La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.

La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.

La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires", detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.

Mensaje a los intendentes

El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.

Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.

A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.

Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.

La Corte Suprema de Justicia declaró este martes su competencia originaria en una demanda presentada por la provincia de Entre Ríos contra el Estado Nacional, en la que se reclama el cumplimiento de transferencias previstas en el Consenso Fiscal firmado en 2017 para financiar el régimen previsional provincial.

La resolución fue adoptada con la firma de los tres ministros del Máximo Tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La acción judicial de cobro había sido interpuesta en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal del Estado provincial, Julio César Rodríguez Signes, contra el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

De acuerdo a la demanda, Entre Ríos reclamó al Estado Nacional el pago de 154.606.298.614 pesos, un monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial como saldo adeudado al momento de la presentación en la Justicia.

A la hora de dirimir qué tribunal intervendrá en el caso, los tres jueces consideraron: “Que toda vez que la Provincia de Entre Ríos -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria“.

Sobre esa base, resolvieron: “I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días”.

El fallo dispuso librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25.344 -que se enmarca en un capítulo que regula los juicios contra el Estado Nacional-, y comunicar la decisión adoptada al procurador General Eduardo Casal.

La solicitud de Entre Ríos, en efecto, se apoya en el “Consenso Fiscal” firmado el 16 de noviembre de 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. En ese pacto, el Estado Nacional asumió, entre otros puntos, una serie de compromisos específicos respecto de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Entre ellos, se estableció que debía modificar el decreto reglamentario de la ley 27.260 para eliminar penalizaciones por no armonización de sistemas locales, asegurar que la ANSES continuara liquidando anticipos mensuales, aumentar las partidas presupuestarias en la misma proporción que las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y mantener un mecanismo de anticipos automáticos calculados en base al déficit del año anterior.

Además, se dispuso la creación de un régimen simplificado de remisión de información para determinar el resultado financiero corriente de cada sistema provincial.

La provincia entrerriana sostiene que la Nación incumplió sus obligaciones, lo que generó un déficit en su caja previsional que ahora reclama por vía judicial. El cuestionamiento se suma a otros procesos iniciados por distintas jurisdicciones que alegan retrasos o incumplimientos en las transferencias previstas en el Consenso Fiscal. Además, se añade a otras causas donde se discuten planteos por fondos nacionales, coparticipación y transferencias específicas. En esos antecedentes, el Máximo Tribunal también asumió competencia originaria con base en la Constitución.

El proceso continuará su curso a través de la vía ordinaria, con traslado al Estado Nacional por un término de dos meses. La definición de fondo dependerá de la prueba que se produzca y de los argumentos que aleguen las partes en el marco del expediente.