La comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Ángel Pichetto, comenzará desde las 13 de hoy a tratar la Cuenta de Inversión 2020, es decir, los gastos del Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández durante dicho período, cuando estalló la pandemia del Coronavirus.

El cuerpo que preside Pichetto consiguió, en los últimos meses, reacomodar parte del zafarrancho que dejaron gestiones anteriores y, de a poco, vuelve a funcionar como el enlace predilecto del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN), que es la encargada de realizar los controles externos de los gastos del Estado. El organismo que hace los internos es la Sindicatura General de la Nación.

La AGN es manejada por el fili K Juan Manuel Olmos. Como Diputados y el Senado no logran consensuar a los auditores que le corresponden a las Cámaras baja y alta, la sensible institución quedó en manos de una sola persona.

Semanas atrás, la bicameral mixta dictaminó de manera favorable la Cuenta de Inversión 2019, el último de la era Cambiemos. Un sector de la oposición prefirió un despacho de minoría. Durante la jornada de hoy, la lupa pasará a estar direccionada sobre la de Fernández.

En agosto de 2021, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) emitió un comunicado y un informe sobre el tema, en el que señaló que “en la comparación de la ejecución con el crédito inicial aprobado, se observó que los ingresos totales y los gastos totales registraron desvíos del 50,7% y del 44,1%, respectivamente”.

Luego, la OPC recordó: “Dada la falta de sanción parlamentaria de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2020, durante ese ejercicio fiscal debió regir la prórroga de la Ley de Presupuesto del ejercicio 2019 (Ley 27.467), en los términos del artículo 27 de la Ley 24.156. Las rentas de la propiedad constituyeron la principal fuente de incremento de los ingresos corrientes, con variación real positiva de 198,1%, debido a las transferencias de utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por $1.606.982 millones. Sin esa transferencia, los ingresos totales hubiesen caído 16,6%”.

Seguido a ello, se reflejó que “los gastos primarios aumentaron 17,1% durante el 2020”. En esa línea, se agregó: “Dicha variación se explica principalmente por el conjunto de medidas asociadas al COVID 19, que implicó un gasto devengado de $921.623 millones, sin el cual las erogaciones primarias hubieran presentado una leve expansión de 0,2%”.

“Descontando la incidencia de las utilidades del BCRA, el déficit primario se ubicó en $2.001.768 millones (7,3% del PBI) con un deterioro de 6,6 puntos porcentuales (p.p.) respecto al déficit 2019 (0,7% del PIB). En tanto, el resultado financiero implicó un desequilibrio de $ 2.626.584 millones (9,6% del PIB), reflejando un deterioro de 4,6 p.p. con relación al año anterior”, sumó la OPC.

El organismo, entonces liderado por el experimentado Marcos Makón, expuso: “Las operaciones de Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos totalizaron $3.432.609 millones, lo que representó una cifra 30,1% ($1.476.065 millones) inferior al presupuesto inicial, mientras que las erogaciones por Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos totalizaron $1.828.731 millones, ejecutando un monto 46,6% ($1.597.286 millones) por debajo crédito inicial”.

Por último, la OPC subrayó: “El stock de deuda pública nacional, medido en pesos, mostró un incremento de $8,9 billones durante el año, explicado en gran parte por un incremento de 40,5% en el tipo de cambio. Entre las operaciones de deuda, se destacó la reestructuración de deuda denominada en moneda extranjera, tanto bajo legislación local como bajo legislación extranjera. Como resultado de ambas operaciones, se produjo una caída de deuda neta de USD2.431 millones”.

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el peronista Juan Manuel Olmos, alertó sobre la “inédita situación” en el organismo de control externo de los gastos del Estado por la falta de auditores que no vota el Congreso: a inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados y, meses atrás, los del Senado, lo que dejó al borde de la acefalía al organismo comandado por el principal bloque opositor al Gobierno libertario.

“La falta de designación debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, aseguró Olmos, sin “mencionar el hecho de que debemos auditar sobre proyectos prorrogados”, en referencia a las últimas dos leyes de Presupuesto que la Casa Rosada replica desde 2023, sin debate en el Congreso.

El jefe de la AGN expuso en la reunión que realizó este martes la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -nexo predilecto con dicho organismo-, que lidera el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y que significó, en medio del hervidero legislativo de las últimas semanas, un oasis de respeto entre las diferentes bancadas.

Olmos sí aclaró, cifras en mano, que la actualidad de la AGN “no significó una disminución de su capacidad trabajo, pero sí una limitación”. Esto se dio por dos factores que se rozan rápido: el empuje que activó la bicameral para reacomodar el desastre que dejaron gestiones anteriores -aún se analizan cuestiones del Gobierno de Mauricio Macri y faltan muchas de la gestión kirchnerista de Alberto Fernández-, y la devoción de la ahora oposición para llegar a revisar -como nunca- los gastos de la administración de Javier Milei. Una sorpresiva eficiencia para la -nueva- realidad de varios legisladores.

La disertación fue más que productiva para quienes siguen de cerca los vericuetos del Congreso y la Casa Rosada. De hecho, la crítica por la falta de integración completa de la AGN -presidente y seis butacas que todavía no definen Diputados y el Senado- implicó, según detalló Olmos, en que no se puede: aprobar informes terminados; modificar el plan operativo anual; actualizar normas internas; cambiar criterios de reserva en una resolución; y acelerar auditorías, entre otras cuestiones. Apuntó hacia una “encrucijada” que, por ahora, nadie quiere resolver.

Para entender mejor esto último, el peronista contó que integrantes de la comisión enviaron notas para retocar el plan anual vigente y realizar exámenes especiales en la ANMAT -por el escándalo del fentanilo- y en la ANDIS -supuestos sobornos en compra de medicamentos-, y que habría que tener el colegio completo -o, al menos, que se llegue al quorum- para ampliar los objetos y plazos en ambas entidades, cuyos estudios están en pleno desarrollo.

Olmos tampoco le escapó a la sensible área de universidades. En particular, a las cuatro auditorías sobre facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología): indicó que los informes finales serían remitidos y disponibles a partir de la primera quincena de noviembre. No obstante, aprovechó el uso de la palabra para resaltar que la AGN tiene plena competencia sobre este tema y que el Ejecutivo “nada tiene que hacer”, salvo “financiar su funcionamiento”.

Lupa sobre el fleje

El referente opositor direccionó la mira hacia “dos auditorías aprobadas” por el organismo relacionadas con los Bopreal y las reservas en lingotes de oro. En ese sentido, disparó contra el Banco Central: “El intercambio de notas se ha agotado. Ante la negativa a entregar la información necesaria, como establece la normativa, nos hemos detenido y no podemos avanzar”.

Mientras que otros legisladores consultaron sobre concesiones viales, durante el convite también se habló de pensar algún protocolo para saldar, en un futuro, una potencial situación como la vigente para no dañar el funcionamiento de la AGN. O incrementar presupuesto para escanear a todas las empresas públicas y no sólo a una porción. Una mayoría blanqueó algo recurrente: la picardía a la hora de revisar gastos en fastuosas contrataciones de consultorías.

La votación de la terna propuesta para cubrir los cargos de Defensor y dos adjuntos está en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, 8 de octubre. El motivo del apuro es evitar que la Justicia frene el concurso en respuesta a los amparos presentados por algunos postulantes que aseguran que la falta de transparencia del concurso y la sospecha de que el resultado estaba previamente arreglado perjudicó sus chances.

Este martes 7, se manifestarán frente al Congreso desde las 14 horas.

El pasado miércoles 18 de septiembre, en la sesión de la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos del Niño, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que el nombre de la candidata a ocupar el cargo estaba definido desde mucho antes de la evaluación final de los postulantes: María Paz Bertero. Acertó. Una semana después, el 25 de septiembre se anunciaba la terna que encabezaba Bertero.

Desde el mes de julio pasado, los siete integrantes de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor del Niño estaban llevando adelante un concurso para elegir al candidato o la candidata a ocupar el cargo que quedó vacante luego de la salida de Marisa Graham, cuyo mandato estaba cumplido.

El proceso consistía en la presentación de antecedentes, un examen escrito anónimo, la elaboración y exposición de un plan de trabajo por parte de cada candidato y una audiencia ante la comisión en la cual debían responder preguntas de los legisladores.

A lo largo de todo el proceso hubo quejas y señalamientos de postulantes, de miembros de la misma Bicameral y de varias asociaciones vinculadas a la problemática de la niñez. El summum se produjo cuando Mayoraz denunció que ya tenían acordado el nombre de la candidata.

Pero previamente ya había habido quejas porque no se publicaron los exámenes y porque los criterios de ponderación se fijaron cuando el proceso estaba casi concluido. En esa misma sesión del 18/9 -de nuevo, una semana antes de supuestamente definir el nombre- recién estaban presentando y aprobando los lineamientos para la evaluación de las distintas etapas del concurso: es decir que los criterios con los cuales ponderaron los currículums, los exámenes, el plan de trabajo y la audiencia en la que respondieron a las preguntas de los miembros de la comisión se fijaron cuando el proceso estaba prácticamente terminado.

Ahora, conocida la terna que la Bicameral quiere presentar al Congreso para su aprobación, varios amparos fueron presentados ante la Justicia, solicitando la invalidez del concurso, la suspensión del envío de las postulaciones al recinto y la inconstitucionalidad de las resoluciones que avalaron tantas irregularidades. Los amparos fueron interpuestos tanto por asociaciones como por concursantes que llegaron al final del proceso, es decir que aprobaron examen, presentaron plan de trabajo y asistieron a las audiencias públicas.

Entre los argumentos presentados por los concursantes y asociaciones está la falta de publicidad de la evaluación de los exámenes, el detalle de los puntajes colocados en cada etapa para el diseño del orden de mérito final y la ilegalidad de postular a defensores adjuntos siendo que la ley establece que sólo deben postular al defensor principal. Además, por supuesto, el hecho ya señalado de que durante las audiencias de la bicameral se filtró el nombre elegido antes de que votaran el método de ponderación y una semana antes de que anunciaran la terna.

En estos días los diferentes juzgados deberán decidir si hacen lugar a las medidas cautelares que piden la suspensión del concurso hasta tanto se resuelva si se produjeron irregularidades insalvables. Es decir que, entre tantas evidencias e ilegalidades manifiestas, los jueces tendrán que decidir si avalan este concurso o protegen los derechos de igualdad de oportunidades e idoneidad para los cargos públicos. La jurisdicción es la Justicia Federal ya que el demandado es el Congreso Nacional.

En respuesta al amparo presentado por la asociación Infancia Compartida, un juez ha solicitado al Congreso que responda en el plazo de tres días hábiles a las irregularidades denunciadas.

Pero el tiempo corre en contra, porque los mismos legisladores que se pusieron de acuerdo para definir una terna antes de que concluyera el concurso, han logrado ahora incluir la votación de estas candidaturas en el orden del día de la sesión del próximo miércoles.

Ante la gravedad de que prospere un nombramiento resultante de un proceso con tantas irregularidades, correspondería que un juez tome una medida interina para suspender el proceso hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

El supuesto error de avanzar sobre las facultades del futuro Defensor nombrando a los adjuntos -decisión que no le corresponde a la Bicameral- en realidad es la evidencia de que los nombres no surgen del concurso sino de arreglos políticos entre bambalinas: para hacer pasar la candidatura que les interesaba -Bertero- negociaron los otros dos nombres para obtener los votos necesarios en la Comisión.

Son reincidentes en esta práctica. Cuando se designó a Marisa Graham, en 2020, el procedimiento fue el mismo: la comisión eligió una terna en la que incluyó a un defensor opuesto al aborto, Fabián Repetto, para compensar a la activista ultra verde. El subterfugio funcionó y Graham fue elegida. A los pocos meses, el defensor adjunto pro vida no tuvo más remedio que renunciar dejando en claro que su nombramiento no respondía a la voluntad de consensuar entre diferentes posiciones. Repetto apuntó contra una gestión marcada desde el inicio por un fuerte sesgo ideológico. En su carta de renuncia, mencionó por ejemplo “la imposibilidad de diálogo al interior del equipo directivo (del organismo); diálogos que podrían promover consensos a partir del plural intercambio de pareceres”, remarcó.

Otro punto señalado por Repetto da otra pista de las motivaciones de los sectores políticos que controlan la bicameral. Señaló la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para el reclutamiento del personal, lo que configuraba una institución con muy pocas “islas de excelencia técnica” y muchos “territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.

La Defensoría ha sido en estos años más una herramienta de uso partidario, clientelar y sectario que de defensa de los intereses de los niños y esa misma motivación es la que ha llevado a este que para muchos ha sido solo un simulacro de concurso porque la terna estaba ya negociada previamente, tal como lo denunció el diputado Nicolás Mayoraz.

La justicia acabó pronunciándose sobre las irregularidades en la designación de Marisa Graham, que también se caracterizó por la falta de transparencia, y ordenó la publicación de todos los documentos escamoteados durante el concurso. El Congreso cumplió la orden de la justicia con toda la morosidad posible: lo hizo recién en el año 2024, cuando concluía el mandato de Graham.

Cabe esperar que la justicia actúe con prontitud y que, esta vez, el Congreso responda en tiempo y forma y no convalide lo que bien podría ser la captura sectaria de un ámbito público que debería caracterizarse por una neutralidad impecable.

A fines de agosto último, la Corte Suprema volvió a reclamar al Congreso por la figura del Defensor del Pueblo, un cargo clave y espinoso para cualquier gobierno de turno que está vacío desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. Desde allí, Diputados y el Senado nunca se pusieron de acuerdo -en realidad, miraron siempre hacia un costado- y, ahora, la comisión bicameral encargada de avanzar con el proceso de selección intentará comenzar el mismo en las próximas horas, con un pequeño detalle: un manto de sospechas ante un mecanismo híper exprés que incluiría a radicales, kirchneristas e, incluso, algún macrista.

La comisión está a cargo del senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Daniel Kroneberger (La Pampa), mientras que la secretaria es la diputada Margarita Stolbizer (Gen-Encuentro Federal). Resta aún la vicepresidencia, que tendría que quedar en manos del kirchnerismo. Entre sus integrantes se encuentran las libertarias Lilia Lemoine y -la pastora evangélica- Vilma Bedia, y la macrista Victoria Huala.

Para tener una referencia, el Defensor del Pueblo actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Es decir, un representante colectivo.

¿Qué dice la ley? “Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a uno de los candidatos propuestos”. También aparecen opciones si los postulantes no obtienen la cifra requerida. En tanto, la “duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez según el procedimiento establecido” en la normativa vigente, y para el cargo se debe ser “argentino nativo o por opción” y “tener 30 años de edad como mínimo”.

Hasta aquí y, según los datos recolectados por Infobae, el flamante apuro de varios senadores y diputados no chocaría. A fin de cuentas, la bicameral cuenta con poder de decisión para ello, así como si procura un perfil más político o técnico. No obstante, por las ventanas de las picardías se asoman, con mucha discreción, los cargos de adjuntos. O, por caso, el del procurador penitenciario que, de repente, apareció en la convocatoria de la comisión para la reunión de hoy, que se iniciará desde las 11 en el salón Arturo Illia de la Cámara alta.

El ruido interno que se generó en las últimas dos jornadas estuvo relacionado con personas que quisieron intervenir, de manera desprolija, en el trabajo de la bicameral. Hasta se habla, según confirmaron a este medio, de un regalo para el familiar de un exsenador al que califican de “ñoqui”. Otros deslizan, con mucha discreción, de agentes que no cumplirían con requisitos obligatorios para el trabajo encomendado.

Más allá de todo esto será interesante si, tras más de 16 años sin un Defensor del Pueblo votado por ambas Cámaras del Congreso, la comisión recupera no sólo su vitalidad y objetivos, sino también si acelera a fondo con el siguiente cronograma, que involucra a publicar edictos para el concurso entre el jueves 11 y viernes 12. Luego, la recepción de propuestas entre el 17 del corriente mes y el 8 de octubre próximo.

La idea de quienes tejieron esto en privado mencionan, desde el 13 al 19 de octubre, la recepción de impugnaciones y adhesiones. El 29 sería la audiencia pública con los tres candidatos preseleccionados. Causó sorpresa y temor que, en el documento de algunos que integran la bicameral, aparezca la posibilidad de dicha instancia como “opcional”. Sería un delirio.

El final del camino aparece el 5 de noviembre, cuando la comisión se juntaría para elaborar un proyecto de resolución a ser elevado a los recintos para su tratamiento y votación. Detrás de las butacas más importantes en juego está algo obvio, a esta altura: la posibilidad de “jugar” en una estructura más que jugosa. Y, sobre esto, la tentación es mayor. En las próximas horas se conocerá hasta dónde llega todo esto.

El acelerado proceso para saldar la delirante situación de la Defensoría del Niño tuvo, a horas de realizarse un examen clave del concurso para la sucesión, un nuevo episodio: una de las candidatas pidió sin éxito la habilitación de la feria judicial para dar lugar a una cautelar no sólo para frenar el examen que se consumará dentro de unas horas en el Congreso, sino también para intervenir al organismo.

La desordenada actualidad abarca un sendero minado durante largos meses en los que, con el correr del tiempo, pareció empeorar. El año pasado, la bicameral que fiscaliza la Defensoría del Niño no se pudo constituir -faltaron confirmar a los integrantes del Senado, por orden directa de Victoria Villarruel-, en una jugada orquestada por la Casa Rosada hasta que finalizara la gestión de Marisa Graham. Las sospechas de quienes nunca comulgaron con la ex funcionaria apuntan al uso de una jugosa estructura y fondos nada despreciables para hacer política.

Todo terminó de la peor manera en plena temporada estival, con el mandato autoprorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la comisión. Es decir, un mega papelón institucional en el que casi todos fueron parte. En el medio, las personas y entidades que desde hace décadas se dedican a esta temática. Suelen ser, en el fondo, los más perjudicados.

Con mayorías que fueron y vinieron en diversas ocasiones, un sector mayoritario de la oposición -kirchnerismo y “dialoguistas”- puso en la presidencia de la bicameral a la diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy), quien por momentos tuvo dificultades para comandar la nave. Los legisladores de la Cámara baja y los senadores que integran la bicameral tampoco ayudaron.

La activación del concurso y la organización el examen -instancia clave- avanzó en las últimas semanas. Primero, con una mayoría de kirchneristas y radicales. No obstante, en algunos momentos también se sumaron el macrismo y La Libertad Avanza. Es decir, no hubo grandes objeciones.

Durante la corriente semana, una postulante solicitó habilitar la feria judicial e intervenir la Defensoría -la bicameral votó semanas atrás una vía paralela para que el organismo pueda funcionar- por “nulidad e inconstitucionalidad de un concurso público viciado por “desviación de poder, violación reglamentaria, falta de imparcialidad o transparencia”.

Por caso, la denunciante enumeró, a través de sus abogados patrocinantes, que la bicameral “omitió brindar información esencial en tiempo y forma respecto de aspectos cruciales del Concurso, particularmente: (a) la identidad del Escribano Público encargado de garantizar la confidencialidad y resguardo de las pruebas de oposición; (b) el lugar y modalidad en que se custodian los exámenes escritos antes de su realización; y (c) la comunicación oportuna de tales extremos a los postulantes”.

“Recién una semana antes del examen -cuando el proceso ya se halla avanzado y a escasos días de la prueba escrita- la Comisión informó parcialmente que contaría con un escribano del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en el Concurso, sin mencionar su nombre ni detallar dónde estuvieron depositados los cuestionarios o materiales de examen durante las semanas previas. Tal información tardía y fragmentaria resulta claramente insuficiente y contraria a las exigencias de publicidad efectiva”, se señaló en el documento.

La denunciante fue más allá y lanzó un punto sensible: “Se ha advertido que un porcentaje relevante de las organizaciones convocadas al proceso, ya sea como miembros del Consejo Asesor o como observadores, recibe financiamiento de fundaciones extranjeras. Dicho financiamiento vulnera el principio de autonomía institucional del Estado argentino. Como ciudadana argentina y postulante a un cargo creado por ley nacional, tengo derecho a un proceso institucional libre de interferencias de entidades externas”. En otro tramo, agregó: “La ciudadanía, los postulantes y las organizaciones interesadas en la protección de la niñez tienen derecho a saber bajo qué condiciones se protegen algo tan sensible como sus exámenes escritos”.

“Solicito expresamente que se intime al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a que proceda a designar en forma transitoria y excepcional a un/a ciudadano/a con formación acreditada en derechos de infancia, independencia funcional y solvencia ética para ejercer la intervención de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta tanto se lleve a cabo un nuevo concurso de antecedentes y oposición con pleno cumplimiento de las garantías legales y constitucionales”, enfatiza la presentación.

En resumidas cuentas, esto significaría una victoria para quienes rechazaron la gestión de Graham, siempre en conflicto desde los bandos “verde” y “azul” que surgieron, años atrás, con las discusiones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De concretarse, se repetiría el escándalo iniciado con el mandato auto prorrogado de Graham. El problema es que la bicameral, en vez de la sensatez, se subió a un ring político por esa estructura y la caja. Y aquí las consecuencias.

Cerca del mediodía, la justicia -la cuestión de fondo aún no fue saldada- indicó que “no se advierten en la presentación inicial que se encuentren demostradas, concreta y acabadamente, las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria, ni que se torne infructuosa la tutela de derechos cuya protección se pretende a través de la producción de un perjuicio concreto e inminente, con entidad bastante, resultando insuficiente la mera invocación de la urgencia en base a las afirmaciones efectuadas”.

“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, expresó el senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la última visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La declaración del legislador salteño, aliado del oficialismo, expone la tensión institucional que rodea el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y la parálisis de la comisión bicameral encargada de su seguimiento.

En este contexto, el Ejecutivo acelera su plan de privatización de empresas públicas, una estrategia que responde tanto a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre como al aumento de las importaciones y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno decidió avanzar con rapidez en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación. Y esto quedó establecido esta última semana con las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial en donde habilitó los procesos de venta de activos.

El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

El control parlamentario de estas privatizaciones depende de la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, pese a los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.

En diciembre del año pasado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación de la comisión. En una nota fechada el 30 de diciembre, Martínez instó a Menem a avanzar con las bicamerales que cuentan con resolución de presidencia, pero que aún no se han constituido, entre ellas la de privatizaciones. Martínez declaró a Infobae: “No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”.

Según la web de la comisión, solo resta que la presidencia del Senado designe a los legisladores de la Cámara Alta en representación de Unión por la Patria. Desde el bloque que lidera José Mayans aseguran que “hace tiempo” enviaron los nombres de los senadores que ocuparán ese rol, pero aún no fueron nombrados por Villarruel.

Hasta el momento, los senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que permanecen vacantes dos lugares para UP. Por la Cámara de Diputados, los representantes son Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni (UP) y Florencia Carignano (UP). La comisión aún no eligió autoridades, un paso que debe concretarse en la primera reunión para que pueda comenzar a operar.

El reclamo por la conformación de la comisión no proviene únicamente de los bloques kirchneristas. El propio senador Romero, identificado con el oficialismo, insistió en la necesidad de ponerla en marcha. Desde los bloques opositores, la responsabilidad se atribuye a los presidentes de ambas cámaras. Un senador de UP afirmó: “Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”.

La función de la comisión no consiste en garantizar ni controlar el resultado de las privatizaciones, pero sí representa un canal institucional para que el Congreso reciba información relevante. Los legisladores pueden solicitar datos sobre los oferentes y el cumplimiento de los contratos, y la comisión puede emitir dictámenes no vinculantes que permiten al Parlamento tomar conocimiento de los actos administrativos relacionados con las privatizaciones.

Esto toma relevancia desde el momento en el que desde varios bloques empezaron a criticar los primeros movimientos.

Desde el bloque de UP en diputados surgieron las primeras críticas. La legisladora Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de declaración en donde señala que Aysa “es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas”.

El proyecto, junto a su colega Sabrina Selva y el acompañamiento de una treintena de diputados del bloque, rechaza los decretos de privatización de Aysa “por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100″.

Pero no solo el bloque K criticó la decisión de vender el 90% del paquete accionario. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, también se mostró disconforme con el proceso. “No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovia, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $Libra y las valijas de la aduana”, escribió en su cuenta de X con una foto de un artículo de LPO cuyo título es “La empresa de agua de Israel asociada con Filiberti y Sielecki, los elegidos de Milei para quedarse con AySA”.

“Lo relevante acá no es de dónde sea la empresa, sino que cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía) y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (Aysa). Todo a medida”, se explayó el diputado de EF.

En la oposición quieren que sea rápido, en el oficialismo buscarán dilatarlo. La presión política sobre la conformación de la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar Aysa, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.

Pese al clásico receso que suele inventarse para las vacaciones de invierno, el Congreso no deja de regalar novedades insólitas: el viernes 1 de agosto debe realizarse un examen trascendental en el marco del concurso que definirá al próximo Defensor del Niño y la bicameral que comanda todo este proceso recibió la negativa de la Cámara de Diputados para utilizar el recinto de sesiones, que es donde años atrás se realizó la misma instancia. El lugar es clave, ya que hay más de 200 inscriptos y los plazos son más que acotados, según lo planteado esta tarde por la propia comisión, que tuvo el honor de romper la inactividad de palabra entre todos los legisladores para el descanso de mitad de año.

El camino relacionado con la Defensoría del Niño estuvo minado durante largos meses en los que, con el correr del tiempo, todo pareció empeorar. El año pasado, la bicameral no se pudo constituir -faltaron confirmar a los integrantes del Senado-, en una jugada orquestada por la Casa Rosada para que se le acabara el mandato a la antecesora en dicho organismo, Marisa Graham. Todo terminó de la peor manera, con el mandato autoprorrogado de la ahora ex funcionaria y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la comisión. Es decir, un papelón institucional. En el medio, las personas y entidades que desde hace décadas se dedican a esta temática. Suelen ser, en el fondo, los más perjudicados.

La reunión concretada durante la tarde de ayer en el anexo de la Cámara baja fue presidida por la diputada radical y titular de la comisión, Natalia Sarapura (Jujuy). Al principio, legisladores avanzaron con la mecánica de las preguntas y respuestas del examen, la transmisión y presencia de un escribano público en todo el proceso para evitar filtraciones, entre otras cosas. El primer inconveniente ocurrió cuando parte de la oposición se quejó por la falta de presupuesto para ejecutar las medidas que se encuentran a la vuelta de la esquina.

Seguido a ello, fue la propia Sarapura la que blanqueó la negativa de las autoridades de la Cámara baja -su titular es el libertario Martín Menem- en cuanto a utilizar, como en 2019, el recinto. Fue curiosa una de las primeras intervenciones de la senadora oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia -rival en Jujuy-, que le reclamó a la radical que hiciera los “esfuerzos” para que ello ocurriese. Insinuó que sería “histórico”. A los pocos segundos le recordaron lo sucedido años atrás y que no significaba algo nuevo. Se oyeron risas.

Minutos más tarde, la religiosa contradijo a su compañero violeta -pero de Diputados- Álvaro Martínez, que asistió como reemplazante de una colega de bancada: Bedia reclamó las preguntas -debe respetarse, en principio, un riguroso proceso de confidencialidad- de cara al 1 de agosto de manera anticipada, mientras que el legislador libertario y la oposición coincidieron -lógica- en finalizar ese proceso lo más cercano al examen en cuestión. De hecho, hasta el kirchnerismo presente resaltó a lo último su predisposición al diálogo y a mantener un convite sin chicanas ni gritos. Flaco favor le hicieron, más allá del gesto. No fue el único en sumarse a la ola mayoritaria: también acompañó Natalia Sotolano, la macrista y flamante candidata de Javier Milei para las próximas elecciones locales bonaerenses.

“Nos han informado que no vamos a poder utilizar el recinto porque se está reacondicionando”, lanzó Sarapura. Más allá de los delicados equilibrios entre el oficialismo y un sector de la oposición en un Congreso bastante agitado, la jujeña consiguió que se aprobara una nueva comunicación a Menem para que responda, con fecha límite hasta este viernes, si el recinto de la Cámara baja puede ser utilizado o, en su defecto, el auditorio y un salón grande del anexo de Diputados.

Según pudo saber Infobae, incluso otros sectores del Palacio Legislativo fueron insinuados. Algunos, ni siquiera con espacio para más de 50 personas, lo cual implicaba un disparate. “El lugar natural del concurso es en el recinto y no podemos estar dando vuelta a menos que, y me hago cargo, haya un deseo manifiesto de que esto no funcione, o de entorpecer un proceso de varias voluntades políticas queremos que funcione con transparencia y celeridad”, advirtió ayer la senadora cristinista Stefanía Cora. También Martínez reconoció que “es el lugar ideal”, aunque quitó responsabilidades a Menem. En esa línea, manifestó: “No es mala voluntad”.

En caso de no avanzar, Sarapura requirió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Colegio Público de Escribanos de la Capital Federal salones aptos para el examen. La lupa de algunos legisladores fue apuntada a la comodidad que representa el Congreso no sólo por el recinto de Diputados -sería una sesión secreta-, sino también por toda la logística relacionada con el departamento de grabación, dado a la necesidad de dejar registro fílmico de esta parte del concurso, con el fin de evitar impugnaciones o críticas por falta de transparencia. También, debido a que la bicameral no cuenta aún con presupuesto para el corriente año, tal como informó la radical.

Una de las actividades de la semana que pasó en el Congreso fue otra desprolija reunión de la comisión bicameral relacionada con la Defensoría del Niño, que intenta salir del embudo en el que se metió para encontrar a su próximo titular tras la desactivación -semanas atrás- de Marisa Graham, que en enero pasado se auto prorrogó su propio mandato y generó una situación de extrema irregularidad en la entidad. La novedad es que toda la oposición -kirchnerismo, radicalismo y macrismo- dejó en soledad al oficialismo y avanzó con la confección de un concurso veloz con el que se buscará conseguir, hacia finales de septiembre, la definición de un sucesor.

La bicameral fue presidida por la diputada radical Natalia Sarapura. Durante el cónclave del martes último, y si bien contaba con el guiño del resto de las bancadas opositoras, la jujeña repitió episodios de confusiones para quienes participaban del convite. Hacia allí apuntó su colega de recinto Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe) que, con simples preguntas de días hábiles o de corrido, dejó a varios legisladores con miradas desorbitadas. A esta altura, ya hay quienes sospechan sobre el objetivo real de todo este proceso.

En la reunión se concretó un paso fundamental: la votación de plazos para toda la cadena que involucra designar a un Defensor del Niño, desde la publicación de la convocatoria, inscripción de postulantes, listo de admitidos, impugnaciones y avales, examen -escrito y anónimo- y corrección, audiencias públicas con postulantes que sigan en carrera, evaluación final y elevación a Cámaras. Durante años, el Congreso no tuvo voluntad de cumplir con la ley y, la primera vez que lo hizo, Graham se convirtió en la titular del organismo.

Todo terminó de la peor manera, con el mandato auto prorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la bicameral. Es decir, un papelón institucional. Claro está que, como cuenta Infobae desde el año pasado, en medio de las mini peleas de los legisladores para subir en redes sociales se encuentran las pocas personas y organizaciones que, de verdad y sin cuestiones escondidas de fondo -cargos o militancia-, trabajan a destajo por esta temática. Suelen ser los más perjudicados.

De los 10 integrantes de la comisión, ocho lo hicieron por el cronograma que propuso la oposición en su conjunto. El PRO quiso deslizar una postura intermedia que, en el fondo, no sirvió de nada. Por su parte, Mayoraz sugirió noviembre -sobre el final del período ordinario-, lo que fue tomado por el resto como una picardía innecesaria. Minutos después, el diputado manifestó: “Quería marcar otra cuestión. Me llega información de que la ex usurpadora del cargo -en referencia a Graham- sigue yendo a la Defensoría, lo cual me parece absolutamente irregular. Estamos hablando de una persona que se tuvo que haber ido hace tiempo y no lo ha hecho, motivando una resolución de este Cuerpo para hacerle entender lo que comprende cualquier estudiante de primer año de Derecho -por no decir un estudiante secundario-. Es decir, ya no puede seguir yendo”.

Mayoraz además reiteró una crítica que realizan algunos sectores sobre la poca incursión federal de la gestión Graham. En esa línea, el legislador le detalló a la jujeña: “En el informe de 2024 y en el parcial de 2025, el 63% de las acciones de la Defensoría fueron en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Su provincia tuvo el 1,69% de todas las acciones. Estamos hablando de un organismo que se lleva 7.000 millones de pesos por año. Entonces, ¿cómo estamos?”. Como aliciente, la presidenta de la bicameral quedó en convocar para el 24 de junio a distintas organizaciones.

En el despacho de Sarapura también se apilan consejos de instituciones que se dedican desde hace años a la temática, como “Infancia en Deuda”: las medidas abarcan la creación de un comité asesor para el armado y corrección de exámenes; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria; y el compromiso de difundir toda la información del concurso, entre otras cuestiones.

El debate sobre la supervisión de las empresas públicas escala en el Congreso, donde la comisión bicameral permanente Revisora de Cuentas ha decidido tomar medidas para exigir al Gobierno un cambio en su enfoque hacia las auditorías.

Si se aprueba un proyecto de resolución que se presentó hoy, se le enviará una nota al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando que se detenga la contratación de consultoras privadas para realizar auditorías en empresas donde el Estado nacional es el accionista mayoritario. La comisión advirtió que, de persistir este modelo, los informes resultantes no serán validados.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente de la comisión bicameral, explicó que la decisión surge de la necesidad de reforzar el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo encargado de supervisar la gestión de los recursos públicos. Pichetto señaló que las auditorías privadas no pueden reemplazar las realizadas por la AGN y que los informes de esta última son indispensables para la aprobación de los resultados. “El Jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas y garantizar que, independientemente de las auditorías privadas, se realicen las de la AGN”, afirmó el legislador.

En el marco de esta discusión, Pichetto también destacó un problema adicional: la falta de designación de representantes en la AGN por parte de las cámaras legislativas. Según detalló, el mandato de los actuales auditores vence el 31 de marzo, lo que podría generar una situación de acefalía en el organismo. “Le estamos informando a los presidentes del Senado y Diputados sobre la caducidad de los mandatos y la necesidad de que convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”, explicó el diputado.

El problema es especialmente grave en la Cámara de Diputados, donde, según Pichetto, existe una “anomalía” debido a que no se han nombrado representantes. Esta situación, advirtió, podría afectar la capacidad de la AGN para cumplir con su función de control en un momento crítico.

En la misma línea, la Coalición Cívica le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde lo instan “de forma inmediata” para que ponga en marcha los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de la Nación en representación de la Cámara baja. “Estamos ante una situación de extrema gravedad institucional que impide al Poder Legislativo cumplir con la función de control que le asigna la Constitución Nacional, ya que, sin esta designación, no podrá contar con los dictámenes de este organismo de asistencia técnica”.

El senador salteño Juan Carlos Romero, secretario de la comisión bicameral, fue el encargado de redactar la carta dirigida al Jefe de Gabinete y también planteó posibles acciones en caso de que no se obtenga una respuesta satisfactoria. “Si no hay una forma de castigar los incumplimientos, se diluye no solo la capacidad de control de la AGN, sino también la función de la comisión y del Congreso de la Nación”, afirmó.

Romero subrayó la importancia de garantizar que las auditorías de la AGN no sean reemplazadas por estudios privados, ya que estas últimas no ofrecen el mismo nivel de transparencia y control sobre los bienes y recursos del Estado. “Se trata de afianzar la autoridad de la auditoría que no puede ser suplida por un estudio privado”, agregó.

Aunque la intención inicial de Pichetto y Romero era aprobar la carta durante la reunión de la comisión, las dudas expresadas por algunos de sus miembros llevaron a posponer la votación. Cada integrante analizará el contenido del documento antes de tomar una decisión definitiva en la próxima reunión, programada para la semana siguiente.

Este debate pone de manifiesto las tensiones en torno al control de las empresas públicas en Argentina y la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y supervisión. La comisión bicameral ha dejado claro que no permitirá que las auditorías privadas reemplacen el trabajo de la AGN, y ha advertido que tomará medidas legales si el Gobierno no cumple con sus obligaciones en este ámbito.

A fines de enero pasado, en una decisión que trajo polémica en el Congreso, la actual Defensora de Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se auto prorrogó el mandato, que vence hoy. La respuesta del Gobierno apareció esta semana: el Senado informó a tres de sus cinco representantes para la demorada bicameral que debe definir esta polémica y se sumaron a los que ya estaban de Diputados, quienes se reunirán el jueves próximo, desde las 14, con el objetivo de saldar la disputa en cuestión.

Lo más curioso del actual panorama es que el Frente de Todos, que se muestra proclive a prorrogar el mandato de Graham -hasta se presentó un proyecto en ese sentido- y defiende a defensora no envió a ninguno de los dos representantes que le corresponden en la Cámara alta. Al menos, hasta anoche. En cambio, el Gobierno -Javier Milei y Victoria Villarruel, entre otros- la quiere lejos de dicho sitial.

Graham se auto prorrogó el mandato el 7 de enero del corriente año. En el artículo 7 bis de la resolución que ella misma firmó, impuso: “En caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, en el mismo se agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general. Lo cierto es que la funcionaria atravesó un frondoso concurso y todos los filtros impuestos por la normativa. Juró en el Congreso sobre el cierre de febrero de 2020.

Según confiaron fuentes de la Defensoría en enero, un tema más que delicado y “ético” apunta a los casi 400 casos aún vigentes, en el sentido de un futuro oscuro sin la posibilidad de contar con la representación del organismo. Es decir, un arma de doble filo que, en el fondo, esconde una penosa guerra política.

Por el Senado estarán las legisladoras Andrea Cristina (Chubut-Pro), Vilma Bedia (Jujuy-La Libertad Avanza) y Mercedes Valenzuela (Corrientes-UCR), y falta que el Frente de Todos designe a sus dos representantes. En tanto, por Diputados aparecen Nadia Márquez (Neuquén-La Libertad Avanza), Natalia Sarapura (Jujuy-UCR), María Sotolano (Buenos Aires-Pro), y las kirchneristas Eugenia Alianiello (Chubut) y Brenda Vargas Matyi (Buenos Aires). Entre oficialismo y dialoguistas, sumarían seis de los diez votos.

En una decisión que traerá polémica en el Congreso y reeditará una nueva disputa entre “verdes” y “celestes”, en referencia a los grupos que durante años pelearon a favor y en contra -respectivamente- de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la actual Defensora de Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se auto prorrogó el mandato -vence el 1 de marzo próximo- y se espera una respuesta del Gobierno, que la quiere fuera de dicho cargo. El inconveniente es que, hasta el flamante cambio realizado por la propia funcionaria, la potestad era única del Poder Legislativo, en particular, de una comisión bicameral que nunca se conformó.

La resolución es del 7 de enero último. Tras una consulta de Infobae, desde la propia Defensoría reconocieron la información e incluso pusieron a disposición el documento, que está cargado en la página oficial. Allí se deja en claro, en el artículo 7 bis, que “en caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

Para entender todo este embrollo, que sacudió a algunos despachos durante la tarde de hoy y que este medio relató en diversas ocasiones desde noviembre pasado, hay que dirigirse a la ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, dicho artículo agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general. Lo cierto es que la funcionaria atravesó un frondoso concurso y todos los filtros impuestos por la normativa. Juró en el Congreso sobre el cierre de febrero de 2020.

Según confiaron fuentes de la Defensoría, un tema más que delicado y “ético” apunta a los casi 400 casos aún vigentes, en el sentido de un futuro oscuro sin la posibilidad de contar con la representación del organismo. Es decir, un arma de doble filo que, en el fondo, esconde una penosa guerra política. Las personas consultadas por Infobae además deslizaron que desde el Congreso nunca se comunicaron con Graham, más allá de reclamos para conformar la bicameral -faltan los integrantes de la Cámara alta- o de senadoras como Alicia Kirchner, que presentó un proyecto de resolución para que continuara en el cargo.

En los considerandos de la resolución que firmó la propia Graham se manifiesta que “para la atención del vacío legal precitado, deben aplicarse los principios que rigen el Derecho Administrativo, estándose a favor de la continuidad de la prestación del servicio público evitando su suspensión, lo que constituiría una regresión en la protección de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes”.

“El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves”, es una de las frases de la canción “Todo un palo”, que “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” dieron a conocer en 1988. Esas palabras fueron utilizadas días atrás por el senador kirchnerista Sergio Leavy para argumentar un proyecto que impulsa la creación de una comisión bicameral -cuándo no- para la “Regulación Estratégica e Integral de la Inteligencia Artificial (IA)”.

Según consta en el artículo segundo, la iniciativa establece “el estudio y análisis de las experiencias nacionales e internacionales en materia de regulación de la Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas afines, a los efectos de elaborar la redacción de propuestas legislativas que establezcan un marco normativo orientado a la regulación estratégica”.

Además, impone un abordaje integral sobre “la actualización normativa de la legislación vigente ante su irrupción e impacto con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética y la responsabilidad en su aplicación”.

La bicameral que demanda Leavy es más que ambiciosa: 10 diputados y 10 senadores. En el artículo siguiente, aparecen objetivos curiosos, como “incentivar en el sector privado la competitividad y fomentar un perfil exportador que promueva la generación de empleo nacional ante la irrupción e impacto de la Inteligencia Artificial”; “incorporar perspectiva de género y de cuidado al medio ambiente en las estrategias, planes y objetivos de la normativa a elaborar”; y “resguardar la salud, seguridad y los derechos fundamentales de las personas de existencia real o ideal”, entre otros.

En tanto, el “Honorable Congreso de la Nación proporcionará locación, insumos materiales, tecnológicos, logística, personal técnico y administrativo, así como el presupuesto correspondiente para el funcionamiento eficiente de la misma”. Un detalle no menor para estos tiempos.

“Cabe preguntarnos por qué no abordar esta regulación desde las comisiones de trabajo unicamerales permanentes de cada una de las cámaras legislativas, y la primera reflexión nos obliga a dimensionar que nos encontramos frente a la irrupción de una revolución tecnológica que no tiene su parangón con el pasado y que su abordaje requiere un enfoque transdisciplinario y no departamentalizado o de compartimentos estancos como el que poseen las comisiones de trabajo legislativas”, fundamentó Leavy.

El salteño, sin darse cuenta, destrozó a colegas de Diputados y el Senado hoy encargados de analizar este tema, como son las comisiones de Ciencia y Tecnología. Por caso, la de la Cámara alta es presidida por una colega suya, la rionegrina Silvina García Larraburu, que recién se constituyó en noviembre pasado, por lo que sólo tuvo menos de un mes de trabajo real antes del fina del período de sesiones ordinarias. Sobre esta situación, más que irregular, Leavy no presentó queja alguna.

“Sin lugar a duda aún no tomamos dimensión de la revolución que produce y producirá la IA en nuestras vidas, hábitos, conductas, relaciones, etcétera. Abordar una actualización de la normativa vigente frente al impacto de la IA implica un cambio de paradigma, el Derecho siempre actúa con posterioridad a los hechos, la norma llega tarde ante lo vertiginoso de los cambios sociales debido a la velocidad cada vez mayor en la que estos se producen en sociedades tan complejas como la nuestra”, señaló el senador.

“Para la regulación estratégica e integral contamos con legislación comparada que se configura como la única referencia a nivel internacional, que es la ley integral para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea; por la que Europa no solo busca ofrecer un marco legislativo que impulse la competitividad e innovación en el sector de la IA a la par que proteger a sus ciudadanos, sino que también busca sentar el modelo normativo a seguir por el resto del mundo”, enfatizó Leavy.

En la previa de la sensible reunión con la Auditoría General de la Nación (AGN), el diputado de la oposición -por ahora- dialoguista y presidente de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Ángel Pichetto, se mostró con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y anunció que planteará esta tarde una “auditoría especial e integral” para tres facultades de dicha institución: Económicas, Medicina y Psicología.

“Me reuní con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien me ratificó el pedido de autoría elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Es importante que el Congreso, a través de la AGN, ejerza de manera independiente el rol de control sobre las universidades que le impone la ley”, manifestó el legislador y ex intendente rionegrino -Sierra Grande- en la red social X.

Pichetto, además, dijo: “Mañana -en referencia a hoy-, en la reunión de la Bicameral con Auditores Generales, plantearé una auditoría especial e integral a las facultades de Económicas, Medicina y Psicología, a realizarse en los próximos seis meses”.

Junto a Pichetto y Gelpi apareció el vicerrector de la UBA y ex diputado del radicalismo, Emiliano Yacobitti, cuyo enlace y soldado legislativo es nada menos que el senador y titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, a su vez titular de la siempre codiciada bicameral que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia, la única con presupuesto privado.

La UBA aprovechó la misma red social que Pichetto para resaltar que la bicameral “es la responsable del control externo del sector público nacional y de la supervisión de la AGN”, tras días de disputa entre la reconocida institución -a nivel mundial- y el Gobierno libertario por los pedidos de Sindicatura General de la Nación (Sigen) para entrega de documentación.

El comando de la comisión Mixta Revisora de Cuentas es sensible y fue dado a Pichetto el 23 de octubre pasado no sólo por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos-, sino también tras dejar afuera al interbloque del rionegrino -que ya cambió varias veces de nombre y busca un rumbo claro en la Cámara baja- en la de inteligencia.

Desde hace varias semanas transcurre una silenciosa puja entre el oficialismo y gran parte de la oposición relacionada con las disposiciones para escanear las gestiones kirchnerista de Alberto Fernández y la libertaria de Javier Milei. “Vamos a trabajar con el mayor nivel de seriedad, imparcialidad y como corresponde a una comisión de envergadura de este Congreso”, señaló Pichetto cuando se activó la bicameral. Fue un convite más que cordial entre oficialistas y opositores, situación que no pasó desapercibida.

El kirchnerismo se quedó con la vicepresidencia, que fue para el senador cristinista Mariano Recalde. El jefe del interbloque del Frente de Todos en la Cámara alta e integrante de la bicameral, José Mayans, recordó que la AGN tiene sus programas anual y operativo -plata, en definitiva- para aprobar y centenares de auditorías pendientes.

Por su parte, el también senador y uno de los secretarios de la comisión, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta-Provincias Unidas), aseguró: “Este año se nos fue el tiempo. Esperemos que en lo que falta podamos saber qué es lo que hizo la auditoría este año y el plan para el próximo”.

La reunión con la AGN está agendada para las 16, en el salón Arturo Illia del Congreso. El mes pasado, el jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez, acusó al oficialismo de “dilatar” durante meses la conformación de la comisión. Ese mismo día tuvo luz verde la bicameral de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional: la titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien contó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”.

En medio de las demoradas conformaciones de comisiones bicamerales en el Congreso -un vicio que se profundizó en los últimos años-, senadores de distintos bloques mantienen una fuerte disputa para integrar la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La actual defensora es Marisa Graham, cuyo mandato finaliza en marzo próximo, lo que conllevará a una nueva definición en un Congreso más que atomizado para un cargo y estructura más que deseados por la política, en medio del feroz ajuste que ejecuta Javier Milei.

Graham puede continuar por un período más, escenario que no cierra bajo ningún punto de vista para el oficialismo. Tampoco para algunas bancadas que regalaron votos en el pasado a la actual defensora, cuya designación se negoció en 2019 y se terminó de sancionar, en el Congreso, sobre el cierre de febrero de 2020.

La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, dicho artículo agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Todo un desafío para el actual Congreso: desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general.

“Tenemos la obligación de dar continuidad a las observaciones que nos hace el Comité de los derechos humanos de la ONU y éste manifiesta su preocupación por sobre la continua disminución drástica de las asignaciones presupuestarias para niños”, aseguró Graham días atrás en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados.

La funcionaria habló sobre el Presupuesto 2025 que envió Milei. En ese sentido, opinó que “más allá de los esfuerzos que se hagan no logramos salir de la pobreza e indigencia de los niños”, y enfatizó que “las asignaciones familiares formales no reciben los aumentos de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, según un comunicado de la Cámara baja.

Otras bicamerales tuvieron luz verde durante el transcurso de esta semana. Una fue la estratégica comisión Mixta Revisora de Cuentas: por votación unánime entre oficialistas y opositores, la presidencia quedó en manos del diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Dicho Cuerpo es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que revisa la utilización de los recursos del Estado.

También se activó la de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional. La titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien enfatizó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”. Fue en respuesta a quejas kirchneristas sobre la dilación para conformar comisiones bicamerales que pretenden adosar, como si no existiera el pasado, a La Libertad Avanza.

La estratégica comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas se constituyó este miércoles y, por votación unánime entre oficialistas y opositores, la presidencia quedó en manos del diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Dicho Cuerpo es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que revisa la utilización de los recursos del Estado.

El comando de esta bicameral es sensible y fue dado a Pichetto no sólo por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos-, sino también tras dejar afuera al interbloque del rionegrino -que ya cambió varias veces de nombre y busca un rumbo claro en la Cámara baja- en otra jugosa comisión: la de inteligencia.

La silenciosa puja que se da entre el oficialismo y gran parte de la oposición en la Mixta Revisora está relacionada con las disposiciones para escanear las gestiones kirchnerista de Alberto Fernández y la libertaria de Javier Milei. “Vamos a trabajar con el mayor nivel de seriedad, imparcialidad y como corresponde a una comisión de envergadura de este Congreso”, señaló Pichetto.

El kirchnerismo se quedó con la vicepresidencia, que fue para el senador cristinista Mariano Recalde. El jefe del interbloque kirchnerista en la Cámara alta e integrante de la bicameral, José Mayans, recordó que la AGN tiene sus programas anual y operativo -plata, en definitiva- para aprobar y centenares de auditorías pendientes.

Por su parte, el también senador y uno de los secretarios de la comisión, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta-Provincias Unidas), manifestó: “Este año se nos fue el tiempo. Esperemos que en lo que falta podamos saber qué es lo que hizo la auditoría este año y el plan para el próximo”.

Según indicó Pichetto, la bicameral recibirá a la AGN el martes 5 de noviembre, desde las 16. Seguido a ello, el jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez, acusó al oficialismo de “dilatar” durante meses la conformación de la comisión.

En cuanto a los dichos de Martínez fue interesante la constitución de la otra bicameral que se activó este miércoles: la de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional.

La titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien enfatizó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”, y que de la misma depende no sólo el cargo del Defensor del Pueblo, sino también la Procuración Penitenciaria. Según lo relatado por el legislador de la UCR, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la bicameral no se demoró, sino que ni siquiera existió.

El Defensor del Pueblo, que requiere mayorías especiales de compleja obtención en el Congreso, es una insólita vacante que dejaron el kirchnerismo y sus sucesores desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino.

Para el martes próximo se espera la luz verde de una de las bicamerales más codiciadas por el presupuesto que maneja: la de la Biblioteca del Congreso. La misma no se hará en uno de los habituales salones de Diputados o del Senado, sino en la sala de reuniones de dicha institución.

Otras bicamerales pendientes son la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que irá para Diputados, al igual que la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.

También resta conformar la de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y De Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que será presidida por un diputado. Es en la que años atrás, en la era macrista de Cambiemos, generó fuerte revuelo la presencia del entonces ministro de Finanzas y actual titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y el famoso papel entregado a la entonces legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti que decía: “Mis hijas tiene 11 y 13 años, por favor no seas tan mala”.