El Congreso Nacional de Honduras afronta días de definición para la apertura de nuevos juicios políticos contra altos funcionarios, como resultado de denuncias formalmente presentadas y centradas en su desempeño durante el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.

La viabilidad de estas actuaciones dependerá del consenso entre bancadas y de alcanzar la mayoría calificada necesaria para avanzar, lo que podría marcar un precedente en la vigilancia institucional y el fortalecimiento de la rendición de cuentass

El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, detalló que la aprobación de un juicio político exige al menos 86 votos dentro del Congreso. Esta cifra, establecida por la ley hondureña, representa un umbral significativo: obliga a negociar intensamente entre bloques políticos para que cualquier procedimiento prospere.

Mejía subrayó que varias denuncias están dirigidas a funcionarios que participaron directamente en la organización y supervisión de los comicios de 2025, destacando entre ellos al consejero Marlon Ochoa.

La figura del juicio político, prevista en la Constitución hondureña, es definida por Mejía como un mecanismo legal y no como una estrategia de confrontación partidista.

“Esto no es ningún show político. Por eso se presentan las denuncias y se someten a votación. Si no se logran los votos, se pierde la votación. No se trata de hacer show político con esta figura, sino de marcar un precedente y revisar la conducta de aquellos funcionarios que se crea atentaron contra la democracia, contra la estabilidad y la paz de los hondureños”, sostuvo el parlamentario.

Al conocerse una denuncia, el primer paso consiste en “socializarla” con todas las bancadas, según explicó Mejía. Este proceso busca crear un espacio de deliberación previo a la votación formal. “Al conocer estas denuncias, lo primero que se hace es socializarlas con las diferentes bancadas. Se conforma un poquito el Congreso Nacional para llegar al acuerdo, al consenso de tener mínimamente los 86 puntos que se necesitan para aplicar esta figura”, señaló el legislador.

La semana en curso está marcada por negociaciones y reuniones claves: los líderes de los partidos deberán analizar si existe el respaldo suficiente de los legisladores para avanzar.

De lograrse la mayoría, se habilitaría el desarrollo de los juicios políticos, instrumento que permite al Congreso sancionar conductas que pudieran haber atentado contra la estabilidad democrática o vulnerado la Constitución y las leyes.

En los próximos días, el Congreso Nacional de Honduras evaluará formalmente denuncias contra varios funcionarios, originadas en su actuación durante el proceso electoral de 2025. Si los líderes políticos alcanzan los consensos requeridos para sumar al menos 86 votos, podría iniciarse una serie de juicios políticos cuyo resultado afectaría la composición institucional y la confianza en el sistema democrático.

Las reacciones ante el posible avance de estos procedimientos han sido diversas. Desde sectores políticos y expertos en derecho constitucional se ha reiterado que el juicio político debe ser aplicado “estrictamente regulada y basada en evidencia concreta” para evitar riesgos de arbitrariedad o persecución política.

Mejía detalló que: “El Congreso los elige y ellos hacen una promesa de ley de que van a hacer cumplir la ley y la Constitución. Muchos de ellos se alejan de esa realidad. Por eso, el Congreso está en la obligación, a través de esta figura del juicio político, de revisar la conducta de estos funcionarios”.

Las consecuencias de una votación fallida también han sido anticipadas por legisladores y analistas, si no se logran los 86 votos requeridos, el proceso quedará truncado.

El juicio político hondureño es descrito en la ley como “un mecanismo de control y revisión sobre la conducta de los funcionarios”, cuya estricta observancia debe respaldar los principios constitucionales y fortalecer la integridad institucional. A través de este procedimiento, el Congreso puede examinar comportamientos que atenten contra el interés público y, de comprobarse faltas graves, proceder a su destitución.

La elección definitiva de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional de Honduras abrió el camino para el inicio oficial del nuevo período parlamentario, en un contexto de fuertes retos institucionales y una marcada pluralidad política.

La conformación, tras horas de negociaciones y demoras, establece un punto de partida decisivo para la agenda legislativa, que deberá afrontar reformas, control político y la búsqueda de mayor gobernabilidad.

Casi al cierre de la jornada, cerca de las 16:00, el Congreso Nacional confirmó la aprobación de la moción respaldada por 86 diputados, dando así por concluida una sesión rodeada de tensión y expectativas. Ese número reflejó un acuerdo mayoritario que rompió la incertidumbre de horas previas, donde las diferencias entre las fuerzas políticas obligaron a posponer la sesión, prevista inicialmente para las 11:00 y luego aplazada en dos ocasiones más.

La estructura de la nueva junta directiva, con pluralidad en las vicepresidencias y secretarías, pretende facilitar el desarrollo de la agenda legislativa y reducir las tensiones internas. Este diseño pluralista se alcanzó tras un consenso entre cinco bancadas, entre ellas el Partido Nacional, el Partido Liberal, Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad (PINU).

En medio del clima de incertidumbre, la jornada parlamentaria transcurrió marcada por reuniones privadas, diálogo entre los jefes de bancada y negociaciones que se prolongaron más de lo previsto.

Desde primeras horas, diputados y asesores permanecieron en consultas constantes, reflejo de la complejidad para alcanzar los acuerdos requeridos e instalar la sesión sin fracturas.

El resultado final otorgó la presidencia del Congreso Nacional a Tomás Zambrano, representante del Partido Nacional. Su elección coincide con un momento clave, donde los desafíos legislativos, el equilibrio de poderes y la fiscalización serán centrales para la estabilidad institucional del país.

La junta directiva quedó integrada por diez vicepresidencias, una repartición que evidencia la voluntad de las bancadas de compartir responsabilidad en la conducción parlamentaria:

• Primera vicepresidenta: Erika Urtecho (Partido Liberal),• segunda vicepresidenta: Tania Pinto (Partido Nacional),• tercer vicepresidente: Mario Segura (Partido Liberal),• cuarta vicepresidenta: Lissi Cano (Partido Nacional),• quinto vicepresidente: Leonel López (Partido Liberal),• sexta vicepresidenta: Karla Patricia Figueroa (Partido Nacional),• séptimo vicepresidente: Jhosy Toscano (Partido Liberal de Honduras),• octava vicepresidenta: Johanna Bermúdez (Partido Nacional),• noveno vicepresidente: Godofredo Fajardo (Democracia Cristiana)• décimo vicepresidente: Rolando Contreras (PINU).

En cuanto a la organización interna, la secretaría quedó a cargo de Carlos Ledezma (Partido Nacional) como secretario primero y Francis Cabrera (Partido Liberal) en la segunda secretaría. Las prosecretarías fueron asignadas a Ariana Banegas (Partido Nacional) y Fernando Castro Valle (Partido Liberal).

La estructura incorpora también una nómina de vicepresidentes alternos, entre quienes figuran Wilson Pineda Díaz, Allan Joel Padilla, José Jaar, Waleska Valenzuela, Gustavo Adolfo González, Víctor Amador Morales, Pedro Mendoza Flores, Marco Aurelio Tinoco y Roy Dagoberto Cruz. El equipo de secretarios alternos incluyó a Adrián Martínez, Rolando Sabillón, Juan José Cerón Gonzales y Roberto Pineda Chacón.

En opinión de los analistas, la inclusión de diversas corrientes políticas en la directiva puede fortalecer el diálogo si las fuerzas representadas mantienen la coordinación. De no lograrse, la pluralidad también podría convertirse en una fuente de tensiones internas, dificultando el avance de la agenda legislativa.

El Congreso Nacional tiene ahora por delante un período enfocado en reformas legales, debates presupuestarios y la consolidación de la institucionalidad democrática, en un contexto donde el equilibrio de poderes será determinante para el país.

En una jornada caracterizada por incertidumbre política, sesiones pospuestas y la presión de diversos sectores nacionales, el Congreso Nacional de Honduras logró instalar este miércoles la Junta Directiva Provisional, un paso necesario para que la legislatura 2026-2030 pueda iniciar su trabajo de forma formal.

Este avance institucional allana el camino hacia la elección de la directiva en propiedad, prevista para el 23 de enero, y la instalación oficial del nuevo período legislativo el 25 de enero, fechas que serán ejes centrales de la reorganización del Poder Legislativo hondureño.

La culminación de las negociaciones ocurrió pasadas las 18:00, tras varias horas de expectativas y tensiones políticas visibles en Todo el país.

La presidencia provisional recayó en Tomás Zambrano, del Partido Nacional, mientras que la vicepresidencia fue asignada a Godofredo Fajardo, del Partido Demócrata Cristiano, y la secretaría a Carlos Ledezma, también del Partido Nacional con 90 votos a favor. Esta integración de tres miembros cumple con la normativa establecida para los órganos transitorios y refleja los consensos logrados entre las bancadas, según lo informado al cierre de la sesión.

La abstención del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante las negociaciones de la jornada fue interpretada como un claro distanciamiento respecto a los pactos bipartidistas entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esta decisión, que marcó un viraje en la dinámica legislativa, incrementó la percepción pública y mediática de un proceso particularmente complejo, en el que el logro de acuerdos resultó arduo.

El desarrollo del miércoles comenzó con retrasos desde el inicio. Convocada originalmente para las 9:00, la sesión enfrentó varios aplazamientos. Primero fue pospuesta hasta la 13:00 para facilitar reuniones internas y diálogos bilaterales, especialmente entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, las fuerzas mayoritarias, cuyos aspirantes, Tomás Zambrano y Jorge Cálix, figuraban para encabezar la directiva provisional, aunque no se había alcanzado consenso alguno en esas primeras horas. Esta dinámica persistió hasta una segunda reprogramación, ahora para las 15:00, sin que se lograra instalar el pleno en ese momento.

Los accesos al Congreso Nacional, en el centro de Tegucigalpa, permanecieron cerrados desde la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad, mientras los diputados aguardaban el desarrollo de los acontecimientos.

Entre las bancadas se reconocía abiertamente el riesgo de no alcanzar acuerdos, en un ambiente de alta tensión política generado por la disputa en torno al control del órgano legislativo.

A lo largo de la jornada, la expectativa creció ante la posibilidad de que el Congreso Nacional iniciara el período sin una Junta Directiva conformada, un hecho que hubiera supuesto una crisis de gobernabilidad.

La posterior instalación fue observada con atención tanto por actores políticos como económicos y sociales, que ven en la composición del órgano una señal del equilibrio de fuerzas en Honduras.

Según lo establecido, la principal función de esta Junta Directiva Provisional es asegurar de inmediato el funcionamiento administrativo y legislativo del Congreso, al tiempo que prepara el terreno para la elección de la directiva definitiva y para la sesión solemne del 25 de enero.

La fecha de esta elección, marcada para el 23 de enero, será el próximo punto de inflexión institucional de la legislatura.

El curso de los hechos durante este miércoles puso de manifiesto la intensidad de las negociaciones y los obstáculos que enfrentará el Congreso Nacional para concretar una agenda legislativa y garantizar la gobernabilidad. A la luz de los recientes sucesos, los acuerdos políticos entre bancadas resultan determinantes para el funcionamiento futuro de las instituciones en el país.

Durante 2025 se desarrollaron las Mesas de Diálogo Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal (VNT), un espacio que reunió a cámaras empresarias, autoridades portuarias y usuarios privados en torno a un objetivo común: definir los lineamientos para la próxima licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía.

La importancia estratégica de esta vía fluvial es incuestionable. Por allí circula el 80% de las exportaciones argentinas, el 90% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones automotrices. En un país que se ubica lejos de los principales centros de consumo mundial, contar con un corredor logístico competitivo y eficiente resulta determinante para reducir costos, atraer inversiones y ampliar mercados.

Una agenda de trabajo conjunta

Las mesas, organizadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se estructuraron en cuatro encuentros.

• CABA: se inauguró el ciclo, resaltando la necesidad de un pliego a largo plazo que garantice eficiencia, menores costos logísticos y sustentabilidad ambiental.
• Entre Ríos: se abordaron el diseño del canal y la incorporación de tecnología. La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó la urgencia de actualizar dimensiones de buques y profundidades para permitir el tránsito de embarcaciones Postpanamax, además de sumar sistemas inteligentes de relevamiento y gestión.
• Rosario: el debate giró en torno a tarifas, control de concesión y aspectos ambientales. La UIA defendió mantener el esquema actual de tramos para no afectar la competitividad de las PyMEs del interior, y subrayó que el dragado incremental previsto impactará en apenas un 0,44% de la cuenca, reduciendo incluso la cantidad de buques y, con ello, la huella ambiental.
• Zárate: se presentó un plan tarifario consensuado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). El acuerdo mantuvo el actual esquema de secciones, fijó parámetros de calado y solicitó acelerar obras hasta alcanzar los 40 pies de profundidad, siempre bajo los estudios ambientales pertinentes.

Consensos alcanzados

Uno de los puntos centrales fue el régimen tarifario. El sector privado coincidió en sostener el actual esquema de tramos, dado que modificaciones podrían distorsionar la competitividad entre puertos y alterar la logística terrestre asociada. Al mismo tiempo, se solicitó mayor transparencia en los costos del peaje y un esquema de control con participación de los usuarios.

Otro aspecto clave fue el diseño del canal. La actualización a 40 pies de profundidad desde Timbúes hasta el océano permitiría optimizar la carga de los buques y reducir el costo por tonelada transportada hasta en un 20%, según estimaciones técnicas . A esto se suma la necesidad de ajustar anchos de solera y pasos críticos, teniendo en cuenta la evolución del tráfico y el tamaño de las embarcaciones.

En materia tecnológica, se propuso implementar un sistema integral de información fluvial (River Information System), con relevamientos batimétricos quincenales, cartografía electrónica y actualización de centros de control cada cinco años. Estas herramientas permitirán mayor seguridad en la navegación, reducción de riesgos y trazabilidad en tiempo real.

Finalmente, el eje ambiental ocupó un lugar central. El estudio de impacto ambiental realizado en 2020 ya había concluido que las obras propuestas no generarían impactos negativos significativos, y que los efectos identificados podrían mitigarse con programas de gestión y medidas de protección . La actualización de 2024 confirmó esa perspectiva, reforzando la idea de una concesión sustentable, con monitoreos permanentes de agua, sedimentos y biodiversidad.

Un puente entre la producción y el mundo

La hidrovía no solo es vital para los complejos agroindustriales, sino también para sectores como el automotriz, el siderúrgico y el energético. La posibilidad de contar con calados más profundos y mayor previsibilidad tarifaria permitirá reducir costos logísticos, ampliar la escala de exportación y abrir nuevas rutas comerciales.

El acuerdo alcanzado entre la UIA, la BCR, CIARA-CEC, la CPPC y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas es una señal de madurez institucional. La convergencia de intereses en torno a la competitividad exportadora y la sustentabilidad marca un hito en la historia reciente de la vía fluvial.

Próximos pasos

De aquí en adelante, la confección del pliego de licitación deberá integrar los consensos alcanzados en las mesas: profundización progresiva hasta 40 pies, incorporación de tecnología de última generación, régimen tarifario previsible y transparente, y compromisos ambientales exigentes.

Con ello, la Argentina podrá dar un paso decisivo hacia un sistema logístico fluvial moderno, competitivo y sostenible, capaz de sostener el crecimiento del comercio exterior en un contexto global cada vez más exigente.

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, se ha mostrado preocupado por el "avance de la polarización" en la política y en la sociedad durante este año que termina, y ha señalado que la Iglesia tiene que "apoyar el consenso más que nunca".

"Yo creo que ahora mismo la propuesta que tenemos que hacer, primero, es que la política no es una idea abstracta, la hacen los políticos y los políticos son buena gente, y los políticos son personas. Y yo creo que tenemos que apoyar a las personas para que hagan una buena política. Tenemos que apoyar en la Iglesia el consenso más que nunca y el consenso se hace con personas y con sentadas y con escucha", ha subrayado Cobo en una entrevista concedida a Europa Press.

Asimismo, el arzobispo ha destacado la necesidad de "apoyar la ética en medio de la política" y "no solo la ideología en general"; y ha apostado, como dice el Papa Francisco, por "recuperar la amabilidad cívica".

"Esto se hace a través de las personas y de los encuentros. Y si podemos hacerlo desde la Iglesia, desde luego que apoyaremos todo lo que se pueda hacer y todo lo que también nos pidan", ha asegurado.

Precisamente, ha revelado que desde la Iglesia de Madrid han mantenido durante este año "encuentros con políticos de distintas tendencias", con responsables "del mundo de la economía" y "con gente del mundo de la cultura", con esa "vocación que quiere tener la Iglesia de poner la mesa para que la gente pueda hablar".

"Nos debemos todos a una revalorización de la política también desde los valores fundamentales, no solo desde las ideologías o desde la tensión", ha enfatizado Cobo, al tiempo que ha lamentado que los "medios de comunicación a veces espolean ese enfrentamiento".

ABUSOS: REPARACIÓN NO SÓLO ECONÓMICA

Por otro lado, sobre el informe del Defensor del Pueblo acerca de los abusos sexuales en la Iglesia, el arzobispo ha asegurado que lo "tienen en cuenta" y quieren recoger sus aportaciones aunque también tienen "ciertos miedos" como "que solo se mire a la Iglesia" y se creen "víctimas de primera", que reciben atención, y "de segunda", sin atención. Además, ha apostado por una reparación integral, "no sólo económica".

"Queremos recoger todas las aportaciones que haga el Defensor del Pueblo, indudablemente, pero tenemos ciertos miedos también. Primero, que cuando se nos marca una línea de acción, que solo se mire a la Iglesia, porque no es porque la Iglesia no quiera hacer nada, sino porque lo que no queremos, y desde la experiencia que tenemos de Repara, es crear víctimas de primera y de segunda, con unas víctimas que tienen la atención y otras víctimas que no tienen la atención. Nosotros queremos, afrontando lo nuestro, pero que se atienda también a todas las víctimas", ha subrayado Cobo.

Según ha indicado el arzobispo, a través del Proyecto Repara, desde el cual atienden a todas las víctimas de abusos, han observado que "hay un problema social muy grave" por atender. "Que no seamos ingenuos y que veamos el problema en toda su dimensión", ha pedido.

En cualquier caso, ha insistido en que desde la Iglesia están dispuestos a seguir "pidiendo perdón" a las víctimas y a reparar el daño, no solo económicamente. "Aquí cabe el riesgo de pensar que la atención a las víctimas es económica. Es que ellos no quieren eso. Yo creo que tenemos que pensar y apostar por el horizonte amplio que es el cómo acompañar a las víctimas y digo a cualquier tipo de víctimas, cómo acompañarlas en todo el proceso que necesitan de recuperación, de reinserción en su propia vida", ha añadido.

Asimismo, ha puesto en valor que ya ha empezado a trabajar una comisión eclesial para la reparación integral de las víctimas más allá de lo jurídico. "Cuando los delitos han prescrito, cuando no ha habido una resolución judicial evidente, que moralmente la Iglesia pueda lanzarse a establecer líneas de reparación, que digo no sólo económicas. Entonces yo creo que la Iglesia apuesta por esa dirección", ha precisado.

En este sentido, ha asegurado que la Conferencia Episcopal Española "sí se lanza a una reparación y quiere hacer una reparación" aunque ha recordado que la Iglesia española está integrada por muchas diócesis con "ritmos distintos" y "supone un consenso". En todo caso, ha remarcado que "el horizonte está marcado".

Por otra parte, preguntado por la declaración doctrinal firmada hace un año por el Papa Francisco por la que aprueba la bendición a parejas homosexuales, el arzobispo de Madrid ha explicado que no tienen un "registro" y que en la Iglesia las bendiciones las han "dado a todo el mundo".

"No tenemos registro, ni la percepción de que esto haya crecido o bajado. Yo creo que cualquier cura en cualquier parroquia está acostumbrado a dar la mano a gente que quiere caminar, gente que está rota, todo tipo de bendiciones. Nosotros no somos los propietarios de la bendición. Es Dios", ha puntualizado.

"Cualquiera que esté en una parroquia sabe que bendice a la gente pero a la gente en general. Y si vienen parejas, dos divorciados que no se han podido casar, ¿cómo no les vamos a bendecir?", ha señalado Cobo, puntualizando que "la bendición no es un rito, no es un sacramento" sino "un pedir que Dios acompañe a esas personas".

Además, Cobo ha indicado que "la condición sexual en sí no es ni buena ni mala" y ha puntualizado "una bendición quizá también puede ser un momento para que una pareja pueda caminar para ir entendiendo lo que dice el Evangelio, lo que dice la Iglesia".

En cuanto al contexto internacional, Cobo ha señalado que este año termina "con una tensión muy fuerte" y ha mostrado su preocupación por las "distintas guerras" y las tensiones "geopolíticas" y "culturales".

De cara al 2025, y en el marco del Jubileo de la Esperanza, el arzobispo ha pedido "esperanza" para los migrantes que "vienen huyendo de infiernos", para la gente que sufre "soledad" y también para los jóvenes que "no encuentran vivienda y no pueden hacer un proyecto de vida en Madrid".

Asimismo, ha hecho un llamamiento para acabar con la "desesperanza" de la pobreza infantil, y que un niño que nace, por ejemplo "en la Cañada Real" pueda tener "las mismas oportunidades que cualquier niño".

Tanto el Gobierno como la oposición se han acusado mutuamente del hundimiento de la ley estatutaria de la educación. El Centro Democrático le respondió al presidente Gustavo Petro señalándolo de incumplir el acuerdo legislativo y de no construir acuerdos, sino en su propio beneficio.

El proyecto de ley salió de la Cámara de Representantes tal cual quería el Gobierno nacional, pero en la Comisión Primera del Senado se acordó una enmienda que acogía varias proposiciones de la oposición, lideradas por Paloma Valencia, que fueron rechazadas con un paro nacional por parte de los sindicatos de maestros, convocados por Fecode.

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A falta de acuerdos, el proyecto no fue agendado en la plenaria del Senado y terminó hundido por el final de la legislatura. A lo cual el presidente Petro señaló que la iniciativa del Gobierno buscaba garantizar el derecho universal a la educación, mientras que la oposición quería “es montar institutos de garaje como hicieron con decenas de EPS para sacar el dinero del Estado y echárselo al bolsillo”.

Ante el señalamiento, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que aseguró que el mandatario buscaba distraer la atención de la baja ejecución de iniciativas en beneficio de la educación que ha tenido en su administración, culpando a la oposición del fracaso de la ley.

“El único “acuerdo nacional” que le sirve al Gobierno es el que le es útil a sus propósitos. Presidente Petro, en lugar de sus cortinas de humo, dedíquese a lograr los consensos que permitan mejorar la educación que necesita el país”, señaló el partido de oposición.

Para el Centro Democrático, la enmienda en el proyecto de ley estatutaria de educación había sido un acuerdo legislativo que fue roto por el Gobierno al decidir presentar una ponencia igual que la aprobada en la Cámara de Representantes. Una decisión que se tomó por el reclamo de Fecode y los sindicatos de maestros por los acuerdos alcanzados en la formulación del texto.

“Presidente Petro, hoy su Gobierno, rompiendo el acuerdo que había logrado en el Congreso frente a la reforma a la educación, está más interesado en cercenar la posibilidad que tienen los jóvenes colombianos de elegir dónde estudiar y, más grave aún, atenta contra la independencia que ha caracterizado a las universidades públicas del país”, afirmó el Centro Democrático.

La propuesta, planteada por la senadora Valencia, proponía contemplar un sistema de educación mixto, por lo que la financiación del Estado debía ser tanto para las instituciones pública como privadas. Ante esa posibilidad, el presidente Petro señaló: “Toda forma de intermediación privada de dineros públicos, se ha demostrado, termina en inmensas corrupciones”.

Desde la oposición le dijeron al mandatario que “en lugar de estar haciendo juicios históricos debería preocuparse más por el presente, algo que efectivamente no está haciendo por estar más interesado en el discurso que en la acción”.

En la respuesta resaltaron los resultados del Gobierno de Álvaro Uribe, señalando que entre 2002 y 2010 se incrementó en 1′330.470 el número de matrículas de estudiantes de educación básica y media. “En educación superior entre 2002 y 2009, se generaron 608.551 nuevos cupos, lo que le permitió al país pasar de una cobertura del 24.4% en 2002 al 35.5% en 2009, superando el promedio latinoamericano”, agregaron.

Aseguraron que se logró aumentar en la oferta de cupos de educación superior con el incremento de 81%. Así como señalan que se lograron crear 147 Centro Regionales de Educación (Ceres), de los cuales se beneficiaron 28.761 estudiantes de 589 municipios en los que no había oferta educativa ni técnica ni universitaria.

El Centro Democrático le atribuyó a Uribe un crecimiento de cupos en el Sena casi ocho veces durante su Gobierno, un aumento de programas de formación titulada de 52 mil a 570 mil, 7,5 millones de cupos en formación complementaria, así como la eliminación de la intermediación política en el Icetex, que pasó de 60 mil créditos a 300 mil en el 2009.