Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Vicente Cordeyro, el ex titular de la Policía de Investigaciones que estuvo desaparecido por dos días, las autoridades de Salta se enfocaron en reconstruir cómo ocurrió la muerte del comisario retirado. Este domingo se conocieron los primeros resultados de la autopsia.

La autopsia, realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, contó con la presencia de un perito designado por la familia de Cordeyro. Según a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, mientras que el cadáver presentaba lesiones superficiales provocadas por el fuego. Por esto mismo, se ordenaron estudios complementarios, que serán claves para reconstruir los últimos minutos con vida del hombre.

En este contexto, las tareas investigativas continúan activas, con la intervención de distintas áreas especializadas del CIF. Los equipos interdisciplinarios prosiguen con el análisis de pruebas, entre ellas los restos del incendio, registros de cámaras de seguridad, el teléfono celular y otros elementos secuestrados.

De acuerdo con lo publicado por El Tribuno, el operativo de búsqueda se activó tras la denuncia de desaparición presentada el jueves 9 de octubre, cuando Cordeyro no regresó a su domicilio después de dejar a su hija en el colegio.

Su vehículo, un Volkswagen Surán gris, fue hallado estacionado en San Lorenzo, lo que motivó un despliegue que incluyó equipos de rescate, drones, perros rastreadores y apoyo aéreo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, las cámaras de seguridad registraron a Cordeyro ingresando solo a la localidad, estacionando frente a una iglesia y caminando hacia el sendero conocido como “la cola del cerro Elefante”, el mismo lugar donde fue hallado posteriormente. No se detectó la presencia de ningún otro vehículo siguiéndolo ni acompañantes en ningún momento.

El cuerpo fue localizado el sábado por la mañana en una zona que había sido afectada días antes por un incendio de pastizales. Las lesiones superficiales observadas en el cadáver se atribuyeron al contacto con el fuego.

Durante la jornada posterior al hallazgo, se realizó una reunión interdisciplinaria con la participación del coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, profesionales del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, con el objetivo de coordinar las tareas investigativas y analizar las circunstancias que rodean la muerte del comisario (RE).

Entre las medidas en desarrollo figuran los estudios de anatomía patológica para confirmar los hallazgos de la autopsia, el análisis del teléfono celular y la revisión de las últimas comunicaciones y ubicación GPS de la víctima. Hasta el momento, no se detectaron lesiones defensivas ni signos de lucha o forcejeo, lo que podría ser un indicador de que no hubo participación de terceros. De igual forma, todo es materia de investigación.

Actualmente, el caso se lleva a adelante, bajo el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que exige la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si en un primer momento parece tratarse de un suicidio o accidente. Este marco normativo implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la pesquisa hasta que se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Cordeyro es un comisario retirado de la Policía de Salta y se desempeñó como director de Investigaciones, además de ejercer la docencia universitaria. En los últimos meses, había manifestado públicamente su preocupación por el avance del narcotráfico y la inseguridad en la provincia.

Los restos del ex titular de la Policía de Investigaciones fueron encontrados en el cerro Elefante, tras dos días de búsqueda intensa. El operativo, que involucró a más de 135 efectivos de la Policía de Salta, equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y guías civiles, se desplegó en una extensa área de yungas, con apoyo de drones, patrullas y perros rastreadores.

El director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, informó que “a las 6.30 iniciamos la segunda jornada de rastrillaje con más de 135 policías divididos en grupos para cubrir mayor cantidad de terreno y con la colaboración de guías civiles para una búsqueda más ordenada”. Pasadas las 09:00 horas, los investigadores dieron con el paradero de Cordeyro.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la localización del comisario retirado se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como al rastreo de su teléfono móvil. Previo a que el caso terminara en un desenlace, el último rastro que se había obtenido lo situaba en el centro de la ciudad de San Lorenzo.

Tal como contaron los familiares del policía retirado, el jueves por la mañana había dejado a su hija de 17 años en el colegio y continuó su trayecto hasta la intersección de las calles Mitre y Güemes. En esa zona dejó estacionado su auto Volkswagen Surán gris y, según las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad, se lo vio caminar solo hacia el cerro.

Las fuentes consultadas subrayaron que el cerro Elefante no era un destino habitual para él, ya que, aunque practicaba fútbol, no solía realizar caminatas ni senderismo en esa zona, dato que fue corroborado por familiares directos ante la Policía. No obstante, las últimas imágenes con vida que se obtuvieron de él, lo mostraban con ropa deportiva y una mochila naranja.

Tras el hallazgo, Peloc confirmó: “Lamentablemente, tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”. Fue así que el cuerpo fue trasladado en helicóptero desde el cerro hasta la base de Aviación Civil, en la zona sur de la capital salteña, y posteriormente derivado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la Ciudad Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

El procedimiento de rescate se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno, cubierto de vegetación densa y con sectores de difícil acceso. Por este motivo, explicaron que los informes forenses demorarían un poco más en conocerse, aunque se estipula que las autoridades revelarían los resultados durante la mañana del domingo.

Durante la conferencia de prensa, los fiscales a cargo, entre ellos Pablo Rivero, evitaron descartar las hipótesis que habrían surgido hasta el momento. Otra fuente de la investigación insistió: “Estamos siguiendo todas las posibilidades; la idea es que se esclarezca la muerte”.

En este sentido, se espera que la autopsia permita delimitar el marco temporal del fallecimiento y establecer si existió o no intervención de terceros. No obstante, fuentes de la investigación precisaron que el cuerpo no presentaría impactos de bala ni heridas de arma blanca a simple vista.

De la misma manera, el área donde se halló el cuerpo permanece preservada y los peritajes continúan, especialmente en una zona de yungas cercana al sector donde se registró un incendio de pastizales el jueves pasado. Asimismo, las tareas investigativas seguirán con un nuevo barrido de cámaras en San Lorenzo y alrededores.

En relación con las versiones que vinculan el hecho a un posible ajuste de cuentas por el pasado de Cordeyro como investigador o por sus declaraciones públicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, los investigadores señalaron que el comisario se encontraba retirado y no había participado en operativos recientes contra organizaciones delictivas.

El cuerpo del comisario (retirado) de la Policía de Salta Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, fue hallado sin vida en el cerro Elefante de la localidad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la capital provincial.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae. Los investigadores encontraron el cadáver de Cordeyro este sábado cerca de las 9.30 y ahora buscarán saber qué pasó: en apariencia, el hombre podría haberse quitado la vida. Pero el hecho será investigado en principio como “muerte dudosa”.

Cordeyro había sido denunciado como desaparecido el último jueves. Más de 100 agentes de la policía local lo buscaban desde entonces en cerros y quebradas aledañas al cerro Elefante, donde Cordeyro había sido visto por última vez.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal penal 2 interino Ramiro Ramos Ossorio, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González, y el coordinador general de fiscales, Pablo Rivero.

La desaparición del comisario retirado fue reportada por sus familiares. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y desde entonces perdieron contacto.

Se sabía que Cordeyro estaba con su auto, un Volkswagen Surán gris. El auto fue encontrado estacionado frente a la iglesia de San Lorenzo, sin signos de violencia y sin pistas para dar con el hombre.

En paralelo a los rastrillajes, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona. De esta manera, reconstruyeron cuáles fueron los últimos pasos que dio el hombre antes de perder contacto.

Fuentes policiales relataron a este medio que gracias al seguimiento que se hizo a través de las cámaras de videovigilancia pudieron reconstruir el último trayecto de Cordeyro con vida. “Vimos que siempre manejó solo desde la escuela hasta San Lorenzo. Luego pudimos observar cómo caminaba solo y se adentraba al cerro Elefante”, explicaron a Infobae.

Este dato sería un indicio que podría descartar la participación de otras personas en la muerte del excomisario. No obstante, se espera que este mismo sábado el fiscal Ramos Ossorio aporte detalles de cómo seguirá la investigación y las condiciones y circunstancias en las que encontraron a Cordeyro.

Se supo que el policía retirado había dejado a su hija en la esquina de Mitre y Belgrano, que continuó su trayecto por Quirquincho hasta que llegó al camino a Lesser y fue visto mientras tomaba la ruta 28 rumbo a San Lorenzo.

Fuentes de la investigación detallaron a este medio que todavía trabaja personal en la escena del crimen. Se desconoce si cerca del cuerpo de Cordeyro había una nota o algún indicio que pueda acercar a los investigadores a las causas de la muerte.

Noticia en desarrollo...

El ex comisario, identificado como D. I. B., fue condenado a tres años y dos meses de prisión e inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos por explotar, administrar y organizar un sistema de juegos de azar clandestinos en Fortín Olmos, al norte de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la información publicada por el medio local Aire de Santa Fe, el fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero en los tribunales de Reconquista, luego de un juicio oral en el que el fiscal Nicolás Maglier representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según la acusación, D. I. B., de 45 años, implementó el sistema ilegal entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, captando apuestas sin contar con la autorización correspondiente. Además, utilizó su posición como jefe policial para recibir dádivas de un funcionario del Gobierno comunal de Tartagal, quien le pagó por servicios de seguridad no habilitados.

El fiscal Maglier subrayó la importancia de la condena, señalando que la pena impuesta se aproxima a la solicitada por la Fiscalía, que era de tres años y seis meses.

Este proceso judicial se enmarca dentro de los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal, lo que refuerza el compromiso institucional con la erradicación de prácticas ilícitas en la administración pública.

El tribunal consideró a D. I. B. culpable de los delitos de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización, cohecho pasivo y concusión.

El veredicto pone de manifiesto el uso indebido de su cargo para obtener beneficios personales y facilitar la operación de un sistema ilegal que vulneró tanto la seguridad pública como las normativas vigentes sobre el juego.

Condenaron al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza por cobrar coimas

El ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, recibió una condena de 6 años de prisión por el cobro de coimas que permitieron la venta ilegal de dólares en cuevas del microcentro de la capital provincial.

El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mendoza también dispuso la inhabilitación perpetua de Rossignoli para ejercer cargos públicos, tras hallarlo culpable de cohecho pasivo y asociación ilícita. La investigación permitió identificar a los organizadores, “arbolitos”, testaferros y personal de seguridad de los locales que operaban bajo fachadas de joyerías y bares.

Durante los operativos realizados en 2022, la Policía contra el Narcotráfico y la AFIP-DGA allanaron 22 domicilios y presuntas “cuevas”, donde se incautaron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros, además de máquinas de contar dinero, dos armas de fuego y balanzas. En cinco de las siete joyerías inspeccionadas se hallaron “trampas” como paredes falsas y muebles con compartimentos ocultos y cierres electrónicos para esconder dinero.

Junto a Rossignoli, María José Degregorio Flores, identificada como la contadora, fue sentenciada a 2 años y tres meses de prisión condicional y deberá abonar una multa de 32 millones de pesos. Eduardo Ezequiel Fernández Olmedo recibió una condena de un año por cohecho activo.

El arresto de Rossignoli se produjo durante un allanamiento en su vivienda de Godoy Cruz. La Policía Federal Argentina lo apartó de su cargo tras el inicio del proceso judicial, según informó la propia institución en un comunicado. Las medidas judiciales incluyeron también el allanamiento de dos estudios contables y la detención de dos propietarios de joyerías céntricas por evasión fiscal y lavado de dinero.

Los vecinos de Lomas de Zamora todavía recuerdan con inquietud la noche del 2 de octubre de 2023. En una esquina transitada, donde las rutinas familiares se cruzan con el ritmo laboral, la violencia irrumpió de manera inesperada y trágica. Gustavo Romero, comisario de la Policía Bonaerense especializado en Delitos Complejos, perdió la vida tras recibir cuatro disparos en un intento de robo, mientras esperaba a su esposa en las inmediaciones de una farmacia. Ahora, el caso será llevado a juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora será el encargado de determinar las responsabilidades y el destino judicial de Gustavo Alejandro Martins, principal acusado de disparar y matar a Romero.

La fecha del debate oral todavía no fue definida, pero la familia está cada vez más cerca de tener justicia.

La causa suma además otro elemento distintivo: la falta de registros fílmicos directos del momento de los disparos. Por esto mismo, serán claves los testimonios de los presentes y la reconstrucción que pudo realizar la Fiscalía.

Al momento del crimen, Romero se encontraba estacionado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, esperando la salida de su esposa, Daihana Karem Mesa, quien trabajaba en una farmacia de la zona.

Las cámaras de seguridad de la vía pública no captaron el momento exacto de los disparos, pero sí permitieron visualizar la dinámica previa al asesinato y lo que ocurrió después. De esta manera, se pueden observar tres motos circulando a metros de donde se encontraba el oficial. Una de ellas realizó una maniobra tipo “U” sobre la vereda y regresó, mientras los ocupantes de las otras motocicletas también disminuyeron su marcha.

Según los elementos aportados por testigos y la investigación, Martins –acusado y actualmente privado de su libertad– descendió de una de las motos con una campera celeste. Se habría acercado de manera directa al comisario, lo que motivó la reacción defensiva del policía. Los otros integrantes de la banda criminal se dieron a la fuga una vez que la víctima se identificó como un agente de las fuerzas de seguridad.

La secuencia violenta sucedió en cuestión de segundos. Según la reconstrucción judicial, Romero intentó extraer su arma reglamentaria. En ese breve intercambio, recibió cuatro impactos de bala: dos en el pecho, uno en la espalda y otro en la cabeza. La moto nunca llegó a ser robada, pero sí se presume que los asaltantes lograron llevarse el arma del comisario.

Según informó el portal Diario Conurbano, la pesquisa del caso quedó en manos de la UFI 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Con el paso de las semanas, el trabajo forense, las declaraciones de testigos y el análisis de las cámaras permitieron conformar una hipótesis principal sobre la identidad de los atacantes y sus roles durante el intento de asalto.

Mataron a otro policía de la Ciudad que intentó defenderse de un robo en José C. Paz

El episodio ocurrió durante el fin de semana cerca de las 2.30 en la esquina de las calles Andrés Blanqui y Carmen Puch en el barrio Nuestra Señora de Caacué. De acuerdo con la información oficial, el policía, identificado como Maximiliano Leguizamón, de 21 años, se encontraba de civil y de franco en la División Táctica de Pacificación III de la Ciudad de Buenos Aires y mientras caminaba hacia un kiosco con tres allegados fue interceptado una persona armada que apareció en bicicleta. Suponen que con fines de robo.

De acuerdo al parte al parte policial, al momento de ser sorprendido, Leguizamón identificó como policía y se inició un intercambio de disparos, cuya secuencia aún no está clara. Tampoco se sabe si el hombre de la bicicleta estaba acompañado. Sospechan que pudo haber un cómplice.

El hombre cayó al suelo herido por la bala del arma reglamentaria de Leguizamón y murió en el lugar. Fue identificado como Josías Gabriel Suárez, de 30 años, quien tenía un pedido de captura desde 2016 por robo agravado.

El agente recibió un disparo en la zona de la ingle. Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron al Comando de Patrullas de José C. Paz, que acudió al lugar junto con una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los paramédicos constataron que Leguizamón aún presentaba signos vitales y lo trasladaron de urgencia al Hospital Mercante. El policía falleció poco después de su ingreso mientras era intervenido quirúrgicamente.

Una situación insólita fue descubierta durante un allanamiento realizado en la Comisaría Tercera de la localidad bonaerense de Florencio Varela, luego de que el personal de la Delegación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense descubrieran a un preso mientras tomaba mates con el comisario a cargo de la departamental. Ambos se conocían previamente, debido a que el detenido se trata de un agente que antes cumplía funciones en el lugar.

El hecho ocurrió a finales de enero, después de que se ordenara un allanamiento en la seccional que era investigada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación que está a cargo de la Fiscalía N° 2 de Florencio Varela se inició producto de una denuncia anónima que habría aportado detalles sobre lo que ocurría en el establecimiento.

De esta manera, los agentes de Asuntos Internos realizaron un operativo en la comisaría y encontraron que uno de los presos se encontraba fuera de su celda, mientras tomaba mates con el comisario en su oficina. El detenido se trataría de un policía detenido por un caso de gatillo fácil que, aparentemente, habría sido privilegiado por las autoridades de la departamental.

Según la información publicada por Infosur, el agente fue identificado como Marcos Rosseti, quien fue imputado por el ataque a Ruth Cabral, una mujer de 31 años que resultó herida tras recibir un disparo de escopeta durante una trifulca vecinal en la que no estaba involucrada. El oficial fue acusado de haber disparado en contra de la víctima, por lo que determinaron que quede preso.

No obstante, el dato llamativo es que Rosseti quedó detenido en la misma comisaría en la que brindaba servicios antes de que ocurriera el incidente. Por este motivo, la denuncia habría planteado que el imputado nunca habría cumplido con la detención como tal, ya que nunca habría sido alojado en una celda y habría rondado por la seccional como si nada hubiera ocurrido.

A raíz de esto, los investigadores sospecharían de un posible caso de encubrimiento dentro de la fuerza. Mientras que la Fiscalía avanzará en la investigación para determinar quiénes facilitaron su permanencia fuera de la celda y qué sanciones podrían enfrentar los responsables, el policía detenido fue trasladado hacia la Alcaidía de Florencio Varela el pasado 1 de febrero.

El caso de Ruth Cabral que derivó en la detención del policía

Según reconstruyeron los investigadores, el hecho ocurrió en noviembre de 2024 en la intersección de Laguna Iberá y El Chocón, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad inició disturbios que escalaron hasta involucrar a más de 30 personas arrojando piedras y objetos contundentes. La situación requirió la intervención de varias comisarías para contener el conflicto.

Si bien el foco del disturbio se disipó con la detención del responsable inicial, el momento crítico se produjo al retirarse la policía. Testigos indicaron que hubo un altercado entre Rosseti y Cabra, debido a que la mujer habría intentado tomar el cañón de la escopeta del agente, provocando un disparo accidental que impactó en el pecho de la víctima.

No obstante, la gravedad de las heridas en el pecho de la víctima y otras declaraciones en la causa generaron dudas sobre esta versión, lo que llevó a la imputación de Rosseti. Asimismo, la mujer fue internada en estado crítico en el Hospital Mi Pueblo, ubicado en la zona de Villa Vatteone.

A raíz de esto, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías N° 6 ordenaron la detención e imputación del agente por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de la fuerza policial en grado de tentativa”. Pese a que el defensor de Rosseti había intentado que la carátula tuviera una morigeración y pasara a ser por “lesiones culposas”, el juez señaló que existían las pruebas y los testimonios para sostener la acusación por lesiones agravadas.

Un comisario de Banfield fue apartado de su cargo y pasado a disponibilidad luego de ser imputado por maltrato, hostigamiento y amenazas contra el personal a su cargo. En el marco de esta causa, la Justicia ordenó que se allane la dependencia policial.

El agente fue identificado bajo las siglas D.F., quien cumple funciones en el Destacamento Banfield Oeste, ubicado en la calle Larroque al 1100. Esta no es el único expediente en su contra, puesto que es investigado por presunta defraudación de caudales públicos, por irregularidades con las horas extras de su personal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Conurbano, la investigación por maltrato, hostigamiento y amenazas comenzó luego de que llegaran una serie de correos electrónicos en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°8 de Lomas de Zamora. Esta dependencia está especializada en violencia institucional.

A su vez, los mismos mails fueron enviados al área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en los que se denunciaba a D.F. por la violencia que ejercía sobre el personal.

En consecuencia, se inició una investigación, a cargo de los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno, junto a Asuntos Internos. Una vez que recolectaron todas las pruebas y obtuvieron la orden de allanamiento, se llevó adelante el procedimiento en la dependencia policial.

En este contexto, se notificó al comisario sobre la imputación y que quedará en disponibilidad. De igual forma, la Justicia no dispuso su detención.

Durante el operativo, se secuestró documentación relacionada con la causa por las horas extras, expediente que comenzó gracias a otras denuncias anónimas presentadas.

“Faltan algunos testimonios para seguir acreditando las diversas denuncias que se hicieron en forma anónima”, aclararon al portal local.

En octubre del año pasado, detuvieron a seis policías de La Plata por un robo millonario cuando fingieron realizar un allanamiento por juego clandestino.

Según pudo saber Infobae, seis uniformados acudieron al lugar el 14 de septiembre tras simular un llamado anónimo al 911, en el que informaban sobre un supuesto altercado.

La denuncia señala que los seis uniformados ingresaron ilegalmente al lugar, manipulando armas de fuego y simulando actuar bajo un supuesto de gravedad y urgencia que justificaría un allanamiento sin orden judicial. En línea con el documento, redujeron a un grupo de entre veinticinco y treinta personas que participaban en actividades recreativas, como “picky voley” y juegos de azar, mediante amenazas, abuso de autoridad y al menos dos disparos intimidatorios con escopeta.

Tras reducir a los presentes y dividirse las tareas de vigilancia e intimidación, los uniformados se apropiaron ilegalmente de una suma de al menos 6 millones de pesos, 6.700 dólares estadounidenses y 3 millones de guaraníes. Además, sustrajeron diversos objetos personales, como cadenas, anillos, bolsos, vestimenta, relojes y celulares. También se llevaron las llaves de los vehículos y viviendas de las víctimas, con el fin de ingresar posteriormente a sus domicilios para robar.

Según la denuncia, tres de los agentes aprovecharon su jerarquía como titular de Comisaría, jefe de Judiciales y jefe del Servicio Externo para encerrar durante tres horas a diez de las víctimas en la seccional, con el objetivo de justificar su accionar. Además, registraron una declaración testimonial falsa en su contra y alegaron que actuaban bajo orden del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11 de La Plata, aunque esa disposición nunca existió.

El parte policial señalaba que los oficiales intervinieron tras detectar a un grupo de diez personas participando en “prácticas de juego de dados clandestino”. La causa contra los seis uniformados detenidos incluye testimonios de las víctimas y videos que evidencian las irregularidades del procedimiento.

Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires investigó el caso y ordenó la expulsión de los oficiales, según las fuentes consultadas. Mientras tanto, la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en la Comisaría Tercera para requisar el casillero de uno de los agentes implicados, aunque no encontraron pruebas relevantes. En simultáneo, los acusados fueron detenidos en sus domicilios.

Madrid, 18 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que las expresiones “comisario (europeo)” y “eurocomisario”, que designan un cargo en la Administración europea, se escriben con minúscula.

Sin embargo, se ven noticias en la prensa en las que aparecen citadas inadecuadamente: “Ha avisado al Comisario de Pesca de que se despiezaron barcos por decisión europea”, “Se pretendía impulsar la paridad entre el equipo de los Eurocomisarios” o “Quieren impedir su nombramiento como Comisaria Europea”.

Para aludir a cada una de las personas responsables de distintas áreas dentro de la Comisión Europea, se utiliza el término “comisario”, que, como el resto de los cargos, se escribe con minúscula, bien se emplee en referencia a una persona concreta que ejerce ese trabajo, bien de forma genérica. Al adjetivo que lo acompaña le corresponde, del mismo modo, la minúscula: “comisario europeo”. Por otro lado, una alternativa válida es “eurocomisario”, sustantivo formado con el prefijo “euro-”, que alude a lo ‘europeo’ o a lo ‘perteneciente o relativo a la Unión Europea’. Lo indicado es que se escriba, igualmente, con minúscula.

Se recuerda que, en cambio, las denominaciones de las instituciones, los departamentos y las divisiones administrativas llevan mayúscula: “comisario de Pesca”.

Por ello, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Ha avisado al comisario de Pesca de que se despiezaron barcos por decisión europea”, “Se pretendía impulsar la paridad entre el equipo de los eurocomisarios” y “Quieren impedir su nombramiento como comisaria europea”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

Lo esencial: Rodolfo Gabriel Mendoza, un alto mando de la policía de San Javier, Santa Fe, fue condenado por acoso sexual a tres subalternas, según confirmaron fuentes judiciales. La sentencia, ratificada por el juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, Fabio Mudry, incluye una sanción de 15 días de arresto y una multa de más de un millón de pesos. Además, Mendoza deberá asistir a un curso de prevención de violencia de género. Durante el juicio, testimonios indicaron que el acusado realizaba comentarios sexualizados y tocaba los rostros y cabellos de sus víctimas en la Jefatura de Policía, aprovechando su posición de autoridad.

Rodolfo Gabriel Mendoza, un comisario de la ciudad de San Javier en la provincia de Santa Fe, fue condenado por acoso sexual a tres subalternas. Los hechos ocurrieron en 2022.

La sentencia, confirmada en segunda instancia, incluye 15 días de arresto, una multa de 1.094.366,25 pesos y la obligación de asistir a un curso sobre prevención de violencia contra las mujeres.

El caso fue revisado por el juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, Fabio Mudry, quien ratificó el fallo inicial de un juicio contravencional, en el que Mendoza fue hallado culpable de acoso sexual agravado por su condición de funcionario público.

Según informó el portal Rosario3, el fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la causa, subrayó la importancia de la sentencia, destacando la dificultad de investigar y sancionar este tipo de violencia de género dentro de las estructuras policiales.

Durante el juicio, se presentaron testimonios que describieron cómo Mendoza acosaba a sus subalternas en la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XIV. Los relatos indicaron que el acusado tocaba los rostros y cabellos de las mujeres, además de hacer comentarios sexualizados sobre sus cuerpos y uniformes. Dos de las víctimas eran nuevas en la fuerza, mientras que la tercera había sido trasladada recientemente desde otra región de la provincia.

El camarista Mudry, al confirmar la sentencia, incorporó análisis sociológicos y antropológicos que abordaron la violencia sexual en las fuerzas de seguridad y el silencio impuesto por el miedo en estos entornos. Este enfoque busca visibilizar y combatir la cultura de impunidad que a menudo rodea estos casos.

En julio, una serie de oficiales de la Policía de Córdoba fueron detenidos por abuso sexual agravado y violencia intrafamiliar. Todos son casos separados. El primer detenido es un sargento ayudante acusado de abuso sexual contra una compañera de trabajo durante su turno laboral. La víctima, empleada en el área de limpieza de la misma dependencia, denunció que el acusado la amenazó con un arma para llevar a cabo el ataque.

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, bajo la dirección del fiscal Juan Ávila Echenique, asumió la investigación del caso. Como medida inicial, además de ordenar la detención del sargento ayudante involucrado, la fiscalía dispuso la entrega de un botón antipánico a la denunciante.

Horas después, se ordenó la detención de un suboficial con rango de agente, asignado a tareas no operativas, por un caso de violencia familiar denunciado en diciembre del año anterior. La Fiscalía, a inicios de julio, emitió la orden de captura siete meses después del inicio del proceso. Por ello, el agente fue trasladado a la sede judicial responsable de investigar su posible implicación en el hecho, mientras el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad resolvió su pase a situación pasiva hasta la conclusión del caso.

En otro episodio, un sargento perteneciente a la comisaría de Monte Cristo fue denunciado por agredir sexualmente a una mujer. Ante esta acusación, Echenique, emitió una orden de detención el martes, lo que llevó a las autoridades a concretar el arresto del acusado ese mismo día.

La Policía de Córdoba enfrenta un escándalo por la detención de un comisario en Traslasierra. El hombre fue arrestado en Arroyo de los Patos, y estaba a cargo de una Patrulla Rural de la zona, según fuentes judiciales. Se lo acusa de estafa, peculado y coacción.

El detenido estaría vínculado con el caso de un cabo que había sido aprehendido el lunes, y al que se lo acusó del delito de coacción. ¿Por qué? Por presuntamente vender una motocicleta de uso oficial a un particular en la localidad de San Lorenzo.

Ahora, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Gallaratto, ordenó la detención del mencionado comisario, su traslado a la sede policial y el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa. El oficial fue puesto en situación pasiva mientras continúa la investigación.

El caso se originó cuando, durante un control vehicular, un ciudadano declaró haber comprado una motocicleta a un cabo de la policía. Ante esta información, el cabo habría amenazado al comprador. La motocicleta, anteriormente, había sido entregada por la Justicia federal a la delegación de Villa Dolores de la extinta división Drogas Peligrosas, según consignó Eldoce.

Detuvieron a dos policías de Formosa en Paraguay, sospechados de perseguir al intendente de Las Lomitas

Dos policías de la provincia de Formosa fueron arrestados este sábado en Asunción, Paraguay, tras una denuncia del intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien aseguró que tanto él como su hijo fueron “perseguidos e intimidados” por estos agentes.

Según la denuncia, Basualdo y su hijo estaban en la capital paraguaya alrededor de las 14:30 cuando notaron que dos policías en motocicletas los seguían y observaban de cerca. Al alertar a la fuerza de seguridad local, las autoridades paraguayas procedieron a detener a los agentes y a decomisar las motocicletas, que pertenecían al Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa.

Los detenidos fueron identificados como Brian Matías Sebastián Genes, de 24 años, y Alejandro Cesilio Portillo, de 28 años. Ambos confirmaron ser personal de la Policía de Formosa y presentaron sus credenciales. Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, un municipio de Formosa ubicado a aproximadamente 300 kilómetros de Asunción, explicó que estaba en la capital paraguaya por asuntos personales y señaló que los policías formoseños llevaban armas de fuego y vestían de civil, lo cual les generó a él y a su familia una “sensación de amenaza e inseguridad”.

Basualdo registró parte de esta persecución en videos, que luego compartió en redes sociales y medios locales. En estas grabaciones, se puede ver a los agentes y las motocicletas con placas oficiales de Formosa. “Mi hijo y yo nos vimos obligados a buscar ayuda porque sentimos que nuestras vidas estaban en peligro”, relató el intendente.

El intendente también añadió que, como figura pública de la oposición en Formosa, ya había sido objeto de varios ataques políticos en el pasado y expresó su preocupación de que esta situación pudiera ser una escalada en la persecución hacia él y otros opositores. “Nos refugiamos en un restaurante hasta que llegó la policía de Asunción”, afirmó.

Como resultado de la denuncia y los videos entregados en la Comisaría 10 de Asunción, la Policía de Paraguay procedió a detener a los agentes y a incautar las motocicletas para investigar. Las autoridades paraguayas iniciaron un proceso judicial con el objetivo de aclarar los motivos que llevaron a los policías formoseños a actuar fuera de su jurisdicción y sin notificar previamente a las fuerzas de seguridad locales.

Agentes del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en los últimos días a un comisario de la Policía de Tucumán, acusado de haber participado en un secuestro extorsivo en la capital de esa provincia en complicidad con otros dos efectivos que ya habían sido arrestados previamente.

El comisario sospechado fue identificado como G.E.M., de 49 años, según pudo saber Infobae. El hecho por el que se lo investiga sucedió la medianoche del 23 de febrero pasado, cuando la víctima, identificada como L.G., fue secuestrada en su domicilio en el barrio “El Portal del Parque”, de San Miguel de Tucumán.

Según las denuncias y declaraciones recabadas por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, todo comenzó cuando un hombre que se hacía llamar “Rafael” se contactó a través de WhatsApp con L.G. con el pretexto de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000 pesos. Ambos acordaron reunirse en la vivienda de la víctima, adonde los secuestradores llegaron en un automóvil Renault Megane gris.

De acuerdo a las fuentes, al verse las caras, “Rafael” entregó $20.000 a L.G. y lo convenció de que el resto del dinero estaba en el vehículo estacionado en la calle. Sin sospechar el engaño, la víctima salió de su casa para tomar el supuesto saldo, momento en el cual fue reducido por varios hombres armados que lo forzaron a ingresar al coche, privándolo de su libertad.

Durante el secuestro, los delincuentes se comunicaron con el hermano de L.G. para indicarle que su familiar sería llevado a la Sede de la Jefatura de Zona III de la Policía de Tucumán y para proporcionarle un número telefónico con el fin de negociar el rescate. Poco después, fue la madre de la víctima quien se contactó con los secuestradores y logró la liberación de su hijo luego de pagar $250.000.

Posteriormente, la Fiscalía Federal ordenó una serie de allanamientos que resultaron en la detención de dos policías de la provincia. Sin embargo, aún quedaba por identificar a uno de los involucrados clave.

La PFA intervino en la investigación y llegó a un sospechoso: G.E.M., conocido en su entorno como “Guillermina”. Según la acusación, era el encargado de las negociaciones para la liberación de la víctima. A partir de las pruebas recabadas, el juez José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó un allanamiento en el domicilio del comisario, que había sido vigilado por los investigadores en el Barrio Policial IV de San Miguel de Tucumán. Así, G.E.M. quedó detenido.

En el procedimiento, además, los agentes federales incautaron varios elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, chips, agendas, cámaras, dispositivos de almacenamiento digital, armas y municiones de diversos calibres.

El caso se suma a otro reciente en fuerza policial tucumana. En otro expediente judicial, la misma Fiscalía Federal N°2 de Tucumán encabezada por Chit solicitó la elevación a juicio de cinco ex policías provinciales acusados de haber secuestrado a un hombre en febrero de 2022 y exigir un rescate de 200 mil pesos y un vehículo.

En ese hecho, la víctima fue mantenida en cautiverio durante cinco horas, mientras los secuestradores, vestidos con uniformes policiales, simulaban realizar un allanamiento en su domicilio, ubicado en la localidad de Arroyo Mixta. El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que los delincuentes, tras obtener el rescate, pasearon a la víctima por distintos puntos de la ciudad antes de liberarla. Además del dinero y el auto, los imputados se apropiaron de otras pertenencias como armas y una motocicleta.

Por lo ocurrido fueron acusados el ex cabo Ricardo Julio Rodríguez -quien al momento del secuestro, ocurrido el 18 de febrero de 2022, prestaba servicios en la Comisaría de Tafí Viejo-, el ex cabo primero Martín Darío Romano -asignado a la Comisaría Seccional Trece de la Unidad Regional Norte (URN)-, el ex sargento ayudante José Antonio Gallo, el ex agente Eduardo Germán Agüero -quien ya había sido exonerado de la fuerza- y José Benito Villa, quien trabajaba en la Jefatura Zona II de la URN.

Enfrentan cargos por los delitos de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Además, la fiscalía informó sobre la búsqueda de un sexto involucrado, quien permanece prófugo.

Durante una indagatoria que duró más de cinco horas, el comisario Walter Maciel brindó el minuto a minuto de lo que ocurrió el pasado 13 de junio, el día que desapareció Loan Danilo Peña. Luego de que fuera detenido e imputado por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas, el sospechoso aseguró que había sido detenido injustamente. “Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras”, manifestó. A su vez, habló del vínculo que tenía con los involucrados y denunció haber sido torturado en el penal.

En medio de la indagatoria que comandó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, el sospechoso respondió más de 50 preguntas que contribuyeron a reconstruir lo que ocurrió -desde su punto de vista- durante la búsqueda en el monte del Paraje Algarrobal. El hombre planteó que hubo ciertas actitudes extrañas por parte de los familiares y dirigió sus sospechas en contra los tíos detenidos del menor, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

De acuerdo con el relato que presentó, el jefe de la Comisaría de 9 de Julio enfatizó en sus acusaciones contra la tía de Loan, ya que consideró que le mintió “desde el día uno”. En este sentido, el hombre remarcó que le pareció “extraño” el tiempo que se demoraron en hacer la denuncia a la policía y que las excusas que le dio Laudelina activaron sus alarmas.

“Me puso una excusa de la señal o el crédito”, recordó Maciel al destacar que el pequeño se había perdido cerca de las 14:30 horas, pero que se enteró entre las 16:00 y las 16:05 horas a través de una llamada que recibió en su teléfono personal de la ex empleada municipal y detenida en la causa, María Victoria Caillava. Media hora más tarde, llegó al lugar en compañía de los agentes Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres, según la declaración a la que accedió Diario Época.

Para reforzar su duda sobre los presuntos problemas de comunicación que tenían para notificar la desaparición, Maciel acusó: “Hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece. ¿Cómo es que hablan con todo el mundo, menos con la policía? Resulta que no tenían señal para hablar con la policía”. Incluso, señaló que existió una llamada de aproximadamente diez minutos entre Laudelina y Benítez, quien se había retirado en moto del campo sin remera y sudado cuando arribó el móvil policial.

Sin embargo, el ex oficial no solo se enfocó en cómo actuaron los tíos de Loan, puesto que también marcó una diferencia entre las reacciones que tuvieron sus padres, José Peña y María Noguera. Bajo su punto de vista, la madre del pequeño estaba notablemente afectada: no pudo evitar llorar al ser consultada sobre lo que había pasado. No así como el padre. Según indicó, creyó que podría haber estado bajo los efectos del alcohol. “Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: ‘Ya va a salir’”, rememoró.

La actitud de la abuela Catalina Peña también le llamó la atención, debido a que destacó que parecía solamente confiar en él. “Catalina dudaba hasta del padre”, apuntó al agregar que “ella confiaba en mí, solamente quería hablar conmigo”. Además, recordó que había varias versiones extrañas sobre el entorno familiar, ya que una de ellas aseguraba que había una interna y la otra acerca de un presunto romance entre la mamá de Loan y Benítez.

Maciel aseguró que era inocente y denunció haber sido torturado

“¿Por qué entré yo como encubridor acá?”, cuestionó quien era el jefe de la Comisaría de 9 de Julio, cuya detención había sido pedida al sospecharse de que habría sido el responsable de plantar el botín del pequeño, aparentemente, con la intención de desviar la investigación. Mientras que reconoció que habría encontrado el calzado con la ayuda del policía retirado Francisco Méndez, el acusado apuntó contra la tía del menor porque demostró estar muy segura de que pertenecía a su sobrino, en línea con sus declaraciones.

Acerca del momento en el que encontraron el botín, el comisario reconoció que Méndez le había mostrado el interior del monte y fue ahí que dieron con las huellas que parecían ser de una persona. Segundos más tarde, señaló que Laudelina había llegado acompañada de otras dos o tres mujeres. “Llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas”, describió al sumar que le había preguntado de forma alterada en dónde se encontraba la zapatilla.

“La causa me superó”, admitió el jefe policial al relatar que de un momento a otro, las mujeres se habían metido en el barro para sacar el botín. “Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordeno que lo deje”, contó al mencionar que también tuvo que pedirles que dejaran de sacar fotos en la zona. Asimismo, se quejó porque era “el único funcionario que estaba en ese momento”, al indicar que el fiscal no se había presentado y debían transmitirle las novedades por teléfono.

De la misma manera, apuntó contra el primer fiscal de la causa al relatar que le había rechazado un pedido de detención en contra de Laudelina. “Él me dice que no la iba a detener, porque era su testigo”, citó la respuesta que le dio el funcionario al interpretar que “el fiscal consideró que le quise atribuir el hallazgo del botín y obstruir la justicia”. Frente a esto, ratificó que su rol consistió en recolectar la evidencia para la investigación.

“Para el fiscal, el comisario era encubridor pero, ahora, peor porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto”, denunció Maciel al reconocer que tenía miedo de que lo maten en la cárcel. “Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días”, sentenció pese a que no trascendieron los detalles del presunto ataque.

Las supuestas conexiones que tendría el comisario con los involucrados

A lo largo de la investigación, las autoridades sospecharon que el ex jefe policial habría tenido un rol importante en la desaparición de Loan. En paralelo, este fue acusado de presuntamente tener relaciones con varios de los detenidos e involucrados en la causa, entre ellos, el capitán de navío retirado Carlos Pérez, la ex funcionaria municipal, María Victoria Caillava, y el ex abogado defensor de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, quien fue señalado por supuestamente haber creado la historia del accidente.

En cuanto al matrimonio, la jueza quiso corroborar si los había autorizado a viajar a la capital correntina durante las primeras horas de la búsqueda, algo que negó, más aún contó que les había dicho que si lo necesitaban que “hagan sus cosas porque había una sola prioridad: encontrar al nene”. Además, confesó que sospechaba de todos los que estuvieron en el almuerzo, incluso, de la pareja por haberle pedido una consigna policial por miedo a que planten pruebas en su contra.

Si bien desmintió haber tenido una relación de amistad con Caillava y Pérez, admitió que conoció al marino retirado durante un acto protocolar. De la misma forma, confirmó que conocía a Codazzi porque trabajaba en la jurisdicción, pero sostuvo que nunca lo había sugerido para que asuma la defensa de Benítez.

El ministro de Seguridad de Corrientes se pronunció sobre el caso Loan

A una semana de que Alfredo Vallejos asumiera la titularidad del Ministerio de Seguridad de Corrientes, tras el desplazamiento de Buenaventura Duarte por pedido del gobernador Gustavo Valdés, el funcionario público aseguró que desde el gobierno provincial están siendo “muy cuidadosos” desde que la jueza federal apartó a la Policía de Corrientes.

“Cuando asumo me encuentro con una instrucción por parte del gobernador que la prioridad es colaborar con la Justicia federal”, señaló el ministro durante una conferencia de prensa. “Nosotros estamos atentos a la investigación y a encontrar a Loan con vida”, remarcó al denunciar que había sectores políticos que intentarían aprovecharse de la situación para mejorar su imagen ante la ciudadanía.

Tal como estaba previsto en la agenda de la jueza federal, Cristina Pozzer Penzo, este viernes el ex comisario Walter Maciel se presentó a declarar en el Juzgado Federal de Goya sobre su presunta participación y/o detalles que pudiera aportar a la búsqueda de Loan Danilo Peña. Durante una extensa indagatoria que duró aproximadamente ocho horas, el acusado apuntó contra dos de los detenidos: Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Desde que la magistrada comenzó a entrevistar a los acusados, ya tomó la declaración de los tíos del niño de 5 años —Laudelina y Antonio—, Daniel “Fierrito” Ramírez, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y la ex empleada municipal Mónica Caillava. El viernes fue el turno del ex jefe de la Comisaría de 9 de Julio, que se convirtió en el primero en brindar su testimonio de forma presencial. Según supo Infobae, el sospechoso arribó al lugar cerca del mediodía, alrededor de las 13.05, y comenzó a dar su versión de los hechos a las 16.

Luego de que las autoridades ordenaran su detención por presunto encubrimiento y se incrementaran las sospechas sobre el rol que habría tenido en la desaparición del menor, Maciel quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 de Chaco. No fue bien recibido por los ciudadanos una vez que regresó al territorio correntino, puesto que un grupo de manifestantes lo esperó en la puerta del Juzgado y terminaron por enfrentarse a la Policía al exigir respuestas.

El ex integrante de la Policía de Corrientes se presentó con actitud colaborativa frente a la jueza, ya que estuvo dispuesto a responder más de 50 preguntas. A pesar de esto, su declaración no brindó nuevos detalles a la causa. De acuerdo a la información obtenida por Diario Época, el detenido se enfocó en negar su participación en el caso Actualmente, se encuentra imputado por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas.

Uno de los momentos claves de la audiencia ocurrió cuando el ex jefe policial acusó a Laudelina Peña y a Antonio Benítez de ser los presuntos responsables de la desaparición de Loan. Aunque no trascendieron los detalles y/o argumentos con los que el acusado fundamentaría su acusación, cerca de las 21 horas la jueza aprobó la realización de un careo entre el matrimonio. La medida fue solicitada por la defensa de Benítez, con el fin de aclarar algunos datos que no coincidieron en sus declaraciones.

Por otro lado, el comisario de 9 de Julio aseguró que no estuvo involucrado en la investigación por la desaparición de Loan al señalar que las tareas estuvieron en manos del primer fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, y Roque “Niqui” Báez, quien hasta el viernes se desempeñaba como comisario mayor de la Policía de Corrientes. Según su relato, Castillo fue el responsable de caratular el caso como “abandono de persona” y de detener a Laudelina. Asimismo, aseguró que no habría hecho nada solo —en referencia a la alteración de los datos del libro de guardia—.

De esta manera, la indagatoria de Maciel finalizó cerca de la medianoche y fue trasladado con el acompañamiento de una fuerte custodia policial hacia el penal de Chaco. Pese a la extensa duración de la jornada, los manifestantes aún se encontraban en las inmediaciones y lo despidieron a piedrazos.

Mónica del Carmen Millapi, la esposa de “Fierrito” Ramírez y quien fue señalada por haber participado de la caminata hacia el naranjal, se sumó a los implicados que apuntaron contra Laudelina. La mujer también fue convocada por la jueza el viernes, a quien le indicó varias actitudes extrañas que habría tenido la tía del menor durante el almuerzo.

“Yo estaba sentada. Al rato, cinco minutos más o menos, Laudelina dijo ‘vamos a buscar naranjas’. Me pareció extraño porque a ella no le gusta andar por el monte, no le gusta caminar y andar”, recordó la detenida al asegurar que la idea de recolectar naranjas habría sido de Peña. Sin embargo, se desligó como partícipe o testigo de la desaparición.

Al igual que el resto de los acusados, sobre Millapi cae una imputación por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años. Incluso, Laudelina apuntó contra ella al plantear que podría haber sido una de las personas que se habría llevado a Loan. Esa declaración motivó que su indagatoria se adelantara, puesto que originalmente estaba prevista para el próximo lunes.

Cuando fue consultada por Pozzer Penzo sobre qué ocurrió en el trayecto de la casa hacia el naranjo, la acusada señaló que se había distraído por un llamado que recibió su esposo. Según contó, se trataba de su hermana y después de que cortara la comunicación le notificaron que el pequeño ya no se encontraba con el grupo.

Después de brindar un relato en orden cronológico, Millapi sembró más sospechas en torno al rol de Laudelina. En este sentido, contó que le había recomendado llamar a la Policía, pero que la mujer fue interrumpida por una llamada. “Ella dijo que era Victoria (Caillava). No se escuchaba lo que decía y no reconocí la voz. A mí me parecía extraño porque se alejaba para hablar”, describió al confirmar que conocía a la ex funcionaria, pero que nunca habían entablado una conversación.

El otro episodio que aseguró que le llamó la atención ocurrió horas más tarde, es decir, durante la madrugada del 14 de junio, cuando cerca de las 3 de la mañana el comisario había informado que Loan había aparecido. “Laudelina decía que era mentira, que ella estaba hablando con Camila (Núñez) y que le dijeron que no”, relató al indicar que la última vez que habló con la tía del niño fue media hora después, debido a que se había comunicado con ella para informar que era una noticia falsa.

Luego de que el matrimonio de María Victoria Caillava y el marino retirado Carlos Pérez fueran indagados por la Justicia sobre qué ocurrió con Loan Danilo Peña, comenzó a declarar en el mediodía del viernes el comisario Walter Maciel, sobre quien recae una imputación por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas. Preso en la Unidad N°7 de Chaco, ingresó al Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo pasadas las 13.

Por el momento, los investigadores apuntan que “habría asumido un rol relevante”, pero la verdadera injerencia que habría tenido en el caso aún es un misterio.

El ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio se convirtió en un personaje de interés para los investigadores luego de una serie de irregularidades que se detectaron en el comienzo de la investigación que, en un principio, estaba en manos de las autoridades provinciales. Uno de los detalles que alarmaron a los funcionarios federales se trató de su aparición en el Paraje Algarrobal, zona en la que el menor de 5 años fue visto por última vez.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Infobae, la denuncia por la desaparición de Loan se realizó el 13 de junio a las 16:15 horas. El aviso había sido derivado a un policía apellidado Duarte, sin embargo, fue Maciel el que se presentó en el lugar junto a otros cuatro agentes. Al menos esa era la versión oficial que se había instalado, ya que fue cuestión de tiempo para que se descubriera que los horarios de las llamadas habían sido alterados.

En realidad, la conversación habría ocurrido a las 15:38 horas del fatídico día, pero el ex comisario había ordenado que ésta fuera modificada en el libro de guardia de la seccional. De esta manera, en el cuaderno figuraba un lapso entre las 14:35 y las 16:15 horas en el que se suponía que no hubo movimientos.

“‘Vos haces lo que te digo’. No sé lo que quería hacer... Me sentí presionado mal, porque no es de mí, yo sabía que estaba haciendo mal. Ese fue el único cambio que me hizo hacer”, declaró uno de los agentes correntinos que había sido indagado sobre lo ocurrido. No obstante, no se trataría de la única prueba que los investigadores utilizaron para solicitar la detención del mismo.

Otro de los misterios se esconde detrás del hallazgo del botín de Loan. En ese momento, el ex jefe policial se encontraba junto a Camila, Macarena y Laudelina Peña, primas y tía del menor, y una vecina de la zona llamada María Isabel González. “El comisario Maciel dijo: ‘Vamos a buscar la zapatilla’; y ahí me arremango, meto la mano en el barro y empiezo de donde salió para atrás”, declaró González al agregar que “Laudelina y la hija dan la vuelta y, antes de que yo llegue a la zapatilla; vino con un palo y levantó la zapatilla”.

En efecto, la Policía correntina asentó que fue Laudelina la responsable de haber encontrado el calzado enterrado en el barro. Incluso, fue ella misma quien pudo dar fe de que Loan lo llevaba puesto antes de esfumarse. Sin embargo, las sospechas sobre Maciel se dispararon por sus intentos de atribuirse el hallazgo.

“Yo lo encontré, que deje de hablar pavadas esa vieja”, aseguró el ex comisario que había sido enfrentado por el resto de los policías. De hecho, fue esta actitud lo que terminó por llevarlo detrás de las rejas por presunto encubrimiento.

Por otro lado, la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, apuntó contra el ex efectivo como uno de los presuntos responsables de la desaparición durante una entrevista con TN. “El comisario estaba en tema siempre, a medida que vayan avanzando las cosas lo van a ver”, adelantó al hacer referencia a las conexiones que tendría Maciel con otros involucrados en la causa.

La acusación surgió luego de que la defensora fuera consultada sobre la veracidad de la declaración que brindó la tía de Loan el lunes pasado. “Todo lo que ha dicho Laudelina no es embarrar la cancha, es algo que se debió poder decir la primera vez”, denunció Chirivin al recordar que la versión del accidente había sido falsada y plantada por pedido del ex abogado de Peña, José Fernández Codazzi, a quien señaló por tener contactos con el ex jefe policial.

“No sé si se dieron cuenta que ese abogado tenía relaciones, no quiero hablar de más, pero hasta el fiscal ordinario es amigo del comisario”, reclamó la letrada al hacer referencia a una presunta implicación y/o colaboración del primer investigador que estuvo al frente de la causa. Asimismo, remarcó que la mujer estaba imposibilitada de exponer “su verdad”, debido a que estaba bajo amenazas.

Chirivin señaló que “cuando estaba el doctor Codazzi -a cargo de la defensa- ella no podía hablar si no estaba el doctor al lado”, mientras que recordó que el abogado, el senador Diego Pellegrini, y el asesor del gobernador Rafael Miranda la habían amenazado para que contara el relato del accidente. Además, contó que le habían entregado 50 mil pesos como parte de pago, dinero que terminó por entregar a la Fiscalía antes de que fuera trasladada hacia el penal de Ezeiza.

“La credibilidad de los dichos en esta declaración van a estar acreditados por las pruebas que tienen los fiscales, por lo que va surgiendo”, confió la abogada al destacar que el testimonio de la vecina que estuvo presente en el hallazgo del botín había corroborado que Maciel estaba en el lugar junto a Francisco Amado Méndez, un policía retirado que fue sindicado por ser el informante del ex comisario por Laudelina.

Al ser cuestionada sobre la falta de indagatorias a Codazzi, a quien lo acusaron de amenazar a Laudelina y a su hija, Macarena, la abogada arremetió contra los investigadores al indicar que hace 15 días “el querellante -es decir, el abogado de la familia, Fernando Burlando- pidió que se llame a Codazzi y no se le hizo lugar”. Sin embargo, planteó la posibilidad de que este sea llamado en los próximos días a raíz de la declaración de la tía del menor. “Recién ahora que han escuchado a Laudelina entiendo que están cotejando los dichos”, evaluó.

Según El Destape, este viernes la Justicia ordenó la realización de otros siete allanamientos en la localidad de 9 de Julio que habrían sido motivados por las declaraciones de Caillava y Pérez. No obstante, la información sobre los domicilios de interés para la jueza Cristina Pozzer Penzo se mantienen bajo reserva, al igual que la información que la ex empleada municipal y el capitán de navío retirado ofrecieron a lo largo de la jornada.

Un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultó herido de bala tras enfrentarse a tres delincuentes que lo asaltaron mientras conducía su vehículo en Lanús Este, según informaron fuentes policiales el jueves.

El incidente tuvo lugar durante la noche del martes en el cruce de Coronel Maure y Villa de Luján. El oficial, identificado como Roberto Claudio Vargas, de 55 años, se encontraba fuera de servicio y vestido de civil cuando fue abordado por uno de los agresores bajo la apariencia de un problema de tráfico. Dos cómplices armados se unieron al asalto, despojándolo de sus pertenencias tras un forcejeo.

En respuesta, y según informó el portal Diario Conurbano, el comisario logró extraer su pistola reglamentaria y se enfrentó a tiros con los ladrones. A pesar de haber sido herido en el antebrazo izquierdo, Vargas consiguió llegar a su domicilio antes de ser trasladado a una clínica, donde recibió atención médica.

El fiscal Martín Darío Rodríguez de la Unidad Funcional N° 6 de Lanús está a cargo de la investigación, que incluye pericias realizadas por la Policía Científica en el lugar del incidente. La Policía local está llevando a cabo operativos para dar con el paradero de los sospechosos, sospechándose que al menos uno de ellos podría haber sido herido por el comisario durante el enfrentamiento.

Y en otro hecho de inseguridad donde un efectivo policial estuvo involucrado ocurrió a fines del mes pasado. En esa oportunidad, un agente de la Policía de la Ciudad mató a un motochorro que había intentado robarle a una pareja que esperaba el colectivo en Morón y como producto de la balacera, un segundo delincuente fue herido.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramón Lista y Manuel Rico, ubicadas en la localidad de Villa Sarmiento, cuando las víctimas fueron abordadas por los dos delincuentes. En paralelo, el efectivo se encontraba en la esquina, debido a que esperaba que llegara su novia.

Luego de que se diera cuenta de las intenciones de los ladrones, el policía dio la voz de alto y se identificó con la finalidad de que estos no cometieran el crimen. Sin embargo, solo fue una cuestión de segundos para que los agresores comenzaran a disparar en contra del agente, quien tomó su arma reglamentaria para defenderse del tiroteo.

De acuerdo con la información publicada por un medio local, el efectivo consiguió frenar la balacera después de que varios de los disparos que efectuó hirieran a los delincuentes. En consecuencia, ambos cayeron de la moto y decidieron darse a la fuga a pie.

Minutos después de que el hecho fuera denunciado a las autoridades, los responsables fueron ingresados al Hospital Posadas y según confirmó el personal médico, uno de ellos, identificado como Federico Jesús Miño, de 23 años, murió como consecuencia del balazo que se alojó en su cadera.

En el caso del segundo involucrado en el intento de robo, las autoridades confirmaron que se trataba de un joven de 19 años llamado Joaquín Nicolás Bertucci. El delincuente tenía una herida en la pierna izquierda y otra en la zona del tórax, por lo que tuvo que ser operado.

La causa será investigada por los funcionarios de la Fiscalía N°1 de Morón, que ordenaron la detención de Bertucci. Si bien el motochorro aún permanece hospitalizado y bajo estado reservado, le asignaron una custodia policial para evitar que este pudiera escaparse del nosocomio. Asimismo, las autoridades no tomaron ninguna medida en contra del agente de seguridad, por lo que seguirá en libertad.

Por otro lado, los investigadores solicitaron el arresto de otros sospechosos luego de que se confirmara que los delincuentes habían llegado al hospital acompañados de cuatro amigos. Todo el grupo fue privado de la libertad, aunque las autoridades plantearon la posibilidad de que a cada uno de ellos les correspondiera distintas responsabilidades respecto del hecho.

En principio, Alan Segovia (26) y Elián González (21) fueron puestos a disposición de la Justicia por presuntamente haber cometido el delito de encubrimiento, ya que ambos fueron reconocidos como las personas que trasladaron a los motochorros al hospital.

No obstante, la situación procesal de Jonathan Emanuel Rolón (31) y Jonathan Ezequiel Martínez (26) sería aún más complicada, debido a que las sospechas indican que ambos podrían formar parte de la misma banda de Miño y Bertucci. En línea con al reconstrucción de los hechos, estos tenían una actitud extraña y se cree que aguardaban al regreso de Segovia y González para escaparse después de asegurarse de que los heridos fueran atendidos.

En este sentido, las autoridades adelantaron que se buscará averiguar si los sospechosos poseían antecedentes penales. Incluso, se indagará sobre el origen de la camioneta Volkswagen Amarok y el automóvil Volkswagen Golf que les secuestraron al momento de ser detenidos, ya que se comprobó que la moto que utilizaban los delincuentes contaba con un pedido de secuestro activo porque había sido robada en la localidad bonaerense de San Martín.

¿Cómo llegaron los fiscales de Goya a esa conclusión? En palabras de los funcionarios del Ministerio Público de Corrientes, Maciel fue “uno de los funcionarios principales de la investigación”, desde el momento de la desaparición hasta el 21 de junio, cuando fue detenido. En ese rol, “alteró rastros y pruebas entorpeciendo el curso de la investigación”, detalla el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Durante los rastrillajes, el hallazgo de un botín en el barro dio esperanza de encontrar a Loan con vida. Un indicio de que caminaba por el monte. Pero resultó ser una pista falsa plantada por Maciel, según los fiscales. El ex comisario, además, simuló “que él mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña”, la tía de Loan, pareja de Bernardino Antonio Benítez, también imputado en la causa.

Aunque se confirmó que el botín pertenecía a Loan, un informe de subdirector de Defensa Civil determinó que “la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla”.

Al mismo tiempo, los fiscales destacaron en el dictamen que Maciel “liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese a que este ministerio público no había ordenado la medida”.

De esta manera, “atentó con el normal y eficaz funcionamiento de la administración de justicia y la búsqueda de Loan”.

El domingo 16 de junio, a tres días de la desaparición y cuando todavía lideraba a la policía local, Maciel salió de la comisaría ante el reclamo de un nutrido grupo de vecinos. Se paró frente a ellos y les dijo con la finalidad de tranquilizarlos: “Voy a dar comunicado oficial para todos ustedes, me acabo de comunicar con el fiscal, con el Ministro, y con mi compañero de trabajo, el director de la Unidad Regional 2, nos comprometemos a hacer un informe, luego de que se termine de hacer un dato fehaciente que estamos siguiendo”.

Y siguió: “Así que les pedimos por favor que nos esperen, que nos aguanten y el informe especial va a estar en las próximas horas”. El anuncio, que fue registrado por C5N y otros medios de la zona, causó expectativa, pero el supuesto informe ni la supuesta pista nunca llegó al escritorio de la fiscalía.

Además de Maciel, hay otros cinco involucrados en el supuesto rapto. Se trata de Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez, quienes quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años.

Los tres primero están apuntados como partícipes primarios. El matrimonio, como coautores materiales.

A lo largo de la jornada del jueves, Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se presentó en la dependencia situada en la calle Enrique Fernández 3535. El procedimiento fue ordenado por Martín Rodríguez, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús.

Cerca de las 20 horas, un escuadrón de efectivos irrumpieron en la seccional para ponerlos en conocimiento de las aprehensiones. Frente a esto, los agentes investigados no ofrecieron resistencia a la autoridad y se confirmó que el comisario Díaz fue apartado preventivamente de su cargo.

A pesar de que no trascendieron los motivos por los se abrió una causa en contra del titular de la comisaría y el resto de los agentes, el medio local Diario Conurbano planteó la posibilidad de que la investigación estuviera relacionada con la fuga de un preso considerado como peligroso de la seccional.

El prófugo identificado como Lucas Matías Javkin (37) se encontraba privado de la libertad por haber intentado asesinar a un familiar durante un robo. La fuga se concretó el domingo 3 de junio, cuando el reo debía aguardar esposado a un caño, debido a que iba a ser trasladado a otra dependencia por haberse enfrentado a otros internos.

Según las fuentes consultadas por Infobae, el detenido tenía una sola mano esposada y se encontraba por fuera del sector de los calabozos. En un momento, el oficial encargado de su custodia, se dirigió hacia otro sector y este aprovechó la situación para escaparse.

Aparentemente, el fugitivo logró quitarse las esposas y concluyó el escape por el fondo de la comisaría. Luego de que se diera aviso a la Justicia sobre lo ocurrido, la investigación fue asignada a Rodríguez, quien ordenó la búsqueda y captura inmediata de Javkin. Hasta ese momento, el investigador no había acusado formalmente a ninguno de los efectivos involucrados.

Sobre los antecedentes del prófugo, las autoridades informaron que este había sido arrestado el 10 de abril pasado por haberle disparado a un familiar al que le había querido robar dinero. En un primer momento, este se había dado a la fuga, pero el personal de la DDI de San Martín lo halló mientras se ocultaba en un domicilio de Villa Devoto.

El fiscal Rodríguez imputó al delincuente buscado por el delito de homicidio agravado por arma de fuego en tentativa, mientras un amigo del fugitivo fue detenido y acusado por encubrimiento por haber colaborado a que Javkin no fuera ubicado por la Justicia.

Previo a esto, el delincuente había estado alojado en otra dependencia, de la cual se había escapado el pasado 17 de mayo. A pesar de que no trascendieron detalles de cómo se concretó la primera fuga, se confirmó que las autoridades habían determinado que fuera enviado a la Comisaría 9° para evitar que pudiera evadir los cargos.

Por otro lado, el escape de un detenido por una causa de violencia de género motivó a que el comisario de la Comisaría 6° de Lanús fuera apartado de sus funciones. Además, fue apresada una oficial de servicio, que estaba a cargo de la custodia de los detenidos en el momento en el que el prófugo escapó. En este caso también intervino Rodríguez, quien fue el responsable de ordenar los pedidos de detención al Juzgado de Garantías N°1 con sede en Avellaneda.