Esta nota empieza con una obviedad: se cumplen cincuenta años desde el inicio de la última dictadura en la Argentina. La que implementó un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. La que convirtió al Estado argentino en terrorista. Esto que sigue no es una obviedad: pasaron apenas trece días -menos de dos semanas- desde que se confirmó la identidad de doce desaparecidos allí donde funcionó La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más gravitantes de ese terror que se extendió durante siete años.

Hay familias que confirmaron, hace nada más que trece días, dónde estaban sus desaparecidos. Después de medio siglo de ausencia, de un duelo sin cuerpo y sin certezas. Esa es una de todas las formas en las que se puede intentar, apenas intentar, dimensionar la tragedia que desencadenó el Golpe que irrumpió el orden democrático el 24 de marzo de 1976 y que se extendió hasta fines de 1983. Es una de las formas de decir que las consecuencias de ese plan de exterminio llegan hasta hoy.

Un informe para juzgar a las Juntas

Apenas restaurada la democracia, el flamante presidente, Raúl Alfonsín, ordenó que se conformara la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Esa comisión escucharía el testimonio de sobrevivientes de los campos clandestinos de detención y de familiares y amigos de quienes estuvieran desaparecidos. Elaborarían un informe y ese informe sería la columna vertebral de la acusación del Juicio a las Juntas que se llevó a cabo en 1985 y que condenó a cinco de los máximos responsables de la dictadura por crímenes de lesa humanidad.

La CoNaDeP entregó el informe a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, tras recolectar decenas de miles de testimonios y recorrer muchos de los centros clandestinos de detención junto a algunos de sus sobrevivientes. El informe tiene un título inscrito en el inconsciente colectivo de los argentinos: Nunca más. Está inspirado en un lema que defendieron los sobrevivientes del Gueto de Varsovia, que con esas palabras repudiaban los crímenes atroces del nazismo.

“Nunca más”, instó Julio Strassera, el fiscal que acusó a las Juntas Militares, ante los seis jueces que los condenaron. Dijo que esa frase no le pertenecía a él, sino “a todo el pueblo argentino”. Este martes, la Plaza de Mayo y tantas otras de todo el país reclamarán eso mismo: nunca más.

Infobae seleccionó los testimonios que, por su potencia, por sus detalles, o por las dos cosas al mismo tiempo, integran el Nunca más y cuentan cómo hacía la dictadura para secuestrar, torturar, violar y desaparecer a sus víctimas. El informe, cerrado en la segunda mitad de 1984, estima que las Juntas Militares montaron alrededor de 340 centros clandestinos de detención en todo el país. Asegura que, hacia marzo de 1978, ya habían pasado unos 4.700 detenidos desaparecidos por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y establece que el 58% de los desaparecidos tenían entre 21 y 30 años al momento de su secuestro.

Cuenta también que, por las denuncias recibidas hasta el cierre del informe, se daba cuenta de 8.691 desapariciones forzadas. “Es una lista abierta”, insiste el texto, que le exige al Estado argentino una respuesta definitiva a ese interrogante. Sostiene que, por cuestiones territoriales, muchas familias de desaparecidos no pudieron acercarse a prestar su testimonio a las audiencias coordinadas por la CoNaDeP, que otras tuvieron miedo a posibles represalias de las Fuerzas Armadas, y que otras no sabían qué hacer con tanto dolor. Cuenta que una de cada diez mujeres secuestradas y desaparecidas estaban embarazadas.

Y entre todo lo que dice el largo informe, históricamente editado por Eudeba, da cuenta del testimonio de Miguel D’Agostino, que estuvo secuestrado en el Club Atlético cuando tenía 18 años. Sus palabras, declaradas a la CoNaDeP hacia 1984, condensan el horror que vivieron él y tantas otras víctimas: “Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura”.

Lo que escuchó Javier Álvarez, sobreviviente del centro clandestino de detención instalado en Campo de Mayo, al llegar allí también sirve para dimensionar el calvario que estaba a punto de sufrir: “Lo primero que me dicen es que me olvidara de quién era, que a partir de ese momento tendría un número con el cual me manejaría, que para mí el mundo terminaba allí”. El Nunca más sostuvo en 1984 que la llegada a un campo de tortura y exterminio se asemejaba a esa inscripción que Dante Alighieri situó en la mismísima puerta del Infierno, en el Canto III de La Divina Comedia: “Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis”. La comparación goza de total vigencia.

Así secuestraban

El informe de la CoNaDeP reconstruye el momento del secuestro de sobrevivientes y desaparecidos. Se repiten la violencia de los grupos de tareas, el “tabicamiento” con alguna venda para que el secuestrado no viera nada, la liberación de la zona por parte de las fuerzas de seguridad, el saqueo de los bienes del secuestrado, el traslado en el piso de un auto a un destino incierto y feroz.

Uno de esos secuestrados fue Roque Núñez, cuya hija relató a la Comisión: “El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombres vestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal y cuyo jefe decía ser el Inspector Mayorga. Se llevan a mi papá, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente mi hermano Miguel presentó un recurso de Hábeas Corpus ante el Juzgado de San Isidro. Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detenida a mi madre, la encapucharon y trasladaron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi hermano Miguel en el domicilio, también fue secuestrado.

Durante el operativo que duró cuatro horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica y debí permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis necesidades fisiológicas, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a mi hermana María del Carmen. En esas circunstancias cayó el teléfono al suelo, siendo cambiado por otro aparato que aún está en mi domicilio. Al retirarse los responsables de esta operación, se llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido.

Mi madre fue puesta en libertad, con los ojos vendados a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano permanecen desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen Núñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado. Ellos también siguen en la condición de desaparecidos”.

Esto contó Carlos Alberto Campero, secuestrado en enero de 1978 y trasladado a Campo de Mayo: “Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon utilizando métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio teníamos un turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban como picana, pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua mineral para mojar a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla; mientras realizaban este acto de salvajismo, otro le pegaba con un cinto hasta ensangrentarle el cuerpo y desfigurarle la cara. Después de haber transcurrido un rato bastante prolongado optaron por llevarnos a todos, menos a Viviana, de seis meses de edad, que junto con Griselda, mi hermana de 13 años, quedaron en el domicilio”.

Así describió Juan Enrique Velázquez Rosano el momento en el que un grupo de tareas irrumpió en el hogar familiar: “Ya que yo contestaba en forma negativa comenzaron a a golpear a mi compañera con un cinto, tirones de pelos y puntapiés a los niños Celia Lucía, de 13 años, Juan Fabián, de 8 años, Verónica Daniela, de 3 años, y Silvina, de solamente veinte días… A los chicos los empujaban de un lado a otro y les preguntaban si iban amigos a la casa.

Luego de maltratar a mi compañera, tomaron a la bebita de solamente veinte días, la agarraron de los piecitos cabeza abajo y la golpearon diciéndole a la madre: ‘Si no hablás, la vamos a matar’. Los niños lloraban y el terror era mucho. La madre les imploraba, gritando, que no tocaran a la beba. Entonces decidieron hacer ‘el submarino’ a mi compañera delante de los niños, mientras al mismo tiempo me metían a mí en otra pieza".

Tal como consta en el Nunca más, los secuestros en algunos casos también incluyeron a niños o adolescentes que, por encontrarse en la escena en la que irrumpía el grupo de tareas, eran trasladados junto a sus madres o padres a los centros clandestinos de detención. Los casos de Floreal Avellaneda y Josefina Vargas son estremecedores.

Iris Pereyra de Avellaneda declaró ante la CoNaDep: “Fui detenida junto a mi hijo Floreal, de 14 años, el 15 de abril de 1976. Buscaban a mi marido, pero como este no estaba nos llevaron a nosotros dos a la Comisaría de Villa Martelli. Desde allí me condujeron encapuchada a Campo de Mayo. Allí me colocaron en un galpón donde había otras personas. En un momento escuché que uno de los secuestrados había sido mordido por los perros que tenían allí. Otra noche escuché gritos desgarradores y luego el silencio.

Al día siguiente los guardias comentaron que con uno de los obreros de Swift “se les había ido la mano” y había muerto. Salí de ese campo con destino a la Penitenciaría de Olmos. El cadáver de mi hijo apareció, junto con otros siete cuerpos, en las costas del Uruguay. Tenía las manos y los pies atados, estaba desnucado y mostraba signos de haber sufrido horribles torturas”.

Alicia Morales de Galamba fue secuestrada junto a su amiga María Luisa en la casa que compartían en Mendoza. Los hijos más grandes de cada una también fueron “chupados”. Entre ellos estaba Josefina, una nena de 5 años, hija de María Luisa.

Morales de Galamba declaró como sobreviviente ante la CoNaDeP: “María Luisa era realmente otra persona, el dolor la había envejecido. Me contó llorando que gracias a unas prostitutas había podido ver en los primeros días, poco después que nos separaron, a su marido, José Vargas. Él también había estado detenido allí. Actualmente figura como desaparecido. En esa entrevista José le contó a su esposa que la hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el sufrimiento de su padre, para que este hablara (...)

Lo que escuché después fue tan terrible que aún hoy siento como entonces que de todos los dramas que pueda vivir una persona, no debe haber otro peor que ese… ‘Hace unos días -me dijo María Luisa en ese momento- me llevaron a la casa de mis padres, en San Juan. Realmente creí que era para darles satisfacción a los viejos, mostrarles que estaba viva y reanudar el contacto con las niñas. Pero no, me llevaban para asistir a un velorio. ¿Y sabés de quién era? De mi mayorcita, de mi Josefina’. Cuando María Luisa le preguntó a su padre cómo había ocurrido semejante hecho, éste le contó que a los pocos días de llegar, la niña había sacado del cajón de un mueble el arma que el abuelo tenía en su casa y se había disparado un tiro”.

Así violaban y torturaban

Norberto Liwsky, médico, docente e investigador, fue secuestrado al momento de entrar en su casa, en Flores. Su testimonio sobre los distintos tipos de tortura que padeció es una muestra acabada de la variedad de métodos de tormento que desplegaba la dictadura: “Todo fue vertiginoso. Desde que me bajaron del coche hasta que comenzó la primera sesión de picana pasó menos tiempo que el que estoy tardando en contarlo.

Durante días fui sometido a la picana eléctrica aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. Conseguí sin proponérmelo hacerlos enojar, porque, no sé por qué causa, con la ‘picana’ aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron que me desmayara.

Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva ‘sesión’. (...)

En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo.

En algún momento estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía porque era irreconocible (además de tener muy afectada la vista) me dijeron que era una bombacha de mi mujer. Y nada más. Como para que sufriera… Me volvieron a vendar y siguieron apaleándome.

A los diez días del ingreso a ese ‘chupadero’ llevaron a mi mujer, Hilda Nora Ereñú, donde yo estaba tirado. La vi muy mal. Su estado físico era deplorable. Sólo nos dejaron dos o tres minutos juntos. En presencia de un torturador. Cuando se la llevaron pensé (después supe que ambos pensamos) que esa era la última vez que nos veíamos.

También me quemaron, en dos o tres oportunidades, con algún instrumento metálico. Tampoco lo vi, pero la sensación era de que me apoyaban algo duro. No un cigarrillo que se aplasta, sino algo parecido a un clavo calentado al rojo.

Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron (como siempre) y con toda paciencia comenzaron a despellejar las plantas de los pies. Supongo, no lo sé porque estaba ‘tabicado’, que lo hacían con una hojita de afeitar o un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si tiraran de la piel (desde el borde de la llaga) con una pinza. Esa vez me desmayé.

Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros trapos ensangrentados, me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me preguntaron si quería que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte (...)

Un día me llevaron al ‘quirófano’ y, nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo desde la garganta y el cerebro hacia abajo. Como si garganta, cerebro, estómago y testículos estuvieran unidos por un hilo de nylon y tiraran de él al mismo tiempo que aplastaban todo,. El deseo era que consiguieran arrancármelo todo y quedar definitivamente vacío. Y me desmayaba. (...)

Otro día me llevaron y, a pesar del tamaño de los testículos, me acostaron una vez más boca abajo. Me ataron y, sin apuro, desgarrando conscientemente, me violaron introduciéndome en el ano un objeto metálico. Después me aplicaron electricidad por medio de ese objeto, introducido como estaba. No sé describir la sensación de cómo me quemaba todo por dentro".

C.G.F., cuya identidad fue reservada por la CoNaDeP por el tipo de delito que denunciaba, fue secuestrada en el centro porteño al salir del trabajo. Sobre sus días en cautiverio relató: “Luego procedieron a introducirme en la vagina lo que después supe era un bastón o palo de policía.

Después me trasladaron a otro recinto, donde me obligaron a comer esposada a una mesa. Ante mi negativa me trasladaron a otro recinto, donde me ponían parada contra un ángulo del mismo, y vuelven a interrogarme, golpeándome la cabeza y amenazándome con introducirme el palo mencionado en el ano (...)

En dos oportunidades me llevaron vendada a otra dependencia, donde me obligaron a desnudarme, junto a una pared, y con muy malos tratos y agresiones verbales me acostaron en un elástico metálico de cama, me ataron tipo estaqueada y me picanearon en el bajo vientre y en la vulva, mientras me interrogaban (...)

Después de estas ‘sesiones’ me hacían vestir, y con buenos modos y palabras de consuelo me llevaban al dormitorio e indicaban a otra prisionera que se acercara y me consolara. Esto último lo hacían cuando traían a alguna de las otras prisioneras de sus respectivas ‘sesiones’.

Un día, desde el dormitorio, me llevaron vendada a una habitación que reconocí como el lugar donde me picanearon. Me hicieron quitar la venda de los ojos quedándome a solas con un hombre el que, ofreciéndome cigarrillos, y con buenos modales, me pidió que le contara todo lo que me habían hecho en ese lugar.

Al relatarle los hechos, me indicó uno que me había salteado, con lo que demostró haber presenciado todos los interrogatorios y torturas o, por lo menos, estar en perfecto conocimiento de ellos y, al mismo tiempo, me trató de inculcar la idea de que nada de lo que me pasó allí fue tan grave, ni los golpes fueron tan fuertes como yo pensaba, y me indicó que me liberarían y que no tenía que contar a nadie lo que me pasó en ese lapso (...)

Me dijo que tenía orden de matarme, me hizo palpar las armas que llevaba en la guantera del coche, guiándome con sus manos enguantadas y me propuso salvarme la vida si, a cambio, admitiía tener relaciones sexuales con él.

Accedí a su propuesta, considerando la posibilidad de salvar mi vida y de que se me quitase la venda de los ojos (...) Condujo el auto hasta un albergue transitorio, me indicó que él se estaba jugando, y que si yo hacía algo sospechoso me mataría de inmediato.

Ingresamos al albergue, mantuvimos la relación exigida bajo amenazada de muerte, con la cual me sentí y considero violada, salimos, y me llevó a casa de mis suegros".

Luis Alberto Urquiza, detenido en Córdoba en noviembre de 1976, declaró: “En la madrugada del día 16 soy conducido al baño por el Oficial de guardia Francisco Gontero que desde una distancia de 4 a 5 metros carga su pistola calibre 45 y efectúa tres disparos, uno de los cuales me atraviesa la pierna derecha a la altura de la rodilla. Se me deja parado desangrándome unos 20 minutos, la misma persona me rasga el pantalón y me introduce un palo en la herida y posteriormente el dedo. Al llegar varias personas al lugar, este mismo oficial argumenta que había intentado quitarle el arma y fugar. Soy separado del resto de los detenidos y puesto en una pieza oscura y se me niega ir al baño debiendo hacer mis necesidades fisiológicas en los mismos pantalones”.

El informe de la CoNaDeP describe así la experiencia relatada por Lidia Esther Biscarte, secuestrada apenas tres días después del Golpe en su casa de Zárate: “Sin preguntarle nada, le aplican la picana, la desnudan y le vuelven a aplicar la picana en el ano, en la vagina, en la boca y en las axilas. Le echan agua y la atan a un sillón de cuero. Tenía toda la cabeza cubierta con la sábana atada. Se acerca un sujeto que empieza a retorcerle los pezones, lo que le produce un intenso dolor, ya que también le habían aplicado picana en los pezones”.

Daniel Eduardo Fernández tenía 18 años y estudiaba en la escuela secundaria cuando fue secuestrado y torturado. Así lo contó: “Llegaron hasta a ponernos una bolsa de nylon en la cabeza y atarla al cuello bien fuertemente hasta que se nos acabara el aire y estuviéramos a punto de desmayar. Otra forma era atarnos en una tabla y poner en el extremo un recipiente lleno de agua. Se sumergía la cabeza de la víctima allí y hasta que largara ‘la última burbuja’ de aire no lo sacaban, y apenas cuando tomaba una bocanada de aire lo volvían a sumergir”.

Teresita Hazurun, abogada, fue secuestrada y trasladada a oficinas de la entonces SIDE en Santiago del Estero. Sobre sus días allí contó: “Cuando las personas llegaban allí eran llevadas a fosos que cavaban en la tierra con anterioridad, enterraban allí a las personas hasta el cuello, a veces durante cuatro o más días, hasta que pedían que los sacaran, decididos a declarar. Los tenían sin agua y sin comida, al sol o bajo la lluvia. Al desenterrarlos (los enterraban desnudos) salían con ronchas de las picaduras de insectos y hormigas. De allí los llevaban a las salas de torturas”.

Tres mujeres sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Asamblea Nacional Francesa. Una de ellas, de iniciales D.N.C., brindó un testimonio que luego fue recogido en el informe de la CoNaDeP: “Las tres estábamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado... la misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser médico y quiere revisarme ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ningún tipo de revisión médica seria...

Estando medio adormecida, no sé cuánto tiempo después, oí que la puerta del calabozo se abría y fui violada por uno de los guardias. El domingo siguiente esa misma persona, estando de guardia se me acercó y pidiéndome disculpas me dijo que era ‘un cabecita negra’ que quería estar con una mujer rubia, y que no sabía que yo no era guerrillera. Al entrar esa persona el día de la violación me dijo: ‘si no te quedás quieta te mando a la máquina’ y me puso la bota en la cara profiriendo amenazas.

A la mañana siguiente cuando sirvieron mate cocido esa misma persona me acercó azúcar diciéndome: ‘por los servicios prestados’. Durante esa misma mañana ingresó otro hombre a la celda gritando, dando órdenes: ‘párese, sáquese la ropa’, empujándome contra la pared y volviéndome a violar... El domingo por la noche, el hombre que me había violado estuvo de guardia obligándome a jugar a las cartas con él y esa misma noche volvió a ingresar a la celda violándome por segunda vez...”.

Horacio Miño Retamozo fue secuestrado en agosto de 1976. Se lo llevaron de su lugar de trabajo. Al dar su testimonio a la Comisión, sostuvo: “Los interrogatorios se hicieron luego más cortos, pero la picana era más fuerte, persiguiendo con encarnizamiento los esfínteres, siendo verdaderamente horrendo los electrodos en los dientes, que parece que un trueno le hace volar la cabeza en pedazos y un delgado cordón con pequeñas bolitas que me introducían en la boca y que es muy difícil de tragar pues provocan arcadas y vómitos, intensificándose por ello, los castigos, hasta conseguir que uno trague.

Cada bolita era un electrodo y cuando funcionaban parecía que mil cristales se rompían, se astillaban en el interior de uno y se desplazaban por el cuerpo hiriéndolo todo. Eran tan enloquecedores que no podía uno ni gritar, ni gemir, ni moverse. Un temblor convulsivo que, de no estar atado, empujaría a uno a la posición fetal. Quedando temblando por varias horas con todo el interior hecho una llaga y una sed que no se puede aguantar, pero el miedo al pasmo es superior y, por ello, en varios días uno no come, ni bebe, a pesar de que ellos quieren obligarlo a que lo haga. (...)

Cuando la guardia era un poco permisiva, pedíamos un cubo de agua y podíamos bañarnos. La primera vez que me bañé casi me muero. Cuando me levanté la venda me pareció imposible reconocerme. Estaba negro de marcas, como si me hubiera revolcado en alambres de púas, lleno de quemaduras, desde cigarrillos hasta el bisturí eléctrico, era el mapa de la desdicha”.

Juan Matías Bianchi era de Campana y relató su historia a la CoNaDeP, que la asentó en el legajo 2669: “En un momento siente que lo levantan, lo llevan por un pasillo a otro lugar, donde le ordenan desvestirse, lo tiran sobre un camastro y le dicen: ‘Mirá, yo soy El Alemán’, mientras el dicente oía mujeres y hombres que gritaban. El Alemán trata de introducirle un caño en el ano. Otra voz le dice que lo dejen, y dirigiéndose al dicente, le dice: ‘¿Ves? Yo soy El Gallego y te salvé de que éste te rompiera metiéndote el fierro’.

Lo colocan desnudo, abierto de piernas y brazos, atados con cuero. El Gallego le dice que hable, mientras procede a aplicarle una descarga eléctrica en el tobillo, quemándole los músculos, de lo cual todavía tiene la marca. También lo interroga una mujer.

El Gallego también le aplica picana en las axilas de lo cual también conserva marcas. El Gallego se reía y le dice, dirigiéndose a la mujer: ‘A vos que te gusta el pedazo, seguí vos’. Entonces siente que la mujer toma su miembro y le introduce un líquido como cáustico, a raíz de lo cual ha tenido problemas para efectuar la micción".

Un hombre que fue trasladado a Campo de Mayo tras ser secuestrado en abril de 1977 aseguró: “En Campo de Mayo, donde fui llevado el 28 de abril de 1977, el tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo de su permanencia encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse, alojado en grandes pabellones que habrían funcionado antes como caballerizas.

Tal vez esa frase no sirva para graficar lo que eso significaba en realidad, porque se puede llegar a imaginar que cuando digo “todo el tiempo sentado y encapuchado” esto es una forma de decir. Pero no es así, a los prisioneros se nos obligaba a permanecer sentados sin respaldo en el suelo, es decir sin apoyarse en la pared, desde que nos levantábamos, a las 6 de la mañana, hasta que nos acostábamos, a las 20. Pasábamos en esa posición 14 horas por día. Y cuando digo ‘sin hablar y sin moverse’ significa exactamente eso. No podíamos pronunciar palabra alguna y ni siquiera girar la cabeza".

Así desaparecieron a sus víctimas

El testimonio de Norma Susana Burgos sobre el destino de un hombre al que llamaban “Tincho”, secuestrado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), es revelador respecto de los llamados “vuelos de la muerte”. Las Fuerzas Armadas usaban un eufemismo feroz para referirse a esos operativos: “traslados”.

“En un traslado que se realizó en febrero-marzo de 1977 se llevaron a un hombre llamado ‘Tincho’. Lo bajan al sótano, le aplican la vacuna y un rato después comienza a sentirse sin fuerzas y mareado. Oye cómo los demás vomitan e incluso se desmayan y son sacados a la rastra. Una vez, después de un traslado a unas compañeras les llamó la atención encontrar en el piso del sótano marcas de zapatos de goma arrastrados (evidentemente ese día no habían realizado bien la habitual limpieza).

A Tincho lo sacaron con los demás por una puerta a la derecha de la entrada principal del sótano. Lo subieron a un camión y lo llevaron a un lugar que supone que puede ser el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Lo obligaron a subir las escalerillas de un avión y arriba le preguntaron su nombre y su número y evidentemente al haberse equivocado de persona lo bajaron y lo regresaron al tercer piso de la ESMA”, dijo Burgos a la Comisión.

Las mismas tres mujeres que sobrevivieron al cautiverio en la ESMA y contaron las violaciones que sufrieron ante la Asamblea Nacional Francesa se refirieron a los “días de traslado” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada: “El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar o no. Se comenzaba a llamar a los detenidos por el número. Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba.

Así, vivos, eran sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos eran llevados al Aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el Sur, mar adentro, donde eran tirados vivos.

El Capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema ‘traslados’. En momentos de histeria hizo afirmaciones como la siguiente: ‘Aquí al que moleste se le pone un Pentho-naval y se va para arriba’“.

Carlos Beltrán fue gendarme desde 1971 hasta que le dieron la baja, en 1980. Ante la CoNaDeP habló de sus tiempos en La Perla, el centro clandestino de detención de Córdoba: “Partió el camión, seguido del automóvil marca Torino que conducía habitualmente el ‘Capitán’, a quien acompañaba ‘Gino’. Los vehículos tomaron por un camino de tierra trasponiendo el alambrado que rodea el edificio de La Perla (...)

Todos descendemos de los vehículos y recorremos un trecho de unos cincuenta metros sobre ese terreno sin sembrar, con muchos yuyos. Una vez allí, el “Capitán” ordenó que se desataran las manos del más joven de los detenidos y que se le hiciera entrega de una de las palas que habían traído los suboficiales, ordenándole a la víctima que comenzara a cavar una fosa (...) Pude advertir, entonces, que mientras rezaba muy despacio comenzó a llorar.

Nadie hablaba, reinaba un profundo silencio cuando el ‘Capitán’ hizo subir al borde de la fosa al detenido que estaba cavando e hizo colocar a los tres restantes junto a la víctima, uno junto a otro, detrás de la fosa. Luego de una seña del ‘Capitán’ y previo a haberme dicho textualmente ‘a estos hay que mandarlos a 1,80’, a lo que yo manifesté que no lo iba a hacer, ‘Gino’, los cuatro suboficiales y el Teniente primero comenzaron a disparar sobre los detenidos".

Jorge Carlos Torres, cabo segundo que cumplió funciones en la ESMA, contó a la Comisión: “Yo tuve conocimiento que desde la ESMA se trasladaban cuerpos de detenidos muertos, en camionetas verdes, al campo de deportes que se encuentra en los fondos de la escuela, del otro lado de la Av. Lugones, sobre la costa. Iban dos personas a cargo de cada camioneta y en una oportunidad oí que le decían al suboficial a cargo de la guardia que venían ‘de hacer un asadito’, forma de manifestar el procedimiento de quema de los cadáveres. Por la noche podían verse las hogueras de la quema de los cuerpos”.

Lo narrado por Alejandro Hugo López completa el panorama sobre la quema de cuerpos en la ESMA: “En el mes de mayo de 1976 fui incorporado al Servicio Militar, con tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí se hacían algunos trabajos que llamaban “operativos” y se construyó lo que llamaban ‘parrilla’, que consistía en una batea de acero con un tubo para introducir gasoil donde se ponían cuerpos para incinerarlos.

Yo tenía conocimiento de esto por trabajar en la cocina de compras. Por las noches solían venir a buscar un tanque con combustible gasoil, que todo el mundo allí sabía que era para la parrilla donde se incineraba gente, la que era usada en el Campo de Deportes (...) A menudo también llegaba el helicóptero que trasladaba cuerpos. Esas eran las dos formas en que hacían desaparecer a los detenidos”.

El testimonio de dos ex agentes de Policía de la Provincia, recogido en el legajo 1028, permitió saber más sobre el destino de los cuerpos en esa jurisdicción: “Se los enterraba en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados, disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultáneamente neumáticos”.

Parir en cautiverio

El Nunca más cuenta con el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, física, docente e investigadora que fue secuestrada en febrero de 1977, embarazada de siete meses. Su declaración durante el Juicio a las Juntas resultó clave para dimensionar el trato que recibían las mujeres embarazadas en los centros de tortura y desaparición forzada.

Ante la Comisión, sostuvo: “El 15 de abril comenzó mi trabajo de parto. Después de 3 ó 4 horas de estar en el piso con contracciones cada vez más seguidas y gracias a los gritos de las demás, me subieron a un patrullero con dos hombres adulante y una mujer atrás (a la que llamaban Lucrecia y que participaba en las torturas).

Partimos rumbo a Buenos Aires, pero mi bebita no supo esperar y a la altura del cruce de Alpargatas, frente al Laboratorio Abbott, la mujer gritó que pararan el auto en la banquina y allí nació Teresa. Gracias a esas cosas de la naturaleza el parto fue normal.

La única atención que tuve fue que, con un trapo sucio, Lucrecia ató el cordón que todavía la unía a mí porque no tenían con qué cortarlo. No más de cinco minutos después seguíamos rumbo a un teórico ‘hospital’. Yo todavía seguía con los ojos vendados y mi beba lloraba en el asiento.

Después de muchas vueltas llegamos a lo que después supe era la Brigada de Investigaciones de Banfield (Pozo de Banfield). Allí estaba el mismo médico que había atendido a Inés Ortega de Fossatti. En el auto cortó el cordón y me subieron uno o dos pisos hasta un lugar donde me sacaron la placenta. Me hicieron desnudar y frente al oficial de guardia tuve que lavar la camilla, el piso, mi vestido, recoger la placenta y, por fin, me dejaron lavar a mi beba, todo en medio de insultos y amenazas”.

Aunque Calvo de Laborde y su hija fueron liberadas, ese no fue el destino de cientos de bebés nacidos en cautiverio. Otro de los crímenes cometidos por la dictadura fue el robo de bebés a sus familias y, a la vez, el robo de sus identidades a esos bebés: hay unos 300, hoy adultos de entre 45 y 50 años aproximadamente, que son buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo para que conozcan su verdadera historia familiar.

Hay, también, 140 nietos y nietas cuyas identidades ya fueron restituidas en las últimas cuatro décadas. Muchas de las mujeres que llegaron embarazadas a los centros clandestinos de detención permanecen desaparecidas.

“Los cadáveres no se entregan”

Hay una frase que escuchó, en plena dictadura, el padre de una joven desaparecida. Es una frase que condensa la política deliberada de desaparición forzada de personas que llevaron adelante las Juntas Militares. Elena Arce Shores había sido secuestrada en La Plata. Su padre acudió a todos los contactos que pudo para obtener alguna respuesta sobre el paradero de su hija y logró que un coronel del Ejército lo recibiera y hasta le prometiera averiguar sobre ese paradero.

Así le contó ese padre a la CoNaDeP lo que tuvo que escuchar: “Efectivamente esto ocurrió, confirmándose la detención en un operativo anti-subversivo, no aclarándose mayores detalles y terminando con una frase que me quedó grabada a fuego: ‘No la busque más a Elena, ya dejó de sufrir, ojalá que esté en el cielo’. Me explicó la faz técnica de este tipo de operativo, a lo que denominó ‘en blanco’ o ‘en negro’, según el personal interviniente usara o no uniforme (...) Días después, repuesto de este shock, volví a ponerme en contacto en su domicilio y le reclamé el cadáver de mi hija, a lo que respondió: ‘Los cadáveres no se entregan…’”

“Los cadáveres no se entregan”, le dijo el coronel del Ejército a ese padre desesperado por, aunque fuera muerta, ver a su hija una última vez. Por saber dónde estaba su cuerpo y poder hacer con ese cuerpo lo que su dolor y el de toda su familia necesitaran.

La dictadura que partió la historia argentina en dos empezó hace medio siglo y no entregó los cadáveres. Por eso hay familias que recién tuvieron alguna certeza -el hallazgo de un pedazo de falange con un ADN compatible con el suyo- hace menos de dos semanas. Y por eso este martes no va alcanzar la Plaza de Mayo para las miles y miles de personas que salgan a la calle a repetir lo de todos estos años: nunca más.

El 9 de diciembre de 2025 se cumplieron 40 años del Juicio a las Juntas Militares, un proceso judicial sin precedentes que marcó un punto de inflexión en la historia institucional argentina. Aquel juicio, que también incluyó el enjuiciamiento de los principales dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros, fue una decisión política y jurídica que terminó de consolidar el sistema democrático recuperado en 1983.

Apenas tres días después de asumir la Presidencia de la Nación, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó tres decretos que sentaron las bases del proceso. El Decreto 157/83 ordenó el juzgamiento penal de los jefes de las organizaciones armadas por los delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976. El Decreto 158 dispuso el enjuiciamiento de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 por graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el Decreto 187 creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar y reunir pruebas sobre la desaparición forzada de personas.

El mensaje era inequívoco: el Estado democrático no juzgaría solo a los militares, sino también la violencia política previa. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. No todo el arco político acompañó la iniciativa. Durante la campaña electoral, el entonces candidato del Partido Justicialista había sostenido que no debía derogarse la Ley de Pacificación Nacional, sancionada por la dictadura apenas un mes antes de las elecciones de 1983, mediante la cual se amnistiaron a militares y guerrilleros.

Alfonsín dictó esos decretos en su carácter de jefe de los fiscales que debían actuar ante el Poder Judicial, una facultad que entonces formaba parte de las atribuciones presidenciales. Días más tarde, el 22 de diciembre de 1983, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 23.040, que declaró insanablemente nula e inconstitucional la Ley de facto 22.924, conocida como Ley de Pacificación Nacional o de autoamnistía.

Esa norma había establecido la extinción de las acciones penales por delitos cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, incluyendo a autores, partícipes, instigadores, cómplices y encubridores, tanto de delitos comunes como militares. Su derogación fue decisiva para habilitar el Juicio a las Juntas en 1985.

Tampoco fue sencillo el funcionamiento de la CONADEP. En los días previos a la asunción de las autoridades democráticas se produjeron fuertes discusiones dentro del radicalismo sobre el alcance de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos. A ello se sumó la negativa de diputados y senadores peronistas a integrar la Comisión, lo que obligó a avanzar sin un respaldo político pleno.

Pese a ello, la CONADEP logró documentar cerca de 9.000 casos concretos de violaciones a los derechos humanos. El informe Nunca Más fue presentado el 20 de septiembre de 1984 y entregado al presidente en un acto acompañado por una multitudinaria movilización de aproximadamente 70.000 personas. Su impacto fue profundo: no solo se convirtió en una prueba central del juicio, sino que produjo una transformación cultural duradera en la sociedad argentina.

El proceso judicial también enfrentó obstáculos. El 11 de julio de 1984, la Cámara Federal ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si había existido un método sistemático de violación de derechos humanos. Ante la falta de respuestas y la demora injustificada de la justicia militar, la Cámara decidió, el 4 de octubre de ese año, apartar al tribunal castrense y asumir directamente la causa.

El tribunal que juzgó a las Juntas Militares estuvo integrado por Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, todos designados conforme a la Constitución, con acuerdo del Senado.

La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985 y superó las 2.000 páginas. El fallo consideró probado que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, rechazó la vigencia de la ley de autoamnistía y estableció responsabilidades diferenciadas según la actuación de cada fuerza.

Entre los crímenes más aberrantes del terrorismo de Estado se destacó la apropiación sistemática de menores y la supresión de su identidad. En 2012, la Justicia determinó que se trató de una práctica generalizada y planificada desde las cúpulas militares. Hasta 2022, 130 personas habían recuperado su identidad, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados.

Juzgar todos los delitos fue lo que permitió, finalmente, pacificar aquel momento histórico sin falsear la realidad. El mayor castigo para los responsables fue quedar expuestos ante la historia: una justicia democrática, con la Constitución en la mano, condenó lo que ellos habían ejecutado mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

El Juicio a las Juntas fue una bisagra. Consolidó los derechos humanos como política de Estado y dejó una advertencia clara para el futuro: en la Argentina, quien intente subvertir el orden constitucional, ya sea mediante un gobierno de facto o a través del terrorismo, sabe que existen antecedentes de una democracia capaz de juzgar y condenar los crímenes más graves.

Ese fue, en definitiva, el día en que la democracia terminó de afirmarse.

El rabino, académico y referente del judaísmo liberal en América Latina, Felipe Yafe, falleció a los 72 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el liderazgo comunitario, la docencia y la participación activa en momentos clave de la historia argentina.

Su legado se extendió más allá de los límites de la vida religiosa, abarcando la defensa de los derechos humanos y la formación intelectual de generaciones.

La impronta de Yafe quedó marcada en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en donde resultó decisivo para la articulación entre referentes religiosos y la lucha por la memoria y los derechos humanos en la democracia recuperada.

Según relató el propio Yafe al periodista Hernán Dobry para el libro Los rabinos de Malvinas, fue convocado por el rabino Marshall Meyer para integrarse a la delegación norte de la CONADEP en 1984, donde se dedicó a recibir testimonios de víctimas y familiares. “Me convocó el rabino Marshall Meyer para trabajar en la delegación norte de la CONADEP, recibiendo testimonios”, recordó sobre esa etapa.

Su labor en la comisión, que se extendió hasta 1985, se desarrolló en un contexto en el que los vínculos entre religión, ética y memoria comenzaban a consolidarse en la escena pública argentina.

Su paso por Malvinas y legado académico

La experiencia de Yafe como capellán durante la Guerra de Malvinas en 1982 constituyó otro de los hitos de su vida. Se postuló voluntariamente para acompañar a los soldados judíos en el frente, enfrentando las duras condiciones del conflicto.

En su testimonio recogido por Dobry, describió el primer encuentro con los soldados: “Recuerdo que el primer día hacía mucho frío y al llegar al destacamento su comandante gritó a los soldados que los que eran judíos den un paso adelante. En ese momento se juntaron unas 30 personas”.

Durante su estadía, generó espacios de diálogo y contención emocional, donde el miedo a la muerte era un tema recurrente. “Casi inmediatamente se generó una catarata de voces de soldados que buscaban expresarse y contar sus experiencias a modo de desahogo. El miedo a la muerte era un tema recurrente dentro de estos espacios”, relató.

Además, visitó campamentos de heridos, brindando apoyo tanto a soldados judíos como a quienes no pertenecían a la colectividad. “Un coronel preguntó nuevamente quiénes de los soldados eran judíos. Solamente uno levantó la mano; sin embargo me permitieron visitar a otros soldados que no eran de nuestra colectividad”, narró sobre su labor en el frente.

En el ámbito comunitario, Yafe dirigió la Comunidad Bet Hilel entre 1991 y 2015, un período en el que consolidó un estilo de liderazgo basado en la formación religiosa, la reflexión intelectual y la sensibilidad social. Su gestión marcó la vida de distintas generaciones de judíos argentinos, combinando la transmisión de la tradición con una mirada crítica y moderna.

La formación académica de Yafe incluyó estudios en Jerusalén y Nueva York, donde obtuvo su doctorado en Biblia en el Jewish Theological Seminary of America en 1989.

Su vínculo con el Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer” fue central: ejerció como decano entre 1996 y 2003 y mantuvo una extensa trayectoria docente, impulsando una aproximación crítica a los textos bíblicos y promoviendo un enfoque contemporáneo de la tradición judía.

La actividad académica de Yafe se extendió a universidades de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, donde dictó clases y participó como profesor invitado en instituciones como la Universidad Hebraica de México, el Jewish Theological Seminary y la Universidad Maimónides durante las décadas de 1990 y 2000.

En el campo de la producción intelectual, Yafe publicó artículos en revistas especializadas y el libro Profetas, Reyes y Hacendados en la Época Bíblica, editado en Buenos Aires en 1997. Además, integró el Tribunal de Ética de la Comunidad Judeo-Argentina y dirigió varios institutos rabínicos de formación.

Con respecto a los homenajes que se harán hacia su persona, habrán dos instancias abiertas para recordarlo en familia y comunidad. Este sábado 11 de octubre, después de Shabat (20hs), en la casa donde Felipe vivió junto a su familia durante más de 30 años.

Por otro lado, el domingo 12 a las 18:30 se lo recordará en la Comunidad Bet Hilel, Aráoz 2854, CABA.

“En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la Justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio”.

Era 20 de septiembre de 1984 cuando un atribulado pero sólido Ernesto Sabato se dirigía con estas palabras al entonce presidente Raúl Alfonsín para presentar el trabajo a destajo que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que él presidía había realizado durante los nueve meses anteriores, desde que el mandatario que trajo de regreso la democracia la había creado.

Eran más de cincuenta mil páginas que rebalsaban de datos. Más de cincuenta mil páginas que contenían el testimonio más atroz. Secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones. Las formas más siniestras de la muerte. Nombres y ubicaciones de los centros clandestinos y morideros que antes de su caída las Fuerzas Armadas habían querido destruir, ocultar. Más de cincuenta mil páginas que serían prueba judicial y piedra fundacional en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Que serían bandera, declaración, deseo, mandamiento.

“Desde el momento del secuestro la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojada al río al mar o reducida a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas argentinas, comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas en los sótanos de una sociedad aterrorizada. Quizás aquel 24 de marzo fatídico, cuando derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había asumido tras la muerte de Juan Domingo en 1974, los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Argentina estaba acostumbrada: contaban demasiados años en su historia en los que los gobiernos militares se intercalaban con los civiles tomando el poder por la fuerza. Aunque a este golpe lo antecedía una escalada de violencia cada vez más cruda, cada vez más feroz. Orquestada por grupos paramilitares dirigidos por personas allegadas a la presidenta y al poder que querían acabar con las organizaciones políticas de izquierda, las que habían decidido armarse para plantarles cara y dar una revolución violenta que condujera —utopía mediante— a una existencia más justa.

Cuando la junta militar tomó el gobierno, los secuestros, los asesinatos, las acciones clandestinas de los movimientos guerrilleros, los cadáveres en las veredas cocidos a balazos eran parte de las noticias y el paisaje cotidiano. Quizás aquel 24 de marzo fatídico los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Quizás algunos o varios o muchos pensaron que la violencia llegaría a su fin. Argentina estaba acostumbrada. Mas lo que sucedió a partir de aquel 24 de marzo fatídico no tenía precedentes.

“Proceso de Reorganización Nacional” —el eufemismo padre de los cientos de eufemismos siniestros que utilizarían los perpetradores desde entonces— llamaron ampulosamente al plan a través del que establecieron un sistema concentracionario que aniquiló a miles de personas y sembró el terror en las fibras más profundas de la estructura social. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés robados, miles de ciudadanos exiliados. Una guerra infame, un país en ruinas.

La guerra de Malvinas y el debilitamiento progresivo del poder de los dictadores después de siete años de oprobio dieron paso al regreso democrático que quedó formalizado el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Cinco días más tarde, el 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.

Los integrantes eran miembros destacados de la sociedad. Presidido por el escritor Ernesto Sabato, el grupo que se dispuso a desentrañar las violaciones a los derechos humanos estaba formado por el exrector de la UBA, Ricardo Colombres; el doctor René Favaloro —que renunciaría al no estar de acuerdo con que la comisión no investigara los crímenes de la Triple A ocurridos durante el Gobierno de Isabel Perón—; el exdecano de la Facultad de Ingeniería y también exrector de la UBA, Hilario Fernández Long; el pastor evangélico Carlos Gattinoni; el filósofo y matemático, Gregorio Klimovsky; el rabino y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, Marshall Meyer; el obispo defensor de los derechos humanos, Jaime de Nevares; el filósofo Eduardo Rabossi; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. También los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación del Congreso.

Como secretarios actuaron Daniel Salvador, en el Procesamiento de Datos; Raúl Peneón, en Procedimientos; Alberto Mansur, en Asuntos Legales; Leopoldo Silgueira, como administrativo; Agustín Altamiranda; y Graciela Fernández Meijide en la Recepción de Denuncias.

Junto a ellos, un grupo de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos trabajaron incansablemente y en tiempo récord. Como la abogada, exjueza y docente de la Universidad de Buenos Aires fallecida en 2024, LuciIa Larrandart, quien en 1984 también fue designada a la Secretaría de Denuncias de la Conadep.

Su titánica labor consistió en leer y oír miles de acusaciones y testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas e intentar ubicar el sitio donde habían sido destinadas las personas desaparecidas, siguiendo unas huellas fragmentadas, borrosas: “Uníamos las características mencionadas con el centro de detención al que correspondía porque no se sabía qué centros había”. Se calcula que hubo más de 800 centros clandestinos de detención, "la Conadep fue la que comenzó a descubrirlos. Fue un trabajo superartesanal que se hizo en diez meses", recordaba hace unos años Larrandart.

Como un enorme desafío macabro de enigmas y acertijos, a partir de datos sueltos y características e información cruzada lograron devolver la identidad a muchos desaparecidos, identificar represores y descifrar la suerte indescriptible de muchas de las personas a las que sus familias y amigos buscaban. El trabajo minucioso de la comisión perseguía un fin mayor: comenzar algo que se pareciera a la sombra de una reparación imposible.

Ocupados con tamaña tarea, contaba Larrandart, jamás imaginaron el impacto que tendría el material que estaban preparando. “En el momento nos parecía que no era tan importante lo que estábamos haciendo porque no se tomaban declaraciones en tribunales, no pensábamos que sería prueba judicial”. Pero cuando pudo verlo en retrospectiva, fue evidente: "El informe es brutal. Describe todo cuando no se conocía nada, hizo que el conjunto de la sociedad se enterara de lo ocurrido y sirvió como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que vendrían después".

“Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos. Cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se había quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos pues en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

En varias escenas, de las muchas indelebles, de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que recrea la tarea del fiscal Julio Strassera, su adjunto, Luis Moreno Ocampo, y un equipo legal formado por jóvenes estudiantes, de investigar y preparar en tiempo récord la acusación judicial más importante del país y sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la juntas militar que lo masacraron, se ve a los chicos y chicas —eso eran— del equipo de Strassera correr en una competencia descarnada contra el tiempo. Tenían solo cuatro meses para reunir la información que requerían para el juicio. Se los ve en una oficina desplegando papeles, haciendo marcas como en un juego de estrategias, uniendo puntos con nombres, subiendo a micros que los conducían a diferentes puntos de la Argentina para recabar testimonios e intentar localizar sitios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y muerte.

Todo eso teñido a la vez de un vértigo, una adrenalina y un entusiasmo que traspasaba la pantalla. La adrenalina, el vértigo y el entusiasmo que generaba saber que lo que hacían podía cambiar la historia. El cuerpo de funcionarios judiciales se había negado a asistir a los fiscales en esa tarea, por miedo, simpatía o complicidad con los militares. Ellos, con alrededor de 20 años o menos, salieron a conseguir lo imposible.

Mientras, eran seguidos de cerca, en las sombras, amenazados e intimidados por los exrepresores, sicarios sueltos que les respiraban en la nuca e intentaban hacerlos abdicar para que el juicio no se concretara.

En el film —una dramatización inspirada en los hechos reales, aclararon sus productores—, los chicos y chicas de la Fiscalía van a la Conadep. Alguien del equipo los recibe, les ofrece los expedientes. Ellos se sientan allí a leer el informe. Lloran.

De esa manera, con papeles regados por doquier; unión de nombres, datos y puntos geográficos con declaraciones; recabando denuncias; recorriendo el país en busca de testimonios y sitios de la muerte casi a ciegas; siguiendo pistas incompletas como en una caza del tesoro y oyendo las experiencias más salvajes que puede oír un ser humano, todo a contrarreloj, transcurrió el trabajo de la Conadep realizado apenas unos meses antes de la investigación de la Fiscalía que llevó a los perpetradores a juicio marcando un hito sin precedentes en el mundo. Para eso, el informe inestimable de la comisión fue clave: registró todas las desapariciones denunciadas hasta ese momento y los centros clandestinos, contrastando la información a la que accedían con la arquitectura de los edificios, reconocimiento que hacían muchas veces con la ayuda de los sobrevivientes.

Sus miembros confeccionaron mapas, agruparon testimonios y analizaron todo el material compilado con el objetivo de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Visitaron morgues, vecindarios, lugares de trabajo de las personas desaparecidas para descifrar las modalidades utilizadas para secuestrarlas y localizar los centros clandestinos de detención. Revisaron registros carcelarios, policiales. También investigaron delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. En 280 días la Conadep hizo un trabajo colosal.

El 20 de septiembre de 1984 el escritor Ernesto Sabato le entregaba a Alfonsín un informe que incluía una vasta muestra del funcionamiento de los subsuelos del terror: testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, detalles sobre las torturas, un inventario de más de 300 centros clandestinos de detención y una lista parcial de las personas desaparecidas —el documento probaba al menos nueve mil casos—. Cincuenta mil páginas con un infierno de información.

Esa voluminosa investigación, también conocida entonces como “Informe Sabato”, fue editada y publicada luego por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) —con un prólogo que iba a despertar controversias— bajo el título Nunca más. Que fue propuesto por el rabino Marshall Meyer: era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia en repudio de las violaciones a los derechos humanos y las vejaciones realizadas por los nazis.

La publicación del informe Nunca más —o simplemente, “el Nunca más”—, un material imprescindible para comprender el pasado reciente, demostró por primera vez el carácter sistemático de la represión llevada a cabo a manos y en nombre del Estado.

“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984)

"La construcción de la Conadep inicia un proceso sin retorno en busca de memoria, verdad y justicia en Argentina y, claramente, es un quiebre, una bisagra", le decía a esta periodista hace unos años el abogado y exdetenido desaparecido Martín Gras, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del país.

En esa conversación Gras acentuaba que “la represión argentina se caracterizó por crear la figura del desaparecido, alguien que, en palabras de Videla ‘no estaba ni vivo ni muerto’. Colocó al desaparecido en un no lugar. Y montó un sistema totalmente clandestino y fantasma por debajo de la esfera pública. El terrorismo de Estado, entonces, tenía en su corazón esa especie de pozo negro que era la ignorancia sobre la suerte de miles de hombres y mujeres. Y cuando se produjo el proceso de recuperación democrática hubo un clamor, principalmente de los familiares de las víctimas que —con cierta ingenuidad— pensaban que muchos o la totalidad de los desaparecidos iban a reaparecer. Cuando la Conadep comenzó a investigar, fue desbordada por aquello con lo que se encontró“.

El primer gran impacto fue para los familiares de las víctimas, señalaba, porque recién ahí comprendieron lo que había sucedido: “Ya no era su hijo, su hermano, se descubre que hubo una política de exterminio y que fueron miles. Le dieron, de golpe, a todo el país la dimensión de lo que pasó. La sociedad en su conjunto salió de un espacio de niebla. Yo creo que ese fue el efecto principal que tuvo esa tríada de Conadep, Nunca más y Juicio a las Juntas". Para los sobrevivientes, además, la creación de la comisión “significó la posibilidad de hablar y ser escuchados”.

El único punto flaco señalado por Gras fue la polémica que rodeó al prólogo con el que se publicó el informe, escrito por el mismo Sabato. El texto comenzaba con una frase que hacía alusión a la teoría de los dos demonios: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, una frase fuertemente criticada por conducir a una lectura de los hechos que equiparaba la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Esa interpretación de lo ocurrido, esa frase y ese prólogo que se antepone a un texto que muestra lo opuesto, que deja puramente al descubierto el accionar abyecto y descarnado de las Fuerzas Armadas, generó controversias y cambios en las reediciones posteriores del Nunca más.

Del trabajo de la comisión, solo virtudes.

En el mismo prólogo, apenas unas líneas abajo de esta primera, Sabato escribió: “Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad”.

“La impunidad es enemiga directa de la búsqueda de derechos”, dijo Gras al hablar sobre la Conadep y su tarea, y aseguró que el Nunca más y los primeros juicios refundaron la democracia argentina —aún con las absoluciones, los indultos, las condenas a medias y otros agujeros que dejaron medidas establecidas por el mismo Alfonsín poco después y que seguirían vigentes hasta el 2003.

Buscar justicia fue imprescindible para empezar a reparar el tejido social destrozado. Por eso las palabras con las que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato histórico, unidas al trabajo de la Conadep, quedarían grabadas en la memoria colectiva argentina: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más”.

Cuando Alfonsín recibió los gruesos fajos que contenían la investigación de la Conadep de la mano de Sabato —dicen que algunos de los integrantes de la comisión durmieron la noche previa junto a las copias por miedo a que intentaran robarlas o destruirlas— agradeció con solemnidad, elogió la labor realizada y dió el pie para el juicio que llegaría un año después: “Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes. Así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados, por qué no, de la mano de la bondad.

Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”.

Para que nunca más el odio. Para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Quizás sean buenos tiempos para recordarlo.

Fue un momento de intensa emoción. Y también de una confiada esperanza. Una emoción colectiva y una esperanza confiada que entonces, hace cuarenta años y con la democracia recién recuperada, eran hechos cotidianos. El 20 de septiembre de 1984, a nueve meses y diez días de la asunción de Raúl Alfonsín, la voz de Ernesto Sábato, ronca y grave, abrasada por un melancólico fatalismo, leyó en tono íntimo las conclusiones a las que había llegado la Conadep que él mismo presidía, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas que se había zambullido en un espanto desconocido hasta entonces. Luego de las palabras de Sábato, el informe iba a pasar a manos del presidente, que había ordenado la formación de la Comisión.

Como una especie de apóstoles sentados a la mesa del espanto, la Conadep se propuso investigar los crímenes de la última dictadura militar instaurada entre 1976 y 1983; desentrañar una metodología de terror y muerte que se había extendido como una gran llamarada tétrica a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los rincones del país, que contaba entre sus víctimas a hombres y mujeres de todas las edades y ocupaciones; dilucidar qué se escondía detrás de la todavía enigmática figura del “desaparecido”: alguien que se suponía asesinado pero de quien se ignoraba quién había sido su matador, el porqué de su asesinato, el destino de sus huesos, que según había afirmado años antes el propio Sábato en una de sus novelas, “es lo único de nosotros que se parece a la eternidad”.

Esa vibrante emoción colectiva, recoleta y austera que reinaba aquel día en la Casa de Gobierno, tenía su contrapartida muy cerca, en plena Plaza de Mayo, donde más de setenta mil personas habían ganado las calles para respaldar a la Conadep y a sus conclusiones. La multitud estaba enterada ya del horror, o al menos de parte de ese horror, por un documental que la Comisión había emitido el 4 de julio, que incluía los testimonio de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención prohijados por la dictadura, que había pretendido dar un nombre técnico, formal y de tenebrosa elegancia a los morideros de las comisarías, los cuarteles y los sótanos que durante años habían albergado a miles de secuestrados, torturados, vejados y asesinados. Todavía no se sabía, o si se sabía no había sido revelado con amplitud, que muchos de los desaparecidos habían sido arrojados al río o al mar, vivos y anestesiados, desde aviones en vuelo.

¿Cuál era el clima en la Plaza? La memoria suelte tejer una brumosa niebla de piedad sobre algunos recuerdos. Gabriel García Márquez decía con picardía que la vida no es como fue, sino tal como se recuerda. Sin embargo, un ejercicio lo más lejano posible a la picardía y a las brumas, habla de una multitud entusiasta, febril, a veces indignada, a menudo apasionada, tal vez esperanzada hacia el futuro, que cantaba rimas insultantes, algunas muy chuscas, hacia el pasado y sus protagonistas, y, algo extraño, insistía con unos versos de leyenda: “Se va a acabar, se va acabar / la dictadura militar”, que ya se había acabado en lo formal, pero que durante aquel primer año de democracia conservaba aún su poder de fuego, como quedaría demostrado en la Semana Santa de tres años después. Un ejemplo: el documental de julio que había dejado en claro, aunque en mínima fracción, el tenor de los crímenes del terrorismo de Estado, le había costado la cabeza al jefe del Ejército, general Jorge Arguindegui: sus camaradas lo barrieron por no haber impedido la difusión de aquel revelador video.

Hasta el gobierno flamante había debatido la conveniencia de poner en el aire aquel documento. Sábato había amenazado con renunciar a la presidencia de la Conadep si el material era prohibido o censurado, y el gobierno de Alfonsín no pudo sino difundirlo, eso sí, con un mensaje previo del entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli, a quien todo aquello, Conadep, investigación, informes, revelaciones, acusaciones a militares, le hacía muy poca gracia. Sus palabras hablaron del “drama de la violencia en la Argentina (…) cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y el terrorismo alimentado desde lejanas fronteras”. Un fenómeno de otro planeta, casi.

El primer informe de la Conadep, aquel documental emitido sin cortes publicitarios en “Televisión Abierta”, un programa que conducía el periodista Sergio Villarruel y que fue récord de audiencia, y los resquemores urticantes que su emisión había levantado en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, revelaba un trabajo excepcional por parte de los miembros de la Conadep que tal vez había ido más allá de las expectativas de quienes la habían auspiciado. Cuando en diciembre de 1983 Alfonsín dispuso se formara una comisión investigadora sobre la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo, no hubo una fe demasiado ciega en sus resultados. Campeaba en la sociedad, y en el ámbito político, la convicción expresada también con picardía por Juan Perón que afirmaba que para que algo no salga a la luz, hay que formar una comisión que lo investigue.

La Conadep tuvo en sus comienzos una objeción impulsada por quienes pugnaban por que la tarea la llevara adelante otra comisión, esta del Congreso, bicameral, formada por senadores y diputados. Más que derivar la investigación a manos de los legisladores, Alfonsín prefirió una comisión de “notables”, a ser posible, y siempre es posible, no contaminados con el partidismo. Los radicales no confiaban en el peronismo y el peronismo no confiaba en los radicales. El PJ, que había liderado Ítalo Luder, rival electoral Alfonsín en las elecciones de octubre de 1983, se había negado en la campaña electoral a considerar siquiera la anulación de la llamada ley de autoamnistía, de Pacificación en la nomenclatura oficial, que los militares dictaron en beneficio propio antes de dejar el poder. En ella quedaba admitido que los desaparecidos estaban muertos.

El peronismo tampoco confiaba demasiado ni en el éxito de la Conadep, que se negó a integrar, ni en la deriva que el radicalismo gobernante pudiera dar luego a sus conclusiones. Alfonsín, además, había denunciado en 1983 un pacto militar-sindical, de impunidad y protección mutua encarnado entre los civiles en la figura del entonces poderoso jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Lorenzo Miguel. Los organismos de Derechos Humanos se negaron a formar parte de la Conadep, lo mismo hicieron las Madres de Plaza de Mayo con Hebe de Bonafini a la cabeza y hasta el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel había dicho no a la comisión aun cuando Alfonsín, según las versiones, le propuso presidirla.

Todo ese contexto pesaba, consciente o no, en aquella emoción colectiva que cantaba en la Plaza de Mayo que se iba a acabar lo que ya se había acabado. El cantito llevaba tres años de runrún en las manifestaciones de oposición a la dictadura. Había nacido en 1981, en los días en los que el general Leopoldo Galtieri acechaba a su par en la presidencia, el general Roberto Viola, para encaramarse al poder, como lo hizo, y lanzarse a la ocupación de las Malvinas, como también hizo, para eternizar al “proceso” en el poder, como certificó en su informe final sobre la guerra el general Benjamín Rattenbach.

Aquel entusiasmo de la plaza no coincidía con el austero escenario en el que Alfonsín iba a recibir el informe final de la Conadep. Más bien todo lo contrario: había incluso cierto temor a una reacción militar. Una historia poco conocida fue revelada por Graciela Fernández Meijide, Secretaria de Recepción de Denuncias de la Comisión. Minutos antes de la ceremonia, un estremecimiento recorrió el escenario y el cuerpo de los miembros de la Conadep: se acercaba la hora y Sábato no llegaba. “A pesar de que tenía custodia, o porque esta no nos merecía ninguna confianza -contó Fernández Meijide en “La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina- se activó nuestra paranoia. ¿Lo habrían secuestrado estos miserables? Por fin lo vimos aparecer, más nervioso que nunca, pero emocionado. En el trayecto se había encontrado con las columnas que se dirigían a la Plaza de Mayo para acompañar la entrega del “Nunca más” y la gente, al reconocerlo, lo rodeaba para saludarlo”.

Otro gran aporte de la Conadep, que estaba por producirse, fue el de sintetizar en esas dos palabras, Nunca Más, el rechazo social al terrorismo de Estado. “Nunca Más” se llamó el libro publicado por Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires) que se transformó en un documento de época hasta que el kirchnerismo lo hizo suyo y lo desvirtuó. “Nunca más” fueron también las dos palabras que el fiscal Julio César Strassera pronunció al final de su vibrante alegato en el juicio a los jefes militares de las tres primeras juntas del “proceso” en 1985.

Aquella noche, Sábato no estaba emocionado sólo por el fervor popular, sino porque iba a revivir en pocos minutos el espanto que le había sido revelado por la gigantesca y precisa investigación de la Conadep que, a lo largo de nueve meses intensos recogió testimonios de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, visitó y descubrió, disimulados en dependencias oficiales, los que habían sido centros de detención, llevó a los antiguos secuestrados a esas mazmorras, ahora maquilladas, que recorrieron a ciegas y con los ojos vendados, visitó morgues y cementerios para certificar el ingreso irregular de cadáveres en aquellos años y dejó al descubierto el carácter sistemático y masivo de la represión militar.

En total, la Conadep documentó más de nueve mil casos de secuestros, torturas, desapariciones y violaciones a los derechos humanos. En su discurso de presentación del informe, Sábato trazó un retrato a carbón de los “desaparecidos”: “Arrebatados por la fuerza, –dijo– dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa”.

Después precisó: “De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil -dijo Sábato aquella noche-. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal”.

Alfonsín recibió parte de las cincuenta mil carillas del informe, igual, era un paquete voluminoso dividido en pesados tomos, que había sido terminado de fotocopiar horas antes en las oficinas de la Conadep, instaladas en el Teatro General San Martín. Algunos de los miembros de la comisión durmieron esa última noche junto a las copias para evitar intrusiones, robos o incendios imprevistos

El Presidente, serio y un poco imperturbable durante el discurso de Sábato recibió las actas, elogió el trabajo de la Conadep y abrió las puertas al juicio civil de las tres primeras juntas militares que se celebraría en 1985: “El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional, y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación, tomados por qué no, de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país, constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cual es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina (…)”.

Hasta esa misma noche, el intento del gobierno de que el poder militar se enjuiciara a sí mismo había naufragado en el andamiaje tejido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que no dudó en estirar los tiempos fijados para hacerse cargo del juicio y hasta en lanzar una irónica advertencia sobre sus intenciones: la misma noche de la presentación del informe de la Conadep, la Cámara Federal recibió del Consejo Supremo un nuevo pedido de prórroga para abocarse a un juicio que le era inadmisible.

La Conadep, justo es reiterarlo, estuvo integrada por: Ernesto Sábato, el ex rector de la UBA Ricardo Colombres, el doctor René Favaloro, que renunciaría porque la Conadep no investigaría las muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, por el entonces decano de Ingeniería y también ex rector de la UBA, Hilario Fernández Long, por el pastor evangélico Carlos Gattinoni, por Gregorio Klimovsky, filósofo y matemático, especialista en epistemología, por el rabino Marshall Meyer, por el obispo Jaime de Nevares, un defensor de los derechos humanos y denunciante de sus violaciones, por el filósofo Eduardo Rabossi, por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Por el Congreso la integraron los diputados Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, de la UCR. Como secretarios actuaron Graciela Fernández Meijide en recepción de Denuncias, Daniel Salvador en Procesamiento de Datos, Raúl Peneón, en Procedimientos, Leopoldo Silgueira en Administración y Agustín Altamiranda.

La mayor parte de los miembros de la Conadep ya no viven. A cuatro décadas de sus desgarradoras conclusiones, su voz todavía suena como la de los coros de las grandes tragedias griegas. Iluminó, como lo haría el juicio a las juntas al año siguiente, uno de los momentos más brillantes de aquella democracia flamante y esperanzada.

Fue un breve instante de esplendor.

Todavía no había pasado lo que estaba por venir.

Se suele citar un dictum de Perón para desestimar la eficacia de cualquier comisión: “Para que algo no funcione, nada mejor que formar una comisión”. Hubo al menos una comisión que se erige como una notable excepción. Un ejemplo apabullante sobre cómo debe actuar un grupo de personas en busca de un objetivo común, detrás de un fin. La Conadep (La Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas) nació bajo las sospechas de todo el arco político y de casi todos los organismos de derechos humanos y en nueve meses después de su formación emitió un informe completo, honesto e irreprochable.

Vale la pena contar la historia de la Conadep, algo que funcionó contra todo pronóstico, en un país donde muchas cosas no suelen funcionar.

Cuarenta años después sigue siendo una proeza. Sin antecedentes en ningún lugar del mundo, sin modelo al que seguir, bajo amenazas, superando los obstáculos que ponían los militares, las críticas de buena parte de la prensa, la inexperiencia de muchos de sus miembros en estas cuestiones y la desconfianza de casi todos, la Conadep superó todos las expectativas. Las denuncias, su valor probatorio, su claridad, la organización, el haber entendido como había sido el modus operandi represivo, el texto final, constituyen una catedral de la buena fe y de una labor bien hecha, un trabajo justo y certero. Su contenido, su modo de producción y el momento en que fue emitido el informe final son el obstáculo insuperable para los negacionistas. No hay versiones, no existen las interpretaciones. Acumula pruebas, brinda un panorama irrefutable del horror. Fijó parámetros básicos para la discusión pública (y para las investigaciones judiciales) posteriores.

Resulta increíble que en tan poco tiempo y en condiciones tan adversas un grupo de hombres y mujeres hayan podido producir un documento de tal valor, certeza e integridad.

El informe final de la Conadep

Hace 40 años, con Ernesto Sábato a la cabeza entregaron el informe final al presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada. Afuera, en la Plaza de Mayo, decenas de miles de personas los acompañaban.

La Conadep (y su informe) fue una de las respuestas estatales, inmediata (a menos de un año del regreso de la democracia) y exhaustiva al terrorismo de estado.

El Informe de la Conadep (luego publicado como el Nunca Más) es el documento fundamental que sirvió para estructurar la acusación que terminó por condenar a los comandantes de las juntas militares de dictadura. Es el resultado inexpugnable del trabajo de la Comisión.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de haber asumido la presidencia, mediante el decreto 187/83.

La Conadep, el punto de quiebre de la actitud estatal respecto a las violaciones a los derechos humanos. Alfonsín declaró en el momento de la creación: “No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante”.

El artículo 1 establecía que el objeto sería “el de esclarecer los hechos sobre la desaparición de personas ocurridas en el país”.

Las tareas que el decreto 187 encomendaba a la Conadep eran ciclópeas. Debían recibir denuncias y pruebas y remitirlas a la justicia si constituían delito; averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas; determinar la ubicación de los niños sustraídos; denunciar a la justicia cualquier intento de sustracción, ocultamiento de pruebas o encubrimiento. Y, por último, emitir un informe final a 180 días de su constitución.

Los que sospecharon de la Conadep y de sus probabilidades de éxito, hay que reconocerlo, tenían motivos para hacerlo. Parecía que no existía posibilidad alguna de que sus objetivos fueran a cumplirse.

La Comisión estaría integrada por diez personalidades de gran prestigio en la sociedad, que generaran confianza y por seis legisladores que representaran la variedad parlamentaria.

La integración y la idea de la Conadep misma que parecen incuestionables a casi cuatro décadas de su creación fueron muy controvertidas en la época de su conformación y actuación.

La Conadep frente a los obstáculos

El gobierno y sus integrantes debieron luchar contra diversos enemigos y sortear más obstáculos de los que se puede imaginar a más de tres décadas. En la actualidad se suele hablar del “Consenso del Nunca Más” para referirse a acuerdos mínimos sobre las violaciones a los derechos humanos y a las bases de nuestro sistema democrático, en diciembre de 1983 ese consenso estaba muy alejado de conseguirse.

Que la Comisión dependiera del Ejecutivo le daba poder de control a Alfonsín y eso alteraba a las otras fuerzas políticas. Él insistía en que era una entidad autónoma pero el peronismo decía que le querían sacar participación. Sin embargo, invitados a integrarla, los legisladores peronistas se negaron a hacerlo. E intentaron quitarle toda legitimidad. Las críticas en el momento de su conformación fueron feroces. De los legisladores sólo participaron tres diputados radicales: Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill; designados por la Cámara se sumaron en enero de 1984. Los tres lugares destinados a la oposición quedaron vacantes. El paso del tiempo no menguó la ignominia de esas tres sillas vacías. Los que intentaron obtener una ventaja por mero cálculo político, en esa ocasión perdieron las dos carreras: la de ese presente y la de la historia.

La primera discusión se centró en que la oposición y muchas de las organizaciones de derechos humanos propiciaban la creación de una comisión parlamentaria bicameral. Alfonsín siguiendo el consejo de su jurista de cabecera, Carlos Nino, quien construyó junto a Jorge Malamud Gotti la arquitectura jurídica del juzgamiento a los líderes militares (y del tratamiento de toda la cuestión militar y su relación con la justicia), se inclinó por la comisión de notables con participación de legisladores. No querían que la cuestión se borroneara con reyertas partidarias, con cálculos electorales o que los legisladores se dejaran influenciar o presionar.

Otra imagen que quería evitar Alfonsín era la de militares yendo de uniforme a ser interrogados por diputados; no quería herir más susceptibilidades.

Alfonsín, unos días antes de asumir, había expresado en declaraciones periodísticas las intenciones de que la Comisión fuera autónoma y que sus miembros tuvieran plena libertad: “En la comisión investigadora quiero que estén desde Monseñor Jaime De Nevares hasta Pérez Esquivel, pasando por dirigentes de todos los partidos políticos. Queremos que se sepa la verdad de lo ocurrido. Que aparezcan con vida habrá muy pocos. Sé lo que voy a hacer. Sé que no voy a quedar bien con nadie, aunque estoy seguro que a mayoría silenciosa estará de acuerdo conmigo. Los que tienen capacidad de movilización por un lado o por otro, se pondrán furiosos”.

Los miembros de la Conadep

Uno de los que rechazó la oferta del gobierno para integrar la Conadep fue el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El presidente, a través de su Ministro del Interior Antonio Tróccoli, llegó a ofrecerle encabezar la Comisión. Pérez Esquivel pidió tiempo para consultar con los organismos. El gobierno le dio un día. La respuesta final fue negativa. Augusto Conte y Emilio Mignone, el fundador del CELS, fueron otros dos de los que no aceptaron la invitación.

El gobierno tomó un camino impensado. No buscó integrantes adictos ni dóciles. Sólo buscó que fueran irreprochables. La tarea era institucional y no partidaria. Haber pensado en Pérez Esquivel y el prestigio que venía con el Nobel de la Paz es una muestra de ello. Nadie podía tildar al arquitecto como alfonsinista. Hoy resulta inimaginable que la sociedad se ponga de acuerdo en 10 nombres, resulta inconcebible que 10 personas públicas y prestigiosas no sean repudiadas por ninguna de las diversas facciones políticas más representativas.

El peronismo se oponía a la conformación de la Comisión, el mismo peronismo que había hecho campaña anunciando que confirmaría y avalaría la ley de autoamnistía: “El Partido Justicialista mostró inicialmente una posición ambigua y terminó definiéndose por el rechazo, en una mezcla de crítica oportunista y gesto de profunda indiferencia por el tema” escribió Ulises Gorini en su historia de las Madres.

El gobierno, casi como un gesto de buena voluntad, dejó fuera de la investigación el periodo peronista y a la Triple A. Era terrorismo estatal pero había que investigar a un gobierno democrático. El límite temporal que se estableció fue el del 24 de marzo del 76, todo lo actuado por el Proceso de Reorganización Nacional.

En esta historia – en la de la Conadep, el Juicio y los otros hechos de esa temprana democracia- los protagonistas están claros. Héroes (los del periodo de la Dictadura fueron menos: los organismos), víctimas y villanos. Lo que no se suele ver es los que no participaron, los que quedaron fuera de campo, por decisión (o indecisión propia). Esos suelen ser los que luego levantan la voz para criticar aquello que no terminó de salir bien y de atribuirse méritos (o convertirlo en un logro colectivo) en aquello que no intervinieron voluntariamente.

Los grupos de derechos humanos tampoco estaban de acuerdo movidos por el temor y la suspicacia –con basamentos en la realidad- de que a los radicales no les convenía ir a fondo porque se les complicaría el manejo de los asuntos cotidianos por la amenaza permanente de una sublevación militar.

Al día siguiente de la publicación del decreto de creación de la Comisión, las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de DD.HH. pidieron a través de un telegrama una reunión con el presidente. Querían saber cuál sería el alcance de sus tareas, cómo se instrumentaría. Y presionar de nuevo con la opción de la Bicameral. Alfonsín los recibió y explicó su posición. Reiteró su deseo de que la política no entorpeciera la investigación.

Los organismos sostenían que las actuaciones de la Bicameral, por su carácter deliberativo y público, eran más confiables. El diputado Augusto Conte, padre de un desaparecido y electo por la Democracia Cristiana se ganó el mote de “el Diputado de los Derechos Humanos”, presentó un proyecto en el Congreso. Lo que sorprende es la confianza en el cuerpo legislativo ya que no eran demasiados los diputados que habían demostrado preocupación y adhesión con la causa de los DD.HH. Pero, sus impulsores descontaban que, sin importar sus posturas anteriores, los legisladores peronistas serían todo lo duros y estrictos que se necesitara para incomodar al gobierno de Alfonsín. Además contaban con que también se incluyeran a los que ellos llamaban presos políticos. La Conadep no entraría en esa cuestión.

Con las Madres de Plaza de Mayo a la cabeza y con la voz iracunda de Hebe de Bonafini marcando el ritmo, los organismos de DD. HH se opusieron con fervor a la comisión de notables. Sus miedos no eran infundados. Podían creer que dependiendo del Poder Ejecutivo, la investigación no iba a ir a fondo, que carecía de especialistas (esto más que nada sucedía porque los convocados del sector no aceptaron) y que Alfonsín los manejaría para que no le complicaran el panorama y la gobernabilidad.

Internas por la Conadep

De todas maneras, a la distancia (más allá de la labor excepcional de la Conadep que superó cualquier expectativa previa), no se logra entender cuáles eran los motivos de la confianza desmesurada en la Bicameral. No había antecedentes que permitieran suponer que un conjunto de diputados y senadores radicales, peronistas, del partido intransigente, de la UCD, de la Democracia Cristiana y de partidos provinciales se pusieran de acuerdo y de que su trabajo conjunto diera como resultado algo productivo. Las posibilidades de que sus miembros se pelearan, fueran influidos, los infiltraran y que obstaculizaran las actuaciones en beneficio propio con miras electorales –tantas oficialistas como opositores- eran altísimas.

Esto no impidió que en las provincias en las que el peronismo se había impuesto en las elecciones del 30 de octubre se anunciara con celeridad la creación de comisiones bicamerales. Por desgracia la velocidad del anuncio fue muy superior a la de la conformación, puesta en funcionamiento y, aún más, de la obtención de resultados. Tan solo un ejemplo: durante la celebración del Juicio a las Juntas –es decir un año después, en la revista El Periodista una columna anunciaba “En Tucumán mucho mejor la Bicameral”, pero al leer el cuerpo de la nota descubrimos que sólo se trataba de una expresión de deseos: todavía no se había puesto en marcha y quien hablaba adivinaba que el resultado superaría al de la Conadep. La respuesta sobre si las bicamerales provinciales lograron su cometido la encontramos en las memorias de Alfonsín: “En varias provincias se crearon comisiones de este tipo. Ninguna logró funcionar a pleno con efectividad, ninguna se destacó en el esclarecimiento de los hechos que se le habían encomendado”.

La Comisión Bicameral no aseguraba ningún resultado. Lo que Alfonsín y sus colaboradores más cercanos sí podían anticipar era que el peronismo endurecería su posición y exigiría mucho más rigor del que hubiera estado dispuesto a aplicar en caso de haber sido gobierno (de acuerdo a su plataforma y promesas electorales: ninguno). El Teorema de Baglini en su máxima expresión solo que antes de ser formulado.

De todas maneras, con la Comisión en marcha la mayoría de los organismos dieron su apoyo y aportaron gente. Las Abuelas de Plaza de Mayo enviaron una carta y fueron las primeras en ser recibidas por la Conadep.

En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se produjo un debate para determinar si sus miembros (los tres representantes religiosos) la debían integrar. Se decidió que sí. Pero no sólo fueron “notables”. Además de los que ocuparon las secretarías –en especial Graciela Fernández Meijide-, varios de los integrantes de la Asamblea Permanente de DD.HH, de La Liga y del CELS se sumaron al equipo que recabaría testimonios, datos, inspeccionaría centros clandestinos desguazados y que calificaría y ordenara la información.

Sólo las Madres y el Serpaj (el de Pérez Esquivel) seguían rechazando esta solución. Las Madres estaban totalmente en contra de la división tripartita de responsabilidades que había enunciado el presidente desde la campaña y pretendían y exigían –como lo hicieron durante décadas- juicio y castigo de cada responsable, sin que ninguno se beneficiara con eximiciones en el campo penal.

También sufrió críticas y resistencias la idea de que los integrantes fueran notables. Osvaldo Bayer escribió que el concepto de notables tenía un cariz autoritario, imperdonable para los nuevos tiempos democráticos.

Los otros que se oponían terminantemente a las actuaciones de la Comisión fueron los militares y los sectores de derecha que decían que todos estos intentos por investigar eran obra de la subversión y que las denuncias eran un cúmulo de mentiras.

Luego de la danza de nombres, la Comisión quedó conformada por: Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruíz Guiñazú, los juristas Ricardo Colombres y Eduardo Rabossi, el científico Gregorio Klimovsky, el ingeniero Hilario Fernández Long, el obispo católico Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer y el obispo metodista Carlos Gattinoni. Un elenco irreprochable con variedad de profesiones, con representantes de los tres credos más importantes y con escasas relaciones con el Proceso.

La Conadep se pone en marcha

Durante las primeras semanas de funcionamiento parecía que la misión fracasaría. Nadie sabía bien cómo organizar el fárrago de información que llegaba, las filas de denunciantes y tampoco cómo abarcar todo el país y no sólo a Capital y el Gran Buenos Aires.

A fines de diciembre se incorporó una pieza clave: Graciela Fernandez Meijide, a cargo de la secretaría de Recepción de Denuncias. Su tarea y experiencia en el mismo sector en la APDH fue vital para la ejecutividad de la Comisión. Lo mismo ocurrió con las restantes secretarias a cargo de Leopoldo Silgueira (Administrativa), Daniel Salvador (Documentación y Procesamiento de Datos), Raúl Aragón (Procedimientos) y Alberto Mansur (Asuntos Legales).

Se publicaron avisos en diarios, revistas, radios y televisión para convocar a la gente para que declarara, para que vencieran sus temores y para asegurarles que era una actividad segura. Los spots en los medios electrónicos –que fueron protagonizados por Magdalena- tenían como fin no sólo difundir la tarea y provocar la participación, sino también sacudir los miedos y fantasmas del pasado reciente.

En enero de 1985 el Centro Cultural San Martín, sede de la Comisión, se convirtió en un hervidero y cientos de personas pasaban por día a dejar sus denuncias y documentación. Los miembros de la Conadep visitaron los centros clandestinos, tomaron denuncias, siguieron pruebas, revisaron expedientes, indagaron en registros militares y policiales.

La labor de las secretarías y de las organizaciones de derechos humanos que aportaron material probatorio fue fundamental. Graciela Fernández Meijide contó que debieron adiestrar (o reemplazar) a quienes recibían las denuncias de familiares y de detenidos porque muchos no podían enfrentarse con esos relatos descarnados y repletos de dolor.

Magdalena y otros miembros recorrieron los centros clandestinos (o sus vestigios según el caso) para ver y entender la geografía del horror. En varias ocasiones debieron superar la oposición de jefes militares que no los querían dejar ingresar y hasta llegaron a recurrir a la ayuda de la justicia para conseguir sus fines.

La clave fue dividir el país por zonas y ubicar los hechos en ellas y en los campos de concentración en los que fueron recluidos los desaparecidos.

Cumplidos los 6 meses, se pidió una prórroga de tres meses. En julio la Comisión emitió el programa en Canal 13 con 8 testimonios estremecedores y un gran rating (ver nota aparte). Luego, el 20 de septiembre de 1984 Ernesto Sabato entregó el informe final al presidente Alfonsín y al Ministro del Interior Antonio Troccoli.

Voluminosas carpetas, miles de fojas, que transcribiendo denuncias, aportando pruebas, narraban el horror vivido en el país. Afuera, en la Plaza de Mayo, más de 70 mil personas acompañaban. Esas personas, representantes de las agrupaciones y de partidos políticos (aún de aquellos que no habían acompañado la formación de la Comisión) sabían que vivían un momento histórico. Sin embargo hubo varios que no prefirieron no estar: las Madres, el peronismo y la CGT fueron las ausencias más notables.

Cómo se elaboró el informe final

Ernesto Sabato encomendó la elaboración final del informe a Gerardo Taratuto, jurista y dramaturgo, con un pasado en la defensa de las instituciones y los derechos humanos. Taratuto contó alguna vez que las directivas de Sabato fueron muy claras: “Quería un informe que ofreciera una visión nacional, diera cuenta de la violación de derechos y principios fundamentales del orden político, moral y religioso -el derecho a la vida, a la defensa y a la información-, que la gente lo pudiese leer, lo entendiera hasta un ama de casa y que, si lo leía un militar, se avergonzara y no pudiera aducir que eran patrañas”.

Este informe debe ser comparado con el otro documento producido con tan solo un año de diferencia por el estado argentino. En septiembre de 1983, un mes antes de dictar la ley de Autoamnistía, el gobierno de Reynaldo Bignone, en los estertores del Proceso, presentó el Informe Final. Un esperpento que no aclaraba nada, que no aportaba datos, que intentaba exculpar y justificar a los militares de lo actuado desde 1976 en adelante.

Tras la presentación, unas de las críticas que se le hizo fue la falta de publicidad. Los que habían desconfiado de la Comisión reclamaban que los resultados se difundieran. A los pocos días, Alfonsín ordenó publicarlo por la editorial universitaria, por Eudeba. Fue un éxito colosal. Las dos primeras ediciones agotadas el primer día de estar en la calle. Más de 600 mil ejemplares vendidos. El Informe logra no sólo transmitir los testimonios desgarradores, sino establecer con claridad que se trató de un plan sistemático orquestado desde el estado.

La otra objeción era la ausencia de una lista de represores. Los integrantes de la Conadep afirmaron, en ese momento, que habían elaborado la lista y la habían entregado al presidente Alfonsín, quien había decidido no difundirlo. Pocas semanas después, la revista El Periodista de Andrés Cascioli y dirigida por Carlos Gabetta publicó las listas. Se estima que el que las consiguió fue Horacio Verbitsky, redactor especial de la publicación. Las autoridades y miembros de la Comisión desmintieron las listas, asegurando que algunos nombres no coincidían con la real.

El prólogo del Nunca Más, escrito por Sábato, fue leído con respeto y como una buena introducción a lo que vendría. Con el paso del tiempo eso cambió y hubo quienes afirmaron que abonaba a la Teoría de los Dos Demonios. “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Esa es la frase que se consideró polémica y reprochable del prólogo de Sábato, sin tener en cuenta todo lo que dice después y que explícitamente habla de que el terrorismo de estado instaló “un terror infinitamente peor que el combatido”. En ningún momento hay un afán de convertir a las acciones en equivalentes ni de igualar la acción de los grupos armados con el terrorismo de estado. Por otro lado la frase cuestionada podría describir a la perfección nuestro 1975.

Tanto el prólogo original del Nunca Más (el kirchnerismo le agregó otro para refutar a Sábato), el alegato de Strassera y la sentencia del Juicio a las Juntas hablan de la violencia en la primera mitad de los setenta de las organizaciones guerrilleras. Porque el verdadero Consenso Alfonsinista, aunque lo hayamos olvidado, también incluía eso: condenaba sin ambages el terrorismo de estado, pero repudiaba, sin equipararla, cualquier tipo de violencia política. La sociedad del 83/84 no quería más violencia.

La actividad de la Conadep fue un paso adelante a lo que hasta ese momento había sido el movimiento de denuncia de los organismos. Ellos habían dado a conocer los casos, habían mantenido el tema siempre presente y lo habían hecho conocer: habían resistido. La Comisión estructuró eso, sistematizó la toma de denuncias e institucionalizó la cuestión. La Conadep con el apoyo estatal podía conseguir otros logros (o profundizarlos) por motivos bastante evidentes: tenían más posibilidades materiales y más gente, se estaba en democracia: la gente se animaba a denunciar lo sufrido por ellos y sus familiares, el alcance era nacional: había delegaciones en casi todas las provincias y hasta se recibían casos del exterior.

Registra 8960 desapariciones y la existencia y ubicación de 340 centros clandestinos de detención más allá de aclarar que pueden existir otros casos que no fueron denunciados y que se desconocían a ese momento. En la cifra aportada por la Conadep había muy pocos errores, casi mínimos teniendo en cuenta la magnitud de la investigación y la escasez de recursos tecnológicos. Por ejemplo, unas pocas mujeres aparecían dos veces: la primera con su nombre de soltera y la otra con el de casada.

El del número de desaparecidos es un tema que ha variado demasiado en estas cuatro décadas. Muchas veces se dejó de lado la investigación, las listas armadas con las denuncias de familiares, compañeros de militancia, vecinos, con los aportes de los organismos y se impuso el dogma, el número simbólico bajo amenaza, para quien se anime a confrotarlo mediante la investigación histórica, de ser tratado de negacionista. En el momento de la publicación del informe la cifra no fue refutada. Por el contrario, se agradeció que aparecieran los nombres de los que los militares habían desaparecido y, como no podía ser de otra manera, la cifra, la magnitud de la brutal masacre causó consternación.

El terrorismo de estado está descripto de manera contundente en esas páginas. El Nunca Más se convirtió, así, en el cuerpo probatorio indispensable en el Juicio a las Juntas Militares. Como topógrafos del horror los miembros de la Comisión cincelaron un mapa de las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones.

Mientras tanto, por la Panamericana una fila de tanques avanzaba hacia el centro de Buenos Aires. Esa peregrinación bélica, esa amenaza al orden constitucional, duró unos pocos minutos. Una vez hecha la advertencia, una vez que hicieron notar su presencia, los tanques dieron la vuelta y regresaron al punto de partido, Campo de Mayo.

Mientras el tape estaba al aire, una bomba de estruendo fue lanzada por un grupo anónimo de encapuchados contra el techo del canal. No produjo mayores daños.

El programa de la Conadep

El 4 de julio de 1984, a las 22 horas, Canal 13 emitió Televisión Abierta: Nunca Más (Un programa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). No hubo cortes publicitarios por una decisión de las autoridades.

Habría que recordar (o resaltar) algunas cuestiones para que se valore adecuadamente qué clase de apoyo fue brindado por el gobierno. Canal 13 todavía era el canal líder en audiencia. Canal 9 recién había sido devuelto a Alejandro Romay y se estaba asentando (en poco tiempo monopolizaría la medición de audiencias). Excepto el 9, el resto de los canales eran estatales.

El gobierno de Raúl Alfonsín decidió –después de algunas dudas- pasar el programa en horario central en el canal de mayor encendido, dándole un respaldo, una centralidad, insoslayable.

Desde fines de diciembre del 83, la Conadep (La Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas) trabajaba febrilmente en la sede que habían montado en el Centro Cultural San Martín.

Quien propuso la idea fue el rabino Marshall Meyer. Dijo que había que producir un documento audiovisual, salir del papelerío y de los documentos escritos que no llegarían a tantos ni serían leídos por muchos (nadie, a esa altura, podía siquiera soñar con el impacto y la penetración que tendría la publicación del Nunca Más). Hablo de un documental televisivo. Eso fue alrededor del mes de abril, cuando la comisión estaba en pleno trabajo y cuando ya preveían que no llegarían al plazo de seis meses que había puesto el gobierno en el decreto de creación (también faltaba para que el rabino renunciara por su viaje y radicación en Estados Unidos). Aceptada la idea, se encargó la tarea a Magdalena Ruiz Guiñazú y a Gerardo Taratuto, también clave en la redacción del informe final. Taratuto era abogado y dramaturgo y Sábato le encargó la escritura del Nunca Más (alguien tendrá que escribir sobre la influencia de los dramaturgos de Teatro Abierto en las gestas sobre los Derechos Humanos de los inicios democráticos: Carlos Somigliana fue una de las plumas del alegato fiscal en el Juicio a las Juntas).

El nombre, como muchas de las demás tareas relacionadas con la difusión, publicidad y los medios, se le ocurrió a Magdalena Ruíz Guiñazú según afirman varios de los participantes en la Conadep (Meyer se atribuía haber recurrido al Nunca Más como lema).

El backstage del programa

La grabación fue 4 días antes de la emisión. Fueron llegando a Canal 13 la mayoría de los integrantes de la Comisión (faltaron Meyer, Rabossi y Favaloro), los secretarios y buena parte del personal. Se ubicaron en sillas y una especie de tribuna detrás de cámara. También estaban los que prestarían testimonio.

La directora sería la legendaria Diana Álvarez y la voz en off fue de Carlos Beltrán. El científico Gregorio Klimovsky propuso que se utilizara como música de apertura y cierre de cada bloque una grabación de las Bachianas Brasileiras de Heitor Villalobos.

La idea de que saliera un programa con las denuncias en prime time inquietaba al gobierno de Alfonsín. Temían las reacciones. Buena parte de los diarios nacionales dejaban filtrar la molestia de los militares y hasta criticaban que se difundieran las denuncias. No eran demasiados los que apostaban a revisar el pasado, a averiguar fehacientemente lo que había sucedido, a juzgar a los responsables. El hecho de la inestabilidad de la democracia reciente también se convirtió en excusa para muchos que deseaban olvido e impunidad.

Nadie le preguntó a los que iban a testimoniar sobre las cámaras qué iban a decir. No se los guionó ni se los cercenó. Ninguno miembro de la Conadep se podía sorprender con lo que dijeran. El único guión estuvo a cargo de Taratuto y fueron las intervenciones del locutor Carlos Beltrán en off en las que se describía las actividades que había desarrollado la Conadep, que contextualizaban cada testimonio, que daban una cifra de desaparecidos (cuando todavía no era un tabú hacerlo) según lo recolectado en esos seis meses de trabajo: “8.800 desaparecidos, 8.800 silencios” y que hablaba de los casi trescientos centros clandestinos de detención identificados hasta el momento.

Hay ocho sillas en dos filas de cuatro. Allí están los que van a brindar su testimonio. Lo hacen de a uno. Mientras hablan la cámara se centra en ellos, en su cara, en sus gestos. Uno no puede dejar de escuchar esa travesía por el horror, de estremecerse con el relato y con cada inflexión de la voz. Apenas terminan de hablar se levantan y se retiran. Su silla queda vacía. Antes del siguiente testimonio, un plano general registra cuántos quedan. Después de que el último hable, el estudio queda vacío, sólo las sillas inertes.

El poder extraordinario de la imagen

Esto que parece una gran idea de puesta de escena, la manera de mostrar a los que no están, fue, según el testimonio de Graciela Fernández Meijide, algo que surgió de la casualidad. El primero en hablar fue el Enrique Fernánez Meijide (marido de Graciela), padre de Pablo, chico de 16 años que fue secuestrado en su casa y desaparecido. Enrique se emocionó cuando llegó al final de su relato. Los ojos se le humedecieron y la voz se quebró ligeramente. Así que una vez que narró la desaparición de Pablo y la búsqueda infructuosa que encaró con su esposa, para no llorar frente a cámara, se levantó y se retiró del estudio. Alguien creyó con acierto que era una muy buena idea y se repitió el mecanismo con los restantes. Al terminar su relato se levantaban, dejando las sillas vacías.

Lo que también se repitió en cada relato fue la emoción que dominó a cada uno y todos estuvieron a punto de quebrarse. En uno de sus libros, Graciela Fernández Meijide explicó: “Quienes tenemos algún desaparecido, en mi caso Pablito, con el tiempo, en privado, logramos referirnos al suceso sin llorar. Pero la situación varía en el momento en que nuestros sentimientos son expuestos ante más gente. Ésa fue la primera vez que los participantes compartían con decenas de miles de compatriotas su verdad, aquella que sólo exponían entre los suyos: la familia y los organismos de derechos humanos”.

Pero no sólo los que hablaban frente a cámara lloraban. En un momento, entre el público presente, se escuchó un sollozo al principio contenido pero que se desbordó segundos después, un ruido de sillas y pasos que se alejaban. Era Hilario Fernández Long, uno de los 10 miembros de la Conadep, un hombre sereno, de gestos breves y pocos efusivos, que no había podido soportar la emoción; que en los últimos seis meses había escuchado cientos de esos testimonios pero que, seguramente, en ese momento había comprendido la repercusión que tendría el programa y que había revivido su propia historia: dos de sus hijos debieron exiliarse al principio de la Dictadura (uno de ellos había sido el esposo de Beatriz, una de las hijas de Héctor Germán Oesterheld).

En la elección de los testimonios, que debían ser acotados: tan sólo 8 para respetar los tiempos televisivos, se buscó que representaran la mayor cantidad de facetas posibles de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por el Proceso y sus hombres. Del secuestro a la tortura, las desapariciones, el desamparo de las madres, los bebés robados, la búsqueda de las Abuelas, los campos de concentración, la intervención de las tres armas, la vasta extensión territorial del plan sistemático y clandestino.

Después del testimonio de Enrique Fernández Meijide, pasaron los de Jorge Watts, secuestrado en El Vesubio, y el de Estela Berastegui, cautiva en La Perla. Los relatos eran secos y duros, describían las torturas y las condiciones atroces de cautiverio. Tras ellos aparecieron Lola Weischelbaum de Rubino y Otilia Renoud, madres que mostraron su dolor ante la ausencia de sus hijas, que hablaron de la desesperación por no tener noticias de su paradero ni destino, de cómo eran ellas, de la búsqueda incansable y de lo imprescindible de que se hiciera justicia.

Testimonios del horror

Las palabras de Adriana Calvo de Laborde fueron estremecedoras. Narró cómo dio a luz en el piso de un auto policial, las torturas, las condiciones inhumanas. Hay que imaginarse el impacto que tenía un testimonio tan contundente emitido por televisión, en primera persona, que contaba cosas que muchas creían imposibles, de una abyección pocas veces alcanzadas; para mensurar su impacto, los más jóvenes pueden recordar qué sintieron al ver la recreación de lo dicho por Calvo de Laborde en la película Argentina 1985, en una ficción y cuarenta años después.

El último bloque de familiares y víctimas fue para las Abuelas de Plaza de Mayo. Isabel Chorobik de Mariani (Chicha Mariani) y Estela Carlotto, presidenta y vice de la institución. Alrededor había oscuridad y seis sillas vacías. Contaron los asesinatos de sus hijas, reclamaron por todos los nietos robados y aportaron una novedad para el gran público: exigieron análisis genéticos para precisar las búsquedas.

La grabación fue muy movilizante para todos los que estuvieron en el estudio. Al final, Ernesto Sábato, presidente de la Conadep, habló unos minutos a modo de epílogo. Sólo restaba esperar que se completaran los procesos técnicos y que pasaran los pocos días hasta la emisión del programa.

Pero nada sería tan sencillo y esas jornadas de principio de julio de 1984 fueron extremadamente agitadas.

La presión militar

Alguien le contó al General Jorge Arguindegui lo que había ocurrido en ese estudio de Canal 13. El jefe del ejército elevó una protesta frente a Antonio Tróccoli, el ministro del interior. El tema rápidamente escaló hasta el presidente Alfonsín. Pidió ver el video. Mientras tanto del Poder Ejecutivo, algunos emisarios fueron a sondear a Ernesto Sábato. Le pedían que el programa no se pasara al aire o al menos que se postergara, siempre una buena estrategia para ganar tiempo en un país convulsionado como Argentina en el que las circunstancias pueden variar de manera radical en cuestión de horas. Aducían que la emisión podría molestar a los militares y eso provocar una “conmoción interna” según la jerga de la época.

Sábato fue terminante. Si el programa no salía el miércoles 4 de julio como estaba estipulado, él renunciaría. Todos sabían el significado de eso: un escándalo de proporciones y un retroceso insalvable en la política de derechos humanos del gobierno.

En las altas esferas del poder se debatió cómo seguir. Se llegó a una solución intermedia que Sábato, luego de cavilar bastante y consultarlo con otros colegas de la Comisión, aceptó. Que el programa tuviera un prólogo en el que hablara Antonio Tróccoli. Ese agregado, para un ojo atento, se notaba. Aparecía tras la presentación del periodista Sergio Villarroel y luego de las palabras del ministro, la estética cambiaba, aparecían los títulos, el locutor y se daba comienzo al contenido grabado unos días antes.

Tróccoli, con Sábato sentado a su lado, habló más de 9 minutos. Con esa articulación típica de los políticos radicales de entonces, verba engolada de comité, casi de perfecta gramática y estilo alambicado, espiralado. Parte de lo que dijo se hizo célebre en el últimos tiempos porque fue incorporado en la película Argentina 1985. Pero esa inclusión tiene algunos problemas. Por un lado es el único fragmento puramente documental del film y es sólo un fragmento de lo que dijo Tróccoli: una intervención de un minuto y medio en un discurso de nueve minutos. Es, también, uno de los escasos episodios que el film decide representar que no están ligados directamente con el Juicio a las Juntas y con la conformación del equipo del Fiscal Strassera.

En esa parte, el inicio de su alocución, Troccoli habla de la violencia de las organizaciones armadas. Después de destacar la labor patriótica de la Conadep dijo que ese trabajo no reflejaba la historia completa de la violencia: “La otra cara se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y el terrorismo alimentado desde lejanas fronteras. Su proyecto basado en el terror con una profunda vocación mesiánica terminó desatando una orgía de sangre y de muerte”. Luego se alejó de la posibilidad de que lo que los militares cometieron fueran meros “excesos”, tal como muchos sostenían, y habló de “metodología aberrante” por parte de quienes habían estado en el poder. Los organismos de Derechos Humanos acusaron a Tróccoli de sostener la Teoría de los Dos Demonios.

En la película de Mitre, Tróccoli queda convertido en uno de los grandes villanos de la historia (Gustavo Noriega señaló que para el cine argentino reciente el ex ministro del interior terminó convertido en el villano de la Primavera Alfonsinista con su inclusión en Argentina 1985 y en El Rapto, la película sobre el secuestro de Sivak –en esta última su señalamiento parece más merecido, más justificado).

No hay que olvidar dos cuestiones: el Ministerio del Interior brindó pleno apoyo a la Conadep: fue el que proporcionó computadoras –inusuales en ese tiempo-, instalaciones, protección, medios materiales, dinero para viajes, para alojamiento de testigos y posibilitó que se pudiera ingresar en dependencias militares. Tampoco se debe olvidar que en ese momento el discurso de Tróccoli no fue tan relevante, ni influyente, ni impactante. Lo que dijo, con su discurso de comité, era algo que estaba instalado en buena parte de la opinión pública, una falsa equidistancia: el discurso de los neutrales. Además fue la apertura del programa: los testimonios posteriores fueron demoledores, fueron los que perduraron.

El cierre del programa

El epílogo estuvo a cargo de Ernesto Sábato con todos los miembros, secretarios y empleados más relevantes de la Conadep a sus espaldas. Dijo que lo ocurrido fue “un crimen monstruoso, de lesa humanidad”. Para oponerse a las deformaciones falaces que en esos días se escurrían en los medios agregó: “No es un problema político, cómo se suele argüir, esto es un problema ético y religioso. Personalmente creo que ha sido el reinado del demonio sobre la tierra. Se trató de una atrocidad”. Y pidió a los jóvenes no olvidar. Tras la lista de los notables de la Comisión y los títulos, otra vez Tróccoli y Sábato aparecieron juntos y cerraron el programa. Tróccoli remarcó la necesidad de hacer justicia.

Sábato aclaró que la Comisión “en ningún momento pretendió elogiar a la subversión que precedió al terrorismo de estado” y que en el decreto de conformación se estableció que ellos debía investigar los crímenes del gobierno de facto.

La competencia en ese horario era enorme. En Canal 9 estaba Soldán y Grandes Valores del Tango, en el 7 Situación Límite y en el 11 Alberto Olmedo con No Toca Botón: tres programas muy exitosos. A pesar de eso el rating del documental fue el más alto del horario. Tuvo más televidentes que si se sumaran los de los otros tres tanques televisivos de miércoles por la noche. Casi 2 millones de personas vieron y escucharon por primera vez los testimonios de las víctimas y los familiares.

El programa, más allá de distorsionadas polémicas retrospectivas, es un hito de la recuperación democrática y de la lucha por la defensa de los derechos humanos. En medio de lo que se llamó El Show del Horror gracias a los relatos sensacionalistas e intencionados que inundaban los medios, el programa de la Conadep con seriedad, emoción y verdad mostró otra cara. A pesar de amenazas, bombas y tanques en la calle, a pesar de las presiones políticas, de las amenazas y de las dudas políticas, la emisión del documental llevó por primera vez a cada casa el testimonio de víctimas y familiares, mostró sin dobleces la cara del horror vivido en los años anteriores.

Corrían los primeros días de agosto de 1984, en el marco de una democracia recuperada que todavía no había cumplido ocho meses, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pareció salir del deliberado letargo en que se había sumergido desde que el presidente Raúl Alfonsín diera la orden de que un tribunal militar juzgara a los miembros de las juntas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El miércoles 1°, mientras los argentinos calculaban cuánto les constaría viajar a sus trabajos luego de los aumentos de combustibles, trenes y colectivos, y se conmovían con las alternativas de la investigación sobre el resonante asesinato de la profesora de inglés Oriel Briant, el Consejo citó a declarar al ex dictador Jorge Rafael Videla y luego de interrogarlo durante más de cuatro horas ordenó su detención en Campo de Mayo. Al día siguiente fue el turno del primer comandante de la Fuerza Aérea durante la dictadura, Orlando Ramón Agosti, que también quedó detenido luego de prestar declaración.

Para fin de mes, a esas detenciones se sumaron las del primer comandante de la Armada, Emilio Eduardo Massera, y del temible ex comandante del Tercer cuerpo del Ejército entre 1975 y 1979, Luciano Benjamín Menéndez.

El martes 28, día de la detención de Menéndez, se cumplían exactamente ocho meses desde que Alfonsín le diera la orden al Consejo para que iniciara la investigación y no pocos ciudadanos pensaron que, aunque con demoras, los militares juzgarían finalmente a sus pares a pesar de “la inquietud reinante en los cuarteles”, como decían algunos medios de comunicación, y las presiones de algunos sectores políticos cuyos dirigentes sostenían que lo mejor para el futuro del país era no mirar hacia el pasado aún cuando eso significara la impunidad de quienes comandaron la dictadura.

La resistencia dentro de las Fuerzas Armadas al juzgamiento de sus antiguos jefes se expresaba en lo más alto. El primer jefe del Ejército nombrado luego de la recuperación de la democracia, el general Jorge Hugo Arguindegui, había pedido el retiro el 4 de julio, luego de acusar al gobierno de llevar “una campaña de acción psicológica en contra del Ejército Argentino”. Su sucesor, el general Ricardo Pianta, no se quedó atrás y el mismo día de la detención de Menéndez pidió públicamente “una amnistía”.

Pese a todo, las detenciones de Videla, Agosti, Massera y Menéndez parecieron destrabar la situación. Fue una ilusión que duró unos pocos días: el 25 de septiembre, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, presidido por el brigadier de la Fuerza Aérea Luis María Fages, dictaminó que “las órdenes impartidas por los mandos superiores de las distintas Fuerzas, en la lucha contra la subversión, fueron inobjetables”. En otras palabras, dictaminaba la impunidad de los jefes militares.

La autoamnistía de los dictadores

Poco antes de abandonar el poder, los dictadores habían intentado garantizarse legalmente la impunidad, cerrando toda posibilidad de ser juzgados. Para eso, el 22 de septiembre de 1983, poco más de un mes antes de las elecciones presidenciales, dictaron la Ley 22.924, a la que llamaron “de Pacificación Nacional” pero quedó en la historia con el nombre de su verdadera intencionalidad: “Ley de autoamnistía”.

En su artículo 1, la ley establecía: “Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”.

En otros artículos, dictaminaba que “nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”, y que “los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna”.

La ley partió las aguas de la campaña electoral y puso al peronismo y al radicalismo en veredas opuestas. Mientras el candidato del Partido Justicialista, Ítalo Argentino Luder, planteó que se trataba de una ley válida que cerraba todas las puertas a la posibilidad de juzgar a los militares, el candidato radical, Raúl Alfonsín, prometió derogarla si era elegido presidente.

En su discurso de asunción, Alfonsín reafirmó su promesa: “Se propiciará la anulación de la Ley de Amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables”, dijo. Lo hizo el 13 de diciembre de 1983, tres días después de llegar a la Casa Rosada, cuando envío al Congreso el proyecto de ley para derogarla y fue rápidamente aprobado.

Los decretos de Alfonsín

Casi al mismo tiempo, el flamante presidente promulgó tres decretos que resultarían clave para el desarrollo del camino que culminaría con la realización del histórico juicio a las Juntas Militares.

El decreto 158/83, del 13 de diciembre, ordenaba someter “a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”. Los ex comandantes acusados eran Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; del Ejército; Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; de la Marina; y Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; de la Fuerza Aérea.

Al mismo tiempo emitió otro decreto que pretendía jugar en espejo con el 158. Con el número 157, ordenaba enjuiciar a siete dirigentes relacionados con las organizaciones guerrilleras, por delitos cometidos luego del 25 de mayo de 1973.

El tercer decreto, con el número 187, establecía la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), encabezada por el escritor Ernesto Sábato, con la misión de recabar testimonios y documentar casos concretos de violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura en todo el país.

El plan original de Alfonsín era que fueran las Fuerzas Armadas las que juzgaran los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comandantes de las tres primeras juntas. Por eso, 28 de diciembre de 1983, el Consejo Supremo de las FFAA comenzó, al menos formalmente, la investigación de los delitos cometidos por los comandantes que habían integrado las tres primeras juntas.

La reforma del Código

Sin embargo, el líder radical tuvo la precaución de abrir una puerta para que interviniera la justicia civil si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas intentaba desactivar los juicios a los comandantes. Las leyes vigentes establecían que los militares solo podían ser sometidos a juicio en tribunales militares, sin que sus fallos pudieran ser revisados por la justicia civil.

Para eliminar ese obstáculo, en el mismo decreto que ordenaba juzgar a los comandantes, Alfonsín estableció que las sentencias del Consejo Supremo podían ser apeladas ante la Cámara Federal en los Criminal y Correccional de la Capital Federal. En los fundamentos, el decreto establecía que la imposibilidad de apelar las sentencias ante un tribunal ordinario constituía “tanto un privilegio como una desprotección para el procesado, ambos vedados por la Constitución”.

Cuando el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar llegó al Congreso, el senador Elías Sapag, que tenía dos sobrinos desaparecidos, propuso incluir una modificación fundamental: la facultad de la Cámara Federal de hacerse cargo directamente del juicio en caso de que el tribunal militar se mostrara reticente o moroso en la investigación y el enjuiciamiento. Además, la Cámara alta incluyó otro cambio por iniciativa del propio Sapag e impulsada por el radical Adolfo Gass, que tenía un hijo desaparecido, y por el peronista Eduardo Menem. Así quedó establecido que en ningún caso se podía aplicar la “obediencia debida” en los casos de delitos aberrantes.

Con estas modificaciones, el 13 de febrero de 1984, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar. De inmediato, Alfonsín comenzó a recibir presiones para que vetara los cambios establecidos por los senadores, pero se negó a hacerlo.

El bloqueo del Consejo

Esa era la situación el 11 de julio de 1984 cuando, basándose en la ley de reforma del Código de Justicia Militar, la Cámara Federal le ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si hubo una metodología establecida en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y si eso era responsabilidad de los miembros de las juntas militares.

En un acto de rebeldía silenciosa, el tribunal militar no respondió a la exigencia de la Cámara, que al cumplirse el plazo de 30 días que había fijado, decidió otorgar una extensión de otros 30 días.

Finalmente, el 25 de septiembre -cuando Videla, Agosti, Massera y Menéndez ya estaban detenidos- el Consejo Supremo respondió con una resolución en la que le decía al tribunal civil que “según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”. En su dictamen, el tribunal militar no aportaba ningún fundamento ni explicaba qué investigaciones había realizado.

Años más tarde, otro jefe del Ejército, el general Martín Balza, condenaría de manera lapidaria esta manera de actuar del tribunal militar. “Este Consejo defeccionó en su rol de juzgar a sus pares, y de esa manera perdió una oportunidad histórica generosamente ofrecida por Alfonsín, para que las propias Fuerzas hicieran el saneamiento institucional”, dijo.

Ante la evidencia de la negativa injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas de la dictadura, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal tomó entonces la decisión de desplazar al tribunal militar y hacerse cargo directamente de la causa.

El Juicio a las Juntas

Así se gestó el Juicio a las Juntas Militares que sentó en el banquillo de los acusados a Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985.

En uno de los párrafos de la sentencia, se señalaba todo lo contrario a lo que había pretendido imponer el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cuanto a la existencia de un plan sistemático de represión ilegal. “Puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Judicial), la libertad o, simplemente, la eliminación física”, decía.

Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta con accesoria de destitución; Viola fue penado con 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución; y Agosti recibió 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.

Omar Domingo Rubens Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo fueron absueltos porque asumieron la comandancia después que se cerrara el único centro de detención de su fuerza. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder.

Juicios posteriores, a partir de nuevas pruebas y testimonios, demostrarían la responsabilidad de los absueltos, que también serían condenados.

Al dictarse la sentencia, todavía resonaban en la sala del tribunal las palabras que el fiscal Julio Strassera había pronunciado en su alegato final y que quedaron escritas para siempre en la historia argentina: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.