La foto de ocasión fue tomada el 20 de septiembre de 1984 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y muestra a Raúl Alfonsín con expresión reconcentrada y a Ernesto Sábato con los ojos ocultos detrás de un par de anteojos de cristales oscuros y su sempiterno gesto adusto grabado en el rostro. En la imagen, el escritor le entrega al presidente los dos volúmenes que contienen el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), un organismo creado por el propio mandatario para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La democracia recién recuperada en la Argentina tenía menos de un año de vida y el clima político de entusiasmo que reinaba en el país no estaba exento de temores. El contenido del informe reflejaba la naturaleza espeluznante de la barbarie de la dictadura: documentaba, a través de miles de testimonios recogidos durante meses, la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones. Y era apenas la punta del iceberg de las consecuencias del plan sistemático de desaparición de personas que habían organizado y perpetrado las Fuerzas Armadas en un pasado demasiado reciente.

El radical Raúl Alfonsín había llegado a la presidencia el 10 de diciembre del año anterior, tras ganar unas elecciones en cuya campaña la propuesta de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión ilegal perpetrada por los militares había dividido las aguas entre los dos partidos históricos del país: mientras el candidato de la UCR prometía investigarlos a fondo y juzgar a los responsables, el postulante del peronismo, el ex presidente provisional Ítalo Argentino Luder, sostenía que la “ley de autoamnistía” promulgada por la dictadura poco antes de retirarse tenía validez legal y que era imposible volver atrás en el asunto. En otras palabras, que los represores quedarían impunes.

La conformación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que Alfonsín había creado por decreto apenas cinco días después de asumida la presidencia, reflejaba también esa partición con un dato clave: entre sus integrantes no había un solo representante del peronismo, porque el partido se había negado a participar de ella. La Conadep estaba integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide; por el obispo Jaime de Nevares, que se había enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino, Marshall Meyer, y por un pastor evangélico, Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos muy prestigiosos como Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long; y por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que desde Radio Continental se había atrevido a denunciar los crímenes de los dictadores.

La presidencia de la Comisión había quedado en manos del escritor Ernesto Sábato, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador pero que luego se convirtió en un fuerte opositor. Por un tiempo había participado también el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón. Había además cuatro militantes radicales: el filósofo Eduardo Rabossi y los diputados Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill.

La contradicción peronista

La negativa del peronismo a integrar la Conadep encerraba también una paradoja, porque un número muy importante de militantes del movimiento creado por Juan Domingo Perón había sufrido la salvaje persecución de la dictadura, muchos habían sido encarcelados, otros debieron partir al exilio y miles estaban desaparecidos. Las razones que los distintos sectores del partido esgrimían para no participar también eran diversas. No había respuestas simples para explicar la posición, compartida – aunque por motivos diferentes – por el amplio abanico de posiciones que tenía el justicialismo.

Dos días antes de la creación de la Comisión, el martes 13 de diciembre, Alfonsín había firmado otro decreto, el 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973”. Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, así como Enrique Gorriarán Merlo, dirigente del PRT-ERP, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. La izquierda del movimiento - representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982 - denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno.

El panorama se complejizaba más todavía porque si la Conadep provocaba el rechazo de la izquierda peronista, a la derecha del movimiento justicialista le costaba mucho más digerirla. Ítalo Luder, que había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por “el pedido de licencia” de la viuda de Perón, era el firmante de los “decretos de aniquilamiento” de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. El ala derecha del peronismo también cargaba con la responsabilidad del accionar de la Triple A y de otros grupos parapoliciales que habían actuado protegidos por el gobierno para eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población. La propia Conadep, en su informe final, consignó que cientos de personas habían sido asesinadas por la Triple A y otros grupos parapoliciales, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable de más de cien asesinatos en La Plata y Mar del Plata.

Para 1983 la situación interna en el justicialismo había cambiado y los diferentes sectores del peronismo que se habían enfrentado de manera sangrienta en primera mitad de la década de los ’70 habían encontrado un punto en común cuando la dictadura se embarcó en la guerra de Malvinas. La recuperación de las islas era una reivindicación histórica de todo el país y una bandera fuerte para el peronismo. Por eso, en los febriles y vertiginosos meses de abril a junio de 1982, las diferencias internas que hasta entonces lo habían dividido se apaciguaron. Desde vertientes irreconciliables se compartía sin embargo la idea de la “unidad de los combatientes por la Patria”, una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas.

El miedo y el Nunca más

Además de las posiciones divergentes de los dos partidos mayoritarios frente a la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas hubo otro elemento que significó una suerte de límite para su accionar. La teoría de los dos demonios, que equiparaba el accionar de las organizaciones político-militares del peronismo y la izquierda con el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, hizo que muchos posibles denunciantes prefirieran no presentarse, mientras que otros lo hicieron tomando muchos recaudos y no sin desconfianza.

En ese contexto difícil, los organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos integrados por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. En eso hicieron punta las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que para entonces habían hecho conocer al mundo los crímenes de la dictadura. Sin embargo, cuando los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín, donde funcionaba la comisión, a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Lo hacían no solo por la persistencia del terror reinante – no se descartaba por entonces que las Fuerzas Armadas intentaran volver a atentar contra la democracia - sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP. Existía el temor que una denuncia de violación de derechos humanos terminara siendo un búmeran que permitiera iniciar causas penales a las víctimas.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedió ante las presiones militares, que llegaron a su punto más alto con los dos primeros levantamientos de los “carapintadas”. Como resultado, el gobierno radical presentó y logró hacer aprobar las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de la enorme mayoría de los participantes del plan sistemático de represión ilegal y significaron un claro y penoso retroceso en materia de derechos humanos.

Sería entonces el peronismo – el mismo partido que se había negado a integrar la Conadep –, ahora desde el gobierno, el encargado de retomar el camino institucional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Por iniciativa de Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas en agosto de 2003 por el Congreso Nacional y dos años más tarde, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.

Publicado en 1984 con el título Nunca más, el informe de la Conadep se convirtió en un testimonio escalofriante de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. La primera edición, de Eudeba, fue de 40 mil ejemplares y se agotó la misma noche de su salida a las librerías. La editorial universitaria hizo cinco nuevas ediciones en solo un mes y las ventas superaron los cien mil. Al año siguiente, la investigación de la Comisión sirvió de base para que el fiscal Julio César Strassera y su equipo de colaboradores seleccionaran los testigos que presentaron en el histórico juicio a las juntas militares.

Emilce Moler tiene 67 años y hace 51, en 1975, fue a una marcha para exigir que se implementara el boleto estudiantil en La Plata, la ciudad en la que vivía y en la que cursaba los estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes. No recuerda nada en particular de esa marcha que, como tantas otras por esos años, terminó en represión por parte de las fuerzas de seguridad. No se acuerda ni qué tenía puesto ni con quién fue; sí que estaba “de la mitad de los manifestantes para atrás”.

“No me acuerdo de nada en especial de ese día porque marchábamos mucho, por cosas muy distintas. Marchábamos cuando cesanteaban trabajadores en las fábricas, para acompañar a las universidades en sus movilizaciones y para sostener las tomas que se hacían en distintas escuelas de La Plata. Nosotros éramos militantes políticos. Queríamos mucho más que el boleto estudiantil: queríamos cambiar el mundo”, le cuenta Emilce a Infobae.

En 1975, cuando marchó por las calles de la capital bonaerense para exigir la implementación del boleto estudiantil, Moler integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La escuela en la que estudiaba era una de las tres secundarias que aún hoy dependen de la Universidad Nacional de La Plata.

El 17 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas tomó por asalto su casa familiar, Emilce tenía 17 años y seguía militando en la UES. Se identificaron como integrantes del Ejército y, como Emilce era de contextura demasiado chiquita, se confundieron y estuvieron a punto de llevarse a su hermana.

Pero se llevaron a Emilce: la secuestraron en el marco de lo que la propia dictadura llamó “La Noche de los Lápices”, un operativo feroz contra diez estudiantes secundarios. Seis de ellos aún están desaparecidos. Emilce es una de las cuatro sobrevivientes.

Una noche, cinco secuestros

El operativo ilegal de secuestro de diez estudiantes secundarios de La Plata en el marco de lo que las propias fuerzas de seguridad llamaron “La Noche de los Lápices” se produjo entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976. El 16 de septiembre, hace exactamente medio siglo, se condensó la gran mayoría de la actividad de los grupos de tareas.

Ese día secuestraron a María Claudia Falcone, Francisco “Pancho” López Muntaner, María Clara Ciocchini -que era de Bahía Blanca y se había mudado a La Plata-, Horacio Ungaro y Daniel Racero. Gustavo Calotti había sido el primero en ser privado de su libertad, el 8 de septiembre. Claudio de Acha fue secuestrado el 15 de septiembre, Emilce Moler y Patricia Miranda, el 17, Pablo Díaz, el 21. Todos eran estudiantes secundarios. La mayoría, como Emilce, militaban en la UES e iban a colegios que dependían de la UNLP. Pablo lo hacía en la Juventud Guevarista (PRT-ERP). Patricia no formaba parte de ninguna agrupación.

Los secuestros, así como los traslados a distintos centros clandestinos de detención, la tortura y la desaparición forzada fueron a manos de quienes operaban en el llamado “Circuito Camps”, en el que Ramón Camps y Miguel Ángel Etchecolatz tenían las voces de mando.

Los secuestros fueron como muchos otros: irrumpieron patotas que golpearon a sus “blancos” y también a sus familias, destruyeron a su paso lo que se les ocurrió destruir y robaron lo que se les dio la gana. Cercaban la manzana de cada operativo, en algunos casos desplegaban más de una decena de autos, encapuchaban a quien se iban a llevar y lo arrastraban hasta un auto.

Desde ahí, el destino era algún centro clandestino de detención. El Pozo de Arana fue el primero al que los trasladaron. Después, algunos -tal como le pasó a Emilce- fueron a parar al Pozo de Quilmes y a la Comisaría de Valentín Alsina; otros, al Pozo de Banfield.

El Batallón 601 de Inteligencia del Ejército fue el que ordenó los secuestros de los diez adolescentes, en los que intervinieron tanto el Ejército como grupos de tareas de la Policía bonaerense. Uno de los brazos ejecutores de las órdenes de Camps y Etchecolatz era el comisario Luis Héctor Vides, “El Lobo”. Los diez estudiantes secuestrados, que tenían entre 16 y 18 años en esa casi primavera de 1976, habían sido catalogados, según documentación de inteligencia, como personas “de peligrosidad mínima”.

Esos diez estudiantes son, hasta el día de hoy, tal vez las historias más visibles de cómo la dictadura desplegó su máquina ilegal de secuestrar, torturar, violar y desaparecer ante quienes iban a escuelas secundarias y universidades: según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), uno de cada cinco desaparecidos eran estudiantes. Más del 43% tenían entre 16 y 25 años.

La historia del boleto estudiantil

“Ya en 1975 estábamos en medio de una militancia muy comprometida, y a la vez teníamos que tener mucho cuidado. No íbamos alegremente por la calle porque ya operaba la Triple A, y en particular el Comando Nacionalista Universitario atacaba y mataba a mansalva a compañeros”, recuerda Emilce, y suma: “Lo que cayó en los secuestros de 1976 fue la UES de La Plata; ese fue el blanco al que atacaron”.

Después de unos cuatro meses en la clandestinidad, Emilce fue trasladada a la cárcel de Devoto. Si bien sus familiares pasaron a saber dónde estaba, no podían verse sino a través de un vidrio, no tenía acceso a un abogado ni a un proceso judicial legal, no podía prácticamente hacer actividad física ni manual, ni tampoco leer.

En abril de 1978 le otorgaron la llamada “libertad vigilada”. “Eso implicaba que no podía volver a La Plata porque me consideraban ‘peligrosa’. Me instalé en Mar del Plata, a donde se habían trasladado mis padres. No te podías mover de la ciudad ni estar con más de cinco personas. En cualquier momento la SIDE tocaba el timbre de tu casa, y una vez por semana tenías que presentarte en la comisaría”. Desde que la secuestraron hasta que le levantaron el régimen de libertad vigilada en 1979, pasaron tres años de la vida de Emilce Moler.

Los cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices fueron Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. En 1985, Pablo Díaz dio su testimonio ante el tribunal del Juicio a las Juntas. Contó cómo lo habían secuestrado, cómo y cuánto lo habían torturado, el infierno al que había sido reducida su existencia. Durante su testimonio, en el que detalló cómo era el día a día en el Pozo de Banfield, Díaz sostuvo: “Muchas personas detenidas en ese momento eran apolíticas, como por ejemplo un grupo de estudiantes secundarios que pedían reducción en el precio del boleto de transporte”.

“Hubo testimonios en los primeros tiempos post dictadura que fueron muy estremecedores y sirvieron para que toda la sociedad se enterara de cómo operaba el aparato represor. Uno fue el de Adriana Calvo de Laborde, que contó su parto arriba de un auto de un grupo de tareas. Otro fue el de Pablo, que contó cómo los grupos de tareas se metían con pibes de 16, 17, 18 años, cómo les aplicaban una tortura bestial. Pablo mencionó en su testimonio la lucha por el boleto estudiantil y eso cristalizó para siempre como una característica asociada a quienes habíamos sido secuestrados durante la Noche de los Lápices”, describe Emilce.

Después de que Díaz declarara, los hechos ocurridos en septiembre de 1976 se convirtieron primero en un libro que, en apenas un año, se reimprimió diez veces, y también en la película La noche de los lápices, dirigida por Héctor Olivera y construida a partir del testimonio de Pablo.

“En esos primeros años de la democracia era muy difícil hablar de la militancia. La sociedad prestaba atención a los testimonios de lo que consideraba una ‘víctima inocente’. Creo que a partir del testimonio de Pablo, del libro y de la película es que la Noche de los Lápices se convirtió en un símbolo trágico de cómo operaba la dictadura”, analiza Moler.

“Claro que peleamos por el boleto estudiantil, pero peleábamos por mucho más, éramos militantes, creíamos en que había que cambiar todo el sistema. A mí no me vinieron a buscar porque había ido a la marcha por el boleto estudiantil. Vinieron a buscar a estudiantes que militábamos. Lo que quiero decir es que no está demostrada la relación de causalidad entre la marcha por el boleto y nuestros secuestros”, explica Emilce.

“La historia del boleto estudiantil es lo que cristalizó a partir del testimonio de Pablo en un momento en el que todavía era muy difícil hablar de nuestras militancias y en el que lo que más necesitabas era que te creyeran todo lo que había pasado en los centros clandestinos de detención, que para muchos era increíble por su ferocidad. Finalmente, son ellos, los militares, los que nunca explicaron por qué nos detenían. Son ellos los que deberían dar esa explicación”, reflexiona Emilce, que es profesora de Matemática y doctora en Bioingeniería.

Cómo hablar en el presente

María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha permanecen desaparecidos. Este miércoles, a medio siglo de los secuestros que en los que la dictadura los “chupó” para siempre, habrá distintos actos para recordarlos: uno será en donde funcionó el Pozo de Banfield; otro, en La Plata.

“Cincuenta años es muchísimo tiempo para un chico de 17. Para ese chico, algo que pasó hace medio siglo no es la historia reciente sino algo completamente ajeno a su vida cotidiana. El gran desafío es cómo enseñamos no sólo los hechos históricos sino los procesos históricos. Para eso hay que tender puentes entre el pasado y el presente, explicando en qué se parecían esos momentos con la actualidad. Y hay que explicarlo no a través de frases hechas o eslóganes, sino de argumentaciones profundas: es algo a contrapelo de la actualidad, en la que las noticias ya son viejas a los diez minutos”, describe Emilce.

“Lo más importante para mí siempre es marcar que quien secuestró, torturó y desapareció fue el Estado. Muchas veces, por relativismos o negacionismos, los chicos terminan entendiendo que los setenta fueron civiles contra civiles. Y no: el Estado pergeñó un plan represivo sistemático que nadie, ningún civil, merece. Hayas hecho lo que hayas hecho, porque para eso el Estado de derecho tiene previstas otras herramientas”, reflexiona Emilce.

Y suma: “No hay que buscar racionalidad en cómo se implementó ese plan sistemático en cada caso. Primero, porque los torturadores no podían estar seguros de quién iba a sobrevivir y quién iba a morir después de una semana de tortura. Y después, porque hay quienes, por pertenecer a determinada familia, no resistía ninguna lógica que fueran secuestrados. Todo apuntaba a que serían liberados y hasta hoy están desaparecidos. Nadie sabe por qué sobrevivimos los que sobrevivimos ni por qué están desaparecidos los que están desaparecidos. Esa explicación sólo la pueden dar los perpetradores”.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final primero y los indultos del menemismo después frenaron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Circuito Camps. Cuando se reanudaron los juicios, ya en este siglo, Camps y Etchecolatz fueron imputados como los máximos responsables. Hubo, además, diez condenas a prisión perpetua a otros ejecutores de los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones.

La Plata, una ciudad históricamente estudiantil, fue el escenario más visible de cómo el terror de la dictadura impactó en quienes atravesaban la escuela secundaria. Pero no fue el único: según registros de la Conadep, hubo 232 adolescentes desaparecidos en la Argentina.

Esta nota empieza con una obviedad: se cumplen cincuenta años desde el inicio de la última dictadura en la Argentina. La que implementó un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. La que convirtió al Estado argentino en terrorista. Esto que sigue no es una obviedad: pasaron apenas trece días -menos de dos semanas- desde que se confirmó la identidad de doce desaparecidos allí donde funcionó La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más gravitantes de ese terror que se extendió durante siete años.

Hay familias que confirmaron, hace nada más que trece días, dónde estaban sus desaparecidos. Después de medio siglo de ausencia, de un duelo sin cuerpo y sin certezas. Esa es una de todas las formas en las que se puede intentar, apenas intentar, dimensionar la tragedia que desencadenó el Golpe que irrumpió el orden democrático el 24 de marzo de 1976 y que se extendió hasta fines de 1983. Es una de las formas de decir que las consecuencias de ese plan de exterminio llegan hasta hoy.

Un informe para juzgar a las Juntas

Apenas restaurada la democracia, el flamante presidente, Raúl Alfonsín, ordenó que se conformara la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Esa comisión escucharía el testimonio de sobrevivientes de los campos clandestinos de detención y de familiares y amigos de quienes estuvieran desaparecidos. Elaborarían un informe y ese informe sería la columna vertebral de la acusación del Juicio a las Juntas que se llevó a cabo en 1985 y que condenó a cinco de los máximos responsables de la dictadura por crímenes de lesa humanidad.

La CoNaDeP entregó el informe a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, tras recolectar decenas de miles de testimonios y recorrer muchos de los centros clandestinos de detención junto a algunos de sus sobrevivientes. El informe tiene un título inscrito en el inconsciente colectivo de los argentinos: Nunca más. Está inspirado en un lema que defendieron los sobrevivientes del Gueto de Varsovia, que con esas palabras repudiaban los crímenes atroces del nazismo.

“Nunca más”, instó Julio Strassera, el fiscal que acusó a las Juntas Militares, ante los seis jueces que los condenaron. Dijo que esa frase no le pertenecía a él, sino “a todo el pueblo argentino”. Este martes, la Plaza de Mayo y tantas otras de todo el país reclamarán eso mismo: nunca más.

Infobae seleccionó los testimonios que, por su potencia, por sus detalles, o por las dos cosas al mismo tiempo, integran el Nunca más y cuentan cómo hacía la dictadura para secuestrar, torturar, violar y desaparecer a sus víctimas. El informe, cerrado en la segunda mitad de 1984, estima que las Juntas Militares montaron alrededor de 340 centros clandestinos de detención en todo el país. Asegura que, hacia marzo de 1978, ya habían pasado unos 4.700 detenidos desaparecidos por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y establece que el 58% de los desaparecidos tenían entre 21 y 30 años al momento de su secuestro.

Cuenta también que, por las denuncias recibidas hasta el cierre del informe, se daba cuenta de 8.691 desapariciones forzadas. “Es una lista abierta”, insiste el texto, que le exige al Estado argentino una respuesta definitiva a ese interrogante. Sostiene que, por cuestiones territoriales, muchas familias de desaparecidos no pudieron acercarse a prestar su testimonio a las audiencias coordinadas por la CoNaDeP, que otras tuvieron miedo a posibles represalias de las Fuerzas Armadas, y que otras no sabían qué hacer con tanto dolor. Cuenta que una de cada diez mujeres secuestradas y desaparecidas estaban embarazadas.

Y entre todo lo que dice el largo informe, históricamente editado por Eudeba, da cuenta del testimonio de Miguel D’Agostino, que estuvo secuestrado en el Club Atlético cuando tenía 18 años. Sus palabras, declaradas a la CoNaDeP hacia 1984, condensan el horror que vivieron él y tantas otras víctimas: “Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura”.

Lo que escuchó Javier Álvarez, sobreviviente del centro clandestino de detención instalado en Campo de Mayo, al llegar allí también sirve para dimensionar el calvario que estaba a punto de sufrir: “Lo primero que me dicen es que me olvidara de quién era, que a partir de ese momento tendría un número con el cual me manejaría, que para mí el mundo terminaba allí”. El Nunca más sostuvo en 1984 que la llegada a un campo de tortura y exterminio se asemejaba a esa inscripción que Dante Alighieri situó en la mismísima puerta del Infierno, en el Canto III de La Divina Comedia: “Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis”. La comparación goza de total vigencia.

Así secuestraban

El informe de la CoNaDeP reconstruye el momento del secuestro de sobrevivientes y desaparecidos. Se repiten la violencia de los grupos de tareas, el “tabicamiento” con alguna venda para que el secuestrado no viera nada, la liberación de la zona por parte de las fuerzas de seguridad, el saqueo de los bienes del secuestrado, el traslado en el piso de un auto a un destino incierto y feroz.

Uno de esos secuestrados fue Roque Núñez, cuya hija relató a la Comisión: “El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombres vestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal y cuyo jefe decía ser el Inspector Mayorga. Se llevan a mi papá, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente mi hermano Miguel presentó un recurso de Hábeas Corpus ante el Juzgado de San Isidro. Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detenida a mi madre, la encapucharon y trasladaron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi hermano Miguel en el domicilio, también fue secuestrado.

Durante el operativo que duró cuatro horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica y debí permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis necesidades fisiológicas, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a mi hermana María del Carmen. En esas circunstancias cayó el teléfono al suelo, siendo cambiado por otro aparato que aún está en mi domicilio. Al retirarse los responsables de esta operación, se llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido.

Mi madre fue puesta en libertad, con los ojos vendados a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano permanecen desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen Núñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado. Ellos también siguen en la condición de desaparecidos”.

Esto contó Carlos Alberto Campero, secuestrado en enero de 1978 y trasladado a Campo de Mayo: “Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon utilizando métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio teníamos un turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban como picana, pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua mineral para mojar a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla; mientras realizaban este acto de salvajismo, otro le pegaba con un cinto hasta ensangrentarle el cuerpo y desfigurarle la cara. Después de haber transcurrido un rato bastante prolongado optaron por llevarnos a todos, menos a Viviana, de seis meses de edad, que junto con Griselda, mi hermana de 13 años, quedaron en el domicilio”.

Así describió Juan Enrique Velázquez Rosano el momento en el que un grupo de tareas irrumpió en el hogar familiar: “Ya que yo contestaba en forma negativa comenzaron a a golpear a mi compañera con un cinto, tirones de pelos y puntapiés a los niños Celia Lucía, de 13 años, Juan Fabián, de 8 años, Verónica Daniela, de 3 años, y Silvina, de solamente veinte días… A los chicos los empujaban de un lado a otro y les preguntaban si iban amigos a la casa.

Luego de maltratar a mi compañera, tomaron a la bebita de solamente veinte días, la agarraron de los piecitos cabeza abajo y la golpearon diciéndole a la madre: ‘Si no hablás, la vamos a matar’. Los niños lloraban y el terror era mucho. La madre les imploraba, gritando, que no tocaran a la beba. Entonces decidieron hacer ‘el submarino’ a mi compañera delante de los niños, mientras al mismo tiempo me metían a mí en otra pieza".

Tal como consta en el Nunca más, los secuestros en algunos casos también incluyeron a niños o adolescentes que, por encontrarse en la escena en la que irrumpía el grupo de tareas, eran trasladados junto a sus madres o padres a los centros clandestinos de detención. Los casos de Floreal Avellaneda y Josefina Vargas son estremecedores.

Iris Pereyra de Avellaneda declaró ante la CoNaDep: “Fui detenida junto a mi hijo Floreal, de 14 años, el 15 de abril de 1976. Buscaban a mi marido, pero como este no estaba nos llevaron a nosotros dos a la Comisaría de Villa Martelli. Desde allí me condujeron encapuchada a Campo de Mayo. Allí me colocaron en un galpón donde había otras personas. En un momento escuché que uno de los secuestrados había sido mordido por los perros que tenían allí. Otra noche escuché gritos desgarradores y luego el silencio.

Al día siguiente los guardias comentaron que con uno de los obreros de Swift “se les había ido la mano” y había muerto. Salí de ese campo con destino a la Penitenciaría de Olmos. El cadáver de mi hijo apareció, junto con otros siete cuerpos, en las costas del Uruguay. Tenía las manos y los pies atados, estaba desnucado y mostraba signos de haber sufrido horribles torturas”.

Alicia Morales de Galamba fue secuestrada junto a su amiga María Luisa en la casa que compartían en Mendoza. Los hijos más grandes de cada una también fueron “chupados”. Entre ellos estaba Josefina, una nena de 5 años, hija de María Luisa.

Morales de Galamba declaró como sobreviviente ante la CoNaDeP: “María Luisa era realmente otra persona, el dolor la había envejecido. Me contó llorando que gracias a unas prostitutas había podido ver en los primeros días, poco después que nos separaron, a su marido, José Vargas. Él también había estado detenido allí. Actualmente figura como desaparecido. En esa entrevista José le contó a su esposa que la hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el sufrimiento de su padre, para que este hablara (...)

Lo que escuché después fue tan terrible que aún hoy siento como entonces que de todos los dramas que pueda vivir una persona, no debe haber otro peor que ese… ‘Hace unos días -me dijo María Luisa en ese momento- me llevaron a la casa de mis padres, en San Juan. Realmente creí que era para darles satisfacción a los viejos, mostrarles que estaba viva y reanudar el contacto con las niñas. Pero no, me llevaban para asistir a un velorio. ¿Y sabés de quién era? De mi mayorcita, de mi Josefina’. Cuando María Luisa le preguntó a su padre cómo había ocurrido semejante hecho, éste le contó que a los pocos días de llegar, la niña había sacado del cajón de un mueble el arma que el abuelo tenía en su casa y se había disparado un tiro”.

Así violaban y torturaban

Norberto Liwsky, médico, docente e investigador, fue secuestrado al momento de entrar en su casa, en Flores. Su testimonio sobre los distintos tipos de tortura que padeció es una muestra acabada de la variedad de métodos de tormento que desplegaba la dictadura: “Todo fue vertiginoso. Desde que me bajaron del coche hasta que comenzó la primera sesión de picana pasó menos tiempo que el que estoy tardando en contarlo.

Durante días fui sometido a la picana eléctrica aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. Conseguí sin proponérmelo hacerlos enojar, porque, no sé por qué causa, con la ‘picana’ aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron que me desmayara.

Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva ‘sesión’. (...)

En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo.

En algún momento estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía porque era irreconocible (además de tener muy afectada la vista) me dijeron que era una bombacha de mi mujer. Y nada más. Como para que sufriera… Me volvieron a vendar y siguieron apaleándome.

A los diez días del ingreso a ese ‘chupadero’ llevaron a mi mujer, Hilda Nora Ereñú, donde yo estaba tirado. La vi muy mal. Su estado físico era deplorable. Sólo nos dejaron dos o tres minutos juntos. En presencia de un torturador. Cuando se la llevaron pensé (después supe que ambos pensamos) que esa era la última vez que nos veíamos.

También me quemaron, en dos o tres oportunidades, con algún instrumento metálico. Tampoco lo vi, pero la sensación era de que me apoyaban algo duro. No un cigarrillo que se aplasta, sino algo parecido a un clavo calentado al rojo.

Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron (como siempre) y con toda paciencia comenzaron a despellejar las plantas de los pies. Supongo, no lo sé porque estaba ‘tabicado’, que lo hacían con una hojita de afeitar o un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si tiraran de la piel (desde el borde de la llaga) con una pinza. Esa vez me desmayé.

Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros trapos ensangrentados, me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me preguntaron si quería que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte (...)

Un día me llevaron al ‘quirófano’ y, nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo desde la garganta y el cerebro hacia abajo. Como si garganta, cerebro, estómago y testículos estuvieran unidos por un hilo de nylon y tiraran de él al mismo tiempo que aplastaban todo,. El deseo era que consiguieran arrancármelo todo y quedar definitivamente vacío. Y me desmayaba. (...)

Otro día me llevaron y, a pesar del tamaño de los testículos, me acostaron una vez más boca abajo. Me ataron y, sin apuro, desgarrando conscientemente, me violaron introduciéndome en el ano un objeto metálico. Después me aplicaron electricidad por medio de ese objeto, introducido como estaba. No sé describir la sensación de cómo me quemaba todo por dentro".

C.G.F., cuya identidad fue reservada por la CoNaDeP por el tipo de delito que denunciaba, fue secuestrada en el centro porteño al salir del trabajo. Sobre sus días en cautiverio relató: “Luego procedieron a introducirme en la vagina lo que después supe era un bastón o palo de policía.

Después me trasladaron a otro recinto, donde me obligaron a comer esposada a una mesa. Ante mi negativa me trasladaron a otro recinto, donde me ponían parada contra un ángulo del mismo, y vuelven a interrogarme, golpeándome la cabeza y amenazándome con introducirme el palo mencionado en el ano (...)

En dos oportunidades me llevaron vendada a otra dependencia, donde me obligaron a desnudarme, junto a una pared, y con muy malos tratos y agresiones verbales me acostaron en un elástico metálico de cama, me ataron tipo estaqueada y me picanearon en el bajo vientre y en la vulva, mientras me interrogaban (...)

Después de estas ‘sesiones’ me hacían vestir, y con buenos modos y palabras de consuelo me llevaban al dormitorio e indicaban a otra prisionera que se acercara y me consolara. Esto último lo hacían cuando traían a alguna de las otras prisioneras de sus respectivas ‘sesiones’.

Un día, desde el dormitorio, me llevaron vendada a una habitación que reconocí como el lugar donde me picanearon. Me hicieron quitar la venda de los ojos quedándome a solas con un hombre el que, ofreciéndome cigarrillos, y con buenos modales, me pidió que le contara todo lo que me habían hecho en ese lugar.

Al relatarle los hechos, me indicó uno que me había salteado, con lo que demostró haber presenciado todos los interrogatorios y torturas o, por lo menos, estar en perfecto conocimiento de ellos y, al mismo tiempo, me trató de inculcar la idea de que nada de lo que me pasó allí fue tan grave, ni los golpes fueron tan fuertes como yo pensaba, y me indicó que me liberarían y que no tenía que contar a nadie lo que me pasó en ese lapso (...)

Me dijo que tenía orden de matarme, me hizo palpar las armas que llevaba en la guantera del coche, guiándome con sus manos enguantadas y me propuso salvarme la vida si, a cambio, admitiía tener relaciones sexuales con él.

Accedí a su propuesta, considerando la posibilidad de salvar mi vida y de que se me quitase la venda de los ojos (...) Condujo el auto hasta un albergue transitorio, me indicó que él se estaba jugando, y que si yo hacía algo sospechoso me mataría de inmediato.

Ingresamos al albergue, mantuvimos la relación exigida bajo amenazada de muerte, con la cual me sentí y considero violada, salimos, y me llevó a casa de mis suegros".

Luis Alberto Urquiza, detenido en Córdoba en noviembre de 1976, declaró: “En la madrugada del día 16 soy conducido al baño por el Oficial de guardia Francisco Gontero que desde una distancia de 4 a 5 metros carga su pistola calibre 45 y efectúa tres disparos, uno de los cuales me atraviesa la pierna derecha a la altura de la rodilla. Se me deja parado desangrándome unos 20 minutos, la misma persona me rasga el pantalón y me introduce un palo en la herida y posteriormente el dedo. Al llegar varias personas al lugar, este mismo oficial argumenta que había intentado quitarle el arma y fugar. Soy separado del resto de los detenidos y puesto en una pieza oscura y se me niega ir al baño debiendo hacer mis necesidades fisiológicas en los mismos pantalones”.

El informe de la CoNaDeP describe así la experiencia relatada por Lidia Esther Biscarte, secuestrada apenas tres días después del Golpe en su casa de Zárate: “Sin preguntarle nada, le aplican la picana, la desnudan y le vuelven a aplicar la picana en el ano, en la vagina, en la boca y en las axilas. Le echan agua y la atan a un sillón de cuero. Tenía toda la cabeza cubierta con la sábana atada. Se acerca un sujeto que empieza a retorcerle los pezones, lo que le produce un intenso dolor, ya que también le habían aplicado picana en los pezones”.

Daniel Eduardo Fernández tenía 18 años y estudiaba en la escuela secundaria cuando fue secuestrado y torturado. Así lo contó: “Llegaron hasta a ponernos una bolsa de nylon en la cabeza y atarla al cuello bien fuertemente hasta que se nos acabara el aire y estuviéramos a punto de desmayar. Otra forma era atarnos en una tabla y poner en el extremo un recipiente lleno de agua. Se sumergía la cabeza de la víctima allí y hasta que largara ‘la última burbuja’ de aire no lo sacaban, y apenas cuando tomaba una bocanada de aire lo volvían a sumergir”.

Teresita Hazurun, abogada, fue secuestrada y trasladada a oficinas de la entonces SIDE en Santiago del Estero. Sobre sus días allí contó: “Cuando las personas llegaban allí eran llevadas a fosos que cavaban en la tierra con anterioridad, enterraban allí a las personas hasta el cuello, a veces durante cuatro o más días, hasta que pedían que los sacaran, decididos a declarar. Los tenían sin agua y sin comida, al sol o bajo la lluvia. Al desenterrarlos (los enterraban desnudos) salían con ronchas de las picaduras de insectos y hormigas. De allí los llevaban a las salas de torturas”.

Tres mujeres sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Asamblea Nacional Francesa. Una de ellas, de iniciales D.N.C., brindó un testimonio que luego fue recogido en el informe de la CoNaDeP: “Las tres estábamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado... la misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser médico y quiere revisarme ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ningún tipo de revisión médica seria...

Estando medio adormecida, no sé cuánto tiempo después, oí que la puerta del calabozo se abría y fui violada por uno de los guardias. El domingo siguiente esa misma persona, estando de guardia se me acercó y pidiéndome disculpas me dijo que era ‘un cabecita negra’ que quería estar con una mujer rubia, y que no sabía que yo no era guerrillera. Al entrar esa persona el día de la violación me dijo: ‘si no te quedás quieta te mando a la máquina’ y me puso la bota en la cara profiriendo amenazas.

A la mañana siguiente cuando sirvieron mate cocido esa misma persona me acercó azúcar diciéndome: ‘por los servicios prestados’. Durante esa misma mañana ingresó otro hombre a la celda gritando, dando órdenes: ‘párese, sáquese la ropa’, empujándome contra la pared y volviéndome a violar... El domingo por la noche, el hombre que me había violado estuvo de guardia obligándome a jugar a las cartas con él y esa misma noche volvió a ingresar a la celda violándome por segunda vez...”.

Horacio Miño Retamozo fue secuestrado en agosto de 1976. Se lo llevaron de su lugar de trabajo. Al dar su testimonio a la Comisión, sostuvo: “Los interrogatorios se hicieron luego más cortos, pero la picana era más fuerte, persiguiendo con encarnizamiento los esfínteres, siendo verdaderamente horrendo los electrodos en los dientes, que parece que un trueno le hace volar la cabeza en pedazos y un delgado cordón con pequeñas bolitas que me introducían en la boca y que es muy difícil de tragar pues provocan arcadas y vómitos, intensificándose por ello, los castigos, hasta conseguir que uno trague.

Cada bolita era un electrodo y cuando funcionaban parecía que mil cristales se rompían, se astillaban en el interior de uno y se desplazaban por el cuerpo hiriéndolo todo. Eran tan enloquecedores que no podía uno ni gritar, ni gemir, ni moverse. Un temblor convulsivo que, de no estar atado, empujaría a uno a la posición fetal. Quedando temblando por varias horas con todo el interior hecho una llaga y una sed que no se puede aguantar, pero el miedo al pasmo es superior y, por ello, en varios días uno no come, ni bebe, a pesar de que ellos quieren obligarlo a que lo haga. (...)

Cuando la guardia era un poco permisiva, pedíamos un cubo de agua y podíamos bañarnos. La primera vez que me bañé casi me muero. Cuando me levanté la venda me pareció imposible reconocerme. Estaba negro de marcas, como si me hubiera revolcado en alambres de púas, lleno de quemaduras, desde cigarrillos hasta el bisturí eléctrico, era el mapa de la desdicha”.

Juan Matías Bianchi era de Campana y relató su historia a la CoNaDeP, que la asentó en el legajo 2669: “En un momento siente que lo levantan, lo llevan por un pasillo a otro lugar, donde le ordenan desvestirse, lo tiran sobre un camastro y le dicen: ‘Mirá, yo soy El Alemán’, mientras el dicente oía mujeres y hombres que gritaban. El Alemán trata de introducirle un caño en el ano. Otra voz le dice que lo dejen, y dirigiéndose al dicente, le dice: ‘¿Ves? Yo soy El Gallego y te salvé de que éste te rompiera metiéndote el fierro’.

Lo colocan desnudo, abierto de piernas y brazos, atados con cuero. El Gallego le dice que hable, mientras procede a aplicarle una descarga eléctrica en el tobillo, quemándole los músculos, de lo cual todavía tiene la marca. También lo interroga una mujer.

El Gallego también le aplica picana en las axilas de lo cual también conserva marcas. El Gallego se reía y le dice, dirigiéndose a la mujer: ‘A vos que te gusta el pedazo, seguí vos’. Entonces siente que la mujer toma su miembro y le introduce un líquido como cáustico, a raíz de lo cual ha tenido problemas para efectuar la micción".

Un hombre que fue trasladado a Campo de Mayo tras ser secuestrado en abril de 1977 aseguró: “En Campo de Mayo, donde fui llevado el 28 de abril de 1977, el tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo de su permanencia encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse, alojado en grandes pabellones que habrían funcionado antes como caballerizas.

Tal vez esa frase no sirva para graficar lo que eso significaba en realidad, porque se puede llegar a imaginar que cuando digo “todo el tiempo sentado y encapuchado” esto es una forma de decir. Pero no es así, a los prisioneros se nos obligaba a permanecer sentados sin respaldo en el suelo, es decir sin apoyarse en la pared, desde que nos levantábamos, a las 6 de la mañana, hasta que nos acostábamos, a las 20. Pasábamos en esa posición 14 horas por día. Y cuando digo ‘sin hablar y sin moverse’ significa exactamente eso. No podíamos pronunciar palabra alguna y ni siquiera girar la cabeza".

Así desaparecieron a sus víctimas

El testimonio de Norma Susana Burgos sobre el destino de un hombre al que llamaban “Tincho”, secuestrado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), es revelador respecto de los llamados “vuelos de la muerte”. Las Fuerzas Armadas usaban un eufemismo feroz para referirse a esos operativos: “traslados”.

“En un traslado que se realizó en febrero-marzo de 1977 se llevaron a un hombre llamado ‘Tincho’. Lo bajan al sótano, le aplican la vacuna y un rato después comienza a sentirse sin fuerzas y mareado. Oye cómo los demás vomitan e incluso se desmayan y son sacados a la rastra. Una vez, después de un traslado a unas compañeras les llamó la atención encontrar en el piso del sótano marcas de zapatos de goma arrastrados (evidentemente ese día no habían realizado bien la habitual limpieza).

A Tincho lo sacaron con los demás por una puerta a la derecha de la entrada principal del sótano. Lo subieron a un camión y lo llevaron a un lugar que supone que puede ser el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Lo obligaron a subir las escalerillas de un avión y arriba le preguntaron su nombre y su número y evidentemente al haberse equivocado de persona lo bajaron y lo regresaron al tercer piso de la ESMA”, dijo Burgos a la Comisión.

Las mismas tres mujeres que sobrevivieron al cautiverio en la ESMA y contaron las violaciones que sufrieron ante la Asamblea Nacional Francesa se refirieron a los “días de traslado” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada: “El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar o no. Se comenzaba a llamar a los detenidos por el número. Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba.

Así, vivos, eran sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos eran llevados al Aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el Sur, mar adentro, donde eran tirados vivos.

El Capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema ‘traslados’. En momentos de histeria hizo afirmaciones como la siguiente: ‘Aquí al que moleste se le pone un Pentho-naval y se va para arriba’“.

Carlos Beltrán fue gendarme desde 1971 hasta que le dieron la baja, en 1980. Ante la CoNaDeP habló de sus tiempos en La Perla, el centro clandestino de detención de Córdoba: “Partió el camión, seguido del automóvil marca Torino que conducía habitualmente el ‘Capitán’, a quien acompañaba ‘Gino’. Los vehículos tomaron por un camino de tierra trasponiendo el alambrado que rodea el edificio de La Perla (...)

Todos descendemos de los vehículos y recorremos un trecho de unos cincuenta metros sobre ese terreno sin sembrar, con muchos yuyos. Una vez allí, el “Capitán” ordenó que se desataran las manos del más joven de los detenidos y que se le hiciera entrega de una de las palas que habían traído los suboficiales, ordenándole a la víctima que comenzara a cavar una fosa (...) Pude advertir, entonces, que mientras rezaba muy despacio comenzó a llorar.

Nadie hablaba, reinaba un profundo silencio cuando el ‘Capitán’ hizo subir al borde de la fosa al detenido que estaba cavando e hizo colocar a los tres restantes junto a la víctima, uno junto a otro, detrás de la fosa. Luego de una seña del ‘Capitán’ y previo a haberme dicho textualmente ‘a estos hay que mandarlos a 1,80’, a lo que yo manifesté que no lo iba a hacer, ‘Gino’, los cuatro suboficiales y el Teniente primero comenzaron a disparar sobre los detenidos".

Jorge Carlos Torres, cabo segundo que cumplió funciones en la ESMA, contó a la Comisión: “Yo tuve conocimiento que desde la ESMA se trasladaban cuerpos de detenidos muertos, en camionetas verdes, al campo de deportes que se encuentra en los fondos de la escuela, del otro lado de la Av. Lugones, sobre la costa. Iban dos personas a cargo de cada camioneta y en una oportunidad oí que le decían al suboficial a cargo de la guardia que venían ‘de hacer un asadito’, forma de manifestar el procedimiento de quema de los cadáveres. Por la noche podían verse las hogueras de la quema de los cuerpos”.

Lo narrado por Alejandro Hugo López completa el panorama sobre la quema de cuerpos en la ESMA: “En el mes de mayo de 1976 fui incorporado al Servicio Militar, con tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí se hacían algunos trabajos que llamaban “operativos” y se construyó lo que llamaban ‘parrilla’, que consistía en una batea de acero con un tubo para introducir gasoil donde se ponían cuerpos para incinerarlos.

Yo tenía conocimiento de esto por trabajar en la cocina de compras. Por las noches solían venir a buscar un tanque con combustible gasoil, que todo el mundo allí sabía que era para la parrilla donde se incineraba gente, la que era usada en el Campo de Deportes (...) A menudo también llegaba el helicóptero que trasladaba cuerpos. Esas eran las dos formas en que hacían desaparecer a los detenidos”.

El testimonio de dos ex agentes de Policía de la Provincia, recogido en el legajo 1028, permitió saber más sobre el destino de los cuerpos en esa jurisdicción: “Se los enterraba en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados, disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultáneamente neumáticos”.

Parir en cautiverio

El Nunca más cuenta con el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, física, docente e investigadora que fue secuestrada en febrero de 1977, embarazada de siete meses. Su declaración durante el Juicio a las Juntas resultó clave para dimensionar el trato que recibían las mujeres embarazadas en los centros de tortura y desaparición forzada.

Ante la Comisión, sostuvo: “El 15 de abril comenzó mi trabajo de parto. Después de 3 ó 4 horas de estar en el piso con contracciones cada vez más seguidas y gracias a los gritos de las demás, me subieron a un patrullero con dos hombres adulante y una mujer atrás (a la que llamaban Lucrecia y que participaba en las torturas).

Partimos rumbo a Buenos Aires, pero mi bebita no supo esperar y a la altura del cruce de Alpargatas, frente al Laboratorio Abbott, la mujer gritó que pararan el auto en la banquina y allí nació Teresa. Gracias a esas cosas de la naturaleza el parto fue normal.

La única atención que tuve fue que, con un trapo sucio, Lucrecia ató el cordón que todavía la unía a mí porque no tenían con qué cortarlo. No más de cinco minutos después seguíamos rumbo a un teórico ‘hospital’. Yo todavía seguía con los ojos vendados y mi beba lloraba en el asiento.

Después de muchas vueltas llegamos a lo que después supe era la Brigada de Investigaciones de Banfield (Pozo de Banfield). Allí estaba el mismo médico que había atendido a Inés Ortega de Fossatti. En el auto cortó el cordón y me subieron uno o dos pisos hasta un lugar donde me sacaron la placenta. Me hicieron desnudar y frente al oficial de guardia tuve que lavar la camilla, el piso, mi vestido, recoger la placenta y, por fin, me dejaron lavar a mi beba, todo en medio de insultos y amenazas”.

Aunque Calvo de Laborde y su hija fueron liberadas, ese no fue el destino de cientos de bebés nacidos en cautiverio. Otro de los crímenes cometidos por la dictadura fue el robo de bebés a sus familias y, a la vez, el robo de sus identidades a esos bebés: hay unos 300, hoy adultos de entre 45 y 50 años aproximadamente, que son buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo para que conozcan su verdadera historia familiar.

Hay, también, 140 nietos y nietas cuyas identidades ya fueron restituidas en las últimas cuatro décadas. Muchas de las mujeres que llegaron embarazadas a los centros clandestinos de detención permanecen desaparecidas.

“Los cadáveres no se entregan”

Hay una frase que escuchó, en plena dictadura, el padre de una joven desaparecida. Es una frase que condensa la política deliberada de desaparición forzada de personas que llevaron adelante las Juntas Militares. Elena Arce Shores había sido secuestrada en La Plata. Su padre acudió a todos los contactos que pudo para obtener alguna respuesta sobre el paradero de su hija y logró que un coronel del Ejército lo recibiera y hasta le prometiera averiguar sobre ese paradero.

Así le contó ese padre a la CoNaDeP lo que tuvo que escuchar: “Efectivamente esto ocurrió, confirmándose la detención en un operativo anti-subversivo, no aclarándose mayores detalles y terminando con una frase que me quedó grabada a fuego: ‘No la busque más a Elena, ya dejó de sufrir, ojalá que esté en el cielo’. Me explicó la faz técnica de este tipo de operativo, a lo que denominó ‘en blanco’ o ‘en negro’, según el personal interviniente usara o no uniforme (...) Días después, repuesto de este shock, volví a ponerme en contacto en su domicilio y le reclamé el cadáver de mi hija, a lo que respondió: ‘Los cadáveres no se entregan…’”

“Los cadáveres no se entregan”, le dijo el coronel del Ejército a ese padre desesperado por, aunque fuera muerta, ver a su hija una última vez. Por saber dónde estaba su cuerpo y poder hacer con ese cuerpo lo que su dolor y el de toda su familia necesitaran.

La dictadura que partió la historia argentina en dos empezó hace medio siglo y no entregó los cadáveres. Por eso hay familias que recién tuvieron alguna certeza -el hallazgo de un pedazo de falange con un ADN compatible con el suyo- hace menos de dos semanas. Y por eso este martes no va alcanzar la Plaza de Mayo para las miles y miles de personas que salgan a la calle a repetir lo de todos estos años: nunca más.

El 9 de diciembre de 2025 se cumplieron 40 años del Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial sin precedentes que marcó un punto de inflexión en la historia institucional argentina. Aquel juicio, que también incluyó el enjuiciamiento de los principales dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros, fue una decisión política y jurídica que terminó de consolidar el sistema democrático recuperado en 1983.

Apenas tres días después de asumir la Presidencia de la Nación, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó tres decretos que sentaron las bases del proceso. El Decreto 157/83 ordenó el juzgamiento penal de los jefes de las organizaciones armadas por los delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976. El Decreto 158 dispuso el enjuiciamiento de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 por graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el Decreto 187 creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar y reunir pruebas sobre la desaparición forzada de personas.

El mensaje era inequívoco: el Estado democrático no juzgaría solo a los militares, sino también la violencia política previa. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. No todo el arco político acompañó la iniciativa. Durante la campaña electoral, el entonces candidato del Partido Justicialista había sostenido que no debía derogarse la Ley de Pacificación Nacional, sancionada por la dictadura apenas un mes antes de las elecciones de 1983, mediante la cual se amnistiaron a militares y guerrilleros.

Alfonsín dictó esos decretos en su carácter de jefe de los fiscales que debían actuar ante el Poder Judicial, una facultad que entonces formaba parte de las atribuciones presidenciales. Días más tarde, el 22 de diciembre de 1983, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 23.040, que declaró insanablemente nula e inconstitucional la Ley de facto 22.924, conocida como Ley de Pacificación Nacional o de autoamnistía.

Esa norma había establecido la extinción de las acciones penales por delitos cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, incluyendo a autores, partícipes, instigadores, cómplices y encubridores, tanto de delitos comunes como militares. Su derogación fue decisiva para habilitar el Juicio a las Juntas en 1985.

Tampoco fue sencillo el funcionamiento de la CONADEP. En los días previos a la asunción de las autoridades democráticas se produjeron fuertes discusiones dentro del radicalismo sobre el alcance de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos. A ello se sumó la negativa de diputados y senadores peronistas a integrar la Comisión, lo que obligó a avanzar sin un respaldo político pleno.

Pese a ello, la CONADEP logró documentar cerca de 9.000 casos concretos de violaciones a los derechos humanos. El informe Nunca Más fue presentado el 20 de septiembre de 1984 y entregado al presidente en un acto acompañado por una multitudinaria movilización de aproximadamente 70.000 personas. Su impacto fue profundo: no solo se convirtió en una prueba central del juicio, sino que produjo una transformación cultural duradera en la sociedad argentina.

El proceso judicial también enfrentó obstáculos. El 11 de julio de 1984, la Cámara Federal ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si había existido un método sistemático de violación de derechos humanos. Ante la falta de respuestas y la demora injustificada de la justicia militar, la Cámara decidió, el 4 de octubre de ese año, apartar al tribunal castrense y asumir directamente la causa.

El tribunal que juzgó a las Juntas Militares estuvo integrado por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, todos designados conforme a la Constitución, con acuerdo del Senado.

La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985 y superó las 2.000 páginas. El fallo consideró probado que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, rechazó la vigencia de la ley de autoamnistía y estableció responsabilidades diferenciadas según la actuación de cada fuerza.

Entre los crímenes más aberrantes del terrorismo de Estado se destacó la apropiación sistemática de menores y la supresión de su identidad. En 2012, la Justicia determinó que se trató de una práctica generalizada y planificada desde las cúpulas militares. Hasta 2022, 130 personas habían recuperado su identidad, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados.

Juzgar todos los delitos fue lo que permitió, finalmente, pacificar aquel momento histórico sin falsear la realidad. El mayor castigo para los responsables fue quedar expuestos ante la historia: una justicia democrática, con la Constitución en la mano, condenó lo que ellos habían ejecutado mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

El Juicio a las Juntas fue una bisagra. Consolidó los derechos humanos como política de Estado y dejó una advertencia clara para el futuro: en la Argentina, quien intente subvertir el orden constitucional, ya sea mediante un gobierno de facto o a través del terrorismo, sabe que existen antecedentes de una democracia capaz de juzgar y condenar los crímenes más graves.

Ese fue, en definitiva, el día en que la democracia terminó de afirmarse.

El rabino, académico y referente del judaísmo liberal en América Latina, Felipe Yafe, falleció a los 72 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el liderazgo comunitario, la docencia y la participación activa en momentos clave de la historia argentina.

Su legado se extendió más allá de los límites de la vida religiosa, abarcando la defensa de los derechos humanos y la formación intelectual de generaciones.

La impronta de Yafe quedó marcada en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en donde resultó decisivo para la articulación entre referentes religiosos y la lucha por la memoria y los derechos humanos en la democracia recuperada.

Según relató el propio Yafe al periodista Hernán Dobry para el libro Los rabinos de Malvinas, fue convocado por el rabino Marshall Meyer para integrarse a la delegación norte de la CONADEP en 1984, donde se dedicó a recibir testimonios de víctimas y familiares. “Me convocó el rabino Marshall Meyer para trabajar en la delegación norte de la CONADEP, recibiendo testimonios”, recordó sobre esa etapa.

Su labor en la comisión, que se extendió hasta 1985, se desarrolló en un contexto en el que los vínculos entre religión, ética y memoria comenzaban a consolidarse en la escena pública argentina.

Su paso por Malvinas y legado académico

La experiencia de Yafe como capellán durante la Guerra de Malvinas en 1982 constituyó otro de los hitos de su vida. Se postuló voluntariamente para acompañar a los soldados judíos en el frente, enfrentando las duras condiciones del conflicto.

En su testimonio recogido por Dobry, describió el primer encuentro con los soldados: “Recuerdo que el primer día hacía mucho frío y al llegar al destacamento su comandante gritó a los soldados que los que eran judíos den un paso adelante. En ese momento se juntaron unas 30 personas”.

Durante su estadía, generó espacios de diálogo y contención emocional, donde el miedo a la muerte era un tema recurrente. “Casi inmediatamente se generó una catarata de voces de soldados que buscaban expresarse y contar sus experiencias a modo de desahogo. El miedo a la muerte era un tema recurrente dentro de estos espacios”, relató.

Además, visitó campamentos de heridos, brindando apoyo tanto a soldados judíos como a quienes no pertenecían a la colectividad. “Un coronel preguntó nuevamente quiénes de los soldados eran judíos. Solamente uno levantó la mano; sin embargo me permitieron visitar a otros soldados que no eran de nuestra colectividad”, narró sobre su labor en el frente.

En el ámbito comunitario, Yafe dirigió la Comunidad Bet Hilel entre 1991 y 2015, un período en el que consolidó un estilo de liderazgo basado en la formación religiosa, la reflexión intelectual y la sensibilidad social. Su gestión marcó la vida de distintas generaciones de judíos argentinos, combinando la transmisión de la tradición con una mirada crítica y moderna.

La formación académica de Yafe incluyó estudios en Jerusalén y Nueva York, donde obtuvo su doctorado en Biblia en el Jewish Theological Seminary of America en 1989.

Su vínculo con el Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer” fue central: ejerció como decano entre 1996 y 2003 y mantuvo una extensa trayectoria docente, impulsando una aproximación crítica a los textos bíblicos y promoviendo un enfoque contemporáneo de la tradición judía.

La actividad académica de Yafe se extendió a universidades de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, donde dictó clases y participó como profesor invitado en instituciones como la Universidad Hebraica de México, el Jewish Theological Seminary y la Universidad Maimónides durante las décadas de 1990 y 2000.

En el campo de la producción intelectual, Yafe publicó artículos en revistas especializadas y el libro Profetas, Reyes y Hacendados en la Época Bíblica, editado en Buenos Aires en 1997. Además, integró el Tribunal de Ética de la Comunidad Judeo-Argentina y dirigió varios institutos rabínicos de formación.

Con respecto a los homenajes que se harán hacia su persona, habrán dos instancias abiertas para recordarlo en familia y comunidad. Este sábado 11 de octubre, después de Shabat (20hs), en la casa donde Felipe vivió junto a su familia durante más de 30 años.

Por otro lado, el domingo 12 a las 18:30 se lo recordará en la Comunidad Bet Hilel, Aráoz 2854, CABA.

“En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la Justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio”.

Era 20 de septiembre de 1984 cuando un atribulado pero sólido Ernesto Sabato se dirigía con estas palabras al entonce presidente Raúl Alfonsín para presentar el trabajo a destajo que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que él presidía había realizado durante los nueve meses anteriores, desde que el mandatario que trajo de regreso la democracia la había creado.

Eran más de cincuenta mil páginas que rebalsaban de datos. Más de cincuenta mil páginas que contenían el testimonio más atroz. Secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones. Las formas más siniestras de la muerte. Nombres y ubicaciones de los centros clandestinos y morideros que antes de su caída las Fuerzas Armadas habían querido destruir, ocultar. Más de cincuenta mil páginas que serían prueba judicial y piedra fundacional en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Que serían bandera, declaración, deseo, mandamiento.

“Desde el momento del secuestro la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojada al río al mar o reducida a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas argentinas, comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas en los sótanos de una sociedad aterrorizada. Quizás aquel 24 de marzo fatídico, cuando derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había asumido tras la muerte de Juan Domingo en 1974, los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Argentina estaba acostumbrada: contaban demasiados años en su historia en los que los gobiernos militares se intercalaban con los civiles tomando el poder por la fuerza. Aunque a este golpe lo antecedía una escalada de violencia cada vez más cruda, cada vez más feroz. Orquestada por grupos paramilitares dirigidos por personas allegadas a la presidenta y al poder que querían acabar con las organizaciones políticas de izquierda, las que habían decidido armarse para plantarles cara y dar una revolución violenta que condujera —utopía mediante— a una existencia más justa.

Cuando la junta militar tomó el gobierno, los secuestros, los asesinatos, las acciones clandestinas de los movimientos guerrilleros, los cadáveres en las veredas cocidos a balazos eran parte de las noticias y el paisaje cotidiano. Quizás aquel 24 de marzo fatídico los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Quizás algunos o varios o muchos pensaron que la violencia llegaría a su fin. Argentina estaba acostumbrada. Mas lo que sucedió a partir de aquel 24 de marzo fatídico no tenía precedentes.

“Proceso de Reorganización Nacional” —el eufemismo padre de los cientos de eufemismos siniestros que utilizarían los perpetradores desde entonces— llamaron ampulosamente al plan a través del que establecieron un sistema concentracionario que aniquiló a miles de personas y sembró el terror en las fibras más profundas de la estructura social. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés robados, miles de ciudadanos exiliados. Una guerra infame, un país en ruinas.

La guerra de Malvinas y el debilitamiento progresivo del poder de los dictadores después de siete años de oprobio dieron paso al regreso democrático que quedó formalizado el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Cinco días más tarde, el 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.

Los integrantes eran miembros destacados de la sociedad. Presidido por el escritor Ernesto Sabato, el grupo que se dispuso a desentrañar las violaciones a los derechos humanos estaba formado por el exrector de la UBA, Ricardo Colombres; el doctor René Favaloro —que renunciaría al no estar de acuerdo con que la comisión no investigara los crímenes de la Triple A ocurridos durante el Gobierno de Isabel Perón—; el exdecano de la Facultad de Ingeniería y también exrector de la UBA, Hilario Fernández Long; el pastor evangélico Carlos Gattinoni; el filósofo y matemático, Gregorio Klimovsky; el rabino y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, Marshall Meyer; el obispo defensor de los derechos humanos, Jaime de Nevares; el filósofo Eduardo Rabossi; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. También los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación del Congreso.

Como secretarios actuaron Daniel Salvador, en el Procesamiento de Datos; Raúl Peneón, en Procedimientos; Alberto Mansur, en Asuntos Legales; Leopoldo Silgueira, como administrativo; Agustín Altamiranda; y Graciela Fernández Meijide en la Recepción de Denuncias.

Junto a ellos, un grupo de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos trabajaron incansablemente y en tiempo récord. Como la abogada, exjueza y docente de la Universidad de Buenos Aires fallecida en 2024, LuciIa Larrandart, quien en 1984 también fue designada a la Secretaría de Denuncias de la Conadep.

Su titánica labor consistió en leer y oír miles de acusaciones y testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas e intentar ubicar el sitio donde habían sido destinadas las personas desaparecidas, siguiendo unas huellas fragmentadas, borrosas: “Uníamos las características mencionadas con el centro de detención al que correspondía porque no se sabía qué centros había”. Se calcula que hubo más de 800 centros clandestinos de detención, "la Conadep fue la que comenzó a descubrirlos. Fue un trabajo superartesanal que se hizo en diez meses", recordaba hace unos años Larrandart.

Como un enorme desafío macabro de enigmas y acertijos, a partir de datos sueltos y características e información cruzada lograron devolver la identidad a muchos desaparecidos, identificar represores y descifrar la suerte indescriptible de muchas de las personas a las que sus familias y amigos buscaban. El trabajo minucioso de la comisión perseguía un fin mayor: comenzar algo que se pareciera a la sombra de una reparación imposible.

Ocupados con tamaña tarea, contaba Larrandart, jamás imaginaron el impacto que tendría el material que estaban preparando. “En el momento nos parecía que no era tan importante lo que estábamos haciendo porque no se tomaban declaraciones en tribunales, no pensábamos que sería prueba judicial”. Pero cuando pudo verlo en retrospectiva, fue evidente: "El informe es brutal. Describe todo cuando no se conocía nada, hizo que el conjunto de la sociedad se enterara de lo ocurrido y sirvió como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que vendrían después".

“Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos. Cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se había quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos pues en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

En varias escenas, de las muchas indelebles, de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que recrea la tarea del fiscal Julio Strassera, su adjunto, Luis Moreno Ocampo, y un equipo legal formado por jóvenes estudiantes, de investigar y preparar en tiempo récord la acusación judicial más importante del país y sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la juntas militar que lo masacraron, se ve a los chicos y chicas —eso eran— del equipo de Strassera correr en una competencia descarnada contra el tiempo. Tenían solo cuatro meses para reunir la información que requerían para el juicio. Se los ve en una oficina desplegando papeles, haciendo marcas como en un juego de estrategias, uniendo puntos con nombres, subiendo a micros que los conducían a diferentes puntos de la Argentina para recabar testimonios e intentar localizar sitios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y muerte.

Todo eso teñido a la vez de un vértigo, una adrenalina y un entusiasmo que traspasaba la pantalla. La adrenalina, el vértigo y el entusiasmo que generaba saber que lo que hacían podía cambiar la historia. El cuerpo de funcionarios judiciales se había negado a asistir a los fiscales en esa tarea, por miedo, simpatía o complicidad con los militares. Ellos, con alrededor de 20 años o menos, salieron a conseguir lo imposible.

Mientras, eran seguidos de cerca, en las sombras, amenazados e intimidados por los exrepresores, sicarios sueltos que les respiraban en la nuca e intentaban hacerlos abdicar para que el juicio no se concretara.

En el film —una dramatización inspirada en los hechos reales, aclararon sus productores—, los chicos y chicas de la Fiscalía van a la Conadep. Alguien del equipo los recibe, les ofrece los expedientes. Ellos se sientan allí a leer el informe. Lloran.

De esa manera, con papeles regados por doquier; unión de nombres, datos y puntos geográficos con declaraciones; recabando denuncias; recorriendo el país en busca de testimonios y sitios de la muerte casi a ciegas; siguiendo pistas incompletas como en una caza del tesoro y oyendo las experiencias más salvajes que puede oír un ser humano, todo a contrarreloj, transcurrió el trabajo de la Conadep realizado apenas unos meses antes de la investigación de la Fiscalía que llevó a los perpetradores a juicio marcando un hito sin precedentes en el mundo. Para eso, el informe inestimable de la comisión fue clave: registró todas las desapariciones denunciadas hasta ese momento y los centros clandestinos, contrastando la información a la que accedían con la arquitectura de los edificios, reconocimiento que hacían muchas veces con la ayuda de los sobrevivientes.

Sus miembros confeccionaron mapas, agruparon testimonios y analizaron todo el material compilado con el objetivo de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Visitaron morgues, vecindarios, lugares de trabajo de las personas desaparecidas para descifrar las modalidades utilizadas para secuestrarlas y localizar los centros clandestinos de detención. Revisaron registros carcelarios, policiales. También investigaron delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. En 280 días la Conadep hizo un trabajo colosal.

El 20 de septiembre de 1984 el escritor Ernesto Sabato le entregaba a Alfonsín un informe que incluía una vasta muestra del funcionamiento de los subsuelos del terror: testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, detalles sobre las torturas, un inventario de más de 300 centros clandestinos de detención y una lista parcial de las personas desaparecidas —el documento probaba al menos nueve mil casos—. Cincuenta mil páginas con un infierno de información.

Esa voluminosa investigación, también conocida entonces como “Informe Sabato”, fue editada y publicada luego por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) —con un prólogo que iba a despertar controversias— bajo el título Nunca más. Que fue propuesto por el rabino Marshall Meyer: era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia en repudio de las violaciones a los derechos humanos y las vejaciones realizadas por los nazis.

La publicación del informe Nunca más —o simplemente, “el Nunca más”—, un material imprescindible para comprender el pasado reciente, demostró por primera vez el carácter sistemático de la represión llevada a cabo a manos y en nombre del Estado.

“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984)

"La construcción de la Conadep inicia un proceso sin retorno en busca de memoria, verdad y justicia en Argentina y, claramente, es un quiebre, una bisagra", le decía a esta periodista hace unos años el abogado y exdetenido desaparecido Martín Gras, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del país.

En esa conversación Gras acentuaba que “la represión argentina se caracterizó por crear la figura del desaparecido, alguien que, en palabras de Videla ‘no estaba ni vivo ni muerto’. Colocó al desaparecido en un no lugar. Y montó un sistema totalmente clandestino y fantasma por debajo de la esfera pública. El terrorismo de Estado, entonces, tenía en su corazón esa especie de pozo negro que era la ignorancia sobre la suerte de miles de hombres y mujeres. Y cuando se produjo el proceso de recuperación democrática hubo un clamor, principalmente de los familiares de las víctimas que —con cierta ingenuidad— pensaban que muchos o la totalidad de los desaparecidos iban a reaparecer. Cuando la Conadep comenzó a investigar, fue desbordada por aquello con lo que se encontró“.

El primer gran impacto fue para los familiares de las víctimas, señalaba, porque recién ahí comprendieron lo que había sucedido: “Ya no era su hijo, su hermano, se descubre que hubo una política de exterminio y que fueron miles. Le dieron, de golpe, a todo el país la dimensión de lo que pasó. La sociedad en su conjunto salió de un espacio de niebla. Yo creo que ese fue el efecto principal que tuvo esa tríada de Conadep, Nunca más y Juicio a las Juntas". Para los sobrevivientes, además, la creación de la comisión “significó la posibilidad de hablar y ser escuchados”.

El único punto flaco señalado por Gras fue la polémica que rodeó al prólogo con el que se publicó el informe, escrito por el mismo Sabato. El texto comenzaba con una frase que hacía alusión a la teoría de los dos demonios: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, una frase fuertemente criticada por conducir a una lectura de los hechos que equiparaba la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Esa interpretación de lo ocurrido, esa frase y ese prólogo que se antepone a un texto que muestra lo opuesto, que deja puramente al descubierto el accionar abyecto y descarnado de las Fuerzas Armadas, generó controversias y cambios en las reediciones posteriores del Nunca más.

Del trabajo de la comisión, solo virtudes.

En el mismo prólogo, apenas unas líneas abajo de esta primera, Sabato escribió: “Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad”.

“La impunidad es enemiga directa de la búsqueda de derechos”, dijo Gras al hablar sobre la Conadep y su tarea, y aseguró que el Nunca más y los primeros juicios refundaron la democracia argentina —aún con las absoluciones, los indultos, las condenas a medias y otros agujeros que dejaron medidas establecidas por el mismo Alfonsín poco después y que seguirían vigentes hasta el 2003.

Buscar justicia fue imprescindible para empezar a reparar el tejido social destrozado. Por eso las palabras con las que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato histórico, unidas al trabajo de la Conadep, quedarían grabadas en la memoria colectiva argentina: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más”.

Cuando Alfonsín recibió los gruesos fajos que contenían la investigación de la Conadep de la mano de Sabato —dicen que algunos de los integrantes de la comisión durmieron la noche previa junto a las copias por miedo a que intentaran robarlas o destruirlas— agradeció con solemnidad, elogió la labor realizada y dió el pie para el juicio que llegaría un año después: “Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes. Así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados, por qué no, de la mano de la bondad.

Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”.

Para que nunca más el odio. Para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Quizás sean buenos tiempos para recordarlo.