En 2026, un mayor número de empleados estatales se encuentra más próximo a recibir incrementos salariales. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General otorgó su aprobación de manera unánime, con 27 votos favorables, sin votos en contra ni abstenciones, a una disposición que facilitará la actualización de las escalas remunerativas en cuatro entidades del sector público.

Se trata de una medida que aplicará para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 728, Ley de productividad y competitividad laboral. Las siguiente entidades ya tenían leyes para actualizar sus escalas: sin embargo, estaban estancadas por un límite del presupuesto público. Ahora estas estarán exceptuadas de eso:

• Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
• Poder Judicial
• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
• Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Dictamen acumuló varios proyectos

En el Congreso se presentaron varios proyectos para viabilizar el aumento a escalas remunerativas de trabajadores del sector público, especialmente para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 728.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General los juntó en un dictamen, la Ley que modifica las Leyes 32486, Ley 32509, Ley 32521 y Ley 32522, a fin de viabilizar la implementación de nuevas escalas remunerativas de diversas entidades públicas para el año fiscal 2026.

Así, en un artículo se propone incluir una disposición en estas leyes aprobadas para aumentar escalas de sueldos. Esta se trata de un añadido que exceptuará a estas leyes de los límites planteados en el Presupuesto Público aprobado para este 2026.

“Excepción para la implementación de la nueva escala remunerativa: Se exceptúa (...) de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de la nueva escala remunerativa”, detalla cambiar para cada Ley.

Cada ley tendrá excepción

Son cuatro leyes que se aprobaron para dar aumentos en escalas remunerativas, cuya aplicación se quedó estancada dado que el Presupuesto Público para 2026 prohibe aumentar sueldos y cualquier otra medida monetaria para no afectar el presupuesto de las entidades.

Pero ahora cada Ley estará expuestas de esa prohibición. Estas son las Leyes que cambiarían:

• Ley 32486, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
• Ley 32509, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
• Ley 32521, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
• Ley 32522, Ley que autoriza la actualización de la escala remunerativa para los funcionarios y servidores públicos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Así, el del Cofopri además tendrá una medida añadida. Se autorizará “al pliego 211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático durante el año fiscal 2026″.

A pesar de que el Gobierno admitió que la media sanción al Presupuesto 2026 obtenida en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, no le sirve porque “vulnera el déficit cero”, buscará este viernes conseguir dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para llevar el proyecto al recinto.

El encuentro está pautado para las 10 de la mañana y tendrá lugar en el Salón Azul del Congreso, donde se espera que se trate la “Ley de leyes”, junto a la ley de inocencia fiscal -incluida en el paquete de reformas que el presidente Javier Milei, mandó a Sesiones extraordinarias-.

Ahora el objetivo de la administración libertaria es buscar una estrategia para agregar durante la discusión en la Cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, las dos leyes que no lograron derogar durante el primer debate. Aunque, primero deberá conseguir el consenso necesario en Comisión, que le permita llevarlo a votación en el pleno el 26 de diciembre.

El proyecto presupuestario obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados pasada la medianoche del jueves. Lo mismo sucedió con la propuesta de Inocencia Fiscal, tras una sesión maratónica, que incluyó negociaciones entre los principales bloques políticos.

En la Cámara baja, la votación contó con el acompañamiento del PRO, UCR, MID y bloques provinciales como Elijo Catamarca, Innovación Federal, La Neuquinidad, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron la iniciativa, mientras Provincias Unidas se abstuvo, aunque facilitó el quórum al inicio de la sesión.

El proyecto oficial incluyó previsiones de crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026. De acuerdo con el texto, el Gobierno también prevé alcanzar un superávit primario del 1,5% y uno financiero del 0,2%, además de proyectar un aumento del 10,6% en las exportaciones, aunque desde la oposición consideraron poco realistas estas estimaciones.

El artículo 75, que contemplaba la derogación de leyes de emergencia en los sistemas de discapacidad y financiamiento universitario, fue el que generó los mayores puntos de conflicto. De hecho, diversos aliados del oficialismo se opusieron a este punto y la disputa se profundizó cuando LLA propuso que la votación fuera por capítulos y no artículo por artículo, lo que generó críticas desde la oposición que argumentaron que esa metodología impedía una expresión clara sobre los temas centrales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió la iniciativa ante el pleno y remarcó la meta de reducir la carga fiscal sobre el sector privado. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, afirmó. A su vez, el peronista Agustín Rossi cuestionó el ajuste reflejado en el texto y su impacto sobre el consumo y la industria, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, enfatizó que el presupuesto resultaba “ilusorio y ficticio”.

Durante la negociación, el ministro del Interior, Diego Santilli, promovió acuerdos con gobernadores a través del reparto de Aportes del Tesoro Nacional y de la promesa de regularizar fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación.

Finalmente, el tablero confirmó 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones para el capítulo 11, que incluía las normativas sobre discapacidad, universidades y fondos coparticipables. De esta forma, la oposición logró mantener vigentes las leyes de emergencia en esas áreas y forzó al oficialismo a aceptar su derrota en uno de los puntos más controvertidos de la jornada.

Ahora, las miradas están puestas en el Senado. De igual forma, se espera que el Presupuesto 2026 obtenga un dictamen favorable, así como ocurrió este jueves con la reforma laboral.

La Comisión de Trabajo en el Senado debatió en horas de la tarde la iniciativa de modernización del mercado laboral. Poco después, la ahora senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que se había conseguido el despacho para el tratamiento en la Cámara alta de otro de los objetivos perseguidos por el Gobierno.

Sin embargo, para concentrarse exclusivamente en el texto del presupuesto en general de los gastos y el cálculo de los recursos de la Administración Nacional, se optó por postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral. En tanto, la agenda de reuniones no descansa y se prepara para una nueva jornada.

Tanto el Presupuesto como el proyecto de Inocencia Fiscal se sancionarían el viernes después de Navidad. El objetivo final es que luego el texto vuelva a Diputados para que se convierta en ley el 29 del corriente mes y así cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo hasta el martes 30 de diciembre.

El panorama actual de Beca 18 ha dejado a miles de estudiantes en situación de incertidumbre. Luego de la denuncia sobre la falta de recursos para las becas ofrecidas este año, la exjefa del Pronabec, Alexandra Ames, compartió detalles con Infobae Perú sobre los procesos técnicos, los vacíos originados en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el efecto de la reciente transición de gobierno.

Ames afirmó que el Pronabec enfrentó restricciones desde mediados del año pasado porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aseguró el presupuesto completo para sostener la convocatoria. A esa situación se sumaron cambios promovidos por las nuevas autoridades, que introdujeron criterios distintos a los empleados en ediciones anteriores. La exfuncionaria calificó el escenario como una cadena de desaciertos que abrió una crisis sin precedentes para el programa emblemático del Estado.

Vacíos presupuestales y proceso previo a la convocatoria

La gestión de Beca 18 establece un cronograma dividido en dos etapas. La primera, enfocada en la preselección de postulantes, se activa meses antes del año de otorgamiento. Las bases, el documento formal del concurso, incluyen el detalle de las etapas anuales y se publican antes de que la ley presupuestaria esté aprobada. Ames explicó: “El concurso tiene dos etapas, la primera es la del proceso de preselección, para lo cual se lanza el concurso que incluye una etapa de difusión e inscripción de los postulantes para rendir el Examen Nacional de Preselección”.

Cada edición del concurso requiere coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ejecutivo para asegurar que la demanda presupuestaria llegue al Congreso a través del proyecto de ley. Sin embargo, durante el proceso actual, el MEF no incorporó la solicitud de fondos remitida por el sector Educación. “Este año, en el gobierno anterior, el MEF no recogió la demanda para la convocatoria, lo cual se identificó cuando formalmente se envió el documento al Congreso”, expresó Ames.

Pese a que el Ejecutivo había incluido el financiamiento en documentos internos y compromisos públicos, la asignación no apareció en el texto final remitido al Parlamento. El Pronabec, con mandato de continuidad sobre el proceso, optó por impulsar solo la primera etapa de la convocatoria, que es el Examen Nacional de Preselección, respaldado por los fondos certificados para esa parte.

Polémica por la oferta de becas sin financiamiento

El caso cobró notoriedad cuando medios nacionales revelaron que el gobierno ofreció 20.000 becas, aunque ese compromiso carecía de respaldo presupuestal. Según el reportaje difundido por Punto Final, el propio Ministerio de Educación reconoció que se requerían 697 millones de soles para atender el monto de las becas anunciadas. Pronabec, bajo la dirección de Ames, siguió adelante con el proceso de convocatoria, lo que permitió que más de 90.000 estudiantes presentaran el examen de preselección el pasado 16 de noviembre.

Una denuncia pública señaló que la jefa del Pronabec amplió la cantidad a entregar, trasladando la oferta de 10.000 a 20.000 becas. Entre la opinión pública y las entidades privadas de educación surgió un amplio debate, ya que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 no contempló el monto necesario para sostener la ampliación. “A pesar de ello, Pronabec siguió con el proceso de convocatoria”, reportó el programa periodístico.

El Ministerio de Educación informó a través de un pronunciamiento que el cronograma y continuidad del programa se mantienen intactos. “La lista de postulantes preseleccionados se publicará el 22 de diciembre. La etapa de selección se desarrollará una vez aprobada la Ley de Presupuesto 2026 y en función a los recursos que se asignen”, detalló la entidad.

Cambios políticos y el impacto sobre el programa

La directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, Alexandra Ames, presentó su renuncia el 21 de noviembre, la cual fue aceptada por el ministro de Educación el domingo 23. Posteriormente, Ames relató: “Mi renuncia se da porque entiendo que lo ha pedido el presidente. Lo que yo creo que está pasando es que quieren buscar culpables y aquí no hay culpables. Aquí lo que ha habido es un cambio de gobierno que tiene todo el derecho de cambiar sus prioridades pero eso parte por una decisión política y toda decisión política tiene consecuencias políticas”.

En la misma conversación, la exdirectora expuso el componente político detrás de las medidas adoptadas y refutó señalamientos que responsabilizan a exgestores por la crisis de las becas. Aseguró que su decisión fue motivada por la defensa de la continuidad de políticas públicas, más allá de intereses partidarios: “Mi compromiso como funcionaria estaba en garantizar la continuidad de las políticas públicas y entiendo que este gobierno prefiera priorizar otras cosas, pero no es correcto que busquen acusarme así como lo están haciendo”.

El discurso del Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Ernesto Álvarez Miranda, incluyó la promesa de entregar 20.000 Becas 18, 10.000 Becas Tec y 8.000 Becas Permanencia. Sin embargo, la omisión de la partida presupuestal en la Ley de Presupuesto del próximo año mantiene en riesgo la continuidad de la convocatoria y coloca bajo presión al Congreso ante las organizaciones y colectivos estudiantiles que demandan una solución.

Reacciones de la comunidad educativa y demanda social

La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) emitió una advertencia al Congreso para que incorpore los fondos faltantes en la ley. Fernando Barrios, presidente de FIPES, expresó: “Si no se corrige esta omisión en el Pleno, miles de jóvenes talentosos que ya rindieron exámenes y están preseleccionados serán dejados de lado, y esto afectaría sus expectativas y la movilidad social. El costo político y social de frustrar estas convocatorias es inaceptable”.

Diversas organizaciones educativas y estudiantiles se han sumado a las protestas tras confirmarse que el Pronabec requirió 793 millones de soles para cubrir Beca 18 y la nueva Beca Tec, partidas que tampoco figuran en la propuesta presupuestal del Ejecutivo. La convocatoria de 2026 para ambos programas se encuentra parcialmente ejecutada: el examen de preselección se realizó en simultáneo en las 24 regiones el pasado 16 de noviembre y la publicación de preseleccionados está prevista para el 22 de diciembre.

Estas becas han sido catalogadas por la comunidad educativa como una herramienta fundamental para el acceso a estudios superiores de calidad y la movilidad social de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Beca 18 cuenta con 14 años de trayectoria y más de 90.000 beneficiarios, mientras que Beca Tec progresa con un enfoque técnico-productivo requerido por el mercado laboral.

A pocos días de la votación crucial de la Ley de Presupuesto Público 2026 en el Congreso de la República, una omisión en el dictamen final ha puesto en jaque la política de igualdad de oportunidades del Gobierno, dejando en el aire la viabilidad de más de 38,000 becas educativas prometidas por el Poder Ejecutivo.

Una revisión del documento presupuestal confirmó la ausencia de la partida de S/793 millones solicitada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) para cubrir el déficit de las convocatorias 2026, incluyendo la crucial Beca 18 y la nueva Beca Tec.

La omisión descubierta por La República genera un quiebre directo entre la retórica del Gobierno y la realidad de su propuesta económica. El premier Ernesto Álvarez, durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de investidura el 22 de octubre, había sido enfático al prometer un gran paquete de becas.

“Apostamos por el acceso real a la educación superior, otorgaremos 20.000 becas 18, 10.000 becas TEC y 8.000 Becas Permanencia... Ningún joven debe carecer de oportunidad. Para eso existe el Estado," aseguró entonces. Sin embargo, el Proyecto de Ley (PL 12255) enviado al Congreso en agosto, y el dictamen final aprobado por la Comisión de Presupuesto, no incorpora el financiamiento necesario para cumplir con ese compromiso, dejando las becas en papel mojado.

La documentación interna revela un entrampamiento burocrático sobre la responsabilidad de la omisión. Pronabec envió en junio el requerimiento de S/793 millones al Ministerio de Educación (Minedu), quien a su vez lo tramitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, el MEF no incorporó dicho monto en el proyecto de ley que remitió al Congreso el 30 de agosto.

El MEF se ha deslindado, alegando que no es su competencia agregar artículos una vez remitido el proyecto. Sin embargo, fuentes internas indican que el financiamiento fue retirado en alguna etapa del proceso presupuestario.

La situación tuvo repercusiones internas: se reportó una fuerte presión en el sector Educación, llegando incluso a solicitar la renuncia a la directora de Pronabec, Alexandra Ames. Esto ocurrió luego de que la Ministra de Economía, Denisse Miralles, presuntamente informara al presidente José Jerí que Pronabec había convocado becas sin tener los recursos asegurados, a pesar de que la documentación demostraría que el pedido de financiamiento sí fue cursado.

El propio Minedu emitió un comunicado reconociendo la precariedad de la situación, al afirmar que si bien el requerimiento fue presentado, todo queda supeditado a la aprobación del Presupuesto 2026 y a “los recursos que se asignen”, confirmando que el financiamiento hoy no está garantizado.

El impacto de esta omisión presupuestal es inmediato y directo. Cerca de 100,000 jóvenes, en su mayoría provenientes de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, rindieron el Examen Nacional de Preselección para Beca 18 el pasado 16 de noviembre, confiados en la promesa del Gobierno de otorgar 20,000 plazas.

No obstante, sin la partida presupuestal aprobada, ninguna de las 38,000 becas comprometidas (incluyendo las 4,473 becas de continuadores, 20,000 para Beca 18, 8,000 para Beca Permanencia y 4,700 para Beca Tec) podrá avanzar a la fase de selección, ni se podrán firmar los compromisos con los futuros beneficiarios.

La única vía disponible para subsanar este grave error es que el Pleno del Congreso incorpore una disposición complementaria o modifique el dictamen en el debate final de esta semana, incluyendo los montos requeridos. De lo contrario, la promesa del Ejecutivo resultará en un “engaño” de proporciones masivas.

La trayectoria pública de Stephany Vega volvió a encender el debate político luego de que Panorama revelara la línea ascendente de cargos, responsabilidades y adquisiciones patrimoniales que marcaron su paso por el Estado. Las cifras, los documentos revisados por el dominical y las imágenes difundidas en distintos periodos conformaron un rompecabezas que colocó a la joven asesora en el centro de la discusión nacional por la celeridad de su ascenso en la administración pública.

Según la información presentada, Vega ingresó al Parlamento en agosto de 2021 como asistente del entonces congresista José Jerí. Lo que comenzó con un salario inicial de 1,558 soles —según el programa— pronto se transformó en una progresión salarial que llamó la atención de legisladores y especialistas consultados. La Comisión de Presupuesto, donde posteriormente desempeñó funciones, incrementó su remuneración a 5 mil soles. Y, para 2025, cuando Jerí ya ocupaba la presidencia del Congreso, su ingreso mensual superó los 16 mil soles.

Ascenso acelerado y defensas públicas

El informe del dominical presentó la progresión salarial con cifras simples: de 1,500 soles en 2021 a 16,000 soles en 2025, un salto superior al 1000%, sin escalas intermedias habituales para ese tipo de trayectoria. Consultada por Panorama, Vega rechazó las insinuaciones sobre un ascenso injustificado. Ante la afirmación de que sería la persona de mayor influencia sobre el presidente Jerí, respondió con una sola palabra: “Falso.”

Respecto a la naturaleza de su vínculo con el mandatario, añadió: “Una relación de larga trayectoria profesional, en principio, y también amical.”También corrigió la versión inicial sobre su salario de ingreso: “Con un sueldo de 2500, aproximadamente. Estuve varios meses como asistente… Posterior a ello asumo como técnico por bastante tiempo… Y ahí es cuando yo ya calzo como asesora y puedo asumir ese puesto.”

Ante las observaciones por su salto salarial hasta superar los 16 mil soles, sostuvo: “Yo he ganado cada mérito laboral, lo he ganado, lo he sudado, es lo que corresponde.”

Cuando José Jerí llegó a la presidencia del Perú, Panorama verificó que Stephany Vega pasó a desempeñar funciones en la alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fuentes internas la describieron como una figura con acceso directo al mandatario. Vega, sin embargo, rechazó cualquier vínculo con casos investigados por el dominical:“Yo no tengo ningún vínculo con la señora… Nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación… He participado en la Comisión de Presupuesto de manera técnica.”

Adquisiciones patrimoniales y justificaciones

El programa también resaltó que, entre 2023 y 2025, la joven adquirió un Audi, un BMW valorizado en 60 mil soles pagado en efectivo y un departamento con cochera valorizado en 120 mil dólares, cancelado al contado junto a su pareja. Ante las preguntas, argumentó que la compra de vehículos forma parte de un hábito de años: “Desde los 20 años tengo autos de alta gama… Se vende la camioneta, el costo es para comprar el siguiente carro.”

Sobre el departamento, explicó:“Me corresponde el 50%, son 60 mil dólares… Hice el retiro de mi AFP, los ahorros de mi vida y un préstamo personal familiar debidamente bancarizado.”

Frente a las dudas por la capacidad económica de ambas partes, respondió:“Yo respondo por el 50% que me corresponde… Mi retiro de AFP fue de aproximadamente 25 mil soles… El resto son gratificaciones, bonos y ahorros de toda mi vida.”

El bar de Miraflores y las socias de 18 años

Otra de las observaciones del reportaje fue la apertura de un bar en Miraflores, cuyo alquiler asciende a 6 mil dólares mensuales, pese a que en días de alta afluencia solo el equipo periodístico pidió la cuenta. Sobre esa inversión, Vega sostuvo:“Realmente no lo veo sospechoso porque yo tengo una sociedad… Yo no puedo decir que en la actualidad es un local exitoso… Estamos ajustando.”

También respondió a la inquietud sobre las dos gemelas de 18 años con las que fundó la empresa:“Son unas niñas que conozco hace muchos años… pero pasan sus acciones a otra socia. Es mi actual socia.”

En la parte final de la entrevista, Vega aseguró que no teme una investigación fiscal:“Completamente, absolutamente todo… Todo ha sido bancarizado, todo lo tengo debidamente sustentado… Estoy allanada al llamado de la Fiscalía o el Poder Judicial.”

La joven funcionaria sostuvo que esta será la única entrevista que brindará en televisión, y que la incomodidad mediática no cambia su percepción sobre el rol que desempeña. “No me incomoda, pero sí es importante resaltar el trabajo que hace el presidente”, declaró, insistiendo en que todo en su vida —y en su patrimonio— puede ser explicado.

El gobierno nacional ganó la primera batalla del Presupuesto 2026. Ayer logró quedarse con el dictámen de mayoría y expuso la falta de consenso entre los bloques de la oposición para avanzar con un proyecto alternativo. En la bancada del peronismo reconocieron que el “escenario no es favorable para convocar a una sesión” antes del 10 de diciembre, por lo que el debate de la “Ley de leyes” tendrá lugar después de la renovación, con un bloque libertario fortalecido, tal como pretendía La Libertad Avanza.

“Vamos a tener que esperar porque quedó claro que gobernadores como Salta, Misiones y San Juan mostraron que no tienen intenciones de ir contra el Gobierno”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

Los bloques de la oposición dura y dialoguista habían aprobado en el recinto a principios de octubre un emplazamiento que le ponía un límite de tiempo a la Comisión de Presupuesto para dictaminar el presupuesto. Eligieron la fecha del 4 de noviembre para dejar un margen de tiempo que permitiera que Diputados avanzara con la media sanción el miércoles 12 de noviembre y que el Senado apruebe la sanción definitiva en la primera semana de diciembre, antes del recambio legislativo.

Sin embargo, el contundente resultado electoral que logró La Libertad Avanza obligó a las provincias a recalcular su estrategia. Por eso, el oficialismo logró sumar apoyos clave ayer para su dictamen. Los representantes de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, firmaron el disidencia el texto de los libertarios. Lo mismo que hicieron el PRO y la UCR.

Eso le permitió a los libertarios empatar en cantidad de firmas el despacho del peronismo y desempatar con el voto del presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch. “Vamos rumbo a un Congreso donde el oficialismo va a tener la pelota”, reconoció con algo de resignación un diputado de Unión por la Patria. Sin embargo, resaltó que todos los diputados de su bloque votaron en la misma sintonía. Si bien no los nombró, se refería a sus compañeros de Catamarca, La Pampa y de Santiago del Estero, sobre quienes pesa la sospecha de que podrían ser seducidos por el Gobierno.

Tras la victoria de LLA a nivel nacional, muchos especularon sobre el rol que asumirán los gobernadores del peronismo que durante los primeros dos años de gestión de Milei ayudaron al oficialismo en algunas votaciones importantes, por ejemplo el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.

“No veo cuál es el negocio de los gobernadores si deciden romper el bloque de Fuerza Patria. Si sacamos 35 puntos diciendo que había que frenar a Milei , la primera señal política que damos no puede ser dividir el bloque”, argumentaron.

Ante la consulta de Infobae, un diputado dialoguista se mostró conforme con el hecho de haber obligado a los libertarios a dictaminar porque “pone un piso para la próxima negociación”. No obstante, reconoció que -al igual que el peronismo- desde su bloque no están buscando una mayoría para sesionar la semana que viene. “Ahora queda una semana para que los gobernadores llamen y presionen al Gobierno con la amenaza de sesionar. Si no lo hacen, es un problema de ellos”, explicó, con pocas expectativas de que las provincias se muestren muy firmes.

En esa línea, destacaron que la reunión del jueves pasado en Casa Rosada, de la que participaron 20 provincias, no fue “tan buena como vendieron los libertarios”. Según su versión, no hubo respuesta a ningún reclamo concreto de fondos, obras o pedidos de endeudamiento. “Hay que ver si Milei realmente cambió en algo o es lo mismo de siempre”, concluyeron.

La contundente victoria electoral de La Libertad Avanza a nivel nacional dejó a la oposición desconcertada en la Cámara de Diputados. Los planes del peronismo y los sectores más duros de la oposición dialoguista, que apostaban a sancionar el Presupuesto 2026 antes del recambio del 10 de diciembre, estallaron por el aire y ahora evalúan los pasos a seguir.

Cerca de Martín Menem, presidente de la Cámara, se muestran confiados y plantean que después del resultado del domingo “sería lógico que la oposición proponga algunas modificaciones mínimas al texto del oficialismo”. Ese proyecto no contempla partidas para implementar las leyes de emergencia en pediatría (Garrahan) y discapacidad, tampoco el aumento del financiamiento universitario. Hasta antes de las elecciones, eso era inaceptable para la mayoría de los bloques opositores.

Los libertarios, por su parte, especulan con que llegarán a un acuerdo para posponer el debate y tratar la “Ley de leyes” durante sesiones extraordinarias.

“Hay que ver qué arreglan con los otros gobernadores, nosotros principalmente queremos saber si se van a respetar los puntos que ya veníamos negociando. Y también queremos saber cuáles van a ser las nuevas desregulaciones que anunciaron”, confió un diputado que responde a un mandatario del norte, muy preocupado de que su provincia se quede fuera de los interlocutores con los que negociará la Casa Rosada.

El peronismo insiste en que está trabajando en su propio proyecto y firmará dictamen la semana que viene, como estipula el emplazamiento aprobado en el recinto. Pero si bien esa mayoría opositora le puso un límite de tiempo al Gobierno hace apenas dos meses, el escenario político sufrió un cimbronazo.

En concreto, para que exista un dictamen válido más de la mitad de los presentes deben firmar algún dictamen (el peronismo no tiene mayoría propia en la comisión). Por lo tanto, el Gobierno podría desactivar el avance opositor si llega a un acuerdo con algunos bloques estratégicos para que no firmen ningún despacho.

También puede ocurrir que tanto el peronismo como otros bloques avancen con sus dictámenes, pero luego no tengan los votos para conseguir la media sanción en el recinto.

“Puede ocurrir que convoquemos a una sesión, pero después no tengamos quórum. Los cordobeses ni atienden el teléfono, deben estar en shock todavía”, ironizaba ante Infobae un referente dialoguista para graficar las eventuales dificultades para sumar voluntades. Y agregaron: “A nosotros ya nos llamaron para ver si estábamos dispuestos a posponer el debate, pero les pedimos que se comprometan a convocar a sesiones extraordinarias”.

Lo cierto es que el oficialismo recuperó la iniciativa política y también dejó trascender que vetaría cualquier iniciativa que no esté a tono con los planteos libertarios. Los gobernadores se mantienen expectantes ya que el bloque La Libertad Avanza tendrá mucho margen de maniobra con la nueva conformación de la Cámara y no estará obligado a acordar con todas las provincias para conseguir mayoría, por lo que nadie quiere correr el riesgo de mostrarse demasiado confrontativo y quedar afuera de la mesa de negociación.

“La jugada lógica sería que prorroguen las sesiones ordinarias y convoquen a una sesión para el miércoles 17 de diciembre. Siempre que haya un acuerdo previo con los gobernadores. Todos necesitamos que haya Presupuesto”, explicó un diputado que responde directamente a las órdenes de un gobernador.

En eso sí hubo coincidencias, para la oposición tanto el gobierno de Trump como el marcado no verán con buenos ojos que Milei no consiga los acuerdos mínimos para aprobar un Presupuesto por tercer año consecutivo. “Todo va a depender de los gobernadores”, se resignaban en la bancada peronista.

El clima en la Cámara de Diputados sigue tenso. La última reunión para acercar posiciones sobre el proyecto de Presupuesto 2026 terminó de mala manera y el oficialismo no retomó los contactos con los bloques dialoguistas. Si bien la negociación estará condicionada por el resultado electoral y por la eventual reconfiguración del Gabinete, los bloques de la oposición se mantienen firmes y advierten que no permitirán que los libertarios hagan tiempo hasta enero para aprobar la “Ley de leyes” con la nueva configuración del Congreso.

La oposición negocia desde una posición de fuerza ya que a principios de octubre logró aprobar un emplazamiento que obliga a la comisión de Presupuesto a firmar un dictamen el 4 de noviembre. Esta fecha no fue elegida caprichosamente, sino que le da margen suficiente para convocar a una sesión para el 12 de noviembre y así el Senado podría sancionar la ley en la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. Todo antes del recambio del 10 de diciembre, a partir del cual el Gobierno aspira a lograr un tercio propio que le permita sostener cualquier veto presidencial.

“No creo que lo hagan porque sería muy poco inteligente, pero si el Gobierno insiste con la estrategia de llegar al tercio y cerrar el Congreso, esto termina en crisis”, opinó una de las principales voces de la oposición dialoguista.

En la reunión convocada por el presidente de Diputados, Martín Menem, con los jefes de los bloques opositores -excepto el peronismo- y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los libertarios se mostraron inflexibles.

“En esa reunión Guberman nos dijo que nadie en EEUU les está pidiendo el Presupuesto y que no tiene plata para aplicar las leyes que salieron ratificadas por dos tercios, como Discapacidad, Universidades y Garrahan porque el superávit lo tienen que usar para pagar intereses de deuda”, señaló uno de los diputados que estuvo presente y aclaró que la oposición no tolerará que el Gobierno decida no aprobar leyes que fueron aprobadas con amplio consenso.

Desde el peronismo ya adelantaron que el 4 de noviembre avanzarán con un dictamen propio que contemple las tres leyes ratificadas por el Congreso tras el veto de Milei y además, entre otros puntos, una recomposición de las jubilaciones.

Por su parte, el bloque Encuentro Federal también presentará un dictamen propio que toma como punto de partida el proyecto de Presupuesto del Gobierno, pero incluye partidas para implementar las leyes de Discapacidad, Universidades, Garrahan y una recomposición para las cajas previsionales provinciales.

“El Presupuesto del Gobierno tiene 1.5 puntos del PBI de superávit y en nuestro dictamen quedaría en 0.9 puntos de superávit. Nosotros buscamos respetar el superávit que quiere el Gobierno pero reflejar también los temas que ya están saldados, porque fueron aprobados por dos tercios del Congreso”, explicaron desde el bloque que conduce Miguel Pichetto.

En ese sentido, señalaron que un proyecto aprobado con consenso de parte de la oposición que tenga 0.9 de superávit es una señal a los mercados mucho más fuerte que un proyecto con 1.5 de superávit, pero que no tiene apoyo de ningún sector opositor.

Ante las versiones de que el Gobierno intentaría demorar la discusión para aprobar el proyecto en enero o febrero, después del recambio legislativo, desde la oposición aseguraron que las condiciones no están dadas.

“Milei tendría que firmar ya mismo el decreto convocando a sesiones extraordinarias y tendría que haber una señal muy fuerte de que están dispuestos a negociar. Hasta ahora eso no pasó y faltan dos semanas para la fecha de dictamen”, analizaron.

En el entorno de Martín Menem dejaron trascender que podrían aceptar algunas de las propuestas opositoras siempre y cuando se respete el principio del superávit fiscal. Pero no dan mayores detalles sobre alguna negociación en curso. “Todavía no vimos el proyecto de Encuentro Federal, por lo menos celebramos que la discusión se dé dentro de los parámetros que planteábamos de superávit fiscal”, explicaron.

Los opositores no confían en Martín Menem y además sospechan que el oficialismo podría aceptar algunas de las propuestas opositoras para luego no llevarlas a la práctica, como hizo con las últimas leyes aprobadas. “Nada impide que después sub-ejecuten las partidas, pero ya será un problema de la Justicia”, señalaron.

Por lo pronto, todos los bloques esperan a conocer el resultado de las elecciones de este domingo para definir sus próximos pasos, todos coinciden en que a partir del lunes puede ser “otro país” u “otro Gobierno”.

El momento fue muy criticado ya que se viralizó en redes sociales un fragmento donde se puede ver que la sesión era virtual, sin embargo, una de las diputadas le pregunta a Blanco el sentido de su voto y el legislador fuera de contexto le pide que le pongan asistencia.

Entre las burlas se puede escuchar a Mario Zamora del PRI, decir: “está jugando pádel, ni sabe qué está votando”.

Ante esta falta de atención por parte del diputado morenista, internautas han pedido que se le sancione o castigue de alguna forma, debido a que no estaba poniendo atención a una sesión en la que se supone estaba conectado.

Esta es la sanción prevista en la Constitución que podría aplicar al comportamiento de Cuauhtémoc Blanco

Según lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, reformado por última vez el 2 de mayo de 2024, en su artículo 57 prevé lo siguiente:

“La Secretaría formulará dentro de los veinte días siguientes al cierre del periodo de que se trate, un informe final de las inasistencias sin justificar, que deberá remitir al Presidente y a los coordinadores de los grupos, a efecto de que se publique en los medios de información de la Cámara, a través de la página de Internet oficial y de las cuentas en redes sociales activadas por la Cámara; y se determine la sanción correspondiente en términos del artículo 64 de la Constitución”.

Al consultar el artículo mencionado en este reglamento, se puede leer:

“Artículo 64: Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten”.

Problemas de señal y por salud, justificaciones de Blanco

Durante la tarde de este martes 21 de octubre, el exfutbolista comentó lo sucedido y justificó su actuar por motivos de salud, “Me encanta el pádel, soy deportista. Me hice estudios y necesito hacer ejercicio por el bienestar de mi corazón”.

Aunque se dijo dispuesto a asumir la multa o sanción que derive de su comportamiento, el morenista no aceptó del todo la falta, debido a que afirmó que terminó de jugar a las 8:00 de la mañana y la sesión estaba programada desde las 10:00 horas.

Previo a una sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados este martes, el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco explicó a medios de comunicación que su ausencia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día anterior, se debió a una recomendación médica que le obliga a practicar pádel por motivos de salud.

El exfutbolista señaló que padece un problema cardiaco y que su médico le indicó realizar ejercicio de manera regular, por lo que la práctica del pádel forma parte de su tratamiento.

De acuerdo con el relato de la reportera Maru Rojas, presente en el recinto, Blanco sostuvo que si su situación debía derivar en una sanción, aceptaría las consecuencias, pero insistió en que priorizará seguir las indicaciones médicas. “Si me tienen que suspender, que me suspendan, pero debo hacer ejercicio”, expresó el diputado, según la comunicadora.

Polémica durante votación de la Comisión de Presupuesto

El lunes 20 de octubre, la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública concluyó con una polémica protagonizada por el diputado morenista. La reunión semipresencial tenía como objetivo emitir una opinión sobre la Ley General de Aguas, enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

El legislador activó su cámara y su micrófono únicamente para solicitar que se registrara su asistencia. “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo mientras aparecía en pantalla. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le preguntó en dos ocasiones sobre el sentido de su voto, pero el legislador no respondió y sólo reiteró su solicitud de registro.

Durante la breve aparición de Blanco se escucharon ruidos de fondo que algunos diputados, como Mario Zamora Gastélum del PRI, interpretaron como golpes de raqueta de pádel. “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc”, expresó Zamora. Tras este comentario, Blanco no volvió a encender su cámara ni su micrófono, por lo que su ubicación y actividad durante el resto de la sesión permanecieron desconocidas.

Algunos legisladores comentaron la situación con tono irónico. Margarita Zavala del PAN señaló: “¡Ya se fue!”, mientras Patricia Jiménez recordó acusaciones previas de agresión sexual que enfrentó el exgobernador de Morelos.

La dinámica semipresencial de la sesión, común en comisiones y algunas reuniones del Pleno, permite a los diputados activar sus dispositivos únicamente durante las votaciones. Este formato agiliza las reuniones, pero limita la supervisión sobre la atención y participación efectiva de los legisladores que participan a distancia.

La sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, realizada la mañana del 20 de octubre, concluyó con una polémica protagonizada por el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco. La reunión semipresencial tenía como objetivo emitir una opinión sobre la Ley General de Aguas, enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Blanco activó su cámara y su micrófono únicamente para solicitar que se registrara su asistencia. “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo mientras aparecía en pantalla. La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le preguntó en dos ocasiones sobre el sentido de su voto, pero el legislador no respondió y sólo reiteró su solicitud de registro.

Durante la breve aparición de Blanco se escucharon ruidos de fondo que algunos diputados, como Mario Zamora Gastélum del PRI, interpretaron como golpes de raqueta de pádel. “Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc”, expresó Zamora. Tras este comentario, Blanco no volvió a encender su cámara ni su micrófono, por lo que su ubicación y actividad durante el resto de la sesión permanecieron desconocidas.

Algunos legisladores comentaron la situación con tono irónico. Margarita Zavala del PAN señaló: “¡Ya se fue!”, mientras Patricia Jiménez recordó acusaciones previas de agresión sexual que enfrentó el exgobernador de Morelos.

La dinámica semipresencial de la sesión, común en comisiones y algunas reuniones del Pleno, permite a los diputados activar sus dispositivos únicamente durante las votaciones. Este formato agiliza las reuniones, pero limita la supervisión sobre la atención y participación efectiva de los legisladores que participan a distancia.

El incidente evidenció tanto las restricciones de control en las sesiones virtuales como la atención de algunos legisladores durante los procesos de votación, situación que provocó cuestionamientos de la oposición y comentarios de varios integrantes de la Cámara sobre la modalidad de trabajo en línea.

Polémica: violencia política de género

En julio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Cuauhtémoc Blanco incurrió en violencia política de género en agravio de la exdiputada federal Juanita Guerra.

Con la resolución, el legislador fue inscrito durante un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante ese periodo no podrá aspirar a cargos públicos ni ser postulado a una candidatura, aunque conservará su fuero constitucional como diputado federal.

El fallo deriva de una denuncia presentada por Guerra, quien acusó que fue excluida del palco principal durante el desfile cívico militar por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, un acto que —según el Tribunal— tuvo como efecto invisibilizarla en un evento de relevancia pública que ella misma promovió.

La Sala Superior del TEPJF concluyó que dicha exclusión representó un acto de violencia política en razón de género con impacto desproporcionado en el ejercicio de los derechos políticos de la entonces legisladora. En la misma resolución también se ratificó la responsabilidad del exdirector general de Logística del gobierno estatal, Arturo César Millán Torres.

La decisión fue aprobada por mayoría de votos y ratifica la sentencia emitida previamente por la Sala Regional, que había determinado la existencia de violencia política en el caso.

En la semana previa a las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo decidió avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026 con una reunión clave, programada para este lunes 20 de octubre a las 9:30. Para eso, representantes del Gobierno dialogarán con dirigentes de cada bloque, pero sin el kirchnerismo, que no aceptó la invitación. El encuentro, que se celebrará en el Salón de Honor del primer piso, busca evitar una nueva prórroga en la aprobación del proyecto, que sería la tercera consecutiva desde 2023, y exhibir una disposición al diálogo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la convocatoria fue realizada por Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— y Alberto “Bertie” Benegas Lynch —titular de la Comisión de Presupuesto, que asumió luego del desplazamiento de José Luis Espert—. Además, contará con la participación de dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque sin la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En ese sentido, el encuentro contará con la asistencia de Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete, quienes fueron designados por el Gobierno para responder a las inquietudes y consultas de la oposición respecto al proyecto de Presupuesto.

La decisión de presentar a estos funcionarios, y no al ministro de Economía, generó tensiones con el kirchnerismo, que insiste en que sea Caputo quien exponga y defienda el Presupuesto 2026 ante la comisión. A pesar de este reclamo, los principales bloques opositores confirmaron su participación en la reunión.

Además de Gabriel Bornoroni, por La Libertad Avanza, participarán los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot— Encuentro Federal—, Pamela Calletti —Innovación Federal—, Pablo Juliano —Democracia Para Siempre—, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero— PRO—,Martín Tetaz y Rodrigo de Loredo —Unión Cívica Radical (UCR)—, Martín Arjol —ELI— y Paula Oliveto —Coalición Cívica—.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, rechazó la invitación a participar en la mesa paralela y argumentó que el ámbito de trabajo sobre el tema es la Comisión de Presupuesto.

El cronograma de tratamiento en la Comisión de Presupuesto, impuesto por la oposición tras un emplazamiento votado en el recinto, continuará este martes al mediodía con las exposiciones de Carlos Torrendell (secretario de Educación) y Alejandro Alvarez (subsecretario de Políticas Universitarias). El miércoles por la mañana será el turno de Julio Cordero (secretario de Trabajo) y Gabriela Real (presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales).

La Cámara de Diputados había aprobado el miércoles 8 de octubre dicho emplazamiento, con el objetivo de poner un límite al debate en comisión para asegurar la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026 antes de que finalicen las sesiones ordinarias. El dictamen se deberá firmar el 4 de noviembre.

En principio, Diputados lo trataría el miércoles 12 de noviembre y la Cámara alta podría dictaminar antes del 20 de noviembre, que es el límite legal para firmar los despachos de comisión. Así, quedarían habilitados para convocar a sesión en la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre.

Hace tan solo unas semanas, “Bertie” Benegas Lynch reemplazó a José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto. El diputado le agradeció al presidente Javier Milei, al titular de Diputados, Martín Menem, y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, por depositar en él la confianza de conducir el debate.

“Quiero transmitirles que mi espíritu va a ser de total apertura. Todos queremos sacar el Presupuesto, voy a poner toda mi energía y voluntad”, dijo.

De igual forma, Benegas Lynch insistió en la importancia de que la oposición respete algunas premisas del Gobierno libertario como no emitir para financiar al Tesoro, bajar los impuestos, desregular la economía y “devolverle el poder al sector privado, que es el único que genera trabajo”.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Presupuesto 2026 pero bajo la presidencia del libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien reemplazó al frente del cuerpo a José Luis Espert.

El economista había renunciado la semana pasada a la presidencia de la comisión y a su candidatura bonaerense luego de que se hiciera público que recibió USD 200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019. Espert finalmente pidió licencia de la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre.

Al inicio de la reunión, Benegas Lynch le agradeció al presidente Javier Milei, al titular de Diputados Martín Menem, y al jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni por depositar en él la confianza de conducir el debate.

“Quiero transmitirles que mi espíritu va a ser de total apertura. Todos queremos sacar el Presupuesto, voy a poner toda mi energía y voluntad”, dijo Benegas Lynch, pero insistió en la importancia de que la oposición respete algunas premisas del gobierno libertario como no emitir para financiar al Tesoro, bajar los impuestos, desregular la economía y “devolverle el poder al sector privado que es el único que genera trabajo”.

La nueva conducción de la comisión de Presupuesto llega en un momento clave, cuando la oposición endurece posiciones de cara al debate sobre el plan de gastos e ingresos que presentó el Gobierno.

Las reuniones comenzarán el próximo martes 14 a las 15. Luego continuarán el miércoles 12, el martes 21, el miércoles 22, el martes 28 y el miércoles 29. La séptima reunión será el martes 4 de noviembre: ese día se deberá firmar el dictamen.

Estas fechas permitirán tener suficiente margen de tiempo para que el Senado también pueda avanzar con la sanción definitiva antes de que termine el período legislativo ordinario. En principio, Diputados le daría media sanción el miércoles 12 de noviembre y la Cámara alta podría dictaminar antes del 20 de noviembre, que es el límite legal para firmar los despachos de comisión. Así, quedarían habilitados para convocar a sesión en la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre.

La oposición avanzó con un emplazamiento que le ponga un límite al debate por temor a que el Gobierno intente nuevamente prorrogar -por tercera vez consecutiva- el Presupuesto 2023. En un contexto inflacionario, la prórroga de un Presupuesto aumenta los márgenes de discrecionalidad del gobierno de turno porque la recaudación supera las partidas asignadas y los recursos “extra” pueden ser redistribuidos por el Jefe de Gabinete vía decreto.

El año pasado, el oficialismo estiró el debate y luego utilizó como excusa la “falta de acuerdo” con los gobernadores y los aliados para dar por terminada la discusión. Durante las sesiones extraordinarias tampoco se retomó la negociación.

“El mundo está exigiendo sustentabilidad política e institucional a este Gobierno. Aprobar un presupuesto no es sinónimo de éxito pero es un primer paso muy relevante. En cambio, no tener un presupuesto, que no tenga la capacidad el Gobierno de hacer los consensos necesarios, si no logra llevar al recinto en noviembre un presupuesto, en ese caso eso sí lamentablemente va a ser un anticipo de una frustración. No va a haber sustentabilidad política, ni institucional ni reformas en el Parlamento si la señal es que por tercer año consecutivo la Argentina carece de presupuesto de la Nación”, advirtió el presidente del bloque UCR, Rodrigo De Loredo.

Por su parte, desde el peronismo pidieron formalmente que sean invitados a exponer en la comisión casi todos los ministros del gabinete nacional y criticaron al ministro de Economía, Luis Caputo, por no confirmar su presencia en la interpelación prevista para mañana.

El principal expositor de la reunión fue Daniel González, Secretario Coordinador de Minería y Energía, quien destacó el potencial exportador de Vaca Muerta y reconoció que el panorama en relación a los servicios públicos es más complejo. “Necesitamos que se recompongan las compañías y al mismo tiempo que se recompongan las arcas del Estado a través de la reducción de subsidios”, dijo.

Sobre el final de la reunión, el presidente del cuerpo anunció que al día siguiente haría su presentación Juan Pazo, titular de ARCA.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados oficializará la designación de Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente este martes 14 de octubre. El legislador libertario ocupará el cargo en reemplazo de José Luis Espert, quien solicitó licencia luego de que se hiciera público que recibió USD200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019. El recambio llega en un momento clave, cuando la oposición endurece posiciones de cara al debate sobre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.

La comisión será clave en lo que resta del año legislativo. Durante la semana anterior, los principales bloques opositores avanzaron con la definición de un esquema de trabajo propio, estableciendo un cronograma de reuniones que busca evitar que el Gobierno de Javier Milei vuelva a funcionar sin la aprobación de un presupuesto en el ejercicio 2026.

El debate presupuestario llega con ese clima, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaran la aprobación del nuevo cronograma destinado a ordenar el tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Gobierno.

Tras la salida de Espert, la Comisión de Presupuesto presidida por Benegas Lynch tendrá la responsabilidad de conducir el análisis y dictamen de la llamada ley de leyes.

De acuerdo con el esquema acordado en la última sesión especial del 8 de octubre, avalado en el pleno de la cámara, se prevé la realización de seis reuniones informativas desde el 14 hasta el 29 de octubre y el dictamen para el 4 de noviembre, con la proyección de someter el presupuesto 2026 a votación a mediados de noviembre.

Según la comunicación formal de la Cámara de Diputados publicada en su portal institucional, la elección de la autoridad vacante en la presidencia de la Comisión de Presupuesto se realizará para dar cumplimiento al emplazamiento votado en la última sesión especial, donde la Cámara tomó conocimiento de la licencia presentada por Espert y la gravedad de las denuncias que lo involucran en el presunto cobro de fondos de dudosa procedencia durante la campaña de 2019. A partir de la designación de Benegas Lynch, la comisión retomará el estudio del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, cuya presentación formal ante el parlamento ocurrió el pasado 15 de septiembre.

El cronograma acordado entre los bloques dispone que las reuniones informativas serán encabezadas por secretarios de Hacienda y Finanzas del Gobierno nacional, quienes finalizarán las exposiciones iniciadas la semana previa. Las fechas establecidas abarcan los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre, en horarios matutinos y vespertinos, permitiendo la exposición de funcionarios técnicos, la consulta de los legisladores y la incorporación de observaciones de las fuerzas políticas. El dictamen final, previsto para el 4 de noviembre, será el eje del proceso deliberativo que determinará la suerte del presupuesto antes del recambio legislativo.

Con una conformación diversa, la Comisión de Presupuesto estará integrada, además de por Benegas Lynch y los libertarios (6 miembros), por representantes de Unión por la Patria (20 miembros), PRO (7), UCR (3), Liga del Interior (1), Innovación Federal (2), Encuentro Federal (2), MID (2), Democracia para Siempre (3), Coalición Cívica (1), Producción y Trabajo (1), y Frente de Izquierda (1). Esta heterogeneidad obliga al oficialismo a negociar acuerdos específicos para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno. Las tratativas se intensificarán con bloques dialoguistas y gobernadores, especialmente después de las elecciones provinciales del 26 de octubre.

En cuanto al contenido del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto 2026 prevé un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación estimada en 10,1% y una cotización del dólar a 1.423 pesos para diciembre de ese año. Las exportaciones deberían incrementarse 10,6% mientras que las importaciones aumentarían 11%. El esquema también contempla aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, 17% en salud, 5% en recursos para pensiones y un refuerzo de 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales.

Sobre el final del debate, la diputada del FIT Mercedes De Mendieta pidió la palabra para llevar adelante el reclamo de otra legisladora, Celeste Fierro, quien no se encontraba en el recinto, sino que era parte de una misión que, a través de barcos, intenta lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fueron detenidos por el Ejército de Israel.

“Nos estamos enterando de que, en estos mismos momentos, el Estado de Israel y su ejército está interceptando la flotilla Global Sumud, que se encontraba a 70 millas náuticas de Gaza llevando ayuda humanitaria, llevando agua y medicamentos a un pueblo que está sufriendo un genocidio“, dijo en su discurso De Mendieta.

En ese marco, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, le pidió a la diputada el tiempo para continuar con las preguntas que se les estaban realizando al Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y donde también estaban Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Claudia Balestrini (subsecretaria de Ingresos Públicos). Al continuar con su discurso, la decisión fue que se le apague el micrófono para darle pase al diputado Carlos Heller, quien iba a continuar.

Fue en ese momento que la diputada Ripoll se levantó de su asiento y se la oyó reclamar porque habían apagado el micrófono. “Se lo apagaron porque los compañeros se quieren ir a festejar el Yom Kippur, ¿me entendés? A vos no te importa, a mí sí. Yo te quiero decir que a mi compañera la secuestró un barco israelí“, fueron las palabras que se oyeron por parte de la dirigente de la izquierda.

A continuación, Espert informó que los secretarios decidieron retirarse del recinto en ese momento. “El secretario Guberman se retira, diputada Repol. Esto es lo que usted ha logrado. Eso es lo que ha logrado en una discusión de presupuesto y hacienda. Eso es lo que ha logrado, diputada Repol. Una vergüenza”, afirmó el presidente de la comisión.

Una vez concluida la sesión, Quirno publicó un mensaje en sus redes sociales y que fue replicado por el presidente Javier Milei. “Repudio total a los dichos antisemitas de la Diputada @vilma_ripoll que interrumpieron la sesión de Comisión de Presupuesto donde hoy iniciamos la presentación del Presupuesto 2026 con @CarlosGuberman”, escribió el secretario de Finanzas.

Seguido a esto, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, posteó: “Mi solidaridad para con el gran @CarlosGuberman, por los agravios antisemitas sufridos en el Congreso. Inexplicable que sigan pasando estas cosas”.

Otra de las voces que se replican desde el Poder Ejecutivo y que se refirió al tema fue la diputada Lilia Lemoine, quien escribió un posteo: “Argentina es un País adherido al Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) por lo cual hemos pedido sanciones contra la diputada Ripoll por el inaceptable acto de antisemitismo hoy contra un funcionario del gobierno nacional; y agrego: Israel es un País, Hamas es una organización TERRORISTA”.

Y agregó: “Las declaraciones antisemitas de un diputado argentino hacia un funcionario ejecutivo por su religión y encima en Yom Kippur, son INACEPTABLES. Esto ha llegado DEMASIADO LEJOS”.

En tanto, la diputada Sabrina Ajmechet replicó el momento y señaló: “Imagínense si alguien dijera: ‘Se lo cortaron porque sus compañeros se van a celebrar la navidad en familia’. No se pueden tolerar expresiones antisemitas en el Congreso. La religión de cada uno de respeta. Tiene que haber sanciones para Vilma Ripoll. Estoy presentando un proyecto en ese sentido.

La reunión en la Comisión de Presupuesto

En su exposición, Guberman explicó que el Gobierno prevé “un crecimiento del 5%, una inflación acumulada del 10% y un dólar a $1.423” y que respetará tres ejes básicos de gestión: “Acompañamientos social sin intermediarios, porque la ayuda tiene que llegar de manera directa y con el foco puesto en los jóvenes y en los niños; el equipamiento de las fuerzas de seguridad y defensa, porque hay que garantizar la seguridad de fronteras e interior; y la desregulación y transformación del Estado, para mejorar por ejemplo el funcionamiento de ARCA y cambiar la lógica para no poner al contribuyente como el enemigo”.

“Lo más importante es haber alcanzado el equilibrio en las cuentas, el alcance del superávit fiscal y el resultado más importante es la baja al 31,6% de la pobreza. Tener equilibrio financiero ayuda a pagar las cuentas, incluidos los intereses de la deuda”, resumió.

En términos generales, aseguró que el año que viene bajará el gasto en subsidios, en salarios públicos y en asistencia social, mientras que aumentarán los gastos en previsión social, las transferencias corrientes a las provincias, los gastos de capital y el presupuesto para las universidades.

Entre las pocas preguntas que respondió el Secretario de Hacienda se destacó su defensa de la reciente quita temporal de retenciones. “Si bajamos los derechos de exportación es porque lo podíamos hacer, vamos a llegar a fin de año con equilibrio en las cuentas públicas y vamos a obtener superávit financiero”, explicó.

Y agregó: “Tenemos la convicción de que el principal ordenador de lo que estamos haciendo es la disciplina fiscal, el mercado lo sabe y lo valora”.

El debate continuará durante las próximas semanas y el oficialismo espera poder avanzar con la media sanción después del recambio del 10 de diciembre, cuando estiman que tendrán un bloque más grande.

Buenas noticias para los trabajadores CAS, del decreto legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios. Además de que este año se esté pidiendo por varios proyectos de ley su traspaso a otros regímenes laborales y que el Gobierno planee presentar un proyecto para darle gratificación a estos empleados, en el Congreso se ha aprobado una nueva medida.

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Parlamento se aprobó el dictamen de la Ley que autoriza a las entidades públicas la nivelación de las remuneraciones de los servidores CAS indeterminados del DL 1057. Esto hará que los sueldos de estos empleados aumente al monto más alto que perciba otro trabajador 276, 728 o 1057 en el mismo nivel remunerativo de la institución.

Es decir, si un servidor público desempeña un cargo equivalente a otro que recibe mayor sueldo por su trabajo en la misma entidad, ese recibirá el mismo monto que este último. Se elevará el monto del que reciba menor sueldo para equiparar al que reciba más.

Nivelación de sueldo CAS

El dictamen aprueba una ley que “se aplica a los servidores CAS indeterminados del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio”.

Así, a estos se les aumentará el sueldo al mayor monto que reciba un trabajador similar que desempeñe las mismas labores dentro de la misma entidad, pero solo comparado a los trabajadores de los decretos 276, 728 e inclusive los 1057 (los mismos CAS).

También se detalla que este proceso llevará una cantidad de tiempo en que debe aplicarse. No será inmediato. “La nivelación dispuesta en la presente la ley se efectúa en un plazo máximo de cinco años, de forma progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal de cada entidad del sector público”, aclara el dictamen.

Condiciones del aumento

Sin embargo, no todos los empleados del decreto 1057 serán parte de este proceso. Como señala el dictamen estos será para los trabajadores CAS indeterminados y se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

• Deberán percibir remuneraciones mensuales no mayores de S/4 mil para que se les aplique la Ley
• Deberán ocupar cargos equivalentes a los del personal de los regímenes laborales de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 inclusive, para que se consideren el aumento del monto.

Pero hay más, porque a partide esta Ley también se prohibirá “la contratación de servidores bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) con una remuneración inferior a la establecida para el cargo o plaza equivalente".

Los siguientes pasos

Primero, para que avance la medida, el dictamen tiene que validarse en el Pleno del Congreso por medio de votación y tener mayoría para salir aprobado, ya que solo ha sido votado favorablemente en la Comisión de Presupuesto.

Luego de esto, con la promulgación de la medida por parte del Ejecutivo, hay algunas partes más del proceso antes que se de esta nivelación de remuneraciones.

“Los titulares de cada entidad del sector público, previo informe favorable de la oficina de recursos humanos, la dirección de presupuesto y la oficina de asesoría jurídica de la entidad o las que hagan sus veces, emiten los lineamientos técnicos y administrativos para la identificación de beneficiarios, criterios de equivalencia y mecanismos de control”, acota el dictamen.

Asimismo, estas entidades del sector público contarán con un plazo de treinta días hábiles, “contados a partir de la publicación de la presente ley, para aprobar mediante resolución del titular de la entidad los lineamientos técnicos y administrativos para la identificación de beneficiarios, criterios de equivalencia y mecanismos de control”. En este se detallaran mayor detalles de la posible norma.

Fue la empresaria Blanca Ríos quien denunció estos actos que involucran al legislador. Según explicó, Jerí le habría exigido pagos ilícitos durante su gestión, utilizando a un intermediario para condicionar la inclusión de proyectos en el informe presupuestal del Legislativo. Junto a Jerí, también se mencionó la posible participación de la congresista Ana Zegarra.

De acuerdo a la versión de la denunciante, tanto Jerí como Zegarra habrían condicionado la aprobación de obras públicas a transferencias económicas, pagadas por su empresa de servicios generales durante el año 2023. Ríos sostuvo que solo podría acceder a contratos si cumplía con cuotas exigidas por el entorno parlamentario y que parte de los montos entregados terminaría financiando una presunta caja chica partidaria. Por lo que indicó que se habría pagado un aproximado de S/ 150 mil.

Ana Zegarra separa a asesor

Asimismo, el dominical Panorama indicó que este fin de semana revelará audios y chats que podrían comprometer al hoy aspirante a la Mesa Directiva. Por su parte, Zegarra ha difundido un comunicado donde anuncia la separación de su asesor Nahum Hidalgo, además de manifestar disposición para colaborar con las investigaciones tras estas graves acusaciones.

“Tenía que saber, porque era su gente que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, dijo la empresaria en un adelanto del citado medio.

Las denuncias salieron a la luz en plena jornada clave para la elección de la nueva Mesa Directiva en el Congreso. A pesar de ello, Jerí ha decidido no dar explicaciones ni responder las acusaciones tras ingresar por la puerta trasera al Parlamento, según informó el periodista Carlos Viguria.

Presidente del Congreso pide explicaciones

El presidente saliente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que el legislador Jerí debe ofrecer al país todas las explicaciones necesarias luego de la difusión de la denuncia. No solo a las bancadas que han decidido respaldarlo con la lista número 1, sino también al país.

“Hemos tomado conocimiento de esa información propalada en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Tiene que brindar todas las explicaciones que correspondan al país en este momento. Creo que tiene una gran responsabilidad, no solo con las bancadas que han acordado respaldarlo”, señaló.

Salhuana precisó que esperó que se realice una reunión antes de haber empezado la votación para que como bancada de Alianza para el Progreso tomen una decisión. Se conoció que el partido de César Acuña iba a respaldar la lista uno, pero antes de estas acusaciones.

Mientras tanto, su contrincante con la lista dos, José Cueto, decidió evitar opinar sobre esta denuncia e indicó que debería resolverse en la Fiscalía de la Nación. Asimismo, señaló que “no calificará a ningún rival”.

El proyecto de ley de “presunción de inocencia fiscal”, que busca fomentar el uso de los dólares que los argentinos atesoran sin declarar “en el colchón”, se encontró un obstáculo inesperado en la Cámara de Diputados. Tras un ampuloso anuncio encabezado por el vocero Manuel Adorni, la Casa Rosada dejó trascender que esperaba avanzar con su tratamiento lo más rápido posible. Pero tras cuatro semanas ni siquiera está en agenda una primera reunión informativa en el plenario de comisiones.

El cronograma extraoficial que habían dejado trascender desde las filas libertarias marcaba que el primer plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Legislación Penal sería la semana que viene, con el objetivo de ir al recinto a principios de julio. Hasta el momento no fue convocada y dado que la semana que viene es corta por los dos feriados, en los bloques coinciden en que todo se postergará -de mínima- una semana más.

La Casa Rosada ya logró el respaldo de 13 gobernadores que adhirieron al nuevo “Régimen Simplificado de Ganancias” (una de las partes del proyecto), por lo que tendría allanado el camino para aprobar la iniciativa en el recinto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, primero debe firmar un dictamen de comisión y allí está el problema.

La comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, tiene 49 integrantes y el oficialismo necesita 25 firmas (de su proyecto u otro) para poder llevar el texto al recinto. La Libertad Avanza tiene 6 representantes en la comisión y cuenta con el respaldo de sus habituales aliados del PRO (7), MID (2), la UCR (3), la Liga del Interior (1), Innovación Federal (2) y Producción y Trabajo (1). En tanto, se descuenta que los representantes de Unión por la Patria (20) y el Frente de Izquierda (1) rechazarán la iniciativa.

Por lo tanto, para llegar a la mayoría deberá sumar al menos tres apoyos entre los dos diputados de Encuentro Federal, los tres de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica. Sin embargo, estos bloques dialoguistas acumulan tensiones con Martín Menem y hasta el momento ponen en duda su acompañamiento.

Ante la consulta de Infobae, desde la Coalición Cívica explicaron que todavía están estudiando el proyecto, pero destacaron que “no es menor” que no se haya tratado el Presupuesto. En la misma línea, desde Democracia para Siempre también recordaron que José Luis Espert dejó trunco el debate de la “ley de leyes” y le sumaron la decisión del oficialismo de bloquear la comisión $Libra.

“Espert maneja la agenda de Presupuesto como quiere. Cajonera todo y después cuando les interesa, te vienen de apuro. Así no funciona. Así de apuro como quisieron meter lo de AGN no va. No sé cuándo quieren dictaminar. Si es ya, la respuesta es no”, aseguró uno de los radicales disidentes que podría inclinar la balanza. No obstante, aclaró que está “dispuesto a discutir”.

Por otro lado, en las filas de Encuentro Federal dejaron saber que podría influir negativamente en la negociación que Milei vete el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, que aún debe ser ratificado por el Senado.

Los tres espacios coincidieron en que por el momento no fueron contactados por los libertarios para negociar, por lo que descuentan que el proceso será más lento que lo anunciado mediáticamente.

El oficialismo tiene más chances de reunir consenso en las comisiones de Legislación Penal y Legislación General. De hecho, una parte del proyecto, que modifica el Régimen Penal Tributario es similar a un texto que ya fue dictaminado en noviembre de 2024. Pero la oposición sospecha que es una maniobra para buscar una mayoría. “Quieren que dictaminemos todo junto, pero el resto del proyecto no logra un consenso tan fácil”, explicaron.

El proyecto “inocencia fiscal” modifica el Régimen Penal Tributario y aumenta los montos a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal. El mínimo para un caso de evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada aumenta de $15 millones a $1.000 millones.

También acorta los plazos de 5 a 3 años para que ARCA pueda exigir el pago de impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias. El objetivo, según detallaron desde el oficialismo, es que gobiernos futuros no puedan “perseguir” a los contribuyentes “por su situación patrimonial pasada”.

El tercer punto, que genera mayores dudas en las filas opositoras, crea un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales para incentivar el uso de dinero no declarado. Está pensado para personas con ingresos inferiores a los $1.000 millones y un patrimonio menor a los $10 mil millones. Por ejemplo, los contribuyentes deberán declarar sus ingresos -y los gastos deducibles- pero podrán comprar sin informar un auto con dinero no declarado sin que se investigue el origen de esos fondos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso de la República ha aprobado el dictamen que valida el nombramiento del personal de Salud bajo el régimen CAS (contratación administrativa de servicios)—Ley que modifica la Ley 32185, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, a fin de autorizar el nombramiento del personal de la salud bajo el régimen del decreto legislativo 1057.

Así, en su artículo único, el dictamen propone modificar los artículos 8 y 49 de la Ley 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, para que queden en los siguientes términos:

“Se prohíbe la incorporación del personal en el Sector Público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: (...) El nombramiento de hasta el cien por ciento (100 %) de los profesionales de la salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, a los que hace referencia la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, contratados al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057″, detalla el texto.

Nombramiento a CAS de Salud

Según se señala en el dictamen ya aprobado en la Comisión de Presupuesto,, se autoriza al nombramiento de hasta el cien por ciento (100 %) de los profesionales de la salud y de los técnicos y los auxiliares asistenciales de la salud en el régimen 1057 (CAS). Estos tienen las siguientes condiciones:

• Pertenecientes al Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales (a los que hace referencia la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023)
• Fueron contratados al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
• Se encuentran registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a la entrada en vigencia de la Ley Nº 31638
• Estos incluyen el porcentaje autorizado en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en el literal ñ) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024

Así, se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, que se de esta medida en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, procede con la elaboración, aprobación y publicación de la normativa correspondiente para la ejecución del respectivo nombramiento dispuesto por esta ley. Como se sabe, sin embargo, la medida aún falta de que sea aprobada en Pleno y luego promulgada.

Sobre el presupuesto para el nombramiento

Así, el nuevo artículo 49 señala el financiamiento del nombramiento del personal de la salud contratado e identificado al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057:

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático y en el nivel institucional a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, previo cálculo del costo diferencial respectivo, para financiar el nombramiento del cien por ciento (100 %) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales”, resalta.

De igual manera, “se autoriza, de ser necesario, al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevará, a partir del año 2025, los requisitos de calificación crediticia que tienen los gobiernos regionales y municipales para exceptuarse de las reglas fiscales al momento de obtener financiamiento externo, a efectos de evitar nuevos sobreendeudamientos como el incurrido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), gestionada por el alcalde Rafael López Aliaga.

En la víspera, el ministro José Arista y su equipo se presentaron ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para obtener la aprobación de los predictámenes de la Ley de Equilibrio Financiero (PL 8759/2024-PE); Endeudamiento (PL 8760/2024-PE); y Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025 (PL 8758/2024-PE). Solo los dos primeros fueron aprobados y enviados al Pleno, con cambios.

A su turno, la Directora General de la Dirección General de Política Macroeconomica y Descentralización Fiscal del MEF, María Vargas Romero, explicó que la Ley de Endeudamiento 2025 incluye una modificación del Decreto Legislativo 1275, que aprueba el marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de que la calificación necesaria para el sobreendeudamiento de una administración subnacional pase de BBB+ a AA+.

“Lo que se esta proponiendo es modificar la calificación crediticia vigente, que es BBB+, para que los gobiernos regionales y locales tengan la capacidad de endeudarse. El objetivo es aumentar la exigencia de estos gobiernos subnacionales para cuando busquen tener la posibilidad de exceptuarse de las reglas fiscales”, refirió la economista.

La funcionaria reconoció que las modificaciones propuestas no afectarían a los gobiernos subnacionales del resto del país, pues el municipio limeño es, actualmente, “el único que tiene una calificación asignada por dos entidades que están en la Bolsa de Valores”.

“Ahora, que estamos en un proceso de ordenamiento transparente y ordenado hacia el cumplimiento de las reglas fiscales, estamos evaluando aumentar esta exigencia de calificacion crediticia y pasar de BBB+, que significa un pago moderado de deuda, a exigirles una calificacion para un pago más fuerte, de AA+”, detalló Vargas Romero.

La MML no podrá sobreendeudarse a partir del 2025

Finalmente, el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Presupuesto solo concedió al MEF la posibilidad de endurecer los términos de endeudamiento de la MML de BBB+ a A+, y no hasta AA+, como se había planteado. Así será debatido por la Representación nacional.

El expresidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, dijo para Infobae Perú que la propuesta aprobada por el Congreso a solicitud del MEF es positiva, sin embargo, consideró que debió suprimirse totalmente la discrecionalidad para sobreendeudarse desde un gobierno subnacional.

Oliva indicó que, aunque la municipalidad regentada por López Aliaga es la única que tiene la doble calificación necesaria, existen muchos otros cabildos que cumplen con las reglas. entonces, podrían eventualmente también plegarse a los requisitos de sobreendeudamiento.

“El caso de la MML es particular, pues tiene la dispensa pese a no cumplir con las reglas fiscales, porque justamente ha elegido ir por el lado de la calificación”, zanjó.

La MML y el millonario sobreendeudamiento de Rafael López Aliaga

El 27 de diciembre de 2023, la MML, bajo la dirección del alcalde Rafael López Aliaga, realizó la primera emisión de bonos por un valor de S/1.205 millones, aproximadamente US$325 millones, con una tasa anual del 10,1%.

Esta acción forma parte de un plan más amplio que involucra una deuda total de S/4.000 millones, alrededor de US$1.000 millones, que comprometerá los ingresos futuros de la comuna durante los próximos 20 años.

El Consejo Fiscal y el MEF ya habían advertido sobre los riesgos financieros de esta medida, que además contravenía, en ese momento, un decreto de urgencia. La preocupación se centra no solo en la salud fiscal del país, sino también en la viabilidad de futuros proyectos en Lima.

En junio de 2023, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la emisión de bonos para financiar 42 proyectos de inversión prioritarios, identificados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana intensa de sesiones especiales, tras haber estado paralizada por el viaje de varios legisladores a las elecciones en los Estados Unidos.

En las próximas horas, la oposición solicitará una sesión especial para la próxima semana con el objetivo de discutir la modificación de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), según informaron fuentes legislativas.

La propuesta de la oposición fue acordada en una reunión de interbloque en la que participaron Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se espera que el pedido formal para realizar el debate en el recinto se presente en las próximas horas, con la intención de sesionar el próximo martes.

Por otro lado, el bloque La Libertad Avanza también ha manifestado su interés en convocar una sesión especial para la semana entrante, pero con el propósito de tratar la ley de Ficha Limpia. Esta iniciativa busca establecer criterios de transparencia y antecedentes limpios para quienes quieren presentarse como candidatos a cargos públicos.

En el caso del proyecto de modificación de la norma de DNU, la oposición propone dos cambios fundamentales a la ley 26.122, y apuntan a regular de manera diferente las situaciones en las que el Congreso puede dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia.

El artículo 1 del proyecto determina que cualquier decreto pierde vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras en un plazo de 90 días corridos, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, establece que las dos Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme. Es decir, el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, por separado, sería suficiente para anular un decreto. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio, en la actualidad se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.

La Coalición Cívica dijo compartir el espíritu del cambio, pero cree que la propuesta es muy abrupta; por eso presentó un dictamen propio que también dice que el rechazo de una Cámara debe ser suficiente para bloquear un DNU, pero cree que poner un plazo de tiempo puede atentar contra la gobernabilidad porque el Congreso está demasiado fragmentado. También quiere que, además de rechazar un decreto, se pueda declarar nulo para retrotraer todos sus efectos jurídicos.

Por el lado del bloque de la UCR la disidencia es con la imposición de plazo, ya que entienden que frente a eso la oposición podría eludir cualquier tipo de negociación y esperar que se cumplan los plazos, así el DNU cae solo.

Si hay un acuerdo con estos dos bloques, la modificación obtendría los dos tercios de los votos. El dato no es menor teniendo en cuenta que lo más probable es que el presidente Javier Milei lo vete y los diputados tengan que insistir.

Para Ficha Limpia la idea del oficialismo es abrir el recinto el miércoles de la semana que viene. Hay 4 dictámenes. El de la mayoría -UCR, PRO, CC y LLA- se circunscribe al delito de corrupción y es aplicable a aquellos candidatos electorales.

El proyecto reglamenta la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos para que no puedan ser candidatos en elecciones. La restricción genera críticas de otros sectores: UP señaló que vulnera el principio de inocencia

La agenda en la Cámara de Diputados contempla sesionar el martes para abordar la modificación de la ley de DNU y el miércoles para discutir el proyecto de Ficha Limpia. Además, el jueves podría llevarse a cabo una de las últimas reuniones de la Comisión de Presupuesto, con el objetivo de dejar casi listo el proyecto de ley que se dictaminaría el martes 19 de noviembre y se llevaría al recinto un día después.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda volvió a reunirse hoy para debatir el capítulo Educación en el Presupuesto 2025, con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez.

En el comienzo de la reunión, el presidente de la Comisión, José Luis Espert, hizo referencia a que en las últimas tres semanas pasaron por allí siete funcionarios nacionales, e hizo un detalle de la cantidad de tiempo que expusieron. En ese momento, los diputados señalaban que quien no estuvo presente fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Torrendell hizo una introducción en la que señaló que lo que busca el Gobierno es “pasar del concepto de Estado educador a sociedad educadora”. Luego apuntó que la intención es “efectivizar una política federal y participativa” y avanzar en “políticas focalizadas”

Previendo que buena parte del debate se concentraría en la disputa con las universidades nacionales, ya que la educación fue transferida a las provincias, el secretario de Estado dijo que lo que buscan es “concentrarse en el logro del aprendizaje y que finalmente se gradúen, que es el gran desafío de las universidades nacionales en la Argentina. La idea es la de hacer una inversión inteligente”.

Como el punto en discusión era el gasto universitario, Torrendel dijo que el mismo, en el proyecto de Presupuesto, “pasó del 5° al 3° lugar porque es un gasto relevante. Implica 4 puntos del presupuesto. Es un desafío”.

El primero en tomar la palabra fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien señaló que “baja el presupuesto en Educación”, ya que “sólo crece el 0,6% del PBI”. Y agregó que entiende que cuando se observa el crecimiento en otros sectores, lo que queda a la vista son “las prioridades” del Gobierno.

“Salvo el plan de alfabetización, el resto de los programas tienen una reducción -en los fondos- que van desde el 9% al 51%”, precisó el diputado de la CC Ari

En la misma línea, consideró que el oficialismo empujó el conflicto universitario. “Empezamos a discutir esto en abril y estoy convencido de que ustedes querían el conflicto. Cuando discutimos la esencialidad de la Educación, el oficialismo pidió ampliar y avanzar en el temario”.

El diputado buscó dejar en claro que no hay intención de invertir en el sector y aportó un dato más para fundamentar: “El gasto en Educación es el mismo que el gasto militar”.

Luego tomó la palabra el subsecreario Álvarez, quien ya se enfrentó con varios legisladores públicamente, y comenzaron los cruces. El funcionario, que fue criticado por no asistir a los debate sobre el presupuesto universitario, comenzó diciendo que le daba “mucho gusto venir a charlar, por fin, a desalojar sus dudas” y la elección de las palabras -el concepto de desalojo- fue el comienzo del malestar de los legisladores.

El subsecretario salió a desmentir los dichos de los diputados respecto al desfinanciamiento. “No existe ninguna carrera desfinanciada”, lo que generó los primeros murmullos y algún que otro grito de mentiroso.

El principal cruce fue con Ferrarro a quien le dijo que “le iba a explicar porque los datos que tiene son falsos, seguro que son los datos del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional que tiene una relación con uno de los partidos opositores”, en referencia al radicalismo.

Esto hizo que estallara la sala donde transcurría la Comisión y frente al crecimiento de los gritos de parte de los legisladores, Álvarez levantó la voz y dijo que “ahora se hizo bien el presupuesto. Antes se discutían por lobby en esta casa, dependiendo del acercamiento que tenían con los legisladores. Nosotros lo hicimos ejecutando lo que se ejecuta, no hay un solo programa que se encuentra desfinanciado”.

Avanzando en su exposición, el funcionario decidió ejemplificar el mal manejo de los fondos universitarios tomando como ejemplo la Universidad de la Artes. “Es la que tiene la administración más desastrosa. Tienen 7 edificios alquilados, uno con pedido de desalojo, y ayer los vimos bailando en Once”, en relación a una protesta que hicieron los alumnos en la estación de tren. Esto generó el aplauso de los legisladores de Unión por la Patria en apoyo a los alumnos, lo que hizo que Álvarez agregara: “no cabe ninguna duda que no es oficialista” .

Aunque no tenía pensado hablar, la diputada Danya Tavela -del nuevo bloque radical- tomó la palabra. La legisladora autora del proyecto de presupuesto universitario que vetó el Presidente Javier Milei, dijo que “es importante significar que el presupuesto no representa lo que planteó el CIM, pero en este caso es el 53% que lo que el CIM solicitó”, mostrando que entiende que hay un desfinanciamiento.

Pero la legisladora decidió centrarse en los fondos para la educación técnica, algo que se fue repitiendo a lo largo de la comisión. “Decidieron -en el Presupuesto- la suspensión del art 56 que es el fondo para la educación técnica nacional. Hablan de la necesidad de vincular carreras con el desarrollo productivo, la pregunta es ¿cómo vamos a avanzar en esto si restringimos esta garantía de financiamiento? es muy poco saludable quitar la obligatoriedad del cumplimiento de estas leyes”, dijo la radical.

Finalmente, la diputada oriunda de Junín, cerró su exposición señalando que el Gobierno busca “maquillar un ajuste en el sistema educativo”. Y fue aún más fuerte al señalar que la administración de Milei “tiene la decisión de que el sistema educativo argentino deje de ser público, para todos, y que efectivamente sea un bien a los que sólo aquellos que su posición lo permita puedan acceder”.

En esta línea se expresó también el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien primero le dijo a Torrendel que cuando asistió a la Comisión por el debate de Ley Bases “casi que parecía humano en medio de los demás” pero que hoy “ya es uno más del montón, se lo tragó el neoliberalismo. Me hizo acordar a ministros del 99, 2000 o 2001″.

Martinez hizo un recorrido sobre la ejecución de varios programas que muestran que están en 0% como es el de infraestructura o el programa leer por leer que se ejecutó 0%. Pero luego avanzó y señaló que en el recorte del gobierno de LLA “se comieron el 80% del financiamiento de las escuelas técnicas. Es un brutal proceso de desfinanciación de las escuelas. Lo que está en el presupuesto es el 0,03% de los ingresos corrientes del Estado. Ni Macri se animó a tanto, Macri lo llevó al 0,1%”.

Torrendell fue respondiendo e intentando apagar las críticas pero sin moverse ni un centímetro de lo que dice públicamente el Presidente Milei. “Ahora ustedes, los legisladores, van a poder modificar las partidas teniendo en cuenta que este es un Presupuesto que tiene déficit cero”.

Por último, el subsecretario Álvarez cerró su jornada aclarando que la idea del gobierno es “sostener la educación pública. Vamos a sostener la oferta porque creemos en la educación pública”. Y luego hizo referencia a que los salarios de los docentes “van a ser de los que más crezcan contra la inflación”, lo que generó las risas de los diputados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso hoy ante la Comisión de Presupuesto sobre su gestión al frente de la cartera y defendió el incremento presupuestario del 19% para el año que viene. “¿Es todo lo que necesitamos? No. Pero es todo lo que el país puede brindarnos”, aseguró. También anunció que impulsará dos nuevas leyes: una contra la violencia barrabrava y otra contra los homicidios vinculares.

Bullrich comenzó con un extenso repaso de la situación en la que estaban las fuerzas de seguridad federales cuando asumió el cargo y enumeró algunos de los gastos en equipamientos que realizó en lo que va del año. “El 64% de los chalecos antibalas estaban vencidos, el 55% del parque automotor de las fuerzas, obsoleto. El 50% de las aeronaves estaban inoperativas. La Gendarmería sin un solo helicóptero ni un solo avión. Hasta ahora hemos recuperado cuatro helicópteros y dos aviones”, detalló.

También dijo que su cartera compró 3.500 pistolas para el Servicio Penitenciario Federal, lo que representa una renovación del 95% del equipamiento de esa fuerza. “Fuimos a vender las viejas y solo las compraban los museos de Estados Unidos porque eran de 1969″, ironizó.

Luego agradeció a los diputados que hayan colaborado con la aprobación de la ley que amplió el Registro de Datos Genéticos y la media sanción para la Ley Antimafia. “Les puedo asegurar que va a marcar un antes y un después”, dijo.

Bullrich explicó que el aumento del 19% no es todo lo que se necesita para “es lo que el país puede dar”. En concreto detalló que serán $594 mil millones para la Prefectura Naval, lo que representa una actualización del 24,9%; $154 mil millones para la PSA, una actualización del 20,5%; $1.063.000 millones para la Gendarmería, un aumento del 19,5%; $401 mil millones para el Servicio Penitenciario (18,1%); $765 mil millones para Policía Federal Argentina, una actualización del 15,2%.

Ante los cuestionamientos opositores, la ministra negó que el presupuesto de su Ministerio sea el que registra mayores aumentos. “Capital Humano aumenta un 35%, las prioridades están claras, una decisión de tener una cobertura social fuerte y distinta, sacando a los intermediarios”, retrucó.

Luego de reivindicar la política de seguridad que logró reducir los homicidios vinculados al narcotráfico en Rosario, Bullrich destacó que junto a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires se logró reducir el 17% de los homicidios en todo el país. “Es una tendencia a la baja muy importante. Y de seguir así vamos a ser el país con menos homicidios de América del Sur”, aseguró.

Por otro lado, adelantó la implementación de un programa que bautizó “90/10″, dado que el 90% de los homicidios suceden en el 10% del territorio, en 123 municipios. “Va a ser el plan más importante de reducción de homicidios”, dijo.

También reveló que presentará en el Congreso una ley anti barras, para reducir la violencia en el fútbol, y otra norma para abordar los “homicidios vinculares y de género”. No obstante, no brindó detalles sobre estas iniciativas.

La reunión de comisión tuvo un momento álgido cuando la diputada camporista Lorena Pokoik denunció que un efectivo de seguridad del equipo de la ministra la estaba filmando mientras hablaba. Cuando le pidió a los gritos que se identifique y explique por qué la estaba grabando, el hombre se retiró del salón, lo que generó indignación en las filas peronista.

“Vos le mandaste a pegar a los diputados”, le dijo Pokoik a Bullrich en referencia al incidente con gas pimienta que dejó a varios legisladores afectados en el marco de los incidentes durante el tratamiento de la Ley Bases. “Los diputados no tienen coronita, si se ponen delante para pegarle a la policía, van a tener las mismas consecuencias”, contestó la ministra.

Distintos espacios de la oposición avanzaron este martes en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales con un proyecto para obligar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a exponer y contestar preguntas sobre el Presupuesto 2025 en el Congreso. Al haber obtenido el dictamen de mayoría, la iniciativa queda lista para ser tratada en el recinto (sólo debe ser aprobada por la Cámara baja).

Hace algunas semanas el propio Caputo había explicado que no daría explicaciones ante los diputados. “No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerles el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas”, dijo el ministro en LN+.

El proyecto elaborado por Cecilia Moreau plantea convocar a Caputo “en virtud de lo dispuesto en los artículos 71 y 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Queremos que venga Caputo para que nos explique con absoluta claridad a dónde va el plan económico, cómo piensa gobernar durante el 2025, si va a gobernar con el Presupuesto o a puro veto. Tiene que dar explicaciones sobre temas importantes como el hambre, los medicamentos, el desempleo, que explique si es verdad que los fondos buitres quieren embargar el oro que llevó al exterior, que nos explique cómo va a enfrentar los pagos de los intereses y el capital de la deuda”, planteó Sergio Palazzo, de Unión por la Patria.

Y agregó: “Que diga que no se presta a un show, me molesta sobremanera. Si venir a dar explicaciones al Congreso es un show, presenciamos un show de baja calidad cuando vino el Presidente”.

Según señalaron en el proyecto, desde el peronismo consideraron que “la actitud es contraria a los acuerdos mínimos que hacen al funcionamiento de las instituciones, al respeto por la República y a la división de poderes, además de un desprecio y destrato absoluto hacia los representantes del pueblo”.

La tradición marca que es el titular del Palacio de Hacienda quien concurre a presentar el Presupuesto a la Cámara de Diputados y luego van funcionarios de su equipo a responder las preguntas de los legisladores.

No obstante, este año se definió otro formato y el proyecto fue presentado el 15 de septiembre por el propio presidente Javier Milei. Por eso la oposición comenzó a reclamar la presencia de Caputo, a sabiendas de que el funcionario esquivó el Congreso en reiteradas oportunidades durante este año.

La diputada libertaria Nadia Márquez fue la única oficialista que hizo uso de la palabra para rechazar la iniciativa opositora. “No está estipulada la obligatoriedad de venir. Acá hay algo que trasciende lo informativo. El ministro ha brindado todas las herramientas, otros problemas personales los resolvemos en otros ámbitos”, explicó y recordó que ya se han presentado ante la comisión de presupuesto los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno.

El Gobierno logró neutralizar en el Congreso este miércoles el intento opositor de actualizar los gastos y salarios universitarios por inflación. Sin embargo, esta victoria política no será definitiva y el conflicto con la comunidad educativa tendrá nuevas batallas, como el debate del proyecto de Presupuesto 2025.

El plan de gastos para el año que viene contempla una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero. Pero a pesar del escenario positivo en términos macroeconómicos, la Casa Rosada anticipa una caída de 0,3% para la función Educación y Cultura, y una baja del 4,5% en el financiamiento de las universidades.

De hecho, el artículo 27 del proyecto determina -gracias a la emergencia declarada en la Ley Bases- que se suspenderá el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma establece que el Estado debe garantizar un gasto consolidado (nación, provincias y CABA) no inferior al 6% del PBI para la Educación.

En la primera reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue consultado en más de una oportunidad sobre este punto por los diputados de la oposición y reconoció que el Gobierno no intentará cubrir ese mínimo. “No podríamos cumplir con todas esas normas dada la situación de restricción fiscal. Desde el lado del Estado Nacional no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”, explicó Guberman, también en referencia a una normativa que garantiza el financiamiento para ciencia y tecnología.

En la misma línea, los fondos destinados a infraestructura y equipamiento dentro de la Secretaría de Educación tendrían una caída real del 23,4% para 2025.

En cuanto a las universidades nacionales, la Casa Rosada planea destinarles $3,8 billones. Una cifra que apenas supera la mitad de lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): unos $7,2 billones. Según los rectores, la diferencia se explica porque el Gobierno no contempla casi ninguna recuperación de los salarios, ni siquiera según la inflación estimada del 18 por ciento.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”, plantearon los rectores en un duro comunicado oficial.

Por otro lado, el artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para “asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”. Y advierte: “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. Desde la oposición entienden que será una herramienta de presión para cortar las transferencias en caso de conflicto, como ya ocurrió con las universidades.

Desde el radicalismo ya advirtieron que la potestad para suspender fondos introduce un riesgo operativo para el funcionamiento de las casas de estudios ya que estas dependen de la regularidad de las transferencias para mantener sus actividades. Además señalaron como punto problemático estas exigencias se utilicen de manera arbitraria para ejercer presión política sobre universidades específicas.

Tampoco ven con buenos ojos la suspensión de la obligación de invertir el 6% del PBI en educación porque traerá consecuencias negativas a largo plazo para la calidad del sistema de enseñanza y afectará el principio de igualdad de oportunidades.

En cuanto a la negociación concreta con el oficialismo, los radicales y otros sectores de la oposición dialoguista apuestan a aumentar las partidas para educación (primaria, secundaria y universitaria) a partir de recortes en el gasto tributario.

A tono con el pedido del Gobierno, que adelantó que rechazará cualquier iniciativa legislativa que no detalle de dónde surgirán los fondos para su implementación, la oposición dialoguista busca que el ajuste sea “más parejo” pero sin romper el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico de Milei.

El gasto tributario engloba los recursos que el Estado deja de percibir por exenciones de impuestos a sectores estratégicos, en total más de 4 puntos del PBI. En este sentido, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (0,37 del PBI) se convirtió en una bandera de la oposición, que lo considera demasiado oneroso y poco eficiente. También están incluidos los beneficios a las empresas tecnológicas, en el marco de la ley de economía del conocimiento, y la exención de Ganancias a los jueces, entre otros.

“Los recortes de las universidades piden $7,2 billones y el Gobierno les quiere dar $3,8 billones. Debería salir algo intermedio”, reflexionó un hombre del radicalismo que suele participar de las negociaciones con los libertarios. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo mantenían las esperanzas de poder negociar con el oficialismo en el marco del dictamen de mayoría de la comisión.

En cambio, otros sectores dialoguistas analizaban la presentación de un dictamen propio de minoría que incluya tanto aumentos para la educación como para los jubilados y las provincias, como los recortes en el gasto tributario que posibiliten esos aumentos. “Creemos que de mínima se tiene que respetar el promedio histórico para educación y también negociar para recuperar lo perdido en 2024, aunque sabemos que eso ya va a ser más difícil”, explicaron desde el bloque Encuentro Federal.

El peronismo, en un tono de confrontación más duro, por ahora se concentra en insistir con que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que presentarse ante el Congreso para explicar su plan económico pero ya adelanta que buscará eliminar el artículo 27 que remueve el mínimo de inversión del 6% del PBI en educación.

El debate en comisión continuará el próximo martes con la presencia de Patricia Bullrich -la partida en seguridad es una de las pocas que recibió aumentos- y el titular de Anses, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.