El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, ha descrito durante un discurso en Texas que las normas actuales sobre la divulgación de la remuneración de ejecutivos han evolucionado hasta convertirse en un sistema que, por su tamaño y complejidad, termina configurando lo que denominó como "un monstruo de Frankenstein irreconocible". Esta apreciación sobre las regulaciones vigentes fue el punto de partida para una posición clara en favor de simplificar y racionalizar dichos requisitos. Según publicó la SEC en sus registros y detalló el propio Atkins, la normativa actual no solo obliga a detallar las compensaciones de hasta siete altos cargos por año, sino que también implica para las empresas gastos considerables derivados de la contratación de abogados, contables y consultores especializados, tiempo de dedicación de los consejos de administración y, a menudo, una sobreabundancia de datos que no aportan claridad ni se consideran útiles para los accionistas.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Atkins defendió que al ajustar estos requisitos y centrar la información en la materialidad financiera, sería posible equilibrar los costes regulatorios con el aporte real de la transparencia, así como adaptar la divulgación salarial tanto al tamaño como a la madurez de cada empresa. “Coincido con los comentaristas en que deberíamos reconsiderar el número de ejecutivos sobre los que se proporciona información sobre la remuneración para calibrar adecuadamente el nivel de divulgación con el coste”, señaló el presidente de la SEC en su intervención, recalcando la necesidad de una revisión integral del proceso.

La reforma de estos requisitos de información se viene discutiendo desde mayo y, como afirmó Atkins según consignó la SEC, el espíritu original de la regulación se basa en proteger a los inversores y al público, sin imponer una injerencia excesiva que pueda obstaculizar la gestión honesta de las compañías. Atkins advirtió que, en su forma actual, el proceso de presentación y publicación de estas informaciones puede desviar la atención de los consejos de administración de asuntos estratégicos, genera una carga operativa que recae directamente sobre las empresas e introduce elementos de gestión impulsados únicamente por la necesidad de cumplir la normativa, en lugar de responder a la verdadera situación de cada negocio.

En palabras del presidente de la SEC, no existe proporcionalidad entre el esfuerzo y los recursos invertidos por las compañías para cumplir con esta normativa y los supuestos beneficios que esta puede generar para los accionistas y el mercado. Atkins subrayó que el exceso de detalles y la acumulación de datos sobre varios ejecutivos —salvo el CEO, cuya información sí suele ser relevante para los inversores— pueden incluso dificultar que el público y los accionistas accedan y comprendan los datos que realmente resultan significativos.

Según informó la SEC, entre las propuestas que baraja Atkins se encuentra una simplificación que haga más comprensibles los documentos para los inversores, así como la modernización de los requisitos sobre divulgación de beneficios. El presidente también destacó la necesidad de actualizar las normas para que reflejen los cambios en el panorama económico y en la seguridad corporativa de las últimas dos décadas.

La reducción de la exigencia de reportar información detallada para todos los altos mandos, limitando quizá la información obligatoria al CEO y haciendo opcional el resto en función de cada caso, se presenta como una de las posibles vías para devolver sentido práctico y económico al proceso. Según datos citados en el discurso, la abultada extensión de los reportes y la necesidad de coordinación con especialistas externos impiden no solo la eficiencia sino también el acceso real de los accionistas a la información de mayor relevancia para sus intereses.

Durante su intervención, Atkins remarcó la diferencia fundamental entre información relevante y acumulación de datos, haciendo eco de cuestionamientos expresados tanto por asociaciones empresariales como por analistas, que consideran que el actual modelo de transparencia acaba resultando una barrera antes que una herramienta para el análisis y la toma de decisiones informadas en el mercado bursátil estadounidense.

La SEC evaluará así la posibilidad de reformular el marco de divulgación salarial para empresas cotizadas, priorizando la simplicidad, la relevancia y la capacidad de adaptación a las particularidades de cada organización conforme a criterios objetivos y actuales. El propio Atkins reiteró que el objetivo fundamental es mantener la protección del público y de los inversores, pero sin perpetuar obstáculos administrativos o económicos que puedan afectar la competitividad y la honestidad empresarial.

Tal como reportó la SEC, el proceso de revisión regulatoria buscará equilibrar la transparencia adecuada con la eficiencia de la información, atendiendo —según advirtió Atkins— a la evolución estructural del mercado y de los riesgos corporativos, y siguiendo los aprendizajes extraídos de la aplicación de las normativas en los últimos años.

Entre las razones más señaladas por los inversores minoritarios para expresar su voto en contra de las políticas retributivas en las principales compañías del Ibex 35, el informe de Sodali destacó su disconformidad con la estructura de compensación y el crecimiento en los salarios de la alta dirección. Según publicó el medio, este contexto ha desembocado en un descenso significativo del respaldo de estos accionistas a dichas políticas, situando el apoyo medio en el 56,9% durante 2025, mientras la participación en las juntas generales se incrementó respecto al año anterior.

De acuerdo con el análisis presentado por Sodali, solo 15 políticas de remuneración fueron sometidas a votación en las juntas generales de las empresas que integran el Ibex 35. Esta cifra, aunque limitada, ha vuelto a convertir estos temas en los más discutidos durante dichas asambleas, pues las propuestas relacionadas con retribuciones concitaron el mayor nivel de controversia. El medio detalló que la negativa a respaldar estos mecanismos de pago no solo surgió entre los minoritarios, sino que entre el conjunto de accionistas el porcentaje adverso alcanzó el 15,3%.

En cuanto a la modalidad elegida para celebrar las juntas generales, Sodali reportó que el 87,9% de las compañías del índice mantuvieron un formato híbrido, que permite tanto la asistencia física como la virtual. A pesar de que el entorno digital adquiere cada vez más peso, solo una firma optó exclusivamente por la presencialidad y el 9,1% de las empresas transitaron hacia un formato completamente en línea, lo que representa un ligero incremento sobre ejercicios previos, según consignó el informe.

La tasa de participación en las juntas generales experimentó un avance y se ubicó en un 75%, frente al 73,3% alcanzado el año anterior, conforme recogió el estudio. Este incremento se explicó principalmente por el mayor involucramiento de los llamados accionistas estratégicos. Se trata de inversores con un peso considerable en los órganos societarios, lo que influye en el desarrollo de las votaciones y en las dinámicas de gobierno.

Respecto a la configuración de los consejos de administración, la composición permaneció estable con una presencia mayoritaria para los consejeros independientes, cuya representación media se estableció en el 54,8%. Los consejeros dominicales, representantes de accionistas significativos, aumentaron hasta el 32,7%, al tiempo que el porcentaje de consejeros ejecutivos experimentó una reducción hasta el 12,9%. Este equilibrio, informó el medio, responde a las recomendaciones sobre buen gobierno y criterios de independencia en la toma de decisiones.

Por segundo año consecutivo, la presencia femenina en los consejos de administración del Ibex 35 consiguió superar el umbral mínimo legal del 40%, tal como lo señala Sodali. El promedio de representación se situó en el 42,4%, con 27 de los 33 consejos, lo que equivale al 81,8%, logrando cumplir ese objetivo. Sin embargo, Sodali subrayó que este resultado se alcanzó debido a la elevada proporción de mujeres entre los consejeros independientes, donde concentraron el 65,2% de ese grupo. Su participación entre los consejeros dominicales se fijó en el 35,6% y su presencia como consejeras ejecutivas solo alcanzó el 8,6%, reflejando una brecha en el acceso a los puestos de mayor poder ejecutivo.

A partir del informe de Sodali, el descenso del apoyo minoritario a las políticas retributivas, la preferencia por juntas híbridas, la mayor tasa de participación accionarial y la evolución en la estructura y diversidad de los consejos, son factores que describen el escenario actual del gobierno corporativo en las principales empresas cotizadas españolas.

Un informe de la Universidad Murdoch resalta el valor de la experiencia acumulada de los baby boomers y su papel estratégico en la promoción de políticas orientadas al largo plazo en empresas de Estados Unidos.

El estudio, que analizó 2.162 empresas que cotizan en bolsa, concluye que la presencia de esta generación en los consejos de administración se ha consolidado como un factor determinante para la sostenibilidad corporativa, un aspecto cada vez más relevante en la agenda empresarial global.

Las conclusiones, difundidas por la Universidad Murdoch y publicadas en la revista Business Strategy and the Environment, señalan que los baby boomers sobresalen respecto a otras cohortes generacionales al impulsar mejores resultados en materia de sostenibilidad.

El análisis de los investigadores se centró en distinguir cuatro grupos generacionales en las juntas directivas: tradicionalistas (nacidos antes de 1946), baby boomers (1946-1964), generación X (1965-1981) y millennials (1982-2000). Para medir el desempeño en sostenibilidad, el equipo empleó los estándares internacionales ESG de LSEG, reconocidos por su rigor y sistematicidad en la evaluación de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Según el informe, la inclusión de baby boomers en la sala de juntas se asoció con una mejora significativa en los indicadores de sostenibilidad corporativa. Los investigadores constataron que las empresas con miembros baby boomers en sus consejos tienden a tomar decisiones más alineadas con la protección ambiental y el bienestar social a largo plazo.

En contraste, tradicionalistas, generación X y millennials mostraron una orientación menos marcada hacia políticas sostenibles, lo que sugiere que la generación nacida entre 1946 y 1964 aporta cualidades distintivas en la gestión de los retos medioambientales y sociales.

El profesor Augustine Donkor, investigador principal del estudio, explicó que este efecto se debe a la experiencia acumulada de los baby boomers, así como a su preferencia por el pensamiento estratégico y el consenso en la toma de decisiones.

“Si las empresas quieren fortalecer su desempeño en materia de sostenibilidad, tener a los baby boomers en la sala de juntas es una decisión inteligente”, destacó Donkor. Además, subrayó que la visión a largo plazo y la colaboración distinguen a esta generación en comparación con otras cohortes.

No obstante, el estudio advierte que la edad por sí sola no garantiza decisiones sostenibles. En el caso de los tradicionalistas, la resistencia al cambio puede limitar los avances en materia de sostenibilidad. Donkor puntualizó: “La experiencia por sí sola no es suficiente”.

Asimismo, señaló que los tradicionalistas pueden frenar el progreso debido a una actitud más conservadora frente a la innovación y la adopción de políticas ambientales.

Por su parte, el análisis indica que las generaciones más jóvenes, aunque aportan energía y conocimientos tecnológicos, suelen priorizar objetivos de corto plazo y el desarrollo profesional sobre un compromiso ambiental y social sostenido.

Según los investigadores de la Universidad Murdoch, para influir de forma efectiva en la sala de juntas, se requiere la presencia de tres baby boomers como umbral de impacto, a diferencia de dos integrantes de generación X y uno de los millennials, lo que evidencia la necesidad de contar con una masa crítica de esta generación para promover cambios duraderos.

El investigador principal recomendó a las empresas revisar la composición de sus juntas directivas y considerar la integración de baby boomers si desean fortalecer la orientación hacia la sostenibilidad. “Nuestra investigación muestra que su presencia puede inclinar la balanza hacia decisiones que protejan tanto el planeta como el éxito a largo plazo de la empresa”, afirmó Donkor en declaraciones recogidas por la Universidad Murdoch.

El estudio reconoce que una combinación de generaciones en la sala de juntas aporta diversidad y perspectivas complementarias, permitiendo a las empresas adaptarse a contextos cambiantes y responder a desafíos complejos. Sin embargo, los investigadores remarcan que el aporte de los baby boomers adquiere especial relevancia cuando se busca consolidar estrategias de impacto positivo en los ámbitos ambiental y social.

Según la Universidad Murdoch, aunque la convivencia de perfiles enriquece el valor general de la junta directiva, la influencia de los baby boomers resulta esencial para marcar el rumbo sostenible de la empresa y garantizar la implementación de políticas que trasciendan el corto plazo, contribuyendo así al desarrollo responsable y sostenido de las organizaciones en Estados Unidos.

El Govern incorporará a lo largo del año 2025 miembros independientes en los consejos de administración de las entidades del sector público de la Generalitat, ha aprobado este martes el Consell Executiu.

Concretamente, se incorporarán a la dirección de las entidades autónomas administrativas y comerciales, a entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y singulares, a consorcios y sociedades mercantiles con participación íntegra o mayoritaria de la Generalitat, y a las fundaciones del sector público de la Generalitat.

No formarán parte de los organismos independientes, por ejemplo la l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), de la Administració Tributària de Catalunya o las entidades en régimen CERCA, ni tampoco se aplicará cuando la incorporación de miembros de fuera de la administración implique la pérdida de la posición mayoritaria de la Generalitat.

Se prevé que la medida afecte a unas 90 entidades del sector público de la Generalitat, que deberán incorporar miembros independientes a sus consejos de administración.

Para el ejecutivo, la medida permitirá añadir "valor, transparencia y pluralidad en la toma de decisiones y la rendición de cuentas", sigue las recomendaciones de distintos organismos internacionales y se enmarca en las medidas del plan de choque del Govern para la reforma de la administración.

10% DE INDEPENDIENTES

Según recoge el acuerdo del Govern, aquellas entidades que tengan entre 3 y 10 miembros en su consejo de administración deberán incorporar un miembro independiente, las que tengan entre 11 y 20, dos; y las que tengan entre 21 y 30, tres; para garantizar que, al menos un 10% de los miembros independientes.

Los consejeros independientes deberán acreditar experiencias profesionales relevantes en entidades públicas o privadas, certificar que no tienen conflicto de interés con la actividad que desarrolla la entidad pública y no haber tenido vínculos laborales o profesionales recientes con la Generalitat.

Serán designados para un único mandato de la misma duración que el de resto de los miembros del consejo con un periodo máximo de 6 años y el Govern asegura que mantendrá informado a sindicatos y patronales del despliegue de la medida.