La oposición avanzó este martes en la Cámara de Diputados con la firma de una decena de dictámenes que apuntan a mejorar los ingresos de los jubilados y a dar una respuesta a la problemática que se generó tras el fin de la moratoria previsional, ya que la mayoría de las personas en edad de jubilarse no cuentan con los 30 años mínimos de aportes y solo podían acceder a una prestación por medio de este mecanismo.

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social el peronismo impulsó dos dictámenes. El primero restituye la moratoria por otros dos años y propone bajar la edad mínima para acceder a la PUAM (Prestación Universal del Adulto Mayor) de 65 a 60 años en el caso de las mujeres. También eliminan la incompatibilidad de la PUAM con las pensiones por viudez.

El segundo dictamen propone un incremento excepcional a todas las jubilaciones y pensiones equivalente al 7,2% (excluye regímenes especiales o diferenciales). A su vez, busca llevar el bono de $70.000 a $115.000 con una actualización mensual según el IPC y estipula que los giros a las cajas previsionales provinciales no transferidas sean automáticos.

Según calculó a Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

Por otro lado, el bloque Encuentro Federal, impulsa la creación de una Prestación Proporcional por Vejez que elimina el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación y propone contabilizar cada año de aportes efectivos. En ese sentido, pone como piso el equivalente a una PUAM. Así, una persona con 15 años de aportes que no pueda acceder a la jubilación mínima cobrará un haber superior a la PUAM, pero probablemente inferior a la mínima, en forma proporcional a los aportes que realizó.

“Si no va a estar más disponible la moratoria, si no le vamos a permitir a nadie más comprar los años que le falten para jubilarse, tengamos la decencia, por lo menos, de reconocerle los años que sí hayan aportado”, dijo Massot. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.

En un segundo dictamen establecieron un aumento de $70.000 a $100.000 del bono y del 7.2% para toda la escala de jubilaciones. Eso significa 51.000 pesos de aumento para la jubilación mínima.

“Proponemos la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca. Proponemos que se destine el ahorro presupuestario que fue haber logrado que el FMI nos quite los recargos a los intereses. Proponemos nacionalizar los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor. Proponemos un redireccionamiento para todas las partidas que por DNU le fue dado a la SIDE que totalizan solo en este año más de 33.000 millones de pesos”, explicó.

Por su parte, un sector del PRO más cercano al Gobierno, encabezado por Silvana Giudici, propuso la creación de una comisión especial que tendrá como objetivo la elaboración de un proyecto de ley para reformar el sistema de forma integral. Esta iniciativa deberá atenerse a los siguientes principios: equidad intergeneracional y sostenibilidad financiera de largo plazo; no comprometer el equilibrio fiscal; suprimir los regímenes de privilegio, entre otros.

En tanto, en el marco del quiebre interno que atraviesa el partido amarillo, otros diputados encolumnados detrás de Mauricio Macri propusieron un proyecto propio de prestación proporcional, que también establece la PUAM como piso y reconoce cada año de aporte sin necesidad de llegar al mínimo de 30.

“Nosotros no creemos en las moratorias y creemos que el Ejecutivo es que el que tiene los datos para hacer una reforma integral. Pero ante la inacción se genera esto: la coalición del déficit pide cosas extravagantes”, acusó.

Curiosamente, el bloque UCR también presentó su propio proyecto de prestación proporcional que “reconoce esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores a la cual podrán acceder las mujeres de (60) años de edad o más y los hombres de sesenta y cinco (65) años de edad que acrediten entre diez (10) y veintinueve (29) años de servicios en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, que cumplan con los requisitos del inciso 1 del artículo 13 de la ley 27.260”.

“El haber mensual de la Prestación Proporcional será equivalente al 70% de la Prestación Básica Universal, establecida en el inciso a) del artículo 17 de la ley 24.241, más el 1,5% por la cantidad de años de aportes anteriores a junio de 1994 en concepto de prestación compensatoria, adicionando al cálculo del haber, incrementando en concepto de prestación adicional por permanencia igualmente el 1,5 % por aportes posteriores al 1/7/1994”, dice el proyecto.

Si bien existe un consenso transversal a la gran mayoría de los bloques en torno a la necesidad de dar respuesta a las problemáticas de los jubilados, ningún dictamen junta previamente el acuerdo político necesario para tener garantizada su aprobación en el recinto.

Según explicó un diputado dialoguista a Infobae, en una eventual sesión -que se negocia para la semana que viene- es probable que el proyecto del kirchnerismo para extender la moratoria sea rechazado ya que no cuenta con el apoyo de los bloques “del medio”, seguramente será rechazado. Si así ocurriera, será determinante la posición del peronismo, que en caso de respaldar alguna de las propuestas de prestación proporcional. “Entre que no haya nada y que salga algo, aunque no sea lo que queremos, tal vez sea lo mejor”, adelantó un diputado de Unión por la Patria.

No obstante, lo que sí reúne más consenso es la idea de aumentar y actualizar el bono, y de otorgar un aumento del 7% para todas las jubilaciones. Durante los próximos días los bloques acordaron seguir con las conversaciones para unificar criterios.

El Consejo General de la Abogacía y las plataformas de mutualistas han instado este miércoles al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a replantear el enfoque de la respuesta que el Gobierno tiene que ofrecer para abordar la cuestión de las mutualidades para que lo haga desde la perspectiva de los derechos constitucionales.

En un encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social de la Abogacía Española, Ignacio Gally y Albert Sierra, han puesto a disposición del secretario de Estado todos los informes realizados hasta la fecha por reconocidos expertos jurídicos y académicos.

En todos ellos existe un nexo común, la referencia a los artículos 50 y 41 de la Constitución donde se recoge el derecho de todos los españoles a disponer de una pensión digna anualmente actualizada, según ha informado el Consejo General de la Abogacía.

Gally, Sierra y los representantes de las plataformas de mutualistas que les han acompañado han referenciado las manifestaciones de diferentes expertos para hacer ver al secretario de Estado que el abordaje llevado a cabo hasta ahora yerra al plantearse desde un punto de vista meramente asistencial.

Al mismo tiempo, la Abogacía ha valorado como una "estupenda oportunidad" que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados haya llevado a la consideración de la Cámara una proposición de ley que aporte soluciones.

"Creemos que abrir la cuestión al debate parlamentario y, por tanto, al debate social, es una vía estupenda de conseguir la mejor solución posible a través del diálogo entre los partidos políticos y de éstos con la Abogacía Española y con los propios afectados", le ha explicado Gally al secretario de Estado.

Aunque la legislación excede el ámbito de competencia del secretario de Estado, el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo le ha expuesto que le parece "más que oportuno que la ponencia parlamentaria que elaborará el texto de la ley escuche directamente a los expertos que han estudiado a fondo esta cuestión y que han plasmado el resultado de su reflexión en los referidos informes".

"No se entendería que un grupo de trabajo para solucionar el problema de las mutualidades no escuchase con sumo interés a quienes han dedicado más tiempo y reflexión a estudiar la cuestión. Tienen mucho que aportar, por lo que pediremos a los grupos parlamentarios su inclusión en el listado de comparecientes", ha manifestado el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo.

Junto al presidente y vicepresidente de la comisión de Previsión Social han participado en la reunión Rocío Carrera, de ANAMA, María José Almodóvar, de la Plataforma Afectados por la mutualidad, y Antonio Villaluenga, del colectivo J2.