un catéter por fallas detectadas en laboratorio

La alerta sanitaria difundida por el Indecopi también comprende el retiro del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), utilizado principalmente para prevenir la formación de cálculos renales y tratar determinadas alteraciones urinarias.

En este caso, la medida alcanza al lote 2405058, luego de que el análisis de control de calidad determinara un resultado crítico al no superar el ensayo de disolución.

Según explicó la Digemid, esta prueba permite verificar que la tableta se disuelva correctamente una vez ingerida. Si este proceso no ocurre de manera adecuada, el organismo podría no absorber el principio activo en la forma prevista, afectando la eficacia del tratamiento prescrito al paciente.

Por este motivo, la autoridad sanitaria ordenó el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado y pidió a quienes cuenten con este medicamento abstenerse de consumirlo. El titular del registro sanitario corresponde a Nordic Pharmaceutical Company S.A.C.

La tercera alerta emitida involucra al catéter con balón de drenaje uretral permanente (Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR) de la marca Megacare, identificado con el lote 24E04 y registro sanitario DM25726E.

Durante el control de calidad, los especialistas detectaron diversos defectos físicos considerados críticos. Entre ellos figuran la presencia de materia extraña de color celeste sobre la superficie externa del dispositivo, un punto negro, además de rebabas y una superficie irregular en el orificio del drenaje lateral.

La Digemid advirtió que estas deficiencias podrían representar un riesgo para los pacientes que requieran este dispositivo médico, por lo que también dispuso el retiro y destrucción total del lote afectado. El titular del registro sanitario es Chapolab S.A.C.

Frente a estas tres alertas, el Indecopi exhortó a los consumidores, establecimientos de salud, farmacias, boticas y distribuidores a verificar cuidadosamente los números de lote de los productos antes de utilizarlos o comercializarlos.

Asimismo, recordó que el Sistema de Alertas de Consumo permite difundir información sobre productos que pueden representar riesgos inesperados para la seguridad o la salud de las personas y que cualquier ciudadano puede reportar productos potencialmente peligrosos para que las autoridades evalúen la situación correspondiente.

En caso de consultas sobre cualquiera de los productos retirados, la población puede comunicarse con la Digemid mediante la línea telefónica (01) 631-4300, donde se brinda información sobre las medidas adoptadas y las recomendaciones emitidas para cada caso.

Aunque pareciera un lugar apartado del mundo, a donde la contaminación no puede llegar, una vez más se demuestra la increíble capacidad de los microplásticos para llegar a los lugares más inesperados.

Y es que un estudio reciente encontró que estas microscópicas partículas se encuentran en el organismo de monos aulladores en la selva Los Tuxtlas en Veracruz lo que demuestra que los microplásticos han logrado alcanzar hasta los más lejanos rincones de la selva para invadir a sus habitantes.

Este hallazgo coloca a un primate en peligro de extinción dentro del alcance de una contaminación capaz de viajar por aire, adherirse a hojas y frutos y entrar a la cadena alimentaria incluso en un sitio tan distante como lo es esta Reserva de la Biosfera.

El estudio, realizado y publicado por el del Instituto de Ecología y la Universidad Autónoma de Campeche analizó desechos de una muestra representativa de monos aulladores y detectó partículas plásticas en más del 90 % de las muestras fecales analizadas.

El trabajo se presenta como el primer registro metodológicamente robusto de este contaminante en un primate amenazado de América.

La investigación, titulada “Presence and hazard assessment of microplastics in mexican howler monkeys (Alouatta palliata ssp. mexicana) of the Los Tuxtlas Biosphere reserve, Mexico”, se enfocó en la subespecie Alouatta palliata ssp. mexicana, un mono arborícola y herbívoro que vive en las copas de los árboles.

Esa condición llevó al equipo a suponer al inicio que su exposición sería menor a la de otras especies más cercanas al suelo; sin embargo, los resultados sorprendieron .

María Fernanda Álvarez, investigadora del INECOL, dijo al medio que el equipo no esperaba encontrar microplásticos en las heces ni en las concentraciones detectadas. “Cuando iniciamos esta investigación, no creíamos, primero, que existiría la presencia de microplásticos en las heces. La subespecie es arborícola, es decir, vive en las copas de los árboles, y suponíamos que esa condición los expondría menos a los contaminantes presentes en el suelo.”

El análisis confirmó plástico en heces de un primate arborícola

Como mencionamos antes, los investigadores recolectaron muestras fecales en distintos puntos de la reserva y confirmaron el hallazgo mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, una técnica que identifica la composición de los materiales y la estructura de sus moléculas.

Antes de este trabajo, apenas existía un breve reporte sobre microplásticos en el tracto digestivo de monos aulladores rojos de Juruá, en Brasil. Por la metodología empleada, el estudio encabezado por el equipo mexicano se presenta como el primer registro sólido de este tipo para un primate amenazado del continente.

La publicación explica que una de las hipótesis del equipo apunta al transporte atmosférico como una de las principales vías de dispersión de microplásticos, el cual habría llevado esas partículas a largas distancias hasta depositarlas sobre hojas o frutos que después consumen los monos.

La investigadora también planteó otras rutas de ingreso. El acicalamiento, una práctica de limpieza mutua entre primates, podría ser una vía directa de ingestión accidental, y también existiría la posibilidad de que parte de esta carga contaminante esté siendo inhalada.

Los Tuxtlas abarca un mosaico de selva húmeda, bosque de niebla y manglar en el sur de Veracruz, rodeado por comunidades de Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Soteapan y Pajapan. En esa área, los monos aulladores se desplazan de una copa a otra y habitan un refugio donde se encuentran más de 100 especies de mamíferos.

La contaminación se suma a la pérdida de bosque, la caza y el calor extremo

El hallazgo se agrega a un escenario de presión para la conservación de la subespecie. La International Union for Conservation of Nature la clasifica como “EN”, es decir, en riesgo muy alto de extinción en estado silvestre por la pérdida continua de hábitat.

El 6 de junio de 2026, la actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2010 también la incluyó en la categoría de especie en peligro de extinción. La pérdida de bosque y la presión de la caza siguen reduciendo sus poblaciones.

La publicación recordó además que hace un par de años se informó que muchos ejemplares se desplomaron por temperaturas impulsadas por el cambio climático.

Álvarez resumió el efecto acumulado de esas presiones: “Si hacemos una combinación de todas estas amenazas, los primates están expuestos y altamente estresados; esa exposición prolongada, a la larga, va a reducir las poblaciones”.

Al buscar el posible origen de los materiales sintéticos, el equipo volteó hacia las comunidades que bordean la reserva. Desde la década de 1990, señaló el medio, el consumo rural en Los Tuxtlas cambió con la llegada de las “tienditas” y de productos de grandes corporaciones de bebidas y alimentos, junto con una mayor presencia de plásticos.

El polietileno, o PE, fue el microplástico más abundante detectado en las heces. El equipo también documentó residuos de PET, sobre todo botellas de bebidas, en varios puntos de Los Tuxtlas, lo que sugiere múltiples fuentes de contaminación.

Álvarez explicó al diario que en las localidades rurales dentro de la reserva se observó un aumento de basura cuando empezó a llegar más plástico a las tiendas. Añadió que una práctica común es la quema de residuos y que, al quemarse, las partículas se vuelven altamente volátiles, permanecen suspendidas en el aire y eso facilita su transporte a largas distancias.

De acuerdo con el texto, la Conanp, el INECOL, la UNAM y organizaciones locales impulsan desde hace años programas de restauración forestal, monitoreo de fauna, educación ambiental y conservación de especies como el mono aullador. El nuevo dato obliga a incorporar la contaminación plástica a esas estrategias.

La ropa que ya no puede reutilizarse ni reciclarse representa uno de los mayores desafíos ambientales de la actualidad. Aunque donar prendas en buen estado sigue siendo una de las mejores opciones, millones de textiles deteriorados, contaminados o fabricados con mezclas de materiales terminan convertidos en residuos difíciles de aprovechar.

De acuerdo con un informe del Parlamento Europeo, la llamada moda rápida (fast fashion) ha incrementado de manera acelerada la producción y el consumo de prendas, provocando que cada vez más ropa sea desechada después de muy pocos usos. El problema no solo radica en la enorme cantidad de residuos que genera, sino también en el consumo de agua, energía y materias primas necesarias para fabricar cada prenda.

Frente a este escenario, la Unión Europea impulsa nuevas normas para alargar la vida útil de la ropa, fomentar su reparación y garantizar que los fabricantes asuman parte de la responsabilidad sobre los residuos textiles. Pero, ¿qué ocurre cuando una prenda ya no puede reutilizarse ni reciclarse?

¿Qué pasa con la ropa que ya no puede reciclarse o reutilizarse?

La realidad es que gran parte de estos textiles termina en vertederos o es enviada a plantas de incineración para generar energía. Según el Parlamento Europeo, incluso la ropa que se deposita en contenedores especiales no siempre encuentra una segunda vida.

El organismo europeo señala que:

• Menos de la mitad de la ropa usada se recoge para ser reutilizada o reciclada.
• Apenas 1 % de la ropa usada logra reciclarse para convertirse nuevamente en prendas de vestir.
• Entre 4 % y 9 % de los textiles que llegan al mercado europeo son destruidos sin haber sido utilizados.
• Cerca del 87 % de la ropa usada termina finalmente incinerada o en vertederos.

Esto ocurre porque muchas prendas están confeccionadas con mezclas de fibras naturales y sintéticas, contienen cierres, botones, estampados o tratamientos químicos que dificultan separar los materiales para reciclarlos de forma eficiente.

Cuando el reciclaje textil no es técnicamente viable, la prioridad ambiental consiste en evitar que esos residuos permanezcan durante décadas en rellenos sanitarios, por lo que algunos países recurren a la valorización energética mediante la incineración controlada, aunque esta alternativa sigue generando emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Por qué la industria textil preocupa tanto al medioambiente?

El informe del Parlamento Europeo destaca que la producción textil es una de las actividades con mayor impacto ambiental a nivel mundial.

Entre los datos más relevantes sobresalen:

• Fabricar una sola camiseta de algodón requiere alrededor de 2 mil 700 litros de agua, equivalente a la cantidad que una persona bebe durante aproximadamente dos años y medio.
• En 2022, cada habitante de la Unión Europea consumió en promedio 19 kilogramos de textiles al año.
• Ese consumo implicó utilizar aproximadamente 323 metros cuadrados de suelo, 12 metros cúbicos de agua y 523 kilogramos de materias primas por persona.
• La producción textil es responsable de alrededor del 20 % de la contaminación mundial del agua potable, debido principalmente al uso de tintes y productos químicos durante el acabado de las telas.
• Una sola carga de ropa de poliéster puede liberar hasta 700 mil fibras microplásticas, las cuales terminan en ríos, mares y eventualmente en la cadena alimentaria.

Además, la fabricación y consumo de textiles generan importantes emisiones de dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global y al cambio climático.

Las soluciones para reducir el problema de la ropa desechada

Ante el crecimiento de los residuos textiles, la Unión Europea ha impulsado diversas medidas enfocadas en la economía circular.

Entre ellas destacan:

• Diseñar prendas más resistentes y fáciles de reparar.
• Favorecer la reutilización y el alquiler de ropa.
• Impulsar el reciclaje de fibras textiles.
• Combatir la moda rápida mediante productos con mayor duración.
• Exigir a los fabricantes hacerse responsables de la recolección y reciclaje de sus productos al finalizar su vida útil.

Asimismo, desde 2025 los países miembros están obligados a realizar la recolección separada de residuos textiles, mientras que nuevas disposiciones establecen sistemas de responsabilidad ampliada del productor, mediante los cuales las empresas deberán financiar la clasificación, reutilización y reciclaje de la ropa que comercializan.

Otra medida relevante es el Reglamento de Ecodiseño, que establece requisitos mínimos de durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad para numerosos productos, incluidos los textiles.

Además, a partir de 2026, las grandes empresas ya no podrán destruir ropa, calzado y accesorios que no hayan logrado vender, una práctica que durante años generó millones de toneladas de residuos perfectamente utilizables.

En paralelo, también se endurecieron las reglas contra el llamado greenwashing, con el objetivo de impedir que las marcas hagan afirmaciones ambientales engañosas sin respaldo científico.

Aunque las nuevas regulaciones representan un paso importante, especialistas coinciden en que el cambio también depende de los consumidores. Comprar prendas de mejor calidad, reparar la ropa antes de reemplazarla, adquirir artículos de segunda mano y donar textiles en buen estado son acciones que ayudan a disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducen la cantidad de residuos que termina en vertederos o plantas de incineración.

De acuerdo con el Parlamento Europeo, avanzar hacia una economía circular en la industria de la moda será fundamental para disminuir el impacto ambiental de uno de los sectores más contaminantes del mundo y aprovechar mejor los materiales que ya existen antes de fabricar nuevos productos.

Los nanoplásticos fueron detectados por primera vez en suelos del interior de la Antártida.

Se trata de un hallazgo que, según un estudio publicado en Scientific Reports, refuerza la hipótesis de que estas partículas pueden llegar a uno de los entornos más aislados del planeta mediante transporte atmosférico de largo alcance y también desde fuentes locales vinculadas a la actividad humana.

El trabajo encontró nanoplásticos por encima del límite de detección en el 54% de 13 puntos de suelo superficial y registró concentraciones de hasta 295 nanogramos por gramo de suelo. También aparecieron en la mitad de las capas profundas analizadas, a más de 20 centímetros, lo que sugiere movimiento vertical o enterramiento.

La investigación se centró en los valles de Taylor y Wright, dentro de los Valles Secos de McMurdo, donde en enero de 2023 se extrajeron 13 muestras de la capa superficial y cuatro de niveles más profundos. El equipo usó un protocolo de análisis de suelo de desarrollo reciente y aplicó espectrometría de masas con reacción de transferencia de protones y desorción térmica para medir nanoplásticos; además, evaluó la presencia de microplásticos.

Los nanoplásticos se definen como partículas con un diámetro inferior a un micrómetro. El estudio advierte que pueden representar un riesgo ecológico mayor que partículas plásticas más grandes porque se desplazan con más facilidad, atraviesan membranas celulares y adsorben otros contaminantes.

El desgaste

En las muestras se identificaron seis tipos de plásticos de uso común: polietileno, polipropileno, tereftalato de polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo y partículas de desgaste de neumáticos. El polipropileno concentró el 41,9% de la masa total, seguido por las partículas de desgaste de neumáticos con 29,6% y el polietileno con 14,6%.

Ese dato responde al núcleo del hallazgo: no se trató de una señal aislada ni de un único polímero, sino de una mezcla de materiales plásticos en un suelo que hasta ahora no tenía registros documentados de contaminación por submicro y nanoplásticos. Aunque ya se habían hallado macro y microplásticos en ecosistemas marinos antárticos, como agua de mar, sedimentos, costas, glaciares, hielo marino y nieve, la presencia de estas partículas en suelos del continente no había sido descrita hasta ahora.

La Antártida suele considerarse un lugar prístino por la ausencia de población humana, asentamientos permanentes o industrialización histórica. El estudio discute esa idea al mostrar que incluso zonas alejadas del océano y de la actividad regular pueden recibir contaminación plástica.

Los autores atribuyen parte de la falta de registros previos a un problema técnico más que a la ausencia real de partículas. En el trabajo explican: “Esta discrepancia se debe a dificultades analíticas, como la interferencia de la matriz, la agregación de partículas y la sensibilidad limitada de los métodos de detección existentes, algo especialmente crucial en entornos remotos como la Antártida, donde las concentraciones de nanopartículas son extremadamente bajas”.

Y suman: “Recientemente, la espectrometría de masas con reacción de transferencia de protones y desorción térmica ha surgido como una técnica de alta sensibilidad capaz de detectar nanopartículas a niveles de nanogramos, lo que ofrece una vía prometedora en este campo”.

Para indagar de dónde procedían las partículas, el equipo utilizó modelos atmosféricos retrospectivos con el fin de reconstruir regiones de origen probables y patrones estacionales de deposición. El resultado fue doble: durante el verano antártico ganan peso las fuentes locales, mientras que en invierno el transporte atmosférico de largo alcance aparece como una fuente importante de nanopartículas en los valles de McMurdo.

Entre las fuentes locales posibles, los investigadores mencionan estaciones de investigación y turismo limitado, además del deshielo del hielo marino, que puede liberar plásticos atrapados con anterioridad. El estudio cita instalaciones ubicadas a unos 100 a 120 kilómetros de los puntos de muestreo, entre ellas Isla Ross, la Base Scott, la Estación McMurdo y la Estación Meteorológica de Marble Point, además de dos pequeños puestos avanzados estadounidenses en el valle de Taylor.

Sobre esa influencia cercana, los autores señalaron: “Las estaciones de investigación como la Isla Ross, la Base Scott, la Estación McMurdo y la Estación Meteorológica de Marble Point, junto con dos pequeños puestos avanzados estadounidenses en el Valle de Taylor que dan apoyo a los investigadores durante el verano, se encuentran a una distancia aproximada de 100 a 120 km de nuestros puntos de muestreo. La Estación McMurdo tiene capacidad para hasta 1200 personas en verano y alrededor de 150 en invierno, mientras que la Base Scott alberga a 86 personas en verano y 11 en invierno. Esto también podría explicar por qué, durante el verano antártico, los plásticos se obtienen en mayor medida de fuentes locales dentro del continente”.

El estudio agrega que partículas de entre 100 y 1000 nm pueden recorrer largas distancias en la atmósfera, incluso hasta la mitad del mundo. También recuerda que trabajos previos ya habían documentado nanoplásticos en regiones remotas como los Alpes y Groenlandia, una línea de evidencia que apuntaba a ese mismo mecanismo de dispersión.

Los autores subrayan varias limitaciones. Las concentraciones reales podrían ser mayores porque el método de recuperación no extrae ni mide el 100% del material, el procedimiento podría favorecer la detección de partículas más pequeñas y pasar por alto algunas mayores, y el número de muestras fue reducido, con una heterogeneidad marcada entre sitios.

Pese a esas cautelas, el estudio en Scientific Reports sostiene que los resultados pueden servir como conjunto de datos de referencia para futuras evaluaciones ambientales y para discusiones sobre políticas de gestión de residuos y normas operativas en estaciones de investigación antárticas.

El centro de datos de Meta en Cheyenne, Wyoming, contaminó el sistema de agua reciclada de la ciudad con una bacteria poco común durante las obras de construcción, según informó la Junta de Servicios Públicos (Board of Public Utilities, BOPU) de Cheyenne. La empresa, propiedad de Mark Zuckerberg, desarrolla allí un complejo de 66.425 metros cuadrados con una inversión de USD 800 millones, conocido internamente como Proyecto Cosmo, cuya entrada en operación está prevista para 2027.

La BOPU determinó que el agua residual descargada por Goat Systems LLC, entidad contratista vinculada a Meta para la construcción del centro, contenía Cupriavidus gilardii, una bacteria de origen natural presente en suelos y cuerpos de agua. El organismo fue detectado en febrero durante muestreos rutinarios de aguas residuales, aunque la autoría de la contaminación no se hizo pública hasta principios de julio, tras meses de investigación.

Las autoridades recalcaron que no contaminó el agua potable de la ciudad, pero dijeron que interrumpió el sistema municipal de agua reciclada y que requirió meses de limpieza.

Qué es el Cupriavidus gilardii y por qué preocupa a las autoridades

La bacteria Cupriavidus gilardii es considerada por los especialistas un “patógeno oportunista”: no representa riesgo para la mayoría de las personas sanas, pero puede provocar neumonía grave, infecciones en el torrente sanguíneo y, en casos extremos, la muerte en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

Un estudio publicado en marzo de 2026 en el International Journal of Infectious Diseases documentó 32 casos de infección humana por Cupriavidus desde 2009, con una tasa de mortalidad del 31,3%. Diez de esos pacientes fallecieron tras desarrollar complicaciones graves, según el mismo análisis. Entre los casos registrados figura el de una niña estadounidense de 12 años que murió de sepsis tras contraer la infección durante unas vacaciones en Europa, de acuerdo con un informe de 2010 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Cómo se produjo la descarga y qué medidas tomó Cheyenne

La contaminación ocurrió durante un procedimiento de llenado y vaciado (fill-and-flush) utilizado para preparar el sistema de enfriamiento del centro de datos antes de su puesta en marcha. El proceso consiste en llenar las tuberías de refrigeración con agua, purgarlas para eliminar residuos de construcción y descargar el agua resultante al sistema de alcantarillado municipal.

Frank Strong, director de la división de ingeniería y recursos hídricos de la BOPU, explicó al Wyoming Tribune Eagle que el organismo fue detectado de forma accidental durante análisis de rutina para bacterias fecales. “Tuvimos que pasar por todo un proceso para determinar qué era”, señaló Strong, quien añadió que se trata de un patógeno inusual incluso en aguas residuales industriales.

La BOPU catalogó la infracción como “incumplimiento significativo” y revocó de forma permanente la autorización de Goat Systems para descargar aguas residuales en el sistema de tratamiento municipal, donde el agua se recicla y se emplea para regar parques y espacios públicos. Además, la ciudad adoptó una nueva normativa que prohíbe a los centros de datos con sistemas de enfriamiento de circuito cerrado verter sus aguas residuales a la red de saneamiento, obligándolos a construir sistemas de recolección independientes y gestionar el agua fuera del municipio.

La respuesta de Meta y la posición de Fortis

Meta reconoció el incidente y aseguró que actuó de inmediato al ser notificada. “Cuando la junta informó que había encontrado una sustancia en las aguas residuales de la ciudad —no en el agua potable pública— Fortis dejó de inmediato de descargar aguas residuales industriales y comenzó a transportarlas fuera del lugar”, indicó un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por Business Insider, The Guardian y el Daily Mail.

La constructora general Fortis encargó pruebas independientes a un especialista ambiental externo, cuyos resultados no detectaron rastro de la bacteria. Un portavoz de Fortis señaló que la empresa “toma en serio sus obligaciones medioambientales y continuará trabajando de forma constructiva con la BOPU y todas las autoridades pertinentes hasta que el asunto quede completamente resuelto”.

Erin Lamb, coordinadora de asuntos públicos de la BOPU, confirmó a Business Insider que la agencia prevé celebrar una conferencia de prensa sobre el caso en las próximas semanas.

El malestar ciudadano previo y el contexto nacional

El concejal de Cheyenne Pete Laybourn calificó la noticia como “una sorpresa muy, muy desagradable” y admitió al Cowboy State Daily que ya albergaba reservas sobre algunos de los acuerdos alcanzados con los operadores del centro de datos. “Es lo último que necesitamos ahora mismo”, afirmó.

El rechazo al Proyecto Cosmo había crecido antes del incidente bacteriológico. El Cowboy State Daily informó en mayo sobre la oposición creciente a proyectos en Cheyenne y otras localidades de Wyoming, con cuestionamientos medioambientales sobre los sistemas de enfriamiento de circuito cerrado empleados por Meta y sus competidores tecnológicos.

El caso se enmarca en un debate nacional más amplio sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades locales. Según Data Center Map, existen cerca de 4.500 instalaciones de este tipo en todo el país, y algunas consumen hasta 1.135.623 litros de agua al día, una cantidad equivalente al consumo diario de aproximadamente 1.000 hogares. A nivel federal, el senador Bernie Sanders, de Vermont, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, han propuesto una moratoria sobre la construcción de centros de datos de inteligencia artificial.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) impulsa una estrategia para contener la crisis de residuos sólidos y la contaminación del agua en el municipio de Lerma, Estado de México.

De acuerdo con especialistas de la universidad, han identificado que la acumulación de basura y las descargas sin tratamiento han deteriorado los cuerpos de agua locales, lo que afecta a la población y el entorno natural.

Residuos sólidos en agua son un riesgo para la salud pública

El aumento de residuos sólidos en Lerma ha provocado un problema sanitario que impacta a los habitantes de la zona. La UAM advierte que la acumulación de desechos en espacios públicos y cauces fluviales favorece la proliferación de vectores de enfermedad.

De acuerdo con María Gabriela Martínez Tiburcio, profesora investigadora de Unidad Lerma, la capacidad de los servicios de recolección municipal se encuentra rebasada y el manejo inadecuado de la basura contribuye al deterioro ambiental.

La universidad señala que la presencia de microplásticos y materiales no biodegradables en los cuerpos de agua representa un riesgo para quienes dependen del río y de pozos locales. La contaminación afecta a más de 100,000 personas que viven en la región, quienes enfrentan dificultades para acceder a agua limpia y segura.

Propuestas de la UAM para frenar la contaminación

La Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla propuestas tecnológicas y campañas de educación ambiental. El objetivo es reducir la generación de residuos y mejorar el tratamiento de aguas residuales.

La UAM promueve la instalación de sistemas de separación de basura en origen y la creación de centros de acopio para materiales reciclables.

La institución propone la implementación de biodigestores para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con la meta de disminuir la carga contaminante que llega a los ríos. La universidad también impulsa talleres y actividades con comunidades para sensibilizar sobre el manejo adecuado de residuos.

El reto de recuperar el equilibrio ambiental

La UAM sostiene que la rehabilitación de los cuerpos de agua en Lerma requiere la colaboración de autoridades, empresas y población. La universidad reconoce que la crisis ambiental afecta a sectores productivos como la agricultura, que depende de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. “La recuperación del equilibrio ecológico solo será posible con la participación de todos los actores”, afirma la UAM.

Una investigación liderada por la Universidad de Notre Dame reveló cómo los llamados “químicos eternos” o PFAS circulan durante décadas por la red alimentaria de los Grandes Lagos y terminan en las personas, sobre todo a través de la comida.

El estudio, publicado en la revista científica Journal of Environmental Quality y citado por Grist, aporta evidencia sobre cómo estos compuestos sintéticos persisten en el mayor sistema de agua dulce del mundo y los riesgos que representan para la salud y el ambiente.

Qué son los PFAS y cómo afectan a las personas

Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) constituyen una familia de más de 15.000 compuestos desarrollados por la industria debido a su resistencia al calor y a la degradación. Se encuentran en productos de uso diario, como sartenes antiadherentes, envases de comida, ropa impermeable y cosméticos. Su capacidad para no degradarse fácilmente les dio el nombre de “químicos eternos”.

La presencia de PFAS en la sangre de los estadounidenses es casi total, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Grist informó que estos compuestos se detectan en organismos de toda la cadena alimentaria de los Grandes Lagos, desde algas hasta aves predadoras.

El equipo de Notre Dame revisó 42 años de estudios y reunió unas 2.500 muestras de peces, aves, algas y otros organismos.

El objetivo fue rastrear cómo seis PFAS prioritarios ascienden a lo largo de la cadena alimentaria. Gary Lamberti, profesor de ciencias acuáticas y coautor, explicó que la red alimentaria es el principal vehículo para el traspaso de estos químicos entre organismos.

Impacto en la salud y advertencias oficiales

Diversas investigaciones asociaron los PFAS a problemas de salud, desde menor fertilidad hasta mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Estos compuestos se encontraron en sangre, hígado, riñones y pulmones humanos. Por ello, autoridades de estados como Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Montana y Pensilvania emitieron alertas sobre el consumo de pescado de zonas afectadas.

Desde 2012, la Michigan Department of Health and Human Services analiza peces de los Grandes Lagos y actualiza cada año pautas para el “consumo seguro”.

Los peces depredadores, como el salmón y la trucha, suelen acumular más PFAS porque consumen presas contaminadas. En cambio, las algas y plantas presentan niveles mucho menores, ya que viven menos tiempo y no los retienen tanto.

Diferencias entre lagos y datos clave

El trabajo de Notre Dame halló que la reducción del PFOS (uno de los PFAS más monitoreados) fue clara en los lagos Ontario y Erie tras el retiro voluntario industrial en los años 2000.

Lamberti aseguró a Grist que, si se deja de fabricar estos químicos, su concentración baja con el tiempo en la cadena alimentaria. Este descenso fue mayor en áreas con más industrias históricas.

Los lagos Superior, Michigan y Huron mostraron menor reducción de PFOS. Los científicos lo atribuyen a que estos lagos retienen el agua mucho más tiempo, entre 60 y 170 años, frente a los 2 a 7 años de Erie y Ontario. Esto retrasa la salida de contaminantes y prolonga el riesgo.

Obstáculos para el control y futuro de los PFAS

El estudio también detectó falta de datos sobre especies menos analizadas, como peces pequeños, invertebrados y algas, lo que dificulta tener una visión completa del problema. Además, los métodos para detectar la gran variedad de PFAS aún están en desarrollo.

Vernon Lalone, director de Wave Lumina, afirmó a Grist que todavía no existen herramientas suficientemente robustas para medir y regular todos estos compuestos.

En Estados Unidos no existe una prohibición nacional de los PFAS, aunque hay regulaciones federales para ciertos compuestos y algunas empresas decidieron retirarlos por cuenta propia.

Lamberti advirtió que el futuro de los PFAS en los lagos dependerá de la capacidad para eliminarlos de la producción y encontrar alternativas menos dañinas.

La investigación de Notre Dame demuestra que, aunque la eliminación de los PFAS de los procesos industriales ayuda a reducir su presencia, estos químicos pueden persistir en el ambiente durante décadas.

El desafío es avanzar en políticas más estrictas y en la innovación tecnológica para enfrentar una contaminación que afecta a generaciones.

En los últimos años, la seguridad alimentaria se ha enfrentado a nuevos desafíos relacionados con infecciones virales transmitidas por alimentos. La presencia de patógenos como norovirus, rotavirus y virus de hepatitis A y E, habitualmente asociados a brotes en guarderías, residencias de ancianos y espacios comunitarios, ha encendido las alertas de organismos sanitarios internacionales.

Aunque las causas bacterianas continúan siendo relevantes, los virus se han posicionado como un reto creciente para la salud pública y la vigilancia alimentaria global.

Hasta hace poco, el principal interrogante radicaba en cómo detectar de manera confiable estos virus en alimentos tan diversos como frutas congeladas o productos porcinos y, sobre todo, cómo prevenir su diseminación en la cadena alimentaria.

Los expertos subrayan que la transmisión de estos virus está ligada a prácticas higiénicas deficientes, ya sea en el procesamiento, manipulación o consumo de alimentos.

El avance central que marca un nuevo rumbo en la vigilancia alimentaria es el desarrollo de métodos más sensibles y específicos para la identificación de virus en distintos tipos de productos, así como la evaluación integral de su estabilidad y formas de inactivación.

Esta transformación en la investigación y en los protocolos de seguridad alimentaria fue impulsada por un trabajo reciente publicado en la revista del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), disponible en su número especial sobre infecciones virales transmitidas por alimentos.

Cómo se transmiten los virus por alimentos

La transmisión de norovirus y otros patógenos virales a través de los alimentos se produce de forma silenciosa, sin señales perceptibles al consumidor. Según explicaron los expertos del BfR (Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania) en su comunicado de prensa, ni la apariencia, ni el sabor, ni el olor permiten identificar alimentos contaminados.

“Estos virus son particularmente resilientes: resisten el congelamiento, y también un calentamiento breve o la cocción en microondas”, indicaron los investigadores en el comunicado.

Una de las vías de transmisión es el contacto con agua contaminada durante la cosecha o el procesamiento, componente reconocido como “transmisión fecal-oral”.

Los productos más frecuentemente asociados a la presencia de estos virus, de acuerdo a los inspectores del BfR, incluyen frutas congeladas y mariscos, pero “en principio, todos los alimentos pueden transmitir virus si se manipulan o producen sin las debidas condiciones higiénicas”, señaló Reimar Johne, especialista en virología alimentaria del instituto.

Métodos para la detección de virus en alimentos

Ante la dificultad de identificar la contaminación viral, el desarrollo de técnicas sensibles ha sido una prioridad reciente.

La doctora Eva Trojnar, líder del equipo del Laboratorio Nacional de Referencia para Virus de Transmisión Alimentaria en Alemania, explicó en el comunicado oficial: “Estamos desarrollando nuevos métodos o mejorando los existentes para la detección de virus, adaptando los procedimientos según cada tipo de alimento”.

Esta diferenciación permite ajustar los procedimientos según cada tipo de alimento, ya que “no es lo mismo detectar un virus en una muestra de embutido que en una hoja de lechuga”.

Según se detalla en el estudio, la investigación no solo se centra en la detección, sino también en preguntas clave: “¿Qué tan extendidos están ciertos virus en distintas especies animales y productos? ¿Cuán estables resultan en el ambiente y cómo es posible inactivarlos de forma segura? ¿Qué estrategias previenen su contaminación en la producción alimentaria?”.

Estas interrogantes están orientadas a diseñar medidas de control y reducción del riesgo para el consumidor.

Nuevas recomendaciones y estrategia para minimizar el riesgo

El abordaje preventivo, destacan desde el BfR, requiere la combinación de controles en origen y responsabilidad del consumidor. “Lo que ayuda a reducir el riesgo de infección es un calentamiento exhaustivo y uniforme de los alimentos”, advirtieron en el comunicado de prensa.

Esta recomendación es especialmente relevante para mariscos, bayas congeladas y carnes de cerdo o jabalí, productos que “no deben consumirse crudos”, de acuerdo con la evidencia recolectada por los laboratorios de referencia.

La situación es distinta con la hepatitis E, reconocen, ya que este virus está ampliamente distribuido entre cerdos domésticos y salvajes. La infección, a diferencia de otras enfermedades diarreicas, se manifiesta mucho después de la exposición, con síntomas que pueden demorar semanas o meses en aparecer.

“Por ello, el consumo de carne insuficientemente cocida de cerdo sigue siendo el principal riesgo de transmisión a humanos”, explicó Eva Trojnar en el comunicado.

Desde el BfR subrayan que iniciativas como la pasteurización de la leche y la cocción de alimentos han mostrado ser eficaces para eliminar posibles patógenos, incluidos incluso algunos virus detectados esporádicamente en aves o ganado, como la gripe aviar: “Cualquier patógeno presente es eliminado durante la cocción y la fritura”, puntualizan.

Perspectivas y próximos pasos

Los recientes avances metodológicos representan un hito en la capacidad para identificar riesgos de origen viral en alimentos, permitiendo actuar de manera más temprana y eficaz en la protección de la salud pública.

“El objetivo es identificar los riesgos sanitarios para el consumidor lo antes posible y desarrollar estrategias para minimizarlos”, concluyeron los autores del estudio en el comunicado institucional.

El desarrollo tecnológico en vigilancia virológica alimentaria abre un nuevo panorama para la seguridad alimentaria global, consolidando un enfoque más preventivo y científico en la gestión del riesgo vinculado a enfermedades transmitidas por alimentos.

Para hacerle frente al desperdicio textil, se acaban de instalar nuevos módulos en distintos puntos de la alcaldía Álvaro Obregón dedicados exclusivamente a recibir ropa usada para reciclarla y transformarla en productos completamente nuevos, o bien, si las prendas se encuentran en buenas condiciones, pueden ser donadas a personas en condiciones económicas vulnerables.

Si ya te dieron ganas de hacer esa limpieza profunda de armario y quieres aportar tu granito de arena al medio ambiente, a continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde y cuándo puedes encontrar estos centros de acopio.

“Textiles con Futuro”: La iniciativa que le da una segunda vida a tu ropa

Bajo el programa “Textiles con Futuro”, la Alcaldía Álvaro Obregón, en alianza con la iniciativa re.colecto y el proyecto Alcaldía Verde, ha instalado buzones especiales para que lleves esos textiles que ya no usas. El objetivo es: clasificar todo lo recaudado para su reúso, reciclaje o transformación en productos como alfombras, totalmente nuevas.

¿Qué puedes depositar en los módulos? La buena noticia es que no solo reciben las típicas prendas del día a día. Puedes armar tu bolsa con:

• Ropa de vestir
• Ropa de cama (sábanas, cobijas)
• Cortinas
• Manteles

El único gran requisito es que todo lo que entregues debe estar completamente limpio y seco antes de meterlo al contenedor.

¿Dónde y cuándo encontrarlos? ¡Apunta las fechas!

Para que nadie se quede sin participar, la campaña cuenta con dos tipos de módulos: los que estarán fijos por una buena temporada y los itinerantes, que andarán “de gira” por distintas parroquias de la alcaldía. Aquí te dejamos el calendario para que ubiques el que te quede más cerca:

Contenedores Fijos

• Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón: En la entrada por la calle Canario y en el edificio principal. Tienes hasta el 14 de agosto para darte una vuelta.
• Tec de Monterrey, Campus Santa Fe: Disponible hasta el 12 de junio.

Contenedores Itinerantes (Parroquias)

Si te queda mejor ir a las iglesias de la zona, revisa las fechas en las que el módulo visitará tu colonia:

• 1 al 15 de junio: Parroquia “Santa María de la Natividad”.
• 15 al 29 de junio: Parroquia “San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro”.
• 29 de junio al 13 de julio: Parroquia “Asunción de Santa María”.
• 13 al 27 de julio: Parroquia “Capilla Cristo de la Colina”.
• 27 de julio al 10 de agosto: Parroquia “Nuestra Señora de los Ángeles”.
• 10 al 24 de agosto: Parroquia “Inmaculada Concepción y San Pío”.
• 24 de agosto al 7 de septiembre: Parroquia “San José del Altillo”.

Así que ya lo sabes, pon tu playlist favorita, haz esa limpieza de clóset que vienes posponiendo y lánzate a dejar tus textiles.

Las capturas accidentales de delfines y otras especies marinas en redes de pesca constituyen una de las amenazas principales para la fauna oceánica. Este fenómeno ocurre cuando animales no deseados quedan atrapados en redes diseñadas para capturar peces comerciales, lo que provoca impactos ecológicos negativos y pone en riesgo poblaciones enteras de especies protegidas.

Equipos internacionales evaluaron en profundidad una solución de bajo costo: el uso de botellas plásticas y de vidrio recicladas atadas a las redes de pesca para que estos animales consigan detectar y evitar las redes. Los resultados de dos estudios, publicados en Fisheries Research y Marine Mammal Science, muestran que esta técnica puede disminuir de manera significativa la captura incidental de delfines, sin afectar la pesca de especies objetivo.

Cambios observados en la interacción entre redes de pesca y fauna marina

La propuesta de utilizar botellas recicladas como herramienta para disminuir la captura accidental de delfines en redes de pesca surgió de Per Berggren, profesor emérito de conservación de megafauna marina en la School of Natural & Environmental Sciences de la Universidad de Newcastle. Buscó una solución simple y accesible que aprovecha materiales descartados como botellas de plástico y vidrio para transformar residuos en un recurso útil para la conservación marina.

Los científicos, liderados por Berggren, pusieron a prueba una idea sencilla: aprovechar botellas de plástico y vidrio recicladas para reducir la captura accidental de delfines en redes de pesca. De acuerdo con el estudio publicado en Fisheries Research, las botellas de plástico vacías se ataron a las redes para que funcionaran como “espejos” de sonido, ayudando a los delfines a detectar y esquivar el peligro.

Este efecto se logra porque las botellas llenas de aire reflejan los ecos de los pulsos sonoros que emiten los delfines para orientarse, lo que las hace mucho más perceptibles para estos animales que las redes de nylon comunes, que resultan casi invisibles para su sistema de ecolocación. Por su parte, las botellas de vidrio, equipadas con tornillos en su interior, producían sonidos al moverse, lo que también servía para alertar a los animales sobre la presencia de las redes.

Las pruebas se realizaron en pesquerías artesanales de Brasil, Perú y Zanzíbar. En Brasil, durante el periodo 2020-2022, las redes equipadas con botellas plásticas redujeron a cero la captura de delfines, mientras que las redes normales atraparon cuatro ejemplares. Aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa por el número de casos, la tendencia fue clara: las redes con botellas plásticas no atraparon delfines. Además, se registró un mayor peso de peces comerciales en las redes modificadas.

Por el contrario, en Perú y Zanzíbar, ni las botellas de vidrio ni las de plástico modificaron la cantidad de delfines, marsopas ni tortugas capturados en las redes. En Zanzíbar, se observó un aumento en la captura de atunes al usar botellas plásticas.

La diferencia principal con los resultados de Brasil radica en el tipo de red y su ubicación: en Brasil, la reducción de capturas accidentales se registró en redes de fondo, donde las botellas plásticas funcionaron como reflectores acústicos efectivos. En cambio, en Perú y Zanzíbar, los dispositivos se probaron en redes que operan cerca de la superficie, un entorno más ruidoso que puede dificultar que los delfines detecten el eco reflejado por las botellas.

El método fue luego ampliado en un segundo estudio publicado en Marine Mammal Science. Entre 2020 y 2025, se realizaron 318 pruebas en Brasil, y la presencia de botellas plásticas logró una reducción del 88% en la captura incidental de delfines. Además, la cantidad de peces capturados para consumo o venta no cambió entre redes convencionales y modificadas, lo que refuerza la viabilidad del método para las comunidades pesqueras.

Participación de comunidades pesqueras en la investigación

Los ensayos se estructuraron con la participación directa de pescadores de las zonas estudiadas. Según la publicación en Fisheries Research, los investigadores organizaron talleres en las comunidades para presentar el proyecto y consensuar el uso y disposición de los dispositivos reciclados. Cada embarcación participante recibió instrucciones sobre cómo instalar las botellas de vidrio o plástico en la red, con espaciados y métodos discutidos y acordados de manera colectiva.

En Brasil, las botellas plásticas (250 ml) se colocaron cada 130 metros sobre la línea superior de las redes de enmalle de fondo, sin añadir peso adicional. En Perú, se probaron botellas de vidrio de 350 ml y plásticas de 1500 ml atadas a diferentes partes de las redes, con ajustes de lastre según fue necesario tras consultas con los pescadores. Los experimentos incluyeron lances control (sin dispositivos) y lances tratamiento (con botellas), con observadores independientes que registraron datos de capturas y condiciones de pesca.

El rol del reciclaje en la protección de especies costeras

Los ensayos realizados demostraron que el uso de botellas plásticas recicladas como reflectores acústicos puede ofrecer una alternativa viable y económica para la mitigación de la captura incidental de delfines en pesquerías artesanales que emplean redes de fondo. La reducción del 88% observada en la tasa de captura incidental representa una oportunidad para implementar esta solución en otras regiones costeras del mundo.

De acuerdo con las investigaciones, esta metodología no afecta el volumen de pesca de especies objetivo, elemento fundamental para la aceptación entre las comunidades pesqueras. Además, el uso de materiales reciclados contribuye a la gestión de desechos plásticos, al darle un nuevo propósito a residuos que, de otro modo, permanecerían en el medio ambiente. “Esto sí que es reciclaje que rescata delfines”, afirmó Berggren.

Los autores de los estudios resaltaron que “el método puede ser probado en otras regiones y, si resulta eficaz, adoptado de manera amplia para mejorar la conservación de delfines costeros”. El equipo científico destacó que la fijación de las botellas a las redes se realizó con sistemas seguros para evitar desprendimientos y contaminación marina adicional.

Los resultados obtenidos en Brasil impulsaron nuevas pruebas en pesquerías de Camboya y Congo. La introducción de soluciones de bajo costo basadas en reciclaje refuerza la cooperación entre la ciencia y las comunidades pesqueras para abordar el desafío de la conservación marina.

Desde el sábado por la tarde y durante todo el domingo, la calidad del aire en áreas como el centro y sur del condado de Los Ángeles, el norte del condado de Orange, además de Riverside y San Bernardino, alcanzó valores considerados insalubres, según informó el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).

Las advertencias también incluyeron el norte de Los Ángeles y el sur de Orange, donde el aire permaneció lejos de los parámetros seguros.

El aire tras la fiesta: partículas tóxicas y riesgos para la salud

Según Los Angeles Times, el uso masivo de fuegos artificiales en la celebración del 4 de julio provocó la liberación de nubes de gases nocivos, hollín y metales tóxicos finamente pulverizados. Parte de ese material se mantuvo flotando en el ambiente durante horas, y terminó en los pulmones de quienes participaron de los festejos o transitaron por las zonas afectadas.

Tal y como expresó la entidad reguladora del aire, la combinación de vientos suaves y la intensa actividad pirotécnica desde el sábado al anochecer generó una acumulación de contaminantes que persistirá hasta la tarde del domingo.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la exposición a la contaminación generada por la pirotecnia puede provocar:

• Tos persistente
• Dificultad para respirar
• Crisis de asma
• Infartos

El organismo recomendó que quienes experimenten síntomas cardiovasculares graves, como dolor de pecho o problemas para respirar, busquen asistencia médica de inmediato.

La American Lung Association aseguró que los fuegos artificiales encendidos en viviendas presentan un riesgo aún mayor, ya que los contaminantes se dispersan a alturas bajas y permanecen más cerca de las personas expuestas.

Recomendaciones ante la contaminación persistente

El periodo crítico para la calidad del aire se extendió hasta el domingo por la tarde. Las autoridades sanitarias recomendaron a los residentes de las zonas más afectadas reducir la exposición al aire exterior y evitar la actividad física intensa durante las horas más críticas.

Mantener cerradas puertas y ventanas se convirtió en una de las principales estrategias para minimizar la entrada de contaminantes al interior de las viviendas.

El SCAQMD enfatizó que el uso de ventiladores de toda la casa o enfriadores evaporativos puede agravar el problema, ya que estos aparatos arrastran aire exterior contaminado hacia el interior. Por ese motivo, la recomendación fue optar por purificadores de aire o sistemas de aire acondicionado, siempre que sea posible, para proteger la salud durante los episodios de mayor concentración de humo y partículas.

Según lo reportado por el medio Los Angeles Times, el 4 y 5 de julio suelen figurar entre los días con peor calidad del aire en toda la región.

Este año, la situación se vio agravada por el incendio de un depósito en Boyle Heights a fines de junio, que liberó cantidades extraordinarias de hollín y humo.

El evento fue comparado por las autoridades ambientales con la contaminación generada por los incendios forestales registrados el año pasado.

Vigilancia, sanciones y el futuro de los espectáculos pirotécnicos

La masividad del fenómeno no se restringió a los espectáculos oficiales. Los Angeles Times subrayó que en el sur de California se celebraron decenas de fiestas organizadas, a las que se sumaron innumerables explosiones ilegales en barrios y calles.

Esa combinación explica por qué el deterioro de la calidad del aire no se limitó a los sitios de espectáculos autorizados, sino que se expandió sobre una parte mucho más amplia de la región.

En respuesta a la proliferación de fuegos artificiales ilegales, fuerzas policiales de distintas ciudades implementaron el uso de drones para identificar y sancionar a quienes infringieron las normativas durante el fin de semana festivo.

Al mismo tiempo, el auge de litigios impulsados por grupos ambientalistas y la oposición de la California Coastal Commission llevaron a la cancelación de varios espectáculos pirotécnicos tradicionales, reemplazados por exhibiciones con drones en algunas localidades.

El episodio de contaminación registrado este año sirve como recordatorio de los riesgos que implica la pirotecnia masiva para la salud pública y el medioambiente en el sur de California.

Desde entidades como el SCAQMD y la American Lung Association insisten en la necesidad de revisar las prácticas festivas y priorizar alternativas que reduzcan el impacto sobre la calidad del aire y la salud de la población.

Un episodio de mortandad masiva de peces en el lago Pilchowickie, al suroeste de Polonia, dejó imágenes impactantes. El vaciado casi total del embalse coincidió con una ola de calor que elevó bruscamente la temperatura del agua y agravó las consecuencias para la fauna acuática, según informó la agencia de noticias Euronews.

Las autoridades locales y especialistas ambientales investigan el alcance de los daños, mientras vecinos, pescadores y organizaciones de protección ambiental expresan su preocupación por el impacto ecológico.

El incidente revive el recuerdo de la catástrofe ocurrida en el río Óder en 2022, cuando la región sufrió una de las mayores tragedias ambientales de la historia reciente de Polonia.

Peces muertos flotan a la deriva en el río Óder

La drástica reducción del nivel del lago Pilchowickie dejó grandes áreas expuestas y generó condiciones críticas para los peces.

De acuerdo con el portal de noticias, el escaso volumen remanente comenzó a calentarse rápidamente por las temperaturas extremas, lo que redujo de forma considerable el oxígeno disponible y dejó a muchos ejemplares atrapados en zonas poco profundas y fangosas.

Testigos y pescadores relataron escenas de peces agonizando durante horas y un olor penetrante en la zona. Sociedades de pesca locales intentaron rescatar parte de los animales y trasladarlos a otros embalses, aunque reconocieron que la magnitud de la mortandad superó cualquier esfuerzo de salvamento.

“La imagen de los daños es aterradora y el olor difícil de describir. Solo han sobrevivido los peces pequeños que lograron pasar por las rejas de la galería de derivación”, describió un representante del círculo de pesca Grodzkie en declaraciones recogidas por Euronews.

Pescadores de la región habían advertido durante meses del riesgo de una catástrofe ecológica si el embalse se vaciaba sin un plan de contingencia efectivo.

El lodo tóxico llega al Bóbr

Uno de los aspectos más inquietantes del suceso fue el arrastre de sedimentos desde el fondo del lago hacia el río Bóbr, que atraviesa un parque paisajístico de la región. Durante décadas, en el fondo del embalse se acumularon lodos y contaminantes.

Euronews reportó que, con el descenso del nivel del agua, parte de estos sedimentos fue arrastrada por la corriente y llegó al río, generando alarma entre los habitantes y expertos.

Especialistas consultados por el medio señalaron que estos sedimentos pueden contener compuestos tóxicos y metales pesados, aunque la composición exacta y el alcance de la contaminación aún están bajo análisis.

Los primeros resultados del Inspectorado Regional de Protección del Medio Ambiente (WIOŚ) muestran una caída drástica del nivel de oxígeno y un deterioro de los parámetros del agua abajo de la presa.

Mientras tanto, los servicios de emergencia y las autoridades ambientales mantienen el monitoreo continuo y recomiendan evitar el contacto con el río Bóbr hasta que la situación se estabilice. Según la Dirección Regional de Protección del Medio Ambiente, hasta el momento no existen datos que indiquen que especies protegidas hayan resultado afectadas, aunque la vigilancia se mantiene activa.

La reacción de la empresa y el recuerdo de la tragedia del Óder

La empresa responsable de la gestión del embalse afirmó que las obras de renovación se realizaron conforme a los procedimientos vigentes y con las autorizaciones administrativas correspondientes.

La compañía aseguró que adoptó medidas para limitar el impacto sobre el ecosistema y notificó en la red X la conclusión de la campaña de recogida de peces muertos. La magnitud de la mortandad, sin embargo, ha generado numerosas preguntas sobre la evaluación del riesgo, la preparación de la operación y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

El suceso evoca la tragedia ambiental ocurrida en el río Óder en 2022, cuando la mortandad masiva de peces y organismos acuáticos a lo largo de cientos de kilómetros evidenció carencias en la vigilancia y en las medidas de prevención. La Asociación Polaca de Pesca recordó en un comunicado difundido por la agencia de noticias internacional que “fallaron todas las instituciones del Estado responsables de las aguas continentales”.

Por ahora, las autoridades mantienen las acciones de monitoreo y limpieza, así como el apoyo a los habitantes para analizar la calidad del agua en pozos privados. El llamado a la población es a evitar el contacto con el río Bóbr hasta que los estudios concluyan y la situación se normalice.

En Huelves, un municipio de apenas 105 habitantes de la provincia de Cuenca, se proyecta una macroplanta de biometano que acogería cada año 233.000 toneladas de residuos agroalimentarios, una cantidad que supera con creces las cerca de 4.000 que genera la localidad. Sería, así, la más grande de la comarca.

La asociación de movimientos vecinales Pueblos Vivos Cuenca denuncia que, de llevarse a cabo, Huelves se convertiría en un “nodo de recepción masiva de residuos”, para lo que sería necesario el paso diario de decenas de camiones por vías no acostumbradas a tal tráfico. Además, justificaría posteriormente la construcción de nuevas macrogranjas, contribuyendo a un “modelo industrial de producción a gran escala contaminante y agresivo”. “Si hay despoblación, con estos proyectos le das la puntilla a los pueblos”, señala a Infobae Ana Muñoz, portavoz de la asociación. “Es una barbaridad lo que están haciendo con los proyectos de biogás a nivel nacional”.

Huelves no es el único municipio de España donde una posible planta de biogás ha despertado la oposición vecinal. A lo largo y ancho de la geografía de nuestro país, distintas organizaciones denuncian que muchos de estos proyectos son potencialmente contaminantes, demasiados en una zona reducida y con una capacidad excesiva para los residuos que se generan en la región. “Esto no tiene nada que ver con una verdadera lógica de reutilización de la materia para obtener un recurso energético”.

¿Qué son el biogás y el biometano?

El biogás se obtiene a partir de la descomposición de materia orgánica (restos agrícolas, estiércol, residuos alimentarios, purines, cadáveres, lodos de depuradora…) en ausencia de oxígeno, lo que se conoce como digestión anaerobia. Tal y como explica a Infobae Raúl Muñoz, ingeniero químico y catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Valladolid, la composición es un 50-70% metano, un 30-50% dióxido de carbono y pequeñas cantidades de vapor de agua y otros gases como el cloruro de hidrógeno.

Para convertir el biogás en biometano, se eliminan todas estas impurezas, dejando solo el metano. Así, puede inyectarse en la red de gas natural, utilizarse como combustible en vehículos o alimentar sistemas eléctricos y de calor. Es, por tanto, una energía renovable que nos permitiría reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático y contaminan el aire, entre otros múltiples inconvenientes.

Además, Muñoz señala que esta estrategia permite gestionar los residuos de una manera que no liberen de forma descontrolada a la atmósfera los gases de efecto invernadero, puesto que el metano se captura y se emplea en lugar de dejar que se escape. Incluso el dióxido de carbono (que es CO₂ biogénico, no igual que el que procede de las fuentes fósiles) también podría emplearse si se usa hidrógeno verde para producir más metano. De esta manera, se valorizaría también ese dióxido de carbono dentro de una economía circular en vez de liberarlo directamente a la atmósfera.

“En lugar de un problema medioambiental, como es el cambio climático, se puede transformar la materia orgánica en un beneficio ambiental y económico”, explica el catedrático. Sin embargo, el hecho de ser una energía renovable no implica que esté exenta de posibles impactos ambientales. Su ubicación, gestión y planteamiento son clave para evitar que lo que puede ser una herramienta para la necesaria transición energética se convierta en fuente de nuevos problemas.

El riesgo de malos olores, el origen de la mayor parte de la oposición

Uno de los principales motivos por los que se oponen los vecinos de los municipios cercanos a los lugares donde se proyectan estas plantas es el riesgo de malos olores. Muñoz defiende que “gestionar bien los residuos evita la formación de olores dispersos”, pues eliminar “rápidamente los purines de las granjas quita huella de olor al entorno”.

Además, indica que a día de hoy existen tecnologías de biofiltración para evitar “las molestias a las comunidades cercanas”. “Tecnología hay; lo que hay que hacer es obligar a las empresas que van a sacar un beneficio económico a instalarla para proteger el medioambiente y a los ciudadanos”. “Yo siempre pongo el ejemplo de una de las plantas experimentales de biogás que ha habido aquí en España, que justamente es en mi pueblo, en Almazán”, explica el catedrático. “No generaba olores, no generaba problemas, nadie sabía que estaba”.

Sin embargo, esta no es la experiencia que han tenido los vecinos de Casasbuenas, en Toledo. Desde el verano de 2025 hay una planta de biogás en el paraje del Cerro Pelao, en el término municipal de Noez y a 1,9 kilómetros de Casasbuenas. “El día 10 de agosto, a las dos y media de la madrugada, estábamos durmiendo con las ventanas abiertas y eso fue horroroso. La peste que entró, no sabemos si era gas, era un olor muy extraño”, explica a Infobae el alcalde del municipio, Juan Antonio Camuñas. “No había forma de sacarlo de la vivienda. Fue una noche de miedo. A raíz de ahí, la psicosis que nos entró en todo el pueblo fue tremenda”.

El Ayuntamiento ha recibido más de 200 quejas. “Tengo incluso informes médicos porque la gente iba al médico con dolores de cabeza, náuseas, vómitos. O sea, ha sido asqueroso total”, señala, añadiendo que “esa planta me está machacando mi pueblo”. Ante esta situación y el desconocimiento sobre lo que los vecinos del municipio estaban respirando, el alcalde interpuso en el mes de septiembre una denuncia ante la Fiscalía por posibles perjuicios medioambientales. “Estoy esperando a que me contesten”.

Desde hace un par de meses, Camuñas explica que los olores han cesado, no sabe si porque han cerrado la planta o porque “se han quedado sin materia prima”. “La cosa es que ha parado y Dios lo quiera que siga así y que no vuelva a funcionar”, señala, aunque con temor a que la actividad regrese y con ella los olores. “Yo toco madera. Como empiece otra vez a funcionar, ya en el verano no sabemos ni lo que vamos a tener que hacer. No hay quien viva, o sea, es un olor nauseabundo”.

Esos mismos olores son los que temen en San Antonio de Requena (Valencia), donde Acció Ecologista-Agró denuncia que un proyecto de biogás contempla acoger 171.000 toneladas de purines anuales, produciéndose después 107.000 toneladas de fertilizante sólido y 41.000 de líquido. “Los propios números revelan que aquí lo importante no es el gas. Es un macrocentro comarcal de gestión y transformación de purines con una capa de marketing verde”. El Ayuntamiento ha elaborado dos informes técnicos desfavorables.

De llevarse a cabo, la instalación se ubicaría en el ‘Paisaje de relevancia regional PRR 28 viñedos’ de Utiel-Requena, lo que denuncian que afectaría a la actividad vitivinícola y el turismo rural. “Si es una experiencia sensorial, ¿cómo vas a ir a las bodegas para tener esos malos olores? Esas rutas enoturísticas y la reputación de los vinos de la zona, especialmente si se comercializa bajo sellos de calidad, como es la denominación de origen, se van a ver afectados sí o sí, eso está claro”, denuncia a este medio Ana María Sánchez, portavoz de la asociación.

Nitratos y contaminación: otras oposiciones al biogás

El subproducto que queda tras la producción del biogás es el digestato, que Muñoz explica que puede utilizarse como biofertilizante (previa higienización) porque es rico en nutrientes, lo que permite sustituir parcialmente los fertilizantes químicos, que tienen un “altísimo coste y un altísimo impacto ambiental”; así, beneficiaría a los agricultores. Sin embargo, para ello es necesario que no se aplique en cantidades excesivas ni sin una gestión adecuada, pues el nitrógeno que contiene (principalmente en forma de amonio, al principio) puede transformarse en nitratos y contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas.

“Al final, si las cosas se hacen bien, no hay problema de olores, no hay problemas de contaminación de aguas, pero la administración pública tiene que estar garantizando que las cosas se hacen bien, que se tratan bien los digestatos”, explica el catedrático.

Desde las asociaciones que denuncian los proyectos en Huelves y San Antonio de Requena, señalan que se oponen a la utilización de estos productos por el riesgo de que, sin un buen tratamiento, contaminen los suelos y los acuíferos. “Hay zonas en toda Castilla-La Mancha que se han declarado vulnerables a nitratos, cuyo origen es la agricultura y también la ganadería intensiva. El digestato que se genera a partir de los residuos de la macroplanta de biogás también es contaminante”, defiende Ana Muñoz.

A esto suman la posible contaminación por metano y otros gases por una producción y manejo inadecuados, el aumento en la movilización de camiones —para lo que se necesita combustible fósil, lo que impide la meta de lograr la descarbonización, especialmente si hay una gran distancia entre el punto de generación de los residuos y el de su aprovechamiento— y los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad. En el caso de la posible planta que denuncian desde Acció Ecologista Agró, la asociación señala que se necesitarían más de 2.300.000 litros de agua anuales en un entorno en el que existe sobreexplotación de este recurso. “El proyecto no acredita disponibilidad suficiente de agua ni garantiza que las demandas hídricas no comprometan el abastecimiento urbano ni otros usos preferentes”.

Muchas plantas de biogás y muy grandes

Desde las asociaciones denunciantes indican que hay un boom a nivel nacional de los proyectos de biogás. Pueblos Vivos Cuenca señala que solo en Castilla-La Mancha hay 71, algunos en zonas muy cercanas a otros, lo que hace pensar que varios no saldrán adelante.

Según la agrupación Stop Ganadería Industrial C-LM, 40 de estas plantas tendrían una capacidad mayor a las 150.000 toneladas, de las cuales 21 sobrepasarían las 200.000 y, de estas, tres superarían las 300.000. En el siguiente mapa elaborado por la agrupación puede consultarse su ubicación y su estado.

También en la comarca de la Plana de Utiel-Requena denuncian la misma situación. “Actualmente hemos identificado al menos cuatro proyectos de plantas de biogás en un radio de 50 kilómetros. Si tenemos en cuenta la distancia entre los pueblos donde se pretenden instalar las industrias, se ve a simple vista la trama devastadora que se pretende alcanzar con esta nueva fiebre del biogás”, explica la portavoz de Acció Ecologista-Agró.

La magnitud de los proyectos es otro de los aspectos que ha despertado la oposición de asociaciones y vecinos. “Yo creo que el proyecto de Huelves está parado porque es de cajón que no hay residuos suficientes en la zona”, señala Ana Muñoz. “No son proyectos verdaderamente rentables ni buenos para la población, sino que son auténticos pelotazos de la energía”.

“En Alemania, las que hay suelen ser pequeñas y están asociadas a la economía local. La propia cooperativa de ganaderos y agricultores está unida y monta ella misma su propia planta de biogás. Esa planta de biogás está dimensionada para los residuos que generan ellos y ejerce una función adecuada para lo que se ha diseñado, que es para reaprovechar esos recursos orgánicos”, indica la portavoz de Pueblos Vivos Cuenca.

Una transición energética justa, ordenada y participativa

La transición energética es necesaria y posible, y los los proyectos de biogás y biometano son una herramienta para acercarnos a ella. Así lo explican desde Ecologistas en Acción en un documento que permite evaluar si los proyectos son sostenibles o insostenibles: “Consideramos positivos aquellos que nos permiten caminar hacia la reducción de las emisiones y una gestión sostenible de residuos y energías renovables. Para ello, es preciso diferenciarlos de los que significan más contaminación y problemas”.

La cuestión es utilizar la tecnología necesaria para evitar malos olores, tratar los productos y subproductos correctamente para que no haya contaminación e impedir “monstruos insostenibles” dependientes de la ganadería intensiva, así como la proliferación desmesurada en una región sin que los vecinos que viven allí tengan beneficios reales.

Los proyectos sostenibles ayudarían a una gestión centralizada de los residuos y a fijar población mediante la creación de trabajo en la zona, como defiende Muñoz, al igual que permitirían generar suministro eléctrico para los municipios. La cuestión es que algunas de estas plantas, tal y como están proyectadas, no llevarían estos beneficios a la población del entorno.

“El sacrificio que implica para 12 puestos de trabajo no merece la pena. Resulta insuficiente para justificar esa alteración del régimen del suelo rústico y la transformación irreversible del territorio que va a sufrir”, afirma Sánchez.

Estos municipios, además, aseguran que no quieren convertirse en una “comarca de sacrificio”, en una zona en la que proliferen estas infraestructuras sin un beneficio directo y real para la población que tendrá que convivir con ellas. “El suministro energético directo para el municipio no se ve por ningún lado. La reducción del coste energético para el vecindario o las empresas locales ni se ve. La mejora de infraestructuras de uso comunitario, tampoco. El retorno relevante para la administración local o el ayuntamiento, tampoco. Entonces, claro, ¿qué beneficios tiene la población? Son difusos, indirectos, no están garantizados y, sobre todo, lo que buscan es su beneficio económico, olvidando el beneficio social que tiene que haber para la ciudadanía”, explica la portavoz de Acció Ecologista-Agró con respecto al proyecto de San Antonio de Requena.

Y es que, desde esta asociación, que está integrada en la Coordinadora por la Ubicación de las Energías Renovables del País Valenciano, señalan que esta transición “no está siendo nada justa”: “La factura de transición desmesurada la estamos pagando el mundo rural”, explica, haciendo referencia a la proliferación de plantas eólicas, fotovoltaicas y ahora también de biometano y biogás en estas regiones. “Al aprovecharse de ese declive demográfico, de esa España rural vaciada, se está permitiendo la instalación de esas plantas renovables en suelo no urbanizable de especial protección, incluyendo algunas partes de la zona de la Red Natura”.

Así, reclaman que la implantación de las energías renovables, tan necesarias en un contexto actual de aceleración del cambio climático, se haga “de manera ordenada, planificada, desde las instituciones públicas, con la participación de los municipios y de la ciudadanía que habitamos en el territorio, que muchas veces no nos tienen en cuenta”.

En la vasta llanura abisal del océano Atlántico Nordeste, a unos 4.700 metros de profundidad, yace uno de los legados más controvertidos del siglo XX: un cementerio nuclear que alberga más de 200.000 barriles de residuos radiactivos. Para hacer un reconocimiento sobre su estado actual y evaluar su impacto real en la biosfera profunda, una avanzada expedición científica interdisciplinar ha logrado cartografiar y fotografiar con una resolución inédita miles de estos barriles arrojados al fondo del mar hace décadas.

Su estudio comenzó con los primeros trabajos de campo, el 15 de junio de 2025, gracias a la misión interdisciplinar NODSSUM, liderada por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Flota Oceanográfica de Francia operada por el Ifremer, la ASNR y socios internacionales. El proyecto se ha diversificado en equipos profesionales de física nuclear, geología, oceanografía, biología y química marina para mapear la zona de inmersión principal de los barriles, comprender el comportamiento de los radionucleidos en aguas profundas y analizar sus interacciones con los ecosistemas bentónicos. Pero, ¿cómo llegaron los barriles hasta el fondo marino?

El vertido de estos residuos en el mar era una práctica común de varios Estados europeos entre 1946 y 1990. Durante ese tiempo, los 200.000 bidones, que contienen residuos de la industria civil nuclear solidificados e incorporados en cemento y asfalto para rellenar los espacios vacíos, se tiraron en las áreas conocidas como NEA#3 y NEA#4. Pero hasta que se inició este proyecto, las autoridades apenas pudieron encontrar únicamente seis barriles en 1985 durante la histórica campaña EPICEA del submarino Epaulard. Y es que, las zonas donde fueron lanzados tienen una superficie de 14.500 kilómetros cuadrados de absoluta oscuridad.

Un verdadero 4x4 del fondo marino

Para resolver este enigma en el abismo, los investigadores emplearon tecnología robótica marina de frontera: el nuevo vehículo submarino autónomo (AUV) UlyX, capaz de bajar a 6.000 metros de profundidad. Hoy, opera sin intervención en tiempo real de pilotos gracias a avanzados algoritmos de navegación activa que modifican su rumbo según lo que detecta en el entorno, como subraya la Flota Oceanográfica de Francia.

UlyX destaca por su capacidad de seguir relieves accidentados de hasta 70 grados de pendiente, comportándose como un verdadero 4x4 de los grandes fondos. Durante sus 16 inmersiones a 4.700 metros de profundidad, el vehículo ha recorrido más de 800 kilómetros sobre el fondo marino. Volando a 70 metros sobre el fondo con un sonar de muy alta resolución, el robot cartografió 163 kilómetros cuadrados e identificó más de 3.600 barriles en la campaña de 2025, de los cuales se georreferenciaron con precisión un total de 3.355.

Posteriormente, UlyX descendió a unos 6 metros de distancia para capturar fotografías de alta resolución espacial. Las imágenes sonar revelaron alineaciones de barriles que coinciden con las trayectorias de los buques europeos que los arrojaban por la borda entre 1971 y 1982. Las imágenes ópticas confirmaron que, mientras algunos barriles están semienterrados en el sedimento o colonizados por fauna abisal en busca de sustratos duros, otros presentan un estado de degradación avanzado con fugas de materia visibles.

“No estamos en Chernóbil”

Patrick Chardon, ingeniero en metrología nuclear del Laboratorio de Física Clermont Auvergne, es el encargado de medir la radiactividad de esos bidones para determinar sus efectos en los organismos vivos del entorno. Gracias a su trabajo ha sido galardonado con la medalla de cristal. Y es que, Chardon es, junto al geólogo Javier Esartin, el responsable del proyecto NODSSUM para descifrar cómo se esparcen y transfieren radionucleidos artificiales como el césium-137 en aguas y sedimentos marinos profundos.

Su trabajo destaca por coordinar un consorcio de 28 laboratorios que reúne a instituciones como la Universidad de Bergen (Noruega), la Universidad Memorial (Canadá), el Instituto Thünen (Alemania) y la Universidad de Girona (España). Durante la primera campaña de 2025, aportó datos analíticos valiosos: a bordo del buque ‘L’Atalante’, se extrajeron 23 muestras de sedimentos, 17 muestras de agua profunda y especímenes de fauna bentónica, sumando 400 kilogramos de material para análisis.

Los resultados confirmaron niveles extremadamente bajos de radiactividad: “No estamos en Chernóbil”, ha asegurado el experto al haber detectado que tiene una radiactividad 300 veces menor que la de la central nuclear. Aun así, en la expedición se detectó la presencia de radionúclidos artificiales en los sedimentos. Los científicos todavía analizan si el origen de esta señal radiactiva obedece a pérdidas directas de los barriles rotos o a los residuos atmosféricos dejados por los históricos ensayos atómicos globales del siglo XX.

¿Por qué es importante saber si hay una fuga si está a tanta profundidad?

La expedición continúa en pleno desarrollo. Desde el 27 de mayo y hasta el 29 de junio de 2026, se ha realizado la segunda misión NODSSUM a bordo del buque ‘Pourquoi pas?’. En esta etapa, el mítico submarino tripulado ‘Nautile’, dotado con brazos mecánicos, desciende para aproximarse a centímetros de los barriles seleccionados, documentar en detalle su desgaste y tomar muestras directas para precisar con total rigor científico el impacto de esta herencia nuclear en las remotas profundidades atlánticas.

¿Por qué es importante esta información? En caso de detectarse una fuga radiactiva importante que podría afectar a la flora y fauna de la zona. No obstante, los investigadores recalcan que no existen indicios de riesgos de contaminación para la cadena alimentaria humana, dado que la zona de depósito se encuentra a profundidades de casi cinco kilómetros y muy lejos de las plataformas comerciales de pesca.

Asimismo, los científicos han descartado de manera categórica cualquier plan para reflotar los barriles, señalando que la operación de izado sería logísticamente inviable, peligrosa y carente de interés científico. De este modo, el destino de estos barriles es permanecer en el lecho marino como testigos de un pasado industrial obsoleto, mientras los laboratorios en tierra procesan toneladas de datos biológicos y geofísicos que permitan comprender, por fin, el comportamiento a largo plazo de la radiactividad en las profundidades de la Tierra.

La capa de ozono es un escudo natural que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Durante décadas, la preocupación se centró en el agujero de ozono descubierto en la Antártida en los años ochenta, asociado al uso masivo de productos industriales. Sin embargo, la historia de la influencia humana sobre la atmósfera es más antigua y compleja de lo que se pensaba.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aporta nuevas respuestas a este enigma. El equipo, encabezado por científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT), utilizó modelos climáticos avanzados y datos históricos para reconstruir cómo y cuándo las actividades humanas comenzaron a modificar la química del ozono. El análisis permite identificar señales tempranas de daño en la estratósfera, mucho antes del surgimiento del agujero antártico.

Un indicio temprano que reescribe el calendario del ozono

De acuerdo con el estudio, la primera manifestación detectable del agotamiento del ozono atribuible a la acción humana se produjo en 1957, casi 30 años antes del descubrimiento del agujero de ozono antártico. Este hallazgo contradice la idea predominante que ubicaba el inicio del problema en la expansión del uso de clorofluorocarbonos (CFCs), compuestos químicos desarrollados en el siglo XX y empleados principalmente como refrigerantes, propelentes y agentes espumantes, durante las décadas de 1960 y 1970.

El análisis muestra que el primer descenso notable del ozono ocurrió en la estratósfera superior de los trópicos y no en la Antártida, como se pensaba. El documento sostiene que la causa principal de ese agotamiento temprano no fueron los CFCs, sino el tetracloruro de carbono, un compuesto químico utilizado de manera masiva como solvente industrial desde la década de 1930. Los autores subrayan que este resultado fue inesperado incluso para quienes llevan décadas estudiando la química atmosférica.

La sorpresa se debe a que los manuales y la literatura científica solían apuntar exclusivamente a los CFCs como agentes de destrucción del ozono. Según Susan Solomon, una de las autoras del estudio y pionera en la investigación sobre la química del ozono, “lo que aprendimos de los libros de texto es que los CFCs resultan en agotamiento del ozono. Resulta que hubo otro compuesto que causó agotamiento mucho antes. Esto fue una gran sorpresa”.

El modelo desarrollado por el equipo permitió distinguir entre la “señal” de agotamiento atribuible a la actividad humana y el “ruido” causado por la variabilidad natural, como erupciones volcánicas o fenómenos climáticos como El Niño. La señal humana sobresalió primero en la región tropical, donde la variabilidad natural es menor, lo que facilitó la identificación temprana del proceso.

Cómo la ciencia reconstruyó el pasado atmosférico

La base del estudio es un experimento mental: los científicos imaginaron cómo habría cambiado la comprensión del ozono si desde 1950 hubieran existido las mismas herramientas de medición avanzadas que hoy. Para explorar este escenario, el equipo utilizó un modelo climático y químico llamado CESM-WACCM6, que permite simular la atmósfera y su composición en detalle. Se realizaron 16 simulaciones diferentes, incorporando tanto los cambios naturales del clima como la influencia de las emisiones industriales, los gases de efecto invernadero y las variaciones en la actividad solar.

Para alimentar estas simulaciones, los investigadores recurrieron a registros históricos sobre la fabricación y uso de productos químicos como el tetracloruro de carbono y los CFCs. También analizaron muestras de aire atrapado en capas profundas de hielo polar, que funcionan como cápsulas del tiempo y permiten saber qué compuestos había en la atmósfera hace décadas.

Solomon explica: “contamos con estimaciones de la industria sobre la cantidad de estos productos químicos que se fabricaron y vendieron a nivel mundial, así como sobre las emisiones de todos ellos, que los modelos incluyen”. Además, destaca que los núcleos de hielo muestran un aumento de tetracloruro de carbono ya en los años 40.

El equipo aplicó un método llamado “relación señal-ruido” para distinguir si los cambios observados en el ozono eran consecuencia de la actividad humana o simplemente fluctuaciones naturales. El análisis encontró una señal clara de agotamiento del ozono en 1957, en la parte superior de la atmósfera sobre los trópicos. Durante ese período, el tetracloruro de carbono fue el único compuesto industrial cuya presencia aumentaba, lo que permitió atribuirle la responsabilidad principal del daño temprano.

Además, los científicos usaron datos actuales de satélites, como el Microwave Limb Sounder (MLS), para comprobar que el modelo reproduce con precisión tanto los patrones recientes como los históricos del ozono en la atmósfera. Esto confirmó la fiabilidad de sus resultados y su utilidad para entender cómo evolucionó el problema a lo largo del tiempo.

El valor de la vigilancia y las lecciones para el futuro

Los resultados sugieren que la influencia humana sobre la capa de ozono comenzó mucho antes de las primeras regulaciones internacionales y del propio descubrimiento del agujero antártico. La identificación temprana de la señal de agotamiento, causada por el uso extensivo de tetracloruro de carbono, plantea la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las sustancias que afectan la atmósfera, incluso décadas después de su prohibición.

Aunque el tetracloruro de carbono se eliminó por razones de salud, dado que su exposición prolongada puede afectar el sistema nervioso y es un posible carcinógeno, su capacidad para persistir en la atmósfera obliga a mantener la atención sobre su presencia. El estudio demuestra la importancia de seguir monitoreando la atmósfera para comprobar que responde según lo previsto tras la eliminación de sustancias nocivas.

La investigación también resalta el valor de las políticas internacionales como el Protocolo de Montreal, que permitió la recuperación paulatina del ozono, pero advierte que la experiencia adquirida obliga a no bajar la guardia frente a nuevas amenazas químicas. El conocimiento generado por este análisis histórico y modelado avanzado aporta herramientas para anticipar y gestionar potenciales riesgos ambientales futuros.

Las visitas a hospitales en el este de Los Ángeles aumentaron abruptamente tras el incendio que afectó durante ocho días un depósito frigorífico en Boyle Heights, una emergencia que puso a prueba la capacidad sanitaria y ambiental de la ciudad.

El siniestro, iniciado el 17 de junio, generó una densa columna de humo y desencadenó una serie de alertas y respuestas coordinadas por distintas agencias, mientras la comunidad buscaba resguardo ante el avance de contaminantes en el aire.

Emergencia hospitalaria y limitaciones en el registro

Durante el incendio, más de tres veces la cantidad habitual de personas acudió a servicios de emergencia en un radio de 16 kilómetros del depósito, preocupadas por dolor de garganta o síntomas relacionados con la inhalación de humo.

Esta tendencia, confirmada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, se intensificó el 21 de junio, cuando las consultas por dolor de garganta casi duplicaron el promedio en un radio de ocho kilómetros.

De manera habitual, menos de 50 personas por día solicitan atención por ese síntoma, y menos de 20 lo hacen por problemas derivados del humo.

El sistema de registro empleado por el organismo sanitario, conocido como vigilancia sindrómica, monitorea lo que declaran los propios pacientes y los diagnósticos codificados por los profesionales.

Tal y como advirtió el departamento, esta herramienta no logra captar todos los casos, ya que a menudo no se consignan términos como “incendio” o “humo” en las historias clínicas, lo que limita la dimensión real del impacto.

El incendio, sus causas y la propagación del humo tóxico

El origen del fuego se habría ubicado en los paneles solares del techo de la planta frigorífica de Lineage, que contaba con una superficie de 46.450 m² y almacenaba alrededor de 38.555 toneladas de alimentos congelados.

Las llamas alcanzaron una línea de amoníaco y forzaron a las autoridades a emitir dos órdenes de confinamiento para la población más cercana. La propagación del incendio dentro de las paredes, alimentada por espuma aislante de alta densidad y otros materiales industriales, mantuvo activos focos internos durante días.

La humareda cubrió barrios céntricos, el noreste, Burbank y el valle de San Gabriel. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) difundió advertencias sobre niveles peligrosos de partículas finas PM2,5, una de las sustancias más dañinas para el sistema respiratorio. La ciudad y el condado habilitaron refugios temporales en las zonas más afectadas, donde se ofreció aire filtrado a los habitantes.

De acuerdo con la American Lung Association, la composición del humo puede incluir químicos tóxicos, partículas finas y otros riesgos graves para la salud pulmonar, dependiendo de los materiales involucrados en la combustión. Los niños y los adultos mayores, afirmó el vicepresidente adjunto Will Barrett, enfrentan una exposición especialmente riesgosa en este tipo de eventos.

Monitoreo ambiental y perspectivas de salud pública

El control ambiental se reforzó con la participación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y del SCAQMD, que desplegaron monitores para medir partículas, metales tóxicos y otros compuestos en el aire.

Durante los primeros dos días, los resultados no mostraron niveles significativos de tóxicos, aunque sí se detectaron concentraciones elevadas de material particulado en áreas bajo la influencia del humo.

Algunos controles móviles reflejaron aumentos de bromo y cloro —sustancias habituales en incendios de edificios— pero en niveles inferiores a los umbrales de exposición de corto plazo.

El tercer día se inició un monitoreo continuo de PM2,5 en dos escuelas primarias cercanas, según aseguraron los organismos de control.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó sobre la detección de bajos niveles de fluoruro de hidrógeno el segundo día, un subproducto que puede generarse cuando arden baterías de ion de litio.

La empresa Lineage aseguró que nunca se detectaron concentraciones de amoníaco en el aire durante la emergencia y que colaboró con los bomberos en la entrega de mascarillas, purificadores de aire y otros insumos.

La información reunida por el Departamento de Salud Pública no identificó un aumento sustancial de consultas por asma, síntomas respiratorios agudos ni enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el incendio.

Para David Eisenman, director del UCLA Center for Public Health and Disasters, el hecho de que no haya un pico en esos indicadores resulta “algo tranquilizador”, aunque matizó que muchas personas pudieron haberse volcado a la atención primaria y quedar fuera de la estadística.

Eisenman sostuvo que los efectos sobre la salud podrían evidenciarse en las próximas semanas, con un posible aumento de consultas médicas y agravamiento de enfermedades crónicas.

La magnitud del incendio, la cantidad de materiales industriales involucrados y la extensión del humo sobre Los Ángeles mantienen la atención de las autoridades sanitarias y ambientales, que continúan evaluando posibles consecuencias a mediano y largo plazo para la población expuesta.

La contaminación por microplásticos es uno de los problemas medioambientales globales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Su presencia en la totalidad de los ecosistemas del planeta evidencia hasta el punto al que llega esta acumulación. En las zonas costeras, estas partículas entran en la cadena trófica al ser ingeridos por los animales y pueden acabar afectando a los humanos si se consume dicha especie.

Un reciente estudio de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha identificado la presencia de microplásticos es un crustáceo invasor cuyo consumo cada vez está más generalizado: el cangrejo azul (Callinectes sapidus). Esta especie exótica, que ya está establecida en el Mediterráneo, ha sido utilizada como bioindicador de esta contaminación en la laguna del Mar Menor.

Los resultados, que revelan que el 100 % de los ejemplares analizados contienen microplásticos en su organismo, han sido publicados en la revista Regional Studies in Marine Science. Así, se amplía el conocimiento sobre esta amenaza ecológica y sanitaria, especialmente en un enclave ya muy castigado.

El cangrejo azul: bioindicador ambiental

“El uso del cangrejo azul como bioindicador podría facilitar la monitorización continua de la contaminación por microplásticos y contribuir al desarrollo de estrategias para mitigar sus impactos en la biodiversidad y los recursos pesqueros”, ha señalado Lucía Viñas, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo y responsable del estudio.

De hecho, la presencia de fragmentos y fibras de materiales plásticos comunes —cuyo origen se corresponde con residuos plásticos agrícolas, urbanos y de actividades pesqueras— en el organismo de estos crustáceos refleja la presencia y disponibilidad de estos contaminantes en el medio.

El estudio no solo es relevante porque permite comprobar esta acumulación tanto en el naturaleza como en las especies que viven en él, sino que evalúa el papel que el cangrejo azul tiene como herramienta para comprobar el estado ambiental de áreas marinas afectadas por la actividad humana.

Al ser omnívoro, vivir asociado a sedimentos (donde se concentran los microplásticos) y estar ampliamente distribuido en zonas costeras del Mediterráneo, el cangrejo azul cuenta con una especial exposición a contaminantes. Puede funcionar, así, como bioindicador.

El consumo de cangrejo azul expone a estos microplásticos

Pese a ser una especie invasora, el consumo del cangrejo azul se encuentra cada vez más extendido. No solo ocurre con este crustáceo, sino también con el cangrejo rojo americano, entre otras. Y es que, de hecho, ante la expansión y la dificultad para la erradicación de estas especies invasoras, en los últimos años han surgido campañas que buscan fomentar su consumo como forma de aprovechamiento del recurso y bajo la idea de gestión sostenible de un problema ambiental.

El hallazgo de microplásticos en esta especie “resulta especialmente crítico si se tiene en cuenta que la explotación pesquera del cangrejo azul está ganando importancia en el Mediterráneo como medida económica y ambiental para controlar su invasión”, explican desde el IEO. “El equipo investigador advierte que la presencia generalizada de microplásticos en el tejido muscular, la parte destinada al consumo, podría llegar a afectar a la calidad del producto comercial y suponer una vía real de exposición a estos contaminantes para los seres humanos”.

De hecho, el tamaño tan pequeño de las partículas detectadas evidencia la capacidad de translocación interna y un mayor riesgo de transferencia trófica.

Ya en abril, un equipo internacional de científicos liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y con participación de investigadores de Suiza, Países Bajos y República Checa publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un artículo en el que se alertaba sobre el problema del invasivorismo.

Los investigadores no hacían referencia a la presencia de microplásticos en sus organismos (algo que también puede ocurrir con la fauna autóctona), sino a que este consumo, lejos de ser una solución fiable contra las invasiones, puede llegar a perpetuar o agravar la problemática si ganan fuerza los intereses económicos, pues se podría llegar a querer mantenerla o incluso aumentar su abundancia para continuar con su explotación.

Los investigadores del IEO añaden con este reciente estudio un nuevo escalón en esta problemática: las características del cangrejo azul hacen que este animal quede ampliamente expuesto a los microplásticos, que pueden pasar al organismo de los seres humanos mediante su consumo.

Panamá dio un paso clave para fortalecer la investigación ambiental con la inauguración del Laboratorio de Microplásticos, una instalación especializada ubicada en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), sede de Tocumen, que permitirá generar evidencia científica sobre la presencia, distribución e impacto de estos contaminantes en ecosistemas acuáticos del país.

La creación del laboratorio fue posible gracias al financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de convocatorias públicas de fomento a la investigación y desarrollo, y al trabajo colaborativo entre el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP) y la UTP.

La instalación será liderada por la doctora Denise Delvalle Borrero, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP, y permitirá analizar muestras de agua, sedimentos y organismos acuáticos para comprender cómo los microplásticos se desplazan, se acumulan y pueden afectar los recursos hídricos.

Los microplásticos son partículas de plástico de menos de cinco milímetros. Pueden ser fabricados en tamaños muy pequeños para productos industriales, cosméticos o pinturas, o generarse por la fragmentación de objetos más grandes, como botellas, bolsas, empaques, fibras textiles, redes de pesca y otros residuos plásticos.

Por su tamaño y baja degradabilidad, pueden permanecer largo tiempo en el ambiente y dispersarse por agua, aire, suelo y organismos vivos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos los define como piezas plásticas menores de cinco milímetros que pueden afectar la vida marina y los ecosistemas acuáticos.

El problema dejó de ser solo marino. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que estas partículas han sido encontradas desde las profundidades del océano hasta la cima del monte Everest, e incluso en el cuerpo humano.

Estudios recientes también han documentado su presencia en agua potable, agua embotellada, alimentos, aire y tejidos humanos, lo que ha elevado la preocupación científica sobre sus posibles efectos ambientales y sanitarios.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la evidencia sobre el impacto directo en la salud humana todavía tiene limitaciones, pero reconoce la necesidad de mejorar la investigación, la medición y el control de la exposición a microplásticos en el agua de consumo.

En los ecosistemas, el riesgo está en que peces, moluscos, crustáceos y otros organismos pueden ingerir estas partículas al confundirlas con alimento. Los microplásticos también pueden transportar aditivos químicos, contaminantes y microorganismos adheridos a su superficie, lo que abre interrogantes sobre su movimiento dentro de la cadena alimentaria.

En humanos, la ciencia aún estudia sus consecuencias, pero investigaciones recientes han encontrado microplásticos y nanoplásticos en órganos y tejidos, incluido el cerebro, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y más estudios.

En ese contexto, el nuevo laboratorio busca llenar un vacío importante: contar con capacidad nacional para estudiar un contaminante que hasta hace pocos años era prácticamente invisible en la agenda pública, pero que hoy exige datos locales para entender su magnitud.

Durante la inauguración, la ingeniera Milagro Mainieri, directora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Senacyt, felicitó a la doctora Denise Delvalle y al equipo que la acompaña, destacando que no se trata de un esfuerzo aislado, sino de un conjunto de proyectos que han requerido años de trabajo científico.

Mainieri afirmó que estas investigaciones permiten aportar conocimiento y soluciones a un tema prioritario para Panamá: la contaminación por microplásticos. También subrayó que detrás de estos proyectos existe un proceso de formación de capacidades nacionales, con investigadores, estudiantes y profesionales que han participado en distintas etapas de la investigación.

Panamá no parte de cero en esta materia. En años recientes, científicos panameños ya han desarrollado investigaciones para documentar la presencia de microplásticos en ecosistemas estratégicos. Uno de los ejemplos más relevantes es el proyecto “Perfil transversal de la contaminación por microplásticos en el Lago Alhajuela”, financiado por la Senacyt mediante la Convocatoria Pública de Fomento a I+D 2023 y desarrollado durante 27 meses.

Ese estudio permitió generar, por primera vez, una línea base integral sobre la contaminación por microplásticos en este reservorio de agua dulce, ubicado en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El Lago Alhajuela es especialmente sensible porque constituye la fuente de agua cruda más importante para la planta potabilizadora de Chilibre y cumple un papel estratégico en el abastecimiento de agua y en el funcionamiento del Canal.

La investigación determinó la presencia de microplásticos en agua superficial, columna de agua, sedimentos y biota. Entre los hallazgos, la doctora Delvalle Borrero señaló que, según su apariencia física, los fragmentos y fibras fueron las formas predominantes; las mayores concentraciones se registraron en la estación seca; y los puntos de Tranquilla y la Represa presentaron los niveles más altos.

Los investigadores recomendaron ampliar la cobertura espacial de los estudios, caracterizar la composición de los polímeros, identificar fuentes de entrada y vías de transporte, y establecer un programa de monitoreo permanente para proteger el agua potable, la biodiversidad acuática y la sostenibilidad de la cuenca.

Con el nuevo Laboratorio de Microplásticos, Panamá podrá dar continuidad y mayor alcance a este tipo de investigaciones, fortalecer la formación científica y producir datos propios para orientar decisiones públicas. La apuesta no es menor: convertir la ciencia en una herramienta práctica para proteger el agua, la salud y los ecosistemas frente a una contaminación pequeña en tamaño, pero enorme en impacto.

El informe Banderas Negras 2026, publicado por Ecologistas en Acción en este martes, vuelve a poner en evidencia el deterioro ambiental que sufren las costas españolas. Tras examinar los más de 8.000 kilómetros del litoral, la organización ha señalado 48 puntos negros para denunciar los casos de contaminación y mala gestión. La mirada este año, sin embargo, no se detiene únicamente en los daños, sino que el documento remarca la oportunidad histórica que abre el nuevo Reglamento europeo sobre la Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, para revertir décadas de impactos y redefinir la relación entre el desarrollo económico y el espacio litoral.

El informe, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y elaborado en base a denuncias ciudadanas, inspecciones y evidencias científicas, despliega una cartografía del desgarro costero español. Andalucía, por ejemplo, suma casos como la contaminación histórica de la Ría de Huelva —uno de los mayores vertederos industriales y radiactivos de Europa, según denuncian — y la nefasta gestión del cordón dunar en la Playa Central de Isla Cristina.

El balance de Ecologistas en Acción desglosa la tipología de los desastres: 14 banderas negras se deben a vertidos y fallos en sistemas de saneamiento, ocho a urbanización e invasión del dominio público marítimo-terrestre y nueve a afecciones graves a la biodiversidad, además de casos asociados a la acumulación de residuos plásticos, obras portuarias mal planificadas, daños al patrimonio histórico y “turistificación” extrema de enclaves frágiles.

Entre las denuncias más reiteradas, destaca la persistencia de vertidos industriales directos al mar, como en la playa de Usgo (Cantabria), donde la empresa Solvay vierte residuos químicos desde hace años, afectando a kilómetros de litoral y la salud de diversas especies marinas protegidas. “Se instalan colectores que arrojan residuos peligrosos con autorización administrativa, pero la alternativa de depuración industrial, aunque viable, no se implementa: la protección del mar queda supeditada al ahorro de costes empresariales,” advierte el informe.

El caso del Mar Menor y la bahía de Portmán en Murcia persiste en el informe como símbolo de la incapacidad política para restaurar ecosistemas gravemente eutrofizados o contaminados por metales pesados. Mientras tanto, la falta de controles efectivos sobre el vertido de aguas fecales urbanas es un patrón repetido en puntos como las playas de Bañugues (Asturias), Maro (Málaga), Cala Galdana (Menorca) o de la Almadrava (Alicante), donde la presión turística y la expansión urbana han superado la capacidad de saneamiento prevista.

El litoral como zona de sacrificio

La vertiente de mala gestión ambiental está marcada casi siempre por la colisión de intereses económicos, turísticos o inmobiliarios. En la costa de Cádiz, la permisividad frente a la especulación urbanística sigue provocando el avance de urbanizaciones, campos de golf y chiringuitos en espacios vulnerables como Vejer, Barbate y Tarifa, incluso dentro de áreas protegidas. En la Costa Brava, la presión urbanística sobre las montañas de Begur avanza sobre conectores ecológicos básicos, mientras la ampliación del aeropuerto de El Prat amenaza directamente a hábitats prioritarios de la laguna de La Ricarda.

“No se respeta el suelo ni se evalúa el impacto de la densificación turística o los nuevos complejos hoteleros; el sistema de concesiones y licencias reproduce una lógica donde la gestión territorial depende de la voluntad política o el interés del momento, no de criterios ambientales”, subraya la entidad.

La crisis portuaria es paradigmática en la Comunidad Valenciana. El informe documenta cómo la ampliación del puerto de València, con rellenos masivos y dragados, desalinea por completo la gestión ambiental de los hábitats de posidonia y de la costa protegida de l’Albufera, omitiendo nuevas evaluaciones de impacto y operando en base a permisos y legislación de hace casi dos décadas.

Turistificación masiva y nuevas amenazas industriales

El modelo de turismo litoral, según el documento, no solo ha saturado espacios emblemáticos —la playa de As Catedrais en Galicia, la almadrava de Alicante, la bahía de Pollença en Baleares— sino que ha traído consigo problemas crecientes de residuos, presión hídrica y urbanización especulativa de enclaves protegidos. Canarias vive una situación extrema: la macro urbanización “Cuna del Alma” sigue adelante en el Puertito de Adeje tras la reactivación de las obras en 2024, pese a no contar con evaluación ambiental ni respetar el patrimonio arqueológico ni la flora endémica. En Lanzarote, la llegada de 700.000 cruceristas previstos para este año está superando la capacidad de gestión urbana y municipal, empeorando la calidad del aire y la presión sobre recursos básicos.

Las nuevas amenazas no se restringen al urbanismo. El auge de los proyectos industriales ligados al hidrógeno verde en la ría de Huelva, promovidos por Moeve (ex CEPSA) y Magnon Green Energy, genera un “ecualizador de riesgos”, sumando la expansión de químicos peligrosos y ampliando la capacidad de incidentes en una zona ya saturada de instalaciones potencialmente peligrosas —sin evaluación de riesgos combinada—, sostiene el informe. La acuicultura industrial, especialmente en Gran Canaria, está disparando el número de episodios contaminantes, mortandades masivas de peces y afectaciones a las playas.

Un giro hacia la restauración ecológica

Para Ecologistas en Acción, la restauración va más allá de una consigna: el informe detalla una serie de intervenciones prioritarias, desde la recuperación de marismas históricas (como la de Maqua en Asturias o la del Tinto en Huelva), hasta la descontaminación urgente de suelos radiactivos en Palomares, la renaturalización de los sistemas dunares (como en Marbella o Punta Entinas), o la rehabilitación de enclaves urbanos costeros asfixiados por décadas de intervención turística y de infraestructuras mal planificadas.

Un caso emblemático es La Pletera, en la Costa Brava, donde la desurbanización y la restauración de las lagunas litorales y el cordón dunar ha permitido la recuperación efectiva de hábitats y una mejora del espacio para la población local. “La evidencia demuestra que, cuando hay voluntad política y se permite a la naturaleza recuperar su espacio, la respuesta es positiva,” afirma el texto.

La solución, concluye el informe, pasa por un cambio profundo: “Más allá de las denuncias y las banderas negras, es urgente priorizar la restauración frente a la destrucción, dotar de recursos y voluntad política a la conservación, y cumplir la normativa europea. Sin restauración, el litoral español, uno de los patrimonios naturales más singulares y frágiles de Europa, seguirá siendo la zona de sacrificio de intereses a corto plazo.”

Lavar frutas y verduras antes de cocinarlas es un paso básico para retirar suciedad, bacterias y pesticidas de la superficie. La chef Michelle Doll Olson recomendó a EatingWell usar agua con unas cucharaditas de vinagre blanco diluido y prescindir de limpiadores especiales para productos frescos.

La forma correcta de lavar frutas y verduras consiste en enjuagarlas con agua y añadir un poco de vinagre blanco diluido para retirar suciedad, bacterias y pesticidas de la superficie. Según el medio citado, Michelle Doll Olson indicó que bastan unas cucharaditas de vinagre y que no hacen falta productos de limpieza específicos.

Diversos organismos de salud pública respaldan la efectividad del lavado con agua corriente para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que enjuagar frutas y verduras bajo el chorro de agua es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos y restos de pesticidas adheridos a la superficie, sin necesidad de jabón ni productos químicos especiales.

La publicación señala que el agua con un poco de vinagre blanco basta para preparar ensaladas, guarniciones y otros platos con vegetales. Según el medio, ese paso debe hacerse siempre, incluso cuando los alimentos vayan a cocinarse.

Estudios publicados en la revista Food Control y avalados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) concluyen que el uso de una solución con vinagre puede mejorar la eliminación de bacterias como Escherichia coli y Salmonella, aunque subrayan que ningún método casero garantiza la desinfección total.

Por eso, recomiendan combinar el lavado con buenas prácticas de higiene en la cocina para reducir al mínimo los riesgos.

Cómo evitar la contaminación cruzada en la cocina

La recomendación no se limita al lavado de los alimentos. Para una limpieza más eficaz, Doll Olson aconseja usar un centrifugador de ensaladas con las hojas verdes y un cepillo con las hortalizas de raíz cuando la suciedad cuesta más salir.

La chef también insistió en lavar las manos antes de tocar cualquier alimento. En una demostración culinaria en Napa Valley, vista por EatingWell en el BottleRock Music Festival, abrió la sesión con ese gesto ante el público.

El objetivo es reducir la contaminación cruzada y las enfermedades transmitidas por alimentos. El texto subraya que limpiar frutas y verduras no basta si luego se manipulan con manos, utensilios o superficies sin higiene.

Qué hacer antes de cortar y guardar los alimentos

Otra pauta es lavar los productos antes de cortarlos. Si se pican frutas o verduras sucias, la suciedad puede pasar con el cuchillo al interior y después resulta más difícil retirarla.

El medio citado también aconseja no reutilizar tablas de cortar ni otros utensilios sin lavarlos antes. Esa misma precaución se aplica al almacenamiento: conviene limpiar los productos antes de guardarlos con otros alimentos en el refrigerador.

Estas medidas forman parte de una rutina básica de cocina doméstica. La idea es evitar que la suciedad de un alimento, una herramienta o una superficie pase a otra preparación.

El truco para quitar la cera de los limones

Con los limones, Doll Olson añade un paso más después de lavar la cáscara. Si va a usarlos en una comida, los pasa sobre una llama abierta para quemar la cera que no quiere saborear y reforzar el gusto del fruto.

La chef lo explicó así al medio: “Si uso un limón en una comida, lo paso sobre una llama abierta, y eso quema parte de la cera que no quiero probar y hace que el sabor sea mucho más intenso”. El consejo aparece como un truco culinario específico para ese cítrico.

La recomendación final apunta a no omitir el lavado de los productos frescos, aunque después se cocinen. Esa rutina, sumada a la higiene de manos y utensilios, ayuda a mantener una manipulación más segura de los alimentos.

La calidad del aire en los Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío. En los últimos años, los incendios forestales provocaron un aumento en la contaminación por ozono superficial, una sustancia conocida por sus efectos adversos en la salud humana.

Se encuentra cerca de la superficie terrestre y resulta perjudicial cuando sus concentraciones aumentan, a diferencia de la capa de ozono estratosférica, ubicada en las capas altas de la atmósfera, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del sol.

Las políticas implementadas para mejorar la situación a lo largo de las décadas anteriores muestran retrocesos debido a la intensificación de incendios, según una reciente investigación publicada en la revista Science y liderada por científicos de la Universidad de Iowa.

El impacto de los incendios forestales sobre la calidad del aire y la salud

El ozono superficial es un contaminante que se forma a nivel del suelo por la reacción de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y óxidos de nitrógeno (NOx) bajo la luz solar. Este gas afecta la salud humana al causar daños en el tejido pulmonar y agravar enfermedades respiratorias, además de perjudicar cultivos y vegetación.

Según datos de la NASA, la reducción de emisiones de NOx en el este de Estados Unidos, impulsada por políticas como la Ley de Aire Limpio, permitió disminuir los niveles de esta sustancia.

Sin embargo, la investigación revela que los incendios forestales revirtieron los logros en la reducción de la contaminación por ozono superficial en gran parte de Estados Unidos. Si bien desde 2003 se habían logrado descensos en los niveles de este gas, esa tendencia cambió a partir de 2015.

La contaminación por ozono aumentó entre ese año y 2024, lo que generó condiciones de aire insalubre en amplias zonas del país.

El estudio muestra que la incidencia de muertes prematuras relacionadas con el ozono procedente de incendios creció un 46% después de 2013 en Estados Unidos. Los autores calcularon un incremento de 318 muertes prematuras por año vinculadas a este fenómeno desde ese año, una cifra que se apoya en datos recogidos en el periodo 2003-2024. Solo en 2023, se registraron 7.974 muertes prematuras atribuibles al smog, es decir, ozono superficial.

A partir de 2022 y hasta 2024, los incendios expusieron a 43 millones de personas a condiciones que no cumplen con los estándares de calidad del aire, lo que impidió la aplicación de límites más estrictos en la normativa sobre ozono. Los autores advierten que esta contaminación afecta no solo a las áreas cercanas a los incendios, sino también a regiones situadas a cientos o miles de kilómetros, debido al transporte de contaminantes atmosféricos a gran distancia.

Una radiografía diaria del ozono: datos, satélites y algoritmos

Para producir estas conclusiones, el equipo de investigación desarrolló un conjunto de datos de alta resolución sobre la concentración diaria de ozono superficial en Estados Unidos, cubriendo el período de 2003 a 2024. El artículo explica que este trabajo se realizó utilizando técnicas de deep learning, que permitieron combinar información de aproximadamente 1.000 estaciones terrestres y datos satelitales para cubrir todo el territorio, incluso las áreas rurales donde los medidores son escasos.

Los científicos dividieron el país en una cuadrícula de un kilómetro por un kilómetro para calcular los niveles de ozono y estimar el número de muertes prematuras.

Para esto, utilizaron una fórmula que toma en cuenta la esperanza de vida, la exposición promedio y la densidad poblacional. Los autores destacan que, si se eliminara el efecto de los incendios, los niveles de ozono hubieran seguido descendiendo, lo que atribuye el cambio de tendencia principalmente a las emisiones de incendios forestales.

El artículo también compara el impacto del ozono con el de otros contaminantes, como el carbono negro, vinculado a enfermedades respiratorias y cardíacas. Jun Wang, uno de los autores, señala que “si bien existen diferencias regionales, en general el impacto del ozono superficial siempre es mayor que el del carbono negro”.

La urgencia de actualizar estrategias ante incendios cada vez más frecuentes

Aunque la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) fija los estándares estadounidenses, la responsabilidad de gestionar emergencias recae en los estados y municipios. Wang remarca que las autoridades locales deben demostrar que la contaminación proviene de incendios lejanos para presentar reclamos ante la EPA, un procedimiento que pierde efectividad ante la frecuencia creciente de estos eventos.

La investigación advierte que la intensificación de los incendios forestales, asociada al cambio climático, podría agravar aún más la situación. La temporada de incendios de 2023 en Canadá generó niveles de ozono que superaron los estándares federales para 148 millones de estadounidenses, lo que representa el 44% de la población del país.

La evidencia presentada sugiere que las políticas de reducción de emisiones deben considerar el impacto creciente de los incendios forestales y su efecto en la salud pública. El estudio enfatiza la necesidad de estrategias que aborden tanto las fuentes locales como las remotas de contaminación para sostener el progreso alcanzado en materia de calidad del aire.

La empresa MorningStar Farms anunció el retiro voluntario de dos productos congelados de base vegetal en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico en algunos lotes de Buffalo Chik’n Nuggets y Hot & Spicy Sausage Patties. El aviso, difundido primero por la compañía el 18 de junio de 2026 y publicado oficialmente en el sitio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el 22 de junio, afecta a consumidores, comercios minoristas y distribuidores en los tres países.

Según la FDA, la decisión responde a la identificación de materiales plásticos en los alimentos, lo que llevó a la empresa a retirar del mercado los productos específicos involucrados. La agencia estadounidense comunicó que publica avisos de este tipo como parte de su función de servicio público y reiteró que la información sobre la retirada proviene directamente de la empresa. El alcance del retiro, las fechas de consumo preferente y los códigos de lote están detallados en el aviso institucional oficial.

MorningStar Farms, una marca destacada en el segmento de alimentos de origen vegetal y propiedad de Mars Inc., ya había realizado anteriormente otros retiros de productos como parte de sus procedimientos de control de calidad, según registros de la FDA. El incidente reactiva el debate sobre los riesgos de contaminación en la industria alimentaria y la importancia de los mecanismos regulatorios y empresariales para responder ante alertas sanitarias, de acuerdo con la información oficial publicada por la FDA.

¿Por qué MorningStar Farms retiró productos del mercado en 2026?

El retiro voluntario anunciado por MorningStar Farms se originó tras recibir reportes de consumidores sobre la posible presencia de fragmentos de plástico en algunos productos. De acuerdo con la notificación oficial reproducida por la FDA, la compañía tomó la decisión de retirar dos variedades de alimentos congelados como medida preventiva.

La agencia federal estadounidense destacó en su portal que “cuando una empresa anuncia un retiro, la FDA publica el aviso como un servicio público”, añadiendo que la información sobre el caso es proporcionada por la empresa responsable. La FDA no realiza una validación independiente del motivo del retiro en cada caso, pero sí verifica que el aviso cumpla con los estándares regulatorios y de transparencia.

La medida afecta a productos distribuidos en supermercados y cadenas de alimentación en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. El retiro se circunscribe únicamente a los lotes identificados en el aviso, sin involucrar otras líneas o presentaciones de la marca.

¿Qué productos de MorningStar Farms fueron retirados por posible contaminación con plástico?

Según el aviso publicado por la FDA y la comunicación oficial de MorningStar Farms, los productos afectados por el retiro voluntario son:

• MorningStar Farms Buffalo Chik’n Nuggets, presentación de 10,5 oz, código UPC 000 28989 10110 5, con fechas de consumo preferente del 7 y 8 de julio de 2027.
• MorningStar Farms Hot & Spicy Sausage Patties, presentación de 8 oz, código UPC 000 28989 10094 8, con fechas de consumo preferente del 5, 6 y 7 de julio de 2027.

La compañía subrayó en su comunicado que “ningún otro producto de la marca está incluido en este retiro”. Los consumidores pueden identificar los lotes afectados revisando tanto el código UPC como la fecha de consumo preferente impresos en el empaque.

La notificación aclara que la medida es preventiva y busca evitar que los consumidores se expongan a un riesgo potencial de lesiones físicas provocadas por materiales no alimentarios, según la información oficial de la FDA.

¿Cómo saber si un alimento está involucrado en un retiro por contaminación?

Para determinar si un producto está involucrado en un retiro como el de MorningStar Farms, los consumidores deben revisar los siguientes datos en el empaque:

• Marca y nombre comercial del producto.
• Código UPC.
• Fecha de consumo preferente (“Better if Used Before”).

En este caso, la FDA recomienda a quienes posean los productos involucrados no consumirlos y desecharlos de inmediato. Para dudas o consultas sobre otros productos similares, la agencia mantiene un portal actualizado con todos los retiros de alimentos vigentes y pasados en Estados Unidos, accesible en su sitio web oficial.

¿Qué hacer si compré un producto MorningStar Farms afectado por el retiro?

La recomendación oficial para los consumidores es:

1. No consumir los productos afectados bajo ningún concepto.
2. Desechar los alimentos aunque no presenten alteraciones visibles.
3. Contactar a MorningStar Farms para solicitar un reembolso o devolución. El servicio de atención está disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas (hora del Este de Estados Unidos), vía telefónica al 800-962-0120 o por mensaje de texto al 877-453-5837.

La empresa y la FDA insisten en la importancia de seguir estos pasos como medida preventiva de salud pública. “La seguridad y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad. Como parte de nuestros protocolos internos, actuamos inmediatamente tras detectar la posible incidencia”, según consta en el comunicado oficial de la empresa publicado en el sitio de la FDA.

¿Cuáles son los riesgos de consumir alimentos contaminados con plástico?

El principal riesgo de consumir productos alimenticios con fragmentos de plástico incluye lesiones físicas como asfixia, daño en la cavidad bucal, dientes o tracto digestivo. Aunque no se han reportado incidentes graves ni lesiones asociadas a este caso, la FDA y MorningStar Farms consideran fundamental la acción preventiva para evitar cualquier eventualidad.

El retiro responde a estándares internacionales de seguridad alimentaria, donde la presencia de cuerpos extraños en productos procesados es considerada una causa inmediata de retiro del mercado, según la regulación federal estadounidense y las pautas de la industria alimentaria.

¿Qué antecedentes existen de retiros similares en la industria alimentaria?

La FDA gestiona anualmente numerosos retiros de productos alimenticios por motivos que incluyen la presencia de cuerpos extraños, contaminación biológica o la detección de alérgenos no declarados. MorningStar Farms, como parte de Mars Inc., opera en uno de los segmentos con mayor crecimiento en la industria de alimentos de origen vegetal en Estados Unidos.

El caso actual se suma a una lista de notificaciones similares en el sector de alimentos procesados. Los datos de la FDA muestran que la mayoría de los retiros se realizan de manera voluntaria por parte de las empresas, frecuentemente tras reportes de consumidores o tras controles internos de calidad.

¿Dónde encontrar información oficial sobre retiros de alimentos en Estados Unidos?

El sitio oficial de la FDA mantiene un registro actualizado de todos los retiros de productos alimenticios en Estados Unidos, accesible para consumidores, minoristas y autoridades sanitarias. El portal incluye información sobre los productos afectados, los motivos del retiro y las recomendaciones para la población.

La agencia reitera que publica estos avisos como parte de su función de información pública y que los datos provienen directamente de la empresa responsable.

¿Qué impacto tiene el retiro de MorningStar Farms para consumidores y comercios?

El retiro voluntario afecta a consumidores, cadenas minoristas y distribuidores en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. La acción busca proteger la salud pública y mantener la confianza en la industria alimentaria, así como en la marca y el segmento de productos de origen vegetal.

La empresa se comprometió a fortalecer sus controles internos y continuar con sus protocolos de seguridad alimentaria, según el comunicado publicado por la FDA. Las autoridades sanitarias seguirán monitoreando el desarrollo del caso y actualizarán la información en sus portales oficiales.

Pese a una prohibición vigente hasta noviembre de 2026, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos solicitudes de concesión minera en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable de Iquitos. El hecho fue observado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que considera que el procedimiento contradice las medidas de protección establecidas por el Estado.

Los petitorios, identificados como Achuny y Jaguar Dorado, fueron presentados en noviembre de 2025 y ahora son objeto de una oposición administrativa que busca anular su tramitación. La controversia se produce mientras la cuenca del Nanay continúa bajo vigilancia por el avance de la minería ilegal y por su importancia para el abastecimiento de cientos de miles de habitantes de Loreto.

La controversia por los petitorios mineros en la cuenca del Nanay

El punto central de la controversia es el Decreto Supremo 022-2024-EM, que suspendió por dos años el otorgamiento de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay. Esa medida, según advierten los defensores del territorio, sigue plenamente vigente hasta el 22 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Ingemmet habría admitido a trámite dos nuevas solicitudes, lo que para el OMI representa una contradicción directa con la protección establecida por el propio Estado.

La reacción no tardó en llegar desde los frentes ciudadanos que desde hace años alertan sobre la presión extractiva en esta zona amazónica. El Nanay no es un río más en el mapa de Loreto: es la principal fuente de agua potable para Iquitos y varias comunidades aledañas. Por eso, cualquier trámite que abra la puerta a la actividad minera en su cuenca es leído como una amenaza inmediata para miles de familias.

“Es una burla a la población. A las 500.000 personas que dependen del río Nanay. Es increíble como funcionarios dentro del Estado terminan desconociendo sus propias funciones y normativas y poniendo en riesgo una vez más la vida de la gente”, denunció Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

La preocupación, además, no se limita al plano administrativo. La protección del Nanay está respaldada por normas regionales y nacionales que han buscado frenar el avance de actividades extractivas en una cuenca considerada sensible por su valor ambiental y sanitario. Entre esas disposiciones figura la Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL, que declara la zona como área de exclusión para la extracción minera.

A ello se suma la cercanía de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, un espacio de especial fragilidad ecológica que alberga ecosistemas únicos y especies endémicas. En ese entorno, la sola posibilidad de nuevos procesos mineros despierta alertas por el impacto que podría tener sobre el agua, la biodiversidad y la salud de la población.

La controversia se agrava porque, paralelamente, la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto ha solicitado la ampliación del estado de emergencia para reforzar las acciones frente a la problemática minera en la cuenca. Sin embargo, ese pedido aún no recibe respuesta del Gobierno Central, lo que mantiene a la zona en un escenario de incertidumbre institucional.

Antecedentes judiciales, oposición administrativa y una defensa que sigue abierta

El conflicto por el río Nanay no apareció recién con estos dos petitorios. La discusión ya había llegado al terreno judicial desde fines de 2023, cuando ciudadanos de Iquitos presentaron una demanda de amparo contra el otorgamiento de concesiones mineras superpuestas a la cuenca. El caso avanzó y en agosto de 2024 el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte la demanda al reconocer el riesgo sobre el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua potable.

Luego, en enero de 2025, la Sala Civil de Loreto confirmó ese criterio, reforzando la idea de que la presión minera sobre el Nanay no solo es un tema ambiental, sino también un asunto vinculado con derechos fundamentales. Pese a esos antecedentes, el nuevo episodio volvió a instalar la duda sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias restricciones.

Desde el OMI, la lectura es directa: la admisión de los petitorios abre un precedente delicado. Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, sostuvo que el marco legal vigente es claro respecto a la prohibición en la cuenca.

"El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Por ello, que una institución del propio Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante, debiendo cualquier trámite o autorización en ilegal”, indicó Garay.

En paralelo, ya se presentó una oposición administrativa que solicita la nulidad de ambos procedimientos por considerar que su tramitación contraviene las restricciones vigentes para la cuenca del Nanay. La solicitud deberá ser evaluada en un plazo de 30 días calendario, un periodo que será clave para determinar si el caso avanza o se frena en sede administrativa.

La controversia ocurre, además, en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía. En octubre de 2025, un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre la cuenca del Nanay advertía que la actividad ilícita ya había generado una crisis social y ambiental con fuerte impacto en las comunidades ribereñas, especialmente en las mujeres. El documento señalaba también la presencia de 221 balsas mineras activas en 2024 y describía un escenario de contaminación por mercurio, afectación de peces y agua, y debilitamiento de la economía local.

Ese mismo informe recogía testimonios sobre comunidades que han empezado a bloquear ríos para frenar el avance de los mineros ilegales, ante la falta de respuesta estatal. También detallaba que las mujeres asumieron roles de vigilancia y defensa territorial frente a una situación que combina precariedad, violencia y abandono.

La presencia de niveles elevados de bacterias en playas y lagos de Estados Unidos ha provocado el cierre temporal y la emisión de advertencias sanitarias en destinos turísticos clave al comenzar la temporada de verano. La medida afecta a residentes y visitantes de varias regiones, tras la detección de microorganismos asociados a riesgos para la salud pública.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el objetivo de los cierres y advertencias es evitar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y otros trastornos derivados del contacto con agua contaminada. Departamentos de salud estatales en Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, Iowa y Washington señalaron que las playas y lagos afectados superaron los límites permitidos para enterococos y E. coli, bacterias que indican contaminación fecal.

La vigilancia de la calidad del agua cumple con normativas federales y estatales que siguen las recomendaciones de la EPA. Si bien episodios de este tipo ocurren todos los años, la cantidad de cierres simultáneos en distintos estados al inicio de la temporada alta ha generado especial seguimiento por parte de autoridades y medios, según reportó Fox Weather con base en datos de organismos oficiales.

¿Por qué cierran las playas en Estados Unidos por bacterias?

Las playas y lagos de recreo en Estados Unidos pueden cerrar o recibir advertencias cuando se detectan niveles elevados de bacterias que suponen un riesgo sanitario. Según la EPA, las bacterias indicadores más comunes son los enterococos y la Escherichia coli (E. coli), organismos que no siempre causan enfermedad directa, pero cuya presencia indica contaminación por residuos humanos o animales. Las autoridades de salud pública cierran zonas de baño cuando los análisis de agua superan los límites establecidos por los estándares estatales o federales para proteger a las personas de infecciones gastrointestinales, respiratorias o cutáneas.

“Participar en actividades acuáticas en aguas contaminadas puede causar diarrea, vómitos, infecciones de oído, nariz y garganta, y problemas en la piel”, detalla la EPA en su guía de salud recreativa. Los departamentos estatales realizan pruebas periódicas y publican los resultados en portales públicos, donde se informa si se mantienen restricciones.

¿Qué estados reportan cierres de playas y advertencias por bacterias en junio de 2026?

Los avisos afectan tanto a zonas costeras como a lagos del interior. De acuerdo con reportes oficiales y revisiones de portales estatales, los principales estados con advertencias y cierres activos en la última semana son:

Nueva York: Playas en los distritos de Bronx, Queens y Brooklyn, así como áreas del Long Island Sound, recibieron advertencias tras detectar enterococos en niveles superiores a los permitidos. “Las advertencias fueron emitidas después de que las muestras de agua mostraran bacterias por encima de los estándares estatales”, confirmaron autoridades locales, citadas por Fox Weather.

Massachusetts: El Departamento de Salud Pública indicó el cierre de 24 playas, principalmente en Cape Cod, North Shore y sectores interiores como Natick y Pittsfield. Los monitoreos detectaron enterococos y cianobacterias, organismos que pueden provocar problemas de salud si se ingiere o entra en contacto con el agua.

Nueva Jersey: Ocho playas y lagos, sobre todo en Cape May y Ocean County, están bajo advertencia. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) realiza análisis semanales en 195 puntos oceánicos y 25 de bahía. Los cierres solo se levantan cuando dos pruebas consecutivas muestran valores dentro de los parámetros permitidos.

Iowa: El Departamento de Recursos Naturales recomendó no nadar en ocho playas y lagos debido a la detección de E. coli en concentraciones superiores a lo permitido. Los sitios afectados se encuentran distribuidos por todo el estado, desde Backbone Beach hasta Black Hawk Lake.

Washington: En el área de Seattle, el condado de King enfrenta cierres temporales en cinco playas tras registrar valores de entre 400 y 750 unidades formadoras de colonias (CFU) por cada 100 mililitros de agua, cuando el límite es de 320 CFU. “Se recomienda no ingresar al agua ni tener contacto con la orilla hasta nuevo aviso”, comunicaron las autoridades de salud del condado en su web institucional.

¿Cuánto tiempo permanecen cerradas las playas por bacterias?

El periodo de cierre o advertencia depende directamente de los resultados de los análisis de agua. No existe una fecha fija para la reapertura, ya que las autoridades sanitarias solo levantan las restricciones cuando las muestras arrojan valores dentro de los parámetros permitidos por los estándares estatales y federales.

En el caso de Washington, por ejemplo, los cierres se mantendrán “al menos una semana o hasta que las pruebas de seguimiento indiquen que el agua ya es segura”, según el reporte de Fox13 Seattle. En Nueva Jersey, el proceso establece que dos pruebas consecutivas con resultados normales son necesarias para reabrir una playa. La información actualizada sobre cada playa está disponible en los portales oficiales de los departamentos de salud y medio ambiente estatales.

¿Qué riesgos existen al nadar en playas y lagos contaminados?

El contacto con aguas contaminadas puede provocar una variedad de enfermedades, según la EPA y los departamentos estatales. Las principales afecciones reportadas son:

• Gastroenteritis (diarrea, vómitos)
• Infecciones de piel y heridas
• Otitis y conjuntivitis
• Afecciones respiratorias

La EPA advierte que las personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños y adultos mayores presentan mayor vulnerabilidad. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el baño, no consumir agua ni alimentos preparados en zonas bajo advertencia y consultar siempre los avisos oficiales antes de visitar una playa o lago.

¿Qué causa la contaminación bacteriana en playas de Estados Unidos?

Las causas más frecuentes de contaminación bacteriana en playas y lagos de Estados Unidos son:

• Escorrentía tras lluvias intensas, que arrastra residuos y bacterias desde calles, parques y áreas agrícolas hasta cuerpos de agua recreativos.
• Fallos en sistemas de alcantarillado y desbordes de aguas residuales.
• Descargas directas de embarcaciones y sistemas sépticos defectuosos.
• Presencia de excrementos de animales domésticos o silvestres.

La EPA y los departamentos estatales insisten en que la combinación de estos factores, junto con altas temperaturas y mayor afluencia de visitantes en verano, incrementa el riesgo de episodios de contaminación.

¿Cómo consultar el estado actual de una playa o lago en Estados Unidos?

Las autoridades estatales y locales publican actualizaciones diarias sobre el estado de playas y lagos en sus páginas web oficiales. La EPA mantiene un sistema de información sobre la calidad del agua recreativa y proporciona enlaces a los portales estatales. Los departamentos de salud, como el de Massachusetts o Nueva Jersey, ofrecen mapas interactivos y listados de playas con advertencias, cierres o aperturas recientes.

Se recomienda a quienes planean visitar una playa o lago revisar la información oficial el mismo día de su salida, ya que el estado puede cambiar en cuestión de horas según los resultados de los análisis.

¿Qué medidas de precaución recomiendan las autoridades sanitarias?

Las instituciones de salud estatales y la EPA ofrecen una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de exposición a bacterias en playas y lagos:

• Consultar los avisos oficiales antes de ingresar al agua.
• Evitar el baño tras lluvias intensas, al menos durante 48 horas.
• No nadar cerca de desagües pluviales visibles o donde se observe acumulación de residuos.
• Mantener a niños y mascotas lejos de zonas con advertencias o cierres.
• No consumir alimentos ni bebidas preparados en áreas bajo restricción.
• Ducharse y lavar las manos con agua y jabón después de visitar una playa o lago.

“Se aconseja no entrar al agua, evitar el contacto con la orilla y mantener a los niños alejados de las zonas restringidas”, reiteraron los responsables sanitarios en declaraciones recogidas por KIRO7 News.

¿Qué impacto tienen los cierres de playas por bacterias en la población y el turismo?

El cierre temporal de playas y lagos en plena temporada de verano afecta tanto a residentes como a la industria turística local. Las autoridades explican que estas medidas buscan prevenir brotes de enfermedades y garantizar la seguridad de los visitantes. Los protocolos de monitoreo y cierre forman parte de los mecanismos de protección de la salud pública y se aplican de forma recurrente en diferentes estados, ajustándose a los resultados de los análisis de agua.

¿Cómo evoluciona la situación y qué se puede esperar en los próximos días?

Las restricciones se mantendrán en cada playa o lago hasta que los análisis certifiquen niveles bacterianos seguros. Las autoridades continúan con el monitoreo diario y actualizan la información en sus páginas web. Se espera que algunas playas reabran en cuestión de días, mientras que otras podrían permanecer cerradas si persisten las condiciones de riesgo. Visitantes y residentes deben consultar los canales oficiales para seguir la evolución de la situación y planificar sus actividades de acuerdo con los avisos vigentes.

La Argentina aparece entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, según un ranking regional. En un escenario donde las diferencias en bienestar, seguridad y acceso a servicios esenciales definen la experiencia de millones de personas, el país ocupa el tercer puesto, detrás de Uruguay y Ecuador.

El informe fue elaborado por la plataforma Numbeo, que recopila datos económicos y sociales. Permite comparar los principales indicadores de calidad de vida y ubica a la Argentina como uno de los protagonistas en la región.

En tal sentido, Uruguay encabeza el ranking con un Índice de Calidad de Vida de 139,08, cifra que lo posiciona a considerable distancia del resto. En materia de poder adquisitivo, obtiene el valor más alto de la región. En sanidad, también se destaca por encima de sus vecinos.

En términos de seguridad, el país presenta uno de los niveles más elevados, mientras que el costo de vida se sitúa entre los más altos. Respecto al acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es más favorable que en otras naciones de América del Sur. El tiempo promedio destinado a los desplazamientos diarios es moderado, la contaminación se mantiene baja y el clima figura entre los mejores de Sudamérica.

Por su parte, la Argentina se ubica en la tercera posición, con un Índice de Calidad de Vida de 123,41. En materia de poder adquisitivo, el país es superado por Uruguay, Chile y Brasil, pero se mantiene por delante de Colombia, Perú y Venezuela. En seguridad, se posiciona en la parte intermedia del ranking sudamericano. El acceso y la calidad de los servicios de salud ubican al país por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile, aunque por encima de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En cuanto al costo de vida, la Argentina registra uno de los valores más bajos entre los países mejor posicionados, lo que sugiere un menor costo relativo para los residentes. En acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es la segunda más desfavorable de la región, detrás de Brasil, lo que indica mayores dificultades para adquirir una vivienda propia.

El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios es de los más altos de Sudamérica, solo superado por Brasil. En materia ambiental, se sitúa en un nivel intermedio de contaminación. El clima representa uno de los puntos fuertes del país, con un índice elevado aunque levemente inferior al de Uruguay.

Al comparar con el resto de la región, Ecuador se localiza en el segundo lugar con un Índice de Calidad de Vida de 128,71. En poder adquisitivo, supera a la Argentina y se destaca con el mejor puntaje en sanidad. En seguridad, también obtiene mejores resultados que Argentina, mientras que el costo de vida es menor, lo que facilita el acceso a bienes y servicios.

Brasil ocupa el cuarto lugar con un Índice de 117,42. Presenta un nivel de poder adquisitivo superior al argentino, aunque con una sanidad claramente más baja. En seguridad, Brasil tiene un valor intermedio, mientras que el costo de vida resulta más elevado que en Argentina. El acceso a la vivienda se ve dificultado por la mayor relación precio-ingresos de la región, constituyendo una barrera para la compra de propiedades.

Chile, en la quinta posición, muestra un poder adquisitivo y un acceso a la salud por encima de los valores argentinos. Sin embargo, el costo de vida y los niveles de contaminación también son mayores. El acceso a la vivienda y el tiempo de desplazamiento diario se sitúan en valores moderados dentro del contexto sudamericano, mientras que el clima se mantiene como uno de los puntos destacados.

Colombia, Perú y Venezuela cierran la tabla. Colombia presenta el segundo menor poder adquisitivo de la región, solo por delante de Venezuela. En seguridad y sanidad, sus valores se encuentran en la franja baja. Perú registra un poder adquisitivo mayor al argentino, pero un acceso a la salud muy limitado. Venezuela queda última en el ranking, con los peores valores en poder adquisitivo y seguridad, y una sanidad que también se ubica en los niveles más bajos de Sudamérica.

Cabe destacar que el ranking elaborado por Numbeo no incluye a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa y Guayana.

Un incendio en una bodega de almacenamiento en frío en Boyle Heights, Los Ángeles, California, lleva seis días sin extinguirse, afecta la calidad del aire en toda el área metropolitana y mantiene sin acceso a los bomberos al edificio operado por Lineage, donde se almacenan 38,6 millones de kilogramos de alimentos congelados.

Las autoridades advierten que este tipo de incendios puede durar semanas. El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, dijo que los bomberos no han podido ingresar al edificio y que, por el estado del techo, es posible que nunca lo hagan.

Por qué el fuego no cede

Los incendios en instalaciones de almacenamiento en frío son difíciles de extinguir. El aislamiento térmico que mantiene los alimentos congelados actúa, en un incendio, como barrera para los bomberos.

Jamie Stewart, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, explicó a The Guardian los factores que impiden controlar el fuego.

• Aislamiento extremo: los techos, paredes y cielorrasos tienen un grosor térmico que bloquea la ventilación, una técnica que los bomberos usan para liberar gases y ganar visibilidad dentro de un almacén.
• Estantes de acero de piso a techo: las estructuras metálicas que llenan el interior hacen imposible el acceso seguro al edificio.
• Techo colapsado: partes del techo derrumbado descansan sobre los estantes interiores, lo que genera condiciones inestables y obliga a una aproximación cautelosa.
• Inestabilidad de paredes: el volumen de agua aplicado sobre la estructura provocó zonas de inestabilidad en los muros exteriores.

Moore dijo sobre las perspectivas de ingreso: "No sé si alguna vez podremos meter bomberos adentro porque el techo está completamente comprometido y descansa sobre esas torres de 20 metros. Es extremadamente peligroso, y no preveo poner a nuestros bomberos en ese tipo de riesgo".

La estrategia actual consiste en demoler paredes exteriores y lanzar grandes volúmenes de agua desde afuera. Desde el domingo por la noche, los equipos aplican 22.700 litros por minuto sobre el edificio, lo que permitió avanzar en el control del fuego, según informó Derek Chapman, subjefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, en una conferencia de prensa el lunes.

Qué originó el incendio

El fuego comenzó el miércoles 17 de junio alrededor de las 14:35 en la dirección 1400 S. Los Palos St. Lineage, que opera la instalación conocida como Big Bear, señaló en un comunicado que el incendio se inició en el techo mientras subcontratistas trabajaban en los paneles solares instalados allí.

La empresa aclaró que no es dueña del edificio ni del sistema solar: "Somos el operador-inquilino del inmueble y arrendamos el techo a una empresa solar de terceros, que es la responsable de operar y mantener el sistema", indicó Lineage en su comunicado.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles no determinó aún la causa oficial. 15 minutos después del inicio de las tareas de extinción, una presunta fuga de amoníaco, usado en los sistemas de refrigeración, obligó a los bomberos a retroceder y actuar desde el exterior. Lineage aseguró que el amoníaco fue bombeado y trasladado fuera del lugar y que el lunes ya no representaba un riesgo para la comunidad.

Qué deben hacer los residentes

Las autoridades sanitarias del condado distribuyeron más de 10.000 mascarillas a residentes del este del condado y más de 300 purificadores de aire a hogares cercanos al área afectada. Para quienes viven en la zona más afectada, las recomendaciones son:

• Evitar la actividad física intensa al aire libre mientras persista el humo.
• Cerrar ventanas, puertas y ventilaciones para impedir el ingreso de partículas al hogar.
• Apagar el aire acondicionado y cualquier sistema que tome aire del exterior.
• Permanecer en una habitación interior junto con personas y mascotas.
• Usar mascarilla N95 o P100 si es necesario salir a la calle.
• Buscar atención médica de inmediato ante síntomas graves como dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Lineage anunció una contribución de USD 2 millones a la Fundación Comunitaria de California para apoyar a los vecinos afectados, y trabaja en la provisión de purificadores de aire y alimentos para la comunidad.

Qué hay adentro y a quién afecta

La bodega Big Bear almacena mariscos, cerdo, res y aves de corral antes de su distribución a supermercados y restaurantes de la costa oeste de Estados Unidos, según el sitio web de Lineage.

Con casi 45.600 metros cuadrados de espacio en Boyle Heights, la empresa tiene presencia en ese barrio obrero. Todos los empleados de la instalación fueron evacuados sin heridos, informó la compañía.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el sábado una emergencia para gestionar recursos bajo la Ley de Asistencia de California y apoyar a las familias afectadas por el humo.

El aire que respiran los vecinos

El humo contiene partículas microscópicas llamadas PM2.5, que penetran profundamente en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur extendió la alerta de mala calidad del aire hasta el martes por la tarde e informó que los vientos leves dispersan el humo en todas direcciones, con posible impacto en otras zonas del área metropolitana.

La concejala Ysabel Jurado, que representa a Boyle Heights, exigió información clara sobre los materiales que ardieron. "Todavía no tenemos suficiente información sobre qué se quemó y qué puede seguir quemando", declaró ante The Guardian.

La concejala pidió además que los resultados de calidad del aire se publiquen en inglés y español, en términos comprensibles para la población general.

Los incendios forestales forman parte de los procesos ecológicos, ya que cumplen un rol fundamental en la restauración de los bosques. Este equilibrio natural, sin embargo, atraviesa una transformación profunda. En las últimas décadas, la prevalencia y la intensidad de los incendios alteraron el paisaje de California, Estados Unidos. Esto le dio paso a un fenómeno donde el fuego ya no solo renueva, sino que amenaza la supervivencia de los bosques.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences aborda esta problemática y expone cómo los incendios de alta severidad se convirtieron en el tipo dominante en California. La investigación identifica las causas, consecuencias y posibles vías de acción frente a este escenario crítico.

Cómo el fuego extremo cambió el equilibrio ecológico en California

Los fuegos de baja severidad consumen principalmente la vegetación superficial, como hojas, ramas pequeñas y matorrales, sin dañar gravemente los árboles adultos ni el suelo. En cambio, los de alta severidad destruyen la mayor parte de la vegetación, matan grandes cantidades de árboles y pueden alterar profundamente el suelo y el ecosistema, lo que dificulta la recuperación natural del bosque.

El análisis indica que, a lo largo del periodo 1985-2024, los incendios de baja severidad dejaron de ser predominantes y cedieron su lugar a los de alta severidad. El cambio se consolidó a partir de 2012, cuando los incendios severos superaron a los de baja severidad año tras año, una tendencia que se mantuvo hasta 2024.

Las áreas afectadas por incendios de alta severidad en California son treinta veces mayores hoy que hace cuarenta años. La superficie total quemada anualmente por incendios forestales en ese estado es diez veces mayor que en 1985. Según el bioclimatólogo y autor del trabajo, Park Williams, “estos incendios de alta severidad, que antes eran poco frecuentes, ahora son el tipo dominante”. Además, la cantidad de incendios de alta severidad creció a un ritmo mucho más rápido que la de incendios considerados beneficiosos para el ecosistema.

Los efectos de esta transformación son visibles en lugares emblemáticos como el Parque Nacional Yosemite. Mitchell Hung, otro de los autores del estudio, relata que al recorrer la zona resulta común observar extensiones repletas de troncos calcinados, conocidos como snags, que evidencian la magnitud de la mortalidad arbórea.

Qué factores explican la escalada de los incendios forestales

Para comprender la evolución de los incendios, el equipo desarrolló mapas de alta resolución a partir de imágenes satelitales, analizando 4.391 incendios forestales ocurridos en California entre 1985 y 2024. Esta metodología permitió identificar patrones de severidad y determinar los factores que impulsan los cambios.

Afirman que el principal impulsor fue la densidad de combustible, es decir, la cantidad de material vegetal acumulado en los bosques, como ramas, hojas secas, troncos caídos y arbustos, que sirve de alimento para el fuego. Las políticas históricas de prevención total de incendios, popularizadas por campañas, provocaron que las áreas forestales acumularan material vegetal altamente inflamable.

Hung explica que “prevenir un incendio solo posterga el problema, permitiendo que crezca la cantidad de combustible disponible”. Cuando finalmente ocurre un incendio, la intensidad y la severidad aumentan, favoreciendo la destrucción masiva de árboles.

El ambiente se volvió más seco y eso influye en la gravedad de los incendios. Los investigadores explican que el aire puede retener más agua cuando está caliente. Cuando el aire está seco y caliente, extrae más humedad de las plantas y del suelo, lo que facilita que el fuego se propague con mayor intensidad.

“El cambio climático ha provocado que la atmósfera se caliente, y una atmósfera más cálida tiene mayor capacidad para retener agua. Cuando el clima es cálido y seco, el déficit de presión de vapor es elevado, lo que hace que la atmósfera actúe como una esponja, absorbiendo el agua superficial. En general, cuanto más cálida y seca es la atmósfera, mayor es la cantidad de incendios de alta intensidad que hemos observado en los últimos 40 años”, señala Hung.

Bosques en riesgo: desafíos y caminos para protegerlos

Los cambios en el régimen de incendios no solo afectan la biodiversidad y la estructura de los bosques, sino que también generan consecuencias económicas y sociales. El estudio advierte sobre la pérdida de servicios ecosistémicos: los bosques regulan el clima, facilitan la gestión del agua, capturan carbono, limpian el aire y sostienen industrias como la madera y el turismo. La desaparición de estos bosques no implica solo una pérdida paisajística, sino un impacto real sobre la economía y la calidad de vida.

Los incendios de alta severidad aumentan la contaminación del aire y el riesgo de inundaciones, a la vez que dificultan la regeneración natural de los bosques. Cuando la severidad del fuego es extrema, las semillas y los brotes que permitirían el rebrote suelen quedar demasiado lejos de las áreas más dañadas, lo que prolonga la transición hacia paisajes dominados por pastizales y arbustos.

Frente a este panorama, los autores proponen cambios en la gestión forestal. “Entre los principales factores que influyen en la gravedad de los incendios se encuentran el calentamiento y la sequedad de la atmósfera, algo que ninguna cantidad de limpieza o reducción de vegetación en los bosques puede cambiar. Pero si bien la gestión forestal por sí sola no puede resolver el problema en todo el estado, en lugares específicos, tomar buenas decisiones de gestión forestal puede ayudar a mitigar el riesgo de incendios de alta gravedad", dijo Hung.

La reducción manual del sotobosque y la realización de quemas prescritas pueden disminuir el riesgo de incendios de alta severidad en áreas concretas. Las intervenciones locales pueden ser efectivas, pero el fenómeno responde también a tendencias globales como el cambio climático.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó la clausura total temporal de las actividades de emisión de líquidos residuales de la compañía alcoholera denominada “Complejo Agroindustrial de Santander”.

Esta sanción, efectuada el 21 de junio, responde a la mortandad de fauna acuática registrada recientemente en el caudal del río Limón, ubicado en el estado de Veracruz. La medida busca frenar el riesgo ambiental inminente en la región de manera oportuna.

Para hacer frente a esta contingencia ecológica, se ha establecido un operativo de atención coordinada que involucra a tres dependencias gubernamentales. Además de la Profepa, participan activamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) de la entidad veracruzana. El propósito conjunto es indagar minuciosamente si las operaciones de la fábrica están vinculadas de manera directa con el deceso de los peces en el río.

Durante las diligencias iniciales que motivaron el cierre preventivo, los inspectores ambientales identificaron múltiples anomalías preocupantes, incluyendo el vertido directo de fluidos sobre el terreno natural. Asimismo, se exigió a la corporación agroindustrial la ejecución de medidas de aplicación urgente para caracterizar y sanear el polígono adyacente donde habitualmente desfogan sus desechos.

Hallazgos operativos y motivos del cese de funciones

El pasado domingo 21 de junio, el personal de Profepa llevó a cabo una exploración en la alcoholera para validar el cumplimiento de sus compromisos ecológicos. Confirmaron que la planta no efectuaba actividades productivas, limitándose únicamente a labores de mantenimiento y reemplazo de conductos de las instalaciones.

Aunque la firma ostenta una licencia vigente hasta el año dos mil veintiocho para desfogar efluentes en sembradíos de caña de un terreno contiguo, los hallazgos en el sitio resultaron alarmantes. Se encontró una tubería que transporta el desecho, conocido como vinaza, hacia dicho predio que hace frontera con un arroyo. Además, se constataron las siguientes irregularidades durante las visitas:

• Emisiones directas: Los líquidos residuales se arrojaban sobre el suelo natural sin control, lo cual podría acarrear repercusiones negativas directas para el medio ambiente.
• Residuos nocivos: Hubo una acumulación de una sustancia castaña oscura y de aroma fétido estancada en las canaletas internas de la instalación.
• Afectación visible: Se documentó una gran cantidad de insectos muertos ubicados en dichas zanjas de desagüe.

Monitoreo hídrico e intervenciones preventivas adicionales

Por su parte, la Conagua programó una recolección adicional de muestras hídricas. Esta acción complementará los análisis previos del 18 de junio realizados dentro del recinto industrial y en el cauce principal. Las nuevas mediciones ocurrirán en el riachuelo lateral de la fábrica. El objetivo principal es evaluar los valores de la NOM-001-SEMARNAT-2021, calcular la cantidad de oxígeno disuelto y cerciorarse de si las emanaciones industriales alcanzaron este canal que desemboca directamente en el Río Limón.

Paralelamente, la instancia estatal PMA inició sus intervenciones de campo en el área afectada desde el 17 de junio. Posteriormente, durante los días 19 y 20 de junio, la institución implementó diligencias que resultaron en el establecimiento de medidas de seguridad y la suspensión formal de actividades. Su intención es prevenir estragos subsecuentes mientras se llevan a cabo las investigaciones oficiales.

La agencia ambiental de Veracruz se encargó de georreferenciar diversos puntos de descarga ubicados en las zonas exteriores del predio.

Hasta ahora, quizá muchos de nosotros pensábamos que la contaminación del planeta era algo moderno. Sin embargo, la ciencia acaba de desmontar esta creencia con un hallazgo único. Un equipo internacional, con participación crucial del Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIC, ha descubierto en Groenlandia que las emisiones humanas de mercurio comenzaron hace unos 4.000 años, en plena Edad de Bronce, y no con la Revolución Industrial.

El secreto de este hallazgo estaba guardado bajo el frío extremo. Los científicos han analizado un colosal bloque de hielo de 1.250 metros de profundidad extraído en la isla más grande del mundo, cuyo 80% del territorio está sepultado bajo el hielo. Cada capa de esta columna helada funciona como una página congelada del diario de nuestra atmósfera, conservando intactos los contaminantes y permitiendo reconstruir la historia de la polución global desde la última glaciación.

Para leer este archivo natural, los investigadores dividieron el hielo en pequeños fragmentos equivalentes a periodos de cinco años. Tras limpiarlos meticulosamente para evitar cualquier tipo de contaminación, los fundieron en el laboratorio. Ari Feinberg, coautor del estudio, destaca que “Este registro es único por su duración y su alta resolución temporal”.

Rastros de mercurio cada vez mayores

La primera gran señal de alarma coincide con el desarrollo de técnicas de fundición de cobre y estaño para fabricar bronce (una auténtica revolución de la metalurgia entonces) y el uso del cinabrio, un mineral rico en mercurio que se utilizaba como pigmento rojo y pócima medicinal. “La señal captada en Groenlandia podría ser un indicio temprano de que las emisiones de mercurio ya eran lo suficientemente elevadas como para extenderse por toda la atmósfera del hemisferio norte”, sostiene el investigador.

Curiosamente, este veneno helado conecta directamente con la historia de España. Varios arqueólogos ya habían detectado niveles alarmantes de mercurio en huesos humanos de yacimientos de hace miles de años en la península ibérica. Ahora sabemos que el uso masivo de este mineral en nuestra región fue tan potente que su huella tóxica contaminó la atmósfera a miles de kilómetros de distancia.

Con el paso de los siglos, la situación no hizo más que empeorar. El estudio revela que la acumulación de mercurio en el hielo se multiplicó casi por tres desde el siglo XIII, y se disparó de forma alarmante a partir de 1840 con el carbón y las fábricas. La actividad humana superó con creces a las grandes erupciones volcánicas de la historia.

Objetivo: reducir las emisiones de este metal tóxico

Hoy en día, este metal pesado sigue siendo una seria amenaza para la salud pública. El mercurio viaja largas distancias, se deposita en los océanos y se acumula en la cadena alimentaria. Al final, cuando disfrutamos de pescados grandes como el atún, este tóxico entra directo a nuestro organismo, provocando peligrosos riesgos de carácter neurológico y cardiovascular.

Este viaje al pasado no es solo una curiosidad histórica, sino una herramienta para el futuro. Los datos ayudarán a perfeccionar los modelos ambientales y a comprobar si los tratados internacionales, como el Convenio de Minamata de 2017 (destinado a reducir las emisiones de mercurio para proteger la salud de las personas y de los ecosistemas), funcionan de verdad.

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal para recuperar un curso de agua degradado terminó convirtiéndose en un caso judicial que genera debate en el Reino Unido. Paul Powlesland, abogado especializado en derecho ambiental y fundador de la organización River Roding Trust, enfrenta una investigación penal que podría derivar en una condena de hasta dos años de prisión por haber liderado la limpieza de un afluente contaminado sin contar con un permiso oficial.

La controversia salió a la luz el 17 de junio de 2026, cuando se conoció que la Agencia de Medio Ambiente británica (Environment Agency) había iniciado un procedimiento formal contra Powlesland. El caso se originó tras una intervención realizada durante diez días a finales de febrero en Alders Brook, un afluente del río Roding ubicado en el este de Londres.

Según la investigación, los voluntarios retiraron sedimentos y residuos acumulados sin la autorización exigida por la normativa ambiental vigente.

Una limpieza que devolvió la vida al río

La restauración fue impulsada después de años de reclamos vecinales por el deterioro del curso de agua. De acuerdo con la información recopilada sobre el caso, el canal había quedado prácticamente colapsado por la acumulación de lodo, vegetación invasiva y basura.

Durante los trabajos, los voluntarios retiraron alrededor de 200 bolsas de residuos, además de objetos peligrosos como jeringas usadas, cuchillos, armas de fuego e incluso una motocicleta enterrada en el lecho del arroyo. También se recuperaron cerca de 280 metros del cauce original, permitiendo que el agua volviera a circular con normalidad.

Según Powlesland y los participantes de la iniciativa, los resultados fueron visibles en pocas semanas. Peces, libélulas y otras especies acuáticas comenzaron a reaparecer en una zona donde prácticamente habían desaparecido debido a la falta de oxígeno y a la contaminación acumulada durante años.

Por qué podría ir a prisión

La investigación se basa en las Regulaciones de Permisos Ambientales de Inglaterra y Gales de 2016. La Agencia de Medio Ambiente sostiene que las tareas realizadas constituyeron una actividad de riesgo para inundaciones porque implicaron modificar el lecho del río y depositar sedimentos en áreas cercanas sin autorización previa.

La legislación contempla sanciones que, en los casos más graves, pueden incluir multas elevadas y penas de hasta dos años de cárcel.

Las autoridades argumentan que este tipo de intervenciones, incluso cuando persiguen fines ecológicos, pueden generar riesgos hidráulicos, provocar erosión o afectar infraestructuras cercanas si no son supervisadas por especialistas.

El debate sobre la burocracia y la conservación

Powlesland rechaza las acusaciones y sostiene que las organizaciones comunitarias se enfrentan a procedimientos complejos y costosos que dificultan cualquier acción de restauración ambiental.

El caso ha generado críticas entre activistas, científicos y defensores del medio ambiente, que cuestionan que una intervención destinada a recuperar un ecosistema degradado sea objeto de una investigación penal mientras persisten problemas de contaminación más graves en la cuenca del río.

La discusión también expuso una cuestión más amplia: cómo equilibrar la protección ambiental, la participación ciudadana y el cumplimiento de las regulaciones. Para muchos observadores, el conflicto evidencia la necesidad de crear mecanismos más ágiles que permitan a comunidades y organizaciones colaborar en la recuperación de espacios naturales sin quedar atrapadas en largos procesos burocráticos.

Mientras la investigación continúa, el futuro judicial de Powlesland sigue siendo incierto. Lo que sí parece claro es que su caso abrió un intenso debate sobre el papel que deben desempeñar los ciudadanos cuando las autoridades no logran responder con rapidez a problemas ambientales que afectan a sus comunidades.

La alcoholera de Nopaltepec, identificada oficialmente como Complejo Agroindustrial de Santander S.A. de R.L., fue suspendida este viernes por elementos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz y Protección Civil. La medida se tomó tras una inspección en la que se detectaron incumplimientos a la normatividad ambiental y de protección civil, en el contexto de la investigación por la mortandad masiva de peces en el río El Chino, afluente del río Papaloapan.

Las autoridades estatales ejecutaron la suspensión luego de que la comunidad denunciara la presencia de cientos de peces muertos desde el pasado 14 de junio. El hallazgo de fauna acuática sin vida encendió las alertas sobre un posible derrame de residuos industriales, lo que generó una rápida reacción de los habitantes, quienes alertaron al Gobierno de Veracruz y pidieron la intervención de instancias ambientales y de protección civil.

Durante la inspección, funcionarios constataron fallas en el manejo de residuos y en las condiciones de operación de la planta, incumpliendo las disposiciones que garantizan la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades cercanas. La actuación de las autoridades responde a la exigencia social de sancionar a los responsables y frenar el daño ambiental.

PAN exige investigación y sanciones tras la mortandad de peces en Veracruz

En días recientes, luego de que se diera a conocer el hallazgo de cientos de peces muertos, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que prepara una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para exigir una investigación rigurosa y sanciones ejemplares. “Es necesario que ocurra una sanción y que obliguen a la empresa a pagar a los pescadores y demás afectados por los daños, ya que la mortandad de peces es el sustento de miles de familias de este lugar”, afirmó el legislador.

De acuerdo con testimonios de la población, la mortandad de peces comenzó a observarse el 14 de junio y afecta directamente a comunidades que dependen de la pesca para su supervivencia y economía local. El impacto ambiental, según expresan los habitantes y líderes comunitarios, puede prolongarse durante al menos cinco años, comprometiendo la biodiversidad y la salud de la cuenca.

El diputado Sánchez Rodríguez subrayó que no es la primera vez que se registran incidentes similares en la región. Recordó que existen antecedentes en 2013 y 2018, cuando episodios de contaminación industrial también provocaron sanciones y multas, pero sin lograr frenar la reincidencia de estas prácticas.

La suspensión de la alcoholera representa una medida provisional mientras se llevan a cabo los análisis de agua y suelo necesarios para determinar el alcance del daño y prevenir riesgos sanitarios adicionales. Las autoridades han reiterado que seguirán vigilando el cumplimiento de la ley y que, de confirmarse la responsabilidad de la empresa, se impondrán las sanciones correspondientes.

En tanto, los habitantes de Nopaltepec y alrededores mantienen la exigencia de justicia ambiental y la reparación integral de los daños causados.

La muerte masiva de peces en el río Papaloapan, en el estado de Veracruz, ha generado alarma entre las comunidades ribereñas y ha reactivado el debate sobre la responsabilidad ambiental de las empresas instaladas en la región.

El Partido Acción Nacional (PAN), a través del diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que presentará una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para exigir una investigación a fondo sobre el origen de la contaminación, presuntamente vinculada a una empresa del sector alcoholero.

La situación empezó a tornarse crítica desde el domingo 14 de junio, cuando pescadores y habitantes de municipios como Ixmatlahuacan, Casamalopan y Tierra Blanca detectaron una gran cantidad de peces muertos en las aguas del Papaloapan. El hecho no solo representa una emergencia ambiental, sino que pone en riesgo la salud pública y el sustento de miles de familias que dependen de la pesca en la zona.

“Es necesario que ocurra una sanción y que obliguen a la empresa a pagar a los pescadores y demás afectados por los daños, ya que la mortandad de peces es el sustento de miles de familias de este lugar”, exigió el diputado Ernesto Sánchez. Subrayó que la denuncia ante PROFEPA busca determinar con claridad el grado de responsabilidad de la empresa señalada y establecer las sanciones correspondientes.

Daños prolongados y temor sanitario

El impacto ambiental provocado por este derrame podría extenderse durante varios años. De acuerdo al legislador, la recuperación del ecosistema podría tardar al menos cinco años. Este ecocidio no solo afecta el presente, sino que compromete el futuro de la fauna y de quienes dependen del río para sobrevivir, advirtió Sánchez Rodríguez.

La contaminación, según detalló el diputado, se extiende a lo largo de varios kilómetros de la cuenca, afectando directamente a los cuerpos de agua y a todas las comunidades asentadas en sus márgenes. “Por lo que es urgente y necesario elaborar los análisis correspondientes en ríos y arroyos de la cuenca para determinar si habría más riesgos sanitarios”, puntualizó.

El temor entre los pescadores y habitantes va más allá de la pérdida de fauna. La presencia de peces muertos y los fuertes olores han generado preocupación por posibles brotes infecciosos. “Pescadores y habitantes temen que esta situación de mortandad, aparte de los malos olores, genere focos rojos de infección”, expresó el legislador, quien añadió que la comunidad depende de los peces tanto para el consumo propio como para dinamizar la economía local.

Reincidencia y exigencia de justicia ambiental

El diputado recordó que no es la primera vez que esta región enfrenta episodios de contaminación atribuibles a la industria. “Hay antecedentes de que pasó en 2013 y en 2018, donde se ejecutaron multas y, sin embargo, hoy vuelve a ocurrir con mayor magnitud”, lamentó Sánchez Rodríguez. Para él, la reincidencia demuestra la necesidad de imponer sanciones ejemplares y de establecer mecanismos de vigilancia y prevención más estrictos.

La denuncia que el PAN prepara ante PROFEPA busca crear un precedente legal y social para que las empresas con actividades de riesgo ambiental respondan por los daños ocasionados. La exigencia de una reparación integral —que incluya compensaciones económicas para los afectados y la restauración del ecosistema— es el eje central de la demanda.

Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que las autoridades actúen con celeridad y transparencia. El llamado es claro: se requiere una investigación urgente, la aplicación de sanciones y una respuesta contundente para evitar que tragedias de este tipo se repitan. La protección del río Papaloapan y de quienes viven de él está en juego, y la presión social y política apunta ahora a una solución que priorice la vida y el bienestar de la región.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles mantiene una orden de confinamiento en Boyle Heights casi dos días después del inicio del incendio en un almacén frigorífico de la empresa Lineage Logistics, luego de que los equipos de rescate descubrieran el jueves un nuevo foco activo dentro de un contenedor congelador que se creía apagado.

La orden afecta a residentes y negocios en el área comprendida entre la autopista 101 al sur hasta Washington Boulevard, y entre las calles Lorena y Indiana.

Las instrucciones para los vecinos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió las siguientes indicaciones para los residentes del área afectada:

• Permanecer en el interior de sus casas.
• Cerrar puertas y ventanas.
• Apagar el aire acondicionado.
• Llevar a las mascotas al interior.
• Usar mascarilla al salir a la calle, especialmente quienes tengan afecciones respiratorias.
• Reducir al mínimo el tiempo en el exterior.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire (AQMD) desplegó una unidad móvil de monitoreo para medir metales a lo largo del trayecto del humo. La agencia advirtió que el material en combustión lenta puede seguir afectando la calidad del aire directamente a sotavento del almacén.

Cuando un incendio sigue ardiendo con baja intensidad, los contaminantes liberados no se dispersan rápidamente y tienden a concentrarse en la dirección hacia donde sopla el viento, justo detrás del foco del incendio.

Esta situación implica que las personas, viviendas o instalaciones pueden estar expuestas a mayores niveles de humo y sustancias nocivas, incluso cuando el incendio principal ya no es visible o haya sido controlado. El fenómeno ocurre porque el humo generado no se eleva lo suficiente como para dispersarse en forma amplia, permaneciendo en capas bajas de la atmósfera y desplazándose con el viento.

Cómo empezó el incendio y por qué reapareció

El fuego se declaró el miércoles a las 14:30 en el techo del almacén de Lineage Logistics ubicado en el bloque 1400 de South Los Palos Street. El edificio, de casi 46.000 metros cuadrados, tiene su techo cubierto de paneles solares.

“Hay un campo de paneles solares en el techo. Ahí fue realmente donde estuvo el fuego. Fue un incendio superficial en los paneles solares”, dijo el jefe del LAFD, Jaime Moore, a NBC Los Angeles, medio local de Los Ángeles.

El incendio comprometió una línea de amoníaco a presión, lo que desencadenó la primera orden de confinamiento. Tres helicópteros —normalmente empleados en incendios forestales— controlaron las llamas esa misma tarde y las autoridades levantaron la restricción pocas horas después.

El jueves, al ingresar al edificio para ventilar el humo, los equipos detectaron un foco de fuego que aún ardía en un contenedor frigorífico. El LAFD convocó compañías adicionales y reactivó la orden de confinamiento de inmediato.

Qué dice el LAFD sobre la calidad del aire

La principal razón para mantener el confinamiento es la calidad del aire, no el riesgo de amoníaco. Un vocero del LAFD explicó a CBS LA, medio local de Los Ángeles: “Si huele humo en el aire, es producto de la combustión de un fuego normal más los peligros adicionales que estaban presentes y que ahora han sido mitigados”.

Moore fue contundente respecto al amoníaco durante la conferencia de prensa del jueves: “Absolutamente cero” riesgos para residentes con problemas respiratorios. “Hemos monitoreado el aire durante todo el incidente —las columnas de humo, el área a sotavento, el interior y el exterior del edificio— y no obtenemos ninguna lectura de preocupación”, declaró Moore al Los Angeles Times, diario estadounidense.

La agencia regional de calidad del aire South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) emitió el miércoles a las 17 una alerta por contaminación de partículas finas, extendida hasta al menos las 12:30 del viernes. Resultados preliminares de monitoreo móvil detectaron por segundos niveles elevados de bromo y cloro dentro del penacho de humo, aunque por debajo del umbral que genera daños a la salud en exposición breve.

El historial del edificio y la empresa

El almacén ya había protagonizado un incendio en agosto de 2024, también originado en los paneles solares del techo. En aquella ocasión, los bomberos lo extinguieron en 48 minutos sin víctimas.

Lineage Logistics tiene antecedentes regulatorios vinculados al amoníaco: en 2023 acordó pagar una multa a la EPA por la gestión del riesgo químico en su instalación de Altoona, Iowa, donde almacenaba más de 4.500 kilogramos del compuesto.

La empresa afirmó que su “máxima prioridad es la salud y la seguridad de sus empleados, socios y las comunidades en las que vive y opera”, y señaló que trabaja “estrechamente con funcionarios locales y equipos de primera respuesta”. Lineage también indicó que el monitoreo del LAFD no registró “lecturas conocidas de amoníaco” en el aire.

La causa del incendio permanece bajo investigación. No se han reportado heridos.

A medida que se acerca el verano y suben las temperaturas en Europa, los ciudadanos buscan soluciones para intentar huir del calor. Sin embargo, en las últimas semanas nuestro país ha demostrado que todavía no está del todo preparado para afrontar un futuro cada vez más cálido.

Así lo demuestran la escasa climatización de las aulas, que obliga a los alumnos a estudiar con temperaturas muy elevadas e incluso perjudiciales para la salud. También el hecho de que las zonas verdes en las ciudades sean insuficientes, especialmente en los barrios más pobres.

Ya en esta temporada del año y en los meses siguientes, las zonas de baño, ya sean costeras o interiores, se llenan de personas que buscan remojarse un rato cuando el mercurio de los termómetros alcanza cifras elevadas: en el caso de España, por ejemplo, este fin de semana se esperan valores de más de 40 grados en varias zonas del país.

Cuando el calor aprieta, sin embargo, muchas veces no somos conscientes de los lugares en los que nos sumergimos, que pueden tener una calidad del agua no apta para el baño. Sí es cierto que en las últimas décadas, la reducción de los vertidos de aguas residuales urbanas sin tratar o parcialmente tratadas ha permitido que esta mejore notablemente en Europa. No obstante, todavía algunas masas de agua muestran valores de calidad pobres.

España sobresale en cuando a su costa: según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que aporta información sobre la salud de las aguas de baño del continente, nuestro país es el séptimo con un mayor índice de playas con una calidad excelente en cuanto a su agua. Por el contrario, la situación cambia cuando centramos la mirada en los ríos y lagos: España es el país con menos zonas de baño interiores de excelente calidad y el que más tiene de áreas con calidad pobre, colocándose en el último puesto de la lista.

Las playas de España aprueban con nota

El informe de la AEMA, que abarca 22.010 zonas de baño oficialmente designadas en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (así como 119 en Albania y 160 en Suiza), sitúa a España en el undécimo puesto a nivel general, con un 86,6 % de sus zonas de baño de calidad excelente.

Para conocer estos datos, las autoridades locales y nacionales toman muestras de este agua para detectar la posible presencia de dos tipos de bacterias (E. coli y esterococos intestinales), que indican contaminación fecal por aguas residuales o estiércol.

En el caso de la costa, España se encuentra en la séptima posición, con un 91,2 % de sus zonas de baño con calidad excelente y un 0,8 % pobre, que son cuatro en la Comunidad Valenciana (playa del Perelló, playa Motilla, playa Mareny de Barraquetes y playa de Els Peixets), tres en las Islas Baleares (playa d’Albercuix en dos zonas y playa Cala Egos), una en Cataluña (playa del Rec del Mol), una en Cantabria (playa de Dícido) y otra en Galicia (playa Sopazos).

La buena situación de la costa española no solamente queda demostrada con el reciente informe de la AEMA. Desde hace ya varios años, España lidera el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas por su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, entre otros. Con 35 galardones más que el año anterior, nuestro país cuenta actualmente con 677 banderas azules, con la Comunidad Valenciana liderando la lista (151), seguida de Andalucía (143) y Galicia (118).

Un 11,7 % de los ríos y lagos con zonas de baño en España tienen una calidad pobre

Pese a ello, en las playas españoles existe un serio problema que se acentúa cada verano: la masificación turística, que provoca que parezca casi imposible colocar una toalla y una sombrilla sobre la arena. El éxodo estival que en esta época del año se suele vivir hacia la costa, protagonizada por miles de personas que huyen del calor del interior peninsular, podría aliviarse en cierta manera con soluciones a las altas temperaturas en otras partes del país.

Sin una suficiente oferta de piscinas municipales en algunas ciudades y con la sequía que muchos años golpea amplias zonas —aunque las fuertes lluvias de este 2026 han permitido que los embalses se sitúen en cifras récord que permiten mitigar en cierta manera esta problemática—, es natural que, aquellos que pueden permitírselo, aprovechen las vacaciones para ir a la playa.

A esto se suma el hecho de que la calidad del agua en algunas zonas de baño continentales no es idónea. La situación, por tanto, es muy diferente con respecto a lo que ocurre en las playas de nuestro país: mientras que Austria, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo y Alemania ocupan los primeros puestos de la lista con un 90 % de estas zonas con calidad excelente, Eslovenia, Portugal, Polonia, Croacia y España tienen menos de un 60 %. Nuestro país cierra la ránking con un 53,1 % de excelente (la cifra más baja) y un 11,7 % de calidad pobre (la cifra más alta).

Los embalses de Cazalegas (Toledo, Castilla-La Mancha), del Conde de Guadalhorce (Málaga, Andalucía) o de Joaquín Costa (Huesca, Aragón), cuentan con valores excelentes, mientras que la Laguna de Villafranca de los Caballeros (Toledo, Castilla-La Mancha), el río Arroyomolinos (Cádiz, Andalucía) y el arroyo Cimorro (Ávila, Castilla y León) han mostrado en 2025 valores pobres en su calidad de agua.

Efectos de bañarse en agua contaminada

La calidad del agua de las zonas de baño analizada en este informe depende de factores como las descargas de aguas residuales, la contaminación procedente de la agricultura o los aportes fecales procedentes de la fauna y el ganado.

Según señalan desde la AEMA, la exposición al agua de baño contaminada puede afectar la salud humana: “Puede provocar enfermedades gastrointestinales como malestar estomacal y diarrea, así como infecciones de oído, ojos y vías respiratorias superiores. En casos excepcionales, pueden contraerse enfermedades infecciosas más graves”.

Los ríos, a diferencia de las aguas costeras y muchos lagos, suelen presentar una mayor variabilidad a corto plazo en cuanto a su calidad, debido a que integran las presiones de las cuencas hidrográficas aguas arriba y responden rápidamente a los cambios climáticos e hidrológicos.

Son varios los factores que pueden suponer una afectación a estas zonas y que podrían explicar los resultados de España en cuanto a las zonas de baño interiores: episodios de contaminación a corto plazo después de fuertes lluvias, que pueden provocar desbordamientos de alcantarillado y escorrentía; contaminación difusa procedente de la agricultura (por estiércol y escorrentía de nutrientes) y del uso del suelo urbano; descargas de aguas residuales aguas arriba y el desempeño de las plantas de tratamiento urbanas, o aportes fecales procedentes de la fauna silvestre y el ganado con acceso a las riberas de los ríos, entre otros.

La contaminación en estas zonas puede ser transitoria, motivada por un suceso concreto, como los incendios forestales, tras los que la ceniza puede ser arrastrada hacia los cauces de agua por las precipitaciones. Mientras tanto, en otras situaciones persisten en el tiempo. En muchos casos, esto no impide que las personas dejen de utilizar estos espacios para darse un chapuzón —cuando el acceso al baño continúa estando permitido y no se alerta sobre la calidad del agua a la ciudadanía—, especialmente cuando, como ahora, el calor aprieta y la playa queda lejos para buena parte de la población.

Un incendio en una bodega de almacenamiento en frío de casi 46.500 metros cuadrados en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, desató una fuga de amoníaco el miércoles 17 de junio y obligó a las autoridades a emitir órdenes de refugio en el lugar para miles de residentes. El fuego comenzó alrededor de las 14:30 en las instalaciones de Lineage Logistics, ubicadas en el 1400 de South Los Palos Street, y tardó horas en ser controlado.

Las llamas consumieron el techo cubierto de paneles solares del edificio —de unos 300 por 150 metros— y la rotura de una línea de amoníaco obligó a los bomberos a abandonar el inmueble. La fuga del gas, descrito por la activista ambiental Jane Williams como “altamente tóxico y explosivo”, disparó las alertas sanitarias en el este de Los Ángeles y en partes del Valle de San Gabriel.

Los bomberos llegaron de inmediato y en un primer momento atacaron el fuego desde el techo con mangueras. La situación cambió cuando reventó una línea de amoníaco dentro del edificio.

“En algún momento, una línea de amoníaco se comprometió y tuvimos una gran descarga presurizada de amoníaco”, explicó el jefe de bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, a NBC News 4. Varias pequeñas explosiones reavivaron las llamas y el humo, y todos los efectivos debieron retirarse del techo y del interior.

El amoníaco anhidro que usan las instalaciones de frío como refrigerante es corrosivo para la piel, los ojos y los pulmones. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición a niveles altos puede provocar quemaduras, asfixia y muerte.

Hasta el momento, la causa del incendio se desconoce y permanece bajo investigación.

La orden de refugio en el lugar y la respuesta de las autoridades

Las autoridades emitieron la orden de refugio en el lugar para una zona que abarca desde el sur de la autopista 101 hasta el bulevar Washington, y desde la calle Soto hasta la calle Indiana.

“Entren a sus casas de inmediato y cierren todas las ventanas y puertas”, indicaron los bomberos en la alerta. La instrucción incluía apagar el aire acondicionado y la calefacción, y llevar a personas y mascotas a una habitación interior.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reforzó el mensaje en redes sociales: “Insto a todos en el área afectada a entrar de inmediato, cerrar ventanas y puertas, apagar el aire acondicionado y evitar desplazarse a la zona”.

Las órdenes se levantaron el mismo miércoles por la noche, una vez que los equipos evaluaron el interior del edificio y monitorearon la calidad del aire. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur mantuvo un aviso de calidad del aire al este del centro de Los Ángeles y en partes del Valle de San Gabriel hasta las 10:00 del jueves.

El uso de helicópteros para combatir el fuego

Ante la imposibilidad de acercar mangueras a todas las zonas del techo en llamas, el departamento desplegó al menos 3 helicópteros que realizaron más de media docena de descargas de agua sobre el edificio, según la portavoz del cuerpo de bomberos, Jennifer Middleton.

Moore señaló que, en sus 31 años en el departamento, este es solo el segundo incidente en que recuerda el uso de descargas aéreas para combatir un incendio en una estructura. Los helicópteros se emplean con frecuencia en incendios forestales, pero rara vez en edificios.

Los antecedentes de Lineage Logistics y las críticas a la gestión del riesgo

La empresa ya tuvo este tipo de incidentes. En agosto de 2024, la misma bodega de Boyle Heights sufrió un incendio menor que los bomberos controlaron en 48 minutos. Ese mismo año, otro incendio destruyó por completo una instalación de Lineage Logistics en Finley, Washington.

En 2023, la compañía había acordado pagar una multa a la EPA por el manejo inadecuado del riesgo químico en su planta de Altoona, Iowa, donde almacenaba más de 4.500 kilogramos de amoníaco anhidro.

La causa del incendio permanece bajo investigación. Cuando los bomberos llegaron al lugar, los paneles solares del techo ya ardían, pero ninguna autoridad ha determinado qué los encendió.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó este jueves que el LAPD y el cuerpo de bomberos abrieron una investigación conjunta por posible incendio intencional, aunque aclaró que se trata de un procedimiento estándar y no implica que existan pruebas de que fue provocado, según reportó ABC7.

Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics, cuestionó la decisión de ordenar refugio en el lugar en lugar de una evacuación. “Si esto fuera Beverly Hills, estarían evacuando a la gente, no diciéndoles que se queden en casa”, afirmó en declaraciones a Los Angeles Times.

La amenaza adicional de las baterías de ion de litio

El techo del edificio presentaba signos de colapso al final del día, y la presencia de paneles solares generó otra preocupación: la posible existencia de baterías de ion de litio para almacenar energía.

Moore calificó a estas baterías como “uno de nuestros desafíos más nuevos en el servicio de bomberos”. Middleton advirtió que este tipo de baterías puede entrar en un proceso de “fuga térmica” que las hace muy difíciles de extinguir y genera humo extremadamente peligroso.

Los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva y los residuos generados por la ganadería industrial elevan la presencia de nitratos en el agua potable por encima del límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l), dejando a más de 260.000 personas sin acceso, según datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) analizados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Bebiendo mierda’. La organización advierte de que la presencia de nitratos en aguas superficiales y subterráneas de origen agrario se consolida como uno de los problemas medioambientales y sanitarios más relevantes en el país.

Este tipo de contaminación ha provocado cortes en el suministro de agua potable cada año entre 2021 y 2024 en 47 municipios repartidos por Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. El informe de la organización indica que afecta con mayor intensidad a los municipios pequeños, donde la falta de recursos dificulta el tratamiento del agua, y esta situación también incrementa la carga para las mujeres, que asumen en mayor medida la tarea de recoger el agua en los puntos de distribución habilitados.

Riesgo de cáncer

Más de la mitad de la población de los municipios españoles (3.193 de 6.230, un 51,2%) consume diariamente agua con más de 6 mg/l de nitratos, lo que eleva el riesgo de cáncer colorrectal, según estudios recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca, indica la organización ecologista. Por eso Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción, considera que el Ministerio de Sanidad de España “debe reducir el límite permitido de nitratos en agua potable a, al menos, 6 mg/l, que es el nivel que, según la ciencia, protege la salud de la población”.

Por otro lado, Kistiñe García, coautora del informe, advierte que la situación podría agravarse si España permite aumentar la cantidad de nitratos aplicables al campo con la inclusión de los fertilizantes RENURE (nitrógeno recuperado del estiércol procesado) al incorporar la Directiva (UE) 2026/288. El actual límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año no debe superarse.

Transformación profunda para eliminar las macrogranjas

La organización ecologista explica que para revertir la contaminación de agua potable por nitratos se requiere una transformación profunda y urgente del modelo ganadero de macrogranjas y del agrícola basado en el uso intensivo de fertilizantes. Además, concluyen, “el Gobierno debe aplicar el principio de ‘quien contamina, paga’, recientemente recogido en la Directiva de aguas residuales para cosméticos y farmacéuticas”, de modo que las empresas responsables de los cortes asuman los costes generados a los ayuntamientos.

La cita se desarrolló en el marco del evento “Nosotras, agua y futuro”, coorganizado por la federación de mujeres kukama kukamiria Huaynakana Kamatahuara Kana y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Durante ambas jornadas, las participantes compartieron experiencias de resistencia y defensa territorial desde diferentes frentes, como el río Marañón, el lago Titicaca, La Oroya, la Reserva Nacional de Salinas, las lagunas amenazadas por el proyecto Conga, la Guardia Indígena del pueblo Shipibo Konibo en el río Ucayali y el caso del derrame de petróleo en Ventanilla, entre otros escenarios que reflejan la dimensión nacional del conflicto por el agua.

Mujeres de distintas regiones se organizan para defender el agua en el Perú

El encuentro en Iquitos no solo permitió el intercambio de testimonios, sino también el reconocimiento de una lucha compartida. Las asistentes coincidieron en que sus realidades pueden ser distintas en geografía, pero se parecen en los riesgos que enfrentan y en la necesidad de actuar de manera conjunta. El propósito fue fortalecer un movimiento nacional de mujeres defensoras del agua, capaz de articular experiencias amazónicas, andinas y costeras bajo una misma agenda.

“Si no estuviéramos nosotras, ¿quién lucharía?”, dice Mari Luz Canaquiri, presidenta de la federación Huaynakana Kamatahuara Kana, en el pronunciamiento conjunto difundido al cierre de la reunión. La frase resume el rol que vienen asumiendo las mujeres en muchos territorios donde el Estado no llega con respuestas rápidas y donde las comunidades deben organizarse para proteger sus fuentes de vida.

Durante los dos días de trabajo, las lideresas conocieron de cerca la trayectoria de sus compañeras, dialogaron sobre los obstáculos que enfrentan en sus territorios y compartieron estrategias para sostener la defensa del agua pese a la presión de actividades extractivas y al avance de economías ilegales. También se generó un espacio para reflexionar sobre la importancia de construir redes entre mujeres que hoy encabezan la defensa de ríos, lagunas, bosques y territorios comunitarios.

“Impulsamos un movimiento nacional de mujeres que día a día defienden las fuentes de agua en zonas amazónicas, andinas y costeras. Contra muchas barreras, nosotras estamos liderando la defensa del agua, sin la cual la humanidad no podría vivir”, manifestó Soraya Poma, presidenta de la Red de Mujeres en Defensa del lago Titicaca, en el comunicado conjunto.

La reunión fue presentada como un espacio inédito por estar integrado íntegramente por defensoras de derechos vinculados al agua y al territorio. En un contexto de creciente conflictividad ambiental, la articulación de estas mujeres busca ganar presencia pública y posicionar sus demandas en la agenda nacional, especialmente en regiones donde la escasez, la contaminación o el deterioro de las fuentes hídricas ya afectan la vida cotidiana de miles de familias.

Exigen al próximo gobierno medidas urgentes frente a la contaminación y la escasez

Desde Iquitos, las lideresas dirigieron un mensaje directo a las autoridades que asumirán funciones desde el 28 de julio. La exigencia principal fue que el próximo gobierno no ignore la crisis que atraviesan distintas fuentes de agua en el país y que adopte medidas concretas frente a los factores que siguen agravando la situación. Las mujeres advirtieron que la problemática no es futura ni eventual, sino una realidad presente en muchos territorios.

“Desde la ciudad de Iquitos, hacemos un llamado colectivo a las próximas autoridades que estarán en el Gobierno y les exigimos que dejen de mirar para otro lado frente a la problemática del agua: la contaminación, la minería, la tala ilegal, el narcotráfico, los derrames de petróleo, la escasez. Todo eso está pasando ahora mismo en nuestras fuentes de agua”, expresó Kelly Valera, presidenta de la Organización Regional de Guardia Indígena del pueblo Shipibo Konibo, en la declaración colectiva.

Las palabras de Valera concentraron una lista de amenazas que atraviesan el país de norte a sur y que, según las defensoras reunidas en Iquitos, requieren una respuesta estatal urgente y sostenida. La preocupación no solo está en el daño ambiental, sino también en las consecuencias sociales y culturales que deja la afectación de los ríos, lagunas y manantiales sobre comunidades indígenas, pescadores artesanales, poblaciones rurales y familias que dependen directamente del agua para sobrevivir.

En esa misma línea, Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales y afectada por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla en 2022, remarcó la necesidad de que el Estado asuma un rol más firme frente a estas emergencias. “Es hora de que el Estado actúe frente a esta realidad, que asuman el compromiso con el agua y que respeten nuestros derechos”, señaló.

Las defensoras también subrayaron que su trabajo no se limita a denunciar daños ambientales. En su pronunciamiento, recordaron que defender el agua implica proteger el derecho a la vida, el acceso al agua, la identidad cultural, el derecho a protestar contra la contaminación, a organizarse y a expresar públicamente sus demandas. Bajo esa premisa, anunciaron que continuarán articulándose para sostener una agenda compartida entre regiones y comunidades.

“Anunciamos que seguiremos caminando juntas, seguiremos luchando por nuestros pueblos, por nuestras comunidades, por nuestras familias”, indicaron las participantes al cierre del encuentro en Iquitos, en una declaración que dejó planteada la continuidad de una red de mujeres defensoras del agua que busca seguir creciendo en distintas zonas del país.

Jeff Bezos presentó su visión sobre el futuro de la humanidad y el papel que jugarán la Luna y el espacio en la salvación de la Tierra. El fundador de Amazon defendió la necesidad de trasladar la industria pesada y contaminante fuera del planeta como única vía realista para reconciliar el crecimiento económico con la conservación medioambiental.

El presidente ejecutivo de Blue Origin sostuvo que la humanidad debe mirar más allá de la atmósfera terrestre no solo por afán de exploración, sino por la urgencia de salvar el planeta de los efectos nocivos de la tecnología y la actividad industrial.

Según su diagnóstico, aunque la calidad de vida global ha mejorado—con menor analfabetismo, reducción de la pobreza y descenso de la mortalidad infantil—“la parte natural es la única que está actualmente peor en la Tierra que hace 500 años”.

Cuál es el riesgo que está viviendo la Tierra, según Bezos

A juicio de Bezos, el deterioro ambiental constituye la mayor amenaza para el futuro del planeta. Planteó que, mientras casi todos los indicadores sociales y económicos han evolucionado favorablemente, el entorno natural “es la única excepción”.

Durante el VivaTech, en París, el empresario argumentó que la única manera de revertir la contaminación es que “toda industria contaminante vaya fuera de la Tierra y se realice en la Luna o los asteroides”.

Esta visión, según el propio Bezos, permitiría que el “planeta jardín” recupere un estado semejante al que tenía antes de la Revolución Industrial. La clave, explicó, reside en que los viajes espaciales sean lo suficientemente fiables y económicos, y que la extracción de materiales de cuerpos celestes como la Luna y los asteroides se vuelva factible a gran escala.

El plan de Bezos para salvar la Tierra consiste en trasladar toda la industria pesada y contaminante fuera del planeta, utilizando la Luna como base inicial para hacer realidad esta migración industrial. Su objetivo es que, al eliminar las fuentes principales de polución, la Tierra pueda restaurar su equilibrio ecológico y mantener condiciones habitables para las próximas generaciones.

Por qué la Luna puede ser la clave

Bezos fue enfático al priorizar la Luna sobre Marte como primer destino en la expansión humana por el espacio. Desde su perspectiva, saltarse la etapa lunar sería un error estratégico.

Sostuvo que la proximidad de la Luna—accesible en solo tres días y medio de viaje—la convierte en un objetivo realista y constante, a diferencia de Marte, al que solo se puede viajar cada dos años debido a las alineaciones planetarias.

Otro factor central es la eficiencia energética. “Cuando obtienes materiales de la Luna, puedes despegarlos de allí con 28 veces menos energía por kilogramo de la que se necesita para elevar algo desde la Tierra”, aseguró.

Esto hace que la Luna no solo sea un destino, sino una plataforma logística y un posible proveedor para misiones más profundas en el espacio.

Además, la superficie lunar contiene prácticamente todos los minerales necesarios para construir infraestructuras espaciales. El hielo de agua detectado en la Luna podría transformarse en oxígeno líquido, un combustible esencial para la exploración del espacio profundo, y distribuirse a un costo mucho menor que si se lanzara desde la Tierra.

Bezos subrayó que el objetivo no es simplemente visitar la Luna, sino establecer una presencia permanente. “La idea no es que ya hayamos ido a la Luna, es la permanencia, quedarnos allí”, afirmó. Para el empresario, ahora es el momento adecuado para implicarse de verdad y viajar para quedarse.

Cuáles son los avances tecnológicos que permitirían la colonización de la Luna

El impulso de este plan requiere un desarrollo tecnológico acelerado. En mayo de 2023, Bezos selló un acuerdo con la NASA para que Blue Origin desarrolle el sistema de alunizaje humano Blue Moon, destinado a la misión Artemis V prevista para finales de la década. Esta iniciativa busca sentar las bases para una presencia humana estable en la superficie lunar.

Blue Origin también ha marcado hitos con sus lanzamientos recientes. El cohete orbital New Glenn, de casi 100 metros de altura, fue lanzado y recuperado con éxito tras haber sido reutilizado en una misión previa. Estos avances tecnológicos resultan cruciales para que la exploración y explotación lunar sean sostenibles y económicamente viables.

El propio Bezos remarcó que “los cohetes son vehículos increíblemente complejos que desafían los límites de lo que la física permite”, reconociendo las dificultades técnicas y la necesidad de perseverancia en el sector aeroespacial.

Las orcas, uno de los mamíferos marinos de los océanos, quedaron en una situación evolutiva irreversible, según describe la revista National Geographic. Esta afirmación está respaldada por un estudio liderado por la investigadora B. M. Farina, que revela que la extrema especialización marina de las orcas les ha cerrado por completo la posibilidad de regresar a la vida terrestre.

La investigación analizó el historial evolutivo de más de 5.600 especies de mamíferos, concluyendo que las adaptaciones completas al medio acuático resultan irreversibles. En el caso de las orcas, esto significa que su permanencia en el entorno marino no es solo una preferencia adaptativa, sino una imposibilidad biológica de transitar de nuevo hacia la tierra firme.

La conclusión del trabajo de Farina y su equipo es que las orcas alcanzaron un punto de no retorno biológico, lo que muestra los límites evolutivos de los grandes cetáceos y la vulnerabilidad que implica una especialización extrema ante cambios ambientales globales.

Ley de Dollo y pérdida de capacidad para regresar a la vida terrestre

El principio que explica la imposibilidad de las orcas de volver a la tierra firme se basa en la ley de Dollo, una hipótesis científica que afirma que las estructuras complejas perdidas durante la evolución no pueden recuperarse. En el caso de las orcas, su estructura ósea, el sistema respiratorio y el metabolismo se han transformado de manera tan profunda durante millones de años que sus organismos ya no pueden tolerar la vida terrestre, y quedaron biológicamente atados al océano.

La investigación de Farina respalda que, cuando los mamíferos marinos cruzan cierto umbral en su adaptación al agua, ese proceso se vuelve irreversible. Las transiciones completas hacia el medio acuático constituyen, así, un callejón biológico sin salida: las orcas se han alejado tanto de sus ancestros terrestres que cualquier intento natural de regresar resulta inviable desde el punto de vista funcional y genético, y consolida su dependencia absoluta del mar.

Transformaciones anatómicas y fisiológicas de las orcas a lo largo de la evolución

Durante 250 millones de años, los ancestros de los cetáceos abandonaron la tierra firme y experimentaron mutaciones que les permitieron dominar el entorno marino. Para soportar la pérdida de calor en aguas frías, estos depredadores incrementaron su volumen corporal, mientras que sus extremidades anteriores se convirtieron en aletas y desarrollaron colas robustas para optimizar la propulsión bajo el agua.

La adaptación al medio acuático también modificó funciones vitales. El aparato reproductor de las orcas evolucionó para que los partos se produzcan con seguridad bajo el agua, mientras que su dieta se volvió estrictamente carnívora y de alta densidad energética. Este régimen metabólico es imprescindible para cubrir las necesidades calóricas que impone su musculatura en alta mar, y refleja el grado de especialización de la especie.

Consecuencias ecológicas de la extrema especialización de las orcas

El éxito ecológico de las orcas como depredadores en la cima de la cadena trófica oceánica se ha convertido, paradójicamente, en su mayor debilidad de cara al futuro. La especialización extrema reduce drásticamente la flexibilidad adaptativa de cualquier especie, lo que significa que, ante cambios bruscos en el entorno habitual, las orcas carecen del margen genético necesario para evolucionar y enfrentar nuevas amenazas.

El estudio destaca que, al no poder regresar a la tierra, las orcas dependen por completo del equilibrio ecológico marino y quedan expuestas a cualquier alteración de su hábitat. Este fenómeno, respaldado por los análisis de Farina y su equipo, ilustra los riesgos evolutivos de la especialización extrema y la vulnerabilidad que puede implicar en escenarios de transformación ambiental rápida.

Vulnerabilidad de las orcas frente al cambio climático y amenazas ambientales

La aceleración del cambio climático, la acidificación de los océanos y el aumento de la contaminación química representan peligros que pueden desestabilizar los ecosistemas marinos más rápido de lo que los cetáceos pueden hacerlo. Los científicos responsables del estudio advierten que las poblaciones de mamíferos totalmente acuáticos se encuentran atrapadas en trayectorias biológicas sin alternativas viables, lo que incrementa su riesgo ante escenarios de crisis ambiental.

Si las condiciones del océano cambian de forma radical, la especie no cuenta con herramientas evolutivas para sobrevivir fuera de ese entorno, lo que las convierte en un caso de vulnerabilidad de los organismos hiperadaptados al medio acuático. La imposibilidad de adaptación rápida deja a las orcas en una posición crítica ante el avance de las alteraciones climáticas y la contaminación global.

Dependencia de la conservación marina para la supervivencia futura de las orcas

El futuro de estos grandes animales marinos está condicionado por la capacidad humana para preservar el equilibrio de los océanos y limitar el deterioro de su entorno. Las orcas, que han cerrado definitivamente la puerta a la existencia terrestre, dependen por completo de la estabilidad de los ecosistemas marinos para sobrevivir.

La supervivencia de las orcas exige políticas efectivas de conservación marina y una reducción real de los impactos ambientales generados por actividades humanas. Solo así podrá garantizarse la permanencia de estos superdepredadores, cuya especialización extrema les impide cualquier vía evolutiva fuera del mar.

Un total de 4,1 millones de niños y niñas en España, el 54 % de la población infantil, se encuentran expuestos a al menos tres riesgos climáticos combinados, entre las que figuran las olas de calor y la sequía, según un informe publicado este martes por Unicef, que indica que, a pesar del desarrollo de los servicios públicos en el país, la infancia continúa sin un reconocimiento específico en los planes de gestión del riesgo. Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que integren a los niños, niñas y adolescentes en todas las fases de una emergencia: prevención, preparación, respuesta y reconstrucción.

El informe Contar con la infancia es una emergencia, también examina la exposición de la infancia a la contaminación del aire, que en España afecta a 6,4 millones de niños y niñas, y a la malaria, dos problemas especialmente sensibles a las variaciones del clima. A nivel global, casi todos los menores sufren los efectos de la contaminación del aire y 1.000 millones están expuestos a la malaria.

Unicef plantea un marco de análisis para identificar los distintos riesgos que afronta la infancia, en función de su exposición a impactos climáticos y de su acceso a servicios esenciales como la salud, el agua segura y la educación.

“Este análisis puede ayudar a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a planificar mejor e invertir en servicios resilientes”, afirma Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef. “Al fortalecer los sistemas de salud y educación y adaptar las infraestructuras pensando en la infancia, se protege a los niños y niñas frente a las amenazas climáticas y se contribuye a garantizar su futuro”, añade.

El análisis conjunto de amenazas y vulnerabilidades revela que los niños y niñas en países sin litoral y frágiles, como República Centroafricana o Chad, enfrentan riesgos climáticos simultáneos y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos. Por su parte, en 24 pequeños Estados insulares en desarrollo, como Haití o Vanuatu, todos los menores están expuestos a tormentas tropicales capaces de paralizar la vida en las islas y sobrecargar los sistemas esenciales.

El informe advierte que, sin acciones urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las amenazas climáticas se intensificarán, presionarán aún más los presupuestos y sistemas públicos, y comprometerán el bienestar de la infancia.

Reducir emisiones y avanzar en energías renovables

Unicef reclama a gobiernos, empresas y actores clave acciones concretas para proteger a la infancia ante el cambio climático. La organización pide reducir las emisiones y avanzar hacia una transición justa a energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles. Además, insta a incluir a los niños y niñas en los planes nacionales de adaptación y respuesta ante desastres, asegurando la protección de servicios esenciales como la educación, la salud, el agua y la alimentación.

La agencia de la ONU también apuesta por empoderar a la infancia y la juventud, promoviendo su participación en la acción climática y garantizando que sus voces influyan en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

La historia de España, lamentablemente, está ligada a la destrucción de ecosistemas. Catástrofes naturales, accidentes y años de contaminación han modificado el paisaje del territorio del país, afectando a la naturaleza, la economía local y la salud humana.

Pese a que en la actualidad existe una mayor concienciación sobre la importancia del cuidado del medioambiente, todavía persisten muchos casos en los que ciertos intereses —políticos, económicos...— prevalecen por encima de la protección de la naturaleza, arrasando hábitats clave y destruyendo la biodiversidad que se encuentra en ellos.

En este mapa se muestran algunos de los desastres medioambientales más importantes de España, desde el hundimiento del Prestige frente a la costa gallega a la eutrofización del Mar Menor que llevó a una explosión masiva de algas en 2016, pasando por los grandes incendios forestales que cada año calcinan montes y campos.

Desastre de Aznalcóllar, 1998, Sevilla

Considerado como uno de los mayores accidentes ecológicos a nivel europeo, la rotura de la balsa de residuos de la mina de Los Frailes, ubicada en el municipio sevillano de Aznalcóllar, provocó el vertido de alrededores de 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

Esta catástrofe inutilizó temporalmente miles de hectáreas agrícolas y afectó al río Guadiamar. Además, estuvo a punto de alcanzar el Parque Nacional y Natural de Doñana, uno de los espacios naturales más importantes del país.

Asociaciones ecologistas como Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción o WWF denuncian que 28 años después se pretende reabrir la mina de Aznalcóllar, lo que supondría el vaciado y vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados —cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio— al estuario del Guadalquivir.

Hundimiento del Prestige, 2002, A Coruña

Tras casi seis días de incertidumbre, el petrolero Prestige se hundió a unos 250 kilómetros de la costa gallega el 19 de noviembre de 2002. Al accidentarse por una tormenta y partirse progresivamente por la mitad, el barco vertió 77 toneladas de fuel pesado.

La gran marea negra, que afectó a 786 playas, según cifras del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), llegó a las costas española, portuguesa y francesa. A su paso, el petróleo del Prestige dejó un reguero de miles de aves marinas muertas, así como pérdidas millonarias en la actividad pesquera.

La labor de los voluntarios fue clave para la limpieza de los vertidos, aunque la imagen del agua y las rocas negras por el chapapote todavía sigue presente en el recuerdo de los españoles, especialmente de los gallegos.

Accidente nuclear de Palomares, 1996, Almería

60 años han pasado desde la caída de cuatro bombas de hidrógeno sobre el litoral almeriense, pero los ecologistas denuncian que la descontaminación completa de la zona afectada por el accidente de Palomares todavía no se ha realizado.

En la mañana del lunes 17 de enero de 1996, un B-52 del ejército de Estados Unidos y un avión nodriza colisionaron en pleno vuelo, en una maniobra de repostaje que se enmarcaba en la operación Chrome Dome, durante la Guerra Fría.

Al liberarse la carga nuclear de dos de las bombas, se transmitió a la atmósfera un aerosol radiactivo que el viento esparció por los alrededores. La bomba que cayó al mar no fue encontrada hasta casi tres meses después.

DANA de Valencia, 2024

El 29 de octubre de 2024, las lluvias torrenciales y las tormentas de la DANA dejaron 237 víctimas mortales, a lo que se sumaron los daños materiales de ciudades y pueblos que quedaron anegados por el agua y el barro.

La riada también provocó importantes impactos medioambientales, ya que arrastró enormes cantidades de residuos y lodos a campos agrícolas, ecosistemas costeros y el Parque Natural de la Albufera, uno de los humedales más importantes del país.

Rotura de la presa de Vega de Tera, 1959, Zamora

En la madrugada del 9 de enero de 1959, la rotura de la presa de Vega de Tera por graves fallos en el diseño y en la construcción de la infraestructura supuso una de las mayores tragedias hidráulicas de la historia de España.

La catástrofe provocó la destrucción parcial del pueblo de Ribadelago y la muerte de 144 personas. La gran mayoría de los cuerpos nunca se recuperaron y se dieron por desaparecidos en las profundidades del lago de Sanabria.

La liberación repentina de millones de metros cúbicos de agua también provocó efectos medioambientales en el valle del río Tera y el entorno del actual lago, ya que grandes superficies quedaron cubiertas de lodo, piedras y sedimentos.

“Sopa verde” del Mar Menor, 2016, Murcia

La conocida como “sopa verde” del Mar Menor fue el resultado del deterioro ambiental provocado en la zona durante años, alcanzando su punto crítico en el año 2016.

La eutrofización por el exceso de nitratos agrícolas provocó una explosión masiva de microalgas, ya que estos nutrientes actuaron como fertilizante y generaron un crecimiento descontrolado.

Esto deterioró la calidad del agua y supuso una grave pérdida de biodiversidad marina. El problema continuó durante los siguientes años, provocando episodios de falta de oxígeno en 2019 y 2021 que derivaron en mortandades masivas de peces y crustáceos.

Contaminación del embalse de Flix, 2004, Tarragona

Durante décadas, la actividad de la fábrica química de Flix provocó el vertido de residuos industriales al río Ebro, algo que terminaría confirmándose tras varios análisis en 2004. Cuando se construyó la presa, los contaminantes se acumularon en los sedimentos del embalse.

Algunas de las sustancias tóxicas identificadas fueron los PCB y los metales pesados como el mercurio. Supuso la mayor inversión en una obra de descontaminación en España.

Contaminación por lindano de Sabiñánigo, 1975, Huesca

De 1975 a 1989, la actividad de la fábrica de lindano de Sabiñánigo provocó uno de los mayores casos de contaminación por pesticidas de Europa, ya que dejó tras de sí decenas de miles de toneladas de residuos tóxicos que contaminaron suelos, aguas subterráneas y el entorno del río Gállego.

Este pesticida fue utilizado durante décadas en agricultura y ganadería, aunque terminó prohibiéndose por su elevada toxicidad, persistencia en el medioambiente y capacidad de bioacumulación.

Más de tres décadas después del cierre de la antigua fábrica de Inquinosa, continúan las actuaciones de control y descontaminación, sin que todavía se haya derribado por completo la abandonada infraestructura.

Derrumbe del vertedero de Zaldívar, 2020, Vizcaya

El 6 de febrero de 2022, el colapso de millones de toneladas de residuos en el vertedero de Zaldívar provocó la muerte de dos trabajadores, el colapso de la AP-8 y la emisión de gases y partículas contaminantes, como el amianto.

Diversas investigaciones apuntaron a una posible sobrecarga del vertedero y a problemas de estabilidad del terreno.

Grandes incendios forestales, 2025

Cada verano, España se llena de humo y cenizas a medida que sus montes y campos se calcinan. El fuego arrasa miles de hectáreas cada año, ennegreciendo el paisaje y matando la biodiversidad que se encuentra a su paso.

Aunque este desastre medioambiental que afecta a la naturaleza, la economía y la salud humana se repite cada año, los grandes incendios forestales de 2025 fueron especialmente importantes: más de 350.000 hectáreas quedaron arrasadas, por lo que se convirtió en el peor año de las últimas tres décadas.

La campaña antiincendios de 2026 ya ha comenzado con grandes fuegos como el de Villanueva de los Castillejos (Huelva), cuyo impacto supera con crecer la superficie afectada en toda Andalucía por las llamas a estas alturas del año pasado.

Estados Unidos enfrenta el retiro de más de 160.200 libras (72.678 kilogramos) del snack congelado Farm Rich Pizza Cheese Crunchers en 21 estados tras detectarse la posible presencia de fragmentos de metal, según la información oficial publicada el 19 de mayo por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La alerta afecta a consumidores, minoristas y distribuidores en regiones como Texas, California, Nueva York y Florida, abarcando una amplia cadena de distribución. El retiro, iniciado voluntariamente por la empresa fabricante, responde a protocolos de protección de la salud pública y prevención de incidentes asociados al consumo de alimentos contaminados.

De acuerdo con la base de datos oficial de la FDA, este retiro fue clasificado como Clase II el 9 de junio, una categoría empleada cuando el uso o exposición a un producto puede provocar consecuencias adversas temporales o reversibles. El lote retirado corresponde a Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, con número de lote 003029976, fecha de consumo preferente 30 de julio de 2027 y código UPC 041322652256. La compañía Rich Products Corp, con sede en Buffalo, Nueva York, figura como responsable del proceso de retirada y notificación a los consignatarios, según la información institucional consultada.

La retirada de alimentos procesados por la presencia de materiales extraños es una medida preventiva habitual bajo la autoridad de la FDA. El caso se suma a otros retiros recientes de productos alimentarios en Estados Unidos, donde la vigilancia sanitaria es estricta y la notificación pública es obligatoria en situaciones que puedan comprometer la seguridad del consumidor.

¿Por qué la FDA ordenó el retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers?

Según la información emitida por la FDA, la decisión de retirar el producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers responde a la posible contaminación con fragmentos de metal en un lote específico del snack. La empresa Rich Products Corp notificó voluntariamente a la agencia reguladora tras identificar el riesgo durante sus controles internos de calidad. La notificación oficial señala: “May contain metal pieces”, en referencia al motivo del retiro, tal como se detalla en el reporte FDA Event 99022.

El riesgo asociado a la presencia de fragmentos metálicos en alimentos procesados incluye lesiones en la boca, dientes o tracto digestivo, así como molestias temporales que pueden requerir atención médica. La FDA clasifica este tipo de retiro como Clase II, lo que significa que si bien el riesgo de consecuencias graves para la salud es remoto, existen posibilidades de daños menores o reversibles.

¿Qué producto específico fue retirado del mercado?

El retiro afecta exclusivamente al producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, un snack congelado que se comercializa en supermercados y grandes cadenas de autoservicio de Estados Unidos. Los datos específicos para identificar los productos involucrados son:

• Nombre del producto: Farm Rich Pizza Cheese Crunchers
• Número de lote: 003029976
• Fecha de consumo preferente: 30 de julio de 2027
• Código UPC: 041322652256
• Cantidad retirada: 6.408 cajas, equivalente a 160.200 libras (72.678 kilogramos)

Los consumidores pueden encontrar esta información impresa en el empaque del producto. La recomendación de la FDA es revisar cuidadosamente los datos y abstenerse de consumir cualquier producto que coincida con estos identificadores.

¿En qué estados de EE.UU. se distribuyó Farm Rich Pizza Cheese Crunchers retirado?

El alcance geográfico del retiro es amplio, ya que el lote afectado de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers fue distribuido en 21 estados del país. De acuerdo con la FDA, los estados incluidos en la notificación oficial son:

• Texas
• Maryland
• Misuri
• Nueva York
• Arkansas
• Florida
• Nueva Jersey
• Tennessee
• Alabama
• Ohio
• Kentucky
• Pensilvania
• Carolina del Norte
• Carolina del Sur
• Kansas
• Michigan
• Iowa
• Indiana
• Wisconsin
• Georgia
• California

La distribución se realizó a través de múltiples minoristas y canales de venta, según la empresa responsable. La notificación a consignatarios y distribuidores se efectuó vía correo electrónico, conforme a los procedimientos habituales de la agencia.

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen Farm Rich Pizza Cheese Crunchers?

La FDA recomienda a los consumidores que revisen sus congeladores y verifiquen si poseen el producto Farm Rich Pizza Cheese Crunchers con el número de lote y fecha de consumo preferente mencionados. Si encuentran coincidencias, deben abstenerse de consumir el producto y optar por una de las siguientes acciones:

• Desechar el producto de manera segura
• Devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso

El objetivo de estas acciones es evitar posibles riesgos para la salud y garantizar la seguridad alimentaria. La agencia mantiene la base de datos de retiros actualizada y disponible para consultas públicas.

¿Cómo fue el proceso de retiro y qué dice la empresa responsable?

El proceso de retiro fue iniciado de manera voluntaria por Rich Products Corp, que notificó a la FDA y a los consignatarios afectados el 19 de mayo de 2026. La agencia clasificó el retiro como Clase II el 9 de junio, lo que implica una supervisión activa hasta que todos los productos afectados hayan sido recuperados o eliminados del mercado.

La información oficial indica que el proceso sigue en curso y que la investigación continúa abierta. No se ha emitido un comunicado institucional adicional por parte de la empresa, ni se han reportado declaraciones públicas sobre el incidente. La ficha oficial señala que el retiro permanece activo y que la fecha de terminación aún no se ha establecido.

¿Qué recomendaciones emite la FDA en casos de contaminación de alimentos?

La FDA aconseja siempre a los consumidores consultar la base de datos oficial de retiros y alertas, disponible en su portal web. Para el caso de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, la información se encuentra bajo el evento número 99022. “May contain metal pieces”, se lee en la descripción del motivo del retiro, según consta en la ficha institucional de la agencia.

La FDA recuerda que cualquier producto con potencial riesgo físico debe ser descartado o devuelto, y recomienda a los minoristas y distribuidores seguir los procedimientos habituales para la recuperación de productos involucrados. El monitoreo de incidentes similares forma parte de las estrategias de seguridad alimentaria implementadas por la agencia a nivel nacional.

¿Cómo impacta este retiro en los consumidores y el mercado de alimentos congelados?

El retiro de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers afecta tanto a consumidores individuales como a cadenas de supermercados y distribuidores en los estados involucrados. El incidente pone de manifiesto la importancia de los controles sanitarios y la vigilancia constante sobre la cadena de suministro de alimentos procesados. El proceso continuará bajo observación de la FDA hasta confirmar la recuperación y disposición segura de todos los productos retirados.

Los consumidores pueden mantenerse informados sobre el estado del proceso y las novedades consultando la base de datos oficial de la agencia o acudiendo al punto de venta donde adquirieron el producto.

Las fotografías y videos evidenciaron la magnitud del problema ambiental tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina, cuyo paso impactó con fuerza la zona costera salvadoreña.

Frente a esta situación, la fundación Pro Lago de Ilopango puso en marcha un operativo de limpieza para retirar la basura flotante y mitigar los daños en uno de los cuerpos de agua más importantes del país. La viralización de las imágenes puso en evidencia una problemática que, según la organización, afecta de manera directa a la fauna, la flora y a las comunidades que dependen del turismo y los recursos naturales del área.

Pro Lago de Ilopango, entidad dedicada a la protección de la cuenca, informó que la acumulación de residuos se intensificó tras el desbordamiento del río Chagüite, que arrastró grandes cantidades de basura hasta el lago.

La entidad explicó que, desde antes de las lluvias, mantenía activa la limpieza de la ecoborda, una barrera destinada a contener residuos sólidos.

No obstante, las precipitaciones superaron la capacidad de retención del sistema, lo que originó que miles de desechos sólidos flotaran a lo largo del espejo de agua.

Refuerzan limpieza del Lago de Ilopango y piden responsabilidad ambiental

El operativo de limpieza se centró en la recolección de plásticos, envases y objetos de gran tamaño. Voluntarios y personal de la fundación trabajaron para retirar los residuos más accesibles, aunque reconocieron que parte de la basura permanecía dispersa por el lago, dificultando su recuperación inmediata.

Pro Lago de Ilopango, cuya labor se orienta al desarrollo de proyectos integrales para la protección del ecosistema y el apoyo a las comunidades, insistió en la necesidad de fortalecer la gestión ambiental y la educación ciudadana. “No tires más basura en cualquier lugar, respeta la vida y el medio ambiente”, recalcaron integrantes de la organización, atribuyendo la problemática al manejo inadecuado de residuos y al colapso de los sistemas de drenaje durante los temporales.

La presencia de desechos sólidos no solo representa una amenaza ecológica, sino que también pone en riesgo la actividad turística y la economía de decenas de familias que dependen del lago. La organización alertó que la contaminación genera focos de infección y deteriora la calidad del agua, comprometiendo la salud pública y la sostenibilidad del recurso.

A pesar de las dificultades, Pro Lago de Ilopango confirmó que los trabajos de limpieza continuaron durante la jornada posterior a la tormenta, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de desechos posible y evitar que los residuos alcancen zonas de difícil acceso. “Cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestro Lago de Ilopango”, es el mensaje que la organización promueve en sus campañas.

La fundación instó a las autoridades y la ciudadanía a colaborar en la protección de la cuenca y a implementar medidas coordinadas para reducir el impacto de la contaminación.

Existe una contradicción incómoda que define a nuestra generación: nunca habíamos hablado tanto sobre sostenibilidad y, al mismo tiempo, nunca habíamos generado tantos residuos.

Hoy las personas publican frases sobre conciencia ambiental, comparten videos salvando tortugas atrapadas en plástico y suben historias diciendo que debemos “cuidar el planeta”. Pero bastan apenas diez minutos observando los residuos de una habitación universitaria, de una oficina, de un automóvil o de un departamento cualquiera para descubrir otra realidad: envases de delivery, vasos descartables —muchos prohibidos por la Ley N.° 30884—, bolsas plásticas, empaques de compras rápidas, botellas de un solo uso y comida desperdiciada.

Los residuos sólidos se han convertido en la radiografía más honesta de nuestra sociedad. Porque mientras las redes sociales muestran la imagen que queremos aparentar, nuestros desechos revelan cómo vivimos realmente: cuánto consumimos, cuánto desperdiciamos y qué tan dependientes nos hemos vuelto de la comodidad inmediata. Y el delivery es probablemente el mejor ejemplo de esta nueva forma de contaminación silenciosa.

Hoy pedir comida tarda menos de quince minutos. Cocinar parece una pérdida de tiempo. Lavar utensilios parece un esfuerzo innecesario. La rapidez dejó de ser una ventaja para convertirse en una necesidad emocional. Queremos todo ahora: comida, ropa, tecnología, entretenimiento e incluso relaciones humanas inmediatas. Sin embargo, detrás de cada pedido existe una cadena de residuos que casi nunca queremos mirar: bolsas, recipientes plásticos, cubiertos descartables, envolturas, tapas y empaques utilizados apenas algunos minutos, pero capaces de permanecer durante décadas contaminando el ambiente.

La comodidad moderna está produciendo residuos a una velocidad que ni las ciudades ni el planeta pueden soportar.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el mundo genera más de 2 000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos cada año, mientras que el Banco Mundial advierte que esta cifra podría incrementarse hasta en 70 % hacia el año 2050 si los patrones actuales de consumo continúan. Pero el problema no es solamente ambiental. También es profundamente social y cultural.

Nos hemos acostumbrado tanto a la cultura del descarte que ya dejó de parecernos extraña. Compramos ropa para usarla pocas veces, cambiamos equipos electrónicos que todavía funcionan y pedimos productos innecesarios solo porque llegan rápido. Reparar pasó de moda. Esperar se volvió insoportable. Y consumir terminó confundido con bienestar emocional.

Hoy muchas personas no compran porque necesitan algo. Compran porque están cansadas, ansiosas, frustradas o vacías. Y quizás esa sea una de las verdades más incómodas de esta época: los residuos también reflejan nuestros problemas emocionales y sociales. Porque detrás de cada bolsa de basura existe una forma de vivir. Hay desechos de personas que comen rápido porque no tienen tiempo; desechos de personas que desperdician alimentos mientras otras familias pasan hambre; y desechos de personas que consumen para sentirse momentáneamente felices en un país donde cada vez más jóvenes sienten incertidumbre sobre su futuro.

Vivimos en un país donde muchas ciudades siguen enfrentando graves problemas de limpieza pública, más de 2 000 botaderos de residuos sólidos, reciclaje precario y contaminación plástica visible en calles, ríos y playas. El Perú genera miles de toneladas diarias de residuos sólidos municipales y todavía existen enormes brechas en valorización y disposición final adecuada.

Lo más preocupante es que la contaminación ya dejó de estar lejos de nosotros. Está en las playas contaminadas después del verano. Está en las quebradas llenas de plástico. Está en los mercados saturados de tecnopor. Está en las calles donde los residuos se acumulan mientras discutimos política, inseguridad o crisis económica. Y también está dentro de nuestras propias casas.

Porque el problema ambiental ya no se explica únicamente por falta de educación ambiental. También se explica por una sociedad agotada, acelerada y acostumbrada a vivir consumiendo sin detenerse a pensar en las consecuencias. Quizás por eso los residuos cuentan historias que las redes sociales no pueden ocultar.

Tus residuos saben si compras por impulso. Saben si desperdicias comida. Saben cuántos cafés pides por aplicación, cuántas botellas consumes a la semana y cuánto plástico generas para sostener una rutina aparentemente normal. Tus residuos conocen hábitos que ni siquiera tú quieres aceptar. Y esa es la discusión que esta generación necesita tener con honestidad a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de juni. Porque el problema ambiental no es únicamente el plástico. El verdadero problema es una sociedad que convirtió lo descartable en una parte normal de su identidad. El planeta no se está llenando solo de residuos. También se está llenando de hábitos insostenibles disfrazados de modernidad. Y quizás la pregunta más incómoda ya no sea cuánto reciclamos, sino cuánto necesitamos consumir para sentirnos felices.

Un vecino de Foz (Lugo) se enfrenta a una sanción de entre 750 y 1.500 euros después de abandonar una nevera justo delante de la puerta de acceso al Punto Limpio municipal, en lugar de depositarla en el interior de las instalaciones. Lo que en principio parecía un gesto orientado al reciclaje correcto terminó convirtiéndose en una posible infracción administrativa. Todo por dejar el electrodoméstico en un lugar no autorizado.

Los hechos ocurrieron en el Punto Limpio situado en Escanlar, en la parroquia de Vilaronte. Según informó la Policía Local de Foz, y recoge La Voz de Galicia, el electrodoméstico fue abandonado en plena entrada del recinto, bloqueando el acceso y dificultando el funcionamiento normal del servicio.

La situación provocó además un problema añadido. La persona encargada de atender las instalaciones no pudo retirar la nevera por sus propios medios debido al peso del aparato, lo que obligó a mantener despejada la zona hasta que pudo gestionarse su retirada.

La investigación fue relativamente sencilla. Las cámaras de vigilancia instaladas en el recinto permitieron identificar al presunto responsable, que posteriormente fue denunciado por una infracción considerada grave en la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del Punto Limpio.

Hasta 1.500 euros de multa

De confirmarse la infracción, la sanción económica podría oscilar entre los 750 y los 1.500 euros. Una cantidad que, en muchos casos, supera ampliamente el valor de un frigorífico nuevo y que pone de relieve la importancia de respetar los procedimientos establecidos para la gestión de residuos voluminosos.

En Galicia, este tipo de comportamientos está recogido habitualmente en las ordenanzas municipales que regulan el uso de los puntos limpios. Aunque las cuantías pueden variar ligeramente entre ayuntamientos, lo habitual es que las infracciones graves se sancionen dentro de ese mismo rango económico. En los casos más serios o reiterados, las multas pueden incluso alcanzar los 3.000 euros.

Desde la Policía Local recuerdan que estas instalaciones cuentan con horarios específicos de apertura para que los vecinos puedan depositar correctamente los residuos. En el caso del Punto Limpio de Foz (Galicia), permanece abierto los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, además de los sábados en horario de mañana.

¿Qué ocurre con las neveras cuando se reciclan?

Según explica Ecoembes, las neveras y frigoríficos son residuos completamente reciclables, aunque requieren un tratamiento especializado debido a los gases refrigerantes y otros componentes potencialmente contaminantes que contienen.

Antes de su reciclaje, estos aparatos son inspeccionados y desmontados para extraer elementos como motores, cables, aceites o gases. Posteriormente, el resto del electrodoméstico se tritura y sus materiales —acero, cobre, aluminio o plástico— se separan para ser reutilizados como materias primas.

Además de evitar que sustancias peligrosas terminen en vertederos, el reciclaje de frigoríficos permite ahorrar energía y reducir el consumo de recursos naturales. Por ello, los expertos recuerdan que estos aparatos deben entregarse siempre en puntos limpios, servicios municipales de recogida o establecimientos autorizados para garantizar una gestión segura y respetuosa con el medio ambiente.

La contaminación por microplásticos dejó de ser una amenaza distante en Costa Rica: partículas microscópicas de plástico ya se detectan en la Isla del Coco, en animales marinos y en el cuerpo humano. Esto demuestra que la polución plástica no se limita a las costas y logra alcanzar incluso los ecosistemas más remotos.

En 2022, la generación de residuos plásticos domésticos llegó a 229,000 toneladas en el país, pero solo 28,000 toneladas se reciclaron. El resto queda enterrado, abandonado o arrastrado por ríos hasta el mar, donde se fragmenta en microplásticos. Cuando alcanzan el tamaño microscópico, su recuperación resulta casi imposible, advierte CRhoy.

De dónde provienen los microplásticos y cómo llegan al mar

Una parte sustancial de los microplásticos procede de residuos plásticos que se degradan por acción del sol, el agua o el desgaste. Sin embargo, existen fuentes menos visibles: las fibras sintéticas que se desprenden al lavar ropa de poliéster o nylon, el desgaste de llantas de vehículos, los pellets industriales utilizados en la fabricación de productos plásticos, pinturas y recubrimientos, así como cosméticos y productos de cuidado personal con micropartículas añadidas.

Según Magie Rodríguez, de MarViva, una proporción importante de estos contaminantes termina en el mar. Los residuos plásticos mal gestionados son arrastrados por lluvias, alcantarillas, quebradas y ríos hacia las zonas costeras. Además, las conocidas artes de pesca fantasma —redes, cuerdas y equipos abandonados o perdidos en el mar— continúan degradándose durante años y liberando partículas plásticas.

Microplásticos en los ecosistemas: del océano a la cadena alimentaria

Las investigaciones muestran que más del 70% de las muestras analizadas en playas, fondos marinos, peces, moluscos, crustáceos, ganado, aves de corral y en la Isla del Coco contienen microplásticos. Allí, incluso en zonas altas y ríos de difícil acceso, se han hallado partículas, lo que evidencia que ni los lugares más protegidos están libres de esta contaminación.

El impacto comienza en la base de la cadena alimentaria. Los organismos más pequeños confunden los microplásticos con alimento, y las partículas van pasando de especie en especie. Un pez pequeño puede ingerirlas y, al ser comido por uno mayor, este último acumula una mayor cantidad.

En los animales marinos y terrestres, los microplásticos pueden provocar desnutrición, sensación de saciedad falsa, inflamación, obstrucciones e incluso asfixia. Además, funcionan como vehículos para otros contaminantes: pueden absorber hidrocarburos, plaguicidas y otros compuestos peligrosos, y servir de hábitat para microorganismos, lo que añade riesgos químicos, biológicos y ecológicos a la amenaza inicial.

Efectos en la salud humana y vacíos normativos

En Costa Rica, estudios recientes citados por CRhoy evidencian microplásticos en sangre, leche materna, placenta, cerebro, semen y tejidos reproductivos femeninos. Esta contaminación, que durante años preocupó solo por su efecto en la fauna, alcanza ahora a las personas. Los expertos advierten que estas partículas pueden asociarse con alteraciones endocrinas, problemas de fertilidad, inflamación y otros posibles efectos en la salud, aunque aún faltan estudios que precisen los riesgos a largo plazo y los niveles de exposición perjudiciales.

A pesar de la magnitud del problema, Costa Rica carece de normativas integrales sobre los microplásticos. La legislación actual solo regula parcialmente productos como bolsas y botellas, sin abordar otras fuentes como microplásticos añadidos en productos, pellets industriales, textiles sintéticos y desgaste de llantas. Rodríguez, de MarViva, resume: “Todo es un vacío normativo en este momento”.

La preocupación incluye también a productos comercializados como biodegradables. Pruebas de MarViva y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología demostraron que, tras ser sometidos a compostaje, muchos de estos materiales permanecieron casi intactos. La razón: requieren condiciones muy específicas para degradarse, que no suelen darse fuera de laboratorios.

La evidencia científica todavía no responde todas las preguntas sobre los efectos a largo plazo ni sobre el destino final de materiales supuestamente biodegradables, pero los expertos consideran que la información disponible ya justifica la adopción de medidas preventivas, según CRhoy.

El mayor desafío es que, cuando el plástico se convierte en microplástico, el país pierde la capacidad de control. Esto transforma la contaminación en un problema más costoso, complejo y difícil de revertir, que exige respuestas urgentes desde la política, la ciencia y la gestión ambiental.

Los antibióticos no mueren cuando se descomponen. Esa es la advertencia que un nuevo estudio publicado en la revista Nature Water lanza al mundo justo en el Día Mundial de los Océanos.

Los residuos que quedan cuando los antibióticos se degradan en las plantas de tratamiento de aguas residuales siguen generando resistencia bacteriana con la misma fuerza que el medicamento original.

Significa que cuando una persona toma un antibiótico, cerca del 90% del fármaco sale del cuerpo sin ser absorbido y termina en el sistema de aguas residuales.

Lo que nadie había medido hasta ahora era si los fragmentos que quedan tras esa descomposición, que son llamados productos de transformación o metabolitos, también podían hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los medicamentos.

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, y la Universidad de Exeter, en Reino Unido, entre ellos Pooja Lakhey, Jake O’Brien y Aimee Murray.

El peligro invisible en el agua

Cuando los antibióticos pasan por las plantas de tratamiento, no desaparecen del todo: se transforman en metabolitos, los “fragmentos” químicos que quedan tras su descomposición. Estos residuos llegan a ríos y mares, pero los sistemas de vigilancia ambiental siempre los ignoraron.

La resistencia antimicrobiana ocurre cuando hay bacterias que sobreviven a los medicamentos, como los antibióticos. Ese problema global ya contribuye a cerca de cinco millones de muertes al año.

Investigaciones previas en Australia encontraron que ciertos metabolitos aparecían en las plantas de tratamiento en concentraciones más altas que los propios antibióticos de los que provienen. Aun así, nadie había medido si esos residuos generaban resistencia bacteriana por sí solos.

Siete días que cambian las reglas

Los investigadores trabajaron con muestras reales de agua residual de plantas en Falmouth (Reino Unido) y Brisbane (Australia). Usaron dos métodos: un ensayo que mide cómo los compuestos afectan el crecimiento bacteriano, y un experimento de siete días en el que las bacterias se exponían diariamente a los compuestos para observar si desarrollaban resistencia.

Para medirla, analizaron el gen intI1, un marcador genético que aumenta cuando los antibióticos presionan a las bacterias: cuanto más sube, más resistencia se genera.

Trabajaron con tres familias de antibióticos: fluoroquinolonas —como la ciprofloxacina, usada en infecciones urinarias—, sulfonamidas —de uso amplio en medicina humana y veterinaria— y macrólidos como la azitromicina.

De esa manera, identificaron que varios metabolitos generaron resistencia a concentraciones similares o menores que las de sus antibióticos originales.

“Los productos de transformación constituyen un componente sustancial y pasado por alto de la presión selectiva total en los sistemas de aguas residuales”, señaló el estudio.

El estudio reconoce que los experimentos de siete días no reflejan exposiciones más prolongadas ni el traspaso de genes de resistencia entre bacterias. Los experimentos se realizaron además a una concentración alta, como la de las aguas residuales hospitalarias, y no cubren las concentraciones más bajas de ríos y mares.

Los investigadores recomendaron incorporar los metabolitos en los sistemas de vigilancia ambiental y priorizar la mineralización completa de los compuestos: descomponerlos hasta convertirlos en sustancias inofensivas como agua y dióxido de carbono. Es esencial para evitar que las plantas de tratamiento actúen como reservorios ocultos que sostienen involuntariamente la selección de resistencia, señalaron.

La doctora Murray, profesora de Microbiología de la Universidad de Exeter, dijo que es urgente reducir la cantidad de bacterias resistentes en los cursos de agua, para que haya menos exposición y riesgo para las personas que nadan en ríos y mares.

Recomendó un enfoque de evaluación de riesgo que tenga en cuenta tanto el impacto del compuesto químico original (como un antibiótico) como el de los fragmentos en que se descompone, cuando siguen generando resistencia.

“Necesitamos avanzar hacia procesos de tratamiento que puedan reducir el peligro de todos estos elementos a la hora de generar resistencia”, afirmó.

El doctor Jake O’Brien, de la Universidad de Queensland, señaló que los antibióticos y sus productos de descomposición no se analizan habitualmente en los programas de monitoreo de aguas residuales o del medio ambiente.

La aparición de sarampión en muestras de aguas residuales del condado de Merced disparó las alarmas de las autoridades de California, que confirmaron el mayor brote anual de la enfermedad en siete años.

La detección, reportada por el Departamento de Salud Pública de Merced y recogida por el medio New York Post, no se tradujo en casos clínicos confirmados en ese condado, aunque sí abrió la puerta a la posibilidad de transmisión comunitaria inadvertida.

En contraste, el número de contagios en el estado ascendió a 74, distribuidos en siete condados, según cifras de las autoridades sanitarias citadas por New York Post.

El registro supera ampliamente los 25 casos reportados en todo 2025, lo que resalta el avance de una enfermedad que, según especialistas, puede propagarse con rapidez en contextos de baja inmunización.

Los datos oficiales muestran que aproximadamente el 96% de los infectados no contaba con vacunación documentada o su estado vacunal era desconocido, lo que sugiere la existencia de grupos vulnerables a pesar de una cobertura global relativamente alta.

La situación llevó a funcionarios estatales a advertir sobre el riesgo de que focos de personas no vacunadas sostengan la circulación viral incluso en entornos donde la mayoría de la población se encuentra protegida.

Brechas de inmunidad y focos de transmisión

El Departamento de Salud Pública de California detalló que la tasa de inmunización en jardines de infantes ronda el 95%, cifra que habitualmente se considera suficiente para frenar la circulación del sarampión.

Sin embargo, la presencia de bolsones de baja cobertura en ciertas comunidades está permitiendo que el virus se mantenga activo y se expanda a nuevas áreas.

Según la doctora Erica Pan, responsable de Salud Pública del estado, “Estados Unidos está experimentando el mayor número de casos de sarampión, brotes, hospitalizaciones y muertes en más de 30 años, impulsado por poblaciones con bajas tasas de vacunación”, declaración reproducida por New York Post.

El resurgimiento de la enfermedad no se limita a California. Funcionarios estatales subrayaron a New York Post que lo ocurrido en ese estado refleja una tendencia nacional, con Estados Unidos alcanzando niveles de actividad del virus que no se veían desde hace décadas.

La enfermedad, una de las más contagiosas a escala global, puede transmitirse a 9 de cada 10 personas no vacunadas que compartan un ambiente cerrado con un infectado. Además, el virus permanece activo en el aire hasta dos horas después de que el portador abandonó el lugar, lo que incrementa el riesgo de exposición para quienes ingresan posteriormente.

Los expertos enfatizan la importancia de mantener la vacunación como principal herramienta preventiva. El biológico triple viral (MMR) ofrece una protección robusta, y las autoridades insisten en la necesidad de revisar los registros de inmunización, sobre todo en niños y en personas que planean viajar o residen en zonas con brotes activos.

La vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida en caso de síntomas compatibles forman parte del protocolo recomendado por los organismos de salud.

Desinformación y riesgos de tratamientos alternativos

El avance del brote fue acompañado por un incremento en la circulación de información errónea sobre supuestos tratamientos alternativos. Durante el último año, centros de toxicología de Estados Unidos reportaron un aumento considerable en las consultas por intoxicaciones en niños expuestos a suplementos, especialmente vitamina A y aceite de hígado de bacalao.

Esta tendencia coincidió con picos de interés en internet y declaraciones de figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr. y el podcaster Joe Rogan, quienes sugirieron que dichos nutrientes podrían ser útiles contra el sarampión, según lo consignó New York Post.

Un estudio del Boston Children’s Hospital reveló un crecimiento abrupto en las búsquedas de términos como “vitamina A y sarampión” y “aceite de hígado de bacalao y sarampión”. Las autoridades sanitarias respondieron con contundencia: “La vitamina A y el aceite de hígado de bacalao no pueden prevenir el sarampión y no sustituyen la vacuna MMR”, enfatizó el Departamento de Salud de California.

Si bien la administración de vitamina A en dosis elevadas puede formar parte del tratamiento hospitalario en casos de complicaciones por deficiencia nutricional severa, su consumo sin supervisión médica implica riesgos de toxicidad, entre ellos daño hepático, alteraciones neurológicas y otros efectos adversos.

El fenómeno evidenció la necesidad de combatir la desinformación y de promover mensajes claros sobre la eficacia y seguridad de la vacunación. Los especialistas recalcan que los suplementos y remedios alternativos no reemplazan las estrategias probadas y que la prevención del sarampión depende de la inmunización colectiva.

Mientras tanto, la vigilancia se mantiene activa en California y otros estados afectados, en un contexto de alerta sanitaria que obliga a reforzar tanto la cobertura vacunal como los mecanismos de detección temprana.

El Mundial es uno de los eventos deportivos más relevantes, no solo porque el futbol posee una de las mayores aficiones en el mundo, sino también porque al ser internacional produce impactos sociales, culturales y económicos. Esta vez México, Estados Unidos y Canadá son los países sede, por ello, un grupo de especialistas decidieron conocer la percepción tanto de los habitantes como de aficionados en tres ciudades mexicanas sede de la Copa Mundial de Futbol 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través de una encuesta realizada por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM y el Departamento de Geografía de la Universitat de Illes Belears, de España, aplicada a 460 personas ( 51% mujeres, 47% hombres y 2% personas no binarias), se conoció la opinión de los habitantes de las zonas anfitrionas para el Mundial.

¿El Mundial 2026 genera emoción en la población mexicana?

Un hallazgo destacado es el bajo entusiasmo y las limitadas expectativas sobre la capacidad del evento para fomentar la unión social, ya que cerca de la mitad de los residentes no cree que el torneo logre acercar más a la población. El entusiasmo general hacia el Mundial es bajo. Solo 2.57 de promedio de personas consultadas manifiestan entusiasmo por esta justa deportiva y 2.54 señalan que el torneo les motiva participar en actividades que fortalezcan sus lazos con otras personas de su comunidad.

Pero, ¿Qué provoca el bajo entusiasmo ante el Mundial? De acuerdo con los resultados del sondeo, la preocupación de las personas encuestadas es el impacto urbano. El aumento del costo de vida es el tema que más inquieta, con un promedio de 4.67 en una escala de 1 a 5. Le siguen el incremento al tráfico y la congestión (4.28), asÍ como el ruido y la contaminación (4.22). El desplazamiento de residentes también genera inquietud, con un promedio de 3.68.

El sondeo también muestra que la Copa Mundial generará ganancias económicas y oportunidades laborales en las tres ciudades sede; Sin embargo, la mayoría de las personas consultadas considera que estos beneficios no se repartirán de manera equitativa.

Luis Alfonso Escudero Gómez, investigador de la Universitat de les Illes Balears de España, que en la Copa del Mundo tenga hasta 48 selecciones y se realice en grandes ciudades, son señales de que este evento responde “más a la lógica del mercado, de la televisión y de las apuestas deportivas que a la esencia tradicional de este deporte y de la experiencia ciudadana del Mundial”.

Por otra parte, el investigador de la UNAM, Álvaro López López señala que los megaventos como este, son como una “especie de lupa” sobre las desigualdades urbanas que existen en las distintas ciudades. Pues, expone que tanto en la CDMX, Guadalajara y Monterrey se realizaron inversiones destinadas a la infraestructura con el objetivo de “proyectar una imagen internacional de modernidad y desarrollo”, otras zonas dentro de las mismas metrópolis “continúan enfrentando carencias históricas. Más que transformar integralmente las urbes, el Mundial puede terminar profundizando contrastes espaciales que existían”.

López Lopéz señaló que el Mundial 2026 es un “caso interesante”, por las inversiones que se realizaron para intervenir los espacios con el objetivo de mejorar la conectividad, turismo y renovación de espacios, esto, según el experto, facilita examinar la forma en que se reparten las inversiones en el territorio y cuáles son sus impactos en las dinámicas urbanas de cada localidad.

Mientras que el experto Erick David García González también de la UNAM resaltó la relevancia de aplicar este instrumento: “Lo que pasa más allá de la cancha y los estadios pocas veces se difunde, poco se sabe de lo que la gente que vive cerca de donde se juegan los partidos opina. De ahí la importancia de hacer este tipo de investigaciones”.

Nuestra dependencia con el océano nunca había sido tan evidente. De él depende el oxígeno que respiramos, la regulación del clima, la alimentación de millones de personas y buena parte del comercio mundial. Cuanto más conscientes somos de su importancia, más evidente resulta su vulnerabilidad. Es en este contexto, que reimaginar nuestra relación con el mar se vuelve una necesidad cada vez más urgente.

Esta urgencia ya comienza a reflejarse en avances concretos. Recientemente, la comunidad internacional dio un paso fundamental al fortalecer la protección del océano con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional destinado a proteger y promover el uso sostenible de la biodiversidad en aguas internacionales. El tratado también busca una distribución más justa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y un mayor apoyo al conocimiento científico y tecnológico para los países en desarrollo. Para América Latina, esto representa una oportunidad histórica para incidir en la gobernanza oceánica global.

Los progresos no se limitan a la conservación. También alcanzan al transporte marítimo, responsable de movilizar el 90% del comercio mundial. En la Organización Marítima Internacional actualmente se discute el Marco Cero Neto, una iniciativa que busca establecer reglas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, un paso clave para alinear la actividad económica con los objetivos climáticos globales. De concretarse, sería el primer esfuerzo internacional para descarbonizar una industria completa a escala global y acelerar la transición hacia energías más limpias.

Sin embargo, reimaginar nuestra relación con el océano no consiste únicamente en diseñar nuevas regulaciones. También implica involucrar a una variedad de actores en los procesos de toma de decisiones de manera más efectiva, lo cual incluye a organizaciones de la sociedad civil, científicos, poblaciones indígenas y a las comunidades costeras que dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos.

Esta reflexión es especialmente relevante para América Latina y el Caribe, una región que alberga algunos de los ecosistemas marinos más valiosos del planeta y cuya historia, economía y cultura está profundamente vinculada al océano. Según datos de la CEPAL, más del 27% de la población de la región vive en zonas costeras. Los pescadores artesanales, las comunidades afrodescendientes, las mujeres que participan en las cadenas de valor pesqueras y quienes impulsan iniciativas de conservación o turismo sostenible poseen conocimientos y experiencias fundamentales para responder a los desafíos actuales. Incorporar sus voces no es solo una cuestión de inclusión; es una forma de reconocer su derecho a participar en las decisiones que afectan su entorno y fortalecer la legitimidad de las políticas oceánicas.

Los desafíos, por supuesto, siguen siendo enormes. Los impactos del cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de recursos marinos amenazan tanto a los ecosistemas como al bienestar de las comunidades. Sin embargo, América Latina no es solo una región vulnerable.

También desempeña un papel clave al impulsar una visión que vincula la protección del océano con los derechos humanos dentro de la agenda internacional. Además, desde la sociedad civil se trabaja para fortalecer la participación de los actores no estatales en la gobernanza oceánica, así como en otros derechos asociados como la participación pública, el acceso a la información y a la justicia ambiental.

En este Día Mundial del Océano, reimaginar nuestra relación con el corazón azul de nuestro planeta es, más que nunca, una invitación a acelerar las transformaciones que ya están en marcha. De las decisiones que tomemos hoy dependerá que las próximas generaciones hereden un mar más saludable y una gobernanza capaz de protegerlo de manera más justa, inclusiva y sostenible.

* Mariamalia Rodríguez es Directora interina del Programa Océano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reafirmó su compromiso con la protección de la Bahía de Ohuira y el diálogo con las comunidades indígenas de la región, mientras la planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) alcanza el 88% de su construcción y la oposición local e internacional escala semana a semana.

El 28 de mayo de 2026, representantes de Semarnat sostuvieron una reunión con comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo para atender inquietudes sobre el proyecto. La secretaria Alicia Bárcena Ibarra da seguimiento personal al tema y fortalece los mecanismos de diálogo y atención comunitaria.

Supervisión federal en curso

Junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnat mantiene acciones continuas de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental. Entre mayo y junio de 2025, Profepa realizó visitas adicionales para verificar el cumplimiento de las autorizaciones y el estado de las obras.

Desde 2015, la procuraduría ha recibido diversas denuncias sobre el proyecto y ha abierto procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). En caso de detectar irregularidades, la autoridad ha impuesto medidas y sanciones correspondientes.

Una obra que avanza pese a la controversia

La planta, desarrollada por GPO —filial de la corporación suizo-alemana Proman AG—, está ubicada en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, y se perfila como la más grande de amoniaco en América Latina. Produciría 2.200 toneladas diarias del compuesto, con un inicio de operaciones previsto para 2027.

El 26 de mayo de 2026 comenzó el arribo al puerto de infraestructura de gran dimensión, incluidos reactores que superan las 400 toneladas, lo que encendió nuevas protestas y bloqueos intermitentes de vialidades por parte de residentes afectados. Las maniobras también provocaron cortes de energía eléctrica y agua potable en la zona portuaria.

La inversión total del proyecto asciende a aproximadamente USD 1.800 millones. El financiamiento principal proviene del banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina un consorcio bancario con préstamos por USD 860 millones.

El largo camino legal: de 2014 a la consulta indígena

El proyecto fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental en 2014, con una ampliación de plazo en 2018. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que debía realizarse una consulta indígena a las comunidades involucradas.

En respuesta, Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones previas y, entre mayo y septiembre de 2022, llevó a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con el pueblo Mayo-Yoreme: 13 asambleas generales comunitarias con la participación de más de 2.400 integrantes de 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El proceso incluyó materiales en español y lengua mayo, además de intérpretes traductores. El 19 de septiembre de 2022 se emitió una nueva autorización ambiental, condicionada al cumplimiento de diversas medidas.

Una comunidad dividida

La consulta concluyó con 11 comunidades manifestando consentimiento al proyecto, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y una representación tradicional de Juan José Ríos.

Las principales expresiones de oposición provinieron de tres comunidades Mayo-Yoreme asentadas directamente en la Bahía de Ohuira: Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. En noviembre de 2022 y febrero de 2023, juzgados federales determinaron que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia de la SCJN. En agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró infundados los recursos promovidos contra el proceso de consulta.

La oposición lleva el caso a Berlín y a la ONU

El colectivo “¡Aquí No!” ha desplegado una estrategia en múltiples frentes. Al 1 de junio de 2026, la petición “Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” acumulaba 135.319 firmas en Change.org.

En marzo de 2026, una delegación del colectivo viajó a Berlín para presentar una queja formal ante KfW IPEX-Bank, argumentando que con dinero alemán no debe financiarse la destrucción ambiental en la bahía. El 4 de junio de 2026, comunidades y organizaciones convocaron a una manifestación frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México, durante la visita del canciller alemán al país.

Nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron cartas al gobierno mexicano, a GPO, a KfW y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las afectaciones al medio ambiente, los medios de subsistencia, la salud de la población y el cambio climático.

Los riesgos de una planta de amoniaco junto al mar

La propia Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) de GPO reconoce que la planta succionará más de 2.000 metros cúbicos de agua de mar por hora y que al retornarla aumentaría la temperatura del agua en tres grados, con consecuencias para la vida marina. El colectivo opositor advierte que esto podría destruir el 60% de la producción de camarón en la bahía.

El amoniaco es un compuesto altamente peligroso: en concentraciones elevadas daña los pulmones, la piel y los ojos, y su liberación al aire contribuye a la formación de partículas finas PM2.5, vinculadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura. En cuerpos de agua costeros, su presencia puede desencadenar eutrofización: proliferación de algas que agota el oxígeno y genera zonas muertas sin vida marina.

A escala global, la producción de amoniaco a partir de gas natural emite aproximadamente tres toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada producida, según datos del sector. Accidentes en plantas similares en Estados Unidos han provocado evacuaciones masivas, explosiones y fugas tóxicas que obligaron al cierre de escuelas cercanas.

GPO defiende el proyecto

GPO afirma en su sitio web que el proyecto no afecta los servicios ecosistémicos del sitio y que aplica programas de conservación para manglares, delfines, tortugas, aves y flora acuática. La empresa señala que el área donde se construye ya estaba desarrollada sin vegetación ni fauna, según verificación de Semarnat.

Continúan en revisión procedimientos relacionados con la Zofemat, área bajo responsabilidad estatal, con recursos promovidos tanto por comunidades como por la empresa promotora.

La causa por la contaminación del río Paraná sumó un reciente avance luego de que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hiciera lugar al pedido que la fiscalía había hecho en 2023 para indagar a directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A., y a funcionarios provinciales, por su presunta responsabilidad.

La causa que lleva más de 10 años en curso, se inició por el reclamo de un grupo de vecinos de San Nicolás de los Arroyos solicitara una investigación sobre la firma por la posible comisión de delitos contra la salud pública, en la zona de los barrios Química y Ponce de León. Los reclamos indicaban que la planta local de Atanor S.A. —dedicada a vender productos para la protección de cultivos— “generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados”.

Luego de idas y vueltas ocurridas entre 2022 y 2023, los camaristas finalmente hicieron lugar al pedido del fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella —en representación de los vecinos—. La primera solicitud había surgido en mayo de 2023 ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo, sobre los directivos de Atanor, cinco del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua.

El fiscal responsabilizó a los representantes de la firma química de haber contaminado hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados”.

Respecto a los directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, encargados de fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del ambiente.

A los titulares del ente provincial de control se les atribuyó no haber cumplido con las obligaciones establecidas en el Código de Aguas, particularmente respecto a la reglamentación, supervisión y vigilancia de las actividades y obras vinculadas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del recurso hídrico. Según Di Lello, “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”.

El 2 de octubre de ese año, el juez decidió que no avanzaría con las citaciones requeridas por la fiscalía y la querella hasta que el tribunal de Alzada resolviera las impugnaciones que aún estaban pendientes.

Transcurridos casi tres años, la jueza Silvina María Andalaf Casiello resolvió que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citó a los imputados a prestar declaración indagatoria, de acuerdo a la información indicada por el Ministerio Público Fiscal. Además, indicó que la instrucción de la causa permanece delegada desde hace once años y que el magistrado a cargo, Villafuerte Ruzo, no la reasumió, lo que llevó a la intervención de la Cámara.

La jueza sostuvo que, ante los pedidos reiterados de llamados a indagatoria, diferidos o rechazados previamente, correspondía dar curso a los recursos de apelación y disponer el llamado de los imputados, tal como lo solicitaron la fiscalía y la querella.

Luego de la denuncia radicada por los residentes se determinaron una serie de análisis químicos los cuales detectaron atrazina en el agua y cipermetrina y trifluralina en el suelo, tres compuestos considerados desechos prohibidos según la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Por este motivo, Di Lello solicitó al Juzgado Federal de San Nicolás las indagatorias. “El cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”, señaló el funcionario.

La explosión en Atanor

En el mes de marzo del año siguiente, se produjeron una serie de explosiones durante la madrugada en la empresa en cuestión. “Se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso. Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, explicó Atanor en un comunicado.

“No se dan una idea lo que fue correr a la madrugada con eso tóxico en el aire los ojos hinchados llorosos se cortaba la respiración, un asco”, denunció un vecino de la planta. Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión. Por el siniestro, alertaron por el riesgo de intoxicación.

Cada año, más de ocho millones de personas mueren por causas relacionadas al consumo de productos de tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la salud humana y afecta de manera directa a los ecosistemas: contamina el aire, el agua y el suelo, y genera residuos persistentes como las colillas de cigarrillo y los microplásticos asociados.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo, diversos organismos internacionales ponen el foco en los efectos contaminantes del humo y las colillas. La evidencia demuestra que el daño ambiental abarca todo el ciclo productivo del tabaco: desde el cultivo y la fabricación hasta el consumo y la disposición final de sus residuos.

El ciclo del tabaco y su huella ambiental

El cultivo, procesamiento y consumo de productos de tabaco generan una carga ambiental significativa. Desde la organización Action on Smoking and Health (ASH) afirman que la producción de seis billones de cigarrillos anuales requiere más de 5,3 millones de hectáreas de tierra y consume más de 22.000 millones de toneladas de agua.

El tabaco utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, lo que provoca contaminación del suelo y de los recursos hídricos, en especial en países de bajos y medianos ingresos donde las regulaciones suelen ser más laxas.

El proceso de curado y secado del tabaco implica la tala de hasta 50 millones de árboles cada año, lo que contribuye a la deforestación y a la emisión de gases de efecto invernadero. El procesamiento industrial y la logística asociada a la distribución también suman emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos.

Las cifras reunidas por ASH indican que el ciclo completo de la industria tabacalera emite más de 84 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, un volumen equiparable al de algunos países enteros.

Indican que el impacto ambiental de un solo fumador que consuma un paquete diario durante 50 años equivale a una huella de carbono de 5,1 toneladas de CO2, una demanda hídrica de 1.355 metros cúbicos y el uso de 1,3 toneladas equivalentes de petróleo en recursos fósiles.

Colillas de cigarrillo: contaminación persistente en el ambiente

Las colillas de cigarrillo constituyen uno de los residuos más abundantes de origen humano en el planeta, de acuerdo con la revisión de datos publicada en la revista Environmental Chemistry Letters. Cada año se descartan 4,5 billones de colillas en playas, ríos, lagos y áreas urbanas de todo el mundo. Los filtros, compuestos principalmente por acetato de celulosa, no se degradan con facilidad y pueden permanecer como microplásticos durante décadas.

Un estudio encabezado por Giuliano Bonanomi en la Universidad de Nápoles Federico II, publicado en la revista Environmental Pollution, documentó que las colillas no desaparecen por completo ni siquiera después de diez años en el suelo.

El análisis reveló que el filtro pierde inicialmente cerca del 20% de su masa, pero la estructura principal persiste como microplásticos, liberando compuestos tóxicos como nicotina, metales pesados e hidrocarburos aromáticos durante todo ese tiempo. Además, la investigación observó que la degradación varía según el ambiente: en suelos fértiles, la transformación es mayor, pero siempre queda una fracción considerable de material plástico en el entorno.

El informe de Environmental Chemistry Letters señala que la densidad promedio global de colillas alcanza 0,24 unidades por metro cuadrado, con picos de contaminación en playas y áreas urbanas de países de Asia y América Latina. Las colillas representan cerca del 12% de la basura antropogénica en ambientes acuáticos y hasta el 50% en ciertos ríos y playas de regiones como Chile, Brasil y Perú.

Microplásticos y sustancias tóxicas: riesgos para la salud y el ambiente

El humo de tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 70 son cancerígenas, según el Departamento de Salud, Discapacidad y Envejecimiento de Australia. Entre los compuestos más peligrosos se encuentran el formaldehído, el plomo, el benceno, la acroleína y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. El humo no solo afecta a quienes fuman, sino también a quienes se exponen pasivamente en ambientes cerrados y abiertos.

Otro estudio publicado en Environmental Pollution detectó microplásticos en el tabaco de 83 de 88 muestras de cigarrillos comerciales, con una concentración promedio de 7,2 microplásticos por gramo. Los fragmentos de polietileno, polipropileno y tereftalato de polietileno fueron los más comunes. Esta presencia de microplásticos implica que durante el consumo del cigarrillo, los fumadores pueden inhalar partículas plásticas junto al humo.

Las colillas, al entrar en contacto con el agua y el suelo, liberan una mezcla de sustancias tóxicas capaz de dañar la vida acuática y la biodiversidad terrestre. La revisión de Environmental Chemistry Letters advierte que estos residuos pueden afectar la microbiota del suelo y dificultar la recuperación ambiental, además de alterar la composición y funcionamiento de los ecosistemas.

Humo de tercera mano, cigarrillos electrónicos y desafíos para la gestión ambiental

Expertos de la Escuela de Medicina de Yale y del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco de la Universidad de California, San Francisco pusieron el foco en el fenómeno del humo de tercera mano. Este concepto refiere a los residuos tóxicos que permanecen en superficies, ropa, muebles y polvo mucho después de que el humo visible desaparece.

Investigaciones recientes mostraron que estos compuestos se combinan con el ambiente y pueden transformarse en sustancias aún más peligrosas, capaces de dañar células y ADN humanos. Los niños y las personas que viven en departamentos o espacios compartidos resultan especialmente vulnerables.

El problema no se limita a los cigarrillos tradicionales. La OMS y el Centro de Investigación de la Universidad de California advierten que los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado también generan residuos plásticos, compuestos químicos y microplásticos que persisten en el ambiente.

Las recomendaciones de la OMS y de organismos como ASH incluyen la necesidad de políticas públicas de gestión integral de residuos de tabaco, el fortalecimiento de la responsabilidad extendida del productor y la promoción de alternativas agrícolas sostenibles. Los expertos coinciden en que la reducción del consumo y una mayor conciencia pública constituyen las herramientas más eficaces para frenar el impacto ambiental del tabaco.

El Departamento de Salud del condado de Bay, en el noroeste de Florida, emitió avisos sanitarios para tres playas de la zona de Panama City Beach tras detectar altos niveles de bacterias fecales en los análisis de agua realizados el martes 26 de mayo. La advertencia afecta a residentes y turistas que acuden a Laguna Beach, Beach Drive y Carl Gray Park, sitios donde los resultados de laboratorio superaron los parámetros aceptados para actividades recreativas. Las autoridades estatales recomendaron evitar el contacto con el agua hasta que los análisis confirmen condiciones seguras.

Según informó el propio Departamento de Salud de Florida (DOH-Bay), los ensayos de rutina efectuados en estas playas arrojaron valores de enterococos superiores al umbral establecido por la normativa sanitaria estatal para uso recreativo. El organismo recomendó abstenerse de participar en actividades acuáticas en las áreas señaladas, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades infecciosas asociadas a la exposición a bacterias presentes en aguas contaminadas. La advertencia sanitaria permanecerá vigente mientras persistan los valores elevados, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el 28 de mayo.

El monitoreo de la calidad del agua en las playas de Florida se realiza de manera periódica a través del programa Florida Healthy Beaches, que evalúa la presencia de bacterias como los enterococos, indicadores de contaminación fecal. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), estos microorganismos habitan en el intestino de animales de sangre caliente y su presencia en ambientes acuáticos suele asociarse a la llegada de aguas residuales, escorrentía por lluvias intensas o fallas en sistemas sépticos. En la última semana, la región registró lluvias significativas y episodios de inundación, factores que pueden incrementar la contaminación en áreas recreativas.

¿Cuáles son las playas afectadas por los avisos sanitarios en Florida?

El DOH-Bay indicó que las playas bajo aviso son:

• Laguna Beach (SP 2), 19440 Front Beach Road, Panama City Beach.
• Carl Gray Park (SP 9), Collegiate Drive, Panama City.
• Beach Drive (SP 10), US-98 West Beach Drive, Panama City.

El aviso sanitario significa que las aguas de estos puntos superan los valores de referencia para la bacteria enterococo, utilizada como indicador de contaminación fecal en ambientes recreativos. Las autoridades advirtieron que “el contacto con el agua en estos lugares podría aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas para los bañistas”, según el comunicado oficial. Los resultados de la última medición están disponibles para consulta pública en la página del programa Florida Healthy Beaches.

¿Qué es la bacteria enterococo y cómo afecta la salud humana?

Los enterococos son bacterias presentes en el intestino de humanos y animales de sangre caliente. Según la EPA, su presencia en lagos, ríos u océanos indica contaminación reciente por materia fecal. La exposición a aguas contaminadas con enterococos puede causar infecciones gastrointestinales, de piel, de oído, de ojos o respiratorias, especialmente entre niños, personas mayores y quienes tienen un sistema inmunológico comprometido. Los síntomas comunes incluyen diarrea, vómitos, infecciones cutáneas y molestias oculares.

De acuerdo con la EPA, “el contacto con agua que contiene altos niveles de enterococos puede provocar malestares estomacales, infecciones de la piel y problemas respiratorios”. Por este motivo, las autoridades sanitarias de Florida recomiendan evitar nadar, bucear o realizar actividades acuáticas en las áreas bajo aviso hasta que los nuevos análisis confirmen que la calidad del agua se encuentra dentro de los parámetros seguros.

¿Por qué aumentan los niveles de bacterias en las playas tras fuertes lluvias?

La presencia de enterococos en ambientes acuáticos suele incrementarse tras episodios de lluvias intensas. Según la EPA y el DOH-Bay, el agua de lluvia arrastra residuos desde calles, parques, sistemas sépticos o instalaciones ganaderas hacia ríos, lagos y playas. Este fenómeno, conocido como escorrentía, puede transportar material fecal y aumentar la concentración de bacterias en zonas de recreo.

El informe semanal de DOH-Bay señaló que “las lluvias recientes han provocado un aumento en los niveles de bacterias en varias playas del condado”. Las autoridades locales y estatales monitorizan regularmente la calidad del agua para detectar estos incrementos y emitir avisos preventivos cuando los valores superan los límites establecidos.

¿Las playas están cerradas por la contaminación de bacterias fecales?

Los avisos sanitarios no implican el cierre total de las playas, pero sí una recomendación explícita de evitar el contacto con el agua en las zonas afectadas. El DOH-Bay aclaró que las playas permanecen abiertas, aunque insistió en que “las actividades acuáticas no son seguras hasta que los niveles bacterianos regresen a parámetros aceptables”. Las autoridades continuarán con el monitoreo diario y actualizarán la información en sus canales oficiales.

El programa Florida Healthy Beaches publica los resultados de los análisis bacteriológicos en su sitio web, donde se pueden consultar fechas de muestreo, ubicaciones y valores detectados. Los avisos sanitarios se emiten cuando la concentración de enterococos supera los 70 UFC/100 ml (unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua), valor establecido por las regulaciones estatales y federales.

¿Cómo pueden los bañistas informarse sobre el estado de las playas en Florida?

Las personas interesadas pueden consultar el estado actualizado de las playas en la página oficial del Departamento de Salud de Florida y en el portal del programa Florida Healthy Beaches. Además, el condado de Bay dispone de una línea de atención al público para resolver dudas sobre avisos sanitarios y calidad del agua.

Las actualizaciones se realizan tras cada muestreo y análisis de laboratorio. Cuando los valores de enterococos bajan a rangos aceptables, el aviso se levanta y se comunica oficialmente a la población. “El monitoreo regular es fundamental para anticipar riesgos y proteger la salud pública”, afirmó el Departamento de Salud de Florida en su último boletín semanal.

¿Qué otras zonas de Florida han emitido advertencias similares por bacterias fecales?

En la última semana, el sistema de monitoreo de playas de Florida también detectó valores elevados de enterococos en otras zonas costeras, como los condados de Palm Beach y Okaloosa. En estos sitios, las autoridades emitieron avisos preventivos y recomendaron evitar actividades acuáticas tras episodios de lluvias intensas. El programa estatal subraya que estos eventos suelen ser temporales y dependen de factores ambientales y climáticos.

¿Qué medidas adoptan las autoridades para proteger la salud pública?

El Departamento de Salud de Florida coordina con gobiernos locales y agencias ambientales el monitoreo permanente de la calidad del agua en playas y cuerpos recreativos. Cuando los análisis detectan valores elevados de enterococos, se emiten avisos para que la población evite riesgos innecesarios. El organismo ratificó que los avisos se levantarán únicamente cuando los resultados confirmen condiciones seguras para el baño y otras actividades acuáticas.

“Estamos comprometidos con la protección de los residentes y visitantes, y mantenemos una vigilancia continua de la calidad del agua en todas las playas del estado”, indicó el DOH-Bay en declaraciones recogidas por medios locales. Las autoridades también difunden información preventiva sobre los riesgos asociados al contacto con agua contaminada y las medidas a adoptar ante la aparición de avisos sanitarios.

¿Qué recomendaciones deben seguir los visitantes y habitantes de la zona?

Las personas que tengan previsto visitar las playas bajo aviso sanitario deben evitar el baño y el contacto con el agua hasta que las autoridades levanten la advertencia. El Departamento de Salud de Florida recomienda consultar periódicamente los canales oficiales para conocer el estado actualizado de las playas y seguir las indicaciones de los carteles informativos instalados en los accesos.

En caso de presentar síntomas como diarrea, vómitos, infecciones cutáneas o molestias oculares tras el contacto con agua de mar, se aconseja consultar a un profesional de la salud. El monitoreo continuará en los próximos días y la información se actualizará en tiempo real para garantizar la seguridad de la población.

¿Qué impacto tienen los avisos sanitarios en la comunidad y en el turismo local?

Los avisos sanitarios afectan tanto a los residentes como a los turistas que acuden a las playas de Panama City Beach y zonas cercanas. Aunque no se prohíbe el acceso a las playas, la recomendación de no entrar al agua limita el uso recreativo y puede incidir en la afluencia de visitantes, especialmente durante la temporada alta. Las autoridades locales colaboran con el Departamento de Salud de Florida en la difusión de los avisos y en la implementación de medidas de control ambiental.

El seguimiento de la calidad del agua y la emisión de avisos preventivos forman parte de las estrategias estatales para reducir al mínimo los riesgos sanitarios en zonas turísticas. La población debe estar atenta a las actualizaciones oficiales, evitar prácticas que puedan contribuir a la contaminación y acatar las recomendaciones institucionales para preservar la seguridad en los espacios públicos.

Sélvame Mx denunció un derrame de aguas residuales de la planta San Miguelito que está afectando a los manglares de la zona y la laguna Ciega, al norte de Cozumel. La organización advirtió que la falta de saneamiento convirtió el daño ambiental en una situación “normalizada” en esa zona de la isla.

La organización ambiental denunció que la planta de tratamiento descarga desechos que tendrían que ser procesados de forma adecuada y que esos escurrimientos avanzan hasta áreas de manglar y cuerpos de agua cercanos. A través de un video publicado en redes, el colectivo describió un trayecto marcado por “un olor fétido y penetrante a drenaje”, charcos de agua verde y zonas de manglar muerto.

El recorrido entre la planta y el muelle que comunica con la Isla de la Pasión permitió identificar señales visibles de contaminación. En ese punto, SélvameMx afirmó que el agua presenta un fuerte olor a drenaje y amplias superficies con una capa blanquecina flotando, que podría corresponder a grasas o aceites.

Se trata de una problemática grave que pone en riesgo al bienestar del medio ambiente en la zona, donde existen mayormente manglares y cuerpos de agua importantes.

La organización ambiental, la cual ha participado en la defensa de Cozumel y sus áreas verdes naturales, manifestándose en contra de megaproyectos como el Tren Maya, evidenció el mal estado en el que se encuentran los manglares, pues “una laguna caribeña que debiera tener aguas color turquesa y transparente hoy presenta un color pardo y una imagen de podredumbre”, señalaron.

Acusan omisión de las autoridades ambientales

Sélvame Mx aseguró que realizó análisis de campo y detectó altas concentraciones de contaminantes, entre ellos coliformes fecales, E-coli, nitrógeno y fosfatos. A partir de esos resultados, sostuvo que la contaminación no puede asumirse como parte habitual del paisaje.

“Esto no debería de ser normal. Los cangrejos desaparecieron desde hace como diez años, refieren los pescadores”, señala la organización en el video, en el que lamenta la situación que actualmente vive la zona.

Bajo ese marco, el colectivo afirmó que el abandono institucional ha llevado a que “se ha normalizado el ecocidio” y llamó a la población a alzar la voz. “Ante el abandono de las autoridades responsables del saneamiento de las aguas residuales que genera Cozumel, se ha normalizado el ecocidio. No permitamos que esto continúe. Por un Cozumel vivo, alza la voz”, destacó SélvameMx.

En 2025, se amplió esta presa para mejorar su funcionamiento

En 2025, la planta de tratamiento de aguas residuales “San Miguelito”, comenzó obras de ampliación con el objetivo de duplicar su capacidad de 110 a 230 litros por segundo, luego de más de cuatro décadas sin intervenciones similares.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama consideró en su momento que la ampliación de esta planta representa un avance histórico para la salud pública y el entorno ambiental de la isla.

La obra, financiada con más de 113 millones de pesos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, contempló la incorporación de un módulo de pretratamiento, un reactor biológico, tanques de regulación y pozos de infiltración, entre otras infraestructuras.

“Esta es una obra necesaria, justa y urgente que garantiza el bienestar de las y los cozumeleños, y responde al crecimiento poblacional y turístico de la isla”, afirmó la gobernadora durante un recorrido de inspección en aquel momento.

Los recientes oleajes anómalos dejaron en el litoral de la capital un recordatorio difícil de ignorar, la basura plástica es un problema ambiental real, aún desatendido por el Estado peruano. Las olas trajeron a las playas de la Costa Verde toneladas de residuos, incluidos envases de productos descontinuados hace décadas, y que las nuevas generaciones solo conocen por lo que han escuchado de sus padres.

Pero aunque encontrarse con bolsas de leche Enci en las playas sea el recordatorio visual, los impactos de la contaminación plástica van mucho más allá, por ejemplo poniendo en riesgo actividades económicas como el turismo y los servicios asociados al uso de las playas, y sobre todo riesgos a la salud asociados a los nanoplásticos. Ya hay evidencia generada por el IMARPPE sobre la presencia de plásticos en los órganos y tejidos de los peces que consumimos, y según cifras del Ministerio del Ambiente las personas ingieren hasta 50 mil partículas de microplástico al año. A nivel internacional una serie de estudios vienen demostrando la presencia de nanoplásticos en nuestro sistema circulatorio, nuestros tejidos, el líquido folicular de los ovarios y el interior del globo ocular, etc. así como lo que esto implica para nuestra salud, incluyendo el posible incremento del riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares y efectos negativos sobre la fertilidad.

Ante esto toca preguntarse si en el Perú estamos haciendo lo suficiente para atender este problema, y la respuesta, a la fecha, es negativa. Sin embargo hay avances importantes y sobre los que debemos seguir construyendo para avanzar por un lado en la reducción de la generación de residuos plásticos descartables y por otro en la gestión de los residuos generados para evitar que estos queden en el ambiente. ¿Cuáles son estos avances y cuales deberían ser los siguientes pasos?

El avance más relevante es la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables y su reglamento. Aprobada a fines de 2018, en su momento fue una norma de vanguardia para la región, incluyendo medidas orientadas a reducir la producción de productos descartables de plástico (como bolsas, platos, vasos, etc) no biodegradables, que no sean reutilizables y aquellos cuya degradación generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. Sin embargo, después del impulso inicial, no se ha mantenido al voluntad política para lograr la implementación integral de esta norma, por lo que su impacto aunque prometedor es aún limitado.

Una muestra clara de la falta de interés de las actuales autoridades en el tema, es que cuatro de los cinco reglamentos técnicos, necesarios para que la industria pueda adecuarse a la ley y para fiscalizar su cumplimiento, aún no han sido aprobados por el Ministerio de la Producción, a pesar de que el plazo legal para hacerlo venció en el 2019.

Otro aspecto regulado por la ley es la inclusión de un porcentaje de plástico reciclado en la composición de las botellas PET, las que se usan para bebidas como aguas y gaseosas. La medida es positiva, ya que promueve el reciclaje y reduce el volumen de nuevo plástico en la producción de cada botella. Sin embargo, el porcentaje requerido del 15% es aún bajo, y la norma obvió un detalle importante: para tener el impacto deseado en la reducción de contaminación plástica en el país es necesario que el PET reciclado que se utilice sea reciclado y recolectado en el Perú. Para corregir este vacío el Congreso cuenta ya con un dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que acumula 4 proyectos de ley multipartidarios, y que esperamos pueda ser aprobado antes de que los legisladores actuales finalicen sus funciones, o de lo contrario volverá a foja cero.

Estas no son las únicas tareas pendientes, no hemos hablado aquí por ejemplo de la brecha en infraestructura adecuada para la gestión de los residuos plásticos, sin embargo son dos puntos concretos en los que se el Ejecutivo y el Legislativo actuales podrían avanzar antes del cambio de Gobierno. Esperemos que las imágenes de la Costa Verde hayan sido suficiente incentivo para convencerlos de la urgencia del tema.

El río Potomac enfrenta una crisis ambiental inédita tras dos derrames que exponen fallas regulatorias y ponen en riesgo el suministro de agua para más de cinco millones de personas en el área de Washington D.C.

Tal como reportó Inside Climate News, el colapso de una tubería cloacal en Maryland y una fuga masiva de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revelan deficiencias históricas en la vigilancia y gestión ambiental. En abril, la organización American Rivers lo catalogó como el río más amenazado de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años conocida como Potomac Interceptor colapsó cerca del corredor de Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery. Según Inside Climate News, se liberaron 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río durante tres semanas.

El segundo episodio, fechado el 11 de diciembre de 2025, involucró una falla en el sistema de combustible de la base Joint Base Andrews, en el condado de Prince George’s, donde se filtraron 32.000 galones de combustible de aviación; solo se recuperaron 10.000 galones, mientras que los 22.000 restantes ingresaron al ambiente y alcanzaron Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac.

Fallas institucionales y contaminación histórica

Estos hechos, relatados por Inside Climate News, muestran una cadena de retrasos y omisiones. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad el 11 de diciembre de 2025, pero el estado fue notificado del derrame más de tres meses después, el 23 de marzo de 2026, cuando la base reportó una mancha de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek al National Response Center, la instancia federal para reportar descargas peligrosas.

Aunque la base es de propiedad federal, Maryland tiene autoridad para aplicar sanciones por infracciones ambientales y exigir remediación.

Un portavoz de la base militar reconoció a Inside Climate News que la cifra de 22.000 galones derramados se basó en un inventario mensual de combustible recibido el 8 de abril, aunque aún no se sabe cuántos alcanzaron el arroyo.

La contaminación en Piscataway Creek no comenzó con la fuga de combustible. Según Inside Climate News, Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, ya en 2022 había identificado niveles extremos de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en peces del arroyo, con marcas 1,4 millones de veces superiores al estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable.

El origen fue la práctica militar de sofocar incendios de combustible de aviación con espuma cargada de estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”. El primer informe oficial sobre PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre consumo de peces recién se emitió en 2023 y, según testimonios recogidos por Inside Climate News, tuvo escaso alcance en las comunidades ribereñas.

El procesamiento institucional de ambos incidentes fue objeto de críticas. DC Water y autoridades estatales conocían la fragilidad de la tubería, pero postergaron su reparación, de acuerdo con Inside Climate News.

La difusión de advertencias sobre consumo de pescado contaminado fue limitada, y la respuesta pública a la crisis consistió en foros poco efectivos, con escaso margen para reclamos directos.

Comunidades vulnerables y demandas de reparación

La crisis afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. La Nación India Piscataway, cuya relación ancestral con el arroyo supera los 15.000 años, señaló en una declaración formal que el derrame cloacal restringió la pesca, la caza y la recolección de alimentos y medicinas tradicionales.

“El agua no es simplemente un lujo o una comodidad para todas las personas, sino el nutriente más importante para la vida misma”, recoge el texto citado por Inside Climate News.

Según la tribu nativa, a comienzos de febrero los niveles de bacterias fecales seguían 2.700 veces por encima del límite seguro y científicos detectaron la presencia de MRSA, una bacteria resistente a antibióticos. El derrame podría afectar la recolección de mariscos más de 80 kilómetros río abajo del punto de colapso.

El impacto sobre las comunidades ribereñas incluye:

• Restricción de actividades tradicionales como pesca, caza y recolección de alimentos y medicinas.
• Exposición a contaminantes químicos y bacterias peligrosas.
• Falta de información clara y oportuna sobre riesgos sanitarios.
• Escasa capacidad de incidencia en decisiones sobre infraestructura crítica y control ambiental.

Frente a la presión social, funcionarios de Maryland organizaron en abril de 2025 un foro público sobre Piscataway Creek y la base militar, aunque, según Naujoks, el formato evitó la rendición de cuentas al suprimir la sesión tradicional de preguntas y respuestas.

Inside Climate News recogió que la señalización sobre consumo de pescado contaminado solo se implementó en dos puntos del arroyo, pese a la extensión del área afectada y la cantidad de familias que dependen de la pesca de subsistencia.

Las autoridades federales y estatales mantuvieron posturas divergentes sobre el alcance del daño y los pasos siguientes. La EPA informó que las advertencias recreativas sobre calidad del agua se levantaron tras las acciones de remediación, mientras que Maryland supervisa la limpieza ejecutada por la Fuerza Aérea y no solicitó ayuda adicional.

El científico Don Boesch, con décadas de monitoreo sobre el estuario, declaró a Inside Climate News que el efecto a largo plazo del derrame cloacal sobre el oxígeno del río y el riesgo de mortandad de peces dependerá del volumen de descarga de agua durante el verano, pero enfatizó que DC Water era consciente del riesgo de falla y postergó inversiones necesarias.

Las demandas sociales y científicas tras la crisis, documentadas por Inside Climate News, incluyen:

• Investigación penal sobre la demora en el reporte del derrame de combustible.
• Muestreo público de todos los cuerpos de agua y peces afectados por la base militar, no solo en Piscataway Creek.
• Restablecimiento y ampliación de fondos federales para remediación ambiental.
• Señalización efectiva de las zonas de riesgo para la pesca de subsistencia.
• Participación ciudadana real en la planificación de obras y control ambiental.

El reclamo de responsabilidades también llegó al Congreso. Miembros de la delegación de Maryland enviaron cartas al secretario de la Fuerza Aérea y a DC Water para exigir explicaciones.

El senador Chris Van Hollen afirmó a Inside Climate News que “estos derrames están sometiendo a una presión aún mayor a nuestras vías fluviales ya sobrecargadas, dañando nuestro ambiente y las vidas y medios de subsistencia que dependen de él”. Su oficina indicó que la Fuerza Aérea aún no había respondido a la carta ni identificado el origen de la fuga de combustible.

La senadora Angela Alsobrooks subrayó la necesidad de evitar futuras filtraciones y reconoció la desventaja de las familias más afectadas, con menor capacidad de incidir en las decisiones sobre infraestructura militar y servicios públicos.

El futuro del Potomac: desafíos y vigilancia pública

El caso del Potomac revela los riesgos de infraestructuras envejecidas, falta de transparencia y desprotección de comunidades frente a catástrofes ambientales.

Según Inside Climate News, la vigilancia institucional y la presión pública serán determinantes para prevenir nuevos episodios en una de las principales fuentes de agua potable de los Estados Unidos.

El avance de los incendios forestales transformó el paisaje de numerosas regiones en los últimos años. El fuego generó consecuencias que trascienden la destrucción inmediata de la vegetación y la evacuación de comunidades. Más allá de las imágenes de llamas y humo, estos eventos provocan un impacto duradero en la calidad del agua destinada al consumo humano, lo que afecta la salud pública y la gestión de los recursos hídricos.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica publicó una revisión en la revista Science of the Total Environment, donde se analizan los efectos de los contaminantes generados por incendios sobre las fuentes superficiales de agua potable.

Incremento de contaminantes y riesgos para la salud

La revisión científica expone que las concentraciones de sólidos suspendidos, nitratos, fósforo, carbono orgánico total y turbidez en fuentes de agua pueden aumentar hasta 39.600% tras un incendio forestal. Los investigadores observaron que estos valores extremos no son solo un fenómeno temporal: en algunas cuencas, los picos se mantienen durante años, llegando a persistir hasta cinco años después del fuego.

La revisión científica analizó información recopilada en 23 investigaciones realizadas en 28 cuencas hidrográficas de distintas regiones. A partir de estos casos, los autores detectaron que los aumentos extremos en la cantidad de contaminantes pueden mantenerse durante varios años después de un incendio forestal.

Otro dato relevante es el fuerte incremento de metales pesados y de sustancias conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), que pueden llegar a niveles hasta 66.000 veces mayores que los límites recomendados por normas ambientales. Los PAHs son preocupantes porque algunos tienen efectos cancerígenos y pueden afectar el sistema hormonal y cardiovascular.

Los propios autores de la revisión destacan que una de las primeras señales de alarma después de un incendio es la turbidez: el agua se vuelve turbia porque contiene muchas partículas en suspensión. Según explican en un artículo de The Conversation, cuando llega la lluvia después del incendio, la ceniza, los sedimentos y los restos de productos químicos usados para combatir el fuego se arrastran rápidamente hacia ríos, lagos y embalses. Esto vuelve el agua más difícil de tratar y eleva el riesgo sanitario para las personas que dependen de estas fuentes.

El estudio también advierte que los contaminantes no solo llegan a los cuerpos de agua por el arrastre superficial. Las columnas de humo pueden transportar partículas y sustancias tóxicas a largas distancias a través del aire, para luego depositarse en diferentes lugares cuando llueve. La revisión señala que, además de los PAHs, otros compuestos llamados contaminantes orgánicos persistentes (POPs) plantean riesgos porque se acumulan en los organismos vivos y pueden producir efectos en la salud a largo plazo.

Finalmente, el informe subraya que muchos sistemas de tratamiento de agua no están preparados para enfrentar el aumento simultáneo de turbidez, materia orgánica y metales pesados provocado por los incendios. Los expertos sostienen que las plantas de tratamiento pueden perder eficacia, lo que obliga a gastar más en productos y procesos y puede poner en peligro la salud pública si el agua no alcanza estándares seguros.

Cómo se descifran los cambios en las cuencas afectadas

Para realizar esta revisión, el equipo de investigadores siguió un proceso en cuatro pasos. Primero, eligieron estudios científicos que tuvieran información sobre la calidad del agua durante al menos seis meses después de los incendios y que también incluyeran datos anteriores en la misma zona o en áreas similares no afectadas por el fuego.

Después, analizaron cuáles fueron los niveles más altos de contaminantes y durante cuánto tiempo se mantuvieron elevados, comparando siempre los datos de antes y después del incendio para ver cuánto aumentaron. También observaron si el tamaño de la cuenca, la intensidad del incendio y otras características del terreno influían en los cambios detectados en el agua.

En una etapa siguiente, compararon de manera sistemática los valores recogidos antes y después de los incendios para identificar cuáles contaminantes superaban más los límites recomendados para el ambiente y el agua potable. En la última parte del análisis, los investigadores estudiaron cómo estos contaminantes afectan a las plantas de tratamiento de agua, cuáles son los desafíos para operarlas y cuáles son los puntos débiles del sistema.

Los autores señalan que la mayoría de los estudios solo observan los primeros meses después de un incendio, y que hay poca información sobre lo que ocurre a largo plazo. Por eso, subrayan la importancia de tener un monitoreo continuo, para poder mejorar los modelos que ayudan a predecir los impactos y para entender cuánto tiempo pueden permanecer los contaminantes en el agua, incluidos los metales, los PAHs, los POPs y los químicos usados en la lucha contra el fuego.

Estrategias para reducir riesgos en un escenario de incendios más frecuentes

La temporada de incendios de 2025 registró una actividad intensa en el hemisferio norte, con récords históricos en Europa y el segundo mayor nivel de emisiones de carbono por incendios en Canadá desde 2003, según el monitoreo de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

En total, los incendios y la quema de biomasa liberaron cerca de 1.380 megatoneladas de carbono a la atmósfera entre enero y noviembre, con episodios especialmente graves en España, Portugal, Grecia y Turquía, así como en varias provincias de Canadá y la región de Los Ángeles. En contraste, Sudamérica experimentó uno de sus años más bajos en materia de incendios y emisiones.

Ante este escenario donde los incendios son cada vez más frecuentes e intensos, los resultados del trabajo subrayan que la protección del agua debe formar parte de la preparación y respuesta ante incendios forestales, como señalan los propios autores en The Conversation: “El primer paso es reconocer la protección del agua como parte de la preparación frente a incendios. Los servicios públicos y los gobiernos deberían conocer qué cuencas son más vulnerables a los incendios severos y a la escorrentía posterior”.

El artículo resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo tras incendios, para que las comunidades reciban información oportuna sobre los contaminantes presentes en sus fuentes de agua. “Sin monitoreo adecuado, los operadores de agua se ven obligados a reaccionar cuando la calidad ya ha sufrido un deterioro”, advierten.

Para la revisión científica, la integración de modelos predictivos, el monitoreo continuo y la adaptación de los sistemas de tratamiento resultan imprescindibles para reducir riesgos y costos. El texto menciona que tras los incendios, algunos sistemas tuvieron que cerrar tomas de agua y recurrir a fuentes alternativas, con aumentos considerables en los gastos operativos y en la demanda de productos químicos para el tratamiento.

Por último, los autores insisten en que la política de gestión de incendios y agua debe considerar la equidad, ya que las comunidades rurales o con menos recursos enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estas crisis. “Proteger el agua después de un incendio no es solo un tema ambiental, sino también de salud pública y equidad”, concluye el artículo de The Conversation firmado por los autores Qingshi Tu, Loretta Li y Raul de Leon Rabago.

Las motocicletas podrían convertirse en el próximo objetivo de las políticas ambientales en la CDMX y el Estado de México, pues algunas motos pueden emitir igual o incluso más contaminantes que ciertos automóviles, por lo que consideran necesario incluirlas en el programa Hoy No Circula.

El debate surgió tras las declaraciones de Iván Hernández Paniagua, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, quien alertó sobre el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas en el Valle de México y su impacto en la calidad del aire.

De acuerdo con el especialista, muchas motos carecen de convertidor catalítico o no reciben mantenimiento adecuado, lo que provoca emisiones elevadas de contaminantes. “Esta es una de las fuentes urgentes de emisiones que se deben regular”, señaló durante un foro sobre contaminación atmosférica.

¿Por qué las motos contaminan más que algunos autos?

Los expertos explican que el problema no está únicamente en la cantidad de motocicletas circulando, sino en la tecnología utilizada por muchos modelos.

Una motocicleta sin convertidor catalítico puede liberar más emisiones contaminantes que un automóvil moderno equipado con sistemas de control ambiental.

Además, organismos internacionales y autoridades ambientales han advertido desde hace años sobre el impacto ambiental de estos vehículos. El Observatorio Ambiental de Bogotá, citado en diversos análisis sobre movilidad, considera que las motos son importantes generadoras de material particulado, uno de los contaminantes más dañinos para la salud.

El aumento de motocicletas también está relacionado con problemas de movilidad y transporte público insuficiente, ya que muchas personas optan por este medio para evitar tráfico y reducir costos de traslado.

Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento sin regulación podría agravar las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Las motos ya tienen restricciones por contaminación?

Actualmente, las motocicletas están exentas del programa Hoy No Circula en condiciones normales en la CDMX y el Edomex.

No obstante, sí pueden enfrentar restricciones cuando se activa la Fase 2 de contingencia ambiental, escenario en el que entra en operación el llamado Doble Hoy No Circula. En esos casos, algunas motos deben suspender circulación temporalmente dependiendo de las disposiciones de las autoridades ambientales.

Semarnat prepara nuevas reglas para motocicletas

Mientras crece la discusión sobre incluirlas en el Hoy No Circula, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya trabaja en medidas para reducir las emisiones de las motos.

La dependencia presentó recientemente un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que busca establecer límites máximos de emisiones contaminantes para motocicletas nuevas, incluyendo hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

La propuesta también contempla que las nuevas motocicletas incorporen un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para monitorear en tiempo real el estado de emisiones de la unidad.

De aprobarse, las medidas aplicarían principalmente para motocicletas de dos ruedas con motores superiores a 50 centímetros cúbicos destinadas a circular en vía pública.

Expertos cuestionan efectividad actual del Hoy No Circula

Aunque algunos especialistas proponen incluir a las motos en el programa, otros investigadores de la UNAM también han cuestionado la efectividad actual del propio Hoy No Circula frente a la contaminación por ozono en el Valle de México.

Investigadores señalan que actualmente existen nuevas fuentes importantes de contaminación, como vapores de gasolina, solventes industriales y transporte de carga, por lo que consideran necesario actualizar las estrategias ambientales con base en evidencia científica reciente.

Caminar por una calle y encontrar una silla, una lámpara o una planta junto a un contenedor. Mirarlo y pensar: “Esto me vendría genial en casa. ¿Y si me lo llevo?”. Esa escena forma parte de la vida cotidiana de muchas personas, sobre todo en grandes ciudades, donde recoger objetos abandonados en la calle y darles una segunda vida ya no está necesariamente mal visto. Esta es la historia de Clara, una joven que vive en Madrid y que forma parte de este modelo de economía circular.

Más allá del gesto espontáneo de pasear y encontrar algo en la calle, han surgido formas más organizadas y propias de este siglo de dar una segunda vida a lo que otros desechan. A través de internet, especialmente mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, se han creado canales donde los objetos circulan antes de convertirse en residuos.

En distintos barrios de Madrid existen grupos de Telegram en los que los vecinos comparten fotografías de muebles abandonados u objetos de los que quieren deshacerse antes de tirarlos. Algunos de estos grupos definen su propósito de forma explícita en su descripción: “Fomentar la solidaridad entre vecinos, alejándonos de lógicas capitalistas de consumo”. Más que simples canales para regalar objetos, funcionan como redes informales de reutilización y apoyo.

Redes vecinales de reutilización

Clara llegó a uno de estos grupos tras mudarse de Granada a Madrid. En su ciudad anterior ya participaba en iniciativas similares, pero en la capital descubrió comunidades organizadas por barrios y distritos bajo el nombre de “No lo tires”. “Es un grupo donde, si ves cosas en la basura y no lo quieres, mandas una foto y su ubicación para que pueda ir otra persona”, explica.

Para esta joven, recoger cosas de la calle nunca ha tenido tanto que ver con el ahorro como con la sostenibilidad y la responsabilidad. “Si veo cosas que están bien, siempre me gusta mirar a ver si me las puedo llevar”, cuenta. Por ello, en su casa conserva plantas de aloe vera, macetas, pequeños muebles, tazas y otros objetos que algunas personas habían decidido desechar. Su hallazgo más reciente es un banco metálico de vestuario. “Me siento ahí en la terraza y me viene superbien”, dice entre risas.

En ocasiones, explica, se encuentran auténticas viviendas vaciadas. “A veces vacían casas; esas son las mejores veces. Igual se muere la persona que vivía ahí y lo dejan todo fuera”. Vajilla, muebles, ropa, plantas, libros o pequeños objetos personales aparecen amontonados junto a los contenedores, a la espera de que alguien pase antes de que llegue el camión de basura.

La calle como escaparate

Esta práctica, conocida en algunos países como trash hunting, ha adquirido en los últimos años una visibilidad creciente. Una de las claves de este fenómeno tan habitual es la casualidad. “Si alguien deja algo en la calle, no va a llegar a otra persona de ninguna manera, a no ser que pase casualmente por ahí”, explica Sandra, administradora de la cuenta de Instagram Estoy en la basura, que supera los 66.000 seguidores.

Sandra creó la cuenta a finales de 2020, durante la pandemia. Después de trabajar, paseaba por las calles de Madrid y empezó a fijarse cada vez más en la cantidad de objetos abandonados junto a los contenedores. “Veía muchísimas cosas nuevas o muy útiles y me daba rabia no poder llevármelas”, recuerda. Al principio intentaba quedárselo o repartirlos entre amigos, pero pronto entendió que era imposible. Fue entonces cuando decidió utilizar Instagram como una herramienta para conectar esos objetos con otras personas antes de que terminaran desechados.

Lo que comenzó como una cuenta donde compartir hallazgos terminó convirtiéndose en una red colaborativa. Cada día recibe mensajes de personas que envían fotografías, ubicaciones o directamente objetos que quieren regalar antes de tirarlos. Sandra tiene claro el objetivo: “Hacer feliz a la gente al encontrar algo gratis que necesita y, por otro lado, evitar el desperdicio de algo que todavía puede ser útil”, explica.

Con el tiempo, la cuenta ha acabado influyendo también en la forma en que muchas personas consumen. “Hay gente que piensa: ‘Voy a esperar a ver si aparece en la cuenta en vez de comprármelo’”, relata. Asimismo, considera que iniciativas como esta contribuyen a normalizar la segunda mano, la restauración y una relación menos impulsiva con los objetos.

Cuando la basura todavía sirve

Sin embargo, tanto Sandra como Clara coinciden en que todavía existe un fuerte prejuicio hacia “las cosas de la basura”. “Se supone que la basura es lo que desechas”, dice Clara, “pero si las cosas están bien”. Para ella, detrás de muchos objetos abandonados hay también una forma de desigualdad en la relación con el consumo. “Es un privilegio decir: esto no me sirve, pues lo tiro y que el resto se apañe”, reflexiona. “Hay personas que realmente necesitan cosas que a otros les sobran”, añade.

Sandra, por su parte, insiste en que muchas personas creen erróneamente que los objetos abandonados o incluso los llevados al punto limpio tendrán automáticamente una segunda vida. “Todo eso se desperdicia”, afirma. En el caso de la ciudad de Madrid, los muebles y enseres recogidos a través de los canales municipales se destinan principalmente a su gestión como residuo en puntos limpios y plantas de tratamiento, mientras que la reutilización se realiza a través de ReMAD.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, este servicio de economía circular ha permitido la reutilización de más de 85.000 artículos, con una tasa de reutilización cercana al 87%. Sin embargo, estos datos corresponden únicamente a este sistema específico y muestran que la reutilización sigue representando una parte pequeña del total de objetos gestionados en la ciudad. En consecuencia, una parte significativa del mobiliario y los enseres domésticos recogidos por los servicios municipales continúa su recorrido hacia el reciclaje, tratamiento o eliminación.

Una tendencia en crecimiento

Mientras tanto, la ciudad sigue generando objetos de forma constante entre quienes participan en esta economía circular. “Madrid es una ciudad en constante cambio”, explica Sandra. Mudanzas, viviendas temporales, estudiantes que abandonan habitaciones o personas que regresan a sus lugares de origen hacen que ciertos barrios acumulen más objetos abandonados que otros, especialmente en zonas céntricas o próximas a universidades. Y aun así, muchos de esos objetos apenas permanecen unos minutos en la calle. “Si algo es muy suculento, no va a durar nada”, cuenta Sandra.

Tras más de cinco años documentando este fenómeno en redes, hace apenas unas semanas decidió dar un paso más y organizar su primer “mercadillo a 0 euros”, en el que reunió muebles, ropa, decoración y utensilios recogidos durante meses con una única intención: regalarlos. El resultado fue un éxito. “Eso mismo debería pensar nuestra ciudad: vamos a coger esto y lo vamos a regalar porque esto está bien”, defiende.

Independientemente del formato, ya sea un paseo por la calle, un grupo de mensajería o una cuenta en redes sociales, todo apunta a una misma tendencia. Una práctica que, en muchos casos, ya no responde únicamente a la necesidad, sino también a una convicción creciente en la reutilización, el reciclaje y el cuestionamiento del modelo de consumo acelerado. En una sociedad que genera cada vez más productos y residuos, estas iniciativas emergen como una forma alternativa de relación con los objetos, aunque todavía insuficiente frente al volumen de lo que se desecha.

Las ciudades afrontan el reto de adaptarse a un clima cada vez más cálido y a la demanda social de espacios urbanos menos contaminantes. Barcelona pondrá en marcha un plan pionero para sustituir el asfalto tradicional por materiales obtenidos de restos de aceituna y madera, con la meta de reducir hasta un 76% las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la pavimentación de calles. Esta apuesta por residuos agrícolas y piezas reaprovechadas busca transformar la forma en que se diseñan, construyen y mantienen las infraestructuras urbanas.

El impulso por encontrar soluciones más ecológicas responde tanto a la presión de las facturas energéticas como al aumento de olas de calor, que obligan a repensar desde el suelo que se pisa hasta la procedencia de cada material utilizado. La iniciativa parte del Ayuntamiento de Barcelona, que ha hecho público su objetivo de rebajar la contaminación urbana y prolongar la vida útil de los pavimentos. El cambio llega en un momento en que la ciudadanía exige espacios más frescos, menos tráfico agresivo y mayor comodidad para caminar durante el verano.

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La estrategia municipal no solo pretende reducir las emisiones en la fabricación y el transporte de materiales, sino que también abre la puerta a integrar tecnologías adicionales y modificar la construcción habitual de las calles para lograr una ciudad más sostenible.

Nuevos asfaltos con menos carbono

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la empresa pública BIMSA y entidades como BIT Habitat y la Diputación de Barcelona, seleccionó dos propuestas principales para renovar el pavimento urbano. La primera, llamada Biochar, utiliza carbón vegetal obtenido a partir de huesos de aceituna y biomasa de pino para sustituir el filler calcáreo típico de las mezclas asfálticas. Esta innovación permite recortar cerca del 76% de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la fabricación del asfalto.

El proyecto Biochar fue desarrollado por ELSAN, AMSA y la Universitat Politècnica de Catalunya, con la tecnología de Carboliva para transformar residuos orgánicos en un componente capaz de almacenar carbono dentro del pavimento. El resultado es un material que, según los ensayos técnicos, no solo iguala o supera la resistencia del asfalto convencional, sino que también mejora la respuesta ante el agua y los cambios de temperatura, y reduce problemas de fisuración.

La segunda propuesta, RePavimenta, apuesta por componentes reciclados para conseguir una reducción del 50% en las emisiones vinculadas al CO2. Ambas iniciativas forman parte de la convocatoria “La sección de calle del siglo XXI”, que exigía soluciones inéditas en el mercado y que contó con seis propuestas finalistas.

Los responsables municipales subrayan que la fase de investigación y prototipado se mantendrá abierta hasta septiembre de 2026. Después, las pruebas piloto se trasladarán a distintas obras del espacio público de la ciudad durante un año, bajo la gestión de BIMSA, para comprobar en condiciones reales la resistencia, la durabilidad y la viabilidad de extender estos sistemas a más calles.

Cada uno de los equipos ganadores dispone de 90.000 euros para cubrir el diseño, las pruebas y el seguimiento de los materiales, una cantidad que representa aproximadamente el 80% del coste total de los proyectos seleccionados.

De la baldosa reutilizada al asfalto ecológico

La apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por materiales sostenibles no es nueva. En 2022, la ciudad ya había lanzado una convocatoria para renovar el clásico panot barcelonés, la baldosa que pavimenta las aceras, buscando mantener su imagen tradicional mediante la incorporación de materiales reutilizados. Esta línea de trabajo se amplía ahora hacia las capas interiores del asfalto y de las calzadas, con el objetivo de transformar materiales ampliamente empleados en la construcción urbana sin alterar el funcionamiento cotidiano de las calles.

El biochar utilizado en este proyecto se elabora a partir de residuos de aceituna y restos de pino, tratados para producir carbón vegetal. Este componente actúa como sumidero de carbono, lo que contribuye a reducir las emisiones generadas tanto en la fabricación como en la vida útil del pavimento. Las primeras calles de Barcelona con este asfalto ecológico comenzarán a instalarse en 2027, con la intención de evaluar si los materiales procedentes de residuos agrícolas pueden integrarse en futuras obras sin incrementar los costes ni disminuir la resistencia del firme.

El objetivo municipal es claro: convertir el suelo urbano en una herramienta activa contra la contaminación, capaz de soportar altas temperaturas y de alargar la vida útil de las calles. El seguimiento técnico de las obras piloto permitirá determinar si parte del calor y de las emisiones urbanas pueden reducirse desde el propio pavimento, abriendo así una nueva etapa en la gestión sostenible de las ciudades.

El ajolote, símbolo único de la biodiversidad mexicana, enfrenta serios desafíos para sobrevivir en su entorno natural dentro de la Ciudad de México.

La transformación del sistema lacustre de Xochimilco, la contaminación del agua y la presencia de especies invasoras han puesto en riesgo a esta especie endémica.

Además, la expansión urbana y la pérdida de hábitat han reducido drásticamente sus poblaciones en vida silvestre. Entender los retos que enfrenta el ajolote es fundamental para impulsar acciones que aseguren su conservación y recuperación en los canales de Xochimilco.

5 razones por las cuáles el ajolote es una animal casi extinto en vida salvaje en la Ciudad de México

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las siguientes son las cinco razones principales por las que el ajolote (Ambystoma mexicanum) está al borde de la extinción en vida salvaje en la Ciudad de México:

1. Pérdida y fragmentación de hábitat: El crecimiento urbano y la expansión de la mancha urbana han reducido drásticamente el sistema lacustre de Xochimilco y Chalco, donde habita el ajolote. La reducción de canales y humedales limita sus espacios para alimentarse y reproducirse.
2. Contaminación del agua: El vertido de aguas residuales, desechos industriales y pesticidas en los canales y lagos de Xochimilco degrada la calidad del agua, afectando la salud y supervivencia de los ajolotes.
3. Introducción de especies invasoras: Peces como la tilapia y la carpa, introducidos para consumo humano, compiten por alimento, depredan huevos y larvas de ajolote y alteran el ecosistema acuático.
4. Extracción ilegal y comercio: La captura de ajolotes para venta como mascotas, uso en investigaciones y medicina tradicional reduce las poblaciones silvestres.
5. Cambio climático: Las alteraciones en la temperatura y las lluvias afectan la estabilidad del hábitat acuático, disminuyendo la disponibilidad de agua y afectando los ciclos reproductivos del ajolote.

5 acciones que podrían devolver a los ajolotes a su habitad natural en la ciudad de México

Por su parte, las siguientes son cinco acciones que podrían ayudar a devolver a los ajolotes a su hábitat natural en la Ciudad de México y favorecer su recuperación en vida silvestre:

1. Restaurar y conservar los canales y humedales de Xochimilco: Rehabilitar el sistema lacustre, limpiar los canales y reforestar las chinampas para recuperar el entorno que los ajolotes necesitan para vivir, alimentarse y reproducirse.
2. Controlar la contaminación del agua: Mejorar el tratamiento de aguas residuales, reducir el vertido de desechos y promover prácticas agrícolas sostenibles para garantizar agua limpia y de calidad en los canales.
3. Eliminar o controlar especies invasoras: Implementar programas para retirar o controlar poblaciones de tilapia, carpa y otros peces exóticos que depredan y compiten con los ajolotes, restableciendo el equilibrio ecológico del hábitat.
4. Reintroducción de ajolotes criados en cautiverio: Criar ajolotes en laboratorios y centros especializados para su posterior liberación en zonas recuperadas y monitoreadas, asegurando condiciones adecuadas para su supervivencia.
5. Educación ambiental y participación comunitaria: Involucrar a habitantes locales, agricultores y visitantes en la protección del ajolote y su hábitat, difundiendo la importancia de la especie y fomentando prácticas responsables en la zona de Xochimilco.

Una problemática que enfrentan las grandes ciudades en las últimas décadas está entrando en fases cada vez más críticas: el colapso del tránsito por la cantidad de autos en circulación. El crecimiento demográfico, la expansión urbana y la preferencia por los vehículos privados han llevado a que numerosos centros urbanos experimenten niveles récord de congestión. Un informe de TomTom Traffic Index de 2026 revela que, de casi 500 ciudades analizadas durante 2025, solo 34 lograron reducir el tiempo de traslado por kilómetro respecto al año anterior, mientras que en la mayoría de las urbes, los tiempos de viaje aumentaron de forma sostenida.

Ciudades como Londres, Dublín, Ciudad de México, Barcelona y San Francisco figuran entre las más afectadas, con promedios de velocidad que en horarios pico caen a menos de 20 km/h y trayectos que, en algunos casos, pueden demorar más de tres minutos por cada kilómetro recorrido.

El impacto de la congestión vehicular resulta especialmente grave en las ciudades más pobladas del planeta. Según el mismo índice, la capital mexicana encabeza el ranking mundial de congestión con un nivel del 75,9%, mientras que Bengaluru en la India y Dublín en Irlanda superan el 72%.

Según los datos, un habitante puede perder entre 150 y 200 horas al año atrapado en el tráfico, lo que afecta la productividad, la salud mental y la calidad de vida. Además, ciudades sudamericanas como Barranquilla y Bogotá muestran que la saturación vial no es exclusiva de las megaciudades, sino que se extiende a intermedias con infraestructura insuficiente para el parque automotor actual. Bajo este panorama, expertos han desarrollado soluciones para atenuar el colapso de calles, avenidas y autopistas.

Soluciones para reducir el tráfico en ciudades

1. Transporte público eficiente y accesible

Garantizar que el transporte público cubra las necesidades reales de movilidad es uno de los pasos iniciales para disminuir la dependencia del coche. Alissa Kendall, directora del Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad de California, destaca que la clave está en ofrecer trayectos rápidos y conexiones útiles, ya que los servicios lentos o limitados no logran convencer a quienes pueden permitirse un automóvil ni satisfacen a quienes dependen del sistema público.

Por ello, ampliar y mejorar la red de transporte colectivo representa una base esencial en la transformación urbana, explica a The Guardian.

La experiencia de ciudades extensas muestra que incentivar el uso del colectivo o el tren puede traducirse en ahorros y menos tráfico. Por eso, los esfuerzos deben centrarse en la calidad, la frecuencia y la cobertura del transporte más que en su gratuidad.

2. Espacios verdes, ciclovías y priorización de peatones

Rediseñar el espacio público para priorizar peatones y ciclistas es otra de las vías más rápidas para revitalizar la vida urbana y reducir el tráfico, según recomendaciones de expertos. Las ciudades que han reconvertido plazas de estacionamiento en zonas verdes, habilitado carriles exclusivos para bicicleta y peatonalizado calles han conseguido fomentar medios de transporte activos y seguros.

Hannah Budnitz, de la Universidad de Oxford, subraya que los autos utilizan el espacio de manera ineficiente, especialmente en horas pico, y la mayoría permanece estacionada gran parte del tiempo. Por ello, devolver el espacio urbano a otros modos de movilidad se convierte en una estrategia poderosa.

Las ciudades que han experimentado con cierres temporales de calles al tráfico, como Münster en Alemania y Estocolmo en Suecia, han logrado reducir la oposición pública mostrando en la práctica los beneficios de un entorno menos dominado por el automóvil. Estas medidas permiten que los residentes experimenten directamente mejoras en calidad de vida y seguridad vial.

3. Movilidad activa y superación de barreras sociales

Entender las razones por las que la población sigue optando por conducir es fundamental para diseñar soluciones efectivas. Brian Caulfield, profesor de transporte en el Trinity College de Dublín, señala que las barreras para el uso de transporte público, la bicicleta o el caminar pueden ser culturales, de seguridad o de accesibilidad, y solo una consulta exhaustiva permite identificarlas.

Soluciones como ampliar los horarios nocturnos del transporte o mejorar la iluminación urbana pueden resultar más atractivas para quienes aún dependen del vehículo particular. Además, normalizar el uso del transporte público ayuda a combatir el estigma que asocia a colectivos y trenes con la pobreza, indican los especialistas.

El problema en las periferias de grandes ciudades

Uno de los mayores retos para reducir la cultura del vehículo particular se presenta fuera de los centros urbanos, en las zonas periféricas y suburbios. En estas áreas, la distancia entre los hogares y los lugares de trabajo, así como la escasa densidad urbana, complica la implantación de soluciones eficientes de movilidad alternativa.

Susana López-Aparicio, subdirectora de medio ambiente urbano en el instituto de investigación NILU de Noruega, señala que la discrepancia territorial entre residencia y empleo es una de las causas centrales de los problemas de tráfico en las grandes ciudades europeas, reflejándose en la congestión diaria durante las horas pico.

Mejorar el transporte público en estas zonas resulta fundamental, aunque representa un desafío adicional, ya que muchas veces las periferias quedan fuera del alcance directo de los gobiernos municipales. La estrategia pasa por ampliar la cobertura y la frecuencia de los servicios, asegurando que los habitantes de los suburbios tengan alternativas reales al coche privado.

López-Aparicio lo comprobó en un estudio sobre la expansión urbana de Varsovia y también en su experiencia personal tras mudarse de las afueras al centro de Oslo. Con el cambio, no solo ganó acceso a más opciones de transporte público, sino que además pudo realizar sus actividades cotidianas caminando. Esta vivencia ilustra cómo una mejor planificación urbana puede contribuir a disminuir la necesidad de desplazamientos largos y, por ende, la dependencia del automóvil.

Efectos de la restricción al tráfico

El colapso de calles, avenidas y autopistas no es la única problemática que surge a partir de la gran cantidad de autos. La contaminación también juega un papel central y algunas soluciones pueden mitigar los efectos de ambas complicaciones al mismo tiempo. En respuesta a episodios de polución atmosférica severa, varias ciudades italianas han implementado restricciones temporales al tráfico con el objetivo de reducir las emisiones nocivas y mejorar la calidad del aire.

Más de una docena de municipios italianos, incluyendo Turín, capital de la región de Piamonte, prohibieron la circulación de coches fabricados antes de 2013 en días de alta suciedad. Estas medidas suelen activarse cuando se registran periodos prolongados de tiempo soleado, poca lluvia y ausencia de viento, condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes. En ciudades que se encuentran en valles o cadenas montañosas, como Santiago de Chile o Ciudad de México, el efecto es aún peor.

Según información de Reuters, durante uno de estos episodios, más de 60 municipios italianos activaron alertas por niebla tóxica y elevaron los niveles de restricción. En la región de Lombardía, Milán había anunciado prohibiciones similares, aunque tuvieron que ser levantadas temporalmente ante una huelga de transporte público que amenazaba con dejar a la población sin alternativas de movilidad. Este caso ilustra cómo la efectividad de las restricciones depende en gran medida de la existencia de un sistema de transporte alternativo eficiente y accesible.

El ingeniero Renato Grampa explica que la geografía de Milán, rodeada de montañas, contribuye al problema. Cuando no hay viento, el aire queda estancado en el valle, atrapando las emisiones provenientes tanto de los autos como de los sistemas de calefacción.

El Índice de Calidad del Aire mostró que Italia figuraba entre los países más contaminados de Europa occidental en ese momento, con niveles considerados insalubres, especialmente en la Toscana, donde se alcanzó un máximo de 170 puntos (catalogado como poco saludable) en el índice internacional. Ciudades como Florencia y otras siete localidades toscanas prohibieron entonces la circulación de vehículos altamente contaminantes durante cinco días.

La preocupación aumentó tras el reciente siniestro protagonizado por buses del Metropolitano en Lima. Según explicó Alberto Morisaki, gerente de operaciones y analítica de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), varias de estas unidades ya tienen alrededor de 17 años de funcionamiento, un periodo que, aseguró, excede el ciclo recomendado para este tipo de vehículos de transporte masivo.

Morisaki afirmó que la permanencia de unidades antiguas no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también eleva considerablemente los niveles de contaminación del aire. En ese contexto, alertó que el Perú ha empeorado su posición en los rankings internacionales de calidad ambiental.

Dentro de 143 países, Perú aparece ahora en el puesto 40 entre los más contaminados. El año pasado estaba en el puesto 58, según Morisaki, al explicar el impacto de las emisiones vehiculares en las principales ciudades del país.

Arequipa supera hasta cinco veces lo recomendado por la OMS

Aunque históricamente Lima ha sido señalada como la ciudad con mayor contaminación debido al tráfico y la congestión vehicular, el problema ya se extiende a otras regiones. Morisaki indicó que Arequipa figura actualmente entre las ciudades más contaminadas de Latinoamérica.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el representante de la AAP, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo de 5 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire. Sin embargo, Arequipa registra alrededor de 26 microgramos, mientras que Lima alcanza cerca de 20.

Además, ciudades como Cusco y Trujillo ya presentan niveles que duplican lo recomendado internacionalmente, reflejando un problema ambiental que se ha extendido más allá de la capital.

Piden retiro urgente de vehículos antiguos

Frente a este panorama, el especialista insiste en la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a retirar de circulación las unidades más antiguas y contaminantes.

Entre las principales propuestas figura el fortalecimiento del denominado “bono del chatarrero”, un mecanismo que busca incentivar económicamente la salida definitiva de vehículos obsoletos. No obstante, Morisaki explicó que, aunque el marco legal y el reglamento ya existen, el principal problema es la falta de presupuesto.

“El Ministerio de Economía tendría que destinar fondos para que realmente se chatarreen vehículos que aún están circulando y contaminando”, sostuvo.

Actualmente, explicó, el achatarramiento se aplica principalmente a unidades abandonadas en depósitos municipales o policiales, las cuales ya no operan ni generan emisiones en las calles.

Inspecciones técnicas bajo cuestionamiento

Otro de los puntos críticos mencionados fue la debilidad del sistema de inspecciones técnicas vehiculares. Según indicó Morisaki, muchas unidades en evidente estado de deterioro continúan obteniendo autorización para circular.

“Hay vehículos que se caen a pedazos, con lunas sujetadas con plástico, parachoques amarrados con alambres y aun así siguen operando”, cuestionó.

Para el especialista, sin controles técnicos rigurosos será imposible retirar de las vías a los vehículos altamente contaminantes y peligrosos.

Incentivos para vehículos menos contaminantes

La Asociación Automotriz del Perú también planteó impulsar medidas que faciliten el ingreso y uso de tecnologías más limpias. Entre ellas figuran la masificación del gas natural vehicular (GNV), incentivos tributarios para vehículos híbridos y eléctricos, así como políticas que aceleren la renovación del parque automotor.

Sin embargo, advirtió que actualmente no existen medidas suficientemente agresivas para promover esta transición, lo que mantiene al país con altos niveles de contaminación atmosférica y una flota vehicular envejecida.

Con el objetivo de reducir la contaminación por plástico, que supone en la actualidad uno de los mayores problemas medioambientales que afecta a todo el mundo, la Unión Europea trabaja para impulsar un sistema que permita reutilizar y/o reciclar la gran mayoría de los envases.

Con el objetivo de perseguir esta meta, apuesta por el fomento de la economía circular a través del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que ya funciona en decenas de países con éxito. Este método permite a los ciudadanos recuperar un depósito de algunos céntimos, que se paga en el momento de la compra del producto, por devolver las latas y botellas vacías del agua, los refrescos, zumos y cervezas en los comercios.

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El Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, aplicable a partir del próximo 12 de agosto de 2026, obligará a que todos los Estados miembros cuenten con el SDDR antes de 2029 para garantizar la recogida separada de al menos el 90 % en peso. Esto se aplicará a las botellas de plástico y recipientes de metal de un solo uso para bebidas con una capacidad de hasta tres litros.

Este depósito, que se prevé que sea de aproximadamente 10 céntimos y que será devuelto en el propio establecimiento de la compra o en otro punto autorizado cuando se retorne el envase, no solamente afectará a tiendas y supermercados. La normativa europea recoge que este sistema también sea aplicado en hostelería y restauración, algo que está causando cierta controversia porque dentro de no mucho tiempo podremos ver en el ticket un pequeño suplemento extra.

¿Los bares y restaurantes cobrarán un suplemento extra?

Los bares y restaurantes que empleen estos envases que deben acogerse al sistema de devolución estarán obligados a cobrar un extra a los consumidores por su uso, pero que será retornable cuando se devuelva el envase vacío. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces estos productos se consumen en el propio establecimiento, ¿tiene sentido?

El propio Reglamento de la UE señala que los negocios del sector de la hotelería y la restauración (canal HORECA: hoteles, bares, restaurantes, cafeterías...) podrían quedar exentos de la normativa de cobrar un suplemento retornable si el envase se abre, se consume y, una vez vacío, se devuelve en el local. Sin embargo, serán los propios Estados miembros los que decidirán si esto es así o si el establecimiento debe cobrar igualmente el extra, aunque este sea devuelto a los 5 minutos.

¿Cuáles serán las sanciones si no se cumplen?

Los propios países serán los encargados de definir el marco sancionador en caso de que los establecimientos no cobren este depósito. Esto debe hacerse antes del 12 de febrero de 2027, fecha límite para comunicárselo a la Comisión Europea, y las sanciones deben ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

Desde Bruselas se podrán aplicar sanciones a los Estados miembros si no se cumplen los objetivos de recogida separada de envases de plástico y metal de un solo uso.

España debe implantar el SDDR antes del 22 de noviembre

El horizonte de España para implementar el SDDR es mucho más cercano: debe ponerse en marcha antes del 22 de noviembre de este año, aunque el proceso ha acumulado retrasos que hacen pensar que no se cumplirá el plazo.

Esto es debido a que España incumplió en 2023 el objetivo de recogida por separado del 70 %, quedándose en solamente un 41,3 %. Ante este escenario y con el propósito de cumplir los objetivos de recogida de la UE (77 % para 2025 y 90 % para 2029), la Ley 7/2022 de residuos establece que se implementaría en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de devolución de envases. Al no haber llegado al de 2023 y habiéndose conocido este dato en 2024, España debe ponerlo en marcha este 2026.

Sin embargo, a los retrasos en la implantación del sistema se suma el hecho de que la Comunidad de Madrid tiene hasta el 22 de mayo para resolver las autorizaciones pendientes de las cuatro organizaciones que se han presentado como potenciales operadores. Desde las asociaciones que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA reclaman al Ejecutivo autonómico que desbloquee el proceso para que el SDDR pueda ponerse en marcha cuanto antes.

Desde el pasado mes de abril, Portugal ya cuenta con un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para latas y botellas de plástico. Este nuevo procedimiento, que se llama A Volta, permite a los ciudadanos recuperar un depósito de 10 céntimos, que se paga en el momento de la compra del producto, por devolver el envase vacío del agua, los refrescos, zumos y cervezas en tiendas y supermercados.

Este sistema, que ya funciona en decenas de países, permite recuperar de media el 90 % de los envases para su reutilización y/o reciclaje en otros nuevos, solucionando uno de los grandes problemas medioambientales que enfrentamos en la actualidad: la contaminación causada por latas, briks y botellas de plástico.

Tras implementarse el SDDR en Portugal, las miradas se dirigen hacia España, donde el sistema debería ponerse en marcha antes del próximo 22 de noviembre. Sin embargo, el procedimiento se encuentra paralizado en nuestro país y en el horizonte no se vislumbra todavía que dentro de poco vaya a ser habitual observar las máquinas de devolución de envases en las tiendas y los supermercados.

Los retrasos dificultan que el sistema en España se pueda implementar en el plazo estipulado y distintas organizaciones sociales, ambientales, vecinales, de consumidores, educativas y territoriales se centran ahora en salvar la principal barrera con la que cuenta el proyecto: la Comunidad de Madrid.

Piden que la Comunidad de Madrid resuelva las autorizaciones

La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid tiene hasta el próximo 22 de mayo para resolver las autorizaciones pendientes para poner en marcha el SDDR en España. Tal y como señalan desde las asociaciones que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, esta autorización lleva meses paralizada y, de hecho, se encuentra ya en plazo extraordinario.

“Hay cuatro organizaciones que se han presentado para ser operadores de este sistema. Y aquí tenemos el gran cuello de botella, que es la Comunidad de Madrid”, donde los cuatro potenciales operadores tienen su sede, explica a Infobae Miquel Roset, portavoz de la asociación Retorna, una de las principales impulsoras del SDDR en España. “Si la Comunidad de Madrid no autoriza, de facto, a modo de filibusterismo, estará bloqueando una ley de Estado que dice que el sistema de depósito tiene que empezar en noviembre de este año”. Roset señala que el “hermetismo” de la Comunidad de Madrid en este sentido está impidiendo la colaboración para la puesta en marcha.

“Cumplir con este procedimiento no es únicamente una cuestión administrativa, sino una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de reciclaje”, destaca el manifiesto firmado por más de 130 organizaciones.

Roset indica que es fundamental una declaración pública, “que incluya al MITECO, al Gobierno, a los productores de las bebidas, a la distribución, a los comercios y a la sociedad civil, con un compromiso firme de fecha de comienza de puesta en marcha de este sistema”.

40 millones de envases se pierden diariamente en España

Estos sistemas de devolución no son nuevos en España. Hasta los años 80 existía en nuestro país la práctica de “devolver el casco”, que permitía a los productores recuperar las botellas de vidrio. “Tú pagabas el producto y dejabas un pequeño depósito que hacía que todo el mundo devolviese ese envase vacío a las tiendas”, explica Roset. “Y, si no lo hacía porque lo dejaba botado por algún lugar, alguien lo recogía y lo llevaba a cualquier tienda. Te daba la oportunidad de comprar una bebida sin tener que dejar el depósito”.

Después irrumpieron los envases de un solo uso: “Sobre el papel son geniales porque no pesan, no se rompen como el vidrio, se transportan mejor y aparte no tienes que dejar una seña ni devolverlos a ningún lugar”. El gran inconveniente es que esto ha desplazado por completo a los envases reutilizables, provocando un problema enorme de contaminación.

Se estima que el Estado español pierde cada día casi 40 millones de latas, botellas y briks que acaban en una planta de incineración o en un vertedero. “Eso en el mejor de los casos”, explica Roset. “Lo peor es que acaben debajo de un banco, en una calle, en un camino, en un bosque, en un río o en el mar. Lo que era muy práctico ha pasado a ser un problema de contaminación. Las botellas de plástico son el artículo que más acaba abandonado en todo el mundo”.

La puesta en marcha del sistema de devolución en España permitiría recogerlos, tratarlos para su reutilización o reciclarlos para hacer nuevos envases en lugar de que acaben perdidos.

¿Por qué España debe implantar el SDDR?

La Directiva (UE) 2019/904 establece que los Estados miembros deben garantizar una recogida por separado de una cantidad de residuos de plástico de un solo uso equivalente al 77 % en peso respecto al introducido en el mercado para 2025 y al 90 % para 2029.

Para cumplir estos objetivos, España dispuso, en su Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuatro horizontes temporales en cuanto a objetivos de recogida: 70 % para 2023, 77 % para 2025, 85 % para 2027 y 90 % para 2029. La norma establece que, en el caso de que no se cumpliesen los objetivos fijados para 2023 y 2027 a nivel nacional, se implementaría en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de devolución de envases que garantizase el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de 2025 y 2029.

Esto fue precisamente lo que ocurrió en 2023. España incumplió el objetivo de recogida separada de botellas de plástico, quedándose en un 41,3 %, muy lejos del 70 %. Este incumplimiento activó automáticamente la obligación de implantar el sistema de depósito.

Ahora España se enfrenta al reto de ponerlo en marcha en el plazo estipulado por la normativa española, el 22 de noviembre de este año, algo que resulta muy complicado “por todos los retrasos que se han ido acumulando”. Asimismo, el Reglamento (UE) 2025/40 establece antes de 2029 los países de la Unión Europea adoptarán las medidas necesarias para garantizar la recogida separada de al menos el 90 % en peso, para lo que será necesario garantizar que se establezcan sistemas de depósito, devolución y retorno.

Algunos miembros de la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, de las que forma parte Retorna, tuvieron recientemente una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que les trasladó que se está haciendo todo lo posible desde el Ministerio para que la Comunidad de Madrid autorice y el proceso avance para ponerlo en marcha lo antes posible. La pelota ahora, según han reclamado las organizaciones, se encuentra en el tejado del Ejecutivo madrileño.

Durante la segunda quincena de mayo de 2026, el Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi (MDEQ) emitió una serie de advertencias para cinco playas del Golfo debido a la presencia de bacterias fecales detectadas tras precipitaciones intensas. Las autoridades recomendaron evitar el baño y el contacto directo con el agua en Bay St. Louis Beach, Long Beach Beach, Gulfport West, Gulfport Harbor y Biloxi East Central Beach, una medida que afecta tanto a residentes locales como a turistas, según informó el propio organismo en su sitio oficial.

El MDEQ confirmó a través de su último boletín que la detección de niveles elevados de enterococos motivó la decisión, una bacteria que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), indica contaminación por materia fecal y puede provocar enfermedades en humanos. La información fue difundida originalmente por FOX Weather y ratificada por fuentes institucionales estatales y federales, entre ellas la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Las advertencias por contaminación bacteriana en el litoral de Mississippi son recurrentes tras lluvias de gran magnitud, ya que el escurrimiento superficial transporta residuos urbanos y excrementos animales hacia la costa. Según el programa oficial de monitoreo, la restricción se mantiene hasta que los análisis del agua muestren parámetros compatibles con la normativa sanitaria vigente.

¿Qué playas de Mississippi están bajo advertencia por bacterias fecales?

Cinco playas ubicadas en el condado de Harrison y áreas cercanas continúan bajo advertencia a mediados de mayo, según el último parte del Mississippi Department of Environmental Quality (MDEQ). Las zonas afectadas son:

• Bay St. Louis Beach
• Long Beach Beach
• Gulfport West Beach
• Gulfport Harbor Beach
• Biloxi East Central Beach

La advertencia implica que el MDEQ recomienda no nadar ni entrar en contacto con el agua en estos sectores. Aunque las playas permanecen abiertas al público, la restricción busca proteger la salud de los visitantes ante posibles enfermedades asociadas a la exposición a bacterias enterococos, indicaron las autoridades estatales en su comunicado oficial.

¿Qué son los enterococos y cómo afectan la salud humana?

Los enterococos son bacterias que, según la EPA, habitan en el tracto digestivo de animales de sangre caliente y se utilizan como indicadores de contaminación fecal en aguas recreativas. La exposición a estos microorganismos puede generar infecciones gastrointestinales, problemas dermatológicos y complicaciones en personas inmunosuprimidas o niños pequeños.

La EPA explica que la presencia de enterococos en playas puede deberse a descargas de aguas residuales sin tratar, escurrimiento pluvial tras tormentas o acumulación de residuos animales en áreas urbanas y rurales. El MDEQ subraya que la vigilancia es constante y se ajusta a los estándares federales de calidad del agua.

¿Por qué se producen estas advertencias tras las lluvias?

Las advertencias del MDEQ se activan tras episodios de lluvias intensas, ya que el agua arrastra contaminantes desde calles, sistemas cloacales y zonas rurales hacia el mar. Este fenómeno, conocido como escorrentía superficial, incrementa los niveles de bacterias en la zona costera.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el monitoreo debe reforzarse después de precipitaciones significativas, pues el riesgo de exposición a patógenos aumenta de manera considerable. La agencia federal recomienda evitar el baño durante y hasta 24 horas después de las lluvias, una sugerencia replicada por el MDEQ en sus comunicados oficiales.

“La recomendación es no nadar en aguas costeras durante o poco después de tormentas fuertes, ya que los niveles bacterianos suelen superar los límites seguros”, indicó el MDEQ en su reporte semanal.

¿Cuánto duran las advertencias y cómo se determina su levantamiento?

La duración de las advertencias por bacterias fecales depende del resultado de los muestreos periódicos realizados por el MDEQ. En algunos casos, los avisos pueden mantenerse durante días o semanas, hasta que los análisis consecutivos muestren que los niveles de enterococos regresaron a valores aceptables.

La última advertencia para Bay St. Louis Beach fue renovada tras analizar muestras tomadas el jueves 14 de mayo, mientras que otras playas permanecen bajo aviso desde fechas anteriores. El levantamiento de la restricción solo ocurre después de obtener resultados negativos en al menos dos análisis consecutivos, conforme al protocolo de la EPA y el MDEQ.

¿Qué recomienda el MDEQ para los bañistas y la población local?

El Mississippi Department of Environmental Quality aconseja a los visitantes y residentes no bañarse ni tener contacto con el agua en las playas bajo advertencia. Además, recomienda evitar que niños y mascotas jueguen en el agua y no ingerir alimentos que hayan estado expuestos al mar en esas áreas.

“Las advertencias se emiten para proteger la salud pública y se mantienen hasta confirmar que la calidad del agua es segura para el uso recreativo”, explicó el MDEQ en su última actualización. El organismo publica semanalmente los resultados del monitoreo en su portal oficial y actualiza el estado de cada playa en tiempo real.

¿Qué consecuencias tiene esto para el turismo y la economía local?

El litoral del estado de Mississippi es un destino turístico relevante, especialmente durante la primavera y el verano. Las restricciones por contaminación bacteriana suelen impactar la afluencia de visitantes y, en consecuencia, la actividad de comercios vinculados al turismo, la gastronomía y el ocio acuático.

Datos oficiales del Mississippi Gulf Coast Regional Convention and Visitors Bureau señalan que la región recibe millones de turistas anualmente. La presencia de advertencias por bacterias no implica el cierre de balnearios, pero sí afecta actividades como la natación, el buceo y la pesca deportiva.

¿Con qué frecuencia ocurren estas advertencias y cuál es el historial reciente?

Las advertencias por contaminación bacteriana en playas de Mississippi se repiten con frecuencia durante periodos de lluvias abundantes. Según los registros del MDEQ, varias playas recibieron avisos similares en años anteriores, aunque la duración y la cantidad de zonas afectadas varía según la intensidad y la distribución de las precipitaciones.

En semanas previas, otras playas de la región también estuvieron bajo advertencia, pero ese estatus se levantó después de constatarse una mejora en los indicadores bacterianos. El monitoreo se efectúa en coordinación con la EPA y los resultados se publican para consulta pública.

¿Qué impacto tiene la contaminación bacteriana en la salud pública?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la exposición a bacterias fecales como los enterococos puede causar diarrea, infecciones de oído, ojos y piel. Los niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados son los grupos más vulnerables a las enfermedades asociadas.

El CDC recomienda consultar siempre los avisos sanitarios locales antes de acudir a playas y balnearios, y seguir las indicaciones de las autoridades ambientales en caso de advertencias activas.

¿Dónde encontrar información actualizada y cómo actuar ante futuras advertencias?

El MDEQ mantiene un portal en línea donde publica actualizaciones sobre el estado de las playas, con detalles sobre advertencias activas, protocolos de muestreo y criterios para el levantamiento de restricciones. Los visitantes pueden consultar el sitio oficial antes de planificar actividades acuáticas en la costa del estado.

La recomendación general es permanecer atentos a los boletines oficiales, especialmente en temporadas de lluvias, y suspender actividades de contacto con el agua ante cualquier aviso de las autoridades ambientales.

En México se contabilizan actualmente mil 114 sitios contaminados, principalmente por hidrocarburos, metales y residuos peligrosos, de acuerdo a datos publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante ese escenario, esta autoridad ambiental puso en marcha el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030), cuyo objetivo es avanzar en la restauración de estos espacios y asegurar el derecho a un entorno saludable para la población.

El plan fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, de acuerdo a lo establecido, será coordinado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR).

Este plan contempla la colaboración constante con entidades federativas, municipios y organismos del sector ambiental, como Profepa, Conagua, INECC y ASEA.

Objetivos del Programa para atender sitios contaminados

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) establece como prioridades:

• Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados para fortalecer la remediación de estos espacios en todo el país.
• Reducir el número de sitios contaminados propiedad de particulares, entidades federativas y municipios mediante procesos de saneamiento, favoreciendo la salud de los ecosistemas y de la población.
• Mejorar y actualizar los instrumentos normativos relacionados con la remediación, con el objetivo de garantizar un ambiente sano para todos los habitantes.
• Vincular las metas y estrategias del Programa para lograr una gestión integral y coordinada de la recuperación ambiental.

El programa reconoce como áreas críticas las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora, zonas donde se concentrarán los esfuerzos de remediación para disminuir riesgos a la salud en comunidades afectadas y responder al compromiso presidencial de intervenir en los afluentes más contaminados del país.

Acciones a implementar de la Semarnat

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) contempla acciones como la digitalización y constante actualización de los registros sobre sitios contaminados y aquellos que ya han sido remediados, lo que permitirá una gestión más eficiente y transparente de la información ambiental en el país.

Se prevé la simplificación de los trámites administrativos para facilitar la puesta en marcha de proyectos de limpieza y saneamiento, eliminando barreras burocráticas que, en ocasiones, retrasan la atención de estos espacios.

En el ámbito regulatorio, se contempla la revisión y actualización de instrumentos clave, como la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, dedicada a definir los criterios para la recuperación de suelos contaminados por metales y metaloides, garantizando así procedimientos alineados con las mejores prácticas y la protección de la salud pública.

Además, el PNRSC 2026-2030 integra un enfoque preventivo que busca evitar la generación de nuevos sitios contaminados, promueve la justicia ambiental y prioriza la restauración ecológica.

Contaminación del suelo en México

Un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.

En México, la contaminación del suelo se origina principalmente por actividades humanas, como prácticas agrícolas no sostenibles, la minería, procesos industriales y el manejo inadecuado de residuos peligrosos y urbanos, así como por las operaciones propias del sector hidrocarburos.

Este fenómeno se manifiesta cuando sustancias químicas, elementos o compuestos se encuentran en concentraciones superiores a las naturales, desencadenando alteraciones en la biodiversidad, disminución de materia orgánica y pérdida de la capacidad de filtración del suelo. Además, afecta la calidad del agua almacenada y del agua subterránea, lo que deriva en un desequilibrio de nutrientes.

Entre los principales contaminantes se identifican los metales y metaloides, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal. Los estados más afectados por la contaminación del suelo son Veracruz (30 % del total nacional), Tamaulipas (13 %), Tabasco (5 %), San Luis Potosí (5 %), Puebla (4 %), Estado de México (3 %) y Ciudad de México (3 %), mientras que el 37 % restante se distribuye en otras entidades.

De acuerdo al documento de la Semarnat, grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores son más susceptibles a los impactos de la contaminación o desastres ambientales. Si bien este PNRSC 2026-2030, no tiene como foco principal a estos grupos, los objetivos, estrategias y líneas de acción, están direccionadas al beneficio de la población en general que es afectada por los sitios contaminados a nivel nacional.