La sesión se realizará en medio de la crisis política generada por la adquisición de los F-16, luego de que el presidente José María Balcázar afirmara públicamente que la compra no se concretaría durante su gestión. Pese a esa posición, el contrato ya fue firmado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.

Según la agenda del grupo de trabajo parlamentario, los representantes del Gobierno deberán detallar el estado actual de las negociaciones y explicar las decisiones adoptadas en torno a la adquisición. La presentación se produce en un contexto en el que el Congreso ha cuestionado el repentino cambio en el Gabinete, originado por las discrepancias en torno a la compra de los aviones.

En la citación original figuraban el excanciller Hugo de Zela y el exministro de Defensa Carlos Díaz. Sin embargo, ambos renunciaron tras desacuerdos con el mandatario.

Precisamente, esta crisis en el Ejecutivo fue criticada desde el Congreso, sobre todo porque el gabinete encabezado por Arroyo había obtenido la confianza apenas cinco días antes de las dimisiones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó esta situación como una burla.

“No sabemos quienes se presentarán el lunes en la Comisión de Denfensa”, señaló Rospigliosi antes de las juramentaciones.

Anuncio presidencial y firma del contrato: el origen de la crisis

La controversia se remonta al viernes 17 de abril, cuando el presidente Balcázar anunció en televisión que la compra de los aviones F-16 no se realizaría y que la decisión sería trasladada al próximo gobierno. La posición fue reiterada en los días siguientes, consolidando la idea de una suspensión de la operación.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó la firma del contrato. Este hecho marcó un punto de quiebre dentro del Ejecutivo, ya que la decisión se concretó pese a la postura pública del jefe de Estado.

La contradicción se hizo más evidente cuando se confirmó que el acuerdo había sido cerrado mientras el presidente continuaba afirmando que la compra debía ser evaluada por la siguiente administración. Esta falta de alineamiento entre el discurso político y la ejecución administrativa desencadenó una crisis que rápidamente escaló.

El episodio expuso tensiones internas en el Gobierno y abrió cuestionamientos sobre la capacidad del mandatario para ejercer control sobre su gabinete.

Bloqueo del pago y tensiones dentro del Ejecutivo

Tras la firma del contrato, el conflicto se trasladó al ámbito financiero. El presidente Balcázar dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas no realice el desembolso correspondiente al primer pago, lo que generó un nuevo nivel de contradicción dentro del Ejecutivo.

Mientras el acuerdo avanzaba en términos contractuales, la decisión de bloquear el pago evidenció una ruptura en la ejecución de la política gubernamental.

En paralelo, se intensificaron las críticas desde distintos sectores. El recnunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, defendió el proceso y sostuvo que la firma del contrato se realizó conforme al cronograma establecido. Según indicó, la decisión había sido tomada con anterioridad y no existía una comunicación oficial que ordenara su suspensión.

Renuncias y reacciones políticas

La crisis derivó en la salida de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, mientras que Hugo de Zela también renunció a la Cancillería y cuestionó directamente al presidente Balcázar, a quien acusó de haberle mentido al país.

Estas dimisiones profundizaron la percepción de una fractura interna en el Gobierno. A ello se sumaron reacciones desde el Congreso, donde el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de la situación.

En paralelo, se comenzó a evaluar la posibilidad de una moción de censura, lo que evidenció el impacto del caso en el escenario legislativo. Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales respecto a la compra de los aviones.

Este mensaje contrastó con el discurso del jefe de Estado, quien reiteró que la adquisición debía ser revisada por el próximo gobierno. La coexistencia de ambas posiciones consolidó la crisis y alimentó el debate sobre el debilitamiento de la investidura presidencial.

Vox ha reclamado en el Congreso aprovechar el incremento del gasto en defensa acometido por el Gobierno para que se reforme "de una vez por todas" el sistema de retribución de los militares, alegando que las condiciones de vida actuales de los soldados frenan a los jóvenes para entrar en la carrera militar.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal lamentan la pérdida de 14.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en 2024, según datos del Observatorio de la Vida Militar, y relacionan la fuga con la "precarización" de la profesión, cuyas condiciones de vida actuales la hacen "poco atractiva" para los jóvenes.

"Las Fuerzas Armadas se encuentran en unas condiciones laborales y retributivas que llevan décadas sin experimentar mejoras sustanciales y una reforma estructural que reconozca debidamente su sacrificio, disponibilidad permanente y los riesgos inherentes a su profesión", señala Vox.

En esta línea, recuerdan el decreto aprobado en marzo de este año en virtud del cual se incrementan las nóminas de los militares en 200 euros, pero creen que es un "avance claramente insuficiente" y que la medida "olvida el reconocimiento de criterios como la formación, la experiencia y la responsabilidad que cada puesto conlleva".

EL 2% ESTÁ OBSOLETO

Y sobre el plan industrial y tecnológico dotado con 10.471 millones de euros que permitirá a España alcanzar el porcentaje del 2% del PIB de gasto en defensa, Vox critica que esa cifra se ha quedado "obsoleta" ante la evolución del contexto geopolítico, por lo que entiende que el Ejecutivo "no tiene una preocupación real por los miembros de las Fuerzas Armadas", sino que se trata de "un mero ajuste contable que permita al Gobierno mostrar algún avance ante los socios y aliados" de la OTAN.

Así, creen que con el aumento que va a experimentar el presupuesto en defensa "es momento de afrontar de una vez por todas una reforma integral de las retribuciones y condiciones de la vida de los militares y sus familias". Asimismo, los de Santiago Abascal piden actualizar el decreto de indemnizaciones por razón de servicio para incrementar las cuantías por alojamiento y manutención en todos los cuerpos y escalas y, en todo caso, cuando se trata de comisiones de servicio formando unidad.

El PP quiere que el Gobierno reactive la construcción del nuevo edificio para el Archivo General Militar de Guadalajara, un proyecto adjudicado en 2021 pero que por el momento no ha sido ejecutado, alegando que la paralización supone un perjuicio para la conservación y accesibilidad del "valioso patrimonio" que alberga.

Está situado en terrenos ligados al Palacio del Infantado y el solar ha acogido, desde el siglo XVIII, la Real Fábrica de Paños, la Academia de Ingenieros en el siglo XIX y, posteriormente, el Cuartel de Ingenieros, antes de convertirse en sede del actual Archivo General Militar, un archivo histórico de titularidad estatal gestionado por el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Tierra.

El crecimiento progresivo de sus fondos documentales ha llevado a que, en la actualidad, sus depósitos se encuentren prácticamente al límite de su capacidad, con un nivel de ocupación superior al 96%. El PP denuncia en una proposición no de ley registrada en el Congreso, para su debate en la Comisión de Defensa, que esta situación ha obligado a habilitar espacios adicionales de almacenamiento, lo que "compromete la correcta conservación y gestión de los documentos custodiados".

Así las cosas, el Ministerio de Defensa proyectó la construcción de un nuevo edificio de ampliación en los terrenos del antiguo Colegio de Huérfanos del Ejército o la Residencia Militar María Cristina, contiguos al Archivo General Militar. Pero, tras la venta de parte de estos terrenos al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de Castilla-La Mancha para el nuevo campus de la Universidad de Alcalá, el Ministerio se reservó una parcela para la edificación de este nuevo espacio destinado al archivo.

El proyecto fue adjudicado el 27 de septiembre de 2021 por un importe de 2.329.279,37 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. Sin embargo, la obra no se ejecutó, lo que llevó a la resolución del expediente en 2023 sin que, hasta la fecha, se hayan iniciado los trámites para la reactivación de este proyecto.

LEGAJOS DE EXPEDIENTES Y EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

El PP fundamenta su petición justificando que el Archivo ha desempeñado un papel fundamental en la conservación del patrimonio documental de las Fuerzas Armadas, custodiando legajos de expedientes reglamentarios de tropa o expedientes disciplinarios del Consejo Supremo de Justicia Militar, entre otros fondos.

Así, considera que la paralización de esta infraestructura impide optimizar la gestión de los fondos históricos de las Fuerzas Armadas y dificulta el acceso a la documentación por parte de investigadores, historiadores y ciudadanos.

Además, reclama al Gobierno que realice las modificaciones presupuestarias que garanticen la dotación suficiente en 2025, 2026 y 2027 para llevar a cabo la construcción de esta infraestructura y que establezca, en los próximos tres meses, un calendario de ejecución con plazos concretos que debe cumplirse, evitando nuevas dilaciones en la materialización de esta inversión. Por último, solicita que informe periódicamente al Congreso sobre el avance del proyecto y las medidas adoptadas para garantizar su culminación en tiempo y forma.

El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, ha reclamado este lunes representación de los agentes que se encargan de la política de personal de las Fuerzas Armadas en el órgano que coordinará la aplicación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, habida cuenta de que contempla aspectos que impactan en los militares.

Así lo ha hecho Casado en la Comisión de Defensa del Congreso, a donde ha acudido para presentar el informe relativo a 2023 del Observatorio de la Vida Militar, un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales. En el trabajo, radiografía el estado de la profesión y, en esta edición, pone el foco en la movilidad geográfica de los militares.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa, Txema Guijarro, se ha referido a las retribuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas como uno de los principales obstáculos para retener talento. En esta línea, ha sacado a colación el aumento del gasto en defensa y ha recalcado que debe aprovecharse para mejorar la vida de los militares, aunque ha recordado que su grupo parlamentario es "muy crítico" con el aumento del gasto en defensa, pero sí apoya "todo lo que contribuya a la política salarial" de los militares.

Así, Casado ha asegurado que el Observatorio de la Vida Militar respalda el plan del Gobierno para incrementar el gasto militar, que invertirá 10.500 millones para posibilitar que España cumpla con el compromiso adquirido con la OTAN de destinar a este ámbito el 2% del PIB. Pero ha trasladado a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso que las unidades transmiten al organismo su preocupación por que el aumento no esté "indiscutiblemente dirigido" a la mejora de las condiciones de vida, trabajo y retributivas de las Fuerzas Armadas.

AMPLIA REPRESENTACIÓN DE SECTORES DE LA SOCIEDAD

En este punto, ha revelado que el Observatorio de la Vida Militar ha recibido también preguntas sobre la representación de los agentes que se dedican a la política de personal de las Fuerzas Armadas en el órgano que se encargará de la coordinación del plan, el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, que es de nueva creación.

Depende de Presidencia del Gobierno y estará integrado por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología, y por aquellas agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos.

Su misión será garantizar la correcta ejecución del plan, la coordinación entre administraciones y su alineamiento con la estrategia europea de seguridad y defensa. El comité contará a su vez con un consejo asesor compuesto por representantes de la industria, la academia, los centros de I+D, 'startups', inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector.

"Parece ser que hay un órgano colegiado que se va a poner en marcha, que había representación de muchos sectores de la sociedad española, de las políticas públicas, pero no había nadie que representase las cuestiones que afecten al aprovechamiento presupuestario que afecta al personal", ha señalado Casado.

En este contexto, ha asegurado que la ausencia "llama la atención poderosamente", porque "hay gente que está muy bien representada, pero es que el plan también incide en la política de personal". Por ello, ha pedido "reflexionar" sobre los integrantes del comité. "A lo mejor habría que atender (el asunto) para equilibrar un poco la situación que hay al respecto", ha zanjado.

El Observatorio de la Vida Militar, un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales, presenta este lunes a la Comisión de Defensa del Congreso su informe relativo al año 2023, en el que desgrana el estado de la movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas. Concluye que el hecho de que el militar asuma el coste del traslado limita la movilidad geográfica y que la vivienda se puede considerar como el principal inconveniente para los traslados nacionales.

En concreto, el documento da cuenta de las actividades más destacadas desarrolladas a lo largo de ese ejercicio por el Observatorio. Además, de al Congreso, el órgano ha de remitir el texto a la Comisión de Defensa del Senado.

Está estructurado en tres partes: una memoria de actividades del Observatorio; un informe sobre distintos aspectos relacionados con la condición militar y los elementos que integran la carrera militar --reclutamiento, acceso a la carrera, la enseñanza, los procesos de promoción, los procesos de evaluación y ascensos, retribuciones o los destinos--; y el estudio de un tema específico de interés general para los militares. En esta ocasión, el órgano se ha ocupado de la movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas.

LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA ES NECESARIA

El Observatorio de la Vida Militar precisa que entiende movilidad goegráfica como la alteración del lugar habitual de trabajo o destino, independientemente de que pueda llevar asociado un cambio de localidad de residencia. Se puede deber no solo a un cambio de destino, sino a los ejercicios, maniobras, despliegues o exigencias necesarios en la "continua preparación" del militar.

Dicho esto, resalta que la movilidad geográfica es necesaria para que las Fuerzas Armadas mejoren sus capacidades, puedan dotar a sus unidades con el personal necesario en cantidad y calidad, permita completar la formación de sus efectivos y haga más eficaces a cada una de sus unidades. Sí reconoce que, a nivel familiar, estos traslados de domicilio afectan.

La Armada es la que presenta una movilidad general superior a la de los otros ejércitos, según los datos recabados por el Observatorio de la Vida Militar. Por escalas, los oficiales son los que más movilidad presentan, independientemente del Ejército de pertenencia, y en esta escala los empleos superiores tienen las ratios más altas.

En la escala de suboficiales, la segunda en lo relativo a movilidad, los empleos de sargento, sargento primero y brigada presentan porcentajes superiores a la media. La escala de Tropa y Marinería es la que está sujeta a una movilidad menor, destacando los pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio, por las bajas ratios que presentan, agrega el órgano.

Y expone que, dentro de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los militares, se encuentran la compensación económica a las necesidades de vivienda, las ayudas en los transportes, los traslados de residencia y su indemnización y las residencias militares, aunque reconoce que cada una tiene "peculiaridades y limitaciones".

Después de este punto de situación, el Observatorio de la Vida Militar pasa a desgranar los traslados de residencia y mudanzas del militar. Así, considera que todos deberían ser remunerados, con independencia de si el destino asignado se produce por ascenso, cambio de situación o se ha solicitado con carácter voluntario. Además, deberían incluir los gastos de instalación y de incorporación por suponer cantidades importantes de dinero que necesita tener disponible el militar.

De hecho, el órgano resalta que el hecho de que el militar tenga que asumir el coste del traslado "limita aún más" la movilidad geográfica. Son "especialmente gravosas" las mudanzas a las islas o Ceuta y Melilla, habida cuenta de que se necesitan barcos.

La compensación económica para apoyar a las necesidades de vivienda adolece de no ser universal. El Observatorio de la Vida Militar informa de que una media de 19.464 militares son los perceptores que anualmente reciben la compensación económica, lo que supone un 16,5% de los efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que expresa lo limitado de la compensación y las limitaciones de la ley que regula el apoyo a la movilidad geográfica de estos profesionales.

TRASLADAR O NO A LA FAMILIA

Las principales causas a tener en cuenta a la hora de tener que resolver el problema de trasladar o no a la familia tienen que ver con el trabajo del cónyuge (36,9%), el arraigo en la localidad actual (19,3%), seguido del precio de la vivienda (15,1%). Además, también influyen el de dejar la vivienda en propiedad (6,6%); la escolarización en el nuevo destino (3,3%) y la carestía de la vida en la nueva localidad (3%).

Además, el organismo señala que, en general, la vivienda se puede considerar como el principal inconveniente de los traslados nacionales. Un 46% de los militares destinados en núcleos urbanos dedican al alquiler, de media, más del 45% del salario percibido, ilustran.

Sobre el alquiler, el organismo también detalla que, si bien la ayuda del alquiler se percibe únicamente durante tres años en el mismo grupo de localidades, transcurrido ese tiempo la necesidad de vivienda no desaparece. Esto conlleva un perjuicio económico considerable, en especial para aquel personal destinado en poblaciones donde el precio del alquiler es alto, como Madrid.

De este modo, el personal que se trasladó con su familia, y que continúa alquilado, tiene que asumir el pago de una renta alta sin ningún apoyo, por lo que se produce una pérdida importante de poder adquisitivo que repercute en su calidad de vida --puede suponer un menoscabo de un 30% sobre las retribuciones que se reciben si se añade la compensación, y con mayores efectos negativos conforme las nóminas son más reducidas, señalan--.

Para paliar estos problemas, el Observatorio de la Vida Militar recomienda estudiar la percepción de complementos en las nóminas en función del mercado inmobiliario en las distintas ciudades para que puedan acceder con facilidad al mercado de alquiler sin que suponga un quebranto a la economía familiar.

Por lo tanto, en caso de ser destinados a otra localidad, los militares optan por desplazarse individualmente y alojarse en residencias o alojamientos logísticos de la localidad de destino. Esto resiente la conciliación familiar y el militar "se halla siempre a la espera de poder volver destinado a la localidad de origen". Pero hay "un problema de plazas apremiante" en estos alojamientos, resalta el Observatorio de la Vida Militar.

LAS TRABAS DESAPARECEN EN EL EXTRANJERO

La institución muestra en el informe que la mayoría de los "frenos" a la movilidad geográfica desaparecen, pues se perciben retribuciones muy superiores a las que se reciben en territorio nacional, por lo que no existe ni el problema con la vivienda --en algunos casos se les ofrece residencias dentro de las bases a precios muy asequibles--, ni los problemas de escolarización de los hijos al poder escoger colegios privados y costearlos.

Además de la disponibilidad económica, la posibilidad de que los hijos aprendan una lengua extranjera que les facilite sus posibilidades laborales en el futuro es un impulsor más a la hora de la movilidad geográfica al extranjero.

Así las cosas, el Observatorio de la Vida Militar cree "imprescindible" desarrollar un Plan Integral de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar que, partiendo de una nueva ley reguladora, dé respuesta con un enfoque más amplio y desde las perspectivas normativa, económica, educativa y social a las actuales necesidades del personal militar derivadas del cambio de modelo de movilidad.

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, informó que envió un oficio al presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, Manuel Idelso García Correa, para que convoque a los “responsables vinculados” a la tragedia ocurrida en el centro comercial durante la primera sesión ordinaria, programada para el próximo 4 de marzo.

Soto solicitó la presencia de los representantes de Intercorp, incluidos propietarios, gerentes y administradores de Real Plaza; así como Mario Reyna, alcalde de Trujillo, el presidente de Indecopi y el contralor general de la República.

Según el documento compartido por el parlamentario, los ejecutivos deberán explicar “los motivos y consecuencias” del derrumbe del techo del centro comercial, así como las medidas que se están tomando en favor de las víctimas.

“Es importante que se investigue, que se lleven los hechos hasta el final, porque aquí hay responsables, tanto directa como indirectamente. Hay personas que han fallecido, han perdido la vida y su proyecto de vida. Por ejemplo, hay una persona a la que le amputaron la pierna y se malogró su vida. Aquí no podemos pasar por agua tibia. Aquí no podemos decir que no pasó nada”, expresó Soto en entrevista con RPP.

El parlamentario aclaró que propuso de manera general la lista de ejecutivos de Intercorp que deben presentarse ante el Pleno. Sin embargo, será el presidente de la comisión quien determine quiénes serán convocados, dado que las investigaciones para establecer responsabilidades apenas han comenzado.

Cabe resaltar que Manuel Idelso García Correa es parlamentario de Alianza Para el Progreso, partido liderado por César Acuña, al que también pertenece el alcalde de Trujillo. Ambos están siendo cuestionados por su vínculo con la tragedia ocurrida en el centro comercial.

Denuncias contra ejecutivos de Intercorp

Aunque el Ministerio Público ya ha iniciado diligencias preliminares para determinar las responsabilidades por el colapso del techo del Real Plaza, varios ciudadanos han comenzado a presentar denuncias contra los ejecutivos de Intercorp. Uno de los demandantes, Edison Tito Peralta, ha interpuesto una denuncia por presuntos delitos que incluyen homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de auxilio, exposición al peligro, atentado contra la seguridad común y negligencia en la construcción o ejecución de obras públicas. Los acusados en este caso son:

• Carlos Rodríguez Pastor - Presidente del directorio de Intercorp
• Misael Shimizu - Vicepresidente de servicios inmobiliarios de Intercorp y CEO de Real Plaza
• Mario Reyna Rodríguez - Alcalde provincial de Trujillo
• Carlos Vejarano Celis - Gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad provincial de Trujillo
• Juan Carlos Urcariegui - Jefe institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)

Pero, la demanda interpuesta por Tito Peralta no es la única, el alcalde de Trujillo, denunciado por este caso, presentó otra demanda contra los ejecutivos de Intercorp. En su acusación, también incluyó a Fernando Zavala, representante de Intercorp y Luis Santa María Torres, gerente del centro comercial Real Plaza Trujillo.

Sobre esta acción, Soto indicó que sería una maniobra para deslindar de responsabilidad. “Es una forma de eludir responsabilidad porque si bien es cierto habían pasado una inspección, ¿cómo dieron la autorización? Yo creo que eso es como estoy denunciando y quiero lavarme las responsabilidades, de alguna manera hay una responsabilidad, entonces los funcionarios que han autorizado, que han aceptado que todo está ‘ok’”, agregó.

Previo a culminarse la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó la modificación del Decreto Legislativo 1186, Ley del Uso de la Fuerza de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de permitir a los policías abatir a delincuentes en flagrancia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo optó por observar la autógrafa. En respuesta, la Comisión de Defensa no solo rechazó los motivos expuestos por el gobierno de Dina Boluarte, sino que incluyó la sospecha como móvil para disparar.

El nuevo texto, que será debatido y votado este lunes 20 de enero a las 15:00 horas, propone mantener las modificaciones de los artículos 3 y 7, que fueron rechazadas por la mandataria, e incluir la presunción en el punto 8.4 vinculado a las circunstancias y reglas de conducta.

De esta manera, ahora se lee que “cuando en un flagrante delito un delincuente utilice armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad, que ponga o haga presumir razonablemente al efectivo policial que su vida o la de otra persona se encuentra en grave riesgo, este último podrá abatir al delincuente en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia, referida en el literal a) del párrafo 8.3″.

La medida se suma a otras acusadas de proteger a malos elementos de la institución policial y fomentar la impunidad, como el impedimento de detenciones preventivas para policías que, en funciones, causen lesiones o muertes con armas reglamentarias. Sobre todo, ante la ambigüedad de la ‘sospecha razonable’.

Cabe mencionar que al haber observaciones, el Parlamento tiene la opción de allanarse —es decir, aceptarlas y modificar el texto—; aprobar la autógrafa por insistencia —rechazar los argumentos de forma parcial o totalmente— o realizar un nuevo proyecto. En el último caso, que es lo que la Comisión de Defensa optó, se tiene la libertad de incorporar nuevas normas o disposiciones que no estén relacionadas con lo expuesto por el Ejecutivo.

En ese sentido, el oficial mayor Giovanni Forno refirió que la votación que se requiere para la aprobación en el Pleno del nuevo texto es la mayoría simple y deberá remitirse nuevamente a la Presidencia a fin de que se pronuncien sobre “los aspectos no observados que han sido modificados”.

¿Cuáles fueron las observaciones y argumentos del rechazo?

La primera observación del Ejecutivo, referida al artículo 3, señala que no correspondería incluir los términos “arma letal y no letal”. En respuesta, la Comisión consideró que es necesaria la precisión, ya que arma “se muestra excesivamente genérico”.

La segunda, enfocada en el artículo 7, menciona que la inclusión de “que atente contra el orden público y la seguridad ciudadana” no sería necesaria. No obstante, el grupo parlamentario sostuvo que el objeto de la norma es enfatizar por qué y para qué se hace uso de la fuerza en la Policía. “Por consiguiente, la comisión rechaza en este extremo la observación del Ejecutivo, e insiste en el texto originario de la autógrafa”, sentenciaron.

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La última observación es en rechazo a la incorporación del siguiente punto en el artículo 8: “Cuando en un flagrante delito se utilicen armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan en grave riesgo la vida de una persona o de un miembro de la Policía Nacional del Perú, este último podrá abatir al delincuente en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia, referida en el literal a) del párrafo 8.3″.

El Ejecutivo recordó que la Policía no solo se circunscribe a lo regulado en dicho decreto, sino también a la Constitución, tratados internacionales y otros. Además, que el uso de la fuerza “reviste siempre un carácter excepcional, en la medida en que sea legal, razonablemente necesaria y proporcional”.

En respuesta, mencionaron que “la excesiva regulación ha debilitado la capacidad de lucha de nuestra Policía”, y que si bien “bien las armas letales inoperativas o las armas falsas no suponen un riesgo real, durante la comisión del delito no podría exigírsele al efectivo policial que pudiera distinguir”.

De esta manera, la Comisión de Defensa no solo insistió en el texto original, sino que recomendó la inclusión de que el efectivo también pueda abatir cuando “se presuma que su vida o la de otros se encuentre en grave riesgo”.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, comparecerá este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la creación de una nueva dirección general para reforzar la estrategia, gestión, innovación e internacionalización de la industria de defensa, a petición del PP.

La disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indica que Defensa procedió a la reestructuración del ministerio y a la creación de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, por el "importante incremento presupuestario" llevado a cabo para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN de invertir el 2% del PIB en Defensa y la apuesta por los programas colaborativos y proyectos de I+'D europeos o de la Alianza Atlántica.

Así, estará "dedicada en exclusividad a la política industrial y a la internacionalización de la industria". "Se debe enfocar el esfuerzo en este posicionamiento internacional de la industria para aumentar la competitividad de las empresas en los programas europeos que impulsa la Estrategia Europea de Defensa", señala el texto. La nueva dirección general está estructurada en tres subdirecciones generales.

Por otro lado, Defensa suprimió la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material y desdobló la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, a fin de que esta última función quedara asignada a la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa.

Además, Valcarce dará cuenta de la situación en la que se encuentran todos los Programas Especiales de Modernización, a petición de Vox. Los programas derivan de un acuerdo entre los ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo destinados al desarrollo y fabricación de equipos y sistemas de armas en los que convergen dos características: estar prefinanciados en todo o en parte con créditos de Industria y efectuar los pagos desde Defensa a partir del momento de su recepción y puesta en servicio.

Sumar se ha desmarcado del PSOE este martes en el Pleno del Congreso facilitando con su abstención la toma en consideración de una ley propuesta por el PP, rechazada por los socialistas, que busca obligar al Gobierno a tener que pedir autorización a la Cámara Baja para el envío al extranjero de material militar como el que se está mandando actualmente a Ucrania.

Esta reforma ya fue propuesta por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La Cámara Alta la tomó en consideración el pasado mes de septiembre con la abstención de los socios del PSOE y el no de los de Pedro Sánchez y la remitió al Congreso. En este momento sigue abierto el plazo para la presentación de enmiendas, por lo que no ha arrancado su tramitación efectiva.

Aún así, el PP ha optado por llevarla al Pleno donde ha contado con el apoyo de Vox y de Podemos, mientras que el PSOE y sus aliados parlamentarios de ERC, el PNV, Junts y Bildu, han votado en contra. Y Sumar, que podía haber inclinado la balanza en el 'No', ha optado por la abstención permitiendo que la iniciativa del PP siguiera adelante. También se ha abstenido el exministro socialista José Luis Ábalos.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP plantea ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

Este artículo ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Los 'populares' alegan que España es una democracia parlamentaria, por lo que ampliar ese artículo 17 se hace "necesario" para "adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento".

EL GOBIERNO ABUSA

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren "evitar" que "el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante" y ponen el foco en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abusado de sus prerrogativas" en este ámbito "y ha evitado cualquier debate" en este sentido.

Así, según el texto, la autorización dada por el Congreso para el envío de material militar a zonas en guerra tendrá que otorgarse con carácter anual y las renovaciones podrán solicitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un total de 61 exportaciones de material militar con destino a Ucrania desde marzo de 2022, cuando comenzó la invasión rusa, según los últimos datos disponibles, a fecha del 29 de febrero de 2024. Además, en aquel momento, el Gobierno había autorizado 90 exportaciones más de armamento a Ucrania llevadas a cabo por empresas privadas.

Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, diez carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras.

INCLUIR LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Además, el Ejecutivo necesitará que el Congreso dé luz verde a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Al pedir el respaldo, el Gobierno tiene que determinar el número de efectivos máximo y el material aproximado necesario para llevarla a cabo. Los eventuales incrementos de personal deberán también ser aprobados en la Comisión de Defensa.

El PP indica en su texto que la ley establecería que esta autorización tendría una vigencia de cinco años. Antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de la misión, tras lo que podrá solicitar una prórroga de una duración máxima de cinco años. Por último, pide que el ministro de Defensa comparezca de forma anual en la Comisión de Defensa para informar sobre las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara Baja.

Actualmente, unos 3.000 militares están desplegados en 16 misiones en el exterior repartidas por cuatro continentes. Destacan unos 650 efectivos desplegados con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) o 350 militares que participan en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en Somalia.

El PP lleva este martes al Pleno del Congreso la toma en consideración de su propuesta para modificar la Ley de Defensa con el fin de que los envíos de material militar al extranjero, como ocurre actualmente con Ucrania, sean sometidos a votación en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Esta reforma ya fue propuesta por los 'populares' en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y su toma en consideración fue aprobada el pasado mes de septiembre con el con el apoyo de los 144 de la mayoría del PP en el Senado y la abstención de los socios del PSOE. Los socialistas se mostraron en contra de la iniciativa.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP plantea ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

Este artículo ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Los 'populares' alegan que España es una democracia parlamentaria, por lo que ampliar ese artículo 17 se hace "necesario" para "adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento".

EL GOBIERNO ABUSA

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren "evitar" que "el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante" y ponen el foco en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abusado de sus prerrogativas" en este ámbito "y ha evitado cualquier debate" en este sentido.

Así, según el texto, la autorización dada por el Congreso para el envío de material militar a zonas en guerra tendrá que otorgarse con carácter anual y las renovaciones podrán solicitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un total de 61 exportaciones de material militar con destino a Ucrania desde marzo de 2022, cuando comenzó la invasión rusa, según los últimos datos disponibles, a fecha del 29 de febrero de 2024. Además, en aquel momento, el Gobierno había autorizado 90 exportaciones más de armamento a Ucrania llevadas a cabo por empresas privadas.

Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, diez carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras.

INCLUIR LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Además, el Ejecutivo necesitará que el Congreso dé luz verde a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Al pedir el respaldo, el Gobierno tiene que determinar el número de efectivos máximo y el material aproximado necesario para llevarla a cabo. Los eventuales incrementos de personal deberán también ser aprobados en la Comisión de Defensa.

El PP indica en su texto que la ley establecería que esta autorización tendría una vigencia de cinco años. Antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de la misión, tras lo que podrá solicitar una prórroga de una duración máxima de cinco años. Por último, pide que el ministro de Defensa comparezca de forma anual en la Comisión de Defensa para informar sobre las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara Baja.

Actualmente, unos 3.000 militares están desplegados en 16 misiones en el exterior repartidas por cuatro continentes. Destacan unos 650 efectivos desplegados con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) o 350 militares que participan en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en Somalia.

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la toma en consideración de una iniciativa propuesta por el PP que pide un cambio en la Ley de Defensa para que los envíos de material militar al extranjero, como ocurre actualmente con Ucrania, sean sometidos a votación en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Esta reforma ya fue propuesta por los 'populares' en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y su toma en consideración fue aprobada el pasado mes de septiembre con el con el apoyo de los 144 de la mayoría del PP en el Senado y la abstención de los socios del PSOE. Los socialistas se mostraron en contra de la iniciativa.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP plantea ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

Este artículo ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Los 'populares' alegan que España es una democracia parlamentaria, por lo que ampliar ese artículo 17 se hace "necesario" para "adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento".

EL GOBIERNO ABUSA

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren "evitar" que "el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentes a los previstos en un primer instante" y ponen el foco en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abusado de sus prerrogativas" en este ámbito "y ha evitado cualquier debate" en este sentido.

Así, según el texto, la autorización dada por el Congreso para el envío de material militar a zonas en guerra tendrá que otorgarse con carácter anual y las renovaciones podrán solicitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un total de 61 exportaciones de material militar con destino a Ucrania desde marzo de 2022, cuando comenzó la invasión rusa, según los últimos datos disponibles, a fecha del 29 de febrero de 2024. Además, en aquel momento, el Gobierno había autorizado 90 exportaciones más de armamento a Ucrania llevadas a cabo por empresas privadas.

Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NBQ, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, diez carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras.

INCLUIR LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Además, el Ejecutivo necesitará que el Congreso dé luz verde a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Al pedir el respaldo, el Gobierno tiene que determinar el número de efectivos máximo y el material aproximado necesario para llevarla a cabo. Los eventuales incrementos de personal deberán también ser aprobados en la Comisión de Defensa.

El PP indica en su texto que la ley establecería que esta autorización tendría una vigencia de cinco años. Antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de la misión, tras lo que podrá solicitar una prórroga de una duración máxima de cinco años. Por último, pide que el ministro de Defensa comparezca de forma anual en la Comisión de Defensa para informar sobre las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara Baja.

Actualmente, unos 3.000 militares están desplegados en 16 misiones en el exterior repartidas por cuatro continentes. Destacan unos 650 efectivos desplegados con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) o 350 militares que participan en la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en Somalia.

El PP llevará al Pleno del próximo martes en el Congreso la toma en consideración de su proposición de ley para modificar la Ley de Defensa con el fin de que los envíos de material militar al extranjero sean sometidos a votación en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

Esta reforma ya fue propuesta por los 'populares' en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y su toma en consideración fue aprobada el pasado mes de septiembre con el con el apoyo de los 144 de la mayoría del PP en el Senado y la abstención de los socios del PSOE. Los socialistas se mostraron en contra de la iniciativa.

En su texto, el PP plantea ampliar el artículo 17 del Capítulo I del 'Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario' de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

Este artículo ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

HAY QUE ACTUALIZAR LA NORMA

Los 'populares' alegan que España es una democracia parlamentaria, por lo que ampliar ese artículo 17 se hace "necesario" para "adecuarlo a la realidad actual y proceder a una mayor participación del Parlamento".

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren "evitar" que "el consentimiento mostrado en un momento dado sirva para amparar escenarios diferentesa los previstos en un primer instante" y ponen el foco en que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abusado de sus prerrogativas" en este ámbito "y ha evitado cualquier debate" en este sentido.

Así, según el texto, la autorización dada por el Congreso para el envío de material militar a zonas en guerra tendrá que otorgarse con carácter anual y las renovaciones podrán solicitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

COMPARECENCIAS DEL TITULAR DE DEFENSA

Además, el Ejecutivo necesitará que el Congreso dé luz verde a las operaciones en el exterior "que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Al pedir el respaldo, el Gobierno tiene que determinar el número de efectivos máximo y el material aproximado necesario para llevarla a cabo. Los eventuales incrementos de personal deberán también ser aprobados en la Comisión de Defensa.

El PP indica en su texto que la ley establecería que esta autorización tendría una vigencia de cinco años. Antes de que acabe este plazo, el Gobierno debe comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para hacer una evaluación de la misión, tras lo que podrá solicitar una prórroga de una duración máxima de cinco años. Por último, pide que el ministro de Defensa comparezca de forma anual en la Comisión de Defensa para informar sobre las misiones en el exterior autorizadas por la Cámara Baja.

Luego de que el Ministro del Interior indicara que la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) había realizado “operaciones sospechosas” y de haber señalado públicamente a esta división de la Policía Nacional del Perú habría hecho un uso irregular de su presupuesto, el Congreso de la República se suma a la confrontación contra el grupo policial.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País), que además es la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, emitió una moción de orden del día al Congreso para solicitar que precisamente el grupo de trabajo que ella preside sea el encargado de investigar estas presuntas irregularidades presupuestales al interior de la Diviac.

Además, Chirinos indicó en el documento presentado que “ante esta grave denuncia, es imprescindible que el Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución y su Reglamento, investigue este hecho, ya que podría implicar actos de corrupción dentro de la DIVIAC”.

Moción Orden Del Día - Diviac by Infobae Perú

En ese sentido, la congresista de Avanza País solicita que se le concedan facultades a la Comisión de Defensa Nacional para “indagar e investigar las presuntas irregularidades en el presupuesto asignado a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) desde el año 2019 hasta la actualidad”

Es precisamente en estos años en los que el jefe de esta división de la PNP era el coronel Harvey Colchado, quien fue reemplazado en abril de este año por el coronel Franco Moreno.

Si bien el Congreso de la República es el primer organismo del Estado que iniciará una investigación a los fondos de la Diviac, lo cierto es que es solo una de tres instituciones a las que el propio ministro del Interior se acercó para fiscalizar a este grupo policial.

El cuestionamiento al manejo de fondos de la Diviac, según el ministro Santiváñez, surge a partir de la reunión con el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Durante el encuentro, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina le habría entregado una lista de 20 carpetas fiscales devueltas desde la Diviac por una presunta falta de presupuesto.

El ministro Santiváñez “no pretende” atacar a la Diviac

Al ser consultado sobre un posible conflicto de intereses por parte del Gobierno, pues la Diviac no solo participó del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y también en la detención de su hermano, Nicanor Boluarte, por el caso ‘Los waykis en la sombra’, el ministro del Interior sostuvo que “no quiero ni pretendo atacar a la Diviac”.