El equipo designado para investigar los delitos cometidos contra mujeres menores en el Patronato de Protección a la Mujer tendrá un papel relevante en la indagación de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. Según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, una subcomisión dentro de la recién formada Comisión de la Verdad centrará su labor en examinar los abusos sufridos por miles de niñas y adolescentes, quienes fueron encerradas y maltratadas bajo la autoridad de esa institución, pese a no haber cometido delito tipificado alguno. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio que busca clarificar la magnitud y el alcance de la represión en la posguerra y la dictadura en España.

De acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el exmagistrado Baltasar Garzón asumirá la presidencia de este organismo, cuyo mandato abarca esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas en el periodo del franquismo y durante la posguerra. El ministro Ángel Víctor Torres aprobó la composición del grupo, que estará integrado por veinte miembros con perfiles diversos en derechos humanos, historia, ciencias políticas y comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, detalló el propio Ministerio en un comunicado citado por diversos medios.

Tal como reportó el Ministerio, figuran entre los integrantes de la comisión expertos reconocidos como Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. Además, el Consejo de Memoria Democrática ha nombrado a otros diez vocales, quienes aportarán distintas perspectivas para asegurar que el funcionamiento de la comisión resulte equilibrado y se ajuste a criterios profesionales y académicos en los procesos de análisis y deliberación.

La comisión organizará su trabajo en torno a varios ejes temáticos que forman parte esencial del propósito de investigación. Entre ellos se encuentran el análisis de la violencia letal y las desapariciones acaecidas durante el régimen franquista, la estructura del aparato represivo, los mecanismos de represión económica aplicados a disidentes o a colectivos señalados por el franquismo, además de las violencias de género, las consecuencias del exilio forzoso, la represión cultural ejercida por el régimen y los efectos que estas políticas han tenido en la España contemporánea. Según publicó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, estas líneas permitirán alcanzar un diagnóstico preciso de la situación y del impacto social de aquellos hechos.

El grupo de trabajo funcionará guiado por los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los cuales se consideran fundamentales a la hora de atender a las víctimas y de emitir recomendaciones en materia de derechos humanos. Según la nota oficial del Ministerio, la Comisión redactará un informe final en el que se recogerán tanto sus conclusiones como propuestas orientadas a asegurar el cumplimiento de dichos principios, en el marco del actual proceso de consolidación de una memoria democrática en España.

El alcance del informe incluirá también el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, así como la formulación de medidas que impidan la repetición de los hechos documentados. El trabajo de los expertos pondrá el foco en la evaluación retrospectiva, el análisis profundizado de la represión ejercida en distintas esferas y la valoración de las consecuencias sociales y políticas actuales, según consignó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El Gobierno de España, mediante la constitución de esta comisión, busca ratificar el compromiso institucional con las políticas de memoria democrática y favorecer el acceso ciudadano a la verdad de los hechos, señala el comunicado. El establecimiento del comité, que ha sido definido por el Ejecutivo como un "paso decisivo" dentro el proceso de revisión histórica, se enmarca en los objetivos de rigor, reconocimiento formal y restitución de la dignidad de las víctimas que caracterizan a la ley de memoria democrática.

A través de este proceso, el Ministerio pretende contribuir al debate público y a la actualización del conocimiento sobre la dictadura franquista, así como ofrecer nuevas pautas para avanzar en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la democracia española. Según manifestó el propio Ministerio, la comisión dispondrá del respaldo y recursos necesarios para cumplir con sus funciones, de forma que el resultado sirva tanto como base documental como marco orientador para futuras políticas públicas en materia de memoria, justicia y reparación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su imposibilidad de integrar la llamada “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”.

El organismo comunicó oficialmente que no será instrumento para trastocar el orden jurídico ni sesgar las investigaciones que actualmente encabezan la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 6 de febrero de 2026, la CNDH respondió a una notificación judicial recibida en diciembre de 2025, la cual solicitaba su participación en la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), como parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión 203/2017.

El organismo expuso que existe una “imposibilidad jurídica y material” para cumplir con los términos originales de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas.

“La CNDH se excusa para pertenecer y participar en la llamada ‘Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)’”, argumentó el organismo en su respuesta formal.

Entre los motivos principales de esta posición, la CNDH señaló el cambio sustancial del contexto jurídico desde que se dictó la ejecutoria.

El organismo recordó que en noviembre de 2018 concluyó su investigación autónoma sobre los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, actualmente en etapa de seguimiento.

Además, se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja derivado de la inconformidad de familiares y sobrevivientes, que desembocará en una nueva recomendación.

La creación de la CoVAJ-Ayotzinapa en diciembre de 2018, por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la constitución de la UEILCA en junio de 2019, han generado mecanismos de investigación y coordinación que, según la CNDH, cumplen con los objetivos originalmente previstos para la comisión judicial.

“Desde el 3 de diciembre de 2018, se encuentra ya constituida una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), la cual persigue objetivos sustancialmente coincidentes con los establecidos en la ejecutoria antes señalada”, detalló el organismo.

El comunicado también advierte sobre la existencia de un conflicto de interés en su eventual participación en una nueva comisión, ya que implicaría revisar y modificar conclusiones institucionales previas, afectando los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

“No resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones”, puntualizó la CNDH.

Otro argumento central es la invasión de facultades que la integración de la comisión supondría respecto al Ministerio Público, señalado por la CNDH como el único ente técnico-jurídico autorizado para investigar delitos, conforme a la Constitución mexicana.

“Permitir que un órgano distinto asuma o condicione las funciones del Ministerio Público, y además bajo las condiciones que se plantea, rompe el principio de reserva de competencia y altera el equilibrio constitucional en materia de procuración de justicia”, sostuvo la Comisión.

El organismo nacional también alertó sobre las consecuencias del cumplimiento forzado de la ejecutoria, al recordar que la reactivación del amparo permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores por supuesta tortura, “sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”.

En la parte final de su posicionamiento, la CNDH reafirmó su compromiso con las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El organismo subrayó que no se prestará al quebranto de la ley y que no participará en acciones que, a su juicio, “amenazan echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años por la COVAJ-Ayotzinapa y la UEILCA de la FGR, y en nada beneficia el curso de las investigaciones”.

Además, solicitó al Tribunal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión, por tratarse de un asunto de interés y trascendencia nacional.

Durante la fase de preproducción del largometraje, el equipo de “El agente secreto” recurrió a las redes sociales para obtener imágenes de archivo de Recife, comprendidas entre las décadas de 1950 y 1980. Kleber Mendonça, director de la película, advirtió después que esas mismas plataformas empezaron a divulgar versiones alteradas mediante inteligencia artificial de elementos urbanos y cotidianos, como calles, parques, salas de cine y retratos de habitantes. Según consignó Europa Press, el cineasta manifestó su preocupación ante este fenómeno, señalando que con el pasar de los años y la desaparición de los testigos originales, la sociedad podría llegar a confundir esas imágenes modificadas con testimonios históricos genuinos.

La producción aterriza en cines este 20 de febrero, precedida por reconocimientos internacionales como los Globos de Oro, los Independent Spirit y los Critics' Choice Awards, y acumulando cuatro nominaciones a los premios Oscar, detalló Europa Press. Mendonça, galardonado en Cannes con el Premio a Mejor Dirección gracias a este trabajo, reflexionó en entrevista con ese medio sobre el uso del relato histórico para analizar el Brasil actual. Desde su óptica, la extrema derecha nacional ha recurrido a ideas propias de la dictadura militar, reeditando prácticas y discursos que creía superados. “La extrema derecha brasileña recuperó ideas terribles del régimen militar”, afirmó el realizador en declaraciones recogidas por Europa Press.

Mendonça explicó que “El agente secreto” surgió de un deseo de explorar el pasado, pero el proceso creativo lo llevó a comprender que en realidad estaba escribiendo sobre el Brasil contemporáneo, especialmente el de los últimos cinco a diez años. Relató a Europa Press que padeció varios ataques desde sectores de la derecha durante el desarrollo del guion y que, aunque inicialmente pretendía esconderse detrás de la historia para abordar esos temas, comprendió que la cinta reflejaba, sobre todo, el periodo reciente dominado por la figura de Jair Bolsonaro.

El director señaló que parte del éxito internacional del cine brasileño reside en la capacidad de dialogar con la historia política del país. Como ejemplo, mencionó el caso de Walter Salles y su película “Aún estoy aquí”, que logró el Oscar a la Mejor Película Internacional y el Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Según publicó Europa Press, Mendonça comparó el proceso creativo con una forma de “ingeniería inversa”, sugiriendo que los acontecimientos del presente pueden inspirar la construcción de relatos anclados en el pasado.

Uno de los temas centrales en “El agente secreto” es la falta de memoria sobre la dictadura en la sociedad brasileña, una cuestión que Mendonça calificó de “amnesia” colectiva. El cineasta recordó que en 1979 se promulgó una ley de amnistía que instó al olvido sobre los delitos cometidos durante el régimen militar, algo que, en su opinión, resultó traumático para Brasil. Según subrayó en la entrevista a Europa Press, dicha medida fomentó una cultura de olvido que la película explora a través de las experiencias y conductas de sus personajes.

En cuanto a los mecanismos para enfrentar esa desmemoria,

el director valoró el trabajo de la Comisión de la Verdad, iniciativa impulsada en su momento por la expresidenta Dilma Rousseff. Mendonça consideró que fue un esfuerzo necesario para confrontar el pasado, aunque, según reseñó Europa Press, lamentó que la extrema derecha, encarnada en figuras como Bolsonaro, despreciara este organismo y lo calificara de herramienta “para gente que busca huesos”. El cineasta cuestionó la postura de ignorar deliberadamente los hechos históricos, señalando que una sociedad que no revisa su pasado difícilmente podrá consolidar una memoria colectiva sólida.

La alteración de la memoria histórica ocupa otro lugar relevante en el análisis del director. Mendonça alertó sobre el riesgo de que versiones incorrectas, manipuladas por intereses políticos, anhelos lúdicos o avances tecnológicos, acaben por convertirse en relatos oficiales. Europa Press recogió su preocupación respecto a la edición de textos y la manipulación de fotografías, agravadas ahora por el uso de inteligencia artificial, lo que posibilita que imágenes falsas o distorsionadas circulen amplificadas y terminen asumiéndose como documentos fidedignos de otras épocas.

La trama de “El agente secreto” está ambientada durante la dictadura brasileña de finales de los años setenta y se centra en un personaje interpretado por Wagner Moura, conocido por trabajos como “Tropa de élite”, “Narcos” y “Civil War”. El protagonista, acompañado de su hijo, busca refugio en Recife tras huir de su pasado. En medio de un ambiente marcado por el control y la vigilancia, el personaje trata de rehacer su vida y convivir con los recuerdos de un país convulsionado, donde la ciudad experimenta también sus propios procesos de transformación, según detalló Europa Press.

En el contexto internacional, el filme debutó en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián antes de su lanzamiento comercial en España. Mendonça, en diálogo con Europa Press, señaló que el alcance de su película debe entenderse como una posibilidad de generar discusión sobre los procesos históricos que siguen influyendo en el presente brasileño, así como sobre el modo en que la cultura y el cine abordan la construcción o el olvido de la memoria social.

Mientras Colombia cerró 2025 con el nivel más alto de crisis humanitaria registrado en las últimas dos décadas, los territorios más afectados por el conflicto armado muestran avances parciales en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo, presentado este 30 de enero en Bogotá, según Blu Radio.

El documento advierte que durante 2025 se registró la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años, junto con más de un millón de personas confinadas por acciones de grupos armados, una situación que triplicó los registros del año inmediatamente anterior y que puso en tensión la capacidad institucional de respuesta en varios territorios.

De acuerdo con el Comité, esta situación se presenta de manera simultánea con avances en la implementación de políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en regiones priorizadas por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se han desarrollado proyectos productivos, acceso a tierras y programas sociales.

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Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, uno de los factores que explica la persistencia de la crisis es el traslape entre los territorios PDET y las zonas donde ha aumentado la presencia de actores armados, una coincidencia territorial que incrementa los riesgos humanitarios y limita el ejercicio efectivo de derechos por parte de las comunidades.

“En los territorios PDT traslapan justamente su gran mayoría con los territorios donde ha aumentado la presencia de actores armados, como el Pacífico Colombiano, como el Cauca, como la Costa Pacífica Nariñense, de manera específica, como el Caribe, algunas zonas del Caribe”, afirmó Cogollo durante la presentación del informe.

Según explicó, este escenario ha llevado al Gobierno nacional a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas, como un mecanismo para reducir el impacto humanitario, aunque el Comité señala que la continuidad de la violencia sigue siendo un obstáculo estructural para la no repetición del conflicto.

Entre los resultados destacados, el informe señala una reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 el indicador se ubicó en 24,4 %. El Comité también resaltó el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres y programas de acceso a tierras en regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar.

No obstante, el documento advierte que estas mismas regiones concentran altos niveles de riesgo debido a la presencia de grupos armados, lo que genera una tensión constante entre los avances sociales y las dinámicas de violencia que persisten en el territorio.

En el contexto del próximo ciclo electoral, el Comité señaló que la política PDET cuenta con un blindaje institucional tras su ampliación hasta 2034, aunque alertó sobre riesgos si en la actualización de los planes de acción territorial no se incorporan las 220 recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad.

“Nosotros creeríamos que sería un gran vacío porque la política de paz toda debe articularse, y las recomendaciones hacen parte de la política de paz y los PDT hacen parte de la política de paz que están contenidas en el acuerdo del 2016”, sostuvo Cogollo, al referirse a la necesidad de coherencia entre las distintas estrategias estatales.

Durante el evento, la presidenta del Comité envió un mensaje dirigido a los candidatos presidenciales y a los próximos gobiernos, en el que pidió desescalar los discursos violentos en el debate público y garantizar la continuidad de las políticas de paz en los programas de gobierno.

“El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, expresó.

El informe concluye que el mayor riesgo para la no repetición del conflicto armado en Colombia sigue siendo la combinación entre violencia armada y crisis humanitaria, junto con el desbalance entre la presencia de actores armados y la implementación efectiva de políticas públicas que permitan garantizar derechos.

“El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, señaló Cogollo.

El informe de 'La República' destaca que el proceso electoral peruano de cara a los comicios presidenciales del 12 de abril se configura en un contexto de fuerte fragmentación política. Según publicó el medio, las encuestas no muestran una tendencia clara hacia el liderazgo de algún partido, con Rafael López Aliaga como el candidato mejor posicionado en las preferencias, alcanzando el 12,25% de intención de voto, mientras que ninguna de las agrupaciones que impulsan reformas para víctimas de las protestas encabeza los sondeos. En este escenario, cuatro partidos políticos de distintos espectros incluyen en sus plataformas la demanda de esclarecimiento de la represión estatal que dejó casi cincuenta personas fallecidas tras la salida de Pedro Castillo y el inicio del mandato de Dina Boluarte.

Tal como detalló 'La República', estas agrupaciones incluyen propuestas para crear comisiones independientes que investiguen la muerte de ciudadanos durante las protestas que ocurrieron desde diciembre de 2022 a marzo de 2023. Las movilizaciones, que se originaron en Ayacucho y posteriormente se propagaron a las principales ciudades del país, se desencadenaron como respuesta a la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Durante esas jornadas, reportó el medio, la Fiscalía peruana presentó cargos contra miembros de las fuerzas armadas, atribuyéndoles responsabilidad en el fallecimiento de diez personas, particularmente en incidentes donde las víctimas presentaron heridas que coincidían con el tipo de municiones usadas por militares.

Entre las agrupaciones de izquierda que postulan estas medidas se encuentra 'Venceremos'. El medio 'La República' consigna que, según el programa presentado por este partido, se garantiza la instalación de una Comisión de la Verdad en el primer día de un eventual mandato. Entre los objetivos de este organismo estaría impulsar investigaciones y promover el enjuiciamiento de responsables de las llamadas “masacres” acontecidas entre 2022 y 2023, así como otras violaciones a derechos humanos sucedidas en el mismo periodo.

La coalición 'Juntos por el Perú' lleva el planteamiento más allá de los recientes episodios de violencia institucional. De acuerdo con la información recogida por 'La República', su plataforma sugiere una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional, encargada no solo de indagar sobre las protestas contra Boluarte, sino también sobre los hechos derivados del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. El mismo programa electoral prevé la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales destinado a cubrir indemnizaciones económicas, simbólicas y comunitarias, e incluye la propuesta de desclasificar archivos militares y policiales para avanzar en la determinación de responsabilidades. Este partido rechaza la posibilidad de otorgar indultos o beneficios penitenciarios a personas condenadas por crímenes de violación de derechos humanos.

Por parte de la formación 'Ahora Nación', el programa refleja la preocupación por la insuficiencia de garantías y protección efectiva de los derechos humanos en Perú, postura recogida en 'La República'. Esta agrupación, también en campaña, promueve acciones dirigidas a sancionar a los responsables por los hechos luctuosos vinculados a la represión entre 2022 y 2023.

Por otra parte, partidos de tendencias más conservadoras presentan iniciativas relacionadas, aunque desde una perspectiva distinta. Entre ellos, Libertad Popular sugiere organizar una comisión investigadora con presencia en diversas ciudades, con la intención de aclarar las causas y responsabilidades en torno a las muertes y vulneraciones graves de derechos fundamentales ocurridas durante la represión de las manifestaciones. El programa electoral de esta formación, citado por 'La República', plantea el reconocimiento institucional por parte del Estado peruano de su compromiso moral, político y jurídico con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

A pesar de estos pronunciamientos, el diario señala que ninguna de estas agrupaciones figura como puntera en las encuestas electorales, lo cual refleja una competencia sumamente dispersa y la falta de liderazgos definidos entre los aspirantes, a excepción de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, que lidera las preferencias con poco más del 12%.

El debate en torno a la represión estatal, las violaciones a derechos humanos y la reparación a las víctimas ocupa así un lugar destacado en la agenda electoral peruana, especialmente tras la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas. Según relató 'La República', el caso de Ayacucho es uno de los que genera mayor atención debido a las evidencias que relacionan directamente la actuación militar con las muertes ocurridas, motivo por el cual las propuestas para una comisión investigadora y medidas de reparación cuentan con presencia transversal en diversos espacios políticos, tanto de izquierda como de derecha.

El diario peruano también informó que iniciativas como la desclasificación de documentos oficiales y la prohibición de beneficios penitenciarios buscan garantizar mayor transparencia y justicia en el tratamiento de los casos de violencia institucional. Estas medidas figuran en los programas de los partidos que apuestan por una revisión integral de las causas y consecuencias de la represión en los últimos años, así como de otros periodos de violencia política en la historia reciente de Perú.

De acuerdo a lo publicado por 'La República', las demandas de justicia, verdad y reparación para las familias afectadas por la represión configuran un punto central en las plataformas de estos partidos, aunque su influencia sobre el electorado aún resulta incierta ante el panorama político fragmentado y la ausencia de favoritos claros de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En 1985, Pablo Escobar, el extinto capo del cartel de Medellín, financió la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, según lo reveló, en su momento, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, uno de sus sicarios más cercanos al narcotraficante.

En una entrevista con la revista Semana, alias Popeye afirmó que Escobar proporcionó armas y dos millones de dólares al grupo guerrillero M-19 para llevar a cabo el ataque, un evento que dejó más de un centenar de muertos y marcó un capítulo oscuro en la historia de Colombia.

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El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, que falleció después de cumplir una condena de 23 años, detalló que Escobar no solo financió la operación, sino que también sugirió al M-19 que tomara el Senado en lugar del palacio de Justicia, con el objetivo de presionar al gobierno del presidente Belisario Betancur para que renunciara a su decisión de extraditar a colombianos a los Estados Unidos.

“El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado”, dijo alias Popeye en la entrevista con Semana.

Sin embargo, el plan B, para el capo, consistía en asesinar a magistrados y quemar expedientes judiciales, fue el que finalmente se ejecutó, según este colaborador de Escobar: “El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada”.

La Comisión de la Verdad, en su informe de 2009, corroboró la versión de alias Popeye, indicando que Escobar entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, líder militar del M-19, y que el grupo guerrillero recibió armas para la toma. Sin embargo, algunos exmiembros del M-19, como José Otty Patiño, negaron cualquier vínculo con Escobar, calificando de inmoral la idea de que la decisión de atacar el palacio fuera influenciada por un narcotraficante.

Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro también cuestionó la relación entre Escobar y el M-19, sugiriendo que fue una invención. Por otro lado, el libro de Carlos Lehder, otro narcotraficante de la época, sostiene que Escobar no financió la toma, lo que añade más complejidad a la narrativa de estos eventos.

El ataque al Palacio de Justicia y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional han sido objeto de múltiples investigaciones y controversias. La Comisión de la Verdad destacó que el Estado colombiano debe aceptar su responsabilidad por el “exceso de la fuerza pública” durante la recuperación del edificio. A pesar de las múltiples versiones y testimonios, el caso sigue sin resolverse completamente en los tribunales, y las víctimas continúan exigiendo la verdad sobre lo ocurrido

La toma del Palacio de Justicia En 1985: escenario de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del M-19

El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue escenario de un violento enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla del M-19, resultando en la destrucción del edificio y la muerte de numerosas personas. Este evento, hasta la fecha, ha sido objeto de controversia, especialmente en cuanto a la supuesta financiación de la toma por parte del narcotraficante Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, que fue miembro del M-19, desmintió estas acusaciones. En su cuenta de X, Petro calificó la versión oficial de los hechos como “mentirosa” y afirmó que la relación entre el M-19 y Escobar es un “invento”. Petro sostuvo que la toma del Palacio fue una respuesta a la negativa del gobierno de entonces a restablecer un acuerdo de paz con el M-19.

Otty Patiño y Vera Grabe, reiteraron que no existió tal relación con Escobar. Patiño, en declaraciones a la Comisión de la Verdad, expresó su convicción de que los comandantes del M-19, como Álvaro Fayad, no habrían aceptado órdenes de un narcotraficante. Además, Patiño y otros exintegrantes del M-19 señalaron que el grupo enfrentaba serias dificultades financieras y logísticas en ese momento, lo que haría improbable cualquier vínculo con Escobar.

La toma del Palacio de Justicia dejó un saldo trágico de muertos y desaparecidos. La operación militar para retomar el control del edificio fue criticada por el uso excesivo de la fuerza y la falta de protección a los rehenes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante la retoma.

El debate sobre la responsabilidad y las motivaciones detrás de la toma del Palacio de Justicia sigue siendo un tema de discusión en Colombia. La narrativa oficial ha sido cuestionada por diversas fuentes, y las declaraciones de figuras como Petro y Lehder añaden nuevas dimensiones a la comprensión de este evento histórico.

Al cumplirse 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, trágicos eventos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, un análisis forense exhaustivo reescribe la historia y emerge como un faro contra la oscuridad de la impunidad.

La investigación “Huellas de la Desaparición”, un trabajo realizado por la Comisión de la Verdad en colaboración con la agencia internacional Forensic Architecture, se concentra en las denominadas por la investigación como: “cajas negras de la desaparición forzada” y, aunque forma parte de un esfuerzo más amplio de esclarecimiento que incluye casos del conflicto armado en regiones como el Urabá (ubicada entre Antioquia y Chocó) y el territorio ancestral Nukak (en la Amazonía colombiana), sus hallazgos en Bogotá son fundamentales pues desvirtuaron la versión oficial de la verdad en los acontecimientos de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

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En entrevista con Infobae Colombia, Julián Enrique Penagos Carreño, profesor del Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana y autor del libro Trauma y silencio: la memoria informativa de la toma y retoma del Palacio de Justicia, explicó que este tipo de trabajos forenses y de reconstrucción “confirma lo sabido y lo insinuado por informes, sentencias e investigaciones periodísticas, pero lo eleva a estándar probatorio: pasa de la narrativa a la prueba espacial, sincroniza las secuencias de los desplazamientos de los rehenes y fija cada hecho en coordenadas precisas de tiempo y lugar. Da orden al caos y a la confusión de lo ocurrido ese día”.

Cinco minutos clave de la desaparición

El enfoque de la investigación fue claro: no se concentró en la confrontación armada, sino en lo que le sucede a un grupo de rehenes –trabajadores de la cafetería, visitantes, guerrilleros y jueces– que fueron clasificados como “especiales” o “sospechosos”. Las conclusiones señalan que, por esta clasificación, fueron detenidos y trasladados a diferentes instalaciones militares en Bogotá, donde fueron torturados y, en algunos casos, asesinados.

El trabajo se apoyó en investigaciones judiciales, testimonios de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Su análisis demostró que lo que se presentó como un escenario caótico y confuso de liberación de rehenes sirvió, por décadas, para encubrir una planificada y organizada operación contrainsurgente. La investigación recalca que la desaparición forzada también contiene destrucción de evidencia, configurando un delito de ejecución permanente perpetrado por agentes del Estado.

La primera parte del estudio, recogida en el documental Cajas Negras, se enfocó en el análisis audiovisual y espacial para reconstruir la formación del cordón de seguridad en la plaza de Bolívar durante el 6 y 7 de noviembre de 1985. Para lograrlo, se sincronizaron 50 horas de video del evento y se situaron en un modelo 3D del lugar. Este posicionamiento permitió relacionar la información visual y entender las operaciones y movimientos de las fuerzas del Estado, determinando que, en este punto, las “cajas negras” se produjeron como resultado de una coreografía que obstruyó las líneas de visión de la prensa y capturó a los detenidos.

El videoanálisis de Forensic Architecture reconstruyó los cinco minutos cruciales durante los cuales siete rehenes, clasificados como ‘especiales’, salieron del Palacio de Justicia y fueron conducidos a la Casa del Florero. Al sobreponer los puntos temporales identificados, se demostró la logística militar utilizada para su detención, trazando los últimos momentos en que estas personas fueron capturadas en cámara.

Logística e infraestructura: la red material del crimen

La investigación fue más allá de los hechos en la plaza, definiendo la “infraestructura” como la red material, burocrática e institucional que permitió la ejecución del crimen en el tiempo. La “logística” se refirió a la coordinación establecida entre diferentes instituciones estatales (militares, policiales y agentes de inteligencia) para ejecutar y sostener la desaparición forzada

Desde el momento en que los rehenes comenzaron a ser evacuados del Palacio, se dispusieron rutas diferenciadas de traslado bajo control castrense, vehículos oficiales y puntos de reclusión temporal en instalaciones militares. La coordinación permitió aislar a determinados sobrevivientes —particularmente trabajadores de la cafetería y civiles sospechosos de colaborar con la insurgencia—, conduciéndolos a lugares donde fueron interrogados y sometidos a tratos crueles, fuera de cualquier control judicial.

La Casa del Florero: filtro contrainsurgente

El primer eslabón de esta red fue la Casa del Florero, donde el grupo de “especiales” fue llevado tras cruzar el cordón de seguridad. Basándose en testimonios de funcionarios judiciales, visitantes, magistrados, empleados y militares, y dado que no existen imágenes o videos internos, el estudio identificó cómo la arquitectura del museo fue apropiada por agentes estatales.

Además, la investigación se apoyó en documentos militares que establecieron los protocolos y permitieron concluir que varios espacios fueron reprogramados para crear un filtro de clasificación contrainsurgente:

• Plan Tricolor 83: el plan de defensa nacional activado para la retoma, que detallaba la necesidad de actuar con “toda la fuerza disponible y sin tregua” para destruir al enemigo. La investigación señala que la versión entregada a la Fiscalía General de la Nación se encuentra manipulada, ocultando amplias porciones del documento.
• Memorandos previos a la toma: registran que la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Central del Ejército (D2 EMC) y otras entidades ya tenían conocimiento del plan del M-19.
• Manual de Inteligencia de Combate (1978): detalla lineamientos de operación en el contexto de la “guerra irregular”. Los conceptos de “infiltración” y “agencia de inteligencia” se vieron aplicados en el cordón de seguridad, y la “búsqueda de información”, que explica el procesamiento y clasificación de personas liberadas.
• Plan de Operaciones Especiales de Inteligencia N° 002 (1980): indicaba que la Brigada de Institutos Militares coordinaría operaciones de inteligencia y contrainteligencia, incluyendo a la Escuela de Caballería.

La investigación concluye que la ciudad se transformó en un aparato contrainsurgente y que la red de contrainteligencia desplegada conectó edificios y grupos de acción gracias a las calles y vehículos.

El destino final: tortura y asesinato en el Cantón Norte

La tercera parte se centró en la Escuela de Caballería, ubicada en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá. En este lugar, entre el 7 y el 15 de noviembre de 1985, alrededor de 20 personas fueron detenidas y sometidas a interrogatorios y torturas.

Los detenidos llegaron en cinco grupos. El análisis cartográfico en 2D, recopilado en el librillo Locaciones, recorridos y vehículos de detenidos, mostró que cada grupo fue transportado por diferentes agentes del Estado en distintos vehículos. Este hecho evidencia una red de coordinación entre distintas unidades de la fuerza pública. Para algunos, la Escuela de Caballería fue el último lugar en el que se les pudo localizar con vida antes de ser asesinados y desaparecidos.

Para validar esta información, la investigación aplicó un análisis forense espacial: el modelado del espectro de colores en la reconstrucción 3D del Cantón Norte. Esta técnica visualiza la frecuencia con la que los detenidos mencionaron un lugar específico en sus declaraciones; así, el espectro ilustra los sitios más cruciales —como áreas de detención e interrogatorio— al asignar colores más brillantes a los espacios que fueron nombrados repetidamente en los testimonios.

Julián Penagos destacó que estas reconstrucciones son clave para la verdad, dado que el análisis de imágenes y la georreferenciación fijan cada acción en coordenadas de tiempo y lugar y revelan patrones y trayectorias de responsabilidad. De hecho, el acadmémico consideró que este tipo de investigaciones fortalecerían las políticas públicas de memoria, dado que permitirían pasar del gesto conmemorativo a decisiones verificables y exigibles: “la verdad pública se construye con método y con las familias en el centro. No basta con conmemorar; hay que probar”, afirmó a Infobae Colombia subrayando que, por ejemplo, “se podría institucionalizar los archivos audiovisuales, de georreferencia y domésticos de las familias, como archivo público, con permiso de la familia desde luego. Esto implica una actualización continua, gobernanza, protocolos de preservación y articulación con bases documentales y archivos familiares”.

Encubrimiento y manipulación en el manejo de los cuerpos

Un aspecto crucial fue el manejo de los cuerpos posterior a la retoma. Los diagramas en el librillo Manejo de cuerpos y rutas demuestran que el proceso de identificación fue irregular y producto de varias manipulaciones, resultando en identificación falsa, confusión, e inhumación equivocada. Agentes estatales obstruyeron al personal competente para los levantamientos, siendo reemplazados por jueces militares, lo que llevó a que los cuerpos tuvieran diferentes recorridos y destinos, siendo algunos enterrados en fosas comunes.

El concepto de “Evidencia Negativa” se plasmó en un mural de acceso público que lleva este nombre y detalla la rigurosa búsqueda de respuestas por parte de las víctimas de desaparición forzada desde 1985. Esta visualización de datos registra todos los principales eventos, victorias y bloqueos que las familias enfrentaron, ilustrando cómo la información y las pesquisas fueron obstruidas por las instituciones durante años, y cómo, con el paso del tiempo, estas obstrucciones se transformaron en respuestas clave gracias a la persistencia de las familias.

Esta pieza es el resultado de una rigurosa minería de datos que mapeó la trayectoria de los elementos probatorios, como documentos y restos humanos que fueron sistemáticamente alterados, perdidos, rechazados o destruidos por el Estado. El mural ilustra cómo las condiciones políticas definieron la posibilidad de que un objeto fuera aceptado como prueba; por ejemplo, documentos rechazados en 1985 fueron aceptados en 2006.

El rigor de la búsqueda de las familias: diarios y cartas claves para la verdad

La investigación reconoce que el trabajo de las familias de los desaparecidos fue una fuente crucial. Documentos como el Diario de un familiar, utilizado por los allegados de Carlos Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio y posteriormente desaparecido, contienen valiosas pistas y eventos que demuestran la rigurosa búsqueda adelantada. Además, en una colección de cartas de la familia Rodríguez se evidencian la tensión entre las víctimas y el Estado, que decidió no profundizar en las investigaciones sino hasta veinte años después de los hechos.

En los días posteriores a la toma, la angustia de los familiares de varios desaparecidos se plasmó en escritos desesperados enviados a las más altas esferas del poder, como se evidencia en estos fragmentos de las cartas que hoy son parte de la prueba:

• El 12 de noviembre de 1985, la esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera y otras familiares escribieron al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González, reportando la desaparición del grupo de la cafetería: “Hemos estado presentes en medicina legal, todas las clínicas y centros hospitalarios, Dijin, F2, Das, brigadas de institutos militares y demás organismos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, sin tener datos hasta el momento“.
• El 18 de noviembre, el padre de Carlos Augusto, Enrique Rodríguez Hernández, imploraba al ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, su ayuda, basándose en la evidencia de que su hijo no estaba entre los muertos: “Mi hijo no estando entre las víctimas, debió salir vivo del aleve entuerto y puede encontrarse en poder de las autoridades, por razones de la investigación, como una serie de indicios lo acreditan“.
• Un día después, el 19 de noviembre, el abogado y fiscal Enrique Rodríguez Hernández escribió al procurador Delegado para las Fuerzas Militares, mayor general Nelson Mejía Henao, revelando la información que la sociedad civil ya manejaba sobre el destino de los desaparecidos: “Hemos sido objeto de una serie de llamadas anónimas en una de las cuales quien llamó y habló conmigo, dijo ser integrante del B-2 de las Fuerzas Armadas y me afirmó que él personalmente había intervenido en el traslado del personal de la cafetería del Palacio de Justicia al Cantón Militar del Norte (...) pero que a partir del sabado 16 habían sido entregados a otro grupo del mismo B-2, que los estaba torturando“.

Al referirse al valor de la búsqueda de verdad de las familias, el profesor Penagos sostuvo que “es dignificar la lucha por la verdad de las víctimas. Es hacer visible la tortura de décadas de trabas, censura y amenazas por conocer la verdad de lo ocurrido. Aquí, lo doméstico, lo privado, se convierte en memoria pública y evidencia que se puede utilizar para desenmarañar el caos de los hechos”.

Para acceder a la investigación completa, ingrese a este link.

Durante una jornada académica realizada el la mañana del martes 4 de noviembre en la Universidad Externado de Colombia, los presidentes de las altas cortes conmemoraron los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El evento, organizado en homenaje a las víctimas, se desarrolló en un contexto marcado por la polémica generada tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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En una de las publicaciones, Petro escribió: “El M-19 no asesinó al magistrado Gaona. El M-19 lo sacó vivo, herido, junto al magistrado Urán, y ambos fueron asesinados afuera del Palacio de Justicia”. En otro mensaje añadió: “Almarales y sus compañeros habían dejado salir a todos los civiles, la mayoría mujeres, y se aprestaban, sin municiones, a morir; sabían que no serían capturados”. Estas afirmaciones fueron desmentidas por sobrevivientes, familiares de las víctimas y por documentos judiciales que registran que varios rehenes fueron asesinados durante la toma del edificio por el grupo insurgente M-19.

“A la justicia y a las decisiones de la justicia se les debe respetar”: presidente de la Corte Suprema

El magistrado Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo un llamado a la moderación en las declaraciones públicas y recordó la importancia de preservar el respeto hacia las instituciones judiciales. En su intervención expresó: “Se necesita que cesen las agresiones, cese el fuego de la descalificación,el fuego del irrespeto, de la agresión, de la acusación infundada, de la desinformación con la que están inundando el país y que nos están llevando probablemente a una polarización inadecuada, a una polarización inoportuna e indebida”.

El magistrado Tejeiro recordó que las diferencias frente a los fallos judiciales pueden expresarse a través de los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico y no mediante descalificaciones públicas que pongan en duda el trabajo de los jueces o los resultados de las investigaciones judiciales: “A la justicia y a las decisiones de la justicia se les debe respetar. Frente a ellas se puede disentir pero el disentimiento tiene unos canales y unos modos de expresión y, ademá,s tiene unas formas”, puntualizó.

“Está demostrado”: presidente de la Corte Constitucional

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, también se refirió a las afirmaciones del mandatario y destacó que los hechos del Palacio de Justicia están documentados en archivos oficiales y en el informe final de la Comisión de la Verdad. “La historia está demostrada en los documentos que, justamente, indican, a partir de todos ellos, y especialmente en el resumen que de los mismos hizo la Comisión de la Verdad, qué fue lo que sucedió. Por supuesto, ahí está la historia y debemos acudir a sus fuentes. Y las fuentes no mienten“.

Durante su intervención, el magistrado recordó que la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia fue el resultado de múltiples investigaciones judiciales y de los esfuerzos institucionales por esclarecer la responsabilidad de los distintos actores involucrados. Además, destacó que la tragedia debe ser entendida como un punto de inflexión en la historia del país, no como un acto heroico. “Cuarenta años hoy después, esto no puede ser una remembranza de un acto audaz, porque fue un acto demencial y, por lo tanto, un acto terrorista, como lo calificó así la jurisdicción de lo contencioso-administrativo”.

El presidente del alto tribunal también pidió perdón por los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio, en un gesto que calificó como parte de la reconciliación nacional que se consolidó con la Constitución de 1991. “Pido perdón por lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985. Esto un ejemplo de lo que es un caballero de la democracia que reconoce que fue una equivocación, que pide perdón para la sociedad y que, adicionalmente, a su turno participó en la Asamblea Nacional Constituyente, trabajando hombro a hombro con la Alianza Democrática M-19, con Salvación Nacional, con los demás partidos representados en la asamblea, construyendo lo que fue un pacto de paz, que fue la Constitución de 1991. Y a partir de ahí, todos juramos que no se volverían a repetir esos hechos”.

A pocos días del aniversario número 40 de la tragedia, los presidentes de las cortes enfatizaron en la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. En un tono sereno, pero firme, sus intervenciones se centraron en un mensaje común: las decisiones judiciales y las pruebas históricas son el punto de partida para la verdad y la memoria.

No paran las críticas contra el presidente Gustavo Petro tras insinuar la presunta relación entre el magistrado asesinado Manuel Gona Cruz y el grupo guerrillero M-19, además de advertir que fue el Ejército Nacional el que habría acabado con su vida durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Sin embargo, la Comisión de la Verdad concluyó, tras un análisis detallado de testimonios y pruebas forenses, que el magistrado Gaona Cruz fue asesinado por un disparo de arma de fuego realizado por un miembro del grupo guerrillero M-19.

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Esta determinación se fundamenta en la coincidencia de los relatos de los testigos presenciales y en los hallazgos de la necropsia, y representa un avance en el esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.

José Roberto Herrera, autor del informe de la Comisión de la Verdad y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó a la revista Semana que la investigación se apoyó en un análisis riguroso de las circunstancias en las que Gaona perdió la vida.

Según Herrera, el magistrado se encontraba entre los rehenes retenidos en los baños de los entrepisos del Palacio, bajo vigilancia de guerrilleros del M-19. Al intentar salir del lugar, Gaona fue alcanzado por un disparo a corta distancia efectuado por un miembro de ese grupo armado.

“En el caso específico de la muerte de Manuel Gaona, la Comisión fue sumamente cuidadosa en el análisis de las evidencias que le permitieron concluir, en grado de certeza, que su muerte, sin duda alguna fue causada por un guerrillero del M-19 que se encontraba vigilando la salida de quienes trataban de escapar del infierno de baños de los entre pisos, donde se encontraba el doctor Gaona, junto con otros rehenes”, afirmó Herrera en diálogo con Semana.

El informe detalla que los testimonios del magistrado auxiliar José Gabriel Salom, así como de los magistrados Nemesio Camacho y Hernando Tapias y del conductor Reina, resultaron determinantes para reconstruir los hechos. Salom relató que el cuerpo de Gaona cayó sobre él y que presenció el momento exacto del disparo, la trayectoria de la bala y la identidad del autor.

Los otros testigos confirmaron esta versión, y la necropsia practicada al cadáver del magistrado respaldó la hipótesis de un disparo a quemarropa. Además, la posición de las Fuerzas Militares en ese momento descartó la posibilidad de que el proyectil proviniera del Ejército.

La unanimidad de los testimonios y la evidencia forense llevaron a la Comisión a concluir, con certeza, la responsabilidad del M-19 en la muerte de Gaona. Esta conclusión ha sido respaldada por el propio hijo de la víctima, el jurista Mauricio Gaona, quien, tras un análisis técnico detallado, sostuvo que

“Las conclusiones de la comisión, sobre este hecho, se ciñen estrictamente a la verdad de que el M-19 fue el único responsable del asesinato del magistrado Gaona Cruz”, según recogió Semana. Esta postura contrasta con versiones públicas recientes, como la del presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la muerte al Ejército, afirmación que fue rechazada por Mauricio Gaona.

El informe de la Comisión de la Verdad, elaborado dos décadas después de los hechos, surgió en un contexto de persistente impunidad y de una “verdad a medias” que, según Herrera, se había instalado en la conciencia colectiva.

El documento identificó tres grandes responsables institucionales de la tragedia: el M-19, por el ataque armado; el Gobierno, por el vacío de poder; y la fuerza pública, por la retoma desproporcionada del edificio, que no contempló la protección de los civiles. La investigación se apoyó en más de 100 testimonios, expedientes judiciales, documentos y grabaciones de los militares involucrados.

“Todos los testigos coinciden en el relato y no hay nadie, de las personas que presenciaron los hechos, que declare lo contrario”, comentó el exmagistrado al diario nacional.

La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó un saldo de 115 personas muertas, entre ellas la mitad de los magistrados de la Corte Suprema, así como varios desaparecidos y la destrucción del edificio.

El drama de los 60 rehenes confinados durante 28 horas en los baños de los entrepisos, en un espacio de apenas 20 metros, ilustra la magnitud de la tragedia. Herrera señaló que la verdad plena sobre lo ocurrido nunca se alcanzará mientras algunos de los responsables guarden silencio y no reconozcan los hechos ni pidan perdón a las víctimas.

La conmemoración de los 40 años de la toma coincide con un momento de crisis institucional y debate sobre la vigencia de la Constitución de 1991, que surgió como respuesta a la tragedia.

El informe de la Comisión de la Verdad, relanzado recientemente en la Universidad del Rosario, mantiene su relevancia al ofrecer un análisis detallado de los antecedentes y consecuencias del conflicto, así como recomendaciones vigentes para el presente. Herrera destacó la importancia de preservar la memoria histórica y de evitar la manipulación de los hechos, advirtiendo sobre el riesgo de la “posverdad” y la revictimización de quienes sufrieron la tragedia.

Treinta jóvenes indígenas del colectivo Tsiuni —que significa “escuchar” en lengua kukama— presentaron el 13 de octubre una demanda de hábeas corpus ante el Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto.Su exigencia es clara: que el Estado peruano conforme una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas durante la época del caucho, entre 1880 y 1920, en la Amazonía peruana.

El colectivo está conformado por representantes de los pueblos Kukama, Maijuna, Secoya, Murui, Bora, Tikuna, Awajún, Arabela, Achuar y Wampis, y se ampara en el derecho a la verdad, reconocido por el Tribunal Constitucional del Perú como un principio fundamental de justicia y reparación.

“Nos organizamos desde el dolor, un dolor que exige justicia, y una justicia que es un camino para sanar y garantizar que esto no se repita”, expresaron en su comunicado público.

Crímenes silenciados durante el auge del caucho

Múltiples estudios históricos estiman que entre 30.000 y 100.000 indígenas amazónicos fueron víctimas de esclavitud, tortura, violaciones y asesinatos durante el auge de la extracción del caucho.Las empresas caucheras —entre ellas, la Peruvian Amazon Company, dirigida por Julio César Arana— se enriquecieron con la explotación sistemática de pueblos enteros, con la complicidad del Estado peruano y las potencias extranjeras.

El colectivo Tsiuni sostiene que esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y que, más de un siglo después, el país sigue sin reconocer ni reparar a las víctimas y sus descendientes.

“Hace más de 100 años, nuestros abuelos y abuelas fueron víctimas de una ola de exterminio, violencia, esclavitud y muerte. Es hora de que el Perú escuche nuestra verdad”, señala el pronunciamiento.

Los abusos quedaron registrados en el libro The Devil’s Paradise del periodista estadounidense Walter Hardenburg, quien relató el sufrimiento de los pueblos del Putumayo:

“Los indígenas pacíficos son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración. Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad y la lujuria de sus explotadores”.

Una herida abierta: la violencia no terminó

Para los jóvenes de Tsiuni, los crímenes del caucho no son solo un hecho del pasado. Aseguran que la violencia contra los pueblos indígenas sigue operando hoy, aunque con nuevos rostros y actores:empresas extractivas, grupos criminales y un Estado que califican de “cómplice y ausente”.

“La violencia es cíclica en la Amazonía. Nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera, a manos de empresas, grupos poderosos y un Estado criminal”, advierten.

Denuncian además que el Estado promueve leyes regresivas como la Ley Antiforestal o la ampliación del REINFO, que —afirman— fomentan la tala y minería ilegales, y se niega a reconocer la Reserva Indígena Yavarí Mirim, pese a su importancia para la protección de pueblos en aislamiento voluntario.

Reclaman verdad, memoria y reparación

La demanda de hábeas corpus presentada busca que el Poder Judicial ordene la creación de una Comisión de la Verdad dedicada exclusivamente a los crímenes del caucho. Esta instancia, señalan, permitiría investigar de manera formal los abusos cometidos, identificar a los responsables históricos y garantizar la no repetición de hechos similares.

“La historia del caucho, lejos de desaparecer, se encarna con más fuerza en una praxis para matar”, advirtió el colectivo en su documento.“Queremos que el Perú asuma su responsabilidad histórica y moral frente a sus pueblos originarios”.

El reclamo de Tsiuni además de buscar justicia judicial, también reclama por memoria y reconocimiento nacional. Los jóvenes criticaron, por ejemplo, la inauguración del “Paseo del Caucho” en Iquitos, impulsada por el gobierno regional de Loreto en 2024, como un espacio turístico que —según ellos— banaliza una tragedia colectiva.

Historiadores recuerdan que fue el diplomático irlandés Roger Casement quien, a inicios del siglo XX, denunció ante el Reino Unido los abusos cometidos por la empresa de Arana en el Putumayo, en lo que se considera uno de los primeros informes internacionales sobre derechos humanos en América Latina.

“Queremos sanar nuestra historia”

A la espera de una respuesta judicial, los integrantes del colectivo Tsiuni reafirmaron su compromiso de mantener las acciones legales y de memoria hasta obtener justicia.“Queremos restaurar la dignidad de nuestros pueblos, sanar la historia y construir un futuro donde nunca más se repitan estos crímenes”, expresaron.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra siete antiguos integrantes del secretariado de las Farc, decisión que generó inconformidad en la familia del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, asesinado por esa guerrilla en 2003 tras permanecer más de un año en cautiverio.

En un comunicado, los hijos y hermanos del dirigente político expresaron desacuerdo con los alcances de las sanciones restaurativas impuestas a los excomandantes. Según señalaron, las medidas ratifican su preocupación sobre la manera en que los máximos responsables de la organización armada asumirán compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

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Uno de los puntos que más inquietud genera para la familia Gaviria es que los sancionados conservarán sus derechos políticos, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de que las actividades de reparación simbólica terminen convirtiéndose en escenarios de proyección electoral con respaldo de recursos estatales.

El comunicado también hace referencia a lo que consideran omisiones y manipulaciones en la versión de los hechos presentada por los exintegrantes de las Farc. La familia sostiene que durante la etapa de investigación ya habían advertido limitaciones en la información entregada, bajo el argumento de que no recordaban más detalles sobre delitos cometidos, lo que en su criterio pone en duda la eficacia de órdenes judiciales relacionadas con la localización de desaparecidos o la identificación de zonas minadas.

De igual manera, expresaron preocupación frente a la persistencia de la violencia en varias regiones del país, señalando que ese contexto dificulta la materialización de garantías de reparación y de no repetición.

“Todo este proceso se justificó para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ya nos referimos a las dos primeras. Las expectativas de reparación y no repetición, sobre todo para las comunidades que más sufrieron de sus atrocidades, son casi que inexistentes: de los territorios nunca se fue la violencia y ahora son de nuevo cada vez más frecuentes las denuncias y noticias de ataques, asesinatos, secuestros, mujeres víctimas de violencia sexual y jóvenes, niños y niñas sometidos a reclutamiento forzado”, señalan.

Finalmente, la familia del exgobernador comparó las sanciones dictadas por la JEP con las penas que impone la justicia ordinaria en Colombia. Aseguraron que existe un contraste desfavorable para las víctimas, al considerar que personas condenadas por delitos de menor gravedad cumplen castigos más severos que los establecidos para los antiguos comandantes de las Farc.

“Es decir, que cada acto de ‘reparación simbólica’ podrá convertirse en acto de campaña política financiado por el Estado”, se lee en el documento.

Críticas de víctimas de las Farc

La imposición de sanciones restaurativas a siete excomandantes del antiguo secretariado de las Farc por sus crímenes relacionados con la política de secuestros ha generado un profundo malestar entre varias de las víctimas. La decisión, emitida el martes 16 de septiembre de 2025 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue calificada como una “traición”, “vergüenza” y “burla” por afectados y representantes, quienes cuestionaron la falta de reconocimiento efectivo de la verdad y la justicia en el proceso.

Una de las principales voces de inconformidad la expresó Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) y familiar de una de las víctimas. Gaviria relató en entrevista con W Radio que su familia participó de las audiencias y envió misivas al tribunal señalando su completa decepción:

“No se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, afirmó. En sus redes sociales, Gaviria también tildó de “vergüenza” la decisión de la JEP y cuestionó la “ratificación de derechos políticos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario”.

La investigación, que se llevó adelante en el macrocaso 01 de la JEP, abarcó los secuestros efectuados entre 1993 y 2016 y documentó 21.396 víctimas. De ellas, apenas 4.325 lograron ser oficialmente acreditadas en el proceso, una cifra que también alimentó críticas.

El general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado más de doce años, manifestó su inconformidad a la agencia EFE: “Los beneficios se los dieron todos a ellos (a las Farc). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”. Mendieta sostuvo que el desequilibrio a favor de los antiguos guerrilleros se arrastra desde las negociaciones de paz concluidas en noviembre de 2016 y lamentó que “durante las audiencias las víctimas pidieron, sin éxito, información sobre la ubicación de personas desaparecidas, un problema que todavía persiste”.

Tanto Mendieta como otras víctimas denunciaron que, mientras sus familias sufren exclusión y estigmatización, los sancionados han fundado un partido político y obtenido escaños en el Congreso y otras instituciones estatales.

A estas voces se sumó la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permaneció más de seis años en cautiverio. Betancourt declaró a W Radio que lo ocurrido representa una burla y traición a las víctimas: “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”. Según Betancourt, la revisión de las penas aplicadas resulta “indignante”, y criticó que ni la justicia ni los exguerrilleros hayan cumplido sus promesas de verdad, no repetición y reparación.

Por su parte, Clara Rojas, compañera de cautiverio de Betancourt, manifestó vía X que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. Más tarde, en declaraciones recogidas por medios nacionales, respetó la decisión de la JEP, aunque criticó la baja participación de víctimas en el proceso: “Es difícil de entender que de más de 21.000 víctimas solo 4.200 hayan participado en las audiencias”, recalcó.

La sentencia recayó sobre Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Estos exmandos fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortura y violencia sexual.

El Consejo de Estado desestimó el lunes 21 de julio la demanda interpuesta por un ciudadano en contra del senador Iván Cepeda y que alegaba que el congresista debía ser objeto de la perdida de investidura o “muerte política”. Según la acción radicada por el ciudadano Óscar Armando Díaz Campos, el congresista es el “autor intelectual” de la crisis que atraviesa la región del Catatumbo y, además, ha incurrido en supuesto enriquecimiento indebido con recursos provenientes del narcotráfico y concierto para delinquir.

El demandante también formuló acusaciones de “traición a la patria”, al alegar que Cepeda sería cómplice de atentados terroristas y de tener nexos con estructuras armadas. Estas afirmaciones, según el organismo judicial, no solo carecieron de pruebas, sino que se sustentaron en teorías conspirativas y opiniones políticas más que en hechos comprobables.

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Los duros señalamientos contra Iván Cepeda que fueron rechazados por el Consejo de Estado

Díaz Campos, que interpuso el recurso en contra del congresista, alegó también que Cepeda incurrió en doble militancia. “Primero Partido Comunista, Polo Democrático y luego Pacto Histórico o Colombia Humana”, argumentó ante el alto tribunal. Sumado a estas acusaciones, el ciudadano además señaló al senador la creación de un frente miliciano de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Bogotá, lo que lo haría indigno de ostentar el cargo de senador de la República.

“Iván Cepeda Castro es indigno de ser senador por traición a la patria, por ser cómplice de los atentados al sur y nororiente del país y por haber creado el frente miliciano de las Farc Manuel Cepeda Vargas en Bogotá“, se leyó en el texto del demandante.

A sus afirmaciones, Díaz Campos agregó que Cepeda fue también el responsable de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Según el demandante, las instituciones mencionadas “solo han cumplido el papel de deslegitimar a nuestro Ejército y Policía”.

Estas acusaciones fueron acompañadas de la afirmación de que el senador Cepeda “en complicidad con un cura marxista” participó en la eliminación del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Los argumentos del Consejo de Estado para desestimar la demanda interpuesta obedecen a que el recurso presentado por el ciudadano no cumplía con los requisitos legales mínimos establecidos para estos casos. En su revisión, los magistrados destacaron que el escrito carecía de elementos esenciales que sostuvieran su procedencia y sustento jurídico.

Estos fueron los motivos por los que se desestimó la demanda contra Iván Cepeda

Entre las omisiones detectadas por el alto tribunal se encontraba la ausencia de un documento válido que acreditara la identidad del demandante, así como la falta de una certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirmara la calidad de senador de Iván Cepeda.

Además, la demanda no precisaba la causal específica de pérdida de investidura invocada en contra del congresista. Sumado a esto, no incluía una relación de pruebas o solicitudes de pruebas con el respectivo fundamento legal, ni presentaba una indicación clara sobre la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho que fundamentaría la causal.

Debido a estos vacíos sustanciales, el tribunal decidió no evaluar siquiera la pertinencia de la demanda y desestimó el caso por razones procedimentales. Los magistrados enfatizaron que el demandante incumplió los artículos 5° y 6° de la Ley 1881, referentes a los requisitos para la procedencia de la pérdida de investidura, así como disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

No obstante, el Consejo de Estado otorgó cinco días Díaz Campos para corregir las fallas que impidieron la revisión de su acción. Esta decisión es común en casos donde se detectan errores subsanables, aunque la falta de fundamento probatorio en las alegaciones augura pocas probabilidades de éxito en futuras acciones similares.

Tres años después de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Colombia enfrenta una encrucijada crítica. Así lo revela el cuarto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), presentado durante la conmemoración del tercer aniversario del legado de la Comisión.

El documento alerta sobre un preocupante deterioro en la implementación de las 220 recomendaciones emitidas para garantizar la no repetición del conflicto armado y transformar sus causas estructurales.

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El informe, que abarca el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025, reconoce avances puntuales, pero subraya retrocesos significativos y una creciente fragilidad en la voluntad política para consolidar la paz.

“Este informe no solo documenta hechos. Es una alerta moral al país: estamos a tiempo de elegir la vida sobre la guerra, la dignidad sobre la polarización”, señala el documento.

Violencia creciente y falta de garantías

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el recrudecimiento de la violencia en diversas regiones del país. Según el Comité, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 460 firmantes. En lo corrido de 2025, 73 líderes y lideresas sociales han perdido la vida.

Además, durante 2024 se reportó un incremento del 60% en el reclutamiento infantil, especialmente en zonas como Catatumbo, Cauca, Antioquia, Arauca, Caquetá y Meta.

El Comité también resalta el aumento de feminicidios y transfeminicidios, que han afectado a lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas Lgbtiq+. Casos como los asesinatos de Sara Millerey y Nawar en Antioquia ejemplifican esta violencia de género y diversidad, la cual sigue impune y sin respuesta estructural por parte del Estado.

“El Gobierno nacional debe redoblar sus esfuerzos para avanzar genuinamente en las negociaciones de paz con todos los grupos armados, priorizando la firma de acuerdos humanitarios que generen alivios inmediatos para la población civil. Todas las partes del conflicto deben comprometerse de manera inmediata con la erradicación del reclutamiento infantil y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario”, señala el informe.

El Comité enfatiza que el cumplimiento de las recomendaciones no es una tarea exclusiva del Gobierno. “Las recomendaciones no son una hoja de ruta exclusiva para el Gobierno nacional, sino un compromiso compartido que interpela al Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades y a la sociedad en general”, se lee en el documento.

La urgencia de institucionalizar una paz que no da espera

El informe alerta sobre la falta de una estructura institucional robusta que garantice la sostenibilidad de las recomendaciones. La inexistencia de un Ministerio de Paz y Reconciliación, propuesto por la CEV, y decisiones como el cierre del Ministerio de la Igualdad, son interpretadas como retrocesos graves.

“Uno de los desafíos más críticos en esta materia que resalta el Comité tiene que ver con la falta de una institucionalidad robusta para la paz lo que provoca que las recomendaciones queden expuestas al vaivén de la voluntad política del gobierno de turno y a las pugnas partidistas”, advierte el informe.

Por ello, se hace un llamado urgente a concretar el Pacto Político Nacional, propuesto por la Comisión desde 2022 y que busca excluir definitivamente las armas de la política, garantizar elecciones libres y proteger la pluralidad de ideas. El Comité propone que el pacto sea liderado desde el Ministerio del Interior, en coordinación con actores sociales y comunitarios, y que contemple “diálogos locales y regionales que incentiven la participación de diversos sectores y rechacen definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos”.

A pesar de los esfuerzos de diversos sectores sociales que han dinamizado el legado de la Comisión, el CSM advierte sobre el riesgo de olvido. “Hay una cierta tranquilidad en la implementación de las recomendaciones del informe final que se está convirtiendo en olvido y ese olvido nos puede pasar una factura muy grande”, expresó Castañeda.

Para el Comité, la paz solo será posible si se atienden con urgencia los llamados a la acción: garantizar la protección de víctimas, acelerar la reincorporación de excombatientes, implementar reformas estructurales y crear condiciones dignas para las comunidades más afectadas por el conflicto.

“El próximo periodo será decisivo para determinar si Colombia logra consolidar los avances alcanzados o, por el contrario, retrocede hacia ciclos de violencia que han marcado su historia. La responsabilidad histórica de las generaciones actuales es inmensa”, concluye el informe.

Avances que marcan el camino

Pese a las dificultades, el informe también resalta desarrollos positivos. Entre ellos, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la adopción del servicio social para la paz, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y la aprobación del proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.

Asimismo, se destacan la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, el fortalecimiento de la cátedra para la paz en el sistema educativo y los actos públicos de reconocimiento a víctimas en el exilio liderados por la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra.

“El Ministerio de Educación ha logrado avanzar en la cátedra para la paz y celebramos el último informe del Instituto Kroc en el que se pudo reconocer el avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Hay mensajes que dicen que vale la pena el informe de la Comisión de la Verdad porque hay gente que le está poniendo el pecho”, explicó Wilson Castañeda, presidente del Comité.

Un tribunal de apelaciones surcoreano ha condenado este sábado a la japonesa Mitsubishi Heavy Industries Ltd. a indemnizar con 100 millones de wones (aproximadamente 605.280 euros) en términos de reparación por demanda por daños y perjuicios a una anciana de 107 años que fue víctima de trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial.

El dictamen ha sido emitido por la división civil del Tribunal del Distrito Central de Seúl y contraviene una sentencia anterior --de 2022-- en la que se desestimaba la demanda interpuesta por Kim Han Soo, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En su momento y dado que la demanda fue registrada en 2015, la Justicia del país determinó que el reclamo se había presentado fuera del plazo legalmente establecido, tres años después de un fallo clave del Tribunal Supremo de Corea del Sur que reconocía el derecho de las víctimas a exigir compensaciones.

Además, el tribunal de apelaciones reinterpretó su lectura respecto a los plazos de prescripción, basándose esta vez en una decisión de 2018, que reforzó el reconocimiento legal del derecho de las víctimas a ser compensadas, y no en el fallo de 2012. Esta nueva lectura del caso permitió admitir la reclamación presentada por Kim.

La demandante declaró que había sido forzada a trabajar en un astillero administrado por una compañía japonesa en 1944, cuando Corea se encontraba aún bajo el dominio colonial de Japón, logrando una inusual victoria para las víctimas del trabajo forzado.

No obstante, tal resolución no ha disipado las dudas sobre si Mitsubishi afrontará o no la orden de pago.

Así las cosas, el Ejecutivo japonés ha defendido que todas las exigencias de compensación económica relativas a este período quedaron resueltas con la firma del tratado bilateral de 1965, por el que Seúl y Tokio retomaban sus relaciones diplomáticas.

Sin embargo, los tribunales surcoreanos han seguido exigiendo el reconociendo el derecho de las víctimas a exigir una reparación individual.

El cadáver de Jorge Arsenio León, un joven desaparecido hace ocho días en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, fue encontrado en un paraje rural entre los corregimientos de Villaflor y Canelos, en un punto conocido como la “Ye”, a aproximadamente un kilómetro de Villaflor.

De acuerdo con datos recopilados por Caracol Radio, León había sido secuestrado junto a Yonaire Javier Contreras Bustillo por presuntos integrantes de un grupo armado organizado (GAO), cuya identidad aún no ha sido confirmada.

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Mientras el cuerpo de León presentaba aparentes signos de violencia, Contreras Bustillo continúa en cautiverio, y sus familiares han solicitado pruebas de vida y un pronunciamiento de los responsables.

De acuerdo con los reportes, León y Contreras Bustillo partieron del casco urbano de Santa Rosa del Sur con destino a la vereda Sabana Alta, ubicada en el corregimiento de Canelos. Durante el trayecto, en el punto conocido como la “Ye”, ambos hombres fueron interceptados por sujetos armados que los llevaron con rumbo desconocido. La comunidad local fue quien encontró el cuerpo de León, lo que ha generado consternación en la región.

El municipio de Santa Rosa del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar, ha sido escenario de múltiples episodios de violencia vinculados al conflicto armado. Según datos de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, el conflicto armado en Colombia dejó un saldo de 450.664 muertes, de las cuales 2.611 (6%) ocurrieron en Bolívar, posicionándolo como uno de los departamentos más afectados. Este contexto histórico de violencia ha dejado profundas cicatrices en la población local y continúa siendo un desafío para las autoridades.

Además de los efectos persistentes del conflicto armado, el departamento de Bolívar enfrenta un preocupante deterioro en materia de seguridad ciudadana, reflejado en el incremento sostenido de la tasa de homicidios, particularmente en su capital, Cartagena. Durante los dos primeros meses de 2025, la ciudad registró un aumento del 6 % en el número de asesinatos respecto al mismo período del año anterior, pasando de 66 a 70 casos. Esta cifra se traduce en una tasa de 6,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando a Cartagena como la capital con el índice más alto de muertes violentas entre las principales ciudades del país.

Este panorama revela una crisis de seguridad que no se limita exclusivamente a los centros urbanos. En zonas rurales como Santa Rosa del Sur, la situación es igualmente alarmante debido a la presencia activa de grupos armados ilegales que continúan ejerciendo control territorial, intimidando a la población y desafiando la capacidad de respuesta del Estado. Estos actores armados perpetúan la violencia y están involucrados en hechos como el secuestro y asesinato de líderes comunitarios, generando miedo y desarraigo.

El reciente asesinato de Jorge Arsenio León y la desaparición de Yonaire Javier Contreras Bustillo son ejemplos claros del drama humanitario que viven muchas familias en esta región. Mientras las autoridades adelantan operativos e investigaciones para esclarecer estos hechos y capturar a los responsables, los familiares de Contreras mantienen la esperanza de recibir noticias sobre su paradero y condiciones.

La situación actual del departamento de Bolívar, marcada por el deterioro de las condiciones de seguridad tanto en las zonas urbanas como en los sectores rurales, pone en evidencia la urgencia de replantear y robustecer las estrategias de seguridad pública. La creciente actividad de estructuras criminales, sumada a la persistente influencia de grupos armados ilegales, ha intensificado la violencia, dejando a muchas comunidades expuestas a amenazas constantes, desplazamientos forzados y pérdida de liderazgo social.

Este panorama subraya la importancia de implementar políticas de seguridad con un enfoque territorial diferenciado, que reconozca las particularidades de cada región y articule acciones entre las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Bogotá, 17 ene (EFE).- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó ocho cuerpos del cementerio Campo Hermoso, en la ciudad colombiana de Bucaramanga (noreste), que se cree corresponden a guerrilleros de las FARC que murieron en la Operación Berlín, una acción del Ejército contra la columna móvil Arturo Ruiz, integrada por un gran número de menores reclutados.

Durante la tercera fase de la intervención de este cementerio, la UBPD intervino ocho sitios de interés forense donde se recuperaron los cuerpos, informó este viernes esa entidad en un comunicado.

Y gracias a un proceso de contrastación de información recopilada durante la investigación y los hallazgos perceptibles en las estructuras óseas fue posible asociar seis de los cuerpos recuperados a miembros de la Arturo Ruiz.

La Operación Berlín fue ejecutada por el Ejército colombiano entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001 en los departamentos de Santander y Norte de Santander para desmantelar una columna móvil de las FARC.

La columna guerrillera en ese momento estaba conformada por 362 integrantes, de los cuales, según la Comisión de la Verdad, 141 eran menores de 18 años.

"Aunque los cuerpos ya tuvieron una primera necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no se logró la identificación por varios aspectos, entre ellos, que algunos eran niños, niñas y adolescentes que no tenían tarjeta decadactilar ni documento de identidad, con los cuales se pudiera cotejar información", explicó el coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander, Manuel Guillermo Criales.

Un total de 62 cuerpos de integrantes de la Arturo Ruiz fueron ubicados entre finales del 2000 y principios de 2001 en el cementerio municipal de Bucaramanga, donde la UBPD ha realizado varias operaciones.

De estos, 52 cuerpos han podido ser investigados y remitidos a Medicina Legal para averiguar su identidad.

La UBPD tiene un universo de 124.734 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado y hasta el año 2016, de los cuales 2.192 han sido recuperados. EFE

El Consell Nacional de ERC ha aprobado formalmente este sábado iniciar la segunda fase del proceso congresual del partido con la convocatoria del Plenari del Congrés Nacional en los días 15 y 16 de marzo, que se hará en Ca n'Oliveras, en Martorell (Barcelona).

El Consell Nacional ha dado luz verde al reglamento del plenario y la composición de las comisiones redactoras de los documentos congresuales, y ha aprobado crear la denominada comisión de la verdad para esclarecer las estructuras paralelas de ERC que hicieron controvertidas campañas comunicativas como los carteles difamatorios contra los Maragall.

El Consell Nacional, que se ha constituido este sábado tras la primera fase del congreso, ha elegido como presidenta del órgano a la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), Bàrbara Lligadas, en sustitución al presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové.

El resto de los miembros de la mesa del Consell Nacional serán Oriol Ribalta como vicepresidente, Estefania Rufach en la secretaría, y Montserrat Cuspinera y Carles Leiva como vocales.

También se han elegido los miembros de la Comisión de Garantías, la Comisión de Revisión Disciplinaria, la Comisión Censora de Cuentas y de la Comisión de Seguimiento de Pactos.

INICIA LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Respecto a la comisión de la verdad, la presidirá el exdiputado en el Congreso Joan Tardà, y formarán parte de ella el exconseller de Justicia de la Generalitat Carles Mundó y la abogada Marta Bolinches.

La comisión de la verdad fue una medida que anunció el actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la campaña de la primera fase del congreso, como medida para esclarecer las polémicas que han sacudido la organización por los actos de campaña paralelos como los carteles difamatorios contra los hermanos Pasqual y Ernest Maragall y el Alzheimer.

La comisión trasladará sus conclusiones al plenario del congreso y se disolverá tras hacerlo con el objetivo de la dirección de "dar paso al futuro y pasar página" sobre este asunto.

DOCUMENTOS CONGRESUALES

En el plenario del congreso se debatirán tres documentos: la actualización de los estatutos, la ponencia política --ambos se votan en cada congreso--, y el documento 'Objetivo 2031. Conseguir la mayoría social estable para conseguir la independencia', para ofrecer a Catalunya un "horizonte político en clave nacional e independentista".

La dirección destaca que las comisiones redactoras estarán formadas "mayoritariamente" por personas que no forman parte de la ejecutiva del partido, aunque tanto los miembros de 'Nova Esquerra Nacional' como de 'Foc Nou' --las candidaturas alternativas a Junqueras en la primera fase del congreso-- han rechazado formar parte de ellas.

Los documentos se redactarán basándose en una encuesta hecha a los militantes para recoger sus aportaciones y se presentarán a la militancia el 3 de febrero, momento en el que se podrán presentar enmiendas.

ENMIENDAS

Para que las enmiendas se trasladen al plenario del congreso para su votación, deben ser aprobadas por mayoría en la sección territorial o sectorial donde el militante la haya presentado.

Hasta el 18 de febrero se podrán enmendar los documentos, y se votarán territorialmente hasta el 4 de marzo, cuando las comisiones redactoras tendrán 8 días para negociar, transaccionar y pedir la retirada de las enmiendas vivas tras esta fase.

RENOVACIÓN TERRITORIAL

Tras el plenario, se iniciará en abril la tercera fase congresual con la renovación de todos los órganos regionales, comarcales y sectoriales del partido.

Entre abril y mayo, se escogerán las nuevas ejecutivas sectoriales y las regionales de Cataluña --que agrupan a los militantes por veguerías, excepto en la región metropolitana de Barcelona--, y en mayo y junio se renovarán las ejecutivas comarcales.

Se completará así el proceso congresual que el partido inició tras los resultados de las elecciones al Parlament del 12 de mayo y la dimisión de Oriol Junqueras de la presidencia del partido para optar a su reelección.

Banjul, 16 dic (EFE).- La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) ha aprobado el establecimiento de un tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura del expresidente Yahya Jammeh (1994-2017) en Gambia, informó el Ministerio de Justicia de este país de África occidental.

Los líderes del bloque regional adoptaron esa decisión este domingo en la 66ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de Cedeao, que se celebró en Abuya, capital de Nigeria.

En esa cumbre "se tomó la histórica decisión de establecer el Tribunal Especial para Gambia", afirmó el Ministerio de Justicia gambiano en un comunicado emitido a última hora del domingo.

"Esta decisión también incluyó la adopción del Estatuto del Tribunal, que garantizará la justicia y la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre julio de 1994 y enero de 2017", precisó.

"Este acontecimiento histórico -subrayó- supone un importante paso adelante para Gambia, la región y la comunidad internacional. Es la primera vez que la Cedeao se asocia con un Estado miembro para establecer un tribunal internacionalizado para enjuiciar crímenes de tal gravedad cometidos dentro del territorio de un Estado miembro".

En 2018, el Gobierno de Gambia estableció la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación (TRRC, en sus siglas en inglés) para investigar y documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el citado período.

La TRRC recogió testimonios de víctimas, testigos y perpetradores, y en su informe de noviembre de 2021 recomendó indemnizaciones, reformas institucionales y el enjuiciamiento de las personas con mayor responsabilidad por esas atrocidades.

Tras reconocer que algunos delitos, como la tortura, los tratos crueles e inhumanos y otros crímenes internacionales, no se abordaban adecuadamente en el derecho interno, el Gobierno de Gambia trató de establecer un tribunal internacionalizado.

En octubre de 2022, Gambia propuso formalmente una asociación con la Cedeao para crear un Tribunal Especial que integre los marcos jurídicos nacionales e internacionales a fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

El Tribunal Especial para Gambia será una institución independiente que combinará elementos del derecho nacional e internacional.

Su estructura incluirá jueces, fiscales y personal gambiano, de la Cedeao e internacional, junto con expertos internacionales.

Con sede en Gambia, el Tribunal, además, tendrá jurisdicción sobre crímenes internacionales, así como sobre violaciones graves de la legislación gambiana.

El Ministerio de Justicia de Gambia reafirmó "el compromiso del Gobierno de garantizar justicia para las víctimas, promover la reconciliación nacional y fomentar una sociedad más equitativa".

Jammeh, de 59 años y exiliado en Guinea Ecuatorial, gobernó Gambia con mano de hierro entre julio de 1994 y enero de 2017.

Fueron veintidós años en los que resultaron comunes las desapariciones forzosas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes, activistas, opositores y funcionarios públicos, entre otros.

Gambia está presidida por Adama Barrow desde diciembre de 2016, cuando venció en las urnas a Jammeh.

Barrow, de 59 años, fue reelegido como presidente en diciembre de 2021 por otro mandato de cinco años. EFE

Un grupo de ciudadanos peruanos ha decidido dar un paso más en su búsqueda de justicia internacional. Según informó un comunicado firmado por diversas personalidades, el 27 de febrero de 2025 se presentó una ampliación de la denuncia contra la presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y otras altas autoridades del gobierno peruano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia original, presentada el 20 de agosto de 2024, se centra en los hechos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos entre enero de 2022 y febrero de 2023.

De acuerdo con el documento, esta ampliación responde a la necesidad de incluir información adicional sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos meses, así como sobre la situación actual de las víctimas. Los denunciantes argumentan que, hasta la fecha, no se ha procesado judicialmente a ningún responsable por los hechos denunciados, lo que consideran una grave omisión de justicia. Según el comunicado, esta actualización se realiza en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.

Nuevos elementos y ausencia de justicia en Perú

El grupo de firmantes, entre los que se encuentran figuras como Walter Albán Peralta, Harold Forsyth, Marisol Pérez-Tello e Indira Huilca Flores, señala que desde agosto de 2024 han surgido nuevos elementos que refuerzan la denuncia. Según detallaron, estos hechos evidencian la conducta de las autoridades peruanas frente a los crímenes cometidos, destacando que hasta ahora no se ha llevado a juicio a ningún implicado ni se han presentado acusaciones formales ante el Poder Judicial.

El comunicado subraya que esta situación no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también pone en entredicho el compromiso del Estado peruano con los principios de justicia y derechos humanos. Los denunciantes consideran que la falta de acciones concretas por parte de las autoridades nacionales justifica la intervención de instancias internacionales como la CPI.

Propuesta para una Comisión de la Verdad

Además de la ampliación de la denuncia, los firmantes anunciaron su intención de promover la creación de una Comisión de la Verdad. Este organismo tendría como objetivo principal esclarecer la magnitud de los hechos ocurridos, identificar a todos los responsables y contribuir a la reparación integral de las víctimas. Según el comunicado, esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones internacionales que comparten la preocupación por la falta de justicia en el caso.

La propuesta de una Comisión de la Verdad busca no solo documentar los hechos, sino también generar un espacio de memoria y reconciliación para la sociedad peruana. Los denunciantes consideran que este mecanismo es fundamental para garantizar que los crímenes denunciados no queden impunes y para evitar que se repitan en el futuro.

Firmantes de la denuncia

El documento presentado ante la CPI cuenta con la firma de un grupo diverso de personalidades peruanas, entre las que se encuentran exfuncionarios, activistas, académicos y defensores de derechos humanos. Entre los firmantes destacan nombres como Mesías Guevara Amasifuen, Mirtha Vásquez Chiquilín, Sonaly Tuesta, Antonio Maldonado, Cecilia Israel La Rosa, Francisco Eguiguren Praeli, Oswaldo de Rivero Barreto, Ricardo Giesecke Sara LaFosse, Pepi Patrón Costa, Carlos Rivera Paz, Eduardo González Viaña, Marisa Glave Remy, Patricia Paniagua Gutiérrez y Oscar Vidarte Arévalo.

Hechos denunciados

La denuncia presentada ante la CPI se centra en los hechos ocurridos entre enero de 2022 y febrero de 2023, un periodo marcado por intensas protestas sociales y enfrentamientos en diversas regiones del Perú. Según los denunciantes, la respuesta del gobierno peruano a estas manifestaciones resultó en un uso desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en la muerte de 49 personas y dejó a más de 344 heridos.

Los firmantes consideran que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que las autoridades peruanas, encabezadas por la presidenta Dina Boluarte, tienen responsabilidad directa en los mismos. La denuncia busca que la CPI investigue estos crímenes y determine las responsabilidades correspondientes.

Ginebra, 8 dic (EFE).- La información sobre la presunta existencia de 20.000 cadáveres sin identificar en el aeropuerto de Bogotá, señalada en observaciones preliminares tras la visita a Colombia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, fue recibida de "distintas fuentes" oficiales, explicó a EFE uno de los participantes en la visita.

En entrevista por videoconferencia para EFE con el fin de aclarar la polémica suscitada por la cuestión, Juan Pablo Albán Alencastro, quien realizó la visita a Colombia junto con la también miembro del comité Carmen Rosa Villa Quintana, subrayó que esa información fue recibida en reuniones con autoridades y organizaciones.

"No podíamos dudar de la información reiterada de las fuentes que entrevistamos y que nos dijeron que hay restos en lugares donde no deberían estar, incluido el aeropuerto de Bogotá", explicó Albán, quien ejerce como relator del comité de diez expertos.

En una nota aclaratoria también publicada este domingo por el comité, éste indicó que en sus informes y recomendaciones "se sigue una estricta metodología" basada en "observaciones o información corroborada y recibida de fuentes creíbles".

El miembro del comité aclaró que, siguiendo esa metodología, recibieron información sobre la existencia de cadáveres, en diferentes lugares, incluyendo el aeropuerto de Bogotá, este último no visitado por ellos. 

Señaló también que fueron llevados por el Estado colombiano a lugares donde vieron bolsas de cadáveres "apiladas en lugares que no son para el mantenimiento y preservación de cuerpos sin identificar".

Por otro lado, "la propia Comisión de la Verdad en Colombia da cuenta de que hay más de 25.000 cuerpos sin identificar que se encuentran diseminados en distintas partes del territorio porque no hay una infraestructura adecuada", subrayó.

Agregó que el comité ha tomado nota del hecho de que la Procuraduría General (Ministerio Público) envió a raíz de la polémica un equipo a inspeccionar las instalaciones del aeropuerto y, tras un recorrido por los 27 hangares, manifestó que no se hallaron restos humanos en ninguno de ellos.

"No podemos dudar de la palabra del Estado colombiano", señaló, e indicó que esos nuevos datos seguramente serán tenidos en cuenta en el informe definitivo sobre la visita a Colombia, que se presentará en abril del próximo año.

Ante la controversia suscitada, ya que diversas autoridades colombianas rechazaron el informe y pidieron aclaraciones, Albán señaló que "tras conocer cuál es la metodología que nosotros aplicamos entenderán por qué hicimos el planteamiento que hicimos y cómo vamos a tratar más adelante con este asunto".

Subrayó, además, de que el día anterior a la rueda de prensa del 5 de diciembre en la que se presentó la cuestión que ha generado polémica, ésta ya se mencionó en una reunión privada con representantes de instituciones del Estado en la que "ninguno de los presentes cuestionó los hallazgos".

"La actitud del Estado colombiano en general fue muy constructiva y autocrítica, reconociendo que hay problemas serios como la falta de claridad en las cifras (de desaparecidos) o la impunidad existente", señaló.

Albán aseguró que las críticas de los Estados a las informaciones de órganos internacionales como el Comité son "gajes del oficio" y agregó que ahora es necesario "desescalar la situación, porque lo constructivo es que el comité y Colombia trabajen de la mano junto a las demás entidades de la ONU y de cooperación internacional".

"Nos preocupa que en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana la cuestión se diluya en ese punto de nuestro comunicado, sin tomar en cuenta otros hallazgos que son muy graves", afirmó.

Albán aludió en ese sentido a otros hallazgos, como el hecho de que no haya un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas, por lo que las cifras totales comunicadas al comité oscilen enormemente, entre las 98.000 y las 200.000.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay más de 111.000 desaparecidos antes de 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, una cifra que no refleja las posteriores desapariciones. EFE

La “teoría” de que en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se encuentran 20.000 cuerpos sin identificar fue desmentida por la Procuraduría General de la Nación de Colombia, según explicó el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón.

El diplomático detalló en una entrevista reciente con el periodista Julio Sánchez Cristo que, aunque existen cifras significativas de personas desaparecidas en el país, no hay evidencia que respalde la existencia de restos humanos en esta ubicación específica.

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Y es que el proceso relacionado con los informes de la ONU sigue un protocolo establecido. Gallón explicó que el Comité de la Organización de Nacional Unidas elabora un borrador inicial, lo somete a consideración del Gobierno colombiano y, posteriormente, se tramita una respuesta oficial.

En este caso, las autoridades no tienen previsto tomar medidas diplomáticas contra el organismo internacional. Según el embajador, se espera que el comité revise las observaciones realizadas por la Procuraduría y otras fuentes relevantes para corregir cualquier posible inconsistencia en el informe.

“Seguramente se solicitará que se aclaren determinadas cuestiones y se pondrá en conocimiento del comité el informe de la Procuraduría y otras informaciones relevantes que se disponga”, afirmó.

El embajador también abordó la discrepancia en las cifras de desaparecidos. Según un informe de la Comisión de la Verdad, el número de personas desaparecidas en manos del Estado que permanecen sin identificar asciende a 25.000, no 20.000 como se había señalado inicialmente. Sin embargo, Gallón enfatizó en que el debate no radica en la cantidad de cuerpos, sino en su ubicación.

“La discusión está en cuanto al sitio donde se encuentren”, puntualizó.

Con relación a las acusaciones sobre el aeropuerto, Gallón enfatizó que estas no han sido confirmadas por fuentes oficiales colombianas. Según explicó, las referencias hechas por el comité de la ONU mencionan un “aeropuerto en Bogotá”, pero no específicamente El Dorado.

“Ellos no han dicho que, en El Dorado, dijeron en el aeropuerto de Bogotá. He hablado con ellos telefónicamente y me han dicho que han recibido esa información y así lo han transmitido también a otras autoridades colombianas de fuentes autorizadas y creíbles”, aseguró el embajador.

Gallón expresó su confianza en que el comité de la ONU rectificará cualquier error en su informe una vez que se aclaren los hechos. “No tengo duda de que esclareciéndose las cosas de esa manera, el comité rectifique o modifique sus observaciones”, concluyó. Este proceso de revisión es fundamental para garantizar que las cifras y los datos presentados reflejen con precisión la realidad de las desapariciones en Colombia.

Y es que el tema de los desaparecidos en Colombia sigue siendo un asunto de gran relevancia, especialmente en el contexto del conflicto armado que ha afectado al país durante décadas.

Embajador Gallón enfatizó en el que problema radica en la existencia de cuerpos sin identificar

De igual forma, el funcionario comentó a W Radio a comienzos de diciembre de 2024 que el problema central no radica en la localización de los cuerpos, sino en la existencia de 25.000 restos de personas desaparecidas sin identificar. Tal situación representaría, incluso, una grave violación de derechos humanos.

“El centro del asunto no es si hay o no cuerpos, sino que hay 25.000 restos de personas desaparecidas sin identificar”, afirmó el embajador.

Además, Gallón comentó en aquella ocasión que “el Comité lo que dice es que ellos recibieron esta información, la pusieron en conocimiento de las autoridades y después la hicieron pública. Cualquiera puede pensar que deberían haberse abstenido de hacerlo, pero lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que la gravedad no radica en si están o no en el aeropuerto, sino en que exista esa situación”.

En una publicación realizada en su cuenta de X el 6 de enero de 2025, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, hizo un llamado al Congreso para que se constituya una comisión de la verdad con el propósito de esclarecer los problemas de corrupción y desfalco en el sector salud del país.

Una propuesta que surge en el contexto de las recientes controversias y denuncias relacionadas con la gestión de los recursos destinados a la salud pública.

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En su publicación, Idárraga comenzó por recordar que, en abril de 2023, a solicitud del presidente Gustavo Petro, desde la Secretaría de Transparencia se publicó un informe detallado sobre el uso indebido de los recursos del Estado en el sector salud, específicamente en el caso del entramado de entidades como Saludcoop, Cafesalud y Medimás.

Según el informe, estos grupos contribuyeron al desfalco de miles de millones de pesos, afectando gravemente a los trabajadores del sector y a los usuarios del sistema de salud.

Al respecto, Idárraga mencionó que, ante esta denuncia, algunos de los implicados en estos hechos optaron por descalificar el informe, acusándolo de ser una “persecución política”.

El secretario de Transparencia también cuestionó las críticas que, en su opinión, han surgido recientemente contra las políticas del gobierno en materia de salud.

Según Idárraga, aquellos que hoy critican el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente clave del sistema de financiación de la salud, son los mismos que, durante los últimos 30 años, guardaron silencio o incluso colaboraron con la corrupción en el sector.

Además, señaló que muchos de estos “críticos” no han hablado sobre las irregularidades dentro de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) que, en algunos casos, según Idárraga, son utilizados como “fortines políticos”.

Por esta razón, el secretario de Transparencia instó a las bancadas del Congreso, en especial a la del partido de gobierno, el Pacto Histórico, a retomar la solicitud hecha por Petro a principios de 2023 para crear una comisión de la verdad en el ámbito de la salud.

Esta comisión, según Idárraga, tendría como objetivo descubrir la magnitud de la corrupción en el sector y garantizar que aquellos responsables de desfalcar los recursos públicos sean responsabilizados.

Las presuntas irregularidades en EPS

Las declaraciones de Idárraga coinciden con los recientes señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro que en su cuenta de X denunció presuntas irregularidades en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según un informe del Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), se habrían detectado inconsistencias graves en los datos reportados por las EPS al Gobierno, lo que habría facilitado un desvío de recursos públicos.

El estudio identificó que más de 23.000 consultas médicas fueron reportadas a nombre de personas ya fallecidas, así como aumentos inusuales en los costos de ciertos servicios médicos y medicamentos.

Entre los hallazgos más alarmantes, se destacó un incremento del 52% en los costos de tratamientos contra el cáncer entre 2022 y 2023, en contraste con un aumento histórico del 4% anual.

Asimismo, se registraron incrementos de hasta el 1.000% en algunos medicamentos y hasta un 1.200% en ciertos procedimientos médicos, lo que puso en duda la veracidad de los datos enviados por las EPS.

El informe también reveló que muchas EPS no enviaron la información solicitada, lo que comprometió la transparencia del sistema.

Además, el estudio alertó sobre irregularidades en el manejo de medicamentos, como la presencia de productos sin registro sanitario o la falta de correspondencia entre las compras reportadas y los datos del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed).

Según el informe, estas irregularidades representaron un costo adicional de más de 119.000 millones de pesos.

Colombia asumió la responsabilidad por la tortura y asesinato de Enán Lora, desaparecido el 16 de marzo de 1994 por miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, por sus siglas). El acto protocolario se llevó a cabo en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, espacio donde también se dignificaron a otras cuatro personas que, al igual que el exintegrante del M-19, fueron víctimas de desaparición forzosa, tortura y ejecución extrajudicial.

Según publicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar, por sus siglas), el cuerpo de Lora Mendoza fue encontrado en la vereda Los Manzanos de Fusagasugá, Cundinamarca, el 21 de marzo de 1994. El expediente internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que él fue sometido a tortura y luego fue ahorcado. Según un comunicado de la organización mencionada, Colombia debe asumir la responsabilidad de los hechos y solicitar a las autoridades la reapertura del caso con el fin de que la investigación llegue a una conclusión dentro de un plazo razonable.

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El tribunal internacional solicitó al país que se continúe con el proceso investigativo que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, por sus siglas) contra Martín Sierra D’Alemán, condenado por la muerte de Lora. El Estado se comprometió a asegurar la custodia de los archivos de departamento de seguridad mencionado anteriormente con el fin de encontrar información que pueda ser relevante para concluir con el caso.

Es importante mencionar que, en los documentos judiciales relacionados con la desaparición forzada y tortura a manos de agentes del Estado que tiene bajo su poder la Comisión de la Verdad, se encuentra el nombre de Rafael entre las víctimas, según El Espectador.

¿Cómo llegó el caso a la justicia internacional?

El Espectador indicó que fue Sebastián Lora Pulido, hijo de la víctima, el que impulsó este proceso, luego de que asistiera a un acto de reconocimiento de los hechos en 2012, cuando el DAS reconoció sus responsabilidades en diferentes casos de ataques a civiles. No obstante, este acto revictimizante fue insuficiente para los Lora: “Yo asistí, pero no quise recibir las disculpas. No fue una reparación integral” afirmó la víctima indirecta al medio mencionado.

Enán Lora fue señalado del secuestro de Doris Janeth Roldán. El caso, asignado a la Unidad Investigativa del DAS, fue atendido por un equipo en el que se encontraba Martín Sierra D’Alemán, y según comentó la familia de la víctima, este sujeto y otros investigadores secuestraron al exmilitante del M-19, para luego asesinarlo.

Aunque Lora tuvo dos investigaciones por este hecho, ambas precluyeron por vencimiento de términos, puesto que la Corte Suprema de Justicia encontró que la confesión dada por Enán se produjo bajo tortura, aseguraron familiares de la víctima al medio citado.

En cuanto al acto que se realizó en honor a su padre, Sebastián Lora indicó a El Espectador que Colombia es un país “con muchas heridas. Tiene lugar el dolor y la verdad de todas las víctimas de este país”.

Amistad de Enán Rafael Lora y Gustavo Petro

Según dio a conocer vía X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Lora y él se conocieron en su juventud, y afirmó que fue su colaborador cuando él hizo parte del Congreso en 1991. En una publicación del 29 de marzo de 2024 compartió un video que, según Petro, se grabó en la casa que perteneció al exintegrante del M-19.

Según escribió el primer presidente de izquierda en Colombia en la red mencionada: “Esta canción es de hace 34 años y fue grabada en alguna casa. Es de mi amigo Enán Lora Mendoza, de Ciénaga de Oro, combatiente del M19 , torturado y asesinado por el DAS cuando hacía parte de mi UTL en mi primer periodo de Congreso. Viejo Bailarín del nuevo día, dedicada a Bolívar”.

Bogotá se prepara para acoger una muestra cinematográfica que explora el conflicto y la paz, con un enfoque en la vida después de la guerra, con la inauguración del ciclo “Que haiga paz”, en la Cinemateca.

Esta iniciativa, en colaboración con la Comisión de la Verdad, reúne películas de diversas partes del mundo, incluidas producciones de Palestina, Siria e Irak. Este evento se llevará a cabo del 11 al 22 de diciembre del 2024.

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Entre las proyecciones destacadas se encuentra una película de Forensic Architecture que ofrece un análisis detallado del caso de Dylan Cruz, un joven que murió el 23 de noviembre de 2019 tras ser herido por un proyectil lanzado por un agente del Esmad en Bogotá.

La película utiliza evidencia visual y una reconstrucción en 3D basada en imágenes de ocho cámaras para examinar los eventos que rodearon su muerte.

El ciclo busca no solo recordar los conflictos, sino también reflexionar sobre la resistencia cotidiana de los pueblos y su derecho a existir.

Las películas seleccionadas abordan temas de guerra y paz, “ofreciendo una mirada profunda a las experiencias de las comunidades afectadas por conflictos prolongados”, según se explica en la cuenta de Instagram de Tercer Cine.

La muestra es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar el diálogo y la comprensión sobre las complejidades de la paz y la reconciliación. Los organizadores esperan que el evento sirva como un espacio para la reflexión y el aprendizaje, permitiendo a los asistentes explorar diferentes perspectivas sobre la vida después de la guerra.

La programación completa del ciclo estará disponible para consulta, ofreciendo a los interesados la oportunidad de planificar su asistencia a las diversas proyecciones y actividades que se desarrollarán durante estos días en la Cinemateca de Bogotá.

La película de Dylan Cruz

Plano Negativo, el estudio colombiano de Forensic Architecture, presentará un análisis visual contra-forense sobre el caso de Dilan Cruz el próximo 19 de diciembre a las 6 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Este evento, que se llevará a cabo en la Sala 3, es de entrada libre, aunque se requiere reclamar una boleta en taquilla.

El análisis se centra en las imágenes capturadas antes del disparo que acabó con la vida de Dilan Cruz, donde se le ve lanzando granadas lacrimógenas.

Estas imágenes, junto con el guante que usaba para recogerlas, fueron utilizadas por la Fiscalía General de la Nación como justificación para el uso de la fuerza por parte del Esmad.

La presentación busca evaluar esta afirmación y discutir las implicaciones políticas del régimen de análisis de imágenes implementado por el estado colombiano en casos de violencia estatal.

Plano Negativo es una iniciativa que surgió tras la colaboración de Forensic Architecture con la Comisión de la Verdad en Colombia, que resultó en la exposición “Huellas de Desaparición”.

Este estudio está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, como arquitectas, diseñadores, antropólogos, abogadas y artistas visuales, quienes trabajan en conjunto con organizaciones sociales colombianas en casos de violencia política y ambiental.

La presentación promete ofrecer una perspectiva crítica sobre cómo se construyen y utilizan las narrativas visuales en contextos de violencia estatal, y cómo estAS pueden influir en la percepción pública y en los procesos judiciales. La participación de Forensic Architecture, un centro de investigaciones visuales de la Goldsmiths University de Londres, añade un enfoque internacional y metodológico riguroso al análisis.

Este evento es una oportunidad para que el público conozca de cerca el trabajo de Plano Negativo y reflexione sobre el papel de la imagen en la construcción de la verdad y la justicia en contextos de conflicto. La entrada es gratuita, pero se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en la sala.

Bogotá, 24 oct (EFE).- El sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón este jueves a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que "hoy en día" hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

"Si me preguntan hoy, en 2024, qué haría yo hoy, repetiría el proceso canónico, porque es muy riguroso, pero una vez establecido el final, el culpable y las pruebas acumuladas, hoy presentaría el caso ante la Fiscalía para poner las cosas en manos de la justicia civil", expresó en una rueda de prensa en Bogotá.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

El viernes pasado, un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976, cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, perteneciente a la comunidad jesuita.

De Roux aseguró hoy que si hubiera aplicado el Derecho Canónico como lo hicieron los jesuitas en aquella época, "no se hubiera llegado al horror de la violación de centenares de niños por parte de sacerdotes".

"Quiero pedir perdón a las víctimas por las cosas que hemos hecho como jesuitas, porque si bien no soy yo subjetivamente quien lo hizo, hay una responsabilidad objetiva", agregó De Roux, quien opinó que "nunca se hizo lo suficiente" por parte de el Gobierno, las instituciones y la iglesia.

Por otro lado, aseguró que cuando consultó a los abogados qué hacer con el caso, estos le respondieron que, por tiempo, "ya había prescrito", razón por la que no llevó el caso a la Fiscalía.

Aclaró que 2014 el papa Francisco aún no había eliminado la confidencialidad del Derecho Canónico, el llamado secreto pontificio, que "protegía el sistema del silencio" y no llevaba muchos de los casos a la justicia civil.

De Roux explicó también que presentó un derecho de petición a la Fiscalía porque se enteró de la demanda contra él a través de los medios, y quiere saber "realmente qué es lo que hay en la Fiscalía" para presentarse "inmediatamente".

"Se ha dicho que soy un encubridor y quiero compartir los pasos que dí, uno a uno en este procedimiento", expresó el sacerdote, y contó cómo transcurrió su actuación cronológicamente desde la demanda de Llano y sus hermanas en 2014 hasta el cese del sacerdote que abusó sexualmente de ellos.

Según De Roux, tras escuchar el testimonio de los hermanos sobre los hechos ocurridos entre 1975 y 1979, y el deseo de las víctimas de que el caso "no quedara impune y llegue a los tribunales para obtener justicia y reparación", se comunicó con el sacerdote responsable de los crímenes, quien aceptó su culpa.

A los dos días cesó a Chavarriaga, que entonces tenía 75 años, de su cargo como decano en la Universidad Javeriana y lo destinó a "la enfermería donde están los jesuitas terminales, para que se quedara recluido allí". EFE

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Bogotá, 23 oct (EFE).- El sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien presidió la Comisión de la Verdad de Colombia, fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

El viernes pasado, un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976 cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, de la comunidad jesuita.

"Fue interpuesta una denuncia en 2014 al padre Francisco de Roux. Han pasado 50 años casi de los hechos, 10 años de la denuncia contra De Roux (...) De allá para acá no ha pasado nada con nosotros", expresó Llano en un video publicado por el periodista Miguel Estupiñán en el blog 'Hacia el umbral'.

Esta denuncia fue interpuesta por Llano y sus hermanas contra De Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, porque en 2014 era el provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y le contaron todos los abusos que supuestamente cometió Chavarriaga.

La Compañía de Jesús realizó una investigación y destituyó entonces a Chavarriaga del cargo de decano del medio universitario de la facultad de Odontología de la Javeriana, pero no llevó el caso a la Fiscalía, razón por la cual De Roux y otros padres, como Luis Javier Sarralde y Hans Zollner, fueron denunciados penalmente por supuestamente encubrir al posible pederasta.

"A la fecha (...) no ha pasado nada. No ha habido ningún tipo de reparación ¿La Iglesia qué va a hacer con el ánimo de repararnos en este momento para que tengamos la justicia que tanto hemos esperado?", expresó Ana Rosa Cristina Llano, una de las víctimas durante el foro.

El padre De Roux aseguró al diario bogotano El Espectador que está atento "al llamado de la justicia colombiana para responder sobre" su conducta.

"Solo tengo para decir que frente a este caso de abuso por el que me preguntan y que conocí como superior provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas", expresó y agregó: "Tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia".

Nueve excomisionados de la verdad, entre tanto, manifestaron este miércoles su respaldo al sacerdote jesuita y pidieron que se aclaren los hechos.

"Consideramos de la mayor importancia la escucha de los testimonios de quienes han sufrido vejaciones y violaciones a su dignidad por parte de cualquier persona o institución, incluso la eclesiástica. Es la justicia colombiana quien está llamada a sancionar a los responsables", afirmaron.

Rechazaron, además, la pretensión de "desprestigiar la tarea de la Comisión de la Verdad al poner un manto de duda sobre el compromiso con la verdad y la justicia de quien fuera nuestro presidente, con base en un caso ocurrido hace una década cuando Francisco de Roux era provincial de la Compañía de Jesús".

La Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz de 2016 para investigar las causa y orígenes del conflicto armado colombiano, presentó su informe final en junio de 2022, tras lo cual se dio por terminado su mandato. EFE

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El padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, defendió su actuación en los casos de abuso sexual cometidos por el padre Darío Chavarriaga en contra de Luis Fernando Llano y sus hermanas en el colegio San Bartolomé en 1976, que han presentado una denuncia penal en su contra, señalándolo de encubrimiento.

En ese sentido, el líder jesuita dijo que no remitió la acusación a la Fiscalía General de la Nación, pero actuó conforme a los estatutos canónicos y en un término menor a un mes retiró al padre Chavarriaga de su cargo en la Universidad Javeriana, donde ejercía como decano del medio de la facultad de Odontología.

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Según de Roux, el 24 de mayo de 2014 como jefe provincial jesuita recibió a Luis Fernando Llano en su oficina y el 15 de junio Chavarriaga, que aceptó haber cometido los abusos sexuales contra las víctimas, fue retirado del puesto como directivo.

“Hoy puedo decirlo sin pecar de desagradecido, fui víctima por medio de un disimulado chantaje: la ayuda económica (…) Lo que nos ocurrió es algo muy grave que no debe quedar impune”, se lee en la carta que envió Llano a De Roux, cuando decidió romper silencio.

La decisión que tomó el padre de Roux fue relegar a Chavarriaga a la enfermería donde estaban los jesuitas terminales y suspendió la posibilidad de ofrecer misas, pero seis meses después, al padre Chavarriaga le diagnosticaron cáncer y murió.

El caso tomó relevancia cuando Llano y su hermana, Ana Rosa Cristina, se manifestaron en un foro organizado por la Universidad Javeriana de Bogotá, de propiedad de la Compañía de Jesús, el pasado viernes 18 de octubre de 2024. En el auditorio, Llano tomó la palabra, quejándose: “Han pasado casi 50 años de los hechos y 10 años de la denuncia al padre De Roux (...) y no ha pasado nada”, muestran los videos del momento, que compartió W Radio.

Llano presentó previamente la denuncia formal ante la Fiscalía. En el documento, radicado el pasado 30 de septiembre, sostuvo que el padre Chavarriaga le ofreció una beca en el Colegio San Bartolomé en reconocimiento a su desempeño académico y por las dificultades económicas de su familia.

“Nos alegraba la compañía y el cariño del padre Darío (...) Lo rodeábamos con sincero afecto y éramos felices de que nos contara historias”, contó Luis Fernando en el blog del periodista Miguel Ángel Estupiñán, coautor de El archivo secreto.

Para el padre Francisco de Roux, su actuación en el caso fue adecuada, insistiendo que si no envió el proceso a la Fiscalía fue porque siguió las recomendaciones de un abogado que le indicó que el crimen había prescrito y porque en reunión con las víctimas, estas le indicaron que no era de su interés, puesto que no querían afectar a la comunidad jesuita.

“Me dijeron que ellos no lo harían (traslado a la justicia ordinaria) por aprecio con la compañía de Jesús, advirtiendo que su hermana, que estaba en México, sí quería pago de dinero en la justicia civil. (...) Ellos estaban tranquilos, por supuesto las puertas quedaban abiertas”, indicó el padre de Roux.

A juicio del padre de Roux, él hizo lo correcto con base en las herramientas que tenía a la mano y aseguró que repetiría su actuación, pero a diferencia de 2014, de manera directa y sin dudarlo remitiría el caso directamente a la Fiscalía.

“Hoy cuando me preguntan si siento que hice plena justicia, ¿qué respondo? Que apliqué todos los instrumentos que estaban en mis manos, lo hice con acogida al dolor de las víctimas y rápido, no manipulé a Luis Fernando y a sus hermanas para que se callaran. Pero si me preguntan qué haría hoy, les digo con franqueza, yo repetiría el proceso del código canónico, pero una vez establecido el culpable, me presentaría con eso a la Fiscalía”, señaló de Roux.

En medio de una controversia que involucra al sacerdote Francisco de Roux, exlíder de la Comisión de la Verdad en Colombia, se ha solicitado una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de encubrimiento de un presunto pederasta durante su tiempo como líder de los jesuitas en el país. Los excomisionados de la verdad han expresado su respaldo a de Roux, destacando su compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

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Los excomisionados hicieron énfasis en la importancia de escuchar los testimonios de las víctimas de abusos, independientemente de la institución involucrada, y han instado a las autoridades colombianas a investigar y sancionar a los responsables conforme a la ley. Aseguran que cualquier institución debe tener cero tolerancia hacia la violencia sexual, especialmente cuando involucra a menores, y deben implementarse medidas para evitar la repetición de estos casos, así como reparar a las víctimas.

“Francisco de Roux ha dedicado su vida a trabajar por los derechos humanos, la justicia social, la verdad y la paz de Colombia. En diversas ocasiones ha enfrentado ataques que buscan minar sus inquebrantables convicciones y compromiso. Como sus colegas en la Comisión de la Verdad fuimos testigos de su valor ético y civil para enfrentar las verdades más oscuras de la condición humana, de las instituciones y de las personas que en medio de la guerra destruyeron la dignidad de las víctimas. Verdades que han incomodado a muchos sectores porque ponen el dedo en la llaga sobre la degradación con la que se ha librado la lucha por el poder en Colombia”, se lee en la primera parte del comunicado.

El comunicado de los excomisionados también rechaza los intentos de desprestigiar la labor de la Comisión de la Verdad al cuestionar el compromiso de De Roux con la verdad y la justicia, basándose en un caso de hace una década. También resalta la integridad y transparencia de sus acciones, así como su estatura moral y ética, que consideran inigualables en el contexto actual de Colombia.

“Instamos a que las autoridades competentes investiguen y sancionen estas conductas conforme a la Constitución y la ley. Cualquier institución, sea pública o privada, deber tener cero tolerancia con la violencia sexual, más aún cuando se trata de niños y niñas; y debe tomar medidas de no repetición para que esos casos tan graves no se vuelvan a presentar, así como reparar a las víctimas”, añade el documento.

Además, alertan sobre el oportunismo de ciertos sectores que buscan debilitar el legado de la Comisión y su informe final, el cual consideran un pilar fundamental para la transición de Colombia y para establecer responsabilidades históricas sobre la crisis humanitaria vivida en el país. Esperan que la sociedad colombiana y las autoridades competentes escuchen la versión de De Roux y se logre restaurar su buen nombre.

“Rechazamos la pretensión de desprestigiar la tarea de la Comisión de la Verdad al poner un manto de duda sobre el compromiso con la verdad y la justicia de quien fuera nuestro presidente, con base en un caso ocurrido hace una década cuando Francisco de Roux era provincial de la Compañía de Jesús. Damos fe, como miles de colombianos, de la honestidad y transparencia de sus actuaciones y de su estatura moral y ética que no tienen parangón en estos tiempos turbulentos que vive Colombia”, aseguran los excomisionados.

Añadieron que hay “oportunismo de sectores reacios a la verdad que quieren usar este episodio para debilitar el legado de la Comisión de la Verdad y en especial su informe final. Este sigue siendo un pilar fundamental e inacabado de la transición de Colombia, y de la obligación de establecer responsabilidades históricas sobre la tragedia humanitaria que hemos vivido, así como para encontrar las vías de salida del conflicto armado”.

“Esperamos que la sociedad colombiana y las diferentes instancias competentes escuchen la versión de De Roux y se logre restaurar su buen nombre”, finaliza el texto.

Los Ángeles (EE.UU.), 26 sep (EFE).- Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos de California (EE.UU.), encabezada por el Comité Pro Democracia en México, pidió este jueves a la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, no olvidarse de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un caso que hoy cumple diez años sin resolverse.

Los activistas se manifestaron frente al Consulado General de México en Los Ángeles para recordar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que "le falló al pueblo mexicano", según dijo a EFE Rodrigo Argueta, vocero del comité.

“El presidente Obrador se va sin haber cumplido una de sus mayores promesas. En seis años no pudo responsabilizar a los culpables de la desaparición y, por el contrario, ha comenzado a desacreditar este movimiento que lo único que exige es justicia”, sostuvo el activista.

La manifestación hace parte de los eventos programados este jueves, cuando se cumplen diez años sin que se haya resuelto la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, estado del sur de México.

Argueta señaló que López Obrador no ahondó en los esfuerzos por resolver el caso por proteger al Ejército.

Los activistas han depositado ahora en Sheinbaum, quien iniciará su mandato el próximo 1 de octubre, la responsabilidad de lograr que las investigaciones arrojen resultados reales y que los culpables de la desaparición de los estudiantes sean castigados.

En una carta dirigida a la presidenta electa, las organizaciones exigen que prosiga con la investigación. “Los mexicanos que vivimos en el exterior exigimos a Sheinbaum que saque a la luz la verdad sobre este hecho que nos ha marcado a todos”, hizo hincapié Argueta.

En el evento de este jueves participaron vía telefónica dos de las voces más activas del movimiento: Cristina Bautista Salvador, quien no ha dejado de buscar a Benjamín y luchar por encontrarlo, y Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, quienes pidieron a los mexicanos en Estados Unidos no abandonar la causa.

Una investigación de la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno de López Obrador, concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.

Las manifestaciones por los desaparecidos de Ayotzinapa en Los Ángeles se extenderán hasta el sábado, cuando está convocada una protesta en frente del Consulado de México.

“No vamos a dejarlos en el olvido ni a los estudiantes desaparecidos ni a sus familias, vamos a presionar porque se sepa la verdad”, puntualizó Argueta.

Los Ángeles, 26 sep (EFE).- Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos de California (EE.UU.), encabezada por el Comité Pro Democracia en México, pidió este jueves a la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, no olvidarse de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un caso que hoy cumple diez años sin resolverse.

Los activistas se manifestaron frente al Consulado General de México en Los Ángeles para recordar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que "le falló al pueblo mexicano" , según dijo a EFE Rodrigo Argueta, vocero del comité.

“El presidente Obrador se va sin haber cumplido una de sus mayores promesas. En seis años no pudo responsabilizar a los culpables de la desaparición y, por el contrario, ha comenzado a desacreditar este movimiento que lo único que exige es justicia”, sostuvo el activista.

La manifestación hace parte de los eventos programados este jueves, cuando se cumplen diez años sin que se haya resuelto la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, estado del sur de México.

Argueta señaló que López Obrador no ahondó en los esfuerzos por resolver el caso por proteger al Ejército.

Los activistas han depositado ahora en Sheinbaum , quien iniciará su mandato el próximo 1 de octubre, la responsabilidad de lograr que las investigaciones arrojen resultados reales y que los culpables de la desaparición de los estudiantes sean castigados.

En una carta dirigida a la presidenta electa, las organizaciones exigen que prosiga con la investigación.“Los mexicanos que vivimos en el exterior exigimos a Sheimbaum que saque a la luz la verdad sobre este hecho que nos ha marcado a todos”, hizo hincapié Argueta.

En el evento de este jueves participaron vía telefónica dos de las voces más activas del movimiento: Cristina Bautista Salvador, quien no ha dejado de buscar a Benjamín y luchar por encontrarlo, y Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, quienes pidieron a los mexicanos en Estados Unidos no abandonar la causa.

Una investigación de la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno de López Obrador, concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.

Las manifestaciones por los desaparecidos de Ayotzinapa en Los Ángeles se extenderán hasta el sábado, cuando está convocada una protesta en frente del Consulado de México.

“No vamos a dejarlos en el olvido ni a los estudiantes desaparecidos ni a sus familias, vamos a presionar porque se sepa la verdad”, puntualizó Argueta. EFE

Piedad Zuccardi, exsenadora del Partido de la U, deberá enfrentar las acusaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió rechazar su solicitud de sometimiento, argumentando que los aportes de Zuccardi a la verdad no eran adecuados ni aptos para la jurisdicción transicional, según informó el documento del tribunal de paz.

Este fallo implica que el proceso en su contra seguirá su curso habitual ante la instancia judicial mencionada.

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La parapolítica hace referencia a la supuesta colaboración de ciertos políticos con grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia. Piedad Zuccardi había solicitado que su caso fuera trasladado a la JEP, con el argumento de que, debido a su extensa carrera como senadora, la justicia transicional debía encargarse de su situación, alega su defensa.

Según lo informado, la JEP realizó una revisión exhaustiva de los aportes de Zuccardi a la verdad y concluyó que no cumplían con los requisitos para ser admitidos en su jurisdicción. Este desenlace ha determinado que la Corte Suprema de Justicia continúe investigando el caso, en línea con los procedimientos judiciales convencionales.

A pesar de las acusaciones, Piedad Zuccardi todavía goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva sea dictada. En este escenario, la Corte Suprema se encargará de esclarecer los hechos relacionados con la parapolítica y su implicación en ellos.

El anuncio reafirma la postura de la JEP de asumir únicamente casos que contribuyan de manera sustancial a la construcción de la verdad y la reconciliación en el marco de la justicia transicional en Colombia.

La complejidad de los vínculos entre política y conflicto armado sigue siendo un desafío para las instituciones judiciales del país, buscando siempre arrojar luz sobre los episodios oscuros de la historia reciente.

El caso de Zuccardi

En Sincelejo, Sucre, en 1952 nació Piedad Zuccardi de García, actualmente bajo investigación por su presunta relación con grupos paramilitares. Esta situación ha marcado su trayectoria política, especialmente desde junio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia comenzó a cuestionar sus posibles vínculos con el paramilitarismo, motivada por las declaraciones del exjefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino.

Zuccardi, quien contrajo matrimonio a los 20 años con el empresario Juan José García Romero y se radicó en Cartagena, ha vivido un camino intrincado en la política. En medio de las investigaciones en su contra, Zuccardi fue detenida el 24 de febrero del 2013 en el Centro de Estudios de la Policía en Bogotá.

Ella ha defendido su inocencia, afirmando que los testimonios en su contra provienen de personas indirectas o de oídas, insistiendo en que no existen pruebas concretas de alianzas con las autodefensas. Además, argumenta que las reuniones que mantuvo con líderes paramilitares formaron parte de los procesos de paz de la era Uribe y fueron debidamente autorizadas. Asimismo, denuncia que la información en los medios ha sido manipulada, y se considera víctima de juicios paralelos que pretenden vincularla con acuerdos ilegales.

El nombre de Piedad Zuccardi comenzó a resonar fuertemente cuando, estalló el escándalo de los narcocasetes, en donde se nombró a su cuñado, Álvaro García. Este último se perfiló rápidamente como el líder liberal en Sucre durante los años 80. En contraste, su esposo, Juan José García, fue elegido senador por Bolívar en 1982 y ocupó su escaño durante cuatro períodos.

De hecho, fue a mediados de los años 90 cuando comenzaron las dudas. En el momento en que se supo de los narcocasetes, la mención de ‘El Gordo García’ en una de las conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Rodríguez Orejuela, enfocó los reflectores en Álvaro García. Sin embargo, el que resultó investigado y absuelto fue su hermano Juan José. Aún así, debido a un proceso en su contra por malversación de auxilios parlamentarios, decidió dejar la política. Fue entonces cuando su esposa Piedad Zuccardi entró a reemplazarlo.

Piedad Zuccardi fue una figura política clave para la reelección de Álvaro Uribe en 2006. Aún así la decisión de investigarla se tomó tras analizar diversas pruebas y considerar que la exsenadora representaba un riesgo para la sociedad, lo que llevó a decretar medida de aseguramiento en su contra.

La trayectoria política de Zuccardi, iniciada en 1998 con su llegada al Senado, se fortaleció cuando se unió al Partido de la U y se convirtió en aliada de Uribe en la región del Caribe. Para 2010, alcanzó uno de los mayores niveles de votación en el Senado con 75.450 votos. Sin embargo, desde entonces surgieron rumores de sus posibles conexiones con la parapolítica. En marzo de 2012, fue escuchada en versión libre tras recopilarse diversos testimonios, pero la Procuraduría pidió a la Corte que no la investigara, alegando falta de pruebas suficientes. A pesar de esto, la Corte continuó la indagación, encontrando elementos para proceder.

Las acusaciones contra Zuccardi provienen, en gran parte, de testimonios de paramilitares como Ernesto Báez y Diego Vecino, quienes señalaron reuniones clave donde se discutieron apoyos electorales. Uno de estos encuentros estaría relacionado con la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar en 2003, supuestamente financiada por su esposo, Juan José García. Húber Bánquez, alias Juancho Dique, también declaró que García contribuyó económicamente a dicha campaña y que esto beneficiaba la elección de Zuccardi.

En 2003, la Corte Suprema expresó que Juan José García y Zuccardi estuvieron conectados a actividades de grupos paramilitares a través del apoyo a la campaña de López Cossio para la gobernación de Bolívar. Según la declaración de Húber Bánquez presentada en julio de 2009, García financió dicha campaña, facilitando así el proyecto de las autodefensas para asegurar la elección de Zuccardi. Además, el otro candidato era Libardo Simancas, a quien apoyaban Enilce López, alias La Gata, y Alfonso Ilsaca, conocido como El Turco.

Por su parte, Ernesto Báez, jefe paramilitar, indicó en sus testimonios que tuvo dos reuniones clave, una en Pueblito Mejía y otra en Ñanguma, donde se discutió el respaldo a la candidatura de López Cossio. Zuccardi, sin embargo, ha negado rotundamente su participación en tales reuniones, destacando su concentración en apoyar a Luis Guillermo Martínez en Cartagena durante su campaña de 2002.

Adicionalmente, en el proceso de investigación, surgieron referencias a otros encuentros en Los Manguitos y Casaloma en el municipio de Arjona, lugares donde se presume que Zuccardi tuvo interacciones con Carlos Castaño. La congresista ha sostenido que nunca asistió a estas reuniones y que las interacciones con Castaño eran de carácter institucional y llevadas a cabo en el marco de responsabilidades del Senado, de manera similar a encuentros con dirigentes del ELN en la cárcel de Itagüí.

La investigación también tocó el tema del congresista Javier Cáceres, sobre quien Zuccardi mencionó que ya estaba en la política cuando lo conoció y que no fue testigo de ninguna de sus reuniones con las autodefensas.

Zuccardi ha negado enfáticamente su participación en reuniones con paramilitares, afirmando que nunca asistió a los encuentros mencionados. Alega que ni ella ni su esposo han promovido o financiado grupos fuera de la ley.

El proceso ha incluido testimonios de testigos como Aleider Soto, alias El Primo, quien indicó que los medios han creado la percepción del vínculo entre Zuccardi y los paramilitares. La fase de pruebas terminó con cerca de 45 testimonios recogidos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

Entre otros aspectos de su pasado político, en 2009, Zuccardi y otros congresistas afrontaron demandas por presunto tráfico de influencias en el proyecto reeleccionista, aunque fueron absueltos por el Consejo de Estado.

La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de Rolando Rodríguez Cruz, analista de la macroterritorial Bogotá-Soacha de la Comisión de la Verdad, por un período de 15 meses.

La decisión se tomó tras confirmar que Rodríguez Cruz ejerció acoso sexual contra una funcionaria, Diana Trujillo Moncada, en hechos ocurridos durante la vigencia 2020.

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Según el comunicado oficial del Ministerio Público, Rodríguez Cruz utilizó su posición de manera violenta, coaccionando y ejerciendo coerción sobre Trujillo Moncada. Además, se confirmó que empleó los correos electrónicos institucionales para presionar, insultar, perseguir y enviar mensajes de índole sexual de manera reiterada.

En un incidente particularmente grave, Rodríguez Cruz persiguió a la funcionaria hasta el baño de mujeres durante un evento laboral, abrió la puerta del baño y utilizó términos soeces hacia ella.

El fallo de primera instancia, emitido por la Distrital de Juzgamiento, calificó la conducta de Rodríguez Cruz como una falta grave cometida con dolo. La Procuraduría subrayó que su comportamiento no solo vulneró la dignidad de la denunciante, sino que también comprometió la integridad y el ambiente laboral en la Comisión de la Verdad.

Desde el ente de control destacaron que este caso resalta la importancia de mantener altos estándares de conducta dentro de las entidades públicas y la necesidad de actuar con celeridad y firmeza ante cualquier forma de acoso o violencia de género. Además, añadieron que la sanción impuesta a Rodríguez Cruz envía un mensaje claro sobre la intolerancia frente a estos comportamientos.

En otros desarrollos, la Procuraduría General de la Nación también formuló cargos contra el intendente Walter Javier Martínez Melo, comandante de Auxiliares de Policía de Soacha, por presunto acoso sexual contra dos subalternas. En este caso, el Ministerio Público está investigando las acusaciones de acoso físico y verbal, así como el posible acceso carnal mediante violencia.

La Procuraduría ha instado a la Policía Nacional a reforzar la capacitación sobre la atención a casos de violencia sexual y de género para prevenir futuras vulneraciones de derechos dentro de sus filas. Así mismo, la entidad ha destacado la necesidad urgente de respetar la dignidad y libertad sexual de los subordinados.

Estos casos subrayan la responsabilidad de las instituciones públicas y de seguridad en garantizar un entorno libre de violencia y acoso, y la importancia de contar con mecanismos efectivos para la denuncia y protección de las víctimas.

Cuál es la diferencia entre el acoso sexual y el laboral

El acoso sexual se define como cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseado que puede provocar que la víctima se sienta ofendida, humillada o intimidada. Estos comportamientos pueden incluir comentarios, insinuaciones, toques inapropiados, propuestas indecentes, exhibicionismo, mensajes sexuales explícitos y cualquier otra conducta que implique una connotación sexual y que no sea bienvenida por la persona que lo recibe.

El acoso sexual puede ocurrir en cualquier entorno, pero es particularmente preocupante en el ámbito laboral debido al desequilibrio de poder que suele existir entre el acosador y la víctima.

Aunque el acoso sexual y el acoso laboral pueden superponerse, no son exactamente lo mismo. El acoso laboral, también conocido como mobbing, se refiere a una serie de comportamientos hostiles y repetidos que tienen como objetivo intimidar, degradar, humillar o socavar a una persona en su lugar de trabajo.

Estos comportamientos pueden incluir burlas, exclusión social, asignación de tareas humillantes o imposibles, críticas constantes y cualquier otra forma de maltrato psicológico o físico. La diferencia principal radica en la naturaleza del comportamiento: mientras que el acoso sexual tiene un componente sexual explícito, el acoso laboral puede no tenerlo y puede centrarse en otros aspectos para hostigar a la víctima. Ambos tipos de acoso son inaceptables y están prohibidos por la ley, pero las vías para denunciarlos y las implicaciones legales pueden variar.

Es fundamental que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarlas a enfrentar esta difícil situación. Denunciar el acoso sexual es un acto de valentía y un paso crucial para combatir la violencia de género en Colombia.

Bogotá, 8 jul (EFE).- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pidió a la ONU y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que tomen nota sobre su detención, que considera que ocurre por "información no veraz".

En un video enviado a los medios de comunicación, Mancuso pidió a los organismos que "tomen nota de lo que está sucediendo", pues considera que hay "violaciones a derechos fundamentales" en su caso como "a la libertad personal, al debido proceso, al (principio) non bis in idem (la prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho operan frente a sanciones de la misma naturaleza)".

Igualmente, afirmó que se le viola su derecho "al habeas data, en la medida en la que no han actualizado la información y con base en información no veraz, información falsa", lo "tienen privado de la libertad" en la cárcel La Picota de Bogotá.

"No existen medidas de aseguramiento en mi contra en ningún juzgado ni en ninguna Fiscalía (...) Yo soy testigo de la humanidad y (pido a) todas las instituciones del Estado tomen atenta nota de lo que viene sucediendo para que me puedan ayudar a solucionarlo", agregó.

El jueves pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denegó la libertad transitoria al exjefe paramilitar porque la competencia de ese tribunal para tomar la decisión es estudiada por la Corte Constitucional.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP denegó "libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa de Salvatore Mancuso Gómez", detalló en un hilo de la red social X.

"La sala determinó que, en vista de que la comparecencia de Mancuso ante la JEP se encuentra en estudio por parte de la Corte Constitucional debido a una 'colisión positiva de competencia de jurisdicciones', la competencia de la JEP, por el factor personal, se encuentra cuestionada", agregó el tribunal creado por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016.

También, denegó al excomandante de las AUC "la libertad en calidad de gestor de paz nombrado por el Gobierno Nacional", cargo en el que fue designado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para, según ha dicho, terminar el proceso de paz que considera no se concluyó con los paramilitares.

Sin embargo, la JEP especificó el sábado que Mancuso "no tiene medida de aseguramiento ni restricción de la libertad impuesta por esta Jurisdicción".

"En ese sentido, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP informa que fueron las autoridades judiciales de Justicia y Paz quienes adoptaron decisiones judiciales relacionadas con la libertad de Mancuso Gómez, asumiendo la competencia relacionada sobre su proceso", agregó la información.

El exjefe paramilitar, que cumplió en Estados Unidos una condena de 15 años por narcotráfico, está investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes como líder de las AUC, el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto. EFE

jga/gpv

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunció la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los crímenes ocurridos durante el “estallido social” en el Valle del Cauca en 2021. La decisión fue confirmada por Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre las vulneraciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional.

“Aspiramos, entre este mes y el otro, culminar la concertación del mismo decreto y que esta Comisión pueda ponerse en funcionamiento (...) para que de alguna forma podamos tener una reflexión ciudadana e interinstitucional y este tipo de situaciones no se repitan muchas”, afirmó Castañeda. La comisión buscará investigar y documentar los hechos de violencia, así como identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las protestas.

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Cabe destacar que, las protestas en Colombia comenzaron en abril de 2021 como una respuesta a una propuesta de reforma tributaria presentada por el entonces presidente Iván Duque, que buscaba aumentar los impuestos en medio de la crisis económica exacerbada por la pandemia de COVID-19. Las manifestaciones se intensificaron rápidamente, especialmente en Cali y otras ciudades del Valle del Cauca, convirtiéndose en un amplio movimiento de protesta contra la desigualdad social, la corrupción y la brutalidad policial, de acuerdo con las denuncias.

Durante mayo y junio de 2021, Cali se convirtió en el epicentro de las protestas, con miles de personas saliendo a las calles. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue contundente, con numerosos informes de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos.

A lo largo del Paro Nacional, se formaron múltiples mesas de diálogo entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad civil, aunque muchas de las demandas de los manifestantes no fueron completamente atendidas. El impacto de las protestas fue significativo, lo que dejó un saldo considerable de muertos, heridos y detenidos, además de causar considerables daños materiales en infraestructuras públicas y privadas; sin embargo, también se lograron algunos avances, como la retirada de la reforma tributaria y la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La Comisión de la Verdad propuesta por el Gobierno de Petro tiene como objetivo principal esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas de la violencia durante el “estallido social”. La comisión estará compuesta por expertos en derechos humanos, representantes de la sociedad civil y familiares de las víctimas.

¿De qué se trata una Comisión de la Verdad?

Las Comisiones de la Verdad se establecieron en diversos países como mecanismos esenciales para abordar las secuelas de conflictos y regímenes autoritarios, con el objetivo de esclarecer violaciones a los derechos humanos y construir un camino hacia la reconciliación nacional.

Estas instancias tienen la tarea de volver al pasado para resolver preguntas que permanecieron sin respuesta desde los ámbitos políticos, económicos, sociales y étnicos, siendo parte esencial del mandato de las distintas comisiones. En este proceso, se espera avanzar en el propósito de reconstruir memoria y crear mecanismos de reparación y dignificación de las víctimas, consolidando así las bases para la reconciliación y la no repetición de tales eventos.

Al indagar por los responsables, tanto colectivos como individuales, las Comisiones de la Verdad investigan las estrategias utilizadas durante los periodos de violencia y los beneficios que estas acciones trajeron a determinados sectores de la sociedad.

Este enfoque no solo permite identificar a los perpetradores, sino también entender las estructuras y dinámicas que permitieron las atrocidades, al proporcionar un contexto crucial para la historia reciente de las naciones. Además, estas comisiones abren la posibilidad de que las víctimas esclarezcan sus propias preguntas sobre la razón de los crímenes sufridos, ofreciendo un espacio para la voz y el testimonio de quienes han sido afectados directamente.

El líder indígena Armando Wouriyu Valbuena fue el objetivo de un atentado en el departamento del Cesar, donde su esquema de seguridad fue atacado por hombres armados que pretendían hacer detener el vehículo cuando se desplazaba hacia Curumaní.

Wouriyu Valbuena es secretario general de la Instancia de Autoridades de Pueblos Indígenas, Negros, Palenqueros, Afrocolombianos (Ineanpe) e integrante del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

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El atentado se presentó cuando el esquema de seguridad se desplazaba por la vía de Santa Isabel Curumaní del departamento del Cesar, donde habría sido interceptado por hombres armados que al parecer habían seguido la camioneta desde otro vehículo.

“Mientras el esquema de seguridad de @ArmandoWayuu se movilizaba, fue interceptado por una camioneta Chevrolet Dimax de color blanco, de donde descienden cuatro sujetos con armas de fuego apuntando, al ver que se hizo caso omiso a la amenaza dispararon al vehículo en siete ocasiones”, informó el Ineanpe.

Desde la instancia creada para la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, que lidera Wouriyu Valbuena, exigieron a la Unidad Nacional de Protección reforzar las medidas de seguridad y adelantar las investigaciones que identifiquen a los autores intelectuales y materiales del atentado.

El hecho no dejó heridos ni víctimas. De acuerdo con Ineanpe, se registró después de que el secretario general participara en el proceso de consulta previa de la ley de Minas, que se realizó en Manaure, departamento de La Guajira.

“Agradezco los mensajes de solidaridad tras el atentado que sufrió mi esquema de seguridad el día de ayer 19 de junio en el departamento del Cesar. Por suerte no hubo fallecidos ni heridos. Espero que la Justicia adelante investigaciones efectivas para esclarecer este atentado”, sostuvo Wouriyu al respecto del hecho.

Diversos sectores e instituciones alertaron por la situación de seguridad de Armando Wouriyu Valbuena, quien es un destacado activista por la paz, fue presidente de la Organización de Pueblos Indígenas y actualmente desarrolla la implementación del Mecanismo Especial de Consulta para la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz en los territorios.

El atentado que puso en riesgo la vida del esquema de seguridad y advirtió sobre los riesgos para el trabajo del líder indígena wuayuu, despertó varias voces de rechazo, causó preocupación y exigencias para una mayor seguridad para quienes se dedican a la implementación de la paz.

“La Jurisdicción se solidariza con Armando Wouriyu Valbuena, su familia y los integrantes del comité que contribuyen a la construcción de la paz desde los diversos territorios”, señaló la JEP a través de un comunicado. “Asimismo, expresa su preocupación por este ataque y solicita a las autoridades a reforzar sus medidas de seguridad, así como a adoptar las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables. La construcción de un país en paz pasa por brindar las garantías de seguridad en los territorios para el trabajo del Sistema Integral para la Paz”, agregó.

“Instamos a la Fiscalía y demás autoridades competentes a llevar a cabo una exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos y encontrar a los responsables, además de brindar las garantías de seguridad en los territorios para el trabajo que desempeña el CSM”, señaló el Comité de Seguimiento y Monitoreo.

En lo corrido del 2024 se ha registrado un homicidio de un líder social en el Cesar. Se trata de Eliécer Guevara Rojas, sindicalista, quien fue víctima de un atentado en Valledupar. Mientras en cuanto a líderes indígenas se registran siete casos en el mismo periodo, de acuerdo con Indepaz.

El Tribunal del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos emitió una condena contra Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia, lo que se tradujo en responsabilidad por una serie de homicidios cometidos en las regiones de Urabá y Magdalena Medio entre 1997 y 2004. Este fallo representa una victoria significativa para las víctimas que han exigido justicia durante los últimos 17 años. Pero esto también puso en evidencia la inacción de la justicia colombiana, por lo que la concejala Heidy Sánchez hizo un llamado por medio de sus redes sociales.

Chiquita Brands fue encontrada culpable de otorgar hasta 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó esta acción como “moralmente repugnante”. El jurado, después de evaluar las pruebas presentadas, determinó que las víctimas demostraron que sus familiares fueron asesinados durante el período en que la multinacional bananera proporcionaba financiamiento a estos grupos armados ilegales.

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En Colombia, la Comisión de la Verdad documentó detalladamente la relación entre Chiquita Brands y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el informe “No matarás” de la Comisión, la compañía mantenía una contabilidad precisa de los “pagos por seguridad” destinados al grupo paramilitar a través de un sistema complejo de organizaciones intermediarias. Estos pagos mensuales fueron justificados como gastos de seguridad, aunque en realidad se trataba de financiar la actividad paramilitar que incluía el exterminio de sindicalistas. Los ejecutivos de Chiquita eran plenamente conscientes de la naturaleza de estos pagos y de su conexión directa con Carlos Castaño, un conocido líder paramilitar.

En 2000, una investigación interna de Chiquita confirmó que los pagos a las AUC eran bien conocidos por los funcionarios corporativos. Estos pagos eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, incluidos gerentes de alto nivel, directores y otros empleados. La empresa sabía no solo de los pagos sino también de la naturaleza violenta de las AUC.

La compañía, que opera en casi 70 naciones con su marca principal y emplea aproximadamente a 18.000 personas, afirmó durante el juicio que los pagos fueron realizados bajo coacción y extorsión; sin embargo, los testimonios de las víctimas y ex altos miembros de las AUC cuestionaron la veracidad de las afirmaciones hechas por la multinacional.

Testimonios de exparamilitares corroboraron la colaboración de la industria bananera con los grupos paramilitares. Hebert Veloza, alias HH, declaró que el exterminio de sindicalistas en los años 90 tenía como objetivo principal evitar las huelgas y facilitar el comercio de banano. Veloza señaló que todas las fincas bananeras en la región colaboraron, incluida Chiquita, Dole, y otras grandes empresas del sector.

Las familias colombianas que demandaron a la empresa en Estados Unidos, según EarthRights, sostienen que entre 1997 y 2004 la compañía financió a las AUC en las regiones de Urabá y Magdalena, lo que resultó en la muerte de civiles.

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá y miembro de la coalición del Pacto Histórico, usó sus redes sociales para expresar su descontento con la actuación de la justicia colombiana en este caso. A través de X (antes Twitter), la lideresa política señaló que la justicia colombiana ha fallado a las víctimas de la violencia perpetrada por las AUC al mantenerse en silencio sobre los actos de la compañía.

“Lo que hizo Chiquita Brands, fue pagar para el aniquilamiento del sindicalismo en las zona del Uraba, la justicia colombiana le sigue fallando a las víctimas, su silencio ha sido cómplice de los horrores cometidos en el marco del conflicto (sic)”, publicó Sánchez.

El mensaje de la concejala generó notable atención en redes sociales. Aunque generalmente recibe comentarios de odio y rechazo, solo por apoyar al Gobierno de Gustavo Petro, en esta ocasión obtuvo un amplio respaldo de los usuarios, los cuales señalaron que la justicia colombiana es lenta, poco efectiva y muestra escaso interés en los casos de violencia nacional.

Desde el Centro Democrático le respondieron al presidente Gustavo Petro por solicitar que se difunda una nueva versión del informe final de la Comisión de la Verdad en los colegios, rechazaron la idea por considerar que no se apega a la verdad y le hicieron una contrapropuesta.

En el partido de la oposición calificaron la propuesta del presidente como un “adoctrinamiento de niños y jóvenes del país a través de un informe sesgado que desconoce nuestra realidad histórica”, según señalaron a través de un comunicado firmado por la colectividad.

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“En nuestro concepto, el informe adolece de un sustento histórico y técnico que permita conocer la realidad sobre la violencia del país y sus causas. Adicionalmente, el mencionado informe fue elaborado en gran medida por fuentes con un marcado sesgo ideológico, lo que vicia su contenido”, agrega el documento.

El partido que lidera Álvaro Uribe desconoció el acuerdo de La Habana tras haber liderado la campaña contra la refrendación de lo pactado, por lo que no le dan legitimidad a las instituciones que se crearon como parte de su cumplimiento, entre ellos la Comisión de la Verdad y su informe final.

En respuesta al presidente, citaron al polémico exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica nombrado por el expresidente Iván Duque, Darío Acevedo, quien aseguró que el documento “es un texto en el que se abusa de un lenguaje moralista, acusatorio contra el Estado, que iguala para borrar las diferencias, que no es concreto, que generaliza, que omite hechos esenciales”.

En cambio, el presidente Petro el informe final de la Comisión de la Verdad es “quizás el esfuerzo más grande que se ha hecho desde el punto de vista de la investigación histórica para recopilar lo que ha acontecido en este país desde hace ya 75 años”, según dijo durante un evento en la casa de Nariño.

El mandatario le solicitó al canciller Luis Gilberto Murillo adelantar las gestiones a través de la Imprenta Nacional para que se haga un resumen del informe, que tiene diez tomos, para que se pueda llevar a los colegios. Sostuvo que su intención es que no se oculte el trabajo adelantado y que por ese medio se pueda contribuir a superar el conflicto.

Para el Centro Democrático, la intención del mandatario es diferente. “La propuesta del presidente Petro es un intento de adoctrinamiento de este Gobierno en las escuelas y colegios del país cuyo verdadero objetivo es borrar y desconocer la verdadera historia sobre la violencia, de la cual el propio mandatario fue parte, como integrante de una organización terrorista como el M-19″, señalaron.

Gabriel Vallejo, director de la colectividad, le hizo una contrapropuesta al presidente para que a la par del documento de la Comisión de la Verdad se difunda también uno de producción propia que lanzaron para confrontar la narrativa producto de los acuerdos de paz alcanzados en 2016.

“Este informe, además de impreciso y sesgado, manipula la verdad de los hechos, es por ello que exigimos al Gobierno de Gustavo Petro, en una obligación moral y ética que debe tener con los niños de Colombia, entregar este documento construido por el partido Centro Democrático denominado ‘¿Cuál verdad?’, que consulta fuentes distintitas a la mal llamada Comisión de la Verdad”, señaló Vallejo.

En el Centro Democrático consideran que sus textos, plantean un análisis “serio y juicioso sobre los temas de la paz y la violencia en el país”, por lo que constituyen “otra cara” para presentar en los colegios.

Sin embargo, en varias ciudades, como por ejemplo Bogotá, ya se han adelantado jornadas para compartir el informe de la Comisión de la Verdad en colegios e instituciones educativas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó el martes 4 de junio de 2024 a la Cancillería liderar las gestiones necesarias para que el informe final de la Comisión de la Verdad “de una manera más resumida, sea entregado en todos los colegios a través de nuestra Imprenta Nacional; que no se oculte ese trabajo, que es producto de un acuerdo de paz”.

La decisión del jefe de Estado generó críticas. Según varios políticos, la información del documento es sesgada y no plasma a plenitud las voces de las víctimas del conflicto armado que azota al país por más de cinco décadas.

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Ante las críticas, el mandatario aseguró que el texto no representa una verdad absoluta. Sin embargo, insistió que debe estar presente en el plan educativo de las instituciones educativas “junto a un libro ya viejo sobre la violencia de mediados del siglo XX, antes que nosotros hubiéramos nacido, en dos tomos, y que se llama La Violencia en Colombia”.

Igualmente, manifestó que los documentos consolidan el trabajo que se realizó en el país para recopilar todos los eventos en Colombia por más de siete décadas. “75 años que se pueden medir en muertos, es un poco el resumen de esos libros”, las cifras que ya entrega esta Comisión nos habla de 700.000, dependiendo de las fechas donde uno empieza a contar; 700.000 asesinados por la codicia y el poder”, agregó.

Durante su intervención, Petro sostuvo que no es posible remediar todos los desastres del pasado de manera inmediata. Sin embargo, dijo que “sí se pueden construir las medidas que lo permitan en un tiempo lo más breve posible”.

Las palabras del presidente Petro despertaron una ola de comentarios sobre la violencia en el país. Una de las voces que más criticó las acciones del jefe de gabinete fue la senadora de la República María Fernanda Cabal. En una entrevista con revista Semana, reveló que ofreció su apoyo a un equipo de investigación que plantea ahondar en las afirmaciones del informe en cuestión y revisar las más de 8.000 páginas que tiene el documento.

Cabal también mencionó que el equipo de expertos está preparando un nuevo documento en el que se incluyan los actores que se omitieron en el informe entregado a la Presidencia de la República. Asimismo, la senadora explicó que a esta iniciativa se unieron distintas organizaciones, que pretenden recopilar la verdad y compartirla con los colombianos para que ellos juzguen la verdad de las dos versiones.

“Libre y sin sesgos. Pueden contactar a cualquiera de las organizaciones, es un material que se va a compilar completamente, autónomo, eso no tiene tinte ideológico ni partidista”, aseguró la congresista del Centro Democrático.

Igualmente, afirmó que la creación del documento paralelo no es una iniciativa que lideran ella o su partido político, sino que viene de un grupo de personas que, a su juicio, consideran fundamental involucrar a otras fuentes que participaron en los más de 50 años de conflicto en Colombia.

Entre los testimonios que serán incluidos en el nuevo informe están las voces de la Corporación Rosa Blanca, un colectivo de mujeres que fueron damnificadas por la extinta guerrilla de las Farc. Además de otras víctimas y sus familiares, en todo el territorio nacional, a las que no se les dio la oportunidad de contar su historia.

La congresista finalizó su intervención en el medio citado afirmando que la investigación “no me pertenece a mí, sino que ha llegado un momento en que alzar la voz ha sido esencial para que la gente se dé cuenta de que no está sola. Estamos recibiendo apoyo de muchos abogados que también han sido víctimas, gente de territorios que vivieron la tragedia de la guerrilla, que están dispuestos a ejercer las acciones legales aquí y en la Comisión Interamericana y en las Naciones Unidas”.

El viernes 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una “comisión de la verdad” destinada a esclarecer los sucesos ocurridos durante el paro nacional de 2021.

Desde Cali, Petro declaró que solicitará al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la emisión de un decreto para formalizar su establecimiento.

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El mandatario aseguró que esta comisión no pretende suplantar la labor de las autoridades judiciales, pero sí busca llevar a cabo una “indagación académica” sobre los episodios violentos que marcaron el denominado “estallido social”.

“Obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”, mencionó Gustavo Petro en su intervención en Cali.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, advirtió que interpondrá una demanda tan pronto como se emita el decreto. Cabal afirmó que lo que se llamó “estallido social” fue en realidad una “toma guerrillera”.

“Esperamos el decreto para demandarlo inmediatamente. Lo que llama “estallido social” fue una toma guerrillera, donde las víctimas fueron la ciudadanía y la fuerza pública. La primera línea fue un grupo criminal”, sostuvo.

Esperamos el decreto para demandarlo inmediatamente. Lo que llama “estallido social” fue una toma guerrillera, donde las víctimas fueron la ciudadanía y la fuerza pública.

La primera línea fue un grupo criminal. pic.twitter.com/JvckoUYLf5

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 11, 2024

Gustavo Petro lanzó fuerte pulla contra Iván Duque y defendió a la Primera Línea

El viernes 10 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó al Coliseo del Pueblo en Cali (Valle del Cauca), con su programa del Gobierno con el pueblo, con el que ha recorrido distintas ciudades del país, lanzando declaraciones controversiales.

En medio de su habitual discurso, el primer mandatario se despachó contra su antecesor Iván Duque, a quien, sin titubear, lo tildó del verdadero “terrorista”, en relación con el estallido social de 2021:

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Petro sostuvo que fueron más de 60 jóvenes asesinados, quienes también habrían sido torturados y quemados, esto, según él, con el auspicio del Estado, sin dejar a un lado los “miles de jóvenes que fueron detenidos”; por ello, el presidente afirmó que dichos crímenes, para él, tienen un responsable:

“Más de 60 cadáveres se recogieron, de esos jóvenes. Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos. La pregunta es, entonces: ‘¿Y quién fue el terrorista?¿A quién se le debería calificar de terrorista?, y el presidente de la República, hoy, tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia, y particularmente el Gobierno del entonces... Sí señor Duque, los 60 asesinados no fueron terrorista, el terrorista fue usted, expresidente Duque”, fueron las palabras textuales del jefe de Estado.

En su discurso, el primer mandatario habló de las reformas sociales que avanzan a paso lento en el Congreso de la República. Sobre esto, dijo: “Si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución quiere, el Gobierno quiere y el pueblo quiere (...) Vamos a proceder haciendo vericuetos (...) el proceso de cambio es imparable”, puntualizó.