En una audiencia marcada por señalamientos directos y denuncias de vicios procesales, Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, defendió este lunes su actuación ante la comisión especial del Congreso Nacional que analiza la procedencia de un juicio político en su contra.

Entre las particularidades del proceso esgrimidas por Morazán, figura un cuestionamiento a la ley de juicio político hondureña, la cual, según el propio magistrado, ha motivado observaciones formales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Morazán subrayó que el organismo internacional recomendó su reforma debido a “incompatibilidad con estándares internacionales”, un antecedente que incorpora un elemento diferenciador a este caso en el contexto regional.

Ante la comisión legislativa, Morazán, actualmente suspendido de sus funciones, calificó de injustificado el arraigo legal del proceso y denunció la supuesta instrumentalización política de la denuncia. “Es una barbaridad que se me someta a este tipo de proceso”, sostuvo Morazán al atribuir la acusación a represalias por su posición en la inscripción de Jorge Cálix, actual diputado y candidato por Olancho.

El magistrado presentó además una recusación contra el diputado Kilvett Zabdiel Bertrand, miembro de la comisión especial, alegando “prejuzgamiento” después de que Bertrand introdujera como prueba un video de declaraciones previas en su contra.

Morazán sostuvo: “No puede alguien que ya tiene una posición definida sobre mi caso formar parte de la comisión que debe analizarlo objetivamente”. La presidenta de la comisión, Tania Pinto, aceptó la recusación como prueba, aunque recordó que “La ley de juicio político no es convencional”, advirtiendo sobre el carácter excepcional del mecanismo en uso.

En respuesta, Morazán aseguró que ha interpuesto un recurso de amparo convencional con solicitud de suspensión del acto, buscando frenar el procedimiento por estimar que atenta contra sus derechos fundamentales.

Insistió en que el juicio responde al conflicto surgido tras su voto contrario a la inscripción de Cálix, decisión que generó desacuerdos internos tanto en el TJE como en el Consejo Nacional Electoral.

Precisó que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, del CNE, también objetaron esa postulación, aunque posteriormente sus compañeros en el TJE validaron la candidatura, en una resolución calificada por Morazán de irregular.

Otro eje de su defensa fue la acusación de que el magistrado presidente del TJE, Mario Flores, habría actuado en colusión con su entorno cercano, incluyendo a su asistente Roberta Lara. Morazán sugirió que Lara mantiene lazos con actores políticos relevantes y que habría influido en la elaboración de argumentos en su contra.

Aseguró que Lara participó en la preparación de preguntas para el diputado Bertrand y señaló una relación familiar entre ambos.

En cuanto al funcionamiento interno del Tribunal, Morazán cuestionó que nunca se establecieron reglas claras para sesiones virtuales a través de Zoom, lo que, según él, generó conflictos operativos y decisiones indebidas. Fundamentó su negativa a participar en reuniones no reglamentadas y sostuvo que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley hondureña.

La situación se complicó con la enfermedad terminal de la magistrada Suyapa Barahona, cuyo estado, revelado a Morazán por comentarios de Jorge Cálix, fue considerado por el magistrado como un factor de desorganización institucional y un posible argumento usado en su contra.

“Todas mis actuaciones han sido apegadas a derecho”, remarcó Morazán, señalando su experiencia de carrera en el Ministerio Público de Honduras.

A lo largo de la audiencia, expresó su malestar por lo que consideró faltas de respeto, como el uso del celular por parte de Bertrand durante la exposición de los cargos, y denunció que nunca fue convocado formalmente a sesiones para debatir asuntos trascendentes del pleno.

A diferencia de otros funcionarios bajo investigación que han optado por no presentarse, la comparecencia de Mario Morazán se interpreta como un intento de defender su versión y colocar en discusión los posibles intereses y alianzas en juego dentro del sistema electoral hondureño.

En medio de la persistente puja del kirchnerismo por lugares que el oficialismo y la oposición dialoguista le “quitaron” en comisiones unicamerales del Senado -las perdieron por poca viveza en el recinto-, en silencio ya se activó otra guerra por la repartija de butacas en bicamerales estratégicas como la de Inteligencia -con el siempre pícaro presupuesto privado, único en el Congreso- y la Mixta Revisora de Cuentas. La última sirve de enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado.

La semana senatorial casi que finalizó el jueves, luego de una sesión sin grandes estridencias. Más bien fue un convite en el que quedó demostrado que, año tras año, la consistencia de los discursos y el raciocinio legislativo se acercan un poco más hacia el abismo. Hay pocas excepciones, claro está, mientras que Diputados mantiene pegada al pecho la medalla del circo final. Más allá del esperanzador panorama, en el post recinto de la Cámara alta comenzaron a volar los nombres que cerraron libertarios y -por ahora- aliados. Durante el fin de semana, la versión fue confirmada con discreción a Infobae por tres espacios.

Entre lo más jugoso, la trifulca por la bicameral de Inteligencia se llevó la marca no sólo por la estrategia numérica, sino también por el eventual ticket de oro para la peronista Carolina Moisés (Jujuy), quien hasta hace poco pidió por redes sociales -mensajes emotivos- la liberación de la hoy condenada Cristina Kirchner. Y fue acompañada por La Libertad Avanza -entiéndase, Patricia Bullrich- y aliados para ser hoy nada menos que vicepresidenta del Cuerpo.

La Cámpora -Cristina- intenta cancelar a toda costa a Moisés desde hace tiempo. Sin sororidad mediante y con el mayor veneno posible. Ya son decenas de idas y vueltas de una relación con amores y odios curiosos, en medio de una política general ultrajada que ya no recuerda, ni siquiera, los mínimos no imponibles. Por momentos, nada parece importar. Todos contra todos. Allí, el Gobierno se cansa de ganar, con consecuencias reales a conocer en corto y mediano plazo.

Al Senado le corresponden siete de los 14 lugares en Inteligencia. Se sabe, pese a que no fue formalizado, que la UCR -Maximiliano Abad-, el PRO -Martín Goerling- y Moisés tendrían el espacio asegurado. Y seguiría la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El kirchnerismo supo acumular tres. La pregunta es si pasará a dos o se irá al extremo de uno. Pareciese ser la última opción.

Con la partida del inolvidable Oscar Parrilli de la Cámara alta, allí quedaron hasta horas atrás la peronista Florencia López (La Rioja) y el camporista Eduardo de Pedro (Buenos Aires). No obstante, desde un castillo cristinista deslizaron a este medio que, de ser dos, “Wado” preferiría ir a la de Acuerdos y pasarle la posta al eufórico rionegrino Martín Soria. La Libertad Avanza irá por dos, con su exjefe Ezequiel Atauche (Jujuy) y el recién aterrizado y aún verde -premio llamativo- Agustín Coto (Tierra del Fuego). De esta manera, el oficialismo filetearía sin descanso al cristinismo, mientras que otros aliados ya direccionan la lupa hacia Moisés y dudan sobre su rol y a quién responderá. Siempre, debajo de la línea de flotación.

Otro peronista freelance con coronita es el catamarqueño Guillermo Andrada, “compañero” de Moisés en la bancada Convicción Federal. Es soldado y terminal legislativa sin chistar del gobernador, Raúl Jalil. Se está por ganar una butaca en la Mixta Revisora de Cuentas. Allí también saldría perjudicado el kirchnerismo. “El problema es que ya sabemos para dónde van a saltar si se mueve la brújula para el otro lado”, sentenciaron sobre el dúo justicialista desde un despacho dialoguista top a Infobae. La tercera pata de esta selección justicialista es la tucumana Sandra Mendoza, más conocida por la “espada de Dómacle”.

El último presidente de la bicameral de enlace con la AGN fue el actual diputado multi PJ Miguel Pichetto, quien logró cerrar con oficio los trabajos demorados para chequear gastos de las eras de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Así está el Congreso. Por eso el margen de acción que disfruta, por ahora, la Casa Rosada.

En Panamá una comisión será la encargada de coordinar, planificar, ejecutar y supervisar todas las acciones necesarias para la reorganización integral de la Academia Panameña de la Historia.

La medida se toma en momentos en que el país se apresta a la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, evento que reunirá a representantes de otras academias de la historia, particularmente de los países bolivarianos.

La comisión de rescate estará presidida por Omar Jaén Suárez y Alfredo Castillero, dos sobrevivientes de la Academia, quienes estarán acompañados por representantes técnicos del Ministerio de Cultura.

Esta tiene la potestad de poder aprobar nuevos estatutos, elegir miembros y autoridades, así como la celebración de la asamblea de reactivación y la protocolización e inscripción en el Registro Público.

A la comisión le corresponderá elaborar un informe detallado que describa el estado actual de la Academia, incluyendo la situación legal vigente y la revisión del estatuto de 1944.

De igual manera, tendrá entre sus funciones redactar un nuevo cuerpo normativo que será sometido a la consideración de los miembros de número, quienes tienen la potestad exclusiva de su reorganización.

Deben brindar apoyo a los académicos titulares o numerarios sobrevivientes en el proceso de elección de nuevos miembros titulares.

Fundada el 16 de mayo de 1921 como una corporación científica dedicada al estudio riguroso y sistemático de la historia nacional, en los últimos años la desaparición de la mayoría de sus miembros, frente a la indolencia gubernamental en nombrar sus reemplazos, ha dejado casi en el olvido a una entidad llamada a preservar la historia de Panamá.

La Ley 65 de 9 de junio de 1941 estableció su personalidad jurídica pública, sus funciones y su adscripción administrativa al entonces Departamento de Bellas Artes del Ministerio de Educación.

“La Academia se ha convertido, en realidad, en una especie de cementerio, en donde la mayoría de los sillones están vacíos porque nunca se pudieron llenar esos cupos, debido a que nunca se llamó para realizar esas elecciones”, dijo en 2024 uno de los sobrevivientes, Omar Jaén Suárez.

En 1826 en la sala capitular del Convento de San Francisco, a orillas del océano Pacífico, se realizó en el país el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar.

La historia registra que al Congreso Anfictiónico de Panamá asistieron representantes de la Gran Colombia, Centro América, Perú y los Estados Unidos Mexicanos.

Después de celebrar diez sesiones, suscribieron varios acuerdos, siendo el más importante de todos ellos el “Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua”, firmado el 15 de julio de 1826.

Los acuerdos tenían que ser ratificados por las Repúblicas que los suscribieron, y los instrumentos de ratificación estaba previsto que se canjearan en el plazo de ocho meses en la Villa de Tacubaya, México, donde hubieran debido continuar las sesiones del Congreso de Panamá.

Pero, por diversas circunstancias históricas el Congreso no pudo seguir funcionando en Tacubaya como se había contemplado y fue disuelto, en tanto, de los países que los habían firmado sólo Colombia ratificó en septiembre de 1827 los convenios que se habían alcanzado en Panamá, apunta Juan Carlos Pérsico, especialista en relaciones internacionales y docente.

Manifiesta que la razón por la que el Congreso Anfictiónico de 1826 se realizó en Panamá se encuentra en la carta de invitación remitida por Bolívar, donde se lee: “Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá, sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra África y Europa”.

Desde el salón de retratos del Congreso Nacional, Zelaya sostuvo que la falta de objetividad de los diputados y la naturaleza política de la denuncia limitan sus posibilidades de defensa, marcando así un episodio de tensión institucional cuya consecuencia principal podría ser su remoción del cargo y la redefinición de la política judicial en Honduras.

En una de sus intervenciones más relevantes ante la comisión, el fiscal general suspendido destacó que la tramitación del caso conocido como “Chequesol” requirió siete meses de investigación, un dato que, según afirmó ante los diputados, demuestra el rigor y la complejidad de los procesos bajo su mando.

Esta duración se contrapone a otros expedientes resueltos en lapsos más breves, evidenciando la disparidad en los tiempos de resolución según las características de cada caso, como recordó en su respuesta ante los reclamos del diputado liberal Francis Cabrera.

En relación con la denuncia de una supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en las elecciones primarias, Zelaya explicó que su participación se limitó a la logística del traslado de materiales electorales, función que está asignada constitucionalmente a los militares. Remarcó que solo actuó bajo petición formal del entonces general Roosevelt Hernández y negó investigaciones al respecto.

Al ser cuestionado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, Zelaya admitió que su nombramiento fue realizado por una Comisión Permanente compuesta por nueve legisladores, aunque defendió que asumir el cargo fue una decisión política ante la coyuntura del momento.

Rivera Callejas, quien en su momento votó a favor de la designación, calificó luego este procedimiento como “ilegal y violatorio de la Constitución”, resaltando así la controversia que rodea tanto el acceso de Zelaya al puesto como las acciones derivadas de su gestión.

Zelaya subrayó durante la sesión que “no ha sido selectivo” en su actuar en el Ministerio Público y que se han presentado requerimientos fiscales relacionados con todos los partidos políticos, negando de manera tajante cualquier persecución política. Esta defensa incluyó el señalamiento de que nunca se le cruzó por la cabeza investigar directamente a miembros de la junta directiva legislativa ni a funcionarios que actualmente ocupan altos cargos ministeriales.

Otra polémica abordada fue la difusión de audios que involucrarían a tres ciudadanos en un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, hecho que, según el fiscal, puso a prueba tanto la capacidad investigativa de la institución como la cooperación internacional.

Zelaya especificó que la autenticación de estos archivos requiere asistencia técnica de Estados Unidos, Colombia y Perú, y defendió su accionar explicando que se trata de una “notitia criminis”, una denuncia anónima que no obliga inicialmente a preservar la cadena de custodia. Reiteró: “Imagínese si hubiese sido verdad, si se hubiese consumado, para matarlo a uno cualquiera lo mata, no se necesita un traje, solo se necesita un arma de fuego, se imagina que en ese momento se hubiese consumado la muerte de un expresidente se para las elecciones”.

En respuesta al diputado Alex Berrios, Zelaya admitió que recibió los audios de parte del consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, y que en su momento, un perito del Ministerio Público los examinó, aunque no estaba juramentado, por lo que posteriormente se solicitó asistencia internacional para autenticar el material.

La comisión legislativa cuestionó a Zelaya por supuestas irregularidades en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), incluidos allanamientos a instalaciones y la intervención de materiales sensibles.

El fiscal negó haber ordenado acciones que pudieran poner en riesgo el proceso electoral, aunque admitió presiones para involucrar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC) en operaciones dentro de las bodegas del CNE y el centro de logística electoral conocido como Infop.

Declaró haber cambiado su número telefónico ante estas presiones y sostuvo que su intención nunca fue interferir en el desarrollo electoral, una afirmación sustentada en la documentación presentada posteriormente.

Respecto al asesinato del ambientalista Juan López, uno de los casos de alto perfil aún pendientes, Zelaya adelantó que en abril se presentarán requerimientos fiscales, marcando un avance concreto en la investigación y resaltando la permanencia de investigaciones abiertas bajo su supervisión.

En el caso de la detención de tres generales retirados por la muerte del joven Isis Obed Murillo, Zelaya manifestó que la imputación se basa en la ausencia de un arma identificada y se dirige a las autoridades de la cadena de mando militar, según corresponde a la ley penal militar y como fue relatado en la sesión de la comisión.

Asimismo, el trato dado a la Unidad Fiscal Especial de Redes contra la Corrupción (Uferco) fue tema de escrutinio, resaltándose que solo se han presentado tres requerimientos fiscales en dos años y medio, una cifra que, según Zelaya, obliga a una depuración inmediata de líneas de investigación consideradas innecesarias.

La aparente disparidad en la agilidad de los procesos judiciales fue objeto de críticas reiteradas. El diputado liberal Francis Cabrera preguntó a Zelaya por qué el requerimiento fiscal relativo al caso de tres adultos mayores acusados de terrorismo se oficializó en diez días, mientras que el caso “Chequesol”, que involucra a Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, demoró siete meses.

Zelaya argumentó que los procedimientos responden a diferencias sustanciales en la complejidad jurídica y la naturaleza de las pruebas, incluyendo el hecho de que algunos informes, como el del Tribunal Superior de Cuentas, no son vinculantes jurídicamente y otros expedientes se abren en respuesta a noticias criminis.

En respuesta a las críticas de la diputada Luz Ernestina Mejía sobre la excesiva rotación y traslado de fiscales, Zelaya defendió que la legislación le confiere esa atribución y comparó el trabajo de estos funcionarios con el de los militares, dado que pueden ser movilizados en cualquier momento según las necesidades del Ministerio Público.

La comparecencia de Johel Zelaya ante la comisión legislativa ocurre en un contexto de máxima tensión entre poderes, en un proceso donde el resultado puede redefinir la orientación política e institucional del Ministerio Público y la fiscalización del sistema electoral en Honduras.

El escenario político hondureño se vio sacudido por los intercambios entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal suspendido Johel Zelaya, durante el interrogatorio realizado en el Congreso Nacional, en el que se abordó la utilización de audios privados en investigaciones y la disparidad en la aplicación del criterio de cadena de mando.

Mientras el interrogatorio de Cálix insistía en la justificación de las diferencias en la cadena de mando empleada por el Ministerio Público, otro aspecto cobró relevancia al cierre de la audiencia: el fiscal suspendido reclamó al legislador que proponga reformas al Congreso Nacional para agilizar los procesos en los organismos electorales.

Zelaya subrayó en su intervención final: “Jamás vamos a encontrar a gente con poder político como ustedes en cárceles como La Tolva”, un dardo directo a los diputados, a quienes invitó a constatar en persona la situación de los recintos penitenciarios. En las últimas horas, el Congreso Nacional agendó la comparecencia de Zelaya ante el pleno para la sesión prevista el miércoles 25 de marzo de 2026.

La atención se centró en los métodos con los que la fiscalía ha abordado diversas denuncias, especialmente en casos donde figuras políticas de alto rango podrían estar implicadas, lo que adelanta posibles consecuencias para el Partido Liberal, según los dichos del propio Zelaya, citados por el Congreso Nacional en la sesión.

El debate incluyó reiteradas dudas sobre la autenticidad de los audios que involucran a una consejera del CNE y figuras de alto perfil. El diputado Kilvett Bertrand indagó sobre el método de identificación de las voces, incluyendo la imputación a un militar en activo de las Fuerzas Armadas. Zelaya afirmó que se basó en la información proporcionada por el consejero Marlon Ochoa y descartó cuestionar la veracidad de esas fuentes.

Frente a la presión parlamentaria, Zelaya insistió: “Como Fiscal General estoy muy bien informado”, defendiendo la autenticidad de los materiales y desmintiendo el uso de inteligencia artificial en el análisis de los audios. Solicitó un plazo de 15 días para facilitar el desbloqueo de los archivos y permitir su verificación por parte del Legislativo

En un bloque específico, el fiscal justificó que en uno de los audios examinados sí se aprecia la entrega de dinero, “y en el otro no”, remarcando así la diferencia procesal aplicada en cada expediente. Cuando fue consultado sobre la actuación del Ministerio Público respecto a los videos que involucran a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda, indicó que Jorge Cálix contaba con información de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y que el video de Carlos Zelaya data de 2013, año en que el delito de conspiración aún no figuraba en el Código Penal hondureño.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en tercer debate un decreto que autoriza la compra directa de placas vehiculares mediante el Instituto de la Propiedad, con el objetivo de resolver el prolongado desabastecimiento de placas metálicas que ha obligado a miles de conductores a utilizar permisos provisionales en papel durante años.

Mientras las autoridades hondureñas calculan que cerca de 833 mil vehículos circulan actualmente sin placas metálicas debido a la escasez sostenida en el suministro, durante la discusión legislativa se presentó una estimación alternativa que eleva la cifra a más de 1,2 millones de placas pendientes.

El decreto, impulsado por la diputada Gerlen Bonilla, fue presentado como respuesta a una emergencia administrativa que acarrea consecuencias económicas y legales para la ciudadanía. Bonilla destacó que “introdujimos la moción porque la emergencia lo ameritaba. Hace años la población estaba siendo afectada pagando multas por portar una placa de papel o andar el permiso vencido, pese a que es responsabilidad del Estado”.

Afirmó que los usuarios han cumplido con el pago de la matrícula vehicular y que el Estado debe, en consecuencia, garantizar la entrega de placas físicas. Bonilla recalcó que la nueva normativa también exige un compromiso de transparencia absoluta al Instituto de la Propiedad.

En términos prácticos, la aprobación legislativa habilita al Instituto de la Propiedad a tramitar adquisiciones bajo mecanismos excepcionales y directos, con vistas a acelerar la llegada de placas metálicas y cubrir el atraso acumulado por años. Se prevé que la distribución se realizará progresivamente, priorizando a los propietarios con mayor tiempo de espera.

La falta de placas metálicas oficiales ha obligado a una cantidad masiva de conductores a circular con permisos impresos en papel, documentos temporales cuya validez no siempre es reconocida de manera uniforme por las autoridades.

Esta situación ha derivado en multas, retenciones de vehículos y problemas legales recurrentes, además de generar costos adicionales para los propietarios y obstaculizar trámites vinculados a la compra-venta y transferencias de propiedad.

El impacto del desabastecimiento se ha sentido tanto en gestiones personales como en la economía familiar de los hondureños. Al momento de su entrada en vigor, la reforma aliviará estas cargas facilitando operaciones legales y trámites cotidianos asociados al parque vehicular del país.

La diputada Merary Díaz hizo hincapié en la dimensión de seguridad pública que implica la modernización del sistema de placas.

“Es una pieza clave en el combate a la criminalidad y el control de unidades motorizadas en el país”, aseveró durante la sesión. Díaz manifestó que la implementación de placas metálicas robustecerá la capacidad de identificación vehicular, esencial para el rastreo y monitoreo de vehículos por parte de las fuerzas de seguridad.

Añadió que la integración de estas placas con sistemas tecnológicos como el de emergencias 911 mejorará la capacidad de respuesta ante incidentes.

Diversos sectores de la sociedad han planteado la importancia de supervisar el uso de recursos públicos durante el proceso de adquisición, cuestión que podría determinar la confianza social en la iniciativa.

La aprobación en tercer debate por el Congreso Nacional de Honduras refuerza el consenso político sobre la urgencia de solucionar un problema que condiciona la vida cotidiana de cientos de miles de ciudadanos. La inminente reglamentación de la compra directa de placas anuncia el fin de los permisos provisionales y la entrada de Honduras en una etapa de sistema vehicular más moderno y seguro.

La comisión tripartita encargada de negociar el salario mínimo en Honduras concluyó su cuarta reunión sin acuerdo sobre el ajuste que debería regir a partir del 1 de enero de 2026, dejando a trabajadores, empresarios y Gobierno a la espera de una definición, en medio de diferencias sobre el porcentaje de incremento y las proyecciones económicas para el año próximo.

La comisión, compuesta por representantes de los tres sectores, permanece en sesión permanente desde el inicio del proceso con el objetivo de acelerar el diálogo y alcanzar un consenso.

El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, expresó que los intercambios continúan con propuestas y contrapropuestas, aunque hasta ahora “no se ha alcanzado un acuerdo final”. Puerto afirmó: “Nos hemos declarado en sesión permanente a fin de encontrar consenso de diálogo.

Hay avances, se sigue el proceso de deliberación, propuestas y contrapropuestas; es parte de la dinámica en la comisión del salario mínimo. En los próximos días estaremos llegando a un acuerdo entre las tres partes”.

La distancia entre las partes radica en el porcentaje y monto del ajuste al salario mínimo estatal.

De acuerdo con información, las centrales obreras solicitan un aumento de 8,90% para 2026, que representaría 1.244 lempiras mensuales adicionales respecto al salario vigente. En cambio, la empresa privada propone un incremento de entre 6,5% y 7%, lo que equivaldría a entre 910 y 980 lempiras al mes. Esta diferencia de hasta 334 lempiras por trabajador constituye el principal obstáculo para un acuerdo.

El salario mínimo fijado para 2025, fue de 13.985,16 lempiras mensuales en promedio, con un alza de 6,29% sobre el año anterior. Este monto sirve de base para la discusión de 2026, en la que ambas partes también consideran factores como la inflación, la situación fiscal y la capacidad de pago empresarial.

El representante de los trabajadores, Josué Orellana, informó que la negociación sigue abierta y que continuarán reuniéndose hasta lograr un pacto aceptable. Prefirió no detallar las propuestas actuales para “no generar falsas expectativas” entre los asalariados.

“Vamos a reunirnos las veces que sean necesarias. Es importante aclarar que no mencionamos las propuestas y contrapropuestas para no generar una falsa expectativa allá afuera. Ya la próxima semana podríamos tener establecido el salario mínimo”, señaló.

La principal discrepancia entre los sectores gira en torno al monto concreto que se aplicará al salario mínimo para 2026. Mientras los sindicatos presionan por un incremento de hasta 1.244 lempiras, las empresas plantean un rango de 910 a 980 lempiras mensuales, consolidando una brecha que hasta el momento impide un consenso definitivo.

Orellana confirmó la disposición de los trabajadores a prolongar el diálogo, evitando anticipar contenidos precisos de las iniciativas en discusión. “Ya la próxima semana podríamos tener establecido el salario mínimo”, anticipó.

Durante las primeras reuniones, la comisión tripartita examinó cifras económicas y estudios del mercado laboral para respaldar las posturas en debate. El Banco Central de Honduras estimó que la inflación interanual de 2025 fue de 4,98%, superior al 3,88% registrado en 2024. Si ese incremento guiara el ajuste, el salario mínimo debería subir como mínimo 696,46 lempiras mensuales para preservar el poder adquisitivo.

Frente a ese dato, los sindicatos reclaman un aumento mayor, fundamentando su reclamo en el alza del costo de vida y en la necesidad de ajustar los salarios por encima de la inflación. Por su parte, la empresa privada defiende incrementos menores, argumentando restricciones presupuestarias y la importancia de no desalentar la generación de empleo formal.

El representante empresarial, Fernando García, reiteró la continuidad de las negociaciones: “Estamos abiertos al diálogo permanentemente con el sector obrero y el sector Gobierno. Seguiremos con el proceso; es una negociación que está abierta, que es permanente, y lo más pronto posible se llegará a acuerdos que beneficien a los trabajadores hondureños”.

El Salvador avanza hacia una reforma de su legislación migratoria que podría transformar los requisitos para la residencia temporal y la adquisición de nacionalidad por naturalización, en respuesta al auge de inversionistas y profesionales extranjeros, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería revelados en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno este lunes.

La gerente de Extranjería, Eleonora de Marroquín, precisó a los diputados de la comisión legislativa que se busca reducir el tiempo mínimo de permanencia en el país para residentes temporales a noventa días anuales, reemplazando la exigencia anterior de nueve meses continuos, un cambio cuyo objetivo es brindar flexibilidad a nuevos perfiles de residentes, principalmente empresarios e inversionistas.

La especialista detalló que, bajo el texto reformado, la permanencia podría ser consecutiva o acumulada en el año y, en caso de incumplir el periodo requerido, únicamente causas de fuerza mayor justificadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería podrían impedir la pérdida del estatus migratorio.

La reforma responderá a un fenómeno inédito en la historia reciente salvadoreña: la nación adapta su marco jurídico a una migración entrante significativa, en contraste con décadas en las que predominó el éxodo nacional. La diputada Ana Figueroa señaló en su intervención que este cambio de paradigma corresponde a las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno en turno y reconoció que la legislación vigente presenta vacíos, pues el país no estaba habituado a recibir migración.

La reforma introduce criterios precisos para la permanencia y la pérdida de nacionalidad

El nuevo régimen planteado por la Dirección de Migración y Extranjería permitiría a los extranjeros con residencia temporal permanecer noventa días en El Salvador durante un año calendario, de forma consecutiva o sumando estancias parciales, sin arriesgar la cancelación de su residencia. De acuerdo con De Marroquín, la modificación está pensada para inversores, empresarios y otros perfiles con actividades transnacionales que requieren desplazarse con frecuencia, pero mantienen un vínculo efectivo con el país.

Hasta ahora, la normativa exigía que las ausencias del residente temporal no excedieran los noventa días continuos y, si los superaban, la residencia era cancelada y debían reiniciar el trámite migratorio, según explicó la funcionaria ante la comisión parlamentaria, un obstáculo frecuente en la práctica documental de los últimos años para quienes, tras breves ausencias acumuladas, perdían el permiso sin poder defender adecuadamente sus derechos adquiridos.

La propuesta normativa también endurece y clarifica las causas de pérdida de nacionalidad salvadoreña adquirida por naturalización. De aprobarse el proyecto, los naturalizados perderán la nacionalidad si residen más de dos años consecutivos en su país de origen, superan cinco años fuera de El Salvador sin permiso expreso o reciben una condena firme por delitos dolosos graves. De Marroquín subrayó ante el pleno que la gravedad del delito debe ser tratada con precisión legal para armonizar los artículos de la Ley de Migración y Extranjería, y solicitó ajustar el artículo 179, inciso segundo, para asegurar esta coherencia y proteger debidamente los derechos de los naturalizados.

La protección de la niñez nacida en el extranjero y la actualización constitucional

La reforma incorpora una disposición específica para la protección de los derechos de los menores. Los hijos de salvadoreños naturalizados o nacionalizados, nacidos en el extranjero y menores de 18 años, podrán adquirir la nacionalidad salvadoreña mediante solicitud de los padres ante la autoridad migratoria. Este reconocimiento se fundamenta en los artículos 90 y 94 de la Constitución de El Salvador y en la normativa de Ley Crecer Juntos, que reconoce a la niñez como sujeto de derechos y busca garantizar la igualdad jurídica dentro del núcleo familiar, según destaca el dictamen revisado por la comisión.

Al presentar estas iniciativas, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior refrenda el dictamen favorable para modificar los artículos 49, 119, 164 y 279 de la Ley Especial de Migración y de Extranjería. La reforma será evaluada por la Asamblea Legislativa en la próxima sesión plenaria ordinaria convocada para este martes 17 de marzo.

El titular de la Secretaría de Defensa, Gerzon Velásquez, comunicó que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional, lo que permitirá ampliar la capacidad institucional para responder ante las estructuras criminales. Si las reformas prosperan, las autoridades contarán con herramientas jurídicas más eficaces para la persecución e investigación de organizaciones delictivas, con la meta de disminuir los actuales índices de violencia, uno de los principales desafíos de la administración pública.

Velásquez precisó que las reformas se remitirán, en primer término, a la comisión de seguridad del Congreso Nacional, con la finalidad de proporcionar a la policía y al sistema judicial instrumentos adicionales contra la extorsión.

El funcionario declaró que la propuesta será presentada al Congreso Nacional para robustecer las herramientas legales del Estado en la lucha contra este delito y mejorar la respuesta institucional frente a las estructuras criminales. Los cambios pretenden atender el aumento de la actividad delictiva y coordinar esfuerzos con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Entre las medidas anunciadas, Velásquez destacó un presupuesto dirigido al sector policial. En 2025, el Estado destinó aproximadamente 1,200 millones de lempiras a alquiler de patrullas y vehículos para las fuerzas de seguridad. Para 2026, el monto será similar, orientado específicamente a operaciones policiales exclusivas, con la finalidad de optimizar el uso de recursos públicos en acciones enfocadas a la seguridad ciudadana.

El ministro explicó que unas 250 camionetas ejecutivas, anteriormente asignadas a funcionarios públicos, pasarán ahora a labores policiales. Este cambio busca reforzar la capacidad operativa de la policía sin incrementar considerablemente el gasto, teniendo en cuenta que el alquiler de una patrulla cuesta alrededor de tres mil lempiras diarios y el de una camioneta blindada puede alcanzar los ocho mil lempiras diarios.

Además, el sector policial percibirá un bono alimenticio correspondiente a los meses de enero y febrero, con una bolsa total de aproximadamente 130 millones de lempiras, beneficiando a casi 24 mil agentes en todo el país. Velásquez señaló que este incentivo mejora las condiciones laborales del cuerpo policial y contribuye al cumplimiento de los objetivos de seguridad pública.

La estrategia para mitigar la violencia contempla el ajuste de la operatividad policial en territorios con mayor presencia delictiva. Velásquez explicó que en los últimos treinta días se reorganizó el servicio policial para concentrar los recursos en zonas caracterizadas por altos índices de criminalidad. “En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal y estamos muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad de bajar los indicadores de violencia”, afirmó.

Los operativos recientes tuvieron como objetivo principal a Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se localizaron y desarticularon organizaciones criminales dedicadas al asalto en barrios y colonias. Información recopilada por las autoridades permitió identificar áreas como el Valle de Sula, el Litoral Atlántico de Honduras y zonas del Departamento de Yoro como focos prioritarios, lo que intensificó las acciones de seguridad y prevención en estos territorios.

Velásquez se refirió también al aumento de la violencia contra las mujeres, problemática que inquieta a autoridades y organismos de derechos humanos en Honduras. El ministro informó sobre la creación de una mesa interinstitucional destinada a analizar las causas que alimentan este fenómeno y elaborar estrategias de prevención.

El funcionario reconoció que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero son igualmente importantes porque han aumentado en los últimos años. Las zonas rurales concentrarán los esfuerzos preventivos, ya que se observa allí el mayor índice de violencia contra las mujeres. “Tenemos que hacer campañas de prevención especialmente en las zonas rurales, que es donde se produce la mayor cantidad de violencia contra las mujeres”, destacó Velásquez

La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras tendrá 30 días para presentar propuestas concretas que permitan resolver la ausencia de placas metálicas para automóviles y motocicletas, un problema que afecta a entre 800 mil y un millón de vehículos que circulan actualmente con permisos provisionales desde hace más de tres años.

La crisis de las placas metálicas comenzó en mayo de 2023, cuando Honduras suspendió su emisión a raíz de problemas vinculados con el suministro y la contratación del proveedor encargado de su fabricación.

Desde entonces, la imagen del tráfico en Tegucigalpa, Comayagüela y otras ciudades se ha transformado, es frecuente ver automóviles y motocicletas circulando con permisos temporales de papel pegados en los parabrisas, documentos que se deterioran por el sol o la lluvia y que dificultan la identificación de los vehículos.

El diputado Juan Carlos Lagos expuso ante el pleno sus dudas sobre el origen del desabastecimiento y cuestionó a las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) por la demora en la reposición. Planteó inquietudes sobre posibles problemas contractuales, presupuestarios, logísticos o de licitación y exigió respuestas institucionales sobre los obstáculos concretos para normalizar la emisión de placas.

La diputada Gerlen Bonilla informó ante el Congreso Nacional que el número de vehículos afectados oscila entre 800 mil y un millón, cifra que revela la magnitud de la crisis. Bonilla subrayó que numerosos propietarios han pagado sus matrículas, pero aún no reciben la placa metálica correspondiente.

Asimismo señaló: “La solución a este problema la viene pidiendo el pueblo hondureño, que venimos padeciendo esta falta de responsabilidad del Estado en no brindar las placas metálicas”. Además, criticó las multas aplicadas a conductores que ya cumplieron con sus obligaciones legales: “El pueblo hondureño está cansado de que lo estén multando por un derecho por el que ya pagó”.

Durante los primeros meses de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, se entregaron las últimas placas metálicas. Posteriormente, el sistema pasó a utilizar identificaciones temporales impresas en papel.

En 2023, el IP informó que la escasez se debía a la falta de materiales y aseguró una solución temporal que no llegó a implementarse. En 2024, la institución admitió que el atraso responde a la ausencia de un proveedor responsable de la fabricación, y señaló que las licitaciones estaban en proceso de revisión. Este escenario prolongó la crisis e impidió la reposición de placas para motocicletas.

La circulación de vehículos sin placas tradicionalmente alertaba a las autoridades. La falta de identificación genera sospechas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas o robos. Aunque la prolongación del fenómeno lo ha normalizado, los inconvenientes persisten. Los números escritos en papel suelen volverse ilegibles a los pocos días, lo que obstaculiza la labor de la policía y la vigilancia vial.

Ell titular del Congreso, Tomás Zambrano, propuso crear una comisión especial para dialogar con el IP y otras instituciones vinculadas a la impresión y distribución de placas. Esta comisión, presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez, tendrá la tarea de investigar las causas del prolongado desabastecimiento y de presentar propuestas de solución en un plazo de 30 días.

A la iniciativa se sumaron los legisladores Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, quienes ya habían promovido mociones similares. El acuerdo busca centrar los esfuerzos dentro del Congreso Nacional para acelerar una respuesta a una de las crisis administrativas más extensas del sistema vehicular hondureño.

El informe que produzca la comisión especial deberá contemplar alternativas como la contratación de nuevos proveedores, la modificación de los procesos de licitación o la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el sistema de registro y control vehicular. Mientras tanto, miles de conductores continúan en situación de incertidumbre, dependiendo de permisos temporales y a la espera de una solución definitiva.

Tras dos reuniones que fracasaron en los últimos 15 días -la primera, vaciada por el kirchnerismo-, asesores de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), buscarán destrabar esta tarde un proyecto para actualizar las irrisorias multas vigentes por evasión tributaria.

Lo más curioso del texto en cuestión es que ya fue aprobado en Diputados por una abrumadora mayoría -226 legisladores- en agosto pasado, con acompañamiento de casi todos los bloques, incluidos los bandos peronistas: en la Cámara baja sólo se abstuvieron la izquierda y un gremialista chubutense.

El primer encuentro fallido ocurrió el 24 de septiembre. Los integrantes de la comisión son 17. Para dicho convite participaron, además de Pagotto, el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), dos radicales -uno de ellos, el chaqueño Víctor Zimmermann-, el misionero renovador -no massista- Carlos Arce y la silvestre santacruceña Natalia Gadano, que llegó tarde al encuentro. Nadie del Frente de Todos estuvo.

Tampoco se presentaron el aliado circunstancial de la Casa Rosada Luis Juez (Pro) y la filomacrista Beatriz Ávila. Llamativa la ausencia de la última ya que, tras la evasión fiscal, el temario contemplaba el análisis de proyectos sobre maltrato animal, como el que presentó la tucumana.

El segundo llamado ocurrió el martes pasado y no sólo no hubo quorum, sino que nadie quiso hacer uso de la palabra y la reunión se levantó en un minuto. Sí se mostraron, en esta ocasión, el cristinista Martín Doñate (Río Negro), y las peronistas Florencia López (La Rioja) y Carolina Moisés (Jujuy), del interbloque kirchnerista Frente de Todos. A partir de las 16 de hoy, los asesores de la comisión analizarán el articulado, con el objetivo de definir alguna postura de cara a las próximas semanas.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó hace 15 días el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien no forma parte de la comisión y empuja un articulado alternativo de su autoría.

Abad adelantó su acompañamiento a la norma aprobada por la Cámara baja, aunque dejó en claro observaciones a futuro, dado que el texto avalado por Diputados apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC, o la diferenciación entre escalas leve y grave. Y sentenció que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Para tener una idea de lo que implica el articulado. Para la evasión simple, la cifra actual de $1,5 millones pasaría a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Como éste es de $322.000 para agosto, sería poco más de $111 millones. En tanto, para la agravada, los $15 millones se irían a 3.450 SMVM. Otros ítems hablan del delirio vigente: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la multa es de $100.000; por apropiación indebida de tributos, $200.000.

“Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, opinó la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tampoco tributa en Justicia y Asuntos Penales.

Agenda

En una semana con menor actividad para el Senado y, más allá de cónclaves de asesores en un puñado de comisiones, la que sí se juntará es la bicameral mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, para discutir sobre la Cuenta de Inversión 2020 del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.

La bicameral es el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que control externo de las cuentas del Estado. Lo maneja el filo K Alejandro Olmos, que asistió la semana pasada y expuso en un clima de cordialidad entre libertarios y opositores. La comisión además tratará la ampliación o no del programa anual 2026 del organismo en cuestión.

Una mayoría opositora definió ayer avanzar con la firma de un dictamen que avala el plan de gastos de 2020 del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, año en el que estalló la pandemia COVID. Lo más insólito de todo este camino, que se acerca a su final, es el retaceo de datos sobre las vacunas que se compraron y sobre otros ministerios que negaron información.

La penosa situación quedó blanqueada este martes en la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y que, por definición, es el enlace más firme del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN), quien es la que controla de forma externa -y a posteriori- los gastos de las administraciones centrales y es presidida por el filo K Juan Manuel Olmos.

Durante la reunión, Pichetto resaltó los “números muy consistentes” como para validar la cuenta 2020. Habló, para recursos percibidos y gastos devengados, de cifras por encima de 92,7% y 97,9%, respectivamente. Seguido a ello, apuntó a las abstenciones de opinión de los auditores sobre Salud, Relaciones Exteriores, Energía y Medio Ambiente.

“No puede haber abstención de opinión en la AGN. Es validar que los organismos no presentan los papeles”, se quejó el justicialista disidente que, desde que se encargó de la bicameral, intenta poner en orden la delirante demora a la hora de discutir sobre presupuestos de años anteriores. Para tener una idea, en las últimas semanas se logró avanzar con los de 2018 y 2019, de la época de Mauricio Macri.

La Libertad Avanza quiso aprovechar para criticar al kirchnerismo. Por caso, el diputado Julio Moreno Ovalle (Salta) comentó que, en Salud, hubo programas sólo con la mitad de sus fondos detallados. “No existe documentación que permita analizar importes transferidos ni rendiciones”, indicó.

También habló de “múltiples irregularidades en gastos y personal contratado” en Ambiente, o rendiciones de cuentas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En tanto, el senador oficialista Bruno Olivera Lucero (San Juan) se enfocó en las “inconsistencias” que dejó el déficit de 8% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2020. En particular, lo hizo sobre los plazos de pago e intereses de la deuda intra sector público.

No tardó en responder el jefe del cristinismo en Diputados, Germán Martínez, quien recordó la deuda del Gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “la deuda a 100 años”. Sin embargo, segundos más tarde reconoció: “Hay cosas que en términos de información que se podrían haber hecho mejor”.

“En lo que tiene que ver con la cuenta de inversión, es de opinión favorable con salvedades”, agregó el diputado por Santa Fe, y sugirió “ponerse un poco en el lugar” de quienes tuvieron que “administrar en momentos tan difíciles como los que se vieron con la pandemia”.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el senador chaqueño Víctor Zimmermann opinó: “Se puede acompañar la cuenta y la fundamentación da para hacerlo, pero hay que dejar la constancia categórica en la misma resolución que se podría iniciar una prosecución para establecer responsabilidades por el no dictamen de los organismos en cuestión”.

Sobre el final, Pichetto explicó que la insistencia tiene como objetivo poner la lupa en las normas reservadas cuando se compraron las vacunas, su prioridad y motivos, las diferencias de precios y otras yerbas. Por ese motivo es que se le otorgó más tiempo a la AGN para recolectar, en este caso, más datos. Sería hasta marzo próximo. El diputado, que deslizó un enojo por dilaciones que se mantienen en la actualidad, sentenció: “Se va a tener que aprobar la cuenta 2021 y ahí nos volveremos a encontrar”.

Todo este panorama ocurre con una AGN fileteada: Diputados y el Senado no se ponen de acuerdo para elegir a sus representantes y Olmos tiene el control total de un organismo cuyo colegio de auditores está casi acéfalo, salvo su presidencia.

Con la ayuda del receso estival, La Libertad Avanza (LLA) consigue dilatar el armado de un puñado de comisiones bicamerales en el Congreso que generan llamativa ansiedad en la oposición no tanto por sus objetivos reales. Esto ya no extraña desde hace años en el Poder Legislativo, aunque el oficialismo sostiene su postura, avalada por la Casa Rosada, por algo más importante de cara a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocaría desde el 2 de febrero próximo: testear a sus “verdaderos” aliados.

“Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron a Infobae desde un despacho libertario. En tanto, una persona cercana a este tipo de negociaciones deslizó: “Sí hubo llamados entre legisladores, autoridades y el Ejecutivo para ver qué hacer con un caso específico. Fuera de esto, adelantar la discusión me parece el peor camino”.

En tanto, un senador reconoció a este medio: “En la situación en la que se encuentra el Gobierno y, más allá de las quejas opositoras por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), todos los que entienden sobre Congreso saben muy bien que si empiezan a separar la integración de algunas bicamerales, casi con seguridad terminarían complicando el futuro de una ley”.

Por otro lado, una diputada dialoguista explicó: “Imaginate que armes las de Trámite Legislativo -DNU-, de revisión de organismos de inteligencia, o incluso la Mixta Revisora de Cuentas, que es el nexo con la Auditoría General de la Nación. Primero, vas a tener situaciones muy tensas. Son inevitables los enojos. Y es imposible que un oficialismo se complique el manejo político por esto. Menos aún, después de ganar las elecciones de medio término”.

Al levantar la alfombra de los reclamos opositores -en la Cámara baja parecen sentirse más-, se pueden hallar delicias ya contadas, pero que siempre viene bien recordar. El ejemplo más nítido es la bicameral de inteligencia. La trifulca entre diputados y senadores para “ser” es feroz.

Hay sobrados casos de legisladores en caída libre que buscaron estirar, a través de ahí -y con mucha lástima-, la estadía en las últimas páginas de la agenda política. La delicia de la misma es que maneja fondos secretos. El sueño de varios paracaidistas. Por supuesto que, frente a este panorama positivo, aparecen bomberos más serios e institucionales para ordenar este tipo de asunto.

Otra puja que se da es por la de DNU, con un kirchnerismo que hizo, casi de la ausencia de reuniones, un culto. Incluso, con número suficiente para soportar la presión en una o ambas Cámaras. Ahora, reina la consternación ante un Ejecutivo que ni quiere, ni va a parar. No suele ser lo más aconsejable.

De cara a las próximas semanas y, por fuera de bicamerales que podrían reunirse sin importar la inactividad del Congreso -por no encontrarse en un período de sesiones ordinarias-, el oficialismo aguardará el llamado a extraordinarias para definir el armado o no de eventuales comisiones que tengan que intervenir y que no hayan sido formadas en diciembre pasado. El plan es el menor movimiento posible en ese sentido.

“Hay bloques que disminuyeron la integración, pero siguen siendo fiables. En cambio, hay otros que te hablan en nombre de supuestos votos que, cuando vas a chequear, son menos. Y la situación no es la misma que hace dos años atrás. Primero, el temario de las extraordinarias. Después, se verá. Además, el kirchnerismo está más partido acá y por eso no reclama tanto como en Diputados. Si los cristinistas empiezan a quedarse con los mejores lugares, como hicieron siempre, se les revienta todo”, manifestaron desde LLA a Infobae.

La compañía tecnológica Apple anunció recientemente que los desarrolladores de miniaplicaciones podrán quedarse con un 85 por ciento de las ganancias por transacciones en su plataforma, siempre y cuando cumplan los requisitos especificados por la empresa. Según publicó la página de Noticias de Apple, esta modificación implica que la comisión por compras integradas en miniaplicaciones disminuye al 15 por ciento, en comparación con el 30 por ciento que se aplica en las aplicaciones tradicionales de la App Store. El objetivo de este nuevo programa es incentivar la creación y distribución de servicios digitales a través de plataformas web móviles.

De acuerdo con Details de Apple, las miniaplicaciones son concebidas como "experiencias creadas con tecnologías web como HTML5 o JavaScript y distribuidas dentro de una aplicación nativa más grande". La empresa indicó que los desarrolladores que deseen beneficiarse de esta comisión reducida deben ofrecer sus miniaplicaciones en dispositivos que utilicen iOS y iPadOS, además de garantizar su compatibilidad con herramientas específicas de la App Store.

Apple detalló que entre las condiciones técnicas para participar en este programa se encuentran la integración con tecnologías como la API de Rango de Edad Declarado, que permite a la plataforma adaptar contenidos a segmentos etarios definidos, y la API de Comercio Avanzado, destinada a soportar las transacciones de manera segura y eficiente desde la propia aplicación nativa. Asimismo, la empresa estableció que solo las miniaplicaciones que cumplan con todos estos requisitos serán aceptadas dentro del programa de reducción de comisiones.

El medio Apple Noticias informó que el propósito de esta iniciativa, además de aumentar la proporción de ingresos que perciben los desarrolladores, consiste en estimular el empleo de tecnologías web dentro del ecosistema de aplicaciones móviles de la compañía. Con la tarifa reducida, Apple busca diferenciar las miniaplicaciones de las aplicaciones convencionales, potenciando la distribución de contenidos creados en lenguajes y estándares web, que se alojen en grandes plataformas que actúen como contenedores nativos dentro de iOS y iPadOS.

Hasta el momento, los desarrolladores de aplicaciones que operan en la App Store deben ceder a Apple un 30 por ciento del importe por cada compra integrada gestionada en sus aplicaciones. Con la nueva medida, las miniaplicaciones que cumplan las exigencias obtendrán una mayor retribución económica, pues solo estarán sujetas a una comisión del 15 por ciento. Según explicó la compañía, esto representa una oportunidad de retención de ingresos más elevada para quienes distribuyan sus servicios digitales bajo este formato.

El programa, según la información de la página de Noticias de Apple, busca apoyar a los desarrolladores interesados en explotar las capacidades de tecnologías como HTML5 o JavaScript, permitiendo una mayor flexibilidad y rapidez en el desarrollo y despliegue de servicios novedosos. Esta estrategia se alinea con la tendencia del sector hacia la integración de experiencias web enriquecidas dentro de aplicaciones móviles, reduciendo la dependencia de tecnologías nativas exclusivas.

La oferta de una comisión reducida al 15 por ciento está supeditada al cumplimiento de los requisitos oficiales detallados por Apple. Entre las condiciones que los desarrolladores deben acreditar para participar destacan la obligatoriedad de tener la miniaplicación disponible en sistemas operativos iOS y iPadOS, asegurar la integración con las APIs señaladas, y garantizar que las transacciones cumplan con los estándares de seguridad y gestión comercial definidos en las directrices de la App Store.

Apple, a través de este anuncio, reforzó su compromiso por fomentar el desarrollo de nuevas fórmulas de productos digitales y servicios bajo el formato de miniaplicaciones, confiriendo ventajas económicas a los creadores que innoven siguiendo el marco técnico y normativo impuesto por la empresa.

El próximo miércoles deberían reunirse los diputados que conforman la Comisión Investigadora $Libra en lo que será el último de los dos encuentros acordados en busca de destrabarla.

Pero la paridad entre oficialismo y oposición -14 miembros de cada lado-, que hace imposible la designación de las autoridades, logró el objetivo que planteó La Libertad Avanza y la comisión no avanzó desde su conformación.

En este contexto es que avanza la idea en los bloques opositores de “saltar” a la comisión de Juicio Político y que el tema sea debatido en ese ámbito. “Tenemos dos o tres diputados más que ellos -LLA y sus socios- y con esa mayoría podemos avanzar por ahí”, reconoce una fuente de la oposición.

La idea ya fue planteada públicamente por el diputado Fernando Carbajal, de Democracia, y por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

“Quedó patentizada la conformación del bloque de la impunidad, defensa de la corrupción, conformado por la Libertad Avanza y sus bloques vasallos, que siguen bloqueando el funcionamiento de la comisión. Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es impedir que la comisión funcione. Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados”, dijo Carbajal.

La idea de avanzar en esta comisión, que ya lo había pedido la izquierda y el kirchnerismo, no apunta necesariamente a empujar un juicio político contra el presidente Javier Milei, ya que no cuentan con el número necesario en el recinto, sino a la utilización del reglamento.

“Con Juicio Político podemos citar a aquellos que creamos conveniente para la investigación y, si se niegan, poder pedirle a un juez que los traiga al Congreso las fuerzas públicas. Eso es lo que intentamos con la Comisión $Libra, pero ellos la bloquearon”, explicaron las fuentes consultadas.

El problema que enfrenta la comisión es que no tiene presidente. O por lo menos está la discusión al respecto. En abril de 2024 se convocó a la comisión para designar autoridades. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, envió una comunicación para levantar la sesión. Como había quórum, el diputado Oscar Zago, presidente del bloque libertario en ese momento, propuso a la diputada libertaria Marcela Pagano para presidirla. Sin embargo, la presidencia de la Cámara no la reconoce y desde ese momento la comisión quedó en un limbo reglamentario.

Hasta ahora Menem logró bloquear la comisión que tiene la potestad de iniciar un proceso acusatorio contra el binomio presidencial, los ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero el bloqueo en la Comisión $Libra podría cambiar ese escenario.

La relación entre Menem y Pagano está rota. El riojano intentó enviar emisarios para resolver, pero desde el oficialismo no hay contactos, y desde la oposición le señalaron que es una interna libertaria y que no harán nada al respecto.

Se espera que el miércoles haya ausencias de los sectores libertarios y sus socios y que eso termine de dar por caída a la comisión.

Ese escenario abre la puerta para que Democracia, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la Izquierda busquen avanzar en Juicio Político. Aún hace falta saber el posicionamiento de Encuentro Federal.

Por ahora hay un pedido en la Comisión de Juicio Político del bloque de Unión por la Patria (UxP) que fue realizado a mediados de febrero que los diputados pueden utilizar para poder tomar ese camino. Para ello, de todas formas, van a tener que emplazar a la Comisión, algo que se podría votar -si se suma Encuentro Federal- en la sesión pedida para el próximo 2 de julio.

El miércoles se definirá la continuidad o no de la Comisión Investigadora $Libra. Una vez caída, que es lo que todos suponen que puede llegar a pasar, los diputados de la oposición comenzarán a trabajar con mayor profundidad la estrategia para saltar a la comisión de Juicio Político.

La Fiscalía Anticorrupción investigará la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hasta el martes presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) José Antonio Marco Sanjuán, por el presunto cobro de una comisión de 100.000 euros de un empresario por estimar "un recurso a la carta".

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que la fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón se dispone a abrir diligencias de investigación en base a la denuncia registrada por el sindicato, a la que ha tenido esta agencia de noticias.

Manos Limpias dice que Marco Sanjuán podría ser autor de presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

Se basa para ello en que la noticia del diario 'El Debate' en la que se afirma que "un empresario admite haber pagado más de 100.000 euros" a cambio de "perdonarle la deuda con Hacienda, estimando un 'recurso a la carta'".

La denuncia, fechada el 12 de junio, relata que la presunta mordida "se abonó en tres momentos, en una cafetería próxima al despacho oficial del denunciado". "El dinero se lo da el empresario en sobres y se pone a contarlos", detalla.

Manos Limpias recoge supuestos "'whatsapps' cruzados entre el empresario y el denunciado". "Tengo miedo, porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento", reza uno. "Antes me escribía dinero, ahora me dice que cuándo quedan a tomar café", expone otro. "Estoy asustado por si todo esto sale a la luz", finaliza un tercer mensaje.

El sindicato añade que, "no contento, el denunciado en otros 'whatsapps', hostiga al empresario para que siga aportándole más mordidas". "El ansia del denunciado parece no tener fin", comenta Manos Limpias.

Apunta, además, que Marco Sanjuán, de quien asegura que empezó con estas presuntas corruptelas cuando era presidente del TEAC de Castilla y León, "utiliza su empresa Investment Betancunia como instrumento para percibir las mordidas".

LOS SUPUESTOS FAVORES DESDE EL TEAC

El sindicato expone en su denuncia que "se trata ni más ni menos del (ex) presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, máximo órgano jurisdiccional en materia económica y de tributos, similar al presidente del Tribunal Supremo".

En concreto, explica que desde el TEAC tenía "la responsabilidad de resolver las reclamaciones presentadas por empresas y ciudadanos contra liquidaciones de la Agencia Tributaria", de modo que "sus resoluciones pueden anular o modificar sanciones impuestas por Hacienda".

"La preparación de esos recursos para su aprobación tenía la compensación de una mordida en dinero en efectivo o a través de un sistema de sociedades interpuestas y de amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones", dice la denuncia.

A este respecto, se refiere a "la empresa de hidrocarburos Discomtes Valladolid", que fue "sancionada por Aduanas a pagar una sanción de 64.000 euros". "Y justamente después de anular esa sanción, el denunciado procede a través de su empresa, Investment Betancunia, a facturar a Discomtes Valladolid dos facturas, una por importe de 2.360 euros (emitida el 10 de enero de 2012) bajo el concepto 'operaciones', y una segunda factura por importe de 2.420 euros (el 11 de enero de 2013) en concepto de 'seminario declaración'", concreta.

Manos Limpias alude a otra empresa, Refinería Olmedo --"perteneciente a la Cooperativa Azucarera ACOR, de Valladolid"--, que "había sido sancionada con una sanción de 1,2 millones de euros que debía a Hacienda". De acuerdo con la denuncia, Marco Sanjuán revisó y modificó el recurso de dicha mercantil ante el TEAC de Castilla y León y por ello cobró "24.200 euros utilizando un circuito societario cuidadosamente diseñado para entorpecer el seguimiento del dinero".

En una ampliación de la denuncia, del pasado martes, el sindicato señala incluso a Anticorrupción que "ha recibido información de uno de los empresarios presuntamente extorsionados de que el denunciado dispone en su domicilio de la ciudad de Valladolid (...) una caja fuerte donde guarda el efectivo de las presuntas mordidas".

"DE MÁXIMA CONFIANZA" DE MONTERO

Manos Limpias enfatiza que Marco Sanjuán "fue nombrado en ese cargo por la ministra de Hacienda", en lo que describe como un nombramiento "de máxima confianza". Por eso, a su juicio, estos presuntos hechos ponen "en una situación de deterioro y de desprestigio a uno de los pilares de nuestro sistema democrático".

"Conculcado presuntamente de manera flagrante por alguien que debe ser el máximo garante en la relación ciudadanos-Administración Tributaria", dice, recordando que todo esto se conoce "en un momento de la campaña sobre la Renta que afecta a millones de contribuyentes".

Marco Sanjuán dimitió el pasado martes, mismo día que la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, aseguró en la sesión de control al Gobierno en el Senado que "es mentira que haya recibido algún tipo de comisión".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que Santos Cerdán y Koldo García obtuvieron comisiones de la consecución de obras en Navarra antes de dar ambos el salto a Madrid y cree que el ahora secretario de Organización de los socialistas promocionó al exasesor ministerial para acercarse a José Luis Ábalos.

Además, según sostienen los investigadores en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el hecho de que Cerdán "promoviera la cercanía" de García con el exministro de Transportes "le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos" en el Ministerio.

La UCO incide en que cuando Cerdán es nombrado en 2017 secretario de Coordinación Territorial "se intuía" que García "acompañaría a Santos en su nuevo cargo en el PSOE", por lo que "habría sido, según sus palabras, el propio Santos quien finalmente promovió que Koldo fuese nombrado conductor de Ábalos, pasando a depender del recién nombrado secretario de Organización del PSOE".

"Este hito supuso el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional. Ambos pasaron de la Comunidad Foral de Navarra y de obtener un supuesto rédito económico derivado de la consecución de obras en dicho territorio, a introducir a Ábalos en la relación, como paso previo al consiguiente nombramiento como Ministro de Fomento en junio de 2018", señala.

LOS CELOS DE CERDÁN

Según recoge el informe, Cerdán fue el que presentó a Koldo y a Ábalos y quien promovió que fuese contratado como conductor del ahora diputado del Grupo Mixto. "Esto ocurrió en el año 2017, siendo un año después cuando transicionó desde el puesto de chófer al de asesor personal del ministro", apunta.

Tras reseñar que García pasó a tener una "doble dependencia" de ambos, los agentes precisan que el exasesor habría desarrollado una "fuerte lealtad" hacia el que llegaría a ser ministro, "pudiendo esto haber generado, según el criterio de Koldo, malestar en Santos", que habría tratado de "entorpecer la relación entre Ábalos y Koldo".

"Puesto que fue Santos quien promovió la contratación de Koldo como conductor de Ábalos, puede inferirse con base en estos mensajes que su motivación habría radicado en contar con un acceso directo al Secretario de Organización del PSOE a través de Koldo. No obstante, no estaría siendo de su agrado que éste estuviese desarrollando una fuerte lealtad hacia Ábalos", aseguran.

La unidad investigadora explica que "la principal fuente de la que se nutre" su informe son conversaciones mantenidas por los investigados en aplicaciones de mensajería instantánea, si bien subrayan que la "principal novedad" son las grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023 que han localizado en los dispositivos del exasesor, que "revisten una importancia capital".

COMISIONES A CAMBIO DE ADJUDICACIONES

Según la UCO, una vez asentados Cerdán y García en Madrid, empieza una etapa "nacional" en la que se produce "la adjudicación a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas, Acciona entre otras, así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas.

Y expone que Koldo mantiene "un hilo conductor en todas las grabaciones realizadas, siendo éste la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción SA.".

También sostiene que en los nuevos audios se evidencia "cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos", apuntando además que Cerdán sería "la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos".

Asimismo, los agentes describen una "última etapa" en la que, incluso ya fuera del Gobierno, "tanto Koldo como Ábalos habrían seguido ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración y habrían tratado de lograr a través de Santos que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo ministerial".

A PARTIR DE 2015

Este nuevo informe recoge "las presuntas irregularidades llevadas a cabo en algunos procesos de contratación en los que habrían resultado adjudicatarias", además de Acciona, otras constructoras mencionadas por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Se trata de OPR y LIC. Para los agentes, Koldo es "el verdadero hilo conductor" de todas las adjudicaciones investigadas.

La UCO manifiesta que el punto de partida tiene lugar en 2015, cuando Cerdán y García estaban en Navarra. "Desde ese punto se puede observar una continuidad temporal en las relaciones de Koldo con Acciona, y la relación directa de ambas entidades con el propio Santos".

Según precisa, estas vinculaciones se "prolongan igualmente durante la estancia en el Ministerio de Transportes de Ábalos y Koldo entre 2018 y 2021, y posteriormente a su salida", hasta febrero de 2024 cuando los agentes detienen al exasesor ministerial.

En el informe consta que "los contratos presuntamente amañados" permanecían "bajo el dominio" de Transportes, tanto a través de ADIF como de la Dirección General de Carreteras.

"En este sentido, la capacidad de actuación de Koldo se hallaba íntimamente ligada a la prevalencia de su relación personal y directa con el ministro Ábalos, jefe común de ambos entes dependientes del ministerio, y máximo responsable de ese Departamento", subrayan.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha desvinculado este jueves de cualquier posible amaño de contratos para el supuesto cobro de comisiones y ha asegurado que convocará a los medios de comunicación cuando conozca el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar. Convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más", ha declarado Cerdán en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntado expresamente si puede asegurar que ese informe de la UCO no le va a implicar en ningún amaño de contrato, Cerdán ha respondido tajante: "Completamente seguro". Además, ha añadido que él no ha participado "en ninguna conversación de ese tipo", en alusión a la supuesta grabación que recogería ese informe de la UCO.

NO RECUERDA UNA CONVERSACIÓN CON KOLDO DE ESE TIPO

"No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo", ha señalado el 'número tres' del PSOE, que espera convocar una rueda de prensa entre la tarde de este jueves y el viernes, cuando conozca el contenido íntegro del informe de la UCO.

"Mientras tanto, ¿de qué quieren que hable? No conozco el informe, son todo filtraciones, no conocemos nada más", se ha quejado antes de reiterar que está "muy tranquilo" porque no ha cometido "ninguna ilegalidad".

EL PSOE SALIÓ ANOCHE EN SU DEFENSA Y EL TS LE OFRECE DECLARAR Anoche, el PSOE salió en defensa de Cerdán al asegurar que "no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", señaló el partido en un comunicado.

Además, el PSOE indicó que "cuando se conozca la totalidad del informe" el propio número tres del PSOE "dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona".

Cerdán ha hecho estas declaraciones este jueves, minutos antes de que el Tribunal Supremo le haya ofrecido declarar voluntariamente el próximo 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" en su contra en el informe de la UCO sobre su presunta participación junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones.

La oposición en Diputados avanzó, en comisión, con el dictamen de seis proyectos destinados a declarar la emergencia en pediatría y garantizar el sostenimiento financiero del Hospital Juan P. Garrahan ante el conflicto que atraviesa el centro médico.

Legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia, la Coalición Cívica e Izquierda rubricaron los dos proyectos de ley y los cuatro de resolución vinculados al hospital. Las firmas se concretaron mientras médicos, residentes y personal administrativo exponían sus testimonios.

La comisión contó también con integrantes del PRO, la UCR, el MID y LLA. En cuanto al bloque amarillo, los diputados Gabriel Besana, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra y María Sotolano no concurrieron. Lo mismo ocurrió con las radicales Soledad Carrizo y Natalia Sarapura, quienes tampoco participaron del debate. En el caso de Sarapura estuvo poco tiempo porque tenía que presidir la bicameral de Derechos del Niño.

Los dos proyectos de ley y los cuatro de resolución obtuvieron dictamen con 21 firmas de los 25 diputados presentes en la comisión.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), adelantó que, dado que los proyectos de ley fueron girados a otras comisiones, mañana en la sesión solicitarán su emplazamiento. “Mañana en la sesión se pedirá el emplazamiento para que Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, y Familia, que depende de la radical Roxana Reyes, los dictaminen para llevar el tema al recinto la próxima semana. Por eso mañana es fundamental estar presentes y dar quórum”.

Los médicos del Garrahan explicaron la situación actual del hospital y detallaron las consecuencias que, a su criterio, provoca el desfinanciamiento que sufren.

Santiago Wllwer, jefe de clínica del servicio de urología, destacó el papel esencial del Garrahan en el tratamiento de enfermedades infantiles. “Somos un equipo, no 1.000 m2 donde se juntan ñoquis. Recibimos pacientes de todas las provincias porque somos complemento de esos hospitales, pero hay prácticas que solo se realizan aquí. Es el único hospital que hace diálisis en personas de menos de 10 kg, el único en toda Latinoamérica que efectúa quimioterapia intrarretiniana, tratamientos de neurointervencionismo en niños, entre otros. Hoy somos tres médicos, más un contratado, quienes realizamos los trasplantes renales en el país, y dos profesionales quieren dejar el hospital porque no llegan a pagar el alquiler. Si esto ocurre, no podremos continuar con los trasplantes, Argentina se quedará sin esa posibilidad y solo este año hicimos 25, con un promedio de 50 anuales para todo el país. Esto sucede en cada uno de los servicios: cuando el Garrahan ya no exista, no habrá otro hospital igual”.

La médica Gabriela Bauer subrayó: “Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes. Así lo demostró en la campaña y en sus declaraciones, porque nunca les mira a la cara. No sabe decir chicos, ni niño, niña o adolescente. Sabe decir perros o envaselinados”.

“Se atreve, en medio de este conflicto, a insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hicimos mal?”, dijo en alusión a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que recibió un ataque en redes sociales y su madre, ambos blanco de un posteo replicado por el presidente Javier Milei.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, presente en la reunión, observó que lo que ocurre en el hospital de niños también afecta a otros centros administrados por la Nación, como El Cruce. Sostuvo que “lo que vemos es un Estado nacional que se retira de su responsabilidad en materia sanitaria y de formación”.

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, expresó su preocupación: “Nos preocupa la situación del Garrahan porque todas las provincias dependen de este hospital cuando requieren alta especialización”.

También participaron de la comisión los ministros de Neuquén y Tierra del Fuego.

La diputada Mónica Fein, de Encuentro Federal, señaló que la crisis afecta a la red de atención sanitaria y remarcó la importancia de la presencia en la sesión de mañana: “Es necesario estar”.

Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia, retomó lo expresado por el médico Wllwer respecto a que el Garrahan atiende pacientes de todas las provincias. Señaló, ante la posibilidad de que el oficialismo busque trabar el quórum a través de los gobernadores, que “a esos gobernadores que mañana levanten a sus diputados, hay que decirles que les devolverán a sus chicos a sus provincias”.

Para el final quedó el diputado libertario Manuel Quintar quien dijo que habían presentado un dictámen de rechazo y señaló que “creo que una vez más se aprovecha una situación crítica y real solo con fines políticos”.

Luego de señalar que desde LLA manifiestan a los “hombres y mujeres de la salud que trabajan” y que el sistema está desfinanciado “no por Milei sino por los 20 años de populismo. Embanderarse para caranchear un voto no lo vamos a acompañar”; Quintar señaló que los gobiernos anteriores “nos mandaban a juntar tapitas, debemos terminar con el cinismo, para el Garrahan”.

Esto generó la protesta de otros legisladores que lo acusaron de mentiroso -eso es para la Fundación y no para el Hospital- que le señalaron al diputado que se hacía “el picante” cuando los médicos del hospital ya se habían retirado.

La diputada Julia Strada de UP le pregutó a Quintar, quien se había mostrado de acuerdo con el estado crítico del Hospital, si mañana iba a dar quóru, algo que el legislador libertario negó y se retiró de la comisión antes de que terminara la misma.

Comenzó la comisión de Investigación del caso $Libra y hasta desde lo gestual quedó claro que hay dos bloques conformados. Los que acompañan al oficialismo se sentaron en una fila y, dejando una hilera de mesas en el medio sin ocupar, la oposición ocupó el lugar de enfrente.

La reunión comenzó con la postulación de los candidatos a presidirla. Por el oficialismo se propuso al diputado de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Por la oposición, a la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva.

Al primero lo votaron los integrantes de LLA, PRO, UCR, Innovación Federal y Liga del Interior. A la diputada la acompañaron UxP, CC, Democracia, Nacional y Popular. Al final de la primera votación pasó lo que todos preveían 14 a favor de Bornoroni y 14 a favor de Selva.

Mientras que los que votaron a la candidata de la oposición fueron la propia Selva, Oscar Carreño Agost, Fernando Carbajal, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ana Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Danya Tavela, Pablo Carro, Nicolás Massot

Los que votaron a Bornoroni fueron el propio diputado junto a Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Carlos Fernández, Silvana Gudici, Cristina Ritondo, Paula Omodeo, Lisandro Nieri, Francisco Monti, Nicolás Mayoraz, Martín Maquieyra, Oscar Zago, Nadia Marquez y Nadia Márquez.

A partir de esto, el diputado Nicolás Massot señaló que para desempatar se puede utilizar lo que representa en el recinto cada uno de los sectores. “Los que acompañamos a Selva representamos a más de 140 voluntades mientras que lo que acompañan a Bornoroni no más de 120. En unas semanas vamos a solicitar una sesión extraordinaria e, inexplicablemente procrastinando esto, lo vamos a resolver en esa sesión”.

También propuso que, si la problema de los bloques que acompañan al oficialismo es que la presidencia quede en cabeza de la diputada de Unión por la Patria “propongan a algún otro diputado o diputada” de la oposición para ocupar ese lugar. A partir de esto, solicitó un cuarto intermedio de 10 minutos para ver si esta posibilidad existe. “Si no logramos un acuerdo, proponemos que se levante la comisión y que se resuelva en el único lugar en donde no puede haber un empate -el recinto-”.

La diputada del PRO Silvana Giudici fue, al igual que ayer, la encargada de responder por el oficialismo. “Los que se abstienen o los que hablan de la lucha contra la corrupción hoy se alían con el kirchnerismo”, esto generó los primeros cruces. La diputada del PRO, que rechazó ir a un cuarto intermedio “porque estamos 14 a 14” le apuntó a los dichos de Massot. “Si escuchamos al diputado Massot que es el jefe de la oposición”, lo que le respondió “ahora escuchemos a la presidenta del oficialismo”. Esto generó gritos cruzados a lo que Giudici preguntó cómo es que Massot sabe cuántas voluntades tiene, hace futurología, por lo que recibió como respuesta del diputado “porque sé de matemáticas”

Si avanza la comisión, el próximo paso será el definir el reglamento. Algunos entienden que tiene que ser en espejo de la Comisión de Juicio Político, Si esto sucede, implicaría la comisión tendría la potestad de citar testigos que deberían presentarse de manera obligatoria.

“Es importante este punto porque hay algunos que entienden que después de lo que pasó ayer con la ausencia de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona vamos a tener que obligar a algunos a que se presenten. Y, si es necesario, usar la fuerza pública. Para eso, necesitamos que el reglamento lo establezca”, detalló un diputado de la oposición que, aunque no participa de la Comisión, su voz es muy escuchada.

El propio Massot dejó una pista al respecto al señalar que deberá “librar exhortos u oficios para que las distintas partes involucradas en las estafas puedan hacer una devolución”, pero la parte que cambió el eje fue cuando el bahiense dejó en claro que “en función del reglamento que vamos a proponer esta comisión no invita, sino que cita”.

Luego fueron pasando diferentes discursos políticos de un lado y del otro del salón del segundo piso, el diputado Ritondo pidió levantar la comisión con el fin de negociar en los próximos días una solución. Frente a esto, Massot retiró su moción.

Finalmente, el diputado Maximiliano Ferraro aclaró que la comisión “no está constituida porque no eligió a las autoridades en términos reglamentarios ni se aprobó el reglamento para su funcionamiento”

Vox ha insistido en que la Asamblea de Madrid amplíe la comisión que investiga si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para centrarla en el 'software', mientras que PP le ha respondido que no ve "la necesidad".

Este intercambio ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, la primera del año y a dos semanas vista de la reanudación de la comisión.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha vuelto a decir que quiere que acuda el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a comparecer a la comisión como hiciera su esposa --extremo que desde Moncloa se ha negado que vaya a pasar desde que este partido anunciara que le llamaría--.

Esta comisión, además, está configurada en bloques temáticos para cada sesión. Así, la próximo está vinculada a las empresas que tenían relación con las cátedras de la UCM y la última para las comparecencias finales. Desde un principio se ha señalado que Sánchez solo cabría en la última. Además, Vox solo tiene un llamamiento y lo quiere destinar a él, nombre que también lleva PP en su lista.

"Queremos que venga Pedro Sánchez, que es el uno de la trama, y el PP pues parece que está poniendo piedras en el camino", ha planteado Moñino antes de detallar que este viernes la Mesa de la Asamblea --de mayoría 'popular'-- decidirá sobre el escrito en el que piden la ampliación. Cree la líder de Vox en la Cámara de Vallecas que "dadas las nuevas informaciones" deberían pasar por la comisión directivos de Telefónica como su expresidente ejecutivo José María Álvarez-Pallete.

Ante ello, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que la comisión se aprobó "en unos términos" y un número de sesiones. Le ha recordado, además, que la primera de febrero está dedicada a empresas. "No veo la necesidad de hacer esa ampliación", ha resumido.

Por su parte, su homólogo del PSOE, Jesús Celada, ha apostillado que "sesión tras sesión" se está viendo que "no da más" de sí la comisión. "Quien viene reconoce que todo ha sido legal que entra dentro de la normalidad absoluta (...) No le encontramos ningún sentido ", ha sentenciado el socialista.

La oposición en la Cámara de Diputados busca no perder el hilo del caso $Libra y mucho menos en medio de la campaña electoral, que ya empezó a mostrar que los pactos de no agresión quedaron en el pasado. Y una prueba evidente fue la foto provocadora de Manuel Adorni y Karina Milei en la puerta de la jefatura de gobierno de la Ciudad con una motosierra.

En medio de una rápida escalada de las campañas, la oposición no quiere que se diluya el acuerdo que viene trabajando y busca llamar a una nueva sesión en la Cámara Baja.

“Estamos trabajando la posibilidad de pedir una sesión especial para la semana del 7 de abril”, dijo a Infobae un diputado de la oposición que suele ser el nexo entre todos los bloques que no son libertarios en la Cámara de Diputados.

“La intención es avanzar con una sesión en la cual empujemos un poco los dictámenes que venimos cuidando, en lo que se refiere al caso de la criptomoneda $Libra. Nosotros lo que queremos es que ellos -los funcionarios nacionales- vengan cuando el Congreso los cite y los investigue. Y no que ellos vengan cuando quieran a contestar unas pocas preguntas”, explicó la misma fuente.

Si prospera el trabajo “interbloques” de la oposición -UxP, Encuentro Federal, Democracia, Coalición Cívica-, la intención es ir al recinto para emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario José Luis Espert para que se comience el debate por la emergencia en discapacidad y proyectos previsionales. “Y obviamente en esto entra también el caso $Libra”.

Pero como los números en el Congreso de la Nación presentan una gran volatilidad, todo es muy cambiante. Todavía está fresco en el recuerdo de los diputados lo que sucedió en el Senado, donde la comisión investigadora no logró armarse por el voto en contra del radical Eduardo Vischi, autor del proyecto que pedía una comisión investigadora.

La oposición enfrenta dos problemas. Por un lado, las firmas de los dictámenes no se trasladan mecánicamente al recinto. Si bien los representantes en las comisiones de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal firmaron los dictámenes, no pueden garantizar la presencia de todo el bloque a la hora de sesionar. Esto ocurre por la presión que los gobernadores suelen ejercer sobre algunos diputados; por ejemplo, cuando se votaron los emplazamientos para obligar a las comisiones a dictaminar los proyectos, Encuentro Federal tuvo media docena de ausentes que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Es en ese escenario en donde los diputados de los diferentes bloques no dejaron pasar la oportunidad y en paralelo avanzaron por otro camino.

El próximo 16 o 17 de abril, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará en la Cámara de Diputados para dar cumplimiento con el artículo de la Constitución que lo obliga a ir una vez por mes al Congreso a realizar un informe de gestión.

Teniendo en cuenta esa “volatilidad numérica” y que nadie desperdicia una oportunidad, apenas el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, les anunció a los presidentes de los bloques que se abría el proceso para enviar preguntas al Jefe de Gabinete, los diputados se apresuraron a incorporar todas aquellas que tengan que ver con el caso $Libra.

Además, Francos va a llegar al Congreso en medio del debate del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el otro ítem que, aseguran, va a concentrar la mayor cantidad de consultas al Jefe de los ministros.

Luego de que Alexis Pirchio presentara su renuncia al puesto de presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el jueves pasado, el Gobierno aceptó la misma a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en donde además formalizó la designación de su sucesor.

La salida de Pirchio, del área que opera dentro de la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se da en medio de un procedimiento que está llevando a cabo el Ejecutivo para reemplazar al actual organismo por una Autoridad Nacional de la Competencia. Aun así, permanecerá en funcionamiento bajo la conducción de Eduardo Rodolfo Montamat, quien hasta el momento se mantenía como vocal.

La salida se formalizó a través del Decreto 201/2025, en horas de la madrugada de este miércoles. Allí también se aceptó la renuncia del antecesor, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, al cargo de vocal de la CNDC; y seguidamente, el documento detalló: “Desígnase, a partir del 14 de marzo de 2025, en el cargo de Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al doctor en Derecho y Ciencias Sociales Eduardo Rodolfo MONTAMAT (D.N.I. N° 14.291.592) con rango y jerarquía de Subsecretario”.

El servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía intervino en el proceso de designación. La cartera que conduce Luis Caputo avaló la legalidad del procedimiento y la idoneidad del funcionario. El nombramiento de Montamat fue dispuesto en virtud de las atribuciones del artículo que faculta al presidente a realizar nombramientos en organismos estatales.

En esta línea, el documento decretó en su artículo 1: “Acéptase, a partir del 14 de marzo de 2025, la renuncia presentada por el magíster en Economía Alexis Germán PIRCHIO (D.N.I. N° 31.045.782) al cargo de Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, quien estuvo al frente desde su nombramiento a partir del Decreto 100/24.

El organismo tomó relevancia cuando el Gobierno le solicitó evaluar las implicancias de la adquisición de Grupo Telefónica por parte de Telecom, dado que es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que regula las prácticas comerciales para evitar la formación de monopolios y conductas anticompetitivas en el mercado. Esta intervención le valió al Gobierno algunas críticas.

Tras 25 años de mandato legal como organismo autárquico e independiente del poder político, finalmente se puso en marcha el concurso público de antecedentes y oposición para la preselección de los funcionarios que conformarán la Autoridad Nacional de la Competencia. La nueva institución funcionará como un organismo descentralizado y autárquico que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de cumplir con el mandato de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

La decisión quedó establecida a través de la resolución conjunta 1/2025 publicada el 15 de marzo pasado, también en el Boletín Oficial, donde se establecieron los requisitos, el procedimiento de evaluación y el reglamento para participar del concurso público que seleccionará a los miembros de la nueva área.

Hasta tanto la Autoridad Nacional de la Competencia adquiera plena operatividad, la Comisión continúa funcionando con todas sus facultades, incluyendo la potestad sancionatoria, según lo establece el artículo 6° del Decreto 480/2018.

En términos administrativos, el financiamiento para el cumplimiento del decreto se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 50 del Ministerio de Economía. Tras la publicación del decreto, se instruyó su comunicación y archivo en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

El banco BBVA realizará distintos cambios durante este año en sus servicios, aplicando distintas comisiones a sus clientes, quienes deberán estar atentos para evitar este tipo de cobros o tenerlos contemplados al momento de solicitar algún producto.

La institución bancaria se ha caracterizado por ser una de las más importantes en México, contando con una amplia gama de productos y una gran cartera de clientes. Aunque en los últimos meses, han realizado modificaciones, con el fin de cumplir con la ley vigente, así como de tener mayor regulación en sus cuentas.

Uno de los cambios que ha implementado BBVA, es la de cobrar comisión por transferencias realizadas desde su aplicación, aunque esto solo aplica para ciertos derechohabientes, en especial para aquellos que tienen una cuenta empresarial o manejan Net Cash.

BBVA cobrará comisión de 380 pesos por transferencias al extranjero

La institución financiera aplicará la comisión en transferencias bancarias, dependiendo del tipo de movimiento que se realice, además de que dependerá del banco y si es en territorio nacional o al extranjero, siendo precisamente los envíos a otros países los que más elevarán su costo.

De acuerdo con la información de BBVA, el cobro por transferencia al extranjero será de hasta 380 pesos, dependiendo del monto enviado y el destino, siendo precisamente la más alta de todas las comisiones que han decidido aplicar. A continuación te presentamos la lista completa:

• Transferencias interbancarias (SPEI): $5 por cada operación realizada el mismo día.
• Transferencias entre cuentas propias y de terceros: $4.50 por operación.
• Transferencias programadas (CECOBAN): $3 pesos por cada transacción.
• Transferencias internacionales: Hasta $380 pesos mexicanos, dependiendo del monto y destino.
• Transferencias en dólares (SPID): $5 dólares por operación.

Las transferencias entre cuentas BBVA seguirán siendo gratuitas, mientras que las interbancarias y al extranjero serán las más afectadas. Los clientes que más sufrirán por esta situación son quienes utilicen el servicio de manera habitual, además de aquellos que tengan una cuenta empresarial o usuarios de BBVA Net Cash.

De la misma forma, tendrán una afectación mayor aquellos derechohabientes que realicen transferencias internacionales o en dólares, ya que estas serán las que tengan una mayor elevación en sus costos.

Esta medida aplica a BBVA y distintos bancos más, sin embargo, si deseas evitarlas o pagar un menor costo, puedes realizar una comparación con otras instituciones bancarias y conocer cuál te conviene más, sobre todo si utilizas las transferencias de manera habitual.

Además, puedes apostar por tener un mayor número de movimientos entre cuentas del mismo banco, para evitar este tipo de comisiones. Incluso, existen otro tipo de servicios que podrían apoyarte para realizar tus transferencias entre bancos. Recuerda consultar las comisiones que aplica tu banco al momento de contratar algún producto, para evitar cualquier modificación al intentar utilizar alguno de sus servicios.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda comenzó a tratar este martes el proyecto de ley que propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo buscará avanzar en un dictamen que permita llevar el tema al recinto, aunque las posibilidades de éxito dependerán en gran medida de las negociaciones con los bloques intermedios.

El proyecto original plantea la eliminación total de las PASO. Sin embargo, en las últimas horas de ayer comenzó a circular un borrador con cambios que apunta a la suspensión durante este año y no la eliminación, lo que podría generar una salida y evitar el fracaso del debate.

/politica/2025/02/04/los-gobernadores-peronistas-destrabaron-el-dictamen-y-diputados-debatira-el-jueves-la-suspension-de-las-paso/

El oficialismo consiguió las firmas para dictaminar la suspensión de las PASO

La Libertad Avanza sumó el apoyo de los diputados de Córdoba - Agost Carreño y Soledad Carrizo - los dos de Santiago del Santiago y los dos de Catamarca. El dictamen de mayoría obtuvo 53 firmas, 3 en disidencia, y otros 5 de un dictamen en minoría. Total 58 firmas.

El proyecto será tratado el próximo jueves en el recinto, con el objetivo de lograr una media sanción que suspenda este año las PASO.

“Querían cerrar un artefacto electoral para dirimir sus conflictos internos”: la denuncia del oficialismo al kirchnerismo

La diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, cuestionó la implementación de las PASO y respaldó su eliminación. “Las reformas electorales del kirchnerismo no cumplieron con sus objetivos teóricos. Querían cerrar un artefacto electoral para dirimir sus conflictos internos”, sostuvo.

Además, afirmó que la experiencia demuestra que las primarias no lograron los fines para los que fueron creadas. “Los hechos demuestran que estos objetivos teóricos nunca fueron cumplidos”, señaló.

“El paquete de reformas electorales impulsada en las últimas semanas por el presidente Milei ha representado un verdadero giro doctrinario que implica el tránsito de una mirada intervencionista, estaticista en materia electoral, a partir de la cual se conciben a los partidos políticos como un servicio público que debe sostener el Estado a una mirada liberal que considera a los partidos políticos como entidades autónomas que deben funcionar despojadas de todo tipo de intervención estatal”, agregó.

El kirchnerismo denunció “aprietes” del oficialismo para conseguir los votos

Durante el debate sobre la suspensión de las PASO, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció presiones sobre legisladores para obtener las firmas necesarias para el dictamen. “No están teniendo las firmas para el dictamen y están haciendo un apriete infernal sobre distintos diputados. Lo quiero decir porque todos sabemos que los tiempos no son inocuos y el tiempo que están ganando es para apretar, como lo está haciendo el presidente del bloque oficialista”, afirmó.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Bornoroni rechazó la acusación y cruzó a Martínez. “Todo lo que está diciendo Martínez es falso, dedíquese a hacer lo que tiene que hacer. Parece que su bloque firmó un proyecto para eliminar las PASO”, respondió.

Por su parte, la diputada de la izquierda, Vanina Biasi, expresó su preocupación por las denuncias. “Es muy grave lo que se está diciendo. Dicen que puede haber coima”, advirtió.

El oficialismo no consigue las firmas para el dictamen

El oficialismo necesita 58 diputados, de los 115 que integran el plenario Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, para lograr el dictamen favorable para suspender las PASO y sólo tiene 48. Hay dudas sobre el apoyo de la UCR

Desde la UCR, Fabio Quetlas dijo: “Este es un mal proyecto, retírenlo”

El diputado de la UCR, Fabio Quetglas, cuestionó el proyecto de suspensión de las PASO y advirtió sobre sus implicancias políticas. “Es una modificación lógica, que facilita a los que tienen espacios con un líder claro y dificulta a los que no lo tienen. Es una ventaja coyuntural. Ojo con hacer modificaciones coyunturales que después les salgan caras”, señaló.

Además, criticó la falta de un debate profundo sobre el sistema electoral. “Derogar las PASO sin una reflexión o una alternativa es un salto al vacío. Es cínico decir que es suficiente con las internas de los partidos”, afirmó.

Quetglas rechazó la iniciativa impulsada por el oficialismo y pidió su retiro. “Está mal suspender las PASO y modificarlo sin una alternativa razonable. No es prioritario, simplemente les conviene. Este es un mal proyecto, retírenlo”, sentenció.

La Coalición Cívica apoyará la suspensión de las PASO

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, confirmó el respaldo de su bloque a la suspensión de las PASO y destacó la necesidad de debatir un nuevo sistema electoral. “Vamos a acompañar la suspensión”, afirmó.

López aclaró que la medida no debe afectar otros aspectos del sistema electoral. “Que no toque el resto de financiamiento ni afiliaciones, sino hacer un parate en 2025, que es suspender las PASO y poder discutir un nuevo sistema para la elección presidencial”, explicó.

Además, habló del impacto de la eliminación de las primarias en la representación política. “No hay necesidad de grandes frentes para que las expresiones estén presentes”, sostuvo.

Carlos Zapata: “Las PASO han sido tremendamente inútiles”

El diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, respaldó la suspensión de las PASO y cuestionó su utilidad. “Las PASO han sido tremendamente inútiles. El excesivo costo a cargo del ciudadano lo pagan los más vulnerables”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la necesidad de reducir el gasto público. “Muchos espacios hablan del ahorro y dicen que está mal. Quitando las PASO es necesario racionalizar el gasto”, afirmó.

“Vamos a rechazar toda la reforma”, adelantó la izquierda

La diputada de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, expresó su rechazo al proyecto de suspensión de las PASO y cuestionó sus efectos sobre la representación política. “Históricamente siempre estuvimos en contra de las PASO, porque siempre fueron prescriptivas para la izquierda. Fueron para resolver internas”, afirmó.

Sin embargo, adelantó que su bloque votará en contra de la iniciativa impulsada por el oficialismo. “En concreto, vamos a rechazar el proyecto porque es antidemocrático. Esta reforma no es que van a ahorrar plata para darle a las necesidades de los argentinos. Si entendemos que plantea la privatización del Congreso, porque dicen que no van a haber espacios gratuitos, no hay posibilidad de que los partidos obreros puedan llevar sus propuestas a la población”, advirtió.

El PRO confirmó su voto positivo para suspender las PASO

La diputada del PRO, Silvana Giudici, defendió el temario impulsado por el Gobierno y confirmó que su bloque votará a favor de la suspensión de las PASO. “El PRO jamás va a poner como condición tratar algo para dejar de tratar algo que propone el Presidente, sobre todo cuando se tratará la tan postergada ley de Ficha Limpia”, sostuvo.

Además, cuestionó los planteos sobre la falta de conexión entre los proyectos en debate y las preocupaciones ciudadanas. “No se puede decir que la agenda del Presidente está alejada porque esto también le importa a la sociedad”, afirmó.

Germán Martínez: “Milei quiere deglutir políticamente a los sectores opositores”

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el temario impulsado por el Gobierno en el inicio del debate sobre la suspensión de las PASO. “Acá no se está debatiendo el tema electoral. Todos vamos a tener que fijar voluntad: los que se perciben opositores de validar y legitimar la agenda que propuso el Presidente para esta sesión extraordinaria”, señaló.

Según Martínez, la estrategia oficial busca desviar el foco de las problemáticas urgentes. “Lo que está habiendo es un intento de construir un temario alejado de cualquiera de las necesidades de los argentinos. En nombre de esta famosa batalla cultural, lo que quiere Milei es poner sobre la mesa un temario lleno de humo que busca garantizar la capacidad de deglutir políticamente a los sectores opositores cercanos al gobierno y tratar de generar un proceso de división de los espacios opositores más alejados”, afirmó.

/politica/2025/02/04/en-busca-de-votos-el-oficialismo-cedio-y-comienza-el-debate-en-diputados-para-suspender-las-paso/

El proyecto de ley que propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podría alcanzar un punto crucial en la jornada de hoy, cuando la Cámara de Diputados busque cerrar el debate en comisión. Este paso es fundamental para determinar el futuro de un sistema electoral que ha sido objeto de controversias desde su implementación.

El proyecto original plantea la eliminación total de las PASO. Sin embargo, en las últimas horas de ayer comenzó a circular un borrador con cambios que apunta a la suspensión durante este año y no la eliminación, lo que podría generar una salida y evitar el fracaso del debate.

La Libertad Avanza apunta como principal argumento al costo económico de implementar las Primarias, pero en la oposición reclaman que no es el momento de modificar totalmente el sistema y menos con un plazo tan acotado. A partir de esto es que las conversaciones giraron hacia las posibilidades de una suspensión en esta ocasión y que durante las sesiones ordinarias se debata la reforma electoral.

Ese parece ser el camino que buscará avanzar hoy, a partir de las 14, cuando comience el plenario de Comisión con la idea de ir el jueves al recinto y lograr una media sanción que suspenda este año las PASO. Hasta ahora tiene asegurado 90 votos y está lejos de los 129 que necesita para alcanzar y para la mayoría simple que le permita darle media sanción, es por eso que el rol del peronismo será definitorio.

En este caso, al bloque de Unión por la Patria -aunque quiera- le cuesta tener una postura unificada, ya que hay diputados que en sus provincias de orígenes votaron por la eliminación, por lo que podrían seguir el mismo camino el jueves en el recinto de Diputados.

Los defensores de la eliminación de las PASO sostienen que el sistema actual no solo representa un gasto significativo, sino que también ha generado conflictos internos en las fuerzas políticas, debilitando la cohesión partidaria. Por otro lado, quienes se oponen a la reforma advierten que la eliminación de las PASO podría limitar la participación ciudadana y concentrar el poder de decisión en las cúpulas partidarias, reduciendo la transparencia en los procesos electorales.

El tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados ha evidenciado las tensiones entre los distintos bloques políticos. Algunos sectores cercanos al oficialismo, como el PRO, han manifestado su respaldo a la eliminación de las PASO, argumentando que esta medida permitiría optimizar los recursos del Estado y simplificar el calendario electoral. En contraste, la oposición ha expresado su rechazo, por ejemplo, el bloque Democracia, señalando que la reforma podría tener implicancias negativas para la democracia y el pluralismo político.

El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda será el primer paso formal en el tratamiento de la propuesta. El oficialismo buscará avanzar en un dictamen que permita llevar el tema al recinto, aunque las posibilidades de éxito dependerán en gran medida de las negociaciones con los bloques intermedios. La suspensión de las PASO, a diferencia de su eliminación, podría ser vista como una medida temporal que permita sortear las tensiones políticas actuales sin comprometer el sistema electoral a largo plazo.

En este contexto, el debate en comisión se presenta como un espacio crucial para alcanzar consensos o, en su defecto, profundizar las diferencias entre las fuerzas políticas. El resultado de estas discusiones será determinante para definir si el proyecto avanza hacia su tratamiento en el recinto o si queda archivado. Pero, también marcará el clima del resto de las discusiones de los proyectos que mandó el Ejecutivo al Congreso para las sesiones extraordinarias.

El Banco Banamex es uno de los más importantes en México, debido a la amplia gama de productos que tiene, entre los que se encuentran tarjetas de crédito, débito, créditos personales entre varios más, mismos que le permiten tener una gran cartera de clientes en el país.

Dentro del listado de todos sus productos, uno de los que más destacan son las tarjetas de crédito, las cuales cuentan con una amplia cobertura de aceptación en todo la República Mexicana, por lo que se pueden realizar compras con ellas en casi cualquier tienda.

Ante esto, es común que las personas se sobre endeuden con ella, al no medir sus adquisiciones o superar su capacidad de compra, excediendo el limite de sus ingresos. Es por ello que el banco ha presentado una alternativa para evitar este tipo de casos, aunque tendrá una comisión.

Banamex cobrará 799 pesos por Meses Sin Intereses

Banamex ha dado a conocer un nuevo servicio para sus cuentahabientes que tienen una tarjeta de crédito, quienes podrán diferir sus compras a Meses Sin Intereses, sin importar en que tienda se realicen, siempre y cuando sea dentro de la República Mexicana, aunque esto tendrá un costo adicional de 799 pesos anuales.

“Participan todas las Tarjetas de Crédito Banamex, excepto corporativas. El costo por comisión “Inscripción al programa para obtener Meses Sin Intereses” es de $799 + IVA por cada tarjeta de crédito”, señala Banamex en su portal web. De la misma forma, informan que participan también las tarjetas adicionales y el cobro de la comisión se realizará en la siguiente fecha de corte a partir de su primer parcialización.

Para poder registrar tu tarjeta en el programa “Pase Anual” tendrás que dirigirte al portal del banco y realizar la solicitud correspondiente para ingresar. Una vez que llenes los datos correspondientes, la institución bancaria te informará mediante correo electrónico de la respuesta, en caso de ser positivo, la primera parcialización se hará en un periodo máximo de 10 días hábiles.

“Se verá reflejada en el estado de cuenta de tu tarjeta inscrita al programa con la leyenda “Pase Anual”. La vigencia de tu programa inicia a partir de tu solicitud de inscripción y estará activo por 12 meses”, añadió Banamex. El cobro de la comisión podrá ser reembolsable dentro de los primeros dos meses posteriores a la primera parcialización.

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha entrado ya en la Asamblea de Madrid por el garaje mientras que Hazte Oír la ha recibido con tres autobuses con mensajes proyectados contra ella y su marido, Pedro Sánchez.

La Cámara de Vallecas recibe este miércoles a Gómez en la primera sesión de la comisión registrada por el PP en junio para discernir si hubo o no trato de favor con ella por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con su cátedra y másteres.

La esposa de Sánchez, que está llamada a comparecer a las 10 horas en la sala Caserón de San Bernardo, está previsto que sea recibida por el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien adelantaba este lunes que haría de "anfitrión" con Gómez.

Esta primera sesión de la comisión es el plato fuerte de la misma, ya que junto a la mujer del presidente comparecerán también el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y la interventora del centro, María Elvira Gutiérrez-Vierna.

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN

El PP tendrá un primer turno de dos minutos para fijar qué quiere que el ponente informe. El PP se centrará, según ha apuntado, en el proceso de creación, gestión y funcionamiento de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y del Máster en la materia impulsado por Begoña Gómez.

Una vez finalice ese primer turno, seguirán un turno de 20 minutos del grupo parlamentario y de la convocada en procedimiento de pregunta-respuesta. Tras ello tendrán 20 minutos el resto de partidos y otro turno de 20 minutos la ponente.

Aunque la presencia en la comisión es de obligado cumplimiento, Gómez, que está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional, podría acogerse a su derecho a no responder.

Profuturo AFP ha sido seleccionada por la la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para afiliar a los nuevos trabajadores que se integren al Sistema Privado de Pensiones (SPP) desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. Durante este periodo, los nuevos afiliados deberán permanecer en esta administradora por un plazo de dos años.

Desde su implementación en febrero de 2013, las licitaciones para nuevos afiliados al SPP han permitido una reducción continua en las comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En este contexto, la SBS llevó a cabo la séptima licitación pública, resultando ganadora Profuturo AFP con una propuesta de comisión anual del 0,68% sobre el saldo administrado.

La comisión propuesta por Profuturo AFP representa una disminución respecto a la tasa actual de 0,78% anual, lo que refleja el objetivo de las licitaciones de reducir los costos para los afiliados al sistema.

Desde que se iniciaron estas licitaciones, el mercado de pensiones ha experimentado una competencia creciente entre las AFP, lo que ha resultado en beneficios económicos para los nuevos afiliados. Este proceso busca no solo mejorar las condiciones para los usuarios, sino también fomentar la transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos de pensiones.

La SBS, como entidad reguladora, supervisa este proceso para asegurar que se cumplan los objetivos de la reforma y se protejan los intereses de los afiliados.

Profuturo AFP, al ganar esta licitación, se posiciona como la administradora encargada de gestionar los fondos de los nuevos afiliados al SPP durante el periodo estipulado, ofreciendo una comisión más competitiva que la vigente.

Profuturo AFP gana la sétima licitación de nuevos afiliados

La elección de Profuturo AFP forma parte de un proceso de licitación que ha permitido reducir significativamente las comisiones, generando un ahorro estimado de S/5.858 millones para los afiliados, según la SBS.

Desde el año 2013, el 81,2% de los afiliados al SPP se encuentra bajo un esquema de comisión calculada sobre el saldo acumulado de sus ahorros para la jubilación. Esta estructura ha sido clave para lograr la reducción de costos en la administración de los fondos de pensiones.

El proceso de licitación, que ha tenido lugar en seis ocasiones, ha sido un factor determinante para la disminución de las comisiones en el SPP, resaltó la superintendencia.

Este mecanismo ha buscado fomentar la competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a los afiliados. La reducción de las comisiones no solo representa un ahorro significativo para los trabajadores, sino que también mejora la rentabilidad neta de sus fondos de pensiones a largo plazo.

Las AFP tendrán otro año récord de ganancias por comisiones en 2024

En el SPP de Perú, las cuatro AFP del mercado, Hábitat, Integra, Prima y Profuturo, han experimentado un incremento notable en sus ingresos por comisiones.

A septiembre de 2024, estas entidades han generado un total de S/903 millones 18.487 en comisiones, superando los S/855 millones 567.214 registrados en el mismo periodo del año anterior. Este aumento de S/47 millones 451.272 sugiere un año más rentable para estas empresas.

Este crecimiento en las comisiones está directamente relacionado con el número de afiliados que cada AFP logra captar, ya que a mayor cantidad de afiliados, mayores son las ganancias obtenidas por este concepto.

El aumento en las comisiones refleja no solo un incremento en el número de afiliados, sino también una gestión eficiente de los fondos por parte de las AFP. Este panorama financiero positivo para las administradoras de pensiones se enmarca en un contexto donde la estabilidad y el crecimiento económico son factores clave para el desarrollo del sistema de pensiones en el país.

¿Aún no eliges una Afore o estás pensando en cambiarte a una que cobre menos comisiones por el manejo de cuenta? Si es así, debes saber que a partir de 2025 esta Administradora de Fondo para el Retiro ofrecerá la comisión más baja.

Se trata de la Afore Pensionissste, la cual disminuirá su comisión a 0.52 por ciento con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, como se indica en el aviso publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta comisión representa tres puntos base menos, en comparación con lo que cobrarán el resto de Administradoras, según informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a través de un comunicado.

“Esto significa que, por cada mil pesos en el saldo de las Cuentas Individuales de las y los trabajadores registrados en Pensionissste, sólo se cobrarán 5.2 pesos al año por manejo de cuenta”, dijo.

Lo anterior, luego de que en noviembre la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) determinó que el máximo al que estarán sujetas las comisiones que cobren las Afores, pasa de 0.57 a 055 por ciento para el 2025.

Esta reducción será menor a la de 2024 y tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores, debido a que se traducirá en un ahorro adicional y un saldo pensionario mayor, señaló la Consar en ese momento.

Para el año siguiente, las comisiones de las demás Afores serán:

• Azteca - 0.55
• Citibanamex - 0.55
• Coppel - 0.55
• Inbursa - 0.55
• Invercap - 0.55
• Principal - 0.55
• Profuturo - 0.55
• Sura - 0.55
• XXI Banorte - 0.55

¿Cómo elegir una Afore?

Según la Consar, al elegir una Afore es importante considerar tres aspectos: rendimientos, comisión y servicios.

• Rendimientos: se refieren a las ganancias generadas por la Afore al invertir los ahorros. Un rendimiento más alto implica un mayor crecimiento del ahorro.
  
• Comisión: es el monto cobrado por las Afore por la gestión de los recursos de la cuenta. Una comisión más baja se traduce en un mayor ahorro.
  
• Servicios: incluyen la gestión e inversión de los recursos, el envío del estado de cuenta tres veces al año, atención al cliente por teléfono e internet, y la disponibilidad de sucursales para atención presencial.

Una vez seleccionada la administradora, las contribuciones regulares realizadas por el empleador, el gobierno y el propio trabajador se sumarán en una cuenta individual hasta alcanzar la edad de jubilación.

Miami, 31 oct (EFE).- Un grupo de votantes de Miami Beach (EE.UU.) demandó este jueves a la ciudad por eliminar una pregunta en la papeleta electoral sobre un impuesto destinado a ayudar a las personas sin hogar, después de que los comisionados votaran por omitir el referendo.

Los diez demandantes dicen que la decisión de la ciudad no tiene precedentes y es "ilegal" y piden al tribunal, por ello, que emita una orden judicial que permita votar sobre la pregunta de un impuesto a los alimentos y bebidas para apoyar los servicios a los 'sin techo' y víctimas de la violencia doméstica.

Esta medida inserta en la boleta electoral fue objeto de campaña pública y debate durante más de un año, pero una mayoría (4 a 3) de la comisión de la ciudad votó pedirle al condado de Miami-Dade que la retirara, "por la sencilla razón de que no les gusta el Impuesto de Asistencia a Personas sin Hogar y no quieren que se apruebe", señala la demanda.

Obrando así, la comisión de Miami Beach "ha frustrado la oportunidad de los votantes de ser escuchados, ha sumido la elección en el caos en el momento más delicado y ha impuesto una carga casi imposible a los funcionarios electorales", dice la denuncia.

Apunta la reclamación que, aun cuando una mayoría de comisionados de la ciudad "teme" una votación pública a favor de "un impuesto modesto" para respaldar la asistencia a las personas sin hogar y las víctimas de violencia doméstica, "no se les debe permitir detener una elección legal que ya está en marcha".

A pesar de que más de 20.000 residentes en Miami Beach ya han emitido sus votos y de que falta menos de una semana para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la comisión de Miami Beach votó por mayoría declarar que los resultados del referéndum no contarán.

La comisión aprobó el miércoles una resolución que solicitaba que se anulara la pregunta de la papeleta sobre este asunto, bajo el nombre 'Referéndum 8'.

Luego, la comisión dio la aprobación a una medida que derogaba una ordenanza de 2023 que autorizó a Miami-Dade a cobrar este impuesto en Miami Beach, pendiente de una aprobación de los votantes, recogió el diario The Miami Herald. EFE

El Congreso avanza para cambiar la ley de DNU

• La oposición quiere poner límites a los decretos de necesidad y urgencia que firma el Presidente.
• Quieren establecer un límite de 120 días para que ambas Cámara se expidan. Si una sola rechaza, el decreto quedaría sin efecto
• El plenario de comisiones debe dictaminar hoy porque en la última sesión se aprobó un emplazamiento

Lo esencial: la oposición negocia para avanzar esta tarde con un dictamen de consenso para reformar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Si bien todavía no se llegó a un texto en común, tanto el peronismo como Encuentro Federal, Democracia para Siempre (radicales), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunas fuerzas provinciales coinciden en que el gobierno de Javier Milei utilizó de forma abusiva esta herramienta y se deben establecer limitaciones. Si consiguen el dictamen, el tema quedaría listo para debatirse en el recinto a pesar del rechazo libertario.

Sectores de la oposición dialoguista, el peronismo y la izquierda están cerca de llegar a un consenso para modificar la Ley 26.122 que regula el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. El objetivo es facilitar y acelerar el proceso para rechazar un DNU y así limitar una herramienta a la que el presidente Javier Milei ha recurrido en repetidas ocasiones ante su debilidad parlamentaria.

Este miércoles es la fecha límite del emplazamiento que la oposición aprobó durante la última sesión, luego de que el oficialismo lograra sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El emplazamiento obligó al oficialismo a convocar a especialistas para que expongan en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Luego de dos reuniones informativas, hoy se deberá avanzar con el dictamen, ya que el oficialismo no puede por reglamento posponer el debate. A los libertarios solo les queda convencer a los dialoguistas para evitar que el peronismo llegue a juntar la mitad de las firmas del plenario. Pero este no sería el caso ya que diferentes sectores, como el bloque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los radicales de Democracia para Siempre, han dejado en claro que pretenden llevar el tema al recinto.

Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) y el Presidente solo puede utilizarlos bajo una premisa: que existan “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, de ahí el nombre decretos de “necesidad y urgencia”. No obstante, este criterio pocas veces se cumple y los gobiernos utilizan los decretos para avanzar con iniciativas que no reúnen consenso opositor. Por ejemplo, el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.

Según la Ley 26.122, el Congreso no puede cambiar los decretos, solo ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE. En caso de no ser rechazados, quedan vigentes con fuerza de ley.

Las negociaciones continúan por estas horas y según pudo saber Infobae algunos espacios abogan por un texto “minimalista” que permita dejar de lado las diferencias. Hay varios puntos en discusión: en primer lugar el límite de tiempo para que el Congreso se expida, y por otro lado la bicameralidad para la ratificación.

Mientras que el peronismo pretende que en 90 días ambas Cámaras rechacen o ratifiquen los decretos, los diputados de Encuentro Federal plantean que ese lapso de tiempo es demasiado corto y se inclinan por los 120 días (inspirado por la legislación de Brasil). Una vez cumplido el plazo, los decretos pierden vigencia automáticamente. En tanto, desde la Coalición Cívica advierten que lo mejor es no poner plazos (como funciona en la actualidad).

Por otro lado, la mayoría coincide en que ambas Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme, lo que en la práctica se traduce en que el rechazo de alguno de los cuerpos sería suficiente para que un DNU quede descartado. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio ahora se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.

El debate sobre la ley de DNU tuvo la particularidad de que dos de los principales bloques cambiaron su posición histórica. A pesar de que siempre la defendió, Unión por la Patria accedió a modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque entienden que Milei está haciendo un uso abusivo de esa herramienta. Como ejemplo destacan que ningún gobierno sacó un decreto como el 70/2023 de desregulación de la economía, que modificó cerca de 300 normas. Del otro lado, el PRO, que durante el kirchnerismo impulsó varios proyectos para limitar el uso de los DNU, ahora jugó tácitamente con el oficialismo y pidió más tiempo para dar “un debate serio”. Con malicia algunos diputados memoriosos recordaban que la propia Patricia Bullrich había presentado un proyecto en este sentido durante su paso por la Cámara de Diputados.

Si Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el FIT llevan el tema al recinto la media sanción quedará en manos el bloque radical, que recientemente sufrió una fractura y sigue definiendo cómo será su relación con el Gobierno, y de Innovación Federal, que responde a gobernadores de tres provincias que siguen de cerca las negociaciones por el Presupuesto 2025.

Los Veintisiete han alcanzado este martes un acuerdo sobre nuevos límites a las capturas pesqueras de las principales poblaciones de peces del Mar Báltico, incluidos el arenque, el bacalao, la solla, el espadín y el salmón, con el fin de garantizar unas poblaciones sostenibles y un sector viable para el futuro.

En vista de que las poblaciones de bacalao del Báltico oriental y occidental se encuentran en malas condiciones, el Consejo ha acordado seguir fijando un total admisible de capturas (TAC) únicamente para las capturas accesorias, con el fin de permitir la recuperación de las poblaciones.

En comparación con el año pasado, los límites de captura se han reducido en un 28% y un 22%, respectivamente. Además, el Consejo ha respaldado la propuesta de la Comisión de mantener la prohibición de la pesca recreativa de bacalao en toda la zona, pero teniendo en cuenta las capturas accesorias accidentales.

Los ministros han decidido reducir también los límites de captura del salmón en un 36% para la población de la cuenca principal y mantener el TAC del año pasado para el salmón en el Golfo de Finlandia.

Además, se mantiene el límite de la pesca recreativa del salmón en la cuenca principal a la captura de no más de un ejemplar de salmón con aleta adiposa cortada por pescador por día.

AUMENTA EL LÍMITE DE CAPTURAS DE ARENQUE

Dado que el año pasado la población de arenque del Báltico central aumentó por encima del nivel mínimo sostenible y las previsiones científicas para esta población son positivas, el Consejo ha acordado aumentar las posibilidades de pesca en un 108%, de acuerdo con la propuesta de la Comisión.

Asimismo, se han respaldado las propuestas relativas al arenque en el Golfo de Riga y en el Golfo de Botnia, donde se han aumentado los límites de captura en un 10% y un 21%, respectivamente, a la luz del asesoramiento científico positivo.

En el caso del arenque del Báltico occidental, debido a los bajos niveles de biomasa, el Consejo ha pactado transferir el TAC del año pasado para las capturas accesorias inevitables, es decir, los peces capturados de forma no intencionada durante la pesca de otras especies. Los Veintisiete también han decidido mantener la exención vigente actualmente para la pesca costera a pequeña escala.

Vox en Madrid ha incluido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre sus 74 comparecientes para la comisión que investigará en la Asamblea si hubo trato de favor entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su mujer, Begoña Gómez.

Así figura en la lista registrada por la formación encabezada por Isabel Pérez Moñino que también propone otro nombres como la propia Gómez o Víctor González de Aldama. Tras aprobarse este lunes que el número de comparecientes se repartirá por Ley D'Hont, Vox contará con un único llamamiento.

Desde que el PP registrara la comisión en junio desde Vox habían asegurado que llamarían a Begoña Gómez y también situaban en el foco al presidente del Gobierno, aunque indicaban que dependería de cómo avanzase la investigación. Sánchez no estaría obligado a acudir, ya que sus espacios de fiscalización son el Congreso de los Diputados y el Senado.

Tras constituirse la comisión desde Vox advertían de que tendrían una lista "hasta el suelo" de posibles personas para poder "arrojar luz" sobre la cátedra y recordaban que han "liderado" la causa como acusación popular en los juzgados. Es por ello que cargaban contra el PP por permitirles llamar únicamente a una persona y Pérez Moñino acusaba a los 'populares' de tratar de "aislar" a Vox en esta comisión.

ALDAMA, BARRABÉS Y CALVIÑO

Además del presidente del Gobierno y de su mujer, Vox ha incluido también a dos exministros: la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y extitular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el presidente del Consejo Superior de Deportes y exministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

En el campo universitario han reclamado la presencia de los rectores de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos López, y también a miembros de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM --dirigida por Begoña Gómez-- como los miembros del claustro de profesores Carmen Comos y Ángel Fraile.

También figuran el presidente del IE Bussiness Scholl, Diego del Alcázar Silvela, por el África Center que dirigía Begoña Gómez. Se encuentran la expresidenta del mimso Felicia Appeteng y dos responsables de empresas colaboradoras con el mismo: Javier Hidalgo (Globalia) y Leticia Lauffer (Wakalua).

La lista incluye también a protagonistas en al instrucción que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado. Entre ellos está el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya empresa Barrabés S.A. era una de las entidades colaboradoras de la cátedra, que está siendo investigado.

Junto a él se encuentran el exdirector general del Grupo Luis Marín Bernardos, el actual director general, Luis Miguel Ciprés, y el socio de Juan Carlos Barrabés, Víctor González de Aldama, a quien la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa como "nexo corruptor" del 'caso Koldo'.

Asimismo plantean llamar a responsables de empresas colaboradoras con la cátedra de Begoña Gómez como Amado Ramo Guillén (Indra Business Consulting), David Cierco Jiménez de Parga (Red.es), Albino Campo (Numintec Comunicaciones), David Sanza (FECOR), Félix Jordán de Urriés (Fundación Deporte Joven) y Germán Granda (Forética).

Los bloques de la oposición están a la espera de que el oficialismo, a través del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado José Luis Espert, envíe la hoja de ruta para el debate en comisión de la ley que fija los ingresos y egresos estimados para el 2025.

Mientras esperan el llamado de Espert, los bloques trabajan en sus propios proyectos y ya se descuenta que habrá, como mínimo, cuatro dictámenes respecto del presupuesto, lo que complica las aspiraciones del oficialismo. Uno de LLA, otro de UP, un tercero de la izquierda y, por último —el más complicado para la Casa Rosada— el que está trabajando Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, parte de Innovación Federal y una parte del radicalismo.

El Gobierno dice que está dispuesto a negociar, pero se mantiene inflexible en algunos puntos. Algunos son más para la foto, como es el caso de la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Es un secreto a voces que no asiste a la comisión porque tiene miedo de quedar atrapado y luego viralizado en redes. Se excusa diciendo que es “un show” y que por eso no va. “El tipo dice que es un show, pero manda a su mano derecha, Pablo Quirno, pero además, ¿cómo va a decir que el debate en el Congreso es un show? ¿Y lo dice en televisión? Tiene miedo, y el ministro de Economía, imaginate cómo debate con los poderosos”, señaló un diputado de UP, bastante molesto con los dichos.

Pero otros puntos forman parte del eje de la administración de Javier Milei, donde, por ahora, parece estar poco dispuesto a ceder es en los fondos que el presupuesto destina a la SIDE y a la Secretaría General de la Presidencia, los ámbitos que manejan Santiago Caputo y Karina Milei, y así lo establecieron en el proyecto, en el que incrementan los fondos muy por encima de la inflación, marcando un alza de 100% para el 2025, cuando estiman que el costo de vida subirá 18%.

La Secretaría General de la Presidencia tiene un incremento de 103%, y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida en términos nominales para el 2025. La SIDE tiene estimados gastos por $197,2 mil millones. La contracara de esto es Educación, que cae 0,3% en 2025 en términos reales respecto de este año, que ya cae poco más de 30% con respecto a los gastos esperados por el Gobierno para 2024. Algo similar sucede con los gastos en jubilaciones, que este año caerían alrededor del 15% y que se mantendrían estables para el 2025.

Ahí es donde tienen puesto el foco los bloques de la oposición. Mientras se recortan todas las partidas, en esos sectores se incrementan. “De ahí vamos a sacar parte de la plata para jubilados, las provincias y universidades, que es 0,7% del producto. Y el resto de los regímenes especiales”, explicó un diputado de la oposición.

Nicolás Massot, referente de Encuentro Federal en el tema, señaló que el bloque va a plantear “un presupuesto equilibrado, pero con una política económica diferente. Estamos trabajando en un dictamen propio que le garantice el financiamiento a las universidades, que mejore los haberes jubilatorios teniendo en cuenta la inflación de todo este año, que no se tuvo en cuenta, que fortalezca un poco la situación de los servicios en las provincias, que han sido recortadas por el gobierno nacional, y que todo eso tenga un financiamiento; el financiamiento que el Gobierno se negó a obtener, que nosotros vamos a ir a buscar revisando regímenes especiales y gasto tributario, exenciones impositivas o alícuotas reducidas de sectores que tienen razón de ser”, explicó en una entrevista radial.

“Si no hay plata y estamos haciendo un esfuerzo colectivo, lo tienen que hacer todos los sectores de manera pareja. Entonces, eso que era tan fácil y que el Gobierno se rehusó a hacer es lo que nosotros vamos a hacer en este presupuesto”, agregó.

La posición de Massot es la que miran en la Casa Rosada. En el bloque están un poco “cansados” de La Libertad Avanza y de sus manejos. El recorte en las provincias y la suba de fondos para Karina Milei no es bien recibido entre sus miembros. Y cuenta con una ventaja, que es el número que está aglutinando alrededor de su dictamen. Si avanza la idea del trabajo conjunto con el resto de los bloques —sin UP y la izquierda— tendrán seguramente el dictamen de mayoría.

El martes se retoma el debate. Caputo no asistirá, pero está citada otra persona que seguro generará discusiones, ya que será el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Washington, 4 oct (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyó este viernes su consejo directivo, donde ha acordado incrementar la producción regional de vacunas para frenar su dependencia.

El consejo, que se reúne una vez al año, cerró las puertas de su 61ª edición tras cinco días en los que representantes de los ministerios de salud, expertos de la OPS y demás socios abordaron desafíos que "afectan a la salud y el desarrollo" de la región, según un comunicado difundido por la organización.

Los delegados pactaron la aprobación de incentivos a través de sus Fondos Rotatorios Regionales para aumentar la producción de vacunas, medicamentos y otras tecnologías para no repetir lo vivido durante la pandemia de la COVID-19.

En total se aprobaron 14 resoluciones que, en palabras del director del organismo, el doctor brasileño Jarbas Barbosa, son "vitales".

Entre ellas, destacan la Estrategia 2025-2029 para hacer frente a la sepsis, acciones para reforzar el control del tabaco centradas en los jóvenes y un plan sobre inteligencia epidemiológica para ayudar a los países a detectar amenazas de forma temprana.

Otro tema tratado fue la aplicación de la telesalud, con la que la OPS promete cerrar brechas en el acceso a la atención médica, lo que resulta especialmente ventajoso para quienes viven en zonas remotas y de difícil acceso.

"El intercambio de experiencias, logros y desafíos en la implantación de la telesalud es crucial, ya que informará nuestros esfuerzos de colaboración y guiará nuestra acción colectiva de cara al futuro", declaró Barbosa, que instó a todos los países a reafirmar su compromiso con la equidad, el respeto y la solidaridad. EFE

El oficialismo definió que el martes que viene comenzará el debate del Presupuesto 2025. Así lo estableció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, que ya hizo circular el llamado para la semana que viene a las 14 horas. El llamado establece que fueron invitados el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y “funcionarios del Ministerio de Economía”, quienes expondrán sobre el “Mensaje Nro. 0051/24 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2024 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025″.

Con el proyecto ya ingresado y analizándose por los especialistas de cada uno de los bloques, el Gobierno arrancó las negociaciones con los gobernadores la semana pasada. En una videoconferencia, el Gobierno representado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, explicaron a los jefes de los estados provinciales los grandes números del proyecto de ley y cómo será el ajuste que Milei dijo que las provincias deberían encarar.

Pero, a pesar de que habló con los gobernadores, el Gobierno canceló el pedido de los bloques de la oposición para que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ya había adelantado que no tenía intenciones de asistir al debate, estuviera presente. Esto va a generar discusiones, ya que desde todos los bloques habían reclamado la presencia del ministro. El pedido se repite desde el debate de la Ley de Bases, en donde tampoco asistió Caputo.

“Nosotros le dijimos al jefe de Gabinete Guillermo Francos y a Menem -Martín, presidente de la Cámara de Diputados- que tiene que venir”, señaló una fuente de la Unión Cívica Radical. “Él y todos los secretarios tienen que venir a responder preguntas”, agregó. En la misma línea se mostraron los referentes de los otros bloques. Así fue que tanto desde la Coalición Cívica como desde Encuentro Federal ya le hicieron saber al titular de la Cámara que es una “necesidad” para todos que Toto vaya a responder preguntas. “Nosotros ya adelantamos que sin Caputo en la comisión explicando el proyecto, es muy difícil que acompañemos un dictamen”, señalaron desde el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto al presidente de la Cámara de Diputados.

La respuesta del oficialismo a ese pedido de la oposición llegó de la mano del diputado Espert, quien días atrás dejó en claro que los límites de la negociación son exiguos. En declaraciones a Radio Mitre, el libertario dijo: “Si la oposición no lo aprueba, es la clara demostración de que lo único que quiere es seguir con un modelo miserable que transformó a la Argentina, yo creo, en una villa miseria. Seguiremos insistiendo para un país próspero. Se seguirá gobernando con el presupuesto a través de decretos y resoluciones”, es decir, reconducir el del 2022. Esto fue ratificado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Como era de suponer, el mismo reclamo llegó desde el bloque de Unión por la Patria, que presentó una lista de los funcionarios que quieren que asistan al Congreso de la Nación. Además, desde el bloque que comanda Germán Martínez señalaron que cuando ellos fueron gobierno “pasaron por la Comisión hasta los presidentes de las empresas públicas”.

En lo que se refiere a los lineamientos macro, el proyecto de ley explica que el Gobierno espera que el tipo de cambio oficial cierre 2024 en $1.019 y alcance los $1.207 en diciembre de 2025. A su vez, se proyecta una inflación del 104,4% para este año y 18,3% para 2025. El año que viene y en 2026 el PBI crecería 5% anual. Desde el punto de vista impositivo, el proyecto señala una caída en la recaudación de Bienes Personales de 22,7% y una suba de lo recaudado por retenciones del 100%.

Las primeras opiniones de los bloques de la oposición no son favorables a los números del Presupuesto que envió la Casa Rosada y que presentó el presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara de Diputados, por lo que el Ejecutivo enfrenta el dilema de establecer el límite de la negociación.

La Comisión reformadora del Código Penal de la Nación, que comenzó a funcionar hace seis meses, terminó ayer su trabajo con un nuevo texto que tiene tres libros y 538 artículos. La comisión se reunió ayer en los tribunales de Comodoro Py con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.

El ministro destacó que se creó “un nuevo Código Penal que integra las leyes especiales y las más de novecientas reformas en un cuerpo único, ordenado, clarificador, que organiza e integra la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Casación y las obligaciones del Estado argentino con la más moderna doctrina”. “La sociedad clama por justicia y nadie puede negar que este anteproyecto ordena un código detonado, por más de novecientas modificaciones, que superará el fracaso de otros intentos de reforma, y dará como resultado previsibilidad y seguridad jurídica”, señaló el Ministro de Justicia a través de un comunicado de la comisión.

La comisión está integrada por Jorge Buompadre, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

“El actual código es de 1921, el nuevo texto suma la protección de nuevos bienes jurídicos como el orden internacional, los informáticos, el ambiente sano, los relacionados con el deporte, el patrimonio cultural y arqueológico, entre muchos otros; y también nuevas formas delictivas complejas como el crimen organizado, el narcotráfico a nivel global, el terrorismo, el cibercrimen, la trata y conceptos como la reiterancia y los días-multa”, enumeró Borinsky y adelantó que “en el próximo encuentro se trabajará las cuestiones de forma y la exposición de motivos”.

Los juristas definieron en un artículo una serie de conceptos del nuevo Código como “funcionario público” y “empleado público” que designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente; “mercadería” que designa a toda clase de efectos susceptibles de expendio y a las divisas; “estupefacientes” que comprende a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el término “clandestinidad” que consiste en una ocupación subrepticia de la propiedad, con ocultación y aprovechando la ausencia del tenedor, poseedor o cuasi poseedor; en tanto “persona mayor” hace referencia a toda persona humana mayor de sesenta años de edad; y por “guardador” se entiende a quien tiene a su cargo o cuidado una persona menor de edad, por cualquier motivo, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores.

Por “tortura” se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tuvieran gravedad suficiente; “explotación” cuando existiera una relación de subordinación de la víctima con el autor respecto del ejercicio de su sexualidad. Mientras que “discriminación” y “discriminatorio” comprenden toda distinción, exclusión, restricción o cualquier otra conducta que implique jerarquización de seres humanos basada en religión, cosmovisión, nacionalidad, género, orientación e identidad sexual, condición social, filiación o ideología política, características étnicas, rasgos físicos, padecimientos físicos o psíquicos, capacidad disminuida, prejuicio racial o cualquier otro semejante.

Más tarde, el cuerpo se centró en el último título, del segundo libro, referido a los delitos contra la propiedad intelectual, allí avanzaron en los delitos contra los derechos de autor, contra la propiedad de marcas y designaciones, contra los derechos sobre modelos y diseños industriales y patentes, entre otros.

En ese contexto los expertos decidieron que quedan exentos de pena en relación con los delitos por derecho de autor, las bibliotecas; los archivos y los museos públicos o pertenecientes a instituciones sin fines de lucro; o instituciones científicas o establecimientos de enseñanza; o los integrantes de sus órganos, que hubieren intervenido en el hecho, siempre que la actividad se dirija al cumplimiento de sus fines institucionales, y cuando no afecten la explotación normal de la obra, ni causen perjuicio significativo a los intereses legítimos del autor o sus herederos.

Los integrantes de la Comisión decidieron incluir un Tercer Libro al Código Penal que tipifique los delitos contra la humanidad, la desaparición forzada de persona, el genocidio,
los delitos de guerra y los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional.

Esta decisión es resultado de la necesidad de contener en un mismo marco una parte general propia de estos delitos, que tienen una naturaleza jurídica distinta de los restantes previstos en el anteproyecto.

Con ese objetivo, se incorporan a este nuevo libro reglas generales aplicables a estos delitos y definiciones contenidas en instrumentos internacionales, a fin de otorgarles autonomía.

Entre las reglas generales específicas que caracterizan a esta clase de delitos se encuentra la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena impuesta; la inaplicabilidad del indulto o la amnistía; la jurisdicción universal; la imposibilidad de invocar como defensa la obediencia debida a las órdenes de los superiores. Para su formulación se tuvieron en cuenta convenciones incorporadas a nuestro bloque de constitucionalidad y tratados sobre la temática a los que la Argentina se ha obligado.

El Gobierno acelera el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y es por eso que desde las presidencias de ambas Cámaras comenzaron con el armado de una comisión especial fundamental para que se pueda desarrollar el proceso. La presidencia de Diputados, a cargo de Martín Menem, y del Senado, en cabeza de Victoria Villarruel, solicitaron a los bloques que envíen la lista de los nombres de los legisladores que proponen para que formen parte de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Aunque en agosto se reglamentó la Ley de Bases y ya había ocho empresas del Estado sujetas a privatizaciones o concesiones, no fue hasta la semana pasada, cuando comenzó el debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, que las autoridades enviaron a los bloques el pedido del listado. Para el caso de una privatización están Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Para una privatización o concesión quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

En la Cámara de Diputados, el viernes por la tarde ya habían llegado las respuestas de todos, incluyendo a Unión por la Patria. En el caso del Senado, hasta el viernes a última hora, ningún bloque lo había hecho. Por otro lado, fuentes de la Cámara alta confiaron a este medio que aún no recibieron el listado de los representantes de Diputados.

Un punto a resolver respecto de esta comisión que ahora toma importancia es que, como en las gestiones anteriores no había empresas privatizadas, no había mucho interés por su conformación. Por lo tanto, ahora están definiendo a quién le toca la presidencia, si al Senado o a Diputados. Además, es una de las comisiones especiales, no permanentes, con lo cual sólo se conforma a los efectos de uno o varios casos específicos.

La conformación de la misma sigue el mismo modelo que, por ejemplo, la bicameral de Trámite Legislativo. Por el Senado, La Libertad Avanza tiene un representante, uno el PRO, dos por Unidad Federal, uno por la UCR y tres por UP. En tanto, por la Cámara Baja, dos de LLA, uno del PRO, uno de la UCR, otro de la CC y tres de Unión por la Patria.

El martes de la semana pasada, en medio del debate en el plenario de la Comisión de Hacienda y Transporte, se escuchó el reclamo de la conformación por parte del diputado de HCF, Nicolás Massot, quien tuvo un cruce por este punto con el diputado libertario José Luis Espert.

Este último le preguntó, de forma socarrona, si no había recibido el pedido de parte de la Presidencia de la Cámara, en alusión a la negociación fallida que dejó a este bloque sin una silla en la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Massot respondió que no, y que quizás esto se debía a “esta nueva costumbre en la Cámara en la que no se cumplen los acuerdos, en donde todo es ‘blue’, hay reuniones en departamentos de Recoleta o asados”.

En medio de esto, se espera el Decreto de Necesidad y Urgencia que adelantó el vocero presidencial, que iba a firmar el presidente Javier Milei, en referencia a declarar a la compañía aérea sujeta a ser privatizada y con la intención de que tenga un trato de preferencia en la Cámara de Diputados.

El DNU no se publicó aún, y en el entorno de La Libertad Avanza confían en que tendrán los votos necesarios en la comisión para que tenga dictamen positivo y poder llevarlo al recinto. Estaba previsto para mañana una nueva reunión del plenario, pero como habrá sesión fue suspendida. Según la agenda que publica la página web de Diputados, no está previsto que esta semana se vuelvan a reunir las comisiones.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, ya pasó por el Congreso de la Nación para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2025 y ahora es el turno de los legisladores y los ministros de empezar a organizar el debate.

Hoy se iban a reunir el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, con los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, y del Senado, Ezequiel Atauche, para empezar a delinear lo que será el debate en la previa a que el proyecto pueda ir al recinto. Finalmente, lo pospusieron para el miércoles.

“La idea es trazar una estrategia conjunta para que cuando llegue al Senado ya esté allanado el camino, si es que se puede lograr eso, y no arrancar de cero una vez que haya pasado por Diputados sino hacerlo todo junto”, explicó una fuente libertaria que sigue de cerca las conversaciones.

Los equipos técnicos de cada uno de los bloques ya comenzaron el análisis del proyecto en donde parecen dividirse en dos puntos estratégicos: la presión tributaria y las obras públicas.

En el primero de los casos es donde hoy está centrado el debate. Desde la oposición hacen referencia a la “inconsistencia” de los datos presentados y la suba de la presión tributaria. “Para el propio gobierno, la presión impositiva pasaría del 22,37% del PIB en 2024 a 22,92% en 2025″, explicó Guillermo Michel, mano derecha del ex ministro Sergio Massa, en un hilo en la red social X.

El Presupuesto establece desde el punto de vista impositivo una caída en la recaudación de Bienes Personales de 22,7% y una suba de lo recaudado por retenciones del 100%. Respecto a este punto, desde la oposición señalan que “no queda claro cómo piensan lograrlo, lo que sí está claro es que no bajan”. Las primeras opiniones de los bloques de la oposición no son favorables a los números del Presupuesto que envió la Casa Rosada y que presentó ayer Milei, por lo que el Ejecutivo enfrenta el dilema de establecer el límite de la negociación y es por eso que ya mandó la primera señal.

Durante la mañana de hoy el diputado Espert dejó en claro que los límites de la negociación son exiguos. En declaraciones a Radio Mitre, el libertario dijo: “Si la oposición no lo aprueba es la clara demostración que lo único que quiere es seguir con un modelo miserable que transformó a la Argentina, yo creo, en una villa miseria. Seguiremos insistiendo para un país próspero. Se seguirá gobernando con el presupuesto a través de decretos y resoluciones”. Es decir, reconducir el del 2022. Esto fue ratificado por el vocero presidencial Manuel Adorni. Y abre una nueva discusión.

“La ley de administración financiera no está pensada para la reconducción sistemática del presupuesto”, explicó una alta fuente de Unión por la Patria.

En el radicalismo, como era de suponer, las aguas están divididas respecto de esto. “Hay una discusión sobre eso. Algunos creen que no hay límite temporal (o sea se podría reconducir múltiples veces), pero tiene el límite material que le impone la ley, de reconducir solo partidas ordinarias. Hay quienes piensan que no puede haber más de una reconducción”, explicó un hombre que participa de las negociaciones entre el bloque y el Ejecutivo.

En el caso de los que entienden que sí se podría volver a reconducir, señalan que se podría hacer sumando las ampliaciones y actualizaciones aprobadas por el Poder Ejecutivo en 2024.

El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera dice que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, pero no hace ninguna referencia a la cantidad de veces que se puede hacer, por eso entienden que se podría reconducir el Presupuesto 2022 con algunas actualizaciones. Para los que entienden que no es posible, la mirada está puesta en la discrecionalidad en el uso de los fondos y el recorte de las partidas solo por inflación.

“Si siguen con el Presupuesto de Massa el Gobierno va a tener mayor fondos sin asignación específica, lo que lo hace más difícil de controlar y le da un libertad de acción muy grande en un año electoral”, se quejó una diputada de Unión por la Patria.

Santander, uno de los principales bancos en México, informó a sus clientes sobre un ajuste en las tarifas por reposición de tarjetas.

A partir de ahora, la institución cobrará 100 pesos por la reposición de una tarjeta de débito, ya sea por desgaste, robo o extravío.

Este nuevo costo aplica a todos los usuarios de tarjetas de débito tradicionales y representa un incremento con respecto a comisiones previas.

En el caso de los clientes que manejan la Súper Cuenta Nómina, el costo por la reposición de una tarjeta será menor. Santander ha establecido una tarifa de 75 pesos para este producto, lo que representa un beneficio para los usuarios que reciben su salario mediante esta cuenta.

Esta tarifa es también aplicable a la reposición de tarjetas digitales, ofreciendo un alivio a aquellos que prefieren las alternativas electrónicas para sus transacciones diarias.

Comisiones diferenciadas para distintos productos

El anuncio ha generado diversas reacciones entre los clientes del banco, especialmente entre aquellos que utilizan con frecuencia las tarjetas físicas y se ven expuestos a un mayor riesgo de desgaste o extravío.

A pesar de que algunos usuarios consideran que la comisión de 100 pesos por reposición de tarjeta de débito es elevada, la diferencia de tarifas para las cuentas de nómina y las tarjetas digitales ha sido bien recibida, ya que ofrece una opción más económica para aquellos que prefieren estos productos.

Este cambio en las tarifas se da en un contexto en el que las instituciones financieras en México buscan ajustar sus servicios a las nuevas demandas del mercado.

Las tarjetas digitales han ganado popularidad en los últimos años, gracias a su facilidad de uso y la menor necesidad de mantenimiento o reposición en comparación con las tarjetas físicas. Santander parece estar respondiendo a esta tendencia al ofrecer una comisión más baja para quienes optan por estas alternativas digitales.

¿Cómo afecta a los usuarios?

Los clientes que sufren un robo o extravío de su tarjeta de débito deberán ahora considerar este nuevo costo al momento de solicitar una reposición. Por otro lado, aquellos que usan la Súper Cuenta Nómina o las tarjetas digitales podrán beneficiarse de una tarifa más accesible, que reduce el impacto económico en caso de necesitar un nuevo plástico.

Santander ha introducido una política de comisiones diferenciadas, que busca equilibrar las necesidades de sus distintos tipos de clientes, al tiempo que ajusta sus tarifas para mantenerse competitivo en el mercado financiero mexicano.

El reciente colapso del cuórum en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, provocado por varios congresistas de distintos partidos, ha generado retraso en los procesos activos contra el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo a La FM, se evidenció el documento donde se muestra el número de procesos que se tiene en contra del mandatario, llegando a los 114 procedimientos.

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El aplazamiento en la Comisíon ocurrió el 28 de agosto y ha sido un factor crítico en la parálisis de las investigaciones, la mayoría de las cuales están relacionadas con la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022.

Según el medio citado, Carlos Cuenca de Cambio Radical, Oscar Villamizar del Centro Democrático, Jorge Rodrigo Tovar y William Aljure de las Curules de Paz; y Juan Carlos Wills, Wadith Manzur y Daniel Restrepo del Partido Conservador desintegraron el quórum de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cuando se debían abordar las denuncias contra el presidente Gustavo Petro

La inacción de la Comisión, compuesta por 18 congresistas que se han negado a discutir y votar las denuncias, ha obstaculizado el avance hacia decisiones clave, como archivar las denuncias, abrir investigaciones formales o inhibirse de tomar medidas.

Cada vez que se intenta incluir estos casos en el orden del día, la falta de quórum retrasa no solo estos procesos, sino también otras funciones de la Comisión.

La Comisión solo ha iniciado una indagación previa basada en el testimonio de Nicolás Petro, quien admitió haber recibido al menos mil millones de pesos de empresarios y políticos cuestionados, lo que ha incrementado la presión para que la Comisión tome decisiones prontas.

Sin embargo, si no se actúa pronto, los representantes investigadores podrían emitir un auto inhibitorio que cerraría automáticamente los procesos en curso.

El motivo por el cual fue aplazada esta vez la sesión

Una solicitud de rotación simultánea del expediente fue la razón detrás del aplazamiento de la votación para formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y del entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa, según W Radio.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó esta decisión el pasado 29 de agosto, tras un acuerdo entre los magistrados, en relación con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño.

El aplazamiento se produce luego de que la votación estaba programada en el orden del día de la sesión. La ponencia, elaborada por los magistrados Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, será sometida a una rotación simultánea.

Armando Benedetti mantendrá su silencio en la investigación de la campaña de Gustavo Petro

Una carta enviada por Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en inglés) y dirigida a la Comisión de Acusación de la Cámara ha revelado su decisión de guardar silencio en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La misiva, según informó El Colombiano, llegó tras conocerse que Benedetti había sido incluido en la lista de investigados por un caso de presunta corrupción.

Benedetti, mediante su carta, se ampara en el artículo 33 de la Constitución Política que establece el derecho fundamental a guardar silencio. Respondiendo a un cuestionario enviado por la Comisión para su declaración jurada, Benedetti afirmó: “Me dirijo para manifestarle que me amparo en mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política”.

La polémica gira en torno a la posible financiación irregular de al menos 15.000 millones de pesos para la campaña del que se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia. La situación ha puesto en el ojo del huracán las acciones del actual embajador en Italia, quien hace más de un año estuvo involucrado en una serie de filtraciones que sugerían movimientos ilegales de dinero desde la Costa.

La Ciudad de México ha puesto en marcha el programa “Mi Beca para Empezar”, una iniciativa diseñada para brindar apoyo económico mensual a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas o Centros de Atención Múltiple (CAM).

Este programa tiene como objetivo principal apoyar a las familias que enfrentan dificultades económicas, brindándoles una ayuda financiera que les permita cubrir los gastos asociados con la educación de sus hijos.

Al mismo tiempo, el programa busca fomentar la continuidad educativa, asegurando que los estudiantes no abandonen sus estudios debido a problemas económicos. De esta manera, se busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las oportunidades educativas que merecen, sin importar su situación económica

Beneficios para estudiantes

El programa “Mi Beca para Empezar” ofrece una serie de beneficios para los estudiantes de educación básica y sus familias. En primer lugar, proporciona un apoyo económico mensual que ayuda a cubrir los gastos asociados con la educación, como útiles escolares, transporte y materiales.

Además, fomenta la continuidad educativa, lo que significa que los estudiantes pueden seguir estudiando sin interrupciones, lo que a su vez puede mejorar su desempeño académico y aumentar sus oportunidades de éxito en el futuro. También, el programa ayuda a reducir la carga financiera para las familias, lo que puede mejorar su bienestar económico y reducir el estrés.

• Apoyo económico mensual para estudiantes de educación básica.
• Fomento de la continuidad educativa.
• Apoyo a las familias con estudiantes en escuelas públicas o CAM.

El programa ofrece diferentes montos de beca según el nivel educativo. Los estudiantes de preescolar y CAM recibirán $600 MXN mensuales, mientras que los estudiantes de primaria y secundaria recibirán $650 MXN mensuales. Estos montos serán entregados mensualmente a los tutores de los estudiantes.

Requisitos que no debes olvidar

Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para participar en el programa “Mi Beca para Empezar”, ya que esto garantiza que los recursos se asignen de manera eficiente y justa. La presentación de documentos y información precisa es crucial para verificar la elegibilidad de los solicitantes y asegurar que el apoyo económico llegue a quienes realmente lo necesitan.

El incumplimiento de los requisitos puede resultar en la exclusión del programa, por lo que es esencial prestar atención a los detalles y seguir las instrucciones proporcionadas. De esta manera, se puede asegurar que el programa cumpla con sus objetivos y beneficie a los estudiantes y familias que más lo necesitan.

• Cuenta Llave CDMX.
• Identificación oficial.
• Comprobante de domicilio.
• CURP del estudiante.
• Constancia de inscripción en una escuela pública o CAM.

Para registrarse en el programa, los tutores deben reunir los documentos necesarios y acceder a la plataforma de registro. Una vez dentro, deben llenar el formulario de registro y subir los documentos requeridos. Es importante asegurarse de que todos los datos ingresados sean correctos y que los documentos estén en el formato requerido.

¿Por qué los bancos cobran comisiones?

Los bancos cobran comisiones por una variedad de servicios y transacciones que realizan los clientes. Una de las principales razones es para generar ingresos adicionales y aumentar sus ganancias. Se debe entender que los bancos cobran comisiones por el mantenimiento de cuentas bancarias. Esto incluye comisiones mensuales por el uso de chequeras, tarjetas de débito y crédito, y por la administración de la cuenta en general.

Otra razón por la que los bancos cobran comisiones es por los servicios de pago y transferencia de fondos. Por ejemplo, cobran comisiones por la realización de pagos con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas y giros postales.

Además, los bancos también cobran comisiones por servicios especiales como la emisión de cheques certificados, la realización de pagos en efectivo y la gestión de inversiones.

Es importante destacar que las comisiones bancarias pueden variar dependiendo del tipo de cuenta y del banco en cuestión. Por lo tanto, es recomendable que los clientes revisen detenidamente los términos y condiciones de su cuenta y comparen las comisiones de diferentes bancos antes de tomar una decisión.

Así puedes usar todo el dinero de tu tarjeta escolar

En un esfuerzo por mejorar la accesibilidad y seguridad en el manejo de fondos para estudiantes con becas, se han implementado nuevas opciones de retiro de efectivo y depósitos mensuales adicionales. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a los recursos económicos para aquellos que más los necesitan, brindando alternativas convenientes y seguras para el manejo de su dinero.

• Depósitos Mensuales Adicionales

Sí eres mayor de 18 años, puedes recibir depósitos mensuales de hasta 22 mil pesos adicionales al monto de tu beca. Esto te permite ahorrar y disminuir el riesgo de perder tu dinero en efectivo.

• Retiro de efectivo en cajeros y ventanillas del banco

También puedes retirar efectivo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones. Además, puedes retirar tu dinero directamente en ventanillas del banco, sin necesidad de acudir a cajeros automáticos.

• Pago con tarjeta en establecimientos

Puedes pagar con tu tarjeta en cualquier establecimiento que acepte tarjetas MasterCard, lo que te ofrece más flexibilidad y comodidad en tus compras diarias.

¿Y si solo quiero retirar el dinero?

Los estudiantes que reciben becas ahora tienen una nueva opción para retirar efectivo. En supermercados, pueden retirar hasta 2 mil pesos en efectivo presentando una identificación vigente y firmando su recibo. Esta nueva opción les permite acceder a su dinero de manera conveniente y segura.

En México, el Gobierno ha implementado un programa llamado Tarjeta del Bienestar que busca apoyar económicamente a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a los adultos mayores. Este programa, administrado por la Secretaría de Bienestar, ofrece una pensión bimestral destinada a cubrir las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios.

El proceso de obtención de la Tarjeta del Bienestar no es complejo pero cumplimentar ciertos requisitos es fundamental. Los solicitantes deben tener 65 años o más, ser residentes de México y presentar una serie de documentos oficiales que incluyen identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio y un número de teléfono de contacto.

Sumado a ello, el programa Tarjeta del Bienestar ha sido bien recibido por la población mexicana, especialmente por los adultos mayores que han visto mejorada su calidad de vida gracias a este apoyo económico. Sin embargo, aún existen muchos mexicanos que no conocen sobre este programa o que no han podido acceder.

Requisitos

• Edad de 65 años o más.
• Ser residente de México.
• Identificación oficial con fotografía.
• Acta de nacimiento.
• CURP actualizada.
• Comprobante de domicilio.
• Número de teléfono de contacto.

Por ello, la Secretaría de Bienestar ha implementado una serie de campañas de difusión y ha habilitado un call center para que los interesados puedan obtener más información y resolver sus dudas. Además, se han establecido módulos de atención en diferentes puntos del país para facilitar el trámite y agilizar el proceso de entrega de la Tarjeta del Bienestar.

¿Cómo puedo solicitarla?

Para solicitar la tarjeta, los interesados pueden comunicarse al número de atención telefónica 800-639-42-64 o al 01800-007-3705, o bien enviar un correo electrónico a demandasocial@bienestar.gob.mx para solicitar una visita a domicilio. Es vital tener preparados todos los documentos requeridos. Un representante de la Secretaría de Bienestar visitará el domicilio del solicitante para recoger estos documentos y completar el trámite.

Además de servir para recibir dinero en efectivo, la Tarjeta del Bienestar permite a los beneficiarios realizar compras en tiendas, pagar servicios como agua y luz, y hacer compras en línea. Esto no solo facilita el acceso a bienes y servicios esenciales, sino que también promueve la inclusión financiera y social de las personas mayores.

Una vez aprobada la solicitud, la Tarjeta del Bienestar se entrega directamente en el domicilio del beneficiario, aunque también está la opción de acudir a una sucursal bancaria o a un punto de atención autorizado para completar el proceso.

La iniciativa de la Secretaría de Bienestar tiene como objetivo principal asegurar que estos recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Se destaca la importancia de la documentación precisa para que la ayuda beneficie efectivamente a los adultos mayores que no cuentan con una pensión en una afore.

El peso económico de la comisión

Aunque el Banco del Bienestar tiene la mayor red de sucursales en México, sus clientes a menudo enfrentan limitaciones para acceder a sus servicios en persona, lo que los obliga a buscar alternativas en cajeros automáticos privados, donde se les cobra una tarifa adicional por cada transacción o consulta realizada.

Esta situación puede generar inconvenientes y gastos adicionales para los usuarios del banco. Por los tantos, en los siguientes bancos se desglosa el cobro del retiro del efectivo y el cobro por la consulta del saldo, el cual se cargaría directamente a monto total de tu tarjeta de la cual estas realizando la consulta.

• BanBajío: 23.20 pesos por retiro, 8.12 pesos por checar saldo.
• Inbursa: 22.00 pesos por retiro, 12.50 pesos por checar saldo.
• BanCoppel: 29.00 pesos por retiro, 11.60 pesos por checar saldo.
• Citibanamex: 30.74 pesos por retiro, 11.60 pesos por checar saldo.
• Banorte: 31.32 pesos por retiro, 11.60 pesos por checar saldo.
• BBVA: 34.22 pesos por retiro, 12.76 pesos por checar saldo.

• Scotiabank: 34.80 pesos por retiro, 11.60 pesos por checar saldo.
• HSBC: 35.00 pesos por retiro, 13.63 pesos por checar saldo.
• Banco Azteca: 35.00 pesos por retiro, 20.00 pesos por checar saldo.
• Santander: 40.36 pesos por retiro, 13.92 pesos por checar saldo.

¿Y si no quiero pagar comisión?

Para evitar el cobro de comisiones al retirar tu dinero del Banco del Bienestar, es fundamental acudir directamente a una de sus sucursales o cajeros automáticos. De esta manera, podrás acceder a tus fondos sin incurrir en gastos adicionales.

Si optas por retirar tu dinero en cajeros de bancos privados, como Banco Azteca, BBVA o Banorte, se te cobrará una comisión por la transacción. Por lo tanto, para ahorrar dinero y evitar comisiones, dirígete a una sucursal del Banco del Bienestar y retira tus fondos de manera gratuita.

El banco Banamex es una de las instituciones más importantes en México, contando con una gran cantidad de clientes, además de una diversa cantidad de productos, aunque varios de ellos pueden generar una comisión dependiendo de distintos factores, por lo que siempre es importante estar atento a esto.

La institución bancaria tiene grandes oportunidades financieras para sus clientes, sin embargo, estas pueden tener ciertas penalizaciones por su uso, mismas que incluyen el costo por brindar el servicio, manejo de cuenta entre otras.

Para este mes, se ha informado que Citibanamex, como también es conocido el banco, cobrará una comisión de 149 pesos para algunos de sus cuentahabientes, sobre todo para aquellos que tengan una tarjeta de crédito. De acuerdo con lo indicado por el documento “Comisión de tarjetas de crédito”, esta penalización se realiza para aquellos que mantengan un periodo de inactividad de por lo menos un mes.

Es por ello que recomienda utilizar al menos un peso en su plástico con cualquier compra, siendo de esta forma como evitarían cualquier complicación. Aunque esto también puede aplicar para los clientes que cuenten con una tarjeta de debito, debido a que el banco cobra una comisión por un periodo de inactividad de un año, siendo hasta el mes 13 cuando se realiza el cobro.

Es importante que los derechohabientes revisen de manera detallada antes de contratar algún producto, tomando en consideración los cobros que puede haber por el manejo de cuentas. De igual manera, podrían existir seguros u otros productos que se cobren de manera mensual.

También cabe recordar que siempre hay que estar al pendiente de las fechas de corte y de pago de nuestra tarjeta de crédito, para evitar pagar intereses por pagos tardíos.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúa desenredándose gracias a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y a las revelaciones que algunos de los implicados han hecho en medios de comunicación. Uno de ellos es el empresario Luis Eduardo López Rosero, también conocido como El Pastuso, que fue el elegido para la compra de los carrotanques para el suministro de agua para La Guajira, cuyo contrato fue objeto del desvío de recursos públicos.

En conversación con Noticias Caracol, el empresario reveló detalles de cómo se gestó el entramado en el que terminó involucrado. Según detalló, obtuvo el contrato para la adquisición de los carrotanques por cuenta de un amigo cercano al ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla y que para entonces trabajaba en la entidad.

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“Yo llego por la necesidad de unos recursos que me debía la entidad y me busca un amigo y me dice que tiene la posibilidad de llevarme a la entidad, primero, para que me paguen el dinero que me están debiendo y para tener oportunidad de hacer negocio con unos carrotanques”, precisó López Rosero al medio de comunicación citado.

Entonces, la Ungrd le solicitó empresas para adelantar el contrato. En un inicio, de acuerdo con su versión, la compañía Luket fue elegida para la adjudicación, pero luego fue entregado a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., de la cual tendría el control, a pesar de no ser el representante legal, según detalló Blu Radio.

Para poder quedarse con el millonario contrato por $46.800 millones, aproximadamente, accedió al pago de una coima que el exsubdirector de manejo de desastres le habría exigido. Según información revelada por el contratista ante la Fiscalía, y conocida por el medio citado, alcanzó a entregar $7.200 millones a Sneyder Pinilla como un adelanto del porcentaje que se había comprometido a girar por tener el contrato en sus manos.

“Es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12.5% y el 1.5% para ese contrato. Cuando ellos entregan el contrato, lo que me dicen es que hay que entregar una comisión de ese porcentaje que le acabo de decir”, aseveró López Rosero a Noticias Caracol.

Fue, justamente, Sneyder Pinilla la persona que le habría exigido el pago de la comisión. Sin embargo, aseguró que únicamente lo vio en dos ocasiones y que lo conoció gracias al amigo que lo vinculó con la Ungrd específicamente para el contrato de los carrotanques. “Me lo presentan en un bar por los lados del Tequendama y ahí conozco al señor Sneyder Pinilla”, indicó.

Entregó el dinero los días 2, 3 y 4 de enero de 2024 a un funcionario que habría sido delegado por el exsubdirector para hacer las veces de intermediario. Esto, luego de haber girado unos cheques de la empresa y de haberlos cobrado en bancos de los centros comerciales Unicentro y Andino. En ese sentido, de acuerdo con sus declaraciones, nunca supo cuál era el uso que se le daría a los recursos que pagó.

“Yo accedí a dar la comisión y ese va a ser mi delito o ese es el pecado. Por eso, pido perdón al país, por haber accedido a dar una comisión porque ellos me dieron un negocio”, añadió el contratista. Asimismo, aseguró que está dispuesto a regresar todo el dinero del que se apropió con el contrato de los carrotanques, que equivaldría a $3.200 millones, aproximadamente, en aras de garantizar el principio de oportunidad al que se está acogiendo con la Fiscalía.

De igual manera, hizo la salvedad de que ninguna de las empresas en las que tiene participación, incluyendo la Impoamericana Roger S.A.S., tienen a algún político vinculado. “Nada absolutamente que ver”, sostuvo.

“Este paquete es una burla al contribuyente”, afirmó Lousteau

El senador radical Martín Lousteau manifestó su desacuerdo con el proyecto de medidas fiscales, paliativas y relevantes que se debate este jueves en el Senado y deslizó duras críticas contra la propuesta.

“Este es el paquete de blanqueo más generoso de la historia argentina. Se trata de un beneficio enorme para los que no pagan impuestos”, dijo el legislador, quien lo definió como “una burla al contribuyente”.

Y agregó: “A la clase media le aumentan el impuesto a las ganancias, y las pymes tienen que seguir pagando impuestos, mientras cae la actividad. La gente va a pagar más impuestos cobrando menos”.

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El bloque de Unión por la Patria acordó votar negativamente tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal

Así lo aseguró este jueves el senador Oscar Parilli, quien ratificó su intención y la de sus compañeros de oponerse al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según explicó, lo harán porque consideran que este no propone soluciones para “los graves problemas que tiene la Argentina”.

“En las últimas dos reuniones que tuvimos de bloque, donde estuvimos presentes los 33 senadores, manifestamos toda la vocación de votar en general negativamente en los dos proyectos de ley”, dijo en legislador en referencia también al paquete fiscal. Y continuó en diálogo con AM 770: “Si se aprueba en general, vamos a hacer observaciones en los tratamientos en particular”.

Asimismo, aseguró que su oposición a las iniciativas no son para “poner palos en la rueda”. “Es porque estamos convencidos de que los graves problemas que tiene la Argentina hoy no se solucionan con esta ley, que en todo caso la agravan. El gobierno en Milei está llevando a todos los argentinos a un ajuste muy feroz, muy perverso. Un sacrificio absolutamente inútil y que lo único que van a hacer estos proyectos de ley va a ser agravar la situación que tenemos y no solucionarlo”.

Tolosa Paz aseguró un acercamiento con la UCR por la nueva fórmula para las jubilaciones

La diputada nacional de Unión por la Patria dialogó con Radio 10 acerca de la discusión sobre la nueva fórmula para los jubilados y pensionados que se está llevando a cabo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y aseguró que existe un acercamiento con los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.

“Estamos muy cerca de lograr un dictamen entre la propuesta de Unión por la Patria y la del radicalismo y Hacemos Coalición Federal. Nosotros decimos que tenemos que levantar el piso de los jubilados con el bono dentro del salario para luego comenzar a ajustar por inflación o por salario. Ahí coincidimos con ellos que plantean que ningún jubilado puede cobrar por debajo de la Canasta Básica Total de un adulto, y luego a partir de ahí ajustamos si hay vaivenes en la economía”, explicó Tolosa Paz, quien criticó fuertemente la propuesta manifestada por María Eugenia Vidal y el PRO.

Los legisladores kirchneristas se sumaron a la huelga general

Desde el bloque de Unión por la Patria ratificaron a Infobae que la ausencia de sus legisladores se produjo porque decidieron adherir al paro nacional que promueve la CGT. Lo que aún no tienen claro es si van a participar o no del plenario que se celebrará por la tarde.

En la imagen general de la reunión se pueden observar (arriba a la derecha) las sillas vacías que deberían ocupar los senadores del kirchnerismo.

El inicio de la reunión de Comisión de Presupuesto

La primera pregunta del debate fue realizada por Guadalupe Tagliaferri, que apuntó contra el blanqueo: “Este es el número 100 de la historia y estamos permitiendo que alguien que blanqueó hace tres años lo pueda hacer nuevamente. Es una falta de respeto a los que pagamos, a las pymes que pagan, a las empresas. Además, no hay una trazabilidad de los fondos y todos sabemos que el GAFI envió un documento informal señalando los problemas que esto podría generar”.

Ausencias notables

A partir de las 10:30 comenzaron a llegar los senadores Juan Carlos Romero y Andrea Cristina (Cambio Federal), los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau, Victor Zimmerman y Flavio Fama, Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Ezequiel Atauche (LLA). Finalmente, pasadas las 11 de la mañana comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto.

Sin embargo, la gran novedad fue la ausencia de un grupo de legisladores del bloque Unión por la Patria: Eduardo De Pedro, Jesús Fernando Rejal, Carlos Alberto Linares, Juan Manzur, María Teresa González y Antonio Rodas definieron no asistir a escuchar al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estaba invitado a exponer

Los legisladores tratan el paquete fiscal

La Cámara de Senadores vuelve a comisiones en un día de paro nacional.; desde temprano, en el interior del palacio legislativo se pudo observa que aquellos que se dedican a la limpieza habían asistido a trabajar, así como también a los empleados de la seguridad interna del Parlamento.

Se notaban algunas ausencias, ya que en la sala donde se suele preparar el café para estos momentos estaba cerrada con un candado en la puerta, a pocos minutos de la hora pautada de comienzo de la comisión de Presupuesto.

Lo mismo pasó con los senadores que estaban citados para las 10 de la mañana y, 20 minutos más tarde, aún no se habían presentado en el Salón Azul.

El dato llamativo es que se movilizó a un grupo de fuerzas federales en el exterior del edificio. Ayer había apostados sobre la calle Alsina, a metros de Entre Ríos, dos ómnibus de la Policía Federal. Esta mañana ya eran cinco vehículos de gran porte.