La heterogeneidad de criterios entre comunidades autónomas respecto al derecho de las familias a disponer del cuerpo de sus bebés sin vida ha sido uno de los principales motivos que llevó a la Federación Española de Duelo Perinatal (FEDUP) a comparecer ante la Comisión de Igualdad del Senado, según detalló el medio que cubrió la intervención. Durante la sesión realizada este miércoles, la entidad presentó un paquete de propuestas que buscan establecer un marco legal y social común en todo el país para garantizar un trato digno y homogéneo a las personas afectadas por la muerte gestacional o perinatal.

FEDUP solicitó la creación de registros oficiales y simbólicos de carácter nacional para los bebés nacidos sin vida, así como un registro específico de pérdidas gestacionales anteriores a las 22 semanas. De acuerdo con el medio, la federación planteó que esta medida, de inscripción voluntaria y alcance estadístico, permitiría visibilizar la magnitud de un fenómeno que permanece en gran parte oculto ante la sociedad y las instituciones. Además, en palabras de la presidenta Montse Robles, la ausencia de datos oficiales hace que muchas familias se enfrenten en solitario a una realidad que no recibe suficiente reconocimiento ni protección institucional.

La comparecencia incluyó la exposición de demandas orientadas a asegurar derechos básicos vinculados con la memoria, el acompañamiento y la protección social en los procesos de duelo perinatal. FEDUP reclamó la implantación de bajas médicas automáticas ajustadas proporcionalmente al trimestre de gestación en el que se produzca la pérdida, medida que actualmente depende de la legislación autonómica y que, según el medio, genera desigualdades en el acceso al permiso laboral. Además, la federación propuso que tanto la persona gestante como el progenitor no gestante sean reconocidos como titulares de este derecho, al considerar que el impacto emocional y familiar exige una respuesta que abarque a ambos integrantes de la unidad parental.

Según expuso la organización, estas medidas buscan corregir la insuficiencia del marco normativo vigente, el cual deja desprotegidas a muchas familias y genera diferencias basadas en circunstancias como la edad gestacional o el lugar de residencia. FEDUP solicitó de manera expresa un reconocimiento oficial de la violencia obstétrica, proponiendo su incorporación en los currículums académicos y la formación obligatoria para el personal sanitario en derechos sexuales y reproductivos, tal como publicó el medio. La federación defendió que un mayor conocimiento y sensibilización por parte de los profesionales puede mejorar la atención brindada en casos de duelo perinatal y prevenir prácticas consideradas lesivas.

En la esfera económica y social, FEDUP planteó la necesidad de facilitar los procesos de despedida mediante la habilitación de espacios gratuitos en cementerios, la aplicación de tarifas funerarias ajustadas a cada caso y la reducción del IVA en los servicios funerarios relacionados con la muerte perinatal. Según reportó el medio, la federación considera que estos apoyos pueden ayudar a mitigar el impacto económico añadido a la vivencia de la pérdida.

Durante la intervención en la Cámara Alta, la vocal de FEDUP María González señaló la importancia histórica de que la Comisión de Igualdad impulse un reconocimiento oficial y estatal del duelo compartido, tanto para la persona gestante como para el resto de la familia: “El duelo es compartido y debe ser reconocido como un derecho, tanto para la madre gestante como para el progenitor no gestante”. El medio indicó que la federación insistió en la universalidad de los derechos reclamados, solicitando que no existan restricciones por razón de situación laboral, residencia o criterios administrativos como la edad fetal.

Las propuestas de FEDUP tienen como finalidad que se desarrollen políticas públicas y protocolos oficiales que favorezcan el acompañamiento y el respeto a las personas que atraviesan estos procesos. Según consignó el medio, para la federación estos cambios son clave para romper el silencio social y administrativo que sigue rodeando la muerte gestacional y perinatal en España, y confían en que la visibilización lograda ante el Senado derive en un avance real en materia legislativa y social para proteger a las familias que afrontan estas pérdidas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro que "hace cinco años" estaba "absolutamente en contra" de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, pero que ha podido constatar que "hay avances significativos" en el país y que tampoco hay que olvidar que hay otros "muchos lugares donde tampoco se respetan los derechos humanos y también se están jugando torneos deportivos".

"Lo de la Supercopa en Arabia Saudí es un tema complicado. Hace cinco años era totalmente contrario a jugarla allí, estaba absolutamente en contra, pero ahora, que he viajado unas 20 veces, no a ver la Supercopa sino a trabajar, lo que me he encontrado son unos avances muy significativos, aunque es verdad que todavía les falta mucho por avanzar", expresó Tebas durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

El dirigente apuntó que las "30 reuniones" que ha podido tener, en casi todas han sido "con mujeres". "Recientemente, en un fin de semana que estuve por un tema de antipiratería con la Autoridad de la Propiedad Intelectual de Arabia, la que mandaba la unidad era una mujer y había 40 hombres trabajando para ella", indicó.

"Es verdad que te encuentras cosas, pero es verdad también que hay un avance y tampoco quiero ser un hipócrita. La Fórmula 1, MotoGP, la Supercopa de Italia, torneos de golf, conciertos de los más 'cool' del mundo o combates de boxeo, que fui a uno y no diferenciaba a Las Vegas de las 25.000 personas que había dentro", añadió Tebas.

El presidente de LaLiga, que dio su opinión "personal", insistió en que el país "tiene que avanzar". "También hay que pensar que hay muchos lugares donde tampoco se respetan los derechos humanos y también se están jugando torneos deportivos", recordó Tebas, que hace cinco años tuvo "un lío importante" con las autoridades saudíes por "unas declaraciones muy duras" que hizo en Londres al asegurar que el país no era el idóneo para la Supercopa de España por no respetar los derechos humanos y por 'piratear' el fútbol español.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, hizo hincapié este martes en el buen trabajo que están haciendo para erradicar los delitos de odio en el fútbol, un ámbito donde son "una caja de resonancia" para mal cuando los sufren, pero también fue autocrítica porque cree que "con las herramientas" que cuentan en la actualidad puede "controlar bastante más" esta lacra, aunque volvió a reclamar más competencias más allá de las denuncias.

"Tenemos una doble responsabilidad, primero porque no queremos que en el entorno del fútbol profesional se produzcan estas conductas de ninguna manera, y en segundo lugar porque somos una caja resonancia y somos un efecto muy negativo para la sociedad cuando se producen estas conductas", señaló Tebas durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados par hablar sobre los delitos de odio.

Pero el dirigente también dejó claro que deben hacer "autocrítica" porque con "las herramientas" con las que cuentan "en la actualidad" tienen capacidad para "controlar bastante más este fenómeno" e igualmente consideró que "se debe mejorar muchísimo más la conducta de los propios clubes en cuanto al seguimiento de aquellos grupos más proclives a poder cometer estas conductas de odio".

"Tenemos que ser más tajantes también con algunos grupos de aficionados, también quiero decir aquí que en el ámbito legal", añadió Tebas que insistió en que ya presentaron "hace unos meses" ante la Fiscalía "la disolución e ilegalización del 'Frente Atlético'", un tema que "está avanzando en buen criterio", y están "dando instrucciones para que la próxima semana" se haga lo mismo con el 'Frente Boquerón', vinculado al Málaga CF.

El dirigente recordó que el FC Barcelona ha hecho "bien" sacado a su Grada de Animación del estadio. "Decían que se estaban cargando ya de multas, que no podían más y que no las pagaban los de la Grada de Animación", resaltó. En este sentido, reconoció que "la mediación" les podría ayudar a "determinar mucho más o intentar resolver ese problema" con ciertos grupos conflictivos. "Podemos hacer más desde LaLiga y estamos muy concienciados con este tema, creemos que es un problema no sólo del fútbol, es de la sociedad", aseveró.

Tebas explicó que uno de los objetivos es erradicar estos comportamientos controlando a los aficionados "desde que salen hasta que vuelven a casa. "No nos basta en el estadio", admitió, sin olvidar que en España hay una mejor vigilancia. "¿Por qué hay tantos incidentes cuando vienen equipos extranjeros a jugar partidos europeos y no pasa eso en la Liga? Porque hay muchísimo mayor control y vigilancia por parte de nuestra competición y de LaLiga. Somos la Liga con menos incidentes de violencia porque hemos trabajado y seguimos trabajando duramente con esta cuestión", replicó.

FALTA DE COMPETENCIAS

El presidente de LaLiga puntualizó que llevan mucho tiempo luchando contra las conductas de odio y que tardaron "4 o 5 años" en hacer casi desaparecer "los cánticos corales". "Prácticamente ya no existen en los estadios, es una conducta más individual o más de pequeños grupos, pero que sigue siendo igual de grave", subrayó.

"Hay que pensar que a los estadios de España acuden 15 millones de espectadores todas las temporadas y que estamos hablando de conductas que incitan al odio que no superan las 70 en los últimos tres años", detalló, al tiempo que volvió a reclamar tener "más competencias" más allá de las de "denuncia". "Queremos más sanciones, quitar puntos, pero no las tenemos (las competencias)", agregó.

El dirigente resaltó que "la violencia verbal es la antesala a la violencia física" y que por este motivo no quieren que los estadios se conviertan en "teatros" donde sólo haya silencio sino que quieren evitar que sean "un centro de mala educación". "Casualmente en el fútbol somos los más maleducados", expresó.

Tebas manifestó la existencia de cierta desinformación en la gente y los aficionados que les lleva a pensar que "algunos delitos no eran de la gravedad que pueden tener" y que por ello han incidido en la "educación" a través de campañas, y también se refirió a la necesidad de tener "una estrategia en el ámbito institucional y en el legal", y al uso de la tecnología para poder "tener un acceso mayor por parte de los clubes" a la identificación de aficionados que asiduos en estas conductas.

En este punto, habló del tema de la biometría para una mejor identificación de aquellos hinchas que entran en un estadio pese a tenerlo prohibido porque lo han hecho "con el carnet de otra persona". Sin embargo, no pueden porque la Agencia de Protección de Datos les ha informado de que "va contra el reglamento europeo". "Lo tenemos recurrido ante los tribunales y estamos intentando con el Ministerio del Interior hacer una modificación legislativa para intentar colocar estas herramientas porque serían muy útiles", puntualizó.

Tebas tiene claro que hay "delito cuando se pretende la humillación de la víctima" y aclaró respecto a la retirada de símbolos de las gradas que son "temas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "No se han retirado solo de 'ikurriñas', se han retirado en otros lugares de las de España también, y hay muchos lugares que se sacan símbolos que son separatistas o defienden causas separatistas, y no pasa nada", declaró.

El presidente de LaLiga explicó que están viendo qué "ha pasado" con la denuncia del futbolista Alejandro Balde sobre insultos racistas recibidos en el Coliseum de Getafe y que el Real Madrid y LaLiga no pueden hacer "más" en relación a los insultos a varios jugadores del FC Barcelona, entre ellos Lamine Yamal, en el Clásico del Santiago Bernabéu. "El club ha identificado a los cuatro que hicieron el grito y han sido expulsados, y ya han sido puestas las denuncias correspondientes a la policía y estamos ante unas diligencias previas para intentar que sean condenados, que es lo que corresponde", afirmó.

Finalmente, consideró que su organismo no es "nadie para forzar a alguien que diga su conducta sexual" y que desconocía por qué no había futbolistas que hablaban abiertamente si eran homosexuales. "Es una actitud absolutamente personal. El presidente de LaLiga no puede forzar a que la gente declare su condición sexual si no quieren", zanjó.

Madrid, 17 nov (EFE).- El Congreso de los Diputados celebrará un coloquio este lunes para conmemorar el 91 aniversario de las primeras elecciones en las que votaron las mujeres españolas, las generales del 19 de noviembre de 1933.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, participará en esta charla, que se celebrará a las 19.30 y en la que intervendrán el periodista y escritor Isaías Lafuente y la politóloga Cristina Monge.

También está prevista la asistencia de miembros de la Mesa del Congreso, portavoces de los grupos parlamentarios e integrantes de la Comisión de Igualdad.

El Congreso celebrará así el aniversario del sufragio femenino, que se aprobó en 1931, al incluirse en la Constitución de la II República.

En la aprobación del sufragio femenino tuvo un papel protagonista la sufragista Clara Campoamor (1888-1972), diputada del Partido Radical que fue elegida en las Cortes Constituyentes, en 1931, defendió el voto de las mujeres y formó parte de la comisión que redactó la Carta Magna de la II República.

Esta sufragista protagonizó un debate con la otra diputada que había en el hemiciclo, la socialista Victoria Kent, que defendió aplazar el voto femenino hasta transcurridos unos años de "convivencia" con la II República pues consideraba que en ese momento era "peligroso" concederlo, un argumento que rebatió Campoamor, quien finalmente logró aprobar el sufragio de las mujeres. EFE

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional Integral de Actuación para Mujeres Gitanas, con el objetivo de "corregir la discriminación estructural sufrida por las mujeres gitanas y favorecer su autonomía y desarrollo personal".

En concreto, según se desprende de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Igualdad, los socialistas piden en el Plan medidas específicas en materia de educación, salud y vivienda, enmarcado en medidas de acción positiva "con el objetivo de corregir la discriminación estructural sufrida por las mujeres gitanas y favorecer su autonomía y desarrollo personal", así como un Plan de actuación "que promueva el acceso de la población gitana al empleo, incluyendo medidas para favorecer la inserción laboral de las mujeres gitanas".

Igualmente, recomienda fomentar acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidas a toda la sociedad que incluyan, en los centros escolares con alumnado gitano, "actuaciones con una perspectiva intercultural con la que puedan sentirse identificados, evitando la confusión entre la cultura de la marginalidad y la realidad cultural gitana".

También apuesta por incidir en la atención a las mujeres de sectores vulnerables, incluyendo a las mujeres gitanas, "con planes de atención que garanticen un tratamiento personalizado".

Además, pide avanzar en la formación de los distintos agentes "para garantizar la mejor respuesta asistencial y erradicar la indiferencia, la estereotipia y la mala praxis para con las mujeres gitanas". En este sentido, recomienda prestar "especial atención" a los medios de comunicación, respecto de la imagen que transmiten de la mujer gitana frente a la desigualdad y la violencia de género.

Asimismo, solicita la elaboración de estudios sobre cómo se desarrolla y cuáles son los elementos particulares que pueden describir la situación de las mujeres gitanas. En esta línea, pide introducir el factor de pertenencia étnica o condición gitana en las futuras recopilaciones y estudios.

Finalmente, el PSOE pide "evitar matrimonios tempranos en la ciudadanía gitana mediante una adecuada intervención, desde la participación de la misma, así como desde las instituciones, en el marco del desarrollo de acciones profesionales adecuadas". En este sentido, señala que "existe una relación entre matrimonio adolescente y retraso curricular y una interacción entre matrimonio precoz y roles de género asociados, que cooperan para crear la desventaja social de las niñas gitanas".

Madrid, 12 nov (EFE).- Tres magistradas figuran entre las siete candidaturas que aspiran a las cuatro presidencias de Sala del Tribunal Supremo, cuyos nombramientos pueden estar condicionados a la aplicación de la ley de paridad, que según un informe de la Comisión de Igualdad del CGPJ debe distribuirse en dos hombres y dos mujeres.

El órgano de gobierno de los jueces informa que Ignacio Sancho es el único aspirante a la Sala de lo Civil; Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta se disputarán la Sala de lo Penal; Pablo Lucas y Pilar Teso la Sala de lo Contencioso Administrativo; y Juan Molins y Concepción Ureste la presidencia de la Sala de lo Social.

Precisamente hoy, la Comisión de Calificación, encargada de los nombramientos, ha tomado conocimiento de un informe de la Comisión de Igualdad que propone aplicar la ley de paridad al conjunto de las cuatro presidencias, por lo que deberían resultar elegidos dos hombres y dos mujeres para cumplir con la regla del 60-40.

Ahora bien, este estudio no guarda relación con el informe del Gabinete Técnico que fue encargado por la presidenta, Isabel Perelló, sobre cómo se debe cumplir con la regla de paridad en los nombramientos de la cúpula judicial, que aun está pendiente y que es posible que pueda elevarse este miércoles al Pleno.

Fuentes jurídicas explican a EFE que con el escenario que dibuja el estudio de Igualdad, la presidencia de lo Civil sería para el único candidato, por lo que quedarían tres presidencias, de las cuales dos deberían ser para magistradas.

Así las cosas, la clave reside en la elección para la Sala de lo Penal, la más determinante en el Supremo. El nombre de Arrieta genera consenso como reconocimiento a su carrera y por tratarse de una figura de prestigio, que está ya en sus últimos años de carrera.

Ahora bien, una de las bazas de Ferrer, quien recientemente aspiró a presidir el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, es que puede verse beneficiada por el hecho de ser mujer, aunque en su contra está que no cuenta con el visto bueno del bloque conservador.

Lo que ocurra en esta sala, si se sigue el criterio de la paridad, será determinante para el desenlace de los otros dos nombramientos, puesto que si sale Arrieta, las fuentes consideran que Teso y Ureste deberían ser nombradas para cumplir con la paridad.

No obstante, los conservadores consideran que la ley de paridad se debe cumplir en el Supremo de forma general, es decir, entre todos sus magistrados, por lo que es previsible que las negociaciones entre ambos bloques sean largas.

Por el momento, el Consejo ha avanzado que los aspirantes serán convocados próximamente para comparecer ante la Comisión de Calificación. EFE

La mayoría progresista de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aboga por que los nombramientos que debe llevar a cabo el CGPJ para las presidencias de cuatro de las cinco salas que forman el Tribunal Supremo (TS) se lleve a cabo de forma paritaria, de modo que "al menos dos" sean ocupadas por mujeres.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los vocales Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado destacan que la regla de paridad y presencia equilibrada "no es una mera recomendación, sino un imperativo legal".

Fuentes del órgano de gobierno consultadas por esta agencia de noticias revelan una controversia en el seno de la Comisión de Igualdad, ya que mientras unas voces aseguran que se trata del informe definitivo del órgano sobre este asunto otras aseguran que aún es objeto de debate y que el texto cerrado se conocerá en los próximos días.

Los firmantes inciden en que "el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no ofrece dudas" cuando asevera que en "todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos" se "garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%".

Sobre este extremo, recalcan que la ley es "clara y taxativa" y que dicho principio de presencia equilibrada "no supone una medida temporal ni coyuntural en la consecución de la igualdad de género, sino una proyección del derecho de igualdad para dotarle de eficacia".

No obstante, sostienen que la determinación de los ámbitos de los nombramientos en que ha de garantizarse la paridad y presencia equilibrada "admite diversas interpretaciones".

EN CONTRA DEL "CRITERIO GENERALIZADOR"

Según explican, una primera interpretación --la del "criterio generalizador"-- podría ser "aplicar la regla de la paridad al tipo de tribunal u órgano de gobierno en su conjunto", lo que --a su juicio-- conllevaría resultados "absurdos" y supondría "desdibujar la paridad como criterio de participación en los ámbitos de toma de decisiones".

Los vocales entienden que dicho criterio podría suponer que una Sala del Supremo estuviera compuesta solo por hombres o mujeres, o que no hubiese ni una presidenta mujer en ninguna Sala del alto tribunal, tribunales superiores o audiencias provinciales, y que aún así se cumplieran las normas de paridad "siempre que las salas de gobierno en que se integran fueran paritarias".

"Reduciendo al absurdo, (...) podría darse un paso más en la senda generalizadora y sostenerse que la carrera judicial cumple --en su conjunto-- los criterios de paridad, pues mientras que ellos representan un 42,8%, ellas son un 57,2%", sostienen y añaden que dicho enfoque "distorsiona la realidad" en la que en el Supremo el 79% son hombres.

En este sentido, los vocales consideran que el hecho de que la ley fije una "representación equilibrada en todos los sectores y áreas" implica que "dicho equilibrio no se cumple cuando las mujeres tienen representación muy mayoritaria en un área de decisión, pero carecen de presencia en otros".

En conclusión, apuntan que el "criterio adecuado" para interpretar la Ley 2/2024 sobre la aplicación de la regla de paridad "no puede ser el criterio generalizador, sino el de aplicar la paridad a cada uno de los ámbitos de representación y decisión, en el sentido que ha quedado expuesto". Añaden, además, que dicha interpretación "resulta acorde" con la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

Con todo, subrayan que "pasados más de 9 años" desde que se emitiera el Informe a la Asamblea General de la Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en España, "la realidad sigue siendo sustancialmente la misma: el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo".

Así las cosas, consideran que, en virtud de la ley de paridad, "al menos 2" de cuatro de las presidencias de salas del Tribunal Supremo convocadas el pasado octubre "deberían" ser ocupadas por mujeres.

Madrid, 29 oct (EFE).- La Comisión de Igualdad del Congreso ha celebrado este martes la primera sesión de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio que, tras crearse el pasado septiembre, ha iniciado su andadura debatiendo sobre uno de los grandes "desafíos" que caracterizan esta problemática: el bajo número de denuncias.

"La infradenuncia es uno de los grandes desafíos, porque solo uno de cada cinco casos acaba en denuncia", ha subrayado la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Micaela Carrillo, quien ha querido aprovechar su primera comparecencia en este órgano para condenar los insultos racistas sufridos el sábado por el futbolista Lamine Yamal durante el partido celebrado entre el Madrid y el FC Barcelona.

Según Carrillo, el 021, el teléfono para atender a las víctimas de racismo, recibió el año pasado 5.694 llamadas, de las que 2.582 fueron considerados casos concretos de incidentes racistas.

El 35 % de estos se resolvieron, pero el 65 % quedó sin resolverse mayoritariamente porque la víctima desistió del procedimiento. "Este es un gran reto", ha apostillado la directora general, en cuyas palabras, "no podemos seguir permitiendo que las víctimas no tengan confianza en las instituciones o que desistan porque los procesos son muy largos".

La mayoría de los casos, ha añadido, se han detectado en Madrid, Andalucía, Cataluña y Canarias, y las discriminaciones se han dado, sobre todo, en la denegación de acceso a bienes y servicios, pero también en el servicio de salud, en el empleo, en el acceso a la vivienda y en el sistema educativo.

"Hay que erradicar este tipo de injusticias porque no solo afectan a las víctimas", ha aseverado Carrillo, quien ha recordado que se trata de "un problema estructural que erosiona nuestra convivencia y debilita nuestra democracia".

En esa línea, la ponente ha avisado de que los discursos de odio "suelen ser el embrión de todo tipo de delitos".

"Hay que ser más intransigente que nunca porque estas conductas no son el producto de unos sujetos degenerados, si no que el racismo es estructural, está empapado en nuestras calles, en las redes sociales, pasan a las escuelas, se viven en el empleo y la vivienda, son manifestaciones que está muy presente en el día a día de muchos colectivos", ha esgrimido.

Carrillo se ha mostrado convencida de que el trabajo de la subcomisión que hoy ha echado a andar "va a contribuir a que sigamos avanzando hacia un país y un mundo mucho más justo y más igualitario".

Asimismo, se ha comprometido a poner en marcha cuanto antes la Autoridad Independiente par la Igualdad de Trato y la No discriminación, un ente contemplado en la ley Zerolo y que lleva más de un año de retraso.

Durante la sesión de este martes también ha comparecido la responsable de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) y Responsable del Área de Sistema Estadístico y Atención a Víctimas, Pilar Muniesa Tomás, quien ha dado cuenta de algunas de las medidas que llevan a acabo para luchar contra la discriminación.

Entre estas destacan las charlas a menores sobre delitos de odio en los centros educativos, la facilitación de herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a este fenómeno, la elaboración de catálogos para que los medios de comunicación hagan un tratamiento adecuado de la diversidad social o la participación en ejercicios anuales de monitoreo a nivel europeo.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Ros, ha querido dedicar unas palabras a las mujeres que en los últimos días han acusado al político Íñigo Errejón de haberlas acosado o agredido sexualmente.

"Contundencia y acción", ha exigido Ros, quien ha trasladado "todo nuestro apoyo, acompañamiento y reparación" a las víctimas. EFE