El Gobierno de República Dominicana dispuso un reajuste en los precios de los combustibles, la decisión, comunicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), responde a la inestabilidad de los mercados internacionales y busca equilibrar los costos internos con un fondo de subsidio superior a RD$1,400 millones (USD$23,476,525).

Según datos oficiales, la semana del 16 al 22 de mayo de 2026 estará marcada por incrementos en los precios de las gasolinas y gasoiles, así como por el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP), en un intento por limitar el impacto en los sectores más vulnerables. La entidad reportó que el ajuste se produce tras una escalada en las cotizaciones globales del crudo y una leve apreciación del peso dominicano frente al dólar.

Ante este panorama, el Gobierno asignó RD$1,435 millones para subsidiar los combustibles, según cifras difundidas por el MICM. La medida intenta evitar que la totalidad de la subida internacional se traslade al consumidor, a la vez que preserva la estabilidad del transporte público y de los hogares que dependen del GLP.

En cuanto, a los combustibles utilizados por la industria y la aviación, como avtur, kerosene y fuel oil, experimentaron bajas en sus precios internacionales. El avtur se cotiza a RD$299.14 por galón (USD$5.02), el kerosene a RD$338.30 (USD$5.67), el fuel oil #6 a RD$197.39 (USD$3.31) y el fuel oil 1% a RD$218.74 (USD$3.67). Estos descensos se trasladan de manera íntegra al mercado interno, según lo informado por el MICM.

La política de subsidios se concentra en los combustibles de mayor consumo popular, mientras que las reducciones globales permiten aliviar parcialmente los costos para los sectores productivos y el transporte aéreo. Esta estrategia busca crear un balance entre la protección social y la disciplina fiscal en un contexto de volatilidad regional.

Nueva alianza con Guyana: apuesta por la diversificación

Como parte de las medidas de largo plazo, el Gobierno dominicano formalizó un acuerdo estratégico con la República Cooperativa de Guyana para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. El convenio se enfoca en el bloque terrestre Berbice On-shore, una zona del noreste de Guyana con alto potencial geológico, y es encabezado por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) en representación del Estado.

De acuerdo con información oficial difundida, la estructura financiera del acuerdo garantiza a República Dominicana una participación accionaria neta del 10% en los derechos de explotación del bloque, sin requerir inversión de capital de riesgo por parte del Estado dominicano. Esta condición permite al país acceder a recursos energéticos estratégicos sin comprometer fondos públicos en la etapa inicial.

La firma del tratado contó con la presencia de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana. El convenio otorga al país caribeño un derecho preferencial de adquisición sobre el petróleo o gas natural extraído, una cláusula que, según funcionarios, fortalece la seguridad energética nacional y reduce la dependencia de intermediarios y de la inestabilidad global.

El doble enfoque adoptado por las autoridades dominicanas busca proteger a los consumidores ante los vaivenes internacionales y avanzar hacia una mayor autonomía energética. El MICM afirmó que la combinación de estas políticas permitirá sostener el crecimiento económico y el bienestar social, incluso en un entorno de alta incertidumbre.

La semana del 16 al 22 de mayo queda marcada por la intervención activa del Estado en el mercado de combustibles y la consolidación de nuevos acuerdos internacionales.

Grifos deberán reportar a Osinergmin la cantidad de combustible que mantienen almacenada desde el 15 de mayo, como parte de una medida orientada a mejorar la transparencia en la venta de combustibles y evitar escenarios de especulación. La disposición permitirá que los consumidores accedan a información actualizada sobre la disponibilidad de gasolina, diésel y otros productos en los establecimientos de venta al público.

La nueva obligación fue anunciada por el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa, quien explicó que los datos serán visibles en tiempo real mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO). Con ello, los usuarios podrán verificar previamente si un grifo cuenta con stock antes de acudir al establecimiento.

Reporte diario será obligatorio

La medida quedó establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 60-2026-OS/CD, la cual dispone que todos los grifos deberán registrar diariamente sus inventarios de combustibles. El cumplimiento será obligatorio desde el 15 de mayo y formará parte del sistema de supervisión del organismo regulador.

Según explicó Aurelio Ochoa, la finalidad es corregir los problemas detectados en periodos de crisis energética, cuando muchos usuarios encontraban información desactualizada en las plataformas de consulta. “Esta medida es para facilitar la información al usuario final. Lo que sucedía es que cuando se ingresaba al aplicativo Facilito se encontraban con una información, pero llegando al grifo no había existencias de combustibles, lo cual fue más evidente durante la crisis con el asunto de Camisea”, dijo en Andina Canal Online.

Información en tiempo real para los consumidores

El titular encargado de Osinergmin indicó que el nuevo sistema permitirá que los consumidores tengan mayor certeza sobre dónde abastecerse. La actualización permanente de inventarios buscará reducir inconvenientes y evitar desplazamientos innecesarios hacia establecimientos sin combustible disponible.

“Ante esa situación, lo que hemos hecho es corregir para que los grifos puedan reportar las existencias que tengan en ese momento. Entonces esa información automáticamente brinda confianza al consumidor y dice: voy a ir a tal grifo con la seguridad de encontrar el combustible que necesito”, agregó.

Restricciones para grifos que incumplan

La normativa también contempla sanciones operativas para los establecimientos que no reporten sus existencias. Osinergmin precisó que el registro de inventarios será un requisito indispensable para generar órdenes dentro del Sistema de Control de Órdenes de Pedido.

Esto significa que los grifos que omitan la entrega de información no podrán adquirir combustible hasta regularizar su situación. La medida busca asegurar que los datos publicados correspondan realmente a los volúmenes disponibles en cada estación de servicio.

Buscan evitar especulación en el mercado

Desde Osinergmin señalaron que uno de los principales objetivos es impedir prácticas especulativas durante situaciones de desabastecimiento o incertidumbre. El organismo recordó que, durante la crisis vinculada a Camisea, algunos establecimientos afirmaban no contar con combustible pese a mantener reservas en sus tanques.

“Lo principal es que se evitará la eventual o potencial especulación. Eso justamente se logrará cuando aquellos grifos que no reporten sus existencias se les cortará el acceso a lo que sería el abastecimiento de combustibles en sus plantas de ventas, siendo ello una medida para disuadir el incumplimiento”, explicó Aurelio Ochoa.

“Con eso se garantiza que los datos proporcionados se están dando en tiempo real. Recordemos que, en la época de crisis por la situación de Camisea, había grifos que decían no tener combustible, pero sí contaban con stocks en sus tanques, lo cual daba lugar a la especulación y todo lo que hemos podido observar”, añadió.

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 sobre el panorama de la industria nacional de refinación.

De acuerdo a los datos revelados, el volumen promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó un millón 141 mil barriles diarios, marcando una expansión del 21.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca, la cual sumó 164 Mbd, y la planta de Tula, que incrementó su operación en 39 Mbd tras la entrada en funciones de la coquizadora en julio de 2025.

La cifra representa el nivel más alto para un trimestre en los últimos once años, mostrando la consistencia de cinco periodos consecutivos al alza para el SNR.

Asimismo, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, dato que también implica un aumento del 21.9% en comparación con el año anterior. Mientras que la elaboración de destilados de alto valor (la categoría que engloba a la gasolina, el diésel y la turbosina) representó el 65.7% ante un crecimiento del 42.5%.

Este documento fue presentado en un contexto donde, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Corea del Sur y varios países asiáticos han reportado un desabasto de combustible en los últimos meses como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente.

Disminución de importaciones y optimización del mercado interno

El aumento en la producción nacional también permitió ampliar la disponibilidad de estos productos dentro del país. Esta oferta interna impulsó las ventas en un 4.2%, y al mismo tiempo, redujo en 23.3% la importación del suministro.

• La gasolina registró un promedio de 390 mil barriles diarios en el trimestre, lo que significó un alza del 29.6% en relación al año previo.
• La producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, reflejando un crecimiento del 69.9% sobre el mismo periodo de 2025.
• La generación de combustóleo descendió hasta 161 mil barriles diarios, un 33.1% menos que en el año anterior.
• El rendimiento de destilados se situó en 63.9%, es decir, 9.1 puntos porcentuales arriba respecto al primer trimestre de 2025.

Expansión de la red de estaciones de servicio

Al cierre del primer trimestre de 2026, el número de estaciones de servicio afiliadas a la Franquicia Pemex ascendió a 7 mil 520, lo que equivale a un incremento del 3.2% en comparación con 2025. De este total, 45 puntos de venta son propiedad directa de la empresa de petróleo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que actualmente el país no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de Corea del Sur y otros países asiáticos.

Ante el cuestionamiento sobre el modelo económico actual del país, la mandataria mexicana declaró que no se puede evaluar como tradicionalmente se hacía, ya que existen muchos factores externos que han complicado su valoración.

“Ayer hablando con el presidente de Corea, fíjense la importancia de la decisión que tomó el presidente López Obrador que tanto lo criticaron con la refinería Olmeca. Hoy hay países que tiene desabasto, como Corea”, manifestó durante la mañanera del pueblo de este 14 de mayo en Palacio Nacional.

Recordó que su gobierno diseñó un programa en producir el petróleo que se consume, asegurando que si existe un sobrante de este hidrocarburo se puede exportar bajo los lineamientos de la soberanía energética.

“Producir el petróleo, transformarlo y utilizarlo en nuestro país. Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto, Asia está en una situación muy dificil, porque al cerrarse el estrecho de Ormuz en Irán, no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países”, señaló Sheinbaum.

Asimismo, expresó que bajo ese contexto el país está construyendo una economía fuerte, pese a la falta de inversiones del sector privado y el poco incremento del gasto público.

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien. Vean el peso está hoy en 17.22 pesos, con una tasa del 6.5%”, finalizó.

Sheinbaum mantiene reunión telefónica con presidente de Corea del Sur

La jefa de Estado mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer su cooperación bilateral en los sectores económicos y culturales.

Tras la visita del grupo de K-pop BTS a la Ciudad de México y su encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, ambos líderes se mostraron “impresionados” por las miles de ARMYs (nombre del fandom) mexicanas que se congregaron para poder verlos durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo capitalino durante su aparición en un balcón desde la residencia presidencial.

“Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en nuestro país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”, escribió la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) durante un comunicado.

La supervisión de Osinergmin detectó irregularidades en la venta de combustible en estaciones de servicio, lo que obligó a la entidad a exigir desde mañana 15 de mayo el reporte puntual de inventarios y a advertir la suspensión de abastecimiento para quienes no cumplan con esta medida desde mañana.

Según informó Andina, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, detalló que la fiscalización se extiende a nivel nacional y forma parte de una estrategia coordinada con otras entidades públicas.

Ochoa precisó que durante el periodo de crisis fueron identificadas más de cuarenta estaciones de servicio involucradas en presuntas faltas relacionadas con el expendio de combustibles.

“En el momento de la crisis (energética), el Indecopi, la propia Fiscalía, se pudo observar que había estaciones de servicio que estaban, entre comillas, pecando con relación a lo que es el expendio de combustibles. Entonces, eso dio lugar a que haya sanciones y, en este momento, inclusive la Fiscalía tiene una serie de procesos abiertos hacia los malos comercializadores. Tengo entendido que superan las cuarenta”, detalló Ochoa a Andina.

El titular interino de Osinergmin remarcó que la fiscalización incluye no solo el control de inventarios, sino también la verificación de la calidad y cantidad del combustible ofrecido. Esta labor es realizada por Osinergmin en conjunto con Indecopi, la Fiscalía y la Sunat. El objetivo es evitar la especulación y garantizar la transparencia en la información disponible para los consumidores.

Medida obligatoria

Ochoa advirtió que toda estación de servicio que no cumpla con reportar sus existencias “simplemente se les va a cortar el acceso a lo que sería el abastecimiento para ellos en las plantas de venta”.

Según Andina, dicha medida será obligatoria desde mañana, viernes 15 de mayo, y busca asegurar que los datos informados por los grifos reflejen la realidad de sus inventarios en tiempo real.

“Con eso se garantiza hacia la población de que los datos que se tienen son los que en ese momento, en tiempo real, se están cumpliendo por parte de las estaciones de servicio”, sostuvo el funcionario.

Supervisión y sanciones

Andina reportó que la supervisión nacional de Osinergmin contempla sanciones que van desde multas hasta la apertura de procesos judiciales para los responsables de irregularidades. El trabajo en conjunto con otras instituciones apunta a fortalecer los mecanismos de control y evitar eventuales prácticas de especulación que afecten a los consumidores.

“El Osinergmin continúa, como es su labor, en verificar no solamente lo que estamos hablando respecto a las existencias, sino también respecto a la calidad y la cantidad del combustible que se expende. Con otras entidades, como es el caso de Indecopi, como es la propia Fiscalía, la propia Sunat, inclusive en su momento, se va a evitar la eventual especulación”, puntualizó Ochoa.

Petroperú muestra recuperación

En diálogo con RPP Noticias, Ochoa abordó la situación de Petroperú, señalando que la empresa estatal logró “cifras en azul” durante el primer trimestre de 2026. “Petroperú podría estar ya capitalizando. El primer trimestre de este año, por si acaso, las cifras han salido en azul. Primera vez después de un tiempo relativamente largo (3 años)”, afirmó el presidente interino de Osinergmin en entrevista con RPP Noticias.

Pese a operar con limitaciones de capital de trabajo, la nueva Refinería de Talara alcanzó una capacidad de 95 000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 50 % respecto a la antigua instalación. Además, Ochoa destacó que la petrolera estatal ha cumplido “puntualmente con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo los compromisos con los bonistas, sin ningún problema”.

De acuerdo con RPP Noticias, Ochoa también advirtió que Petroperú enfrenta una situación de asfixia financiera debido a que la mayor parte de su deuda es de corto plazo. “Eso debería reestructurarse a un mediano y largo plazo”, indicó el funcionario.

En ese contexto, consideró “muy necesaria” la medida que autoriza al Ministerio de Energía y Minas a respaldar compromisos financieros de hasta 2 000 millones de dólares para la empresa estatal.

Debido a que en Nariño se registran constantes casos de desabastecimiento de gasolina por una combinación de factores estructurales, el puerto de Tumaco es clave para la llegada de este suministro.

Los bloqueos en carreteras, motivados por protestas sociales, paros regionales, manifestaciones de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados, son factores frecuentes que interrumpen el flujo de camiones cisterna encargados de transportar la gasolina y el diésel.

Frente a esta problemática, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano. Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, la estrategia busca garantizar el suministro regular de gasolina y diésel en Nariño y otros departamentos afectados históricamente por la escasez.

Como parte de la estrategia, se ha establecido como mecanismo constante la importación directa de combustibles a través del Puerto de Tumaco, en donde arribó el buque Willard J., procedente de Estados Unidos con un cargamento de más de siete millones de galones de combustible,

Al país llegaron 1.7 millones de galones de diésel y 5.7 millones de galones de gasolina, en una operación que contempla la carga adicional en la Refinería de Cartagena (Reficar) y lo que incrementa la capacidad logística para atender la demanda del Pacífico colombiano.

Desde el Ministerio de Minas informaron que la llegada de combustibles a través de la vía marítima reduce la dependencia de las rutas terrestres, tradicionalmente afectadas por bloqueos y dificultades de seguridad; esta modalidad permite optimizar los tiempos de entrega y disminuir los costos de transporte, beneficiando tanto a los distribuidores como a los consumidores finales.

El plan también contempla el fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento y la mejora de los sistemas de distribución interna. El objetivo es asegurar que la población cuente con el combustible necesario para la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, minimizando el impacto de eventuales interrupciones en el suministro.

Por otra parte, la participación de la Refinería de Cartagena en la operación logística refuerza la capacidad del Estado para responder a la demanda regional y contribuir a la estabilidad energética.

Este proceso logístico transforma al Puerto de Tumaco en un eje central para el abastecimiento energético del suroccidente colombiano, convirtiéndolo en un punto estratégico para la recepción y distribución de combustibles, favoreciendo la integración de la región y el acceso a insumos clave para la economía local.

Desde el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos mencionaron que sus acciones se enfocarán en consolidar una política de abastecimiento sostenible, adaptada a las características geográficas y sociales del suroccidente nacional.

“Las acciones adelantadas en el marco de este plan buscan dotar a Nariño de mayor resiliencia frente a los desafíos estructurales y coyunturales que históricamente han afectado el suministro de combustibles. La llegada regular de cargamentos marítimos, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la articulación entre el sector público y privado configuran un nuevo escenario para la gestión energética en el departamento”, es parte del comunicado oficial con el que fue confirmada la llegada del buque mencionado.

Tres buques petroleros atravesaron el estrecho de Ormuz durante los últimos días con sus sistemas de localización apagados, en medio del aumento de tensiones y ataques contra embarcaciones en Oriente Medio, según información publicada por Reuters.

Entre las naves involucradas figura un barco con bandera panameña, en una ruta marítima considerada una de las más sensibles y estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con Reuters, los superpetroleros Agios Fanourios I y Kiara M abandonaron el Golfo Pérsico el domingo transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo cada uno, mientras mantenían apagados sus transpondedores AIS, sistemas utilizados normalmente para identificar y rastrear buques en tiempo real.

La medida busca reducir riesgos de ataques o seguimiento en medio del conflicto regional. Reuters detalló que el Agios Fanourios I transporta crudo iraquí Basrah Medium y tiene previsto descargar en Vietnam, específicamente en la refinería y planta petroquímica de Nghi Son.

Los registros indican además que la embarcación no logró cruzar el estrecho en al menos dos intentos previos desde que cargó petróleo el pasado 17 de abril.

En el caso del Kiara M, Reuters indicó que el buque, con bandera de San Marino, también abandonó el Golfo con el sistema de rastreo apagado mientras transportaba otros 2 millones de barriles de crudo Basrah.

No se pudo determinar inmediatamente cuál será el destino final del cargamento. La embarcación es gestionada por una empresa con sede en Shanghái y pertenece a una entidad registrada en Islas Marshall.

Un tercer caso mencionado por Reuters corresponde al VLCC Basrah Energy, un petrolero con bandera panameña que previamente cargó unos 2 millones de barriles de crudo Upper Zakum en la terminal Zirku de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Según los registros de navegación citados por la agencia, el barco atravesó el estrecho de Ormuz el pasado 6 de mayo y posteriormente descargó su carga en Fujairah el 8 de mayo.

Reuters indicó que ADNOC y varios compradores han recurrido recientemente al uso de petroleros para movilizar crudo acumulado en el Golfo Pérsico debido a las tensiones regionales y las restricciones operativas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

La agencia señaló que el apagado de sistemas de rastreo comienza a convertirse en una práctica cada vez más frecuente para reducir exposición en la zona.

La situación ocurre en medio de un incremento de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El área ha registrado ataques contra embarcaciones comerciales, disparos y explosiones desde el aumento de hostilidades entre Irán y fuerzas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

En las últimas semanas, varios barcos vinculados al registro panameño también han quedado expuestos a incidentes en la región. Uno de los casos más recientes fue el del buque HMM Namu, de bandera panameña, que sufrió una explosión e incendio en su sala de máquinas mientras se encontraba cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de Emiratos Árabes Unidoss

La Autoridad Marítima de Panamá informó entonces que los 24 tripulantes se encontraban a salvo y que el incidente fue controlado técnicamente, aunque el episodio volvió a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

Otro caso reciente fue el del portacontenedores MSC Francesca, también vinculado al registro panameño, que resultó afectado semanas atrás durante un episodio en el que la Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Registros de la plataforma de seguimiento VesselFinder indican que el MSC Francesca se mantiene actualmente en la zona de Ormuz. Se intentó conocer la posición de las autoridades marítimas panameñas sobre la situación actual de la embarcación, pero hasta el momento no hubo comentarios oficiales al respecto.

La tensión regional también ha comenzado a impactar el flujo marítimo en el corredor energético. Antes del incremento de hostilidades, por el estrecho de Ormuz transitaban cerca de 130 buques diarios, aunque las restricciones, alertas y riesgos de seguridad han reducido el movimiento de embarcaciones en la zona.

Reuters señaló que el apagado de sistemas de identificación y rastreo marítimo refleja el nivel de preocupación de operadores y navieras frente al riesgo de ataques o interceptaciones.

Para el comercio internacional, cualquier interrupción en Ormuz representa un riesgo directo sobre los precios del petróleo, las cadenas globales de suministro y el transporte energético mundial.

Aunque Panamá no participa directamente en el conflicto de Oriente Medio, el tamaño de su registro marítimo convierte al país en uno de los más expuestos a incidentes en rutas estratégicas internacionales.

Actualmente, miles de embarcaciones navegan bajo bandera panameña en corredores donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales, incluyendo el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,11 dólares respecto al cierre anterior, cuando ya se anotó una subida por el rechazo del presidente Donald Trump a la última propuesta de Teherán.

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, se presentó este lunes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para declarar ante los fiscales como testigo, en una investigación de presunto sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A dos semanas de haber sido destituido del cargo en medio de conflictos irresueltos con el combustible, Medinaceli pasó una hora en dependencias policiales y al salir se negó a brindar declaraciones a los medios. “Como las investigaciones están en proceso, me reservo el derecho de opinar sobre cuáles son los casos en los que estoy como testigo”, explicó brevemente a los periodistas locales.

El caso fue presentado por el vicepresidente Edmand Lara luego de que el canal televisivo DTV revelara en febrero unos documentos sobre la compra de petróleo a la empresa Trafigura, firmados en diciembre de 2025, con presunto sobreprecio en relación con adquisiciones anteriores realizadas a la firma boliviana BoTrading.

Según la denuncia, YPFB pasó de pagar un precio de 9,10 dólares en 2024 a 20,88 dólares por barril en Pocitos (Argentina), y de 18,41 a 22,88 dólares por barril en Arica (Chile). Según declaró el vicepresidente Lara al presentar la denuncia ante la Fiscalía, “el sobreprecio de cuatro millones de dólares al mes, lo que significa que en estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”.

En un comunicado difundido en febrero, YPFB calificó estas denuncias como “tendenciosas” y con el objetivo de “dañar la empresa más valiosa de Bolivia”.

Las investigaciones de este caso llevaron a las autoridades a allanar las oficinas de la estatal petrolera en La Paz y Santa Cruz para recolectar documentación que permita continuar con la investigación.

En ese marco, también fue convocado a declarar el expresidente de YPFB, Yussef Alky, acusado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, quien solicitó la reprogramación de su audiencia al encontrarse fuera del país.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una serie de conflictos por el combustible, que iniciaron con escasez debido a las dificultades de importación durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y derivaron en incertidumbre sobre su calidad en la actual gestión de Rodrigo Paz, tras una ola de denuncias de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que el gobierno admitió.

Adicionalmente, surgieron acusaciones de irregularidades en la adquisición de combustible; se detectaron redes de contrabando hacia países vecinos y organizaciones dedicadas al desvío de diésel para la minería ilegal, entre otras irregularidades.

En diciembre, la administración de Paz levantó el subsidio a los combustibles —una política vigente desde 1997 y que suponía uno de los mayores gastos públicos—, lo que se tradujo en el incremento del precio en el mercado, pero permitió asegurar el suministro.

Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector, en medio de denuncias de “sabotaje” y corrupción.

El aumento en los precios del combustible a nivel internacional ha llevado al Gobierno de Panamá a reforzar el subsidio dirigido a transportistas, en un intento por evitar incrementos en el costo del pasaje y contener presiones inflacionarias sobre la economía.

La medida, implementada desde abril de 2026, se ha convertido en una de las principales herramientas de mitigación económica, en medio de un entorno marcado por la volatilidad energética.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó que el sistema ha registrado cerca de un millón de transacciones en su primer mes de operación, lo que evidencia el alto nivel de adopción del subsidio entre transportistas.

El programa, que inició el 15 de abril de 2026, funciona mediante una plataforma digital que permite acceder a precios preferenciales, siempre que los beneficiarios cumplan con requisitos como registro, documentación vigente y validación de datos.

Actualmente existen aproximadamente 60 mil transportistas inscritos, lo que confirma la rápida expansión del subsidio en sectores como transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Sin embargo, Fábrega advirtió que aún hay alrededor de 600 transportistas que deben completar información adicional, un paso necesario para asegurar la correcta focalización del beneficio, especialmente en el transporte de alimentos. Según explicó, en el 98% de los casos el sistema opera con normalidad, dentro de los parámetros establecidos.

El funcionario indicó que el uso del subsidio continuará creciendo en los próximos días, a medida que se integren los transportistas que aún no han completado su registro.

Esta incorporación progresiva permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema, en un esquema que incluye controles como topes de consumo, monitoreo digital y validación en tiempo real, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Desde el punto de vista fiscal, el subsidio representa un desafío para las finanzas públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la estimación inicial del programa era de unos $10 millones mensuales; luego, debido a una demanda mayor a la esperada, se calculó que el costo podía acercarse a los $15 millones. Sin embargo, por ahora el gasto se mantiene en torno a los $10 millones mensuales, porque el aumento reciente en los precios del combustible ha sido menor al proyectado.

Esta variación responde al carácter dinámico del programa, que se ajusta periódicamente según el comportamiento del mercado.

Chapman detalló que el subsidio se revisa cada 15 días, periodo durante el cual se mantiene un precio congelado para los transportistas, lo que permite amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

El objetivo es que el subsidio cubra una parte significativa del aumento en los costos, evitando que estos se trasladen directamente a los usuarios mediante incrementos en tarifas de transporte.

El ministro subrayó que el programa no solo depende del precio del combustible, sino también del volumen de consumo, una variable que puede variar según la actividad económica.

Esta combinación hace que el costo total sea difícil de anticipar con precisión, por lo que el Gobierno mantiene un monitoreo constante para ajustar el subsidio según la evolución de la demanda.

El esquema permite acceder a precios reducidos, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado internacional.

Este mecanismo ha sido clave para contener presiones inflacionarias, dado que el combustible es uno de los principales componentes en la estructura de costos del transporte y la logística.

Chapman reiteró que el subsidio es una medida temporal y de contención, cuyo principal objetivo es evitar aumentos en el pasaje y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

No obstante, advirtió que si los precios internacionales del combustible aumentan de forma significativa, el Estado tendría que evaluar un ajuste en el subsidio, lo que implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas.

El programa tendrá una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto económico y social. En ese tiempo, el Gobierno buscará equilibrar la necesidad de apoyar a los sectores productivos con la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde la evolución del mercado energético seguirá siendo un factor determinante para la economía panameña.

La inflación de marzo se ubicó en 3,4% y las consultoras anticipan una desaceleración de precios para abril. En este contexto, la atención pasó a es mes que recién comienza y ya muestra nuevas presiones.

En ese contexto, el equipo económico que comanda Luis Caputo debe afrontar el impacto del aumento internacional del precio del trigo, impulsado por la guerra en Oriente Medio y su efecto en el costo de los combustibles, junto con factores internos vinculados a la calidad de la cosecha, que inciden directamente en el precio de los alimentos básicos en Argentina.

Para Javier Patiño, el ingeniero y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, la suba del precio del trigo se explica por tres razones. Primero, el incremento de los combustibles repercute en el costo del flete, lo que obliga a las panaderías a afrontar mayores gastos. A esto se suma la incertidumbre sobre las próximas siembras a nivel mundial, afectadas por el costo de los fertilizantes y los combustibles. Patiño precisó que la referencia para exportación llegó a $290.000, mientras en febrero, antes del inicio del conflicto en Irán, se ubicaba en $250.000. El impacto del escenario internacional sobre los precios domésticos se vuelve evidente en cada eslabón de la cadena.

A su vez, en el plano local, la calidad del trigo nacional se convirtió en un factor de presión adicional. Los molinos manifestaron dificultades para conseguir granos con los niveles de proteína necesarios para panificación. “Para hacer el pan, la calidad del trigo tiene que tener proteína y eso está dado por la fertilización y el año pasado se quedaron cortos”, explicó Patiño. Esta situación obliga a los molineros a pagar precios superiores por la materia prima disponible.

El contexto global complejizó aún más el panorama. Mariela Brandolin, operadora del mercado de granos, describió que el trigo de invierno en Estados Unidos enfrenta una sequía que abarca el 70% del área, con pérdidas de rendimiento difíciles de revertir. Al mismo tiempo, surgen potenciales problemas climáticos en Europa y Rusia, aunque todavía no se confirmaron daños severos en esas regiones.

Brandolin subrayó que “Australia, Argentina y Brasil van a mermar área”, con el agravante de que Australia afronta sequía por el fenómeno de El Niño, lo que puede duplicar el impacto. La experta remarcó que en Argentina, si bien las perspectivas climáticas resultan favorables, la menor fertilización limitará la producción. La proyección ronda entre 18 y 20 millones de toneladas, un número considerablemente menor frente a los 27 millones de la campaña 2026.

Brandolin detalló que ayer para el trigo nuevo hubo un volumen importante de operaciones en USD 230 en todos los futuros. Los exportadores actuaron de forma agresiva ante el temor a no poder sembrar en zonas saturadas de agua y por la preocupación de que posibles lluvias excesivas afecten el cultivo una vez implantado. “Hay miedo de no poder sembrar en algunas áreas muy saturadas de agua o incluso hay productores con miedo a un clima con mucha lluvia que perjudique al cultivo una vez sembrado”, señaló.

Así, aunque abril cerró con un alivio en el ritmo de subas, mayo presenta múltiples desafíos para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y si bien para Patiño la incidencia de la carne vacuna es mayor que la de la harina, aseguró que la suba trae fastidio porque el aumento del pan genera una sensibilidad grande y después se traslada a los panificados. “Siempre está la posibilidad de que la industria molinera importe un trigo corrector, con las características que necesita para que la calidad de la harina ande bien en la panadería y en la industria”, sostuvo. Este recurso se ajusta a la política actual del Gobierno, que ya habilitó la importación de carnes y contempla el mismo esquema para el trigo si resulta necesario.

Alivio por costos fijos

La suba del precio del trigo no es la única presión sobre la inflación de mayo. Para el mes en curso se autorizaron diferentes aumentos en costo fijos, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 5,4% mientras que en la provincia lo hizo en 11,6% lo que ejercerán presión sobre el rubro Transporte. Todavía hay expectativa por la decisión que tome YPF respecto al congelamiento de 45 días del precio del combustible, medida que vence en los próximos días.

Aunque el Gobierno tomó diferentes decisiones respecto a los servicios públicos como mayores bonificaciones y nuevos topes en las boletas que podrían ayudar a moderar la subas en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La semana pasada, se corrigió el cronograma de ajustes en las tarifas de Aysa. El aumento mensual de las facturas pasó del 4% al 3%, en una decisión que impactó directamente en los hogares del AMBA. Esta medida, además de modificar el sendero de actualización original, apuntó a contener la presión inflacionaria en momentos de mayor sensibilidad social. Pero la intervención en las tarifas del agua se complementó con una bonificación extra del 25% en la factura de gas para los usuarios residenciales durante mayo, que se conoció este lunes.

También incluyó bonificaciones en la boleta de la electricidad. Ahora, el sistema otorga subsidios a partir de un bloque de consumo que se amplió de 250 a 300 kilovatios/hora, con una bonificación del 10,5%sobre el precio. Para los usuarios que ya contaban con subsidio, el incremento en la cantidad subsidiada y la bonificación compensan la suba previa del costo de la materia prima, que llegó al 12% o 13%. Según fuentes del sector consultadas por Infobae, la estrategia busca que el gasto mensual de los hogares no registre un salto relevante, considerando que el invierno suele generar picos en el consumo tanto de gas como de electricidad.

El incremento en los precios del combustible en Panamá está teniendo un efecto directo en la movilidad urbana, impulsando a miles de usuarios a dejar sus vehículos particulares y optar por el Metro de Panamá como alternativa de transporte diario.

En las últimas semanas, el sistema ha registrado un aumento sostenido en la demanda, especialmente en los trayectos desde las afueras hacia el centro de la ciudad y viceversa, lo que ha obligado a la empresa operadora a implementar ajustes para garantizar la eficiencia del servicio.

Ante este escenario, el Metro de Panamá, S.A. anunció la puesta en marcha de un plan operativo a partir del lunes 11 de mayo, orientado a optimizar la gestión del servicio en horas pico. La medida busca mejorar el flujo de pasajeros en estaciones terminales, reducir la congestión en los andenes y ofrecer un servicio más ágil, ordenado y seguro, en respuesta al crecimiento reciente en la cantidad de usuarios.

El plan contempla la habilitación del abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales. En la Línea 1, esta operación se aplicará en Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en la estación San Miguelito 2.

Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los pasajeros, reduciendo la acumulación en puntos críticos del sistema.

Además, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, lo que permitirá optimizar los tiempos de maniobra en los cambios de dirección y aumentar la capacidad de transporte. Según la empresa, esto contribuirá a que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito, donde el flujo de pasajeros es más intenso durante las horas pico.

Las autoridades del Metro indicaron que la implementación de este esquema cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura en ambas líneas. Se trata de un procedimiento técnico previamente evaluado, que será ejecutado de forma controlada y bajo supervisión constante del personal operativo.

El aumento en la demanda es evidente en las cifras recientes. El sistema pasó de movilizar aproximadamente 380 mil usuarios diarios a 420 mil, lo que representa un crecimiento significativo en un corto periodo.

Este comportamiento también se refleja en estaciones específicas, como Villa Zaita, donde tras la entrada en operación del intercambiador se registró un incremento de cerca de 4,900 usuarios adicionales, equivalente a un aumento del 11% en la demanda.

En lo que va de 2026, la demanda del Metro de Panamá muestra un comportamiento variable, pero con una clara recuperación hacia el cierre del primer trimestre. En enero se registraron cerca de 8.7 millones de pasajeros, seguido de una caída en febrero a aproximadamente 8.2 millones, lo que representa uno de los niveles más bajos del periodo reciente.

Sin embargo, en marzo la demanda repunta con fuerza hasta superar los 10.3 millones de usuarios, evidenciando un incremento significativo en el uso del sistema. Este repunte en marzo coincide con el contexto de aumento en los precios del combustible.

El Metro de Panamá se ha consolidado como una alternativa económica frente al alza del combustible, con tarifas que se mantienen sin cambios en 2026.

El costo del pasaje en la Línea 1 es de $0.35, mientras que en la Línea 2 es de $0.50. El transbordo entre ambas líneas tiene un costo de $0.85, y existen tarifas especiales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, quienes pagan entre $0.17 y $0.24 por viaje, dependiendo del caso.

Actualmente, la Línea 1, inaugurada en abril de 2014, cuenta con 15 estaciones y conecta sectores desde Villa Zaita hasta Albrook, atravesando puntos clave como Los Andes, San Miguelito y la vía Transístmica. Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, dispone de 16 estaciones y recorre desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, cubriendo zonas densamente pobladas del este de la ciudad.

El crecimiento del sistema no se detiene. En la actualidad, se construye la Línea 3 del Metro, que conectará la ciudad de Panamá con el sector oeste del país a través de un monorriel, ampliando la cobertura del sistema hacia nuevas áreas de desarrollo. Además, el plan maestro del Metro contempla la construcción de al menos ocho líneas en el largo plazo, con el objetivo de consolidar una red integral de transporte masivo.

El Metro también ha emitido recomendaciones a los usuarios para facilitar la implementación del nuevo esquema operativo. Entre ellas, seguir las indicaciones del personal en estaciones, utilizar los andenes habilitados, permitir la salida de pasajeros antes de abordar, mantener el orden en escaleras y planificar los viajes con anticipación.

Con estas medidas, el sistema busca adaptarse a un cambio estructural en los patrones de movilidad urbana, donde el transporte público gana protagonismo frente al aumento en los costos de operación de vehículos particulares. La evolución de la demanda en las próximas semanas será clave para determinar nuevos ajustes en la operación.

El precio internacional del petróleo y la crisis geopolítica han provocado que la inflación en el Perú durante abril supere el 4 %, ubicándose nuevamente por encima del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva, situado entre 1 % y 3 %. Este escenario tensiona los bolsillos de los hogares, mientras la autoridad monetaria enfrenta el desafío de controlar el alza de precios sin descuidar la estabilidad cambiaria, según advirtió Jorge Chávez, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, en entrevista con Economía para todos.

Futuro económico incierto

Según Chávez, el incremento del índice de precios en el mes de abril ha sido impulsado principalmente por el sector transporte, en especial el aumento de los pasajes tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Esta tendencia se presenta luego de que en marzo también se registrara un alza significativa de la inflación, reflejando el impacto acumulado de factores internacionales y locales.

En palabras del economista, el país podría cerrar el año aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que implicaría mantener la atención sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

El combustible y los fertilizantes presionan el costo de vida

Al analizar los sectores responsables del encarecimiento, Chávez identificó dos motores principales: la subida del precio del petróleo y los combustibles, así como el alza en los costos de insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes. Ambos factores han repercutido tanto en el transporte como en los alimentos, incidencias que se reflejan especialmente en productos de alto consumo como la papa y en el costo de las comidas fuera del hogar.

La presión sobre los fertilizantes, que ya venía incrementándose desde febrero y marzo, se ha trasladado a los precios de productos básicos, lo que afecta la canasta familiar peruana. A este fenómeno se suma la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, derivada de la guerra en Irán, que ha elevado los costos logísticos y de importación. Chávez explicó que “el impacto viene de la incertidumbre geopolítica reinante”, generando una inflación importada.

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, los menús en restaurantes registraron también una tendencia al alza. Según el economista, este rubro es particularmente resistente a la baja, dado que sus precios se ven afectados tanto por el transporte de insumos desde zonas productoras como por el encarecimiento de materias primas.

Los datos muestran que el país ha experimentado un incremento sostenido de la inflación en los dos últimos meses, lo cual se traduce en una inflación de más del 4 % en abril, frente a un rango meta oficial de entre 1 % y 3 % del Banco Central de Reserva. Este indicador posiciona a Perú por encima de su objetivo interno, aunque aún por debajo de los picos inflacionarios observados en otros países de América Latina.

Factores internacionales y riesgos a futuro

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha sido un factor determinante en la volatilidad de los precios del petróleo. Chávez detalló que recientemente el barril de Brent cotizó en torno a USD 105 y alcanzó en semanas previas el nivel récord de USD 114, con “escenarios en que incluso podrían superarse los USD 120 en caso de una escalada bélica abierta”.

En términos macroeconómicos, el analista comentó que Estados Unidos experimenta un costo cercano a USD 800 a 1.000 millones diarios en gastos derivados de las tensiones en Oriente Medio. Esto incide no solo en los precios internacionales de la energía, sino también en el déficit fiscal de la economía estadounidense y en la presión sobre los fondos del tesoro a 10 años.

GNV impide que inflación sea mayor al 4%

Aunque la inflación responde principalmente a estos factores globales, existen algunos productos con comportamiento opuesto. El gas licuado de petróleo presentó una baja en sus precios debido a la normalización de la producción en el yacimiento de Camisea. Según Chávez, sin esta reducción, la tasa de inflación peruana habría sido todavía mayor.

La siguiente respuesta explica, de manera autónoma, el fenómeno inflacionario peruano reciente, las causas identificadas y sus consecuencias inmediatas:

• En abril, el índice de precios al consumidor en el Perú superó el 4 %
• Impulsado principalmente por el alza en el precio internacional del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.
• Este incremento afecta especialmente al transporte y a los alimentos, generando presión sobre la canasta familiar
• La inflación se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva.

El rol del Banco Central y factores locales

A pesar de la coyuntura internacional, el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado una política monetaria prudente y, según Chávez, “mantener esta posición y no seguir bajando las tasas de referencia es lo más adecuado”. El especialista recomendó que la entidad no intervenga excesivamente en la determinación de un tipo de cambio fijo, sino que modere fluctuaciones de corto plazo para evitar presiones adicionales sobre la economía.

El contexto electoral, con una segunda vuelta entre los candidatos Sánchez (extrema izquierda) y Keiko (derecha), también introduce incertidumbre. Chávez evocó la experiencia de la segunda vuelta previa con Pedro Castillo y alertó sobre la tendencia de los agentes económicos a dolarizar activos ante escenarios de riesgo. No obstante, destacó que Perú opera ahora bajo un régimen parlamentario que limitaría cambios drásticos en política económica.

“Los 60 senadores decidirán las cosas”, afirmó el economista, descartando un escenario de volatilidad comparable al vivido anteriormente.

Respecto a las reservas internacionales, Perú mantiene una “posición cambiaria fuerte”, lo que otorga grados de libertad al Banco Central para actuar si se presentara un choque político o externo marcado. Chávez expresó que la población debe esperar precios todavía elevados en los próximos meses, aunque con tendencia a estabilizarse si el contexto internacional no se deteriora más.

Expectativas de crecimiento e impacto regional

La economía peruana atraviesa una coyuntura compleja, en la que confluyen la inflación, el calendario electoral y fenómenos climáticos como el Niño, que podría ser intenso y afectar tanto la producción agrícola como el propio crecimiento del PIB. Según Chávez, “no vamos a alcanzar el 3% de crecimiento, vamos a estar por debajo, en dos y pico por ciento”.

Pese a este entorno adverso, el economista subrayó que la economía nacional conserva estabilidad, sostenida por su política monetaria y el respeto internacional ganado por su bajo nivel inflacionario y desempeño fiscal. Las propuestas parlamentarias expansivas y las iniciativas de gasto sí afectan la perspectiva de mediano y largo plazo, pero el corto plazo permanece amparado por la solidez institucional.

A nivel latinoamericano, el especialista sostuvo que otros países enfrentan tasas de inflación aún más elevadas, lo que evidencia que el fenómeno, aunque preocupante, no es único ni exclusivo del Perú. En este contexto, la estrategia del Banco Central de Reserva y la capacidad de afrontar la volatilidad internacional se mantienen como los ejes que determinan el margen de maniobra del país frente a futuros episodios de incertidumbre y presión inflacionaria.

El Perú no enfrenta, al menos en el corto plazo, un escenario de apagón total de combustibles, pero sí atraviesa una coyuntura crítica que pone a prueba la estabilidad de su sistema energético. La advertencia de Petroperú —que ha señalado que sin una inyección de USD 2.000 millones podría interrumpir sus operaciones en cuestión de días— ha encendido las alertas sobre un eventual desabastecimiento, en medio de una crisis de liquidez que ya ha obligado a detener la refinería de Iquitos y ha colocado a Talara y Conchán al borde del cierre.

Sin embargo, el riesgo no es uniforme ni inmediato a nivel nacional. La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, advierte en entrevista para Infobae Perú que el panorama es más complejo de lo que sugieren las declaraciones más alarmistas. La situación combina problemas estructurales de gestión, presiones financieras acumuladas y un contexto internacional adverso, pero también la existencia de actores privados que podrían amortiguar parte del impacto.

Un riesgo acotado, pero no inexistente

Para Sícoli, la posibilidad de que el país se quede sin combustible en su totalidad es altamente improbable en el corto plazo. “Actualmente, Petroperú abastece a un 25% del mercado nacional, por lo que el riesgo de desabastecimiento nacional es casi nulo”, señala. Esta menor participación, lejos de ser una fortaleza institucional, refleja la pérdida de peso de la empresa estatal frente a competidores privados en la última década.

La propia empresa ha intentado transmitir calma. Según un comunicado reciente, “Petroperú informa a la opinión pública que cuenta con inventarios suficientes de diésel, gasolinas y GLP, lo que permite atender con normalidad la demanda a nivel nacional”. Este mensaje busca contrarrestar la incertidumbre, aunque no disipa las dudas sobre la sostenibilidad de ese abastecimiento si no se resuelve el problema de liquidez.

Impacto desigual y regiones más vulnerables

El cierre de la refinería de Iquitos y la reducción de operaciones en Talara evidencian que la crisis ya tiene efectos concretos. De acuerdo con Sícoli, la paralización en la Amazonía responde principalmente a deudas con proveedores y a la falta de recursos para cumplir con esas obligaciones, lo que ha obligado a trasladar el suministro desde Lima.

Aun así, anticipar un colapso inmediato en regiones específicas no es sencillo. La economista sostiene que existen alternativas logísticas que permiten redistribuir combustibles desde otras zonas del país, lo que diluye la posibilidad de una interrupción abrupta. No obstante, el contexto descrito en el sector energético apunta a que las zonas más dependientes de Petroperú, como partes de la selva, serían las primeras en sentir una eventual escasez si la crisis se profundiza.

El rol del sector privado en un escenario extremo

Uno de los factores que atenúan el riesgo sistémico es la creciente participación de empresas privadas en el mercado de combustibles. La caída de Petroperú —de un 51% de participación a cerca del 20%— ha sido compensada por otros actores que han ampliado su presencia y capacidad operativa.

En ese sentido, Sícoli considera que, ante una eventual paralización total de la estatal, es “muy probable” que el sector privado pueda cubrir la demanda nacional, al menos en términos de abastecimiento. Sin embargo, este escenario implicaría una mayor dependencia de importaciones, lo que, en un contexto de precios internacionales elevados, podría traducirse en incrementos significativos para los consumidores.

Una crisis gestada durante años

El origen del problema no se limita a factores recientes. Si bien el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas han agravado la situación, la especialista enfatiza que la crisis de Petroperú es de larga data. Está vinculada a fallas estructurales en la gestión, cambios constantes en la dirección de la empresa y decisiones financieras poco sostenibles.

El caso de la refinería de Talara es ilustrativo. Su modernización pasó de un presupuesto inicial de USD 450 millones a cerca de USD 7.000 millones, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión financiera. Para Sícoli, este sobrecosto es solo una parte de un problema mayor que incluye “fallas en la gestión financiera y operativa” y una dependencia recurrente de rescates estatales.

El dilema del rescate y las salidas posibles

El pedido de financiamiento por USD 2.000 millones plantea un dilema para el Estado. Otorgar garantías podría aliviar la crisis inmediata, pero también perpetuar un modelo que no ha demostrado ser sostenible. En ese sentido, Sícoli advierte que cualquier apoyo debe estar condicionado a reformas concretas.

Entre las medidas necesarias menciona la reducción de costos operativos, la venta de activos no esenciales y una reorganización profunda de la gestión. Incluso plantea alternativas como esquemas de concesión o asociaciones público-privadas, similares a los aplicados en otros países de la región.

Desde su perspectiva, limitarse a cubrir el déficit actual sin cambios estructurales solo postergaría el problema. “Conceder el aval para que se logre cubrir el desfase financiero actual, solo extenderá la crisis de la petrolera estatal”, afirma. Así, el Perú no enfrenta un colapso inmediato, pero sí una encrucijada que definirá el futuro de su seguridad energética.

Tres ministros de Bolivia y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibieron este miércoles a los dirigentes del transporte en la Casa de Gobierno para atender sus demandas, luego de que este martes protagonizaran una jornada de huelga y bloqueos en varias carreteras y ciudades del país.

Los choferes reclaman regularizar el suministro y la calidad del combustible, celeridad en el pago de resarcimientos por daños vehiculares y realizar mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos.

La Administradora Boliviana de Carreteras registró este martes al menos 65 puntos de bloqueo en carreteras troncales, especialmente en la zona sur y occidental del país, por “conflictos sociales” relacionados con la convocatoria que hizo la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. De igual forma, medios locales reportaron cortes en algunas ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho”, dijo a los medios el dirigente sindical Lucio Gómez y agregó que en principio las medidas de presión fueron establecidas por 24 horas, pero pueden extenderse si el Gobierno no atiende sus demandas en las negociaciones.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Rodrigo Paz, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a recibir a los representantes del sector y abordar punto a punto todas sus demandas. Sin embargo, aclaró que todas las peticiones están siendo atendidas.

Zamora explicó que ya se regularizó el suministro de diésel—que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y afirmó que revisó personalmente que el pago de las compensaciones se realice de manera oportuna al autotransporte afectado.

Por otro lado, afirmó que se van a destinar 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, en un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos días para su aprobación. En tanto, se iniciarán algunas obras de reparación en carreteras.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y anunciaron la llegada a La Paz de dirigentes de otras regiones para participar en el encuentro en el que reclaman la presencia del presidente.

“El tema es dialogar, que vayan los quieran, pero la idea es que levanten las medidas de presión y podamos hacer un diálogo más tranquilo”, manifestó el ministro Zamora, a quien acompañan los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de la Presidencia, José Luis Lupo.

El asunto del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno quitó en diciembre la subvención al diésel y la gasolina.

Pocas semanas después de esta medida —que se tradujo en el incremento del precio del combustible— surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas sobre las causas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

La administración de Paz ha cambiado varias veces a las cabezas del sector de hidrocarburos en busca de soluciones para este conflicto, que constituye uno de los desafíos más grandes de su gestión.

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a una huelga del transporte público este martes para exigir el abastecimiento y mejoras en la calidad del combustible, la celeridad en el resarcimiento económico de daños vehiculares atribuibles a la gasolina y el mantenimiento de la infraestructura vial, entre otros puntos.

La medida de presión, que incluye bloqueos de calles y avenidas por 24 horas, fue respaldada por algunos gremios departamentales, pero sin lograr consensos. En Santa Cruz de la Sierra algunas federaciones decidieron no acatar la medida y en las primeras horas de la mañana la circulación de vehículos era normal.

En tanto, en otras ciudades como La Paz y El Alto, los medios locales reportaban bloqueos y la ausencia de buses del transporte público. Según la convocatoria a la huelga, se tienen planificados cerca de 90 puntos de bloqueo en ambas ciudades.

El Gobierno ha vuelto a convocar al sector a una mesa de diálogo tras la inasistencia a una reunión prevista este lunes y afirma que está trabajando para dar respuesta a todas las demandas del sector.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que se regularizó el suministro de diésel —que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y que revisó personalmente que el pago de las compensaciones al autotransporte afectado se realice de manera oportuna.

Por otro lado, aseguró que se han asegurado 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos 21 días para su aprobación mientras se inician algunas obras en las carreteras. “Las carreteras necesitan tiempo y una planificación adecuada para superar los daños del pasado”, manifestó Zamora en conferencia de prensa.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y reclaman la presencia del presidente Rodrigo Paz. “El Gobierno nacional solo ha firmado actas; queremos reunirnos con el presidente del Estado y, en caso de que no ocurra, vamos a masificar la medida”, manifestó el dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara, en entrevista con el canal Unitel.

El tema del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno determinó en diciembre quitar la subvención al diésel y la gasolina.

Esta medida se tradujo en el aumento del precio de los carburantes, afectó las redes de contrabando que se habían formado en los últimos años y permitió garantizar su distribución.

Sin embargo, pocas semanas después surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

Este conflicto también estuvo marcado por la inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.

El presidente Paz ha manifestado en una publicación en redes sociales “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”, en referencia al manejo del sector durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó que no le teme a las protestas sociales.

“Yo no le tengo miedo a las movilizaciones”, aseguró el jefe de Estado el viernes. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

La provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.

De este modo, el aumento será en total del 11,6%, aunque la efectivización del aumento podría demorarse algunos días, hasta que las empresas actualicen sus sistemas a los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.

En recorridos de 3 a 6 kilómetros el boleto pasa de $1.035,9 a $1.162,91 (y a $2.325 para quienes paguen con SUBE innominada).

En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40

Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76

Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.

Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).

En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.

Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines dejó de operar de forma repentina el 2 de mayo de 2026, tras declararse en quiebra y cancelar todos sus vuelos, lo que ha generado caos entre miles de pasajeros en Estados Unidos, México y América Latina.

¿Por qué quebró Spirit Airlines?

El colapso de la compañía se explica por una combinación de factores financieros y geopolíticos. El más determinante fue el aumento drástico en el precio del combustible para aviones, provocado por el conflicto en Irán, que elevó los costos operativos a niveles insostenibles.

De acuerdo con reportes internacionales, el precio del combustible prácticamente se duplicó en semanas, pasando de alrededor de 2.24 a más de 4.50 dólares por galón, golpeando especialmente a aerolíneas de bajo costo como Spirit.

A esto se sumaron otros problemas:

• La empresa ya había atravesado dos procesos de bancarrota recientes
• Fracasó un rescate financiero de 500 millones de dólares
• No logró concretar fusiones con otras aerolíneas
• Su modelo “ultra low cost” perdió competitividad frente a otras compañías

Finalmente, la empresa cesó operaciones de forma inmediata, dejando varados a miles de viajeros y sin atención al cliente disponible.

Impacto en México: rutas afectadas

Spirit Airlines era una opción frecuente para vuelos baratos entre México y Estados Unidos, con rutas desde destinos como Cancún, Los Cabos o Monterrey hacia ciudades estadounidenses.

Su salida del mercado afecta directamente a viajeros que buscaban tarifas económicas, especialmente en temporada alta o viajes de última hora.

¿Qué hacer si tenías un vuelo con Spirit?

La aerolínea informó que procesará reembolsos automáticos a los pasajeros que compraron con tarjeta, aunque no ofrece reacomodo en otros vuelos.

Por ello, los viajeros deben buscar alternativas por su cuenta.

Alternativas para pasajeros afectados

Ante la emergencia, varias aerolíneas han lanzado medidas para absorber la demanda y ayudar a los pasajeros:

1. Tarifas de rescate

Compañías como Delta, Frontier, American Airlines, United, Southwest y JetBlue han ofrecido tarifas reducidas o con precio limitado para quienes tenían boletos con Spirit.

• Algunas tarifas se han limitado a menos de 200 dólares por trayecto
• Aplican en rutas nacionales y también entre EE.UU. y América Latina

2. Nuevas opciones low cost

La aerolínea Frontier Airlines anunció descuentos especiales y expansión de rutas en mercados donde operaba Spirit, lo que podría beneficiar a pasajeros que buscan precios bajos.

3. Aerolíneas tradicionales

Otras compañías como Delta o United están absorbiendo la demanda, aunque con precios generalmente más altos, pero con mayor disponibilidad inmediata.

Consejos para viajeros afectados

• No acudir al aeropuerto sin boleto confirmado, ya que todos los vuelos de Spirit están cancelados
• Revisar el estado del reembolso con el banco o aseguradora
• Buscar vuelos en modo flexible (fechas cercanas o aeropuertos alternos)
• Aprovechar tarifas de rescate disponibles por tiempo limitado

Una caída que sacude a la industria aérea

El cierre de Spirit Airlines representa la mayor quiebra de una aerolínea en Estados Unidos en más de dos décadas y evidencia cómo factores externos, como conflictos internacionales, pueden impactar directamente en el transporte aéreo.

Además, su desaparición podría provocar menos competencia y tarifas más altas en rutas donde era líder en precios bajos, afectando especialmente a viajeros frecuentes entre México y Estados Unidos.

El Canal de Panamá está operando hoy en uno de sus momentos más exigentes de los últimos años, no por una falla interna, sino por la presión del comercio mundial, la reconfiguración de rutas marítimas y el impacto de conflictos internacionales como la crisis en Medio Oriente.

En ese escenario, el sistema de asignación de cupos —y en particular las subastas de tránsito— ha cobrado protagonismo tras conocerse que un buque transportador de gas pagó cerca de 4 millones de dólares por asegurar su paso, generando la percepción de que el Canal elevó sus tarifas, algo que la propia autoridad ha desmentido.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de su administrador Ricaurte Vásquez, ha sido clara: no ha habido aumentos de peajes y el Canal no está especulando con sus tarifas. Lo que ha cambiado es el entorno global y la forma en que los clientes valoran el tránsito.

“El precio no lo pone el Canal, lo pone el mercado”, explicó Vásquez, al dejar en claro que el monto pagado en una subasta responde a la urgencia de la carga y a las condiciones externas, no a una decisión institucional.

Para entender este fenómeno, hay que partir de la estructura actual de operación. El Canal mantiene un promedio de 41 tránsitos diarios, por encima de su capacidad nominal de 36, lo que implica una utilización intensiva de recursos humanos, equipos y, sobre todo, agua.

Este aumento no es permanente ni garantizado: responde a condiciones favorables recientes, incluyendo niveles de los lagos más altos de lo habitual para la estación seca, lo que ha permitido ofrecer cupos adicionales al mercado.

De esos 41 tránsitos, la gran mayoría —alrededor de 36 cupos diarios— se asigna mediante el sistema de reservas anticipadas, mientras que el resto surge de espacios que se liberan por cancelaciones o ajustes operativos.

Esos cupos adicionales son los que entran al mecanismo de subasta, que es donde se generan las cifras más llamativas y donde el mercado define cuánto está dispuesto a pagar por cruzar en un momento específico.

Cupo garantizado

El cambio estructural más importante ocurrió tras la crisis hídrica de 2023, cuando el Canal dejó atrás el modelo histórico de “primero en llegar, primero en pasar” y adoptó un sistema obligatorio de reservas.

Hoy, ningún buque transita sin un cupo asignado, lo que elimina la incertidumbre operativa y permite planificar con precisión tanto para el Canal como para las navieras.

En este nuevo esquema, el proceso comienza incluso antes de que el buque zarpe. El naviero solicita un tránsito para una fecha específica, compite con otros clientes en función de su historial, volumen de negocio y frecuencia de uso, y si no logra asegurar un espacio dentro de los periodos establecidos, debe recurrir a las subastas si desea pasar en una fecha específica.

Allí, el precio parte de un piso relativamente bajo —15 mil dólares para buques regulares, 55 mil para “super” y 100 mil para neopanamax— pero puede escalar según la competencia.

La lógica es simple y brutalmente eficiente: gana quien más necesita pasar. Si una carga energética debe llegar con urgencia a Asia, el naviero puede estar dispuesto a pagar millones para evitar retrasos. En cambio, otros segmentos como los graneleros, con menor margen financiero, rara vez participan en esas pujas. Es un sistema que prioriza el valor económico de la carga, no el orden de llegada.

Subastas

Los datos lo confirman. Más del 80% de las subastas se resuelve por debajo del millón de dólares, y menos del 1% supera los 3 millones, lo que demuestra que los casos de cifras extraordinarias son excepcionales.

Sin embargo, su impacto mediático ha sido enorme, sobre todo en un contexto de incertidumbre global en rutas como el estrecho de Ormuz, donde las tensiones han obligado a redirigir flotas y aumentar la presión sobre rutas alternativas como Panamá.

Este reacomodo del comercio también se refleja en el tipo de buques que están transitando. El Canal ha registrado un aumento en el paso de tanqueros, que han subido de 7 a más de 12 diarios, así como en buques de gas y graneleros.

En algunos casos, el volumen ha alcanzado entre 10 y 15 graneleros por día, niveles similares a los previos a la pandemia, lo que evidencia un cambio en la dinámica global del transporte marítimo.

A pesar de la alta actividad, la ACP rechaza la idea de que exista congestión. Actualmente hay más de 100 buques en área de espera, pero cerca del 90% ya tiene su reserva asignada, lo que significa que no están esperando un turno incierto, sino cumpliendo un calendario definido. La diferencia es clave: no es una fila caótica, sino una operación planificada.

Muchos de estos buques llegan con anticipación por decisión estratégica. Panamá ofrece servicios logísticos como abastecimiento, cambio de tripulación y mantenimiento, lo que convierte la espera en una oportunidad operativa.

Otros llegan antes para intentar adelantar su tránsito mediante subasta, lo que puede liberar cupos futuros y alimentar el mismo sistema dinámico.

Este modelo genera un efecto en cadena. Cuando un buque adelanta su paso, deja libre su espacio original, que puede ser ofrecido nuevamente al mercado. Es ahí donde el Canal introduce nuevos cupos en subasta, sin alterar la estructura base de 36 tránsitos, pero maximizando el uso de la capacidad disponible.

Factor clave: Agua

Sin embargo, hay un factor que el Canal no controla: el agua. Aunque hoy opera con holgura gracias a condiciones climáticas favorables, la sostenibilidad de los 41 tránsitos diarios dependerá directamente de las lluvias y del nivel de los lagos. El propio Vásquez lo ha advertido: la capacidad actual podría ajustarse si cambian las condiciones hidrológicas.

En paralelo, el Canal ha fortalecido su modelo comercial con herramientas como el programa LOTSA (Long Term Slot Allocation), que permite a clientes asegurar espacios a largo plazo. Este sistema ha alcanzado niveles de ocupación cercanos al 99%, reflejando la alta demanda y la necesidad de previsibilidad en un entorno global cada vez más volátil.

Desde el punto de vista financiero, el desempeño ha superado las expectativas. Aunque se proyectaba una caída en ingresos por el contexto económico global, el aumento en tránsitos y la presión del mercado han sostenido los resultados. Aun así, las autoridades evitan hacer proyecciones a largo plazo, conscientes de que el escenario puede cambiar rápidamente.

En una nueva semana marcada por una creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció una serie de ajustes en los precios de los combustibles de consumo local.

Para la semana correspondiente del 2 al 8 de mayo de 2026, el Gobierno dominicano ha decidido implementar un subsidio extraordinario de RD$1,421.4 millones, una medida agresiva orientada a mitigar el impacto inflacionario que la crisis del crudo está ejerciendo sobre la economía doméstica.

El panorama global que enfrenta la República Dominicana es complejo. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia directa para el mercado, ha quebrado la barrera psicológica de los US$100 por barril. Esta escalada no es casual; responde a un estancamiento crítico en las negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, lo que ha revivido el temor de un conflicto prolongado en Oriente Medio.

A este factor se suman las recientes amenazas de bloqueos y ataques en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más importante del mundo para el tránsito de hidrocarburos.

Ante la posibilidad de una interrupción en el suministro global, los mercados han reaccionado con una volatilidad que obliga a los países no productores, como la República Dominicana, a realizar ajustes fiscales significativos para evitar que los precios en las estaciones de servicio alcancen niveles insostenibles para la clase media y los sectores más vulnerables.

Nuevos precios y el esfuerzo del Estado

A pesar de la presión externa, el MICM informó que el Estado ha decidido absorber la mayor parte del alza acumulada. Si no fuera por el subsidio de más de 1,400 millones de pesos, los incrementos habrían sido de doble dígito. Con el ajuste aplicado, los precios para la próxima semana quedan establecidos de la siguiente manera:

En un esfuerzo por proteger el presupuesto de las familias y el costo de la canasta básica, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá congelado en RD$137.20 por galón.

Asimismo, el Gas Natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico. Según el comunicado oficial, “el Gobierno dominicano refuerza su protección a la economía familiar asumiendo el sacrificio fiscal para proteger los hogares, el transporte y la producción nacional”.

Estrategias avanzadas para el ahorro de combustible y eficiencia energética

Ante este contexto de precios al alza, el ahorro de combustible deja de ser una opción y se convierte en una necesidad financiera. A continuación, presentamos una guía detallada para maximizar el rendimiento de cada galón:

1. Mantenimiento Preventivo y Neumáticos: Un motor con filtros de aire obstruidos o bujías en mal estado puede aumentar el consumo hasta en un 20%.
2. La técnica de la “Conducción Predictiva”: Evite el ciclo de acelerar y frenar bruscamente.
3. Gestión Aerodinámica y Carga: El peso excesivo es el enemigo del ahorro. Retire objetos pesados innecesarios del maletero. Además, a altas velocidades (más de 80 km/h).
4. Optimización de Rutas mediante Tecnología: El uso de herramientas digitales para evitar congestionamientos es vital. Un vehículo detenido con el motor en marcha (ralentí) consume combustible sin generar kilometraje. Si su parada va a durar más de 60 segundos, apague el motor.
5. Uso de Marchas Largas: Si su vehículo es manual, intente circular en la marcha más larga posible sin forzar el motor. En vehículos automáticos, una aceleración suave permitirá que la transmisión haga los cambios a revoluciones bajas, optimizando el flujo de combustible.

El cumplimiento de estas medidas, sumado al respaldo del subsidio gubernamental, busca garantizar que la movilidad y la productividad del país no se detengan a pesar de la turbulencia internacional.

El impacto del combustible en el sector productivo panameño comienza a reflejarse con mayor claridad en la cadena de alimentos, y todo apunta a que sus efectos serán más visibles en el segundo trimestre del año, cuando lleguen al mercado las cosechas sembradas bajo costos más altos de producción.

Así lo advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, quien señaló que el alza del diésel no solo afecta el transporte, sino también cada fase del proceso agrícola, desde la siembra hasta la cosecha.

Morales explicó que el combustible incide directamente en la producción agrícola, ya que la maquinaria utilizada en el campo —como tractores, cosechadoras y equipos de fumigación— depende completamente de este insumo.

A esto se suma el impacto en el transporte de mercancías desde las zonas de cultivo hacia los mercados, lo que eleva aún más los costos. “El sector agropecuario enfrenta dos vertientes: el aumento del combustible y el aumento de los costos de producción”, señaló, al advertir que esta presión ya se está trasladando a los precios de algunos productos.

En el mercado, los efectos ya comienzan a sentirse. Según el representante de Merca Panamá, productos como el tomate, los pimentones y la zanahoria han registrado incrementos importantes en sus precios, incluso en una época en la que tradicionalmente deberían mantenerse bajos.

“Tenemos precios de invierno cuando deberíamos tener precios de verano”, indicó, al explicar que condiciones como la sequía y el mayor uso de riego, que también depende de combustible, están elevando los costos en campo.

El impacto, sin embargo, será más evidente en los próximos meses. Morales advirtió que las cosechas que se están sembrando actualmente para junio y julio ya están incorporando estos costos más altos, lo que inevitablemente se traducirá en precios más elevados para el consumidor.

“Sembrar una papa o una zanahoria hoy cuesta más, y eso se reflejará cuando llegue al mercado”, explicó, al subrayar que el segundo trimestre será clave para medir el efecto real del aumento del combustible en los alimentos.

A esta presión se suma otro factor crítico: el aumento en los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos químicos, cuyos precios están vinculados al comportamiento del mercado internacional. Morales indicó que estos insumos ya han registrado aumentos de entre $4 y $5, y que se espera un nuevo incremento en mayo.

“Todo el mundo apunta a que los insumos van a subir, y eso será un golpe muy fuerte para la producción nacional”, advirtió.

El origen de este incremento está en factores globales, como la disrupción en mercados internacionales de fertilizantes y el impacto de conflictos geopolíticos en la producción de materias primas.

Panamá, al depender de la importación de estos insumos, enfrenta una presión adicional que no puede controlar directamente. En este contexto, el sector productivo ha pedido al Gobierno acelerar medidas para garantizar el acceso a fertilizantes a precios más competitivos.

Otro elemento que agrava el panorama es la posibilidad de un fenómeno de El Niño, que podría intensificar la sequía en varias regiones del país.

Morales explicó que la falta de lluvias obligaría a aumentar el uso de sistemas de riego, lo que implicaría un mayor consumo de combustible y, por ende, un incremento adicional en los costos. “Todas estas variables hacen que tengamos una incertidumbre fuerte para los meses de junio en adelante”, sostuvo.

El comportamiento de algunos productos ya ilustra esta dinámica. El caso del ají es uno de los más evidentes: su precio pasó de $11 a casi $30 por saco de 25 libras, impulsado por plagas asociadas al clima seco.

De igual forma, el tomate ha registrado incrementos significativos, pasando de menos de $1 a más de $1.50 por libra en algunos casos. Estos aumentos no solo afectan al consumidor final, sino que también generan un efecto en cadena sobre otros productos sustitutos.

En Merca Panamá, principal centro de distribución de alimentos del país, el flujo de compradores se mantiene estable, impulsado por la búsqueda de precios más competitivos.

Morales destacó que, a pesar de los aumentos, aún existen productos con precios accesibles, como la papa y la cebolla, lo que permite a los consumidores encontrar alternativas. Sin embargo, advirtió que la tendencia general dependerá de cómo evolucionen los costos en el campo en los próximos meses.

Frente a este escenario, el sector productivo ha reiterado la necesidad de incluir a la agricultura dentro de los programas de apoyo al combustible, ya que actualmente muchos de los subsidios no cubren maquinaria agrícola ni equipos clave para la producción.

Morales enfatizó que el objetivo no es solo proteger al productor, sino también garantizar la seguridad alimentaria del país, evitando que los alimentos se vuelvan inaccesibles para la población.

Pese al panorama complejo, el sector mantiene una visión optimista. Morales aseguró que los productores seguirán trabajando para garantizar el abastecimiento, aunque insistió en la importancia de que los consumidores apoyen el producto nacional.

“Si el productor no tiene ingresos suficientes, no puede seguir en el campo”, advirtió, al subrayar que el consumo local es clave para sostener la producción y evitar una mayor dependencia de las importaciones.

El comportamiento del combustible, los insumos y las condiciones climáticas marcarán la evolución de los precios en los próximos meses. Por ahora, el mensaje del sector es claro: el impacto ya comenzó, pero su verdadero alcance se verá en el segundo trimestre, cuando el costo de producir alimentos en Panamá termine reflejándose en la mesa de los consumidores.

El costo de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su nivel más elevado desde 2022, con el promedio nacional ubicándose en USD 4,23 por galón (3,78 litros) el 29 de abril, según registros de la American Automobile Association (AAA) y del portal especializado GasBuddy.

Esta alza coincide con la persistencia del conflicto en Irán y un aumento en la cotización internacional del petróleo, lo que genera una presión adicional sobre los presupuestos familiares, tal y como reportó ABC News.

Contexto y evolución del precio de la gasolina

De acuerdo con la AAA, el precio nacional promedio se situó en USD 4,30 por galón al 30 de abril, aunque días previos la cifra fue de USD 4,23.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA) indicó que el precio semanal del 27 de abril fue de USD 4,12 por galón, lo que representa una suba de más de un dólar en comparación con el mes anterior. El conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico, el cierre temporal de rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz y la transición estacional hacia mezclas de combustibles de verano contribuyeron a la volatilidad del mercado, según la EIA.

La disparidad regional es notoria. Datos de la AAA aseguran que California registró el precio más alto, con un valor promedio de USD 5,87 por galón, mientras que Texas se mantuvo entre los estados con los precios más bajos, con USD 3,76. En Nueva York y Florida, los valores rondan los USD 4,12 y USD 4,15 respectivamente, y Washington permanece en el grupo de los precios más elevados.

En 2022, el promedio nacional había llegado a superar los USD 5 por galón durante una semana de junio, según la AAA. Las cifras actuales reflejan una tendencia alcista que impacta directamente sobre el gasto familiar.

Opciones para ahorrar: programas de fidelidad, tarjetas y apps

Ante el incremento sostenido, diversos programas y herramientas ofrecen alternativas para reducir el gasto en combustibles. De acuerdo con ABC News, los consumidores pueden acceder a beneficios a través de membresías, tarjetas de crédito y aplicaciones móviles.

Programas de fidelidad y membresías:

• Shell otorga 30 centavos de descuento por galón en la tercera carga para nuevos afiliados y hasta 10 centavos para quienes alcanzan la categoría Platinum.
• BP y Amoco descuentan 5 centavos en cada llenado. Los usuarios de Exxon pueden acumular entre 3 y 6 centavos en recompensas para futuras compras, según los términos de cada programa.
• Las membresías en clubes de almacén como Costco, Sam’s Club y BJ’s habilitan acceso a tarifas menores en estaciones propias, aunque requieren pago anual. El uso de tarjetas de crédito asociadas puede incrementar el ahorro.
• En supermercados, la cadena Kroger otorga un punto por cada dólar gastado, y cada 100 puntos equivalen a 10 centavos de rebaja por galón. Safeway y Stop & Shop aplican esquemas similares.

Descuentos en plataformas de suscripción y comercio:

• Walmart+ permite ahorrar 10 centavos por galón en más de 13.000 estaciones asociadas, incluyendo Exxon, Mobil, Walmart y Murphy.
• Amazon Prime ofrece 10 centavos de rebaja en estaciones BP y Amoco, cifra que asciende a 20 centavos los viernes hasta fines de mayo para cuentas vinculadas con Earnify, según comunicó Amazon.

Tarjetas de crédito y apps de ahorro:

• La PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card otorga cinco veces puntos en compras de gasolina y la PNC Cash Rewards Visa Card devuelve un 4% en efectivo en estaciones de servicio, ambas sin cuota anual, detalló ABC News.
• Aplicaciones como Earnify y Upside brindan reintegros directos en efectivo por cada operación. Herramientas como GasBuddy y AAA permiten comparar precios en tiempo real y localizar las opciones más económicas en el entorno del usuario.

Sugerencias oficiales para optimizar el consumo

Entidades como la AAA y el EIA recomiendan una serie de acciones para mitigar el impacto del alza en el combustible:

• Mantener los neumáticos inflados y el motor en buen estado.
• Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.
• Planificar recorridos para reducir desplazamientos innecesarios.
• Limitar el uso del aire acondicionado y retirar peso extra del vehículo.

La AAA también sugiere revisar los beneficios de las tarjetas bancarias, ya que muchas incluyen recompensas que suelen pasar desapercibidas. Algunas familias recurren de forma temporal al transporte público o al uso compartido de vehículos.

Según la EIA, las perspectivas para los próximos meses dependerán de la evolución de los conflictos internacionales y de la demanda estacional, por lo que se recomienda a los conductores permanecer atentos a las actualizaciones de precios y beneficios disponibles.

Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en un foro sobre biocombustibles en el Senado de la República, donde presentó su enfoque en materia de transición energética.

A través de su área de Transformación Energética, la empresa planteó que el impulso al bioetanol forma parte de su estrategia para reducir emisiones en el sector transporte y diversificar las fuentes de energía.

Durante el encuentro, actores del sector energético coincidieron en que los biocombustibles pueden contribuir a disminuir la huella de carbono, particularmente en segmentos donde la electrificación aún enfrenta limitaciones.

También se señaló que la infraestructura y capacidad logística de Pemex podrían facilitar la incorporación de estos combustibles en el mercado nacional.

No obstante, el desarrollo de este tipo de energías en México aún es incipiente y enfrenta retos regulatorios, de inversión y de escalabilidad.

Señalamientos sobre el rol de Pemex en la estrategia energética nacional

En el mismo foro, representantes del sector público destacaron que Pemex sigue siendo un actor central en la política energética del país, tanto por su peso en la producción de hidrocarburos como por su posible participación en proyectos de energías limpias.

La empresa ha sostenido que su estrategia busca combinar la explotación de recursos fósiles con el desarrollo de alternativas más sostenibles.

Sin embargo, analistas han señalado que la dependencia de los ingresos petroleros y la limitada inversión en energías renovables han retrasado una transición más acelerada.

Sheinbaum informa sobre posible cooperación tecnológica con Petrobras

Un día después del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex y Petrobras mantienen conversaciones para compartir tecnología en exploración y extracción de crudo.

En conferencia de prensa, detalló que la empresa brasileña ha desarrollado metodologías avanzadas en producción petrolera, así como en biocombustibles como biodiésel y etanol, que podrían ser de interés para México.

Como parte de estos acercamientos, un equipo técnico de Petrobras tiene prevista una visita al país para trabajar con especialistas mexicanos.

La mandataria aclaró que, hasta ahora, no existe un acuerdo formal ni compromisos de explotación conjunta en el Golfo de México, y que las conversaciones se mantienen en fase de evaluación.

Crisis estructural: producción a la baja y presión financiera

El anuncio de posibles alianzas ocurre en un momento de alta presión para Pemex.

La empresa enfrenta una caída sostenida en la producción de hidrocarburos, que al cierre de 2025 se ubicó en alrededor de 1.63 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 46 años.

A esto se suma una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares, así como problemas de liquidez que han afectado su operación cotidiana.

Empresas proveedoras han reportado retrasos en pagos, lo que en algunos casos ha derivado en la suspensión de servicios, incluyendo plataformas petroleras.

Entre los principales elementos de la situación actual destacan:

• Reducción de la producción por madurez de yacimientos y falta de inversión sostenida.
• Pérdidas financieras y limitada capacidad de flujo de efectivo.
• Adeudos acumulados con proveedores que afectan la cadena de suministro.
• Dependencia de apoyos fiscales y transferencias del gobierno federal.

Derrame en el Golfo de México agrava el contexto operativo

A este escenario se suma un derrame petrolero registrado en el Golfo de México, originado por una fuga en un oleoducto cercano a la plataforma Cantarell.

El incidente comenzó en febrero de 2026 y generó una mancha de crudo de más de 300 kilómetros cuadrados, con impactos en costas de Tabasco y Veracruz.

Pemex reconoció el hecho de manera posterior y confirmó que hubo omisiones en la información inicial, lo que derivó en la separación de funcionarios.

El derrame también provocó afectaciones a comunidades pesqueras y daños ambientales en zonas costeras.

En conjunto, la participación de Pemex en foros sobre energías limpias y la búsqueda de colaboración internacional contrastan con los desafíos estructurales que enfrenta la empresa, en un contexto donde su viabilidad financiera, operativa y ambiental continúa bajo escrutinio.

En medio del proceso de reestructuración que se realiza en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el nuevo presidente interino de la compañía, Sebastián Daroca, pidió a los cargos ejecutivos —entre ellos gerentes y directores regionales— que pongan sus cargos a disposición y anunció una evaluación técnica a todos los empleados.

“Sabemos que hay gente valiosa que tiene una carrera hecha en YPFB, pero también sabemos que hay gente que ha estado incrustada en esta empresa haciendo daño. Por ello, es importante que empecemos esta nueva gestión con una evaluación integral de todos los profesionales”, afirmó Daroca en una conferencia de prensa.

La evaluación tomará entre 15 y 20 días y estará a cargo de un equipo especializado. Según indicó Daroca, la medida busca optimizar el funcionamiento de la empresa y garantizar que esté integrada por profesionales adecuados para enfrentar los desafíos del sector en medio de la crisis de combustible que enfrenta el país.

“Es una primera medida concreta, necesaria para poder optimizar y darle la certeza a la población de que vamos a trabajar con las personas más idóneas”, afirmó junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

En paralelo, Daroca informó que se tomó contacto con instituciones internacionales para recibir apoyo técnico en el proceso de “reestructuración, modernización y reforma integral” de la empresa. “Es un trabajo necesario porque se viene una nueva era en Bolivia, marcada por la nueva Ley de Hidrocarburos que lanzará el ministerio en los próximos días”, adelantó.

Daroca asumió el mando interino de la principal empresa pública el 23 de abril, tras la renuncia de Claudia Cronenbold, que en su carta de dimisión calificó el estado de YPFB como “significativamente más deteriorado de lo previsto” debido a malas prácticas administrativas de más de 20 años y afirmó que los tiempos técnicos para su recomposición son más largos que los que ofrece la política.

El cambio en YPFB, que fue seguido del relevo del ministro de Hidrocarburos, se da en medio de una crisis por la falta de certezas sobre la calidad del combustible.

Luego de que el presidente Rodrigo Paz levantara el subsidio a los hidrocarburos a mediados de diciembre, surgieron denuncias de daños vehiculares por la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que se había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen: lo atribuyó inicialmente a residuos en los tanques de almacenaje “heredados” de la anterior gestión y luego a supuestas redes delictivas que sustituían parte del combustible por agua y aceite antes de su ingreso al país.

Este conflicto, que hace más de tres meses no se resuelve, ha provocado una serie de manifestaciones de sindicatos de transportistas y ha obligado a la empresa petrolera a acelerar el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos.

A la incertidumbre sobre la calidad de la gasolina se sumaron en las últimas semanas denuncias de escasez de diésel. YPFB afirmó que hay una mayor demanda de combustible por la temporada agrícola y que se incrementarán los despachos en los siguientes días.

Estos problemas de calidad y abastecimiento estuvieron acompañados de inestabilidad institucional: en cinco meses se cambió tres veces al presidente de YPFB y dos veces al ministro de Hidrocarburos y al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente Paz y sus ministros han anunciado que trabajan en una nueva Ley de Hidrocarburos y han descartado la privatización de la empresa petrolera. “Lo que se quiere más bien es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron. Una empresa con más de 8.500 empleados, mafias enquistadas, burocracia ineficiente e improductiva”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X.

El subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones mensuales, una cifra que supera la estimación inicial del Gobierno y refleja la alta demanda del programa entre transportistas y sectores productivos, en medio de un contexto internacional marcado por el alza sostenida de los precios del petróleo.

La medida, que comenzó a aplicarse el 15 de abril, busca contener el impacto directo en el bolsillo de los usuarios y evitar un incremento en las tarifas del transporte público y selectivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el costo del subsidio será mayor al previsto. Explicó que la proyección inicial era de unos $10 millones mensuales, pero el consumo ha superado las expectativas.

“El volumen que están utilizando el transporte de personas, carga, sector agropecuario y pesca artesanal es más alto de lo anticipado”, indicó, al señalar que una extrapolación preliminar ubica el gasto más cerca del rango de $15 millones o incluso por encima de esa cifra.

El programa permite acceder a precios reducidos de combustible, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado. La iniciativa incluye controles tecnológicos, topes de consumo y validación digital, además de requisitos como documentación al día y registro en una plataforma.

En sus primeras horas, más de 600 transportistas hicieron uso del subsidio, mientras que el total de inscritos supera los 21,000 usuarios.

Chapman reiteró que el subsidio funciona como un “paliativo” temporal, con el objetivo de evitar que los costos operativos del transporte se trasladen a los usuarios. El plan tiene una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto en la economía.

La presión sobre el combustible, explicó, se mantiene como uno de los factores más determinantes en la estructura de costos del sector transporte.

Perspectivas se mantienen

En paralelo, el titular de Economía destacó que Panamá mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 4% para 2026, una cifra que ubicaría al país entre las economías de mejor desempeño en el mundo.

Tras participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro indicó que inversionistas y organismos multilaterales han mostrado interés en el país, pese a un entorno global más complejo.

“El promedio de las proyecciones converge alrededor del 4%, incluso cuando organismos internacionales han ajustado a la baja el crecimiento global”, explicó Chapman. Añadió que el reto principal será lograr que ese crecimiento económico se traduzca en empleo, inversión y mejoras en la calidad de vida, en un proceso que depende de la estabilidad macroeconómica y la atracción de capital extranjero.

El ministro también señaló que durante sus encuentros con calificadoras de riesgo, tenedores de bonos y empresas internacionales, recibió consultas de compañías interesadas en establecer operaciones en Panamá, pero que enfrentan limitaciones regulatorias en sus países de origen. En ese sentido, insistió en la necesidad de facilitar la inversión extranjera directa como motor de crecimiento.

Chapman rechaza señalamientos sobre etanol

En medio de la discusión pública sobre el uso de etanol en combustibles, Chapman aclaró que se ha mantenido “cien por ciento al margen” del proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional. El funcionario subrayó que no ha participado en debates ni decisiones relacionadas con la iniciativa, pese a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y medios de comunicación.

El ministro reconoció que un hermano suyo es director suplente en una empresa vinculada a ingenios azucareros, pero enfatizó que no existe garantía de que dicha compañía participe en el negocio del etanol. Explicó que cualquier decisión en ese sentido requeriría la aprobación de los accionistas y una inversión considerable, por lo que no hay definiciones al respecto.

Además, rechazó los señalamientos sobre la posible creación de un monopolio, al indicar que en Panamá operan al menos cuatro ingenios azucareros, lo que permitiría la participación de múltiples actores en el mercado. También señaló que la legislación permitiría la importación de etanol por parte de cualquier interesado, lo que amplía el espectro de competencia.

Las declaraciones de Chapman se dieron horas después de que la Asamblea Nacional suspendiera, hasta segunda orden, la discusión del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de una mezcla de 10% de etanol en la gasolina que se vende en Panamá.

La decisión legislativa fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancada acordaran pausar el debate bajo el argumento de que la ciudadanía necesita mayor información sobre los posibles beneficios o impactos de la medida.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias, y planteaba una primera etapa con corte obligatorio de gasolina fósil con 10% de etanol. La suspensión se produjo en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente José Raúl Mulino convocara a sesiones extraordinarias para avanzar con la iniciativa, mientras el Órgano Legislativo entra en receso y retomará funciones el próximo 1 de julio.

El aumento del precio del combustible, como consecuencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán, impactó en el costo de los pasajes ida y vuelta, lo que afectó a numerosos viajeros latinos que planean volar desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica. Ante este escenario de subas, surge una pregunta central: ¿Cuánto salen los pasajes ida y vuelta desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica con los precios actualizados hoy?

A continuación, un relevamiento de precios actuales para vuelos ida y vuelta desde Nueva York hacia distintos destinos de Latinoamérica:

Argentina (Nueva York – Buenos Aires)

• Aerolíneas Argentinas: entre USD 800 (económica) y USD 1.068 (business).
• American Airlines: desde USD 1.798 (económica) hasta USD 3.175 (premium).
• Delta Air Lines: desde USD 1.195.

Colombia (Nueva York – Bogotá)

• Copa Airlines: desde USD 1.297 (económica).
• American Airlines: entre USD 646 y USD 1.156 (business).
• JetBlue Airways: desde USD 369 (económica).

Chile (Nueva York – Santiago)

• American Airlines: entre USD 987 (económica) y USD 1.406 (premium).

Paraguay (Nueva York- Asunción)

• Copa Airlines: USD 419 (económica) hasta USD 2.302,75, según la fecha de vuelo.

México

• American Airlines: entre USD 987 (clase económica) hasta USD 2189 (premium).

Estrategias tarifarias de las aerolíneas estadounidenses

Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que buscarán incrementar las tarifas aéreas durante 2026 para hacer frente al aumento de costos y mantener la rentabilidad, según información publicada por el canal de noticias CNN en Español.

Los ejecutivos de empresas como American Airlines, United y Delta Air Lines señalaron que las subidas en los precios del combustible y los gastos laborales impulsan la necesidad de ajustar los pasajes.

La presión para subir los precios responde a la disminución de beneficios reportados en los primeros meses del año, de acuerdo con lo comunicado por las propias empresas y citado por el medio.

La demanda de boletos muestra señales de estabilidad, pero los márgenes se vieron afectados principalmente por el alza del combustible, un factor determinante en la estructura de costos operativos del sector, según explicó United a CNN en Español.

Según el canal de noticias CNN en Español, American Airlines reportó durante el primer trimestre una baja del beneficio neto atribuible a estos nuevos gastos.

Por su parte, Delta Air Lines advirtió que todo intento de no trasladar los costos a los pasajeros resultaría insostenible. Las compañías precisaron que están revisando estrategias para ajustar sus precios y así sostener sus operaciones en el contexto económico actual.

El colapso de un túnel clandestino utilizado para el robo de combustible en Acolman, Estado de México, activó un operativo encabezado por Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantiene labores de rescate tras el reporte de al menos cuatro personas atrapadas.

El incidente ocurrió durante una inspección en un inmueble donde se detectó una conexión ilegal a ductos de la empresa.

Pemex encabeza respuesta tras derrumbe en túnel clandestino

De acuerdo con el comunicado oficial, personal especializado de Pemex acudió al sitio tras identificar un túnel conectado a una toma clandestina. Durante la revisión, la estructura subterránea colapsó, lo que obligó a activar un operativo conjunto con Protección Civil.

La empresa precisó que las personas atrapadas son ajenas a la institución y reiteró que su prioridad es atender la emergencia, salvaguardar la integridad de la población y contener riesgos en la zona.

Contexto del huachicol en Edomex y riesgos operativos

El hallazgo se da en una región con alta incidencia de robo de combustible, donde la cercanía con ductos estratégicos ha favorecido la instalación de tomas clandestinas.

El poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, al que presuntamente se dirigía el túnel, es una de las principales arterias de distribución de hidrocarburos en el centro del país.

Este tipo de excavaciones representan un riesgo elevado, ya que suelen construirse sin medidas de seguridad, lo que incrementa la probabilidad de derrumbes, fugas o explosiones.

Dimensiones del túnel y nivel de sofisticación

Reportes preliminares indican que el túnel tenía entre 90 y 100 metros de longitud, con una profundidad considerable y espacio suficiente para maniobras de conexión al ducto.

En el sitio se localizaron mangueras y equipo especializado, lo que sugiere que la infraestructura clandestina estaba avanzada y lista para operar.

El nivel de construcción evidencia la complejidad de las redes dedicadas al huachicol, que en algunos casos emplean métodos cada vez más elaborados para evadir la detección.

Operativo coordinado para rescate y seguridad

Aunque Pemex lidera la atención técnica, en el lugar participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como cuerpos de emergencia.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de excavación y búsqueda.

Las maniobras se desarrollan bajo condiciones de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno tras el colapso, lo que ha complicado el avance de los trabajos.

Antecedentes y combate al robo de combustible

El derrumbe en Acolman no es un caso aislado.

En el Estado de México se han registrado incidentes similares en los últimos años, algunos con saldo fatal, lo que refleja los peligros asociados a esta actividad ilícita.

Pemex señaló que mantiene acciones permanentes para localizar y clausurar tomas clandestinas, además de colaborar con autoridades para frenar el mercado ilegal de combustibles, un problema que persiste pese a los operativos implementados a nivel federal.

En el operativo coordinado por Pemex participan:

• Ejército Mexicano
• Guardia Nacional
• Protección Civil
• Seguridad Física de Pemex
• Policía estatal del Estado de México
• Policía municipal de Acolman
• Bomberos y paramédicos
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Las labores de rescate continúan mientras las autoridades avanzan en la investigación para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de esta operación clandestina.

Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible fue localizado en el municipio de Acolman, Estado de México, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad y rescate por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Ejidos de Santa Catarina, tras una llamada anónima que alertó sobre actividades irregulares en un predio cercano al Camino Viejo a las Pirámides.

En el lugar, elementos de seguridad confirmaron la existencia de una excavación subterránea vinculada al robo de hidrocarburos.

Túnel de hasta 100 metros conectado a ducto de Pemex

De acuerdo con reportes preliminares, el túnel tendría una longitud aproximada de entre 90 y 100 metros, con un diámetro cercano a los dos metros.

La excavación estaba dirigida hacia el poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, una de las principales líneas de distribución de combustible en el centro del país.

Personal técnico de Petróleos Mexicanos corroboró que en el sitio ya se había instalado infraestructura para la extracción, como una manguera de alta presión, lo que sugiere que el punto ya estaba habilitado para el robo de hidrocarburo.

Colapso deja al menos tres personas atrapadas

Durante las labores clandestinas, el túnel colapsó, provocando que al menos tres personas —aunque algunos reportes señalan hasta cuatro— quedaran atrapadas en su interior.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los afectados ni su estado de salud.

Equipos de rescate trabajan en condiciones complejas para intentar localizar y extraer a los posibles sobrevivientes, mientras se mantiene acordonada la zona para evitar riesgos adicionales a la población.

Despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona

En el sitio participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como policías municipales, paramédicos y cuerpos de Protección Civil.

Las autoridades mantienen resguardado el perímetro mientras continúan las labores de búsqueda.

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de robo de combustible.

Antecedentes y persistencia del huachicol en la región

El municipio de Acolman y la región nororiente del Estado de México han sido identificados como zonas con alta incidencia de tomas clandestinas, debido a la presencia de ductos estratégicos de Pemex.

Incluso, en la misma comunidad de Santa Catarina se han registrado hechos similares en años recientes, incluyendo casos donde personas vinculadas a estas actividades han perdido la vida dentro de túneles clandestinos.

A pesar de operativos y medidas implementadas por autoridades federales, como el reforzamiento de ductos con recubrimientos de concreto, la detección de nuevas excavaciones ilegales evidencia la persistencia del problema.

Quiénes participan en el operativo en Acolman

• Elementos de la Guardia Nacional
• Personal del Ejército Mexicano
• Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
• Policía municipal de Acolman
• Protección Civil y cuerpos de bomberos
• Paramédicos de emergencia
• Personal técnico de Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

El caso refleja los riesgos asociados al robo de combustible, una actividad ilícita que no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en peligro la vida de quienes participan en estas prácticas y de las comunidades cercanas.

El presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia está “a puertas de una crisis energética” y que, de no revertirse las tendencias actuales, podría necesitar importar gas natural en un plazo de cuatro o cinco años. De ser así, el país pasaría de ser uno de los mayores exportadores de gas natural de la región a importador en menos de dos décadas.

“La falta de inversión que en los últimos años ha generado que nuestras reservas vayan cayendo sistemáticamente, nuestra producción de gas y líquidos caiga, y esto es una tendencia que tenemos que revertir como prioridad nacional”, explicó Daroca en una entrevista en el canal Unitel y dijo que las gestiones anteriores dejaron al país en “riesgo energético, estamos a puertas de tener una crisis energética mucho mayor.”

El presidente de la petrolera estatal, que hasta su posesión ocupaba el cargo de gerente de Operaciones de la compañía, afirmó que si no se asumen acciones concretas para aumentar la producción, en un “plazo de cuatro a cinco años”, el país podría “tener la necesidad incluso de importar gas natural”.

La producción de gas en Bolivia ha experimentado una caída significativa en la última década, reduciéndose casi a la mitad entre el pico alcanzado en 2014 —cuando producía aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd)— y los niveles registrados en 2024. La caída se atribuye al agotamiento natural de los campos, la falta de inversión en exploración y una gestión ineficiente del sector.

La declaración de Daroca se enmarca en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos —tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área— y en medio de una crisis por combustible que lleva más de dos meses sin resolverse.

El problema reciente de la gasolina de mala calidad, que el gobierno define como “desestabilizada”, surgió a mediados de enero, pocas semanas después de que la administración de Rodrigo Paz eliminara la subvención a los combustibles y ajustara los precios que habían estado fijos en el mercado por veinte años.

En febrero, el Gobierno admitió que había distribuido combustible de la mala calidad, pero no se responsabilizó por su origen y desde entonces ofreció versiones distintas: inicialmente lo atribuyó a residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento “heredados” de gestiones anteriores y luego denunció planes de sabotaje internos y la existencia de redes delictivas internacionales que sustituirían parte de la gasolina con agua y aceite.

Mientras las protestas y los reclamos iban en aumento, la estatal petrolera creó un sistema para resarcir a los usuarios que certifiquen daños vehiculares atribuidos a la gasolina. Según datos de YPFB, hasta la primera semana de abril se habían destinado 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares, al pago de compensaciones a más de ocho mil choferes.

En las últimas semanas y en medio de los ajustes institucionales, también se reportó escasez de diésel que el Gobierno atribuyó a la sobredemanda de las actividades agrícolas por la temporada. En sus primeras declaraciones, Daroca afirmó que se aumentaron los despachos y que esta semana se regularizará el suministro.

Varios analistas advierten que los problemas de abastecimiento, calidad y producción reflejan un deterioro sostenido del sistema energético nacional. En este contexto, dirigentes de los transportistas de La Paz han anunciado manifestaciones de este lunes para exigir soluciones definitivas a un problema además de decisiones políticas necesita tiempo.

El segundo mayor productor mundial de biocombustible sigue adelante con sus planes para establecer una nueva normativa que exige una mezcla obligatoria de etanol del 32% en la gasolina, según un comunicado del Ministerio de Minas y Energía publicado el viernes. Esta cifra representa un aumento con respecto al 30% actual, gracias a la abundante oferta de biocombustible y a los bajos precios, lo que contribuye a aliviar la presión sobre los precios del combustible en las gasolineras brasileñas.

“Esta medida tiene el potencial de reducir la necesidad de importar gasolina en aproximadamente 500 millones de litros mensuales”, señala el comunicado. “Con esta medida, Brasil fortalece su soberanía energética y avanza hacia la autosuficiencia en gasolina, eliminando las importaciones de combustible”.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones destinadas a proteger a los consumidores de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, y se produce en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección en aproximadamente seis meses.

Las autoridades anunciaron el jueves que el gobierno también solicitará al Congreso autorización para utilizar los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo para reducir los impuestos sobre combustibles como la gasolina, el diésel, el etanol y el biodiésel. Esto se suma a una serie de reducciones de impuestos y subsidios para el diésel, el gas para cocinar y el combustible para aviones, así como a las líneas de crédito para las aerolíneas que enfrentan mayores costos.

Brasil lleva mucho tiempo utilizando el etanol como palanca para afrontar las crisis energéticas. Los motores que funcionan exclusivamente con etanol, fabricados desde finales de la década de 1970, han contribuido a reducir la dependencia del país de las importaciones de gasolina. Más recientemente, la legislación sobre biocombustibles impulsada por Lula estableció el objetivo de alcanzar una mezcla de hasta el 35 % en un futuro próximo, lo que aún dependerá de los resultados de las pruebas técnicas.

La implementación definitiva de la nueva mezcla de etanol aún depende de la aprobación del Consejo Nacional de Energía (CNPE), que se espera que siga en gran medida las recomendaciones del ministerio.

(Bloomberg)

Personal de la Secretaría de Marina asegura una embarcación menor cerca de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante la inspección, hallan 103 bidones de combustible con características similares a gasolina, con una capacidad aproximada de 6 mil litros. En la operación participan elementos de la Armada de México, quienes detienen a tres personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas al no poder acreditar la procedencia legal del combustible.

El aseguramiento ocurre durante patrullajes de Infantería de Marina en labores de vigilancia marítima. Según información oficial, la cantidad de combustible incautada indica que podría ser utilizada para el reabastecimiento de embarcaciones infractoras, lo que sugiere un esfuerzo por inhibir operaciones de delincuencia organizada en la región. La Décima Sexta Zona Naval es responsable de la acción.

Las personas detenidas y los materiales decomisados son puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará la cantidad final del líquido asegurado e integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina en aguas nacionales para frenar actividades ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

La Armada de México sostiene operativos de patrullaje constante para combatir el traslado ilegal de combustible en la costa del Pacífico. El decomiso y la detención de los implicados buscan prevenir que recursos estratégicos lleguen a grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad y la economía local. Autoridades navales subrayan la importancia de estos aseguramientos como parte de su mandato de Guardia Costera.

En lo que va del año, la vigilancia ha permitido decomisos relevantes de hidrocarburos en el litoral michoacano, una de las principales rutas para actividades ilícitas. La actuación de la Infantería de Marina busca limitar el acceso a insumos críticos para las organizaciones criminales que operan en la región

• Personal de la Secretaría de Marina decomisa 6 mil litros de combustible en la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
• Detienen a tres personas presuntamente relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburos.
• Aseguramiento busca inhibir operaciones de delincuencia organizada mediante vigilancia marítima regular.

Plataformas criminales identificadas

En 2023 la Secretaría de Marina (Semar) informó que ya tenían identificadas al menos 15 plataformas de abastecimientos en las diversas plataformas que usaban los narcotraficantes en el océano Pacífico. Incluso en julio, en tan sólo una semana aseguraron más de seis mil kilogramos de cocaína debido a varias acciones que ha implementado la dependencia de seguridad marítima.

De acuerdo con información presentada por la Marina, luego de dar a conocer la captura de una embarcación que transportaba 2.4 toneladas de cocaína en costas de Acapulco, se lograron desmantelar 15 plataformas ubicadas en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La imagen presentada por la Marina detalla que una de las plataformas fue localizada a 212 millas náuticas del Puerto de Manzanillo, Colima. En el caso del Puerto de Lázaro Cardenas, Michoacán, se encontraron tres de estas plataformas, mismas que estaban a 27, 130 y 205 millas náuticas, respectivamente.

Según la Marina, Guerrero es uno de los estados donde más se han encontrado este tipo de plataformas abastecedoras, al ser localizadas y desmanteladas seis de éstas, todas ellas cercanas al Puerto de Acapulco. La más lejana fue ubicada a 470 millas náuticas, mientras que la más cercana se localizó a tan sólo 79.

Cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 3,4% en marzo, el Gobierno atribuyó parte de la suba de precios al impacto del conflicto en Medio Oriente en el combustible, mientras que la aceleración de los meses previos fue justificada por el incremento de la carne. Sin embargo, la inflación núcleo, que no contempla las variaciones de precios estacionales ni regulados, muestra una tendencia de suba desde agosto del año pasado y enciende alertas sobre la posibilidad de que se muestre una moderación en el índice general de abril y los meses siguientes.

Perspectivas privadas señalaron que la dinámica de la inflación núcleo se volvió el principal motivo de preocupación al analizar la evolución de los precios estables. En marzo, el IPC tocó un pico desde marzo de 2025 y consolidó diez meses consecutivos de aceleración desde el mínimo de 1,5% registrado en mayo del año previo. Este comportamiento llevó a que los precios minoristas acumularan un alza promedio de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Entre las divisiones que lideraron los aumentos en marzo, “Educación” encabezó las subas con un 12,1%, seguida por “Transporte” con 4,1% y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” con 3,7%. En términos de incidencia, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó el 30% de la variación mensual, con una suba de 3,4%. Dentro de este rubro, el segmento “Carnes y derivados” mostró un aumento de 7%, lo que posicionó a este componente como protagonista del mes.

Más allá de los factores puntuales, un análisis de la inflación núcleo por parte de la Invecq reveló una tendencia ascendente desde agosto. La serie núcleo se ubicó en 2,6% en enero, subió a 3,1% en febrero y alcanzó 3,2% en marzo. El promedio móvil de tres meses llegó al 3%, equivalente a un 42% anualizado.

“La aceleración de los últimos meses no es alarmante, pero tampoco debe minimizarse. Aunque en gran parte refleja shocks puntuales —tarifas, carnes y combustibles—, la Núcleo, incluso depurada del efecto carne, también muestra una tendencia creciente desde los mínimos de 2025. El mes pasado se señalaba que el principal reto del Gobierno era evitar efectos de segunda vuelta vía paritarias y contratos. Hoy ese desafío luce más arduo: la erosión del poder adquisitivo se profundiza, lo que presionará las negociaciones salariales al alza", destacaron desde la consultora.

La núcleo es un indicador que mide el aumento de precios de los bienes y servicios, excluyendo aquellos que tienen precios muy volátiles. Su objetivo es mostrar la tendencia subyacente de la inflación, sin el efecto de factores estacionales o temporales.

El gráfico elaborado por Invecq sobre la evolución de la inflación núcleo con y sin carnes mostró que la variación mensual, medida en promedio móvil de tres meses, arrancó en octubre de 2024 en 3,5% para la serie sin carnes y 3,4% para la serie núcleo total. Ambas curvas descendieron durante el primer semestre de 2025 hasta tocar su punto más bajo en julio, con 1,9% para la serie núcleo y 1,7% para la serie sin carnes. Desde entonces, ambas series cambiaron de tendencia y comenzaron a subir de manera sostenida, hasta alcanzar en marzo de 2026 el 3% en la serie núcleo y el 2,5% en la núcleo sin carnes.

El monitoreo de la inflación núcleo y la diferencia entre la serie total y la serie sin carnes permitió distinguir entre los efectos de shocks puntuales y la tendencia subyacente de los precios. La persistencia de la inflación núcleo en niveles superiores al 2,5% mensual reflejó que la desaceleración observada en 2025 perdió fuerza en la segunda mitad del año y que los factores estructurales continuaron ejerciendo presión sobre la dinámica de precios.

“Con todo, hacia adelante la inflación debería retomar su senda descendente. Una demanda interna todavía débil y una política monetaria contractiva presionarán a la baja (de hecho, el IPC Invecq ya registra una desaceleración en las primeras semanas de abril). De esta manera, 2026 cerraría con una inflación similar a la de 2025, en la zona del 30%“, sumaron los economistas de la mencionada firma.

La inflación de abril

La proyección del ministro de Economía, Luis Caputo, es que a partir de abril la inflación desacelere respecto a marzo. Hasta ahora, los relevamientos semanales de consultoras muestran un menor ritmo de aumento en el rubro de alimentos y bebidas, que tiene una importante ponderación en el indicador.

Diversas consultoras difundieron sus informes sobre la evolución de los precios en supermercados y grandes cadenas comerciales. En la segunda semana de abril, LCG reportó una suba de 0,5%, que compensó la baja de 0,4% registrada la semana anterior. A pesar de esto, el promedio mensual de inflación de las últimas cuatro semanas continuó en descenso, situándose en 1,2% tras una reducción de 0,4 puntos porcentuales. En ese período, los rubros que más impactaron en la inflación fueron Carnes, con un aumento de 1,5%, y Lácteos y huevos, con 0,6%. El informe remarcó que la desaceleración promedio se mantiene desde el pico de finales de febrero.

Por su parte, Analytica indicó que en la tercera semana de abril los precios de alimentos y bebidas en supermercados a nivel nacional subieron 0,2% y el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4 por ciento. La consultora proyecta que el índice general de precios podría mostrar una suba mensual de 2,9% en abril, lo que representaría una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales en comparación con marzo. El reporte regional reflejó diferencias: el NOA y Cuyo tuvieron los menores incrementos (0,1%), mientras que la Patagonia encabezó las subas con 0,3 por ciento.

En su relevamiento de alta frecuencia, Econviews registró en la segunda semana de abril un aumento de 0,2% en alimentos y bebidas en supermercados. Durante ese lapso, las verduras subieron 0,8% y las carnes descendieron 0,7 por ciento. El promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 1,6%, reforzando la tendencia de desaceleración.

En tanto, EcoGo detectó en la segunda semana del mes una variación semanal de 0,3% en alimentos, algo superior a las mediciones de Analytica y EconViews. Según esta consultora, la inflación mensual proyectada para alimentos sería de 2,3 por ciento. La consultora subrayó que abril sigue mostrando una moderación en el alza de alimentos, lo que contribuye a compensar la inercia de otros sectores.

La presidenta Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con empresarios gasolineros para fijar en 28 pesos el precio máximo del litro de diésel, tras una reunión realizada en Palacio Nacional que se extendió por aproximadamente una hora y media.

La medida busca contener el impacto del combustible en la inflación y en los costos del transporte de mercancías en todo el país.

Acuerdo entre gobierno y gasolineros para estabilizar el diésel

El encuentro se llevó a cabo la tarde del 21 de abril, con la participación de representantes del sector gasolinero, quienes aceptaron respaldar la propuesta del gobierno federal de establecer un tope temporal al precio del diésel.

Al salir de la reunión, empresarios señalaron que el compromiso es mantener el precio en 28 pesos por litro al menos durante una semana.

Posteriormente, ambas partes volverán a reunirse para evaluar si la medida se mantiene, se ajusta o se retira.

El acuerdo se da en un contexto de presión por el alza en combustibles, particularmente el diésel, considerado estratégico para el transporte de carga.

Estrategia para contener inflación y costos logísticos

El gobierno federal ha defendido esta política como una acción para evitar un efecto dominó en los precios de productos básicos.

El diésel es el principal combustible utilizado en el transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento impacta directamente en alimentos, insumos y bienes de consumo.

Como parte de esta estrategia, la administración federal ha aplicado estímulos fiscales mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite disminuir el precio final al consumidor.

De acuerdo con autoridades, este subsidio implica que el gobierno absorbe una parte del costo por litro, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger el poder adquisitivo.

Advertencias y supervisión a estaciones de servicio

Previo al acuerdo, la presidenta había advertido que se intensificarían las revisiones a estaciones que vendieran el diésel por encima del precio establecido. Incluso, mencionó la posibilidad de auditorías por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que una proporción significativa de gasolineras aún no cumplía con el tope.

Según datos recientes:

• El 65.5% de las estaciones vendía el diésel alrededor de 28.50 pesos por litro
• El 54.6% lo ofrecía por debajo de 28.28 pesos
• Cerca del 45% superaba el precio máximo establecido previamente

Estas cifras evidenciaron la necesidad de reforzar acuerdos con el sector privado para garantizar el cumplimiento.

Participación de autoridades y empresas del sector

A la reunión asistieron funcionarios clave del gabinete energético y económico, así como representantes de empresas gasolineras.

Entre ellos estuvieron:

• Secretaría de EnergíaProcuraduría Federal del Consumidor
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Secretaría de Hacienda
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)

También participaron integrantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) y empresas como Repsol, Hidrosina y G500.

Contexto: subsidios, presión internacional y mercado energético

El acuerdo ocurre en medio de un entorno internacional volátil en los precios del petróleo, influido por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en mercados como el Brent y el WTI.

Además, el gobierno mexicano ha reducido recientemente el estímulo fiscal al diésel, lo que implica un menor margen de subsidio.

Actualmente, el apoyo representa alrededor de 3.17 pesos por litro, una cifra menor respecto a semanas anteriores.

Especialistas advierten que, aunque estos subsidios ayudan a contener la inflación, también implican una reducción en los ingresos fiscales.

Estimaciones apuntan a que el costo total de estos apoyos podría alcanzar decenas de miles de millones de pesos en 2026.

El Gobierno dominicano explicó ante la Conferencia del Episcopado su estrategia para enfrentar la crisis económica internacional, con énfasis en la protección de la canasta básica, el transporte y el mantenimiento de subsidios a combustibles y fertilizantes.

El encuentro, realizado este martes 21 de abril, en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo, contó con la presencia de la comisión gubernamental encabezada por:

• Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes
• Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia
• Sigmund Freund, ministro de Administración Pública.

Por parte de la Iglesia católica participaron Monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la Conferencia, Jesús Castro Marte, vicepresidente, Faustino Burgos, secretario general, Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de las consultas que impulsa el presidente Luis Abinader para consensuar respuestas ante el impacto económico provocado por el conflicto en el Medio Oriente. Según detalló Sanz Lovatón, el Gobierno ya ha destinado cerca de RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles, con el objetivo de evitar una escalada inflacionaria que afecte a los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro, la comisión gubernamental presentó los tres pilares del plan oficial que son:

1. Proteger el poder adquisitivo de la población frente a la inflación
2. Preservar la producción nacional y el empleo
3. Asumir desde el Estado el mayor costo de las medidas extraordinarias.

Se destacó que la prioridad es mantener estables los precios de la canasta básica y el transporte, mediante la continuidad de los subsidios a combustibles y fertilizantes, así como a través de un monitoreo permanente de los precios de productos esenciales.

Participación de la Iglesia y postura ante el conflicto

El Gobierno reconoció a la Iglesia católica como un actor central en la conexión con la ciudadanía, especialmente en escenarios de crisis. Los representantes oficiales subrayaron que el diálogo con el Episcopado forma parte de una serie de encuentros con diversos sectores sociales para socializar medidas y recibir aportes conforme evolucione la coyuntura internacional.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Dominicano reiteró su posición contraria al conflicto armado y su respaldo a los llamados del papa León XIV para deponer las armas y procurar la paz. Las autoridades eclesiásticas han sostenido una comunicación constante con el ejecutivo sobre el panorama nacional y han manifestado su rechazo a cualquier forma de violencia, en consonancia con la postura del pontífice.

Medidas adicionales y monitoreo económico

Entre las acciones complementarias que contempla el plan oficial, Sanz Lovatón mencionó la reasignación de recursos a programas de protección social, el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas de interés, y la vigilancia sobre los precios de los alimentos y servicios básicos para garantizar la estabilidad económica.

“El Estado absorberá el mayor costo de estas medidas para mitigar el impacto en los hogares dominicanos”, afirmó el ministro ante los miembros del Consejo Permanente del Episcopado Dominicano. Agregó que el Ejecutivo se mantiene atento a la evolución de la crisis internacional, evaluando nuevas acciones según lo requiera la situación.

La visita de la comisión gubernamental al Episcopado se inscribe en un proceso de diálogo nacional impulsado desde el Ejecutivo ante el impacto de la crisis global en la economía local. Este acercamiento busca fortalecer la coordinación entre el Estado y los actores sociales, con el fin de garantizar respuestas integrales frente a los desafíos actuales.

La maniobra, que movilizó a residentes y dejó a los testigos atónitos, se debió, según informaron los dueños de la casa afectada a NBC Los Angeles, a la desaparición repentina del viento y al agotamiento del combustible, lo que forzó al piloto a buscar una zona libre de riesgo para los ocupantes y la propiedad privada.

No se registraron heridos ni daños materiales, mientras la comunidad, habitual testigo de globos en el cielo local, presenció por primera vez en décadas una escena semejante.

La cifra clave proviene de una vecina entrevistada por KTLA 5, el canal local de noticias, quien aseguró que, tras más de 20 años de vivir en el barrio, nunca había visto un globo aterrizar en el patio de una casa, a pesar de que el vuelo de estas aeronaves es frecuente en la región vinícola de Temecula.

De acuerdo con Hunter y Jenna Perrin, propietarios de la vivienda, varios vecinos asistieron y colaboraron en el proceso de resguardo y reabastecimiento del globo, que permaneció alrededor de dos horas sobre el césped antes de ser desplazado hacia la calle y despegar nuevamente tras recibir nuevos tanques de propano.

El incidente sorprendió a los Perrin en plena rutina matinal: Hunter Perrin relató a NBC Los Angeles, que estaban en casa cuando la alerta de su sistema de cámaras les advirtió de movimiento en el jardín.

Minutos después, un desconocido llamó a la puerta con el aviso: “Acaban de aterrizar en su patio trasero”. Al salir, los dueños se encontraron con la cesta del globo repleta de pasajeros, saludando desde el césped y apenas a centímetros de la barda perimetral.

Según Jenna Perrin, la precisión de la maniobra los dejó “impresionados de que el globo evitara el árbol y la casa, quedando prácticamente al borde de la cerca”.

Por qué el piloto debió aterrizar y cómo colaboraron los vecinos

Testigos y la propia pareja explicaron a KTLA 5, que el piloto optó por descender de forma controlada tras quedarse sin suministro de propano y perder la capacidad de maniobra debido a la falta de viento.

En la operación participaron los pasajeros, que descendieron para aligerar peso, y los vecinos, quienes ayudaron desde el suelo a dirigir la canasta, sosteniendo la cuerda guía mientras llegaba el combustible adicional.

Una vez completado el reabastecimiento, la aeronave fue empujada hasta la calle, donde finalmente pudo elevarse nuevamente entre los aplausos de residentes, que registraron la escena en video.

La experiencia propició un breve encuentro comunitario en el vecindario, donde los propios Perrin admitieron a NBC Los Angeles, que “muchos vecinos con los que nunca habían hablado salieron a observar la maniobra”.

El suceso también despertó el humor de Jenna Perrin, quien comparó la imagen de su casa tras el globo con “una escena sacada de la película Up de Pixar”.

Imágenes virales y el recuerdo del incidente

Las imágenes del aterrizaje circularon entre curiosos y se viralizaron en redes. “El piloto hizo un gran trabajo para que todos estuvieran a salvo. Ahora solo nos reímos al recordarlo”, destacó Hunter Perrin a NBC Los Angeles.

Su esposa, aunque sorprendida, resumió el sentimiento general del barrio tras el inesperado aterrizaje: la seguridad y la colaboración vecinal marcaron una jornada singular para los habitantes de Temecula.

El misterio del agua lunar intrigó durante décadas a generaciones de científicos. Aunque las imágenes y datos de las últimas misiones a la Luna ofrecieron pistas sobre la posible presencia de hielo en los polos, la comunidad científica no lograba precisar cómo, cuándo y dónde se acumuló ese recurso.

Ahora, un nuevo estudio internacional da un paso decisivo: los cráteres más antiguos y más oscuros de la Luna, aquellos sumidos en una sombra permanente durante miles de millones de años, podrían guardar la mayor cantidad de hielo de agua.

Esta conclusión no solo revoluciona la comprensión sobre el ciclo del agua en el Sistema Solar, sino que también redefine las prioridades para futuras misiones tripuladas y robóticas al satélite.

El trabajo, publicado en la revista Nature Astronomy, fue liderado por Paul Hayne, científico planetario del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder.

El equipo, integrado por expertos de instituciones de Israel y Estados Unidos, se propuso resolver un enigma central: ¿cómo llegó el agua a la Luna y por qué abunda en algunos cráteres, pero no en otros?

Las observaciones más recientes confirmaron la presencia de hielo, especialmente en los profundos y oscuros cráteres cercanos al Polo Sur lunar, pero la lógica detrás de su distribución seguía siendo esquiva.

“Parece que los cráteres más antiguos de la Luna también tienen más hielo. Eso implica que la Luna ha estado acumulando agua más o menos continuamente durante 3 o 3.5 mil millones de años”, explicó Hayne al presentar los resultados. Esta afirmación derriba la hipótesis de un gran evento único, como el impacto de un cometa gigante, y refuerza la idea de una acumulación lenta y persistente, marcada por la historia dinámica del satélite.

Un depósito de agua que cambió la historia lunar

La búsqueda de agua en la Luna es mucho más que una curiosidad científica. Los futuros exploradores lunares podrían extraer hielo para obtener agua potable y, mediante la división de los átomos de hidrógeno y oxígeno, generar combustible para cohetes.

La posibilidad de utilizar recursos locales reduciría el costo y la complejidad de las misiones, y allanaría el camino para asentamientos humanos en la superficie lunar. “Encontrar agua más allá de la Tierra en forma líquida y utilizable es uno de los desafíos más importantes de la astronomía”, expresó Oded Aharonson, científico planetario del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel y autor principal del estudio.

¿Cómo llegaron los investigadores a esta conclusión? El análisis combinó datos de temperatura superficial obtenidos por el instrumento Diviner del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, lanzado en 2009, y simulaciones informáticas que reconstruyeron la evolución de los cráteres lunares.

El equipo se centró en las llamadas “trampas frías”, regiones en sombra permanente, donde la temperatura nunca sube lo suficiente para que el hielo se evapore. En algunos casos, estos cráteres no han visto la luz del Sol durante miles de millones de años.

Las observaciones del Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) a bordo del LRO encontraron evidencia clara de que los cráteres más antiguos y oscuros muestran los mayores indicios de hielo. Sin embargo, el hielo no se distribuye uniformemente. “Lo que está claro es que el hielo tiene una distribución irregular. No se concentra en las mismas cantidades en cada cráter. Y no había una gran explicación para eso”, afirmó Hayne.

La clave, según el estudio, está en la historia de la Luna. Su eje de inclinación respecto a la Tierra cambió con el tiempo, de modo que los cráteres que hoy permanecen en sombra no siempre lo estuvieron. El equipo reconstruyó la orientación y las condiciones de sombra a lo largo de miles de millones de años, y encontró que los cráteres con la sombra más estable y antigua son los que más hielo albergan.

El cráter Haworth, por ejemplo, ubicado cerca del Polo Sur, probablemente permaneció en la sombra durante más de tres mil millones de años, lo que lo convierte en un candidato principal para futuras misiones de prospección.

Los depósitos de hielo en los polos lunares se concentran en regiones donde las moléculas de agua son térmicamente estables. La distribución geográfica de estos depósitos fue predicha y observada, aunque el momento de su formación era incierto. El estudio demuestra que la acumulación de hielo fue un proceso casi continuo, no el resultado de un evento aislado.

“La proporción de área de hielo expuesto de aproximadamente el 3,4% en las regiones permanentemente sombreadas más jóvenes, con una edad aproximada de 100 millones de años, favorece los modelos con altas tasas de pérdida proporcional. Los resultados indican que el hielo polar se ha acumulado de forma casi continua durante al menos los últimos ~1.500 millones de años, en lugar de ser el resultado de un evento discreto”.

Sombra, tiempo y la clave para la exploración futura

Las fuentes posibles de agua en la Luna son variadas. Los volcanes antiguos pudieron transportar agua desde el interior hasta la superficie. También es posible que cometas o asteroides hayan dejado su huella, y que el viento solar, compuesto por partículas cargadas provenientes del Sol, haya contribuido a la formación de agua a partir del hidrógeno depositado sobre la superficie lunar.

“A través del viento solar, una corriente constante de hidrógeno bombardea la luna, y parte de ese hidrógeno se puede convertir en agua en la superficie lunar”, explicó Hayne.

El hallazgo de una fuerte correlación entre la edad de la sombra permanente y la cantidad de hielo expuesto ofrece una herramienta fundamental para planificar próximas misiones. Las simulaciones del equipo permitieron identificar una lista de trampas frías especialmente antiguas y oscuras, que deberían convertirse en objetivos prioritarios para la exploración.

La misión Artemis de la NASA, por ejemplo, ya prevé el envío de instrumentos avanzados para investigar estos depósitos. Hayne desarrolla el Sistema de Imágenes Infrarrojas Compacta Lunar (L-CIRiS), un instrumento que se desplegará cerca del Polo Sur de la Luna hacia fines de 2027.

El estudio también descarta como improbables ciertos escenarios, como el aporte masivo de agua en un solo episodio, y sugiere que los procesos de aporte, enterramiento y pérdida de agua operaron durante escalas de tiempo comparables a la edad de las regiones permanentemente sombreadas.

A pesar de los avances, queda un reto mayor. “En última instancia, la cuestión de la fuente del agua de la Luna solo se resolverá mediante el análisis de la muestra”, sostuvo Hayne. “Necesitaremos ir a la Luna para analizar esas muestras allí o encontrar formas de traerlas de la Luna de vuelta a la Tierra”.

La obtención y el estudio directo del hielo lunar permitirán conocer detalles sobre su composición, antigüedad y origen, lo que abrirá nuevas ventanas para entender no solo la historia de la Luna, sino también la del propio Sistema Solar.

En definitiva, el nuevo estudio no solo aporta respuestas sino que plantea preguntas cruciales para el futuro de la exploración lunar. Los cráteres más antiguos y oscuros, ocultos en la sombra y cargados de historia, podrían ser la clave para garantizar la presencia humana sostenible fuera de la Tierra.

La Luna, que durante siglos fue símbolo de misterio y poesía, revela ahora uno de sus secretos mejor guardados: en sus sombras eternas, el hielo aguarda para ser descubierto y utilizado por las próximas generaciones de exploradores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación en México “está contenida” y que incluso, “no está por encima” de lo que se ha registrado en los últimos 26 años, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un aumento del 4.59% en el precio de diversos alimentos de la canasta básica durante marzo.

En La Mañnera del Pueblo, la mandataria aseguró que la inflación estuvo “más alta” en el 2017, así como en el 2022 por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Señaló que la inflación actual está ligado al conflicto en Medio Oriente, principalmente por el cierre del estrecho de Ormuz, el cual generó un “incremento desmesurado en el precio de los combustibles”.

“No está por encima de otros años, lo que podemos ver es que en 2017 estaba más alta, que en 2022 estuvo más alta por la guerra en Ucrania y que ahora, aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 26 años”, dijo en Palacio Nacional.

No obstante, afirmó que su gobierno está realizando diversas acciones para mitigar el alza en los precios de los alimentos y la gasolina, como acuerdos con los empresarios y apoyando a los productores agrícolas.

No quiere decir que no estemos haciendo cosas cuando vemos que del 2025 al 2026 se incrementó ligeramente. ¿Qué estamos haciendo? Acuerdos con los empresarios gasolineros.

“Lo hicimos el año pasado y eso ayudó a contener la inflación para que no suba el precio de la gasolina magna, apoyando para reducir impuestos, es decir, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel ahora para que no se incrementen, eh, tanto los precios”, comentó.

¿Cuáles son las acciones?

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera, señaló que la inflación es impactada por temas temporales y cíclicos, y en este sentido, se han implementado acciones como:

• Aplicación de estímulos a las gasolinas.
• Acuerdos voluntarios entre Gobierno, productores y comercializadores.
• Firma del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para que los 24 productos de canasta básica mantengan un precio de 910 pesos.
• Acuerdos con gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular en 23.99 pesos y del diésel en rangos que no excedan los 28 pesos por litro.
• Acuerdos con productores agrícolas; mejoras en las cadenas logísticas y se realiza supervisión para evitar abusos.

Por su parte, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), resaltó que la firma del PACIC, entre el gobeirno y la agroindustria y las cadenas de autoservicio permitió que la canasta básica disminuyera de un costo de mil 039 a 910 pesos.

Destacó que México se coloca como el cuarto país con la gasolina más barata entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, informó que, como parte de las acciones de supervisión para evitar el aumento de la gasolina, hasta el lunes 13 de abril se han visitado 27 estaciones, de las cuales a 13 se les colocó lona y sello de advertencia por precios excesivos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Panamá registró un salto significativo en marzo de 2026, al pasar de una variación mensual de 0.1% en febrero a 0.9% en marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General.

Este comportamiento marca una aceleración clara en el ritmo de aumento de los precios, luego de un mes previo con variaciones moderadas. La diferencia entre ambos meses no solo refleja un cambio estadístico, sino una señal de presiones inflacionarias más intensas en la economía panameña.

El IPC es un indicador clave que mide la variación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares, por lo que se utiliza como referencia para evaluar la inflación.

Su importancia radica en que permite entender cómo cambia el costo de vida, impactando directamente el poder adquisitivo de las familias, los salarios reales y las decisiones económicas tanto del sector público como privado. Un aumento como el registrado en marzo implica que, en promedio, los precios subieron más rápido, reduciendo la capacidad de compra de los consumidores.

Al analizar el comportamiento de febrero, se observa que el incremento de 0.1% estuvo impulsado por divisiones como servicios educativos (1.3%), vivienda, electricidad y gas (0.3%) y salud (0.2%).

Sin embargo, este leve aumento fue compensado por caídas en sectores clave como alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.2%), transporte (-0.1%) y prendas de vestir (-0.2%). En particular, la reducción en alimentos estuvo vinculada a la baja en precios de hortalizas y vegetales, mientras que en transporte influyó la caída en tarifas aéreas, lo que explica un escenario de inflación contenida y limitada presión de precios.

En contraste, marzo mostró un cambio mucho más amplio y generalizado en el comportamiento de los precios. El IPC creció 0.9%, impulsado principalmente por el sector transporte (3.5%), seguido por vivienda, electricidad y gas (0.8%) y muebles y mantenimiento del hogar (0.8%).

También se registraron aumentos en alimentos, restaurantes, seguros y servicios personales, lo que evidencia que la presión inflacionaria se distribuyó en varias categorías. A diferencia de febrero, la mayoría de los componentes relevantes presentó incrementos simultáneos y sostenidos.

La diferencia entre ambos meses no solo está en la magnitud, sino en la naturaleza de los aumentos registrados. En febrero, el crecimiento se concentró en sectores específicos como educación, mientras que en marzo el impulso provino de un componente transversal: el transporte.

Este cambio es clave, porque el transporte tiene efectos indirectos sobre otros precios, al incidir en los costos logísticos, la distribución y la producción, generando un impacto más amplio en la economía.

Uno de los factores más determinantes en marzo fue el comportamiento de los combustibles, que registraron un incremento de 14.6% dentro de la categoría de transporte, específicamente en gasolina y diésel.

Este aumento explica gran parte de la variación del IPC, ya que los combustibles no solo afectan el gasto directo de los hogares, sino que también se trasladan a otros sectores como alimentos y servicios. En términos económicos, esto se conoce como un efecto de transmisión de costos hacia toda la economía.

Al comparar las divisiones entre febrero y marzo, se observa que algunos sectores repiten tendencia, pero con mayor intensidad. Por ejemplo, vivienda y servicios del hogar ya mostraban aumentos en febrero, pero en marzo se amplificaron.

En cambio, alimentos, que habían registrado caídas, pasaron a terreno positivo con un crecimiento de 0.3%, impulsado por el alza en frutas y mariscos. Este cambio de signo es relevante, porque los alimentos tienen un peso importante dentro de la canasta básica.

En este contexto, sí es posible atribuir una parte importante del incremento del IPC de marzo al comportamiento de los precios del combustible, aunque no es el único factor.

La evidencia muestra que el transporte fue el principal motor del aumento, y dentro de este, los combustibles tuvieron el mayor impacto. Sin embargo, el hecho de que otras divisiones también registraran alzas indica que el fenómeno es más amplio y responde a una combinación de factores internos y externos que presionan los precios.

Se estima que, mientras no se resuelva el conflicto armado en Medio Oriente, los precios internacionales del petróleo podrían mantenerse elevados, lo que seguiría trasladándose a los costos locales. En ese escenario, el IPC de abril y de los próximos meses podría reflejar nuevos incrementos en el nivel general de precios, especialmente en sectores vinculados al transporte, la energía y la logística.

El presidente de downstream, midstream y químicos de Chevron, Andy Walz, recomendó a la población de Estados Unidos reducir la utilización del automóvil para enfrentar los altos valores del combustible. Según declaraciones recogidas por CBS News, el ejecutivo afirmó que “la gente debería tratar de conducir menos y ahorrar energía” en un contexto marcado por el encarecimiento global de la gasolina.

La principal petrolera estadounidense considera que el ahorro individual constituye una de las pocas alternativas inmediatas para contrarrestar el impacto del conflicto con Irán en el mercado energético.

Walz subrayó ante CBS News que no existe una “solución rápida” para revertir la tendencia alcista mientras el precio internacional del crudo se mantenga elevado. En sus palabras, “es un mercado global para el crudo. Tenemos producción local, lo que ayuda a moderar el precio para los estadounidenses, pero si esto se prolonga, la situación podría empeorar”.

La cotización del barril de Brent se estabilizó en torno a los 100 dólares, cifra que no se registraba desde crisis energéticas previas, y que se explica por la fuerte reducción del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Estrategias oficiales y contexto internacional

Funcionarios de la administración Trump reconocieron el efecto del conflicto en los precios del combustible, asegurando que se trata de una “situación temporal” y que el gobierno trabaja para contenerla.

Según informó Fox Business, el vicepresidente JD Vance destacó que Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país, lo que permite amortiguar en parte el impacto local respecto a otras naciones dependientes del petróleo de Medio Oriente.

En los últimos días, el ejecutivo federal liberó cientos de millones de barriles de las reservas estratégicas para apuntalar la oferta nacional y frenar la escalada de precios, según datos de la Agencia de Información Energética (EIA).

El propio Walz advirtió en CBS News sobre posibles problemas en la cadena de suministro global si la crisis se prolonga. “Estados Unidos depende en mayor medida de la producción local, pero países de Asia y otras regiones requieren crudo de Medio Oriente. Ya no pueden obtenerlo, refinarlo ni elaborar los productos esenciales; algunos están quedándose sin reservas”, expresó el directivo, citando la gravedad de la situación fuera de las fronteras estadounidenses.

Impacto en el consumidor y reacción política

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 3,84 por galón en abril, frente a los USD 2,92 de hace apenas un mes, según cifras de la American Automobile Association (AAA). La percepción pública refleja inquietud: una encuesta de Reuters-Ipsos indica que casi siete de cada diez estadounidenses temen que los precios sigan subiendo a corto plazo.

Las declaraciones de Walz se producen en medio de un debate político intenso. Sectores opositores piden subsidios y controles de precios, mientras el oficialismo insiste en que los costos actuales responden a objetivos de seguridad nacional y a la interrupción del comercio petrolero con Irán.

Walz, por su parte, insistió en que el ahorro energético y la moderación en el consumo son medidas necesarias ante la volatilidad global, destacando la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento internacionales.

Producción local y antecedentes de crisis

De acuerdo con la EIA, Estados Unidos incrementó su producción interna en los últimos años, logrando cubrir gran parte de la demanda nacional y reduciendo su dependencia de las importaciones.

Sin embargo, el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, que transporta cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo y gas, mantiene la presión sobre los mercados y restringe la disponibilidad internacional. El precio del Barril Brent no superaba los 100 dólares desde crisis previas, afectando a sectores clave como el transporte, la logística y la agricultura.

Mientras persista la tensión geopolítica, tanto Chevron como las autoridades federales recalcan la importancia de conservar energía y ajustar hábitos de consumo para atravesar la coyuntura.

El futuro inmediato del mercado dependerá, según fuentes oficiales y empresariales, de la evolución del conflicto y de la capacidad de Estados Unidos para sostener la oferta interna frente a los desafíos del comercio global.

El incremento del precio del diésel en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, impulsado por la reciente escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel en Medio Oriente.

Esta situación afecta de manera directa a los más de 3 millones de camioneros del país, en especial a los transportistas independientes y a las pequeñas flotas, que representan la mayoría del sector. Según el medio Reuters, la persistente inestabilidad geopolítica en la región podría intensificar aún más la presión sobre la industria y derivar en una reducción significativa de la capacidad de transporte por carretera.

El lunes, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en USD 5,52/galón, superando el récord anterior registrado en junio de 2022, cuando la invasión de Rusia a Ucrania provocó un alza abrupta, según datos de la empresa tecnológica de gestión de flotas Samsara, que monitorea el consumo de combustible de más de 5.500 flotas en todo el país.

California y Texas experimentaron los mayores incrementos, una tendencia replicada en otros estados clave como Hawái, Nevada y Carolina del Norte, donde las tensiones internacionales han tenido un efecto inmediato en los valores del combustible.

La escalada del precio del diésel ha obligado a una parte de los transportistas a tomar decisiones drásticas para mantener su actividad.

De acuerdo con una encuesta de la firma de análisis logístico DAT Freight & Analytics, citada por Reuters, el 18% de más de 540 empresas consultadas en marzo suspendió operaciones debido a los costos elevados, mientras que el 44% selecciona sus cargas con mayor cuidado y el 45% redujo la cantidad de kilómetros recorridos.

El impacto afecta de forma directa a los transportistas independientes, quienes suelen afrontar el costo del combustible sin posibilidad de negociar precios preferenciales ni aplicar recargos a sus clientes, a diferencia de las grandes empresas.

En Estados Unidos, el sector del transporte por carretera cuenta con cerca de 580.000 transportistas activos, de los cuales el 91,5% opera con 10 camiones o menos, según la Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera (ATA) y el Departamento de Transporte. Este predominio de pequeñas empresas y trabajadores autónomos convierte a este grupo en el más vulnerable frente al incremento de los costos operativos.

Dean Croke, analista principal de DAT, sostuvo que la rentabilidad de la mayoría de los pequeños transportistas desapareció entre diciembre y febrero pasados, un fenómeno que amenaza la continuidad de miles de operadores.

El impacto de la escalada del diésel se refleja en testimonios como el de Heather Hickson Griffith, transportista de maquinaria pesada en Oklahoma y exmarine, quien relató a Reuters haber pagado hasta USD 8/galón en California, una cifra que, en sus palabras, “consume mis ahorros más rápido que en 2022”. Para reducir gastos, ha optado por eliminar gastos no esenciales, como las comidas en restaurantes.

Su empresa familiar, GKZ Trucking, que opera 21 camiones, enfrenta una situación que podría llevarla al borde del colapso antes de fin de año si la tendencia persiste.

Las grandes compañías, como FedEx, cuentan con mecanismos para amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios, pero también han advertido sobre consecuencias negativas si el encarecimiento se mantiene.

FedEx alertó que la persistencia de precios elevados podría afectar sus resultados del cuarto trimestre, ya que el aumento en los costos de transporte podría trasladarse a los clientes y, eventualmente, al consumidor final.

En 2024, el sector de transporte por carretera movilizó 11.300 millones de toneladas de mercancías, equivalente al 75% del total nacional, y generó USD 906 mil millones en ingresos, según la Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera (ATA). Si bien el costo del transporte representa una fracción relativamente baja del precio final de la mayoría de los productos, en bienes como la leche puede superar el 20% del valor, de acuerdo con investigadores del Instituto de Transporte de Texas A&M, centro de investigación académico.

Este aumento de los costos logísticos eleva la presión inflacionaria sobre las cadenas de suministro y afecta la competitividad de las empresas.

Kelly Soderlund, jefa de análisis de la empresa tecnológica de gestión de flotas Samsara, explicó que la subida del diésel ha sido más pronunciada que la de la gasolina.

Durante los primeros días de la guerra en Ucrania, ambos combustibles subieron de manera similar, pero recientemente el impacto ha recaído con mayor fuerza sobre los operadores logísticos, desplazando parte de la presión desde los consumidores hacia las empresas de transporte.

Aunque la inflación nacional se mantiene por debajo de los niveles de la crisis registrada durante la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, el riesgo de que los costos logísticos se trasladen a los precios finales sigue siendo elevado.

El gasto federal masivo y las interrupciones en las cadenas de suministro contribuyeron entonces a una inflación aguda, según detalla Reuters, y el escenario actual presenta riesgos similares si la situación geopolítica se deteriora.

El estrecho de Ormuz y la amenaza de un nuevo aumento en el precio del crudo

El estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio global de petróleo y gas, se ha convertido en el epicentro de la preocupación internacional. La posibilidad de una interrupción más severa en los flujos energéticos podría forzar nuevos aumentos en el precio del diésel a nivel mundial.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en la consultora GasBuddy, indicó que la falta de acuerdo para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán durante el último fin de semana provocó un nuevo salto en los precios internacionales del crudo y anticipó incrementos en los próximos meses para automovilistas y empresas.

Avery Vise, vicepresidente de transporte por carretera de la firma de análisis FTR Transportation Intelligence, advirtió que el encarecimiento del diésel podría provocar el cierre de “miles de pequeños transportistas”, lo que agravaría la actual restricción de capacidad de fletes en el país. Vise considera que existe alta probabilidad de que las tarifas de transporte superen incluso los aumentos registrados en 2022.

El debate político por el aumento del diésel

El aumento del precio del combustible adquiere un peso político adicional en un año electoral. El impacto sobre el costo de vida y la logística genera preocupación tanto entre los operadores del sector como entre los consumidores y empresas dependientes del transporte.

Esta tendencia se convierte en un factor de presión para el gobierno federal y para los principales partidos políticos, ya que el costo del diésel puede incidir directamente en el debate público y en las expectativas económicas de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La tensión en Medio Oriente “llegó para quedarse”, consideró Polo. En ese marco, señaló que lo más relevante es cómo esta situación impacta en el precio del petróleo y, a partir de allí, en la economía global.

Respecto del vínculo con la inflación, explicó que no se trata necesariamente de un efecto directo: “Es un cambio de precios relativos que tenemos que ver cómo impacta después en el equilibrio general”.

Sin embargo, advirtió que existe el temor de que esta suba genere “una presión de precios muy fuerte”, que obligue a los bancos centrales a subir las tasas de interés para enfriar la economía.

También remarcó la importancia de analizar cuánto de esta dinámica ya estaba incorporada en los precios. “El mercado ya tiene digerido que esta situación va a continuar en 90, 100, 120 dólares”. En ese marco, consideró poco probable una baja pronunciada: “Lo que más seguro estamos es que no va a volver a USD 65”, aunque advirtió que lo importante es evitar que “se vaya a USD 150”.

Consultado por las dificultades de Argentina para acceder al financiamiento, Polo distinguió dos factores: “Primero, lo que hace Argentina para bajar su costo de financiamiento. Y después, cómo está el mundo”.

En ese sentido, destacó que, pese a la volatilidad reciente, “las tasas de interés en el mundo todavía no se dispararon” y que los mercados globales no mostraron un colapso.

Además, resaltó que “el dólar no se fue a la estratósfera”, y que el impacto por ahora está “más concentrado en el mercado energético”, sin trasladarse con fuerza al resto de las variables.

En esa línea, sostuvo que el escenario para Argentina sigue dependiendo en gran medida de las decisiones internas, especialmente en la reducción del riesgo país.

“Argentina mejoró, el riesgo país llegó a 550”, indicó, y agregó que el Gobierno “no está apurado en salir a los mercados internacionales”, mientras pueda manejar los vencimientos deuda. No obstante, advirtió que tanto este año como el próximo serán desafiantes en ese sentido.

Finalmente, Polo evaluó que el contexto internacional representa una oportunidad para Argentina en el sector energético. Explicó que, si bien el estrecho de Ormuz es clave —porque pasa el 20% del petróleo”—, la mayor parte del suministro no depende de esa vía, lo que favorece a América Latina.

“Esto pone más de relieve a la Argentina en términos de inversiones”, afirmó, y destacó el potencial de Vaca Muerta, en un contexto donde “el capital va a ir a buscar otro riesgo” y el país puede aparecer como alternativa.

“Para el sector energético, mientras tengas la situación contenida, es una buena noticia”, señaló, por los mayores precios y el atractivo para inversores. Sin embargo, consideró que para el resto de la economía el impacto puede ser negativo: “Para la persona de a pie va a estar por el precio de la nafta”, lo que podría sumar presión inflacionaria en el corto plazo.

Polo señaló que la actual crisis global presenta características distintas a episodios anteriores, especialmente en el comportamiento de los flujos de capital.

Explicó que en contextos previos de incertidumbre internacional predominaba el fenómeno conocido como flight to quality, donde “el capital se iba a lo seguro, y lo seguro eran bonos del Tesoro norteamericano y el dólar”. Como consecuencia, indicó, “el resto del mundo la padecía porque no tenía capital”.

Sin embargo, advirtió que el escenario actual muestra matices diferentes. “Ahora aparece esta situación con Estados Unidos, que ya venimos señalando desde el año pasado: una menor capacidad de seducción para atraer capital”, sostuvo.

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El avance tecnológico en energías renovables y reciclaje ha dado un salto sorprendente con el desarrollo de un reactor alimentado por energía solar capaz de transformar residuos plásticos de difícil reciclaje y ácido de baterías usadas en hidrógeno limpio y productos químicos industriales de alto valor.

Esta innovación, presentada por investigadores de la Universidad de Cambridge, responde a la creciente urgencia de encontrar soluciones sostenibles para dos de los mayores retos ambientales del siglo XXI: la gestión de residuos plásticos y el reciclaje de baterías.

La importancia de este desarrollo radica en su potencial para crear un sistema circular, donde los residuos de una industria se convierten en recursos para otra. En un mundo que produce más de 400 millones de toneladas de plásticos al año (de los cuales solo el 18% se recicla) y millones de baterías de automóviles que terminan en vertederos, este tipo de tecnología puede reducir la contaminación y contribuir a la transición hacia la economía verde.

¿Cómo funciona el reactor solar para reciclar plásticos y ácido de baterías?

El proceso comienza tratando los residuos plásticos con ácido recuperado de baterías de automóviles viejas, lo que rompe las cadenas de polímeros en componentes químicos básicos, como el etilenglicol. Después, un fotocatalizador desarrollado por el equipo de la Universidad de Cambridge convierte el etilenglicol en hidrógeno y ácido acético cuando se expone a la luz solar.

Un aspecto clave de esta innovación es la robustez del fotocatalizador, que resiste los efectos corrosivos del ácido y aprovecha el potencial del ácido de baterías usadas, que generalmente se neutraliza y desecha. Durante las pruebas, el reactor funcionó más de 260 horas sin perder rendimiento, generando altos rendimientos de hidrógeno y produciendo ácido acético con alta selectividad.

Un avance accidental y una solución circular

Tal como explicó el profesor Erwin Reisner, el descubrimiento fue casi accidental: hasta ahora se pensaba que el ácido destruiría los sistemas solares, pero el nuevo catalizador demostró lo contrario. Kay Kwarteng, autora principal del estudio, destacó que la clave fue desarrollar un fotocatalizador económico y escalable capaz de resistir el ácido, abriendo la puerta a nuevas aplicaciones industriales.

La tecnología funciona con diversos residuos plásticos, incluidos los más difíciles de reciclar como el nailon y el poliuretano, y puede aprovechar ácido tanto nuevo como recuperado de baterías. Esto permite no solo reciclar materiales que antes eran desechados, también utilizar recursos que de otra forma serían un problema ambiental.

El hidrógeno verde y el impacto ambiental

El hidrógeno generado por este sistema es considerado “verde” porque su producción no emite carbono, a diferencia del hidrógeno gris. El hidrógeno verde es una pieza clave para la descarbonización de sectores industriales y del transporte, aunque hoy su adopción está limitada por el costo de producción y la falta de infraestructura de almacenamiento y distribución.

La posibilidad de generar hidrógeno limpio a partir de residuos plásticos y ácido de baterías ofrece una alternativa más económica y sostenible, y puede ayudar a reducir las emisiones y el impacto ambiental de la industria energética.

Cuál es el problema ambiental de las baterías y los residuos plásticos

El reciclaje inadecuado de baterías de automóviles implica graves riesgos ambientales: contienen ácido, metales pesados y sustancias tóxicas como plomo, litio y cobalto, que pueden filtrarse a suelos y aguas subterráneas si se depositan en vertederos. Además, la extracción de estos materiales es costosa y con frecuencia se realiza en condiciones laborales precarias. Reutilizar el ácido y los metales reduce la presión sobre la minería y el ciclo de “usar y tirar”.

En cuanto a los residuos plásticos, la mayoría de las técnicas de reciclaje actuales solo abarcan algunos tipos de polímeros y dejan fuera materiales como nailon o poliuretano. El reactor solar permite tratar estos residuos y convertirlos en recursos útiles, lo que podría complementar los métodos de reciclaje tradicionales y reducir la acumulación de plásticos en vertederos y océanos.

El desarrollo de reactores solares capaces de aprovechar residuos difíciles y generar hidrógeno verde representa un avance clave para el futuro energético y ambiental. Si logra escalarse industrialmente, esta innovación puede transformar la gestión de residuos y contribuir de manera significativa a la lucha contra la contaminación global.

La inflación viene acelerando desde julio del año pasado. En febrero, la variación de precios a nivel nacional se ubicó en 2,9%, a pesar de no haber actualizado la fórmula, cifra que encendió alarmas en el Gobierno.

Este contexto llevó al equipo económico a tomar medidas para evitar que el ritmo inflacionario se consolide. Su esfuerzo está enfocado en lograr una desaceleración en abril. Y los relevamientos de diferentes consultoras muestran tendencias que ilusionan al equipo económico.

En la primera semana de abril, el informe de LCG mostró que los precios de alimentos y bebidas en supermercados de alcance nacional cayeron 0,4% respecto de la semana previa. Este resultado compensó parcialmente el ascenso observado a fines de marzo y significó retomar un rumbo hacia abajo desde el pico registrado a fines de febrero. El promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6%, una baja de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) para el período.

La caída semanal de precios en la primera semana de abril, según LCG, se debió principalmente a bajas en carnes (-2%) y en panificados, cereales y pastas (-2,3%). La suba de lácteos y huevos (+3,2%) compensó en parte esa baja, mientras que otros rubros mostraron variaciones mínimas. Bebidas e infusiones, comidas listas para llevar y aceites se mantuvieron estables, y el azúcar, miel, dulces y cacao subieron apenas 0,2 por ciento. El informe destacó que el promedio móvil de cuatro semanas evidencia una dispersión menor en la evolución de precios y que la incidencia de carnes y lácteos explica cerca del 70% de la inflación mensual del período.

Rubros como bebidas, comidas listas para llevar, azúcar, miel y dulces tuvieron una incidencia menor, mientras que frutas y verduras mostraron variaciones negativas o poco significativas. El informe subrayó que las variaciones semanales presentaron menor dispersión respecto de la semana anterior, y que la concentración de los movimientos de precios en torno a la media sugiere una menor volatilidad en el inicio de abril.

En esa misma línea, la consultora EconViews reportó que su relevamiento de precios en la primera semana de abril arrojó una variación promedio de 0% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento destacó la caída de 2,2% en verduras y un incremento de 0,6% en bebidas. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 2,3 por ciento.

En la segunda semana del mes, sin embargo, Analytica registró una variacióndel 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados. Y precisó que las menores variaciones semanales correspondieron a las regiones NEA y Patagonia, con un aumento de 0,2%, mientras que Cuyo presentó la suba más alta del país, con 0,5 por ciento. Dentro de los alimentos, pescados y mariscos subieron 3,6%, azúcar, dulces y chocolates lo hicieron 2,5%, y los rubros con menor incremento fueron pan y cereales (+0,9%) y otros alimentos, que incluyen salsas y snacks (+1,3%). En el caso de las frutas, el informe registró una baja de 1,1%.

El informe de la consultora remarcó que el promedio de cuatro semanas en el nivel general se ubicó en 1,6%, en línea con los datos de LCG, mientras que la proyección para la inflación general de abril es de 2,8%. EconViews, por su parte, calculó una variación acumulada de 2,3% en las últimas cuatro semanas, con diferencias por rubro.

El dato de la semana

El martes 14, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer la inflación de marzo. Y a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que va a estar por encima de la de febrero (2,9%) por el impacto de la guerra de Medio Oriente en los combustibles, el dato confirmará cuántos esfuerzos debe hacer el Gobierno en abril para cortar la tendencia.

Antes de que se anunciara el alto al fuego en Irán por dos semanas, YPF tomó la decisión de no aplicar aumentos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores y con el objetivo de que otros competidores repliquen la decisión.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) representó una referencia para proyectar la inflación nacional de marzo. El índice de precios al consumidor porteño subió 3% en marzo y acumuló 32,1% interanual. El informe oficial del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que la cifra estuvo explicada principalmente por subas en servicios regulados, combustibles, el sector educativo y los gastos vinculados a la vivienda.

El dato porteño anticipa un nuevo número complicado para el IPC nacional que publica el Indec el próximo martes. Aunque ya para abril los datos de LCG, Analytica y EconViews muestran que la inflación de alimentos y bebidas en las primeras semanas se desaceleró. La menor dispersión de variaciones, el descenso en la cantidad de productos con aumentos y la incidencia de algunos rubros explican el movimiento del índice. El Gobierno monitorea de cerca estos indicadores y busca consolidar la tendencia de alivio en el ritmo inflacionario durante el mes, mientras la evolución de los precios en supermercados y almacenes sigue bajo observación.

En una tarde sofocante reciente en la capital cubana, decenas de personas que se desplazaban en bicicleta, patinete y motocicleta eléctrica se congregaron en una fila ordenada a la entrada del Túnel de la Bahía de La Habana. Esperaban el Ciclobús, un autobús especialmente acondicionado para transportar a las personas —y sus vehículos— a través del túnel submarino que conecta La Habana Vieja con el lado este de la isla.

El autobús diésel tiene capacidad para unos 60 pasajeros y sus vehículos, realizando suficientes viajes para transportar a más de 2000 personas al día. Cuenta con una sección de asientos delantera, pero la mitad de su estructura metálica es un compartimento abierto para carga. Los pasajeros acceden mediante una rampa especial y permanecen con sus vehículos durante todo el trayecto, sujetándose a las barras de apoyo instaladas en las paredes para mantener el equilibrio. No se permite el acceso de bicicletas, motocicletas ni patinetes al túnel.

Si bien el Ciclobús no es nuevo, nunca ha sido tan popular —y esencial— como lo es ahora que Cuba atraviesa su crisis energética más grave en décadas.

El bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero ha obligado al país a racionar la gasolina a tan solo 20 litros por vehículo mediante un engorroso proceso de citas que puede durar semanas, o incluso meses, paralizando el transporte público. Hoy en día, las calles de La Habana están casi vacías de coches, pero repletas de miles de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas que se han convertido en el único medio de transporte.

“Mi esposo tiene una bicicleta, así que voy a acompañarlo”, dijo Ingrid Quintana, residente del este de La Habana, quien trabaja en la parte antigua de la ciudad mientras esperaba el Ciclobús. “Es la única opción que tenemos, porque no hay transporte público y no podemos pagar un taxi privado, así que viajamos en Ciclobús”.

El Ciclobús es la ruta de transporte público más corta de la isla, ya que recorre 3 kilómetros (1,8 millas) en unos 15 minutos.

Tras embarcar cerca del Túnel de la Bahía de La Habana, en La Habana Vieja, los pasajeros experimentan un viaje accidentado a través de la oscuridad del pasaje submarino. Emergen en el este de La Habana, una extensa zona residencial donde viven cientos de miles de personas. En contraste, la ruta terrestre alternativa debe bordear la enorme bahía, un recorrido de 16 kilómetros (10 millas) a través de zonas portuarias industriales escasamente pobladas y con pavimento deficiente.

La tarifa de embarque oscila entre 2 y 5 pesos cubanos (una pequeña fracción de un dólar estadounidense en el mercado informal), dependiendo de si se transporta una bicicleta o una motocicleta.

En comparación, un viaje en taxi compartido desde los barrios del este —pasando por el túnel— cuesta 1.000 pesos cubanos (unos 2 dólares). Un trabajador cubano puede ganar un salario mensual de 7.000 pesos cubanos (unos 14 dólares).

El Ciclobús, propiedad de la empresa estatal de transporte de La Habana, surgió en la década de 1990 durante el llamado “Período Especial”, la crisis desencadenada por el colapso de la Unión Soviética que dejó a la isla aislada, lo que llevó al entonces presidente Fidel Castro a distribuir bicicletas de fabricación china entre la población.

Con el tiempo, el servicio perdió parte de su atractivo, ya que los residentes optaron por los autobuses regulares o los taxis compartidos. Sin embargo, ahora está experimentando un resurgimiento, dado que la escasez de combustible obliga a más cubanos a depender de bicicletas, triciclos eléctricos, patinetes y motocicletas para sus desplazamientos diarios.

“La mayoría de los trabajos están al otro lado, en la ciudad, y por eso tenemos que usarlo para cruzar”, dijo Bárbaro Cabral, profesor de gimnasia de 32 años, mientras sujetaba con fuerza su bicicleta mientras el Ciclobús comenzaba a llenarse de pasajeros.

(con información de AP)

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que Reuters sitúa desde el 28 de febrero de 2026, parece lejana en el mapa, pero hace semanas dejó de ser un conflicto remoto para América Latina. Entró por el petróleo, por el gas, por los fletes, por la inflación esperada y por la volatilidad financiera. El 8 de abril de 2026 se anunció una tregua de dos semanas, pero incluso con ese alivio parcial los mercados físicos de energía siguen bajo tensión, con infraestructura dañada, cargamentos atorados y rutas marítimas todavía frágiles. En otras palabras: el problema no terminó, apenas cambió de forma.

La razón es simple: el estrecho de Ormuz no es un detalle geográfico, sino una bisagra del sistema energético mundial. La Agencia Internacional de Energía señala que en 2025 pasaron por ahí casi 15 millones de barriles diarios de crudo, equivalentes a cerca de 34% del comercio global de crudo, y la EIA estadounidense añade que en 2024 y el primer trimestre de 2025 ese paso concentró más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo global de petróleo y petrolíferos, además de cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Cuando esa arteria se bloquea o queda bajo amenaza, la onda expansiva no se queda en el Golfo: viaja a puertos, refinerías, bancos centrales y ministerios de Hacienda de todo el planeta.

Por eso el impacto latinoamericano fue casi inmediato. Se reportó que el 7 de abril el índice MSCI de acciones latinoamericanas cayó 1%, con Chile a la cabeza de las pérdidas bursátiles con -1.4%, México con -1.1% y Brasil bajo presión cambiaria. Los estrategas citados por Reuters advirtieron que, si el Brent se acercaba a 150 dólares por barril, las monedas de economías emergentes importadoras de energía quedarían especialmente expuestas. Un día antes, el mismo medio había mostrado el otro lado de esa fragilidad: bastó la expectativa de una posible desescalada para que el peso mexicano repuntara 0.6%. Esa combinación de caída y rebote no es señal de fortaleza; es señal de dependencia frente a un shock externo que la región no controla.

La tregua tampoco significa normalidad. Medios occidentales informaron el 8 de abril que, aun con la pausa negociada, había alrededor de 130 millones de barriles de crudo, 46 millones de barriles de combustibles refinados y 1.3 millones de toneladas de gas natural licuado varados en buques a la espera de condiciones seguras. En marzo, las exportaciones de crudo del Medio Oriente que pasan por Ormuz colapsaron en torno a 13 millones de barriles diarios, equivalentes a cerca de 13% del consumo mundial, y parte de esa producción tardará semanas o meses en volver por daños físicos, cautela naviera y cuellos de botella logísticos.

El mismo día, Reuters reportó que el Brent cayó con fuerza, a la zona de 91 a 95 dólares, pero advirtió que el mercado físico seguía estresado y que los compradores todavía enfrentaban escasez y primas elevadas. Esa es la paradoja: el precio financiero baja más rápido que el daño real.

América Latina no recibió el golpe de manera uniforme. Los países netamente importadores, como Chile, sienten de inmediato la presión sobre sus activos, su inflación importada y sus cuentas externas. Brasil, aun siendo un gran productor, también resiente la aversión global al riesgo y la presión sobre su moneda.

Algunos exportadores pueden obtener un respiro transitorio por precios altos, pero incluso esa ganancia es engañosa. Venezuela, por ejemplo, logró que sus exportaciones superaran 1.09 millones de barriles diarios en marzo, por primera vez en seis meses, pero al mismo tiempo Reuters reportó este 8 de abril que sus refinerías operaban apenas al 31% de su capacidad. En la región, por tanto, el alza del crudo no equivale automáticamente a seguridad energética; muchas veces solo maquilla fragilidades estructurales.

México ocupa un lugar especialmente delicado en ese tablero. El país no depende del Golfo Pérsico para abastecerse directamente, pero sí depende de un sistema internacional donde cualquier gran guerra energética reordena precios, rutas y decisiones de inversión. Y, sobre todo, depende de Estados Unidos. Reuters reportó en enero de 2025 que las importaciones, casi totalmente provenientes de Estados Unidos, cubren 72% de la demanda mexicana de gas natural. La EIA documentó después que las exportaciones por ducto de Estados Unidos a México promediaron 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios en 2024, máximo histórico anual, y que en mayo de 2025 alcanzaron un récord mensual de 7.5 mil millones.

AP añadió esta semana que México es hoy el mayor comprador individual de gas estadounidense. Eso significa que la soberanía energética mexicana descansa, en buena medida, sobre moléculas ajenas y sobre tuberías que cruzan la frontera norte.

La dependencia es aún más seria porque el gas ya no es un combustible secundario en México: es la columna vertebral del sistema eléctrico. Un diagnóstico del Natural Resource Governance Institute, basado en datos de SENER, señala que alrededor de 60% de la electricidad generada en México proviene del gas natural; además, 59% del gas consumido en el país se destina a generación eléctrica. El mismo documento muestra que entre 2014 y 2024 la producción doméstica de gas cayó 33%, mientras que las importaciones por ducto subieron de manera sostenida hasta representar cerca de 73% del consumo en 2023. En otras palabras, México no solo importa mucho gas: importa el combustible que sostiene buena parte de sus focos, fábricas y redes de producción.

Ahí está el verdadero significado latinoamericano de esta guerra. No se trata únicamente de si sube o baja la gasolina esta semana. Se trata de que un conflicto a miles de kilómetros ya está reescribiendo debates internos sobre seguridad energética, almacenamiento estratégico, transición y modelo de desarrollo. En México, Claudia Sheinbaum anunció precisamente esta semana una iniciativa para explorar métodos de extracción de gas no convencional y reducir la dependencia del suministro estadounidense. AP reportó que evitó usar la palabra “fracking”, habló de una extracción “sustentable” y encargó a un comité técnico dos meses para evaluar métodos menos dañinos, como el uso de agua no potable y menos químicos. La propia presidenta vinculó la decisión con las lecciones dejadas por la escasez de gas en Europa durante la guerra en Ucrania y por la actual guerra en Medio Oriente.

Ese anuncio revela dos cosas a la vez. Primero, que la guerra ya modificó la agenda energética mexicana. Segundo, que México está reaccionando desde la urgencia, no desde una estrategia resuelta. Porque la pregunta no es solamente si conviene sacar más gas; la pregunta es qué tipo de vulnerabilidad se quiere corregir. Extraer más gas podría reducir parte de la exposición externa, pero también puede profundizar conflictos ambientales, tensiones hídricas y una mayor dependencia de otro combustible fósil en un país que necesita diversificar, no solo sustituir un origen por otro. El riesgo es responder a una crisis geopolítica con una solución que alivie el corto plazo pero encierre al país por más años en la misma lógica fósil.

Además, México llega tarde y con pocas reservas de maniobra. Expertos informaron que el país tenía apenas 2.4 días de capacidad de almacenamiento de gas natural, y que el gobierno buscaba elevarla a por lo menos cinco días. Ese dato es brutal. Una economía tan integrada a Norteamérica, tan industrializada en ciertos corredores y tan dependiente del gas para generar electricidad no puede darse el lujo de operar casi sin colchón. La tormenta invernal de Texas de febrero de 2021 ya había dejado esa lección: Reuters recordó que aquella interrupción del suministro provocó apagones para millones de usuarios en gran parte del país y pérdidas privadas estimadas en más de 6 mil millones de dólares en una sola semana. Si eso ocurrió por clima extremo en el vecino inmediato, ¿qué puede provocar una era de guerras energéticas recurrentes?

Por eso el debate mexicano no debería reducirse a un falso dilema entre importarlo todo o fracturarlo todo. La lección que deja esta guerra para AméricaLatina es más compleja. Los países importadores necesitan más resiliencia: almacenamiento, redes más robustas, diversificación de fuentes y menor exposición a un solo proveedor. Los exportadores necesitan dejar de confundir bonanza coyuntural con fortaleza estratégica. Y todos necesitan comprender que la energía ya no puede pensarse solo como insumo económico; volvió a ser, de manera descarnada, un instrumento de poder geopolítico.

México haría bien en leer esta crisis con seriedad histórica. La guerra en Medio Oriente no solo encareció barriles; mostró que la dependencia energética también es una dependencia política. Cuando un país obtiene la mayor parte del gas que consume de un solo proveedor, cuando ese gas sostiene la mayor parte de su electricidad y cuando además carece de reservas estratégicas amplias, la distancia entre “mercado” y “vulnerabilidad” se vuelve mínima. La discusión abierta por Sheinbaum no es técnica, sino de Estado: cómo asegurar energía suficiente sin hipotecar el futuro ambiental ni quedar rehén de la próxima guerra ajena.

Porque el conflicto de hoy, aunque estalle lejos, ya está decidiendo parte del México de mañana.

* Talya Iscan, politóloga Universidad Panamericana

** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana anunció un incremento de entre RD$7.00 y RD$9.00 en los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 11 al 17 de abril de 2026, mientras el Gobierno implementa un subsidio de RD$1,793 millones para mitigar el impacto en los consumidores y mantiene sin variación el costo del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La nueva estructura de precios, comunicada por el MICM, responde a la persistente volatilidad en los mercados internacionales y a las tensiones geopolíticas que mantienen la cotización del crudo en niveles elevados. De acuerdo con la información oficial, estos son los nuevos precios:

• Gasolina Premium: RD$314.10 (US$5.20) | Sube RD$9.00
• Gasolina Regular: RD$294.50 (US$4.87) | Sube RD$7.00
• Gasoil Óptimo: RD$266.10 (US$4.40) | Sube RD$9.00
• Gasoil Regular: RD$246.80 (US$4.08) | Sube RD$7.00
• Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$137.20 (US$2.27) | Sin variación
• Gas Natural: RD$43.97 (US$0.73) | Sin variación

En este escenario, la Gasolina Premium rompe la barrera de los 5.20 dólares por galón, una cifra que refleja el costo real de la logística energética en una nación no productora que depende enteramente de la importación de derivados.

El esfuerzo fiscal del Gobierno para esta semana se traduce en un subsidio directo de aproximadamente RD$1,793 millones (unos US$29.6 millones), según cifras oficiales. El objetivo de esta medida, según las autoridades, es evitar que el encarecimiento internacional del petróleo se traslade en su totalidad al consumidor final y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

De no haberse implementado este subsidio, el impacto en la canasta básica y en los costos del transporte público habría sido considerablemente mayor, incrementando la presión inflacionaria sobre la economía nacional.

La decisión de congelar el precio del GLP responde a su peso en la estructura de consumo energético del país. El Gas Licuado de Petróleo es utilizado por la mayoría de los hogares para la cocción de alimentos y es fundamental para el funcionamiento diario de los vehículos de transporte público conocidos como conchos. El congelamiento del precio busca garantizar la estabilidad social y contener los costos de vida, según informó el MICM.

Factores internacionales y subsidios fiscales

El contexto internacional ha sido determinante en la fijación de los precios locales de los combustibles. República Dominicana, al no ser un país productor de petróleo, depende totalmente de las importaciones para abastecer su demanda interna. Las recientes tensiones en zonas productoras clave, junto al aumento estacional de la demanda tras la llegada de la primavera en el hemisferio norte, han reducido los inventarios globales y elevado el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI).

Además, la presión sobre la tasa de cambio dominicana se ha intensificado debido a la necesidad de adquirir más divisas para la compra de derivados del petróleo, lo que impacta de forma directa en los precios internos.

El Gobierno dominicano ha destinado en el último mes más de RD$6,486 millones en subsidios extraordinarios, según datos del Banco Central. Solo en la última semana, la intervención fiscal superó los RD$1,900 millones, una cifra que evidencia la magnitud de los recursos necesarios para contener el impacto en los precios y evitar un repunte inflacionario de consecuencias mayores para la economía familiar.

El monitoreo constante de la evolución de los mercados y la capacidad fiscal del Gobierno serán factores clave para determinar la continuidad de los subsidios y la estabilidad económica en los próximos meses.

La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que los pagos por resarcimiento de daños vehiculares atribuibles a la calidad del combustible superan los 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, explicó a la radio Erbol que el monto fue destinado a 8.204 usuarios que hicieron la solicitud de reembolso económico hasta el 8 de abril.

Sin embargo, aún queda pendiente el pago de 34.900 solicitudes que están en proceso de evaluación a través de peritos legales y mecánicos para verificar cada caso.

Si bien anteriormente se informó que se rechazaron cerca de tres mil solicitudes, Mendoza evitó dar una cifra consolidada debido a que el proceso se mantiene abierto mediante revisiones adicionales. “No estamos hablando todavía de descartados, porque estamos atendiendo a todos. Queremos llegar al 100% de la población que probablemente ha sido damnificada y de manera justa poder compensar esos gastos”, afirmó el funcionario.

Para este fin, la estatal petrolera habilitó oficinas para la atención de casos en ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El pago de resarcimiento es una de las respuestas de la estatal petrolera a la crisis de combustible que atraviesa Bolivia, luego de que hace más de dos meses se registraran denuncias de daños mecánicos atribuidos a un combustible de mala calidad.

En febrero, el entonces presidente de YPFB, Yussef Alky, admitió que se había distribuido gasolina contaminada con residuos de goma y manganeso que quedaban en los tanques de almacenamiento y aseguró que con la inyección de detergentes y aditivos especiales mejoraría su calidad. En paralelo, se activó un seguro para compensar los daños vehiculares que certificadamente sean atribuidos a la gasolina.

A pesar de estas acciones, en las últimas semanas se registraron manifestaciones y bloqueos por parte de choferes que denuncian que la gasolina aún no cumple con estándares de calidad y que el pago del resarcimiento no se cumple oportunamente.

Este conflicto provocó la destitución del presidente de la estatal petrolera —que fue reemplazado por Claudia Cronenbold— y una interpelación legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que logró mantenerse en el cargo al no prosperar una moción de censura en su contra.

A los problemas técnicos se sumaron denuncias de sobreprecio en la adquisición de diésel y gasolina, que el ministro Medinaceli atribuye a la variación de los precios internacionales del petróleo en un contexto bélico que ha impactado de manera directa el mercado energético.

Ante la acumulación de tensiones por la gestión de hidrocarburos, la administración de Rodrigo Paz ensaya justificaciones diversas. A la versión inicial, que atribuía la contaminación a residuos en el tanque, le siguió otra sobre un supuesto plan de “sabotaje” interno que no se explicó detalladamente y que derivó en la militarización de plantas de refinamiento para custodiar toda la cadena de operación.

Más tarde, el presidente Paz aludió a la presunta existencia de una red internacional dedicada a adulterar el combustible recién importado. Según indicó, este mecanismo consistía en sustraer una parte del producto y reemplazarla por una mezcla de agua y aceite en las cisternas. Este procedimiento se habría llevado a cabo en el norte de Chile, a donde llegan los buques con el combustible importado.

A casi tres meses de las primeras denuncias sobre la calidad de la gasolina, el caso aún se mantiene abierto y genera preocupación entre actores políticos y usuarios, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Durante una sesión de más de 12 horas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, respondió cuestionamientos sobre el proceso de importación de combustibles y logró evitar su destitución al no prosperar la moción de censura en su contra.

El pliego de la interpelación incluía 15 preguntas relacionadas con la adquisición de diésel y gasolina, básicamente sobre su precio —que algunos legisladores consideran “sustancialmente superior” al de los contratos anteriores— y la supervisión de los contratos suscritos por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Trafigura, que media en la logística de importación.

Medinaceli afirmó que el contrato fue suscrito en la gestión anterior y que se lo mantuvo vigente para garantizar el abastecimiento y evitar “un conflicto legal”. También deslindó responsabilidades operativas hacia YPFB y sostuvo que la gestión actual será más transparente, por lo que anunció la publicación de los contratos de importación. “Queremos que los contratos estén disponibles, que se puedan dialogar, discutir y analizar de manera abierta”, señaló.

En relación a las denuncias de sobreprecio, el ministro argumentó que el incremento responde a la variación significativa del precio internacional del petróleo debido a conflictos que impactan directamente en el mercado energético a nivel global.

La sesión, que estuvo marcada por momentos de tensión, fue reinstalada luego de varios cuartos intermedios y reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas. El objetivo era interpelar a Medinaceli y definir su continuidad o no en el cargo.

De acuerdo con la normativa vigente, se requería el respaldo de dos tercios del total de legisladores para aprobar la censura. Sin embargo, la votación no alcanzó ese umbral. De los 166 asambleístas, solo 58 apoyaron la medida, por debajo de los 111 votos necesarios.

Uno de los factores determinantes fue la falta de un voto unificado dentro de las bancadas, ya que las posiciones se mostraron divididas incluso entre los propios partidos. Con este resultado, Medinaceli continúa al frente de la cartera de Hidrocarburos, mientras persisten las tensiones políticas en torno a su gestión.

La semana pasada, el Senado conformó una comisión especial para investigar la contaminación del combustible y el recorrido que sigue desde su importación hasta la distribución. La comisión fijó un plazo de tres meses para presentar un informe final.

El conflicto por el combustible inició hace más de dos meses cuando surgieron denuncias por la presunta mala calidad de la gasolina, que estaba generando daños mecánicos en los vehículos.

En febrero, YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso y anunció que se inyectarían aditivos especiales para mejorar su calidad. Adicionalmente, se creó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, benefició a cerca de 3.000 usuarios hasta el 31 de marzo.

En el Ejecutivo han dado explicaciones diversas sobre este tema: dijeron que la contaminación se había originado en los tanques de la gestión anterior, luego hablaron de una red de “sabotaje” interna que no se explicó técnicamente y finalmente se reveló una supuesta red internacional que sustraía en el norte de Chile una parte del combustible importado y luego rellenaba las cisternas con agua y aceite.

Entre medio surgieron denuncias de sobreprecio, cuestionamientos a los contratos de importación de combustible y se despidió al presidente de la estatal petrolera que fue sustituido por Claudia Cronnebold, una exfuncionaria de Petrobras.

Pese a que el ministro Medinaceli logró evadir la censura, el contexto actual anticipa una creciente presión política en Bolivia si no resuelve el conflicto del combustible que básicamente pasa por transparentar el proceso de importación y garantizar los estándares mínimos de calidad.

El aumento de los precios del combustible, consecuencia directa de la crisis petrolera de Oriente Medio, ha puesto sobre las cuerdas el trabajo de miles de pescadores españoles, que han considerado insuficientes las ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que están en juego “miles de empleos directos e indirectos y la seguridad alimentaria” de España.

Desde los principales sindicados han pedido al Ejecutivo español medidas urgentes para palear el alza del gasóleo y evitar así el “inminente cese de actividad” de muchos barcos por la falta de ingresos. Cepesca y la FNCP han enviado una carta al presidente, advirtiendo de que la situación de la flota se ha agravado en las últimas semanas y numerosos buques podrían verse obligados a amarrar, algo que ya se está produciendo en algunos puertos.

Según los representantes del sector, el principal factor que ataca a la flota española es el incremento del combustible, que ha pasado de 0,50 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos nacionales y los 2,2 euros en otros países. “Este aumento está situando a muchas empresas por debajo del umbral de rentabilidad”, han señalado.

Por ello, desde los sindicatos han pedido al Gobierno medidas adicionales de aplicación “inmediata”, como el incremento de las ayudas al combustible de 20 a 50 céntimos por litro y su abono mensual para garantizar la liquidez de las empresas. Además, han solicitado que la Administración tenga preparados todos los mecanismos necesarios para activar lasa ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que se encuentran pendientes de aprobación por la Comisión Europea.

Otras medidas solicitadas por los pescadores es la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, como mínimo, finales de 2026, cuna medida que consideran “clave” para sostener el empleo en un contexto de “crisis excepcional”. Por último, el sector ha reclamado una reunión con el Gobierno nacional para analizar la situación y concretar las medidas necesarias para seguir operando y garantizar el suministro de productos pesqueros.

Reclamaciones desde el inicio del conflicto

El sector pesquero lleva reclamando al Gobierno la ampliación de las medidas desde el pasado mes de noviembre, cuando agradecieron las ayudas al Ejecutivo pero las consideraron “insuficientes para el precio que existe en la actualidad”.

“Si salen en las condiciones actuales, pierden más dinero. Cada vez que un barco sale a pescar, consume un montón de litros de gasoil, aparte de los gastos habituales, y con los ingresos que obtiene de la venta no puede hacer rentable la actividad. Aquí por lo menos no tienen gastos, salvo los de mantenimiento”, explicó a este medio Javier Garat, secretario general de la Cepesca.

El secretario alertó también de que el conflicto en Oriente Medio no solo suponía el aumento del precio del combustible para los pescadores, sino que afecta al relevo de las tripulaciones, ya que varios puertos del océano índico donde relevaban tripulantes han tenido que cerrar, por lo que deben buscar alternativas más costosas.

El cierre de puertos en Oriente Medio también afecta a las exportaciones españolas. Según ha explicado Garat, antes se utilizaba el aeropuerto de Qatar para el tránsito, por ser el más económico para la ruta hacia Asía, pero a día de hoy deben buscar otras alternativas que incrementan los costes.

El sector pesquero español está integrado por unos 30.000 pescadores y genera otros 150.000 empleos indirectos, aportando cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto. Las consecuencias de la guerra han repercutido principalmente en Galicia, que cuenta con la mitad de la flota de España, seguida de Andalucía y, en la flota de gran altura, el País Vasco, donde la Organización de Productores Pesqueros de Ondárroa decidió parar su actividad, mientras que flotas de arrastre de Cádiz y el Mediterráneo están considerando tomar la misma medida.

Con las cuentas en rojo, intendentes de distintos puntos del país confluirán el martes 14 de abril en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar en la cartera de Luis “Toto” Caputo por el impacto que deja en las finanzas locales, principalmente, la baja en la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras nacionales. Son varios los dirigentes que están motorizando esta acción de la que también podría participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los que está detrás de la movida es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Desde el entorno del funcionario provincial plantearon a Infobae que la convocatoria es a intendentes bonaerenses, pero que también habrá presencia de jefes distritales de otras pvovincias. El objetivo es obtener una foto federal.

No solo Katopodis está detrás de esta acción. Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, también se definió convocar el martes a las puertas del edificio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250, frente a Casa Rosada.

Este miércoles por la tarde hubo un zoom en el que intendentes de distintas provincias dieron cuenta de la situación económica que atraviesan sus distritos y coincidieron en presentar un reclamo formal. Uno de los puntos centrales es cómo impactó la suba de combustible, que en el mes de marzo registró un incremento del 24% atado al conflicto bélico en Medio Oriente.

En la provincia de Buenos Aires, admiten que están “con la soga al cuello” y más aún los del interior. “Con cada intendente que habemos juntado la plata para pagar los aguinaldos”, planteó este miércoles el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ejemplificó: “en julio del año pasado el gasoil valía $1.100 y hoy vale $2.100. Nuestro distrito recibió la misma cantidad de dinero de coparticipación en marzo de este año que en julio del año pasado. Los costos han aumentado muchísimo”.

Los intendentes hablan de un efecto cascada en lo que respecta a la coparticipación. Bajó la recaudación, disminuyó la coparticipación que reciben las provincias y por decantación los fondos que llegan a los distritos. Además, tampoco se materializa en obras públicas el impuesto al combustible que recauda el gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires los jefes comunales del radicalismo, pero también del peronismo, buscarán que el primer desembolso que haga el gobierno bonaerense del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad. Esta semana Kicillof reglamentó el primer pago. El fondo, cuya finalidad es que la Provincia acceda a deuda y destine una parte a los municipios, se sostiene con el 8% de las sumas que el Ejecutivo bonaerense obtenga por endeudamiento. Si ese porcentaje no alcanza, existe un mínimo garantizado de $250.000 millones para los años 2026 y 2027.

Actualmente, la distribución del 70% de estos recursos abarcará a los 135 distritos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% se asignará mediante tres programas provinciales. Los intendentes buscan que ese 30% en rigor sea de libre disponibilidad. Es otra de las herramientas que buscan los jefes comunales para paliar los números en rojo de cara al pago de sueldos y, sobre todo, aguinaldos de mitad de año.

La acción del martes será también una foto política del peronismo. A la avanzada de la FAM que preside el matancero Espinoza hay que sumarle la reunión que la semana pasada mantuvieron en la ciudad de Paraná, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Como dio cuenta Infobae, en la capital entrerriana se juntaron los mandatarios de los principales centros urbanos. Este grupo de intendentes pidió audiencia con el ministro de Gobierno, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley". Este martes, se pararán nuevamente frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont expuso la inédita operación de repostaje en vuelo a 26 mil pies de altura con aviones F-35 durante la FIDAE en Chile, resaltando el salto tecnológico y el debate regional sobre inversiones en defensa.

Durante la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont abordó la consulta sobre la posibilidad de cargar combustible a veintiséis mil pies de altura y fue categórico: “Efectivamente, a 26 mil pies de altura estos aviones repostaron de combustible a estos F-35”. La maniobra, ejecutada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de la FIDAE, marcó la primera vez que la institución realizó una operación de reabastecimiento aéreo con aeronaves de quinta generación.

Junto al equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, Serbin Pont profundizó sobre la relevancia de la exhibición: “Es una gran exhibición aérea que ocurre en Chile, la famosa FIDAE. Están llegando o ya llegaron dos de los aviones de combate más avanzados que hay en el mundo. Son dos aviones norteamericanos”.

Chile realiza el primer repostaje aéreo de F-35 en el hemisferio sur

Serbin Pont remarcó el carácter inédito de la maniobra: “Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de Chile llevaba adelante una tarea de repostaje en vuelo con aviones de quinta generación”. Además, puntualizó la trascendencia del arribo de los F-35: “El F-35 es la primera vez que se presenta en FIDAE; la última vez se habían presentado los F-22. Son lo más avanzado en cuanto a las generaciones de aviones de combate”.

El analista detalló las capacidades técnicas de los F-35: “Son aviones que tienen características de baja firma de radar, o sea, te cuesta mucho detectarlo con un radar. Tienen justamente una capacidad de transporte de armas interna para contribuir a esa reducción de la firma de radar. Tienen sensores muy avanzados que le permiten cumplir muchas de las tareas”. También remarcó el protagonismo del modelo en conflictos recientes, como en el estrecho de Ormuz, y su peso en la estrategia militar de Estados Unidos e Israel.

El costo de la modernización y el debate regional

Consultado sobre la magnitud de la inversión, Serbin Pont precisó: “El F-35 es considerado el avión más caro de la historia. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recién se empezaban a amortizar una vez que Estados Unidos los logró empezar a vender”. Aportó cifras concretas: “Hoy en día hay 1.300 aeronaves que han sido entregadas. Hay otras 400 que esperan a concretarse”.

Sobre el valor individual, explicó: “Un F-35 nuevo, salido así de fábrica, con todo el apoyo logístico y todo eso, te puede salir entre 200 y 300 millones de dólares cada uno, por lo cual una adquisición de estas características fácilmente rondaría más allá de los tres mil millones de dólares”.

Chile y Argentina: caminos opuestos en defensa

Serbin Pont evaluó la estrategia chilena como resultado de un proceso de modernización sostenida: “Los chilenos vienen llevando adelante un proceso de modernización hace varios años, hace varias décadas, en verdad te diría, muy profunda, siempre a los niveles de los estándares de OTAN. Y el F-35 ha sido el avión que en buena parte de la OTAN ha venido a reemplazar los F-16”. Señaló que Chile podría replicar el modelo de la OTAN, reemplazando los F-16 más antiguos por F-35, lo que implicaría “un salto bastante grande”.

Respecto a la posibilidad de una política similar en Argentina, Serbin Pont fue contundente: “No, no, F-35 no nos da la nafta hoy para operarlos, no nos da, o sea, falta mucha experiencia. Ya el F-16 ha sido un salto tan grande en términos del conocimiento que requiere para operar la nave, para pilotearla, un salto tecnológico enorme que pensar en un F-35... Saltar, Argentina nunca podría haber saltado directamente a un F-35. Lo pueden hacer los chilenos porque llevan veinte años operando los F-16”.

Cerró con una reflexión sobre la política de defensa: “Ellos invierten en defensa porque entendieron que era importante tener un instrumento militar que acompañe a su política exterior. Nosotros dijimos: ‘No pasa nada en el mundo, no invirtamos en defensa’ y vemos, y la piloteamos después. Ahora estamos gastando muchísimo más para tratar de ponernos al día. A los chilenos les digo: ‘La hicieron bien durante 20 años, dijeron invirtamos para no tener que gastar demasiado después a último momento para recuperar capacidades’. Y ahí siguen considerando a ver si hay alternativas para seguir modernizándose”.

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Fin de la conferencia matutina

Esquema para la explotación de gas natural

La jefa de Estado afirmó que no habrá concesiones con empresas privadas para exportar este campo, a pesar de que Pemex no cuenta con la tecnología necesaria.

“El principal problema ambiental del fracking o del gas no convencional, utiliza mucha agua y segundo esa agua se contamina con químicos muy difícil de limpiar”, expresó. Por lo que, la solución que están buscando es que este proceso recicle este líquido para evitar el desperdicio.

Medidas para frenar al gusano barrenador

• Importando las moscas estériles
• Planta de Chiapas para la producción de moscas, la cual está programada para junio de este año
• Instalación de plantas para controlar la plaga

Sheinbaum asegura que seguirá la ayuda a Cuba

“Desde hace un tiempo decidimos enviar ayuda humanitaria, estamos revisando el esquema sin afectar a México, para seguir enviando combustible. Hoy Cuba recibe combustible de Rusia, nosotros hemos apoyado de muchas otras formas. Además defendemos siempre la autodeterminación del pueblo de Cuba”, manifestó.

Negó que la isla cubana haya pedido al Gobierno de México reservar la información sobre la ayuda humanitaria enviada desde el país.

La presidenta de México confirma que ha disminuido el robo de combustible

“Ha disminuido muchísimo, hay vigilancia en las aduanas y se detiene, si se fijan la mayoría de los tanques que llevan combustible traen un QR, que es una instrucción de la Secretaría de la Energía y la Guardia Nacional lo revisa, hay algunos que no lo traen y se incauta el tractocamión”, declaró.

Iniciativa para juzgar a los expresidentes

La jefa de Estado resaltó que a los ciudadanos no le interesó la propuesta para juzgar a los expresidentes, asegurando que tuvieron mayor entusiasmo en la votación de la reforma judicial.

“Votaron cerca de 13 millones de personas”, afirmó.

Sheinbaum prevé una reforma para la mejora de las Fiscalías del país, tras aprobación de Plan B

Sheinbaum niega que el plan energético esté relacionado con su reunión con la empresa Blackrock

“Ayer leí: ”Ay, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking’. De verdad... da risa. Como si me hubiera puesto de acuerdo con BlackRock el día anterior para anunciar al otro día”, expresó.

/mexico/2026/04/09/sheinbaum-desmiente-vinculo-entre-reunion-con-blackrock-y-anuncio-sobre-fracking-de-verdad-da-risa/

Sheinbaum habla sobre su iniciativa para disminuir la importación de gas natural de EU

“México debe garantizar su soberanía, una parte fundamental es la soberanía energética”, manifestó.

Conciertos por la paz en México

La mandataria mexicana afirmó que este evento cultural es un programa integral enfocado en las y los jóvenes del país, formando parte de su iniciativa ”Jóvenes transformando México" .

Credencialización en migrantes mexicanos

La presidenta de México aseguró que las mexicanas y mexicanos que viven en otros países podrán acceder a la Credencialización del Servicio Universal de Salud en México.

Presentan avances en la infraestructura de carretera

• Inversión: 113,347 millones de pesos
• Longitud total: 2,485 km
• Concluidas: San Ignacio Tayoltita, Bavispe - Nuevo Casas Grandes y Circuito Tierra y Libertad

Autopistas

• Inversión: 120,127 millones de pesos
• Longitud total: 977 km
• Concluida: Pátzcuaro - Uruapan

Reconstrucción por afectaciones de lluvias

• Inversión: 13, 780 millones de pesos
• Concluidos: 68 puentes en el estado de Guerrero

Infraestructura Carretera y MegaBachetón

• 315, 331 millones de pesos (195,204 de inversión pública)
• Empleos por generar: 945, 993

/mexico/2026/04/09/reconstruccion-de-caminos-y-puentes-danados-por-lluvias-de-2025-inicia-en-abril-anuncia-sheinbaum/

Inicia la conferencia matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, fue convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser interpelado por el conflicto con la gasolina, luego de que se denunciaran falta de controles sobre su calidad y cuestionamientos sobre el proceso de adquisición por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La convocatoria genera posiciones encontradas. Diputados de la fuerza opositora Libre y algunos miembros del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) buscan sumar fuerzas para pedir su censura por lo que consideran una falta de “capacidad” para resolver la crisis de los combustibles, mientras que otros lo interpretan como un acto político para desestabilizar al Gobierno.

Este encuentro está previsto en horas de la mañana y es la segunda convocatoria que se hace a Medinaceli, quien no asistió a una petición de informe oral en febrero. “Vamos a confiar en su buena fe; caso contrario, vamos a exigir su inmediata destitución”, advirtió la diputada Patricia Patiño, en una conferencia de prensa sobre la comparecencia de Medinaceli.

En paralelo, el Senado conformó una comisión especial para investigar la contaminación del combustible, el recorrido que sigue desde su importación hasta la distribución y establecer responsabilidades. La comisión fijó un plazo de tres meses para presentar un informe final.

El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron denuncias por la presunta mala calidad de la gasolina, que estaba generando daños mecánicos en los vehículos. En febrero, YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso y anunció que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar su calidad.

Adicionalmente, se creó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, benefició a cerca de 3.000 usuarios hasta el 31 de marzo.

Las explicaciones del Ejecutivo han sido diversas. Inicialmente informaron que se había contaminado el combustible por residuos en los tanques heredados de la gestión anterior y luego revelaron la existencia de una red de “sabotaje” interna que nunca se explicó técnicamente, pero que llevó al presidente Rodrigo Paz a ordenar la militarización de las plantas de refinamiento para custodiar toda la cadena de procesamiento y distribución.

La semana pasada, el presidente informó que se había identificado una red internacional de robo y adulteración del combustible, que mezclaba diésel y gasolina con agua y aceite antes de ingresar al país desde Chile, a donde llega el carburante importado.

La denuncia señala que algunas cisternas de la estatal YPFB sustraían de forma ilegal más de 1.000 litros de los casi 33.000 que eran abastecidos en Chile, y que luego los rellenaban con agua y aceite. Entre octubre de 2025 y marzo de este año, 5.000 camiones habrían realizado ese proceso.

Entre medio surgieron cuestionamientos sobre los contratos de importación de combustible y se despidió al presidente de la estatal petrolera, Yussef Akly, que fue sustituido por Claudia Cronnebold, una exfuncionaria de Petrobras.

A pesar de la inyección de aditivos, el resarcimiento de daños, las revelaciones sobre adulteración del combustible y los cambios en las cabezas del sector, el conflicto parece estar lejos de culminar. En las últimas semanas, el país ha registrado bloqueos y medidas de protesta en demanda de soluciones estructurales luego de que se registraran más de 10.000 denuncias formales por daños provocados por la “gasolina desestabilizada” ante YPFB.

Varios sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y transportistas, han advertido al Gobierno con masificar las medidas de presión en caso de que la administración de Rodrigo Paz no cumpla con sus requerimientos.

El precio internacional del petróleo volvió al centro de la escena en el último mes, en medio de la guerra en Medio Oriente. La volatilidad del barril de Brent impactó de lleno en los combustibles y obligó a gobiernos y empresas a reaccionar para contener el traslado a precios.

En la Argentina, ese movimiento también se sintió. Aunque en los últimos días las principales petroleras —con YPF a la cabeza— activaron un esquema para moderar las subas y evitar que cada salto internacional llegue a los surtidores por, al menos, seis semanas, lo cierto es que desde el inicio del conflicto y hasta la semana pasada los precios acumularon un aumento cercano al 20% en apenas treinta días.

A eso se suma un componente que no depende del mercado internacional, sino de decisiones locales. Se trata de las tasas viales, un impuesto que se consolidó como parte de la estructura del precio de los combustibles. Los municipios pueden aplicarlo como un porcentaje sobre el valor de venta al público, o como un monto fijo en pesos por cada litro expendido, lo que genera una dispersión significativa en el costo final según dónde se cargue.

En ese esquema, la carga impositiva local convive ahora con la volatilidad del petróleo, que al cierre de esta nota se ubica en torno a los USD 94,74 por barril, y amplifica las diferencias de precios entre jurisdicciones.

De hecho, la diferencia de costos generada por las tasas locales es sustancial: de acuerdo a un relevamiento de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), el recargo puede representar desde menos del 1% hasta más del 4,5% sobre el precio, lo que equivale a incrementos de hasta $4.500 por tanque de 50 litros. Este dato revela que la brecha entre los municipios con cargas más bajas y aquellos con tributaciones máximas alcanza los $3.500 por tanque.

Cabe remarcar que previo al anuncio de YPF, el Gobierno había decidido postergar la actualización de impuestos prevista para abril, medida que se suma a la estabilización cambiaria vigente y refuerza el contexto de precios.

Cuánto se paga según el municipio

Según datos de Cecha, hasta 20 municipios del conurbano bonaerense aplican recargos que varían de forma considerable: en Marcos Paz, la tasa es de 0,8% ($16 por litro); en Tigre y Escobar, 0,9% (alrededor de $18); en Las Heras, cercana al 1% ($20); en Hurlingham, 1,44% ($28,8); y en La Matanza, 1,5% (unos $30 por litro).

La modalidad de recargo varía también en su instrumentación: algunos municipios establecen un porcentaje, otros un monto fijo por litro. Junín, por ejemplo, aplica una modalidad fija de $8,30, así como General Rodríguez ($10), y Campana ($4). Por su parte, José C. Paz alcanza el máximo del relevamiento con $30 por litro. Otros distritos, como Avellaneda, Ezeiza o Quilmes, optan por una tasa uniforme de 2% ($40 por litro).

La actualización automática de las tasas porcentuales —su valor varía con cada incremento del precio de combustibles— asegura a los municipios una recaudación que mantiene su peso relativo y brinda recursos para obras viales.

El panorama fuera de Buenos Aires

El esquema se replica con matices en otras provincias. En Jujuy, ciudades como San Pedro y San Salvador de Jujuy mantienen una tasa del 1,8% ($36 por litro). En Neuquén, localidades como Centenario, Cutral Co, o Plottier llegan al límite nacional con un tributo del 4,5% ($90 por litro). En Río Negro, Cipolletti iguala ese porcentaje en sus estaciones de servicio. En Santa Fe, urbes como Rosario o Funes se mantienen en un 1,6% ($32 por litro).

Sin embargo, algunos municipios como Vicente López y Bahía Blanca no aplican tasa vial alguna. Esta situación genera incentivos para que automovilistas de distritos vecinos crucen jurisdicción para aprovechar precios sensiblemente menores. Así, la ausencia de recargo influye en la competencia entre expendedores, con fuerte impacto local.

El sector sostiene, a través de un comunicado de Cecha, que la acumulación de tributos locales introduce una heterogeneidad de precios difícil de justificar por diferencias logísticas o comerciales: “El precio que se abona en una estación de servicio de un municipio no tiene nada que ver con el precio que se paga por igual producto en otro municipio. Esta diferencia distorsiona la competencia y genera inequidad”.

La tasa vial, señalan, no se encuentra gravada en el impuesto nacional a los combustibles, pero se agrega como sobreprecio variable según la voluntad recaudatoria de los gobiernos municipales. En este sentido, la entidad advierte que estos cargos afectan directamente el bolsillo de los usuarios, tanto en naftas como en gasoil, diésel y GNC.

“Antes de discutir el precio del petróleo en Medio Oriente, hablemos de las tasas viales que algunos intendentes le cobran a cada estación de servicio. Eso también impacta en el litro que paga el argentino”, manifestó la entidad.

El Gobierno nacional, en medio de la disputa con los intendentes por la creación o incremento de estos tributos, exigió a las estaciones incluir leyendas informativas en los surtidores y habilitó en el sitio web de la Jefatura de Gabinete un portal para que los consumidores puedan consultar el monto de la tasa vial y, de ser necesario, efectuar el reclamo correspondiente.

Colombia dio un paso estratégico al inaugurar una nueva ruta marítima para el transporte de combustibles entre la refinería de Reficar, en Cartagena, y el puerto de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Esta operación, oficializada este martes, establece un corredor logístico que cruza el Canal de Panamá y permite el ingreso de combustible nacional al Pacífico, con el objetivo de reducir los costos hasta en un 30% y fortalecer la seguridad energética del suroccidente del país.

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La llegada de la embarcación Willard J, con una carga de 97.000 barriles de combustible, marcó el inicio de una estrategia que busca garantizar el suministro en regiones que históricamente han sufrido desabastecimiento. Según Julián Flores, director de hidrocarburos, el nuevo esquema permite que el combustible producido en el Caribe alcance de manera eficiente a Nariño, Putumayo, Amazonas y Guainía. Estos territorios enfrentan dificultades logísticas por su geografía y limitaciones en infraestructura.

Flores explicó que el trayecto contempla la salida del combustible desde la refinería de Cartagena, el cruce por el Canal de Panamá y el regreso al país por los puertos de Buenaventura y Tumaco. “El combustible sale desde la refinería de Cartagena, pasa por el canal de Panamá y retorna al país hacia Buenaventura y Tumaco, abasteciendo el suroccidente y el sur del país. Esto complementa la logística histórica de ductos, que resulta más costosa y demorada”, señaló el funcionario.

El abastecimiento nacional a precio local, mediante una ruta marítima optimizada, representa una transformación para la logística energética de Colombia. Flores destacó que la nueva alternativa resulta más económica y confiable frente al tradicional sistema de transporte por carrotanques y ductos. Además, subrayó que la iniciativa impacta directamente en la estabilidad de los precios para los consumidores y en la disponibilidad de combustible para el sector productivo y el transporte.

Desde el territorio, Arley Ernesto Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco – Pacific Port, resaltó que la operación ya comienza a dinamizar la economía local. “Hoy estamos materializando una ruta nacional de transporte de combustible. La llegada de una embarcación con 97.000 barriles garantiza el abastecimiento del departamento y dinamiza la economía local”, afirmó Silva. El directivo anticipó que en los próximos meses se fortalecerá la operación con la llegada de nuevas embarcaciones, lo que permitirá abastecer de manera regular a la región.

El movimiento portuario incrementó el flujo de vehículos y el comercio en Tumaco, lo que también beneficia a sectores como la hotelería y los servicios. Actualmente, el puerto ofrece una capacidad de almacenamiento superior a 130.000 barriles, lo que permite asegurar la distribución sin interrupciones en la región.

El desarrollo de esta ruta fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno nacional, la infraestructura portuaria y el sector privado. Para Carlos Jaimes, gerente de abastecimiento de Primax Colombia, el nuevo corredor representa un avance estratégico en la diversificación de fuentes de suministro. “Es un hito porque nos permite tener dos fuentes marítimas de abastecimiento hacia Tumaco: desde Buenaventura y desde Cartagena, lo que genera eficiencias y mayor confiabilidad en la operación”, explicó Jaimes.

La cadena logística cuenta con el respaldo de Ecopetrol, que acondicionó la refinería de Cartagena para cargar el buque y movilizar grandes volúmenes de combustible. Víctor Alejandro Uribe, gerente de operaciones comerciales de la petrolera, indicó que el transporte marítimo resulta más eficiente frente al traslado terrestre por carrotanques. “Se acondicionó la refinería de Cartagena para cargar el buque con combustible y transportarlo hasta Tumaco. Desde el punto de vista logístico, es mucho más eficiente movilizar grandes volúmenes en buque que en múltiples carrotanques”.

El Gobierno y los actores del sector proyectan que Tumaco se consolide como un hub logístico clave para el suroccidente colombiano, en un contexto de transición hacia energías más limpias. Con la puesta en marcha de esta ruta, Colombia avanza hacia un sistema de abastecimiento más competitivo y equitativo, cerrando brechas históricas en el acceso a combustibles en las regiones más apartadas del país.

Las pruebas técnicas realizadas al Puente de las Américas concluyeron este martes, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre sobre su reapertura, luego de la explosión de tres camiones cisterna que realizaban una operación de trasiego de combustible en depósitos ubicados debajo de la estructura, en la entrada pacífica del Canal de Panamá.

A pesar de que los expertos ya completaron las evaluaciones, el puente permanece cerrado, a la espera de una decisión oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos incluyeron una inspección detallada en la parte inferior del puente, donde especialistas descendieron para analizar el impacto directo de la explosión sobre los elementos estructurales, especialmente en las zonas cercanas al punto del incidente.

De acuerdo con los técnicos, se buscaba determinar si el evento comprometió la estabilidad, resistencia o integridad del acero y las bases del puente, considerando la intensidad del fuego generado tras el accidente.

Según los informes preliminares compartidos por los equipos de evaluación, no se detectaron fallas estructurales visibles de carácter crítico, aunque sí se identificaron afectaciones puntuales que requieren un análisis más profundo antes de permitir el tránsito vehicular.

Este tipo de infraestructura, por su antigüedad y relevancia estratégica, exige criterios estrictos de seguridad, lo que explica la cautela en la toma de decisiones sobre su reapertura. El Puente de Las Américas fue inaugurado en 1962 y es una de las dos entradas a la ciudad capital desde el interior del país.

Actualmente, todo el flujo vehicular se canaliza a través del puente Centenario, ubicado a unos 15 kilómetros de la zona de la explosión.

El accidente, que dejó una persona fallecida y varias afectadas, ocurrió cuando una empresa realizaba una operación de transferencia de combustible en áreas concesionadas bajo el puente.

En su comunicado, la empresa Panamá Oil Terminals S.A. indicó que el evento se dio en el contexto de actividades operadas por un concesionario externo, subrayando que mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, dentro de la concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

La empresa también aseguró que activó de inmediato sus protocolos de emergencia, coordinando con los cuerpos de socorro y autoridades correspondientes para atender la situación. Además, reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, al tiempo que expresó su compromiso con la seguridad operativa y el apoyo a las familias afectadas por el incidente.

Mientras tanto, el cierre del Puente de las Américas sigue generando un fuerte impacto en la movilidad diaria, afectando a más de 80 mil personas que utilizan esta vía para trasladarse entre la provincia de Panamá Oeste y la ciudad capital. La interrupción ha provocado congestionamientos severos, desvíos prolongados y un aumento en los tiempos de traslado, especialmente en horas pico.

Las autoridades han insistido en que la prioridad es garantizar que la estructura no represente ningún riesgo para los usuarios, por lo que la reapertura dependerá de un dictamen técnico final que certifique su seguridad.

El MOP será la entidad encargada de evaluar los resultados de las inspecciones y definir si el puente puede volver a operar con normalidad o si requerirá intervenciones adicionales.

Un muerto y dos bomberos heridos con quemaduras de segundo grado es el saldo preliminar de un incendio registrado este lunes debajo del puente de Las Américas, en las riberas del Canal de Panamá, estructura que comunica a la ciudad capital con el interior del país.

El incendio de grandes proporciones se originó en el área de La Boca, donde operan empresas dedicadas al negocio del combustible, y donde se ubican tanques de almacenamiento.

Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que una vez controlado el incendio se había dado la apertura del puente de Las Américas, que permaneció cerrado por una hora, pero luego fue cerrado nuevamente hasta mañana para que el Ministerio de Obras Públicas haga las evaluaciones correspondientes y determine la afectación o no que haya sufrido la estructura.

“Ya todo está retornando a la normalidad”, agregó Delgado, quien explicó que para lograr apagar el incendio utilizaron unos carros a los que llaman “monitor”, que utilizan un gran caudal de agua para la extinción, además de materiales químicos para el enfriamiento de al menos tres cisternas que estaban incendiados.

Delgado no descartó que las altas temperaturas hayan contribuido al fuego, aunque aclaró que hay que esperar que los expertos investigadores del Cuerpo de Bomberos hagan su trabajo sobre el sitio.

Aunque no entró en detalles, dijo que se presume que unos trabajadores estaban trasegando combustible en un cisterna cuando se escuchó una explosión, una situación que fue grabada. Los cisternas tienen una capacidad estimada de entre 5,000 a 10,000 galones.

“Ya ha bajado el nivel de intensidad del fuego, totalmente. La situación está bajo control y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando hasta que tengamos el control total de la escena y así poder declarar el área segura”, manifestó.

Comentó que se cree que la persona desaparecida se encuentre en uno de los cisternas incendiados. Al igual que los cisternas, también se vio afectada la maquinaria y el material que tenía la empresa que opera en el lugar del siniestro.

Inaugurado el 12 de octubre de 1962, el puente de Las Américas tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo, registra la revista El Faro, de la Autoridad del Canal de Panamá.

El tramo principal del puente, que cruza el Canal, tiene 344 metros de longitud, colocándolo entre los puentes colgantes de gran tamaño. La estructura cuenta con dos carriles de tráfico en cada dirección, con capacidad para manejar más de 9,500 vehículos diarios en sus primeros años.

La estructura que se extiende sobre la entrada Pacífica del Canal de Panamá, y este puente representa la conexión entre América del Norte y del Sur, unión que hasta el momento no es posible debido a la selva del tapón del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia.

El puente fue concebido en un momento en donde el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, había interrumpido la conexión terrestre en el istmo.

La existencia del Canal de Panamá, indica la revista de referencia, también trajo consigo un desafío logístico para el tránsito terrestre: la única forma de cruzar de un lado a otro era a través de los transbordadores que operaban en las esclusas del Canal. Esto complicaba el tráfico y limitaba la comunicación directa entre el norte y el sur.

Antes de la construcción del puente, quienes necesitaban cruzar el Canal debían depender de un sistema de transbordadores o ferry, que no solo era ineficiente, sino que también presentaba serios retos logísticos, especialmente para el transporte de grandes volúmenes de mercancías.

Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo aumentó un 55% y alcanzó picos cercanos a los USD 120 por barril. Esta situación impulsó a los gobiernos de todo el mundo a intervenir con rapidez en sus mercados internos para limitar el impacto de la escalada en los combustibles.

Más allá del propio conflicto, que de por sí altera los mercados internacionales, una de las consecuencias -económicas- más graves de la guerra es la tensión en el estrecho de Ormuz, responsable del tránsito de cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo.

El freno casi total del angosto canal que, en su punto más estrecho, separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros, volvió indispensable la adopción de estrategias nacionales para contener el traslado de las subidas internacionales hacia los consumidores, según consignó un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG).

Por ejemplo, en México, el gobierno pactó con las estaciones de servicio para establecer límites al precio de la nafta, una forma directa de control sobre el traslado de la variación internacional. Austria, en tanto, redujo los márgenes de los minoristas y recortó los impuestos aplicados tanto a la nafta como al diésel. En la misma línea, Brasil optó por otorgar subsidios a productores e importadores de combustibles y disminuyó el gravamen sobre la energía en el diésel.

En el caso de Chile, se implementó el congelamiento de precios del kerosene, la suspensión de créditos diferenciados para la compra de combustibles y la fijación de tarifas en el transporte público urbano, sumado a nuevas líneas de crédito dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos para taxis.

En España, la reacción incluyó la reducción del IVA de los combustibles, la suspensión del impuesto especial sobre hidrocarburos y la revisión de la normativa para favorecer fuentes alternativas de energía. Suecia, por su parte, aplicó una rebaja temporal de los impuestos a los combustibles automotores, mientras que Tailandia congeló el costo de los combustibles para cocinar hasta mayo y distribuyó subvenciones por medio del Fondo de Combustibles de Petróleo.

Turquía estableció un impuesto reducido para el petróleo, y el Reino Unido brindó asistencia especial a consumidores vulnerables mediante ayudas a la calefacción y la aceleración del Plan de Hogares Cálidos, junto a acciones específicas para desalentar la especulación en el sector energético.

La reacción de Argentina

Mientras tanto, en la Argentina, el litro de nafta superó los $2.000 pesos en marzo, en el marco de políticas de “micropricing” que buscan acompasar el mercado local con el salto del barril. Según el estudio de IAG, desde la asunción del actual gobierno, el precio de la nafta registró un incremento acumulado del 514%, lo que, en términos reales, representa un avance del 56,9 por ciento.

En tanto, durante los primeros meses de 2026, la suba fue del 18,7%, es decir, el doble de la inflación acumulada para el período (5,9%), “lo que anticipa una presión intensificada sobre el índice general de precios”, analiza el IAG.

Respecto a los aumentos derivados del conflicto armado, el camino que adoptó la Argentina incluyó, inicialmente, la postergación hasta mayo del aumento de los impuestos a los combustibles dispuesto por el Poder Ejecutivo bajo el decreto 217/2026, que dejó sin efecto incrementos sobre la nafta sin plomo, nafta virgen, gasoil y sobre el gravamen al dióxido de carbono.

Al comunicar la medida, fuentes del Gobierno afirmaron a Infobae: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

Según la normativa vigente, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono deberían actualizarse trimestralmente, siguiendo la variación de la inflación. No obstante, el gobierno optó nuevamente por suspender este régimen automático, tal como se repitió en años previos, aplicando incrementos parciales y diferidos para contener el traslado total a los precios internos.

En paralelo, YPF informó que no modificará el precio de los combustibles por 45 días, una medida que empezó a regir el pasado 1° de abril. La petrolera con participación mayoritaria estatal abastece más de la mitad del mercado nacional y cuyas decisiones de precios marcan el ritmo del resto de los jugadores del mercado. De hecho, en las últimas horas se conoció que tanto Shell como Axion adhirieron a la estrategia de la compañía.

La empresa informó que la decisión se adoptó como un “amortiguador” para proteger a los consumidores ante la baja del consumo, principalmente en el interior del país. Al término del plazo, la compañía prevé revisar la situación internacional y el impacto local antes de autorizar nuevos ajustes.

A su vez, la administración nacional complementó este paquete flexibilizando la normativa que permite a las petroleras incorporar en forma voluntaria hasta un 15% de bioetanol en las naftas, lo que reduce los costos de producción al tiempo que aumentó la proporción de combustibles de origen vegetal. Además, mediante la resolución 81 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para abril bajó de $1.842 a $1.808 por tonelada.

El precio del diésel en Panamá superará los 5 dólares por galón a partir de este viernes 3 de abril, en medio de un nuevo ajuste al alza impulsado por la volatilidad del mercado energético internacional y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, según confirmó la Secretaría Nacional de Energía.

El incremento también impacta a las gasolinas, elevando los costos a niveles que presionan directamente el gasto de los consumidores y el costo de vida en el país.

De acuerdo con los nuevos precios oficiales, el litro de gasolina de 95 octanos se ubicará en $1,255, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará los $1.358 por litro en las ciudades de Panamá y Colón.

Aplicando el factor de conversión de 1 galón = 3.785412 litros, el galón de gasolina de 95 octanos se sitúa en aproximadamente $4.75, mientras que el diésel asciende a cerca de $5.14 por galón, confirmando que este último rompe la barrera de los cinco dólares.

El aumento es relevante frente al período anterior. Según el comunicado oficial, la gasolina de 95 octanos sube $0.111 por litro, lo que equivale a aproximadamente $0.42 por galón, mientras que la gasolina de 91 octanos aumenta $0.103 por litro, es decir, cerca de $0.39 por galón.

En el caso del diésel, el incremento es mayor, con una subida de $0.148 por litro, lo que representa aproximadamente $0.56 por galón, consolidándose como el combustible con mayor presión al alza.

Este comportamiento responde, según la Secretaría de Energía, a la incertidumbre global en los mercados de hidrocarburos, especialmente por el impacto de conflictos en regiones clave para la producción de petróleo.

La entidad señaló que Panamá, como país importador, traslada directamente estas variaciones internacionales a los precios locales, manteniendo un esquema de cálculo transparente basado en referencias globales.

Horas antes de conocerse el nuevo incremento, el Gobierno anuncio un esquema de precios congelados para el sector transporte, que busca amortiguar el impacto económico en un segmento clave.

En este caso, la gasolina de 91 octanos se fija en $0.88 por litro, mientras que el diésel se mantiene en $0.90 por litro, cifras que están significativamente por debajo de los precios de mercado .

Al convertir estos valores, el galón de gasolina de 91 octanos para transporte se ubica en aproximadamente $3.33, mientras que el diésel congelado ronda los $3.41 por galón, lo que evidencia una diferencia sustancial frente a los precios reales del mercado, especialmente en el caso del diésel, que supera los $5.14 por galón en condiciones normales.

El costo para el Estado se estima en$15 millones mensuales, calculados a precios actuales, recursos que deberán ser cubiertos mediante ajustes en el gasto corriente, sin afectar el presupuesto de inversión ni la ejecución de obras públicas.

Esta medida sería de carácter temporal, con una vigencia estimada de hasta diez meses, aunque podrá suspenderse de manera anticipada si mejoran las condiciones del mercado energético global.

Esta brecha refleja el peso del subsidio asumido por el Estado, que en algunos casos supera el dólar por galón. En términos prácticos, esto implica que el Gobierno está absorbiendo una parte significativa del incremento internacional para evitar un traslado total al consumidor en sectores estratégicos como el transporte público y de carga.

Adicional, se mantendrán los subsidios al Metro de Panamá y al Metrobús, garantizando que no habrá aumentos en las tarifas del transporte masivo.

En el frente energético, el Gobierno confirmó la continuidad del subsidio a la tarifa eléctrica para la mayoría de la población, así como el apoyo al gas de cocina, conocido como el tanquecito de gas, especialmente para los sectores más vulnerables.

Estas decisiones buscan mitigar el efecto del aumento en los costos internacionales del petróleo y el gas licuado, que presionan tanto la movilidad como la alimentación de los hogares.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), registró un fuerte repunte durante marzo, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel.

A inicios del mes, el crudo se ubicaba en torno a los $74 por barril, pero la intensificación de las tensiones, los ataques a infraestructura energética y las amenazas sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz llevaron rápidamente los precios por encima de los $100 por barril, alcanzando niveles no vistos desde 2022 .

El incremento se aceleró en la segunda mitad del mes, cuando el WTI llegó a cotizar cerca de $105 por barril, en medio de temores por interrupciones en el suministro global y el cierre parcial de rutas marítimas estratégicas.

El Gobierno de Panamá ordenó la racionalización del gasto público mediante la Circular MEF-2026-19187, en respuesta al impacto de la crisis energética global y el aumento sostenido de los precios del petróleo, un escenario que ya comienza a trasladarse al costo de vida de la población.

La medida, dirigida a todas las instituciones del Estado, busca contener el uso de recursos en un momento de alta volatilidad internacional, donde el encarecimiento de la energía está golpeando áreas sensibles como el transporte, los alimentos y los servicios básicos.

El anuncio se produce en la antesala de un nuevo ajuste en el precio del combustible. Este 1 de abril se darán a conocer las nuevas tarifas que estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 3 de abril, justo antes del fin de semana de Semana Santa, cuando tradicionalmente se incrementa el movimiento de personas hacia el interior del país.

La expectativa del mercado apunta a un nuevo aumento, en línea o incluso por encima del registrado hace apenas dos semanas, cuando la gasolina y el diésel superaron la barrera de los $4 por galón, niveles que no se veían en Panamá desde hace más de cinco años.

Frente a este panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció medidas concretas para limitar el gasto, comenzando por el consumo de combustible en el sector público, que deberá mantenerse estrictamente dentro de lo presupuestado para 2026.

La circular prohíbe aumentar esta partida mediante traslados presupuestarios, salvo en sectores considerados críticos como seguridad, salud y transporte público, los cuales estarán sujetos a un monitoreo constante para evitar desviaciones.

Como parte de los controles, las entidades deberán reportar semanalmente su consumo de combustible, una medida que busca reforzar la fiscalización y garantizar el cumplimiento de las restricciones. Este seguimiento permitirá detectar excesos o irregularidades en tiempo real, en un contexto donde el combustible se ha convertido en uno de los principales focos de presión sobre el gasto estatal.

La circular también impone una restricción temporal a los viajes internacionales y viáticos, que quedarán limitados únicamente a actividades consideradas esenciales y que no puedan resolverse mediante herramientas digitales.

Esta decisión apunta a reducir costos operativos en un momento en que el Estado busca priorizar el uso eficiente de sus recursos, sin comprometer la ejecución de funciones críticas.

En el plano administrativo, se promueve la optimización de la movilidad laboral, incluyendo la implementación de horarios escalonados desde las 7:00 a.m., el uso compartido de vehículos oficiales y la reducción de misiones presenciales.

Además, se plantea la posibilidad de suspender unidades vehiculares no esenciales, una medida que refleja la urgencia de contener el gasto en combustible y mantenimiento.

Otro de los ejes clave de la estrategia es la digitalización de procesos, impulsando el uso de plataformas virtuales, correo electrónico y la reducción del consumo de papel. Esta transformación, apoyada por la Autoridad de Innovación Gubernamental, busca no solo generar ahorros inmediatos, sino también modernizar la gestión pública en un contexto donde la eficiencia operativa se vuelve determinante.

El documento también introduce medidas relacionadas con la gestión del recurso humano, como la promoción del uso de vacaciones acumuladas, priorizando a colaboradores con largos periodos pendientes o que residan lejos de sus centros de trabajo.

La intención es reducir la presión logística y operativa en momentos de alta demanda, al tiempo que se optimizan los recursos disponibles.

En medio de este escenario, crece la expectativa ciudadana de que el Gobierno evalúe algún tipo de subsidio o mecanismo de alivio para contener el impacto del alza en los combustibles, especialmente ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha presionado los mercados energéticos internacionales.

Para muchos sectores, la preocupación no solo radica en el precio en las estaciones, sino en el efecto en cadena sobre el transporte, los alimentos y el costo de vida, lo que ha reactivado el debate sobre si el Estado debe intervenir temporalmente para mitigar el golpe económico en los hogares y actividades productivas.

A partir del 1º de abril, entrarán en vigencia modificaciones en las tarifas de servicios públicos, transporte en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, medicina prepaga y alquileres, lo que tendrá impacto en los gastos de los hogares y con ello, en la inflación, que en marzo podría ubicarse en torno al 3%. Aunque el Gobierno tomó dos decisiones para morigerar la suba del combustible ante la escalada del precio con el conflicto en Oriente Medio.

Estos cambios se producen en un contexto donde la inflación de febrero alcanzó el 2,9% y las estimaciones privadas para marzo anticipan un nivel cercano al 3%, a pesar de la desaceleración de los alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes. Las actualizaciones responden, en gran parte, a mecanismos de indexación mensual y a la reducción de subsidios estatales.

En el sector transporte, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,9%. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo en la provincia será de $873,37 para tramos de hasta 3 kilómetros, $972,93 para distancias de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 para recorridos de 6 a 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos superiores a 27 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo con tarjeta nominada se ubicará en $715,26, con valores de $794,76, $856 y $917,28 para los siguientes tramos.

Aumento de tarifas: luz y gas

En cuanto a los servicios energéticos, Edenor y Edesur actualizarán sus cuadros tarifarios. En el área de Edesur, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pagarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh. Para consumos de 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47. En Edenor, el cargo fijo inicial será de $1.414,93, con un variable de $115,28. Los hogares subsidiados seguirán pagando $44,29 por kWh hasta 300 kWh mensuales. Los usuarios con subsidios mantendrán un cargo variable de $44,46 dentro de los límites establecidos.

La empresa AySA aplicará el último tramo del aumento del 4% iniciado a comienzo de año, lo que llevará la factura promedio de agua y cloacas a $29.094 mensuales, sin impuestos. En las zonas alta y media, el valor será de $34.296 y $31.146 respectivamente, mientras que en el zonal bajo será de $25.026. Se mantiene un descuento del 15% para los usuarios de zonas bajas, que representan el 48% del total residencial.

Cuotas de medicina prepaga

En el rubro salud, las cuotas de la medicina prepaga aumentarán un 2,9% en abril, en línea con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Este ajuste también se trasladará a los copagos por consultas y estudios médicos. Las empresas que aplicarán esta suba incluyen Hospital Italiano (2,7%), OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud (todas con 2,9%).

Respecto a los alquileres, quienes tienen contratos regulados por la antigua Ley 27.551 enfrentarán una actualización anual del 33,3% a partir del índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central. Los contratos recientes, firmados tras la desregulación del mercado, suelen tener ajustes trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC u otros indicadores, generando una mayor variedad de precios.

Frenar la suba de combustibles

En el caso de los combustibles, el Gobierno tomó dos decisiones con el objetivo de frenar la suba de los combustibles ante la escalada del precio internacional por el conflicto en Oriente Medio. Además de permitir a las petroleras utilizar bioetanol hasta un 15% en naftas (antes hasta 5,6%), la Secretaría de Energía no va a aumentar el impuesto al combustible en abril.

“No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”, destacaron desde fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, ese mecanismo automático volvió a ser suspendido en múltiples oportunidades, algo recurrente en los últimos años. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, una práctica que se repitió a lo largo de todo el año.

Es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos ya es equivalente al 15,83% del valor final del litro, mientras que Impuesto a las Emisiones de CO₂ implica un 0,97% del total. Según información de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, junto con los impuestos de la provincia de Buenos Aires y las tasas municipales, la carga tributaria total representa el 35,88% del precio que se paga por un litro de nafta.

El presidente del Consejo de Ministros de Francia, Sebastien Lecornu, reveló novedades relacionadas con la ampliación del “cheque energético”, mediante la cual a partir de mayo casi 700.000 hogares adicionales comenzarán a recibir una ayuda económica para hacer frente al aumento de los costos energéticos. Esta medida, según detalló el propio primer ministro en comunicación ofrecida por canales oficiales y citada por diversos medios internacionales, extiende el alcance del subsidio y responderá a la evolución al alza de los precios del combustible.

Según informó la agencia Europa Press, el Gobierno francés señaló que esta ampliación del bono energético eleva la cobertura a un total de 3,8 millones de hogares, lo que implica que más de 6 millones de ciudadanos en el país resultarán beneficiados. La prestación se otorga de manera automática, sin requerir trámites adicionales por parte de los beneficiarios. El bono, que tiene un promedio de 153 euros por familia, busca mitigar el impacto de las facturas de electricidad, gas y gasóleo para calefacción en aquellas economías familiares con menores ingresos.

Tal como publicó Europa Press, la ayuda, vigente en territorio francés desde 2018, está destinada a hogares que cumplen con criterios específicos de ingresos y condición socioeconómica. El Gobierno remite el cheque directo a quienes corresponda, facilitando el proceso y garantizando la cobertura para quienes se encuentren dentro de los parámetros establecidos. Este sistema, que actúa sobre la base de cruces de datos administrativos, recibirá un impulso adicional con la suma de nuevos beneficiarios prevista desde el 1 de mayo.

Además del anuncio realizado por Sebastien Lecornu, el ejecutivo francés atiende a sectores particularmente afectados por la reciente escalada de los precios del combustible, una situación derivada principalmente de las tensiones en Oriente Próximo. De acuerdo a lo consignado por Europa Press, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, adelantó la semana pasada que el gobierno dispondría de 70 millones de euros adicionales en medidas de apoyo, canalizados hacia empresas y sectores vulnerables como el agrícola, la logística y la actividad pesquera.

En ese marco, se confirmaron subsidios puntuales para el carburante dirigido a los agricultores, transportistas y pescadores, aplicables entre el 1 y el 30 de abril. Esta asistencia busca compensar el peso del encarecimiento energético en los costos de producción y en los servicios esenciales para la cadena alimentaria y el abastecimiento, según precisó Europa Press.

La política de ayudas directas a los hogares y la ampliación de las mismas en Francia obedecen a la continua presión de los precios energéticos sobre los ciudadanos y los sectores profesionales. A través de este enfoque, el gobierno intenta garantizar cierta estabilidad en el poder adquisitivo de la población y contribuir a la sostenibilidad de las actividades económicas especialmente perjudicadas por el contexto internacional.

El bono energético representa una de las principales respuestas públicas ante la crisis generada por el incremento persistente en los precios de la energía y los combustibles. El mecanismo, al centralizar la entrega automática de los subsidios y su actualización conforme a la evolución social y económica, se presenta como una de las vías elegidas por el ejecutivo galo para responder a la emergencia social y proteger a los sectores más expuestos, de acuerdo con los criterios informados por Europa Press.

La ampliación prevista para mayo implicará que familias que anteriormente no formaban parte del esquema ahora podrán recurrir a este apoyo estatal. Mientras tanto, el gobierno mantiene su compromiso de fortalecer la red de asistencia y continuar evaluando la situación energética internacional para anticipar medidas complementarias, tal como refleja la información proporcionada por el primer ministro y respaldada en comunicados oficiales reproducidos por Europa Press.

Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio han alcanzado a diversos sectores del tejido productivo español. Para intentar paliar el alza de precios en combustibles registrado por el conflicto, el Congreso aprobó este jueves el paquete de 80 medidas impulsado por el Gobierno, en el que se incluye un descuento de 20 céntimos por litro de combustible.

“La ayuda se agradece, pero es insuficiente para el precio que tenemos en la actualidad”, señala Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) en relación a la situación que afrontan pescadores y armadores, que ha llevado a varias organizaciones a amarrar sus barcos a puerto.

En concreto, la Organización de Productores Pesqueros de Ondárroa (País Vasco) ha decidido parar su actividad, mientras que algunas flotas de arrastre de Cádiz y el Mediterráneo están considerando tomar la misma medida. “Si salen en las condiciones actuales, pierden más dinero. Cada vez que un barco sale a pescar, consume un montón de litros de gasoil, aparte de los gastos habituales, y con los ingresos que obtiene de la venta no puede hacer rentable la actividad. Aquí por lo menos no tienen gastos, salvo los de mantenimiento”, lamenta Garat.

Los cuatro frentes que abre el conflicto para los pescadores

Desde el sector pesquero, destacan que el conflicto en Oriente Medio los ataca desde cuatro frentes distintos. El primero, el precio del combustible, ya que supone entre el 30% y el 50% de los costes de explotación de las empresas, dependiendo de la modalidad de pesca que desempeñen.

En segundo lugar, el conflicto armado afecta al relevo de las tripulaciones, pues existen flotas pescando en el océano Índico que han visto cómo algunas rutas en las que tenían que llevar y traer tripulantes han cerrado sus puertos, por lo que deben buscar alternativas que, por lo general, son más costosas.

La tercera problemática que ha aflorado para los pescadores se encuentra en las exportaciones de productos pesqueros, como el atún rojo vendido a China o al resto de países asiáticos. Según señala Garat, antes se utilizaba el aeropuerto de Qatar para el tránsito, por ser el más económico para esta ruta, pero a día de hoy deben buscar otras alternativas que incrementan los costes.

Por último, el sector señala a la flota mercante, que transporta mercancías que desembarcan en terceros países, como una de las más perjudicadas. Esto se debe a que el coste operativo de los fletes se ha incrementado considerablemente, llegando incluso a no tener precios exactos para el transporte hasta finales de abril o mayo.

Galicia y Andalucía, las más afectadas

Las consecuencias de la guerra han repercutido principalmente en Galicia, que cuenta con la mitad de la flota de España, seguida de Andalucía y, en la flota de gran altura, el País Vasco. Pese a que en otros sectores las organizaciones se quejan de subidas especulativas, desde Cepesca señalan que en el caso de los buques los aumentos se deben al cierre del Estrecho de Ormuz, que ha ralentizado todos los transportes marítimos.

Desde el sector han reclamado ayudas directas para armadores y pescadores, como el aumento de la ayuda al combustible hasta los 30 céntimos por litro, aplicada directamente en el surtidor. Garat destacado que han solicitado también ayudas al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y de la Acuicultura, como la exoneración de la exención del pago de las cotizaciones sociales de la Seguridad Social para empresas hasta volver a la normalidad.

Además, desde la organización señalan que estos problemas provocados por la guerra en Irán se suman a una lista ya numerosa de dificultades que afronta el sector. “Europa ha conseguido mejoras en objetivos políticos y medioambientales, pero ha abandonado los aspectos sociales y económicos, no ha tenido en cuenta a las personas ni a las empresas”, explica Garat.

El relevo generacional es también otro problema que lastra el sector, con serios problemas de relevo generacional y para encontrar tripulantes que quieran trabajar. Además, “la competencia desleal desde terceros países reduce los beneficios del sector en la UE, donde el 70% de lo que se consume procede de países extracomunitarios”. “Conforme van parando los barcos y va pasando el tiempo, uno de los riesgos que tenemos es que se pierdan las tripulaciones, que se busquen la vida en otro lado”, añade Garat. Así, como medida de excepción, los pescadores han pedido a Europa un reglamento ómnibus que apueste por la simplificación y la reducción de burocracia que les facilite la vida.

El Gobierno de la República Dominicana decidió mantener invariables los precios de los principales combustibles para la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, respaldado por un subsidio extraordinario de RD$1,682 millones. La decisión, anunciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), busca reducir el impacto de la volatilidad internacional del petróleo y proteger el presupuesto familiar.

Durante este periodo, los consumidores pagarán los mismos valores por los combustibles de mayor demanda. Los precios, expresados en pesos dominicanos y su equivalente en dólares estadounidenses, son los siguientes:

• Gasolina Premium: RD$305.10 (US$5.05)
• Gasolina Regular: RD$287.50 (US$4.75)
• Gasoil Óptimo: RD$257.10 (US$4.25)
• Gasoil Regular: RD$239.80 (US$3.97)
• Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$137.20 (US$2.27)
• Gas Natural: RD$43.97 por metro cúbico (US$0.73)

El MICM detalló que estos valores se mantendrán durante siete días, pese a las presiones del mercado internacional.

A diferencia de los combustibles de consumo masivo, otros derivados del petróleo que no están sujetos a este esquema de congelación total presentaron fluctuaciones moderadas:

• Avtur: RD$ 334.88 (Subió RD$ 11.39 / US$ 5.54)
• Kerosene: RD$ 378.00 (Subió RD$ 11.40 / US$ 6.25)
• Fuel Oil: RD$ 199.40 (Bajó RD$ 1.98 / US$ 3.30)

El congelamiento de los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de las gasolinas es una de las herramientas más críticas de la actual gestión económica. El GLP es el combustible de mayor uso en los hogares dominicanos y en el transporte público, por lo que su estabilidad es fundamental para evitar un efecto inflacionario en cadena.

Impacto del subsidio y contexto fiscal

El subsidio extraordinario de RD$1,682 millones, equivalente a unos US$27.8 millones, constituye un esfuerzo fiscal considerable para el Estado dominicano. Por lo que, este mecanismo permite que las alzas internacionales no se trasladen al consumidor final, preservando la estabilidad de los precios internos.

El MICM aclaró que de no haberse aplicado la ayuda estatal, el precio de la Gasolina Premium habría superado los RD$340 por galón, cifra que habría impactado directamente en el costo del transporte y de la canasta básica.

Comparación regional y contexto internacional

En el plano regional, el valor de US$5.05 por galón de Gasolina Premium mantiene a la República Dominicana en condiciones competitivas, ya que en otros mercados de América Latina los precios han superado los US$6 debido a la inestabilidad en Medio Oriente y los ajustes de la OPEP+.

La política de subsidios se utiliza como amortiguador frente a la volatilidad global, con el Estado asumiendo la diferencia cuando el costo internacional supera el precio local.

La medida responde a la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica y proteger el bienestar social, explicó el MICM, que insistió en la vigilancia continua de los indicadores internacionales del crudo.

Reacciones del sector transporte y recomendaciones oficiales

Los gremios de transporte recibieron la noticia con cautela, aunque reconocieron el alivio temporal que representa la congelación del Gasoil Regular en US$3.97 por galón. Según declaraciones recogidas por Listín Diario, esto permitirá que los costos logísticos de distribución de mercancías y productos agrícolas permanezcan estables durante la semana.

El MICM reiteró que continuará monitoreando minuto a minuto los indicadores internacionales para tomar decisiones que prioricen la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la ciudadanía dominicana.

Mientras tanto, se recomienda a la población mantener hábitos de ahorro energético y optimización del uso del vehículo privado ante un panorama global que sigue mostrando señales de incertidumbre.

Bolivia enfrenta una nueva crisis de combustible por dudas sobre la calidad de la gasolina. En febrero, la estatal petrolera admitió haber distribuido combustible “desestabilizado”, lo que justifica los miles de reclamos presentados ante un sistema de resarcimiento de daños creado por el Gobierno para compensar los gastos de reparación.

En medio de protestas de los transportistas, este jueves el Gobierno firmó un acuerdo en el que se compromete a crear comisiones mixtas para verificar el combustible y acelerar el pago del resarcimiento. Sin embargo, mientras no se certifique de que la gasolina vendida cumple con estándares mínimos de calidad, el conflicto estará latente.

Cinco claves para entender por qué en Bolivia el tema del combustible es un desafío persistente y un eterno foco de tensión.

Subsidios y escasez

A partir de 2014 hubo un descenso sostenido en la producción gasífera, lo que originó el derrumbe de la industria petrolera y la bonanza económica del país. La producción pasó de casi 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a menos de 27 en poco más de una década y las exportaciones colapsaron, con una reducción de casi 5.000 millones de dólares en el mismo periodo.

En ese contexto económico y con una demanda creciente, la importación de combustible fue cada vez más difícil de cubrir.

Bolivia importa casi el 100% del diésel y más del 50% de la gasolina que necesita para abastecer su mercado interno, demanda que era cubierta por subvención estatal. El consumidor final pagaba un precio que estaba congelado desde 2005 y que era equivalente a la mitad del costo real.

El monto total destinado para la importación y subvención fue creciendo cada año y en 2024, Bolivia gastó 2.381 millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Esta situación provocó que entre 2023 y 2025 fueran recurrentes los periodos de escasez debido a la falta de dólares para sostener una importación regular.

Los bolivianos enfrentaron periodos cada vez más prolongados y frecuentes de desabastecimiento con filas de varias horas —e incluso días en el caso del diésel— para abastecer los tanques de combustible.

Fin de los subsidios

El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz —que había asumido funciones en noviembre— firmó un decreto a través del cual eliminó la subvención al diésel y la gasolina. Con esta medida el precio de la gasolina se duplicó y el del diésel se triplicó, y quedaron fijos en montos acordes con el precio internacional que serán reajustados en los próximos meses. En paralelo, se aumentó el salario mínimo nacional y algunos bonos sociales para compensar el consecuente aumento de los precios de productos básicos.

Esta medida estuvo acompañada de una regularización de las importaciones, lo que se tradujo en la reducción de las filas y la normalización del abastecimiento. De igual forma, se cortaron las redes de contrabando hacia otros países que se habían conformado en los últimos años y que llegaron a generar una pérdida anual de 600 millones de dólares.

Cuestionamientos sobre la calidad

Tras unas semanas de estabilidad con la regularización en el suministro y la aceptación generalizada sobre el aumento del precio del combustible, a finales de enero surgieron dudas sobre la calidad de la gasolina distribuida debido a múltiples denuncias de fallas en motores atribuidas al combustible. El problema no era menor: según el Colegio de Ingenieros Mecánicos, cerca del 60% de los vehículos que entraron a talleres mecánicos en febrero tenían fallas por la gasolina.

Inicialmente el Gobierno incurrió en contradicciones: un ministro admitió un “problema técnico” y YPFB descartó irregularidades y aseguró que la gasolina se encontraba dentro de las especificaciones de calidad requeridas.

Sin embargo, poco tiempo después la estatal petrolera informó que nuevos estudios habían encontrado restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento que habrían contaminado el combustible y atribuyó la falla al Gobierno anterior.

En busca de soluciones

En medio de presión social, el Gobierno informó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad de la gasolina y crear un seguro para cubrir gastos de reparación a los usuarios afectados. “Las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor pueden acudir a un taller donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, indicó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el 7 de febrero. También se anunció rigurosidad en la certificación técnica de los daños para evitar cobros irregulares.

En más de un mes y medio, cerca de 10.000 personas presentaron reclamos ante YPFB por los daños con gastos de mantenimiento que oscilan entre los 100 y 5.000 dólares. La estatal petrolera informó que hasta el 25 de marzo había pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y que seguirá haciendo las compensaciones en abril.

Manifestaciones y acuerdo con choferes

Las protestas por la gasolina se extendieron durante las siguientes semanas. A más de dos meses de iniciado el conflicto, los choferes sindicalizados de La Paz realizaron un paro con bloqueos en reclamo por soluciones definitivas al tema del combustible.

Según su denuncia, la gasolina que se distribuye continúa siendo de mala calidad y está generando daños en los vehículos; y los pagos del resarcimiento no se están cumpliendo con celeridad.

El Gobierno y los choferes firmaron un acuerdo el jueves pasado para poner paños fríos al conflicto latente: acordaron crear comisiones mixtas para verificar la calidad del combustible y agilizar el pago de compensaciones por daños vehiculares.

La firma de este documento se tradujo en la suspensión de las medidas de presión, pero no resuelve el problema de fondo: cómo garantizar el abastecimiento regular de combustible con estándares mínimos de calidad. Lo básico para el funcionamiento de cualquier país.

El Gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con dirigentes transportistas y logró suspender un paro iniciado el miércoles en reclamo por la mala calidad del combustible y por supuestos retrasos en el resarcimiento a los conductores afectados por la gasolina.

El acuerdo tiene cuatro puntos e incluye la creación de una comisión para verificar la calidad de la gasolina en las plantas de refinamiento y en las estaciones de servicio. De igual forma, una comisión viajará a los puertos de Chile y Perú para revisar las condiciones en las que llega el combustible antes de su procesamiento. Según datos oficiales, Bolivia importa más del 90% de diésel y casi el 60% de la gasolina que necesita para cubrir su mercado interno.

El documento firmado este jueves establece el resarcimiento de daños a los usuarios afectados en un plazo máximo de tres días hábiles y el diferimiento de créditos bancarios para quienes hubieran sido perjudicados.

En el encuentro participaron todas las tres federaciones de transportistas de La Paz y cuatro ministros: de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; de Economía, José Gabriel Espinoza; de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y de la Presidencia, José Luis Lupo. El ausente de este encuentro fue uno de los principales implicados en el conflicto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, que se encontraba fuera del país.

Con la firma de este acuerdo se pone fin al paro con bloqueos que paralizó la ciudad de La Paz el miércoles y el jueves. Los choferes reclamaban por el combustible contaminado y exigían celeridad en el pago del resarcimiento, un seguro creado por el Gobierno para compensar los gastos a quienes hubieran sufrido daños mecánicos atribuidos a la gasolina.

Hasta ahora, más de 10.000 personas han presentado reclamos formales ante YPFB por los daños en los motores y los gastos de mantenimiento y repuestos oscilan entre los 100 y 5.000 dólares. YPFB informó que ha pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y seguirá haciendo las compensaciones en abril.

El conflicto inició hace más de dos meses cuando surgieron las primeras denuncias de usuarios y transportistas. La estatal YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con restos de goma y manganeso, y afirmó que se inyectarían detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad. Sin embargo, medios locales reportan que las fallas persisten, lo que sugiere que el producto aún no cumple con los estándares recomendados.

En paralelo, el presidente Rodrigo Paz ordenó el resguardo militar de todas las plantas de refinamiento para controlar la cadena de distribución debido a que habrían identificado la existencia de un plan de “sabotaje” interno, el cual nunca se explicó técnicamente.

Bolivia levantó en diciembre el subsidio de más de dos décadas a los combustibles, con lo que el precio de la gasolina y el diésel subió el doble y el triple de lo que costaba. Esta medida supuso el fin de las largas filas en los surtidores debido a la recurrente escasez y cortó el suministro a las redes de contrabando que se habían creado en los últimos años.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la calidad se convirtió en el eje de las protestas actuales y un frente crítico para el Gobierno, que enfrenta el desafío de encontrar soluciones definitivas más allá de contener el malestar social.

El transporte por carretera sostiene casi en su totalidad la distribución de mercancías en Chile. A diferencia de otros países de la región, la infraestructura logística nacional opera con una presencia ferroviaria muy limitada para la carga, lo que concentra en el camión la responsabilidad de conectar los polos productivos del norte, el centro y el sur del país.

Esa configuración convierte al diésel en el insumo central de toda la cadena. Cuando su precio se mueve, el impacto no se limita al flete: recorre cada etapa del proceso logístico, desde la salida del centro de producción hasta la entrega al punto de venta o al consumidor final.

Un ajuste que recorre toda la cadena

El gobierno chileno anunció que, a partir del próximo jueves, el precio del diésel subirá un 62% y el de la gasolina alrededor del 32%. Se trata de la segunda mayor suba histórica en el país, impulsada por el encarecimiento global del petróleo en un contexto de tensión en Oriente Medio.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones estimó que ese ajuste se trasladará entre un 20% y un 25% a cada eslabón de la cadena, entre el productor inicial y el consumidor final, con el correspondiente impacto inflacionario. El dato incluye el flete de larga distancia, la distribución regional y el abastecimiento de localidades donde el camión opera sin sustituto.

El gremio señaló que advirtió a las autoridades sobre las consecuencias de un ajuste de esta magnitud y aconsejó aplicarlo con gradualidad. Posteriormente, anticipó que evaluará acciones futuras y advirtió que las tarifas de flete deberán ajustarse para reflejar la nueva estructura de costos.

Sin red ferroviaria como alternativa

El impacto se amplía por una condición estructural del sistema logístico chileno: la ausencia de una red ferroviaria de carga funcional en la mayor parte del territorio. En países como Argentina, Brasil o México, el ferrocarril opera como alternativa real para el movimiento de granos, minerales y otros commodities, especialmente cuando los costos del camión se encarecen.

En Chile, esa posibilidad no existe en el corto ni en el mediano plazo. Los corredores de mayor flujo —los que conectan los puertos del norte con las zonas mineras, o los que articulan la zona central con el sur agroindustrial y forestal— dependen de manera exclusiva del transporte carretero.

Esa dependencia deja al sistema sin válvula de escape ante shocks en el precio del combustible. No hay modo de reasignar volúmenes a otra vía más eficiente en consumo energético. El ajuste tarifario, en ese contexto, se vuelve inevitable y de alcance transversal para todos los sectores que utilizan transporte terrestre.

Medidas que van más allá del transporte de carga

El gobierno acompañó el anuncio con medidas de compensación orientadas principalmente al transporte de pasajeros. Entre ellas, un subsidio mensual de alrededor de 110 dólares para taxis y colectivos por hasta seis meses, y una línea de crédito para renovación de flota con foco en la electromovilidad.

Sin embargo, el transporte de carga no cuenta con mecanismos específicos dentro del paquete oficial. El gremio del sector calificó las iniciativas como insuficientes y señaló que la ausencia de medidas orientadas a los operadores de carga terrestre deja expuesta a toda la cadena de distribución ante el nuevo escenario de costos.

El efecto no se limitará a los contratos entre transportistas y tomadores de carga. Productos de consumo masivo, alimentos frescos, insumos industriales y materiales de construcción registrarán incrementos que variarán según el peso del flete en su valor total y la capacidad de cada sector para trasladar o absorber el costo.

El escenario refuerza una discusión que el sector logístico chileno arrastra desde hace años: la necesidad de diversificar su matriz de transporte. El desarrollo de infraestructura ferroviaria para carga, la incorporación de vehículos eléctricos en flotas de distribución urbana y la optimización en la gestión de rutas y cargas son los ejes que aparecen como respuesta estructural ante la exposición a la volatilidad del precio del petróleo.

La Secretaría Nacional de Energía decidió posponer la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles, una medida que había sido planteada como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

La resolución establece que el inicio del programa se aplaza para permitir ajustes técnicos, logísticos y regulatorios, en un contexto donde aún persisten dudas sobre la capacidad operativa para implementar el cambio de forma ordenada.

La resolución publicada en Gaceta Oficial confirma que la implementación del etanol en Panamá ha sido postergada en dos ocasiones, ya que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de abril de 2024, luego fue aplazada al 1 de abril de 2026 y ahora vuelve a suspenderse sin una fecha definida.

La Secretaría Nacional de Energía condiciona su aplicación al cumplimiento de requisitos técnicos, logísticos y de producción nacional, lo que evidencia que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Este nuevo aplazamiento refleja un desfase entre la planificación energética y la capacidad real del mercado para sostener la mezcla obligatoria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, uno de los principales factores para la postergación es la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y mezcla del etanol, así como asegurar estándares de calidad en los combustibles.

También se menciona la importancia de completar procesos de certificación técnica y coordinación entre actores del sector energético, incluyendo refinadoras, importadores y estaciones de servicio.

Sin estos elementos consolidados, la implementación podría generar distorsiones en el mercado o problemas operativos en la distribución nacional.

Otro aspecto clave es que la producción local de etanol aún no ha iniciado para sostener una mezcla obligatoria a escala nacional, lo que obligaría a depender en gran medida de importaciones en una fase inicial.

Esto introduce variables de costo, logística internacional y estabilidad de suministro que el gobierno busca evaluar con mayor precisión antes de avanzar, especialmente en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

La decisión apunta a evitar que una implementación apresurada termine elevando los costos del combustible para los consumidores.

La resolución también deja claro que el objetivo de incorporar etanol en la gasolina se mantiene como parte de la política energética, pero bajo un enfoque gradual y técnicamente sustentado.

El etanol es visto como un componente que puede contribuir a reducir emisiones y diversificar la matriz energética, además de abrir oportunidades para el desarrollo agrícola e industrial.

Segundo debate

Este aplazamiento ocurre en un momento clave, ya que la Asamblea Nacional avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la mezcla de 10% de etanol en los combustibles en Panamá, lo que añade presión al debate técnico y político.

Entre crítica de diputados independientes, la iniciativa ya superó el primer debate y se espera que en los próximos días entre a segundo debate, donde podrían introducirse ajustes o precisiones sobre su implementación.

Durante el primer debate legislativo, diputados y actores del sector han señalado la necesidad de evaluar el impacto económico, ambiental y logístico de la medida, incluyendo su efecto en precios y en la competitividad del país.

No obstante, la principal crítica al proyecto es su carácter obligatorio, que, según sus defensores, resulta necesario para garantizar el marco jurídico que respalde las inversiones que tendrían que realizar las empresas para establecer la producción local.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.

La crisis por la calidad del combustible en Bolivia pasó de ser un reclamo sectorial a tener implicaciones políticas. En los últimos días hubo reiterados pedidos de renuncia contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno.

Transportistas y actores políticos coincidieron en responsabilizar a ambas autoridades por la distribución de gasolina “desestabilizada” y la supuesta demora en el resarcimiento a los afectados. La dirigencia de choferes de La Paz fue una de las primeras en exigir su salida, argumentando incumplimientos y una “burla” al sector.

“Queremos la renuncia del ministro y del presidente de YPFB por la burla que han hecho con el sector”, manifestó el dirigente de los transportistas Santos Escalante a tiempo de anunciar un paro con bloqueos el miércoles, que luego fue ampliado como una medida de presión “indefinida”. Los transportistas también cuestionaron el rol de la ANH por la supuesta falta de rigurosidad en los controles del combustible.

El problema surgió hace unos dos meses con las primeras denuncias por daños mecánicos atribuidos a la mala calidad de la gasolina. En medio de la tensión por la aparición de casos, el presidente de YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con goma y manganeso que quedaban en tanques heredados de la anterior gestión.

Para corregir la gasolina “desestabilizada”, la estatal petrolera determinó incluir aditivos especiales y detergentes, con lo que se suponía que la gasolina tendría mejor calidad y cumpliría con estándares mínimos. Sin embargo, continúan surgiendo denuncias de usuarios afectados y las protestas están yendo en aumento.

En paralelo a las acciones para corregir el combustible, el Gobierno implementó un seguro para los afectados, quienes deben certificar el daño para recibir el desembolso. Aunque los choferes denuncian que hay retrasos en este proceso, YPFB informó que ya pagó a cerca de mil usuarios y que continuarán realizando desembolsos el mes de abril.

A los reclamos sectoriales se sumaron en las últimas horas legisladores de diferentes fuerzas políticas que exigen al Gobierno una solución definitiva y respaldan la protesta de los choferes.

La senadora Marcela Guerrero calificó como “gasolina basura” el combustible distribuido y lamentó que aún no se hubiera identificado a los responsables. “Hay una situación de indefensión de la población, y le damos toda la razón al autotransporte”, afirmó citada por Brújula Digital. En tanto, el senador Nilton Condori consideró como “justa” la manifestación de los choferes.

La principal fuerza opositora, Libre, fue más radical en su reclamo y se unió a la dirigencia de los choferes al exigir la renuncia de las principales autoridades del sector de hidrocarburos: el ministro, el presidente de la estatal petrolera y el director de la ANH.

“La bancada Libre, con firmeza y con total responsabilidad, exige inmediatamente la renuncia del ministro de Hidrocarburos, porque no está con la capacidad de poder darle soluciones al pueblo boliviano, sino más al contrario, está agravando la crisis”, afirmó en conferencia de prensa el diputado Rafael López. Los legisladores también advirtieron que iniciarán demandas penales por este caso.

Mientras el conflicto escala, el Gobierno hizo un llamado al diálogo a los choferes y cuestionó el paro indefinido porque, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se habrían llegado a acuerdos previos. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro y bloqueos que perjudican a los bolivianos que quieren ir a trabajar o a estudiar es un error”, escribió en su cuenta de X y agregó que “el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”.

Choferes sindicalizados de La Paz, en Bolivia, radicalizaron su medida de presión en reclamo por la calidad del combustible y anunciaron que la huelga iniciada ayer en la sede de Gobierno será “indefinida”.

“Nuestra única intención es que se venda gasolina de óptima calidad y se cumpla con el resarcimiento, que hasta ahora no se ha efectuado”, explicó Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre.

Los choferes están movilizados en reclamo por el combustible distribuido en los últimos meses y al que se atribuyen daños mecánicos en los vehículos. En medio de la crisis, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explicó que los tanques de almacenamiento tenían restos de goma y manganeso que contaminaron la gasolina.

En ese sentido, ordenaron la inyección de detergentes y aditivos especiales para mejorar la calidad del combustible y crearon un seguro de resarcimiento de daños a los afectados a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Sin embargo, a dos meses de las primeras denuncias, se siguen reportando daños en los vehículos, lo que sugiere que la gasolina aún no cumple con los estándares esperados.

“El Gobierno nos ha obligado a tomar esta determinación. En lugar de convocarnos, lo único que han comunicado es que este tema se está politizando”, afirmó Tancara en una entrevista televisiva con Unitel e indicó que los puntos de bloqueo se ampliarán a nivel departamental.

Mientras se desarrolla la protesta, el Gobierno hizo un llamado al diálogo y al cumplimiento de acuerdos previos sobre el proceso de resarcimiento. “En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro (…) es un error”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X. “Creemos que el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”, agregó.

Según información de YPFB, el pago por el resarcimiento de daños ya benefició a más de 1000 usuarios afectados, y este miércoles se habían destinado más de 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) para nuevos desembolsos por daños atribuidos a la gasolina “desestabilizada”.

En medio de este proceso, la estatal petrolera informó que al menos 3.000 solicitudes de resarcimiento fueron rechazadas a través del sistema de registro porque no cumplieron con los requisitos y que habilitaron la revisión presencial de los casos.

“Son 3.000 personas que se han rechazado. Estas personas tienen la opción, con su código de trámite, pueden pasar a ventanillas para que ahí les expliquen y se pueda analizar el caso carpeta por carpeta”, afirmó el gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, citado por El País.

En paralelo a estas medidas de presión, asambleístas de al menos cuatro fuerzas políticas se manifestaron para exigir soluciones definitivas al problema de los combustibles y algunos miembros de Libre, la principal fuerza opositora, pidieron la renuncia del ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB. En tanto, la Cámara de Senadores creó una comisión para investigar en profundidad el tema de la gasolina.

Bolivia levantó en diciembre el subsidio de más de dos décadas a los combustibles, con lo que el precio de la gasolina y el diésel subió el doble y el triple de lo que costaba. Esta medida supuso el fin de las largas filas en los surtidores debido a la recurrente escasez y cortó el suministro a las redes de contrabando que se habían creado en los últimos años.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la calidad se convirtió en el eje de las protestas actuales y un frente crítico para el Gobierno, que enfrenta el desafío de contener el malestar antes de que escale y se expanda a otras regiones.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha anunciado que permitirá la venta extendida de gasolina E15, una mezcla con mayor contenido de etanol, durante el verano. El objetivo de esta medida es intentar reducir los precios en las gasolineras, en un contexto de volatilidad marcada por el reciente conflicto con Irán y el consiguiente aumento en los costos del combustible. Esta decisión representa un giro en la política tradicional, ya que la venta de E15 suele restringirse en los meses de más calor debido a su potencial para aumentar la contaminación atmosférica.

El anuncio de la EPA busca responder a la presión generada por el alza de los precios de la gasolina, un fenómeno que se ha intensificado desde el inicio de la guerra con Irán. El conflicto ha provocado una escalada en el costo del petróleo y sus derivados, afectando directamente al consumidor estadounidense. En este contexto, la administración estadounidense ve en la flexibilización de la venta de E15 una medida para ofrecer un alivio inmediato a quienes dependen del automóvil en su vida cotidiana.

En palabras de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, “el presidente Trump está impulsando el dominio energético estadounidense, y la medida de hoy reducirá directamente los precios en las gasolineras y envía una clara señal de demanda a nuestros productores nacionales de biocombustibles”. Esta declaración subraya el carácter estratégico de la decisión, que no solo apunta a proteger el bolsillo de los consumidores, sino también a reforzar el papel de los biocombustibles en la matriz energética nacional.

El uso de E15 beneficia a los productores de maíz, ya que el etanol que se mezcla con la gasolina proviene mayoritariamente de este cultivo. La medida representa un respaldo explícito al sector agrícola, especialmente en un momento en que los agricultores enfrentan el aumento de los precios del diésel y de los fertilizantes, ambos agravados por las tensiones en Oriente Medio. De este modo, la autorización para vender E15 durante el verano puede interpretarse como un intento de sostener la demanda de maíz y, por ende, estabilizar los ingresos de los productores.

Sin embargo, el anuncio ha reavivado las críticas y preocupaciones respecto a los efectos ambientales y en la salud pública. El E15 suele estar prohibido durante los meses de verano porque contribuye a la formación de ozono troposférico, un contaminante que agrava los problemas respiratorios y aumenta el riesgo de infartos, según expertos en salud ambiental. El profesor Kenneth Gillingham, de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, advirtió que, debido a los niveles más altos de etanol corrosivo en el E15, existen riesgos adicionales para vehículos antiguos, barcos y todoterrenos. Además, sostuvo que “es más probable que haya problemas con el ozono en verano y que algunas personas mueran”, señalando un costo humano que trasciende la mera cuestión económica.

En cuanto al impacto para los consumidores, la medida ha generado escepticismo entre algunos especialistas. Aunque la exención impositiva al E15 puede traducirse en un precio levemente inferior en las gasolineras, la disponibilidad de esta mezcla no es homogénea en todo el país. Hay estados donde la infraestructura y el suministro de etanol resultan insuficientes para generalizar su uso, lo que limita el alcance real de la medida. El profesor Jason Hill, de la Universidad de Minnesota, advirtió sobre un posible efecto de traslado de costos: al destinarse más maíz a la producción de etanol, podría haber menos para alimentación animal, lo que, a su vez, encarecería ciertos alimentos. “Creo que, una vez que se haya liquidado la cuenta, será difícil ver cómo esto beneficia a los consumidores estadounidenses”, sostuvo Hill.

En la práctica, la exención temporal para el E15 se ha vuelto una medida recurrente en los últimos años. Tanto legisladores demócratas como republicanos han solicitado que la flexibilización sea permanente, argumentando que ayudaría a reducir los precios del combustible. En Kansas, la representante demócrata Sharice Davids ha gestionado y conseguido exenciones de emergencia para el E15 bajo gobiernos de ambos partidos. Por su parte, la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, insistió en que la administración Trump tomara una “medida inmediata y sin costo” para controlar la escalada de precios en medio de la crisis con Irán.

El sector industrial tampoco ha mostrado una postura unificada. La industria petrolera, tradicionalmente contraria a la expansión del E15 debido a los supuestos costos adicionales y al impacto en los precios, expresó en esta ocasión cierto respaldo. Will Hupman, vicepresidente del Instituto Americano del Petróleo (API), afirmó que “al flexibilizar temporalmente los requisitos de combustible para el verano, esta acción contribuye a garantizar que los consumidores estadounidenses sigan teniendo acceso a energía asequible y confiable”.

En definitiva, la decisión de la EPA de permitir la venta de E15 durante el verano se presenta como una respuesta multifacética a la coyuntura energética y agrícola provocada por la guerra con Irán, aunque persisten dudas sobre sus efectos reales en el precio final de la gasolina y su impacto en la salud pública y el ambiente.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha decidido implementar un recargo temporal por combustible como respuesta a la presión que ejercen los aumentos en los costos de transporte, una medida que afectará a millones de usuarios en todo el país. La decisión llega en un contexto internacional complejo, en el que la guerra con Irán ha provocado un alza significativa en los precios del combustible, encareciendo de manera directa las operaciones logísticas y el mantenimiento de la flota de vehículos de la agencia. Esta circunstancia ha obligado al USPS a buscar soluciones inmediatas para cubrir los gastos adicionales que no estaban contemplados en sus presupuestos habituales, procurando mantener la continuidad y calidad del servicio ante un entorno adverso.

El incremento en los precios del combustible, desencadenado por la guerra con Irán, ha impactado de forma directa la cadena logística del USPS. En los últimos meses, la agencia ha enfrentado un aumento sostenido en los gastos relacionados con el transporte, lo que complica la operación diaria de la entidad. El alza de los costos no solo abarca el combustible, sino que también incluye desafíos logísticos y gastos en mantenimiento de vehículos, factores que, sumados, han puesto en riesgo la estabilidad financiera de una organización que ya opera bajo márgenes ajustados. La necesidad de una acción concreta para asegurar la viabilidad del servicio postal en este contexto se ha vuelto ineludible, llevando a la agencia a proponer un ajuste que compense estos sobrecostos de forma temporal.

Detalles del recargo: porcentaje, servicios afectados y vigencia

El USPS anunció la aplicación de un recargo del 8% a ciertas tarifas postales, una medida que estará vigente a partir del 26 de abril, siempre y cuando reciba la aprobación de la Comisión Reguladora Postal. Este recargo temporal tendrá una duración definida, extendiéndose hasta el 17 de enero de 2027, fecha en la que la agencia realizará una reevaluación de sus costos operativos para determinar si la medida debe mantenerse, ajustarse o eliminarse.

El ajuste tarifario no será generalizado, sino que afectará únicamente a servicios específicos: Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select. En cambio, los productos más utilizados por el público general, como los sellos de primera clase y otros servicios postales, no se verán afectados por este incremento. De esta manera, el USPS busca limitar el impacto directo en el usuario promedio, enfocando la medida en los servicios que representan mayores retos logísticos y costos operativos.

La aplicación del recargo está diseñada para ofrecer una solución inmediata a los problemas financieros causados por el encarecimiento del combustible. La agencia ha subrayado que el ajuste es de carácter temporal y que, llegado el 17 de enero de 2027, los costos serán revisados para evaluar si el contexto económico y logístico justifica la continuidad del recargo o si es posible retornar a las tarifas anteriores.

Declaraciones y justificación del USPS sobre el ajuste de tarifas

En un comunicado oficial, el USPS explicó que este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria para cubrir los costos reales de las operaciones, tal como lo exige el Congreso. Según la agencia, la medida se ajusta al mandato legal de garantizar la autosuficiencia financiera, asegurando que los ingresos cubran los gastos operativos sin depender de fondos públicos. Un portavoz del Servicio Postal, citado por CBS News, detalló que el recargo responde a la necesidad de cubrir los crecientes costos en transporte, incluidos el alza en los precios del combustible, los desafíos logísticos y el mantenimiento de la flota de vehículos.

El USPS hizo hincapié en que, históricamente, ha evitado la imposición de recargos, pero que la situación actual exige una respuesta proporcional al contexto internacional y a los aumentos de costos. Al comunicar la decisión, la agencia destacó que el recargo busca brindar estabilidad financiera y preservar la calidad del servicio, a la vez que cumple con las obligaciones impuestas por las autoridades regulatorias y legislativas.

Un párrafo clave del comunicado señala: “Este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial, tal como lo exige el Congreso”. La agencia remarcó que el recargo es una herramienta excepcional para circunstancias excepcionales, y que su objetivo es salvaguardar la continuidad del servicio en un contexto de incertidumbre internacional y volatilidad en los mercados de energía.

Impacto y comparación con competidores

El recargo del 8% representa una medida considerable, pero el USPS subrayó que sigue siendo menor si se compara con los cargos similares aplicados por otras empresas del sector. Según la agencia, el nuevo recargo es menos de un tercio de lo que cobran sus competidores solo por el combustible, lo que permite al Servicio Postal mantener su posición como una de las opciones más accesibles en cuanto a tarifas postales dentro del mundo industrializado.

En palabras del USPS: “Incluso con este cambio, el Servicio Postal sigue ofreciendo una excelente relación calidad-precio en los envíos, con algunas de las tarifas más bajas del mundo industrializado”. Esta comparación busca tranquilizar a los usuarios, enfatizando que, pese al recargo, el USPS continúa siendo competitivo frente a empresas privadas y otras alternativas logísticas. La agencia sostiene que su política tarifaria está diseñada para preservar la asequibilidad de los servicios, limitando el impacto sobre el consumidor final y manteniendo su compromiso con la eficiencia y el acceso universal.

Financiamiento y autonomía operativa del USPS

El Servicio Postal de Estados Unidos es una agencia federal que opera bajo un modelo de autofinanciamiento, lo que significa que no recibe fondos públicos para sus gastos operativos. En cambio, financia el total de sus operaciones a través de la venta de sellos, productos y servicios postales. Este modelo impone una disciplina financiera estricta y obliga a la entidad a ajustar sus tarifas y estrategias de negocio en función de las condiciones del mercado y los costos reales de operación.

La autonomía financiera del USPS se convierte en un elemento clave para entender la necesidad del recargo temporal. Al no contar con subsidios estatales, la agencia debe responder de manera inmediata a cualquier variación significativa en los costos, como ocurre con el encarecimiento del combustible debido a la guerra con Irán. Esta característica distingue al USPS de otras agencias y operadores internacionales, consolidando su posición como una entidad autosuficiente y obligada a tomar decisiones rápidas para mantener la sostenibilidad de sus servicios.

La ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, y la vecina El Alto amanecieron paralizadas el miércoles debido a una huelga del transporte público en protesta por la mala calidad de la gasolina y el retraso en el pago de resarcimientos a quienes denunciaron daños en sus vehículos.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, en el cargo desde hace cuatro meses, enfrenta este paro contundente tras las protestas de enero por el aumento del precio de los combustibles, una de sus primeras medidas del plan anticrisis.

La protesta se extendió hasta la noche, y los dirigentes del transporte anunciaron que continuará de forma indefinida tras rechazar el llamado al diálogo por parte del Gobierno. Dada la respuesta obtenida, las autoridades señalaron que la medida tiene un trasfondo político.

“Rodrigo Paz, queremos gasolina de calidad”, decía un cartel pegado en un autobús de mediano tamaño que circulaba por La Paz, mientras otros conductores bloqueaban calles en la ciudad, donde también se encuentra el Poder Legislativo. “¡Basta de combustible basura, corruptos!”, escribió otro transportista en el cartel que llevó al paro.

Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, declaró que continúan las denuncias sobre autobuses dañados. “No hay una garantía donde se pueda decir que la gasolina es de calidad en este momento”.

Escalante sostuvo que el gremio busca una reunión con Paz y reclamó el cumplimiento inmediato de los resarcimientos prometidos por el gobierno.

El transporte público de La Paz es uno de los más importantes del país y lidera la presión por una compensación, aunque el daño se reportó también en vehículos privados. Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) indicaron que sus automóviles también resultaron afectados por la mala calidad del combustible.

Ante la paralización del transporte público, los bolivianos recurrieron al teleférico como alternativa, lo que generó largas filas en las diferentes estaciones del sistema.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició a principios de marzo el registro digital de vehículos afectados por gasolina de mala calidad, con el objetivo de resarcir a los conductores perjudicados.

La petrolera informó sobre la desvinculación de más de 400 funcionarios, vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), por perjudicar las operaciones de la compañía.

YPFB anunció el pago de un seguro de aproximadamente 215.000 dólares en beneficio de más de mil personas en una primera etapa. El presidente de la empresa, Yuseff Akly, explicó que otras 4.000 personas complementaron sus solicitudes y 14.000 iniciaron el proceso de compensación.

La compañía, que ha iniciado una investigación, denunció un sabotaje sin identificar a los autores y atribuyó el problema a restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

El analista y ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló a la agencia Associated Press que la petrolera importó gasolina sin cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.

Bolivia importa el 86% del diésel y el 54% de la gasolina que consume. Ríos advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo, provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, obliga al gobierno a comprar combustible más caro y venderlo a un precio fijo, lo que genera pérdidas para el Estado.

En diciembre, el presidente Rodrigo Paz casi duplicó el precio de la gasolina, una medida que permitió eliminar las largas filas en las gasolineras que se registraban el año pasado. La población aceptó la decisión en el contexto de una campaña del gobierno para enfrentar la peor crisis económica en cuatro décadas.

(Con información de Associated Press)

Representantes de gremios del transporte público de pasajeros y transporte de carga a nivel nacional acordaron junto a una comisión de alto nivel del gobierno panameño mantener los precios de las tarifas a los usuarios.

La medida se tomó luego de que el gobierno se comprometiera a lograr una pronta solución para que los trabajadores del volante puedan enfrentar el alto costo del combustible.

En el encuentro, se estableció que este jueves los transportistas aportarán información y cifras del volumen de consumo de combustible, rutas, y subdivisiones, para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice corridas para presentar una alternativa de consenso, antes del primero de abril, cuando se debe conocer la nueva variación en los precios del combustible.

En Panamá el combustible aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 1 de abril.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA), Jorge Dimas Collado, favoreció la disponibilidad del gobierno en escuchar las propuestas del sector y buscar paliativos al incremento del precio del combustible, hasta tanto se normalice el mercado.

En representación de los transportistas del interior del país, el dirigente Elpidio Batista coincidió con Collado al manifestar su satisfacción por la reunión, al tiempo que ponderó la voluntad del gobierno de atender la situación que enfrenta el país, atendiendo la preocupación de la población por el alza de los derivados del petróleo.

“Lo que estamos haciendo es buscar la forma para evitar el alza, porque los usuarios están preocupados y no queremos que esto recaiga hacia el usuario”, destacó.

Transportistas de diferentes puntos del país habían amenazado con tomar medidas, entre la que no descartaban la paralización del transporte, si el gobierno no buscaba una alternativa para enfrentar la situación.

En su oportunidad, la representante de los transportistas, Dorina Pérez, destacó la búsqueda de alternativas para no trasladar al usuario los efectos de esta crisis. Dijo, según una nota de prensa oficial, y que han encontrado en la comisión del Ejecutivo la voluntad de apoyar al sector pensando de igual manera en no afectar a los panameños que utilizan el transporte, ya sea colectivo, selectivo y otros.

En tanto, la representante gubernamental, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo que el objetivo es lograr pronto una solución temporal para aliviar el impacto de esta crisis internacional en el sector transporte, que según se informó reconoció en la reunión que se trata de un problema exógeno que impacta en todo el mundo.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore el servicio de entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa y no es conversación, sino cómo podemos ayudar para enfrentar la crisis sin afectar a los usuarios”, destacó Montalvo.

Además de la funcionaria, la comisión de Gobierno que atendió a los transportistas también la integraron la viceministra de Economía, Eida Sáiz, el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolas Brea, y los asesores presidenciales José Ricardo Fábrega y Ventura Vega.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que se encuentra evaluando la continuidad de los derechos antidumping aplicados a las importaciones de biodiésel (B100) provenientes de Argentina. Esta medida, vigente desde 2016 y prorrogada en 2021, consiste en la aplicación de sobretasas a productos que ingresan al país a precios por debajo de su valor normal.

La evaluación se realiza mediante un procedimiento de examen por expiración de medidas, conocido como “sunset review”, el cual permite determinar si corresponde mantener, modificar o eliminar estos derechos. Este proceso está a cargo de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, en cumplimiento de la normativa nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

Procedimiento en marcha y medidas antidumping

De acuerdo con la entidad, los derechos antidumping tienen como objetivo evitar perjuicios a la producción nacional frente a prácticas de competencia desleal en el comercio internacional. Estas medidas se aplican cuando se detecta que un producto importado se comercializa a un precio inferior a su valor normal, afectando la competitividad de los productores locales.

El procedimiento fue iniciado a solicitud de las empresas peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., las cuales advirtieron que la eventual eliminación de estas sobretasas podría facilitar el reingreso de biodiésel argentino en condiciones de dumping, generando impactos negativos en el mercado interno.

Situación de la industria nacional

En una evaluación preliminar, la comisión identificó indicios de que el dumping podría continuar o repetirse en caso de levantarse las medidas. Entre los factores considerados figuran la alta capacidad de exportación de Argentina y la disponibilidad de excedentes de producción, lo que incrementa la probabilidad de envíos a precios competitivos hacia el mercado peruano.

Asimismo, se advirtió que la industria nacional de biodiésel atraviesa una situación de vulnerabilidad, evidenciada en la caída de sus ventas, la reducción de su participación en el mercado y márgenes que no logran cubrir los costos de producción. Este escenario podría agravarse con el ingreso de importaciones a menor precio.

Continuidad de la medida

Frente a este contexto, Indecopi dispuso que los derechos antidumping continúen aplicándose mientras dure el procedimiento de revisión. Esta decisión busca prevenir un mayor impacto en la industria local y asegurar que la evaluación se realice sobre la base de evidencia técnica suficiente.

La entidad precisó que el objetivo del proceso es determinar, de manera objetiva, si corresponde mantener estas medidas en el tiempo, en línea con la normativa vigente y las reglas del comercio internacional, garantizando tanto la competencia leal como la protección de la producción nacional.

Los choferes de Bolivia realizan este miércoles un masivo paro en La Paz en reclamo por la supuesta demora en el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos atribuibles a la calidad de la gasolina. Los conductores anunciaron al menos 44 puntos de bloqueo, aunque los medios locales reportan más.

En medio de las protestas, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, pidió a los dirigentes “reflexionar” sobre la radicalidad de la medida y afirmó que a partir de hoy iniciarán los pagos de compensación.

“Ya se están gestionando los pagos; desde mañana (miércoles) se empiezan a hacer los pagos en ventanillas para los que hubieran hecho su reporte”, afirmó el funcionario y agregó que se destinarán 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) para el pago de esta jornada.

Este conflicto surge luego de varias denuncias por fallas en los motores y bajo rendimiento de los vehículos, debido a la distribución de gasolina de mala calidad. En una conferencia de prensa realizada en febrero, Alky admitió que se identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría contaminado la gasolina.

Según una estimación del Colegio de Ingenieros Mecánicos realizada a mediados de febrero, cerca del 60% de los vehículos que estaban en talleres presentaban fallas atribuibles a la gasolina.

En medio de crecientes reclamos, el Gobierno se comprometió a resarcir los daños a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) y se dispuso que la compensación se haría con base en el nivel de daño. A través de un comunicado, YPFB informó que hasta ayer se habían pagado 1,5 millones de bolivianos (más de 214.000 dólares) en compensaciones a “más de mil” usuarios afectados por la gasolina “desestabilizada” y que este proceso continuaría en abril.

En paralelo a la creación del seguro, se implementaron aditivos especiales y detergentes para reforzar el combustible —lo que provocó algunas demoras en los despachos— y la militarización de las plantas de refinería en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de tener mayor control en la cadena de distribución luego de que el presidente Rodrigo Paz denunciara un plan de “sabotaje” en la estatal petrolera que nunca explicó técnicamente.

El Gobierno retiró en diciembre el subsidio a los combustibles que estuvo en vigencia en las últimas décadas y puso fin a los problemas de abastecimiento, tras dos años de irregularidades que provocaron filas interminables en las estaciones de servicio y perjuicios para sectores estratégicos como la agroindustria. De igual forma, se eliminó el contrabando de gasolina y diésel baratos a países vecinos.

A pesar de estos avances, en enero surgió un nuevo conflicto a raíz de los cuestionamientos sobre la calidad del combustible distribuido: los bolivianos pasaron de la escasez a la incertidumbre sobre su confiabilidad.

En ese contexto, la protesta de los choferes ha ido subiendo de tono y algunos dirigentes exigen la renuncia del presidente de YPFB y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el supuesto “incumplimiento” en los desembolsos del resarcimiento.

En una jornada caótica por el paro de transporte en La Paz, se dispuso tolerancia en el horario de trabajo y el ingreso escolar, además de la ampliación del funcionamiento del teleférico.

Para afrontar el aumento en el precio del combustible el gobierno panameño informó que no habrá aumentos en el pasaje del transporte público, específicamente del Metrobús y el Metro, además de que se mantendrá el subsidio al tanquecito de gas licuado de 25 libras, así como de la electricidad, que es subsidiada para quienes consumen hasta un máximo de 300 kilovatios hora.

Esto incluye una estabilización de la tarifa eléctrica y se estarán tomando acciones para mitigar los aumentos al transporte público de pasajeros y al transporte terrestre y marítimo de alimentos, incluido el sector de la pesca artesanal, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champan.

Semanas atrás el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

En conferencia de prensa Chapman dijo que junto a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se trabaja en acciones concretas para contener el precio de los fertilizantes y demás insumos utilizados para la producción de alimentos.

De igual manera, añadió que se van a tomar “medidas estrictas” para reducir la movilidad de automóviles en el sector público, para generar un ahorro que sea canalizado para otros programas.

Por parte del sector privado el ministro manifestó que ha recibido propuestas para implementar parcialmente el teletrabajo en algunas de sus empresas, dentro del marco de una legislación que así lo permite. Sobre este punto el gobierno no ha tomado una decisión.

En 2020 la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) implementó mediante ley el teletrabajo, como una medida para evitar el contagio producto de la epidemia del Covid-19.

De acuerdo con la norma, este consistía en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o la entidad pública, a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores.

El ministro recordó que el tema del combustible es altamente dinámico, que cambia todos los días, por lo que estarán de manera seguida informando a la nación sobre la evolución de los mercados de energía y las medidas que estará tomado el gobierno nacional.

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de establecer un precio tope para los combustibles, tal y como se hizo en el pasado reciente, Chapman dijo que “medidas específicas sobre el precio del combustible se van a estar comunicando como se hace habitualmente cada 15 días”.

Esto, subrayó, es dinámico “y no se va a fijar un monto específico para mantenerse a lo largo del tiempo, si no que se va a ir revisando continuamente, en la medida en que el petróleo y sus productos derivados, llámese gasolinas, diésel o gas licuado, van variando a lo largo del tiempo”.

Chapman reiteró que el gobierno está estudiando una “lista larga” de medidas que estamos evaluando, que puede incluir el teletrabajo, aunque podemos aplicar otras medidas como escalonar horarios de trabajo, o que se tomen las vacaciones acumuladas.

Este miércoles las autoridades se reunirán con los transportistas del sector oeste el país, quienes insisten en un aumento del pasaje.

El alza en el precio del combustible empieza a golpear el bolsillo de los panameños, en el transporte y en el costo de los alimentos, por lo que en la Asamblea Nacional algunos diputados proponen que se vuelva al teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado.

En 2020 la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) implementó el teletrabajo como una medida para evitar el contagio producto de la epidemia del Covid-19.

Consistía en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o la entidad pública, a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores.

El diputado José Pérez Barboni hizo un llamado a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, para que se implemente la ley ya existente del teletrabajo, que data del 2020.

Pérez Barboni recordó que en febrero de ese año se estableció la citada ley de teletrabajo, la cual fue reglamentada en septiembre, por lo que sugirió que “no hay excusa para que el sector público y el sector privado tengan las facilidades de hacer el teletrabajo, que responda de manera reactiva y a corto plazo a la crisis energética”.

Esta situación, añadió, demuestra una vez más lo vulnerable que es Panamá ante los diferentes sucesos y acontecimientos globales, sobre todo que impactan el tema del combustible.

“Es momento de que ayudemos al panameño a hacer un ahorro inmediato que evite ese gasto y ese desplazamiento, que le puede tomar hasta horas, y ese gasto de centenares de dólares al mes de combustible al cual en estos momentos no es fácil de acceder”, manifestó el diputado en declaraciones recogidas por TVN.

El viernes 20 de este mes el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

“Debemos volver al teletrabajo, y lo digo claramente por el aumento desmedido del combustible, por el alto costo de la vida y porque la canasta básica está por las nubes”, indicó en su oportunidad el diputado Manuel Cheng.

Agregó que hoy la gasolina y el diésel están golpeando duramente los bolsillos de todos los panameños. “He escuchado relatos de personas que antes llenaban el tanque de su auto con $35 y ahora lo hacen con $50 o más y esta es la realidad que está viviendo nuestro pueblo. El pueblo ya no aguanta más, cada aumento representa un sacrificio adicional para miles de familias”.

Cheng igualmente hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que en aquellas posiciones donde sea posible impulse el teletrabajo en el sector público, al menos dos veces por semana, e incentive al sector privado a hacer lo mismo.

Mientras, transportistas de diversas partes del país analizan con sus bases los altos costos del combustible, por lo que no descartan tomar medidas como un aumento en sus tarifas, a pesar del anuncio de las autoridades de que no se permitirá un incremento del pasaje, situación que impactaría aún más la economía de miles de panameños que para movilizarse diariamente utilizan el transporte público o el selectivo.

Transportistas y autoridades panameñas medirán fuerzas la semana entrante cuando los primeros intenten imponer un alza en la tarifa, argumentando el incremento en los precios de los combustibles, mientras que los segundos se oponen a la medida.

El viernes, el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

Los primeros en protestar por el alto costo del combustible fueron los transportistas del sector oeste del país, quienes ya planifican un aumento de 0.50 centavos en el pasaje hacia la ciudad capital y de 0.20 centavos en las rutas internas, y no se descarta que le sigan sus colegas de otras provincias.

Ante esta posición, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió en un comunicado que se encuentran evaluando diversos mecanismos para contrarrestar el impacto del alza de los combustibles.

Aunque no dio a conocer la fórmula que implementará, la entidad anunció de manera “enérgica” que no se permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje, que afecte la economía de los usuarios.

“Esta medida rige de forma estricta, tanto para el transporte público colectivo como para el transporte selectivo a nivel nacional”, establece la ATTT.

Le recuerda a todos los concesionarios y transportistas que cualquier modificación en los costos del servicio debe regirse estrictamente por los procedimientos y requisitos contemplados en la ley, por lo tanto, cualquier ajuste unilateral carece de validez legal.

Durante un encuentro este sábado entre los directivos de la ATTTy la dirigencia transportista del sector oeste, estos últimos otorgaron un plazo de una semana para mantener el diálogo abierto, tendiente a tener una propuesta formal por parte de las autoridades.

Nicolás Brea, director de la ATTT, manifestó que la prioridad del gobierno es no afectar al usuario con aumentos de la tarifa, “trabajando en soluciones que den un respiro al sector mientras se evalúa el comportamiento del mercado energético”.

Por el momento, no se vislumbra un subsidio al combustible para paliar el alza. Semanas atrás el presidente José Raúl Mulino descartó esa posibilidad, señalando que “Panamá pagará el precio que haya que pagar”.

“No visualizo subsidios por parte del Gobierno, pasará la crisis y se resolverá como establezca el mercado, pero no estoy pensando subsidiar con el desorden que hubo la vez pasada”, expresó Mulino.

En julio de 2022 los panameños salieron en masas a las calles para protestar por el alto costo del combustible, de $6 por galón, lo que obligó a la administración pasada de Laurentino Cortizo a mantener el precio del combustible en $3.25 el galón, en lo que llamó “combustible solidario”.

Este sábado el Sistema de Transporte Masivo de Ciudad de Panamá y San Miguelito informó que pese al reciente incremento en los precios del combustible, no aplicará un aumento en la tarifa del Metrobús, que diariamente traslada a unos 20,000 usuarios.

No obstante, el Metrobús reducirá sus rutas paralelas, limitando los recorridos que coinciden con el Metro de Panamá, y además implementará una optimización de flota, priorizando el uso de buses con mayor eficiencia en consumo de combustible. Actualmente el gasto mensual del diésel para uso del Metrobús rebasa el millón de dólares.

Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus, declaró que “las tarifas de MiBus y las tarifas del Metro siguen sin cambio. Las instrucciones que se han recibido es que, este no es el momento de ajustar esas tarifas por ningún motivo, por tanto seguiremos cobrando exactamente lo mismo”.

Seis contenedores con hidrocarburo fueron asegurados en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, luego de que autoridades localizaron una camioneta aparentemente abandonada sobre la carretera Huehuetoca-Coyotepec.

El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la Guardia Nacional. De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes detectaron una unidad que desprendía un fuerte olor a combustible, por lo que le dieron seguimiento.

Metros adelante, los elementos ubicaron la camioneta detenida y sin ocupantes. Al realizar una inspección, observaron que en la parte trasera, dentro de una caja seca acoplada, se encontraban seis contenedores de plástico con capacidad aproximada de mil litros cada uno.

Depósitos, casi al borde de su capacidad

Los depósitos estaban cerca de su capacidad máxima, con alrededor del 90 por ciento de su volumen ocupado por hidrocarburo. En el lugar también se localizó una manguera, lo que forma parte de los indicios asegurados junto con la unidad.

Tras la revisión, tanto el vehículo como el combustible fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar el origen del hidrocarburo y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

El aseguramiento se realizó en una vialidad que conecta distintos puntos del Estado de México, donde se mantienen recorridos de vigilancia para detectar actividades irregulares relacionadas con el traslado de combustible.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hallazgo. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si la unidad está vinculada con alguna red de transporte ilegal de hidrocarburos o con otros hechos.

La volatilidad en los mercados energéticos globales ha colocado al sector aeronáutico de República Dominicana en una situación de alta tensión. El más reciente anuncio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre el aumento de los precios de los combustibles generó inquietud entre las aerolíneas locales.

El incremento en el costo del Avtur, combustible clave para la aviación, obliga a las compañías aéreas a preparar un ajuste inmediato en los precios de los pasajes, medida que impactará tanto a los viajeros nacionales como al flujo turístico internacional.

A partir de este día 21 al 27 de marzo de 2026, el MICM estableció el precio del Avtur en RD$ 323.49 por galón, lo que representa un aumento de RD$ 21.09 respecto a la semana anterior. Este salto no es un hecho aislado. Según cifras oficiales, en solo quince días este insumo esencial ha subido más de RD$ 88, tensionando la estructura de costos de toda la industria aeronáutica.

Por lo que, las aerolíneas dominicanas, agrupadas en la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), manifestaron su preocupación ante el nuevo escenario. El presidente de la entidad, Omar Chahin, afirmó que el sector ya agotó su capacidad de absorber las variaciones en el precio de los combustibles.

“El combustible representa entre el 25% y el 35% de los costos totales de operación de una aerolínea. Con estos niveles de precios, ese porcentaje crece y pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas”, declaró Chahin en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), de acuerdo a lo recogido por AP.

Aerolíneas dominicanas prevén alzas inmediatas en pasajes por presión de costos y rutas más largas

Las compañías nacionales, como Arajet, Sky High, Air Century y RED Air, analizan un incremento tarifario de entre 10% y 12% en los boletos de avión para compensar el alza de sus costos operativos.

Esta decisión busca evitar un deterioro financiero mayor, aunque genera preocupación entre los usuarios, especialmente en vísperas de la temporada alta de viajes. Estos aumentos podrían aplicarse de manera inmediata, lo que modificaría las previsiones de las principales agencias de turismo y afectaría la llegada de visitantes internacionales.

La situación de las aerolíneas se agrava además por la reconfiguración de rutas internacionales. Diversas compañías han debido modificar sus trayectorias para evitar sobrevolar zonas de conflicto, lo que incrementa tanto el consumo de combustible como los costos de seguros. Esta combinación de factores repercute en los boletos que pagan los pasajeros dominicanos, quienes ya enfrentan un escenario de precios elevados en otros rubros de la economía.

El reto de mantener la sostenibilidad

El desafío para el Gobierno dominicano consiste en equilibrar la protección a los consumidores y la viabilidad de los operadores aéreos. Mientras los subsidios logran suavizar la subida de la gasolina y el gasoil, el Avtur y el Kerosene quedan expuestos a los vaivenes del mercado internacional. El Estado anticipó que revisará periódicamente la estructura de precios y los mecanismos de apoyo, aunque no se prevén cambios inmediatos en la política de subsidios para los combustibles aeronáuticos.

Para los viajeros dominicanos, el aumento en los pasajes llega en un periodo de alta demanda. La introducción de la nueva cédula de identidad para los dominicanos en el exterior y el crecimiento del turismo en 2026 plantean un escenario de mayor movimiento aéreo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que el día de hoy enviará otro buque con ayuda humanitaria para Cuba, durante la mañanera del pueblo de este 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo.

“Nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México, que brinda tanto apoyo en especie como en la solidaridad pueblo mexicano”, declaró la mandataria mexicana.

El traslado de los productos será desde el Puerto de Veracruz liderado por la Secretaría de la Marina.

La jefa de Estado agregó que continuará el apoyo a la isla caribeña, buscando la manera de proporcionarles combustible sin “afectar a México”.

Por otro lado, destacó que existe cooperación de organizaciones civiles que buscan brindar ayuda al país, especialmente de un grupo internacional que saldrá a Cuba desde Puerto Progreso para llevar bienes.

Relación de apoyo entre Cuba y México

Durante la conferencia matutina, la mandataria mexicana recordó que el apoyo entre ambos países ha fortalecido su relación diplomática a lo largo de los años.

“Hay dos discursos del general Cárdenas que son históricos referente a la relación México-Cuba. Uno es una agradecimiento de México a Cuba durante la expropiación petrolera, porque Cuba fue muy solidario con México en esos momentos. La otra fue con la invasión de playa Girón“, destacó Sheinbaum.

Recordó que existe un discurso de Lázaro Cárdenas de 1961, donde se manifiesta que “la solidaridad con Cuba en estos momentos, es la solidaridad con América Latina”.

Asimismo, señaló que la isla caribeña ha vivido por años un bloqueo económico, afectando su desarrollo en varios sectores a nivel mundial.

“Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos, es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse, sin intervención extranjera. En todo caso están los organismos multilaterales o Naciones Unidas frente a cualquier solicitud de apoyo para distintos temas”, indicó la jefa de Estado.

Por ultimo, reiteró que actualmente Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustible por lo que México sigue con la ayuda humanitaria.

La rebaja del IVA aprobada por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética tendrá un “impacto limitado” en el bolsillo de los consumidores. Así lo advierte Facua-Consumidores en Acción, que calcula que la reducción del impuesto del 21% al 10% en los combustibles supondrá una bajada media de apenas 17 céntimos por litro en el gasóleo y 16 el de gasolina muy lejos del encarecimiento acumulado en las últimas semanas.

La organización de consumidores ha mostrado una satisfacción moderada ante el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros, especialmente por la intención de fijar límites a los márgenes de beneficio para frenar la especulación derivada de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, advierte de que el efecto real dependerá de cómo se concreten finalmente estas medidas y de si el Congreso introduce cambios sustanciales.

Facua insiste en que una política basada exclusivamente en rebajas fiscales puede resultar insuficiente e incluso contraproducente. Según la asociación, sin controles efectivos, las empresas podrían seguir inflando sus márgenes de beneficio, tal y como, aseguran, ha ocurrido en el sector de los combustibles desde principios de marzo.

Impuestos sin control de precios

La organización subraya que reducir impuestos sin intervenir en los precios o los márgenes empresariales es precisamente la medida que favorece a los operadores que buscan maximizar beneficios en contextos de alta demanda o incertidumbre. En este sentido, FACUA considera imprescindible acompañar cualquier rebaja fiscal con mecanismos de control.

De hecho, una encuesta reciente elaborada por la asociación revela que casi siete de cada diez consumidores creen que la forma más eficaz de frenar las subidas abusivas es establecer precios máximos. Solo un 12% considera que las rebajas fiscales son la mejor herramienta para contener los costes.

Este diagnóstico pone de relieve una creciente desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que las bajadas de impuestos no siempre se trasladan de forma proporcional al precio final que pagan en las gasolineras.

El impacto real en el gasóleo y la gasolina

Los datos ilustran con claridad esta situación. El pasado 19 de marzo, el precio medio del litro de gasóleo en la Península se situaba en 1,921 euros. De esta cantidad, más de 71 céntimos correspondían a impuestos, lo que representa cerca del 37% del total. Con la aplicación del nuevo IVA reducido, el precio bajaría hasta aproximadamente 1,747 euros por litro, lo que supone una reducción de 17,4 céntimos. Sin embargo, esta rebaja queda muy por debajo del incremento medio de 45 céntimos registrado entre el 2 y el 19 de marzo.

En el caso de la gasolina, la situación es similar. El precio medio se situaba en 1,790 euros por litro, y la bajada del IVA lo reduciría en unos 16 céntimos, hasta los 1,627 euros. No obstante, en ese mismo periodo el carburante ya había subido cerca de 29 céntimos.

Casos extremos y subidas desorbitadas

Facua también denuncia situaciones especialmente llamativas en algunas estaciones de servicio. En casos extremos, se han registrado subidas de hasta 1,01 euros por litro en cuestión de días, lo que evidencia, según la organización, la existencia de prácticas especulativas.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra una gasolinera en la localidad sevillana de Badolatosa, donde el precio del gasóleo pasó de 1,341 euros a más de 2,35 euros en apenas unas semanas. También se han detectado precios superiores a los 2,3 euros por litro en otras zonas del país.

Estos incrementos, muy por encima de la media, refuerzan la tesis de Facua sobre la necesidad de establecer límites que eviten abusos en el mercado energético.

Luz y gas

En el ámbito de la electricidad y el gas, el Gobierno también ha aprobado la rebaja del IVA al 10% y una reducción del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. Aunque la asociación valora positivamente estas medidas, recuerda que lleva años reclamando que estos suministros esenciales cuenten con un IVA reducido de forma permanente.

No obstante, Facua lamenta que el paquete energético no incluya medidas más contundentes, como la fijación de un tope al precio del gas, que influye directamente en el coste de generación eléctrica, ni el establecimiento de precios máximos en el sector.

El precio del combustible vuelve a tensar el bolsillo de los conductores españoles en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. A punto de cumplirse tres semanas desde el ataque preventivo de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio ha impulsado al alza el barril de Brent, desencadenando una serie de subidas en los surtidores de todo el país.

Este encarecimiento, que en algunos momentos ha hecho escalar el precio por litro hasta los dos euros, recuerda a escenarios recientes como el vivido tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando los precios se dispararon en cuestión de días. Así, encontrar la gasolinera más barata deja de ser una simple elección puntual para ahorrar en los gastos cotidianos y pasa a convertirse en casi una necesidad para miles de consumidores que han visto cómo el encarecimiento del combustible ha disparado sus costes diarios.

Herramientas digitales de la OCU

Ante la incertidumbre diaria sobre dónde es más conveniente repostar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto a disposición de los ciudadanos un radar digital para localizar las gasolineras con los precios más bajos y más altos en tiempo real. Esta aplicación, que puede instalarse fácilmente en el teléfono móvil, permite a los usuarios acceder a una calculadora de precios y elegir la opción más económica en su zona.

Para utilizar el radar, basta con descargar un acceso directo desde la página web de la OCU, que se integra como un icono en la pantalla de inicio del móvil. De este modo, el usuario dispone de la información actualizada sin necesidad de buscar manualmente cada estación de servicio. Quienes prefieren no instalar nuevas aplicaciones también pueden acceder a un buscador web en la misma página de la organización. El sistema requiere ingresar una dirección o código postal y permite ajustar la búsqueda según la distancia, la empresa distribuidora, el tipo de carburante o la capacidad del depósito, facilitando así una comparación precisa y personalizada.

Al finalizar la consulta, el usuario puede visualizar un mapa interactivo donde las gasolineras aparecen diferenciadas por colores: verde para las más baratas, naranja para precios intermedios y rojo para las más caras. Al seleccionar una estación, se despliegan detalles como la ubicación exacta, el precio del combustible y la distancia desde el punto de partida, así como la mejor ruta para llegar.

La alternativa del Ministerio

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene el Geoportal de Gasolineras, una plataforma digital que actualiza los precios cada cinco minutos. Esta herramienta se nutre de la obligación de las estaciones de servicio de informar cualquier variación en sus tarifas, permitiendo a los usuarios conocer el precio exacto del combustible en cualquier punto de España.

El Geoportal ofrece filtros avanzados para seleccionar el tipo de carburante (desde gasolina 95 y 98 hasta gasóleo, GLP o hidrógeno) y acotar la búsqueda por provincia, localidad o código postal. La opción de “Venta al público” posibilita ver una lista ordenada de precios, facilitando la localización del punto más económico para repostar en cada caso. La utilidad de este sistema reside en que, con un solo vistazo, los conductores pueden comprobar la evolución reciente de los precios y anticipar posibles subidas o bajadas, optimizando así el gasto de cada repostaje.

Desde el jueves, miles de conductores de "jeepney" iniciaron una huelga nacional para manifestar su rechazo al aumento de los precios del combustible y exigir al Gobierno filipino una respuesta frente a la crisis. El medio EFE detalló que Manila fue escenario de amplias protestas en las que los manifestantes portaban pancartas con lemas como "eliminen los impuestos" o "suban los salarios, bajen los precios", reflejando así el malestar por la decisión gubernamental de no subsidiar el sector y de impedir el incremento de las tarifas del transporte.

Estos minibuses, caracterizados por su inspiración en antiguos jeeps militares y su colorido, constituyen un elemento central en la movilidad urbana filipina. Cada "jeepney" puede trasladar aproximadamente a una veintena de pasajeros y circula a lo largo del archipiélago sirviendo como un recurso asequible y necesario, según consignó Rappler. El costo operacional ha aumentado de manera significativa a raíz del alza internacional del crudo, lo que ha golpeado especialmente a los trabajadores del sector que enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos o mantener la prestación del servicio.

Agrupaciones de trabajadores del transporte, en declaraciones recogidas por Rappler y EFE, han solicitado insistentemente al Ejecutivo la implementación de apoyos económicos que mitiguen el impacto de la crisis, pero la postura gubernamental ha sido inflexible. El gobierno de Filipinas, además de rechazar las demandas de subsidios, prohibió aumentar el precio de los billetes con la intención de contener la inflación y proteger a los usuarios del transporte público. Esta decisión ha generado descontento entre los conductores, quienes afirman que la medida restringe su margen de maniobra para enfrentar los mayores costos operativos.

El gobierno anunció la implementación de ajustes en la administración pública como parte de los esfuerzos para limitar el efecto económico generalizado. Entre las medidas adoptadas figura la reducción a cuatro días de la semana laboral para empleados públicos y la instrucción de disminuir el consumo de energía entre un 10 y un 20 % en diversas oficinas del Estado, informaron Rappler y EFE. Las autoridades señalan que estas acciones buscan aliviar el consumo interno y moderar la presión sobre los precios de los combustibles importados.

La movilización de los conductores ha destacado la crítica situación de quienes dependen del "jeepney" no solo como medio de vida, sino también como servicio esencial para millones de filipinos. El estancamiento en las negociaciones y la falta de subsidios han colocado a este sector en una situación vulnerable, agravando las dificultades cotidianas tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte público. Además, la continuidad de los altos precios del diésel podría impactar aún más en la capacidad de los conductores para operar, repercutiendo en la vida diaria de la población, tal como reportó el portal Rappler.

Tanto EFE como Rappler señalaron que la huelga y las protestas se han convertido en un llamado abierto al Ejecutivo para reconsiderar políticas que afectan directamente al transporte público y a quienes lo sostienen. Las acciones gubernamentales para contener el gasto energético y los precios se desarrollan mientras persisten las tensiones internas y externas que repercuten en la economía y en la estabilidad social del país.

El aumento acelerado de los precios del diésel y las señales de escasez de combustible comenzaron a encender alarmas en el transporte de mercancías en Europa.

Ante este escenario, la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) pidió a la Unión Europea una respuesta coordinada que permita estabilizar el mercado energético y evitar disrupciones en las cadenas logísticas del continente.

La entidad advirtió que el contexto actual, marcado por tensiones en el suministro energético global, ya está generando presión sobre los operadores. En particular, las interrupciones en los flujos de energía marítima que atraviesan el estrecho de Ormuz comienzan a reflejarse en los precios internacionales del combustible y en las condiciones de abastecimiento en distintos países europeos.

Según explicó la organización, la situación exige medidas rápidas para asegurar la disponibilidad de diésel y evitar impactos mayores en el funcionamiento del transporte de mercancías.

Riesgos para el transporte y las cadenas de suministro

El transporte por carretera es uno de los pilares del sistema logístico europeo. Más del 90% de la flota de camiones de la Unión Europea funciona con diésel, lo que convierte al combustible en un insumo crítico para mantener en movimiento la distribución de bienes.

En ese contexto, cualquier interrupción en el suministro puede tener efectos inmediatos en la operación de las redes logísticas. Desde la distribución mayorista hasta el abastecimiento de comercios y hogares, el transporte terrestre cumple un rol central en la circulación de mercancías dentro del mercado europeo.

Las primeras señales provenientes de operadores del sector indican que la disponibilidad de combustible ya comienza a mostrar tensiones en algunos mercados. En determinados Estados miembros se registraron episodios de racionamiento por parte de proveedores, mientras que en otros casos se detectan dificultades para garantizar el abastecimiento habitual.

A esto se suma un factor adicional: ante la percepción de escasez, algunos proveedores podrían priorizar otros usos energéticos, como el gasóleo destinado a calefacción, lo que podría limitar el volumen disponible para el transporte de mercancías.

Propuestas para estabilizar el mercado energético

Frente a este escenario, la IRU planteó tres medidas prioritarias que, a su entender, permitirían amortiguar los efectos de la crisis en el sector del transporte y evitar un impacto mayor sobre la logística europea.

La primera de ellas consiste en coordinar la liberación de reservas estratégicas de petróleo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta medida, aplicada de manera conjunta, permitiría incrementar temporalmente la oferta de combustible y reducir la presión sobre los precios.

En segundo lugar, la organización solicitó habilitar una flexibilidad temporal en los impuestos especiales sobre los combustibles. Esta herramienta podría permitir a los países ajustar la carga fiscal durante el período de mayor volatilidad energética, con el objetivo de aliviar los costos operativos del transporte.

Por último, la IRU pidió que se autoricen ayudas específicas para las empresas del sector que enfrenten situaciones de crisis. Estas medidas deberían enmarcarse dentro de los mecanismos previstos por la normativa europea sobre ayudas estatales y estar orientadas a sostener la continuidad operativa de los transportistas.

La organización también subrayó la necesidad de que estas decisiones se adopten de manera coordinada entre los países de la Unión Europea. En su análisis, las respuestas nacionales desalineadas podrían generar distorsiones en la competencia y afectar el funcionamiento del mercado único.

Costos operativos y presión sobre el sector

El combustible es uno de los principales componentes de la estructura de costos del transporte por carretera. En promedio, el diésel representa cerca de un tercio de los costos operativos, por lo que cualquier variación en su precio impacta directamente en la rentabilidad de las operaciones.

Muchos transportistas trabajan con márgenes reducidos, que en algunos casos rondan el 2%. En ese contexto, un aumento sostenido del combustible puede generar dificultades para absorber los costos y afectar la capacidad operativa de parte del sector.

Desde la IRU señalan que una respuesta coordinada de la Unión Europea resulta clave para evitar distorsiones entre países y asegurar la continuidad de las redes logísticas y la distribución de mercancías en el bloque.

En las últimas semanas, el país vivió una escasez inusual de GLP. Hubo colas, menor oferta y precios en alza. Aunque el ducto ya fue reparado, el mercado no vuelve a la normalidad de un día para otro. El problema no era solo que faltaba producción, sino que toda la cadena se vio afectada.

Para quienes cocinan con balón o manejan todo el día, esto se traduce en algo simple: el gas volvió, pero no en las mismas condiciones de antes.

El gas volvió, pero los almacenes están vacíos

Durante casi dos semanas, la principal fuente de GLP del país dejó de operar. Eso obligó a usar lo poco que había guardado y a traer gas del extranjero. Como resultado, las reservas quedaron en niveles mínimos.

Esto significa que ahora el gas que llega no solo sirve para el consumo diario, sino también para volver a llenar los almacenes. Mientras eso no ocurra, los precios no bajarán con rapidez.

El economista Arturo Vásquez Cordano, socio de GERENS Consultoría y ex viceministro de Energía, advierte que el sistema entró en una etapa de “estrés logístico”. En términos sencillos: hay más demanda que capacidad de respuesta inmediata.

Las plantas siguen trabajando al límite, hay demoras en la distribución y algunas zonas reciben menos producto que otras. Por eso, aunque el gas ya circula, no fluye con normalidad.

Importaciones caras y conflicto internacional

Otro factor clave es el costo del gas que se importó durante la crisis. Ese GLP no llega barato. Tiene costos de transporte más altos y depende de un mercado internacional inestable.

Actualmente, los conflictos en Medio Oriente siguen presionando los precios de los combustibles a nivel mundial. Esto impacta directamente en el Perú, que depende en parte de esas importaciones cuando su producción falla.

En la práctica, esto significa que el precio que hoy paga una ama de casa o un transportista refleja ese escenario: menos oferta local y gas más caro del exterior.

Por eso, la baja de precios no será inmediata. Se espera que la normalización sea gradual y recién se sienta con mayor claridad hacia mediados de abril, cuando lleguen más cargamentos y el sistema se estabilice.

El problema no termina en el GLP: alerta por otros combustibles

La situación podría complicarse más. Desde los grifos advierten que el problema no se limita al gas doméstico.

Carlos Puente, director del consejo directivo de la Asociación de Grifos del Perú, fue claro: “Pero el problema, no va a ser el GLP y el GNV. El problema real es que pasado esta fecha, probablemente sigan faltando los combustibles líquidos, es decir, la gasolina premium, la gasolina regular y el diésel”.

El gremio asegura que ya había advertido este escenario desde febrero, incluso mediante cartas al Ministerio de Energía y Minas. “La Asociación de Grifos, desde febrero, viene mandándole cartas al Ministerio de Energía y Minas expresándole nuestra preocupación por la escasez de combustible, por la asignación de cuotas de los proveedores a los grifos y por el alza constante de precios”, señaló.

Este escenario ya tiene impacto en el bolsillo. Según el dirigente transportista Héctor Vargas, el alza del pasaje está directamente ligada al precio del combustible, especialmente del diésel, que usan la mayoría de buses. “El precio del combustible no les va a bajar”, afirmó.

Para los ciudadanos de a pie, la conclusión es directa: aunque el gas volvió, el sistema aún se está recuperando. Hasta que no se llenen los almacenes, se normalice la distribución y bajen los costos internacionales, los precios seguirán sintiéndose altos en casa y en el transporte.

Debido al encarecimiento de los combustibles, los hábitos al volante y el mantenimiento del vehículo han adquirido un papel central en la economía personal de miles de familias. El incremento constante en las tarifas de diésel y gasolina obliga a los usuarios a buscar estrategias efectivas para sostener la movilidad sin que el presupuesto mensual se resienta.

Desde talleres mecánicos y asociaciones de automovilistas, se multiplican los consejos orientados a mejorar la eficiencia del consumo y evitar gastos innecesarios, ya sea para quienes utilizan el coche a diario o solo en trayectos puntuales.

El alza en el precio del diésel y la gasolina preocupa a muchos conductores que buscan reducir gastos. Juan José Jiménez, mecánico, resume en su TikTok (@jcautomotivetop) el impacto con una recomendación concreta: “Llevar los neumáticos a su presión indicada puede marcar la diferencia en unos cuantos euros en el depósito de combustible de tu coche”, subraya a quienes hoy observan con atención cada gasto.

Presión y peso, claves del ahorro

El experto enfatiza la importancia de la revisión periódica y el ajuste preciso de la presión en los neumáticos como una de las medidas más sencillas y efectivas para evitar el desperdicio de carburante. Mantener la presión adecuada no solo optimiza el rendimiento del vehículo, sino que contribuye a prolongar la vida útil de las ruedas y a garantizar un desplazamiento seguro.

Según Jiménez, la presión suele rondar “dos bares y medio aproximadamente” en vehículos de turismo, y cualquier desviación puede traducirse en mayor resistencia al rodar y, por tanto, mayor consumo. Para quienes se preguntan dónde comienza el ahorro, Jiménez señala otro aspecto clave.

“¿Sois de los que lleváis media casa de lastre en el maletero de vuestro coche?”, plantea, señalando que el exceso de peso obliga al motor a trabajar más y dispara el consumo. “Yo empezaría a aligerar peso del coche porque son unos eurillos que os ahorráis cuando vais a llenar el depósito, con lo caro que está”, detalla el experto.

Además, la acumulación de objetos innecesarios en el maletero suele pasar desapercibida entre los conductores, que a menudo desconocen el impacto directo de cada kilo extra en el gasto total de combustible. Herramientas, cajas, ropa o accesorios olvidados se suman poco a poco, generando un sobrepeso que repercute en el rendimiento del coche. Jiménez recuerda que conducir con lo imprescindible permite no solo ahorrar, sino también mejorar la maniobrabilidad y la respuesta del vehículo en situaciones de emergencia.

No más de lo recomendado

A propósito de la presión de aire en los neumáticos, el mecánico advierte que sobrepasar lo recomendado no es una opción segura: “No os paséis la presión recomendada por el fabricante”, insiste. En vehículos de turismo, especifica que la presión suele rondar “dos bares y medio aproximadamente”.

Elementos aparentemente menores, como dejar en el auto botellas de refrigerante, aceite o artículos de playa fuera de temporada, se convierten en un lastre invisible. “Ya van quince kilos”, calcula sobre estos objetos olvidados, agregando que, sumados, hacen que el conductor “tenga que pulsar más el acelerador para poder propulsar el coche”.

La revisión periódica del estado general del automóvil, el control de la presión de las ruedas y la eliminación de cargas innecesarias se perfilan hoy como acciones imprescindibles para reducir el impacto del precio de los combustibles en la economía doméstica. Los consejos de expertos como Jiménez cobran especial relevancia en un contexto donde cada decisión al volante puede significar un ahorro tangible al final de mes.

El precio promedio del diésel en Estados Unidos superó los USD 5 por galón el martes, una situación que genera presiones inmediatas sobre el costo de vida y el funcionamiento de la cadena de suministros. Esta subida, atribuida a la congestión del Estrecho de Ormuz provocada por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, afecta a los productores agrícolas y a la industria del transporte, y amenaza con trasladar el encarecimiento a los precios de alimentos, bienes y servicios esenciales dependientes de la logística terrestre.

En el último mes, el diésel pasó de un promedio de USD 3.65 por galón a USD 5.04, de acuerdo con la organización automovilística AAA citada por NBC News. Este nivel no se observaba desde diciembre de 2022.

La diferencia registrada frente a hace cuatro semanas refleja cómo las tensiones geopolíticas alteran los precios de insumos clave para la economía real. En el mismo periodo, el precio nacional de la gasolina sin plomo subió a USD 3.79 por galón, en comparación con los USD 2.92 anotados treinta días atrás, incrementando la presión sobre los hogares estadounidenses que enfrentan años de aumentos sostenidos en la inflación.

El impacto inmediato sobre productores y consumidores

El diésel resulta esencial para el funcionamiento de tractores, camiones de carga, equipos de construcción y flotas de logística que trasladan mercancías, alimentos y materias primas a lo largo del país. Paul Dietrich, director de inversiones en Wedbush Securities, explicó a NBC News: “el diésel es lo que mueve la economía real. Transporta los alimentos, paquetes, materiales de construcción y el inventario en los estantes”.

La subida de precios golpea especialmente a los agricultores, quienes suelen ser los primeros en experimentar el impacto en los costos operativos. John Boyd Jr., productor agrícola de cuarta generación en Virginia, relató al medio que llenar el tanque de su tractor requiere 100 galones de diésel, lo que ahora representa un desembolso aproximado de USD 500 cada vez, complicando la rentabilidad y viabilidad de los productores pequeños y medianos.

Además, el conflicto en la región del Golfo ha encarecido fertilizantes esenciales. Cerca de un tercio de los componentes globales de fertilizantes, especialmente la urea, el azufre y el amoníaco, transitan por el Estrecho de Ormuz, que actualmente enfrenta restricciones logísticas debidas a la situación bélica, según consignó NBC News.

Repercusiones económicas transversales y ajustes en servicios

Si bien la mayoría de los estadounidenses no consume diésel ni fertilizantes en la escala de un productor agrícola, el incremento en estos precios repercute en la economía cotidiana a través del aumento de la gasolina y de los servicios relacionados al transporte de bienes.

Según Dietrich, “si la guerra con Irán mantiene elevados los precios del diésel, el efecto es un golpe sobre los precios al consumidor: los comestibles se encarecen, las entregas cuestan más y los presupuestos familiares se resienten”.

Las empresas logísticas UPS y FedEx incrementaron tarifas mediante recargos para envíos que parten o llegan a países de Medio Oriente, mientras que varias aerolíneas comerciales aumentaron tanto las tarifas como los recargos por combustible debido al encarecimiento del diésel y el jet fuel, conforme a datos recabados en NBC News.

Michael Adjemian, docente del departamento de economía agrícola de la Universidad de Georgia, indicó que los primeros sectores en subir de precio serán aquellos que requieren más uso de maquinaria agrícola o transporte pesado, como los alimentos perecederos o refrigerados y los productos cultivados lejos de los centros de consumo.

Pese a que el efecto inicial puede pasar desapercibido para la mayoría de los hogares, Dietrich advirtió en declaraciones al medio que “la inflación del diésel generalmente no es dramática en un primer momento. Es paulatina y difícil de revertir".

Y sumó: “Los consumidores pueden no notarlo en un solo día, pero en pocas semanas se refleja en los recibos del supermercado, los recargos en las entregas y el encarecimiento de los viajes, debilitando el poder de compra”.

Incertidumbre sobre la normalización de rutas y precios internacionales

El conflicto con Irán alteró rutas y tarifas habituales del comercio marítimo internacional. Las navieras de transporte de carga y petróleo enfrentan interrupciones a nivel global y sigue sin estar claro cómo o cuándo el tráfico marítimo no petrolero retomará su curso una vez que cesen las hostilidades y los canales recuperen seguridad.

El gobierno de Donald Trump asegura que el aumento de los precios de la energía será transitorio y que la estabilización llegará apenas terminen las acciones militares. “Puedo decirles que cuando esto termine, los precios del petróleo bajarán muy, muy rápidamente. Lo mismo pasará con la inflación y con todo lo demás”, afirmó el presidente en la Casa Blanca el lunes.

Añadió que su prioridad está en privar a Irán de capacidad nuclear, anteponiendo este objetivo a la volatilidad del mercado petrolero.

Boyd, agricultor en Virginia, expresó su escepticismo respecto a la transitoriedad del impacto: “Sigo las noticias y el presidente dice que esto será temporal. Pero para mí, no es temporal”, declaró ante NBC News.

Mientras subsiste la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la reorganización de las cadenas logísticas internacionales, los efectos del alza del diésel ya se perciben en los costos de bienes y servicios, lo cual afecta la capacidad de gasto y la estabilidad financiera de los hogares estadounidenses.

El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 3,72 por galón este lunes 14 de marzo, una subida de 74 centavos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, según datos de la asociación automovilística estadounidense AAA citados por la cadena informativa estadounidense CBS News.

Cómo reducir el consumo de combustible en los vehículos

Frente a este escenario, especialistas propusieron tres acciones concretas para reducir el consumo de combustible en los vehículos.

Lograr una mejora en el rendimiento requiere, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, mantener la presión adecuada en los neumáticos, lo que puede incrementar la eficiencia hasta en un 3%. Algunos cálculos elevan este incremento a un 10%.

David Bennett, gerente sénior de automóviles en la asociación automovilística estadounidense AAA, explicó a la cadena informativa estadounidense CBS News que unos neumáticos bien inflados disminuyen la resistencia al rodar: “Así, el vehículo circula más suavemente y la aceleración es óptima”.

Entre las recomendaciones, reducir la velocidad en autopistas es una de las principales medidas sugeridas. Sean Tucker, editor en jefe para vehículos compactos y de tamaño completo de la publicación de valoración automotriz Kelley Blue Book, señaló a CBS News que circular a 104,6 km/h (65 mph) permite aprovechar la mayor eficiencia de los motores modernos, la cual decae significativamente a velocidades superiores.

La AAA agregó que bajar entre 8 y 16 km/h (5–10 mph) en carretera puede aumentar el kilometraje hasta en un 14%, mientras que el pico de eficiencia en muchos modelos se registra a 80,5 km/h (50 mph).

También influye la regularidad en la conducción. Los expertos consultados por CBS News insistieron en evitar aceleraciones y frenadas bruscas, que pueden disminuir el rendimiento entre un 15% y un 30% a velocidades de autopista, y hasta un 40% en tráfico denso, según el Departamento de Energía.

Mackenzie Raetz, editora sénior del sitio especializado en finanzas personales Penny Hoarder, recomendó “soltar el acelerador y acercarse a los semáforos”.

Otra estrategia recomendada es limitar el uso del aire acondicionado, especialmente a bajas velocidades. El sistema de climatización puede aumentar el consumo de combustible entre un 5% y un 20%, dependiendo del modelo del vehículo y la temperatura exterior.

Para trayectos en ciudad, ventilar el automóvil antes de encender el aire acondicionado ayuda a reducir la carga térmica y el gasto energético.

El mantenimiento del motor y los componentes clave también marca diferencias. Cambiar el filtro de aire cuando está obstruido y asegurarse de que las bujías y los inyectores funcionen correctamente contribuye a que la mezcla de aire y combustible sea óptima. Según el DOE, un motor desregulado puede consumir hasta un 4% más de gasolina.

La Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó de manera unánime la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una medida adoptada en respuesta a la crisis generada por las acciones militares en Irán que ya repercute en la estabilidad del mercado internacional de combustibles. Esta decisión busca compensar la interrupción del suministro a través del Estrecho de Hormuz durante aproximadamente tres semanas y se ha implementado en solo seis ocasiones previas, la última durante la invasión a Ucrania, según datos presentados por las autoridades de Guatemala en una reciente comparecencia ante la prensa.

El viceministro Edwin Barrios detalló que el impacto del conflicto en la región de Irán ha provocado un incremento internacional del 47,28% en el precio de los combustibles, medido hasta el 13 de marzo. Durante la crisis de Ucrania, el precio del barril de crudo alcanzó los USD 122, valor que superaba ampliamente los registros más recientes, donde el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó cerca de los USD 104 y el Brent mostraba un comportamiento similar, según información divulgada en la misma presentación oficial.

El conflicto en Irán y sus repercusiones en el precio de los combustibles

Las autoridades guatemaltecas señalaron que el alza internacional ha tenido consecuencias diferenciadas según el tipo de combustible. A nivel global, la gasolina superior subió un 40,83%, la regular un 41,15% y el diésel un 58,26%, siendo este último el más afectado por daños en refinerías clave, de acuerdo con los registros oficiales citados por Barrios el 13 de marzo. En Estados Unidos, la gasolina superior aumentó 16,81%, la regular 20,53% y el diésel 30,87% en el mismo periodo.

Para responder directamente a las inquietudes sobre el impacto del conflicto, las autoridades confirmaron que Guatemala importa el cien por ciento de los combustibles que consume y que, a pesar de ello, los aumentos de precios en el país han sido menores que en la mayoría de naciones centroamericanas y en Estados Unidos. El diésel —esencial para el transporte pesado y el sector productivo— se encareció en mayor medida y llegó a superar el precio de la gasolina superior, situación reflejada en la última semana de febrero.

Guatemala frente al alza internacional de precios

En comparación regional, la gasolina regular en Guatemala tenía una moda de precio de 33,97 quetzales al 12 de marzo, frente a 37 en Nicaragua, 36 en Costa Rica, 25 en Panamá y 35 en República Dominicana. En el caso del diésel, el precio en Guatemala fue de 35 quetzales el mismo día, mientras en Costa Rica ascendía a 31, Nicaragua marcaba 34 (aunque sus datos son del 7 de marzo), Panamá 26 (9 de marzo) y República Dominicana 29 (6 de marzo). Las autoridades advirtieron que la comparación absoluta entre países requiere ajustar por la fecha de registro, ya que el impacto de la crisis se filtra con desfasajes temporales.

Guatemala se distingue como el único país de la región con completa libertad de mercado en combustibles, según el viceministro Barrios, sin intervención estatal directa en la fijación de precios. A pesar de la volatilidad internacional, los porcentajes de incrementos han sido inferiores a los de otros países centroamericanos con políticas de control o regulación estatal.

Acciones de monitoreo y control ante posibles abusos de precios

El gobierno guatemalteco activó el Plan Centinela, que incluyó 258 monitoreos en distintos departamentos como Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán y Retalhuleu, con nuevos operativos previstos en próximas semanas. Estas inspecciones buscan verificar la razonabilidad de los aumentos y detectar posibles abusos.

El ministro de Energía explicó que el monitoreo abarca toda la cadena de suministro, desde la importación y transporte marítimo hasta la llegada al mercado nacional. Los precios de referencia se calculan y publican semanalmente. Cuando una estación informa variaciones fuera de los márgenes esperados, se inicia un expediente y se traslada la denuncia al Ministerio Público, que determina si corresponde sanción tras su propia investigación.

Hasta el momento, se han abierto entre 40 y 42 expedientes relacionados con incrementos de precios que no se corresponden con los movimientos del mercado, en cumplimiento del deber de denunciar conductas injustificadas ante las autoridades, detallaron en la última conferencia.

Guatemala recibe cargamentos de combustible aproximadamente cada doce días y publica precios de referencia cada siete días, con una capacidad de abastecimiento equivalente a veinte días de consumo. Según el viceministro Barrios, en más de cuarenta años el país no ha experimentado desabastecimiento.

Las autoridades recomendaron a la población prudencia en el uso del combustible ante el actual contexto de volatilidad global. Entre las sugerencias destacan compartir vehículos, optar por transporte público y evitar viajes innecesarios, dado que el país —al depender completamente de la importación— se encuentra expuesto a la coyuntura internacional.

El precio de los combustibles en la Argentina experimenta una aceleración marcada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, con un aumento acumulado que roza el 9% en lo que va de marzo, según datos de EcoGo. El impacto de los incrementos en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación del mes. Los relevamientos de precios realizados en estaciones de servicio de Ciudad de Buenos Aires muestran subas significativas en las tres principales cadenas del mercado, mientras los analistas advierten que el contexto internacional y los ajustes impositivos suman nuevos riesgos para la estabilidad de los precios.

El relevamiento de EcoGo constituye la principal referencia para medir la evolución promedio de los combustibles en el país, desde que las petroleras dejaron de informar sus subas. Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares. El ajuste se produce tras varios meses de incrementos moderados y con un traslado casi pleno a los precios de venta al público.

El salto de los combustibles no solo aparece en los indicadores estadísticos sino también en los valores concretos de los surtidores. El lunes de la semana pasada, un relevamiento propio sobre precios en estaciones de AXION, Shell y YPF en la Ciudad de Buenos Aires registró los siguientes valores: en AXION, la nafta Súper cotizó a $1.729, Quantium a $2.009, Diesel X10 a $1.809 y Quantium Diesel X10 a $2.039; en Shell, la Súper se vendió a $1.786, V-Power Nafta a $1.999, V-Power Diesel a $1.998 y GNC a $630; en YPF, la Súper marcó $1.738, Infinia $1.899 e Infinia Diesel $1.955.

Las subas en una semana:

AXION

• Súper: $1.809 | +$80 | +4,6%
• Quantium: $2.049 | +$40 | +2,0%
• Diesel X10: $1.899 | +$90 | +5,0%
• Quantium Diesel X10: $2.109 | +$70 | +3,4%

Shell

• Súper: $1.890 | +$104 | +5,8%
• V-Power Nafta: $2.069 | +$70 | +3,5%
• V-Power Diesel: $2.129 | +$131 | +6,6%
• GNC: $630 | $0 | 0%

YPF

• Súper: $1.883 | +$145 | +8,3%
• Infinia: $1.975 | +$76 | +4,0%
• Infinia Diesel: $2.033 | +$78 | +4,0%

Una semana más tarde, el relevamiento en las mismas bocas de expendio arrojó nuevas subas en todos los productos. AXION mostró la Súper a $1.809, Quantium a $2.049, Diesel X10 a $1.899 y Quantium Diesel X10 a $2.109. En Shell, la Súper se ubicó en $1.890, V-Power Nafta en $2.069, V-Power Diesel en $2.129 y el GNC permaneció en $630. YPF exhibió la Súper a $1.883, Infinia a $1.975 e Infinia Diesel a $2.033. Las subas en la semana oscilaron entre 2% y 8,3% según producto y empresa, con un promedio general del 4,8% para el conjunto de combustibles líquidos.

En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%. En AXION, el ajuste se ubicó en torno al 4,6% en la nafta Súper y al 5% en el Diesel X10. Las variaciones reflejan la dispersión de precios según la cadena y el tipo de producto, así como la incidencia de los cambios impositivos y las políticas de precios de cada compañía.

El impacto de la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. De acuerdo con el análisis de GMA Capital, el índice de precios al consumidor podría ubicarse en torno al 2,8% en marzo, en línea con los registros de los últimos dos meses. El informe de la consultora identifica la incidencia de los combustibles como un factor clave en la dinámica inflacionaria, junto con los ajustes en transporte, tarifas y la estacionalidad propia del mes.

Según los modelos de GMA Capital, un aumento del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. El traslado de los mayores costos al consumidor depende de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional, que impulsó el Brent a niveles cercanos a USD 100 por barril. El contexto global agrega incertidumbre y potencia el efecto de segunda ronda sobre alimentos y otros bienes de la economía, afectados por el mayor costo de insumos y fletes marítimos.

El informe de GMA Capital agrega que la posibilidad de retomar un sendero descendente en la inflación dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de la profundidad que adopte. Si la crisis se extiende, las presiones podrían trasladarse a rubros sensibles como alimentos y bienes industriales, alimentando nuevas rondas de incrementos. El monitoreo del precio internacional del petróleo y la capacidad de las empresas de trasladar esas subas serán determinantes para el escenario de precios en los próximos meses.

Los datos de EcoGo muestran que el precio promedio de los combustibles se mantuvo estable durante enero y febrero, con leves ajustes entre 2% y 4% en ese período. La aceleración comenzó a principios de marzo, cuando el índice pasó de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo. El alza del 8,67% en menos de tres semanas rompió la tendencia previa y reactualizó la preocupación por el impacto en la inflación de marzo.

El relevamiento fotográfico de precios en Ciudad de Buenos Aires confirma las subas reportadas por las consultoras y agencias nacionales. Las tres cadenas líderes, AXION, Shell y YPF, exhiben valores similares a los promedios nacionales, aunque con diferencias según zona y producto. El GNC se mantuvo sin cambios en Shell, mientras los líquidos subieron en todos los casos.

El análisis de GMA Capital también incluye una tabla sobre el impacto potencial de la suba del Brent en la inflación local. Según ese cálculo, una variación del 9,5% en el precio del Brent (de USD 73 a USD 80) suma 0,1 puntos de inflación, mientras un salto del 36,8% (a USD 100) puede agregar hasta 0,5 puntos. El modelo supone un traslado pleno al consumidor y considera la participación del crudo en el precio final de la nafta, así como el efecto del IVA y el impuesto a los combustibles líquidos.

La evolución reciente de los precios de los combustibles plantea desafíos para la política de ingresos y la estabilidad macroeconómica. El traslado de los precios internacionales y los ajustes impositivos impacta de lleno en el costo de vida y en la competitividad de otros bienes y servicios. Los analistas y consultoras seguirán monitoreando la volatilidad del Brent y las decisiones de las petroleras en el mercado local.

La escasez de GLP ha impactado directamente en el precio del combustible, situación que ha obligado a la mayoría de choferes a ajustar sus tarifas. Según relatan conductores consultados en estaciones de servicio de la capital, el incremento del costo del combustible se trasladó de forma inmediata a los pasajes.

Uno de los transportistas explicó que cada operador ha tomado decisiones distintas frente al alza de costos. “Han puesto los comunicados, pero cada uno con su criterio”, comentó a 24 Horas. Muchos pasajeros se mostraron sorprendidos y molestos por este incremento.

De acuerdo con su testimonio, el pasaje en algunas rutas registró un aumento respecto a los precios habituales. “Normalmente cobraban S/. 2, S/. 2,50, ahora está como S/. 3, S/. 3,50”, señaló un chofer",indicó. La crisis de GVN y el encarecimiento del combustible terminaron impactando directamente en el bolsillo de los usuarios.

Los conductores sostienen que estos ajustes se mantendrán hasta que el abastecimiento vuelva a estabilizarse por completo. Mientras tanto, la expectativa del sector es que el mercado de combustibles se normalice en los próximos días.

Reportan largas colas y mayor gasto

Además del incremento de precios, los conductores enfrentan otro problema: el tiempo perdido en largas filas para conseguir combustible. La falta de GLP en algunos grifos obliga a muchos transportistas a recorrer varias estaciones de servicio antes de lograr abastecerse.

Uno de los conductores explicó que el gasto diario para operar su vehículo se ha reducido en rendimiento debido al alza del combustible.

Para no gastar más, solamente gasto hasta la mitad y ya lo tanqueo, para no gastarme S/. 50, S/. 40. Normalmente con S/. 20 es todo el día para mí. Y ahora con S/. 25 es la mitad nomás”.

La situación también afecta a quienes alquilan vehículos para trabajar, como ocurre en el caso de algunos mototaxistas. Para ellos, el impacto económico se agrava debido al tiempo que deben dedicar a esperar combustible.

“Al menos a la gente que alquila moto, imagínese, pagar el alquiler, hacer cola tres, cuatro horas, hasta cinco horas, amanecerse para recargar su gas”, comentó otro conductor.

A esta problemática se suma el hecho de que otros combustibles, como el diésel o el petróleo, tampoco han reducido sus precios. “Caro está, muy caro está. No ha bajado nada”, sostuvo otro transportista consultado.

Restablecimiento progresivo del servicio de GNV en Lima

El restablecimiento del servicio de GNV en Lima inició el viernes 13 de marzo, tras la culminación de las reparaciones en el ducto de gas natural de Camisea. Según informó la Transportadora de Gas del Perú (TGP), el proceso técnico requirió aproximadamente 18 horas para recuperar la presión a lo largo de los 730 kilómetros del ducto y restablecer la operación progresivamente. El sábado 14 de marzo, a las 6:00 horas, el suministro de GNV quedó completamente restablecido en todas las estaciones de servicio de Lima y Callao, según comunicó la empresa.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, confirmó en conferencia de prensa que el ducto reparado permite la normalización paulatina del servicio, priorizando las necesidades establecidas por las autoridades energéticas. Por su parte, Cálidda informó que el suministro de GNV para vehículos livianos, incluidos taxis, cousters y mototaxis, ya se encuentra disponible sin restricciones.

Crisis del GNV y efectos en el sector transporte

La crisis del GNV en Lima tuvo su origen el 1 de marzo de 2026, cuando una fuga y rotura en el ducto de líquidos de gas natural en el yacimiento de Camisea paralizó el transporte del combustible. El gobierno declaró una emergencia de 14 días y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ordenó restringir la venta de GNV, priorizando el transporte público masivo y dejando desabastecidos a taxistas y vehículos particulares. Durante los días críticos, se reportaron colas de hasta 12 horas en los grifos y, en muchos casos, la única opción era recurrir a combustibles más costosos como gasolina o diésel.

El aumento de la demanda de estos combustibles alternativos elevó los precios de la gasolina, el diésel y el GLP, lo que generó presión sobre la inflación y el costo de vida. El 7 de marzo, Osinergmin comunicó la liberación de la tubería afectada y el inicio de los trabajos de reparación. Este incidente puso en evidencia la fragilidad del sistema energético a nivel nacional y la necesidad de impulsar más proyectos para mejorar el abastecimiento del sector.

Según Hatta Energy, los cambios introducidos este año por Exolum en los contratos de almacenamiento de hidrocarburos han dejado sin opciones de negociación a los operadores independientes. Esta situación, afirma la firma distribuidora, se produce en un contexto marcado por la crisis de suministros y el aumento de precios derivado de la guerra de Irán. En este escenario, la noticia principal gira en torno a la denuncia de Hatta Energy contra Exolum por bloquear la descarga de cinco buques con un volumen total de 200 millones de litros de gasóleo, lo que, según la empresa, podría afectar de manera significativa al abastecimiento y los precios en el mercado español.

Tal como publicó el medio original, Hatta Energy –principal proveedor de estaciones de servicio no abanderadas en España– sostiene que Exolum ha impedido la entrada de una cantidad relevante de combustible al país manteniendo a la espera la descarga de los cinco buques mencionados. Estas restricciones se atribuyen a la emisión de los denominados 'holding certificate', que, según la posición de Hatta, han condicionado el acceso a la importación de gasóleo para los operadores que no cuentan con acuerdos previos o capacidad de influir en los términos contractuales.

De acuerdo con lo reportado, Hatta Energy advierte sobre el impacto estructural de estas acciones dado que las estaciones de servicio independientes representan aproximadamente el 40% del total del sector en España. La empresa recalca su papel como proveedor clave para este segmento y alerta que las restricciones actuales pueden provocar un desabastecimiento, o al menos generar tensiones en la disponibilidad y el coste de los carburantes que afectarán a consumidores y pequeños operadores.

En respuesta a estas acusaciones, Exolum rechaza haber bloqueado el acceso de los nuevos suministros al sistema logístico español. Según aseguró la compañía, la red de almacenamiento y distribución de hidrocarburos opera con normalidad y el mercado nacional mantiene existencias suficientes para satisfacer la demanda habitual. El medio indicó que Exolum especificó que las entregas a los operadores continúan sin interrupciones y que los procedimientos implantados cumplen con lo estipulado en la normativa vigente.

Exolum explicó que el 'holding certificate' es un documento de uso restringido a ciertos clientes. Su función consiste en reconocer el derecho de terceros a ordenar la liberación de producto almacenado, pero, según manifestó la empresa, su existencia no condiciona ni limita la capacidad de realizar descargas ni la importación de combustibles. La compañía aseguró que la emisión de estos certificados siempre se ajusta tanto a la regulación sectorial como a la ley nacional y que, en ocasiones, ha rechazado incluir cláusulas o menciones solicitadas por clientes por no ser compatibles con el marco regulatorio.

El medio también señaló que Exolum reivindicó su compromiso con la neutralidad operativa y el correcto funcionamiento del sistema. La empresa expuso que su objetivo es garantizar el abastecimiento sostenido de combustibles en el país, manteniendo una relación fluida y coordinada con la totalidad de sus clientes, incluidas las compañías independientes.

En su posicionamiento, Hatta Energy remarca que la modificación unilateral de las condiciones por parte de Exolum ha dejado a varios actores sin la posibilidad real de negociar o impugnar las nuevas reglas, lo que, según la distribuidora, los coloca en una posición de desventaja frente a operadores de mayor tamaño. Este cambio, detalló el medio, llega en una coyuntura que ya venía caracterizada por dificultades logísticas y aumentos en los costos para los consumidores, acentuados por la situación internacional.

La disputa no solo plantea interrogantes sobre la competencia y la transparencia en el sector del suministro de hidrocarburos, sino también sobre las consecuencias directas en el acceso al combustible por parte de aquellas estaciones de servicio no vinculadas a grandes marcas, que dependen mayoritariamente de proveedores como Hatta Energy. Según publicó el medio, la empresa considera este asunto un riesgo para la estabilidad del suministro, dada la relevancia de estas estaciones para el abastecimiento nacional.

Por su parte, Exolum niega cualquier interrupción y subraya que se mantiene dentro de los márgenes legales y regulatorios en todas sus operaciones. El medio consignó que la empresa considera que el sistema no se encuentra restringido y que no existen indicios de riesgo de desabastecimiento.

La controversia se desarrolla en un contexto de volatilidad en el sector energético, con el trasfondo de la guerra en Irán presionando los precios internacionales y complicando las cadenas logísticas. Según la información brindada, los actores implicados mantienen posturas opuestas respecto a la causa y las posibles consecuencias de las nuevas reglas, mientras el sector de las estaciones independientes observa con atención los efectos en el suministro de gasóleo.

El Ministerio de Interior de Bahréin alertó a la población de las localidades de Hid, Arad, Galali y Samahij, ubicadas en la isla de Muharraq, sobre la necesidad de permanecer en sus viviendas y mantener cerradas las ventanas debido a un incendio vinculado a ataques aéreos que impactaron sobre tanques de combustible en la gobernación de Al Muharraq. Según informó el medio Europa Press, las autoridades locales establecieron estas medidas de precaución para evitar los posibles efectos del humo provocado tras los bombardeos, mientras los servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego.

De acuerdo con Europa Press, estos ataques aéreos forman parte de una escalada en la región tras las operaciones militares lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní que ha generado repercusiones en varios países de Oriente Próximo. El gobierno de Bahréin denunció que los bombardeos, atribuidos a fuerzas iraníes, afectaron infraestructuras sensibles en el noreste del país. La misma fuente señaló que el incidente ha elevado la tensión entre los Estados del Golfo y Teherán, afectando la seguridad y el funcionamiento normal de instalaciones civiles.

El impacto de los sucesos llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), según publicó Europa Press. El texto, adoptado con trece votos favorables y las abstenciones de China y Rusia, condena los recientes ataques de Irán sobre siete países de la región, entre ellos Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La resolución exige el cese inmediato de estas ofensivas y considera que las acciones de Teherán constituyen una violación del Derecho Internacional, así como una amenaza grave para la estabilidad mundial.

El embajador bahreiní ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei, intervino en nombre del GCC durante la sesión en la que se trató la resolución. El diplomático lamentó que “la región haya sido testigo en los últimos días de una serie de ataques injustos que han apuntado a instalaciones e infraestructuras civiles, y áreas residenciales en varios estados regionales”, hechos que, según sus palabras recogidas por Europa Press, han provocado víctimas mortales y heridos entre la población civil.

Informó Europa Press que, hasta el momento, las autoridades mantienen en alerta a la ciudadanía de las zonas cercanas a las instalaciones afectadas, mientras continúan las labores de respuesta ante el fuego y se evalúan los daños materiales provocados por los bombardeos. Los habitantes han recibido recomendaciones de cerrar los conductos de ventilación de sus domicilios, con el fin de minimizar la exposición al humo y a las posibles sustancias tóxicas liberadas tras el impacto.

El medio Europa Press consignó que estos eventos se encuadran en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Próximo, con el aumento de enfrentamientos entre Irán y países aliados de Estados Unidos, así como con la participación de Israel en operaciones recientes. Los bombardeos denunciados por Bahréin representan un capítulo más dentro de la serie de incidentes militares reportados en múltiples estados del Golfo durante los últimos días, lo que ha motivado la respuesta multilateral en el seno de Naciones Unidas y el reclamo conjunto del GCC para contener la violencia regional.

El reporte de Europa Press indicó que, aunque los ataques directos afectaron específicamente instalaciones de almacenamiento de combustible en Bahréin, la situación ha puesto bajo amenaza infraestructuras y áreas residenciales en otras naciones del Golfo. Las acciones recientes han generado preocupación internacional y han llevado a la intervención del principal organismo de seguridad global en busca de medidas que contribuyan al restablecimiento de la paz y la protección de la sociedad civil en la región.

Agregó Europa Press que, mientras continúan las gestiones diplomáticas y las acciones sobre el terreno para controlar la situación de emergencia, las autoridades insisten en la necesidad de protección a la ciudadanía y en la investigación de los daños causados por los ataques. La evolución del conflicto y las respuestas institucionales se mantienen como foco de seguimiento internacional, a la espera de nuevas decisiones en el marco diplomático y de seguridad.

Nueva York, 11 mar (EFE).- El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento. EFE

El reinicio del suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) en el país ha permitido que los conductores vuelvan a abastecerse en los grifos de la capital. Tras la reparación del ducto de gas de Camisea, el abastecimiento se normalizó y las estaciones de servicio retomaron la venta del combustible para vehículos menores.

De acuerdo con información difundida por el organismo supervisor, el aplicativo Facilito, desarrollado por Osinergmin, permite consultar en tiempo real los precios del GNV y de otros combustibles en los grifos que cuentan con stock disponible en distintas zonas de Lima.

Restablecimiento del suministro

El restablecimiento del servicio se produjo luego de que Transportadora de Gas del Perú concluyera los trabajos de reparación en el ducto que transporta gas desde Camisea. Con ello se retomó el abastecimiento en diversas estaciones de servicio que habían restringido la venta de GNV durante el periodo de emergencia.

La normalización del suministro permitió que los grifos de Callao y Ica, además de la capital, vuelvan a ofrecer el combustible a los conductores de vehículos menores. No obstante, algunos usuarios reportaron precios elevados en determinadas estaciones pese a la reanudación del abastecimiento.

¿Dónde venden el GNV más barato de Lima?

De acuerdo con el registro del sistema del aplicativo Facilito de Osinergmin, los precios del Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima presentan variaciones entre distintos distritos y estaciones de servicio. Entre los valores reportados destacan los siguientes:

• Precio más bajo de GNV
• • Distrito: Lurigancho
  • Estación de servicio: ZETA GAS ANDINO S.A.
  • Dirección: Av. Las Torres Mz. F, Sub Lote 6A, esquina con Av. Huachipa, lotización La Capitana – Santa María de Huachipa
  • Precio reportado: S/ 1.51 por metro cúbico
• Precio más alto de GNV
• • Distrito: La Victoria
  • Estación de servicio: Estación de Servicios Paso de los Andes S.A.C.
  • Dirección: Av. Manco Cápac N.° 301
  • Precio reportado: S/ 2.19 por metro cúbico

Osinergmin precisa que estos valores corresponden a los precios reportados por los propios grifos en el aplicativo, los cuales pueden ser verificados por los usuarios al momento de acudir a las estaciones de servicio.

Facilito: precio y ubicación

El aplicativo desarrollado por Osinergmin permite a los usuarios acceder a un mapa interactivo que muestra la ubicación de los grifos cercanos y los precios del combustible en cada establecimiento. Para utilizarlo, el conductor debe activar el GPS de su teléfono móvil.

El sistema también facilita la comparación de precios mediante un código de colores: los grifos con tarifas más económicas aparecen resaltados en verde, los intermedios en color naranja y los más altos en rojo. Además, el usuario puede trazar la ruta hacia el establecimiento elegido.

Supervisión y denuncia de irregularidades

El organismo supervisor recordó que los grifos tienen la obligación de reportar sus precios actualizados y señalar si cuentan con combustible disponible. Esta información es utilizada para alimentar la base de datos del aplicativo y brindar orientación a los consumidores.

En caso de que un establecimiento cobre un precio distinto al registrado en la plataforma, los usuarios pueden reportarlo directamente a Osinergmin a través del propio aplicativo o mediante la línea gratuita 1840. El regulador indicó que, de detectarse incumplimientos en el reporte de información, se podrían iniciar procesos de fiscalización y sanción correspondientes.

Las recientes subidas en el precio del combustible tras la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán están definiendo el escenario para quienes desean viajar durante la primavera: las tarifas aéreas aumentaron de manera significativa, lo que obligó a viajeros y aerolíneas a adaptarse a un nuevo entorno de costos elevados y demanda fluctuante.

De acuerdo a Deutsche Bank, Spirit Airlines registró el mayor aumento intersemanal entre nueve aerolíneas estadounidenses, con el precio más bajo para vuelos nacionales de ida. Subió a USD 193, más del doble respecto a la semana anterior.

Por su parte, otras grandes compañías como United Airlines y Delta Air Lines elevaron sus precios entre 15% y 57% para vuelos nacionales comprados con antelación, según el reporte de reservas del 6 de marzo de Deutsche Bank.

La prueba recopilada indica incrementos extraordinarios en rutas claves como las transatlánticas, caribeñas y transcontinentales, donde los precios de vuelos reservados con más de tres semanas de anticipación han más que duplicado su valor en solo una semana.

La inestabilidad internacional disparó los costos de carburante, uno de los principales factores en la determinación de tarifas, según directivos y expertos mencionados en el estudio.

Los aumentos no afectan por igual a todas las aerolíneas

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, explicó al banco: “Cuando sube tan rápido, las tarifas aéreas suben. Por cierto, también bajan cuando baja el combustible. Eso es lo que siempre pasa”.

Kirby puntualizó que, si bien el petróleo es el detonante más inmediato, “la demanda de rutas y la salud de la economía también inciden sobre los precios finales”.

Según Henry Harteveldt, fundador de la firma de investigación de mercado Atmosphere Research Group, las aerolíneas con flotas más modernas —como United y Delta— podrían gestionar mejor el alza de los costos que aquellas con aviones menos eficientes. Esta diferencia tecnológica afecta el margen de maniobra para ajustar tarifas sin perder competitividad ni desincentivar la demanda.

Ante la situación, los analistas del banco de inversión estadounidense TD Cowen revisaron a la baja sus expectativas de ganancias para varias de las principales compañías aéreas.

Precisaron que las acciones de las mayores aerolíneas estadounidenses han caído entre 10% y 20% desde el inicio de la ofensiva en Irán hasta el cierre del miércoles, un dato que refleja la sensibilidad del sector a los shocks geopolíticos.

Modificaciones en la demanda y comportamiento de los viajeros

El futuro de la demanda aérea en Estados Unidos es incierto. Harteveldt advirtió: “las aerolíneas saben que si aumentan demasiado las tarifas, pierden más ventas de las que ganan”, marcando el equilibrio entre sostener ingresos y mantener atractiva la oferta ante los consumidores.

Sam Alexander, inversor de riesgo y viajero frecuente, contó a Deutsche Bank que decidió reservar todos sus viajes previstos para 2024 apenas se dispararon los precios del petróleo, previendo subidas adicionales. Dos días después de adquirir un vuelo a Hawái previsto para abril, los precios aumentaron en USD 400.

Alexander dijo: “Estoy agradecido de haber conseguido mis entradas a un buen precio solo unos días después de que comenzara la guerra”.

Spirit Airlines comunicó que mantiene una sólida demanda y prevé vuelos completos durante la temporada vacacional de primavera. El optimismo también se verifica en United, que el martes reportó el mayor ingreso por reservas en un solo día, según datos de la compañía.

Respecto al cambio de sensibilidad entre los viajeros, Kirby señaló como han evolucionado las reacciones ante crisis externas: “Antes, eventos como el de Irán impactaban la demanda. El mundo ha cambiado. La gente no reacciona tanto”.

De acuerdo con los analistas citados por el banco, algunos pasajeros reconsideran sus vacaciones internacionales u optan por desplazamientos domésticos, mientras que otro segmento conserva sus planes pese a los aumentos. La evolución de la demanda tras el episodio bélico sigue siendo materia de debate para la industria.

Por el estrecho de Ormuz transitan cada día cerca de 21 millones de barriles de petróleo, alrededor de una quinta parte del consumo mundial, además de aproximadamente el 20% del comercio global de gas natural licuado. Es una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Si ese flujo continúa con fuerte interrupción durante varios meses dada la escalada militar en Medio Oriente, el problema deja de ser una noticia geopolítica para convertirse en un shock directo sobre la capacidad productiva de la economía mundial.

En los mercados financieros los conflictos suelen aparecer primero como episodios de volatilidad: suben los precios del petróleo, aumentan las primas de riesgo y los inversionistas buscan refugio en activos considerados seguros. Pero cuando una guerra afecta los principales corredores logísticos del comercio energético, el impacto trasciende los mercados y se traslada rápidamente a la economía real.

En un escenario de interrupción prolongada, distintos analistas energéticos estiman que el precio del petróleo podría ubicarse, persistentemente, por encima de los 110 o incluso 120 dólares por barril, dependiendo de la magnitud de la disrupción del suministro desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Un aumento de esa magnitud implica mayores costos de transporte marítimo, terrestre y aéreo, encarece la producción industrial y presiona al alza los precios de prácticamente todos los bienes que dependen intensivamente de energía. La energía no es solo un bien más dentro de la economía: es un insumo transversal que atraviesa prácticamente todos los procesos productivos.

Pero el impacto no se limitaría al petróleo. La región del Golfo también es un actor central en la producción global de insumos petroquímicos y fertilizantes. Una parte muy significativa del comercio internacional de urea y fertilizantes nitrogenados depende de flujos logísticos que atraviesan o están vinculados a esa zona. En algunos mercados se estima que cerca de un tercio del comercio global de urea puede verse afectado por disrupciones en esa ruta. Si ese suministro se restringe durante varios meses, los efectos se trasladan rápidamente a múltiples sectores productivos.

La agricultura es uno de los ejemplos más evidentes porque depende intensamente de fertilizantes, pero no es el único sector afectado. Los fertilizantes influyen directamente en el costo de producción de alimentos básicos, lo que puede presionar al alza los precios agrícolas globales. Sin embargo, los derivados petroquímicos también son insumos clave en la industria química, en la producción de plásticos, textiles sintéticos, empaques industriales, productos farmacéuticos y numerosos procesos manufactureros. En otras palabras, una interrupción prolongada en esta región no solo encarece la energía, sino también múltiples insumos intermedios utilizados en la producción global.

Este tipo de shock introduce además una complejidad adicional para la política monetaria global. Durante los últimos meses, muchos bancos centrales venían evaluando iniciar ciclos de reducción de tasas de interés tras la desaceleración inflacionaria posterior a la pandemia. Sin embargo, cuando la inflación proviene de un shock de oferta energético, el margen de maniobra es mucho menor. Si el petróleo y otros insumos productivos vuelven a presionar los precios, los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas elevadas durante más tiempo o incluso endurecer la política monetaria para evitar que las expectativas inflacionarias se desanclen. El riesgo es el retorno de un escenario que el mundo creía superado desde los años setenta: crecimiento débil combinado con inflación persistente, es decir, estanflación.

Para América Latina, un escenario así tendría efectos heterogéneos. Algunos países exportadores de hidrocarburos podrían beneficiarse de precios más altos. Pero para muchas economías de la región, altamente dependientes de importaciones de combustibles y de insumos productivos derivados del petróleo, el impacto sería principalmente inflacionario.

En el caso del Perú, los efectos se sentirían por varios canales simultáneos. El primero es el energético. El país importa una parte importante de los combustibles que consume. Solo en diésel, las importaciones superan los 100 mil barriles diarios, combustible fundamental para el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola, las operaciones mineras y buena parte de la logística nacional. Un aumento sostenido del precio del petróleo se trasladaría rápidamente a los costos de transporte y distribución, presionando la estructura de precios internos.

El segundo canal es productivo. Perú depende en gran medida de insumos importados para diversas actividades económicas. En el caso de los fertilizantes, más del 70% del consumo nacional proviene del exterior, siendo la urea uno de los principales insumos utilizados en la agricultura. Durante la crisis internacional de fertilizantes en 2022, los precios de la urea llegaron a superar los 800 dólares por tonelada, cuando en condiciones normales se ubicaban por debajo de los 300 dólares. Un escenario de disrupción prolongada en el Golfo podría volver a generar presiones similares. Y este impacto sería extensivo, elevando los costos de producción en múltiples sectores de la economía.

Un tercer canal es el financiero. Cuando aumentan los riesgos geopolíticos globales, los inversionistas suelen reducir su exposición a economías emergentes. Esto suele traducirse en mayores primas de riesgo, presión sobre los tipos de cambio y episodios de volatilidad financiera. En un contexto de petróleo caro y mayor incertidumbre global, el tipo de cambio en economías emergentes como Perú podría enfrentar presiones alcistas, amplificando el impacto inflacionario interno.

El país cuenta, sin embargo, con algunos amortiguadores. Perú es uno de los principales productores mundiales de oro y cobre, dos metales que suelen beneficiarse en contextos de incertidumbre global. Un ciclo alcista de estos minerales podría generar mayores ingresos por exportaciones y compensar parcialmente el impacto negativo del encarecimiento energético.

Aun así, el balance neto de un conflicto prolongado en Medio Oriente sería claramente desafiante. El Perú enfrentaría mayores presiones inflacionarias, mayores costos productivos y mayor volatilidad financiera internacional. En ese contexto también aparecería un desafío importante para la política monetaria. Si el encarecimiento del petróleo, de los fertilizantes y de otros insumos productivos presiona nuevamente la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú podría verse obligado a ralentizar o incluso detener el ciclo de reducción de tasas de interés que muchos analistas esperan para los próximos trimestres. La experiencia reciente muestra que los shocks energéticos se trasladan relativamente rápido a la inflación local, sobre todo a través de combustibles, transporte y alimentos. Si el tipo de cambio además se deprecia en un entorno global más incierto, el efecto inflacionario podría amplificarse.

Hoy es difícil anticipar la probabilidad de que un escenario de estrés tan alto para la economía global llegue efectivamente a materializarse. Los conflictos geopolíticos suelen moverse en un terreno de gran incertidumbre, donde las escaladas y desescaladas pueden cambiar rápidamente el panorama. Sin embargo, desde la perspectiva económica, ignorar estos riesgos no es una opción. Para países como el Perú, altamente integrados al comercio internacional y dependientes de insumos energéticos importados, lo más sensato es anticipar escenarios y fortalecer los amortiguadores macroeconómicos. Al fin y al cabo, como dice el refrán —nunca más pertinente que en este caso—, guerra avisada no mata gente… o al menos permite minimizar los daños.