Alma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó que la radiotelevisión pública cuenta con un superávit de 55 millones de euros, los índices de audiencia más altos de la última década y el gasto público por ciudadano más bajo hasta la fecha. Tras poner de relieve estos datos, defendió la gestión de la corporación y cuestionó la propuesta del Partido Popular de establecer una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE, presentada recientemente en el Senado. Según informó el medio, Saiz puso en duda el interés del grupo impulsor de la investigación por la pluralidad informativa y lanzó la sugerencia de que, si existe una preocupación genuina en ese sentido, la investigación podría extenderse a otras televisiones autonómicas de gestión pública, como Telemadrid.

El Gobierno señaló, según consignó el medio, que la Comisión Mixta en el Parlamento ya ejerce control público sobre RTVE, por lo que la iniciativa del Partido Popular en el Senado supone, en palabras de Saiz, un “uso partidista” de la Cámara Alta. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Saiz subrayó que los resultados financieros y de audiencia de la radiotelevisión pública reflejan una gestión eficiente y transparente. La portavoz del Ejecutivo hizo énfasis en que defiende la gestión de RTVE y expresó que los números demuestran el desempeño del ente público.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, anunció la propuesta de creación de una comisión de investigación centrada en lo que describió como "corrupción directiva, financiera y patrimonial" dentro de RTVE. Según detalló el medio, esta comisión, impulsada el lunes, tiene como objetivo “rescatar y regenerar” el servicio público. García responsabilizó directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, de haber obstruido o minimizado informaciones que, a juicio del Partido Popular, tienen relación con casos de corrupción vinculados al círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La representante popular afirmó que, bajo la actual gestión, RTVE "ha dejado de ser la televisión al servicio de todos".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Saiz respondió a las críticas y mostró sorpresa ante "el interés" del Partido Popular por la pluralidad informativa, sugiriendo que si existe una intención real de promover una mayor transparencia, la cobertura de la comisión podría abarcar tanto a RTVE como a otras emisoras públicas de carácter autonómico. De acuerdo con lo publicado, la representante gubernamental defendió que los mecanismos de control actuales ya ofrecen garantías suficientes sobre la gestión del ente, destacando que el control parlamentario es una herramienta que da cuenta periódica de su funcionamiento y resultados.

El anuncio de la comisión de investigación, reportó el medio, generó debate sobre la utilización del Senado como espacio de fiscalización política entre Gobierno y oposición. Desde el Ejecutivo, se insistió en la legitimidad y eficacia del control parlamentario ya existente, y se reiteró que los datos económicos y de audiencia avalan la gestión realizada por el equipo actual de RTVE. La ministra reforzó la posición gubernamental afirmando que nunca se había alcanzado una relación tan baja entre gasto público y usuario, al tiempo que defendió la gestión frente a los cuestionamientos lanzados desde el Partido Popular.

García, en representación de la bancada popular, alegó la existencia de una supuesta ocultación de información relevante sobre casos de corrupción que afectarían al entorno del jefe del Ejecutivo nacional. Según lo expuesto, el Partido Popular señaló al actual presidente de RTVE por considerar que su gestión impidió una cobertura adecuada de esos asuntos y sostuvo que es necesario abrir una investigación detallada para restablecer la confianza pública en el medio estatal.

Entre las posturas enfrentadas, Saiz aludió durante su comparecencia al debate sobre la pluralidad informativa, tema que según la portavoz gubernamental, motivó la propuesta de ampliar el alcance de la investigación a otros canales autonómicos si el objetivo es realmente garantizar el derecho a una información plural y veraz. Según publicó el medio, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistió en la importancia de evaluar los resultados positivos logrados, entre ellos el nivel de audiencia y el equilibrio presupuestario.

La disputa entre Gobierno y Partido Popular sobre el control, la transparencia y la pluralidad de la televisión pública se produce en el contexto de otras discusiones políticas centradas en el uso de las instituciones para el control parlamentario y la fiscalización de los órganos públicos. La propuesta del Partido Popular, reportó el medio, quedó registrada en el Senado como parte de las acciones parlamentarias dirigidas a la supervisión de los organismos de titularidad estatal.

La portavoz gubernamental cerró su intervención reiterando la defensa de la gestión de la radiotelevisión pública, haciendo hincapié en que la materia económica y los índices de audiencia constituyen indicadores claros de la administración del ente y de la respuesta del público al servicio que presta la cadena pública. Según informó el medio, Saiz mantuvo una actitud crítica hacia la intención del Partido Popular, incidiendo en que la actual regulación y supervisión aportan transparencia al funcionamiento de RTVE y descartando la necesidad de nuevas comisiones más allá de los controles legislativos existentes.

Las tensiones institucionales y políticas en torno a la radiotelevisión pública han aumentado conforme nuevas voces han planteado dudas sobre el futuro y la autonomía de RTVE. Según informó RTVE este lunes en un comunicado oficial, la propuesta de crear una comisión de investigación en el Senado impulsada por el Partido Popular (PP) representa un intento de "tutela" sobre el servicio público y pone en cuestión la libertad editorial que, de acuerdo al Reglamento Europeo 2024/1083, debe garantizarse a los medios de titularidad estatal. Esta advertencia de la Corporación se difundió tras conocerse la iniciativa parlamentaria, que ha suscitado debate y reacciones encontradas entre distintas formaciones y organismos.

El medio RTVE detalló que la solicitud del PP se enfoca en poner bajo escrutinio la gestión y la actual línea informativa de la corporación, objetivo que —según el comunicado— entra en conflicto con las exigencias europeas sobre la independencia de los medios públicos. RTVE citó textualmente el artículo 4.2 de la normativa de la Unión Europea, que prohíbe la interferencia o influencia de autoridades estatales o reguladores sobre las decisiones editoriales y políticas informativas de los proveedores públicos. Desde la entidad subrayaron que la intervención de la Cámara Alta podría ejercer una presión disuasoria sobre el trabajo periodístico y recordaron la existencia de mecanismos de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión de Control Mixta, instrumentos que, según RTVE, ya supervisan adecuadamente la labor de los profesionales y las decisiones corporativas.

El comunicado, citado por RTVE, señala que sustituir los canales regulatorios actuales por una comisión parlamentaria supondría "una forma de juicio político" al trabajo de los equipos internos y añade que estas comisiones pueden convertirse en "un tribunal de medios" que evalúe el contenido editorial con criterios ajenos a los estándares de la profesión periodística. Además, la corporación ha manifestado preocupación por recientes posturas políticas que ponen en duda la existencia misma de la entidad, señalando que tales planteamientos no tienen precedentes en etapas anteriores de la democracia y representan "una amenaza directa" al servicio prestado a la ciudadanía.

La declaración de la radiotelevisión pública se refirió a la disparidad en el trato hacia la RTVE respecto a otras radiotelevisiones públicas de distintos territorios, donde —apuntó el comunicado— también se denuncian deficiencias en el servicio sin que se impulsen medidas similares. RTVE cuestionó la motivación última de la iniciativa y se preguntó si la intención real es mejorar el servicio o si responde a consideraciones políticas.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, anunció el lunes el impulso de la comisión de investigación para abordar lo que describió como "corrupción directiva, financiera y patrimonial" dentro de RTVE. De acuerdo con declaraciones recogidas por RTVE, García responsabilizó al presidente de la corporación, José Pablo López, de "ocultación y minimización" de información relacionada con casos de corrupción supuestamente vinculados al entorno del jefe del Gobierno. Añadió que, en opinión de su grupo, la cadena pública ha dejado de cumplir su función de servicio general para transformarse en un canal "a medida" de Pedro Sánchez, señalando un deterioro tanto en calidad informativa como en reputación institucional.

La reacción del grupo socialista en el Senado se produjo de inmediato. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la cámara alta, Alfonso Gil, aseguró según publicó RTVE que la comisión "nace muerta", basándose en los últimos resultados económicos y de audiencia presentados por la corporación pública. Gil indicó que la iniciativa responde a tácticas de "filibusterismo institucional" que, según su punto de vista, buscan el enfrentamiento político. También destacó el reciente cierre del ejercicio fiscal 2025 con un superávit de 55.670.000 euros, resultado aprobado por el Consejo de Administración de RTVE con mayoría absoluta y contrastante con las pérdidas cercanas a los 13 millones registradas el año anterior. Según consignó RTVE, estos fondos serán destinados a las reservas de la corporación para cubrir posibles contingencias futuras, tal como explicó el presidente José Pablo López en su más reciente comparecencia parlamentaria.

La controversia en torno a la creación de la comisión llega en un momento donde la polarización política ha elevado la fiscalización institucional sobre los medios públicos. RTVE remarcó que las actuales discusiones exceden la simple crítica al modelo de funcionamiento y se adentran en la viabilidad de los servicios audiovisuales bajo mandato público. Además, advirtió que este clima puede inhibir el ejercicio profesional y convertirse en un precedente para la injerencia política en otras regiones, afectando potencialmente a numerosas redacciones y equipos periodísticos fuera de la capital.

Finalmente, el debate en torno a la autonomía de RTVE dentro del actual contexto normativo europeo se ha convertido en un nuevo campo de discusión sobre la función del periodismo público y sus límites en relación con el poder legislativo. La referencia reiterada al artículo 4.2 del Reglamento Europeo forma parte central de los argumentos institucionales, mientras los grupos políticos mantienen su desacuerdo sobre la naturaleza y finalidad real de la iniciativa propuesta en el Senado, según reiteraron tanto RTVE como los portavoces de los partidos implicados.

El consejo de administración de RTVE divulgó recientemente las cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2025, en las cuales se refleja un superávit de 55.670.000 euros. Estas cifras contrastan con las pérdidas cercanas a los 13 millones de euros registradas en 2024. Ante estos datos, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, manifestó que la iniciativa del Partido Popular de poner en marcha una comisión de investigación en la Cámara Alta para analizar la gestión en RTVE “nace muerta”. Según informó el medio, la propuesta del grupo popular surge en un contexto donde la corporación pública reporta resultados económicos positivos y una mejora significativa en sus índices de audiencia.

De acuerdo con el medio, Gil atribuyó a esta iniciativa un carácter de “filibusterismo institucional”, alegando que responde únicamente a una estrategia de confrontación política empleada por el Partido Popular. El dirigente socialista sostuvo que la formación conservadora estaría utilizando su mayoría absoluta en el Senado para “retorcer las normas de forma arbitraria y contra natura”. En sus declaraciones, Gil argumentó que tales movimientos tienen el efecto de degradar las funciones propias del Senado y desvirtuar el sentido de los instrumentos parlamentarios disponibles.

El medio detalló que la reacción del PSOE se produce tras la publicación de los resultados financieros y de audiencia de RTVE para 2025. Según la corporación pública, estos resultados presentan un crecimiento en el seguimiento de su programación, unos índices de audiencia que, según palabras de la dirección, “no se veían desde hacía años”. Este balance positivo se contrapone directamente a los motivos esgrimidos por el grupo parlamentario popular para solicitar la apertura de una investigación sobre la gestión de RTVE.

Gil advirtió además —según consignó el medio— que las comisiones de investigación en el Senado constituyen un mecanismo excepcional, diseñado para dar respuesta a situaciones extraordinarias, no para ser empleado de manera ordinaria. Desde la perspectiva socialista, el uso reiterado que el Partido Popular hace de este instrumento responde a una táctica de desgaste institucional dentro de “una estrategia de conflicto permanente”.

Según publicó el medio, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta remarcó que la corporación ya cuenta en la actualidad con un mecanismo específico de fiscalización parlamentaria: la Comisión Mixta Congreso-Senado para el control de RTVE. Este órgano permite la comparación periódica del presidente de la entidad, José Pablo López, ante las cámaras, lo que para Gil constituye suficiente garantía de transparencia. Sostuvo que promover la creación de una nueva comisión, existiendo ya este órgano de fiscalización, solo puede tener por objetivo generar “ruido” y favorecer escenarios de confrontación en el ámbito político, en lugar de buscar una fiscalización real.

En este contexto, la posición expresada por el Grupo Socialista en el Senado pone de relieve las tensiones en torno al control parlamentario de RTVE y la utilización de las comisiones de investigación como herramientas dentro del debate partidista. Según indicó el medio, el PSOE defiende la validez del sistema de control actual y mantiene que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta se emplea para impulsar dinámicas de enfrentamiento político, utilizando instrumentos excepcionales de forma recurrente.

En las declaraciones realizadas durante la junta ejecutiva nacional del PSPV-PSOE en Alicante, Diana Morant se refirió al reciente fichaje de la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto de mayor rango y retribución en la Diputación de Valencia, criticando la modificación de las normas que condujo a dicha designación y advirtiendo sobre posibles intereses personales en la administración pública bajo el actual liderazgo. Según publicó elDiario.es, la plaza adjudicada corresponde a un puesto de alta dirección y el cambio se traduce en un aumento salarial considerable respecto a la función que la pareja del presidente desempeñaba previamente como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat.

De acuerdo con el medio antes mencionado, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, exigió el viernes la constitución de una Comisión de Investigación en la propia Diputación de Valencia para esclarecer los hechos que rodean esta contratación. Durante su comparecencia ante los medios, la dirigente socialista señaló que, si bien el proceso se realizó tras una comisión de servicios, la operación implica el uso de los puestos públicos y recursos de la administración en favor de intereses individuales ligados al círculo cercano del presidente Pérez Llorca.

Morant subrayó ante los medios que la función para la que fue designada la pareja del mandatario no justifica la premura ni la modificación de normas que habrían habilitado la incorporación directa a un puesto de alta dirección. “La urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldo que dobla al que percibía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”, recalcó. Según consignó elDiario.es, la líder socialista recalcó que no existen razones de “extrema urgencia” que justifiquen este nombramiento en la Diputación y acusó al Partido Popular de emplear las instituciones en beneficio partidista.

Por su parte, Pérez Llorca defendió el proceso y calificó las críticas de la oposición como una “cacería”. Según detalló elDiario.es, el presidente de la Generalitat insistió en la legalidad de la comisión de servicios con la que se tramitó el cambio de destino para su pareja, subrayando que este tipo de cambios forman parte del funcionamiento habitual de la administración.

La controversia surgida por este nombramiento ha llevado a Morant a reiterar que, a su juicio, la administración pública no puede utilizarse como herramienta de beneficencia para personas próximas a quienes ostentan elevada responsabilidad política. La secretaria general socialisa vinculó este episodio con lo que describió como un Consell ausente frente a los problemas cotidianos de la ciudadanía valenciana y acusó al Ejecutivo regional de desatender el impacto de la crisis vinculada al conflicto bélico en Europa, a diferencia del Gobierno central, que “aprueba decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra”, según reportó elDiario.es.

A su vez, Morant instó a Pérez Llorca a abandonar sus reivindicaciones internas ante la dirección nacional de su partido y a reconocer, en sus palabras, que “esta etapa ha terminado”. También remarcó que el cambio político en la Comunitat Valenciana debe impulsarse desde Alicante, al tiempo que reiteró la necesidad de convocar elecciones para dotar de estabilidad institucional a la región, según detalló elDiario.es.

La petición de establecimiento de una Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia permanece, por tanto, como la principal exigencia del PSPV-PSOE para esclarecer si existieron irregularidades o favorecimiento a familiares del Presidente en la adjudicación del puesto en cuestión. El asunto ha generado debate tanto en la oposición como dentro de los órganos de la administración provincial, en el marco de una discusión mayor sobre la gestión de recursos humanos y la transparencia en las instituciones públicas, tal como publicó elDiario.es.

El PSOE sostuvo que la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario del Senado influyó de manera directa en la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según consignó el medio, los socialistas presentaron un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico en el que denunciaron una “quiebra evidente del deber de confidencialidad” tras la difusión de este material, clasificado como reservado por la propia comisión parlamentaria. El caso pone el foco en las prácticas de custodia de documentos oficiales y los límites de la divulgación en procedimientos parlamentarios.

De acuerdo con lo informado por el medio, el PSOE atribuyó la filtración de los audios al Partido Popular en el Senado y anunció que estudia dirigir el asunto a la justicia, reservándose el derecho a emprender “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”. El origen de los documentos en cuestión se remonta a la documentación remitida por Iberdrola, relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, y que según fuentes parlamentarias, había sido clasificada como reservada mediante acuerdo de la Mesa de la comisión. Este protocolo especial incluía medidas de seguridad estrictas: acceso restringido solo al personal autorizado, control presencial de los asistentes, prohibición de portar dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro de la información en áreas habilitadas del Senado.

El PSOE manifestó que los hechos no solo representan una alteración significativa en el funcionamiento interno de la comisión de investigación, sino que podrían constituir una infracción de los deberes legales de custodia y confidencialidad que se exigen a los cargos públicos. El partido subrayó la gravedad de la situación, indicando que la revelación de información reservada podría derivar en la imposición de responsabilidades disciplinarias, políticas o incluso penales para los autores. Los socialistas alegan que los hechos denunciados estarían en el marco de los delitos referidos a la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.

En relación con las implicancias políticas, el PSOE remarcó que la intermediación del PP en la exposición pública del contenido reservado incide en la percepción pública sobre la gestión del apagón y afecta la integridad de la investigación parlamentaria. Según publicó el medio, los socialistas responsabilizan directamente al grupo popular y apelan a la normativa interna del Senado para exigir una investigación sobre la custodia y posible escape de la información.

Por su parte, la respuesta del PP se dio a conocer mediante una intervención de su portavoz en el Senado, Alicia García, quien argumentó en rueda de prensa que los audios filtrados sirvieron para demostrar que “el Gobierno estaba alertado días antes del apagón y no hicieron nada”. García descartó la gravedad atribuida por el PSOE e interpretó sus acciones como una reacción defensiva. Según reportó el medio, la portavoz del PP expresó: “Como se ha destapado la verdad, pues es la pataleta de unos niños que quieren hacer ruido, pero el ruido ya está y es que nos han mentido a todos los españoles”.

Mientras el enfrentamiento entre ambos partidos continúa, el foco queda puesto sobre el acceso y la protección de documentos clasificados en entornos parlamentarios y las posibles consecuencias legales sobre su divulgación. Según detalló el medio, la comisión parlamentaria sobre el apagón había establecido un protocolo reforzado para asegurar la confidencialidad y evitar cualquier acceso o reproducción no autorizada de la información, lo que añade complejidad a la localización de responsabilidades.

El debate sobre la transparencia y la reserva de las investigaciones parlamentarias se plantea ante la opinión pública, mientras el Gobierno y la oposición presentan argumentos en torno al derecho a la información y al deber de preservar la confidencialidad en comisiones de este tipo. El medio señaló que el PSOE insiste en que la difusión de los audios podría llevar a consecuencias legales severas, mientras el PP sostiene que el contenido de los mismos contenía elementos de interés público que justificaban su conocimiento por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con lo publicado, la investigación sobre el origen y la distribución de las grabaciones se enmarca en los procedimientos internos de la comisión, que deberá evaluar si existió negligencia en la custodia, así como en el posible incumplimiento de normativas y leyes de protección de información clasificada. La situación incrementa las tensiones políticas y reabre el debate sobre los límites del secreto oficial y la función de control institucional de los órganos legislativos.

La propuesta del Partido Popular para la comisión de investigación en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz incluye el análisis detallado de todas las comunicaciones y decisiones tomadas durante los días del siniestro, así como la solicitud de expedientes relacionados con las obras en el tramo afectado. Además, el grupo ha solicitado acceder a las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el uso de fondos comunitarios, junto a los informes enviados a los juzgados acerca de presuntos contratos amañados dentro de Adif y documentos que avalen los cambios implementados en los límites de velocidad en la red ferroviaria. Según informó el medio, estas exigencias forman parte de un plan de trabajo que contempla un enfoque exhaustivo sobre la gestión y supervisión de la infraestructura ferroviaria en el periodo relacionado con el accidente.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presentó este viernes el cronograma y el alcance de la investigación, subrayando la convocatoria de comparecencias clave por parte de las máximas figuras responsables del sector en los últimos años. Alicia García confirmó que la comisión llamará a declarar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos. Además, se prevé la citación de Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial actualmente en prisión preventiva. Según consignó el medio, la representante popular remarcó que “la actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente”, y acusó a Puente de priorizar la confrontación y la narrativa pública sobre la resolución efectiva de los problemas originados tras el accidente.

El listado de personas convocadas por el PP asciende a 73, abarcando a altos cargos ministeriales, responsables técnicos y directivos de entidades públicas y privadas vinculadas al transporte ferroviario y a la gestión de infraestructuras. Entre los convocados figuran la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, y el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez. También han sido citados la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, el director del Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Transportes, Fernando Moreno, y el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

Según detalló el medio, el plan de comparecencias propuesto incluye la integración a la comisión de responsables autonómicos, como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a sus homólogos de otras regiones bajo gobiernos del PP. En lo referente a las infraestructuras en Cataluña, se ha citado a la consellera de Territorio, Silvia Paneque, al secretario de Movilidad, Manel Nadal, al comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías, y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá. El PP también ha citado a directivos de empresas operadoras privadas como Iryo y Ouigo, así como a responsables de Renfe y a varios cargos de Adif.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la dinámica propuesta para la comisión otorga un mínimo de cincuenta minutos de intervención a cada grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes, replicando el modelo empleado en la comisión del ‘caso Koldo’. Como novedad, los portavoces podrán disponer de un segundo turno de cinco minutos, formato que no cuenta con antecedentes en otras investigaciones parlamentarias del Senado. El PP se ha asegurado también prioridad para ser el primer grupo en formular preguntas, permitiendo que el resto proceda según la representación de cada partido.

Entre los documentos solicitados destacan no solo las comunicaciones internas de los días en los que ocurrió el accidente de Adamuz, sino también la totalidad de los informes y expedientes relativos a todas las obras ejecutadas en el tramo afectado. La petición de acceso a las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Europea responde a sospechas de irregularidades en la gestión de fondos europeos, así como a la existencia de investigaciones judiciales sobre contratos presuntamente manipulados en el ámbito de Adif. El PP también reclama los expedientes justificativos de cualquier modificación en la regulación de velocidades en la zona objeto del siniestro, en busca de aclarar las circunstancias y posibles responsabilidades.

La intervención de Alicia García, difundida por el medio, enfatizó que la gestión gubernamental tras el accidente no ha alcanzado niveles de respuesta adecuados y avanzó que la estrategia del PP al frente de la comisión busca no solo esclarecer los hechos sucedidos en Adamuz, sino profundizar en la transparencia de la contratación y supervisión pública en el sistema ferroviario nacional. La única mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado permite a la formación impulsar la agenda y las comparecencias propuestas, así como definir los requisitos y el orden de las sesiones investigadoras.

La filtración de audios reservados relacionados con el apagón eléctrico y difundidos a medios de comunicación tuvo, según la denuncia del PSOE, un impacto directo en la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión de investigación del Senado. El partido sostiene que la exposición pública de estos materiales, considerados confidenciales, afectó el desarrollo de dicho acto parlamentario. De acuerdo con la información publicada por el medio, la denuncia presentada por el PSOE va dirigida a la supuesta actuación de miembros del Partido Popular en la Cámara Alta.

Según consignó el medio, los socialistas formalizaron la denuncia mediante un escrito enviado al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, en el que señalan una vulneración del deber de confidencialidad tras la divulgación de fragmentos textuales de los audios considerados reservados. El PSOE comunicó que se reserva el derecho de iniciar “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”, al considerar que los hechos pueden implicar consecuencias jurídicas y disciplinarias.

El medio detalló que la documentación en cuestión había sido remitida por Iberdrola e incluía comunicaciones con Red Eléctrica de España. Esta información fue clasificada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión y, para protegerla, se adoptó un protocolo de custodia reforzado, con medidas como el acceso restringido a los expedientes, el control presencial de las personas autorizadas, la retirada de dispositivos electrónicos y el almacenamiento seguro del material en dependencias del Senado. El objetivo de este protocolo fue garantizar la confidencialidad e impedir la circulación no autorizada de la información incluida en el expediente parlamentario.

El PSOE argumentó, según publicó el medio, que la divulgación de los audios representa una “quiebra evidente” del compromiso de confidencialidad que rige para los representantes con acceso a material reservado. En el texto dirigido a la comisión, la formación subrayó que “estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos”.

La denuncia también advierte, según la información aportada por el medio, que la revelación de información protegida puede dar lugar a responsabilidades de carácter político, disciplinario e incluso penal. El PSOE aludió a la posible comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios, en función del contenido compartido y la presencia de normas legales que exigen confidencialidad en el tratamiento de documentos reservados.

El desarrollo de la investigación parlamentaria sobre el apagón, según puntualizó el medio, se ha visto alterado por la publicación de las transcripciones reservadas, lo que ha motivado un debate sobre los límites de la función parlamentaria y la protección de la información clasificada. La Mesa de la comisión, como órgano supervisor del acceso y custodia de los expedientes, fue la encargada de establecer las medidas para mantener la confidencialidad que, a juicio del PSOE, quedaron gravemente comprometidas tras la filtración.

Este conflicto abre la posibilidad de acciones adicionales tanto dentro del ámbito parlamentario como en el judicial, según manifestó el partido afectado, que no descarta elevar la denuncia a instancias jurídicas a raíz de las presuntas infracciones cometidas por los representantes implicados en la divulgación de contenidos protegidos.

Entre la documentación presentada antes de finalizar los trabajos de la comisión investigadora, destacan registros de audio del 28 de abril de 2025, que fueron escuchados por los portavoces y miembros de la mesa del foro antes de la reciente comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según información del medio Europa Press, el Partido Popular comunicó que, tras analizar estos audios, decidió cerrar la comisión del Senado sobre el apagón energético, señalando que el Gobierno Central había recibido avisos sobre el riesgo de un colapso pero no actuó para impedirlo.

De acuerdo con Europa Press, la investigación duró nueve meses y reunió cerca de treinta comparecencias, incluidas las de la vicepresidenta Sara Aagesen y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según relataron fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, la decisión de poner fin al análisis parlamentario responde directamente a la información presentada en los audios, cuyas copias fueron destruidas tras su audición, aunque los participantes tuvieron permiso para tomar notas manuscritas del contenido.

El medio Europa Press puntualizó que, en esas grabaciones relacionadas con el día del apagón, integrantes de Redeia reconocieron que el sistema afrontaba graves dificultades debido a la energía fotovoltaica y que el escenario era conocido por los responsables operativos. Referencias explícitas de los diálogos atribuyen el origen del problema a oscilaciones vinculadas a la producción solar, aceptando la existencia de advertencias internas antes del colapso del sistema eléctrico. Los participantes describieron la situación como especialmente delicada y constataron que la pérdida de estabilidad continuó hasta el fallo total.

El Partido Popular, que posee mayoría absoluta en la Cámara Alta, consideró que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ignoró alertas previas y después intentó minimizar el alcance y las causas del apagón registrado el 28 de abril. El grupo parlamentario subrayó en declaraciones reproducidas por Europa Press: “A pesar de las mentiras y los intentos de ocultación del Gobierno, gracias a algunas comparecencias de expertos y especialmente a los audios que conocimos ayer y hoy, hemos logrado conocer la verdad de lo que pasó con el apagón: El Gobierno de Sánchez sabía que podía pasar, despreció los avisos y luego ha intentado ocultar que el apagón se produjo por las oscilaciones por la fotovoltaica”.

Tras la sesión de trabajo más reciente, el Senado inició los trámites para la elaboración del dictamen final, dando por concluidos los interrogatorios y la fase de recopilación de pruebas. El anuncio se produce luego de la intervención de Beatriz Corredor, quien compareció ante la comisión investigadora en una de las últimas sesiones. Europa Press detalló que, durante la fase preparatoria de esa comparecencia, los portavoces accedieron a las grabaciones referidas y luego destruyeron los audios, optando por transcribir de forma manual los fragmentos relevantes.

El PP explicó, según recogió Europa Press, que la base para cerrar la comisión no fue sólo la sesión de Corredor, sino el peso probatorio de los nuevos documentos sonoros y el análisis efectuado por expertos a lo largo de las diversas sesiones celebradas desde el inicio de la investigación. El dictamen que elabora la comisión recogerá las principales conclusiones sobre el conocimiento previo del riesgo de apagón, las advertencias elevadas a la administración central y la valoración de la respuesta del Gobierno.

Europa Press consignó además que las conversaciones internas registradas el 28 de abril reflejan una secuencia de alertas técnicas, con responsables de Redeia señalando la vulnerabilidad del sistema eléctrico y la acumulación de factores de riesgo derivados de la alta penetración fotovoltaica en la red. Los testimonios y la información recabada forman la base para el informe que la comisión del Senado presentará próximamente tras el cierre de la fase actual.

A lo largo del proceso de investigación, el foco principal se mantuvo en el análisis de la respuesta oficial a los avisos tempranos y en el intercambio de información entre operadoras y responsables gubernamentales. Según datos difundidos por Europa Press, los trabajos parlamentarios desarrollaron interrogatorios a expertos y representantes sectoriales con el fin de reconstruir el contexto previo al colapso, evaluando la secuencia de incidencias técnicas y los mecanismos de alerta que los especialistas y técnicos activaron en los días y horas previos al cero energético.

Las fuentes consultadas por Europa Press subrayaron que el dictamen pendiente de publicación recogerá las versiones ofrecidas por los distintos comparecientes acerca de los episodios técnicos y administrativos anteriores y posteriores al apagón. También se incluirán las observaciones derivadas de las transcripciones manuscritas de los audios, con especial énfasis en las referencias sobre el conocimiento anticipado del riesgo.

Al concluir los trabajos, los portavoces del PP reforzaron la acusación de falta de diligencia en la supervisión de la red eléctrica y atribuyeron responsabilidades directas al Gobierno por "haber desoído las advertencias técnicas", añadiendo que se detectaron intentos oficiales de restar importancia al incidente ante la opinión pública y en la elaboración de informes públicos posteriores. La presentación formal de las conclusiones finales concretará la posición mayoritaria de la cámara, que según Europa Press, fija el cese de la actividad parlamentaria sobre el asunto tras valorar las últimas pruebas incorporadas y testimonios recabados.

La comisión del Congreso creada para analizar las causas y consecuencias del apagón nacional registrado el 28 de abril de 2025 comenzará oficialmente sus trabajos casi un año después de aquel incidente, con la comparecencia de los máximos responsables de las compañías eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola. Según informó Europa Press, los directivos desfilarán ante los diputados el próximo 20 de abril, fecha elegida durante la reciente reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión, que aprobó el listado de las primeras testificales y el calendario de sesiones.

El arranque de la investigación parlamentaria busca esclarecer las circunstancias y las posibles responsabilidades detrás del corte masivo de energía que afectó a todo el país. Tal como detalló Europa Press, los primeros en comparecer serán José Damián Bogas Gálvez, consejero delegado de Endesa; Francisco Reynés Massanet, presidente de Naturgy; y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. La comisión ha optado por este trío de ejecutivos entre los 14 nombres seleccionados para iniciar el proceso de audiencias.

Responsables de otras entidades relevantes también han sido incluidos en la lista elaborada por la presidenta de la comisión, Idoia Sagastizábal, diputada del PNV. En el registro de comparecientes figuran, entre otros, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (antigua Red Eléctrica Española); Concepción Sánchez Pérez, directora general de Operación de Red Eléctrica; Pedro Azagra, consejero delegado de Iberdrola; Joan Groizard, secretario de Estado de Energía; y Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de acuerdo con la información reunida por Europa Press.

La organización de la primera sesión establece que las comparecencias seguirán un formato de preguntas y respuestas. Los diputados de cada grupo parlamentario contarán con 20 minutos para interrogar a cada directivo. Se ha determinado que solo si se cita a expertos académicos o técnicos independientes la dinámica de la comparecencia se modificará: en ese caso, los especialistas podrán exponer durante 20 minutos antes de recibir las preguntas de los grupos, quienes dispondrán de 10 minutos en esos supuestos.

El desarrollo de la sesión inaugural se ha fijado para las 17.00 horas del 20 de abril, apenas cuatro días antes del primer aniversario del apagón. Europa Press reportó que tras completar la primera ronda de testimonios, la comisión volverá a reunirse para definir los siguientes nombres y programar futuras audiencias. En la reunión de la Mesa y Portavoces que determinó el calendario inicial y los comparecientes prioritarios, se incorporaron tanto las solicitudes de los diferentes grupos parlamentarios como los criterios de la presidencia para priorizar a los máximos responsables del sistema eléctrico y de las compañías privadas implicadas.

Según consignó Europa Press, la decisión de interrogar primero a los CEO de Endesa, Naturgy e Iberdrola responde al interés unánime de los grupos parlamentarios de centrar la apertura de las investigaciones en quienes lideran las principales empresas responsables de la electricidad en el país. Red Eléctrica y otros organismos reguladores comparecerán en fechas posteriores, dentro del mismo formato de sesiones.

La comisión adoptó su plan de trabajo definitivo la semana anterior al anuncio de las primeras comparecencias, estableciendo la metodología de interrogatorio y los criterios para ampliar el listado de testimonios a lo largo de los próximos meses. Los partidos políticos han presentado sus propias propuestas de comparecientes, aunque existe coincidencia respecto a la relevancia de los altos cargos de las eléctricas y de los órganos reguladores para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

La comisión celebró la reunión clave para su arranque tras varios meses de trabajos preliminares que incluyeron la recopilación de solicitudes de comparecencia, la negociación sobre la estructura y agenda interna, y el cruce de los listados propuestos por los distintos grupos. Europa Press informó que la presidencia, a cargo de la diputada Sagastizábal, actuará como árbitra en la selección de las comparecencias, procurando incluir a los funcionarios y ejecutivos con capacidad de aportar información relevante sobre el fallo del sistema ocurrido en abril de 2025.

Desde la comisión señalan que, una vez concluida la primera ronda, podrán ampliar el trabajo y ajustar el perfil de los próximos testimonios conforme avance la investigación. Esta fase inicial, según destacaron fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, servirá para obtener un panorama preciso de los hechos y las responsabilidades institucionales y empresariales involucradas.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, solicitó un informe médico oficial elaborado en ordenador y con argumentos sanitarios específicos, además de requerir a Julio Martínez Martínez que facilitara su domicilio habitual para hacerle llegar los requerimientos formales. De acuerdo con lo publicado por el Partido Popular en un comunicado, estas exigencias surgen tras detectar irregularidades en la documentación presentada ante la Cámara Alta, donde un familiar del empresario entregó un escrito médico manuscrito que el partido calificó como "totalmente ilegible", según consignó el propio PP. El debate sobre la validez del justificante médico se produce mientras el partido mantiene la citación de Julio Martínez en el Senado dentro de la investigación sobre el denominado 'caso Koldo'.

Tal como detalló el PP en dicho comunicado, la citación de Martínez fue formalizada a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado, una vez que la Mesa de la comisión acordó su comparecencia. El plazo para que comparezca se mantiene hasta que la defensa aporte una justificación sanitaria válida, elaborada en las condiciones requeridas por la presidencia de la comisión. Según informó el PP, el Ministerio del Interior habría rechazado colaborar en la localización del empresario para remitir los requerimientos, lo que motivó nuevas exigencias por parte de Eloy Suárez respecto a la información de residencia.

El Partido Popular, que ostenta mayoría absoluta en el Senado, sostiene que la ausencia de un justificante médico válido y debidamente estructurado impide conceder la excusa solicitada por Martínez y ha decidido aplazar cualquier decisión respecto a su posible ausencia hasta que no se presente la documentación oficial que respalde los motivos sanitarios. En caso de no mediar la presentación de dicho informe, la citación de Julio Martínez permanece vigente para el 9 de abril, según estableció la comisión.

El comunicado del PP incluso alude a la figura de Julio Martínez como un "posible testaferro" del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de las pesquisas sobre el 'caso Koldo', agregando que, a su juicio, existen maniobras políticas orientadas a dificultar el esclarecimiento de hechos vinculados tanto al empresario como a episodios recientes bajo investigación. El partido expresa su preocupación ante lo que describe como intentos de manipulación para obstaculizar el trabajo de la comisión y aclara, a la vez, su respeto a las situaciones médicas personales, enfatizando la necesidad de garantías plenas para evitar que se engañe a la opinión pública respecto a las causas de una posible incomparecencia.

En el contexto de las actuaciones de la comisión de investigación, el Partido Popular manifestó inquietudes sobre la transparencia y la cooperación institucional, especialmente ante la negativa del Ministerio del Interior a involucrarse en la localización del citado. Según reportó el PP, esto representa una dificultad añadida para los trabajos de la comisión, y recalca que solo la presentación de un informe médico oficial podrá justificar la ausencia de Martínez en la fecha asignada para su comparecencia en la Cámara Alta.

La decisión del partido se enmarca en el mantenimiento de los controles sobre la validez y autenticidad de la documentación aportada por los citados a la comisión, así como en su exigencia de responsabilidades institucionales respecto a los procedimientos sancionados por el Senado. De acuerdo con el comunicado del PP, cualquier intento de justificar ausencias mediante informes irregulares será objeto de revisión estricta, con el objetivo de salvaguardar la integridad del proceso y la transparencia de la investigación parlamentaria.

La proposición impulsada por Esquerra Republicana (ERC) y respaldada por partidos como Bildu, Sumar, Junts, PNV, Podemos, BNG y Compromís busca identificar y depurar responsabilidades políticas y militares ante posibles acosos, malos tratos y vejaciones sufridas por reclutas en el Servicio Militar Obligatorio durante los años ochenta y noventa. Según publicó Europa Press, la intención de esta iniciativa es, además de esclarecer los hechos, impulsar acciones legales contra los responsables y garantizar la reparación a las víctimas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido no poner fecha a la discusión de esta propuesta en el Congreso, al considerar que hay suficientes investigaciones parlamentarias abiertas en este momento.

Según informó Europa Press, la negativa de los socialistas se basa en la actividad que mantienen actualmente otras comisiones de investigación en la Cámara baja. Los representantes del PSOE argumentan que el Congreso no puede sostener un número tan elevado de comisiones simultáneamente, lo que lleva a priorizar los expedientes ya iniciados y aplazar el debate sobre nuevas propuestas.

En la actualidad, el Congreso lleva adelante cuatro comisiones de investigación: la relativa a la dana, la que estudia el apagón eléctrico registrado en abril de 2025 y otras dos pactadas previamente por el PSOE con ERC y Junts para asegurar la constitución de la Mesa del Congreso con el apoyo independentista catalán. Tal como detalló Europa Press, estas dos últimas comisiones han permanecido con escasa actividad en los últimos meses, sin embargo, oficialmente siguen en vigor.

A las comisiones en curso se suman otras propuestas que aguardan discusión en el Pleno. Entre ellas figura una de Sumar, impulsada por Más Madrid, orientada a investigar supuestos negocios del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También se encuentra pendiente la comisión anunciada por el PSOE tras la detención de Santos Cerdán, vinculada al caso mascarillas. Este tema ya había sido objeto de análisis en el inicio de la legislatura, aunque no incluyó la comparecencia de los considerados protagonistas de la llamada 'trama Koldo' ni alcanzó la elaboración de conclusiones definitivas.

De acuerdo con Europa Press, la justificación socialista para no abordar la nueva comisión sobre la mili radica en una regla no escrita que limita el número de comisiones de investigación activas a tres durante cada periodo legislativo. Pese a que actualmente hay cuatro en funcionamiento, la dirección parlamentaria del mismo partido considera adecuado aplazar el inicio de cualquier nueva labor investigadora hasta que alguna de las existentes finalice.

Las formaciones proponentes del nuevo órgano parlamentario subrayan la necesidad de depurar responsabilidades respecto a posibles abusos cometidos durante el antiguo servicio militar e iniciar procedimientos legales donde corresponda. El fin declarado, enfatizó Europa Press, es reparar los posibles daños causados a quienes realizaron el servicio obligatorio y sufrieron prácticas irregulares o vejaciones.

El debate en torno a la creación de comisiones de investigación en el Congreso se encuentra marcado, según el medio, tanto por la voluntad política de los grupos como por el calendario legislativo y la acumulación de trabajos pendientes. La situación de las comisiones acordadas entre el PSOE y fuerzas independentistas refleja, apunta Europa Press, una dinámica en la que el inicio y la actividad regular de estos órganos pueden dilatarse durante meses, sin avances significativos en sus tareas de indagación.

El retraso en la discusión sobre la investigación del servicio militar obligatorio y otros asuntos pendientes evidencia la saturación percibida en la agenda parlamentaria. Las formaciones que solicitaron la comisión remarcan la urgencia de abordar situaciones que afectaron a miles de ciudadanos durante la mili en las décadas señaladas, sosteniendo ante Europa Press que abrir una investigación específica permitiría dar respuesta a las demandas sociales y políticas alrededor de estos episodios.

El PSOE, por el momento, mantiene la postura de esperar a que finalicen algunos de los trabajos en curso antes de ampliar el número de comisiones, defendiendo esta medida como una forma de evitar la parálisis organizativa del Congreso. Entre tanto, las propuestas de Ciudadanos y partidos independentistas para abordar el pasado militar y otros casos actuales permanecerán a la espera de una ventana legislativa que permita su tramitación efectiva, según confirmó la agencia Europa Press.

Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, calificó como especialmente preocupante la falta de información sobre la gestión del rescate de Air Europa por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dado que ha transcurrido un año sin que se facilite la documentación solicitada. Durante su comparecencia en el Pleno del Senado, García expuso de forma detallada la petición formal que ha registrado ante la Mesa de la Cámara Alta para que se exija a la SEPI la entrega de los expedientes vinculados a las ayudas públicas otorgadas tanto a Plus Ultra como a Air Europa, según consignó el medio de comunicación que cubrió la sesión.

El medio informó que la solicitud presentada por García toma relevancia por la mayoría absoluta que posee el Partido Popular en la Mesa del Senado, lo que ha permitido a la formación activar un mecanismo para dar amparo a la Cámara Alta y requerir de manera formal a la SEPI el envío de los informes relacionados con los rescates. García precisó en su intervención que el Partido Popular ha pedido estos expedientes en reiteradas ocasiones, dentro del marco de la comisión de investigación de la Cámara, sin éxito alguno.

Según publicó la fuente, la SEPI ha sobrepasado el plazo reglamentario establecido para remitir la documentación correspondiente y, según palabras de la portavoz popular, "ni una sola respuesta" se ha recibido de parte de la entidad pública. Esta ausencia de información oficial ha generado inquietud entre los senadores, sobre todo en lo que respecta al caso de Air Europa, por la duración del silencio administrativo.

El texto añade que el Partido Popular ha expresado su preocupación por la transparencia en la gestión de los fondos públicos empleados en los rescates de Plus Ultra y Air Europa. García afirmó ante la Cámara la necesidad de fiscalizar de manera efectiva las operaciones promovidas por la SEPI, argumentando que la falta de acceso a los expedientes dificulta la labor de control parlamentario y pone en cuestión la rendición de cuentas de la entidad estatal.

Según detalló el medio, los expedientes reclamados desde el Senado forman parte de la documentación necesaria para investigar las condiciones y criterios aplicados por la SEPI en el otorgamiento de ayudas públicas a ambas compañías aéreas. El grupo popular considera que la opacidad actual impide esclarecer el destino y la justificación de los recursos públicos empleados en estos procesos.

De acuerdo con la fuente, la petición de amparo presentada por la portavoz busca que la Mesa del Senado exija a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el cumplimiento de sus obligaciones legales. Con la iniciativa registrada, el Partido Popular espera obtener finalmente los expedientes solicitados y poder avanzar en las pesquisas sobre los controvertidos rescates.

El medio reportó que parte de la preocupación manifestada en la Cámara se centra en la gravedad del retraso, particularmente en el caso de Air Europa, dada la elevada cuantía de fondos destinados a su rescate y la falta de información durante un periodo de tiempo prolongado. Alicia García remarcó que el silencio administrativo de la SEPI ya ha superado ampliamente los plazos marcados en la normativa, lo que constituye —en opinión del grupo popular— una situación inadmisible para un órgano sujeto a control parlamentario.

El informe de la misma fuente subraya que los senadores del PP consideran fundamental que la SEPI proporcione los detalles relativos al análisis de viabilidad, los criterios de asignación de recursos y el seguimiento posterior de las compañías beneficiadas, tal como exige el procedimiento ordinario para la justificación de ayudas públicas. El partido ha insistido en numerosas sesiones sobre la obligación de la entidad pública de mantener informadas a las instituciones democráticas acerca del uso y destino del dinero público.

Según expone el medio, la intervención de Alicia García en el Pleno también sirvió para trasladar a la opinión pública la preocupación por el precedente que podría sentar la falta de colaboración de organismos estatales con la labor de control de los representantes elegidos. La portavoz anunció la intención de seguir reclamando la documentación y de recurrir a todos los mecanismos reglamentarios disponibles en la Cámara Alta mientras no se facilite la información demandada.

El texto destaca que la Mesa del Senado cuenta con la competencia para requerir formalmente la documentación y garantizar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales cumpla con sus obligaciones. El grupo popular ha insistido en su demanda, considerando que la transparencia y la adecuada fiscalización son elementos esenciales en la administración de fondos estatales, especialmente en situaciones excepcionales como los rescates a compañías estratégicas. Como consecuencia del escrito registrado y la presión parlamentaria, se espera que la SEPI reaccione a las solicitudes y remita los expedientes solicitados al Senado.

La cobertura de los medios indica que la situación mantiene a la comisión de investigación a la espera de una respuesta oficial por parte de la SEPI, mientras el Partido Popular mantiene su postura de exigir claridad en todos los detalles relativos a los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

Algunos diputados de la comisión de investigación del Congreso reprocharon la negativa de Josep Lanuza Navarro a responder preguntas sobre la gestión de la dana en Valencia, asunto en el que el exasesor externo del PPCV tuvo un protagonismo destacado como testigo de una de las controversias centrales. De acuerdo con el relato de ElDiario.es, Lanuza había manifestado el pasado 23 de febrero ante la jueza que instruye el caso que el expresidente valenciano Carlos Mazón se presentó en el Palau alrededor de las 19:30, contradiciendo la versión aportada por los escoltas, quienes lo ubicaron más cerca de las 20:00. Esta contradicción se convirtió en uno de los ejes de los interrogatorios previstos por los parlamentarios, aunque el compareciente rehusó participar activamente en la sesión, limitándose a reivindicar su derecho a guardar silencio.

Según publicó ElDiario.es, Lanuza se justificó ante la comisión señalando que ya había dado explicaciones ante la autoridad judicial competente, y expresó su respeto hacia los comisionados. Explicó que consideraba que su responsabilidad legal radicaba en acudir a la citación, pero no en proporcionar respuestas adicionales, argumentando haber “colaborado con la institución que realmente tiene las competencias para saber qué pasó o si hay alguna responsabilidad penal”. Frente a las reiteradas peticiones de los diputados para que aclarara su versión, Lanuza afirmó: “Ya me expliqué delante de la jueza y ya he colaborado”, añadiendo: "No voy a responder, entiendan mi posición".

Ante esta postura, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, fue la primera en intentar obtener respuestas. ElDiario.es consignó que Micó calificó de "lamentable" que el compareciente rechazara colaborar con el Congreso y lamentó que ese silencio dificultara el avance hacia la “verdad, la reparación y la justicia”. Durante la sesión, otros grupos como Unidas Podemos cuestionaron la actitud de Lanuza. El diputado Javier Sánchez Serna criticó que el asesor se dedicara a mirar su teléfono en vez de contestar a las preguntas, mientras recordaba la dimisión de Mazón y señalaba: "quien no quiere colaborar es porque tiene algo que ocultar".

En su intervención, la diputada de ERC, Teresa Jordà, subrayó que la actitud "cobarde" de Lanuza no frenaría el trabajo de la comisión para esclarecer hechos relacionados con la dana. Según ElDiario.es, Jordà le cuestionó directamente si estaba defendiendo una versión construida a posteriori con el fin de evitar responsabilidades políticas, y puso en duda la duración de la reunión relatada por Lanuza en sede judicial frente a otras declaraciones que indican que Mazón permaneció apenas diez minutos en su despacho antes de salir al Cecopi.

Desde Sumar, Nahuel González consideró que el silencio del compareciente desplazaba la sospecha sobre la gestión de la emergencia durante aquellos días, y afirmó que Lanuza asistía únicamente para “burlarse de los valencianos”, instándolo a reconocer negligencias en la administración de la crisis. ElDiario.es reportó que González instó al asesor a pedir perdón y lo acusó de defender a su partido para mantener su puesto, asociando su mutismo con la existencia de víctimas tras la dana.

Por parte de Vox, Ignacio Gil Lázaro defendió el derecho del compareciente a no responder solo en procesos judiciales, no ante una comisión parlamentaria, y le trasladó que su opción era voluntaria pero no un derecho. El portavoz de Vox acusó al PPCV de errar en su estrategia de comunicación y perder “la batalla del relato”, opinando que la actuación de Lanuza alimentaba el discurso de sus adversarios.

La posición del Partido Socialista se reflejó en la intervención de Marta Trenzano, quien afirmó que Mazón llevó a Lanuza al Cecopi para controlar la comunicación de la emergencia siguiendo indicaciones de la dirección nacional del PP. Según ElDiario.es, Trenzano acusó al compareciente de estar presente para construir relatos “falsos, ignominiosos y manufacturados” y supuso que conocía los detalles comunicativos que el gobierno valenciano habría manejado con anterioridad sin difundirlos.

Durante la comparecencia judicial previa, Lanuza sostuvo que mantuvo una reunión de veinte a veinticinco minutos con Mazón antes de dirigirse juntos al Cecopi. No obstante, la jueza Nuria Ruiz Tobarra le recordó que otros testigos, particularmente los escoltas, sitúan la estancia del presidente en la sede apenas en diez minutos, lo que alimentó los cuestionamientos de los diputados este lunes, según relató ElDiario.es.

El enfrentamiento entre versiones distintas acerca de la llegada de Mazón y la gestión de las primeras horas críticas tras la dana acentuó la tensión en la comisión parlamentaria. ElDiario.es detalló que los representantes parlamentarios interpretaron el silencio de Lanuza como indicio de maniobras para proteger intereses políticos, y como un obstáculo en la labor de esclarecer responsabilidades ante las víctimas de la catástrofe.

A lo largo de la sesión, los diputados reiteraron su intención de acceder a toda la información pertinente y de cuestionar los relatos divergentes, en especial acerca de la gestión de la crisis y la administración de la comunicación institucional durante el episodio de emergencia. La necesidad de depurar responsabilidades y la exigencia de claridad marcaron las intervenciones de los grupos, que solicitaron la colaboración de todos los comparecientes vinculados al caso, una premisa que en el caso de Lanuza no se vio satisfecha.

El Partido Popular ha elaborado una lista con 42 personas para que comparezcan en la comisión parlamentaria que investigará el corte del suministro eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025. Según detalló Europa Press, este listado propone la citación de figuras de alto nivel tanto del Gobierno como del sector energético y diferentes expertos, con el objetivo de clarificar las causas, responsabilidades y los efectos que provocó la interrupción del servicio.

De acuerdo con Europa Press, la relación de comparecientes registrada por el principal partido de la oposición en el Congreso incluye a la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, así como a su antecesora en el cargo, Teresa Ribera. El Partido Popular también incluye a otros cargos gubernamentales, como el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández. En contraste, los listados presentados por el PSOE y Sumar no contienen el nombre de ningún ministro.

La preparación de la comisión se encuentra en fase de organización, y está previsto que los grupos parlamentarios se reúnan el próximo martes para coordinar el plan de trabajo que regirá los procedimientos en los meses siguientes, así como para acordar el orden de intervenciones en la comisión. Europa Press señaló que, de forma paralela, el Senado ya había constituido una comisión similar desde julio del año anterior, instancia en la que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Partido Popular contempla además la comparecencia de varios directivos de empresas energéticas. Dentro del grupo Redeia, antes conocido como Grupo Red Eléctrica Española, se solicita la citación de la presidenta, Beatriz Corredor, que también figura en los listados del PSOE y Sumar. Se suman la directora general de Operación, Concepción Sánchez, y los directores de distintas áreas operativas: Juan Bola, Tomás Domínguez y Eduardo Prieto, además del director general de Transporte de Red Eléctrica, Ángel Mahou. Asimismo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo requiere la presencia del responsable, jefe de turno y operadores de CECOEL (Centro de Control Eléctrico) de Red Eléctrica que desempeñaban funciones entre las 10:00 y las 13:00 horas del día del apagón. El exministro socialista Jordi Sevilla, quien también ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España, y otros ex altos cargos de la compañía, figuran igualmente en la lista propuesta.

El Partido Popular considera relevante la presencia de los principales responsables de otras compañías eléctricas involucradas en la gestión del sistema, como el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, el presidente y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas; estos nombres también aparecen en las listas confeccionadas por el PSOE y Sumar, de acuerdo con Europa Press.

El listado del Partido Popular se extiende a varias figuras clave en organismos de regulación y asociaciones sectoriales, entre ellas la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, su directora de Energía, Rocío Prieto, así como Cristina Lovillo, directora de Energía de la Comisión Europea. Además, se propone la intervención de Marina Serrano, al frente de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), del director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), así como del presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Julio César Nieto.

Entre las personas que el PP solicita citar, figura además una quincena de expertos con reconocida trayectoria en el ámbito energético. Según reportó Europa Press, el objetivo de esta selección es facilitar una visión integral sobre las dimensiones técnicas y regulatorias relacionadas con el apagón del 28 de abril y sus efectos sobre el sistema eléctrico nacional.

La misión de la comisión será determinar responsabilidades y esclarecer el alcance real de la incidencia, que afectó a gran número de usuarios y motivó cuestionamientos sobre la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico. La inclusión de perfiles diversos —miembros del Gobierno, directivos empresariales y expertos independientes— busca ofrecer conclusiones basadas en una multiplicidad de perspectivas, según informó Europa Press.

El listado de comparecientes propuesto incluye a referentes tanto del sector público como del privado, y entre ellos figuran altos funcionarios energéticos y los directivos principales de las mayores empresas eléctricas españolas. De acuerdo con Europa Press, el PSOE ha registrado la solicitud en el Congreso de los Diputados para que sean citados 18 responsables clave, a fin de esclarecer las circunstancias en torno al apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez, encabezan la nómina de personas cuya comparecencia busca el PSOE, según consignó Europa Press. Además, destacan los nombres de Mario Ruiz-Tagle, director ejecutivo de Iberdrola España; Francisco Reynés, de Naturgy; José Bogas, de Endesa; Pedro Vasconcelos, de EDP España; Antonio Sieira, de Ignis; y José Manuel Entrecanales, de Acciona. La lista, a la que tuvo acceso Europa Press, abarca también a representantes de organismos reguladores y asociaciones del sector, como el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, así como Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC.

El medio Europa Press detalló que entre las asociaciones seleccionadas para comparecer se encuentran la Unión Nacional Fotovoltaica (representada por José Donoso), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), cuya directora es Marina Serrano, y la Asociación Eólica Empresarial, con Juan Virgilio como director general. Además, la directora de la Fundación Renovables, Raquel Paule, forma parte del grupo de convocados. La solicitud del PSOE también alcanza a representantes del ámbito internacional, como el director de ACER, Christian Zinglersen; el presidente de ENTSO-E, Zbynek Blodis; y la presidenta de la OMIE, Carmen Becerril.

Europa Press informó que el objetivo de estas comparecencias es aclarar el papel que desempeñaron los distintos actores ante la gestión de esa crisis eléctrica, así como las medidas implementadas antes, durante y después del apagón. Según Europa Press, el Ejecutivo optó por un amplio espectro de convocados, lo que implica que la comisión de investigación abarque de forma integral tanto las operaciones técnicas del sistema eléctrico como la supervisión regulatoria y la coordinación con el sector privado.

El PSOE fundamenta su propuesta en la experiencia previa de la comisión homóloga del Senado, donde ya se citaron a buena parte de estos responsables. En ese foro, impulsado con el Partido Popular en mayoría, los trabajos se iniciaron en julio del año anterior, y varias de las figuras hoy propuestas por el PSOE ya participaron en audiencias en la Cámara Alta. El medio Europa Press puntualizó que el procedimiento adoptado retoma la mecánica de aquel proceso, aunque en el Congreso surge bajo un escenario de mayor confrontación política.

La "comisión de la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025" del Congreso comenzará oficialmente sus actividades el día martes 17 de marzo, fecha establecida por la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, presidenta del foro. Los diversos grupos parlamentarios presentarán durante esa primera jornada sus respectivos planes de trabajo y las nominaciones para las primeras comparecencias, según lo publicado por Europa Press.

Estos trabajos inician diez meses después de que el Pleno de la Cámara Baja diera el visto bueno para una investigación sobre los hechos del 28 de abril. El retraso respondió a reiteradas divergencias de índole procedimental originadas por la ausencia de consenso entre los partidos, según relató Europa Press. El principal motivo de desacuerdo fue la coexistencia de dos comisiones de investigación, una promovida por el PSOE junto a Sumar y otra impulsada por el Partido Popular. Ambas recibieron luz verde en mayo de 2025, pero tardaron meses en constituirse formalmente: hasta noviembre del año pasado no se pusieron en funcionamiento, dada la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición.

Europa Press informó que, aunque inicialmente los grupos parlamentarios parecían dispuestos a operar las dos comisiones en paralelo —con una presidencia e integrantes idénticos—, finalmente acabó prevaleciendo la unificación. La resolución obedeció a una votación en el Pleno del Congreso durante el mes de febrero, a través de la cual se decidió fusionar ambos organismos de investigación. Desde entonces, la comisión unificada trabaja para definir un calendario y la comparecencia de los responsables seleccionados.

En la lista definitiva, el PSOE busca que tanto representantes del sector eléctrico como de los organismos regulatorios y asociaciones especializadas respondan ante el Parlamento y aporten datos sobre la gestión previa y posterior al apagón. Europa Press añadió que la comisión tiene la función de analizar la coordinación y comunicación de los distintos agentes durante la crisis eléctrica, así como identificar eventuales deficiencias estructurales o de procedimiento que hayan incidido en la magnitud del corte de suministro.

La investigación parlamentaria representa un momento de alta tensión política, ya que los principales partidos mantienen posturas enfrentadas sobre el alcance de las responsabilidades y la transparencia en torno a la gestión de la crisis, tal como publicó Europa Press. Mientras continúan las negociaciones sobre el desarrollo de la comisión, se espera que las comparecencias propuestas sirvan para plasmar en sede parlamentaria las explicaciones de quienes tuvieron un papel activo durante el apagón y ofrezcan información relevante para la toma de futuras decisiones regulatorias y operativas en el sector energético español.

Desde el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, Koldo García afirmó que aún quedan numerosos aspectos por esclarecer y expresó su decisión de demostrar la veracidad de su versión ante el ámbito judicial. Este miércoles, el exasesor ministerial compareció a través de videoconferencia ante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, convocada por el Parlamento de Navarra. Según informó la comisión, García se acogió a su derecho a no declarar y declinó responder preguntas de los parlamentarios, aunque aprovechó su intervención inicial para lanzar varios mensajes sobre su situación y para pedir calma y paciencia respecto al proceso en curso.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, García, quien se encuentra en prisión preventiva, abrió su comparecencia con un breve discurso antes de confirmar su silencio ante las preguntas de los diputados. El exasesor empezó señalando: “Quiero que tengan su minuto de gloria en este circo mediático; creo que es un error”, en referencia a la cobertura mediática y al papel de los responsables políticos en el caso. Acto seguido, hizo hincapié en que considera un error juzgarle en función de sus titulaciones o documentos, argumentando que tal interpretación puede conducir a una visión equivocada de su persona: “Algunos ya me conocerán o han hablado suficiente de mi persona y confunden que la falta de titulaciones, de tener papeles... entienden que es una falta de conocimiento, de sentido común, que puede tener cualquier persona en la faz de la tierra, y eso es un error porque eso no quiere decir que yo sea idiota”, expresó, según consignó el medio informativo.

García relató ante la comisión que, seis meses atrás, puso en conocimiento de la Guardia Civil y de otras personas que notaba que le estaban siguiendo. “Porque en mis años de profesional y de colaboración con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo se me quedó. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en el domicilio y más aún ofreciéndome a colaborar en todo lo que necesitaban”, afirmó durante su intervención y según detalló el medio.

En su intervención, el exasesor ministerial indicó que ya se ha causado un daño difícil de reparar. “El daño ya está hecho”, manifestó, señalando que calculó mal el impacto del caso en su entorno personal: “Yo cometí un error de cálculo, porque yo no pensé en todo el daño que han hecho a mi círculo más cercano. Pensé que se iban a dedicar a mi persona”. García sostuvo que la situación ha afectado a personas ajenas al caso, a quienes, según sus palabras, se les han perjudicado sus vidas sin responsabilidad alguna: “Pensé que se iba a focalizar un poco más en mí, no se iba a focalizar en toda persona que estuviera alrededor mío, destrozándole la vida”, afirmó. El medio informó que el exasesor reiteró que nadie será capaz de eliminar los efectos de lo que se ha divulgado sobre él en los medios: “Decir todas las mentiras y las barbaridades que han dicho sobre mí, es que no me conocen, ni quieren saber mi historia, lo que no me preocupa en absoluto”.

La inquietud principal de García, según sus explicaciones durante esta comparecencia, se centra en la imposibilidad de revertir las consecuencias de las palabras vertidas contra él. En sus declaraciones, sostuvo: “Lo que sí me preocupa es que el día de mañana no se pueda borrar todo lo que han dicho y todas las falsedades que han dicho. Eso tendrán que arreglarlo los políticos, a ver cómo lo hacen”. Asimismo, atribuyó a la actuación de algunos responsables políticos el deseo de protagonismo en el caso: “Tanta ansia de su minuto de gloria que se están equivocando”.

En su mensaje, García insistió en que todavía resta mucho por esclarecer en el proceso judicial: “Esto acaba de empezar”, advirtió ante la comisión, pidiendo a los presentes que mantengan la paciencia y la calma. Enfatizó: “Queda mucho, queda muchísimo. Y si se dice algo hay que demostrarlo. Y todo lo que yo he dicho, lo he podido demostrar. Creo que si tenemos todos un poquito de paciencia, un poquito de sentido común, se podrán decir las cosas, pero demostrándolas”.

Según publicó el medio, García reiteró que su prioridad es enfrentar el proceso legal y no el debate mediático o social: “Porque el mediático y social ya lo han hecho ustedes (...) El proceso judicial manda por encima de todas las cosas, y lo que tengo que hacer es demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad”. Subrayó el hecho de encontrarse en prisión preventiva, destacando: “Si ya no pueden hacer nada más en contra mía; ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito”. Añadió que cuenta con tiempo suficiente para preparar y demostrar su defensa: “Tengo muchísimo tiempo y podré demostrar las cosas con un poquito de calma y un poquito de tranquilidad”. “Les aseguro que tengo paciencia y tranquilidad”, sostuvo, enfatizando su confianza en el desarrollo del proceso legal.

Durante su intervención inicial, remarcó que siempre ha intentado demostrar todo aquello de lo que ha hablado: “Cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado. Lo único que quiero es aclarar las cosas ante la Justicia”, comentó, aludiendo a la necesidad de pruebas para fundamentar cualquier afirmación. Expresó además que quienes lo señalan públicamente lo hacen sin aportar pruebas: “Algunos se dedican a decir muchas cosas sin poder demostrar nada”. Finalmente, apuntó que espera, en un futuro, tener la oportunidad de “aclarar muchísimas cosas a todos los españoles”.

Luego de su intervención inicial, Koldo García se acogió formalmente a su derecho a no declarar ante la comisión parlamentaria y guardó silencio durante los turnos de preguntas, que comenzaron con el interrogatorio del portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza. Según elaboró el medio, García no respondió a las cuestiones planteadas por los distintos representantes de los grupos parlamentarios presentes en la sesión.

Tras una notificación procedente de la prisión de Soto del Real en la que se desaconsejaba el traslado de Koldo García a causa de motivos médicos, la comisión de investigación sobre la adjudicación de obra pública en el Parlamento de Navarra ajustó la programación para permitir la comparecencia del exasesor ministerial mediante videoconferencia. El Parlamento decidió celebrar la comparecencia a las 12 horas de este miércoles, un cambio respecto al horario original, que situaba el inicio de la sesión a las 10 horas. Según informó el Parlamento y recogió la agencia de noticias, la modificación respondió a cuestiones técnicas comunicadas por el centro penitenciario, que manifestó que la comparecencia no podía efectuarse telemáticamente antes del mediodía.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades de la cárcel de Soto del Real transmitieron que solo sería posible la intervención de García de manera remota a partir del mediodía, explicando que cualquier preparación previa para una conexión anterior resultaba inviable por cuestiones técnicas internas. Ante este escenario, el Parlamento navarro optó por abrir inicialmente la sesión a las 10 horas, tal como figuraba en la agenda, pero únicamente a modo informativo para anunciar formalmente el aplazamiento de la comparecencia.

La convocatoria de la comisión de investigación forma parte de las indagaciones legislativas sobre la adjudicación de obra pública en Navarra. Según precisó el Parlamento, la participación de García en la sesión se concretó finalmente bajo formato telemático, tras la intervención de la administración penitenciaria, que remarcó los riesgos que implicaría un desplazamiento físico para la situación médica del exasesor. La alternativa de la videoconferencia fue coordinada entre las autoridades parlamentarias y los servicios de la prisión, que emitieron su recomendación luego de evaluar el estado de salud de García.

El cambio de horario y el mecanismo de comparecencia obedecen, según indicó la institución legislativa navarra, a la conjunción entre la imposibilidad técnica de una conexión temprana y los criterios emitidos por Instituciones Penitenciarias, que subrayaron su negativa a autorizar un traslado por motivos médicos. Tal como reportó el Parlamento, la decisión se tomó el martes anterior al día de la comparecencia, permitiendo así organizar la logística para la sesión remota y notificando con antelación a los miembros de la comisión y a los servicios correspondientes.

Esta comparecencia se enmarca en el proceso más amplio de investigación sobre contrataciones de obra pública en la región. Los procedimientos de la comisión han incluido varias citaciones y la reelaboración de tiempos de intervención en función de criterios legales y de salud. Según recogió el Parlamento navarro, las circunstancias que rodearon la participación de García se comunicaron formalmente a los grupos parlamentarios y se trasladaron al orden del día, contemplando la posibilidad de futuros ajustes en función de la evolución de las condiciones de los comparecientes.

Además de informar sobre el retraso, el órgano legislativo reafirmó que la comisión mantiene como prioridad asegurar el desarrollo de las sesiones dentro del marco legal y respetando las prescripciones de la administración penitenciaria, así como los derechos de quienes son citados. La sesión, prevista para desarrollarse bajo formato híbrido, se reprogramó enteramente en formato remoto en el caso de García, de acuerdo con las sugerencias y limitaciones impuestas por los equipos médicos y técnicos de la prisión, según publicó el Parlamento de Navarra.

La lista definitiva de personas a ser interrogadas por la comisión parlamentaria que estudia el apagón eléctrico nacional aún espera la revisión y acuerdo de los grupos políticos, quienes deben presentar los nombres hasta el 12 de marzo. Según detalló Europa Press, este proceso se retoma casi un año después del corte de suministro que afectó a buena parte del país el 28 de abril de 2025, y se enmarca en una investigación que había quedado paralizada por diferencias internas en el Congreso.

La comisión del Congreso, creada específicamente para esclarecer las causas del apagón, iniciará la ronda de comparecencias tras la celebración de las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo, según informó Europa Press. El cronograma aprobado por la Mesa y los portavoces parlamentarios establece que, una vez cerrada la lista de comparecientes, la semana del 17 de marzo se efectuará un nuevo encuentro para aprobar el plan de trabajo basado en un borrador avanzado por los letrados y compartir los primeros nombres citados a declarar.

Europa Press señaló que los trabajos arrancarán casi al cumplirse un año del incidente, tras meses de retrasos derivados de la falta de consenso entre los grupos parlamentarios, que en primavera de 2025 acordaron por unanimidad investigar las causas del apagón. Pese a ello, el procedimiento se vio prolongado por la existencia de dos comisiones paralelas sobre el mismo tema, constituidas en noviembre ante la imposibilidad de un pacto inicial entre el Gobierno y la oposición. De acuerdo con Europa Press, ambas comisiones compartían integrantes, incluida la presidencia a cargo de Idoia Sagastizábal, diputada del PNV, pero la actividad simultánea terminó por unificarse tras la decisión del Pleno en febrero, que avaló la fusión.

En lo que respecta a otras investigaciones parlamentarias, el Congreso tiene en funcionamiento tres comisiones adicionales: la vinculada a la última DANA, la dedicada a los atentados en Cataluña del 17 de agosto, y la relativa a la Operación Cataluña. Estas últimas dos se conformaron en acuerdo entre el PSOE y formaciones independentistas (ERC y Junts) para facilitar el control de la Mesa de la Cámara, según consignó Europa Press. También están registradas y a la espera de trámite dos nuevas comisiones: una propuesta por Más Madrid y Sumar sobre los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y otra impulsada por el PSOE a raíz de la detención de Santos Cerdán, centrada en la investigación sobre la adquisición de mascarillas.

Las pesquisas sobre la llamada 'trama Koldo', asociadas a la compra de estos materiales sanitarios, tuvieron un primer impulso al inicio de la legislatura, aunque según Europa Press, avanzaron sin citar a los principales implicados y sin presentar conclusiones finales. En el Senado, donde el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, los trabajos ya marchan desde el pasado julio en una comisión propia centrada también en el apagón nacional, indicó Europa Press.

La unificación de las dos comisiones que investigan el apagón en el Congreso se concretó solo después de que el Pleno así lo ratificara en febrero, poniendo fin a meses de incertidumbres sobre el procedimiento adecuado. Según explicó Europa Press, la intención inicial de que ambas comisiones funcionaran en paralelo fue abandonada una vez que se evaluó la necesidad de optimizar recursos y evitar duplicidades. Los grupos parlamentarios acordaron replicar los integrantes en las dos comisiones y mantener la misma estructura directiva, con la idea de ofrecer continuidad y coherencia en la conducción de la investigación.

Mientras tanto, las actividades relacionadas con el apagón nacional confluyen con el resto de las comisiones activas y las planteadas para futuras indagaciones, conformando un panorama de fuerte carga investigativa en la actividad legislativa. El foco de la comisión ahora unificada estará orientado a esclarecer las responsabilidades y causas exactas de la interrupción eléctrica, con la expectativa de que un año después del incidente, los interrogatorios y las comparecencias permitan arrojar claridad sobre lo ocurrido, tal como reportó Europa Press.

La comisión de Control y Asuntos Constitucionales del Parlamento noruego ha dejado en claro que la investigación sobre los vínculos de Jeffrey Epstein con actores políticos y entidades del país debe abordar hechos que datan del proceso relacionado con los Acuerdos de Oslo en 1993, pero el periodo exacto a cubrir estará a criterio del grupo investigador, de acuerdo con lo que resulte necesario. Con esta orientación, la comisión ha recomendado al Storting, el Parlamento, la creación de un grupo independiente que pueda esclarecer cómo se tejieron estas conexiones y qué implicaciones tuvieron en la administración pública noruega, según informó la propia comisión a través de su página web.

De acuerdo con el documento publicado y citado por diversos medios internacionales, la recomendación de conformar el comité de investigación surge de forma unánime, con la intención de responder a las dudas generadas tras la divulgación de información sobre la relación de Jeffrey Epstein con instituciones y figuras clave en Noruega. El texto entregado al Parlamento destaca que mantener interrogantes sin respuesta podría debilitar la confianza pública en los organismos estatales. Según publicó la prensa local, la medida surge en un contexto donde el escándalo ha llegado a salpicar a personalidades de alto perfil, como el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, el ex titular de Exteriores y más recientemente director dimisionario del Foro Económico Mundial, Borge Brende, así como a la princesa heredera Mette-Marit.

El medio detalló que el documento solicita formalmente a la Presidencia del Storting diseñar una propuesta completa para la elección de quienes conformarán la comisión, la cual deberá incluir el mandato, los nombres de los miembros y la composición final del órgano investigador. Esta comisión tendría como función principal examinar exhaustivamente las circunstancias y hechos que han sido puestos en evidencia tras la publicación de los denominados “documentos de Epstein”. Los miembros responsabilizados por la investigación dispondrán de “un mandato amplio”, con capacidad para analizar los vínculos del Estado noruego con toda organización, fundación o red extranjera en la que el país haya participado.

Tal como consigna la página del órgano parlamentario, otro aspecto relevante en el mandato será la investigación del destino y gestión de fondos de ayuda al desarrollo, así como las subvenciones públicas otorgadas a entidades internacionales en diferentes periodos. Paralelamente, la comisión evaluará las prácticas y sistemas internos del Servicio Exterior noruego, incluyendo la observancia de la imparcialidad, la gestión adecuada de archivos y la protección del personal, según se indica en el comunicado de la comisión y como reportó la prensa internacional.

El camino para instalar esta comisión no se ha completado aún, subrayó el medio citado, pues la recomendación debe debatirse a nivel parlamentario y serán los diputados quienes, tras deliberación, elijan a quienes liderarán la investigación. Están previstas nuevas reuniones para determinar la integración del comité y el alcance definitivo de sus competencias. La votación en la que se definirá la puesta en marcha formal de este grupo de investigación se calendarizó para el 17 de marzo.

Según detalló la comisión liderada por Per-Willy Amundsen, estos pasos buscan responder de manera transparente y minuciosa a la alarma pública respecto del alcance de las relaciones noruegas con el entramado de Epstein. El acceso de figuras prominentes de la política y la realeza noruegas a los círculos asociados con Epstein ha generado inquietudes en la opinión pública sobre la posible existencia de tramas que pudieran escapar al escrutinio institucional ordinario, tal como remarcan medios europeos.

El Storting examinará cuál será la composición definitiva de la comisión, su calendario de trabajo y los recursos disponibles, siguiendo la línea marcada por la comisión de Control y Asuntos Constitucionales. Hasta tanto no se resuelva la votación programada y el Parlamento adopte una resolución final, el debate gira en torno a la necesidad de asegurar que todo el proceso se desarrolle con independencia suficiente respecto de intereses internos o externos.

Los últimos documentos relacionados con Epstein han contenido información que vincula al menos a tres figuras de alto perfil noruegas con el delincuente sexual convicto. Las pruebas divulgadas incluyen registros de encuentros y asociaciones formales e informales entre estos actores noruegos y círculos relacionados con Epstein, provocando demandas de esclarecimiento público tanto en los medios de comunicación como en la sociedad civil. La presión sobre las instituciones ha crecido a medida que aumentan las exigencias para que la transparencia y la rendición de cuentas no se limiten a la publicación de datos, sino a la investigación de los procesos de decisión, concesión de ayudas económicas y posibles beneficios particulares, afirmó la comisión, según la información recogida por los medios noruegos.

El contexto en el que se formula esta recomendación está marcado por un debate sobre los riesgos que implican los vínculos internacionales opacos para la legitimidad estatal. El texto presentado ante el Storting subraya que el mandato de la futura comisión debe garantizar la objetividad y la profundidad en el análisis, de modo que abarque no solo los aspectos administrativos y legales, sino también las dimensiones éticas y de control interno. Así lo refleja el documento oficial, que advierte que una respuesta insuficiente podría “socavar la confianza en las autoridades estatales de manera fundamental y justificada”.

En paralelo al debate político, sectores sociales y organizaciones han manifestado preocupación ante la posibilidad de que existan estructuras de privilegio y trato diferencial en favor de ciertos actores nacionales que participaron en redes vinculadas a Epstein. Por ello, el proceso de discusión y la eventual conformación de la comisión constituyen, además de una respuesta institucional, un ejercicio de rendición de cuentas que el Parlamento noruego habrá de asumir ante la opinión pública. Según consignan los documentos y los comunicados emitidos por la comisión parlamentaria noruega, el alcance y profundidad de la investigación dependerán tanto de las decisiones del Storting como del compromiso de los futuros miembros de la comisión que se autorice.

La Audiencia Nacional ha comunicado la apertura de nuevas diligencias sobre el caso del rescate financiero de Plus Ultra, al conocerse, según detalló el Partido Popular, que la aerolínea habría contratado a la empresa Análisis Relevante, en la que solo figuraba como consultor el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a sus hijas, percibiendo entre los tres más de 600.000 euros por la elaboración de informes que, conforme se expuso en el Senado, resultarían ser “copias y pegas sacados de internet”. De acuerdo con información de El Mundo, esta situación se produce al calor del impacto mediático que generaron las recientes declaraciones en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, indicó que subsisten numerosas cuestiones pendientes de esclarecer en torno a las vinculaciones políticas y empresariales asociadas al rescate de la aerolínea.

Tal como publicó El Mundo, Muñoz sostuvo que “todos los españoles” terminaron sosteniendo con fondos públicos a una empresa “que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero”, insistiendo en la falta de transparencia y rigor en los procedimientos empleados. El lunes anterior, José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Senado ante la comisión que investiga el denominado ‘caso Koldo’, rechazando de forma categórica cualquier relación con el rescate de Plus Ultra y calificando de “falsedades” los señalamientos que lo sitúan en encuentros con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades para abordar la situación de la aerolínea. A pesar de esta defensa, el Partido Popular subrayó ayer una aparente contradicción al recordar que Ábalos declaró que “Zapatero le presionó para que el Gobierno de España, con dinero de todos los españoles, rescatase a Plus Ultra”.

El medio El Mundo recogió también la postura del PP en cuanto a la estructura interna de Plus Ultra al mencionarse que la compañía “apenas tenía trabajadores”, cuestión que se suma a las dudas planteadas sobre el eventual favoritismo y la falta de justificación económica para la concesión del rescate. En sus declaraciones en Valencia, antes de asistir a un acto público, la portavoz del PP reiteró que “hay muchas cuestiones que tienen que dilucidarse porque hoy también hemos conocido que la Audiencia Nacional va a investigar el rescate de Plus Ultra y vamos a ver hacia dónde llevan esas investigaciones ya judiciales”.

En la misma comparecencia de prensa, Muñoz aportó detalles sobre la elaboración de los informes realizados por Análisis Relevante para Plus Ultra, insistiendo en que “no eran unos informes absolutamente de nada”, sino documentos carentes de fundamento técnico, lo que publicó también el medio El Mundo. Con ello, el PP sustenta la acusación de que el rescate se produjo en beneficio de intereses personales y políticos. Según Muñoz, la relación contractual entre Plus Ultra y Análisis Relevante refuerza la percepción de opacidad, y “todo el mundo puede comprobar cómo los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a José Luis Rodríguez Zapatero”.

El caso Plus Ultra ha incrementado la presión mediática y política alrededor de figuras destacadas de la anterior administración gubernamental, como queda reflejado en la cobertura de El Mundo, tras las manifestaciones del PP y la respuesta de Zapatero, quien ha intentado desacreditar las acusaciones presentando como infundados los reproches sobre su presunta participación en el rescate.

Por otra parte, la portavoz del Grupo Popular aprovechó la atención mediática para referirse al accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que tuvo lugar el 18 de enero y ocasionó la muerte de 46 personas además de dejar más de 120 heridos. Según consignó El Mundo, Muñoz reprochó al ministro de Transportes, Óscar Puente, haber proporcionado datos “inciertos” sobre la tragedia, de acuerdo con las apreciaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y lo acusó de buscar crear “un relato que exonerase al Gobierno de España”.

El Mundo también indicó que Muñoz coincidió con las informaciones recientes que vinculan a Adif, empresa encargada de la gestión ferroviaria, al retiro de piezas de la zona del accidente sin contar con autorización judicial, lo que se realiza en el contexto de una investigación aún abierta. En ese sentido, la Guardia Civil ha solicitado a la CIAF que amplíe la información acerca de una advertencia previa formulada por el propio organismo, después de encontrarse “distintas incongruencias” en las soldaduras de las vías en el tramo afectado por el siniestro. Además, Muñoz transmitió que se habrían manipulado informes de Adif tras el accidente, algo que, según sus palabras recogidas por El Mundo, califica de “muy grave”.

Durante sus declaraciones ante los medios, la portavoz popular manifestó su crítica contra el ministro de Transportes, señalando responsabilidades en la gestión del accidente, así como en su trato hacia la prensa, la oposición y la ciudadanía. Según ha relatado Muñoz y recoge El Mundo, el desempeño del Ministerio de Transportes sería responsable de una “negligencia que se ha llevado la vida de 46 personas en Adamuz y una persona también en Rodalies”.

El desarrollo de las nuevas investigaciones judiciales sobre el rescate de Plus Ultra por parte de la Audiencia Nacional y el avance de los análisis técnicos, administrativos y legales sobre el accidente de Adamuz mantienen abiertos dos frentes mediáticos y judiciales que concitan la atención pública y política, apoyados en la cobertura constante y declaraciones recogidas por El Mundo sobre ambos episodios.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que cuestiona la modificación destinada a reducir la protección de los terrenos en la Serra do Careón donde se proyectaba la planta de la empresa portuguesa Altri, ha situado nuevamente a la Xunta en el centro del debate político. De acuerdo con el medio Europa Press, este tema ha llevado a los grupos de la oposición a exigir explicaciones públicas, señalando la necesidad de esclarecer qué informes técnicos sustentaron la desprotección de la zona y en qué momento se tomó la decisión definitiva, todo ello relacionado con el desarrollo industrial en el municipio lucense de Palas de Rei.

Según publicó Europa Press, el pleno del Parlamento de Galicia incluirá la próxima semana, como primer punto de la agenda, el debate sobre la petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de crear una comisión de investigación parlamentaria para analizar el proceso que rodeó la tramitación del proyecto de Altri. Esta solicitud surge tras el fallo judicial que ha puesto en duda la legalidad de la modificación urbanística aprobada por los organismos de la Xunta para facilitar la implantación de la factoría. Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, detalló en rueda de prensa que la intención del grupo nacionalista es dilucidar el papel jugado por la Xunta en todo el proceso y determinar diferentes responsabilidades políticas y administrativas. Según consignó el medio, Rodil explicó que es prioritario conocer qué informes técnicos justificaron la alteración de la protección de la Serra do Careón y si este cambio se produjo antes o después de que el Partido Popular (PP) impulsara acuerdos con Altri a través de la sociedad pública Impulsa Galicia.

El BNG sostuvo que la Xunta debe proporcionar muchas explicaciones sobre un proceso que, en palabras de sus representantes, situó la normativa y el territorio gallego “al servicio de una multinacional portuguesa”, e insinuó la existencia de acuerdos poco transparentes. De acuerdo con Europa Press, los nacionalistas han insistido en investigar si la decisión de desclasificar la zona de protección ambiental respondió a contrapartidas acordadas con la empresa lusa.

En paralelo, el Partido Popular de Galicia (PPdeG), que cuenta con mayoría en la Cámara autonómica, manifestó su rechazo a la constitución de la comisión. Según reportó Europa Press, el portavoz popular, Alberto Pazos, afirmó que su grupo parlamentario intentará frenar una iniciativa que, en sus propias palabras, responde a “intereses espurios” promovidos por la oposición. Pazos argumentó que si el PPdeG aceptara todas las propuestas de comisiones de investigación de los grupos opositores, estas ocuparían la mayor parte de la actividad parlamentaria. “Los gallegos esperan de nosotros que debatamos cuestiones que les afectan directamente”, indicó el portavoz, reiterando su postura de recurrir al “sentido común” para impedir lo que considera una ‘deriva perjudicial’.

El portavoz del PPdeG defendió, según Europa Press, la actuación de la Xunta en todas las fases del proyecto, subrayando que la administración actuó con total transparencia y conforme a la normativa vigente. Pazos sostuvo que “no tenemos nada que temer” y trasladó el debate a la oposición, exigiendo que expliquen por qué ahora rechazan un proyecto que anteriormente contaba con consenso para su protección.

Por otra parte, la viceportavoz del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), Elena Espinosa, recordó que los socialistas fueron los primeros en pedir una comisión de investigación sobre el proceso vinculado a Altri, aunque no lograron formalizar la solicitud debido a la falta de diputados necesarios para cumplir el reglamento parlamentario. Según detalló Europa Press, Espinosa reivindicó la necesidad de investigar todas las fases del proyecto Altri, desde los primeros trámites hasta la decisión de archivar finalmente la iniciativa de la planta en Palas de Rei. En su intervención, insistió en la exigencia de “responsabilidades” por parte de los organismos implicados.

En el contexto del debate, Europa Press informó que el BNG también solicitó la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que explicara públicamente la decisión de modificar el estatus de protección de la zona de amortiguación de la Serra do Careón, requerimiento que fue rechazado por el PP. Pese a este veto, los nacionalistas han confirmado que presentarán una interpelación al Ejecutivo autonómico en el próximo pleno para que aclare “cómo se tomó la decisión ilegal de desproteger” el espacio y si esta decisión favoreció a la compañía portuguesa Altri.

El debate previsto para los días 10 y 11 de marzo se adelantó como uno de los puntos centrales de la sesión parlamentaria. Europa Press informó que la propuesta de comisión de investigación se situará en el primer lugar del orden del día, en un ambiente marcado por la confrontación entre las demandas de esclarecimiento de la oposición y la negativa de la mayoría parlamentaria popular a activar nuevas indagaciones. La discusión sobre la transparencia, la legalidad de las actuaciones administrativas y la gestión del territorio de la Serra do Careón plantea interrogantes sobre los procedimientos impulsados por la Xunta y sus vínculos con intereses empresariales, según han expresado tanto el BNG como el PSdeG.

El proyecto de Altri, que la multinacional portuguesa planteaba instalar en Palas de Rei, fue objeto de debate político y social a raíz de las posibles repercusiones ambientales y los procedimientos administrativos seguidos para facilitar su desarrollo. El fallo del TSXG que impugnó la modificación urbanística cuestionó directamente la justificación técnica de la desprotección y su encaje en la normativa vigente. Según recopiló Europa Press, los argumentos judiciales han reactivado la demanda de mayor fiscalización pública y parlamentaria sobre el proceso y sus responsables.

La controversia en torno a la actuación del gobierno autonómico respecto al proyecto de Altri y la gestión de la protección territorial en la Serra do Careón se sitúa ahora en el primer plano de la agenda política gallega, con los grupos parlamentarios inmersos en una pugna sobre la necesidad y alcance de la investigación. Europa Press registró que el debate irá acompañado de distintas iniciativas de control e interpelaciones sobre las decisiones clave del expediente administrativo y las relaciones institucionales y empresariales que las rodearon.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistió a la comisión del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', donde abordó cuestiones relacionadas con la tecnológica china Huawei, tras reconocer que mantuvo conversaciones con el empresario Miguel Duch en torno a esta compañía. Según informó el medio, ante las preguntas del parlamentario del Partido Popular (PP), Fernando Martínez-Maillo, Rodríguez Zapatero optó por no responder a si recibió pagos, directos o indirectos, por parte de Huawei, argumentando su "derecho a la intimidad" y remitiéndose a su vida privada para eludir ese asunto.

Durante la sesión, Martínez-Maillo consultó a Zapatero específicamente sobre una posible relación profesional con Huawei y mencionó que la empresa había contratado tanto a su jefe de seguridad como a la firma vinculada a su familia. De acuerdo con la información publicada, Zapatero matizó esta afirmación y expresó que esos trabajos fueron de "escasa relevancia", rechazando la idea de una implicación significativa. No obstante, Martínez-Maillo insistió, señalando que el nombre de la empresa familiar figuraba en la página web de Huawei en lo que describió como una acción publicitaria destacada, sugiriendo de nuevo una colaboración profesional.

Tal como detalló el medio, ante la pregunta directa sobre si tuvo algún vínculo profesional con Huawei, el expresidente negó implicación en las actividades de la tecnológica más allá de reconocer reuniones con Miguel Duch, empresario con intereses en el sector. Rodríguez Zapatero sostuvo que esas conversaciones no eran pertinentes en el contexto de la comisión de investigación, por lo que declinó proporcionar más detalles acerca del contenido o el alcance de sus contactos con Duch o la compañía china Huawei.

El senador Martínez-Maillo planteó preocupación sobre la seguridad nacional al recordar que Huawei resultó adjudicataria de un contrato relacionado con escuchas telefónicas a nivel nacional. Además, alertó que tanto la Unión Europea como Estados Unidos clasifican a Huawei como una empresa de riesgo bajo la óptica de la seguridad. Según consignó el mismo medio, el parlamentario del PP vinculó estos datos al contexto de la comparecencia e interrogó nuevamente a Zapatero sobre su posible participación en actividades ligadas a la compañía.

Durante su intervención, Zapatero mantuvo la postura de acogerse a su esfera privada y no profundizó en su vínculo con los actores mencionados, reafirmando solo que su contacto con Miguel Duch se limitó a conversaciones puntuales en torno a la empresa y evitó detallar cualquier contraprestación o relación contractual. El medio indicó que la comisión forma parte de las investigaciones más amplias que buscan esclarecer la relación de diferentes actores políticos y empresariales con la tecnológica y sus adjudicaciones recientes.

A lo largo del intercambio en el Senado, la atención se centró en la transparencia y posibles conflictos de interés relacionados con la participación de antiguos cargos políticos en corporaciones multinacionales como Huawei. Según reportó la fuente, el enfoque del interrogatorio resaltó tanto los aspectos éticos como los riesgos de seguridad asociados, mientras el expresidente reiteró el carácter confidencial de sus relaciones privadas y la ausencia de implicaciones legales o contractuales derivadas de las cuestiones planteadas en la comisión.

La solicitud para que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero detalle bienes e inmuebles en China y Venezuela durante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’ fue calificada por el propio Zapatero como “completamente ilegal” y, según sus declaraciones, constituye una “investigación prospectiva que ni siquiera un juez podría hacer”. Según informó Europa Press, el exjefe del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional por las preguntas que considera “incriminatorias” durante su comparecencia en la comisión, aludiendo a la protección que la Constitución otorga a los derechos fundamentales.

Zapatero compareció este lunes en la comisión del Senado que indaga sobre la gestión de contratos públicos durante el estado de alarma en la pandemia, y denunció irregularidades en la convocatoria a su testimonio. De acuerdo con Europa Press, sostuvo que la citación se tramitó por “urgencia” y sin especificar claramente la motivación, algo que considera contrario a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. En su intervención inicial, subrayó que acudía al Senado cumpliendo “un deber constitucional” y para “decir la verdad”, aunque precisó que no ostenta responsabilidad pública alguna desde hace 14 años, por lo que consideró improcedente exigirle rendición de cuentas en el marco actual.

El medio Europa Press detalló que Zapatero retomó una sentencia anterior del Tribunal Constitucional que, en su criterio, pone límites claros a la actividad de las comisiones de investigación parlamentarias, específicamente para proteger la presunción de inocencia extraprocesal. Según el exmandatario, esta doctrina restringe el alcance de las preguntas y los interrogatorios en las comisiones y confiere protección a quienes comparecen, después de que, en un caso anterior, el Alto Tribunal anulara preguntas por ser “mínimamente incriminatorias”.

Durante su exposición, Zapatero hizo hincapié en la diferencia entre los procedimientos judiciales, donde la defensa está garantizada por la presencia de abogados y la formalidad del proceso, y la dinámica de las comisiones, donde los comparecientes carecen de esas salvaguardas. Alertó, según recogió Europa Press, que no excluye recurrir a instrumentos constitucionales de defensa, como el amparo ante el Tribunal Constitucional, si durante su comparecencia considera vulnerados sus derechos por la formulación de preguntas con potencial incriminatorio.

Europa Press consignó que el expresidente expresó también su preocupación por el clima político actual, marcado por lo que define como una fuerte polarización y una merma en el respeto a los procedimientos democráticos. Subrayó los riesgos de dar por válida la primera información publicada por los medios de comunicación o recurrir al insulto, la calumnia y la difamación, con una referencia indirecta al Partido Popular, aunque aclaró que su experiencia le permite afrontar estas situaciones. “Y ya no lo digo por mí, que tengo ya la piel curtida”, puntualizó Zapatero, según el medio.

El expresidente agregó que, en su etapa al frente del Gobierno, buscó ser respetuoso con las normas del sistema democrático, insistiendo en que la verdadera calidad democrática se pone a prueba tanto en el poder como en la oposición. Defendió que la estrategia de desacreditar al adversario, en especial cuando se trata de personas que, según dijo, han servido al país, resulta ineficaz. De acuerdo con Europa Press, instó a la bancada popular a iniciar una reflexión que permita revertir la actual senda de polarización política.

Relató también que ha procurado mantener el respeto hacia los expresidentes y dirigentes del principal partido opositor, argumentando que tal comportamiento es necesario para el correcto funcionamiento democrático. La petición de información sobre bienes en el extranjero, según informó Europa Press, fue calificada de “lista fake” por Zapatero, quien insistió en la ilegalidad de este requerimiento en el contexto de una comisión de investigación parlamentaria.

A lo largo de su comparecencia, el exmandatario reiteró la necesidad de respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales, defendiendo la vigencia de la doctrina constitucional que actúa como límite para las investigaciones políticas. Según Europa Press, en caso de comprobarse un exceso, no descartó emplear los recursos jurisdiccionales disponibles para proteger su derecho a la presunción de inocencia y evitar lo que considera una investigación con motivaciones arbitrarias por parte de la comisión del Senado.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que solo había compartido con el presidente Pedro Sánchez sus impresiones sobre la propia comisión parlamentaria y que en ningún momento conversó con él u otros miembros del Ejecutivo acerca del rescate de Plus Ultra. Según informó el medio, Zapatero sostuvo que la información que lo vinculaba a reuniones relativas a la aerolínea carecía de fundamento y negó categóricamente cualquier implicación o relación con el asunto bajo análisis.

De acuerdo con la cobertura de los hechos difundida por la prensa, el expresidente del Gobierno rechazó de forma reiterada cualquier tipo de relación con la compañía Plus Ultra y explicó que "no he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra". Zapatero compareció ante la comisión a raíz del 'caso Koldo', que investiga una serie de gestiones y presuntas irregularidades, y enfrentó las preguntas formuladas por representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) sobre una posible intervención suya en el proceso de rescate de la aerolínea.

Tal como publicó la fuente original, Zapatero refutó las versiones que lo ubicaban en reuniones con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otras autoridades públicas para tratar el rescate de Plus Ultra. Explicó que el propio Ábalos ya había desmentido tales encuentros, y añadió que únicamente lo citó en calidad de ministro después de concretarse el rescate. Zapatero también mencionó que Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, había desmentido cualquier tipo de reunión para tratar este caso. Según informó el medio, el expresidente subrayó que en ningún momento habló con alguna autoridad pública ni con empleados públicos sobre el rescate de la aerolínea.

De acuerdo con los detalles recogidos por la prensa, Zapatero fue preguntado por su posible conocimiento o relación con el presidente de Plus Ultra. Respondió que, dada su trayectoria pública, podía haberlo saludado en algún momento, del mismo modo que suele encontrar y saludar a miles de personas en distintos actos, pero aclaró que no mantuvo comunicación ni reunión alguna con él. En respuesta a los cuestionamientos, reiteró la inexistencia de cualquier tipo de vínculo o gestión relacionada con Plus Ultra, y sostuvo que las informaciones que le atribuían ese papel eran "falsedades".

El medio señaló que durante sus intervenciones en la comisión del Senado, el exlíder socialista intentó precisar que ninguna persona le solicitó hacer gestiones a favor de Plus Ultra. Insistió en que las versiones sobre su supuesta actuación como facilitador del rescate no se corresponden con los hechos reales y negó haber tenido algún tipo de interacción con representantes del Ejecutivo en el contexto de la decisión sobre la ayuda a la aerolínea.

Estas declaraciones forman parte del proceso de aclaración de responsabilidades dentro de la comisión de investigación en el Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’, en el cual se busca dilucidar posibles irregularidades en la gestión de ayudas públicas durante la pandemia, así como el papel de distintos actores políticos en la toma de decisiones relacionadas con empresas beneficiadas, como Plus Ultra. La intervención de Zapatero quedó centrada en la negación de cualquier acto de influencia o interlocución relevante respecto al rescate de la compañía, aportando su testimonio a las diligencias parlamentarias que continúan desarrollándose en el Senado.

Durante su intervención en la comisión del Senado que estudia el llamado 'caso Koldo', el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, planteó que la información publicada tres días después de la detención de Julio Martínez Martínez, socio mayoritario de la empresa Análisis Relevante vinculada al 'caso Plus Ultra', representa una versión que juzgó como “absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa”, en referencia directa a las noticias sobre un presunto “chivatazo”. Tal como reportó el medio, Zapatero manifestó su desacuerdo con el relato que lo relaciona con una advertencia previa a la detención del empresario investigado, al calificar tales acusaciones como un “burdo montaje”.

Según publicó la fuente, Rodríguez Zapatero desmintió rotundamente haber alertado a Martínez Martínez antes de su detención. El ex jefe del Ejecutivo señaló que el 8 de diciembre—tres días previos al arresto—se encontraba realizando su rutina habitual de ejercicio junto a Martínez Martínez, “en la zona de siempre”. Zapatero detalló las circunstancias precisas del encuentro, asegurando que aquella jornada corrieron juntos como solían hacerlo y enfatizó que no recibió ningún documento del empresario ni utilizó dispositivos móviles de prepago. Ironizó sobre la imputación de supuestas complicidades, aclarando datos como el modelo de zapatillas que llevaba y la distancia recorrida en esa sesión deportiva.

El ex presidente expresó que, a su entender, la información filtrada fue un montaje dirigido a provocar la impresión de que mantenía una relación oculta con Martínez Martínez relacionada con los hechos bajo investigación. Zapatero subrayó que ni él ni el empresario tramaron acción alguna vinculada a la causa y lamentó que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considerase como cierta la noticia. Como consignó la fuente, la publicación de ese relato desencadenó que Feijóo solicitase su comparecencia ante la comisión del Senado, un gesto que, según Zapatero, legitima una hipótesis “falsa” sobre el supuesto “chivatazo”.

De acuerdo con el relato recogido por el medio, el ex presidente defendió que otorgar credibilidad a estas sospechas implicaría, indirectamente, acusar a funcionarios del proceso judicial: “quien dé por bueno eso y lo asuma como simple insinuación, estará acusando a policías, fiscales y jueces de haber dado alguna información del proceso de investigación que acabó con una detención”. En sus declaraciones ante la comisión y respondiendo a preguntas de la diputada de UPN, María Mar Caballero, Zapatero insistió en que toda la trama atribuida a sus vínculos con Martínez Martínez carece de fundamento.

Zapatero sostuvo que el contexto en el que surgió la información formó parte de una estrategia política para desprestigiarlo y señaló sus reservas sobre la actitud con la que algunos responsables políticos han manejado la hipótesis de la filtración. Denunció que su citación ante el Senado se originó en lo que considera una “enorme falsedad”. “La democracia tiene unas reglas”, advirtió Zapatero, remarcando las posibles consecuencias institucionales de sostener versiones sin respaldo judicial o pruebas documentadas, tal y como reportó el medio.

El caso Plus Ultra y las actividades bajo investigación en torno a Análisis Relevante continúan en el ámbito judicial, mientras las declaraciones de las distintas partes generan debate político. Zapatero reiteró durante la sesión que no hay elementos reales que justifiquen la versión que lo vincula a un aviso previo a la detención del empresario, e hizo hincapié en la necesidad de ceñirse a los hechos verificables y preservar la integridad de los procedimientos judiciales y legislativos, según detalló la fuente.

Durante un acto de campaña en Valladolid, Isabel Díaz Ayuso planteó que un total de 200.000 euros, a razón de 3.000 euros al mes, fueron facturados por familiares del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la aerolínea Plus Ultra. Al exponer este dato, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular de Madrid puso en cuestión la justificación del rescate de esta empresa durante la pandemia y preguntó si no existían otras compañías que realmente necesitasen ese apoyo financiero en el contexto del cierre de actividades que impactó a la clase media en España. Según informó la agencia Europa Press, Ayuso centró su intervención en señalar conexiones económicas entre Plus Ultra y personas del entorno de Zapatero.

El medio Europa Press detalló que las declaraciones de Ayuso se produjeron en el marco de un mitin del Partido Popular con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Desde el escenario, señaló: “¿No había otra empresa en España que necesitara de verdad ser rescatada en mitad de la pandemia cuando hundieron a la clase media con sus cierres? Si me parece bien que vayan rescatando empresas, pero ¿por qué esta? ¿Por qué esta que es la que va y vuelve todo el tiempo a República Dominicana?”. Con estas palabras, Ayuso sugirió la existencia de motivaciones particulares para que Plus Ultra recibiera el respaldo económico, subrayando la relación de familiares de Zapatero con facturación a la entidad aeronáutica.

Según publicó Europa Press, la crítica de Ayuso no se limitó a la cuestión del rescate empresarial durante la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid también aludió a la relación del expresidente con gobiernos latinoamericanos, especialmente con las autoridades de Venezuela. En una referencia explícita, mencionó que “más de 8 millones de personas han tenido que protagonizar un éxodo dejando su tierra atrás”, mientras los dirigentes venezolanos recibían “visitas para recibir dinero público, para dar clases y para hacer informes que luego cobraban las hijas”. De acuerdo con Europa Press, este comentario vinculó tanto la salida masiva de venezolanos como la relación económica de aliados políticos en ese país y la facturación por servicios presuntamente ligados a familiares directos del expresidente español.

Añadió, según recogió Europa Press, que República Dominicana funcionaba como “subsede” para “todos los exdiputados, exministros, Pedro, Begoña…”. En sus palabras, Ayuso afirmó: “Todos van, vuelven, viajes de Plus Ultra, viajes de los otros, no paran de ir para allí y para allá… Pretendían enterrar ahí el futuro de sus pelotazos, aunque ya como las cosas se van sabiendo, pues habrá que ir a otro sitio a engañar”. De esta manera, Díaz Ayuso hizo alusión a recurrentes movimientos de exdirigentes y allegados, empleando tanto los vuelos de la compañía cuestionada como otras vías para desplazamientos frecuentes entre España y República Dominicana.

En su intervención, la líder autonómica señaló directamente la actuación de Zapatero en política exterior, planteando que el expresidente “se lleva bien con todas” las dictaduras del mundo, destacando que “qué casualidad son todas de izquierdas”. Estas afirmaciones, replicadas por Europa Press, formaron parte del discurso más amplio de Díaz Ayuso sobre las relaciones internacionales del exjefe del Ejecutivo español y el entorno político en América Latina.

El debate en torno al rescate de Plus Ultra ha alcanzado instancias parlamentarias. Según reportó Europa Press, este lunes el Partido Popular citó a Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación sobre el denominado “caso Koldo”, donde se le exigirán explicaciones tanto por su relación con Plus Ultra como por los vínculos con las autoridades venezolanas. La estrategia del PP pasa por examinar la legalidad, pertinencia y justificación del rescate a la aerolínea, considerando como aspectos centrales la supuesta facturación a familiares y los movimientos económicos que, según Ayuso y otros representantes de la formación, rodearon la operación durante el periodo de mayor tensión socioeconómica derivada de la pandemia.

La exposición de Ayuso, de acuerdo con Europa Press, integró elementos de crítica directa a la gestión del Gobierno central y al papel del expresidente en dinámicas políticas y comerciales en América Latina. Situó como tema central la transparencia y la selección de empresas rescatadas durante la crisis sanitaria, así como el papel de los antiguos mandatarios en actividades económicas que, según sus planteamientos, merecen una revisión detallada en instancias parlamentarias y ante la opinión pública.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “presionó a Sánchez para que este aprobara el rescate de Plus Ultra” y describió un entramado de supuestas relaciones financieras y laborales que involucran a empresarios allegados al exmandatario. García vinculó a un empresario, identificado como “Julito, el amigo y pagador de Zapatero”, quien presuntamente habría recibido una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y luego, a cambio, habría pagado a Zapatero por asesorías consideradas por la senadora como falsas. Según detalló la portavoz, todas estas acciones formarían parte “del círculo vicioso de la corrupción”, haciendo referencia a supuestas irregularidades en las cuales, sostuvo, el exjefe del Ejecutivo “se hizo de oro con el dinero de los impuestos de los españoles y con la narcodictadura de Maduro”.

Según publicó el medio, el Partido Popular ha anunciado una ofensiva para “acorralar” al expresidente Zapatero en el contexto de la comisión de investigación del caso Koldo, dentro del Senado español. Este movimiento parlamentario tiene por objetivo, según las declaraciones de Alicia García citadas por la prensa, que se aclare el patrimonio, la situación fiscal y la red de contactos internacionales del exmandatario, especialmente los relativos a Venezuela.

De acuerdo con la información dada a los medios, el PP ha reclamado la presentación de declaraciones de IRPF correspondientes total a los años desde que Rodríguez Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno, así como la declaración de sus bienes y propiedades, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Igualmente, el grupo político pide copias de todas las comunicaciones que el expresidente haya sostenido con autoridades venezolanas en el marco del debate por el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió fondos públicos en una polémica operación bajo investigación.

En palabras de García, Zapatero, citado para comparecer en la comisión investigadora del Senado a las 9:30 del lunes, “tiene dos opciones: o decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un ‘no me consta’, evasivas, silencio y escapar de la verdad”. En sus declaraciones recogidas por la fuente, la portavoz destacó que el expresidente se encuentra “de sospechas de corrupción hasta las cejas” y remarcó la obligación de que el compareciente “venga mañana a dar la cara al Senado”.

Según recogió el medio, la senadora insistió en que no deberían existir privilegios para exjefes de Estado, alegando que “Zapatero pensaba que por ser el presidente del Gobierno en la sombra se podría ir de rositas, pero se equivoca”. García expresó que el Partido Popular buscará transparencia absoluta y que si el expresidente no tiene nada que ocultar, lo demuestre, y si existe alguna irregularidad, que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de ello.

El pedido de documentación y explicaciones forma parte de la labor de la mencionada comisión parlamentaria, que en su investigación sobre las dimensiones y ramificaciones del caso Koldo aborda cuestiones que involucran a empresarios, fondos públicos y conexiones internacionales. La comparecencia de Rodríguez Zapatero constituye una etapa relevante en la búsqueda de esclarecimientos en torno a esas cuestiones, según la estrategia política presentada por el Partido Popular y recogida por los medios.

En el desarrollo de la ofensiva parlamentaria, la portavoz del PP enfatizó la determinación de su partido para que se aporte información completa sobre el origen, destino y gestión de recursos relacionados con Plus Ultra y las presuntas comisiones que describió. “El PP no descansará hasta que se conozca la verdad de la corrupción sanchista y los españoles tengan el gobierno limpio y honesto que necesitan”, concluyó García en sus declaraciones difundidas por el medio y enmarcadas en el actual debate sobre la integridad en la administración pública y la transparencia en la gestión de los fondos nacionales.

Rafael Pérez, quien ejerció como secretario de Estado de Seguridad y ocupó la jefatura de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta el 28 de mayo de 2025, será convocado para comparecer ante la comisión del Senado encargada de investigar la gestión política de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana). La decisión de citarlo se vincula a la ampliación de los trabajos del organismo, tras la aceptación de diversas propuestas presentadas por el partido Vox, que han recibido el aval del Partido Popular —mayoritario en la Cámara Alta—, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la comisión de investigación del Senado adoptó esta determinación en la tarde del martes. En la misma sesión, la comisión accedió también a llamar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ambas convocatorias responden a solicitudes expresas de Vox, que impulsa la revisión y el análisis de actuaciones relacionadas con la gestión y respuestas a los efectos de la dana.

La figura de Rafael Pérez ha estado ligada al núcleo de decisiones sobre seguridad en el Ministerio del Interior desde su nombramiento como secretario de Estado, el 17 de enero de 2020. Previamente, Pérez se desempeñó como jefe de gabinete del ministro Grande-Marlaska, lo que lo situó en una posición de relevancia en la estructura administrativa durante los episodios críticos derivados de la dana. Abandonó el cargo el pasado 28 de mayo, esgrimiendo motivos personales. Su sucesora en el puesto es Aina Calvo, quien ocupa en la actualidad la secretaría de Estado de Seguridad.

Tal como publicó Europa Press, la solicitud de comparecencia de Pérez se inserta dentro de la serie de iniciativas que buscan depurar responsabilidades y esclarecer decisiones que se adoptaron durante y después de los episodios provocados por la dana en diferentes ámbitos administrativos y territoriales. El respaldo del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, ha resultado determinante para la aprobación de la propuesta promovida por Vox.

La comisión investiga distintos aspectos vinculados a la gestión de la dana, analizando tanto la toma de decisiones políticas como administrativas, así como la coordinación entre organismos implicados. Con la citación de Rafael Pérez y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo refuerza el objetivo de incorporar testimonios clave para entender la cadena de mando y la respuesta institucional ante la emergencia.

Europa Press detalló que estas comparecencias forman parte de una fase de ampliación de los trabajos de la comisión, que prevé abordar exhaustivamente responsabilidades y actuaciones de las distintas autoridades y entidades afectadas por la dana. La comparecencia de Rafael Pérez se considerará especialmente relevante, dado el papel que desempeñó en la estructura de seguridad del Estado en el momento de los hechos investigados.

El cronograma de la comisión y las fechas definitivas para estas comparecencias serán definidos en las próximas sesiones, de acuerdo a la metodología habitual de la Cámara Alta y según lo detallado por las mismas fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press. La investigación en el Senado continúa reuniendo documentos, testimonios y análisis para determinar eventuales deficiencias o aciertos en la gestión política y técnica durante el episodio meteorológico de la dana.

Durante declaraciones recientes acerca de las movilizaciones estudiantiles en Irán, la vocera oficial reconoció que muchos jóvenes arrastran resentimientos provocados por hechos que consideran agravios y que esta circunstancia ha generado descontento en los campus universitarios. En ese contexto, el Gobierno iraní abordó la situación por primera vez desde que se iniciaron, el pasado fin de semana, una serie de manifestaciones en numerosas universidades del país. Según informó la cadena de televisión estatal IRIB, las autoridades recalcaron la importancia de preservar los “asuntos sagrados” y de respetar la bandera nacional, marcando estos elementos como “líneas rojas” que, enfatizaron, no deben sobrepasarse durante las protestas.

“El derecho de los estudiantes a manifestar está garantizado”, sostuvo la portavoz del Gobierno, Fatemé Mohajerani, citada por IRIB, aunque matizó que corresponde a cada joven “entender cuáles son las líneas rojas”. De acuerdo con lo consignado por este medio, Mohajerani consideró comprensible que exista enojo en el ámbito universitario, dado que “los estudiantes tienen heridas en el corazón y han presenciado escenas que pueden enfurecerles”. Sin embargo, señaló que ni siquiera en contextos de indignación se justifica vulnerar símbolos nacionales, pues “los asuntos sagrados y la bandera son líneas rojas que hay que proteger”, aseveró.

La portavoz también puso el foco sobre factores exógenos que, según el Ejecutivo, inciden en el clima de agitación social. “Los vendedores de sueños y los extranjeros son dos pares de cuchillas que quieren que Irán esté herido y débil”, advirtió Mohajerani durante su comparecencia, de acuerdo con IRIB. Las palabras de la funcionaria remiten a la perspectiva oficial, que habitualmente atribuye a intereses foráneos –especialmente occidentales– intentos de desestabilización interna.

Las manifestaciones estudiantiles comenzaron el sábado, en coincidencia con la apertura de un nuevo ciclo universitario, y se han extendido por diversos campus, en algunos casos con la participación de sectores opuestos al Gobierno. Según publicó IRIB, durante las protestas opositoras se corearon eslóganes que recordaron a los empleados en movilizaciones contra la crisis económica que afectaron al país entre diciembre y enero, un periodo reconocido por el alto número de víctimas mortales.

Respecto a esos disturbios, el Ejecutivo iraní anunció recientemente la conformación de una comisión que se dedicará a investigar los hechos y el elevado saldo trágico resultante de aquellos episodios. Según detalló IRIB, fuentes oficiales cifran en más de 3.000 los fallecidos durante aquellas protestas, mientras que una organización no gubernamental radicada en Estados Unidos sitúa el número de víctimas por encima de los 7.000.

Las autoridades iraníes han reiterado su posición ante la comunidad internacional al responsabilizar a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel de haber intentado infiltrar las protestas con el objetivo de provocar ataques y así aumentar la cantidad de víctimas. Según reportó la televisión estatal, el Gobierno sostiene que estas acciones buscaban brindar argumentos al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, para emprender posibles ofensivas militares contra Irán.

El tratamiento de la actual ola de protestas ocurre mientras en distintos campus universitarios se evidencian posturas encontradas: algunos grupos han manifestado respaldo al Gobierno, en tanto que otros demandan respuestas ante la crisis económica y el panorama político vigente. Según refirió IRIB, las autoridades han centrado sus mensajes tanto en el respeto al derecho a manifestar como en las advertencias relativas al mantenimiento del orden y la protección de símbolos nacionales.

En sus declaraciones, Mohajerani manifestó que la superación de la crisis requiere recurrir a la racionalidad, a la confianza colectiva y a la aceptación de errores. El medio IRIB recogió su llamado a dejar de lado la violencia y a que la sociedad cierre filas frente a las amenazas externas, sin dejar de reconocer el impacto emocional y las inquietudes presentes entre los jóvenes universitarios.

El Congreso reactivó la investigación parlamentaria sobre los atentados yihadistas que ocurrieron en Cataluña en 2017, después de una pausa de ocho meses sin que testigos hubieran comparecido desde junio de 2025. Según informó Europa Press, la jornada comenzó con el testimonio de un agente de la Policía Nacional identificado con el número profesional 77619, quien formó parte del equipo desplazado a Marruecos para obtener muestras de ADN de familiares de Abdelbaky Es Satty. Es Satty fue considerado el organizador principal de los ataques y falleció en la explosión en un chalet de Alcanar, en Tarragona, lo que motivó la necesidad de confirmar su identificación.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los agentes españoles enviados a Marruecos informaron en el juicio que su papel resultó limitado, ya que las gestiones europeas se apoyaron por completo en las autoridades policiales marroquíes. La obtención del material genético tenía como objetivo facilitar la identificación post-mortem de Es Satty, pieza clave en la investigación de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

Además, en esta jornada se esperaba la participación de Adrián Fernández Ramírez, un joven que había experimentado un proceso de conversión al islamismo y con quien Es Satty trató de establecer contacto ideológico. Europa Press detalló que Fernández Ramírez, quien ya había comparecido durante el juicio de los atentados, relató encuentros con Es Satty en Castellón. Durante su testimonio anterior, reconoció conversaciones de carácter yihadista con el imán de Ripoll, pero negó haber recibido material audiovisual del Daesh o haber sido instado a cometer actos violentos. Sin embargo, por motivos de agenda, su testimonio ante la comisión parlamentaria ha debido posponerse y será reprogramado en próximas fechas, según reportó Europa Press.

La actividad de la comisión estuvo detenida desde la última comparecencia, que tuvo lugar el 26 de junio del año anterior. Tras el receso estival, la comisión no se volvió a reunir, en parte porque Junts, una de las fuerzas políticas más activas en la promoción de la investigación, se distanció del Gobierno y dejó de solicitar nuevas sesiones. Según consignó Europa Press, este estancamiento llevó a que antes de Navidad el presidente de la comisión, Txema Guijarro, diputado de Sumar, realizara consultas con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En esas conversaciones se subrayó la necesidad de que la institución mantuviera su compromiso con las víctimas y se debatiera si seguirían convocando a testigos o si era oportuno iniciar la redacción de conclusiones.

La comisión debe ahora determinar si procederá a llamar a responsables de la Policía y la Guardia Civil aún pendientes de declarar, como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, también permanece abierta la posibilidad de convocar a altos cargos políticos que todavía no comparecieron ante la comisión de investigación. Entre estos figuran Carles Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El proceso de comparecencias busca esclarecer la cadena de responsabilidades y los fallos en la prevención y gestión de los atentados, así como analizar el papel de las distintas fuerzas de seguridad e instancias políticas involucradas en la respuesta institucional. La investigación parlamentaria se constituyó por exigencia de Junts al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante las negociaciones de inicio de legislatura, lo que dotó al órgano de una relevancia política acentuada.

Según publicó Europa Press, la posibilidad de llamar a comparecer tanto a responsables policiales como a antiguos mandatarios aparece entre los principales puntos de discusión de la comisión en los próximos días, con la expectativa de que nuevas declaraciones puedan aportar elementos inéditos para entender la actuación de las instituciones durante la investigación y gestión de los sucesos del 17 de agosto de 2017. La comisión enfrenta el reto de equilibrar el interés público, la transparencia en las pesquisas sobre la matanza de Barcelona y Cambrils, y la sensibilidad de las víctimas. La jornada de reapertura ha centrado la atención política y mediática en la reactivación del proceso parlamentario que, hasta ahora, persistía en estado de pausa.

La tenencia de 17,7 millones de acciones de Azam Baki en la empresa Velocity Capital Partner Bhd., con un valor aproximado de 180.000 euros según un informe anual firmado por la firma de servicios financieros a la Comisión de Sociedades de Malasia, desató un intenso escrutinio público y propició la citación del máximo responsable de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) ante una comisión especial. De acuerdo con información confirmada por el Gobierno malasio el domingo y reportada por varios medios, esta comparecencia responde al creciente malestar social y a una serie de denuncias sobre presunto abuso de poder y favoritismo dentro del organismo anticorrupción.

Tal como consignó Bloomberg News, las regulaciones en Malasia permiten a los funcionarios públicos adquirir acciones en empresas locales siempre que no sobrepasen el 5% del capital desembolsado o los 21.700 euros, optando por el menor de ambos valores. Igualmente, las normas les obligan a declarar sus activos como mínimo una vez cada cinco años, así como en los momentos de compraventa de participaciones. El caso de Azam ha generado inquietudes respecto a la observancia de estos límites y ha servido como detonante para un debate más amplio tanto en los medios como en la sociedad civil malasia.

El secretario jefe del Gobierno, Azri Abú Bakar, confirmó la citación de Azam y explicó que la comisión especial fue creada exclusivamente para recabar explicaciones directas del comisionado jefe, según detalló el propio Gobierno. La revelación sobre la magnitud de su participación accionarial llevó a protestas en la capital y estimuló a organizaciones civiles a reclamar la creación de una Comisión Real de Investigación. Estas agrupaciones demandan una pesquisa independiente sobre las acusaciones que implican posible abuso de poder, enriquecimiento ilícito y extorsión regulatoria, enfocando las solicitudes tanto en la MACC como en su director.

La presión pública aumentó tras la publicación de Bloomberg News, que también señaló posibles acuerdos entre funcionarios de la MACC y empresarios interesados en la adquisición de compañías. A raíz de estas imputaciones, el propio Azam Baki rechazó haber cometido irregularidades e indicó que la información difundida por Bloomberg tiene un carácter “tendencioso y engañoso”.

En respuesta a las acusaciones y a las protestas, el Comité de Control de Activos de la MACC anunció que sus investigaciones se ajustan totalmente al marco legal y negó que influyan intereses particulares en sus procesos. En un comunicado emitido por Shamsul, el comité aseguró que el examen de los hechos será “exhaustivo, transparente, independiente y profesional”. El comunicado también precisó que las conclusiones y recomendaciones que se deriven de la investigación se enviarán a las autoridades pertinentes. Esta remisión de resultados y sugerencias se realizará aun si se identifican infracciones a las normativas legales o penales vigentes, siguiendo el procedimiento institucional que marca la regulación.

Dentro del contexto de las regulaciones malayas, la controversia por la participación accionarial supera los procedimientos internos de la MACC y apunta hacia asuntos estructurales relacionados con la integridad de los funcionarios públicos. Las manifestaciones y la presión ejercida por sectores de la sociedad civil reflejan el aumento de la vigilancia ciudadana sobre el uso de poder y la transparencia institucional en el país. La investigación, de acuerdo con las fuentes consultadas y los comunicados oficiales, enfrenta el reto de responder ante las obligaciones legales mientras observa un escrutinio público sin precedentes en los últimos años en Malasia.

La presión sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se intensificará el lunes 2 de marzo, fecha en la que deberá responder ante la comisión de investigación del Senado sobre sus supuestos vínculos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su declaración tendrá lugar mientras comienza la campaña electoral de Castilla y León, según informó la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, quien anunció oficialmente la citación luego de la reunión de la Mesa de la comisión, tal como publicó el medio que reportó la convocatoria.

De acuerdo con la información del medio, el Partido Popular ha justificado la citación de Zapatero por considerar que deberá aclarar su participación en lo que denominan un "dudoso rescate" de Plus Ultra. Alicia García sostuvo en declaraciones difundidas por el PP que el expresidente enfrentará una "obligación legal" de aportar información veraz y responder no solo sobre los posibles beneficios obtenidos, sino también sobre las relaciones políticas y económicas que la oposición califica de controvertidas, especialmente en lo referido a sus lazos con el Gobierno de Venezuela.

La agenda de comparecencias acordada por la comisión también incorporó a otros actores relevantes dentro del caso. Alicia García adelantó que antes de la intervención de Zapatero, el miércoles 25 de febrero comparecerá Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. El jueves 26 de febrero será el turno de Julio Martínez Martínez, descrito por la portavoz como "posible testaferro" del expresidente. Según detalló el medio, estos testimonios buscan esclarecer los movimientos de recursos y las relaciones financieras creadas alrededor de las operaciones de la aerolínea y su rescate.

Cabe recordar que el Partido Popular incluyó a Zapatero dentro de la lista de comparecientes propuestos semanas atrás, aunque hasta este jueves no se había precisado la fecha para su intervención. Según consignó el medio, la Mesa de la comisión, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, fue responsable de fijar el calendario y formalizar la citación oficial para el 2 de marzo. Esta potestad de decidir los tiempos y el desarrollo de las sesiones ha facilitado que los populares orienten el proceso de interrogatorios con base en sus líneas de investigación e incógnitas políticas.

El anuncio se realizó justamente cuando arrancan los preparativos de la campaña electoral en Castilla y León, región donde se celebrarán comicios el 15 de marzo. El medio detalló que este hecho agrega una dimensión política significativa a la comparecencia de Zapatero, dada la coincidencia de fechas con el inicio del período de mayor visibilidad para las fuerzas políticas en la comunidad.

Entre las cuestiones que la oposición pretende aclarar durante la sesión de la próxima semana figuran, según publicó el medio, los supuestos favores otorgados a la aerolínea Plus Ultra, un tema que ya ha suscitado debate político y mediático por el destino de los fondos públicos empleados en el proceso. Asimismo, la comisión indagará sobre las conexiones entre figuras políticas y empresariales y las eventuales consecuencias que pudieron derivarse para miembros del actual Gobierno y el PSOE, en palabras de la portavoz del PP.

Alicia García enfatizó en sus declaraciones que "la huida de Zapatero ha llegado a su fin", frase que empleó para subrayar la expectativa de que el expresidente ofrezca explicaciones detalladas delante de los parlamentarios y ante la opinión pública. En la misma línea, el Partido Popular ha reiterado en diferentes intervenciones la necesidad de que Zapatero responda por los supuestos favores realizados y los eventuales beneficios personales o partidistas derivados del rescate de la aerolínea. El medio subrayó que el Partido Popular, al controlar la mayoría en la comisión, ha podido marcar el ritmo y el contenido de las comparecencias y centrar el foco de las investigaciones según sus intereses parlamentarios.

Además de la citación de Zapatero, el calendario establecido por la comisión incluye sesiones en las que otros implicados deberán abordar las operaciones económicas y decisiones institucionales en torno a Plus Ultra. De acuerdo con el medio, estas comparecencias resultan clave para reconstruir el proceso que llevó al rescate de la empresa y determinar el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas que se investigan en la denominada comisión Koldo.

El desarrollo de la comisión y la decisión de citar a Zapatero en un momento de especial exposición pública ha generado reacciones dentro y fuera del ámbito parlamentario. Como informó el medio citado, el caso Plus Ultra continúa generando debate acerca del uso de los recursos públicos y la transparencia de los procedimientos adoptados por las instituciones en situaciones extraordinarias, así como su impacto en la reputación y el funcionamiento de las estructuras de Gobierno.

Por último, la comisión de investigación del Senado continuará evaluando los testimonios y documentos relacionados con el caso de la aerolínea, con especial atención a las declaraciones previstas de los protagonistas políticos y empresariales señalados por la oposición. Según remarcan los responsables de la comisión, la citación de Zapatero representa uno de los momentos más destacados en el actual calendario de la investigación impulsada desde la cámara alta, según reflejan las publicaciones del medio fuente.

Al término de la sesión constitutiva de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ana Beltrán, recientemente nombrada presidenta de la comisión, anunció que la nueva Mesa se reuniría de inmediato para organizar los primeros trabajos. Esta comisión, que se activó el miércoles según reportó Europa Press, quedó formalmente constituida tras un acuerdo que distribuyó los cargos clave entre los dos principales partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y definió a los portavoces y demás miembros representantes de otros grupos políticos.

De acuerdo con Europa Press, el PP, amparado por su mayoría absoluta en el Senado, obtuvo la presidencia de la comisión, ocupada por Ana Beltrán, así como dos de los cargos más relevantes: Miriam García será la vicepresidenta primera y Raquel González asumirá la secretaría primera. Por parte del PSOE, José Manuel Franco ha sido designado vicepresidente segundo y Inmaculada Sánchez ocupará la secretaría segunda. Las votaciones que definieron estos cargos se realizaron por asentimiento. No obstante, según detalló Europa Press, las senadoras Sara Bailac (ERC) y Dolores Etxano (PNV) intervinieron para manifestar expresamente su abstención en la designación de la Mesa.

La distribución de los portavoces también quedó resuelta tras el acuerdo. El PP propuso al senador Salvador de Foronda como portavoz, quien es vocal además en la denominada 'comisión Koldo'. Además de De Foronda, el grupo popular contará con José Manuel Balseiro, Antonio Silván, Gerardo Camps, Miguel Castellón, Mar Cotelo, Rocío Dívar, José Manuel Hernando, Antonio Luenga, Fernando Maíllo, Alejo Miranda de Larra, Melania Mur, María Patricio y Eloy Suárez Lamata, quien preside en la actualidad la comisión que investiga el caso Koldo, según reportó Europa Press.

El PSOE designó como portavoz a Alfonso Gil, que desempeña la misma función en la comisión Koldo, e integró a Amparo Marco, César Mogo, María Teresa Macías, María Fernández, Amaro Huelva y Consol Cantenys. Este reparto, según consignó Europa Press, sigue la tónica de las actuales correlaciones de fuerza en el Parlamento y mantiene la representación de los grupos mayoritarios en los puestos centrales de la comisión del Senado.

La presencia de otros grupos políticos se refleja en la designación de vocales independientes de las dos formaciones principales. Así, Sara Bailac ocupa la plaza reservada a ERC; Idurre Bideguren, la de EH Bildu; Fabián Chinea, la de la Agrupación Socialista Gomera; Dolores Etxano, la del PNV; Paloma Gómez, la de Vox; y Teresa Piqué, la de Junts. Europa Press detalló que esta relación quedó fijada tras alcanzar un acuerdo entre los representantes de los grupos y la mayor parte de las votaciones transcurrieron sin objeciones, salvo las abstenciones previamente citadas.

Durante su intervención inicial al frente de la comisión, Ana Beltrán expresó, según recogió Europa Press, su deseo de que el desarrollo de los trabajos de la comisión se produzca "con la mayor cordura posible" y "con el buen trabajo por parte de todos", además de recalcar que el ámbito parlamentario debe ser el espacio natural para el avance de esta investigación.

Según informó Europa Press, la creación de esta comisión responde a la necesidad de examinar la gestión y las decisiones adoptadas en el seno de la SEPI, un organismo público relevante para la supervisión de participaciones estatales en el ámbito industrial y empresarial. Aunque el detalle de las líneas de investigación a abordar será definido en las próximas sesiones, la constitución de la comisión, la designación de sus máximos representantes y el reparto de vocalías marcan el arranque formal de los trabajos parlamentarios en torno a la SEPI.

El medio Europa Press reportó que el procedimiento seguido este miércoles asegura la representación proporcional de los partidos con presencia en el Senado y garantiza que las minorías también cuenten con voz e información en la comisión creada para investigar al principal holding público español.

La identificación de las víctimas tras la tragedia de Adamuz implicó una serie de procedimientos meticulosos que, pese a la espera adicional para los familiares, permitieron asegurar que cada paso cumpliera con las garantías establecidas. Según informó Europa Press, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, subrayó la importancia de priorizar la precisión en estas labores, en comparación con lo ocurrido en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela en 2013, donde surgieron complicaciones por este motivo. En este contexto, la noticia principal involucra el compromiso de la Fiscalía de avanzar sin demoras injustificadas en la investigación judicial relacionada con el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido hace un mes y que provocó 46 fallecimientos y más de 120 heridos.

De acuerdo con Europa Press, Ana Tárrago expresó ante los medios en Sevilla que, aunque el proceso judicial será extenso y complejo, la Fiscalía está dedicada plenamente a evitar que las actuaciones se prolonguen innecesariamente y a garantizar el rigor en cada etapa. La fiscal superior presidió en Sevilla una reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provinciales y de Área, en la que abordó la situación de la causa judicial por el siniestro.

Tárrago detalló que la investigación cuenta con la coordinación del fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, y que el desarrollo de las diligencias sigue un ritmo continuo y exigente. Indicó que "cada día van surgiendo diligencias nuevas" y que, dada la complejidad de este tipo de investigaciones, no resulta posible comunicar públicamente cada paso que se realiza. De igual forma, Europa Press consignó que la fiscal señaló que la Fiscalía participa activamente con un total de tres fiscales en el caso: uno como titular y dos de apoyo.

Durante su comparecencia, la fiscal superior también relató su reunión reciente en Granada con la nueva titular del Juzgado de Montoro, donde reiteró la disposición y el acompañamiento de la Fiscalía para afrontar los desafíos derivados de la causa. Recordó que el abordaje de la tragedia requiere no solo la coordinación entre los órganos judiciales, sino también el apoyo técnico especializado.

Uno de los puntos destacados en las peticiones de la Fiscalía, según reportó Europa Press, se refiere a la transparencia en torno a la apertura de las cajas negras de los trenes involucrados. La Fiscalía ha solicitado informes claros sobre cómo se realizará ese procedimiento, la metodología que se empleará y las garantías legales y técnicas que lo acompañarán. En este sentido, Tárrago consideró que la intervención judicial en esta fase resulta más adecuada y pidió que se informe explícitamente sobre las garantías aportadas.

La fiscalía, además, recomendó que el órgano judicial encargado de la investigación reciba, junto con los informes que elabora la Comisión de Investigación, evaluaciones elaboradas por ingenieros especializados en infraestructuras ferroviarias. Estos peritajes independientes constituirán una base técnica adicional que aportará criterios especializados a la causa, según detalló Europa Press.

Tárrago hizo referencia a la eficacia lograda durante la identificación de los cadáveres, destacando que, a pesar del dolor que implicó una espera más larga para los familiares de las víctimas, se prefirió proceder con todos los requisitos necesarios para evitar errores en una fase crucial del proceso judicial. Explicó que este enfoque respondió al aprendizaje extraído del accidente de Santiago de Compostela, donde la ausencia de verificaciones adecuadas generó problemas en la identificación.

El proceso de investigación del accidente de Adamuz, según informó Europa Press, se caracteriza por la participación coordinada de diferentes actores judiciales y técnicos, y por la aplicación de medidas para garantizar tanto la transparencia como la eficiencia. La causa judicial se encuentra en una etapa donde los peritajes técnicos y el acceso a pruebas clave, como las cajas negras, serán determinantes para el análisis de responsabilidades y secuencia de los hechos.

El accidente, ocurrido hace un mes en la provincia de Córdoba, derivó en una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en España, con un saldo de 46 personas muertas y más de 120 heridas. La magnitud del siniestro y la multiplicidad de factores involucrados han hecho que la recopilación de pruebas, la evaluación técnica y las diligencias judiciales avancen con especial rigor y cautela.

La fiscal superior recalcó que los equipos asignados están dedicados a mantener el ritmo de las actuaciones y la coordinación entre la Fiscalía, el Juzgado y los peritos, con el objetivo de evitar demoras innecesarias y de cumplir con todas las garantías procesales requeridas.

Europa Press especificó que, en lo referente a los informes técnicos solicitados, la Fiscalía pretende incorporar a la causa una perspectiva especializada que complemente los reportes de la Comisión de Investigación Oficial. Para ello, se solicitará la intervención de ingenieros de caminos, canales y puertos que aporten conclusiones sobre las causas técnicas que pudieron contribuir al accidente.

Ana Tárrago, durante su declaración, reiteró que la Fiscalía continuará realizando un seguimiento exhaustivo de la causa. Indicó que el trabajo realizado hasta ahora refleja el compromiso de las autoridades judiciales y técnicas en dotar de la máxima transparencia y rigor todas las actuaciones que componen esta investigación, según destacó Europa Press.

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de “terroristas” infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión.

“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes”, ha dicho la portavoz del régimen iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha dicho que este organismo “está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios”.

Así, ha destacado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias ISNA que “el informe final será publicado una vez se complete el proceso, de cara a que el público esté informado y al inicio de acciones legales”, sin dar una fecha límite en la que el documento deberá salir a la luz.

Apenas unas horas antes, las autoridades habían liberado a dos destacados políticos reformistas detenidos esta semana al hilo de las protestas, según ha confirmado su abogado. “Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé han sido liberados tras presentarse la fianza”, ha dicho su abogado, Hojat Hermani, quien ha expresado además su esperanza en que la política Azar Mansuri sea igualmente liberada durante los próximos días.

El opositor Frente Reformista Iraní denunció el domingo la detención por parte de agentes de la Guardia Revolucionaria de su líder, Mansuri, así como la de Asgharzadé, jefe de su comité político, y la de Emam, su portavoz. Además, afirmó que varios miembros más fueron llamados a declarar.

La Fiscalía de Teherán acusó a los arrestados, entre los que figuraría también Hosein Karrubi --hijo del destacado opositor y antiguo candidato presidencial Mehdi Karrubi--, de “atacar la unidad nacional” y de actuar en connivencia con Estados Unidos e Israel tras las últimas movilizaciones.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han elevado los muertos a más de 7.000, según su último balance.

(Con información de Europa Prees)

De acuerdo con los datos consignados por EFE, el calendario de comparecencias comenzará el 23 de febrero a las 10:30, con la intervención inicial de la asociación Liberum, la cual abrirá el espacio ante los diputados regionales. La segunda comparecencia de la jornada estará a cargo de la asociación SOS Desaparecido, asignada a las 11:45, seguida por la exposición de la Asociación de Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sur, prevista para las 13:00. En la sesión de la tarde, desde las 16:00, participará la agrupación Tots a una Veu, tras la cual la Asociación de Vecinos Ecos del Agua de Benetússer presentará su informe.

El desarrollo de las audiencias continúa el 24 de febrero, manteniendo una estructura análoga. La mañana de ese día inicia con la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O a las 10:30, en tanto que la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre dispondrá del turno de las 11:45. El colectivo Solo Pueblo Salva Pueblo intervendrá posteriormente, a las 13:00. Ya por la tarde, a las 16:00, se anuncia la participación de la asociación Unión del Pueblo 29, y el cierre del proceso recae en la intervención individual de Monrabal Ibáñez.

Tal como especificó EFE, cada participante —sea asociación o ciudadano particular— dispondrá de un máximo de quince minutos para su exposición principal y podrá extender este periodo hasta siete minutos adicionales. Posteriormente, los comparecientes responderán durante tres minutos a los cuestionamientos planteados por los grupos parlamentarios. Este formato de participación se aplicará de manera uniforme a todos los asistentes, incluyéndose también el caso particular de la comparecencia individual.

EFE destacó que la convocatoria incluye tanto agrupaciones formadas por víctimas directas del temporal como entidades vecinales, una combinación que busca garantizar que el análisis parlamentario reciba aportes desde diferentes ángulos sociales y testimoniales. Esta variedad de perspectivas permitirá a los miembros del parlamento autonómico reconstruir los hechos del 29 de octubre, abordar los daños sufridos y evaluar el resultado de las acciones institucionales emprendidas tras la emergencia.

La agencia también detalló que la selección y el orden de intervención de los comparecientes obedece al registro oficial de las solicitudes presentadas a la comisión. Según este procedimiento, las normas para uso de la palabra, tiempos y derecho de réplica se aplicarán por igual a asociaciones y a la persona particular convocada. El diseño de estas reglas, indicó EFE, se orienta a la transparencia, la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo de todas las voces a la investigación parlamentaria.

Durante las sesiones, los expositores describirán tanto la magnitud de los daños materiales como las secuelas humanas derivadas del temporal. Además, EFE reportó que los testimonios incluirán impresiones sobre la gestión pública del desastre, así como demandas de recuperación dirigidas a las autoridades. Las intervenciones buscarán detallar las carencias detectadas, las expectativas de los afectados y las valoraciones respecto a la respuesta oficial recibida tras el fenómeno climático.

El contexto en el que se desarrolla este proceso responde a la necesidad institucional de esclarecer el alcance y el impacto de lo sucedido el 29 de octubre de 2024, reuniendo de forma sistemática relatos y valoraciones de quienes vivieron directamente el episodio. Según reiteró EFE, la comisión apuesta por recopilar un registro plural de experiencias y opiniones que facilite no solo la revisión de lo actuado, sino también la elaboración de propuestas orientadas a mejorar la prevención y gestión ante futuros eventos meteorológicos extremos.

El procedimiento previsto contempla la plena igualdad entre todos los comparecientes, con idéntica distribución de tiempos y derecho a réplica frente a los diputados participantes. Esta dinámica pretende garantizar que las demandas y sugerencias generadas a raíz de la dana del 29 de octubre puedan entrar en el debate público de Les Corts, aportando información relevante para la construcción de posibles políticas y reformas en materia de emergencia.

Por otra parte, EFE remarcó la importancia de la comparecencia individual en el conjunto de las sesiones, al subrayar que la declaración de Monrabal Ibáñez añadirá una mirada personal al conjunto de relatos mayoritariamente colectivos. La incorporación de su experiencia contribuirá, según la información del medio, a enriquecer el mosaico de percepciones, necesidades y propuestas que se presentarán ante la comisión de investigación regional.

El formato establecido por los organizadores, según comunicó EFE, fija un calendario distribuido entre mañana y tarde para ambas jornadas. Esto permitirá que la totalidad de agrupaciones y el ciudadano particular seleccionado cuenten con tiempo suficiente y en igualdad de condiciones para transmitir sus valoraciones y reclamos ante los legisladores de la comunidad valenciana.

Durante la sesión, según informó EFE, Cerdán explicó que su decisión de acogerse al derecho a no declarar se debía a que figura como investigado en los tribunales y que existe una parte separada del proceso donde se discuten acusaciones relacionadas con posible financiación ilegal del PSOE. “Resulta plausible la hipótesis de encontrarme investigado en la misma, máxime cuando las acusaciones populares son las mismas”, aseguró al inicio, para luego aclarar que había optado por responder finalmente a las preguntas de los miembros de la comisión.

La comparecencia incluyó un intercambio con Javier Esparza, portavoz de UPN, quien cuestionó a Cerdán sobre los pactos políticos que propiciaron la presidencia de Pedro Sánchez y María Chivite, así como sobre la moción de censura que retiró la Alcaldía de Pamplona a UPN en favor de EH Bildu. Cerdán, según consignó EFE, negó cualquier acuerdo con Arnaldo Otegi para la conformación del Gobierno de Navarra. También precisó que no podía revelar con quién pactó la moción de censura en Pamplona, y señaló que este asunto no guarda relación con la investigación sobre las adjudicaciones de obra pública.

Al abordar la relación con Servinabar, Cerdán negó cualquier gasto realizado con una tarjeta de esta empresa, como sugiere un informe de la UCO. Explicó que compartió piso durante año y medio con Antxon Alonso, administrador de Servinabar, pero afirmó no haber sido socio suyo y recalcó que los gastos del piso se dividían entre ambos. Aseguró que no existen pruebas que lo asocien con la propiedad de la empresa: “No se pagó por ninguna de las acciones, no se registró en el registro mercantil, no se repartieron beneficios", enfatizó ante los parlamentarios, citando el reporte de EFE.

En diferentes pasajes de su intervención, Cerdán reiteró que rechaza haber realizado gestiones ante ministerios para obtener adjudicaciones para determinadas empresas y consideró que, si hubiera existido algo irregular, ya habría salido a la luz, dada la cantidad de investigaciones que, según él, se le han realizado desde hace años.

El exdirigente socialista además expresó que, en su opinión, el informe presentado por la UCO presenta falsedades y que hay elementos intencionados en su redacción. Indicó, según reportó EFE, que existe un documento que respalda la posibilidad de que los audios recogidos como prueba hayan sido manipulados. También apuntó a la existencia de un registro de febrero de 2019, confeccionado con un sistema operativo que no existía hasta noviembre de ese mismo año, lo cual le pareció un elemento a tener en cuenta sobre la validez de las pruebas.

Ante las preguntas formuladas por Esparza y la falta de confianza mostrada por el portavoz de UPN, quien llegó a decir que “nadie le cree, ni Pedro Sánchez”, Cerdán inicialmente se reservó sus comentarios sobre el presidente del Gobierno, aunque posteriormente manifestó que le daba igual la opinión de Pedro Sánchez. De acuerdo con EFE, Cerdán calificó la comisión como “la comisión de la venganza de UPN” y “la comisión del rencor”, señalando que Esparza “está más dolido” por no haber sido presidente de Navarra a causa de los pactos realizados por el PSN con partidos como EH Bildu. Añadió que Esparza le expresó personalmente ese descontento, y reiteró que su situación política es comparable a la del portavoz de UPN, al referirse a ambos como “muertos políticos”.

Durante el desarrollo de la comisión, Cerdán también restó importancia a las palabras de otros actores mencionados en la investigación, como Víctor de Aldama y Koldo García, alegando que no mantiene relación con ellos ni puede dar veracidad a sus declaraciones. Según reportó EFE, este posicionamiento enfatiza la estrategia de Cerdán de desvincularse de cualquier señalamiento directo en los hechos bajo investigación.

Esta intervención se inscribe en la coyuntura de revisión de procedimientos y contratos celebrados durante los gobiernos forales precedentes, con especial atención en las empresas beneficiadas a través de las UTE y sus posibles conexiones con responsables políticos o altos cargos de los partidos implicados, según relató EFE. Las pesquisas se centran no solo en esclarecer la transparencia en los procesos de adjudicación de obras públicas, sino también en despejar posibles vínculos empresariales y estrategias de financiación política presuntamente ilícitas.

La jornada en el Parlamento Foral se desarrolló entre preguntas en torno al proceso de adjudicación de las obras, las relaciones entre los partidos y el alcance de la presunta implicación de acusados e investigados, con Cerdán manteniendo su rechazo a cualquier irregularidad, insistiendo en la falta de pruebas directas y sustentando que hará frente a las acusaciones con la documentación y los argumentos en su poder. A lo largo de la comparecencia, la atribución a EFE se mantuvo como eje central de la exposición mediática de los hechos relatados ante la comisión investigadora.

El presidente de la comisión que investiga los atentados yihadistas de Cataluña en 2017 retomó recientemente el contacto con los portavoces parlamentarios para recordarles la necesidad de cumplir con el compromiso adquirido hacia las víctimas, una instancia que precipitó el reinicio de los trabajos tras casi ocho meses sin actividad. Según informó Europa Press, la comisión del Congreso encargada de esclarecer estos hechos ha decidido reactivar su agenda este mes con la citación de dos testigos clave, medida adoptada después que los miembros de la Mesa y los diferentes grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo al respecto.

Europa Press detalló que entre los comparecientes previstos figura Adrián Fernández Ramírez, un joven converso al Islam a quien Abdelbaki Es Satty —imán de Ripoll y señalado como principal responsable intelectual de los ataques— intentó captar. Fernández Ramírez declaró anteriormente en el juicio relativo a los sucesos de agosto de 2017, relatando que conoció a Es Satty en Castellón y que mantuvieron conversaciones en las que este defendía la yihad. A pesar de ello, el testigo aseguró que el imán no le mostró material propagandístico de Daesh ni le impulsó a tomar parte en acciones violentas, según recogió Europa Press en su cobertura.

El otro testigo cuya presencia ha sido acordada es uno de los agentes de la policía española que viajó a Marruecos poco después de los atentados con el objetivo de obtener muestras de ADN de familiares de Es Satty. Este procedimiento fue determinante para la confirmación de la identidad del terrorista, fallecido durante la explosión en un chalé de Alcanar, Tarragona. De acuerdo con la información de Europa Press, durante su declaración en la vista oral los agentes españoles explicaron que su actuación fue limitada a un papel testimonial, dado que las autoridades marroquíes se encargaron de todas las gestiones.

La reactivación de la comisión llega tras la prolongada inactividad que se extendió desde la última comparecencia datada el 26 de junio del año pasado. Diversos factores incidieron en este parón, entre ellos la decisión de Junts, grupo parlamentario que había tenido un rol activo en la investigación, de cesar su colaboración con el Gobierno, situación que dejó en suspenso nuevas convocatorias. Fue recién antes de las fiestas navideñas cuando el diputado Txema Guijarro, presidente de la comisión por parte de Sumar, planteó la disyuntiva de retomar las comparecencias o bien comenzar directamente la elaboración de las conclusiones finales.

Una vez se concreten las audiencias de Fernández Ramírez y del agente policial que viajó a Marruecos, los integrantes de la comisión deberán resolver si prosiguen con nuevas citaciones. Entre quienes aún no han comparecido se encuentran altos responsables policiales y de la Guardia Civil, como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Europa Press consigna que otra posibilidad bajo evaluación es la convocatoria de figuras políticas como el líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La comisión parlamentaria, establecida tras los atentados del 17 de agosto de 2017 que provocaron numerosas víctimas en Barcelona y Cambrils, busca esclarecer las circunstancias que permitieron la radicalización y actuación de la célula yihadista, así como las eventuales fallas o aciertos de los organismos de seguridad y las responsabilidades políticas asociadas. Desde su creación, han comparecido diversos testigos y autoridades, mientras se mantienen abiertas múltiples líneas de indagación vinculadas a la facilitación yihadista y la respuesta institucional previa y posterior al ataque.

Europa Press subraya que el proceso de audiencias sigue sujeto al acuerdo y la cooperación entre los grupos parlamentarios, una dinámica que puede afectarse por las circunstancias políticas del momento. La decisión de retomar las sesiones este mes responde en parte a las demandas de los familiares de las víctimas y de entidades sociales ligadas a la memoria de los atentados, que solicitan claridad sobre la actuación de las instituciones en el caso.

Entre los objetivos pendientes de la comisión figura no solo la determinación de posibles responsabilidades, sino también la formulación de recomendaciones que permitan evitar acciones similares en el futuro. La reanudación de los trabajos parlamentarios se da en un contexto de presión social y política por obtener respuestas satisfactorias sobre los hechos y sus antecedentes. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la prioridad de los legisladores continúa siendo la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas ante la sociedad y las víctimas de los atentados.

El pasado enero, el magistrado Leopoldo Puente, a cargo de la instrucción del conocido como ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, rechazó que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, compareciera en una comisión de investigación del Senado por considerar que la solicitud llegó con una antelación insuficiente. Tras ese precedente y una reciente confusión de fechas, el Tribunal Supremo permite ahora que Koldo García, exasesor ministerial, acuda en marzo a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Según informó Europa Press, el Supremo confirmó este lunes que no ve inconvenientes en acceder a la petición de la cámara foral, luego de corregir un error inicial en la fecha del permiso solicitado.

El error tuvo lugar cuando el alto tribunal notificó que negaba la comparecencia de García al Parlamento foral, al entender que se pretendía su presencia este miércoles, un día antes de que acudiera a una audiencia preliminar en el propio Supremo sobre supuestas anomalías en la compra de mascarillas, proceso en el que Koldo García comparte acusación con el exministro Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, el Parlamento de Navarra había solicitado la comparecencia para el 11 de marzo, no para esta semana. El medio Europa Press detalló que, tras percatarse del error material en la providencia remitida, el Supremo aclaró que no existe obstáculo para autorizar el traslado del exasesor a la comisión investigadora navarra en la fecha correcta, aunque hizo notar que la decisión final quedará supeditada a los resultados de la audiencia preliminar programada para este jueves.

El órgano jurisdiccional justificó inicialmente la negativa basándose en la obligación de comparecencia presencial de García ante la Sala de lo Penal del Supremo nueve horas después de la fecha solicitada por error, lo cual, según el criterio de los magistrados, resultaba incompatible con su desplazamiento desde el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), donde permanece en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, situación que comparte con Ábalos. Europa Press expuso que el Supremo modificó su posición una vez aclarada la verdadera fecha de la solicitud.

En el escrito dirigido por Irati Jiménez, presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, al Tribunal Supremo, se explica que la comparecencia de García se centrará en su conocimiento sobre “su posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones” dentro del marco de la investigación sobre la gestión de recursos públicos. La cámara foral busca así obtener información directa sobre los hechos que son objeto de indagación y que involucran a ex altos cargos y empresarios en adjudicaciones de contratos públicos durante la pandemia.

Europa Press también informó que la autorización definitiva para que García comparezca el 11 de marzo dependerá de lo que se resuelva en la audiencia preliminar de este jueves en el Supremo referida a la causa principal. La investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos para la adquisición de mascarillas comenzó tras detectarse posibles delitos de prevaricación y malversación, en los que estarían involucrados varios altos cargos, incluidos Ábalos y García, así como empresarios relacionados.

El procedimiento judicial ha involucrado varias comisiones parlamentarias, tanto en el ámbito estatal como autonómico, con peticiones concurrentes respecto a la presencia de los investigados ante diferentes cámaras legislativas. El Supremo ha valorado en cada caso los factores logísticos y procesales vinculados al estado de prisión provisional de los imputados y las exigencias para su asistencia a cada comparecencia. La situación de prisión preventiva implica que los traslados requieren coordinación entre órganos judiciales, penitenciarios y policiales, junto con la evaluación de posibles incidencias con otras obligaciones judiciales.

El ‘caso Koldo’ continúa acaparando la atención de las instituciones por las ramificaciones políticas y administrativas que se desprenden de las investigaciones sobre las compras de material sanitario. Las comisiones de investigación tratan de arrojar luz sobre el manejo de fondos públicos y las responsabilidades de quienes participaron en las adjudicaciones señaladas. Según Europa Press, la comparecencia prevista de García se considera una oportunidad para aclarar extremos sobre su grado de implicación y aportar datos útiles para la labor investigadora del Parlamento navarro.

La providencia del Tribunal Supremo recoge que Koldo García tendrá que estar presente este jueves en Madrid en el marco de la audiencia preliminar a su juicio, situación que imposibilita su traslado a Pamplona el día anterior, como solicitaba la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. De acuerdo con Europa Press, el alto tribunal denegó la petición cursada por la Cámara foral para que el exasesor ministerial compareciera este miércoles en relación a la investigación sobre adjudicaciones públicas y señaló como motivo la obligatoriedad legal de que García se presente ante los magistrados para la audiencia previa a la vista oral sobre supuestas anomalías en la compra de material sanitario.

Según publicó Europa Press, los magistrados recalcaron que Koldo García se encuentra actualmente en prisión provisional en Soto del Real desde finales de noviembre, igual que el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El traslado a Navarra desde la cárcel madrileña resultaría incompatible con la exigencia de su comparecencia presencial ante el Supremo, programada para este jueves. Además, la providencia, a la que accedió Europa Press, especifica la obligatoriedad de que tanto García como Ábalos asistan a la audiencia, aunque solo tomen la palabra sus respectivos letrados, quienes prevén argumentar en favor de la inocencia de sus defendidos y solicitar su puesta en libertad.

La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Irati Jiménez, explicó en un escrito remitido al Tribunal Supremo que la comparecencia de Koldo García tenía por objeto recibir información sobre su "posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones" que forman parte de las pesquisas parlamentarias. Europa Press detalló que el interés de la comisión se centra en determinar hasta qué punto existió implicación en los procedimientos de contratación bajo investigación.

El medio también informó que no es la primera ocasión en que el Supremo desestima peticiones similares vinculadas al llamado 'caso Koldo'. En enero, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, rechazó autorizar la comparecencia del exministro Ábalos ante la comisión de investigación del Senado. En el mismo sentido, el tribunal argumentó entonces la "singular premura de la solicitud referida", señalando que las diligencias judiciales prevalecían sobre la programación parlamentaria.

Conforme a las razones esgrimidas por el Tribunal Supremo, la obligación legal de asistir a la audiencia en Madrid y las circunstancias de prisión provisional pesan más que la citación hecha por el órgano foral. Los letrados de los acusados, según consignó Europa Press, expondrán ante la sala sus alegaciones en contra de la celebración del juicio, reiterando la defensa de la inocencia de García y Ábalos y la solicitud de que ambos recuperen su libertad.

El calendario judicial y los procesos de investigación parlamentaria confluyen sobre las figuras de Koldo García y José Luis Ábalos a raíz de las sospechas de anomalías en la contratación de material sanitario durante la emergencia sanitaria. Europa Press recordó que la investigación formal en el Supremo incluye a varias personas, entre ellas al empresario Víctor de Aldama, cuya presencia también se encuentra prevista en la misma audiencia preliminar del jueves.

En lo que respecta al procedimiento legal, el Tribunal Supremo enfatizó las prioridades procesales frente a otras demandas institucionales, como las convocatorias a comparecer ante comisiones de investigación parlamentarias. La situación procesal de los implicados, actualmente sujetos a medidas de prisión provisional, introduce restricciones adicionales a sus desplazamientos, aspecto subrayado en los argumentos de la sala.

La presidencia de la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal, en ambas comisiones dedicadas a investigar el apagón que sufrió España el 28 de abril de 2025, determinó que los grupos parlamentarios buscaran alternativas para superar el estancamiento originado desde su constitución. El Congreso se prepara para votar esta semana la fusión de las dos comisiones de investigación, con la expectativa de que el proceso unificado permita iniciar de inmediato las pesquisas sobre el incidente eléctrico. Según reportó el medio, la sesión plenaria tendrá como finalidad acabar con meses de bloqueos.

De acuerdo con lo publicado, la creación de dos comisiones separadas ocurrió en noviembre debido a la falta de acuerdo entre los grupos. La Cámara Baja aprobó en mayo la creación de una comisión para esclarecer el apagón, sin lograr consenso. Este desacuerdo llevó a la constitución de dos órganos paralelos: uno impulsado por los partidos del Gobierno y otro propuesto por el Partido Popular. El medio señaló que, dado que ambos se encargarían de los mismos hechos, los grupos minoritarios decidieron designar a los mismos diputados en ambas comisiones, anticipando que una eventual integración resultaría lógica y eficiente. No obstante, ese acuerdo no se formalizó en el momento, lo que provocó la existencia de dos comisiones independientes, aunque con integrantes y mesa directiva idénticos, incluida la misma presidenta.

Ambas comisiones acordaron trabajar de modo coordinado, empleando idéntico plan de trabajo y solicitudes de documentación y comparecencias de testigos. Se presentó la solicitud de habilitación del mes de enero para adelantar la labor testimonial, lo que revela la voluntad de los grupos de acelerar el procesamiento de información sobre el incidente. Sin embargo, el riesgo de consecuencias administrativas y de dispersión de esfuerzos llevó a los partidos a encontrar un consenso días después y decidir la unificación, tal como describió el medio. La Mesa del Congreso, a pesar de validar el objetivo, indicó que la fusión debía sustentarse en un texto justificativo y que todo el procedimiento requería la ratificación del Pleno, respetando el trámite parlamentario previo.

Todos los grupos parlamentarios parecen coincidir en la necesidad de fusionar ambos órganos para evitar complicaciones burocráticas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El medio detalló que la previsión es que la votación se resuelva por unanimidad, posibilitando así la reactivación del trabajo investigador.

Actualmente, el Congreso mantiene abiertas otras tres comisiones de investigación, de acuerdo con la información publicada. Una de ellas se centra en la gestión de la DANA, mientras que las otras dos son producto de pactos entre el PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, a cambio de apoyos para la constitución de la Mesa de la Cámara Baja. Las dos últimas permanecen sin actividad concreta desde hace varios meses y sin calendario definido para futuras sesiones. Además, existen dos solicitudes formales para nuevas investigaciones: una impulsada por Más Madrid y respaldada por Sumar, destinada a aclarar negocios ligados al entorno personal de Isabel Díaz Ayuso; y otra registrada por el PSOE tras la detención de Santos Cerdán, enfocada en el denominado caso mascarillas. Este último, según lo registrado, ya había sido objeto de pesquisas a inicios de la legislatura, aunque sin llegar a llamar a los principales implicados de la llamada 'trama Koldo' y concluyó sin adoptar resoluciones finales.

La unificación de las comisiones sobre el apagón representa, según la fuente, un esfuerzo de racionalización y colaboración parlamentaria, tras varios intentos frustrados de coordinación. Con este paso, el Congreso podría poner en marcha la investigación sobre el apagón del 28 de abril, que permanece sin esclarecer tras más de seis meses de lentitud institucional y desacuerdos internos entre partidos. El papel de la presidenta designada, los mecanismos elegidos para evitar duplicidades, y el acuerdo transversal hacia la fusión, evidencian la urgencia por avanzar en la indagación de los hechos que originaron la crisis eléctrica.

Salazar ha sido contundente: “Jamás he cobrado del partido ni de nadie dinero que no haya tenido que ver con nóminas”. Sí ha reconocido haber recibido sobres de Celia Rodríguez, pero ha aclarado que eran “sobre facturas”. En relación a la financiación interna, ha remarcado que nunca tuvo acceso a las cuentas de Bancal de Rosas ni conocimiento sobre esos detalles. Su papel durante las campañas, según ha explicado, era la gestión de territorios y la recopilación de avales, y ha subrayado: “Jamás” habló “con nadie de financiación”.

Sobre los cobros en efectivo, Salazar ha precisado: “He recibido de la tesorería del partido (dinero) por gastos por transferencias y en alguna ocasión en efectivo”, siempre en “cantidades pequeñas” y para cubrir gastos de transporte. Ha manifestado estar “convencido” de que no hay “financiación ilegal” en el partido: “Yo he tenido acceso a cómo funciona. Hay control interno, auditorías externas y luego pasa por el Tribunal de Cuentas”.

Relación con Sánchez y el “clan del Peugeot”

El vínculo de Salazar con Pedro Sánchez ha sido definido por la cercanía profesional durante los años de campaña y gobierno. Al ser preguntado por el conocido Peugeot utilizado por Sánchez durante las primarias de 2017, Salazar ha zanjado: “Yo ni siquiera he llegado a ver ese Peugeot. No conozco ese coche. Seguro que existe, iría acompañado de compañeros, pero en mi caso tenía mi coche particular”.

Ha relatado que compartió piso con Santos Cerdán “en alguna ocasión”, como cuando alquilaron un apartamento durante dos semanas en la campaña de primarias, o se alojaron en hoteles y apartamentos en Madrid, siempre “de forma esporádica”. Sobre Antxon Alonso, ha afirmado que nunca ha tratado con él y que únicamente le “suena de la prensa”. Sobre su vinculación actual con el partido, Salazar ha señalado: “Desde hace ocho meses no mantengo relación con nadie del PSOE”. Además, ha subrayado: “No he hablado con Sánchez desde hace ocho meses”.

Las acusaciones de acoso sexual

La comisión también ha abordado las denuncias internas por acoso sexual. Salazar, cuestionado por varias trabajadoras del partido, ha defendido: “A todas las compañeras con las que he trabajado las he respetado como profesionales y como mujeres”. Ha explicado que su salida del partido, que coincidió con la aparición de estas acusaciones, se debió a motivos familiares: “Cuando me retiro, lo hago por una sola razón, mi familia. El silencio también es una respuesta”. Ha insistido en que su decisión de renunciar fue personal: “No hablé con nadie del partido de este asunto. Esto no es objeto de la comisión”. Sobre la posibilidad de haber recibido protección por parte del PSOE, Salazar ha respondido: “¿De verdad piensa que me han protegido? No me he sentido protegido”.

En la misma comparecencia, la senadora socialista María del Lirio Martín ha admitido errores en la gestión de las denuncias por parte del partido: “Falló en la comunicación y no fue rápido a la hora de ofrecer respuestas a las denunciantes”. Martín ha recalcado: “Las denunciantes han relatado que fueron víctimas de un machismo intolerable”. Y ha añadido: “Eso sí que se lo tengo que reprochar, y lo lamento mucho, y espero que usted también lo lamente porque este tipo de comportamientos nos avergüenzan a los hombres y mujeres socialistas”. Salazar ha reiterado: “Siempre he respetado a las compañeras como profesionales y como mujeres. Siempre”.

Pilar Alegría y la comida en Madrid

Uno de los aspectos más mediáticos ha sido el encuentro entre Salazar y Pilar Alegría en un restaurante de Madrid, días después de conocerse las denuncias internas. Salazar ha negado que la ministra le reprochara su actitud, como se había insinuado previamente: “No es cierto” que Pilar Alegría le reprochase nada.

“En ningún caso hablamos de nada profesional ni de campañas”. Según su versión, la reunión giró en torno a cuestiones personales: “No hablamos de Aragón ni de la campaña. No he participado en actividades ni campaña desde hace ocho meses”. Ha defendido que la cita se debió únicamente a un “sentimiento humano”, y ha precisado que Alegría se interesó por su familia: “Mis hijos, mi madre y mi mujer”. Considera que “alguien con un sentimiento humanista mediano, es lógico que se interesa por cómo está la familia de uno”. La senadora del PP Rocío Dívar ha agradecido a Salazar su “sinceridad” sobre la comida y ha señalado que “ha quedado claro que Pilar Alegría ha mentido sobre varias de las versiones que ha dado de la comida”.

Más detalles sobre su trayectoria

Sobre la relación con Koldo García, ha explicado que en Ferraz coincidieron y que mantenían una relación tanto profesional como personal, aunque al trasladarse a Moncloa dejaron de coincidir. En relación a Ábalos y Cerdán, ha declarado: “Jamás vi nada extraño”.

Sobre la financiación del partido, Salazar ha insistido en que no tenía “responsabilidades” en Bancal de Rosas ni vio “nada raro”. Ha desmentido que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, financiara la campaña de primarias con 100.000 euros. Ha defendido que no existe financiación ilegal en el PSOE: “Yo he tenido acceso a cómo funciona. Hay control interno, auditorías externas y luego pasa por el Tribunal de Cuentas”.

Sobre el Hipódromo de Madrid, Salazar ha asegurado que no recuerda haber visto a Santos Cerdán allí y que no le consta que Pedro Sánchez celebrara su 50º cumpleaños en el recinto durante su presidencia.

Durante su comparecencia en la comisión del Senado dedicada a analizar el llamado ‘caso Koldo’, Paco Salazar recalcó que su encuentro con la exministra y actual candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, se limitó exclusivamente a cuestiones de índole familiar y sobre sus perspectivas profesionales futuras. Según publicó la agencia Europa Press, Salazar subrayó que en ningún momento durante esa reunión se abordaron temas de actualidad política ni aspectos relacionados con la campaña electoral.

El medio detalló que Salazar enfrenta denuncias internas en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por supuestos casos de acoso sexual y comportamientos considerados machistas. Durante la sesión en el Senado, el exdirigente socialista defendió su comportamiento afirmando: “Siempre he respetado a mis compañeras de partido”. Además, insistió en que su decisión de desvincularse de sus cargos dentro del partido y del puesto institucional tuvo como única motivación razones familiares: “Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta”.

Tal como consignó Europa Press, la comisión interrogó a Salazar sobre el encuentro que sostuvo con Alegría una vez que ya había abandonado el PSOE. Salazar remarcó que no se trató ningún tema vinculado con la situación política actual o con la campaña electoral aragonesa, limitándose la conversación a saludos e inquietudes familiares, así como a consultas sobre su futuro profesional. Descartó que existieran acuerdos políticos o conversaciones relevantes a cuestiones partidistas en esa reunión.

Al ser cuestionado por representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) acerca de las denuncias internas que pesan sobre él, Salazar comunicó al presidente de la comisión que esos hechos no corresponden al objeto de investigación de la misma, y reiteró su postura respecto al respeto hacia sus compañeras.

Según la información de Europa Press, el exdirigente socialista también subrayó que su salida no respondió a ningún pacto con la estructura del PSOE. A lo largo de su intervención, Salazar insistió varias veces en desvincular su renuncia de cualquier contexto político o de campaña, limitando los motivos de su marcha a asuntos personales y familiares. Añadió que, ante los rumores y especulaciones acerca de su partida, prefiere mantener discreción, declarando: “El silencio también es una respuesta”.

La comparecencia de Salazar ocurrió en el marco de una comisión que investiga distintos aspectos y ramificaciones del ‘caso Koldo’, aunque tanto el propio Salazar como algunos miembros de la comisión puntualizaron los límites temáticos de las preguntas, evitando que los señalamientos internos al exdirigente socialista ocuparan el centro del debate.

Durante la sesión, no se incluyeron más detalles acerca del contenido de la conversación con Alegría o de las circunstancias específicas de las denuncias internas, manteniéndose Salazar firme en su versión de los hechos sobre su renuncia y las motivaciones personales relacionadas con su familia, según narró Europa Press.

La petición de Alberto Núñez Feijóo para que la comisión de investigación tenga acceso a las comunicaciones internas de altos funcionarios gubernamentales durante la jornada de la dana de 2024 introduce un nuevo enfoque en la indagación parlamentaria, que hasta el momento se había centrado en las interacciones del propio líder del Partido Popular. Según publicó el medio, Feijóo sugirió que, además de sus propios mensajes, también resulta relevante obtener los intercambios mantenidos por ministros y otros responsables oficiales durante las horas críticas de la tragedia relacionada con la depresión aislada en niveles altos (dana).

De acuerdo con el reporte, el presidente del PP compareció ante la comisión de investigación del Congreso, donde varios grupos parlamentarios insistieron en conocer más detalles sobre sus comunicaciones personales durante la emergencia. Feijóo respondió que únicamente mantuvo contactos con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, así como con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Juanma Moreno, presidente de Andalucía. A continuación, enfatizó la importancia de acceder también a los mensajes de altos cargos vinculados a la gestión de la emergencia, entre ellos la ministra de Defensa, el ministro del Interior, la delegada del Gobierno, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el director de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la directora general de Protección Civil y el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El medio detalló que para Feijóo, conocer si existieron intercambios entre estos responsables, en especial hacia el Comité de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), resulta relevante para esclarecer la respuesta institucional. En sus palabras durante la comisión, reafirmó que no eliminó ninguna comunicación, argumentando no tener nada que ocultar. "Por eso no tengo ningún problema en dar mis mensajes, señoría" aseguró al responder a la diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, subrayando su voluntad de que las víctimas y la opinión pública tengan acceso a toda la información posible sobre las actuaciones desarrolladas en aquellas horas.

La comparecencia incluyó referencias a la agenda personal del presidente del PP durante la noche del 29 de octubre de 2024, cuando tuvo lugar la dana. Según relató ante la comisión, participaba en una cena institucional en la que también estuvieron presentes miembros del Gobierno. Feijóo animó a los diputados a preguntar al ministro que compartió la mesa con él si realizó gestiones ante la delegada del Gobierno durante esos momentos. Fuentes del partido indicaron que el ministro en cuestión era Óscar López, quien acababa de asumir la cartera de Transformación Digital y Función Pública, tras su periodo como jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. En el mismo evento, que se desarrolló en el Teatro Real, estuvo también la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz.

Tal como consignó el medio, en la dirección nacional del PP consideran que la presencia del ex jefe de gabinete de Sánchez aquella noche refleja el nivel de implicación del Ejecutivo durante la crisis provocada por las lluvias torrenciales en Valencia. Feijóo rememoró además la localización internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habría estado cenando en Bombay ese día, y planteó dudas sobre si la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, abordó un vuelo hacia Brasil en la mañana pese a las previsiones de intensas precipitaciones en la Comunidad Valenciana.

Según reportó el medio, la insistencia de Feijóo para que se requieran los mensajes de todos los responsables implicados pretende contribuir a una reconstrucción completa de la gestión institucional de la dana de octubre de 2024 y ofrecer respuestas tanto a la ciudadanía como a los afectados. En este sentido, el líder del PP reiteró su disposición a colaborar activamente con la labor parlamentaria, así como la duda sobre la reacción y prioridades de las autoridades estatales en el contexto de la catástrofe.

La diversidad de opiniones en torno al caso de las vacunas vencidas administradas en Osakidetza ha derivado en cuestionamientos tanto sobre la gestión informativa de la administración sanitaria como sobre la transparencia de la investigación interna. Según detalló Europa Press, durante la emisión del programa "Parlamento en las ondas" de Radio Euskadi, representantes de todos los partidos con presencia en la Cámara vasca analizaron la inoculación de tres tipos de vacunas vencidas, afectando principalmente a bebés, y abordaron expresamente las responsabilidades institucionales y los mecanismos de comunicación empleados por el Gobierno vasco.

La polémica se avivó después de que EH Bildu pusiera en duda la transparencia de la Consejería de Salud, señalando que la administración de las vacunas solo salió a la luz tras una consulta directa al consejero al respecto. El parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, afirmó que existen "indicios más que suficientes" que apuntan a la ocultación de los hechos, explicando que el Departamento de Salud tuvo conocimiento de la necesidad de revacunar a parte de los afectados desde el 21 o 22 de enero, pero no emitió información pública hasta el día 27, tiempo en el cual no contactó a las familias involucradas hasta que EH Bildu hizo la consulta. Rodríguez consideró que la decisión de cuándo comunicar los hechos respondió a cálculos políticos encaminados a minimizar el impacto y a evitar la comunicación directa con las familias afectadas.

Por su parte, el PNV cuestionó la actitud de EH Bildu y los acusó de “carroñerismo político” por difundir la noticia a los medios antes de que el Gobierno vasco completara la notificación a las familias. Joseba Díez Antxustegi, parlamentario jeltzale, defendió que el consejero de Salud, Alberto Martínez, reconoció desde el principio que se trató de un error grave, aunque insistió en que este fallo no causó impacto negativo sobre la salud de los afectados. Según Díez Antxustegi, en cuanto Osakidetza tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó el protocolo para que las diferentes Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) prepararan la comunicación a las familias, tras la confirmación del Consejo Asesor de Vacunas sobre la inexistencia de riesgos para la salud y la necesidad de revacunar. Añadió que la gestión de la crisis buscó ofrecer seguridad a las familias y cumplir con los protocolos vigentes, lamentando que “se haya optado, desde algunos sectores, por generar alarma”.

El PSE-EE, a través del parlamentario Ekain Rico, admitió la gravedad de lo sucedido y defendió la importancia de no reiterar el error, recalcando que la confianza en el sistema de vacunación es un pilar fundamental. Sin embargo, Rico reconoció como positivo que la administración admitiera el fallo públicamente y que haya puesto en marcha una comisión de investigación interna, además de haberse ofrecido a comparecer ante el Parlamento para detallar lo sucedido. Rico desestimó las sospechas de encubrimiento e invitó a no caer en “teorías de la conspiración”, subrayando que el objetivo central es garantizar que no se repitan casos similares. Alertó sobre el riesgo de que este tipo de polémicas aviven discursos contrarios a la vacunación, recordando la postura adoptada por la Cámara vasca frente a los grupos antivacunas.

La representante del PP, Laura Garrido, expresó preocupación por el funcionamiento de Osakidetza y llamó a esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades correspondientes. Garrido analizó la participación de prácticamente todas las OSIs de la red vasca en la aplicación de la vacuna hexavalente fuera de fecha: según indicó, doce de trece OSIs administraron dosis vencidas, detallando que la vacuna, que expiró en octubre, siguió aplicándose durante noviembre, diciembre y enero. Consideró que la falta de información a la ciudadanía y la posible ocultación son tan relevantes como el error sanitario y remarcó la falta de independencia de la Comisión de Investigación y Trazabilidad, por tratarse de una instancia interna. Según publicó Europa Press, la parlamentaria popular señaló específicamente la situación de desprotección que surge para los menores afectados y vinculó lo sucedido a problemas organizativos estructurales dentro del sistema sanitario vasco.

Jon Hernández, de Sumar, aportó una visión que atribuye el fallo a fallas sistémicas. Hernández sostuvo que este caso no es un incidente aislado, sino reflejo de un problema estructural del sistema de Salud Pública, y manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que errores similares ocurran con otros productos médicos. A su entender, el hecho de que las vacunas administradas fueran inofensivas desde el punto de vista toxicológico no exime a la administración de responsabilidad, dado que los niños y niñas quedaron sin protección ante enfermedades graves por un lapso de tiempo. Europa Press recogió su declaración respecto a la gravedad estructural del caso y su impacto sobre la confianza pública en el sistema sanitario y las autoridades responsables. Hernández cuestionó la gestión política del asunto, sugiriendo que el Gobierno vasco prioriza la protección de su imagen frente al reconocimiento efectivo del error y la asunción de consecuencias.

Según Europa Press, el panorama político en torno al caso de las vacunas vencidas en Osakidetza refleja un consenso sobre la necesidad de investigar el origen y alcance del incidente, pero también desacuerdos en torno a la transparencia del proceso, la comunicación institucional y la independencia del órgano encargado de esclarecer los hechos. El debate se articula entre las demandas de explicación, asunción de responsabilidades y exigencias de garantía para que no se repitan errores de organización en el sistema público de salud.

La resolución de un recurso clave determinará el curso del proceso que enfrenta Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por un presunto testimonio falso ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. De acuerdo con Europa Press, la magistrada encargada del caso decidió reprogramar la comparecencia de Cerdán para el 24 de marzo a las 11:00, tras aceptar la petición de la defensa del exdirigente socialista, que solicitó el aplazamiento mientras la Audiencia Provincial se pronuncia sobre la admisión a trámite de la querella impulsada por la asociación Hazte Oír. La comparecencia había sido fijada inicialmente para el 5 de febrero.

Según informó Europa Press, la jueza admitió que el resultado de este recurso podría incidir directamente en el futuro del procedimiento. El tribunal Provincial deliberará el 9 de febrero acerca de la petición de Cerdán, que busca que la querella de Hazte Oír no sea aceptada. En caso de que la Audiencia acepte los argumentos de la defensa, la tramitación podría verse condicionada de manera significativa, motivo por el que la magistrada ha resuelto trasladar la declaración del investigado casi dos meses después de la fecha original.

La querella, presentada por la asociación Hazte Oír y admitida a trámite en octubre pasado, afirma que Cerdán mintió “sustancialmente” en su intervención del 30 de abril de 2024 frente a la comisión del Senado, al desvincularse del exasesor ministerial Koldo García en el marco del caso relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El documento judicial que motivó la apertura de la investigación, al que tuvo acceso Europa Press, sostiene que existen elementos que indicaron una diferencia relevante entre la exposición de Cerdán y la realidad de los hechos por los que se le interrogó.

En la sesión del Senado celebrada en abril, los senadores realizaron preguntas directas al ex secretario de Organización socialista sobre su presunta relación con Koldo García entre 2021 y 2023, su conocimiento acerca de posibles funciones de intermediario o lucro por parte de García en la compra de material sanitario, y si dio instrucciones para beneficiar a determinadas empresas. Entre los aspectos investigados, se incluyó si mantuvo vínculos empresariales, ya fuera de manera directa o a través de terceras partes, con García, según publicó Europa Press.

Ante estos interrogantes, según reproduce Europa Press, Cerdán respondió de forma negativa en todos los casos, negando contacto, conocimiento de intermediaciones o instrucciones tendenciosas, así como cualquier tipo de relación empresarial. Sin embargo, la jueza citó en el auto un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual “revelaría lo contrario”. De acuerdo con ese documento, existieron contactos entre Cerdán y García durante el periodo señalado, y el exdirigente habría estado al tanto de las actividades de intermediación y de los beneficios obtenidos en la adquisición de mascarillas. Además, el informe sostiene que se habrían dado instrucciones que favorecieron a ciertas empresas y que existió relación empresarial, tanto directa como indirectamente, con Koldo García.

La determinación de si la querella de Hazte Oír se admite o no a trámite centrará la atención en los próximos días, dado que el veredicto de la Audiencia Provincial resultará determinante para la continuidad del proceso. La defensa de Cerdán fundamentó su recurso en la falta de base de la acusación y solicitó que los hechos no sean investigados. Por su parte, la jueza justificó el aplazamiento de la citación considerando las posibles consecuencias tras la resolución pendiente, que podría modificar el escenario procesal, informó Europa Press.

La causa gira en torno a la intervención de Cerdán ante la comisión de investigación por el ‘caso Koldo’, en la que se puso bajo escrutinio la existencia o ausencia de lazos con figuras clave de las adjudicaciones relacionadas a la pandemia y el supuesto desvío de fondos públicos. Hazte Oír solicitó la apertura del proceso al considerar grave la supuesta falsedad de la declaración prestada en sede parlamentaria y aportó el informe de la UCO como respaldo a sus alegaciones, señalando incongruencias claras entre las afirmaciones de Cerdán y los datos recogidos por las fuerzas de seguridad.

La investigación sigue su curso mientras los plazos judiciales avanzan y todas las partes esperan la decisión definitiva sobre el recurso, como recoge Europa Press en su cobertura sobre el caso. La siguiente fecha clave será el 9 de febrero, momento en que la Audiencia Provincial empezará la deliberación del recurso, cuestión que podría desembocar en la continuación o el archivo del procedimiento contra el ex dirigente socialista. La declaración del investigado quedó fijada para finales de marzo, a la espera del desenlace judicial sobre la validez de la querella presentada por la asociación.

Durante su intervención en el Senado, Óscar Puente se dirigió directamente a la bancada ‘popular’ y rechazó que las peticiones de dimisión en su contra, promovidas por partidos como el PP y Junts, cuenten con justificación suficiente. Tal como informó Europa Press, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible defendió que su gestión tras el accidente de Adamuz ha cumplido con todas sus obligaciones y afirmó que su presencia estará garantizada en cualquier homenaje oficial a las víctimas. Puente remarcó: “Yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no puedo asistir a un funeral”.

De acuerdo con Europa Press, la reacción del ministro responde al anuncio hecho por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, sobre la constitución de una comisión de investigación en el Senado con el objetivo de analizar el funcionamiento y la seguridad de la red ferroviaria española tras el siniestro de Adamuz. Óscar Puente cuestionó la consistencia de la postura del Partido Popular, comparando la actual exigencia de responsabilidades con la negativa previa del PP a establecer una comisión similar tras el accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en 2013 y que dejó ochenta fallecidos. Según detalló Europa Press, Puente interpeló a los ‘populares’ sobre el criterio empleado: “¿Por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013?”.

El propio ministro recordó que el Parlamento de Galicia finalmente abrió una investigación por el accidente de Angrois, pero solo después de recibir votos en contra tanto del PP como de Foro Asturias. Según consignó el medio Europa Press, Puente subrayó que mientras ahora el PP le responsabiliza a él del siniestro de Adamuz, en el caso de Angrois estos mismos partidos atribuyeron la culpabilidad al maquinista, mostrando lo que, en palabras del ministro, supone una diferencia en la forma de afrontar estas tragedias según el contexto.

Durante la comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Senado, el ministro también se refirió a la actitud del expresidente valenciano Carlos Mazón, recordando que tardó un año en presentar una factura de un restaurante, ilustrando así, según Europa Press, las diferencias de criterio entre el PP y el PSOE en la gestión de crisis. Estas palabras suscitaron aplausos de los miembros socialistas presentes, a los que Puente respondió solicitando que no aplaudieran, argumentando que no consideraba apropiado ese gesto en ese contexto.

Europa Press reportó que, en su intervención final, Puente enfatizó que ha actuado “honestamente” en sus responsabilidades ministeriales desde el primer momento tras el accidente de Adamuz y defendió la transparencia de su gestión. Aseguró que asistirá a los actos de homenaje a las víctimas con la conciencia tranquila y la “cabeza bien alta”, y reiteró que, a su juicio, ninguna fuerza política tiene autoridad para erigirse en representante único de los afectados.

El debate en el Senado se produjo después de que el PP confirmara su intención de activar una comisión en la Cámara Alta destinada a examinar el estado de la red ferroviaria nacional, con especial atención a las circunstancias del accidente de Adamuz. Puente contrarrestó insistiendo en la necesidad de medir con el mismo rasero las demandas de investigación y criticó que en el pasado se haya evitado el esclarecimiento parlamentario cuando los hechos comprometían a otras formaciones. Además, el ministro reiteró que su deber permanece con las víctimas y sus familias y que cumplirá con las obligaciones de su cargo sin aceptar presiones derivadas de intereses políticos, tal como relató Europa Press.

El aumento notable de accidentes y descarrilamientos en España, especialmente desde 2018, se mantiene según estadísticas oficiales, alcanzando un máximo histórico en el año 2023. Los datos, considerados especialmente preocupantes por el Partido Popular (PP), han impulsado la solicitud formal de una comisión de investigación en el Senado para evaluar la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe y Adif, centrándose en el estado del transporte ferroviario. Tal como publicó el medio de comunicación, el PP, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, busca esclarecer si la acumulación de incidentes graves y el deterioro del sistema exceden los márgenes de hechos aislados y pasan a ser considerados un problema estructural en la red ferroviaria española.

De acuerdo con la información consignada por el mismo medio, el grupo popular ha presentado documentación para la creación de una comisión de investigación que revise múltiples aspectos de la gestión ferroviaria desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, en junio de 2018. Entre los temas prioritarios de análisis figuran la planificación, ejecución y control de las inversiones en mantenimiento y seguridad, la calidad del servicio en la red de Cercanías y Rodalies, y el manejo de las Limitaciones Temporales de Velocidad, que tienen impacto directo en la seguridad y el servicio prestado a los usuarios.

El PP argumenta que el sistema ferroviario español mantiene desde hace años un declive operacional y técnico, lo que incluye retrasos, cancelaciones de rutas, recortes de velocidad, anomalías en infraestructuras, fallos recurrentes en el material rodante, vibraciones excesivas y descarrilamientos. Según reportó el medio, los populares consideran que este deterioro, que afecta tanto a líneas convencionales como de alta velocidad, ha causado una pérdida progresiva de confianza entre los usuarios y el personal del sector.

El partido señala que las cifras oficiales confirman la gravedad del escenario. Según publicó el medio, España se encuentra entre los países europeos con peores registros de seguridad ferroviaria en los últimos años debido a un crecimiento inusual en el número de descarrilamientos, lo que en opinión del PP tendría relación con el bajo nivel de ejecución presupuestaria dedicado a la conservación y seguridad del sistema. El PP indica además que la liberalización del transporte de pasajeros ha incrementado la presión sobre la red ferroviaria sin que se haya registrado un aumento proporcional de los recursos asignados para su mantenimiento y supervisión.

Tras dos incidentes mortales recientes, ocurridos durante el mes de enero, el debate sobre la seguridad ferroviaria ha adquirido más relevancia. El 18 de enero, en Adamuz (Córdoba), se registró un accidente con 45 víctimas mortales y decenas de heridos. Dos días después, un descarrilamiento en Gélida (Barcelona) provocó la muerte de un maquinista y dejó varias personas lesionadas. El PP asegura que estos siniestros revelan deficiencias en el estado de la infraestructura, problemas en los sistemas de inspección y mantenimiento, fallas en la gestión de riesgos y carencias en la respuesta institucional inmediata.

Según se indica en el texto presentado en el Senado, el PP critica la actuación del Ministerio de Transportes posterior a estos siniestros, señalando la falta de transparencia, carencia de un proceso adecuado de rendición de cuentas y la ausencia de reconocimiento de responsabilidades políticas. Además, los populares acusan a las autoridades de no prestar atención a las alertas realizadas en años recientes por parte del colectivo de maquinistas.

El documento entregado en la Cámara Alta por el grupo popular, bajo la dirección de Alicia García, especifica que la posible comisión de investigación deberá abarcar también la estructura de liderazgo y la toma de decisiones dentro de Adif y Renfe, incluyendo su influencia sobre la eficacia y la continuidad en la gestión. El PP también solicita que se analicen las respuestas institucionales tras los accidentes ferroviarios graves y el nivel de seguimiento de las recomendaciones técnicas y profesionales elevadas por los empleados del sector.

Otro de los aspectos a investigar, según el medio, es la idoneidad de los sistemas de inspección, control y protección para la circulación ferroviaria, adaptados a las condiciones reales de la infraestructura y al volumen de tráfico existente. Los populares requirieron un análisis de la tecnología empleada para la localización y el seguimiento en tiempo real de los trenes en circulación, así como una revisión detallada de todos los expedientes de riesgos correspondientes a las obras de renovación en líneas de Alta Velocidad, resaltando especialmente el caso de la línea Madrid-Sevilla.

Además, la solicitud incluye la revisión de los contratos que han adjudicado Adif y Renfe, en especial aquellos relacionados con tareas de mantenimiento, conservación, seguridad y otros sistemas críticos. Se insiste en la importancia de determinar el grado de ejecución y fiscalización de estos contratos, y cómo han influido en los niveles de seguridad ferroviaria en el país. También pidieron examinar las condiciones laborales de los trabajadores y si se produjo o no la eliminación de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

En el apartado normativo, el PP destacó lo que tilda de incumplimientos legislativos del Ejecutivo, centrados especialmente en la falta de aprobación de un plan de contingencia ferroviaria, protocolizado por la Ley de Movilidad Sostenible, que incluya atención urgente a los usuarios y un protocolo de análisis de incidentes. El PP tampoco ve avances en la creación de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, ni en la transposición de la directiva europea referida a la resiliencia de entidades críticas, hechos que, según la formación, llevaron a que la Comisión Europea, en julio de 2025, emitiera un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción contra España.

Según detalló el medio, la comisión propuesta por el Partido Popular solicitaría documentación relacionada con los contratos de Adif y Renfe, además de los expedientes de riesgos de las obras de modernización ferroviaria, con el propósito de determinar el grado de cumplimiento, fiscalización y sus efectos en la seguridad. El objetivo expreso señalado es esclarecer los factores detrás del deterioro detectado en el sistema ferroviario y concretar una evaluación precisa sobre el uso y distribución de los recursos públicos en este ámbito desde el año 2018 hasta la actualidad.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, subrayó la importancia de revisar el estado y la seguridad de la red ferroviaria, defendiendo que tanto el mantenimiento como la gestión de las infraestructuras deben ser analizadas de forma exhaustiva ante los recientes accidentes. Según consignó Europa Press, Feijóo afirmó que el Grupo Popular presentará la solicitud para crear una comisión de investigación en el Senado, iniciativa que abarcará tanto la red de alta velocidad como los servicios de Rodalies en Cataluña y los trenes de cercanías a nivel nacional.

El medio Europa Press detalló que Feijóo sostuvo estas afirmaciones durante una entrevista concedida a Antena 3, donde además aludió al historial del Ministerio de Transportes, calificándolo como "la zona cero de la corrupción" del Partido Socialista, en clara referencia a la situación legal de José Luis Ábalos, exministro que permanece encarcelado. Feijóo argumentó que "es derecho y obligación del Partido Popular rendir cuentas a los españoles sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y su mantenimiento", destacando el papel fiscalizador que atribuye a su formación.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo criticó con contundencia la ausencia del presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Senado, quien no compareció para explicar el contexto y las circunstancias de los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), incidentes en los que fallecieron 46 personas. El líder del Partido Popular censuró que el jefe del Ejecutivo pospusiera su presencia hasta el 11 de febrero ante el Congreso, indicando que, para entonces, debe abordar un orden del día ampliado con otros asuntos pendientes.

La responsabilidad del Gobierno en la gestión y supervisión del sistema ferroviario ocupó un lugar central en las declaraciones de Feijóo, según publicó Europa Press. El dirigente popular acusó al ministro de Transportes, Óscar Puente, de no decir la verdad al afirmar que las vías estaban renovadas. Además, señaló que el Ejecutivo mostró una conducta de "negligencia continuada" en relación con el mantenimiento de las redes de Alta Velocidad y de Rodalies, según sostuvo el líder de la oposición.

La propuesta de investigar el estado y la seguridad del transporte férreo se formula tras unos siniestros con consecuencias mortales y surge en un escenario de tensiones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno central, consignó Europa Press. Feijóo argumentó que la transparencia y la rendición de cuentas en materia de infraestructuras y transporte resultan esenciales para proteger la vida de los ciudadanos.

Por otra parte, la decisión del Grupo Popular de activar la mayoría absoluta con la que cuenta en el Senado para impulsar la comisión de investigación refuerza el mensaje de control institucional, subrayando la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de la red ferroviaria según las mismas fuentes. Feijóo recalcó el vínculo entre una gestión defectuosa y la pérdida de vidas humanas, reclamando explicaciones inmediatas y exhaustivas por parte del Ejecutivo.

El debate sobre la responsabilidad gubernamental y el acceso a información clara sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias se ha acentuado tras los recientes acontecimientos, mientras continúan creciendo las demandas de revisión técnica y política. Según Europa Press, el Partido Popular insiste en que la seguridad de la red debe figurar como prioridad urgente en la agenda política y no puede diluirse entre otros temas, exigiendo acciones inmediatas y compromisos concretos por parte de las autoridades responsables.

A lo largo de la entrevista y en sus pronunciamientos recogidos por Europa Press, Feijóo reiteró que el Partido Popular actuará para garantizar que los ciudadanos conozcan el estado exacto de la red ferroviaria, reclamando un ejercicio de transparencia a todos los niveles del Gobierno y acusando al Ejecutivo de priorizar la imagen política sobre la seguridad del transporte público.

La posibilidad de que dos comisiones parlamentarias duplicaran recursos y testigos llevó a los grupos políticos a acordar la unificación de las pesquisas relacionadas con el apagón nacional del 28 de abril de 2025. Según informó Europa Press, tras meses de funcionamiento paralelo y negociaciones fallidas, la Mesa del Congreso ha dado su visto bueno a fusionar ambas comisiones, movimiento que se someterá a votación en la próxima sesión plenaria, agendada para la segunda semana de febrero.

El medio Europa Press detalló que la unificación de las comisiones cobra relevancia tras la constitución en noviembre de dos grupos de investigación separados: uno, impulsado por los partidos del Gobierno, y el otro, promovido por el Partido Popular. El desacuerdo previo entre las formaciones parlamentarias había impedido la creación de una sola comisión, lo que derivó en la instauración de dos órganos con idéntico objetivo: analizar las causas y consecuencias del corte generalizado de electricidad vivido en España en dicha fecha.

De acuerdo con Europa Press, tanto Gobierno como oposición establecieron en ambas comisiones los mismos integrantes en las mesas, así como la misma presidencia, que recayó en la diputada del PNV Idoia Sagastizábal. Los partidos minoritarios, por su parte, inscribieron a los mismos diputados en ambas investigaciones, con la esperanza de forzar una futura fusión por motivos de lógica operativa.

Pese a que en teoría las dos comisiones debían trabajar en paralelo, consensuaron un mismo plan de trabajo y coordinaron solicitudes de informes y comparecencias de manera idéntica. Según publicó Europa Press, ambas comisiones solicitaron incluso habilitar el mes de enero para empezar a escuchar a los primeros testigos, acciones que buscaban minimizar la duplicidad de esfuerzos. No obstante, el riesgo de solapamientos y descoordinación generó incertidumbre sobre el proceso y motivó el acuerdo posterior para unificar ambos órganos de análisis.

El acuerdo adoptado por los grupos incluyó dotar a la comisión fusionada de una designación neutral: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025". Según consignó Europa Press, la solicitud de unión fue remitida a la Mesa del Congreso, aunque allí surgieron objeciones formales, ya que ambos órganos habían sido aprobados en el pleno y requerían de un texto justificativo para proceder a su fusión, así como la aprobación explícita del Pleno. Por ese motivo, el órgano de gobierno liderado por Francina Armengol atendió la petición en su última reunión y la trasladó a la Junta de Portavoces, que decidió incorporar la votación sobre la fusión en el orden del día de la siguiente sesión plenaria.

Europa Press también informó que la votación destinada a ratificar la unión de las dos comisiones se realizará en la segunda semana de febrero, momento en el cual, si prospera el consenso, se dará inicio a los trabajos definitivos para analizar el apagón del 28 de abril del año pasado.

Actualmente, el Congreso mantiene otras tres comisiones de investigación en funcionamiento, según reportó el medio. Una de ellas investiga la denominada "dana", y dos más fueron acordadas por el PSOE con ERC y Junts, como parte de las negociaciones por el control de la Mesa de la Cámara. Sin embargo, estas dos últimas permanecen suspendidas desde hace meses, sin convocatorias recientes ni planes inmediatos de reanudación.

En paralelo, se encuentran registradas otras dos propuestas de comisión pendientes de debate. Una ha sido planteada por Sumar, bajo el impulso de Más Madrid, para indagar en los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso. La otra fue anunciada por el PSOE tras la detención de Santos Cerdán, enfocada en el caso de las mascarillas durante la pandemia. De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la investigación sobre la trama conocida como "Koldo" llegó a abrirse al inicio de la legislatura, aunque se clausuró sin que comparecieran los principales involucrados y sin presentar conclusiones finales.

Este contexto parlamentario evidencia la existencia de órganos inscritos y activos cuya evolución depende de la negociación entre los principales grupos políticos y de la agenda marcada por las últimas tensiones políticas y sociales del país. La gestión y resolución del colapso energético nacional permanece, ahora, a la espera de la votación que decidirá si la investigación se desarrolla de manera conjunta, permitiendo la concentración de esfuerzos y el inicio formal de las indagaciones sobre el episodio de supresión eléctrica que afectó a millones de ciudadanos.

Durante la comparecencia de Carlos Gajero, jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, quedó de manifiesto que la coordinación institucional durante la catástrofe presentó deficiencias. Sobre la base de este contexto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido convocada este martes para responder ante la cámara alta por las labores desarrolladas tanto por ella como por su oficina durante la tragedia en la que murieron 229 personas, así como las acciones tomadas en los días posteriores. Según reportó Europa Press, Bernabé acudirá a la sesión a partir de las 11.00 horas, donde atenderá las preguntas formuladas por los senadores, en una iniciativa impulsada por el Partido Popular (PP), mayoritario en el Senado.

El orden del día, consultado por el medio Europa Press, fija esta comparecencia como la primera de un representante político desde el inicio de los trabajos de la comisión de investigación. Hasta ahora, las declaraciones se habían centrado en figuras técnicas y policiales. El PP, responsable de la citación, ha puesto especial énfasis en esclarecer el procedimiento político seguido durante y después de la dana, demandando explicaciones sobre la gestión operativa y las responsabilidades asignadas en una situación de emergencia de tales dimensiones.

La tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024, que provocó la pérdida de 229 vidas en la provincia de Valencia, motivó la apertura de esta comisión, orientada a identificar fallas, evaluar la respuesta institucional y depurar responsabilidades tanto políticas como de gestión. De acuerdo con Europa Press, Pilar Bernabé ya adelantó a medios que comparecería en el Senado “encantada” para detallar tanto sus propias actuaciones como las decisiones de su departamento, así como los aspectos que, en su opinión, no ejecutaron responsables de la emergencia bajo administración del expresidente autonómico del PP, Carlos Mazón.

En sus declaraciones previas al encuentro, la delegada del Gobierno aseguró que durante la jornada trágica suspendió toda su agenda oficial para focalizarse en la emergencia, y que convocó a las 9.00 de la mañana a todas las agencias pertinentes, solicitando que permanecieran disponibles para la Generalitat Valenciana ante cualquier eventualidad que se presentase. Tal como consignó Europa Press, Bernabé explicó que procuró tener a todos los efectivos organizados y listos. Asimismo, añadió que realizó personalmente llamadas a la máxima responsable de la Emergencia autonómica porque, según ella, hasta ese momento no había recibido ninguna comunicación institucional, pese a que ya se reportaban problemas de gran magnitud en varios municipios de la Ribera Baixa.

El medio Europa Press informó que la delegada del Gobierno tiene previsto informar con detalle las competencias y responsabilidades asociadas tanto al Gobierno central como a la Generalitat Valenciana. Bernabé señaló que aclarará “cuáles son las competencias” que considera que el PP “parece desconocer”, dado que hasta la fecha la comisión no ha convocado a responsables directos de la emergencia procedentes del Gobierno autonómico. Esta observación hace referencia a que, según Europa Press, la citación ante la comisión se ha centrado en agentes y técnicos, y no en altos cargos de la Generalitat.

La agenda de la comisión se había visto interrumpida tras el aplazamiento de la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, inicialmente pautada para el martes 20 de enero. Según detalló Europa Press, este aplazamiento se debió al luto declarado por el Gobierno tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ocurrido el domingo 18 de enero y en el que murieron 45 personas. Tras la sesión de este martes, la Mesa de la comisión celebrará una reunión destinada a fijar las próximas comparecencias, previsto que en ella se concrete el día y la hora en que Miguel Polo deberá declarar ante el organismo investigador.

El proceso de investigación sobre la respuesta política y administrativa frente a la dana mantiene atención especial sobre las declaraciones de Pilar Bernabé, dado que, según destacó Europa Press, se tratará del primer interrogatorio a un responsable político de primer nivel en la comisión. Esta circunstancia adquiere relevancia en el marco de los movimientos previos del PP, que ha dirigido el énfasis hacia la gestión institucional y la asunción de responsabilidades en la coordinación de la emergencia. En ese sentido, Bernabé reiteró su disposición para explicar su actividad y, especialmente, la toma de decisiones bajo su responsabilidad, así como para aclarar la distribución de competencias durante el operativo desarrollado el 29 de octubre y los días subsiguientes.

La comparecencia expone a la vista pública el debate sobre la distribución de funciones y los márgenes de actuación de cada nivel administrativo en la gestión de grandes emergencias como la dana. La investigación en el Senado, según ha puntualizado Europa Press, busca esclarecer la sucesión de hechos, la cadena de mando y los procedimientos institucionales seguidos durante una jornada que registró un balance sin precedentes de víctimas mortales en la Comunitat Valenciana. Bernabé insistió, de acuerdo a lo publicado por Europa Press, en su intención de ofrecer una rendición de cuentas minuciosa sobre lo realizado desde su puesto, además de enfatizar la necesidad de convocar también a responsables autonómicos que, a su juicio, no han sido interpelados hasta el momento por la comisión formada en la cámara alta.

La investigación sobre la empresa Forestalia y su entramado de negocios en torno a las licencias eólicas y solares en Aragón ha sido objeto de pesquisas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según un comunicado difundido por el Partido Popular. En este contexto, la comisión de investigación del Senado sobre el conocido 'caso Koldo' ha retomado sus sesiones y ha citado a la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, para comparecer el próximo 2 de febrero. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Sumelzo será interrogada justo en la fase final de la campaña electoral en Aragón.

La comisión en la Cámara Alta, en la que el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, busca esclarecer todas las derivaciones del 'caso Koldo', un escándalo que ha salpicado distintos ámbitos políticos y empresariales. El medio Europa Press ha detallado que la citación de Sumelzo pretende obtener explicaciones en el Senado sobre su papel y su relación con las presuntas irregularidades vinculadas al grupo Forestalia y a la concesión de licencias renovables en la región aragonesa.

Según la información proporcionada por Europa Press, el Partido Popular impulsa una ofensiva política dentro de esta comisión de investigación. Los representantes populares han argumentado que la comparecencia de Susana Sumelzo resultará clave para arrojar luz sobre lo que han calificado como "chanchullos" en el sector de las renovables, apuntando en particular a la relación entre la empresa Forestalia y la familia de la dirigente socialista. Además, los populares han solicitado la presencia en el Senado de Fernando Samper, presidente de Forestalia, aunque la fecha para su comparecencia todavía no ha sido fijada.

El foco de la comisión investigadora no solo reside en la actuación de Sumelzo en su calidad de secretaria de Estado, sino también en su época como exdiputada socialista. El Partido Popular, según informó Europa Press, ha insistido en la necesidad de que la funcionaria aporte detalles acerca de las operaciones empresariales protagonizadas por Forestalia en Aragón, así como sobre la red societaria que la UCO examina respecto a la relación entre la familia Sumelzo y la mencionada compañía energética.

Europa Press ha agregado que el reinicio de los trabajos en la comisión coincide con un momento clave de la agenda electoral en Aragón, evidenciando la dimensión política de las pesquisas y la repercusión que este caso puede tener hasta en los comicios regionales. El calendario de comparecencias, así como la activación de la comisión en pleno periodo electoral, han generado un clima de máxima expectación en el ámbito político aragonés y nacional.

Según la misma agencia, la comisión no solo pondrá el foco en los posibles hechos irregulares asociados a Forestalia, sino que también podría extender su investigación a otros capítulos relacionados con la gestión de licencias de energías renovables en la región. Estas sospechas han sido alimentadas por la complejidad del entramado empresarial objeto de análisis por parte de la Guardia Civil, una circunstancia que también ha sido remarcada por el PP en sus comunicaciones.

Las citaciones de Sumelzo y Samper están enmarcadas en una estrategia de escrutinio parlamentario que busca determinar la existencia de responsabilidades políticas o administrativas en la concesión de licencias a proyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón, ámbito donde Forestalia ha desarrollado buena parte de su actividad. De este modo, según remarcó Europa Press, la comisión aspira a obtener testimonios que permitan clarificar el alcance real del supuesto entramado y sus ramificaciones a nivel institucional y empresarial.

El desarrollo de las sesiones previstas en la Cámara Alta podría contribuir a arrojar nueva información sobre la implicación de actores políticos y privados en la adjudicación de licencias y el desarrollo de renovables en Aragón, ámbito de especial interés dada la repercusión estatal del sector y la relevancia de la agenda de transición energética. Tal como consignó Europa Press, la investigación sobre Forestalia y la familia Sumelzo permanece abierta, y el Senado continúa sus trabajos para delimitar responsabilidades y esclarecer los hechos denunciados.

El informe oficial difundido recientemente indica que Israel intervino en las transacciones de buques de guerra de Alemania a Egipto sin seguir procedimientos claros y sin notificar a los principales responsables de seguridad, lo que, según la comisión de investigación, acarreó riesgos para la protección nacional. Esta revelación forma parte del resultado de una amplia pesquisa que, de acuerdo con Europa Press, examinó operaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2017, etapa en la que Benjamin Netanyahu ocupaba el cargo de primer ministro.

El resumen publicado por la comisión, citada por Europa Press, expone que los fallos detectados afectan directamente el núcleo mismo de los procesos para desarrollar capacidades militares en Israel y alteran la manera en que se toman decisiones respecto a compras de armamento que suman miles de millones de shekels (moneda israelí; aproximadamente 27 céntimos de euro por unidad). Entre las operaciones revisadas por el órgano independiente de investigación figuran la adquisición por parte de Israel de submarinos y corbetas alemanes, así como su intervención como intermediario en la venta de buques germanos al gobierno egipcio.

Dicha comisión investigadora, establecida para descartar o confirmar alegaciones de una trama de sobornos de grandes proporciones en torno al comercio de armas, analizó minuciosamente los procesos de compra de equipo militar por parte del Estado israelí, según detalló el medio Europa Press. El informe final alude a una carencia de liderazgo y a una gestión desordenada en las negociaciones relativas a la transferencia de material bélico entre aliados y terceras naciones. "La gestión de la venta de armamento por parte de aliados a terceros países --un asunto estratégicamente delicado-- fue caótica y carente de un liderazgo claro, poniendo así en peligro la seguridad del Estado", consigna textualmente el documento de la comisión, tal como publicó Europa Press.

En relación con supuestas irregularidades financieras, la investigación abarca denuncias que señalan a varias personas, entre ellas allegados a Netanyahu, como presuntos beneficiarios de sobornos ligados a los acuerdos entre Israel y la firma alemana ThyssenKrupp Marine Systems, responsable de la construcción de los buques objeto de las transacciones. Pese a que no se responsabiliza directamente al actual jefe de Gobierno, el informe señala que algunas de las personas investigadas pertenecían a su círculo de confianza durante los años que ocupó la jefatura del Ejecutivo.

Europa Press recogió en su crónica que la comisión realizó un señalamiento específico sobre la insuficiencia de controles internos y la falta de consulta con los órganos centrales de seguridad. Los procesos para autorizar operaciones de compraventa de equipos militares se ejecutaron, en ocasiones, sin el aval o el conocimiento de las instancias clave encargadas de velar por la protección del Estado. Esta omisión, según el reporte, constituyó un riesgo sustancial para los intereses nacionales y la estabilidad de las capacidades defensivas de Israel.

En el periodo evaluado por la comisión, las adquisiciones y acuerdos superaron los miles de millones en la moneda nacional. Estas transacciones, según publicó Europa Press, estuvieron marcadas por una notoria falta de transparencia y coordinación entre los actores estatales implicados. La ausencia de una supervisión rigurosa y de procedimientos consensuados afectó, de acuerdo con las conclusiones oficiales, tanto la seguridad como la reputación de las fuerzas armadas y del aparato estatal israelí ante sus aliados y posibles compradores internacionales.

El informe elaborado por la comisión no solo señala deficiencias en la estructura de toma de decisiones y supervisión interna, sino que también advierte sobre las implicaciones a largo plazo para la seguridad regional. El hecho de haber autorizado, sin la debida comunicación ni el análisis adecuado, la transferencia de material militar sensible a un país vecino constituye, según las autoridades que llevaron adelante la investigación, un punto de vulnerabilidad para el propio Estado de Israel.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, las conclusiones de la comisión apuntan a la necesidad de reformular los mecanismos de control y consulta para las futuras adquisiciones y ventas de armamento. La transparencia, la inclusión de todos los agentes responsables y la rigurosidad en las evaluaciones estratégicas aparecen mencionadas por el órgano investigativo como exigencias imprescindibles para evitar que situaciones similares se repitan. El texto del informe advierte sobre el potencial impacto negativo de consentir que temas de tanta sensibilidad estratégica sean tratados de manera "caótica", con lo que se abre la puerta a riesgos, entre ellos amenazas a la seguridad nacional y daños colaterales a la diplomacia y la confianza internacional en los procedimientos estatales israelíes.

Para Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, el problema de las infraestructuras de transporte en España se remonta a la crisis financiera de 2007-2008, etapa en la que el país experimentó, según sus palabras, "un paso atrás gigantesco" en materia de inversiones. Desde este punto de vista, Page identifica tanto la crisis financiera como la pandemia posterior como factores clave que han frenado el desarrollo de redes clave en autovías, ferrocarriles y aeropuertos. Esta perspectiva fue expresada en el contexto de la crisis ferroviaria reciente, episodio que ha motivado debates políticos y sociales sobre las responsabilidades y respuestas institucionales, según publicó Europa Press.

El dirigente autonómico defendió de manera explícita la actuación del Gobierno central y del Ministerio de Transportes durante la gestión de la crisis. Consideró que ambos "no están mirando para otro lado ni escondiéndose" y subrayó que se han mantenido disponibles para atender a los medios de comunicación, incluso en circunstancias de alta incertidumbre e información aún por certificar. A criterio de García-Page, esta estrategia institucional contribuye a fomentar la transparencia y la futura obtención de conclusiones fiables a partir de los estudios que elaboren los especialistas. El medio Europa Press recogió que el presidente autonómico destacó esta disposición como un criterio diferenciador frente a crisis anteriores.

La crisis en cuestión generó un contexto de duelo nacional debido al elevado número de víctimas mortales. Ante este escenario, el presidente regional insistió en que la discusión política no debe contaminarse con ataques oportunistas. En sus declaraciones, García-Page lamentó que existan "buitres políticos" que buscan beneficiarse del dolor, independientemente de su afiliación ideológica: "Me da exactamente igual que la dirección de una tragedia beneficie o perjudique al PSOE, al PP o a cualquier otro partido", transmitió en Fitur, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

En línea con el enfoque institucional, García-Page reiteró el llamado a respetar a las víctimas y a mantener la unidad social. Recordó que, durante estas circunstancias, España suele mostrar cohesión en torno al dolor colectivo. Avanzó, además, que asistirá al funeral homenaje que está previsto realizarse el día 31 en Huelva, como gesto de apoyo y respeto a los afectados.

El presidente autonómico cuestionó la rapidez con la que en España se pasa a formular acusaciones políticas, sobre todo en contextos luctuosos donde permanecen abiertas investigaciones oficiales. Al ser preguntado sobre las peticiones de dimisión dirigidas al Ejecutivo desde la oposición y ciertos socios parlamentarios, alertó sobre el peligro de actuar precipitadamente en la atribución de responsabilidades. "En España la política se hace muy deprisa", advirtió, y añadió que discutir sobre destituciones en contextos con fallecidos requiere una cautela particular, tanto judicial como moral. En este marco, reclamó "una inmensa prudencia" y sugirió dejar trabajar a la comisión de investigación constituida para esclarecer los hechos. "Está todavía en pura investigación y hay que ser respetuosos con lo que vaya arrojando", aseveró, tal como reportó Europa Press. Resaltó que, más adelante, se deberán rendir cuentas y extraer conclusiones que puedan suponer responsabilidades políticas, pero que este proceso no debe acelerarse ni producirse en medio de la conmoción.

Sobre el déficit estructural de inversiones, García-Page indicó a Europa Press que las infraestructuras han resultado ser recurrentemente "los paganinis" de las sucesivas coyunturas económicas adversas, tanto la crisis financiera global como la recesión asociada a la pandemia. Relacionando este trasfondo con los problemas actuales, remarcó que las infraestructuras del país muestran síntomas claros de saturación y subcapacidad: carreteras que resultan insuficientes, líneas ferroviarias incapaces de absorber el flujo actual de pasajeros y mercancías, y aeropuertos experimentando niveles de ocupación elevados. A su entender, todos estos factores son una manifestación del auge económico y del crecimiento del turismo y la actividad comercial en España, fenómeno cuya gestión adecuada pasa por reforzar la dotación y mantenimiento de las infraestructuras.

Para abordar estos retos, el líder socialista abogó por la puesta en marcha de un plan nacional de inversión en infraestructuras con un horizonte temporal de al menos una década. Dicha estrategia contemplaría no solo la modernización sino también el fortalecimiento de las redes ya existentes, adaptándose al contexto de incremento en las demandas del transporte. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, García-Page defendió la idea de diseñar una "segunda generación de inversiones" capaz de dar respuesta a los desafíos estructurales y a las necesidades futuras de movilidad, competitividad y seguridad.

El debate acerca de la responsabilidad y la transparencia en la gestión de crisis como la ferroviaria se sitúa, según García-Page, en la obligación de las instituciones de comunicar y ofrecer explicaciones sólidas. Sostuvo que mantenerse accesibles ante los medios de comunicación, incluso en etapas de información parcial, permite aventurar una mayor claridad en el esclarecimiento de los hechos cuando finalicen las investigaciones encargadas a especialistas.

Finalmente, en el entorno de la tragedia y la posterior gestión política, el presidente de Castilla-La Mancha insistió, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, en la necesidad de separar la investigación y la búsqueda de la verdad de los intereses políticos inmediatos. Sostuvo que únicamente respetando el proceso y actuando con prudencia será posible extraer conclusiones basadas en análisis rigurosos y respetuosos hacia las víctimas y sus familias.

La agenda de comparecencias ante la comisión que investiga la gestión de la Dana en Valencia incluye el regreso de José Manuel Cuenca el día 9 de febrero. Esta convocatoria se produce después de que Cuenca, quien volvió recientemente a ocupar un cargo como asesor en la oficina del expresidente Carlos Mazón, haya sido citado por segunda vez, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. La comparecencia de Cuenca, antiguo jefe de Gabinete de Mazón en la Presidencia de la Generalitat y vinculado al Partido Popular, constituye uno de los momentos más relevantes dentro del calendario de interrogatorios planificados por el órgano parlamentario.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Mesa de la comisión del Congreso encargada de clarificar la gestión de la catástrofe provocada por la Dana de 2024 en la provincia de Valencia—fenómeno que causó 230 muertes únicamente en esa región—ha decidido citar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para comparecer el próximo 2 de febrero por la mañana. Esta decisión la tomó el organismo directivo de la comisión, en el que PSOE y Sumar cuentan con mayoría, tras varias sesiones de deliberación.

La comisión también ha citado el mismo día por la tarde a Amparo López, técnica del servicio de emergencias 112, según detalló Europa Press. La doble audiencia del 2 de febrero tiene como objetivo analizar tanto la gestión política como la respuesta técnica durante la crisis generada por la Dana, estableciendo así una jornada centrada en testimonios clave para el avance de la investigación parlamentaria.

La comparecencia de Feijóo será la primera vez que el líder del principal partido de la oposición acuda ante la comisión para responder ante los diputados sobre las actuaciones y decisiones tomadas durante la emergencia. La convocatoria se enmarca en la intención de recabar información sobre el papel institucional del Partido Popular en la respuesta a la catástrofe, especialmente durante las fases más críticas del fenómeno climático que azotó Valencia, según reportó Europa Press.

Por otra parte, la presencia de Amparo López, como técnica del 112, pone en el foco los procedimientos adoptados por los cuerpos de emergencia durante el desastre. Los diputados pretenden esclarecer si la cadena de mando y los protocolos de actuación fueron los adecuados para hacer frente al elevado número de víctimas y los daños ocasionados por la Dana, un fenómeno meteorológico que se saldó con 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia, de acuerdo con los datos recopilados por Europa Press.

Respecto a José Manuel Cuenca, su segunda comparecencia ante la comisión busca profundizar en el conocimiento de las decisiones políticas tomadas en la Generalitat Valenciana durante la presidencia de Carlos Mazón. Como jefe de Gabinete entonces, y posteriormente reincorporado como asesor en la oficina del expresidente, Cuenca se encuentra en el centro de las cuestiones sobre gestión, coordinación interinstitucional y posibles responsabilidades administrativas detectadas en la investigación parlamentaria, detalló Europa Press.

La comisión del Congreso, donde el PSOE y Sumar disponen de mayoría de miembros en la Mesa, ha estructurado las citaciones con el objetivo de abordar tanto las responsabilidades políticas como las técnicas. Esta configuración permite interpelar a altos cargos y a personal especializado, cubriendo así múltiples niveles de la gestión de la crisis. Según matizó Europa Press, la investigación sobre la Dana de 2024 se centra especialmente en las actuaciones institucionales y la efectividad de los protocolos de emergencia, cuestiones que han ocupado buena parte de las sesiones celebradas hasta el momento.

Las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press enfatizaron la importancia de la jornada del 2 de febrero, cuando dos figuras clave, del ámbito político y técnico respectivamente, responderán ante la comisión. La estrategia de los miembros del órgano investigador apunta a reconstruir una visión exhaustiva de los hechos, contrastando los testimonios de los dirigentes con los de los responsables operativos de los servicios de emergencia.

A la espera de nuevos desarrollos, la citación de Feijóo, López y Cuenca marca una nueva fase en la investigación, centrada en deslindar responsabilidades y esclarecer el proceder de los distintos actores durante la emergencia vivida en Valencia tras la Dana de 2024, cuyos efectos generaron un amplio debate público y parlamentario, señaló Europa Press.

En la jornada de este lunes se suspendió la comisión de investigación sobre el conocido como ‘caso Koldo’, programada para las 11:00 horas y en la que se esperaba la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda. Esta decisión respondió al clima de luto y respeto tras el accidente en Córdoba, que ha dejado un saldo de 39 fallecidos y 152 personas heridas. Tal como informó el Senado, la institución optó por paralizar sus actividades institucionales como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias.

De acuerdo con lo anunciado por el Senado y recogido por varios medios, a las 12:00 horas la Cámara Alta realizó un minuto de silencio en memoria de los afectados por la tragedia. El tributo congregó a parlamentarios y personal del Senado para ofrecer un gesto de apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del accidente. La convocatoria de este acto protocolario es habitual en episodios que impactan profundamente a la sociedad y al funcionamiento normal de las instituciones públicas del Estado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, canceló todos sus compromisos previstos para la jornada, según detallaron fuentes del propio Senado. Entre las actividades desconvocadas figuraba una reunión agendada con Dana Erlich, encargada de negocios de Israel, que no llegó a producirse en señal de duelo. Con este gesto, la Cámara Alta quiso transmitir su acompañamiento institucional a los afectados y dar prioridad a la respuesta ante la emergencia derivada del accidente.

El accidente ocurrido en Córdoba generó la reacción inmediata de las principales instituciones nacionales. El impacto de la tragedia llevó no solo a la suspensión de la agenda política sino también a la modificación de los hábitos y rutinas habituales del funcionamiento legislativo. Al paralizarse la comparecencia de María Belén Gualda y otros compromisos fijados para ese día, la Cámara Alta priorizó el duelo institucional ante la gravedad de los hechos.

Entre los afectados, además de los fallecidos confirmados, se contabilizaron 152 personas heridas, lo que supuso la movilización de servicios sanitarios y equipos de emergencia que continúan trabajando en la atención de las víctimas y en las labores de esclarecimiento de las causas del suceso. La respuesta del Senado se enmarca en un ambiente general de conmoción y acompañamiento social, donde diferentes organismos y representantes políticos expresaron condolencias y apoyo a las familias, según reportó el propio Senado en su comunicación oficial.

La programación regular del Senado contemplaba para este lunes no solo la comisión relativa al 'caso Koldo', sino también otras actividades de tipo institucional que quedaron interrumpidas. La decisión se adoptó después de conocerse el balance provisional de víctimas y de analizar el alcance del accidente que marcó la agenda política y mediática del día. Tanto el minuto de silencio como la suspensión de la actividad pública reflejaron la magnitud de la tragedia y la prioridad otorgada por la Cámara Alta al respeto institucional frente al dolor de las familias y del conjunto de la sociedad.

El Senado comunicó estas medidas a través de canales oficiales y fuentes internas, subrayando la relevancia del luto en la respuesta del Estado ante episodios de emergencia colectiva de este alcance. Las banderas ondearon a media asta en el recinto parlamentario y se adoptaron otros protocolos habituales en contextos de duelo nacional. El accidente de Córdoba, por su número de víctimas mortales y heridos, se sitúa entre los episodios más graves registrados recientemente, influenciando el funcionamiento ordinario de las instituciones y provocando la suspensión de múltiples actos previstos para la jornada, según recogieron fuentes del Senado.

El proceso judicial abierto a raíz de las últimas investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha estado acompañado por diligencias como registros y detenciones, entre ellas la de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la entidad, Vicente Fernández, en diciembre de 2025. En este contexto, el Senado ha aprobado la puesta en marcha de una comisión de investigación para abordar posibles anomalías detectadas en la gestión del organismo estatal, según reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el Partido Popular, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, impulsó la creación de este nuevo foro parlamentario, que también se centrará en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La iniciativa, aprobada con el respaldo del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el rechazo del PSOE, debatirá con la comparecencia de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y máxima responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, cuya citación ha sido oficialmente confirmada. Otros grupos parlamentarios optaron por no participar en la votación, tal como detalló la fuente.

El medio informó que la comisión surge después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera a diversas personas implicadas y solicitara documentos en sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica relacionados con las pesquisas llevadas a cabo por la Audiencia Nacional. Paralelamente, la Policía Nacional arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, investigados por presunto blanqueo de capitales. Estas actuaciones se ven enmarcadas dentro de operaciones orientadas a esclarecer la forma en que la SEPI gestionó determinados contratos de ayudas públicas.

En el desarrollo parlamentario del asunto, el senador del PP Alejo Miranda de Larra defendió la apertura de la investigación subrayando la necesidad de esclarecer responsabilidades para evitar que situaciones como el rescate a Plus Ultra vuelvan a repetirse. Según consignó el medio, Miranda reclamó al PSOE una postura "a favor de la limpieza institucional" y cuestionó la posición socialista por votar en contra de la comisión. El senador enumeró hasta 19 registros, tres detenciones bajo el ámbito de la SEPI y otras tres ligadas a rescates de aerolíneas, usando estos datos como justificación de la nueva indagatoria parlamentaria. Adicionalmente, el grupo popular anunció que la investigación incluirá cuestiones sobre la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España.

Desde la bancada socialista, Alfonso Gil rechazó los argumentos del PP y señaló, según recogió el medio, que la comisión busca perjudicar las opciones electorales de María Jesús Montero en los comicios andaluces de 2026. Gil definió la iniciativa como un intento de trasladar el "lodo" político al Senado, expresando que el verdadero motivo es minar la imagen y la candidatura de la ministra.

El medio detalló que la constitución formal de la comisión está prevista para febrero, cuando se organizará la presidencia, la Mesa y las primeras comparecencias. Además de Montero, también se prevé citar a Vicente Fernández y a Leire Díez en calidad de personas directamente implicadas en los hechos investigados.

La aprobación de esta comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre gestión y contrataciones públicas de la SEPI, bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El foco se sitúa especialmente sobre las operaciones de Plus Ultra y la pertinencia de haberla considerado "empresa estratégica", así como la implicación política y la influencia de diversos actores estatales y extraterritoriales durante los procedimientos decisorios registrados en años anteriores.

Según lo publicado, por ahora la iniciativa legislativa contempla una ronda amplia de comparecencias para tratar de delimitar posibles responsabilidades políticas dentro del marco de los recientes procesos judiciales. El Partido Popular remarcó su intención de investigar a fondo, mientras que el Partido Socialista objeta la verdadera finalidad de la propuesta, aludiendo a que responde a motivos políticos más que a un interés real por clarificar los hechos investigados.

Durante un pleno extraordinario en el Senado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la información sobre la investigación en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) continúa bajo secreto de sumario. El medio Europa Press reportó que Montero indicó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirige las pesquisas sobre el expresidente de SEPI, en un periodo durante el cual él ya no ocupaba el cargo, y que hasta el momento no existen indicios de ilegalidades en la tramitación de contratos. A pesar de estas declaraciones, el Partido Popular (PP) expresó su rechazo a las explicaciones de la ministra y señaló que la citarán ante la nueva comisión de investigación del Senado encargada de este caso.

Según detalló Europa Press, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, expuso que la mayoría absoluta de su grupo parlamentario permitió la convocatoria de un pleno extraordinario, obligando a Montero a dar explicaciones públicas sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de la empresa pública SEPI. En respuesta a la intervención de la ministra, García anunció que el PP citará formalmente a Montero en la comisión de investigación que la Cámara Alta ha acordado poner en marcha, centrada específicamente en la actividad de la SEPI.

Europa Press consignó que la intención de dicha comisión, como explicaron portavoces del PP, es esclarecer si el Ejecutivo benefició al Gobierno de Nicolás Maduro a través del rescate económico aplicado a la aerolínea Plus Ultra, apuntando al posible “pago de favores”. La formación liderada por Alicia García sostiene que el esclarecimiento de estos procedimientos requiere la comparecencia directa de la ministra responsable.

Durante su exposición pública, Alicia García responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar a Montero en una posición central dentro del Ejecutivo y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según el medio Europa Press. La portavoz ‘popular’ vinculó el papel de la ministra con episodios pasados de gestión pública en los que supuestamente existieron irregularidades, haciendo referencia al caso de los ERE en Andalucía. García criticó que Montero, a su juicio, haya pasado a ser “la vicepresidenta de las mordidas, la jefa política de Ábalos y Cerdán, la compañera y amiga de Paco Salazar, la responsable política del agujero negro de la SEPI, y la ministra que dinamitó la igualdad entre españoles”.

La portavoz del PP en el Senado sostuvo que la ministra organiza y controla la estructura directiva de la SEPI y le reprochó que, pese a ello, se presente como una simple espectadora de los hechos. Alicia García afirmó: “Usted diseñó la estructura. Usted controló desde su gabinete. Y ahora quiere presentarse como espectadora”.

Europa Press agregó que la ministra Montero, por su parte, rechazó la iniciativa de la oposición de crear una comisión de investigación parlamentaria mientras las actuaciones judiciales se mantienen bajo secreto de sumario. Montero preguntó ante el pleno: “¿Para qué? ¿Para entorpecer el trabajo de los tribunales? ¿Para hacerle el trabajo a los tribunales? ¿Para qué? Si está declarado secreto de sumario”.

Durante su intervención, la ministra puso de manifiesto que la investigación impulsada por la UCO se centra en un periodo posterior a su gestión directa, según detalló Europa Press, y reiteró la inexistencia de pruebas que señalen una actuación ilegal en la tramitación de contratos examinados en el marco de la SEPI. Según Montero, su departamento carece de más información acerca del caso, ya que la investigación judicial limita el acceso a los datos disponibles.

El medio Europa Press resaltó también que el PP responsabiliza políticamente a la ministra de los “vacíos de mando” detectados en la estructura de liderazgo de la SEPI a lo largo de los últimos dos años y considera poco convincentes las justificaciones planteadas por Montero durante el pleno extraordinario convocado a petición de los populares.

Con este contexto, la nueva comisión de investigación en el Senado pretende desentrañar el alcance de las presuntas irregularidades señaladas por la oposición e identificar potenciales connivencias o beneficios hacia intereses ajenos a los del Estado español, según lo declarado por representantes del PP y recogido por Europa Press. La comparecencia de Montero, que será activada formalmente en el marco de esta comisión, se suma a la pulseada política y judicial que rodea la investigación sobre la gestión de la SEPI, un asunto que mantendrá la atención pública y parlamentaria ante las expectativas de posibles revelaciones en el transcurso del proceso.

El arresto de figuras clave en la dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la exmilitante socialista Leire Díez, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diciembre de 2025 como parte de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presunta corrupción, ha elevado la presión política sobre el manejo de fondos públicos vinculados al rescate de empresas estratégicas. Días después de estas detenciones, la Guardia Civil inició el requerimiento de documentos en las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, en busca de pruebas relacionadas con posibles irregularidades, según reportó el medio.

El Senado ha convocado un pleno extraordinario, impulsado por la mayoría absoluta del Partido Popular, para analizar los indicios de corrupción y para interrogar a responsables políticos directamente vinculados a la gestión de la SEPI. Según detalló la fuente, este pleno se celebrará el jueves y contará con las comparecencias de las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, que han sido citadas por el grupo popular debido a que sus departamentos resultan señalados dentro de una supuesta trama de hidrocarburos que, según comenta el PP, podría haber favorecido al Gobierno de Nicolás Maduro a través de contratos y rescates, entre ellos el de la aerolínea Plus Ultra. En esa misma sesión extraordinaria se prevé la creación de una comisión de investigación centrada en la actividad de la SEPI y el análisis de posibles pagos ilícitos de favores a intereses internacionales.

El Partido Popular pretende, mediante esta comisión, esclarecer si el Ejecutivo utilizó a la SEPI para beneficiar al entorno de Maduro mediante la canalización de fondos de rescate. De acuerdo con el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado que la SEPI “gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público”, y ha puesto especial énfasis en el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que distribuyó 2.681 millones de euros entre 28 empresas durante la pandemia. García indicó que casi mil millones de euros de ese fondo se encuentran bajo investigación judicial y añadió que la gravedad de la situación radica en la sospecha de que parte de esos recursos habrían servido a fines ajenos al propósito original del fondo.

Según argumentó la portavoz 'popular', la investigación de la Audiencia Nacional abarca posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de contratos presuntamente irregulares, ayudas bajo duda y mordidas que podrían haberse canalizado mediante sociedades pantalla. “La SEPI es el centro de la trama corrupta del sanchismo”, declaró la senadora citada por el medio, añadiendo que la entidad pública ha sido convertida por el Gobierno en “una caja negra al servicio de su corrupción” y en “un cajero automático para pagar favores políticos e incluso favores internacionales”.

El informe periodístico puntualiza que el Partido Popular ha solicitado la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la llamada comisión ‘Koldo’ para responder por su relación con el Gobierno venezolano y el rescate de Plus Ultra. Alicia García le atribuyó, según el medio, el papel de “embajador de Maduro en España” y expresó que “ha sido encubridor de la dictadura de Maduro y ha mediado en el rescate de Plus Ultra”. El grupo popular solicita que Zapatero permanezca localizable para facilitar su comparecencia, si bien fuentes del partido puntualizan que dicha citación no se prevé para el mes de enero.

La decisión de activar esta nueva comisión en el Senado recibe impulso de la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que permite adelantar una constitución de la misma para febrero. Según confirmaron fuentes del Senado al medio de comunicación, una vez formalizada la comisión de investigación, se procederá a distribuir los puestos de presidencia y los miembros de la Mesa, así como a fijar el calendario de las primeras comparecencias, que incluirían a la vicepresidenta María Jesús Montero, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a la exmilitante socialista Leire Díez.

En relación a la gestión de empresas públicas bajo el control de la SEPI, la portavoz del PP en el Senado señaló, de acuerdo con la cobertura, que Correos ha registrado pérdidas por valor de 500 millones de euros en 2024, atribuyéndolo al deterioro en la administración de la entidad pública durante el mandato de Pedro Sánchez.

El contexto de las pesquisas judiciales aborda contratos, subvenciones y ayudas públicas gestionados por la SEPI, abarcando el periodo posterior a la creación del fondo destinado a empresas estratégicas durante la pandemia. La investigación incluye no solo la gestión interna de la entidad, sino también los supuestos beneficios que habrían derivado en favores políticos de ámbito internacional, centrando parte del debate en España sobre los vínculos entre la gestión de los fondos públicos y su posible utilización en alianzas exteriores, en particular con el Gobierno de Venezuela.

La agenda establecida en el Senado augura un amplio calendario de comparecencias y análisis documentales, en un proceso parlamentario y judicial destinado a esclarecer la gestión de ayudas públicas de gran magnitud y la posible implicación de altos cargos y dirigentes políticos en actuaciones ilegales o irregulares vinculadas al rescate de empresas y a la concesión de contratos bajo sospecha, según ha publicado el medio de comunicación.

Águeda Micó, diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, ha reclamado el acceso a los mensajes intercambiados en el grupo de WhatsApp del Consell entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, y también ha solicitado que el expresidente valenciano Carlos Mazón aporte sus conversaciones con el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca. La finalidad de esta petición radica en esclarecer la actuación de las autoridades autonómicas durante la emergencia provocada por la dana en Valencia, así como identificar la cadena de mando que operó esos días. Esta demanda surge después de que la propia Micó participara en una comparecencia en el Congreso, en la que calificó como un avance significativo lo sucedido en el juzgado de Catarroja, en referencia al careo entre la exconsellera Salomé Pradas y Cuenca, ya que ambos han sido señalados en el proceso de investigación. Según informó Europa Press, la diputada considera que la imputación de Mazón en la investigación judicial debe materializarse dada su implicación en la toma de decisiones, o en la ausencia de estas, durante esos momentos críticos.

En este contexto, el diputado de Compromís en el Congreso y adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, sostiene que Carlos Mazón codirigió el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la gestión de la dana en Valencia a través de su jefe de gabinete. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ibáñez dirigirá sus preguntas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la comisión de investigación del Congreso para obtener claridad sobre si tenía conocimiento del papel de Mazón y, en caso afirmativo, por qué contradijo la información recibida relacionada con la tragedia durante la emergencia. Ibáñez además ha solicitado, tras confirmarse el respaldo del PSOE a la propuesta de Compromís, que Feijóo comparezca ante la comisión parlamentaria la última semana de este mes. El martes 27 es una de las fechas que se consideran, aunque la Mesa de la comisión —donde los partidos que forman parte del Gobierno ostentan la mayoría— tendrá que hacerlo oficial. No obstante, fuentes parlamentarias citadas por Europa Press advirtieron que coincidiría con la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Congreso, lo que podría modificar la fecha de la comparecencia.

Ibáñez argumenta que la comparecencia de Feijóo ante la comisión servirá para determinar el grado de conocimiento y responsabilidad del líder del PP sobre la actuación de Mazón respecto a la dirección del Cecopi desde El Ventorro y a través de Cuenca, y para esclarecer por qué ofreció declaraciones donde aseguraba poseer información “en tiempo real” sobre la emergencia cuando, según sostiene el diputado de Compromís, Mazón no le proporcionó ninguna información sustancial. Según lo reportado por Europa Press, Ibáñez criticó que se haya ocultado lo que el gobierno central hizo en favor de la Comunidad Valenciana, manteniendo la versión de que el Ejecutivo no ofreció asistencia, y cuestionó la permanencia de Mazón al frente del gobierno valenciano durante aquellos días, aun con la constatación de que no se encontraba en su puesto y de que había mantenido conversaciones con representantes del Gobierno central.

La coalición de gobierno ya había barajado la posibilidad de hacer comparecer a Feijóo el pasado viernes, coincidiendo con su declaración como testigo ante la jueza a cargo de la investigación penal relacionada con la gestión de la dana. En ese contexto, Ibáñez expresó su intención de que Feijóo, como “presidente de una organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros,” explique ante la comisión parlamentaria los motivos por los que presuntamente ocultó información sobre el liderazgo ejercido por Mazón durante la tragedia.

Durante la comparecencia ante la prensa desde la Cámara Baja, Ibáñez detalló su posición sobre la cadena de mando durante la emergencia, enfocándose principalmente en la supuesta intervención de Mazón a través de Cuenca. En esa misma dirección, Micó subrayó que Salomé Pradas, durante el careo judicial del lunes, señaló directamente a Cuenca como el interlocutor encargado de transmitir las directrices de Mazón de modo directo. Además, Micó hizo referencia a los problemas técnicos que alegó el exjefe de gabinete para justificar la ausencia de mensajes en su teléfono móvil, tras haberse reiniciado el dispositivo.

Las peticiones de Compromís incluyen que la comisión de investigación tenga acceso no solo a los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell relacionados con el episodio de la dana, sino también a los mensajes personales entre el expresidente Mazón y Cuenca, con el objetivo de aclarar la dinámica real de la toma de decisiones durante la crisis. Europa Press consignó que Micó formalizará estas solicitudes el próximo 20 de junio durante la reunión de la Mesa de la comisión, en una sesión que contará con la presencia de Cuenca y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos imputados en el procedimiento judicial del juzgado de Catarroja junto a Pradas.

Los hechos investigados por la comisión se sitúan entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, periodo en el que la emergencia causada por la dana afectó a la Comunidad Valenciana. En esa coyuntura, Pradas apuntó que las instrucciones remitidas por Mazón llegaban de forma directa a través de Cuenca, y Micó insistió en que la supuesta falta de respuestas efectivas durante la jornada de la emergencia respondió más a un entramado de poder y dirección política que a situaciones de improvisación. Según lo planteado ante el Congreso y en las diligencias judiciales, Compromís pretende determinar si la organización de la cadena de mando pudo haber influido en las consecuencias que tuvo la emergencia y si existió ocultamiento de información entre los distintos niveles de administración.

El desarrollo de los distintos frentes judiciales y parlamentarios sigue abierto, a la espera de las comparecencias de los implicados y del acceso de la comisión a la documentación solicitada, en medio de la investigación por la gestión política y operativa durante la catástrofe.

El exmilitante socialista y antiguo asesor en el Palacio de la Moncloa, Francisco Salazar, comparecerá ante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’, tras concretarse la citación en la sesión de este lunes. Según informó Europa Press, los integrantes de la comisión ratificaron también los llamados a otros exfuncionarios y empresarios, a la vez que excluyeron la propuesta de convocar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

De acuerdo con Europa Press, la comisión investiga en el Senado las diversas ramificaciones del ‘caso Koldo’, contando el Partido Popular con mayoría en ese órgano. El grupo popular ya había anunciado en distintas oportunidades la intención de citar a Salazar, al hijo del exministro José Luis Ábalos —Víctor Ábalos— y a otros actores relevantes, pero necesitaba formalizar estos llamamientos con un nuevo listado, que quedó definido en la reunión realizada este lunes. El foco de la comisión se centra en esclarecer el alcance de las actuaciones y relaciones mantenidas durante la pandemia relacionadas con contratos públicos.

En la misma reunión se ratificó la citación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, aunque la fecha específica para su comparecencia aún no ha sido establecida. El medio Europa Press detalló que también se confirmó la convocatoria de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, así como del presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la empresa, Roberto Roselli.

El nuevo listado de comparecientes incluye además a Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la misma operación en la que fueron apresados directivos de Plus Ultra. Europa Press puntualizó que, según las investigaciones, Martínez Martínez se reunió en secreto con José Luis Rodríguez Zapatero en El Pardo horas antes de ser arrestado, hecho que agrega relevancia a su declaración ante la comisión.

En otro punto relevante, el Partido Popular descartó admitir los nombres propuestos por otras formaciones políticas. En particular, rechazó interrogar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como había solicitado Vox. Desde la comisión se precisó que solo fueron admitidas las propuestas del grupo mayoritario para los próximos llamados.

Según publicó Europa Press, la investigación del Senado aborda varias aristas sobre la gestión de contratos y relaciones institucionales durante el periodo de la emergencia sanitaria, concentrándose actualmente en las personas que, a criterio de la mayoría parlamentaria, pueden aportar información sobre las decisiones adoptadas en ese contexto.

La comisión, conformada para esclarecer todas las conexiones del ‘caso Koldo’, continúa avanzando en su agenda de declaraciones. Europa Press expuso que, con la formalización de los llamamientos, se contempla que las comparecencias sigan desarrollándose en las próximas semanas, a medida que se definan las fechas pendientes y se cursen oficialmente las invitaciones a quienes aún no han visitado la sede del Senado.

Vox, que ha exigido la presencia de familiares directos de protagonistas políticos en el proceso, no logró incorporar sus propuestas en la lista de comparecientes. Europa Press señaló que hasta el momento el enfoque permanece en personas con vínculos formales en la administración o implicaciones empresariales relacionadas con los hechos bajo investigación.

Al concretarse las citaciones, la comisión refuerza su objetivo principal de esclarecer las conexiones entre exfuncionarios, empresarios y las decisiones adoptadas en la gestión del material sanitario, particularmente en torno a figuras públicas con responsabilidades en el periodo investigado.

La convocatoria de Alberto Núñez Feijóo para comparecer en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana podría concretarse en la última semana de enero, según la propuesta de Compromís, que sugiere el 27 de dicho mes para la posible intervención del líder del Partido Popular. La decisión final recae sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que todavía evalúa si citará formalmente a Feijóo antes de que finalice enero. Como informó Europa Press, los socialistas no han descartado dicha posibilidad, aunque no han precisado una fecha exacta para la comparecencia, que podría producirse antes de febrero.

Según detalló Europa Press, la comisión del Congreso se mantiene activa durante el mes de enero, que fue habilitado para poder celebrar sesiones extraordinarias vinculadas a la investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas tras la catástrofe ocurrida por la dana en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora, la comisión tiene programada al menos una reunión el 20 de enero, donde está previsto que testifiquen José Manuel Cuenca, antiguo jefe de gabinete del ex presidente valenciano Carlos Mazón —a quien este ha incorporado como asesor en su oficina de expresidente— y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, quien enfrenta imputación junto a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, dentro del proceso abierto en el juzgado de Catarroja.

Tal como publicó Europa Press, la petición de Compromís de llamar a Feijóo ante la comisión surge tras constatarse, según los solicitantes, que el dirigente del PP no trasladó información veraz sobre su conocimiento de los hechos ocurridos durante la emergencia. Feijóo aseguró, en los días posteriores a la riada, haber recibido información “en tiempo real” de lo sucedido a través del entonces presidente Mazón. Sin embargo, de acuerdo con las revelaciones de la investigación, el PSOE sostiene que Feijóo ha admitido no conocer el paradero de Mazón “durante las horas más críticas” de la crisis, por lo que consideran que su declaración inicial fue falsa.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario Sumar, indicó que la comisión parlamentaria debería escuchar el testimonio de Feijóo el 27 de enero. Ibáñez sostuvo además que el líder popular “mintió descaradamente”, “humilló a las víctimas para poder salvar al ‘soldado Mazón’ y proteger los intereses del PP”, según citó Europa Press. Ibáñez defendió también la necesidad de que Feijóo dimita del liderazgo de su partido antes de acudir al Congreso para esclarecer su papel en la gestión y la comunicación de las consecuencias de la tragedia.

En tanto, la Mesa de la comisión, presidida por Carmen Martínez Ramírez del PSOE y compuesta en mayoría por integrantes de los dos partidos del Gobierno de coalición, es la instancia responsable de formalizar nuevas convocatorias de comparecientes. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la mayoría socialista y el respaldo de los socios de gobierno garantizan a la comisión amplias facultades para citar a responsables políticos, ex cargos y funcionarios vinculados a la respuesta institucional ante la dana.

El viernes más reciente, Feijóo compareció durante más de cinco horas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra a través de una videoconferencia, donde explicó que tuvo conocimiento de la situación desde las 19:59 del 29 de octubre de 2024, cuando estableció contacto con Mazón tras la crecida del río que dejó 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia. Entre ese momento y el cierre del día, ambos mantuvieron un intercambio de aproximadamente diez mensajes, según relató Feijóo ante la magistrada, citó Europa Press.

El foco de la controversia reside en la interpretación de estas comunicaciones: mientras Feijóo sostuvo ante la opinión pública haber estado informado en todo momento, el PSOE y Compromís señalan que el líder del PP carecía de información completa en los momentos determinantes del operativo de emergencia. Para los socialistas, esto implica que Feijóo incurrió en una falsedad y debería rendir cuentas en sede parlamentaria, además de renunciar a sus responsabilidades partidarias. Compromís secunda esa exigencia y demanda que la comisión de investigación aclare las cadenas de información y los plazos en los que los dirigentes políticos nacionales y autonómicos conocieron la magnitud del desastre.

Las citaciones que está llevando a cabo la comisión de investigación del Congreso forman parte de un proceso parlamentario iniciado tras la tragedia de la dana, que puso bajo escrutinio la actuación de autoridades, procedimientos de emergencia y el sistema de alertas, según detalló el medio Europa Press. Las sesiones sucesivas buscan depurar responsabilidades y esclarecer las decisiones que pudieron incidir en el alcance del desastre y la atención a las víctimas.

El desarrollo de las investigaciones judiciales se cruza con los trabajos en las Cortes, dado que ex altos cargos del antiguo Gobierno valenciano figuran como investigados en el juzgado de Catarroja. La comparecencia de Núñez Feijóo en sede parlamentaria abriría un nuevo capítulo en la indagación sobre la gestión de la catástrofe, evaluando el papel de los líderes políticos nacionales en la coordinación de las medidas de contingencia. Hasta el momento, la comisión mantiene pendiente de resolver el calendario definitivo de convocatorias, con la expectativa de que las próximas sesiones puedan esclarecer el nivel de conocimiento y las actuaciones de los principales responsables durante la crisis.

La reciente inclusión de Laura Zapatero y Alba Zapatero como “administradoras solidarias de WHATAFAV S.L.” en el registro de comparecientes propuestos para la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado marca un nuevo giro en el desarrollo de las investigaciones parlamentarias. Según consignó Europa Press, Vox ha formalizado este viernes una solicitud para que estas personas, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, puedan comparecer ante la comisión. Esta petición forma parte de una estrategia más amplia del partido para ampliar el rango de comparecientes vinculados tanto a figuras políticas de alto nivel como a responsables empresariales de la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con Europa Press, Vox ha aprovechado la fase de ampliación del listado de comparecientes para insistir no solo en la presencia de Laura y Alba Zapatero, sino también para volver a solicitar la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este movimiento de Vox responde a su interés en esclarecer la eventual implicación de familiares de exdirigentes y miembros del entorno empresarial y político relacionado con el caso, que centra las investigaciones en torno al denominado “entramado” de Plus Ultra.

El listado registrado por Vox, según detalló Europa Press, incluye a varios funcionarios de alto rango y directivos relevantes para la investigación. Entre ellos figuran el empresario Fernando Sumelzo, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Además, se solicitan las comparecencias de Julio Martínez Sola, presidente y propietario de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado de la empresa.

Europa Press reportó que la decisión final sobre la convocatoria de estos comparecientes recae sobre la mayoría absoluta que actualmente ostenta el Partido Popular en la comisión del Senado. En ocasiones anteriores, esta mayoría ha rechazado incluir algunas propuestas de Vox, aunque posteriormente ha terminado admitiendo a determinados solicitados, como ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ilustra la dinámica de negociación y equilibrios de poder que caracteriza el proceso de convocatoria en la comisión.

La comparecencia de representantes de Plus Ultra forma parte del interés de Vox en investigar las relaciones entre la aerolínea y el supuesto entramado bajo escrutinio en el ‘caso Koldo’. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli están vinculados directamente a la gestión y toma de decisiones en Plus Ultra, empresa que se ha visto envuelta en polémicas y controversias relacionadas con ayudas y contratos públicos, asuntos que motivaron la creación de la comisión de investigación.

Vox remarca la importancia de investigar el papel de WHATAFAV S.L., empresa cuya administración está asociada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, con la expectativa de aclarar posibles vínculos económicos o societarios que puedan tener relevancia en el contexto de la investigación parlamentaria. La solicitud de comparecencia de Laura y Alba Zapatero constituye un intento de dilucidar la responsabilidad y grado de conocimiento de los familiares de exmandatarios sobre posibles operaciones bajo cuestionamiento.

La participación en la comisión de altos funcionarios del Gobierno, como los secretarios de Estado de Defensa y Medio Ambiente y la secretaria de Estado para Iberoamérica, busca ampliar el foco de la investigación a diferentes áreas de la administración pública que puedan haber tenido relación con las actuaciones investigadas. El papel de la SEPI, representada por su expresidente Vicente Fernández, adquiere relevancia dada la relación de este organismo público con empresas estratégicas y su implicación en ayudas o rescates empresariales en los últimos años.

Europa Press publicó que el registro realizado por Vox establece una hoja de ruta que pone en el centro del debate parlamentario la amplitud y profundidad de las conexiones políticas y empresariales ligadas al ‘caso Koldo’. La insistencia en la comparecencia de Pedro Sánchez evidencia la intención del partido de vincular a los máximos responsables institucionales en la rendición de cuentas ante el Senado.

El proceso legislativo para la admisión o rechazo de los comparecientes propuestos implica que la comisión, con mayoría absoluta del Partido Popular, tiene la facultad de aceptar o descartar cada una de las solicitudes. La experiencia previa, reflejada en los casos en que propuestas inicialmente descartadas por Vox han sido finalmente admitidas, apunta a la posibilidad de que algunos de los nombres ahora puestos sobre la mesa terminen compareciendo ante la comisión.

El ‘caso Koldo’ sigue generando tensiones políticas y expectativas en diferentes sectores institucionales y sociales. La nueva ronda de solicitudes por parte de Vox, publicada por Europa Press, introduce la presencia de nuevos actores en la investigación y reaviva el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en la gestión de recursos públicos y la relación entre la administración y el sector empresarial.

La información sobre el avance de la comisión permanece sujeta a las decisiones que adopte la mayoría parlamentaria y a las estrategias que cada grupo político plantee en el seno del Senado. La integración de familiares de exmandatarios y altos cargos gubernamentales en el listado de comparecientes refuerza la complejidad y sensibilidad del caso, según se advierte en los reportes de Europa Press.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, aseguró que la veracidad de las comunicaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, recogidas en los mensajes de WhatsApp y entregadas a la jueza de Catarroja, constituye una prueba clave sobre el manejo de la emergencia generada por la dana en la provincia de Valencia, tragedia en la que murieron 230 personas. Morant advirtió que el Partido Socialista solicitará la comparecencia de Feijóo en la comisión parlamentaria de investigación si este no declara la verdad de forma íntegra ante la jueza encargada del caso. Según escribió la agencia Europa Press, la advertencia se produjo en la víspera de la declaración de Feijóo ante la magistrada, quien lo citó como testigo para aportar detalles sobre la gestión política del desastre.

Morant criticó que el líder del PP participará solo por videoconferencia y no en persona, interpretando esto como una falta de implicación y lo consideró, según aseguró a Europa Press, una señal de cobardía y un indicio de que el dirigente popular elude la responsabilidad. La titular de Ciencia insistió en que Feijóo, al ser citado como testigo, está obligado a actuar con total transparencia ante la Justicia, y señaló una diferencia clara entre responsabilidad judicial y política.

En una intervención previa a la reunión de la ejecutiva socialista en Paiporta, una de las poblaciones más afectadas por las lluvias torrenciales, Morant expuso que el compromiso con la verdad debe extenderse tanto al juzgado como a la comisión del Congreso. Añadió que, en caso de que Feijóo falte a la verdad total o parcialmente, o sus explicaciones resulten insuficientes, los socialistas impulsarán su comparecencia en la Cámara Baja para que rinda cuentas ante los representantes públicos, según reportó Europa Press.

Durante sus declaraciones, Morant repasó los movimientos de Feijóo el día de la catástrofe. Recordó que el presidente del PP fue cuestionado por los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el 29 de octubre, y que el contenido de esas comunicaciones entregadas a la jueza revela contradicciones entre la versión pública del líder popular y lo que realmente sucedió ese día. Según ha explicado Morant a Europa Press, considera que Feijóo “mintió” cuando afirmó en Valencia haber estado debidamente informado por el presidente regional, y enfatizó que la prioridad del dirigente del PP fue controlar la narrativa mediática y no la atención a la emergencia.

La líder socialista subrayó que según esos WhatsApp, Mazón manifestó que ya había contactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta primera, con el titular de Interior y con la ministra de Defensa, quienes ofrecieron todo el apoyo necesario a la Generalitat desde el Ejecutivo central. Según Morant, esos hechos demuestran, como informó Europa Press, que la gestión del PP buscó encubrir errores de su propio gobierno autonómico y poner el foco crítico en el Gobierno central, utilizando el control del discurso como principal herramienta política tras la tragedia.

Además, Morant sostuvo que la secuencia de acontecimientos, reflejada en las comunicaciones oficiales, permite afirmar que en la tarde de la dana la Generalitat disponía de toda la ayuda precisa, desmintiendo así los relatos que atribuían negligencia al Gobierno español. “La verdad de aquella tarde es imborrable”, afirmó Morant, según recogió Europa Press, para insistir en la relevancia de los hechos y la necesidad de claridad tanto en el ámbito judicial como en el parlamentario.

La ministra también señaló que la actitud adoptada por Feijóo y sus declaraciones posteriores resultan incompatibles con la función pública. Advirtió que “mentir en política es inaceptable, y mentir en un drama como el que hemos vivido los valencianos es directamente inhumano y te incapacita para estar en política”, citó Europa Press. Esta línea argumental fue reiterada por Morant durante su intervención ante la ejecutiva socialista en Paiporta, una localidad que experimentó importantes daños materiales y pérdidas humanas en la tragedia.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Socialista manifestó su intención de controlar la transparencia del proceso y la integridad de las declaraciones que Feijóo entregue ante la jueza. La dirigente del PSPV remarcó que, de comprobarse falsedades, la formación trasladará la exigencia de comparecencia al grupo parlamentario socialista en el Congreso, quien decidirá sobre la conveniencia de interrogar a Feijóo en el marco de la comisión de investigación sobre la gestión y el impacto de la dana.

Mientras la polémica continúa en la esfera política, la investigación judicial avanza con la recopilación de testimonios y pruebas sobre los hechos ocurridos durante la emergencia, incluyendo la actuación de representantes públicos de diferentes niveles de la administración. Europa Press relata que la instrucción se centra en aclarar los flujos de información entre instituciones, la coordinación de los recursos y las responsabilidades políticas derivadas de la acción o inacción en los momentos críticos de la catástrofe que golpeó la provincia de Valencia.

El Partido Popular ha solicitado formalmente que la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, comparezca ante la comisión que investiga el ‘caso Koldo’ en el Senado, fijando el 19 de enero como fecha para su declaración, según reportó Europa Press. Este paso se suma a la nueva convocatoria a José Luis Ábalos, exministro socialista de Transportes, propuesta para el 28 de enero, luego de que el Tribunal Supremo rechazara la primera petición de comparecencia para este jueves.

De acuerdo con Europa Press, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para registrar, mediante un escrito remitido al presidente del Senado, Pedro Rollán, la solicitud de habilitar el mes de enero para la realización de los interrogatorios pendientes en el marco del ‘caso Koldo’. El documento formalizó no solo el nuevo llamado a Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional, sino también la comparecencia de Gualda y otros testimonios clave para la investigación parlamentaria en curso.

Según detalló el medio, el Supremo denegó el miércoles la comparecencia de Ábalos al argumentar que la petición, presentada por el Partido Popular, presentaba una “singular premura” y que era imprescindible permitir que las partes personadas en el sumario pudieran pronunciarse antes de que el tribunal tomara una decisión. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, subrayó la posibilidad de presentar una nueva solicitud, siempre que se ofreciera tiempo suficiente para que las defensas pudieran exponer sus opiniones antes de cualquier autorización.

Tras la decisión judicial, Eloy Suárez Lamata, presidente de la comisión de investigación, suspendió la sesión prevista para este jueves a las 10.00 horas. Hoy mismo, la Mesa de la Comisión se reunió con el objetivo de reorganizar el calendario y definir nuevas fechas para las comparecencias relevantes.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press indicaron que, desde la perspectiva del Partido Socialista, los últimos movimientos del PP exhiben una actitud “desesperada” ante lo que calificaron como “un ridículo en la convocatoria de Ábalos”. Las mismas fuentes acusaron al principal partido de la oposición de forzar las instituciones y de transformar la actividad del Senado en una extensión del partido, en referencia a la ubicación de su sede en la calle Génova.

Los socialistas estiman, según publicó Europa Press, que a pesar de la mayoría absoluta de la que dispone el PP en la Cámara Alta, el partido “no ha dejado de hacer el ridículo en varias ocasiones”, señalando como ejemplo la actuación del Supremo frente a la solicitud de comparecencia. Desde el PSOE consideran que las comisiones de investigación promovidas desde la oposición representan “el abuso de una institución del Estado” y ponen en evidencia una “impotencia” para oponerse a las políticas del Ejecutivo, enviando también un mensaje sobre la competencia entre las fuerzas conservadoras y de ultraderecha.

Con el calendario de comparecencias ahora modificado tras la intervención del Tribunal Supremo, el Partido Popular reiteró su intención de continuar impulsando la labor de la comisión en enero, mientras los distintos actores políticos mantienen posturas enfrentadas respecto al alcance y la legitimidad de las actuaciones en el marco del ‘caso Koldo’. Según detalló Europa Press, la investigación en el Senado se mantiene sujeta al desarrollo de los procedimientos judiciales y a la dinámica interna entre los grupos parlamentarios, en un contexto marcado por la tensión y el debate sobre el uso institucional del poder político.

Àgueda Micó, diputada de Compromís inscrita en el Grupo Mixto del Congreso, reclamó la entrega de una "copia íntegra" de los mensajes intercambiados entre miembros del Consell y altos cargos de la Generalitat Valenciana en grupos de WhatsApp entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, días marcados por la riada en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos. El objetivo, según sostuvo, es clarificar la gestión política adoptada durante la emergencia y determinar con precisión qué información circuló entre responsables públicos y cómo se articularon las decisiones durante la crisis. Según consignó el medio, esta demanda se elevó en el marco de los trabajos de la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

El medio detalló que, en una nota de prensa, Micó contextualizó su petición recordando que, durante las comparecencias en la comisión, integrantes del anterior Ejecutivo valenciano admitieron la existencia de uno o más grupos de mensajería en los que se compartió información sobre la gestión de la emergencia. De acuerdo con la parlamentaria, acceder a esas conversaciones resulta fundamental para esclarecer la cadena de decisiones internas, identificar a los responsables de cada medida y evaluar con qué datos contaba el Gobierno autonómico en todo momento.

La petición de Compromís, tal como publicó el medio, responde a la percepción de que parte de la comunicación entre consejeros y altos cargos fue canalizada de modo interno a través de estos chats en los instantes más críticos de la emergencia. Según Micó, las comparecencias de exmiembros del Consell han presentado "respuestas evasivas" respecto al contenido y la gestión de los grupos de WhatsApp, lo que dificulta reconstruir los flujos de información reales y las instrucciones emitidas durante y después de la catástrofe.

Micó ya había solicitado sin éxito en el pasado, durante la comisión, que el exconseller de Educación Antonio Rovira y el ex secretario de Presidencia Cayetano dieran detalles específicos sobre la actividad de estos canales de comunicación. Según la parlamentaria, "el grupo de WhatsApp del Consell de Mazón fue uno de los canales de comunicación entre el ejecutivo valenciano el día de la tragedia y en los días posteriores". Este señalamiento, según detalló el medio, refuerza la exigencia de obtener los mensajes completos y no extractos parciales, pues el foco está puesto en el análisis institucional y no en el ámbito privado de los participantes.

Para Compromís, el acceso a los mensajes permitiría esclarecer en qué momento se compartió determinada información, quién informó sobre riesgos específicos, y cómo se respondió institucionalmente ante la magnitud de la riada. "No estamos hablando de conversaciones privadas, sino de comunicaciones entre responsables públicos en el ejercicio de sus funciones y en un contexto de emergencia", recalcó Micó en declaraciones recogidas por el medio.

El medio subrayó que la iniciativa pretende ofrecer a la comisión de investigación toda la documentación relevante para poder reconstruir la cronología de los hechos y depurar responsabilidades. La demanda de transparencia abarca el periodo que va desde la víspera de la gran avenida de agua, el 28 de octubre, hasta varios días después del suceso, cuando continuaba la gestión de las secuelas y el recuento de víctimas.

La riada en cuestión provocó 230 muertes solo en la provincia de Valencia, uno de los desastres recientes de mayor impacto en la comunidad autónoma. El medio reportó que, tras la tragedia, se abrió un debate sobre la actuación de la administración y la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno valenciano. La comisión parlamentaria surgió precisamente para investigar si las medidas tomadas fueron adecuadas y si la respuesta institucional se ajustó a los protocolos existentes en materia de emergencias.

El foco de la investigación parlamentaria también recae sobre los mecanismos de comunicación empleados por el Consell en situaciones de crisis, y cómo estos influyeron en la adopción de decisiones y la emisión de alertas a la ciudadanía. El medio destacó que, para Micó, disponer de los mensajes intercambiados por los altos cargos durante esos días podría evidenciar posibles disfunciones o aciertos en la gestión de la emergencia, así como la idoneidad de los procedimientos internos.

La exigencia de que la comisión acceda a estos chats de WhatsApp plantea, según el medio, un debate sobre el alcance del control institucional en los canales digitales de comunicación usados por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Además, abre la discusión sobre el deber de transparencia de las administraciones durante episodios que ponen en riesgo la vida y la integridad de la población, y sobre el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se tomaron las decisiones en medio de la crisis.

El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para volver a citar al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de diciembre, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. La nueva convocatoria se plantea para el 28 de enero, apenas un día después de que el Tribunal Supremo rechazara la solicitud del PP para que compareciera este jueves. No obstante, aunque los de Feijóo habían decidido convocarle para el día 28, y así lo había registrado en una petición de sesión extraordinaria para esa fecha, poco después sus representantes en la mesa de la comisión no han dado continuidad a esa iniciativa. Por lo tanto, por el momento la fecha está en el aire.

La decisión de los populares supone reactivar de forma inmediata los trabajos de la comisión tras el revés judicial sufrido esta misma semana y se acompaña de un nuevo calendario de comparecencias que el grupo mayoritario ha impulsado en la Mesa del órgano parlamentario. Junto a la citación de Ábalos, el PP ha propuesto también la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, fijada para el próximo 19 de enero.

Ambas iniciativas figuran en un escrito remitido este jueves al presidente del Senado de España, Pedro Rollán, al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo solicita formalmente la habilitación del mes de enero con el objetivo de poder celebrar los interrogatorios previstos, pese a tratarse de un periodo tradicionalmente inhábil en la actividad ordinaria de la Cámara Alta.

Los límites procesales

El movimiento del PP llega después de que el Tribunal Supremo denegara este miércoles la autorización necesaria para que Ábalos compareciera ante la comisión este jueves 8 de enero. El Alto Tribunal justificó su negativa en la “singular premura de la solicitud referida” y recordó que, antes de permitir la comparecencia de una persona en prisión provisional ante un órgano parlamentario, es obligatorio dar audiencia a las partes personadas en el procedimiento penal.

El magistrado instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, dejó claro en su auto que la denegación no obedecía a una valoración de fondo sobre la compatibilidad entre la investigación judicial y la parlamentaria, sino a la imposibilidad material de tramitar la petición con las garantías exigibles. Según expuso, la solicitud cursada desde el Senado llegó al Supremo el pasado 2 de enero, en pleno periodo de días inhábiles, lo que impedía recabar en plazo las alegaciones del Ministerio Público, de la acusación popular y de la defensa del propio Ábalos.

Puente subrayó que esta audiencia previa es una exigencia derivada del principio de contradicción y recordó que la Sala Segunda del Supremo ya aplicó este mismo criterio en un precedente de 2019, cuando rechazó autorizar la comparecencia de acusados en prisión preventiva ante una comisión de investigación del Parlament de Cataluña. En aquella resolución, ahora citada, el tribunal alertó de las “indeseadas interferencias” que pueden producirse entre una comparecencia parlamentaria y el derecho de defensa de los acusados en el juicio oral.

El instructor añadió además que no concurrían las condiciones legales para habilitar días inhábiles ni para acelerar la tramitación de la solicitud, al no apreciarse una urgencia que pudiera causar “graves perjuicios” a las partes ni a la buena administración de justicia. Incluso en el supuesto de haberse habilitado esos días, señaló, los plazos mínimos para formular alegaciones no habrían vencido antes de la hora prevista para la comparecencia en el Senado.

Nueva agenda en la comisión

Tras conocer la decisión del Supremo, el presidente de la comisión de investigación, Eloy Suárez Lamata, desconvocó la sesión que estaba prevista para este jueves a las 10.00 horas. Horas después, al mediodía, la Mesa de la comisión volvió a reunirse para fijar las nuevas comparecencias y dar cobertura formal a la reactivación de los trabajos, ya con un calendario ajustado a los requisitos señalados por el Alto Tribunal.

En su auto, el magistrado dejó abierta expresamente la puerta a una nueva citación de Ábalos, siempre que la solicitud se cursara “con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes”. Es precisamente en ese margen en el que el PP fundamenta ahora la nueva convocatoria fijada para el 28 de enero.

La resolución judicial dictada por el magistrado Leopoldo Puente subraya que el rechazo a la comparecencia del exministro José Luis Ábalos en la comisión del Senado no cierra la puerta a futuras solicitudes. Según expone el auto, al que accedió Europa Press, el instructor precisa que la Cámara Alta tendrá la posibilidad de tramitar nuevamente la petición, siempre que lo haga con antelación suficiente para permitir la intervención de las partes involucradas.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el Tribunal Supremo comunicó este miércoles que denegó el permiso solicitado para que Ábalos, quien permanece en prisión provisional desde el 27 de noviembre, acudiese este jueves a declarar ante la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. En esta ocasión, la presencia del exministro había sido solicitada por el Partido Popular, que tenía previsto su testimonio para el 8 de enero, fecha establecida por la comisión, tras ser anunciada por la portavoz popular en la Cámara, Alicia García, a finales de diciembre.

En su auto, el magistrado Puente argumentó su decisión señalando la "singular premura" con la que se cursó la solicitud, lo que impidió conceder el permiso requerido. Según recogió Europa Press, el juez detalla que la petición para que Ábalos compareciera no ofreció el margen necesario para realizar la "imprescindible audiencia previa de las partes", un trámite considerado indispensable en estos procedimientos judiciales.

Europa Press indicó que, mientras no se produzca esa audiencia y respetando los tiempos procesales, el Supremo no autorizará que Ábalos abandonase la prisión provisional para prestar declaración ante el Senado. No obstante, Puente especificó en su escrito que, si la Cámara Alta remite una nueva solicitud con suficiente anticipación y facilita el cumplimiento de los requisitos formales, podría reconsiderar la petición, manteniendo abierta la posibilidad de autorización.

El 'caso Koldo' es investigado en el Senado por una comisión que busca establecer responsabilidades en torno a supuestas irregularidades relacionadas con contratos durante la gestión ministerial de José Luis Ábalos. El PP, que propuso la citación, sostiene que la presencia de Ábalos es relevante para esclarecer los hechos bajo examen parlamentario. La negativa del Supremo, explicó Europa Press, obedece a criterios procesales y no al contenido de la causa.

La prisión provisional de Ábalos, que empezó el 27 de noviembre, añade notoriedad al proceso de la comisión, cuyo funcionamiento queda supeditado a las decisiones de las instancias judiciales involucradas. Tal como puntualizó Europa Press, la intervención del magistrado se ciñó al análisis de los plazos procesales, sin avanzar en valoraciones acerca del fondo del asunto en debate en la Cámara.

El auto emitido por Leopoldo Puente se convierte así en un documento clave para entender los límites de la colaboración entre órganos judiciales y comisiones parlamentarias, donde los procedimientos formales y el respeto a los derechos procesales inciden directamente en la agenda legislativa. Mientras tanto, el Senado mantiene vigente la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', a la espera de que pueda resolverse una nueva solicitud de comparecencia que cumpla los requisitos señalados en la resolución judicial.

El anuncio de una nueva Comisión de Investigación en el Senado ha coincidido con la citación a altos funcionarios del Gobierno español para que respondan ante posibles irregularidades detectadas en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como con los recientes arrestos y registros realizados a instancias de la Audiencia Nacional. Según consignó Europa Press, la portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, Alicia García, informó que esta comisión estará orientada a esclarecer si existieron beneficios o pagos de favores relacionados con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en operaciones empresariales de entidades españolas como el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Europa Press detalló que la decisión se hizo pública tras una rueda de prensa ofrecida por Alicia García, en la que explicó que el nuevo órgano parlamentario se ocupará de examinar el papel de la SEPI en diversas operaciones empresariales, particularmente aquellas que pudieran estar vinculadas con el Ejecutivo venezolano. García indicó que el grupo popular ha solicitado la comparecencia, en un pleno extraordinario convocado para el próximo 15 de enero, de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también ostenta la responsabilidad política sobre la SEPI, así como de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Según explicó la portavoz, ambos departamentos ministeriales han quedado bajo la lupa debido a los indicios recogidos en la denominada “trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”.

Las acciones del Partido Popular se producen poco después de que, en diciembre de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedió a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso. De acuerdo con Europa Press, estos arrestos se inscriben en las diligencias de la Audiencia Nacional, organismo judicial que coordina una investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la SEPI.

Tras estas detenciones, la Guardia Civil acudió a solicitar información y documentación en diversas sedes institucionales, que incluyeron Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. El objetivo de estas actuaciones, según reportó Europa Press, consistió en recabar datos adicionales vinculados con las pesquisas judiciales que trata de determinar posibles vías de corrupción o actuaciones ilícitas dentro de la administración pública.

La posible relación entre el rescate de empresas como Plus Ultra y el entorno del Gobierno de Nicolás Maduro constituye uno de los ejes centrales de la investigación impulsada. Europa Press puntualizó que el pleno convocado y la comisión de investigación persiguen dilucidar si la intervención de la SEPI en este tipo de operaciones pudo haber tenido motivaciones políticas o externas a los intereses generales del Estado español.

Además, estas medidas del grupo popular tienen lugar tras la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien deberá declarar por acusaciones asociadas a “narcoterrorismo” y al tráfico de drogas, según la información publicada por Europa Press. Este hecho ha añadido presión sobre las instituciones españolas para esclarecer cualquier posible vínculo entre representantes públicos y la administración venezolana.

El medio subrayó que las imágenes y declaraciones correspondientes a estos acontecimientos, incluyendo la rueda de prensa ofrecida por Alicia García, están disponibles en Europa Press Televisión. La difusión de los hechos ha generado un debate dentro del Senado sobre la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión de las empresas públicas, así como la importancia de esclarecer si existieron tratos de favor en las operaciones empresariales impulsadas por la SEPI en el marco de las relaciones bilaterales con Venezuela.

Alicia García reiteró que la creación de la comisión responde a la sospecha de que ciertas decisiones empresariales pudieron haber favorecido a particulares o responsables políticos a través de mecanismos de rescate financiero, lo que habría perjudicado la imagen y la integridad de la administración pública española. Europa Press recogió que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Transición Ecológica serán requeridos para aportar toda la información pertinente, con la finalidad de identificar si las anomalías detectadas corresponden a actuaciones aisladas o forman parte de una estructura de corrupción más amplia.

El desarrollo de la investigación parlamentaria se produce en un contexto en el que la SEPI, como principal tenedora de participaciones industriales del Estado, desempeña un papel clave en la intervención y el rescate de empresas consideradas estratégicas. Según explicó Europa Press, el caso de Plus Ultra se ha convertido en ejemplo paradigmático al concentrar las sospechas sobre posibles intereses extraterritoriales o políticos, en particular, por la relación histórica de la aerolínea con el Gobierno venezolano.

En las próximas semanas, la propia SEPI, sus anteriores responsables y representantes de entidades bajo su órbita, estarán sujetos a comparecencias y solicitudes de información en sede parlamentaria y judicial. Estos requerimientos buscan esclarecer tanto la legalidad de los procedimientos seguidos como las eventuales conexiones entre los responsables administrativos y agentes externos al Estado. Europa Press puntualizó que la investigación continuará ampliándose a medida que surjan nuevos elementos derivados de las pesquisas judiciales y parlamentarias.

La reciente convocatoria de un pleno extraordinario en el Senado destaca la citación de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y máxima responsable política de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), junto con Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Ambas funcionarias deberán dar explicaciones en la Cámara Alta, según publicó el medio, debido a la investigación abierta sobre una “trama de hidrocarburos” que podría haber favorecido al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates empresariales, como el que habría beneficiado a la aerolínea Plus Ultra.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa ofrecida por Alicia García, portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, quien detalló la creación de una comisión de investigación orientada a esclarecer si la SEPI “pagó favores” al Gobierno de Maduro mediante operaciones de rescate empresarial. De acuerdo con la portavoz, el Ejecutivo central y la SEPI enfrentan sospechas por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones públicas, foco de una investigación en curso de la Audiencia Nacional. El medio informó que el pleno extraordinario está previsto para el 15 de enero, fecha en la que ambas vicepresidentas deberán responder ante los senadores acerca de las gestiones de sus departamentos y sus posibles vínculos con las investigaciones en marcha.

La decisión de activar estos mecanismos de control parlamentario se produce tras las detenciones ocurridas en diciembre de 2025, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso. Según informó el medio, estas detenciones se enmarcan en una investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades en procesos de rescate empresarial y adjudicación de contratos públicos. Dos días después de estos arrestos, agentes de la Guardia Civil acudieron a las sedes de Correos, así como a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, con el objetivo de recabar documentación solicitada por el órgano judicial encargado de la causa.

Tal como consignó el medio, el interés del PP por esclarecer los hechos ha llevado al partido a solicitar explicaciones directas a los altos cargos cuyas áreas aparecen vinculadas a la investigación, bajo la premisa de que podrían haberse producido prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y en la relación con empresas estratégicas. La portavoz popular recalcó que el foco principal estará en la actividad de la SEPI, especialmente en lo relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra y en la posible existencia de un “pago de favores” hacia el Ejecutivo venezolano.

Este contexto político y judicial se intensificó aún más tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por autoridades estadounidenses, hecho que, según reportó el medio, tuvo lugar dos días antes de la comparecencia de Alicia García. La detención de Maduro responde a cargos relacionados con el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”, situación que refuerza la atención mediática y política en torno a las relaciones entre entidades públicas españolas y el gobierno sudamericano.

De acuerdo con el medio, la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional profundiza en posibles irregularidades en torno a contratos públicos adjudicados a compañías vinculadas con Venezuela, en cuyo trasfondo se analiza el papel desempeñado por la SEPI y la supervisión ejercida desde los ministerios ahora señalados. La comisión de investigación creada en el Senado buscará recopilar y analizar toda la información disponible al respecto, en paralelo al trabajo de la Justicia, para determinar si existieron beneficios indebidos o tratos de favor en la concesión de ayudas y contratos.

El proceso incluye la revisión de dossiers y documentación que la Guardia Civil ha solicitado en las recientes actuaciones en dependencias estatales y empresas públicas. Según detalló el medio, la recopilación de pruebas por parte de los investigadores pretende esclarecer las circunstancias y responsabilidades en la gestión de los rescates empresariales.

En este sentido, el PP ha manifestado que la finalidad de la comisión instalada en el Senado apunta a depurar posibles responsabilidades políticas y a avanzar en la transparencia de las actuaciones públicas en relación con operaciones empresariales estratégicas. La comparecencia de las vicepresidentas y responsables ministeriales formará parte del proceso de esclarecimiento exigido por el partido en la Cámara Alta.

El medio explicó que la atención sobre el proceder de la SEPI y de los responsables ministeriales se ha intensificado desde que se conocieron las primeras detenciones y diligencias practicadas por la Guardia Civil, así como por el interés de la Audiencia Nacional en la investigación del presunto entramado relacionado con los hidrocarburos y las supuestas relaciones con los intereses del gobierno venezolano.

La comisión de investigación puesta en marcha por el PP contará con facultades para requerir comparecencias, solicitar documentos y analizar los procedimientos administrativos asociados a los rescates empresariales en cuestión. Según recogió el medio, el impulso político a la investigación pretende esclarecer la naturaleza de los lazos entre funcionarios españoles y actores económicos y políticos venezolanos.

La citación de altos cargos gubernamentales en el pleno extraordinario del Senado marca una etapa destacada en la investigación parlamentaria de las actuaciones de la SEPI, al situar en el centro del debate la transparencia en las relaciones entre administraciones centrales y empresas con vínculos internacionales.

La exigencia de unificar formalmente las dos comisiones sobre la supresión del suministro eléctrico, establecida por la Mesa del Congreso, marcó un punto de inflexión en la tramitación parlamentaria para investigar el apagón vivido en España el 28 de abril pasado. Según informó Europa Press, tras varios meses en los que los grupos políticos mantuvieron posiciones contrapuestas y después de la constitución simultánea de ambas comisiones en noviembre, la Cámara Baja se prepara para votar el texto justificativo de su unificación y activar de manera efectiva los trabajos de investigación a partir de febrero.

El origen de esta situación parte del desacuerdo entre las formaciones políticas tras el apagón del 28 de abril. Europa Press detalló que la falta de consenso entre los grupos derivó en la aprobación en mayo de dos comisiones separadas: una propuesta por los partidos que integran el Gobierno y otra por el Partido Popular. Las formaciones de Podemos y Junts jugaron un papel clave, permitiendo con su voto que ambas iniciativas salieran adelante. Para ambas comisiones se designaron los mismos diputados, anticipando que con el tiempo se alcanzaría una solución de convergencia, algo que finalmente se retrasó hasta consolidar la unificación definitiva.

El 18 de noviembre, la constitución simultánea de ambas comisiones evidenció la falta de acuerdo, aunque se logró que compartieran la misma mesa y la presidencia, a cargo de la diputada del Partido Nacionalista Vasco Idoia Sagastizábal. En ausencia de un consenso sobre la fusión, surgió la idea inicial de que ambas comisiones avanzaran de forma paralela. Sin embargo, el 2 de diciembre los grupos, por unanimidad, decidieron fusionar los dos órganos en solo uno con un título neutral: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025", explicó Europa Press.

A pesar del acuerdo político, surgieron obstáculos formales una vez que se trasladó la propuesta de unificación a la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol. Como informó Europa Press, la Mesa recordó a los grupos que ambas comisiones, aprobadas en Pleno, se constituyeron formalmente, lo que exigía motivos legales y la redacción de un texto justificativo para su unión, documento que también requería el visto bueno del hemiciclo.

Europa Press consignó que se prevé que en cuanto inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones en febrero, la Mesa analice el texto de unificación en su primera reunión. Posteriormente, la Junta de Portavoces determinará su inclusión en el primer Pleno ordinario previsto para la segunda semana del mes. Las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press anticiparon que a partir de que se supere esta votación, los trabajos de la comisión podrían reanudarse a mediados de febrero. En esa etapa, los diputados ya tendrían la posibilidad de solicitar acceso a la documentación vinculada con el apagón y citar a los primeros comparecientes para recopilar testimonios.

Durante los meses previos, los partidos políticos manifestaron su intención de adelantar el inicio de los testimonios en enero, pero los problemas formales pospusieron la calendarización. La Cámara había acordado incluso solicitar la habilitación del mes de enero para comenzar las investigaciones, pero la exigencia de una justificación documental para la unificación frustró este calendario.

Europa Press indicó que, actualmente, además de esta comisión sobre el apagón, el Congreso mantiene abiertas otras tres comisiones de investigación: una para analizar los efectos de la Dana y dos que el Partido Socialista pactó con Esquerra Republicana de Catalunya y Junts como parte de los acuerdos para asegurar el control de la Mesa de la Cámara Baja. Estas dos últimas permanecen inactivas desde hace meses y no hay previsión para próximas convocatorias.

Por otra parte, detalló Europa Press, existen otras comisiones cuya creación está pendiente de debate y votación en el Pleno. Una de ellas fue impulsada por Sumar, junto con Más Madrid, para investigar la actividad empresarial de la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La otra la propuso el PSOE después de la detención de Santos Cerdán y está relacionada con el caso de las mascarillas, una cuestión que ya había motivado trabajos de investigación en el inicio de la legislatura sin que se llamara a los principales involucrados en la llamada "trama Koldo", y que se clausuró sin presentar conclusiones oficiales.

En este contexto, la expectativa se centra en la pronta aprobación del texto que permitirá fusionar las dos comisiones previamente aprobadas y reactivar en febrero la investigación específica sobre el corte de suministro eléctrico, con el objetivo de revisar testimonios y documentación relevante relacionada con los hechos ocurridos el 28 de abril. Europa Press resaltó que los grupos parlamentarios esperan que este avance permita esclarecer los motivos y circunstancias del apagón, así como las responsabilidades asociadas, un asunto que se ha mantenido en el foco de la actividad parlamentaria y que ahora podría encarar una etapa decisiva tras varios meses de estancamiento institucional.

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), manifestó durante su comparecencia ante la comisión del Senado que no recibió directrices del Gobierno en el desempeño de su cargo y atribuyó las críticas hacia su gestión a motivos políticos. En palabras recogidas por Europa Press, Tezanos sostuvo que su labor se desarrolla con total independencia y calificó las acusaciones y el cuestionamiento sobre el funcionamiento del CIS como parte de una "estrategia política", considerando que la controversia sobre el organismo es de naturaleza política, más que científica. Además, durante la sesión, Tezanos protagonizó un momento tenso al dirigir observaciones hacia el Partido Popular (PP) por el tono de la bancada durante el interrogatorio, al que calificó en varias ocasiones de "inquisitorio".

El Senado, en el que el PP mantiene una mayoría absoluta, evalúa la clausura de la comisión de investigación sobre la gestión del CIS, tras aproximadamente un año y medio de trabajo. Según informó Europa Press, este órgano parlamentario concluyó en diciembre las comparecencias clave, entre ellas la del ministro Félix Bolaños y la del presidente Tezanos. Fuentes del entorno del PP detallaron al medio que no se prevén más comparecencias y que la comisión concentrará sus esfuerzos, en las próximas semanas, en la redacción de las conclusiones finales sobre la gestión del organismo.

La comisión de investigación sobre el CIS inició su actividad en julio de 2024 y, a lo largo de su funcionamiento, recibió a un total de dieciocho comparecientes, según Europa Press. Además de Bolaños y Tezanos, la lista de intervinientes incluyó sociólogos, expertos que dirigieron la institución en el pasado, responsables de consultoras especializadas y profesores universitarios. El objetivo era examinar la labor realizada por Tezanos al frente del centro, en un contexto de polémicas y críticas respecto a la objetividad y metodología de los estudios sociológicos publicados por el CIS.

Durante el proceso, según Europa Press, Tezanos insistió en que nunca existió interferencia gubernamental alguna en la actividad del CIS bajo su responsabilidad. Subrayó ante los parlamentarios que la autonomía del centro permaneció intacta y defendió la validez de las investigaciones sociológicas desarrolladas. Frente a los cuestionamientos presentados por la bancada popular, Tezanos reiteró que la mayoría de las críticas hacia su gestión están motivadas por desacuerdos políticos y no por fundamentos científicos vinculados al quehacer del organismo.

La comisión permitió que figuras académicas y profesionales vinculadas a la práctica sociológica y la dirección de encuestas públicas aportaran perspectivas diversas sobre el funcionamiento del CIS, analizando tanto los procedimientos técnicos como la percepción pública de la institución durante el mandato de Tezanos. Según detalló Europa Press, los debates se centraron en la metodología aplicada por el CIS, la independencia del organismo y la fiabilidad de los resultados publicados.

Europa Press informó que la comisión del Senado se enfocará, a continuación, en la elaboración del informe de conclusiones, que recogerá lo aportado por los comparecientes en las distintas sesiones y servirá de base para las recomendaciones y valoraciones finales sobre la gestión del CIS, en particular la etapa encabezada por Tezanos. Las sesiones han evidenciado las diferencias entre los partidos, con el PP cuestionando con insistencia las prácticas del CIS y Tezanos defendiendo reiteradamente su independencia y profesionalidad.

El medio detalló que el cierre de la comisión marcará el final de una etapa prolongada de supervisión parlamentaria sobre la labor del CIS y su presidente. A lo largo del proceso, han quedado de manifiesto las tensiones entre representantes políticos y miembros de la institución, así como las acusaciones de parcialidad entre los implicados. Europa Press también consignó que, tras la finalización de la comisión y la publicación de las conclusiones, el debate sobre la legitimidad, la independencia y la objetividad del CIS podría trasladarse a otras instancias políticas o mediáticas, dependiendo de la valoración final que refleje el informe de la comisión.

El papel de los dieciocho comparecientes, incluidos especialistas ajenos al ámbito político, proporcionó un marco para el análisis de la actuación del CIS desde distintas ópticas. Según Europa Press, este recorrido permitió no solo focalizar el debate en torno a la figura de Tezanos, sino explorar las dinámicas internas y la influencia política percibida sobre las instituciones de investigación sociológica en España.

La posible convocatoria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo' se perfila como uno de los temas centrales tras revelarse que el motivo de su citación es una reunión con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien fue detenido recientemente por la Policía. Según detalló Europa Press, la Mesa de esta comisión, dominada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, mantendrá este lunes un encuentro clave con el objetivo de incorporar formalmente a Zapatero en la lista de comparecientes, aunque aún no se ha concretado la fecha de su interrogatorio.

El medio Europa Press informó que la decisión de citar a Rodríguez Zapatero responde a un anuncio realizado la semana previa por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien en rueda de prensa explicó la intención de su grupo de escuchar al expresidente en torno a sus contactos con el directivo de Plus Ultra. Sin embargo, hasta el momento, Zapatero no figuraba en la nómina de personas que debían acudir ante la comisión. Para que la comparecencia tenga carácter oficial, la mayoría popular en la Mesa debe aprobar un nuevo plan de trabajo en el que se contemple su citación.

El órgano directivo de la comisión, donde el PP tiene el control de los 'tiempos' de las comparecencias debido a su mayoría absoluta, todavía no ha fijado un día para que Zapatero acuda a responder preguntas. Esta potestad permite a los populares ir ajustando el calendario de comparecientes según sus estrategias y prioridades políticas, retrasando o acelerando la citación de figuras como el expresidente socialista de acuerdo a sus decisiones internas.

Además de la citación a Zapatero, la agenda de actividades del Senado para este lunes incluye la convocatoria de las Mesas que dirigen otras comisiones de investigación abiertas. De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular ha programado sesiones telemáticas para la dirección de las cuatro comisiones de investigación que actualmente funcionan en la Cámara Alta. El objetivo es ordenar el curso de los trabajos y definir los nombres y fechas de comparecencias que se programarán durante el año 2026.

En el caso de la comisión que investiga la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la reunión de la Mesa y los portavoces está prevista para las 10:00 horas del martes. En este foro, en diciembre se produjeron comparecencias como la del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el propio presidente del CIS. En la sesión actual deberá decidirse cuándo comparecerán los siguientes citados.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se reunirá la Mesa de la comisión de la DANA, establecida para analizar la respuesta institucional ante episodios de lluvias intensas. Según reportó Europa Press, esta comisión, hasta el momento, no ha convocado a ningún responsable político. Los miembros del Partido Popular han optado por centrarse en las aportaciones de técnicos y solo se ha contado con la presencia de representantes de sindicatos policiales en convocatorias recientes.

Finalmente, a las 13:30 horas, se producirá el encuentro de la Mesa de la comisión que estudia el llamado "apagón". Este foro no se convocaba desde hacía un mes, cuando compareció el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En esta nueva cita, se definirá el calendario de sucesivas comparecencias y la organización de los trabajos pendientes.

El PP, según consigna Europa Press, ha establecido como prioridad cerrar el año 2025 con la celebración de reuniones de los órganos de dirección de todas las comisiones en curso, lo que permitirá sentar las bases para el desarrollo exhaustivo de las investigaciones parlamentarias en los siguientes ejercicios legislativos.

En el fondo de estos movimientos en el Senado, subyace la gestión de los tiempos y la planificación de los testimonios, con especial atención a figuras de relevancia política y a cuestiones de alto impacto, como el 'caso Koldo' y la reunión de Rodríguez Zapatero con el directivo investigado de Plus Ultra. Los mayores avances en las comisiones activas dependen del curso que marque la mayoría conservadora, que decide tanto los ritmos como los contenidos esenciales de cada foro de investigación parlamentaria, según recogen las informaciones de Europa Press.

El 12 de marzo de 2024 marcó la única comparecencia de Pedro Sánchez en un Pleno con preguntas en el Senado durante la actual legislatura, cita en la que respondió a cuestiones del Partido Popular sobre el conocido 'caso Koldo', la comisión de investigación en la Cámara Alta donde se debatía la posibilidad de citar a su esposa Begoña Gómez, además de responder a Esquerra Republicana de Catalunya acerca de sus compromisos con Cataluña y al Bloque Nacionalista Galego sobre infraestructuras en Galicia. Según consignó la fuente original, a partir de ese momento, han transcurrido más de 21 meses sin que Sánchez se haya sometido nuevamente al escrutinio de la oposición en el Senado, pese a las reiteradas peticiones formuladas especialmente por el Partido Popular.

De acuerdo con la información publicada, el presidente del Gobierno ha cerrado el año 2025 sin participar en ninguna de las sesiones de control al Ejecutivo organizadas en la Cámara Alta. El medio detalló que la ausencia de Sánchez en estos espacios ocurre a pesar de la insistencia del Partido Popular, formación que ostenta la mayoría absoluta en el Senado y que decidió promover una reforma del Reglamento. Esta modificación buscó establecer la obligatoriedad para el presidente de asistir, al menos una vez al mes y salvo causa justificada, a las sesiones de control impulsadas por los grupos parlamentarios.

Tal como publicó la fuente, Sánchez ha justificado su inasistencia reiterada alegando motivos de agenda. Desde el Palacio de La Moncloa, según informaron a través de diversas comunicaciones recogidas por el medio, también han señalado que el jefe del Ejecutivo no se considera bien tratado por el Senado, institución que tras los últimos comicios quedó bajo control mayoritario del Partido Popular. Esta situación ha llevado a que ni siquiera las formalidades reglamentarias promovidas por la bancada mayoritaria ni las quejas formales —como la presentada por la portavoz popular Alicia García— logren modificar la postura del presidente, quien, según fuentes de Moncloa citadas por la fuente, no prevé modificar su calendario para atender esta obligación.

El medio recordó que Pedro Sánchez solo ha vuelto a visitar la sede del Senado debido a la comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', requerimiento gestionado directamente por el Partido Popular. No obstante, la bancada popular mantiene abierta la posibilidad de cursar nuevas convocatorias para que el presidente acuda antes de la conclusión de este foro de investigación, una iniciativa que constituye hasta ahora el único mecanismo que ha conseguido forzar la presencia del presidente en la Cámara Alta fuera de los plenos de control.

El trasfondo de esta situación responde a la estrategia institucional promovida por el Partido Popular tras lograr la mayoría absoluta en el Senado, según consignó el medio. El objetivo de la reforma del Reglamento era marcar un equilibrio entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, instaurando la presencia periódica del presidente del Gobierno como parte de los mecanismos de fiscalización y control parlamentario. Sin embargo, la respuesta mantenida hasta el momento por Sánchez muestra una dinámica política caracterizada por la tensión entre el Gobierno central y la Cámara Alta. El Partido Popular, al frente del Senado, ha reiterado su preocupación por el desarrollo de las funciones de control y ha seguido presionando mediante instrumentos parlamentarios y comunicados formales.

El medio añadió que la situación actual se ha convertido en un foco de debate sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones institucionales por parte del jefe del Ejecutivo y la capacidad real de la Cámara Alta para ejercer sus funciones de control, en un contexto donde pesa especialmente la mayoría absoluta de una fuerza opositora y la decisión del Ejecutivo de no participar en las sesiones habituales reservadas para interpelaciones y preguntas al presidente.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso y vinculado al grupo Sumar, ha solicitado que Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, comparezca de forma urgente ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Cámara Baja. Según reportó el medio, Ibáñez fundamenta esta exigencia en la transmisión de mensajes de WhatsApp entre Feijóo y el expresidente valenciano Carlos Mazón durante la noche del 29 de octubre de 2024, hechos que han sido remitidos recientemente a la jueza a cargo de la investigación en el Juzgado de Instrucción de Catarroja.

De acuerdo con la información publicada, Feijóo trasladó a la magistrada de dicho juzgado los mensajes intercambiados con Mazón en el contexto del episodio de la DANA, que se investiga por su impacto y por cómo se gestionaron las labores de prevención y respuesta institucional. El líder del PP adjuntó además un acta notarial que certifica el conjunto de mensajes recibidos el día de la tragedia y acompañó esta documentación con un informe explicativo que detalla el contexto de las conversaciones, con el objetivo, según indicó en la documentación remitida, de facilitar su comprensión a la autoridad judicial. Feijóo pidió, además, que la comparecencia prevista ante la comisión de investigación, inicialmente fijada para el 9 de enero, se lleve a cabo por vía telemática.

Según detalló la fuente citada, Ibáñez no solo ha pedido la comparecencia presencial e inmediata de Feijóo, sino que además lo acusa de faltar a la verdad en relación con el manejo de información y de haber protegido a Mazón pese al desarrollo de los hechos. El diputado sostiene que los mensajes enviados a la jueza fueron remitidos el 24 de diciembre, la tarde de Nochebuena, lo que, a su juicio, dificultó que se les prestara la debida atención y permitió que el envío pasara desapercibido. Ibáñez también afirmó que Feijóo no aportó los mensajes que él mismo dirigió a Mazón, por lo que considera que el líder de la oposición pretende "ocultar" información. "Debe comparecer, explicar por qué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón", expresó Ibáñez en declaraciones recogidas por el medio.

En sus declaraciones, Ibáñez subrayó que, desde su perspectiva, si Feijóo se ateniese a los estándares de conducta que exige a otros dirigentes, debería presentar su dimisión. Al respecto, manifestó: "Feijóo debe hacer caso a Feijóo y dimitir por mentiroso. Mazón nunca le informó en tiempo real, lo dijo para aparentar poder y para tapar la nefasta gestión de su varón territorial", de acuerdo con lo publicado.

A lo largo de sus intervenciones, el diputado de Compromís también criticó la actitud de Feijóo con las familias afectadas por la tragedia derivada de la DANA. En palabras de Ibáñez, "para el PP no es suficiente que tengan que sobrevivir la Nochebuena con sillas vacías evitables, sino que tienen que leer los 'whatsapps' que esa tarde noche mandó Mazón mientras sus seres queridos ya se habían ahogado".

Por estos motivos, Ibáñez considera urgente la comparecencia de Feijóo en la comisión y sostiene que persiste una ocultación de información relevante para esclarecer las responsabilidades políticas vinculadas a la gestión de la emergencia. La comisión, centrada en analizar las actuaciones de las distintas administraciones durante la DANA, se mantiene a la espera de la respuesta del líder popular sobre la modalidad y fecha de su comparecencia, después de que esta se haya visto condicionada por la petición de declaración a distancia.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, expuso en rueda de prensa que la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’ irá vinculada a su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y a la posibilidad de que existiera un aviso o información privilegiada relacionada con estas gestiones. Esta citación surge en el contexto de la reciente detención de Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, hecho que ha intensificado el interés sobre los contactos y las posibles responsabilidades políticas en torno a la intervención estatal en la compañía aérea. Según informó El Mundo, la portavoz popular subrayó que Zapatero tendrá que dar explicaciones acerca de su participación directa o indirecta dentro de los hechos investigados.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la decisión de llamar a Zapatero al Senado se adopta luego de conocerse que mantuvo una reunión con Julio Martínez, quien fue arrestado por la Policía la semana pasada. La investigación parlamentaria apunta a esclarecer distintos aspectos relativos al rescate económico de Plus Ultra y al posible acceso de algunos actores políticos a información sensible en ese procedimiento. El PP había descartado inicialmente la citación de Zapatero, pero el avance de las pesquisas y los nuevos datos obtenidos motivaron un cambio de postura.

Durante su intervención, Alicia García calificó al expresidente Zapatero como “valedor, mediador e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro”, expresando así una de las líneas de cuestionamiento que mantiene el Partido Popular en el marco de esta comisión. El medio El Mundo detalla que, más allá del señalamiento retórico, el grupo parlamentario popular busca clarificar si Rodríguez Zapatero intervino en la gestión del rescate de Plus Ultra o en la eventual filtración de datos relevantes durante ese proceso.

La citación oficial aún depende de la decisión de la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de fijar las fechas y aprobar el listado definitivo de comparecientes. El Mundo detalló que, a día de hoy, el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en dicho órgano, lo que le otorga margen para planificar el calendario de testimonios y marcar la agenda de la investigación. Alicia García puntualizó que esta mayoría permitirá incorporar a Zapatero en el nuevo grupo de personas convocadas ante la comisión, situando al expresidente en una posición central dentro del proceso de esclarecimiento de los hechos asociados al ‘caso Koldo’.

El PP pretende, según consignó El Mundo, perfilar la comparecencia de Zapatero en torno a dos cuestiones principales: su posible involucramiento en la operación de rescate de la aerolínea y la sospecha de que pudo haber mediado para facilitar información anticipada a los implicados. La comisión de investigación sobre las actividades de Koldo García Izaguirre, colaborador cercano en anteriores gobiernos socialistas y figura relevante en los expedientes vinculados a contratos y gestiones estatales durante el periodo de pandemia, ha ido ampliando el foco hacia actores políticos y empresariales que, según el PP, podrían haber favorecido determinados intereses mediante decisiones administrativas o influencias informales.

Alicia García recordó que hasta ahora se había descartado en la Mesa la participación de Zapatero en las sesiones de la comisión, pero la evolución del caso y el arresto del directivo de Plus Ultra abonaron el terreno para que el exmandatario sea finalmente convocado. Tal como publicó El Mundo, la decisión final sobre la fecha de la comparecencia está pendiente, aunque la mayoría con que cuenta el PP facilita su inclusión en la agenda de la comisión sobre el ‘caso Koldo’.

En respuesta a cuestionamientos sobre los controles en la policía autonómica y la Oficina Antifrau de Catalunya, Salvador Illa manifestó que no existen pruebas de irregularidades en estos ámbitos y enfatizó que cualquier dato sobre malas prácticas debe ser llevado ante las autoridades correspondientes. Durante la sesión de control en el Parlament, Illa negó la existencia de encubrimientos por parte de su Ejecutivo y subrayó la importancia de la transparencia en la gestión pública, al tiempo que rechazó cualquier intento de alimentar sospechas sin fundamento. El medio detalló que el presidente de la Generalitat abordó las recientes acusaciones de corrupción relacionadas con su partido y el Gobierno que encabeza, declarando que el PSOE ha respondido “con máxima contundencia” ante los casos que han salido a la luz en los últimos meses.

Tal como publicó el medio, Illa precisó que dichos casos no afectan a su Gobierno actual, sino a ejecutivos precedentes, y remarcó que tanto su formación política como el Gobierno han actuado de forma drástica al detectar irregularidades. Estas declaraciones surgieron durante un intercambio con Xavi Pellicer, diputado de la CUP, quien señaló que la corrupción es “inherente al bipartidismo” representado por el PP y el PSOE. Pellicer también criticó la postura del PSC en la comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència), cuestionó la ausencia de organismos de control independientes para los Mossos d’Esquadra y objetó el nombramiento de Josep Tomàs Salàs como director de la Oficina Antifrau de Catalunya.

En relación con la designación de Salàs, Illa defendió la idoneidad del magistrado para el cargo y negó la existencia de irregularidades ligadas a su nombramiento. “Yo no encubro a nadie. Quien tenga datos de algo que está mal hecho, que vaya a donde debe ir”, señaló Illa ante el Parlament, según consignó el medio, y agregó que está abierto a esclarecer cualquier asunto, aunque invitó a no propagar sospechas infundadas ni atribuir prácticas indebidas sin pruebas concretas.

El debate incluyó también la política de menores, ámbito en el cual Alejandro Fernández, líder del PP en el Parlament, acusó a Illa de ignorar conclusiones de la Sindicatura de Comptes respecto a la antigua DGAIA y de no impulsar acciones judiciales sobre posibles irregularidades. Fernández afirmó: “Su respuesta al escándalo, señor Illa, está siendo tímida e insuficiente. Desde hace demasiado tiempo. Maquillar un poco por aquí, a ver si pasa el tiempo y el asunto escampa”, argumentando que, aunque el actual Gobierno no sea responsable de los hechos, sí está obligado a investigar. Ante estos señalamientos, Illa sostuvo que no está cubriendo ninguna irregularidad y subrayó la dificultad de la gestión en materia de menores, afirmando que un error en este terreno puede tener consecuencias graves. Indicó además que su Ejecutivo impulsa una reforma en la política de menores en la Generalitat.

El presidente de la Generalitat solicitó a Fernández, dirigente del Partido Popular, apoyo para promover una visión humanista en el tratamiento y la distribución de menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas.

Por otra parte, Ignacio Garriga, líder de Vox en Catalunya, acusó al Govern de permitir empadronamientos irregulares, lo que, a su juicio, habría ocasionado un colapso en el sistema sanitario catalán, llevando incluso a que “los catalanes se mueren en los pasillos de urgencias”. Illa respondió señalando que mezclar los problemas de los servicios públicos con la inmigración responde a una estrategia basada en falsedades. De acuerdo con lo publicado por el medio, Illa explicó que en la actualidad el sistema de salud catalán enfrenta el pico de la gripe, aunque el impacto en las unidades de cuidados intensivos es menor respecto a otros periodos, gracias a la campaña de vacunación.

Además, Illa replicó a Garriga que su partido promueve la privatización sanitaria, mientras que la propuesta del actual Govern se basa en el acceso universal a la sanidad. “Que tenga sanidad quien se la pueda pagar. Lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo su patrón, llamado Donald Trump, en Estados Unidos. El nuestro es un modelo muy diferente: sanidad para todos”, agregó Illa, cuya intervención, según reportó el medio, puso sobre la mesa la divergencia de modelos en la gestión sanitaria.

Durante el debate, diversos grupos parlamentarios centraron sus intervenciones en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional y reforzar la transparencia, especialmente en lo concerniente a la administración de servicios públicos y políticas sociales. Tal como fue recogido en el medio, Illa reiteró que la apertura a la investigación y la colaboración con las autoridades competentes constituyen prioridades para la Generalitat, si bien rechazó la ampliación de sospechas sin fundamentos verificables.

El abordaje de casos previos de corrupción, la gestión de la DGAIA, las dificultades en la gestión sanitaria y los mecanismos de transparencia centraron el contenido de la sesión parlamentaria. El debate evidenció el interés de los grupos de la oposición por poner en entredicho la capacidad ejecutiva del presidente Illa y su equipo frente a situaciones de presunto mal gobierno, mientras que la respuesta del ejecutivo autonómico se centró en la negación de tales prácticas dentro de la administración actual, la defensa de los procesos de reforma y el compromiso con la investigación y la transparencia institucional.

El análisis de mensajes de WhatsApp y la revisión de correos electrónicos están entre las acciones dictadas por la jueza de Catarroja, quien también ha requerido la grabación de una llamada a la Sala 112 de la Comunitat Valenciana, según informó el medio El Mundo. Estas medidas forman parte de la investigación sobre la gestión que autoridades valencianas llevaron a cabo durante la crisis generada por la dana ocurrida el 29 de octubre, en la que varios responsables políticos se encuentran bajo escrutinio.

Según publicó El Mundo, la magistrada que coordina la investigación ordenó solicitar a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados la transcripción de la comparecencia del exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, que se realizó el lunes anterior. Además, la jueza notificó formalmente a García de que puede aportar, de manera voluntaria y en un plazo de cinco días, cualquier llamada telefónica o intercambio de mensajes vinculados a la emergencia de esa fecha. En particular, se incluyen comunicaciones mantenidas con la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y el antiguo subsecretario, Emilio Argüeso, ambos sujetos a indagación judicial; el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y el jefe del gabinete, José Manuel Cuenca.

Aparte de estos requerimientos, la jueza accedió a la solicitud presentada por el partido Ciudadanos para agregar a la investigación una entrevista publicada el 14 de diciembre por el diario El Mundo, en la que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expresaba sus valoraciones sobre los hechos investigados, según consignó El Mundo en su cobertura.

De acuerdo con el mismo medio, también fueron incorporados a la causa mensajes suministrados por un testigo que declaró ese martes ante el juzgado. Simultáneamente, la magistrada exigió a la Conselleria de Emergencias proporcionar la grabación telefónica registrada durante la noche de la dana, relacionada con la intervención de un técnico que alertó a la central de emergencias.

En el transcurso de la jornada procesal, compareció ante el tribunal un ingeniero de Caminos que colaboró como técnico de apoyo en la dirección de explotación de la presa de Buseo. El ingeniero afirmó ante la jueza, según el relato publicado por El Mundo, que avisó a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un inminente desbordamiento del embalse. Este aviso se transmitió mediante correo electrónico a las 20:41 horas, con información detallada sobre el caudal registrado y una advertencia de que la presa podría rebasar su capacidad tres horas y media después a través del aliviadero lateral.

Tras enviar el mensaje, el técnico se trasladó a la instalación, pero retornó a Valencia al no poder avanzar debido al corte en la carretera provocado por un cauce desbordado, tal como recogió El Mundo. El ingeniero trató posteriormente de contactar con su superior, y hacia las 23:03 horas envió un segundo correo, esta vez a la sala de control, comunicando que no había conseguido llegar a la presa y que la situación resultaba urgente, ya que el riesgo de desbordamiento se mantenía. Además, expuso que perdió contacto con los operarios y adjuntó los datos que sustentaban su predicción de emergencia. En su advertencia, sugería que era probable que la presa estuviese superando el nivel de seguridad por coronación.

El ingeniero contactó telefónicamente a la Sala del 112 a las 23:36 horas para explicar los hechos descritos en los correos electrónicos. Además, aportó que la información transmitida por los sensores dejó de recibirse después de las 22:00 horas, pues la corriente había arrancado los equipos de medición. El Mundo detalló que, como parte de la investigación, la jueza incorporó estos mensajes y solicitó a la Letrada de la Administración de Justicia que verificara a los miembros del grupo de WhatsApp donde se compartieron estos avisos.

Con estas actuaciones, la instrucción judicial profundiza en la reconstrucción de las comunicaciones y decisiones tomadas por altos funcionarios durante la emergencia, abarcando tanto responsables políticos como técnicos con roles directos en la gestión de la presa y la respuesta a la crisis. Las diligencias buscan precisar el flujo de información, las advertencias emitidas y la cadena de mando en una situación que derivó en el desbordamiento del embalse y en afectaciones relevantes para diversos municipios valencianos, de acuerdo con el seguimiento realizado por El Mundo.

La causa instruida en Catarroja sigue sumando pruebas documentales y testimoniales a partir de los requerimientos de las partes involucradas. Así lo refleja la integración de nuevas pruebas, como entrevistas periodísticas y mensajes de comunicación interna, con el objetivo de clarificar los hechos sucedido durante la noche de la dana y evaluar si existió algún tipo de responsabilidad administrativa o penal por parte de los investigados, según detalló el medio.

La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, solicitó que los portavoces de las dos comisiones destinadas a investigar el corte eléctrico del 28 de abril presenten un texto conjunto para argumentar y detallar las condiciones de su fusión. Con este procedimiento, el inicio de la investigación que los diputados habían planificado para enero se aplazará al menos hasta la segunda semana de febrero, según consignó Europa Press. La noticia principal es que las pesquisas parlamentarias sobre el apagón deberán esperar a la aprobación formal de esta unificación de comisiones, retrasando así la respuesta institucional al citado colapso eléctrico.

Según Europa Press, la Mesa consideró necesario que el documento conjunto sobre la fusión explique la necesidad de unir ambos órganos constituidos originalmente como comisiones independientes por decisión del Pleno. Ambos habían sido formalizados el 18 de noviembre: uno promovido por los partidos del Gobierno y otro por el Partido Popular. Durante las negociaciones para unificar las iniciativas, los grupos parlamentarios lograron un acuerdo unánime el 2 de diciembre para crear la “Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025”. En ese momento, las formaciones ya intercambiaron propuestas de comparecientes y solicitaron que el mes de enero fuera habilitado para comenzar las declaraciones.

El medio Europa Press detalló que la inscripción de los mismos diputados en ambas comisiones respondía a la previsión de una integración para analizar conjuntamente los hechos. Tanto los partidos defensores del Gobierno como la oposición coincidieron en la conveniencia de unificar los órganos porque ambos buscaban esclarecer el mismo suceso, aunque las causas de su constitución fuesen independientes.

No obstante, la Mesa advirtió de que la unificación formal requeriría de un procedimiento específico, dada la diferencia entre la constitución independiente adoptada en noviembre y la integración pretendida por los grupos. Por este motivo, exigió la presentación de un texto común que, después, tendría que ser aprobado tanto por la Mesa como por la Junta de Portavoces antes de someterse a votación en el Pleno. Europa Press indicó que la Mesa urgió a los grupos a remitir el documento con prontitud, con la aspiración de poder tramitarlo en la Junta de Portavoces en la primera semana de febrero y elevarlo al primer Pleno previsto para la segunda semana del mismo mes.

Este proceso administrativo imposibilitó el inicio anticipado de las comparecencias, que los grupos políticos habían planificado para enero. De acuerdo con Europa Press, las formaciones tuvieron que posponer sus agendas a la espera del calendario definitivo que impone la tramitación formal de la fusión.

Durante el tiempo que se debatió la mejor fórmula para investigar el corte de suministro, la alternativa era mantener ambas comisiones trabajando en paralelo, dada la imposibilidad inmediata de fusionarlas. Esa opción no llegó a materializarse gracias al acuerdo finalmente alcanzado a comienzos de diciembre, pero el requisito de justificar la fusión mediante un documento escrito volvió a ralentizar los preparativos.

El Congreso mantiene actualmente constituidas otras tres comisiones de investigación: una dedicada a la DANA (depresión aislada en niveles altos) y dos comisiones fruto de acuerdos entre PSOE, ERC y Junts, vinculadas a los apoyos de los diputados independentistas para la constitución de la propia Mesa. Europa Press reportó que estas dos últimas permanecen sin actividad desde hace meses y sin previsión de reuniones próximas.

Además, existen otras dos comisiones registradas y que aguardan debate en el Pleno. Una, impulsada por Sumar y Más Madrid, versa sobre las actividades empresariales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso; otra, a iniciativa del PSOE tras el arresto de Santos Cerdán, busca recabar información sobre el conocido como “caso mascarillas”. Sobre esta última, Europa Press recuerda que en una investigación previa, en los primeros compases de la legislatura, no se convocó a los principales implicados en la “trama Koldo” y los trabajos concluyeron sin emitir resultados ni pronunciamientos finales.

En cuanto a la investigación sobre el apagón eléctrico, Europa Press subrayó que el trámite del texto de justificación y su paso por los distintos órganos parlamentarios introduce un nuevo calendario respecto a la investigación original. Según los datos remitidos por fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, la comisión única solo podrá iniciar su labor cuando el proceso administrativo haya finalizado y la unión cuente con el respaldo formal del Pleno.

De acuerdo con información publicada por EFECOM, tras extensas negociaciones, los representantes de los distintos partidos acordaron un documento que unifica las dos comisiones creadas en la Cámara Baja para investigar la crisis energética. La unificación responde al respaldo recibido tanto para la propuesta del Partido Popular como para la planteada de forma conjunta por el PSOE y Sumar. Esta fusión de iniciativas busca evitar duplicidades en el análisis de lo sucedido y optimizar los recursos parlamentarios destinados a esclarecer las causas y responsabilidades asociadas al colapso del suministro eléctrico registrado a finales de abril.

EFECOM indicó que la comisión constituida el 18 de noviembre cuenta con una estructura plural: tres representantes del Partido Popular, otros tres del Partido Socialista y un miembro de cada uno de los grupos restantes —Vox, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Mixto—. La presidencia recae en la diputada vasca Idoia Sagastizabal, mientras que la Mesa, órgano de gobierno de la comisión, quedó conformada por Juan Antonio Lorenzo Cazorla (PSOE) como vicepresidente primero y Elvira Rodríguez (PP) como vicepresidenta segunda. Como secretarios de la Mesa fueron elegidos Vicent Vidal Matas (Sumar) y Ricardo Chamorro (Vox).

La labor de la comisión pretende arrojar luz sobre los hechos ocurridos el 28 de abril, cuando se produjo un apagón que afectó a miles de usuarios y que tuvo repercusiones en distintas regiones del país. El trabajo del grupo parlamentario no solo busca identificar las causas que dieron lugar a la interrupción del suministro, sino también evaluar la gestión operativa de las compañías responsables y de los organismos oficiales vinculados al sistema energético. Según consignó EFECOM, se espera que la comisión recabe documentación, convoque comparecencias y analice los distintos testimonios para establecer un relato detallado del incidente y sus consecuencias.

Además de los trabajos que se desarrollan en el Congreso, el Senado mantiene en marcha una comisión propia dedicada al mismo asunto. EFECOM informó que en la cámara alta ya han comparecido diversos responsables del sector, entre ellos la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Las sesiones han estado orientadas a recopilar información técnica, operativa y administrativa relevante para la investigación.

La coordinación entre las dos cámaras y la integración de esfuerzos en el Congreso reflejan la importancia política e institucional que tanto el apagón como sus consecuencias han adquirido desde finales de abril. Tal como publicó EFECOM, la aprobación del documento conjunto implica que los principales grupos parlamentarios han acordado dejar atrás iniciativas paralelas para concentrarse en una única investigación exhaustiva en el ámbito de la Cámara Baja.

La integración de ambos proyectos también permitirá un mejor seguimiento de las comparecencias previstas y la emisión de recomendaciones conjuntas. Según fuentes parlamentarias citadas por EFECOM, la comisión tendría la tarea de proponer medidas que limiten la posibilidad de que se repitan incidentes similares y aporten mayor resiliencia al sistema eléctrico español.

El proceso de investigación contará con la colaboración de técnicos, funcionarios y representantes de las compañías implicadas. Las comparecencias de responsables políticos y empresariales buscarán esclarecer el grado de preparación con el que contaban las infraestructuras críticas antes del apagón y la rapidez en la gestión posterior del incidente. El medio EFECOM precisó que tanto los diputados como los expertos analizarán las causas técnicas identificadas hasta el momento y las medidas adoptadas inmediatamente después del corte masivo de electricidad.

Las conclusiones iniciales permitirán valorar el desempeño de los distintos actores y la eficacia de los protocolos de respuesta. Además, la comisión deberá atender las reclamaciones de los afectados y considerar los informes aportados por órganos reguladores y asociaciones de consumidores. El objetivo, ratificó EFECOM, es que el Parlamento disponga de una visión completa e independiente sobre el alcance y las consecuencias del apagón del 28 de abril, así como sobre las soluciones institucionales y técnicas aplicadas posteriormente.

Mientras tanto, en el Senado avanzan trabajos orientados a recabar las versiones de los máximos responsables de la red eléctrica y funcionarios del Gobierno responsables de la gestión energética. De acuerdo con EFECOM, la colaboración entre ambas cámaras irá definiendo los pasos siguientes en la búsqueda de respuestas y mejoras sistémicas en la protección del suministro eléctrico nacional.

Durante varias sesiones recientes, la comisión de investigación del Senado dedicada al ‘caso Koldo’ ha debido reorganizar su agenda debido a la imposibilidad de comparecencia de testigos clave que han alegado razones de salud. Esta secuencia de ausencias ha captado la atención del Partido Popular, el cual ha manifestado inquietudes acerca de que la reiteración de estas circunstancias pueda estar motivada por “presiones del sanchismo” y que suponga un retraso injustificado en los trabajos de la comisión. Según detalló el medio fuente, esta preocupación se intensificó luego de que Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presentara un justificante médico que la eximió de acudir a la citación fijada para el lunes 15 de diciembre.

De acuerdo con el informe del medio, la documentación médica entregada por Muñoz fue debidamente tramitada con los servicios parlamentarios, lo que obligó a posponer su intervención ante la comisión que revisa presuntos delitos de corrupción vinculados a contratos públicos durante la pandemia. Tal como consignó el medio citado, esta situación añade un nuevo aplazamiento a una investigación que ya acumula varios retrasos asociados a la inasistencia de figuras relevantes.

El Partido Popular ha hecho pública su opinión sobre la importancia de que todos los llamados a testificar comparezcan ante la comisión para no obstaculizar el avance de la investigación parlamentaria. Según publicó el medio fuente, la formación política expresó su deseo de pronta recuperación para Muñoz, aunque subrayó su preocupación por lo que consideran una tendencia a recurrir a excusas para evitar las declaraciones. Los representantes del PP recordaron que otras personalidades convocadas por la comisión —entre ellas, Jésica Rodríguez (expareja del exministro José Luis Ábalos) y el empresario Juan Carlos Barrabés— también presentaron justificantes médicos en anteriores ocasiones para ausentarse.

La fuente detalló que los portavoces populares han defendido la necesidad de un control riguroso sobre el uso de justificantes médicos dentro del proceso legislativo, con el fin de prevenir posibles maniobras dilatorias que dificulten el esclarecimiento de las presuntas irregularidades investigadas. Según declaró el PP al medio original, “los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra”, en referencia a la exigencia de transparencia y celeridad en el procedimiento que supervisa los contratos adjudicados durante la pandemia.

El medio indicó que las ausencias injustificadas o reiteradas de testigos clave preocupan a la bancada popular, dado que pueden impactar negativamente en la percepción pública sobre la transparencia y el funcionamiento de las instituciones parlamentarias. Los representantes del PP han destacado, según lo reportado, la importancia de que estas situaciones no se conviertan en un obstáculo para llegar a conclusiones basadas en el testimonio directo de todos los implicados en el caso.

En el contexto de estas incidencias, la comisión del Senado procederá a reprogramar la intervención de Francisca Muñoz tan pronto como su estado de salud lo permita, según describió el medio fuente. Entre tanto, los legisladores analizan opciones para garantizar que las siguientes sesiones cuenten con el testimonio efectivo de los convocados, evaluando mecanismos que aseguren el cumplimiento de las citaciones y la efectividad del marco de control sobre las ausencias justificadas.

Portavoces del Partido Popular, consultados por el medio fuente, insistieron en que el buen desarrollo de la comisión requiere la comparecencia efectiva de los citados y el seguimiento estricto de la legalidad en la aceptación de justificaciones médicas. Sostuvieron que la credibilidad institucional depende, en buena medida, de que el proceso avance sin dilaciones y de que no existan dudas sobre la integridad de la investigación llevada a cabo en el Senado.

El medio indicó que la comisión de investigación mantiene sus trabajos adaptándose a los imprevistos, sin perder de vista la finalidad de alcanzar conclusiones claras sobre los hechos investigados y, con ello, brindar certezas a la ciudadanía acerca de eventuales irregularidades en los procedimientos de contratación de la administración durante la pandemia. El desarrollo de la comisión permanece sujeto tanto a la evolución de las causas de fuerza mayor presentadas por los comparecientes como a la capacidad operativa del Senado para reorganizar sus sesiones según las circunstancias que se presentan.

Europa Press reportó que Juan Carlos Barrabés, empresario previamente citado por la justicia, ha sido incluido en la lista de próximos comparecientes de la comisión del Senado que investiga la instauración de una cátedra vinculada a Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta iniciativa apunta a obtener más información sobre la posible existencia de conexiones entre responsables académicos de la UCM y figuras relevantes del sector privado, en el marco de la citada investigación parlamentaria. Bajo esta dinámica, el Senado ha programado para mañana a las 11:00 horas la comparecencia de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la universidad y testigo central en el caso. Doadrio se presentará en la sala Clara Campoamor como figura principal del proceso, dado su conocimiento de los criterios y procedimientos seguidos durante la creación de la cátedra en cuestión, según informó Europa Press.

El medio detalló que la comparecencia de Doadrio representa un punto destacado en la actual fase de pesquisas, ya que su cargo anterior y su proximidad a los órganos de decisión en la UCM lo sitúan en una posición clave para esclarecer si el procedimiento de creación y validación de la cátedra respetó los protocolos internos y los criterios de idoneidad profesional y académica exigidos por la normativa universitaria. Europa Press recordó que Doadrio, en declaraciones previas ante la justicia, expuso que la universidad no exige necesariamente un título académico superior al nombrar directores de nuevas cátedras, pues basta con una propuesta formal, la presentación de documentación y la validación del rector. Añadió que la valoración del candidato recae, en parte, en su experiencia profesional y los vínculos empresariales, sobre todo si la persona ha dirigido programas formativos dentro de la Complutense, como es el caso de Gómez.

Durante su testimonio anterior, Doadrio precisó que la UCM aceptó como elementos de referencia la experiencia de Begoña Gómez en la coordinación de un máster universitario y sus contactos con el sector privado. Esta práctica es considerada habitual dentro de la política académica de la Complutense, que valora la incorporación de perfiles profesionales con nexos empresariales que puedan contribuir al desarrollo de las actividades universitarias. Doadrio también subrayó que además de estos criterios, el proceso requiere la entrega de documentación y una evaluación detallada sobre la idoneidad de la persona propuesta.

La comisión de investigación en el Senado, como indicó Europa Press, avanza de manera independiente pero coordinada con el procedimiento judicial conducido por el juez Juan Carlos Peinado. Mientras la labor en la Cámara Alta se orienta hacia el esclarecimiento administrativo y académico del asunto, la vía judicial examina si existieron delitos vinculados a la malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, intrusismo profesional, corrupción en los negocios o apropiación ilícita de programas informáticos asociados con la actividad de Begoña Gómez en la UCM.

Según consignó Europa Press, los tribunales han solicitado información reiterada a la UCM y han citado a diversos testigos, tratando de determinar si se produjeron ajustes al marco legal vigente o si hubo intervenciones marcadas por el cargo o influencias personales de la beneficiaria de la cátedra. Entre los puntos objeto de análisis figuran la adopción de software sin autorización expresa y el uso de recursos universitarios en actividades que podrían no contar con respaldo jurídico. Se analiza también la posible incidencia de relaciones personales o empresariales en la tramitación de la cátedra.

El Partido Popular, principal fuerza impulsora de esta comisión, ha manifestado—según Europa Press—su propósito de fortalecer el control político y administrativo sobre universidades y organismos públicos, analizando en profundidad tanto la creación y validación de la cátedra como el impacto potencial de las trayectorias profesionales y relaciones personales de Gómez en los procesos internos de decisión. El grupo parlamentario ha solicitado el examen pormenorizado de documentos y testimonios, así como la programación continua de comparecencias de responsables académicos y representantes empresariales.

Europa Press destacó que una de las prioridades actuales de la comisión radica en certificar el cumplimiento de los requisitos legales, los tiempos y las disposiciones reglamentarias por parte de todos los agentes intervinientes en la validación de la cátedra. De encontrarse desviaciones relevantes respecto a los procedimientos habituales, podrían derivarse consecuencias de carácter administrativo o legal para los responsables señalados en el proceso.

Los avances de la comisión implican un escrutinio detallado de la documentación aportada por la UCM y la revisión de los mecanismos de selección seguidos en procedimientos análogos, indicó Europa Press. Se ha puesto énfasis en la aportación continuada de documentos, el cruce de información entre órganos de control universitario y la colaboración activa en el análisis de posibles anomalías en la tramitación.

El testimonio de Doadrio adquiere especial dimensión en este contexto, habida cuenta de su función directa dentro de los sistemas de supervisión y acreditación académica de la universidad. Según recogió Europa Press, el exvicerrector reiteró la importancia otorgada a la experiencia en cargos directivos y la relación con empresas como factores principales en la valoración de la candidata a la dirección de la cátedra. Esta perspectiva se vincula también a la tradición propia de la UCM, que se inclina por incorporar perfiles profesionales externos que contribuyan al estrechamiento de relaciones entre el entorno académico y el sector privado.

En paralelo, la agenda de la comisión prevé la citación de más testigos, seleccionados entre representantes de la comunidad empresarial y académica, con el fin de profundizar en las etapas administrativas vinculadas a la creación de la cátedra y evaluar si todas las actuaciones se ajustaron a lo establecido por la normativa universitaria vigente.

Europa Press resaltó que el procedimiento de la comisión responde a una política de transparencia y búsqueda de garantías para la correcta determinación de responsabilidades. Esta estrategia implica la revisión sistemática de los expedientes, el cruce de información institucional y la coordinación con los órganos de control existentes en la administración pública.

El proceso de investigación se encuentra actualmente apoyado por una colaboración estrecha con la UCM, que ha remitido documentación relevante y facilitado el acceso a los archivos relativos a la creación de la cátedra. A partir de estos materiales, tanto la comisión parlamentaria como los órganos judiciales buscan esclarecer completamente los procedimientos utilizados, el alcance de las relaciones personales y empresariales en el proceso y la eventual existencia de anomalías que requieran la adopción de medidas adicionales. El desarrollo de las próximas comparecencias, incluida la de Doadrio, se perfila como un capítulo central en la evolución de la investigación en curso, según expuso Europa Press.

La comparecencia en el Senado de Francisca Muñoz, conocida como “La Paqui” y pareja de Santos Cerdán, ha quedado suspendida tras la presentación de un parte médico. La citación estaba prevista para el próximo lunes a las 11:00 horas en el marco de la comisión de investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’. Fuentes del Partido Popular en la Cámara Alta aseguran a Infobae España que la documentación fue registrada oficialmente, lo que obligó a aplazar la comparecencia conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.

Desde el grupo popular trasladan que la suspensión se ha producido por una baja médica comunicada formalmente al Senado, que impide a la compareciente acudir en la fecha fijada. Las mismas fuentes trasladan que el PP desea su pronta recuperación y subraya que la citación no queda anulada, sino pospuesta hasta que su estado de salud permita reactivarla.

La comparecencia de Muñoz formaba parte del calendario de citaciones aprobado para continuar con los trabajos de la comisión, que investiga las posibles responsabilidades políticas derivadas de los contratos públicos bajo sospecha durante la pandemia. Su nombre había adquirido relevancia por su relación personal con Santos Cerdán, uno de los dirigentes socialistas señalados políticamente por su vinculación con algunos de los actores principales del caso.

El PP habla de presiones y mantiene la citación

Fuentes del PP en el Senado revelan a Infobae España que, pese al respeto formal a la baja médica presentada, en el seno del grupo existe una “profunda preocupación” por lo que consideran una sucesión de aplazamientos que afectan a personas del entorno más cercano de los protagonistas del caso. En ese contexto, los populares han expresado públicamente su deseo de que el estado de salud de la compareciente no obedezca a “presiones del sanchismo”, según trasladan las mismas fuentes.

El partido sostiene que la documentación médica remitida al Senado cumple los requisitos formales exigidos, lo que impide cualquier actuación distinta a la suspensión. No obstante, insisten en que se procederá a una nueva citación en cuanto se produzca el alta médica. “Cuando su estado lo permita volverá a ser llamada y citada”, afirman desde el PP, que no contempla retirar la comparecencia del calendario de la comisión.

En el grupo mayoritario de la Cámara Alta recalcan que la comisión de investigación tiene como objetivo esclarecer el papel de todas las personas que, de manera directa o indirecta, hayan podido participar en la presunta trama. En este sentido, consideran que el entorno personal y familiar de los principales implicados resulta clave para reconstruir el funcionamiento del entramado bajo sospecha.

Desde el PP se insiste en que los españoles “merecen conocer toda la verdad” y que el trabajo de la comisión continuará “sin descanso” hasta que se agoten todas las comparecencias previstas. Las fuentes consultadas subrayan que la suspensión actual no altera la hoja de ruta política del grupo, aunque sí retrasa uno de los testimonios más esperados de esta fase de la investigación parlamentaria.

Precedentes de suspensiones en la comisión

La comparecencia de Francisca Muñoz no es la primera que se suspende en esta comisión por motivos de salud. Con anterioridad, también quedó aplazada la citación de Jésica Rodríguez, una de las exparejas del exministro José Luis Ábalos, así como la de Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a contratos investigados, ambos igualmente por la presentación de partes médicos.

Desde el PP se subraya que, hasta el momento, las únicas comparecencias suspendidas por esta causa afectan a personas del entorno personal de los principales protagonistas del caso, una circunstancia que, a juicio de los populares, incrementa la relevancia política de los aplazamientos y su impacto en el desarrollo de los trabajos.

Las mismas fuentes señalan que estas suspensiones obligan a reordenar el calendario de la comisión y retrasan la obtención de testimonios que consideran “esenciales” para completar el relato de los hechos. No obstante, admiten que el reglamento del Senado no permite forzar ninguna comparecencia cuando existe una justificación médica debidamente acreditada.

Las fuentes del PP en el Senado consultadas por Infobae España insisten en que el aplazamiento no altera el fondo político de la investigación ni la voluntad del grupo de seguir impulsando nuevas comparecencias. Mantienen que la citación de “La Paqui” sigue siendo una prioridad dentro del plan de trabajo aprobado y que su testimonio será requerido en cuanto existan condiciones médicas para ello.

La comisión de investigación del Senado que evalúa el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se prepara para recibir la semana siguiente a José Félix Tezanos, director de la entidad, quien ha sido citado a declarar en medio de un clima marcado por el escrutinio sobre los métodos estadísticos, la fiabilidad de las encuestas y las prácticas de gestión aplicadas en la producción de estudios sociales en el ámbito nacional. Según detalló el medio original, esta cita con Tezanos se convierte en el siguiente paso lógico tras la intervención de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuya comparecencia hoy abre una etapa destinada a ampliar el radio de fiscalización desde lo técnico hacia lo político y administrativo.

De acuerdo con la información difundida por el medio original, la sesión de hoy en el Senado representa la primera ocasión en la que un miembro del Ejecutivo comparece ante la comisión, después de una fase inicial dedicada exclusivamente a recabar las opiniones de expertos independientes, expresidentes del CIS, académicos y empresarios del sector de estudios sociales. Desde que la comisión se constituyó en julio del año pasado, las preguntas se orientaron hacia agentes externos al Gobierno, evitando el contacto directo con quienes ostentan responsabilidad política sobre la institución. Con Bolaños como primer representante del Ejecutivo interrogado en el marco parlamentario, se incorpora la perspectiva gubernamental y se introduce la rendición de cuentas de los altos cargos sobre la transparencia, gestión de recursos y garantía de objetividad en los resultados del CIS.

El medio indicó que la sesión fue promovida por el Partido Popular (PP), que dispone de la mayoría en la Cámara Alta. La estructura propuesta asigna hasta cincuenta minutos a cada grupo parlamentario para exponer sus cuestiones, lo que busca, de acuerdo con el medio, equiparar oportunidades de intervención y procurar un debate exhaustivo. El formato, concebido por el PP, responde a la intención de mantener controlados la extensión de las comparecencias y dotar al debate de una organización que facilite el análisis en profundidad de las variables consideradas críticos en el funcionamiento del CIS.

Según publicó el medio original, con el interrogatorio a Bolaños la comisión inaugura lo que se perfila como una nueva fase caracterizada por el análisis de la actuación de quienes detentan competencias políticas y administrativas sobre la entidad. Hasta ahora, los epicentros de la discusión venían situándose en la independencia técnica del CIS y en la conformidad de sus métodos con los estándares internacionales de transparencia y fiabilidad, aspectos debatidos a partir de los testimonios de expertos externos. El paso de incluir a responsables políticos responde al esfuerzo institucional por identificar hasta qué punto las prácticas o decisiones adoptadas desde la dirección del CIS pudieron estar influidas por intereses gubernamentales o por la voluntad de orientar los estudios para ajustarlos a prioridades del Ejecutivo.

De acuerdo con el medio, durante las anteriores sesiones, los grupos parlamentarios indagaron en aspectos como la independencia técnica, los criterios normativos y la aplicación objetiva de métodos estadísticos, problemáticas que abrieron el debate sobre la neutralidad y la fiabilidad de los resultados publicados por el CIS. Al sumar la visión de Bolaños, la comisión espera abordar la toma de decisiones y la posible implicación de orientaciones políticas en los procedimientos y contenidos de los estudios realizados. La dinámica de la sesión, de acuerdo con lo informado, se rige por una estricta regulación de tiempos y turnos, delineados para permitir intervenciones iguales y fomentar respuestas precisas respecto a la gestión administrativa del centro.

El formato adoptado busca, según consignó el medio, asegurar que la investigación se desarrolle con rigor, equidad y atención a las cuestiones sustanciales: la gestión de los fondos públicos asignados al CIS, los procedimientos internos, la contratación de personal, la administración de recursos y la correspondencia de la actividad del centro con las buenas prácticas establecidas en la investigación sociológica internacional. Asimismo, la sesión prevé que los portavoces planteen preguntas relacionadas con el grado de autonomía del CIS ante presiones externas y la existencia de protocolos para blindar la objetividad de los estudios.

La entrada de Bolaños inicia, en palabras del propio medio, una serie de comparecencias de titulares de cargos de alta responsabilidad institucional. Tras él, la comisión recibirá a José Félix Tezanos, quien deberá responder en profundidad sobre cuestiones técnicas vinculadas a la fiabilidad de las encuestas, la elaboración de los cuestionarios, la representatividad de las muestras empleadas y la manera en que se procesan y publican los datos en el contexto de la investigación social en España. De acuerdo con lo divulgado, la transición de la comisión de un enfoque en testimonios técnicos a otro centrado en responsables administrativos surge además del debate público generado en torno al uso del CIS y a las acusaciones de supuesta utilización política de la institución por parte del Gobierno.

El medio original subrayó que la relevancia de esta fase radica en la posibilidad de exponer públicamente si existió algún tipo de dirección o influencia política sobre la actividad cotidiana del CIS y en qué medida la administración actual ha adoptado medidas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la utilización adecuada del presupuesto del organismo. El objetivo explicitado de la comisión consiste en examinar la correspondencia entre los valores declarados por el CIS y las exigencias de objetividad y neutralidad que caracterizan a la investigación sociológica en el plano internacional.

Las opiniones técnicas recogidas hasta ahora, según reportó el medio, han puesto en cuestión la total independencia del CIS. Los expertos han planteado dudas en torno a potenciales sesgos, la adecuación de las metodologías y la existencia de posibles desviaciones derivadas de decisiones administrativas. Las conclusiones parciales obtenidas durante esta primera etapa reflejan que, hasta el momento, no existen testimonios claros que definan el grado de responsabilidad política directa en los procedimientos empleados por el CIS.

Según informó el medio, la comisión aspira a que la declaración de Bolaños aporte detalles sobre la lógica aplicada en el manejo del presupuesto estatal orientado a estudios demoscópicos y sobre si existieron instrucciones provenientes del Gobierno que influyeran en la producción de informes o encuestas diseñadas y presentadas por el centro. El Senado busca dilucidar hasta qué punto las actividades del CIS se desarrollaron conforme a criterios científicos independientes o si, por el contrario, estuvieron marcadas por intereses políticos.

En lo operativo, las intervenciones en la sesión de hoy permitirán a los parlamentarios preguntar también acerca del destino de los fondos, la transparencia en la contratación de proveedores, la composición de los equipos técnicos y la implementación de protocolos para evitar la injerencia de actores ajenos a la comunidad científica y profesional. Según recogió el medio, el Senado tiene previsto ampliar el número de cargos citados en próximas fechas, sumando tanto altos funcionarios como responsables técnicos y expertos en metodologías de investigación social.

El debate sobre la neutralidad y la objetividad del CIS, según describió el medio original, ha cobrado especial relevancia debido a la preocupación existente entre los partidos y la sociedad sobre el uso de recursos públicos en la producción de datos y estudios que pueden tener impacto en la opinión pública y en la toma de decisiones de ciudadanos y gobernantes. La insistencia en citar tanto a responsables políticos como a directores y técnicos responde al objetivo de construir una visión comprensiva sobre las prácticas, los procedimientos implementados y las potenciales interferencias en el quehacer del CIS durante la última legislatura.

En la perspectiva de la comisión, la comparecencia de Bolaños sienta un precedente en cuanto a la exposición directa de los máximos responsables de la gestión del centro ante el Parlamento, en contraste con el análisis exclusivamente técnico realizado hasta ahora. El Senado, según remarcó el medio citado, pretende así reforzar los mecanismos institucionales de control, incrementar la transparencia sobre el uso de los recursos y dotar de mayor legitimidad a la producción de información pública basada en estudios de opinión, en el marco de la investigación social nacional.

El Partido Popular ha optado por mantener la atención sobre los aspectos técnicos en la comisión de investigación del Senado relativa a la gestión de la dana, sin fijar aún fecha para la comparecencia de responsables políticos, entre ellos el presidente del Gobierno o ministros. Según consignó Europa Press, la decisión más reciente establece la citación para el 18 de diciembre de dos líderes sindicales policiales: David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, y Aarón Rivero, secretario general de JUPOL.

El medio Europa Press detalló que la Mesa de la comisión, en la que el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta, deliberó este jueves y resolvió convocar a los representantes sindicales, además de conceder una semana a los grupos parlamentarios para aportar sus propuestas de nuevos comparecientes. Pese al reclamo social y político por la tragedia que en la provincia de Valencia costó la vida de más de 225 personas, los principales responsables políticos involucrados en la gestión, incluida la entonces consejera de Interior Salomé Pradas, solo acudirán por ahora a la comisión equivalente del Congreso.

De acuerdo con Europa Press, la última vez que la comisión de investigación del Senado se reunió fue el 20 de octubre, cuando participaron Ignacio Valero Garcés, jefe de Área del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y Ricardo Domínguez Lillo, jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la misma entidad. Casi once meses después de su constitución, la comisión ha recibido a solo 18 comparecientes, principalmente expertos técnicos, profesores y catedráticos relacionados con temas de ingeniería, derecho civil o arquitectura.

Fuentes citadas por Europa Press señalaron que el PP incluyó inicialmente en la lista de comparecientes al presidente Pedro Sánchez, a ministros y al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, aunque no ha precisado fechas para sus posibles declaraciones. La estrategia de priorizar los testimonios técnicos y limitar la exposición de figuras políticas se ha interpretado como una manera de ralentizar la investigación y evitar imputaciones directas en la comisión, mientras continúa una investigación judicial en paralelo.

Sectores internos del propio PP han expresado reservas sobre la pertinencia de la comisión de investigación en el contexto actual, considerando que podría tener repercusiones negativas para el partido. Europa Press reportó que algunos senadores populares observan riesgos en el hecho de que, con cada sesión, se reactiva el debate público sobre la gestión de la dana y se incrementan las presiones judiciales, con la atención dirigiéndose hacia la gestión de la Generalitat valenciana.

Por parte del grupo socialista, Europa Press indicó que la crítica se ha centrado en la supuesta voluntad del PP de mantener el foco exclusivamente en expertos y técnicos, lo que, según los portavoces socialistas, busca construir un relato que estaría cuestionado por el avance del proceso judicial y las declaraciones de la jueza encargada del caso.

El contexto en el que se desarrolla la investigación parlamentaria resulta significativo, ya que la creación de la comisión en el Senado respondió, según Europa Press, al objetivo del PP de contrarrestar la que se impulsaba en el Congreso de los Diputados, usando la mayoría en la Cámara Alta para enfocar la responsabilidad sobre el Gobierno central en la gestión de la tragedia. No obstante, con el paso de los meses y las sucesivas sesiones, el ritmo lento y la ausencia de responsables políticos han alimentado la tensión entre las distintas fuerzas parlamentarias.

La ampliación del plazo para la proposición de nuevos comparecientes ha abierto la puerta a que los distintos grupos propongan la inclusión de más testimonios. Mientras tanto, continúa pendiente saber si finalmente se citará a los altos cargos y dirigentes que figuran en el listado inicial de la comisión. La atención pública permanece sobre las decisiones de la mayoría en la Mesa y sobre la evolución tanto de la investigación parlamentaria como del procedimiento judicial en curso, según reporta Europa Press.

Entre los factores que han profundizado la investigación oficial destaca el hallazgo de que los sistemas de alarma de los ocho bloques del complejo implicado posiblemente no funcionaron de manera adecuada. Esta situación, señalada por el Cuerpo de Bomberos local y reportada por distintos medios, ha impulsado a las autoridades a analizar si hubo fallas técnicas o de mantenimiento que hayan impedido la evacuación oportuna de los residentes. La noticia central se enfoca en la creación, este martes, de una comisión independiente destinada a dilucidar las causas del incendio sucedido en el complejo de rascacielos de Tai Po, donde han fallecido al menos 156 personas y otras treinta se encuentran desaparecidas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Hong Kong y detallado por diversas agencias de noticias, el jefe del Gobierno local, John Lee, anunció en conferencia de prensa la formación de esta comisión encargada de esclarecer el origen y desarrollo del siniestro. La comisión analizará si la utilización de materiales inadecuados en las renovaciones de las torres contribuyó a que el fuego se expandiera con mayor rapidez. Según explicó John Lee, la presidencia de la comisión recaerá en un juez que debe asegurar tanto la independencia del proceso investigativo como su credibilidad pública.

Hasta el momento, las fuerzas del orden han procedido a la detención de quince personas vinculadas presuntamente con el incidente bajo acusaciones de homicidio involuntario. Entre los arrestados figuran dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa Prestige Construction & Engineering, encargada de las recientes obras de remodelación del complejo. Las pesquisas buscan determinar si durante la ejecución de los trabajos se incumplieron normativas sobre seguridad, lo que podría haber derivado en una tragedia de esta magnitud, según consignó el medio que da cobertura al caso.

El Cuerpo de Bomberos de Hong Kong también ha señalado que existen pruebas que apuntan a fallos en los mecanismos de alerta temprana de incendios instalados en el lugar. De acuerdo con los reportes, la posible inoperatividad de los sistemas de alarma habría comprometido la capacidad de huida y la protección de los habitantes, dificultando la labor de los equipos de rescate. Las autoridades no descartan que entre las causas principales del alto número de víctimas se encuentren deficiencias en los procedimientos de seguridad y en la gestión del edificio antes y durante el incendio.

La comisión de investigación deberá recabar pruebas, analizar documentación técnica y establecer responsabilidades tanto a nivel administrativo como penal. Además, evaluará si la gestión de la emergencias y las condiciones de infraestructura respetaron las normativas vigentes de Hong Kong. Entre sus misiones también figura proponer cambios legales o regulatorios si se confirman carencias o irregularidades en las prácticas de construcción y mantenimiento.

Estos hechos surgen en un contexto de fuerte conmoción social por la magnitud de la tragedia y la incertidumbre en torno al paradero de las personas desaparecidas. Las autoridades han señalado que el balance provisional de víctimas podría variar conforme avance la labor de identificación y localización. El proceso de investigación busca aportar certezas y dar respuesta a las inquietudes de los familiares y de la opinión pública local.

La tragedia ha suscitado una amplia discusión sobre los estándares de seguridad en edificios de gran altura y la vigilancia sobre empresas que operan en el sector de la construcción. De acuerdo con distintos reportes, la posible utilización de materiales no homologados o que no cumplen con los requisitos ignífugos constituye una de las principales hipótesis que maneja la comisión. Los resultados de esta investigación definirán si existió negligencia o incumplimiento deliberado por parte de quienes participaron en la reforma del conjunto residencial.

El caso de Tai Po se ha convertido en uno de los incidentes más graves en la historia reciente de Hong Kong en materia de seguridad y prevención de riesgos en la construcción urbana. Funcionarios y expertos han subrayado la importancia de esta comisión para esclarecer los hechos y sentar nuevas bases en la legislación, así como garantizar que situaciones similares puedan prevenirse mediante controles más estrictos y una mayor transparencia en los procesos de supervisión y ejecución de obras.

Mientras prosigue la identificación de víctimas y se mantiene la búsqueda de las personas desaparecidas, el gobierno de Hong Kong y las agencias de emergencia continúan desplegando recursos para atender a los afectados y brindarles apoyo. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la investigación integral y expeditiva, tal como destacó el jefe de Gobierno en la conferencia divulgada por los medios locales.

El resultado de esta investigación servirá como referencia para otras ciudades asiáticas con problemáticas semejantes en la gestión de riesgos en grandes complejos urbanos, según apuntaron especialistas consultados por el medio que ha seguido el caso de cerca. Por el momento, la atención se centra en las pesquisas judiciales, en la revisión de los protocolos de seguridad y en la espera de los informes que elaborará la comisión independiente ya en funciones.

El Tribunal Supremo de Israel ha solicitado al gobierno de Benjamin Netanyahu que justifique la decisión de crear una comisión integrada principalmente por miembros del propio gabinete para investigar el ataque del 7 de octubre de 2023. Según la información difundida por el medio, la máxima instancia judicial del país requirió que se argumenten las razones por las cuales no se ha optado por una comisión independiente, como prevé la Ley de Comisiones de Investigación de 1969, lo que ha generado un debate en torno a la transparencia y autonomía del proceso investigador.

De acuerdo con la cobertura publicada, el Supremo ha recordado que la legislación israelí indica que las comisiones encargadas de revisar incidentes de gravedad deben formarse de manera que garanticen independencia, profesionalismo e imparcialidad. Además, la misma normativa designa al presidente del Tribunal Supremo para seleccionar a los miembros de estos paneles, a fin de evitar conflictos de interés. No obstante, el enfoque adoptado por el ejecutivo establece una comisión liderada por el ministro de Justicia, Yariv Lenin, del partido Likud, e incorpora a ocho ministros, entre los cuales figuran los dirigentes de partidos ultranacionalistas, Itamar Ben Gvir de Poder Judío y Bezalel Smotrich del Partido Nacional Sionismo Religioso.

Tal como detalló la fuente, la composición de la comisión ha recibido críticas por parte de la oposición israelí y de asociaciones que representan a víctimas del ataque, quienes argumentan que estos ministros eran miembros del gabinete en ejercicio el propio 7 de octubre, situación que, a su juicio, compromete la objetividad de cualquier investigación sobre la gestión y las decisiones del gobierno antes, durante y después del ataque ejecutado por milicias palestinas.

El medio subraya que la polémica se alimenta porque la única figura dentro del panel que no formaba parte del gobierno al momento del ataque es una excepción dentro de un grupo homogéneo cuyas decisiones y responsabilidades resultarán objeto de la investigación. Las organizaciones y familiares afectados por los acontecimientos han señalado que este diseño institucional limita la credibilidad y la autonomía de los resultados que pudieran arrojarse.

El Tribunal Supremo ha fundamentado su requerimiento en el objetivo de impedir posibles conflictos de interés y de satisfacer la demanda ciudadana de una revisión exhaustiva y transparente sobre los hechos del 7 de octubre. Según reportó la publicación, la corte ha dado plazo a las autoridades para que presenten los argumentos oficiales que respalden la decisión gubernamental ante las crecientes voces que exigen una investigación al margen de cualquier influencia política directa.

Entre los elementos destacados por el reporte figura que la Ley de Comisiones de Investigación de 1969, citada por los jueces, fue concebida precisamente para que los procesos fiscales de este tipo cuenten con garantías legales de imparcialidad, siendo esta una de las demandas centrales de la sociedad tras un suceso que marcó la seguridad nacional israelí.

Además de las críticas expresadas por los partidos de oposición, agrupaciones de familiares y víctimas han comunicado su preocupación ante la posibilidad de que las conclusiones del panel resulten condicionadas por la pertenencia de sus miembros al gobierno evaluado. Según ha subrayado el medio, sectores relevantes de la sociedad consideran que se requiere una revisión independiente y con plena potestad de convocar a testigos, acceder a documentación y someter a escrutinio las decisiones del gabinete en funciones.

El anuncio de la comisión se realizó a principios de la semana y, desde entonces, la controversia ha ido en aumento. Reportes consignados por el medio mencionan que el nombramiento de figuras identificadas con la línea de defensa política emprendida tras el ataque, así como por su pertenencia a formaciones ultranacionalistas, ahonda la preocupación por la falta de diversidad de perspectivas dentro del organismo.

La intervención del Tribunal Supremo se interpreta, según analistas consultados por el medio, como un llamado institucional a seguir los procedimientos legales establecidos y a garantizar la confianza pública en las investigaciones sobre incidentes que afectan la seguridad y la integridad del Estado. Los próximos pasos dependerán de la respuesta formal del gobierno, la que tendrá que incluir una explicación detallada sobre los motivos para privilegiar una investigación bajo control ministerial en vez de una comisión independiente.

La cobertura destaca que la exigencia del Supremo no determina aún la composición final del panel, pero establece un precedente al cuestionar la idoneidad de los mecanismos propuestos por el ejecutivo. Los debates continuarán desarrollándose en la arena política y judicial de Israel en tanto crecen las reclamaciones por una indagación que logre satisfacer las expectativas de rigor e imparcialidad de la opinión pública.

La composición de la futura comisión encargada de definir el alcance de la investigación sobre el asalto del 7 de octubre de 2023 ha suscitado señalamientos por parte de la oposición y de grupos de víctimas, que cuestionan la autonomía del órgano ante la presencia en puestos clave de figuras políticas del oficialismo y de la ultraderecha. Según informó Europa Press, el Gobierno israelí ha conformado una comisión ministerial encabezada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, perteneciente al partido Likud, que en un plazo de 45 días deberá presentar propuestas sobre las funciones, plazos y estructura de la comisión de investigación que analizará el ataque perpetrado por milicias palestinas.

De acuerdo con Europa Press, entre los integrantes designados para formar parte del grupo figuran Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, así como Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional y referente del partido Poder Judío. Estos dos ministros representan a sectores ultranacionalistas, cuestiones que han multiplicado las preocupaciones sobre la orientación política del proceso de investigación y sobre el equilibrio institucional de la comisión. La selección de estos dirigentes ha sido confirmada por Yossi Fuchs, secretario del Gabinete, quien también detalló que el grupo incluye a Zeev Elkin, ministro de Hacienda y miembro de Nueva Esperanza; Avi Dichter, titular de Agricultura y también del Likud; Gila Gamliel, ministra de Ciencia y Tecnología por el Likud; Orit Strock, ministra para los Asentamientos y Misiones Nacionales por Sionismo Religioso; Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio por Poder Judío; y Amichai Chikli, ministro para la Diáspora, también por Likud.

El medio Europa Press detalló que el mandato de esta comisión se centrará en proponer cómo debe formarse y operar el organismo que investigará los hechos previos, concurrentes y posteriores al asalto del 7 de octubre. Al cabo de 45 días, el equipo entregará sus observaciones al Gobierno, que tomará la decisión definitiva sobre las facultades otorgadas a la futura instancia investigadora, su composición y el tiempo que tendrá para llevar adelante su tarea.

Diversos sectores israelíes han expresado inquietud respecto al modo en que se eligieron los integrantes de esta comisión ministerial. Según publicó Europa Press, tanto representantes de la oposición como colectivos de víctimas sostienen que la dependencia orgánica de la comisión respecto al propio ejecutivo al que se pretende investigar plantea un conflicto de interés. Afirman que esto podría dificultar un análisis desapasionado de los fallos y responsabilidades que desembocaron en el ataque del 7 de octubre.

El ataque en cuestión, ejecutado por milicias palestinas, provocó un impacto político y social considerable en Israel, desatando fuertes debates internos sobre la preparación y respuesta de las autoridades. Ahora, el proceso que determinará la naturaleza de la investigación institucional sobre estos hechos queda en manos de un grupo que, según los críticos recogidos por Europa Press, no garantiza independencia respecto al Ejecutivo que también está bajo examen.

Entre los argumentos planteados por la oposición y las asociaciones de víctimas, destaca la preocupación de que la investigación no reúna las condiciones necesarias para ser transparente y exhaustiva, dadas las fuertes posiciones políticas de algunos de los ministros seleccionados y su pertenencia a partidos con intereses comprometidos en la gestión del Gobierno. Europa Press informó que estos reclamos apuntan a que la comisión debería contar con mayores garantías de imparcialidad para poder esclarecer las circunstancias que permitieron el ataque y la actuación de las distintas áreas del Gobierno antes, durante y después de los hechos.

La conformación y trabajos de esta comisión se producen en un contexto de debate público en Israel sobre la rendición de cuentas política tras el asalto del 7 de octubre y sobre la responsabilidad de los distintos actores estatales. El equilibrio entre las demandas de investigación independiente y la prevalencia de referentes políticos de la propia coalición gobernante en el diseño del proceso se ha transformado en un tema de disputa entre oficialismo, oposición y sectores de la sociedad civil. Europa Press consignó que se espera que, una vez transcurrido el plazo de los 45 días, el Gobierno adopte decisiones sobre los lineamientos finales de la comisión de investigación, lo que podría reavivar la polémica en torno a su legitimidad y autonomía.

“La comparecencia de Sánchez es un episodio más de esta utilización, y el BNG no contribuirá a este montaje político”. Con estas palabras, la senadora Carme Da Silva argumentó la decisión del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de no tomar parte en la comisión del Senado centrada en las ramificaciones del denominado ‘caso Koldo’. La sesión, prevista para este jueves y dedicada al interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de críticas por parte de la formación gallega, que considera que el Partido Popular emplea este foro y la Cámara Alta con fines partidistas y no para esclarecer responsabilidades. Según reportó Europa Press, el BNG justificó su ausencia como un rechazo a lo que interpreta como instrumentalización política.

La decisión de no asistir a la comparecencia lleva al BNG a alinearse con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el cual ya había comunicado que no participaría en ese interrogatorio bajo el argumento de que la comisión se orienta únicamente hacia la confrontación política y la generación continua de repercusión mediática. De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la formación nacionalista gallega señaló que tanto la comisión como el propio Senado se han desviado de su razón de ser institucional al convertirse, en palabras de la senadora Da Silva, en una “extensión de la sede de Génova”, epicentro de la dirección nacional del PP.

La senadora del BNG detalló, según lo publicado por Europa Press, que su partido ha decidido no sumarse a una comisión que califica como “un chiringuito” promovido por el Partido Popular, y que, a su juicio, no contribuye al esclarecimiento de casos de corrupción. Da Silva defendió que el Senado, lejos de avanzar en la transparencia y rendición de cuentas, está siendo utilizado por el principal partido de la oposición para “imponer sus propias reglas de juego”.

El comunicado del BNG, citado por Europa Press, enfatizó la posición de la formación sobre la tolerancia cero ante cualquier manifestación de corrupción, e hizo hincapié en que la organización nacionalista no aceptará ni justificará prácticas corruptas. Da Silva reclamó al Gobierno la necesidad de asumir “políticas valientes, transparencia real y una actuación ejemplar”, considerando que solo mediante acciones concretas y eficaces se pueden depurar las responsabilidades políticas y fortalecer la democracia.

Europa Press informó que el BNG insistió en la importancia de superar lo que describe como “escenificaciones de cara a la galería” y apostó en su lugar por avances efectivos en derechos y libertades. El comunicado difundido por la formación gallega criticó que la comisión del Senado se haya transformado, según su visión, en un escenario de confrontación política y no en una instancia dedicada al examen y depuración de los hechos vinculados al ‘caso Koldo’.

La ausencia de las principales formaciones nacionalistas en la comisión de investigación implica que el interrogatorio al presidente del Gobierno se desarrolle sin la presencia de estos grupos, que argumentan una falta de garantías en la imparcialidad y finalidad del proceso. Tanto el BNG como el PNV coinciden en señalar, como recogió Europa Press, que las actuales dinámicas en la Cámara Alta dificultan el objetivo de esclarecer responsabilidades institucionales y políticas.

El debate sobre el funcionamiento de la comisión del Senado y la participación de los distintos grupos cobró relevancia después de que el PP convocara a Pedro Sánchez para abordar todas las derivaciones del ‘caso Koldo’. Según Europa Press, el BNG expresó que la comparecencia no responde al interés general sino al cálculo estratégico del Partido Popular, reiterando su negativa a participar en lo que interpreta como un espacio de confrontación y proyección partidista.

La agrupación gallega concluyó instando a medidas que contribuyan verdaderamente al fortalecimiento de la democracia y a la depuración de responsabilidades, insistiendo, al mismo tiempo, en la necesidad de transparencia y ejemplaridad en la gestión pública, según reportó el medio Europa Press.

Violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra se han seguido cometiendo este año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad a finales de 2024, denunció este martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.

En su informe actualizado sobre la situación de Siria presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro, destacó que actos como la matanza de más de 1.400 alauíes en marzo en las ciudades de Latakia, Tarus y Hama exigen investigación independiente, rendición de cuentas y compensación a las víctimas y afectados.

“Continuamos recibiendo preocupantes informes sobre asesinatos y detenciones, algunas arbitrarias, de miembros de la comunidad alauita y la confiscación y ocupación de propiedades de quienes huyeron de la violencia de marzo”, agregó el experto brasileño.

Pinheiro recordó también la nueva ola de violencia iniciada en julio en Al Sueida, que involucró en ese caso a comunidades drusas y beduinas, con cientos de muertos y más de 200.000 desplazados.

Tras la intervención de fuerzas de seguridad del gobierno de transición, “se publicaron en internet vídeos, verificados por la comisión, de hombres drusos siendo ejecutados de forma sumaria o sujetos a tratos humillantes y degradantes”, denunció.

“La conducta de las fuerzas de seguridad en estas operaciones genera serias preocupaciones”, añadió, subrayando que también en esos incidentes en julio hubo saqueos y destrucción de propiedades.

El jefe de la comisión que completan el egipcio Hanny Megally y la británica Lynch Welchman pidió a las autoridades sirias que “aborden las causas detrás de esta violencia, eviten la repetición de violaciones de derechos humanos y trabajen para que se recupere la confianza entre el Estado y las comunidades afectadas”.

“La falta hasta ahora de capacidad para reconciliar visiones opuestas en torno al futuro de Siria amenaza con fragmentar más el país, frenar los esfuerzos para consolidar el Estado, y podría hundirlo de nuevo en un prolongado conflicto”, advirtió.

Pinheiro agregó que Israel está afectando a la inestabilidad de Siria con sus frecuentes ataques aéreos al país vecino, incluido los dirigidos a las cercanías de edificios gubernamentales clave de la capital Damasco.

“En el sur, Israel continuó violando la soberanía de Siria, ocupando además tierras más allá de la línea de separación de 1974, desplazando por la fuerza a los civiles que allí residían y supuestamente deteniendo arbitrariamente a ciudadanos sirios durante operaciones terrestres”, añadió.

Pinheiro citó por otro lado progresos como las promesas de las autoridades de transición de investigar los crímenes cometidos antes de 2025 y los sufridos este año por las citadas comunidades, o el retorno a sus hogares de un millón de refugiados sirios y dos millones de desplazados internos desde la caída de Al Assad.

(con información de EFE)

Las comparecencias se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón tuvieron responsabilidades en industria.

En la sesión de hoy ha participado el jefe de servicio de Agentes Ambientales, Jaime Marcos, quien ha asegurado que ninguna denuncia que llega a sus manos se queda sin tramitar "afecte a quien afecte" y que no conoce a ningún funcionario que dé carpetazo a un asunto sin más.

Marcos había sido citado porque, tras la explosión mortal de grisú registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo, se hicieron públicas actas y denuncias de un particular, una empresa minera y agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, pese a que la empresa titular carecía de permiso.

Ha reconocido que tenía conocimiento de que se habían levantado actas relacionadas con la mina, pero que no participó en su tramitación, salvo en el caso de una denuncia por la apertura de una zanja en la que propuso que se abriese un expediente sancionador.

Encargado de las relaciones con la Guardia Civil y la Fiscalía, ha afirmado que en el caso de Cerredo todo se tramitó en tiempo y forma.

También ha comparecido Jaime Martín, responsable técnico del suroccidente en el Servicio de Montes del Principado entre 2018 y 2022, y cuya firma aparece en un expediente en el que se pide información adicional a Combayl, la empresa que entonces tenía lo derechos sobre la mina, ante la solicitud que había hecho para la ocupación de una finca en un monte público.

Ha señalado que en la última visita que hizo a la explotación entre 2019 y 2020 vio chatarra, vagonetas, restos de barracones y un montón de restos de la actividad que hubo en su día, pero que no encontró ni un coche de empresa ni actividad.

El último compareciente ha sido el jefe de servicio de Gestión Forestal, Ángel de Miguel, quien en 2023, como jefe de sección, recibió un acta de un agente sobre la actividad en la explotación y se decidió pedir información al servicio de Minas.

Este departamento emitió una respuesta "contundente" en la que sostenía que en el interior se hacían labores de restauración como parte del plan de cierre y en el exterior otro de rehabilitación con fondos europeos.

En sus años de experiencia, no le consta "ningún tipo de ocultamiento ni cosas raras" sobre las tramitaciones de actas o denuncias. EFE

El grupo socialista del Senado ha registrado este viernes la petición de que comparezcan tanto Feijóo y Tellado como el empresario Jacobo Pombo, quien dirigía Global Youth Leadership Forum y, según informaciones periodísticas, tuvo contactos en 2020 con Koldo García para la compra de mascarillas por la Xunta de Galicia, cuyo Gobierno presidía entonces el ahora líder del PP.

La comisión de investigación del caso Koldo se reunirá el próximo lunes para aprobar una ampliación de su plan de trabajo.

El PP, que cuenta con la mayoría suficiente para decidirlo, ha avanzado ya que citará a comparecer el 8 de julio a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así como pedirá otros 53 nuevos testimonios. EFE

La nueva citación para Armengol, quien ya declaró el 7 de junio del año pasado, será activada el próximo lunes en la comisión y la ha avanzado este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha indicado que en su primera declaración mintió al decir que no conocía al comisionista investigado Víctor de Aldama. EFE

La propuesta se centra en los contratos en los que hayan podido participar personas físicas o jurídicas señaladas en el marco del llamado caso Koldo, explica Geroa Bai en un comunicado.

La exposición de motivos de la iniciativa destaca que no se puede permitir "que la confianza en las instituciones públicas, que es la piedra angular sobre la que se sustenta nuestro sistema democrático, se vea erosionada”.

El texto continúa afirmando que la información conocida en los últimos días sobre una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas "constituye un elemento de enorme preocupación que erosiona la confianza en las instituciones".

Por su parte, Contigo-Zurekin, socio de gobierno del PSN junto con Geroa Bai, ha señalado que este acuerdo entre los cuatro grupos "demuestra que la mayoría progresista está comprometida con la rendición de cuentas y con dar todas las explicaciones necesarias a la ciudadanía”.

Las cuatro fuerzas han acordado no esperar a septiembre y "comenzar cuanto antes con la puesta en marcha de la comisión", indica.

Desde la Ejecutiva de Contigo-Zurekin han resaltado que la propuesta registrada es “más ambiciosa y garantista” que las presentadas por UPN y por PP junto a Vox, que se ciñen a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate.

“Queremos que se investigue a fondo cualquier relación contractual entre la Administración foral y las empresas que hayan aparecido o aparezcan en la causa judicial que se está investigando. La ciudadanía tiene derecho a saber y el Parlamento, la obligación de investigar y esclarecer”, afirma Contigo-Zurekin. EFE

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vinculado el apoyo de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al cumplimiento de "la agenda catalana", toda vez que le han reprochado que en su reunión de este martes en la Moncloa el jefe del Ejecutivo no les concretó si cumplirá con el acuerdo firmado en Bruselas para apoyar su investidura.

Preguntada en una entrevista en 'Cadena Ser Catalunya', recogida por Europa Press, sobre de qué depende que Junts mantenga su confianza en el Gobierno, Nogueras ha respondido que "la agenda catalana, siempre", y ha matizado que no hablaría de confianza porque en el propio acuerdo que se firmó con el PSOE en la investidura se constata que "no hay confianza" entre ambas partes.

"Al final, nosotros velamos por los intereses de Cataluña", ha apuntado, admitiendo que no obstante en estos dos años se ha avanzado en asuntos como la lengua, las comisiones de investigación en el Congreso, o la amnistía, de la que ha habido mucha gente que "afortunadamente, se ha podido beneficiar".

Así, en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, Nogueras ha afirmado que Cataluña, lo que quiere de todo esto, "es cobrar". "Lo que quieren es la independencia, cobrar lo que les toque. Y lo que pase en el Estado español lo van a decidir los españoles", ha añadido, reclamando nuevamente "concreción" de qué es lo que quiere hacer "este gobierno que se autodefine como progresista".

Sobre la posibilidad de que soliciten de nuevo al jefe del Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza, Nogueras ha insistido en que por el momento Sánchez no les ha concretado "absolutamente nada" sobre su plan, y que cuando tengan "sobre la mesa las concreciones", la ejecutiva de Junts tomará una decisión.

Eso sí, ha señalado que el presunto caso de corrupción que afecta al PSOE, y más concretamente el que hasta la semana pasada era su 'número tres', Santos Cerdán, "es grave". "Vale la pena insistir en el hecho de que lo que está pasando es grave, que la situación es grave y que la incerteza también", ha añadido.

ES TRABAJO DEL PSOE ELEGIR EL SUSTITUTO DE SANTOS CERDÁN

Nogueras también se ha referido al posible relevo de Santos Cerdán como interlocutor entre PSOE y Junts, afirmando que la figura que le sustituya la deben elegir los socialistas y que ellos no han propuesto ningún nombre porque ese no es su trabajo.

"El interlocutor lo decide el PSOE, no decidimos nosotros. Ese no es nuestro trabajo", ha asegurado la dirigente de Junts, que al ser cuestionada si tenían plena confianza en Santos Cerdán ha recalcado que "no hay confianza" y que a España "no venimos a hacer amigos".

A lo que sí vienen es "a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña", siendo conscientes de que los "partidos españoles" tienen unos intereses que "son completamente diferentes" de los que tiene su formación, ha dicho.

UNA CORRUPCIÓN MARCA ESPAÑA

En otro orden de cosas, Nogueras ha reivindicado que Junts exigiera en la negociación de la investidura que se constituyera la Comisión de Investigación de Operación Cataluña y la de los atentados terroristas del 17-A, ya que en su opinión ahora se demuestra con el supuesto caso de corrupción en las filas del PSOE que las "cloacas" son una "manera de hacer política marca España".

"Pero bueno, nada nuevo en España. Yo creo que todo el mundo, si solo hacemos un poco de memoria, es muy consciente de que esta es la historia de España. Unas estructuras de Estado absolutamente contaminadas", ha criticado la diputada de Junts, sentenciando que en España "gobierne quien gobierne", siempre caen "en el lado de la corrupción".

Ahora toca espera, según ella, a ver "qué Pedro Sánchez nos encontramos después de este túnel", si "el Sánchez que dobla las apuestas, el que no cumple, el que cumple" o el que "es incapaz de tirar adelante". "Veremos qué nos encontramos", ha concluido.

El PSOE ha registrado este martes su propuesta para crear una comisión de investigación en el Congreso con el fin de dilucidar en el plazo de seis meses las responsabilidades del llamado 'caso Koldo' y el informe de la UCO que implicó al hasta ahora 'número tres' del partido, Santos Cerdán.

Esta comisión de investigación, que fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez tras la renuncia de Cerdán, pretende también "valorar las medidas que cabe emprender por parte de los poderes públicos para prevenir y evitar que vuelvan a producirse hechos y conductas de corrupción política", según consta en el escrito recogido por Europa Press.

El PSOE subraya que ese informe de la Unidad Central Operativa (UCO) "revela una serie de hechos y conductas que afectan a varios exresponsables políticos e institucionales" --y cita expresamente a los socialistas José Luis Ábalos Meco, Santos Cerdán León y Koldo García Izaguirre--, y "exige de la investigación por parte del Congreso".

"Dada la naturaleza y gravedad de los hechos y conductas que se investigan respecto a estos casos de presunta corrupción política", el PSOE considera "imprescindible conocer en profundidad estas actividades, su alcance y sus consecuencias, así como las medidas conducentes a evitar que se produzcan en el futuro".

"Es necesario que el Congreso de los Diputados constituya una Comisión de Investigación que aclare hechos, responsabilidades y enseñanzas acerca de las contrataciones públicas y demás aspectos relacionados con la Operación Delorme y el Informe de la UCO 96/2025", proclaman.

OTRA COMISIÓN MÁS

Esa 'operación Delorme' sobre supuestos pagos de comisiones en la venta de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia ya motivó la puesta en marcha de otra comisión de investigación en el Congreso que cerró a los seis meses sin llegar a citar ni siquiera a Ábalos y a Koldo, y sin presentar conclusiones.

En paralelo, el Senado creó otra comisión de investigación centrada en el 'caso Koldo' que aún sigue en marcha y por la que han desfilado buena parte de los protagonistas de la supuesta trama. Incluso el PP se reserva citar al presidente Pedro Sánchez.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido una "limpieza profunda" de personas y cargos del PSOE que "han tenido que ver con la trama de corrupción" y ha subrayado que las medidas que ha anunciado el partido "tienen que ir a más".

Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, tras la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha anunciado el impulso de una comisión de investigación sobre el caso Koldo, su comparecencia en el Congreso y ha vuelto a descartar un adelanto electoral.

"Tiene que producirse una limpieza total y profunda de todas las personas y cargos que han tenido que ver con esta trama que no era menor o secundaria, sino de pesos importantes del PSOE. Hasta que se celebre el Comité Federal, tienen mucho que limpiar", ha defendido la líder de la oposición en el Consistorio.

Maestre ha remarcado que para que esta legislatura "siga valiendo la pena" hace falta "reimpulsar" la agenda social del Gobierno de España y ha exigido "un ritmo más fuerte" con los temas "pendientes", como la vivienda o el aumento de los salarios.

"Con aquello para lo que la gente de izquierdas ha votado a un gobierno de izquierdas en este país. Este es también un momento para hacerlo para imprimir un ritmo aún más fuerte a esa agenda social, a la vez que se garantiza que no hay ningún caso más y que de ninguna manera este caso del PSOE afecta o al Ejecutivo o tiene algo estructural en el funcionamiento del partido", ha apuntado.

La portavoz de Más Madrid ha señalado que una línea roja con el PSOE sería "un caso estructural de financiación irregular", aunque ha reiterado que actualmente "no hay pruebas ni indicios", pero que sería "un tema mucho más grave".

"Nosotros exigimos que la limpieza que se produzca dentro del PSOE tiene que ser total con las muchas personas que han tenido que ver con el ámbito de actuación de sus dos secretarios de Organización, que no eran dos personas secundarias, sino con mucho poder durante mucho tiempo", ha insistido.

Maestre ha afirmado que "comparte la decepción" de algunos ciudadanos con la política, a la vez que ha reivindicado que el espacio político del que forma parte "nació para oponerse a muchas de las prácticas corruptas del bipartidismo español".

"Después de diez años en los que hemos estado en los principales gobiernos de las principales capitales y ciudades de nuestro país, gestionando dinero público, contratos públicos y presupuestos públicos, no hay una sola persona que se haya visto inmersa en ningún caso de corrupción. No es verdad que esta sea la única forma de hacer política", ha destacado.

Maestre ha pedido al PP y al PSOE de "hacerse la pregunta de cómo es posible que personajes de esta calaña lleguen tan dentro de la contratación pública". "Los pequeños Nicolás y los Koldo se pasean con mucha soltura entre las sedes y los espacios de gobierno. Nosotros llegamos aquí para impedir que eso volviera a suceder y vamos a ser firmes y tajantes con que esas prácticas no se vuelvan a producir", ha zanjado.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes que utilizarán su mayoría en la Cámara Alta para habilitar la actividad parlamentaria durante el mes de julio, sin descartar hacerlo también en agosto, para celebrar diferentes sesiones de la comisión de investigación del 'caso Koldo' tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"El Senado seguirá abierto por vacaciones para desentrañar la corrupción del PSOE, del Gobierno y de Sánchez", ha sostenido Alicia García en declaraciones remitidas a los medios después de registrar la solicitud para habilitar el mes de julio ante el informe de la UCO que apunta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Cabe recordar que los meses de julio, agosto y enero son inhábiles en el Parlamento, aunque los 'populares' tienen mayoría absoluta en el Senado y pueden activarla para dar luz verde a diferentes comparecencias en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

Según ha recordado la dirigente 'popular', más de 70 personas han pasado por esta comisión de investigación, entre los que se encuentran el propio Santos Cerdán o el exministro José Luis Ábalos, a los que el PP acusa de "mentir".

Precisamente, el jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso sobre el 'caso Koldo', que sería paralela a la que se lleva celebrando más de un año en el Senado.

En cualquier caso, todavía falta por concretar el nuevo listado de comparecientes en la comisión de investigación del Senado, aunque Alicia García ha adelantado su intención de "ahondar" en el caso de Leire Díez, entre otros aspectos.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una investigación parlamentaria sobre el 'caso Koldo' apenas ocho meses después de que se dejara caducar la que se creó en el Congreso para aclarar las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19, un órgano que se cerró sin aprobar conclusiones y sin citar ni al exministro José Luis Ábalos ni a su asesor Koldo García.

La creación de esta nueva comisión es una de las medidas anunciadas por Sánchez a raíz de la crisis abierta la semana pasada con la renuncia del hasta entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la trama de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de obra pública de la que también formarían parte Ábalos y Koldo García.

La primera comisión de investigación sobre las irregularidades que se achacan al exasesor de Ábalos también nació a instancias del PSOE. Se creó en abril de 2024, pero se circunscribió a los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, puesto que la investigación judicial aún no había desvelado el presunto amaño de contratos de obras.

Aquel órgano, que presidió el diputado socialista Alejandro Soler, funcionó durante seis meses. Dos semanas antes de que venciera el plazo que tenía para presentar conclusiones, Coalición Canaria avanzó su intención se sumarse al PP y Vox para evitar que la investigación continuara. Dado que su voto era imprescindible para que la comisión pudiera solicitar una prórroga y la elevara al Pleno, el PSOE renunció y ni siquiera forzó una votación al respecto ni intentó pactar un informe de conclusiones.

QUERÍAN INVESTIGAR A FEIJÓO

Y todo pese a que el portavoz socialista, Patxi López, había anunciado su intención de pedir más tiempo para poder investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a "empresas en las que hay familiares" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Además de los asuntos relativos a Galicia sobre los que los socialistas querían poner el foco si la comisión continuaba, este órgano se dejó en el tintero otros muchos asuntos por investigar. De hecho, tenía aprobadas 131 comparecencias y se dejaron pendientes unas 110.

Entre abril y junio sí fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la 'trama Koldo' como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

También se interrogó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la 'popular' Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros.

Asimismo tuvieron oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos.

DEL 'CASO KOLDO' AL 'CASO ALMERÍA' PARA APUNTAR AL PP

Pero en esta comisión no solo se ha habló del 'caso Koldo', el conocido como 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería fue otro de los ejes principales en las comparecencias. Para indagar en este tema se interrogó al actual presidente de la Diputación, el 'popular' Javier Aureliano García, o al que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia

Entre los que se quedaron sin comparecer figuran los principales protagonistas del 'caso Koldo'. El PSOE no incluyó a Ábalos en su listado de comparecientes, pero accedió a meterle en el general ante la exigencia de sus socios parlamentarios.

EL SENADO SIGUE CON LA SUYA

Los socialistas quisieron llamar a altos cargos del PP como Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía e los meses de la pandemia, y los presidentes autonómicos Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid), pero no se llegó a llamar a ninguno.

Y, en paralelo, el Senado creo su propia comisión de investigación centrada en el 'caso Koldo' que aún sigue operativa y donde, gracias a la mayoría absoluta del PP, han desfilado buena parte de los protagonistas de la trama, algunos en más de una ocasión. Los 'populares' se guardan incluso la carta de citar al presidente Pedro Sánchez en a Cámara Alta.

El presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer la verdad sobre el caso Koldo" y además comparecerá en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este asunto.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal, después de la dimisión del hasta ahora secretario de Organización Santos Cerdán por el señalamiento de la UCO en el cobro de mordidas.

Sánchez ha dicho que comparecerá en el Congreso en la primera fecha que sea posible "para dar las explicaciones necesarias y responder a preguntas de todos los grupos parlamentarios", ha indicado.

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