Uno de los sospechosos de haber asesinado al comisario Diego Fernando P., quien fue baleado anoche en el partido de La Matanza por un grupo de cuatro delincuentes armados, fue detenido en las últimas horas.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que el detenido es un joven de 19 años que, al momento de su arresto, ya cumplía prisión domiciliaria y portaba tobillera electrónica.

Según pudo saber este medio, el joven -que habría participado del enfrentamiento armado que terminó con la vida del comisario, de 46 años- fue identificado luego de presentarse en el Hospital Paroissien con una herida de bala compatible con el hecho.

Además, el resto de los integrantes de la banda ya fueron identificados, aunque sus identidades no fueron reveladas. La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

El caso

El crimen ocurrió horas antes de la medianoche, cuando Diego Fernando fue asesinado en un intento de robo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se produjo en la intersección de Apipé entre Obigado y Zufriategui.

La víctima se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido. Al momento del ataque, estaba de franco de servicio y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos, según confirmó El Nacional de Matanza. Fue en la mencionada intersección cuando los cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Los testigos del hecho ocurrido cerca de las 20 del lunes indicaron que se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos.

El funcionario herido fue rápidamente asistido por vecinos y algunos transeúntes. Una ambulancia del sistema de emergencias local llegó al lugar y trasladó al comisario a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29, donde ingresó con vida pero en estado crítico.

De acuerdo al parte médico, DFP falleció minutos después de su ingreso, producto de las lesiones provocadas por los disparos recibidos en el tórax y el abdomen. El personal sanitario no logró revertir el cuadro pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores, que ya fueron identificados.

Horas antes de la medianoche de hoy, un comisario fue asesinado en un intento de robo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se produjo en la intersección de Apipé entre Obigado y Zufriategui, y las autoridades continúan buscando a los responsables.

La víctima, identificada por fuentes policiales como Diego Fernando P., de 46 años, se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido. Al momento del ataque, estaba de franco de servicio y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos, según confirmó El Nacional de Matanza. Fue en la mencionada intersección cuando cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Los testigos del hecho ocurrido cerca de las 20 del lunes indicaron que se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos.

El funcionario herido fue rápidamente asistido por vecinos y algunos transeúntes. Una ambulancia del sistema de emergencias local llegó al lugar y trasladó al comisario a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29, donde ingresó con vida pero en estado crítico.

De acuerdo al parte médico, DFP falleció minutos después de su ingreso, producto de las lesiones provocadas por los disparos recibidos en el tórax y el abdomen. El personal sanitario no logró revertir el cuadro pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores. Hasta el momento no hay detenidos. Las cámaras de seguridad públicas y privadas están siendo analizadas para identificar a los responsables. La fiscalía de turno intervino en el caso y ordenó las primeras diligencias, entre ellas la recolección de vainas servidas y el relevamiento de testigos.

Otro crimen policial en La Matanza

Un agente de la Policía Bonaerense fue asesinado en Isidro Casanova mientras realizaba tareas de custodia en las inmediaciones de una pollería ubicada sobre la Ruta 3, hace poco más de un mes. El hecho ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Mauro Fabián Molina, de 42 años, se encontraba trabajando para una empresa dedicada al transporte de caudales de comercios y empresas. Había llegado al lugar en una camioneta y permanecía en el interior del vehículo cuando, alrededor de las 11.40, fue sorprendido por al menos dos asaltantes armados que circulaban en una Volkswagen Amarok.

De acuerdo con fuentes judiciales, los atacantes aguardaron el momento en que el custodio recibía la recaudación del local. Cuando una empleada de la pollería se acercó para entregarle el dinero, los individuos interceptaron a Molina, lo obligaron a salir de la camioneta y lo derribaron. En ese instante, uno de los asaltantes le disparó en el pecho a corta distancia.

Las imágenes de los videos de seguridad muestran la secuencia completa: los agresores revisaron el cuerpo de Molina tendido en el suelo y le sustrajeron otras pertenencias antes de huir. El grupo de delincuentes escapó en la misma Amarok, que habían estacionado de manera estratégica para bloquear el paso del custodio. Luego abandonaron ese vehículo y continuaron la fuga a bordo de otro automóvil, que aguardaba en las cercanías.

El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida recibida. Molina formaba parte de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y tenía dos hijos adolescentes, de 15 y 13 años.

Tras el asesinato, la zona quedó bajo un fuerte operativo policial para intentar localizar a los responsables, quienes continúan prófugos. El caso es investigado por el fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Los investigadores consideran que el ataque fue planificado, ya que los asaltantes parecían conocer los movimientos del custodio.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Vicente Cordeyro, el ex titular de la Policía de Investigaciones que estuvo desaparecido por dos días, las autoridades de Salta se enfocaron en reconstruir cómo ocurrió la muerte del comisario retirado. Este domingo se conocieron los primeros resultados de la autopsia.

La autopsia, realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, contó con la presencia de un perito designado por la familia de Cordeyro. Según a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, mientras que el cadáver presentaba lesiones superficiales provocadas por el fuego. Por esto mismo, se ordenaron estudios complementarios, que serán claves para reconstruir los últimos minutos con vida del hombre.

En este contexto, las tareas investigativas continúan activas, con la intervención de distintas áreas especializadas del CIF. Los equipos interdisciplinarios prosiguen con el análisis de pruebas, entre ellas los restos del incendio, registros de cámaras de seguridad, el teléfono celular y otros elementos secuestrados.

De acuerdo con lo publicado por El Tribuno, el operativo de búsqueda se activó tras la denuncia de desaparición presentada el jueves 9 de octubre, cuando Cordeyro no regresó a su domicilio después de dejar a su hija en el colegio.

Su vehículo, un Volkswagen Surán gris, fue hallado estacionado en San Lorenzo, lo que motivó un despliegue que incluyó equipos de rescate, drones, perros rastreadores y apoyo aéreo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, las cámaras de seguridad registraron a Cordeyro ingresando solo a la localidad, estacionando frente a una iglesia y caminando hacia el sendero conocido como “la cola del cerro Elefante”, el mismo lugar donde fue hallado posteriormente. No se detectó la presencia de ningún otro vehículo siguiéndolo ni acompañantes en ningún momento.

El cuerpo fue localizado el sábado por la mañana en una zona que había sido afectada días antes por un incendio de pastizales. Las lesiones superficiales observadas en el cadáver se atribuyeron al contacto con el fuego.

Durante la jornada posterior al hallazgo, se realizó una reunión interdisciplinaria con la participación del coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, profesionales del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, con el objetivo de coordinar las tareas investigativas y analizar las circunstancias que rodean la muerte del comisario (RE).

Entre las medidas en desarrollo figuran los estudios de anatomía patológica para confirmar los hallazgos de la autopsia, el análisis del teléfono celular y la revisión de las últimas comunicaciones y ubicación GPS de la víctima. Hasta el momento, no se detectaron lesiones defensivas ni signos de lucha o forcejeo, lo que podría ser un indicador de que no hubo participación de terceros. De igual forma, todo es materia de investigación.

Actualmente, el caso se lleva a adelante, bajo el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que exige la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si en un primer momento parece tratarse de un suicidio o accidente. Este marco normativo implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la pesquisa hasta que se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Cordeyro es un comisario retirado de la Policía de Salta y se desempeñó como director de Investigaciones, además de ejercer la docencia universitaria. En los últimos meses, había manifestado públicamente su preocupación por el avance del narcotráfico y la inseguridad en la provincia.

Los restos del ex titular de la Policía de Investigaciones fueron encontrados en el cerro Elefante, tras dos días de búsqueda intensa. El operativo, que involucró a más de 135 efectivos de la Policía de Salta, equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y guías civiles, se desplegó en una extensa área de yungas, con apoyo de drones, patrullas y perros rastreadores.

El director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, informó que “a las 6.30 iniciamos la segunda jornada de rastrillaje con más de 135 policías divididos en grupos para cubrir mayor cantidad de terreno y con la colaboración de guías civiles para una búsqueda más ordenada”. Pasadas las 09:00 horas, los investigadores dieron con el paradero de Cordeyro.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la localización del comisario retirado se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como al rastreo de su teléfono móvil. Previo a que el caso terminara en un desenlace, el último rastro que se había obtenido lo situaba en el centro de la ciudad de San Lorenzo.

Tal como contaron los familiares del policía retirado, el jueves por la mañana había dejado a su hija de 17 años en el colegio y continuó su trayecto hasta la intersección de las calles Mitre y Güemes. En esa zona dejó estacionado su auto Volkswagen Surán gris y, según las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad, se lo vio caminar solo hacia el cerro.

Las fuentes consultadas subrayaron que el cerro Elefante no era un destino habitual para él, ya que, aunque practicaba fútbol, no solía realizar caminatas ni senderismo en esa zona, dato que fue corroborado por familiares directos ante la Policía. No obstante, las últimas imágenes con vida que se obtuvieron de él, lo mostraban con ropa deportiva y una mochila naranja.

Tras el hallazgo, Peloc confirmó: “Lamentablemente, tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”. Fue así que el cuerpo fue trasladado en helicóptero desde el cerro hasta la base de Aviación Civil, en la zona sur de la capital salteña, y posteriormente derivado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la Ciudad Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

El procedimiento de rescate se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno, cubierto de vegetación densa y con sectores de difícil acceso. Por este motivo, explicaron que los informes forenses demorarían un poco más en conocerse, aunque se estipula que las autoridades revelarían los resultados durante la mañana del domingo.

Durante la conferencia de prensa, los fiscales a cargo, entre ellos Pablo Rivero, evitaron descartar las hipótesis que habrían surgido hasta el momento. Otra fuente de la investigación insistió: “Estamos siguiendo todas las posibilidades; la idea es que se esclarezca la muerte”.

En este sentido, se espera que la autopsia permita delimitar el marco temporal del fallecimiento y establecer si existió o no intervención de terceros. No obstante, fuentes de la investigación precisaron que el cuerpo no presentaría impactos de bala ni heridas de arma blanca a simple vista.

De la misma manera, el área donde se halló el cuerpo permanece preservada y los peritajes continúan, especialmente en una zona de yungas cercana al sector donde se registró un incendio de pastizales el jueves pasado. Asimismo, las tareas investigativas seguirán con un nuevo barrido de cámaras en San Lorenzo y alrededores.

En relación con las versiones que vinculan el hecho a un posible ajuste de cuentas por el pasado de Cordeyro como investigador o por sus declaraciones públicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, los investigadores señalaron que el comisario se encontraba retirado y no había participado en operativos recientes contra organizaciones delictivas.

El cuerpo del comisario (retirado) de la Policía de Salta Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, fue hallado sin vida en el cerro Elefante de la localidad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la capital provincial.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae. Los investigadores encontraron el cadáver de Cordeyro este sábado cerca de las 9.30 y ahora buscarán saber qué pasó: en apariencia, el hombre podría haberse quitado la vida. Pero el hecho será investigado en principio como “muerte dudosa”.

Cordeyro había sido denunciado como desaparecido el último jueves. Más de 100 agentes de la policía local lo buscaban desde entonces en cerros y quebradas aledañas al cerro Elefante, donde Cordeyro había sido visto por última vez.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal penal 2 interino Ramiro Ramos Ossorio, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González, y el coordinador general de fiscales, Pablo Rivero.

La desaparición del comisario retirado fue reportada por sus familiares. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y desde entonces perdieron contacto.

Se sabía que Cordeyro estaba con su auto, un Volkswagen Surán gris. El auto fue encontrado estacionado frente a la iglesia de San Lorenzo, sin signos de violencia y sin pistas para dar con el hombre.

En paralelo a los rastrillajes, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona. De esta manera, reconstruyeron cuáles fueron los últimos pasos que dio el hombre antes de perder contacto.

Fuentes policiales relataron a este medio que gracias al seguimiento que se hizo a través de las cámaras de videovigilancia pudieron reconstruir el último trayecto de Cordeyro con vida. “Vimos que siempre manejó solo desde la escuela hasta San Lorenzo. Luego pudimos observar cómo caminaba solo y se adentraba al cerro Elefante”, explicaron a Infobae.

Este dato sería un indicio que podría descartar la participación de otras personas en la muerte del excomisario. No obstante, se espera que este mismo sábado el fiscal Ramos Ossorio aporte detalles de cómo seguirá la investigación y las condiciones y circunstancias en las que encontraron a Cordeyro.

Se supo que el policía retirado había dejado a su hija en la esquina de Mitre y Belgrano, que continuó su trayecto por Quirquincho hasta que llegó al camino a Lesser y fue visto mientras tomaba la ruta 28 rumbo a San Lorenzo.

Fuentes de la investigación detallaron a este medio que todavía trabaja personal en la escena del crimen. Se desconoce si cerca del cuerpo de Cordeyro había una nota o algún indicio que pueda acercar a los investigadores a las causas de la muerte.

Noticia en desarrollo...

El ex comisario, identificado como D. I. B., fue condenado a tres años y dos meses de prisión e inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos por explotar, administrar y organizar un sistema de juegos de azar clandestinos en Fortín Olmos, al norte de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la información publicada por el medio local Aire de Santa Fe, el fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero en los tribunales de Reconquista, luego de un juicio oral en el que el fiscal Nicolás Maglier representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según la acusación, D. I. B., de 45 años, implementó el sistema ilegal entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, captando apuestas sin contar con la autorización correspondiente. Además, utilizó su posición como jefe policial para recibir dádivas de un funcionario del Gobierno comunal de Tartagal, quien le pagó por servicios de seguridad no habilitados.

El fiscal Maglier subrayó la importancia de la condena, señalando que la pena impuesta se aproxima a la solicitada por la Fiscalía, que era de tres años y seis meses.

Este proceso judicial se enmarca dentro de los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal, lo que refuerza el compromiso institucional con la erradicación de prácticas ilícitas en la administración pública.

El tribunal consideró a D. I. B. culpable de los delitos de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización, cohecho pasivo y concusión.

El veredicto pone de manifiesto el uso indebido de su cargo para obtener beneficios personales y facilitar la operación de un sistema ilegal que vulneró tanto la seguridad pública como las normativas vigentes sobre el juego.

Condenaron al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza por cobrar coimas

El ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, recibió una condena de 6 años de prisión por el cobro de coimas que permitieron la venta ilegal de dólares en cuevas del microcentro de la capital provincial.

El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mendoza también dispuso la inhabilitación perpetua de Rossignoli para ejercer cargos públicos, tras hallarlo culpable de cohecho pasivo y asociación ilícita. La investigación permitió identificar a los organizadores, “arbolitos”, testaferros y personal de seguridad de los locales que operaban bajo fachadas de joyerías y bares.

Durante los operativos realizados en 2022, la Policía contra el Narcotráfico y la AFIP-DGA allanaron 22 domicilios y presuntas “cuevas”, donde se incautaron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros, además de máquinas de contar dinero, dos armas de fuego y balanzas. En cinco de las siete joyerías inspeccionadas se hallaron “trampas” como paredes falsas y muebles con compartimentos ocultos y cierres electrónicos para esconder dinero.

Junto a Rossignoli, María José Degregorio Flores, identificada como la contadora, fue sentenciada a 2 años y tres meses de prisión condicional y deberá abonar una multa de 32 millones de pesos. Eduardo Ezequiel Fernández Olmedo recibió una condena de un año por cohecho activo.

El arresto de Rossignoli se produjo durante un allanamiento en su vivienda de Godoy Cruz. La Policía Federal Argentina lo apartó de su cargo tras el inicio del proceso judicial, según informó la propia institución en un comunicado. Las medidas judiciales incluyeron también el allanamiento de dos estudios contables y la detención de dos propietarios de joyerías céntricas por evasión fiscal y lavado de dinero.

Los vecinos de Lomas de Zamora todavía recuerdan con inquietud la noche del 2 de octubre de 2023. En una esquina transitada, donde las rutinas familiares se cruzan con el ritmo laboral, la violencia irrumpió de manera inesperada y trágica. Gustavo Romero, comisario de la Policía Bonaerense especializado en Delitos Complejos, perdió la vida tras recibir cuatro disparos en un intento de robo, mientras esperaba a su esposa en las inmediaciones de una farmacia. Ahora, el caso será llevado a juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora será el encargado de determinar las responsabilidades y el destino judicial de Gustavo Alejandro Martins, principal acusado de disparar y matar a Romero.

La fecha del debate oral todavía no fue definida, pero la familia está cada vez más cerca de tener justicia.

La causa suma además otro elemento distintivo: la falta de registros fílmicos directos del momento de los disparos. Por esto mismo, serán claves los testimonios de los presentes y la reconstrucción que pudo realizar la Fiscalía.

Al momento del crimen, Romero se encontraba estacionado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, esperando la salida de su esposa, Daihana Karem Mesa, quien trabajaba en una farmacia de la zona.

Las cámaras de seguridad de la vía pública no captaron el momento exacto de los disparos, pero sí permitieron visualizar la dinámica previa al asesinato y lo que ocurrió después. De esta manera, se pueden observar tres motos circulando a metros de donde se encontraba el oficial. Una de ellas realizó una maniobra tipo “U” sobre la vereda y regresó, mientras los ocupantes de las otras motocicletas también disminuyeron su marcha.

Según los elementos aportados por testigos y la investigación, Martins –acusado y actualmente privado de su libertad– descendió de una de las motos con una campera celeste. Se habría acercado de manera directa al comisario, lo que motivó la reacción defensiva del policía. Los otros integrantes de la banda criminal se dieron a la fuga una vez que la víctima se identificó como un agente de las fuerzas de seguridad.

La secuencia violenta sucedió en cuestión de segundos. Según la reconstrucción judicial, Romero intentó extraer su arma reglamentaria. En ese breve intercambio, recibió cuatro impactos de bala: dos en el pecho, uno en la espalda y otro en la cabeza. La moto nunca llegó a ser robada, pero sí se presume que los asaltantes lograron llevarse el arma del comisario.

Según informó el portal Diario Conurbano, la pesquisa del caso quedó en manos de la UFI 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Con el paso de las semanas, el trabajo forense, las declaraciones de testigos y el análisis de las cámaras permitieron conformar una hipótesis principal sobre la identidad de los atacantes y sus roles durante el intento de asalto.

Mataron a otro policía de la Ciudad que intentó defenderse de un robo en José C. Paz

El episodio ocurrió durante el fin de semana cerca de las 2.30 en la esquina de las calles Andrés Blanqui y Carmen Puch en el barrio Nuestra Señora de Caacué. De acuerdo con la información oficial, el policía, identificado como Maximiliano Leguizamón, de 21 años, se encontraba de civil y de franco en la División Táctica de Pacificación III de la Ciudad de Buenos Aires y mientras caminaba hacia un kiosco con tres allegados fue interceptado una persona armada que apareció en bicicleta. Suponen que con fines de robo.

De acuerdo al parte al parte policial, al momento de ser sorprendido, Leguizamón identificó como policía y se inició un intercambio de disparos, cuya secuencia aún no está clara. Tampoco se sabe si el hombre de la bicicleta estaba acompañado. Sospechan que pudo haber un cómplice.

El hombre cayó al suelo herido por la bala del arma reglamentaria de Leguizamón y murió en el lugar. Fue identificado como Josías Gabriel Suárez, de 30 años, quien tenía un pedido de captura desde 2016 por robo agravado.

El agente recibió un disparo en la zona de la ingle. Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron al Comando de Patrullas de José C. Paz, que acudió al lugar junto con una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los paramédicos constataron que Leguizamón aún presentaba signos vitales y lo trasladaron de urgencia al Hospital Mercante. El policía falleció poco después de su ingreso mientras era intervenido quirúrgicamente.

Una situación insólita fue descubierta durante un allanamiento realizado en la Comisaría Tercera de la localidad bonaerense de Florencio Varela, luego de que el personal de la Delegación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense descubrieran a un preso mientras tomaba mates con el comisario a cargo de la departamental. Ambos se conocían previamente, debido a que el detenido se trata de un agente que antes cumplía funciones en el lugar.

El hecho ocurrió a finales de enero, después de que se ordenara un allanamiento en la seccional que era investigada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación que está a cargo de la Fiscalía N° 2 de Florencio Varela se inició producto de una denuncia anónima que habría aportado detalles sobre lo que ocurría en el establecimiento.

De esta manera, los agentes de Asuntos Internos realizaron un operativo en la comisaría y encontraron que uno de los presos se encontraba fuera de su celda, mientras tomaba mates con el comisario en su oficina. El detenido se trataría de un policía detenido por un caso de gatillo fácil que, aparentemente, habría sido privilegiado por las autoridades de la departamental.

Según la información publicada por Infosur, el agente fue identificado como Marcos Rosseti, quien fue imputado por el ataque a Ruth Cabral, una mujer de 31 años que resultó herida tras recibir un disparo de escopeta durante una trifulca vecinal en la que no estaba involucrada. El oficial fue acusado de haber disparado en contra de la víctima, por lo que determinaron que quede preso.

No obstante, el dato llamativo es que Rosseti quedó detenido en la misma comisaría en la que brindaba servicios antes de que ocurriera el incidente. Por este motivo, la denuncia habría planteado que el imputado nunca habría cumplido con la detención como tal, ya que nunca habría sido alojado en una celda y habría rondado por la seccional como si nada hubiera ocurrido.

A raíz de esto, los investigadores sospecharían de un posible caso de encubrimiento dentro de la fuerza. Mientras que la Fiscalía avanzará en la investigación para determinar quiénes facilitaron su permanencia fuera de la celda y qué sanciones podrían enfrentar los responsables, el policía detenido fue trasladado hacia la Alcaidía de Florencio Varela el pasado 1 de febrero.

El caso de Ruth Cabral que derivó en la detención del policía

Según reconstruyeron los investigadores, el hecho ocurrió en noviembre de 2024 en la intersección de Laguna Iberá y El Chocón, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad inició disturbios que escalaron hasta involucrar a más de 30 personas arrojando piedras y objetos contundentes. La situación requirió la intervención de varias comisarías para contener el conflicto.

Si bien el foco del disturbio se disipó con la detención del responsable inicial, el momento crítico se produjo al retirarse la policía. Testigos indicaron que hubo un altercado entre Rosseti y Cabra, debido a que la mujer habría intentado tomar el cañón de la escopeta del agente, provocando un disparo accidental que impactó en el pecho de la víctima.

No obstante, la gravedad de las heridas en el pecho de la víctima y otras declaraciones en la causa generaron dudas sobre esta versión, lo que llevó a la imputación de Rosseti. Asimismo, la mujer fue internada en estado crítico en el Hospital Mi Pueblo, ubicado en la zona de Villa Vatteone.

A raíz de esto, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías N° 6 ordenaron la detención e imputación del agente por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de la fuerza policial en grado de tentativa”. Pese a que el defensor de Rosseti había intentado que la carátula tuviera una morigeración y pasara a ser por “lesiones culposas”, el juez señaló que existían las pruebas y los testimonios para sostener la acusación por lesiones agravadas.

Un comisario de Banfield fue apartado de su cargo y pasado a disponibilidad luego de ser imputado por maltrato, hostigamiento y amenazas contra el personal a su cargo. En el marco de esta causa, la Justicia ordenó que se allane la dependencia policial.

El agente fue identificado bajo las siglas D.F., quien cumple funciones en el Destacamento Banfield Oeste, ubicado en la calle Larroque al 1100. Esta no es el único expediente en su contra, puesto que es investigado por presunta defraudación de caudales públicos, por irregularidades con las horas extras de su personal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Conurbano, la investigación por maltrato, hostigamiento y amenazas comenzó luego de que llegaran una serie de correos electrónicos en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°8 de Lomas de Zamora. Esta dependencia está especializada en violencia institucional.

A su vez, los mismos mails fueron enviados al área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en los que se denunciaba a D.F. por la violencia que ejercía sobre el personal.

En consecuencia, se inició una investigación, a cargo de los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno, junto a Asuntos Internos. Una vez que recolectaron todas las pruebas y obtuvieron la orden de allanamiento, se llevó adelante el procedimiento en la dependencia policial.

En este contexto, se notificó al comisario sobre la imputación y que quedará en disponibilidad. De igual forma, la Justicia no dispuso su detención.

Durante el operativo, se secuestró documentación relacionada con la causa por las horas extras, expediente que comenzó gracias a otras denuncias anónimas presentadas.

“Faltan algunos testimonios para seguir acreditando las diversas denuncias que se hicieron en forma anónima”, aclararon al portal local.

En octubre del año pasado, detuvieron a seis policías de La Plata por un robo millonario cuando fingieron realizar un allanamiento por juego clandestino.

Según pudo saber Infobae, seis uniformados acudieron al lugar el 14 de septiembre tras simular un llamado anónimo al 911, en el que informaban sobre un supuesto altercado.

La denuncia señala que los seis uniformados ingresaron ilegalmente al lugar, manipulando armas de fuego y simulando actuar bajo un supuesto de gravedad y urgencia que justificaría un allanamiento sin orden judicial. En línea con el documento, redujeron a un grupo de entre veinticinco y treinta personas que participaban en actividades recreativas, como “picky voley” y juegos de azar, mediante amenazas, abuso de autoridad y al menos dos disparos intimidatorios con escopeta.

Tras reducir a los presentes y dividirse las tareas de vigilancia e intimidación, los uniformados se apropiaron ilegalmente de una suma de al menos 6 millones de pesos, 6.700 dólares estadounidenses y 3 millones de guaraníes. Además, sustrajeron diversos objetos personales, como cadenas, anillos, bolsos, vestimenta, relojes y celulares. También se llevaron las llaves de los vehículos y viviendas de las víctimas, con el fin de ingresar posteriormente a sus domicilios para robar.

Según la denuncia, tres de los agentes aprovecharon su jerarquía como titular de Comisaría, jefe de Judiciales y jefe del Servicio Externo para encerrar durante tres horas a diez de las víctimas en la seccional, con el objetivo de justificar su accionar. Además, registraron una declaración testimonial falsa en su contra y alegaron que actuaban bajo orden del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11 de La Plata, aunque esa disposición nunca existió.

El parte policial señalaba que los oficiales intervinieron tras detectar a un grupo de diez personas participando en “prácticas de juego de dados clandestino”. La causa contra los seis uniformados detenidos incluye testimonios de las víctimas y videos que evidencian las irregularidades del procedimiento.

Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires investigó el caso y ordenó la expulsión de los oficiales, según las fuentes consultadas. Mientras tanto, la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en la Comisaría Tercera para requisar el casillero de uno de los agentes implicados, aunque no encontraron pruebas relevantes. En simultáneo, los acusados fueron detenidos en sus domicilios.

Madrid, 18 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que las expresiones “comisario (europeo)” y “eurocomisario”, que designan un cargo en la Administración europea, se escriben con minúscula.

Sin embargo, se ven noticias en la prensa en las que aparecen citadas inadecuadamente: “Ha avisado al Comisario de Pesca de que se despiezaron barcos por decisión europea”, “Se pretendía impulsar la paridad entre el equipo de los Eurocomisarios” o “Quieren impedir su nombramiento como Comisaria Europea”.

Para aludir a cada una de las personas responsables de distintas áreas dentro de la Comisión Europea, se utiliza el término “comisario”, que, como el resto de los cargos, se escribe con minúscula, bien se emplee en referencia a una persona concreta que ejerce ese trabajo, bien de forma genérica. Al adjetivo que lo acompaña le corresponde, del mismo modo, la minúscula: “comisario europeo”. Por otro lado, una alternativa válida es “eurocomisario”, sustantivo formado con el prefijo “euro-”, que alude a lo ‘europeo’ o a lo ‘perteneciente o relativo a la Unión Europea’. Lo indicado es que se escriba, igualmente, con minúscula.

Se recuerda que, en cambio, las denominaciones de las instituciones, los departamentos y las divisiones administrativas llevan mayúscula: “comisario de Pesca”.

Por ello, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Ha avisado al comisario de Pesca de que se despiezaron barcos por decisión europea”, “Se pretendía impulsar la paridad entre el equipo de los eurocomisarios” y “Quieren impedir su nombramiento como comisaria europea”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

Lo esencial: Rodolfo Gabriel Mendoza, un alto mando de la policía de San Javier, Santa Fe, fue condenado por acoso sexual a tres subalternas, según confirmaron fuentes judiciales. La sentencia, ratificada por el juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, Fabio Mudry, incluye una sanción de 15 días de arresto y una multa de más de un millón de pesos. Además, Mendoza deberá asistir a un curso de prevención de violencia de género. Durante el juicio, testimonios indicaron que el acusado realizaba comentarios sexualizados y tocaba los rostros y cabellos de sus víctimas en la Jefatura de Policía, aprovechando su posición de autoridad.

Rodolfo Gabriel Mendoza, un comisario de la ciudad de San Javier en la provincia de Santa Fe, fue condenado por acoso sexual a tres subalternas. Los hechos ocurrieron en 2022.

La sentencia, confirmada en segunda instancia, incluye 15 días de arresto, una multa de 1.094.366,25 pesos y la obligación de asistir a un curso sobre prevención de violencia contra las mujeres.

El caso fue revisado por el juez de la Cámara de Apelación en lo Penal, Fabio Mudry, quien ratificó el fallo inicial de un juicio contravencional, en el que Mendoza fue hallado culpable de acoso sexual agravado por su condición de funcionario público.

Según informó el portal Rosario3, el fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la causa, subrayó la importancia de la sentencia, destacando la dificultad de investigar y sancionar este tipo de violencia de género dentro de las estructuras policiales.

Durante el juicio, se presentaron testimonios que describieron cómo Mendoza acosaba a sus subalternas en la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XIV. Los relatos indicaron que el acusado tocaba los rostros y cabellos de las mujeres, además de hacer comentarios sexualizados sobre sus cuerpos y uniformes. Dos de las víctimas eran nuevas en la fuerza, mientras que la tercera había sido trasladada recientemente desde otra región de la provincia.

El camarista Mudry, al confirmar la sentencia, incorporó análisis sociológicos y antropológicos que abordaron la violencia sexual en las fuerzas de seguridad y el silencio impuesto por el miedo en estos entornos. Este enfoque busca visibilizar y combatir la cultura de impunidad que a menudo rodea estos casos.

En julio, una serie de oficiales de la Policía de Córdoba fueron detenidos por abuso sexual agravado y violencia intrafamiliar. Todos son casos separados. El primer detenido es un sargento ayudante acusado de abuso sexual contra una compañera de trabajo durante su turno laboral. La víctima, empleada en el área de limpieza de la misma dependencia, denunció que el acusado la amenazó con un arma para llevar a cabo el ataque.

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, bajo la dirección del fiscal Juan Ávila Echenique, asumió la investigación del caso. Como medida inicial, además de ordenar la detención del sargento ayudante involucrado, la fiscalía dispuso la entrega de un botón antipánico a la denunciante.

Horas después, se ordenó la detención de un suboficial con rango de agente, asignado a tareas no operativas, por un caso de violencia familiar denunciado en diciembre del año anterior. La Fiscalía, a inicios de julio, emitió la orden de captura siete meses después del inicio del proceso. Por ello, el agente fue trasladado a la sede judicial responsable de investigar su posible implicación en el hecho, mientras el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad resolvió su pase a situación pasiva hasta la conclusión del caso.

En otro episodio, un sargento perteneciente a la comisaría de Monte Cristo fue denunciado por agredir sexualmente a una mujer. Ante esta acusación, Echenique, emitió una orden de detención el martes, lo que llevó a las autoridades a concretar el arresto del acusado ese mismo día.

La Policía de Córdoba enfrenta un escándalo por la detención de un comisario en Traslasierra. El hombre fue arrestado en Arroyo de los Patos, y estaba a cargo de una Patrulla Rural de la zona, según fuentes judiciales. Se lo acusa de estafa, peculado y coacción.

El detenido estaría vínculado con el caso de un cabo que había sido aprehendido el lunes, y al que se lo acusó del delito de coacción. ¿Por qué? Por presuntamente vender una motocicleta de uso oficial a un particular en la localidad de San Lorenzo.

Ahora, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Gallaratto, ordenó la detención del mencionado comisario, su traslado a la sede policial y el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa. El oficial fue puesto en situación pasiva mientras continúa la investigación.

El caso se originó cuando, durante un control vehicular, un ciudadano declaró haber comprado una motocicleta a un cabo de la policía. Ante esta información, el cabo habría amenazado al comprador. La motocicleta, anteriormente, había sido entregada por la Justicia federal a la delegación de Villa Dolores de la extinta división Drogas Peligrosas, según consignó Eldoce.

Detuvieron a dos policías de Formosa en Paraguay, sospechados de perseguir al intendente de Las Lomitas

Dos policías de la provincia de Formosa fueron arrestados este sábado en Asunción, Paraguay, tras una denuncia del intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien aseguró que tanto él como su hijo fueron “perseguidos e intimidados” por estos agentes.

Según la denuncia, Basualdo y su hijo estaban en la capital paraguaya alrededor de las 14:30 cuando notaron que dos policías en motocicletas los seguían y observaban de cerca. Al alertar a la fuerza de seguridad local, las autoridades paraguayas procedieron a detener a los agentes y a decomisar las motocicletas, que pertenecían al Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa.

Los detenidos fueron identificados como Brian Matías Sebastián Genes, de 24 años, y Alejandro Cesilio Portillo, de 28 años. Ambos confirmaron ser personal de la Policía de Formosa y presentaron sus credenciales. Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, un municipio de Formosa ubicado a aproximadamente 300 kilómetros de Asunción, explicó que estaba en la capital paraguaya por asuntos personales y señaló que los policías formoseños llevaban armas de fuego y vestían de civil, lo cual les generó a él y a su familia una “sensación de amenaza e inseguridad”.

Basualdo registró parte de esta persecución en videos, que luego compartió en redes sociales y medios locales. En estas grabaciones, se puede ver a los agentes y las motocicletas con placas oficiales de Formosa. “Mi hijo y yo nos vimos obligados a buscar ayuda porque sentimos que nuestras vidas estaban en peligro”, relató el intendente.

El intendente también añadió que, como figura pública de la oposición en Formosa, ya había sido objeto de varios ataques políticos en el pasado y expresó su preocupación de que esta situación pudiera ser una escalada en la persecución hacia él y otros opositores. “Nos refugiamos en un restaurante hasta que llegó la policía de Asunción”, afirmó.

Como resultado de la denuncia y los videos entregados en la Comisaría 10 de Asunción, la Policía de Paraguay procedió a detener a los agentes y a incautar las motocicletas para investigar. Las autoridades paraguayas iniciaron un proceso judicial con el objetivo de aclarar los motivos que llevaron a los policías formoseños a actuar fuera de su jurisdicción y sin notificar previamente a las fuerzas de seguridad locales.

Agentes del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en los últimos días a un comisario de la Policía de Tucumán, acusado de haber participado en un secuestro extorsivo en la capital de esa provincia en complicidad con otros dos efectivos que ya habían sido arrestados previamente.

El comisario sospechado fue identificado como G.E.M., de 49 años, según pudo saber Infobae. El hecho por el que se lo investiga sucedió la medianoche del 23 de febrero pasado, cuando la víctima, identificada como L.G., fue secuestrada en su domicilio en el barrio “El Portal del Parque”, de San Miguel de Tucumán.

Según las denuncias y declaraciones recabadas por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, todo comenzó cuando un hombre que se hacía llamar “Rafael” se contactó a través de WhatsApp con L.G. con el pretexto de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000 pesos. Ambos acordaron reunirse en la vivienda de la víctima, adonde los secuestradores llegaron en un automóvil Renault Megane gris.

De acuerdo a las fuentes, al verse las caras, “Rafael” entregó $20.000 a L.G. y lo convenció de que el resto del dinero estaba en el vehículo estacionado en la calle. Sin sospechar el engaño, la víctima salió de su casa para tomar el supuesto saldo, momento en el cual fue reducido por varios hombres armados que lo forzaron a ingresar al coche, privándolo de su libertad.

Durante el secuestro, los delincuentes se comunicaron con el hermano de L.G. para indicarle que su familiar sería llevado a la Sede de la Jefatura de Zona III de la Policía de Tucumán y para proporcionarle un número telefónico con el fin de negociar el rescate. Poco después, fue la madre de la víctima quien se contactó con los secuestradores y logró la liberación de su hijo luego de pagar $250.000.

Posteriormente, la Fiscalía Federal ordenó una serie de allanamientos que resultaron en la detención de dos policías de la provincia. Sin embargo, aún quedaba por identificar a uno de los involucrados clave.

La PFA intervino en la investigación y llegó a un sospechoso: G.E.M., conocido en su entorno como “Guillermina”. Según la acusación, era el encargado de las negociaciones para la liberación de la víctima. A partir de las pruebas recabadas, el juez José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó un allanamiento en el domicilio del comisario, que había sido vigilado por los investigadores en el Barrio Policial IV de San Miguel de Tucumán. Así, G.E.M. quedó detenido.

En el procedimiento, además, los agentes federales incautaron varios elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, chips, agendas, cámaras, dispositivos de almacenamiento digital, armas y municiones de diversos calibres.

El caso se suma a otro reciente en fuerza policial tucumana. En otro expediente judicial, la misma Fiscalía Federal N°2 de Tucumán encabezada por Chit solicitó la elevación a juicio de cinco ex policías provinciales acusados de haber secuestrado a un hombre en febrero de 2022 y exigir un rescate de 200 mil pesos y un vehículo.

En ese hecho, la víctima fue mantenida en cautiverio durante cinco horas, mientras los secuestradores, vestidos con uniformes policiales, simulaban realizar un allanamiento en su domicilio, ubicado en la localidad de Arroyo Mixta. El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que los delincuentes, tras obtener el rescate, pasearon a la víctima por distintos puntos de la ciudad antes de liberarla. Además del dinero y el auto, los imputados se apropiaron de otras pertenencias como armas y una motocicleta.

Por lo ocurrido fueron acusados el ex cabo Ricardo Julio Rodríguez -quien al momento del secuestro, ocurrido el 18 de febrero de 2022, prestaba servicios en la Comisaría de Tafí Viejo-, el ex cabo primero Martín Darío Romano -asignado a la Comisaría Seccional Trece de la Unidad Regional Norte (URN)-, el ex sargento ayudante José Antonio Gallo, el ex agente Eduardo Germán Agüero -quien ya había sido exonerado de la fuerza- y José Benito Villa, quien trabajaba en la Jefatura Zona II de la URN.

Enfrentan cargos por los delitos de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Además, la fiscalía informó sobre la búsqueda de un sexto involucrado, quien permanece prófugo.