Luego del aumento que las petroleras aplicaron a los surtidores la semana pasada de hasta un 5%, este miércoles el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de noviembre la actualización de los incrementos pendientes de los impuestos a los combustibles. La medida buscó evitar presiones adicionales sobre los precios en un momento en que el Ejecutivo apunta a consolidar la desaceleración de la inflación.

La decisión alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Se oficializó mediante la Decreto N° 1126, que se publicó durante la madrugada en el Boletín Oficial, y extendió por un mes el cronograma de actualización que el Gobierno fijó a finales de agosto.

El diferimiento se produjo después de una ronda de aumentos en las estaciones de servicio. YPF, Shell y Puma ajustaron sus precios entre 2% y 5%, según fuentes de la industria, mientras que YPF aplicó una suba de 1% durante el fin de semana. Los movimientos de las petroleras ocurrieron en medio de una suba del petróleo en el mercado internacional, con el Brent en torno a USD 105. Sin embargo, este miércoles se encuentra otra vez por debajo de los USD 100, lo que expone la volatilidad del precio internacional.

La postergación de los impuestos evitó que a los ajustes definidos por las empresas se sumara en octubre el impacto de los montos tributarios pendientes. El Gobierno demoró en forma sucesiva esas actualizaciones durante el año para limitar su traslado inmediato a los surtidores.

La justificación

El Decreto estableció que los aumentos remanentes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se aplicarán desde el 1° de noviembre. Sin embargo, se trata de una estrategia recurrente por parte del Gobierno.

Los incrementos corresponden a las actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026. Por ley, esos montos se ajustan cada tres meses a partir de la evolución del Incide de Precios al Consumidor (IPC), aunque el Ejecutivo decidió diferir su vigencia plena en distintas oportunidades.

El texto recordó que el artículo 1° del Decreto N° 617/25 y sus modificatorios trasladó parcialmente al 1° de octubre de 2026 los efectos de los incrementos pendientes. Con la nueva medida, el Gobierno volvió a correr esa fecha por un mes. La resolución señaló que la postergación respondió al propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Bajo ese argumento, el Ejecutivo resolvió que los incrementos remanentes no se apliquen durante octubre.

Evitar presión adicional

El diferimiento de los impuestos se vinculó con el objetivo de no agregar presión sobre los precios tras las subas que las petroleras aplicaron durante la última semana. El Ejecutivo busca sostener la desaceleración de la inflación después del 1,7% registrado en agosto.

Para septiembre, las proyecciones anticiparon un posible rebote en torno a 2% mensual, con una incidencia de los rubros de alimentos y bebidas. Lo que implicaría una aceleración de la inflación en caso de confirmarse. En ese contexto, el Gobierno optó por no trasladar en octubre los incrementos tributarios que quedaron pendientes.

Los combustibles tienen impacto sobre distintos costos de la economía, tanto por su peso directo en los precios de los surtidores como por su incidencia en el transporte. La postergación apuntó a evitar que la actualización de los impuestos se sumara a los ajustes que ya resolvieron las empresas.

Sigue el buffer

La semana pasada, las principales petroleras privadas aplicaron aumentos en los surtidores. Shell, Axion y Puma elevaron sus precios entre 2% y 5%, de acuerdo con fuentes de la industria. En ese escenario, YPF decidió aumentar 1% sobre el cierre de la semana. La empresa sostuvo un ajuste menor al aplicado por las otras compañías y mantuvo un esquema de buffer para absorber una parte de las oscilaciones del petróleo sin trasladarlas en forma inmediata a los consumidores.

Anteriormente a la decisión de ajustar el precio, el presidente de YPF, Horacio Marín, explicó el funcionamiento de ese mecanismo durante una entrevista en Infobae en Vivo. El ejecutivo señaló que conoció los movimientos de Shell y Axion, aunque los ubicó dentro de un programa diseñado para moderar las variaciones de precios. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, afirmó Marín. Según indicó, el sistema permite absorber parte del efecto de los cambios en el valor del barril.

Marín explicó que una suba marcada del petróleo podía requerir un aumento importante en los precios de los surtidores. A la vez, una posterior baja del crudo podía obligar a reducir los valores de venta en poco tiempo. “Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos”, dijo el presidente de YPF.

Mayores ingresos

El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que será necesario esperar al cierre del mes para estimar el impacto de los aumentos en los combustibles. “Hay que esperar al cierre del mes para terminar de estimar el impacto, el cual lógicamente se trasladará principalmente a octubre”, afirmó.

Caprarulo también se refirió a la importancia del impuesto a los combustibles dentro de la presión tributaria prevista para el 2027. “Para el año que viene 1/3 del aumento en la presión tributaria se estima que vendrá del aumento en la recaudación en el impuesto a los combustibles, principalmente por la actualización de los montos que lo determinan”, explicó.

La demanda mundial de carga aérea creció 4,4% interanual en agosto, mientras que la capacidad disponible se redujo 0,1%. El movimiento generó una mayor utilización de la oferta existente y llevó el factor de ocupación global al 46%, dos puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año atrás.

El desempeño fue todavía mayor en las operaciones internacionales, donde la demanda aumentó 5,3% interanual y la capacidad avanzó apenas 0,1%. Todas las regiones registraron crecimiento durante el mes, aunque el incremento del tráfico estuvo concentrado principalmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.

Los datos corresponden al último análisis del mercado de carga aérea publicado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que mide la evolución de la actividad a través de las toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK) y de la capacidad disponible (ACTK).

Latinoamérica creció por encima del promedio mundial

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe incrementaron 5,1% interanual su demanda de carga aérea en agosto, mientras que la capacidad de la región avanzó 3,3%. Como el tráfico creció a un ritmo superior a la oferta, el factor de ocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales y se ubicó en 34,9%.

Sin embargo, la participación latinoamericana dentro del mercado mundial continúa siendo reducida. La región representa el 2,9% de los CTK globales y, pese al crecimiento registrado durante agosto, aportó 34,7 millones de CTK adicionales. IATA señaló que el resultado mundial siguió dependiendo principalmente de Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.

Norteamérica presentó el mayor crecimiento regional del mes, con una expansión del 6,6%, seguida por Latinoamérica y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, África y Oriente Medio. Esta última región registró el menor avance, con 1%.

Las diferencias también se observaron en la capacidad. Europa redujo su oferta 3,5% y Norteamérica 2,5%. En conjunto, ambas regiones retiraron 756,14 millones de ACTK, volumen que superó las incorporaciones realizadas en África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y Oriente Medio.

Las rutas internacionales muestran comportamientos diferentes

El corredor entre Asia y Norteamérica aumentó 13,2% interanual, manteniéndose como una de las principales fuentes de crecimiento del mercado. La ruta acumuló siete meses consecutivos de expansión y cuatro meses con incrementos de dos dígitos.

Europa-Asia, por su parte, avanzó 3,1%, mientras que Europa-Norteamérica creció 4,3%. En sentido contrario, los corredores vinculados con Oriente Medio continuaron mostrando contracciones durante agosto.

El mercado también encontró respaldo en la evolución del comercio internacional. El volumen mundial de mercancías creció 6% interanual y acumuló 33 meses consecutivos de expansión, mientras que el índice de nuevos pedidos de exportación se ubicó en 51,4 puntos, por encima del umbral que indica expansión.

El combustible suma presión sobre los costos

El aumento de la actividad coincidió con un escenario de mayores costos para las aerolíneas. El combustible de aviación alcanzó 157 dólares por barril en agosto, su mayor nivel para ese mes en 13 años. El valor aumentó 8,3% respecto de julio y quedó 79,2% por encima del registrado un año antes.

Al mismo tiempo, los rendimientos de la carga aérea medidos en dólares aumentaron 1,3% respecto del mes anterior, interrumpiendo tres meses consecutivos de caída, y quedaron 24,9% por encima del nivel interanual. Según el análisis de IATA, la mejora contribuyó a los ingresos mientras el encarecimiento del combustible agregó presión sobre los costos operativos.

De esta manera, agosto combinó un crecimiento de la demanda superior a la evolución de la capacidad disponible con un aumento de los costos energéticos. En Latinoamérica y el Caribe, el tráfico también avanzó por encima de la capacidad, aunque la región mantiene una participación acotada dentro del mercado mundial de carga aérea.

El sector transporte elevó su preocupación por el alza de los combustibles y advirtió que los incrementos generan una presión creciente sobre los costos necesarios para mantener la prestación del servicio.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Transporte (CNT) pidió al presidente Nasry Asfura convocar una reunión urgente para analizar alternativas frente al impacto económico que atraviesa el rubro.

La organización planteó la necesidad de un diálogo directo con las autoridades gubernamentales para buscar mecanismos que contribuyan a la estabilidad y sostenibilidad del transporte público.

Según el sector, el aumento en el precio de los combustibles repercute directamente en los costos de operación de las unidades y representa una presión sobre las inversiones de los empresarios del transporte.

La situación también tiene consecuencias sobre la economía de la población, dado que el transporte es un servicio que miles de hondureños usan a diario para trasladarse al trabajo, al estudio y a otras actividades.

Por ello, los representantes del sector solicitaron al Gobierno una respuesta favorable y la fijación de fecha, lugar y hora para el encuentro.

El Consejo agrupa distintas modalidades del rubro: transporte urbano, interurbano, taxis y transporte suburbano, sectores que enfrentan de manera directa el impacto de las variaciones en los costos de los combustibles.

Mesa técnica con transportistas

Mientras el sector gestiona un acercamiento directo con el Ejecutivo, una representación de los transportistas acudió al Congreso Nacional, el Poder Legislativo de Honduras, para exponer la situación del rubro.

La Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo recibió a dirigentes del transporte urbano e interurbano de distintas regiones del país en una reunión encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Durante el encuentro se acordó establecer una mesa técnica para analizar posibles acciones frente al incremento de los precios de los combustibles y sus repercusiones tanto en el transporte como en la población.

El diálogo busca reunir a distintos actores relacionados con la cadena de los combustibles y con la regulación del transporte para abordar el problema desde diferentes perspectivas.

La convocatoria para continuar las conversaciones está prevista para el miércoles 30 de septiembre. En esa instancia se contempla la participación de representantes del transporte, importadores y distribuidores de combustibles, así como funcionarios de las secretarías de Finanzas y Energía y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Sin solución inmediata a la vista

Durante la reunión, Zambrano señaló ante los dirigentes del transporte que el incremento en los precios de los derivados del petróleo responde a un escenario de alcance internacional y que, en las actuales condiciones, no se vislumbra una solución inmediata.

El titular del Legislativo planteó la necesidad de analizar medidas que reduzcan o amortigüen los efectos que los altos precios provocan en los distintos sectores de la economía nacional.

La discusión no se limita al costo que el combustible representa para los transportistas. El comportamiento de los precios también genera preocupación por sus efectos sobre los costos generales de operación y sobre la economía de los usuarios del servicio.

Por esa razón, la mesa técnica buscará reunir a instituciones públicas, representantes de la cadena de suministro de combustibles y al sector transporte para identificar alternativas y evaluar posibles medidas.

La amenaza de protestas

La apertura del Congreso al diálogo fue valorada por los representantes del sector transporte que participaron en la reunión.

Hedman Tinoco, dirigente del transporte interurbano de la zona norte de Honduras, aseguró que: “Si hoy no hubiéramos venido a esta reunión, nos hubiéramos ido a las calles”, afirmó Tinoco al referirse a la posibilidad de que el sector recurriera a acciones de protesta.

El dirigente subrayó así la importancia de que las autoridades escuchen las preocupaciones de los transportistas y participen en la búsqueda de respuestas ante el aumento de los costos.

El escenario plantea dos frentes abiertos: la solicitud del CNT de una reunión urgente con el presidente Asfura y la mesa técnica que comenzará a trabajar con representantes de distintas instituciones y sectores vinculados al transporte y los combustibles.

Los transportistas buscan que estas conversaciones permitan encontrar mecanismos que den mayor estabilidad a sus operaciones y reduzcan la presión generada por los aumentos en el precio de los carburantes.

Mientras tanto, el sector mantiene su llamado al Gobierno para que fije un espacio directo donde discutir las medidas que, según los dirigentes, son necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Luego del 1,7% que marcó la inflación en agosto, el Gobierno espera consolidar una tendencia de desaceleración de precios. Pero los relevamientos de las consultoras marcan fuertes presiones en Alimentos y bebidas, a lo que ahora se sumó el aumento de los combustibles. Frente a ello, ya se estima que el dato de septiembre volvería a ubicarse cerca del 2 por ciento.

Las mediciones de Analytica y LCG mostraron una aceleración en los precios de alimentos y bebidas durante septiembre. Ambas consultoras relevaron incrementos en la cuarta semana del mes y ubicaron la variación promedio del rubro las últimas cuatro semanas cerca de 3 por ciento.

En los meses previos la desaceleración de la inflación se debió en gran parte a que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo variaciones más leves que incidieron sobre el indicador general debido a la alta ponderación del rubro en la canasta que mide el Indec.

Durante la última semana, Analytica informó una suba de 0,8% en Alimentos y bebidas. Con ese resultado, el promedio de cuatro semanas alcanzó 2,8 por ciento. LCG registró un incremento semanal de 1,7% en el rubro, señaló que fue la tercera semana consecutiva de aumentos y calculó que la variación promedio de las últimas cuatro semanas aceleró a 2,7%, con un alza de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

El principal impulso dentro de la medición de LCG provino de bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que acumularon un aumento de 14% en el promedio de las últimas cuatro semanas hasta la cuarta semana de septiembre. La magnitud de esa variación contrastó con la registrada por otros rubros de la canasta. Las verduras subieron 3,5% en el mismo período, mientras que condimentos y otros productos alimenticios avanzaron 3,1 por ciento.

Los productos lácteos y huevos anotaron un aumento de 1,6%. Las comidas listas para llevar subieron 1% y las carnes registraron una variación de 0,8%, según el cuadro difundido por LCG.

El relevamiento de Analytica también identificó cambios dispares entre las categorías relevadas. Las verduras encabezaron los aumentos, con una variación de 12,8% en el promedio de cuatro semanas. Las frutas acumularon un incremento de 3,8% durante el mismo período. Entre los segmentos con aumentos más bajos figuraron carnes y derivados, con una variación de 1%, y aceites, grasas y mantecas, con una suba de 0,7 por ciento.

Frente a estos registros, Analytica proyecta que la inflación en septiembre se va a ubicar en 2%. Ese resultado superaría el dato de agosto, cuando la inflación fue de 1,7%. Y si bien implicaría una leve aceleración intermensual, demostraría las dificultades que enfrenta el Gobierno para consolidar una tendencia a la baja de precios.

Aumentos confirmados

Además de la presiones de alimentos y bebidas, el jueves pasado, Shell, Axion y Puma aumentaron sus precios entre 2% y 5%, según confirmaron fuentes de la industria a Infobae, en medio de la escalada del precio internacional de petroleo que llego a ubicarse en USD 105.

La suba introdujo un nuevo elemento de presión sobre los costos del resto de la economía. Los combustibles forman parte de la estructura de gastos de distintas actividades y los cambios en los surtidores pueden tener impacto en los precios de otros bienes y servicios.

Por el momento, YPF no modificó sus valores al público hasta ese momento. La empresa concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, por lo que su decisión quedó bajo atención tras los ajustes aplicados por las otras tres petroleras.

Para saber el impacto sobre la inflación, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, sostuvo que era necesario esperar al cierre de septiembre para calcular el efecto de los ajustes en los combustibles y que la mayor parte del traslado se concentraría en octubre. “Hay que esperar al cierre del mes para terminar de estimar el impacto, el cual lógicamente se trasladará principalmente a octubre”, afirmó.

Caprarulo también se refirió a las previsiones tributarias para el próximo año: “Es importante señalar que para el año que viene 1/3 del aumento en la presión tributaria se estima que vendrá del aumento en la recaudación en el impuesto a los combustibles, principalmente por la actualización de los montos que lo determinan”.

El efecto de los precios de los combustibles se sumó a la aceleración que las consultoras detectaron en los alimentos y bebidas. En ese escenario, el indicador de septiembre quedó condicionado por los registros semanales de consumo masivo y por los primeros ajustes aplicados en estaciones de servicio.

La expectativa oficial

A pesar de la presión de alimentos y bebidas y de los aumentos del precio del combustible, en el Gobierno tienen una proyección diferente respecto a lo que va a suceder con la inflación en los próximos meses. En una entrevista con A24, Federico Furiase, afirmó que el índice dejó atrás el piso de 2% mensual y que se movió en una franja de entre 1,5% y 2 por ciento.

“Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso. El del 2% ya se rompió; ahora estamos en la zona entre 1,5% y 2%, pero acá lo importante es la secuencia de la película”, dijo Furiase.

La expectativa del funcionario quedó por debajo de los números que proyectaron las consultoras privadas. Los relevamientos de Analytica y LCG ubicaron el comportamiento de los alimentos en niveles que volvieron a acercar la expectativa mensual al 2 por ciento.

Furiase sostuvo que la continuidad del orden fiscal y monetario resultaba central para la trayectoria futura de los precios: “Hay que estar tranquilos, que manteniendo el orden fiscal y monetario, es cuestión de tiempo que la inflación va a converger a niveles internacionales”.

En el proyecto de presupuesto 2027 que se presentó en el Congreso, el Gobierno proyecto que en 2026 la inflación anual cerrara en 29%. Sin embargo, cumplir con ese objetivo resultará difícil dado que en el último cuatrimestre del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debería ubicarse en 1,6 por ciento según calculó Analytica.

Qantas confirmó este martes que su programa Project Sunrise tendrá una segunda ruta: vuelos directos entre Sídney y Nueva York a partir de mediados de 2028, una conexión que nunca existió en la historia de la aviación comercial.

El programa es una iniciativa de la aerolínea australiana para conectar Australia directamente con los grandes centros urbanos del mundo.

La primera ruta confirmada, entre Sídney y Londres, arrancará en octubre de 2027 y recortará hasta cuatro horas frente al tiempo de viaje actual con escala.

The New York Times recordó que la compañía opera vuelos a Nueva York desde 1958, siempre con escala en Auckland. La ruta directa eliminará esa parada y reducirá en más de tres horas el tiempo total de viaje.

El trayecto llevará aproximadamente 18 horas, a bordo de un avión capaz de permanecer en el aire hasta 22 horas sin repostar.

El A350-1000ULR, diseñado para volar casi un día entero sin parar, operará la ruta

Para estos vuelos, Qantas utilizará el Airbus A350-1000ULR, una versión de larga distancia equipada con un depósito de combustible adicional de 20.000 litros.

Esa modificación permite que la aeronave cubra más de 16.000 kilómetros (casi 10.000 millas) sin escalas.

Cada aparato contará con 238 asientos distribuidos en cuatro cabinas: 6 suites de primera clase, 52 de clase ejecutiva, 40 de clase económica premium —con un espacio entre asientos de 34 pulgadas— y 140 de clase económica estándar en disposición 3-3-3.

Los pasajes saldrán a la venta en agosto de 2027

La apertura de ventas para los vuelos Sídney–Nueva York está fijada para agosto de 2027, casi un año antes del inicio del servicio.

Los billetes para la ruta Sídney–Londres, en cambio, estarán disponibles desde febrero de 2027.

Vanessa Hudson, directora ejecutiva del Grupo Qantas, destacó el valor histórico del anuncio. “Alcanzar Nueva York sin escala completa una visión que nos planteamos hace muchos años, y es un momento de enorme orgullo para los miles de personas de nuestra compañía que han trabajado para hacer de Project Sunrise una realidad”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC7.

El bienestar de los pasajeros, en el centro del diseño de cabina

El interior de los A350 incorpora una zona denominada Wellbeing Zone, un espacio dedicado al movimiento durante el vuelo.

Allí los pasajeros tendrán acceso a programas guiados de ejercicio en pantalla, manijas integradas para estiramientos y una selección de refrigerios.

En clase ejecutiva y primera clase, las camas planas alcanzan las 80 pulgadas de extensión. Los asientos de primera incluyen, además, un sillón reclinable independiente y un armario de longitud completa.

La primera aeronave llegará en abril de 2027 tras un retraso en las entregas

El primer A350-1000ULR de la flota será entregado a Qantas en abril de 2027, después de una demora vinculada a problemas en la cadena de suministros, informó el portal especializado AeroTime.

Las previsiones originales apuntaban a una entrega a fines de 2026. Las cuatro aeronaves siguientes llegarán en rápida sucesión, según la misma fuente.

La prueba de vuelo del prototipo concluyó con éxito en julio, cuando un A350 completó un trayecto de 24 horas y 24 minutos entre Melbourne y Toulouse.

La compañía ya inició la formación de sus equipos en el primer simulador de A350 instalado en Australia, con el objetivo de capacitar a más de 360 pilotos y 1.200 tripulantes de cabina antes de que llegue la última aeronave de la flota.

La programación, la venta de boletos y el inicio de las operaciones aún dependen de la certificación de las aeronaves y de las autorizaciones regulatorias, precisó AeroTime.

El medio australiano 9News indicó, por su parte, que Qantas había estimado que las tarifas de sus vuelos de ultra largo alcance podrían ser cerca de 20 % más elevadas que las de itinerarios con una escala. La empresa todavía no comunicó precios concretos para el trayecto a Nueva York.

Con esta segunda ruta confirmada, la aerolínea cierra el esquema central de Project Sunrise tal como fue planteado originalmente en 2017: vuelos directos desde la costa este de Australia hacia Londres y Nueva York, dos destinos que durante décadas permanecieron fuera del alcance de la aviación comercial sin escala.

Bolivia puso fin el 18 de septiembre de 2026 a la subvención estatal del diésel, después de más de dos décadas de una política de regulación que mantuvo el precio del combustible por debajo de su costo de importación y se convirtió en uno de los principales gastos públicos.

La decisión fue el último paso de una ruta iniciada a finales de 2025 y marcada por sucesivos cambios en el esquema de precios, hasta llegar a un sistema vinculado al mercado internacional.

La política de subvención se consolidó oficialmente en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa. Desde entonces, el precio del diésel y la gasolina quedaron congelados en el mercado interno, pero el volumen, el costo y la dependencia de las importaciones crecieron de manera sostenida en las décadas siguientes.

La ecuación de comprar cada vez más caro y vender barato (0,50 centavos de dólar el litro) se puso por primera vez en cuestión en 2010, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió nivelar el precio de los combustibles con un aumento que supuso más del 73%. Sin embargo, en medio de protestas sociales contra el “gasolinazo”, el Ejecutivo terminó abrogando la norma y alargando una política económica que se haría insostenible.

El costo de la subvención se convirtió en uno de los detonantes de la crisis económica reciente, provocando el agotamiento gradual de las reservas internacionales y profundizando la escasez de dólares en el país.

Como referencia, solo en 2025 se destinaron cerca de 2.900 millones de dólares para la importación de combustible. Este gasto drenó progresivamente las cuentas nacionales, lo que derivó en periodos prolongados de desabastecimiento y largas filas en los surtidores los últimos años.

En ese escenario y con una inflación galopante, el retiro de la subvención pasó de ser un tabú a percibirse como una medida inevitable para superar la crisis económica, debido al colapso del modelo anterior. En la última elección presidencial, todos los candidatos se comprometieron a levantar el subsidio con apenas variantes en el cómo y el cuánto.

El primer ajuste se produjo el 17 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno de Rodrigo Paz eliminó parcialmente la subvención mediante el Decreto Supremo 5503. El diésel pasó de costar Bs 3,72 (0,50 centavos de dólar) a Bs 9,80 por litro, un incremento de más del 160%, mientras la gasolina especial subió de Bs 3,74 a Bs 6,96, un 86%.

La decisión, sin embargo, no supuso la adopción de un precio plenamente libre. En enero de 2026, el Gobierno abrogó el DS 5503 en medio de protestas sociales por otros artículos que incluía la norma y lo sustituyó por otro que mantuvo los nuevos precios del diésel y la gasolina, estableció un régimen de estabilización y una metodología para futuros ajustes.

En julio, el Gobierno extendió el periodo “transitorio” de estabilización y congeló los nuevos precios del combustible hasta fin de año. A partir de entonces, se estableció que el cálculo se haría mediante una fórmula con base en los valores internacionales y el tipo de cambio del dólar.

Sin embargo, poco más de un mes después, se recalculó esa decisión. Un nuevo decreto eliminó la subvención para los “grandes consumidores”, entre ellos agroindustriales y mineros, que compran más de 20.000 litros al mes. Con este esquema, esos clientes pasaron a pagar un precio referencial, inicialmente fijado en Bs 18 por litro, mientras crecían los reclamos de los sectores afectados por la medida diferenciada.

El 1 de septiembre, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dispuso bajar el precio de los grandes consumidores, de Bs 18 por litro a 16,50, y ampliar el rango de compra de diésel subvencionado, que pasó de 120 litros a 2.500 litros mensuales.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2026, el Gobierno dio el paso definitivo para la liberación del diésel. El Decreto Supremo 5716 sustituyó el precio fijo del diésel por un régimen basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI) para todos.

La norma estableció inicialmente un precio regulado de Bs 17,95 por litro y una banda de ajuste del 5%, con el objetivo de que el valor interno refleje el costo de importación.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó en referencia a las redes de contrabando que se habían generado con el precio bajo. En el mensaje grabado que fue difundido por televisión nacional, Paz agregó que los recursos que suponía la subvención serán invertidos en obras y proyectos.

A poco más de una semana de la nueva política de precios, algunos sindicatos de choferes anuncian protestas por el nuevo precio del diésel y reclaman que se aumente la tarifa de los pasajes, mientras crece la preocupación por el impacto de la medida en el costo de vida.

En tanto, se intensifica la incertidumbre por el futuro del precio de la gasolina, que se mantiene bajo un esquema regulado al menos hasta fin de año. Sin embargo, ante la escasez generalizada, algunos importadores privados han empezado a vender gasolina especial a precios que casi triplican el valor regulado.

Mientras crece el temor por el impacto de una eventual liberación total, quienes la promueven repiten como mantra una consigna que genera poco alivio: “El combustible más caro es el que no hay”.

Un viaje por carretera entre Lima y Cusco combina tramos urbanos, vías de alta velocidad, ascensos y descensos prolongados. En ese contexto, un auto híbrido permite alternar el uso del motor eléctrico y el de combustión para reducir el consumo de combustible, siempre que el conductor aproveche sus sistemas de recuperación de energía.

Hyundai propone varios hábitos de manejo para obtener un mejor rendimiento durante recorridos de larga distancia. La clave está en anticipar las maniobras, evitar aceleraciones abruptas y usar los modos de conducción de acuerdo con el terreno, sin descuidar las condiciones de la ruta ni las normas de seguridad.

Por qué es mejor iniciar el recorrido en modo eléctrico

Un vehículo híbrido no requiere un manejo distinto al de un auto convencional ni necesita conectarse a una toma de corriente para recargar su batería. El sistema aprovecha parte de la energía generada durante las frenadas y las desaceleraciones para transformarla en electricidad. De ese modo, la batería recibe carga mientras el vehículo está en movimiento.

Si hay energía disponible al encender el auto, el primer tramo puede realizarse con el motor eléctrico. Esta alternativa es útil al salir de Lima, en zonas de tránsito intenso o calles con detenciones frecuentes.

Los primeros kilómetros pueden completarse sin consumo de gasolina ni emisiones directas, según la carga de la batería y las condiciones de uso.

Cómo debe usarse el acelerador en un auto híbrido

El motor eléctrico entrega su fuerza de forma inmediata, así que una presión brusca sobre el acelerador puede llevar al sistema a requerir más potencia de la necesaria. Para mantener una conducción eficiente, conviene aumentar la velocidad de manera progresiva y sostener un ritmo regular cuando el tránsito y la carretera lo permitan.

Los modelos híbridos suelen incluir un indicador de conducción en el tablero. En los sistemas descritos por Hyundai, la zona “Charge” muestra la recuperación de energía; “ECO” identifica una conducción eficiente, y “Power” señala una demanda mayor de potencia.

En qué momento es clave seleccionar el modo ECO

Los vehículos híbridos pueden ofrecer modos ECO y SPORT. Para una ruta extensa como Lima-Cusco, el modo ECO puede utilizarse durante la mayor parte del recorrido, en especial en sectores de velocidad estable y tránsito fluido. Este modo ajusta la respuesta del acelerador y prioriza un uso más eficiente de la energía disponible.

Por su parte, el modo SPORT puede reservarse para situaciones puntuales que exijan una respuesta más rápida, como un adelantamiento que se pueda realizar de forma segura.

Cómo aprovechar el freno motor del auto híbrido en los descensos

Las bajadas requieren especial atención en una ruta con cambios de altitud. En un híbrido, levantar el pie del acelerador con el modo ECO seleccionado puede generar una retención que disminuye la necesidad de usar el pedal de freno. El sistema aprovecha parte de esa desaceleración para recuperar energía y enviarla a la batería.

Asimismo, las levas del volante permiten elegir distintos niveles de retención. Un nivel mayor puede ser útil en bajadas prolongadas, siempre que el conductor mantenga el control del vehículo y ajuste su velocidad a las condiciones de la vía.

El freno motor reduce la exigencia sobre los frenos convencionales y contribuye a recuperar carga, aunque no reemplaza el uso del pedal cuando la situación lo exige.

De qué forma frenar y mantener una velocidad constante del auto

La anticipación es uno de los recursos útiles para un manejo eficiente. Al acercarse a un semáforo, una curva, un peaje o una zona de reducción de velocidad, conviene levantar el pie del acelerador con tiempo. Una desaceleración gradual permite que el sistema regenerativo recupere más energía que una frenada repentina.

En carretera es posible aprovechar la denominada “conducción a vela”, que ocurre cuando el auto circula a velocidad estable con una demanda reducida de energía. Para favorecerla, Hyundai sugiere seleccionar el nivel cero de retención cuando las condiciones sean adecuadas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eliminó la subvención al diésel y dispuso que el combustible pase a cotizar con un precio único vinculado al mercado internacional, junto con un paquete de bonos, créditos y medidas tributarias para compensar el impacto de la decisión.

El anuncio se produjo en la madrugada de este sábado, a través de un mensaje grabado que emitió el canal estatal y fue difundido en las redes sociales del mandatario. Hasta entonces, el decreto 5.676 establecía tarifas diferenciadas: 16,50 bolivianos para grandes consumidores y 9,80 bolivianos para transportistas.

Paz afirmó que el nuevo valor del diésel variará según la cotización internacional. “Este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional, es decir que si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional, porque se terminan las guerras en el exterior y bajan los precios, los precios bajarán”, aseguró.

El mandatario vinculó la medida con el combate al contrabando, que, según sostuvo, fomentaba el esquema de precios diferenciales. “Se acabó el negocio de los delincuentes, subvención o futuro yo elijo futuro”, reiteró.

Para contrarrestar la quita del subsidio, el jefe de Estado anunció la entrega del Bono Pepe II para cerca de 2,9 millones de beneficiarios, con una asignación de 874 millones de bolivianos, y también destinará hasta 800 millones de bolivianos a créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Paz además anunció la eliminación de impuestos a la importación de bienes de capital e insumos, entre ellos semillas, drones, genética, herramientas, equipos y plantas industriales. El Ejecutivo extenderá por 120 días el período del perdonazo tributario, (una medida para facilitar la regularización de deudas fiscales) que alcanzará a 200.000 contribuyentes.

El plan también contempla obras de pavimentación con losetas en calles y avenidas, con una previsión de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. Los productores accederán a créditos de entre 50.000 y 400.000 bolivianos.

“Se activará el plan de enlocetados de calles y avenidas para generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos; se dará apoyo directo a los productores con créditos por montos que van desde los 50.000 hasta 400.000 bolivianos; se seguirá devolviendo los depósitos de los ahorristas que tenían su dinero en dólares en los bancos, para que puedan hacer uso de esos dólares en futuras inversiones”, aseguró.

El presidente boliviano sostuvo que la eliminación de la subvención es el mecanismo para asegurar el abastecimiento de diésel “las 24 horas y los 7 días a la semana”.

En la grabación de nueve minutos, Paz detalló un paquete de 10 medidas para compensar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel. “Esos recursos que ya no serán usados para esta subvención, irán a esas escuelas, a esos hospitales, a esas carreteras. Pero también lo vamos a entregar a través de un bono PP2”, señaló.

El Ejecutivo anunció además un aumento del bono Juancito Pinto, que pasará de 200 a 300 bolivianos. “Hoy día está en 200, vamos a aumentarle 100 más. Juancito Pinto serán 300 bolivianos”, indicó el mandatario.

Paz anticipó una mayor flexibilidad para el acceso de las familias al crédito de vivienda social y al crédito productivo. Las gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios también recibirán asistencia para readecuar sus finanzas. El presidente sostuvo que continuará la devolución de depósitos en dólares de los ahorristas que tenían fondos retenidos en bancos, con el objetivo de que puedan utilizarlos en futuras inversiones.

“Sé que es la decisión más responsable con el país”, afirmó Paz. El mandatario también señaló que el Gabinete de ministros está disponible para reunirse de inmediato con transportistas, productores, obreros, campesinos, gremiales, vecinos y otros sectores “para tomar acciones de protección a la economía de las familias”.

Todos los anuncios de Paz surgieron tras la sanción del Parlamento del acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno boliviano, el cual pasará al Ejecutivo para su promulgación.

Los conductores en Panamá enfrentarán uno de los mayores incrementos quincenales de los combustibles registrados durante 2026. Desde las 6:00 a.m. del viernes 18 de septiembre, la gasolina de 95 octanos aumentará 10.5 centavos por litro, la de 91 subirá 9.3 centavos y el diésel se encarecerá 13 centavos.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 pasará de $1.279 a $1.384 por litro, equivalente a $5.24 por galón. Esto significa que los automovilistas pagarán aproximadamente 40 centavos adicionales por cada galón, un aumento cercano al 8.2% frente al precio aplicado durante la primera quincena de septiembre.

La gasolina de 91 octanos aumentará de $1.194 a $1.287 por litro o $4.87 por galón. La diferencia equivale a unos 35 centavos por galón y representa un incremento aproximado de 7.8%, de acuerdo con la comparación de los precios máximos autorizados para ambos periodos.

El mayor impacto proporcional recaerá nuevamente sobre el transporte que utiliza diésel. Su precio subirá de $1.400 a $1.530 por litro, equivalente a $5.79 por galón, lo que supone pagar cerca de 49 centavos adicionales y enfrentar un incremento quincenal aproximado de 9.3%.

Aunque el diésel tendrá el mayor ajuste actual, no alcanzará el incremento de julio, cuando subió 18.3 centavos por litro en una sola revisión. En las gasolinas, en cambio, el aumento de septiembre figura entre los más elevados del año: la de 95 había subido 9.7 centavos en marzo y 8.4 centavos a finales de julio.

Los valores serán mayores fuera de Panamá y Colón debido al costo de traslado. En Changuinola, la gasolina de 95 llegará a $1.434 por litro o $5.43 por galón; la de 91 costará $1.337 por litro o $5.06 por galón, mientras el diésel alcanzará $1.580 por litro y $5.98 por galón.

La gráfica divulgada para el periodo comprendido entre el 2 y el 15 de septiembre muestra una presión sostenida sobre las referencias utilizadas para calcular los precios locales. Al cierre del periodo, la gasolina de 95 acumulaba un aumento de 10.71%, la de 91 registraba 9.87% y el diésel presentaba una variación de 10.54%.

Si se compara solamente el comienzo y el final de la gráfica, la gasolina de 95 avanzó 5.51%, la de 91 aumentó 6.65% y el diésel subió 2.02%. Los datos reflejan que las referencias internacionales de los productos procesados continuaron encareciéndose, aunque no todos los combustibles evolucionaron con la misma intensidad durante las dos semanas.

El petróleo también registró un avance pronunciado. Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, divulgados mediante la Reserva Federal de San Luis, muestran que el WTI pasó de $92.15 por barril el 2 de septiembre a $107.02 el día 15, un aumento de $14.87 o aproximadamente 16.1%.

La trayectoria no fue completamente lineal. El WTI alcanzó $103.57 el 10 de septiembre, retrocedió a $101.27 al día siguiente y posteriormente retomó la subida. El 15 de septiembre, los futuros cerraron en $105.83 por barril, después de avanzar 4.4% durante una jornada marcada por nuevas preocupaciones sobre el suministro mundial.

El movimiento estuvo relacionado con interrupciones en la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y mayores riesgos Reuters, la suspensión de operaciones en el puerto de Yanbu y los daños en un oleoducto estratégico elevaron el temor a una reducción de las exportaciones, mientras persistían las restricciones en el estrecho de Ormuz.

El avance del WTI ayuda a explicar el nuevo ajuste en Panamá, pero no existe una relación inmediata ni idéntica entre ambos movimientos. El cálculo nacional considera principalmente los precios internacionales de la gasolina y el diésel ya procesados, además de fletes, seguros, almacenamiento, comercialización y los costos de distribución dentro del país.

Panamá importa los combustibles que consume y actualiza sus precios máximos cada 14 días, por lo que las variaciones internacionales suelen reflejarse con cierto retraso. Los nuevos valores permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre, cuando se aplicará otra revisión basada en el comportamiento reciente del mercado energético internacional.

Una gasolinera en San Petersburgo, Florida, fue el escenario de un ataque que las autoridades locales calificaron como uno de los más inusuales en la historia reciente del condado.

El jueves a las 20:00, una mujer que cargaba combustible en su camioneta fue rociada con fuego por una desconocida tras una discusión que duró apenas segundos. El surtidor, el vehículo y la víctima quedaron envueltos en llamas.

La mujer atacada, identificada en registros judiciales como Christine Sherbuk, de 41 años, estaba en la estación Mobil del 101 de la avenida 40 Norte cuando Eleanor Crawford, también de 41, se le acercó. Crawford le pidió el teléfono prestado. Sherbuk se lo dio. Luego le pidió dinero. Sherbuk se negó.

Crawford sacó un encendedor y convirtió la manguera del surtidor en un arma

Fue en ese momento cuando Crawford recurrió al encendedor. El ataque fue registrado por las cámaras del lugar y presenciado por varios testigos, de acuerdo con el acta de arresto, tal y como informó Fox News.

Un testigo que estaba en las cercanías, Scotty Gamling, vio el ataque y actuó de inmediato. Tomó a la víctima entre llamas, la subió a su camioneta y llamó al servicio de emergencias.

Gamling describió lo que presenció como “una bola de fuego”, tal y como recogió Fox 13 Tampa Bay.

Gamling ya había alertado a la policía sobre Crawford minutos antes del ataque

Lo que convierte al testigo en una figura central del caso es que, antes del incendio, ya había llamado a las autoridades para alertar sobre Crawford.

La había visto involucrada en una pelea al otro lado de la calle. Los agentes estaban en camino cuando el ataque en la estación de servicio se produjo.

La policía detuvo a Crawford a pocas cuadras del lugar en menos de 20 minutos. Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no tenían ninguna relación previa al incidente.

La atacante tiene un extenso historial penal vinculado a drogas y alcohol

Las autoridades indicaron que Crawford acumula múltiples antecedentes en el condado de Pinellas por cargos de agresión, robo menor, intoxicación en la vía pública y posesión de drogas, de acuerdo con The Tampa Bay Times. Su último arresto fue en julio, por agresión a un agente policial y resistencia a la autoridad.

El subcomisario de policía Mike Kovacsev se refirió al historial de la detenida para tratar de encontrar una explicación al ataque.

“No sé si había alcohol o drogas de por medio, pero, dado su historial, es posible que algo haya afectado su capacidad de razonar”, afirmó en rueda de prensa. “¿Por qué haría algo así?”, agregó.

Sherbuk fue trasladada de urgencia al Tampa General Hospital con quemaduras de segundo grado en los brazos y la espalda. Ingresó en estado grave, aunque los médicos lograron estabilizarla y no prevén riesgo para su vida, confirmó Fox News.

El móvil permanece sin determinar. Crawford enfrenta dos cargos de incendio provocado y uno de tentativa de homicidio en primer grado. Está detenida en la cárcel del condado de Pinellas con una fianza de USD 350.000.

Un juez ordenó además que le coloquen un monitor GPS antes de cualquier posible liberación. La investigación permanece abierta.

La intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia detectó el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes y permitió identificar a unas 30 personas que presuntamente vulneraron los sistemas de seguridad de la entidad, informaron este jueves los ministros interventores.

El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, afirmó en una rueda de prensa en La Paz que la cantidad desviada refleja “el grado de desintegración de los controles” dentro de la ANH. Los desvíos se concentraron principalmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, este último señalado como el motor económico de Bolivia. Justiniano indicó que esa región requiere “3 millones de litros por día” para cubrir su demanda de carburantes.

El funcionario de la administración del presidente Rodrigo Paz sostuvo que los 22 millones de litros de combustible equivalen a 200 millones de bolivianos, unos USD 15,8 millones. De acuerdo con sus estimaciones, la comercialización de ese volumen en el mercado ilegal supera los 400 millones de bolivianos, cerca de 31,6 millones de dólares.

Justiniano también señaló que, durante la primera semana de intervención, se detectaron “nueve tipos de vulnerabilidades” dentro del sistema informático de control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las fallas, mencionó la existencia de “puertas traseras” que permitían a “gente externa” intervenir “sin límite” en los despachos de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que los presuntos responsables de modificar los controles de la ANH “van a tener que pagar sus culpas” ante la Justicia.

Blanco precisó que entre las personas identificadas hay funcionarios del actual Gobierno y de administraciones anteriores. También aseguró que el abastecimiento de combustibles está “garantizado” a partir de la optimización de los mecanismos de fiscalización.

Paz intervino la ANH el 3 de septiembre, tras detectar “deficiencias” en los controles, sobre todo en el sistema de distribución de combustibles. La medida quedó formalizada mediante el decreto 5699. La intervención tiene una duración inicial de 180 días. El plazo puede extenderse una sola vez por 90 días más o finalizar antes si desaparecen las causas que motivaron la decisión.

Un día antes, el Ejecutivo también intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 180 días. Una comisión integrada por cuatro ministerios y el Viceministerio de Transparencia supervisa esa medida.

“Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades. Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, sostuvo Paz, quien cumplió diez meses de mandato el pasado 8 de septiembre.

Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los USD 90 millones. Desde 2024, el abastecimiento irregular provocó filas de vehículos que esperan durante horas o días para cargar combustibles.

“Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó el mandatario.

Desde el inicio del Gobierno de Paz, en noviembre pasado, el suministro registró altibajos. Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras por protestas sociales agravaron el problema. En las últimas semanas volvieron las largas filas en las estaciones de servicio, con el diésel como principal faltante.

(Con información de EFE)

El precio del diésel volvió a instalarse entre las principales preocupaciones para el transporte de cargas en Chile. El ministro de Hacienda reconoció que las empresas transportistas vienen absorbiendo el aumento del combustible y advirtió que la evolución internacional continúa siendo difícil de anticipar mientras persista el conflicto en Oriente Medio.

La presión podría intensificarse en los próximos días. El Gobierno ya anticipó que el diésel y las gasolinas registrarán un nuevo aumento este jueves 10 de septiembre, cuando se actualicen los valores a partir del próximo reporte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Será el tercer ajuste consecutivo al alza, después de los incrementos aplicados a fines de julio y mediados de agosto.

El transporte de carga, frente a un insumo estratégico

“El transporte de carga ha tenido que absorber esa alza”, señalaron desde el Gobierno al referirse al comportamiento del diésel. De acuerdo con las declaraciones oficiales, por la magnitud del incremento, parte de esa presión también debería comenzar a trasladarse hacia los generadores de carga, en una referencia directa al impacto que los mayores costos pueden tener sobre las relaciones comerciales dentro de la cadena logística.

Las autoridades explicaron que el diésel tiene una dinámica diferente a la de las gasolinas por su condición de insumo estratégico para distintas actividades económicas y de transporte. Según se indicó, la guerra y los daños sobre capacidades de refinación están ejerciendo una presión adicional sobre su cotización internacional.

La evolución de los precios de referencia también refleja esa tensión. La tabla de precios de paridad de ENAP ubicó al diésel en 1.192,29 dólares por metro cúbico al 3 de septiembre, frente a 839,39 dólares registrados el 9 de julio. Estos valores no equivalen directamente al precio final en las estaciones de servicio, pero forman parte del contexto internacional que interviene en la determinación de los combustibles en el mercado chileno.

El monto exacto del próximo ajuste todavía no fue informado. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que se espera una nueva suba, aunque señaló que la magnitud definitiva dependerá del cálculo realizado antes de su entrada en vigencia.

De la fuerte suba de marzo a tres aumentos consecutivos

El escenario actual tiene como antecedente el fuerte ajuste registrado en marzo, al comienzo del conflicto. En aquel momento, el Gobierno trasladó una mayor proporción del aumento internacional de los combustibles a los precios internos y el diésel tuvo un incremento de alrededor de 62%, equivalente a unos 580 pesos chilenos por litro.

Posteriormente, parte de ese salto comenzó a revertirse. Entre abril y comienzos de julio se sucedieron varios ajustes a la baja y, en junio, el mecanismo de estabilización permitió una reducción de 117,5 pesos por litro para el diésel. El Ministerio de Hacienda explicó entonces que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) buscaba amortiguar las fluctuaciones externas y trasladar al mercado interno las bajas observadas en los precios internacionales.

La tendencia volvió a cambiar a fines de julio. Desde entonces, los combustibles registraron nuevos incrementos, impulsados nuevamente por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la presión sobre el mercado petrolero internacional. El aumento previsto para este jueves será el tercero consecutivo.

El escenario ya había generado advertencias de los gremios del transporte de carga durante agosto. Organizaciones sectoriales señalaron entonces que las empresas tenían cada vez menos margen para absorber nuevas subas sin comprometer la sostenibilidad de sus operaciones.

Una presión que empieza a extenderse por la economía

El impacto del combustible trasciende al propio transporte. Los datos de inflación de agosto mostraron una variación mensual de 0,6%, el doble de lo que esperaba parte del mercado, mientras el índice acumuló 3,6% en 2026 y 4,1% interanual. Entre las divisiones con mayores aumentos apareció transporte, con una variación de 1,6%.

El Gobierno vinculó parte de ese resultado con el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto internacional, además de los efectos de los temporales que afectaron distintas regiones del país. La inflación subyacente, que excluye algunos de los componentes más volátiles, avanzó apenas 0,1% durante el mes.

Para la actividad logística, sin embargo, el interrogante inmediato pasa por cuánto tiempo podrán las empresas continuar absorbiendo el aumento del diésel antes de trasladarlo a sus servicios. La propia declaración de Hacienda instala esa discusión: si el combustible continúa encareciéndose, la presión ya no recaería únicamente sobre los transportistas, sino que podría extenderse hacia cargadores y otros eslabones de las cadenas de abastecimiento.

Puedo avisarte cuando ENAP publique el valor exacto que regirá desde este jueves para actualizar la nota con el dato definitivo.

Un total de 800 galones de combustible, presuntamente destinados a actividades de contrabando, fueron decomisados durante un operativo marítimo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en aguas del mar Caribe, específicamente en la zona de La Mosquitia.

La operación fue desarrollada por personal especializado de la Fuerza Naval de Honduras en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las acciones las autoridades identificaron varios puntos que presuntamente eran utilizados para el abastecimiento clandestino de embarcaciones.

El despliegue permitió intervenir lo que las Fuerzas Armadas calificaron como un centro de abastecimiento ilícito, utilizado presuntamente para apoyar actividades de estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional que operan en la región del Caribe.

Además del combustible, durante el operativo fueron aseguradas tres embarcaciones menores, que, según las autoridades, serían utilizadas para desarrollar actividades de logística relacionadas con el supuesto centro de abastecimiento clandestino.

Las autoridades investigan ahora la posible relación de estas embarcaciones con las actividades ilícitas que se desarrollaban en el sector.

Operativos y aseguramientos

Durante la intervención también fue asegurado un radio de comunicación VHF, utilizado habitualmente para comunicaciones marítimas.

Asimismo, los efectivos encontraron una antena de internet satelital Starlink, que, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba activa al momento del operativo.

El hallazgo de estos equipos es considerado por las autoridades como parte de la infraestructura utilizada para facilitar las comunicaciones y la coordinación en el punto intervenido.

La combinación de combustible, embarcaciones y equipos de comunicación es analizada por las autoridades como parte de la presunta estructura logística instalada en los cayos.

Según las Fuerzas Armadas, los cayos intervenidos eran utilizados como puntos estratégicos de reabastecimiento clandestino para embarcaciones presuntamente relacionadas con estructuras del crimen organizado transnacional que operan en el Caribe.

La ubicación del área intervenida representa un punto de interés para las autoridades debido a su conexión con las rutas marítimas del Caribe y a la posibilidad de que estas sean utilizadas para diferentes actividades ilícitas.

Investigan nexos fuera de ley

Las autoridades sostienen que la identificación de estos puntos permite afectar las capacidades logísticas de las estructuras que intentan utilizar el territorio y las aguas nacionales para desarrollar sus operaciones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que uno de los principales resultados de la operación fue la neutralización de varios puntos considerados estratégicos para la logística criminal. El aseguramiento del combustible busca impedir que este sea utilizado para abastecer embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.

El despliegue también permitió retirar de circulación las tres embarcaciones encontradas en el área y asegurar los equipos de comunicación localizados durante la intervención.

Los operativos marítimos buscan detectar movimientos sospechosos, puntos de abastecimiento y otras actividades que puedan estar vinculadas con redes criminales que utilizan rutas marítimas.

En este caso, las Fuerzas Armadas indicaron que la operación permitió localizar un supuesto punto de abastecimiento clandestino en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca.

Tras el operativo, las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán con las acciones de vigilancia y control en el espacio marítimo nacional.

Las autoridades no informaron, en los datos proporcionados, sobre personas detenidas durante el operativo ni detallaron el destino final que presuntamente tendría el combustible asegurado.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó un récord histórico para el fin de semana del Día del Trabajo, con la media nacional ubicada en USD 4,15 por galón —la cifra más alta jamás registrada para un mes de septiembre—, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). El valor representa un incremento del 30% respecto a los USD 3,20 por galón que los conductores pagaron durante el mismo período del año anterior.

El Día del Trabajo, feriado nacional que cada año marca el cierre del verano y uno de los picos de desplazamiento por carretera más altos del año, llegó en 2026 con un escenario de combustible sin precedentes, informó Reuters.

Además, el precio promedio proyectado para este lunes 7 de septiembre era de USD 4,03 por galón, muy por encima del récord anterior de USD 3,83 registrado en 2012, según Patrick De Haan, analista de la plataforma de seguimiento de precios GasBuddy.

“Este año fue menos sobre oferta y demanda típica, y más sobre la incertidumbre de cómo las tensiones globales afectarán la disponibilidad del petróleo crudo y los productos refinados”, afirmó De Haan en un comunicado recogido por Forbes.

La guerra con Irán y los ataques a refinerías impulsaron el precio del crudo

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán es el principal factor detrás del alza. Las hostilidades empujaron el precio del crudo Brent desde los USD 72 por barril previos a la guerra hasta los USD 97 actuales, al tiempo que instalaron la preocupación por posibles interrupciones en el tránsito de hidrocarburos a través del Estrecho de Ormuz.

La capacidad de respuesta del sector es limitada. Las refinerías estadounidenses operan al 98% de utilización, el nivel más alto desde 2018, lo que deja poco margen para aumentar la producción.

Además, las reservas de gasolina cayeron 1,2 millones de barriles en una semana, hasta 205,7 millones de barriles, muy por debajo del promedio histórico de agosto de 217,6 millones de barriles, según la Agencia de Información de Energía (EIA).

Las exportaciones de productos refinados sumaron otro factor de presión: los envíos al exterior superaron en más de un 10% los del año anterior, en parte porque varios países recurrieron a Estados Unidos como fuente alternativa de abastecimiento tras el estallido del conflicto.

El diésel y el jet fuel también alcanzaron máximos históricos

El impacto no se limitó a la gasolina. El precio del diésel llegó a USD 5,85 por galón el viernes 4 de septiembre, un récord desde el inicio de la guerra con Irán y apenas 5 centavos por debajo del máximo histórico absoluto de junio de 2022.

Tom Kloza, asesor energético jefe de Gulf Oil, consideró ante Reuters que existe una probabilidad mayor al 50% de que ese techo sea superado en los próximos días.

“El diésel es la sangre de la economía. Es el motor que mueve bienes, alimentos y productos agrícolas del campo al supermercado”, sostuvo Jaime Brito, director ejecutivo de refinación y productos petroleros de Dow Jones Energy, en declaraciones a la cadena pública NPR.

El combustible de aviación —jet fuel— cotizó a USD 4,05 por galón, un 62% más que a fines de febrero, cuando comenzaron las operaciones militares, según el índice Argus U.S. Jet Fuel.

Dado que el combustible representa hasta el 25% de los costos operativos de una aerolínea, las tarifas domésticas de otoño subieron un 39% respecto al año anterior, revirtiéndose la caída estacional de hasta un 20% que habitualmente registran esos precios entre el Día del Trabajo y mediados de noviembre, de acuerdo con datos de Hopper Technology Solutions (HTS).

Los hogares acumulan más de USD 746 en costos adicionales

Desde el comienzo de la guerra, el encarecimiento del combustible le costó a cada hogar estadounidense más de USD 746, según un rastreador de impacto económico de la Universidad de Brown. En términos agregados, el impacto sobre los consumidores del país superó los USD 97.700 millones.

Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, advirtió que los precios elevados del diésel presionan al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, porque los mercados los interpretan como una señal de inflación persistente.

Los cambios en el comportamiento de los consumidores son visibles. El gasto intencional en gasolina registró la mayor caída entre todas las categorías de consumo en el último trimestre, según un estudio de McKinsey sobre sentimiento del consumidor.

El crecimiento salarial tampoco acompaña la suba de precios. The New York Times subrayó que el salario promedio por hora aumentó un 3,1% interanual en agosto —el ritmo más lento desde los peores meses de la pandemia—, por debajo de la tasa de inflación vigente.

El Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) registró en agosto un incremento del 1,66%, la menor variación mensual de 2026. De esta manera, los costos de la actividad acumularon una suba del 27% entre enero y agosto, mientras que el aumento interanual alcanzó el 42%. El resultado confirma una desaceleración respecto de los meses posteriores al fuerte salto de marzo, aunque la mayoría de los rubros relevados continuó mostrando incrementos. El comportamiento del índice viene mostrando una moderación progresiva. En marzo había trepado 10,15%, principalmente por el aumento del 24,7% en el combustible, y luego avanzó 2,42% en abril, 1,91% en mayo, 1,81% en junio y 2,25% en julio.

En agosto, la continuidad del denominado esquema de “buffer”, que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local, contribuyó a contener la evolución del principal insumo del transporte. El ICT es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y contempla 11 rubros vinculados con la estructura de costos del sector.

Lubricantes y gastos generales lideraron las subas

Pese a la desaceleración del indicador general, Lubricantes fue el rubro que más aumentó en agosto, con una suba del 5%, seguido por Gastos Generales, que avanzó 4,15% como consecuencia de nuevos ajustes en los precios mayoristas de distintos servicios. También registraron incrementos Neumáticos, con 2,68%, y Costo Financiero, con 2,61%, agregando presión sobre los costos operativos de las empresas de transporte de cargas.

El Personal de Conducción aumentó 1,5% debido a la entrada en vigencia de la última cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, que estableció actualizaciones mensuales de la mano de obra entre marzo y agosto. A su vez, Reparaciones registró una suba de 1,32%. FADEEAC vinculó este incremento con el deterioro de la infraestructura necesaria para operar, particularmente en lo referido al mantenimiento de rutas y caminos.

El combustible volvió a contener el índice

El Combustible, principal componente de los costos del transporte de cargas, tuvo durante agosto una variación de apenas 0,48%, en un contexto en el que continuó vigente el esquema de “buffer”. El comportamiento del precio local se produjo pese al incremento del petróleo internacional: el Brent, referencia para el mercado argentino, se ubicó entre los 85 y 90 dólares durante la última semana de agosto y registró un importante ascenso a lo largo del mes.

Entre los restantes rubros relevados, Seguros registró una suba del 0,85%, mientras que Peajes aumentó 0,55%. Por su parte, Material Rodante presentó una variación del 0,37%. El único componente que no mostró modificaciones durante agosto fue Patentes y tasas, debido a que sus variaciones tienen carácter anual.

El Gobierno de Bolivia intervino de forma temporal a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por fallas en la importación y distribución de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento que mantiene largas filas en las estaciones de servicio.

La medida tendrá un plazo máximo de 180 días y no supone el cierre de la compañía. El decreto, publicado el martes en la Gaceta Oficial, establece que la intervención busca “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis”.

La decisión alcanza a la empresa que controla la comercialización de combustibles, desde la compra en el exterior hasta el reparto dentro del país. En las gasolineras, algunos conductores pasan la noche en sus vehículos mientras esperan para cargar combustible.

La escasez representa uno de los principales desafíos para el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025 con el compromiso de resolver los problemas de suministro. “La intervención estatal extraordinaria de YPFB” apunta a “recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”, informó la oficina presidencial.

La comisión responsable de la intervención estará integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del viceministro de Transparencia. Ese grupo podrá recomendar auditorías y otras medidas.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, sostuvo que las medidas previas no dieron resultado. “Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, afirmó durante una conferencia de prensa.

Blanco atribuyó la falta de combustible a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB. Además, anticipó que el Ejecutivo pretende retirar de forma gradual a la compañía estatal de las tareas de comercialización.

“La intención del gobierno nacional es que” YPFB “vuelva a su rol natural” de exploración, explotación y refinación y “no se dedique a comercializar hidrocarburos”, dijo el ministro.

El presidente Rodrigo Paz eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, una política que rigió durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. La medida buscó aliviar la crisis económica y asegurar las importaciones de carburantes, pero las filas en las estaciones de servicio continuaron.

La eliminación de las subvenciones ocurrió después de que el esquema de apoyo estatal agotara las reservas de divisas y complicara la compra externa de los mismos combustibles que recibían subsidios. Paz había prometido que el fin de esa política terminaría con las esperas para cargar gasolina y diésel.

En enero surgieron denuncias contra YPFB por la distribución de gasolina contaminada. Hasta junio, el combustible dañó al menos 36.000 vehículos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció ante la prensa que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina en circuitos de contrabando hacia países vecinos, con la complicidad de empleados de YPFB.

Las autoridades atribuyen parte del actual desabastecimiento a ese comercio ilegal. Para limitarlo, el Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta 1,5 dólares por litro, con el objetivo de reducir el incentivo que generaba su menor valor en el mercado interno. La medida provocó protestas intermitentes de campesinos desde la semana pasada. Este miércoles, decenas de manifestantes bloquearon durante 24 horas el paso de una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz.

Los campesinos utilizaron neumáticos y árboles derribados para interrumpir la circulación. Cuatro puntos de bloqueo permanecían activos en Santa Cruz, de acuerdo con el relevamiento realizado en la zona.

Las protestas se desarrollan pese al estado de excepción decretado por el Gobierno para contener las movilizaciones anteriores contra la crisis económica, que paralizaron el país entre mayo y junio.

(Con información de AFP)

Los conductores en Panamá volverán a pagar más por los combustibles desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1,28 por litro, mientras la de 91 se venderá en $1,19 y el diésel llegará a $1,40.

El nuevo ajuste amplía el incremento acumulado desde mediados de julio. En menos de dos meses, la gasolina de 95 se ha encarecido cerca de 9% y la de 91 alrededor de 8%. El mayor impacto corresponde al diésel, que registra un aumento cercano al 29%, según la comparación de los precios oficiales.

El aumento del diésel podría trasladarse a los precios de bienes y alimentos, debido a que es el combustible utilizado principalmente para transportar mercancías dentro del país. Un mayor gasto para movilizar productos desde puertos, centros de distribución y zonas agrícolas incrementa los costos de operación de las empresas, que eventualmente podrían ser asumidos por los consumidores finales.

La evolución comenzó con los valores vigentes desde el 10 de julio, cuando la gasolina de 95 costaba aproximadamente $1,17 por litro en Panamá y Colón. La de 91 se encontraba en $1,11 y el diésel se vendía en cerca de $1,09, precios considerablemente menores a los anunciados para septiembre.

El 24 de julio entró en vigor el primer incremento importante del periodo. La gasolina de 95 subió a $1,26 por litro, la de 91 alcanzó $1,18 y el diésel llegó a $1,27. En apenas dos semanas, este último combustible aumentó cerca de $0,18 por litro, superando ampliamente el avance de las gasolinas.

Agosto comenzó con otro ajuste al alza. Desde el día 7, la gasolina de 95 pasó a $1,27 por litro, mientras la de 91 se ubicó en $1,19. El diésel volvió a registrar el aumento más fuerte de la quincena al alcanzar aproximadamente $1,34 por litro en Panamá y Colón.

El movimiento cambió parcialmente el 21 de agosto. Las gasolinas registraron una reducción: la de 95 bajó a aproximadamente $1,23 por litro y la de 91 descendió a $1,16. Sin embargo, el diésel volvió a subir, aunque ligeramente, hasta situarse en alrededor de $1,35 por litro.

Con el ajuste del 4 de septiembre, la gasolina de 95 subirá nuevamente hasta $1,28, superando el valor registrado a principios de agosto. La de 91 volverá a $1,19, mientras el diésel alcanzará un nuevo máximo de $1,40.

Al comparar los extremos del periodo, la gasolina de 95 aumentó cerca de $0,11 por litro, equivalente a unos $0,40 por galón. La de 91 acumula una subida aproximada de $0,09 por litro o $0,33 por galón. En cambio, el diésel se encareció $0,31 por litro y $1,18 por galón.

Con los nuevos valores, el galón de gasolina de 95 costará aproximadamente $4,84 en Panamá y Colón. El de 91 se ubicará en $4,52, mientras el galón de diésel llegará a $5,30. Los precios serán ligeramente mayores en otras localidades debido a los costos de traslado.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el último incremento responde principalmente a las tensiones en Medio Oriente, que han impulsado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Los enfrentamientos y las dificultades para movilizar cargamentos por rutas estratégicas aumentaron la preocupación por el abastecimiento mundial durante las últimas semanas de agosto.

El West Texas Intermediate, conocido como WTI y negociado en Nueva York, también atravesó un periodo de fuertes movimientos durante agosto.

Después de registrar retrocesos al comenzar el mes, recuperó terreno durante las últimas jornadas y superó los $90 por barril al iniciar septiembre, presionado por los riesgos para el suministro.

Entre mediados de julio y el comienzo de septiembre, el WTI acumuló un aumento cercano al 13%, al pasar de aproximadamente $79,60 a más de $90 por barril.

Esa trayectoria ayuda a explicar el encarecimiento local, aunque los precios panameños no cambian inmediatamente ni reproducen exactamente cada movimiento internacional.

Panamá importa la gasolina y el diésel que consume, por lo que también influyen el valor de los combustibles ya procesados, su transporte hasta el país y la distribución interna.

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 18 de septiembre, cuando deberá realizarse la siguiente revisión quincenal.

Configurar Google Maps para ahorrar dinero y combustible en cada viaje es posible gracias a funciones específicas que permiten elegir rutas más eficientes, adaptar los trayectos al tipo de motor del vehículo y evitar costes adicionales como los peajes.

La aplicación integra herramientas que ayudan al usuario a reducir tanto el gasto en combustible como los pagos innecesarios, ofreciendo rutas optimizadas según las necesidades de cada conductor.

Configuración de Google Maps para reducir gastos en viajes

Ajustar Google Maps para conseguir trayectos más económicos implica modificar algunas opciones dentro de la aplicación. El proceso comienza asegurando que la app esté actualizada en el dispositivo.

Una vez hecho esto, se accede a los ajustes tocando la foto de perfil o inicial situada en la parte superior derecha de la pantalla principal. Desde ahí es posible entrar en el apartado de configuración y acceder a la sección dedicada a la navegación.

Dentro de los ajustes de navegación se encuentran varias opciones bajo el epígrafe de rutas. Una de ellas permite dar prioridad a los trayectos que requieren menos combustible. Activar esta casilla significa que Google Maps sugerirá rutas donde se minimizan las aceleraciones y frenadas frecuentes, y se eligen caminos con pendientes suaves, lo que favorece un menor consumo energético en comparación con otros recorridos.

Además, la aplicación ofrece la posibilidad de descartar rutas que incluyan peajes. Esta función se activa también desde las opciones de ruta, lo que permite al usuario evitar pagos adicionales comparando el tiempo extra que podría suponer con el ahorro económico que representa.

Personalización de rutas según el tipo de motor

La eficiencia en el uso de combustible no es igual para todos los vehículos. Google Maps permite que el usuario indique el tipo de motor de su coche, ya sea gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Esta información se introduce en el mismo menú de ajustes de navegación.

Seleccionar el tipo de motor es un paso fundamental porque la aplicación adaptará sus sugerencias de ruta para maximizar la eficiencia de acuerdo con las características técnicas del vehículo.

Por ejemplo, los motores diésel suelen mostrar mejor rendimiento a velocidades altas, por lo que las rutas sugeridas priorizarán tramos de carretera. En cambio, los coches eléctricos e híbridos aprovechan las frenadas en recorridos urbanos gracias a la regeneración de energía, por lo que la app puede recomendar trayectos urbanos donde esa ventaja sea mayor.

Con esta personalización, cada vez que el usuario reciba una sugerencia de ruta marcada con el símbolo de la hoja verde, sabrá que ese itinerario ha sido seleccionado calculando el mayor rendimiento posible para el tipo de motor elegido.

Cómo evitar peajes y optimizar el ahorro directo

Evitar peajes es una medida directa para reducir los costos de cualquier desplazamiento. Google Maps facilita esta tarea con una opción específica dentro del menú de rutas. Al activar la preferencia para evitar peajes, la aplicación calculará alternativas que no incluyan vías de pago, mostrando la diferencia de tiempo estimado entre esas rutas y las que sí incluyen peajes.

Esta función también se puede activar antes de iniciar cada viaje. Al introducir un destino, el usuario puede desplegar el menú de opciones y seleccionar la casilla correspondiente para evitar peajes, de modo que la ruta se ajuste automáticamente sin necesidad de modificar la configuración general de la app cada vez.

El uso de estas herramientas permite que el usuario tenga control sobre los gastos asociados al viaje, ya que puede comparar el ahorro económico frente al posible incremento en la duración del trayecto.

Utilidad de las rutas ecológicas y cómo identificarlas

Las rutas de bajo consumo se identifican fácilmente en Google Maps gracias a un ícono con una hoja verde. Esta señal visual indica que la alternativa sugerida ha sido calculada para requerir menor cantidad de combustible, considerando factores como la regularidad de la velocidad y la suavidad del terreno.

En ocasiones, la ruta más rápida no coincide con la de menor consumo. Por ejemplo, un trayecto por autopista en hora punta puede implicar numerosas paradas y aceleraciones, lo que incrementa el gasto.

En cambio, una carretera secundaria con tránsito fluido y velocidad constante puede suponer hasta un 30% menos de consumo energético. Esta diferencia es relevante para quienes buscan optimizar el gasto en cada viaje, sobre todo en recorridos habituales o trayectos largos.

Pasos para activar las funciones de ahorro en Google Maps

Para aprovechar todas estas opciones, el usuario debe realizar algunos ajustes sencillos en la aplicación. Primero, desde la pantalla principal de Google Maps, se accede al menú de configuración tocando el icono de perfil. Seguidamente, en la sección de ajustes de navegación, se activa la preferencia de dar prioridad a rutas con menor consumo de combustible.

El segundo paso es especificar el tipo de motor del vehículo, eligiendo la opción correspondiente en el menú y guardando la selección. Finalmente, para evitar peajes, basta con activar la opción pertinente en las opciones de ruta, ya sea desde los ajustes generales o antes de iniciar cada viaje concreto.

Estas configuraciones quedan guardadas, por lo que la aplicación aplicará automáticamente las preferencias seleccionadas cada vez que se solicite una ruta nueva.

De este modo, Google Maps se convierte en una herramienta eficaz para planificar trayectos teniendo en cuenta tanto el ahorro económico como la reducción en el consumo de combustible, facilitando al usuario la toma de decisiones informadas en cada desplazamiento.

Gremiales y asociaciones de transportistas y pilotos del transporte urbano y de carga cumplieron con su amenaza e instalaron bloqueos en más de 15 carreteras principales de Guatemala para protestar por el alza en los precios de los combustibles.

La jornada de este 31 de agosto inició con graves complicaciones. Los bloqueos fueron instalados desde las primeras horas, por lo que las personas se vieron limitadas para llegar a sus puestos de trabajo, centros de estudio y actividades comerciales, y que a las 11:00 ya sumaba 17 manifestaciones en distintas rutas del país, según reportó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

La magnitud del impacto también fue medida por el sector industrial. La Cámara de la Industria de Guatemala afirmó que un solo día de bloqueos representa una pérdida estimada de Q217.59 (USD 28.26) por cada guatemalteco económicamente activo, con base en cálculos del Observatorio de Políticas Industriales.

De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, los cierres se registraron en la ruta Interamericana, la ruta al suroccidente, la ruta RD-PET-011 y la ruta RN-01. En varios puntos, los manifestantes colocaron palos, ramas, camiones, microbuses, mototaxis y otros obstáculos para impedir el paso vehicular.

Las protestas habían sido anunciadas desde el fin de semana. También se preveía una movilización de transportistas en la capital.

Petén sin entrada ni salida: complica Aeropuerto Mundo Maya

En Petén, los transportistas bloquearon todos los ingresos y salidas del departamento, lo que generado complicaciones de movilidad, principalmente a turistas nacionales e internacionales que visitan el epicentro de la cultura maya.

Incluso, los manifestantes atravesaron vehículos para cerrar el paso hacia la zona central frente al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Santa Elena, Flores.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a través de un comunicado que la protesta se desarrollaba sobre la ruta CA-13, en cercanías del aeropuerto.

Según indicaron, las operaciones aéreas seguían programadas con normalidad, aunque recomendó a los pasajeros con viajes previstos anticipar su llegada más de lo sugerido por su aerolínea para evitar contratiempos por el bloqueo vial.

Los bloqueos alcanzaron rutas nacionales, el acceso a Totonicapán y el entorno del Aeropuerto Mundo Maya

Uno de los puntos con afectación se ubicó en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional que conduce a Totonicapán, donde manifestantes cerraron el paso con microbuses. Según el reporte, unas 50 personas permanecían en la protesta y la circulación era complicada en el sector.

También se informó de otra manifestación en el kilómetro 188 de la misma ruta, en el sector de La Morería, San Cristóbal Totonicapán. Allí, el bloqueo afectaba el paso hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul, mientras los inconformes utilizaron mototaxis para cerrar la vía.

En la ruta Interamericana, el tránsito quedó interrumpido entre los kilómetros 87 y 88. En ese tramo, los manifestantes atravesaron un camión y otros obstáculos sobre la carretera.

Otro cierre se registró en el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente. En ese lugar, los manifestantes colocaron ramas para impedir la circulación de vehículos.

Mientras que Provial informó sobre el restablecimiento del paso vehicular en el crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos.

Las cámaras empresariales advirtieron por pérdidas económicas y riesgo de desabastecimiento

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos en un comunicado. La entidad sostuvo: “Paralizar la productividad no reduce el precio de los combustibles, por el contrario, incrementa los costos para toda la economía”.

La organización agregó que el precio de los combustibles tiene un efecto transversal sobre la producción, el transporte y la logística de materias primas, así como sobre la distribución de bienes dentro y fuera del país.

Según la cámara, ese aumento de costos produce un efecto en cadena que reduce la actividad económica y puede trasladarse al precio de productos e insumos básicos para la población.

La misma entidad afirmó que afectar la movilidad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad del país no constituye una solución. En su comunicado, añadió: “Los bloqueos interrumpen las actividades productivas, generan pérdidas económicas y terminan perjudicando a miles de guatemaltecos”.

La Cámara del Agro de Guatemala también rechazó los cierres de carreteras. La organización señaló que los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, con impacto sobre pequeños productores, trabajadores y familias, además de comprometer la seguridad alimentaria del país.

En ese mismo pronunciamiento, la entidad exigió al presidente de la República, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil garantizar el orden público y los derechos de la población, conforme a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

También sostuvo que debía garantizarse la libre locomoción y protegerse el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de industria, comercio y trabajo.

Los puntos bloqueados

De acuerdo con Provial, hasta ahora se mantienen 17 puntos bloqueados, todos en ambos sentidos, en todo el territorio guatemalteco, entre ellos:

• CA-2 Occidente: Río Bravo, Suchitepéquez
• CA-2 Occidente: Frontera del Carmen, San Marcos
• RN-01: Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
• RN-01: Sector La Hulera San Pablo, San Marcos
• RN-01: Sector La Vega, San Pablo, San Marcos
• RN-01: Sector El Trébol, San Pablo, San Marcos
• RN-01: Sector Las Pilas San Pablo, San Marcos
• RN-01: San Pablo, San Marcos
• RN-01: San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
• RN-01: Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán
• RD-PET-11: La Libertad, Petén
• RD-PET-11: Las Pozas Sayaxché, Petén

No obstante, vecinos y medios locales de Petén reportan cierres en los siguientes puntos:

• Sayaxché: Ferry de la Pasión, Parque Nacional El Rosario, Las Pozas, La Ceiba
• La Libertad: Frontera con México en el cruce a El Ceibo y El Naranjo y el cruce a La Esperanza
• Melchor de Mencos: Frontera con Belice
• San Benito: ruta que conduce a San Francisco
• San Andrés: cruce hacia la comunidad de Sacpuy
• Poptún: puente de Machaquilá
• Santa Ana: cruce de La Potra
• Santa Elena: Frente al Aeropuerto Mundo Maya y en el Km8 a la altura de Turicentro

También, de manera extraoficial, se informa de cierres viales en los siguientes puntos:

• Escuintla: km 126, CA-2, cruce a Tiquisate.
• Quetzaltenango: sector Zunil.
• Sololá: km 130 de la Ruta Interamericana, La Cuchilla, cruce hacia Panajachel y Quetzaltenango.
• Ciudad de Guatemala: plantón en la 8a. avenida de la zona 1, frente al Congreso, entre 9a. y 10a. calles.

En medio de los crecientes reclamos por el incremento del precio del diésel para algunos consumidores en Bolivia, la administración de Rodrigo Paz descartó su abrogación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la continuidad de la medida por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de USD 1.900 millones.

En un encuentro con alcaldes del país, Aramayo señaló que el financiamiento del FMI “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.

“El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”, añadió el funcionario.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 27 de agosto, nivela al valor internacional el precio del diésel para los “grandes consumidores”: pasa de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. La norma establece que el objetivo es “regularizar la provisión” del carburante y señala que el precio es referencial y flexible, y que será calculado de manera diaria con base en los valores internacionales.

La medida no afecta al transporte público ni a los usuarios particulares para quienes el producto se mantiene parcialmente subsidiado. Sin embargo, ha generado el rechazo de múltiples sectores, principalmente productores agrícolas y el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a varias instituciones del departamento y que se atribuye la defensa de los intereses de esa región.

Mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico mantienen su exigencia de abrogar el decreto y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de tomar medidas de presión, organizaciones de productores realizaron una protesta con bloqueo en la ruta que une las ciudades de Trinidad y Santa Cruz, al este del país, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes.

En medio de los reclamos, el presidente defendió la aplicación del decreto y señaló que “se puede mejorar, pero no retroceder”. Paz argumentó que la crisis económica heredada de anteriores gestiones impide mantener el subsidio a los combustibles, vigente en el país durante casi 20 años y parcialmente eliminado en diciembre pasado.

Mientras el gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para reducir el gasto público y cumplir compromisos con el FMI, la Gobernación de Santa Cruz, principal región productiva del país, busca abrir una vía paralela de abastecimiento con empresas privadas.

La propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco contempla un decreto departamental mediante el cual la Gobernación sería articuladora entre proveedores internacionales y operadores privados para garantizar el abastecimiento, aumentar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad de precios.

Durante casi 20 años, los bolivianos compraron diésel y gasolina a un precio subsidiado y significativamente menor que el valor internacional. Sin embargo, las crecientes dificultades de importación —por la crisis económica, la falta de divisas y el agotamiento de las reservas internacionales— provocaron desde 2023 periodos de desabastecimiento cada vez más prolongados y frecuentes.

En ese contexto, una de las primeras medidas de la administración de Paz fue levantar parcialmente el subsidio con el objetivo de regularizar el suministro y combatir el contrabando de combustibles. Sin embargo, la medida aprobada en diciembre no logró resolver la crisis de abastecimiento ni disipó los cuestionamientos sobre la calidad del combustible comercializado en el país, que en el primer trimestre de este año provocaron daños en decenas de miles de vehículos que reportaron fallas mecánicas.

En ese contexto, el conflicto por el aumento del precio del diésel para los grandes consumidores pone al Gobierno de Paz ante el desafío de sostener una política económica que considera necesaria para estabilizar las cuentas públicas, mientras enfrenta el creciente costo político y social de sus decisiones.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció un acuerdo con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda para la detección de contrabando de combustible en empresas del sector.

“Con respecto al convenio que firmamos con Pemex, es efectivamente para que pueda tener acceso a información que ellos nos requieran cuando quieran verificar alguna empresa que quiera contratar con Petróleos Mexicanos o que nosotros tengamos acceso a información de Petróleos Mexicanos para poder identificar cualquier riesgo que pueda poner, cualquier riesgo que pueda poner en duda la credibilidad de Petróleos Mexicanos”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 28 de agosto en Palacio Nacional.

UIF, Hacienda y Pemex firman convenio para combatir el huachicol fiscal

La SHCP y Pemex reforzaron su colaboración institucional al firmar un convenio para el intercambio de información gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual busca mejorar la coordinación y establecer mecanismos ágiles y eficaces para el cumplimiento de atribuciones en ambas entidades.

Con este pacto, la empresa petrolera entregará al organismo datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos. Con estos datos podrán identificar y prevenir operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, así como hechos de corrupción, fraude o robo de hidrocarburos. A su vez, la UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex, con el objetivo de fortalecer la prevención y evaluación de riesgos en las actividades financieras de la empresa y sus filiales.

La colaboración se inserta en los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. El intercambio de información y la capacitación conjunta buscan desarticular las estructuras financieras, logísticas y comerciales que sostienen el huachicol fiscal.

Con estas acciones, estas organizaciones consolidan la protección del sistema financiero y de los recursos estratégicos nacionales, en línea con la política energética conducida por la Secretaría de Energía. Además, el convenio responde a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contribuyendo a la denuncia de posibles hechos de corrupción y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

Nuevas estrategias contra el lavado de dinero con criptomonedas en el país

Por otro lado, la UIF dio a conocer que ha fortalecido la vigilancia sobre el uso de criptomonedas, enfocándose en prevenir el lavado de dinero a través de activos digitales. Según Omar Reyes Colmenares, titular de la institución, existe un área especializada que investiga transferencias con criptoactivos y mantiene acuerdos con empresas del sector para intercambiar información, además de colaborar con la Fiscalía General de la República en la judicialización de casos sospechosos.

El organismo exige a las plataformas de divisas digitales que reporten operaciones inusuales de inmediato cuando se detecte alguna transacción fuera del perfil habitual. Ante esto se comenzará un análisis detallado y, en caso de riesgo, denuncia ante la fiscalía para que se realice la investigación correspondiente. Este sistema de alertas automáticas permite actuar en tiempo real para frenar intentos de este delito, adaptándose a las nuevas formas de crimen financiera.

La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó un proyecto de ley que busca reducir la cantidad de combustible asignada mensualmente a los integrantes de la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, establecer nuevos mecanismos de fiscalización sobre el uso de ese recurso público.

La propuesta plantea disminuir de 500 a 300 litros mensuales la cuota de combustible que actualmente recibe cada diputación y delimitar expresamente su utilización a actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas.

El proyecto surge en medio de cuestionamientos sobre el monto de recursos públicos destinado a este beneficio. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, durante el periodo legislativo 2022-2026 las diputaciones gastaron en conjunto ₡425,912,186 (USD 945 mil) en combustible.

Con la reforma, Sáenz pretende modificar no solo el volumen del beneficio, sino también la manera en que se controla su utilización.

De 500 a 300 litros por mes

Actualmente, cada una de las diputaciones tiene disponible una cuota mensual de 500 litros de combustible.

El proyecto presentado por la legisladora frenteamplista propone reducir esa asignación en 200 litros mensuales, lo que representa una disminución del 40% respecto de la cantidad vigente.

La iniciativa también establece que el combustible deberá ser utilizado únicamente para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo legislativo, con el objetivo de impedir que sea destinado a propósitos ajenos al trabajo parlamentario.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer que la cuota tenga carácter no acumulable.

Esto significa que, si un diputado o diputada no utiliza la totalidad de los 300 litros disponibles durante determinado mes, el saldo restante no podrá trasladarse al periodo siguiente.

El texto también busca dejar expresamente establecido que este beneficio tendrá una naturaleza no salarial, por lo que no podría ser considerado como parte de la remuneración ordinaria de los legisladores.

Diputados tendrían que rendir cuentas cada mes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo periódico de rendición de cuentas.

En caso de aprobarse la reforma, cada diputada y diputado deberá presentar mensualmente un informe sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea Legislativa.

El documento permitiría conocer cómo fue utilizado el recurso asignado durante cada periodo y ofrecería a la administración legislativa una herramienta adicional para detectar posibles anomalías.

La propuesta incluye además consecuencias económicas en caso de comprobarse un uso indebido.

Si las autoridades determinan que el combustible fue utilizado para fines distintos a los autorizados, el monto correspondiente deberá rebajarse de la remuneración mensual de la persona legisladora.

De esta manera, el proyecto busca incorporar un mecanismo directo para recuperar recursos públicos cuando se compruebe que el beneficio fue utilizado de forma irregular.

Directorio Legislativo deberá fiscalizar

La iniciativa presentada por Sáenz también asigna responsabilidades al Directorio de la Asamblea Legislativa.

Según el proyecto, ese órgano deberá establecer mecanismos de seguimiento, control y detección de posibles irregularidades relacionadas con el uso de las cuotas de combustible.

La intención es que la fiscalización no dependa únicamente de los reportes individuales presentados por los legisladores, sino que exista además un sistema institucional encargado de revisar el comportamiento del beneficio y detectar eventuales usos fuera de las condiciones establecidas.

El proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre los recursos y beneficios que reciben los diputados durante el ejercicio de sus cargos, así como sobre los mecanismos disponibles para determinar cómo son utilizados.

De acuerdo con Sáenz, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que exista un mayor equilibrio entre las necesidades de movilidad propias de la función legislativa y el manejo responsable de los recursos provenientes del presupuesto público.

La legisladora busca con la reforma garantizar un uso “más razonable, transparente y fiscalizado de los recursos públicos”, además de fortalecer la rendición de cuentas dentro de la propia Asamblea Legislativa.

La discusión del proyecto deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que una eventual reducción de la cuota pueda entrar en vigencia.

De avanzar la iniciativa, cada legislador pasaría de disponer de 6,000 litros de combustible al año, bajo la cuota actual de 500 litros mensuales, a un máximo de 3,600 litros anuales, bajo la propuesta de 300 litros por mes.

Esto significaría una reducción potencial de 2,400 litros por diputado cada año, además de la incorporación de controles mensuales y la posibilidad de aplicar rebajos salariales cuando se determine que existió un uso irregular del recurso.

La decisión del Gobierno de Bolivia de subir de 9,80 a 18 bolivianos (unos 2,6 dólares) por litro el precio del diésel para los grandes consumidores ha provocado el rechazo de productores agropecuarios, transportistas y otros sectores, que exigen la derogación de la medida y advierten con movilizaciones.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, eliminó la subvención estatal para los denominados “grandes consumidores” de diésel, mientras mantuvo en 9,80 bolivianos por litro el precio para transportistas y particulares. El Gobierno sostiene que la medida forma parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles y reducir el costo que representa la subvención en un contexto de crisis económica.

A una semana de la entrada en vigencia del decreto, al menos ocho sectores han expresado públicamente su rechazo. Entre ellos están organizaciones agropecuarias, transportistas, productores de arroz y caña de azúcar, además de campesinos de distintas regiones.

En Santa Cruz, el principal departamento agrícola del país, productores de cuatro provincias dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar la norma y anunciaron movilizaciones.

En tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que reúne a los productores agrícolas, calificó la disposición como “improvisada” y “discriminadora”. Su presidente, Klaus Frerking, cuestionó además que el Gobierno sostenga que la norma fue previamente socializada con los sectores afectados. “Si hubiera sido socializado, no tendría todo el aparato productivo nacional, señalando que este decreto no es la solución”, afirmó Frerking en entrevista con el canal Unitel.

El dirigente alertó sobre el impacto de la escasez de combustible en las actividades agrícolas. Según explicó, los retrasos en los despachos afectan la preparación de la tierra, las cosechas y el traslado de alimentos para la ganadería. “Estamos en una situación dramática”, afirmó y reclamó una mayor promoción de los biocombustibles.

La CAO convocó para este jueves a un congreso extraordinario en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, donde los productores definirán medidas de presión. De igual forma, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que agrupa a organizaciones de los nueve departamentos, cuestionó el aumento del precio y advirtió que puede reducir la producción si no se adoptan medidas para compensar sus efectos.

El rechazo también se extendió al transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia declaró al sector en estado de emergencia y anunció la convocatoria a una reunión nacional para asumir acciones. El dirigente Lucio Gómez advirtió que podrían adoptarse “medidas de presión”, mientras reclamó soluciones tanto al incremento del precio como al desabastecimiento.

El Gobierno enfrenta el conflicto mientras intenta ampliar la participación privada en la importación de combustibles. Bolivia atraviesa desde hace tres años periodos prolongados de escasez debido a la baja producción local y las dificultades de importación por la falta de divisas.

En ese contexto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió el lunes las ofertas de cinco empresas privadas interesadas en suministrar combustible, pero aclaró que están todavía en la etapa de selección.

Irán enfrenta una creciente escasez de combustible debido a que Estados Unidos restringe su acceso a las importaciones, lo que limita el suministro de un producto básico que ya ha provocado disturbios en el país.

El periódico estatal Hamshahri informó el domingo sobre largas filas en las gasolineras de Teherán por temor a aumentos de precios, y muchos conductores llenaban sus tanques antes de que estuvieran a la mitad.

Un alto funcionario a cargo del suministro energético nacional declaró que el mercado de la gasolina registraba un déficit diario de 14 a 15 millones de litros debido a la demanda récord, los daños sufridos durante la guerra y los cambios en las prioridades del presupuesto nacional.

“Tenemos que hacer algo para reducir el consumo a los niveles de producción nacional”, afirmó Esmaeil Saqab Esfahani, director de la Organización de Optimización Energética y Gestión Estratégica, la semana pasada, según la agencia de noticias semioficial de estudiantes iraníes.

Cualquier escasez de combustible pondrá a prueba la capacidad de Irán para mantener su economía en marcha, mientras Estados Unidos lanza lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió el lunes como “la mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario”.

Los precios de la gasolina son un tema sumamente delicado en Irán, país rico en petróleo, donde los subsidios estatales permiten a los consumidores beneficiarse de una de las gasolinas más baratas del mundo.

Los intentos anteriores de aumentar los precios han provocado protestas mortales, especialmente en 2019, cuando cientos de iraníes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Con una inflación galopante y una crisis monetaria cada vez más grave que ahora asfixia a millones de familias comunes en Irán, un aumento repentino en los precios de la gasolina probablemente avivaría la indignación pública.

Las autoridades iraníes llevan meses advirtiendo a la población que las subidas de precios podrían ser inevitables, ya que los ataques israelíes y estadounidenses contra depósitos de combustible y otras instalaciones energéticas han agravado un desequilibrio de larga data entre la oferta y la demanda. El bloqueo estadounidense a los puertos iraníes también ha impedido las importaciones de las que Irán normalmente depende para compensar la escasez.

Llamamiento público

El presidente Masoud Pezeshkian solicitó el apoyo de la ciudadanía ya en mayo, cuando planteó la posibilidad de racionar el combustible e instó a la población a utilizar el transporte público siempre que fuera posible. Sin embargo, las advertencias no parecen haber surtido efecto.

La semana pasada, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador en la guerra, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos e Israel planeaban aprovechar cualquier aumento en los precios de la gasolina como parte de sus operaciones militares contra la República Islámica. Anteriormente, las autoridades habían culpado a un “país extranjero” no especificado de un ciberataque a la red de distribución de combustible del país en 2021.

El gobierno ha intentado incentivar a los conductores de los aproximadamente 4,5 millones de vehículos de combustible dual que circulan a que cambien al gas natural comprimido. La mayor planta de procesamiento de petróleo de Irán, la Refinería Estrella del Golfo Pérsico, también anunció que estaba utilizando metanol para aumentar la producción de gasolina, según informó ISNA el domingo.

Esfahani, el funcionario de energía, declaró que el gobierno está estudiando tres posibles maneras de gestionar la escasez.

La primera opción consiste en distribuir una cantidad fija de 121 millones de litros de combustible diarios a las gasolineras antes de “apagar” los surtidores una vez agotada la reserva. La segunda opción es continuar las ventas por encima de ese nivel, pero a un precio más alto, y la tercera es asignar cuotas a particulares en lugar de a vehículos.

Sistema de cuotas

Actualmente, Irán cuenta con un sistema de cuotas escalonadas que proporciona a cada vehículo una asignación mensual de gasolina con descuento.

Los primeros 60 litros cuestan 15.000 riales (0,008 dólares) por litro, seguidos de 30.000 riales por cada uno de los siguientes 50 litros y 50.000 riales por cada litro adicional.

La semana pasada, el gobierno abandonó abruptamente un programa piloto en la ciudad sureña de Kerman que habría aumentado la cuota total, pero aplicando un precio mucho más alto de 872.000 riales por litro (0,46 dólares) para las compras que superaran dicha cantidad.

Las autoridades atribuyeron el fracaso del programa piloto a una mala gestión, pero el aumento de la tarifa también provocó una alarma generalizada en Kerman y avivó los temores de que el gobierno estuviera planeando aumentos de precios similares para el resto del país.

Bloomberg

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

Cambiar los neumáticos puede alterar el rendimiento de un vehículo mucho más de lo que advierte la mayoría de los usuarios.

Grist señaló que muchos autos salen de fábrica con cubiertas de baja resistencia al rodamiento, una característica que ayuda a reducir el consumo de nafta y a estirar la autonomía en los modelos eléctricos. Esa ventaja suele desaparecer en el recambio, cuando los compradores eligen opciones sin datos claros sobre su impacto energético.

En ese escenario, California aprobó la primera norma estatal de Estados Unidos para mejorar la eficiencia de los neumáticos de reemplazo.

La decisión de la Comisión de Energía de California apunta a ordenar un mercado poco transparente y a fijar parámetros mínimos para las cubiertas que se venden después de la compra original del vehículo.

Cómo funcionará la norma y cuándo entrará en vigencia

La regulación se aplicará en dos etapas. La primera comenzará en 2029 e impedirá la venta de los modelos más ineficientes. La segunda arrancará en 2033 con un umbral más exigente.

La autoridad energética estatal aseguró que el calendario se extendió ante los pedidos de fabricantes que reclamaron más tiempo para adaptar sus procesos.

El esquema también incluirá un etiquetado con hojas para identificar el nivel de eficiencia de cada neumático. Cuantas más hojas tenga un modelo, menor será la energía necesaria para mover el vehículo. La calificación máxima será de cuatro hojas.

De acuerdo con Grist, el sistema busca ofrecer una referencia simple para comparar opciones al momento del recambio.

La norma no alcanzará a todos los segmentos. Quedarán exceptuados los neumáticos para nieve, los de competición y los all-weather.

Aun así, las autoridades de California informaron que seguirán la evolución de esa última categoría porque ganó peso en el mercado y podría quedar bajo regulación más adelante.

El ahorro prometido y la disputa por los costos

La Comisión de Energía de California sostuvo que la iniciativa podría generar ahorros por USD 1.000 millones al año para los conductores en gastos de combustible y recarga.

El organismo también calculó una baja anual de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que, como detalló Grist, equivale a retirar unos 400.000 autos de circulación.

David Hochschild, presidente de la comisión, afirmó en un comunicado que la aprobación de la norma permitirá “ahorrar aproximadamente USD 1.000 millones al año en repostaje, reducir la contaminación y ampliar la autonomía de los vehículos en circulación”.

El punto más discutido pasó por el precio de las cubiertas. El regulador calculó que los neumáticos más eficientes costarán entre USD 6 y USD 26 más por juego, aunque ese monto quedaría compensado por un menor consumo de energía.

En esa proyección, el ahorro neto por neumático se ubicaría entre USD 85 y USD 153 a lo largo de su vida útil, con una referencia de USD 4,60 por galón de gasolina.

Esa lectura no convence a todos. Christian Robinson, directivo de la Specialty Equipment Market Association (SEMA), advirtió ante la comisión que “estos neumáticos son, en términos generales, más caros que los que hoy se encuentran en el mercado”.

También aseguró que la iniciativa podría imponer una carga extra sobre las familias trabajadoras. Grist añadió que una estimación citada por esa entidad elevó el sobrecosto potencial hasta USD 365,20.

Apoyos, objeciones y efecto fuera del estado

Dentro de la industria hubo posiciones divididas. Empresas como Michelin y ENSO respaldaron al menos parte de la regulación.

Francesca Mosteller, directora de asuntos gubernamentales estatales y locales de Michelin North America, dijo ante la comisión que “apoyamos los objetivos de eficiencia y creemos que los umbrales propuestos en esta regulación son técnicamente viables dentro de los plazos definidos”, según informó Grist.

Desde el lado de las organizaciones de consumidores y del ambientalismo hubo apoyo, aunque con reparos.

Karim Marshall, de la Consumer Federation of America, criticó la demora en la entrada en vigor y el número de excepciones, pero defendió el avance regulatorio.

Bill Magavern, director de políticas de la Coalition for Clean Air, sostuvo que los fabricantes no adoptan ese tipo de mejoras por iniciativa propia y que necesitan estándares públicos para hacerlo.

El antecedente de esta decisión es largo. Grist recordó que la legislatura estatal ordenó trabajar en esta regulación en 2003. El proceso avanzó durante algunos años, quedó en pausa cuando el gobierno federal tomó el tema y volvió a activarse recién cerca de 2020.

The New York Times también repasó ese proceso en su cobertura. Con la aprobación ya formalizada, el alcance de la decisión podría ir más allá de California, como ocurrió antes con otras normas estatales sobre emisiones y eficiencia energética.

Solo un tercio de las gasolineras de Rusia cuenta actualmente con reservas de combustible, en medio de una nueva ola de escasez vinculada a los ataques ucranianos contra refinerías rusas. La situación provocó faltantes en distintas regiones, largas colas en las estaciones de servicio y la adopción de medidas de emergencia para garantizar el abastecimiento interno.

Después de una mejora parcial durante el verano, el mercado ruso volvió a tensarse en agosto por la reanudación de los ataques sobre instalaciones de refinación, a lo que se sumaron reparaciones no programadas en plantas clave y dificultades logísticas para distribuir el producto hacia distintas regiones.

Los datos más recientes muestran el alcance del problema. Al 16 de agosto, el combustible estaba disponible en el 28,1% de las gasolineras del país, por debajo del 41% registrado una semana antes. La caída reflejó un empeoramiento rápido de la situación y expuso el impacto de la nueva interrupción sobre la cadena de suministro. En varias regiones reaparecieron las colas y en algunas estaciones comenzaron a faltar distintos tipos de gasolina y diésel.

En Moscú y sus alrededores, la escasez también quedó expuesta. En una recorrida por 21 estaciones de servicio, solo una parte ofrecía gasolina de 92, 95 y 98 octanos, mientras que el diésel tampoco estaba garantizado en todos los puntos de venta. Ese panorama confirmó que la presión ya no se limitaba a regiones periféricas y alcanzaba también a uno de los principales centros de consumo del país.

Las autoridades rusas reconocieron el problema. El ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov, admitió que se forman colas en las gasolineras y sostuvo que el Gobierno trabaja para corregir la situación.

En paralelo, la administración rusa activó medidas para reforzar la oferta en el mercado interno. Entre ellas, autorizó la venta de combustibles de menor estándar ambiental, como Euro-2, y mantuvo restricciones sobre las exportaciones de diésel para priorizar el consumo doméstico.

La crisis afecta a un conjunto amplio de territorios. Funcionarios regionales de al menos ocho zonas reconocieron dificultades en el abastecimiento, mientras que en reuniones oficiales se identificaron problemas de suministro en regiones como Oremburgo, Lipetsk, Tver, Oriol, Tuvá, Jakasia y en los territorios de Krasnodar, Transbaikal, Primorie y Krasnoyarsk.

Ese desajuste entre oferta y logística aparece como uno de los factores centrales de esta nueva ola de escasez. Aunque Rusia mantiene volúmenes importantes de producción de gasolina, el traslado hacia algunas regiones presenta dificultades adicionales. A esa fragilidad se sumaron las paradas imprevistas en refinerías y el impacto de los ataques ucranianos, que volvieron a alterar el funcionamiento de instalaciones clave para el procesamiento de crudo.

La primera ola de colas comenzó a fines de mayo y se extendió durante cerca de un mes y medio. Hacia finales de julio, la situación había mejorado y el abastecimiento mostraba señales de estabilización. Esa tregua duró poco. En agosto, los nuevos ataques sobre refinerías reabrieron el problema y devolvieron tensión a un mercado que ya mostraba señales de fragilidad.

Frente a ese cuadro, el Estado ruso incrementó también la presión regulatoria sobre empresas petroleras y operadores independientes. El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia abrió 41 casos hasta el 17 de agosto y emitió 68 advertencias por presuntas infracciones a la legislación sobre competencia. Solo durante el verano se iniciaron 30 procedimientos, una cifra que casi triplicó la de los primeros cinco meses del año. Las actuaciones apuntaron a empresas independientes dueñas de estaciones de servicio en distintas regiones y a comercializadoras vinculadas con la marca Gazpromneft.

El avance de esos expedientes coincidió con un aumento de las quejas por precios y faltantes. En distintas zonas, la escasez empujó subas en los valores al consumidor y generó malestar entre los automovilistas. Aun así, la evolución de los precios no fue uniforme. Entre el 4 y el 10 de agosto, la gasolina bajó en 44 regiones de la federación. La caída más fuerte se registró en Daguestán, con un 9,1%, mientras que en Moscú el descenso fue del 0,2%. En cambio, la región de Tver mostró el mayor aumento, con un alza del 6,8%.

En busca de una salida, el Gobierno ajustó distintos mecanismos para sostener el flujo de combustibles hacia el mercado interno. Además de limitar exportaciones y flexibilizar requisitos ambientales para ampliar la oferta, trabajó con autoridades regionales y compañías petroleras para asegurar mayores volúmenes de suministro. También aparecieron alternativas de importación. Un cargamento de combustible procedente de India llegó a Múrmansk, aunque su descarga no se resolvió de inmediato por el alto costo del producto y por las pérdidas que podía generar su reventa en el mercado ruso.

Los valores ilustran ese problema. La gasolina india AI-92 se ofreció primero a 130.000 rublos por tonelada y luego bajó a 110.000, mientras que en la parte europea de Rusia el índice regional rondaba los 73.000 rublos por tonelada. Esa diferencia limitó su viabilidad comercial, aunque después se alcanzaron condiciones más aceptables para avanzar con el envío.

(Con información de EFE)

En medio de la aguda crisis de combustible que atraviesa Bolivia, Santa Cruz, la región más extensa y productiva del país, busca encarar el conflicto y plantea alternativas para abastecer el parque automotor y a la industria agrícola.

El gobernador del departamento, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la importación y comecialización de combustible y que necesita la aprobación de un decreto supremo que le autorice firmar el convenio.

“No vamos a esperar que las cosas sigan empeorando, lo vamos a hacer de manera autónoma. Estamos confiados y ya sabemos cómo hacerlo, así que solo es cuestión de tiempo para que Santa Cruz pueda importar su propio combustible”, afirmó el domingo en una entrevista con la radio Erbol.

El plan del gobernador de oposición es importar y comercializar diésel y gasolina a precio internacional a través de una alianza con empresas privadas que les permita cubrir al menos una parte de los 40 millones de litros de combustible que su región consume cada mes.

Entre tanto, los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz -una organización que aglutina varias instituciones y que en los últimos años adquirió un rol político al posicionarse como opositor a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS)- sostuvieron una reunión con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez en la que se debatió, por enésima vez, la crisis de carburantes que enfrenta el país debido a la baja producción local y las dificultades de importación por falta de divisas.

En el encuentro, YPFB se comprometió a publicar un cronograma diario de suministro, en el que se informe sobre los volúmenes programados y despachados, desarrollar normativa que facilite la importación a actores privados e impulsar la producción de biocombustibles para reducir la dependencia de las importaciones, entre otras acciones.

Entre las demandas también se planteó la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debido a que la consideran “una de las fuentes de la mafia de corrupción en la comercialización de combustible”. Horas más tarde, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó el cierre de la agencia encargada de regular y fiscalizar la cadena de hidrocarburos en Bolivia y afirmó que se crearía otra instancia “con otra gente”.

Esta medida se produce dos días después de la aprobación un decreto que duplica el precio del diésel para “grandes consumidores” con el objetivo de regularizar la provisión, combatir el contrabando en las fronteras y eliminar las filas en los surtidores.

Con esta medida, el precio del diésel pasó de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. El Decreto Supremo 5676 establece que el precio es referencial y que será calculado de manera diaria en base al precio internacional.

Aunque el nuevo precio genera incertidumbre sobre su impacto en los costos operativos de sectores estratégios y en la canasta familiar, el gobierno descarta que vayan a incidir porque no afecta a toda la cadena y porque algunos sectores ya estaban adquiriendo el combustible a ese precio a través del mercado privado.

A más de dos años de irregularidades en el abastecimiento de gasolina y diésel, la situación se ha tornado crítica para consumidores y sectores estratégicos que demandan acciones para garantizar de manera estructural el suministro. Ante la falta de soluciones definitivas por parte del Gobierno, la región está decidida a tomar el timón: “Tenemos que solucionar nuestros problemas, desde Santa Cruz para Santa Cruz, no podemos esperar el ritmo del Gobierno”, afirmó Velasco. El escollo, por ahora, está en los límites legales.

Las vacaciones traerán consigo más de 104 millones de desplazamientos por carretera, según las previsiones de la DGT, un 3,4% más que el año pasado. A este aumento de los viajes se suma el encarecimiento del combustible: el precio medio del gasóleo se sitúa en 1,68 euros por litro, un 7,9% más que hace un año. El resultado es que un viaje promedio este verano, de unos 800 kilómetros, será un 17,5% más caro que el pasado. En este contexto, cada decisión al volante puede marcar la diferencia en el coste final de las vacaciones.

Para evitar que el gasto en combustible penalice en exceso el bolsillo de los conductores existen trucos y maniobras al volante que puede reducir la factura al repostar en una gasolinera. Según un informe elaborado por Kelisto, el coste de llenar el depósito puede bajar llevando a cabo algunos sencillos cambios en la forma de conducir.

El informe del comparador, basado en datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), pone cifras a este ahorro. Calcula que aplicar distintas medidas de conducción eficiente puede reducir el consumo de combustible hasta un 58,5%. En un trayecto largo de unos 800 kilómetros, eso supondría un ahorro de hasta 47 euros.

En total, los desplazamientos de largo recorrido en España supondrán este verano un gasto aproximado de 2.106 millones de euros en combustible, con un coste medio de 80,64 euros por viaje. Según los cálculos recogidos en el estudio, los conductores pueden reducir de forma notable esa factura con medidas como moderar la velocidad, utilizar correctamente el aire acondicionado o evitar acelerones y frenazos.

“Con la subida de combustibles y el incremento de desplazamientos que se realizarán en estas vacaciones, las medidas de conducción eficiente están más vigentes que nunca. No solo servirán para abaratar el coste de nuestro viaje, sino que, además, nos ayudarán a conducir de una forma más segura, contribuyendo así a la protección tanto nuestra como de nuestros acompañantes y otros conductores”, apunta la portavoz de Seguros de Kelisto.es, Virginia Cordero.

Cambiar de velocidad, la maniobra que más se nota en el bolsillo

La medida más eficaz para ahorrar combustible es también una de las más sencillas: levantar ligeramente el pie del acelerador. Pasar de 120 a 100 kilómetros por hora en un viaje largo por autopista o autovía puede reducir el consumo un 30,5% y ahorrar hasta 24,60 euros por trayecto.

El informe indica que, según el IDAE, un incremento de la velocidad puede elevar el sobrecoste del consumo hasta un 44%. La recomendación implica evitar circular a velocidades innecesariamente elevadas, ya que mantener una velocidad moderada puede convertirse en uno de los gestos más rentables del viaje.

El segundo gran foco de ahorro está en el aire acondicionado, imprescindible en los desplazamientos estivales. La temperatura recomendada es de 23 o 24 grados, una configuración que, según Kelisto, puede generar un ahorro potencial del 16,67%, equivalente a unos 13,44 euros en el trayecto analizado. También se aconseja utilizar la función de recirculación del aire.

Ni acelerones ni frenazos: la conducción constante también ahorra

El tercer gran ahorro procede de combinar una marcha adecuada con una velocidad constante. Esta práctica puede reducir el consumo de combustible un 13,04%, unos 10,52 euros por trayecto largo. La clave está en evitar cambios bruscos de ritmo y mantener una conducción lo más uniforme posible.

Los vehículos modernos suelen incorporar sistemas que indican al conductor cuándo cambiar de marcha. En aquellos que no disponen de esta función, el régimen de revoluciones puede servir como referencia: entre 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto en los diésel y entre 2.000 y 2.500 en los gasolina, según las referencias recogidas por el análisis.

En autovía, la sexta marcha —cuando el vehículo dispone de ella— puede utilizarse una vez alcanzada la velocidad adecuada para la vía. El control de crucero es otra herramienta útil para mantener un ritmo estable y evitar las continuas variaciones sobre el acelerador.

Revisar el coche antes de salir

El ahorro no comienza cuando el coche se incorpora a la autovía. Antes de emprender un viaje largo conviene revisar el estado del vehículo, especialmente los niveles de aceite, el motor y la presión de los neumáticos. Estas actuaciones pueden suponer un ahorro acumulado de alrededor del 14%, unos 10,9 euros en el supuesto analizado.

La revisión tiene, además, una segunda dimensión: la seguridad. Un vehículo correctamente mantenido reduce el riesgo de averías y contribuye a que el desplazamiento se realice en mejores condiciones.

“Como podemos comprobar, las medidas de conducción eficiente para ahorrar gasolina no solo nos benefician a nivel monetario, también redundan en nuestra seguridad al volante, por ello, hay que prestar especial atención para evitar siniestros con consecuencias graves o fatales”, señala Cordero.

Tres niveles para reducir el gasto

No todos los conductores aplicarán todas las medidas recomendadas. Por ello, Kelisto plantea tres escenarios de ahorro. En el más conservador, con actuaciones sencillas como mantener una velocidad constante y evitar llevar las ventanillas bajadas, el ahorro puede rondar los 8,25 litros de combustible, unos 14 euros.

En un escenario intermedio, que incorpora medidas de mayor impacto como reducir la velocidad, optimizar el aire acondicionado y poner el motor a punto, el ahorro puede alcanzar los 22,5 litros, equivalentes a unos 38 euros. Si se aplican todas las medidas contempladas, el ahorro calculado asciende a casi 30 litros y 47 euros.

“Este ahorro, además, se puede complementar con un cambio de seguro, que te permita estar protegido con las mismas coberturas (asistencia en viaje, defensa jurídica, responsabilidad civil...) por un precio mucho menor. Pese a que las pólizas de coche se han encarecido un 7,45% en el último año, sigue habiendo margen para comparar y ahorrar: hay una diferencia del 53% (195 euros al año) entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro de la modalidad de terceros ampliado, la más contratada”, recuerda Cordero.

En un verano de récord de desplazamientos, pequeños cambios al volante pueden marcar una diferencia apreciable en la factura final. La velocidad, el aire acondicionado, la forma de utilizar las marchas y el estado del vehículo son, según los expertos, los principales puntos sobre los que puede actuar el conductor antes de que el viaje suponga en un gasto extraordinario en combustibles.

Los costos del transporte de cargas aumentaron 2,25% en julio y acumularon una suba del 25% entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos de Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El indicador, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, mostró una leve aceleración respecto de mayo y junio, cuando los incrementos habían sido de 1,91% y 1,81%, respectivamente.

El aumento acumulado en los primeros siete meses del año superó al registrado durante el mismo período de 2025, cuando había alcanzado el 18,6%. En los últimos doce meses, en tanto, el incremento llegó al 44%. La evolución de julio se produjo luego del fuerte salto registrado en marzo, cuando el ICT trepó 10,15%, impulsado principalmente por un incremento del 24,7% en el precio del combustible.

Los peajes fueron los grandes protagonistas del aumento de julio, con una suba del 18,3% debido a nuevas actualizaciones aplicadas en corredores nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Fue el tercer incremento significativo del año para este rubro. También aumentaron los lubricantes, un 4,84%, y los gastos generales, un 4,14%. El costo del personal de conducción avanzó 3,23%, producto de la entrada en vigencia de la quinta cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, mientras que las reparaciones subieron 1,28%.

El resto de los componentes del índice también mostró variaciones positivas, aunque de menor magnitud. El costo financiero aumentó 2,16%, los neumáticos 1,83%, los seguros 0,62% y el material rodante 0,29%. Patentes y tasas no registraron cambios durante el mes debido a que sus actualizaciones se computan de manera anual. El ICT releva 11 rubros que inciden directamente en la estructura de costos de las empresas transportistas y constituye además una referencia para la determinación y actualización de las tarifas del sector.

El combustible, principal costo operativo de la actividad, no tuvo modificaciones en julio, aunque acumula un incremento del 34% en lo que va del año. Según FADEEAC, la estabilidad mensual estuvo vinculada con la continuidad del mecanismo denominado “buffer”, que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local. A esto se sumó el nuevo diferimiento de la actualización plena de los impuestos a los combustibles, una medida que se extenderá durante agosto. En paralelo, el precio internacional del petróleo Brent mostró una elevada volatilidad y se ubicó durante la última semana de julio entre los 80 y 85 dólares por barril.

Desde FADEEAC advirtieron que el aumento de los costos continúa configurando un escenario complejo para las empresas de transporte, especialmente por el peso del gasoil en la estructura operativa. A la presión del combustible se suman los incrementos de los peajes, el deterioro de la infraestructura vial y señales de desaceleración de la economía real. Según el análisis de la entidad, mientras sectores como el agro, la energía y la minería sostienen parte del crecimiento, el consumo, la industria y la inversión pública muestran un mayor debilitamiento, en un contexto general de expansión limitada.

Carmen Núñez, presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto, saludó el anuncio y señaló que los transportistas fluviales esperan que el beneficio se concrete mediante un mecanismo que tome en cuenta las características de cada sector. “Entendemos el poco tiempo que ella tiene en su mandato y Loreto siempre ha estado con la esperanza por ella”, declaró en referencia a la presidenta Keiko Fujimori.

Por su parte, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, también valoró que su gremio haya sido incluido en la medida. El dirigente recordó que habían solicitado anteriormente ser considerados y señaló que el alza del combustible afecta directamente a los trabajadores, debido a que constituye su principal herramienta de trabajo.

¿Quiénes serían beneficiados con el subsidio?

El anuncio contempla a los mototaxistas y al transporte fluvial de Loreto, dos sectores que han expresado su preocupación por el aumento de los costos de operación. García explicó que los mototaxistas utilizan distintos tipos de combustible y que el impacto debe evaluarse según cada caso. “El alza de combustible nos golpeó directamente porque el combustible es nuestra principal herramienta de trabajo”, afirmó para el citado medio.

En el caso del transporte fluvial, Núñez explicó que los armadores navieros utilizan petróleo para desarrollar sus actividades. Según indicó, el precio que pagan actualmente pasó de alrededor de S/12 a entre S/21 y S/24, situación que, de acuerdo con su testimonio, incrementa la presión económica sobre el sector.

Los representantes de ambos gremios coincidieron en que el anuncio constituye un primer paso, pero reclamaron que las autoridades definan con claridad quiénes accederán al beneficio y cuál será el procedimiento para recibirlo. Núñez sostuvo que es necesario dialogar directamente con los responsables de tomar las decisiones para presentar la problemática de cada actividad.

Gremios piden reglas claras

La presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto señaló que los gremios de la región vienen coordinando para presentar una propuesta conjunta al Gobierno. En ese contexto, pidió que antes de establecer los mecanismos definitivos se realicen reuniones con los sectores involucrados. “Primero tienen que reunirse con nosotros para que nosotros le alcancemos plasmado la problemática y conversar con ellos”, manifestó.

Los mototaxistas también plantearon que el acceso al subsidio requiere coordinación con las municipalidades. García explicó que uno de los principales problemas enfrentados anteriormente fue la falta de un registro actualizado de empresas y conductores autorizados a nivel nacional.

Según el dirigente, esta situación fue utilizada para justificar que el sector no pudiera acceder a beneficios anteriores. La representante sostuvo que las municipalidades tenían la obligación de contar con información sobre los mototaxistas autorizados y remitirla al sistema correspondiente. “El tema de no estar en el subsidio no era culpa nuestra, era culpa de las municipalidades, era culpa del MTC”, aseguró para Exitosa.

Alza de combustible y empadronamiento

Además del transporte fluvial y los mototaxistas, los dirigentes consultados señalaron que el aumento del precio de los combustibles viene afectando a otros sectores del transporte en distintas regiones. García mencionó problemas relacionados con el abastecimiento y los precios registrados en zonas como Ucayali, Piura y Lima.

En Loreto, Núñez sostuvo que la situación económica de los gremios es crítica y que existe la necesidad de que sus representantes sean escuchados por las autoridades antes de definir las condiciones del beneficio. También indicó que se viene coordinando con otros sectores para evaluar las medidas que adoptarán tras el anuncio presidencial.

Uno de los pasos considerados como fundamentales es la actualización de los padrones. Desde el sector de mototaxis se pidió que las municipalidades cumplan con registrar a las empresas y conductores autorizados para facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios. El objetivo, según lo señalado durante la entrevista de Exitosa Noticias, es que el subsidio pueda llegar a quienes efectivamente desarrollan estas actividades y han sido afectados por el incremento del combustible.

Dos grandes manchas de petróleo fueron detectadas en aguas cercanas a Irán, una de ellas frente a la isla de Qeshm, después de una serie de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La contaminación ya alcanzó sectores de la costa iraní y elevó la preocupación por el impacto que los enfrentamientos en una de las principales rutas marítimas del mundo pueden provocar sobre el medioambiente.

Las imágenes captadas por los satélites Sentinel-2 permitieron identificar una extensa acumulación de petróleo frente al extremo sur de Qeshm. Parte de la mancha presenta una tonalidad oscura, compatible con combustible pesado, mientras que otra zona, más clara y aparentemente diluida, se prolonga durante unos 160 kilómetros.

En las playas de Suza, en Qeshm, fue registrado un líquido oscuro y con burbujas que llegaba hasta la costa y contrastaba con el agua azul verdosa de la zona.

John Amos, director ejecutivo de SkyTruth, organización que utiliza imágenes satelitales para localizar derrames, calificó el episodio como un hecho de gran importancia. “Este es el mayor que he visto en los últimos meses, realmente desde que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos”, afirmó.

Una segunda mancha fue localizada posteriormente cerca de Sirri, otra isla iraní ubicada en la parte central del Golfo Pérsico, aproximadamente 100 kilómetros al suroeste de Qeshm. La zona es especialmente sensible porque allí existen instalaciones relacionadas con la producción de petróleo y gas en alta mar.

La posible conexión con un ataque en el estrecho de Ormuz

Una de las principales líneas de investigación apunta al Minoan Pioneer, un buque granelero con bandera de Liberia que fue alcanzado por un proyectil el 3 de agosto mientras navegaba cerca de la costa de Omán.

El ataque ocurrió en el contexto de las tensiones militares entre Irán y Estados Unidos y fue atribuido inicialmente a Irán por fuentes de seguridad marítima. Uno de los tripulantes desapareció después del incidente.

El analista Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, sostuvo que la fuga del Minoan Pioneer probablemente estaría detrás de la contaminación observada frente a Qeshm. Una fuente vinculada con la seguridad marítima también señaló que la misma pérdida podría haber alcanzado la isla.

El propio régimen iraní reconoció que la contaminación había llegado a Qeshm. Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, afirmó que las primeras evidencias “indican que un buque granelero extranjero” sería el origen.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación independiente sobre la causa de las dos manchas ni sobre la composición exacta del material observado. Esa falta de certeza es especialmente relevante en una zona donde los ataques contra barcos y las operaciones militares dificultan el acceso de los equipos encargados de evaluar los daños.

Omán enfrenta otro derrame de gran magnitud

A este problema se suma una emergencia ambiental distinta frente a Omán. El petrolero Caroline Bezengi permanece encallado cerca de una zona marina protegida y continúa perdiendo crudo ruso.

El buque, que transportaba unas 800.000 toneladas de barriles de petróleo, quedó varado el 30 de junio y desde entonces la contaminación se ha extendido por las aguas cercanas. La mancha llegó además a la costa continental de Omán y amenaza áreas de gran importancia para la biodiversidad marina.

La emergencia frente a Omán no ha sido vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, ocurre en una región afectada por una intensa actividad militar y marítima, lo que complica las tareas de vigilancia, salvamento y contención.

El derrame del Caroline Bezengi llegó a cubrir más de 2.000 kilómetros cuadrados según estimaciones basadas en imágenes satelitales. Entre las especies que podrían verse afectadas figuran las ballenas jorobadas del mar Arábigo y los cormoranes de Socotra, además de otros organismos que dependen de las aguas costeras.

Brian Barnes, oceanógrafo especializado en observación satelital de la Universidad del Sur de Florida, advirtió sobre el riesgo que supone dejar avanzar una fuga sin control. “Cuanto más tiempo se filtra el petróleo en un entorno, más puede extenderse y causar daños a los ecosistemas y las costas”.

La evolución de las manchas frente a Irán y del derrame frente a Omán dependerá, en buena medida, de la capacidad para acceder a las zonas afectadas, contener las fugas y determinar con precisión el origen de cada contaminación. Mientras tanto, el Golfo Pérsico y las aguas próximas a Omán enfrentan una creciente amenaza para sus ecosistemas y sus costas.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el informe de la comisión legislativa que investigó la importación y comercialización de combustible de mala calidad.

Tras la aprobación, el documento será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice la auditoría correspondiente, al igual que al Ministerio Público para iniciar la investigación y al Gobierno para que se consideren las observaciones planteadas en el informe.

“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal (petrolera) hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados”, explicó la diputada oficialista Ximena Arispe durante su intervención en el pleno.

En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión de investigación integrada por 11 legisladores de las diferentes fuerzas políticas para investigar las denuncias sobre la gasolina contaminada que afectó decenas de miles de vehículos en el primer trimestre del año.

La investigación identificó como presuntos responsables a varias autoridades, tanto del Gobierno de Luis Arce como de Rodrigo Paz, además de exministros y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La incertidumbre sobre la calidad es solo una de las aristas de la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia. Otro de los problemas centrales tiene que ver con la incapacidad de garantizar el suministro, debido a la baja producción local y las dificultades de importación, que ha vuelto a generar largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, un escenario que se repite de manera periódica desde inicios de 2023.

La Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) informó este jueves que reciben menos volumen del necesario para cubrir la demanda del parque automotor en la región más extensa, poblada y productiva del país.

“Nosotros necesitamos por lo menos 3,5 millones de diésel y 3,5 millones de gasolina para todo el departamento”, explicó Susy Dorado, gerente de Asosur, citada por el portal de noticias Visión360. “Sin embargo, lo que se nos ha venido entregando no nos permite tener tranquila a la población, son 2,7 millones (de diésel) y 3 millones (de gasolina)”, agregó.

Ante ese escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la firma de un convenio con actores privados para importar gasolina y diésel a precios internacionales.

“Esto no puede seguir así”, expresó el gobernador en referencia a las filas interminables de vehículos en la ciudad y el perjuicio para sectores estratégicos como la agroindustria y el transporte. “Estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”, explicó en una nota difundida en redes sociales.

El gobernador aclaró que para poder encarar ese proyecto necesita la aprobación de un decreto supremo que autorice a la Gobernación establecer el contrato con una empresa privada de importación, lo que actualmente estaría restringido exclusivamente para empresas estatales.

Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno no se había referido públicamente a la propuesta de Velasco. En declaraciones recientes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por la falta de soluciones definitivas al tema del combustible y la atribuyó a la mala gestión de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).

El precio del diésel ha registrado un fuerte incremento en las últimas semanas y el impacto ya se siente en el transporte. Desde el lunes 10 de agosto, gremios de distintas regiones del país iniciaron protestas para exigir al Gobierno central medidas frente al aumento de sus costos de operación, que podría afectar el precio de los pasajes, el transporte de mercancías y, eventualmente, el costo de productos de primera necesidad para los consumidores.

El escenario actual ocurre después de la crisis energética registrada en marzo por la emergencia en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que provocó problemas de abastecimiento y afectó los precios de distintos combustibles. Sin embargo, las causas del incremento del diésel en agosto son diferentes.

Diego Díaz, economista de Macroconsult y especialista en hidrocarburos, explicó en RPP que el principal factor detrás del alza actual no es únicamente el precio del petróleo, sino el incremento de las cotizaciones internacionales de sus derivados, especialmente el diésel y la gasolina.

El petróleo no explica por sí solo el alza del diésel

Una de las principales dudas es por qué el diésel puede alcanzar precios elevados cuando el petróleo WTI se encuentra alrededor de los US$80 por barril, por debajo de los niveles superiores a US$110 registrados durante otros episodios de tensión internacional.

Según Díaz, la diferencia está en el comportamiento de los combustibles refinados. El especialista explicó que, después de que disminuyeron temporalmente las tensiones internacionales, los precios del diésel y la gasolina comenzaron a bajar en el mercado peruano y llegaron incluso a ubicarse por debajo de S/20 por galón.

Sin embargo, desde inicios de julio las cotizaciones internacionales de estos productos comenzaron nuevamente a subir.

“Más que el precio del petróleo, lo que nos está afectando localmente es la volatilidad del precio de los derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina”, explicó Díaz.

El problema está relacionado con la capacidad de las refinerías para transformar el petróleo en los combustibles que utilizan diariamente los consumidores.

Guerra y ataques a refinerías presionan el precio del combustible

De acuerdo con el economista, durante julio Ucrania intensificó los ataques contra refinerías de Rusia, mientras que las tensiones entre Estados Unidos e Irán también afectaron la producción y operación de infraestructura energética en Medio Oriente.

Estos acontecimientos redujeron la capacidad mundial disponible para refinar petróleo y producir combustibles.

Díaz estimó que los conflictos bélicos han provocado la pérdida de alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en el mundo.

“Hay un menor número de refinerías disponibles en el mundo para poder procesar el petróleo y, por lo tanto, hay una menor capacidad para producir los productos que los usuarios utilizamos en el día a día”, señaló.

Esto ayuda a explicar por qué el precio del diésel puede aumentar incluso cuando el petróleo no alcanza los máximos registrados en otros momentos. El problema actual está principalmente en la menor oferta y mayor volatilidad de los productos refinados.

¿Cómo afecta esto al Perú?

Perú depende en buena medida de las importaciones para abastecer su demanda de diésel: alrededor del 70% del combustible consumido en el país proviene del exterior, según datos citados por Osinergmin. Por ello, las variaciones de las cotizaciones internacionales del diésel y otros derivados del petróleo tienen un impacto directo en el mercado peruano.

El incremento golpea especialmente al transporte de pasajeros y de carga, debido a que el combustible representa uno de los principales costos de operación.

El efecto también puede extenderse al resto de la población. Si aumentan los costos para trasladar alimentos, mercancías y pasajeros, estos pueden terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

Gobierno evalúa reactivar el Fondo de Estabilización

Frente a la volatilidad del mercado, una de las alternativas planteadas por el Gobierno es reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, mecanismo diseñado para reducir el impacto de las variaciones internacionales sobre los precios internos.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que se trabaja en la reactivación del fondo y en el pago de obligaciones pendientes para que vuelva a funcionar.

El economista consideró que esta herramienta podría ayudar a amortiguar futuras fluctuaciones, aunque advirtió que el Estado no cuenta con capacidad fiscal ilimitada para subsidiar los combustibles durante periodos prolongados.

Gobierno analiza subsidio para transportistas de la selva

En el corto plazo, el Ministerio de Energía y Minas informó que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de entregar un subsidio directo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva peruana.

La propuesta fue discutida en una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Minem, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso.

Para Díaz, una subvención puede ayudar a reducir el impacto inmediato sobre los transportistas, pero no soluciona la exposición del país a los cambios del mercado internacional.

Las alternativas para reducir la vulnerabilidad

El especialista planteó que el Perú debe adoptar medidas de mediano y largo plazo para reducir su exposición a los shocks internacionales.

Una de ellas es acelerar la masificación del gas natural, debido a que el precio del gas de Camisea presenta mayor estabilidad. Una mayor conversión de vehículos a este combustible permitiría que los transportistas estén menos expuestos a las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Díaz también consideró necesario recuperar la capacidad operativa de Petroperú. Según explicó, la refinería de Talara estaría operando alrededor del 50% de su capacidad instalada, mientras que las refinerías a nivel mundial funcionan por encima del 90%.

Para el economista, aumentar la producción de las refinerías peruanas permitiría fortalecer el abastecimiento local en un contexto en el que los márgenes de refinación son elevados.

¿El precio del diésel seguirá subiendo?

El economista de Macroconsult consideró que el mercado atraviesa actualmente un momento de alta presión y que los precios podrían comenzar a disminuir en las próximas semanas si se reducen las tensiones internacionales.

Sin embargo, aclaró que no existe certeza sobre cuándo ocurrirá una reducción significativa, debido a que la evolución de los precios dependerá de lo que suceda con los conflictos internacionales y la capacidad mundial de refinación.

Mientras tanto, recomendó a los consumidores comparar los precios antes de abastecerse. Osinergmin cuenta con la plataforma Facilito, que permite consultar los precios de los combustibles en diferentes estaciones de servicio.

Cómo ahorrar en combustible en Lima

Según la plataforma Facilito de Osinergmin, el gasohol regular se ofrece en Lima entre S/17,99 y S/21,49 por galón, mientras que el gasohol premium tiene precios de entre S/18,89 y S/23,99. En el caso del diésel B5 S-50 UV, el precio oscila entre S/22,44 y S/26,79 por galón, lo que muestra diferencias importantes entre estaciones de servicio.

Para reducir el gasto, los conductores pueden consultar Facilito, plataforma de Osinergmin que permite comparar los precios de combustibles y ubicar las estaciones con las tarifas más económicas. Los valores son reportados por los propios operadores y pueden variar diariamente, por lo que revisar la plataforma antes de abastecerse puede permitir encontrar opciones más convenientes.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz pidió disculpas por no resolver la crisis de combustible que atraviesa el país. En un nuevo periodo de escasez y filas interminables para conseguir diésel y gasolina, el primer mandatario afirmó que “algunas cosas no están saliendo” al ritmo esperado.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar”, afirmó durante un acto público este miércoles.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha dado una explicación oficial sobre la irregularidad en los despachos estas las últimas semanas ni el presidente Paz explicó a qué mafias se refiere, cómo operan y qué están haciendo para desarticularlas. Sin embargo, señaló que tienen “muchas complicaciones” y prometió que las van a ir “superando”.

El tema de los combustibles es quizás la prueba más difícil para el Gobierno en un contexto de baja producción local y dificultades de importación por la crisis económica y la escasez de divisas heredadas de gestiones anteriores.

Desde inicios de 2023 que los bolivianos atraviesan periodos prolongados de desabastecimiento que no solo afecta a sectores estratégicos, como el transporte o la agroindustria, sino también la vida cotidiana. De pronto todo gira en torno a la gasolina: a la incertidumbre sobre cuándo va a llegar, a las largas horas de espera que hay que hacer en los surtidores y al colapso del tráfico vehicular por las filas de vehículos y camiones que invaden los alrededores de las estaciones de servicio.

Al inicio de su gobierno, en noviembre pasado, Paz logró regularizar el suministro y levantó parcialmente la subvención a los carburantes que durante más de 20 años había mantenido un precio fijo inferior al internacional. Esta medida supuso un aumento del 86% para la gasolina y un 163% para el diésel.

La implementación de los nuevos precios transcurrió sin alteraciones debido a que había, desde hacía meses, un cierto consenso social de que la medida era inevitable como la única forma de garantizar el suministro.

Sin embargo, a pocas semanas de levantar la subvención surgieron denuncias de que se estaba distribuyendo combustible contaminado y decenas de miles de conductores reportaron daños vehiculares atribuibles a la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que había despachado combustible contaminado y lo atribuyó a una serie de factores: tanques con residuos de goma y manganeso, boicot en la petrolera boliviana y redes internacionales que mezclaban el producto en el tránsito hacia Bolivia.

El refuerzo de los controles para garantizar la calidad del combustible coincide con nuevos episodios de escasez, como el registrado actualmente. Sin que hasta el momento se hayan conocido públicamente explicaciones técnicas sobre la persistencia del desabastecimiento ni se hayan fijado plazos, la situación mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá normalizarse el suministro.

“A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando”, afirmó el presidente.

La anterior semana Paz también pidió disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su gestión. Durante el acto de conmemoración por la independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó: “Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y si lo hemos hecho, pido disculpas a nombre del Gobierno”.

Un equipo de la Universidad de Washington en St. Louis desarrolló un catalizador para celdas de combustible que usa cantidades mínimas de platino y mantiene estabilidad y eficiencia durante mucho más tiempo, un avance que podría volver más viable el uso de hidrógeno para abastecer centros de datos, vehículos y otras tecnologías de alto consumo energético, informó el portal científico Science Daily.

La escala del problema energético global explica la relevancia del hallazgo. En Estados Unidos, por ejemplo, el Electric Power Research Institute estima que los centros de datos podrían representar hasta 9% de la generación anual de electricidad del país en 2030, frente al 4% de la demanda total registrada en 2023.

La investigación fue liderada por Gang Wu, profesor Elvera and William R. Stuckenberg en la McKelvey School of Engineering de la universidad, y contó además con científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, la Universidad Northeastern y la Universidad de Pittsburgh. Los resultados se publicaron en la revista especializada Nature Nanotechnology.

Wu explicó que, si un centro de datos pudiera abastecerse con una celda de combustible, convertiría directamente hidrógeno y otros combustibles en electricidad y aliviaría la carga sobre la red energética.

Nuevo diseño calienta el catalizador sin perder partículas

Las celdas de combustible producen electricidad al combinar hidrógeno y oxígeno. Ese proceso también genera agua y calor, y depende de catalizadores que aceleren la reacción, reduzcan pérdidas de energía y sostengan el rendimiento durante más tiempo.

El platino figura entre los materiales más eficaces para esa función, pero su costo obliga a reducir al máximo la cantidad utilizada. Una estrategia extendida consiste en transformarlo en nanopartículas para aumentar la superficie disponible para las reacciones químicas, con cargas típicas inferiores a un cuarto de miligramo por centímetro cuadrado.

El problema es que esas nanopartículas pueden disolverse, desplazarse y agrandarse durante el funcionamiento de la celda, con una caída gradual del rendimiento. Los catalizadores intermetálicos de platino —compuestos en los que los átomos se ordenan en una estructura fija y predecible, a diferencia de las aleaciones convencionales— surgieron como una alternativa porque prometen más actividad y estabilidad, aunque su fabricación arrastra otra limitación.

Para mantener partículas pequeñas, bien distribuidas y eficientes en el uso del metal precioso, los investigadores suelen calentar los materiales a temperaturas inferiores a 700 °C. Ese umbral, conforme al portal, muchas veces no alcanza para completar la transición desde una disposición atómica desordenada —donde los átomos se ubican de manera irregular— hacia una estructura altamente ordenada —donde cada átomo ocupa un lugar preciso y fijo—, una condición clave para maximizar la actividad y la durabilidad del catalizador.

La respuesta del equipo fue un nuevo soporte de carbono: esferas huecas y porosas con nanocanales radiales ordenados, además de una amplia superficie y espacio interno. Esa arquitectura permitió concentrar gran cantidad de nanopartículas intermetálicas de platino-cobalto de forma densa y uniforme.

Wu explicó: “Tradicionalmente, había una compensación entre tamaño y estabilidad, pero con el soporte de nanocanales de carbono ordenados, las nanopartículas de platino-cobalto pueden quedar confinadas y mantenerse estables con un tamaño muy pequeño incluso a altas temperaturas”.

El diseño hizo posible calentar el catalizador a 1.000 °C, una temperatura suficiente para formar la estructura ordenada buscada sin que las nanopartículas se aglomeraran. A la vez, el soporte mantuvo las partículas por debajo de 5 nanómetros y evitó que se distribuyeran de manera desigual.

Alto rendimiento tras 150.000 ciclos de voltaje

El resultado directo fue un intento de resolver una disyuntiva persistente en este campo: partículas más grandes suelen aportar estabilidad, pero sacrifican actividad, mientras que otros enfoques ganan actividad a costa de la vida útil. El equipo buscó las dos cosas mediante un soporte con canales diminutos dispuestos en patrón radial —como los rayos de una rueda, desde el centro hacia afuera— y un control preciso del tamaño y volumen de los poros.

En las pruebas, el material conservó 85% de su rendimiento después de 150.000 ciclos severos de voltaje. Los investigadores estiman que esa resistencia podría equivaler a unas 25.000 horas de operación.

Wu indicó que la estructura abierta de canales también ayuda a que el material que transporta iones, como un ionómero, se distribuya de manera uniforme y facilite el movimiento de protones, oxígeno y agua a través del electrodo —la superficie donde ocurren las reacciones electroquímicas—.

“Como resultado, las nanopartículas de platino-cobalto incorporadas en este soporte mostraron un rendimiento de primer nivel y una durabilidad prolongada”, resumió.

Ese comportamiento no solo estabiliza las nanopartículas. Los canales abiertos también crean trayectorias más sencillas para la circulación de protones, oxígeno y agua, una condición que mejora el funcionamiento general del sistema.

Si el desarrollo posterior confirma estos resultados y avanza con socios industriales, la tecnología podría mejorar celdas de combustible destinadas tanto al transporte como a la generación eléctrica. En el caso de los centros de datos, la posibilidad concreta es producir electricidad directamente a partir de hidrógeno u otros combustibles y reducir parte de la demanda creciente que hoy recae sobre las redes eléctricas a nivel global.

En Ucayali, los transportistas mantienen un paro indefinido y bloqueos en la carretera Federico Basadre y otros puntos estratégicos, situación que también dificulta la distribución de combustible y el ingreso de productos a Pucallpa. En Arequipa, la paralización del transporte urbano dejó a miles de pasajeros sin servicio y afectó las clases presenciales, al igual que en Tacna donde las calles lucen sin servicio de transporte público.

Los transportistas de Puno y Huánuco también se sumarían a la medida de fuerza en rechazo al alza de los combustibles, aunque hasta el momento no se ha precisado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta. En Nauta, por ejemplo, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible y, durante la jornada, se reportó la quema de llantas como parte de la protesta.

Ucayali: dificultades para abastecer combustible

Uno de los escenarios más críticos se encuentra en Ucayali. En Pucallpa, los manifestantes bloquearon distintos puntos de la carretera Federico Basadre, una de las principales vías de conexión entre la ciudad y el resto del país. Durante la protesta se reportó la quema de llantas y la instalación de piquetes que impiden el paso de la mayoría de vehículos.

Los transportistas cuestionan el precio del combustible. Según uno de los dirigentes, el diésel pasó de costar alrededor de S/11,50 o S/12 por galón en marzo a entre S/23 y S/24 actualmente.

La protesta también está afectando el abastecimiento. Los grifos de Pucallpa permanecen cerrados durante buena parte del día debido a las dificultades para recibir combustible. Algunos consiguen atender durante las primeras horas de la mañana, cuando determinados vehículos logran abastecerse.

Petroperú sostiene que existe combustible disponible en Ucayali y que el abastecimiento está garantizado. Sin embargo, el bloqueo de las vías dificulta que las cisternas puedan distribuirlo con normalidad desde las plantas hasta los grifos.

La carretera Federico Basadre es especialmente importante para la región porque conecta Pucallpa con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. Por esta vía también ingresan alimentos y otros productos de primera necesidad.

En los puntos bloqueados, los manifestantes permiten el paso de ambulancias y de personas que requieren atención médica urgente hacia los principales hospitales de la zona.

Tras una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso, se anunció un subsidio de corto plazo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva. Sin embargo, aún no se precisan el monto, la fecha de aplicación ni los beneficiarios. Los transportistas exigen compromisos concretos y mantienen la paralización.

Arequipa: clases afectadas

En Arequipa, el aumento del precio del combustible provocó una paralización del transporte urbano que dejó a numerosos pasajeros sin servicio.

Los conductores sostienen que el incremento del diésel elevó significativamente sus costos. El precio del diésel, según los testimonios recogidos por la prensa local, pasó de aproximadamente S/16 antes de las Fiestas Patrias a cerca de S/24 por galón. En algunos establecimientos, el precio puede llegar incluso a S/27.

El conflicto también está relacionado con el precio del pasaje. Los transportistas defienden una tarifa de S/1,30, mientras que la autoridad municipal ha planteado reducirla a S/1.

La falta de transporte provocó largas caminatas y filas de pasajeros en distintos puntos de la ciudad. Además, las clases presenciales fueron suspendidas debido a las dificultades para que los estudiantes pudieran trasladarse.

De acuerdo con la información difundida durante la jornada, alrededor de 220.000 estudiantes resultaron afectados por la falta de transporte urbano.

Tacna sin buses

En Tacna, los transportistas se unieron al paro de 48 horas contra el incremento de los combustibles. Durante la primera jornada, numerosos buses dejaron de circular y los pasajeros tuvieron que caminar o recurrir a motocicletas y bicicletas para desplazarse.

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su respaldo a la medida y señaló que los elevados costos del combustible dificultan que los conductores puedan mantener sus servicios bajo las condiciones actuales.

A diferencia de Ucayali, la protesta en Tacna se desarrolló sin grandes marchas ni bloqueos de carreteras, pero la reducción del transporte público afectó la movilidad cotidiana y también provocó la suspensión de las clases presenciales.

Puno y Huánuco se sumarían a la medida

La protesta contra el incremento de los combustibles podría extenderse a otras regiones. Transportistas de Puno y Huánuco se sumarían a la medida de fuerza, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

La eventual incorporación de nuevos gremios elevaría la presión sobre el Ejecutivo, en momentos en que los transportistas de Ucayali mantienen bloqueos y los de Arequipa y Tacna han paralizado parte del servicio.

Loreto: protesta en Nauta mientras Iquitos mantiene el transporte

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta.

En Nauta, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible. Durante la jornada se reportó la quema de llantas como parte de la protesta. Los conductores sostienen que el alza afecta directamente sus ingresos diarios y la economía de sus familias.

De esta manera, el pronunciamiento del gremio de Iquitos no implica que toda la región permanezca ajena a las protestas. Mientras en la capital loretana el transporte urbano continúa funcionando, Nauta ya registró una jornada de paralización.

¿Por qué el precio del diésel genera tanta preocupación?

El alza responde principalmente a la volatilidad internacional de los derivados del petróleo, especialmente del diésel y la gasolina. Según explicó en RPP Diego Díaz, economista de Macroconsult, los ataques de Ucrania contra refinerías rusas y la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Irán han afectado la capacidad mundial de refinación. Se estima que alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación se han perdido por los conflictos, reduciendo la oferta de combustibles.

Esto explica por qué el precio del diésel puede alcanzar niveles elevados incluso cuando el petróleo está por debajo de los máximos registrados anteriormente. El problema actual no está únicamente en el precio del crudo, sino en el mayor costo y volatilidad de los productos refinados. Perú, al estar expuesto a los mercados internacionales, traslada parte de estas variaciones a los precios internos, lo que eleva los costos del transporte de pasajeros y carga y puede repercutir posteriormente en el precio de alimentos y otras mercancías.

El economista señaló que el Perú evalúa reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para reducir el impacto de futuras fluctuaciones. A corto plazo, el Gobierno también analiza un subsidio para los transportistas de la selva. Para reducir la vulnerabilidad en el mediano y largo plazo, Díaz planteó impulsar la conversión de vehículos a gas natural, cuyo precio está estabilizado en el mercado peruano, y recuperar la capacidad operativa de Petroperú, cuya refinería de Talara estaría funcionando alrededor del 50% de su capacidad instalada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes por otros 90 días una exención de la Ley Jones que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos energéticos entre puertos estadounidenses, en un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía y la guerra contra Irán.

La nueva prórroga tiene un alcance más limitado que la anterior y se concentra de forma específica en el transporte de productos energéticos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La medida también establece nuevas revisiones sobre la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención puede aplicarse a viajes individuales.

“Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La funcionaria sostuvo que la excepción permitió hasta ahora facilitar la entrega de productos esenciales como “gasolina, diésel y combustible para aviones”.

La decisión se produce mientras los precios del petróleo registraron este lunes una suba del 5%, debido a las preocupaciones del mercado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito internacional de hidrocarburos.

De acuerdo con el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles fueron transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando el Gobierno estableció la exención de la Ley Jones. “La exención ha aumentado el comercio interno”, señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

“En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado”, agregaron.

La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense. La norma fue creada con el objetivo de fomentar la industria naval norteamericana.

El Gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender de forma temporal estos requisitos. A finales de abril, la Casa Blanca amplió el alivio ante las repercusiones económicas derivadas de la guerra contra Irán.

La nueva extensión mantiene la excepción, aunque incorpora un requisito adicional: las autoridades deberán revisar primero la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si un viaje concreto puede quedar comprendido dentro de la medida.

La decisión también se produce en un escenario de presión sobre el mercado energético estadounidense. Los precios del petróleo aumentaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que dieron inicio a una guerra que se extendió por Oriente Medio.

Como respuesta, Teherán estableció un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de hidrocarburos. La situación generó nuevas preocupaciones sobre el suministro energético y contribuyó al aumento de los precios del crudo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también subieron desde el inicio del conflicto, con impacto sobre los costos que enfrentan las familias estadounidenses.

Mientras tanto, las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y alcanzar una reapertura del estrecho de Ormuz permanecen estancadas. En ese contexto, el mercado energético volvió a registrar el lunes una fuerte suba, con un incremento del 5% en los precios del petróleo debido a las preocupaciones relacionadas con la principal vía marítima para el transporte de hidrocarburos.

(Con infomación de AFP)

La República Dominicana experimenta esta semana un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, marcado por un alza en la gasolina y el gasoil, mientras el Estado mantiene congelado el costo del gas licuado de petróleo para proteger a los sectores más vulnerables.

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), estos cambios, vigentes del 8 al 14 de agosto de 2026, responden a presiones internacionales y a una estrategia gubernamental para preservar la estabilidad financiera.

Los precios se comerciarán de la siguiente manera:

• Gasolina premium: RD$341.10 por galón (aproximadamente US$5.82), tras un aumento de RD$3.00 respecto a la semana anterior
• Gasolina regular alcanza RD$304.50 por galón (US$5.20), con una subida de RD$2.00
• Gasoil óptimo se ubica en RD$293.10 por galón (US$5.00)
• Gasoil regular en RD$256.80 por galón (US$4.38), cada uno con incrementos de RD$3.00 y RD$2.00 respectivamente.

Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible esencial para la cocina y el transporte público, permanece en RD$135.20 por galón (US$2.31), sin variación. El gas natural mantiene su precio en RD$43.97 por metro cúbico (US$0.75).

Ante este panorama, el MICM explicó que el incremento responde a que continua el impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que ha alterado el mercado internacional de hidrocarburos. Aunque el precio del crudo WTI se mantiene en torno a los US$80 por barril, el factor determinante para los consumidores dominicanos es el “crack spread”, es decir, la diferencia entre el precio del petróleo en su estado natural y el costo del combustible ya refinado.

Las razones detrás del alza: refinación, subsidios y sostenibilidad fiscal

En las últimas semanas, el costo de refinación de la gasolina premium en las refinerías estadounidenses subió un 95%, mientras que el del gasoil óptimo aumentó un 131%. Este incremento se traslada directamente al precio final, debido a la menor disponibilidad global y al encarecimiento del procesamiento y transporte. El MICM precisó que “la absorción total de este margen internacional por parte del Estado comprometería la sostenibilidad fiscal de la nación”.

Para evitar un impacto más severo en los precios al consumidor, el Gobierno dominicano decidió realizar un reajuste focalizado y subsidiar con RD$931.79 millones (unos US$15.91 millones). Sin esta intervención, el precio de venta al público podría superar los RD$80 adicionales por galón en algunos combustibles, según estimaciones oficiales.

Esta política forma parte del Plan Anti-Crisis, que desde hace tres meses mantiene el congelamiento de los precios como estrategia central. La inversión pública destinada al fondo de estabilización de combustibles supera los RD$25,000 millones (aproximadamente US$427 millones), con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y evitar efectos inflacionarios en la economía.

Recomendaciones para ahorrar combustible

Frente a este escenario de precios altos, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y especialistas en energía sugieren diversas acciones para mitigar el impacto en el gasto familiar y empresarial. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

• Optimizar los desplazamientos: Planificar rutas y agrupar diligencias permite reducir la cantidad de viajes y, por ende, el consumo de combustible.
• Mantener el vehículo en buen estado: Revisar periódicamente el filtro de aire, la presión de los neumáticos y el sistema de inyección ayuda a mejorar el rendimiento del motor y disminuir el consumo.
• Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias: Conducir de manera constante y a velocidad moderada puede generar un ahorro significativo, según expertos del sector automotriz.
• Compartir el vehículo o utilizar transporte público: Implementar el uso compartido (carpooling) o preferir el transporte colectivo contribuye a distribuir el gasto y reducir la demanda de combustibles.
• Limitar el uso del aire acondicionado: Este sistema incrementa el consumo de gasolina hasta un 10% en ambientes urbanos.
• Apagar el motor en paradas prolongadas: Mantener el vehículo encendido al estar detenido más de dos minutos implica un gasto innecesario.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, además de armas, cientos de cartuchos, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible, durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de los poblados El Vainillo y El Pozole, en la zona rumbo a Villa Unión, donde militares realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre unidades que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses desplegaron un operativo para verificar la información y localizaron un importante volumen de hidrocarburo almacenado en el sitio.

Aseguran combustible, armas y equipo de almacenamiento

Durante la intervención, los soldados aseguraron cuatro tanques de almacenamiento y un total de 124 mil litros de gasolina, cantidad que representa uno de los decomisos de combustible más relevantes registrados recientemente en el municipio de Mazatlán.

Junto con el hidrocarburo fueron localizadas dos armas largas, nueve cargadores y 270 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos.

Las autoridades también aseguraron un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el traslado o almacenamiento del combustible.

El hallazgo cobra relevancia debido al volumen de gasolina localizada y a la infraestructura encontrada en el inmueble, pues las autoridades deberán establecer si el sitio era utilizado de manera habitual para almacenar, transportar o distribuir combustible presuntamente obtenido de manera ilícita.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas por los elementos del Ejército Mexicano. Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica.

La investigación buscará establecer tanto el origen de los 124 mil litros de gasolina como su posible destino, además de determinar la responsabilidad de los detenidos y la procedencia de las armas, municiones y vehículos asegurados.

Los objetos decomisados serán sometidos a los peritajes correspondientes y podrían incorporarse a la carpeta de investigación que integren las autoridades ministeriales.

Cártel de Sinaloa se atribuye masacre en Zacatecas

El aseguramiento en Mazatlán ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde se registra actividad de grupos del crimen organizado.

En Zacatecas, un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación, un supuesto integrante del grupo criminal se atribuye la responsabilidad por la masacre de 10 personas ocurrida el pasado 18 de julio.

En el material, el presunto vocero asegura que el grupo no asesinó a personas inocentes, en respuesta a versiones difundidas sobre los hechos, y califica el ataque como un “pequeño golpe de autoridad”.

Tras la violencia registrada en Zacatecas, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en el estado para reforzar las labores de seguridad y apoyar a las autoridades locales.

El despliegue forma parte de las acciones implementadas por las fuerzas federales ante la violencia relacionada con las disputas entre organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

El nuevo aumento de los combustibles anunciado para este viernes tendrá un efecto que va más allá de los conductores particulares. El mayor incremento recaerá sobre el diésel, principal combustible utilizado por el transporte de carga, un factor que suele influir en los costos de movilización de alimentos, insumos y mercancías hacia distintos puntos del país.

Desde las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto y hasta las 5:59 a.m. del 21 de agosto, el diésel bajo en azufre aumentará 6,8 centavos por litro, equivalentes a 25,7 centavos por galón.

La gasolina de 95 octanos subirá 1,6 centavos por litro, unos 6,1 centavos por galón, mientras que la de 91 octanos aumentará 1,3 centavos por litro, aproximadamente 4,9 centavos por galón.

En Panamá y Colón, el galón de gasolina de 95 octanos costará aproximadamente $4,82, mientras el de 91 octanos se ubicará alrededor de $4,52.

El mayor precio corresponderá nuevamente al diésel, que alcanzará cerca de $5,07 por galón, de acuerdo con la conversión de los valores máximos publicados por la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste representa el segundo incremento consecutivo de los combustibles, aunque esta vez las variaciones serán inferiores a las aplicadas a finales de julio.

En aquella revisión, el diésel había subido 69,3 centavos por galón, mientras la gasolina de 95 aumentó 31,8 centavos y la de 91 se encareció cerca de 28 centavos por galón.

La acumulación de ambos ajustes implica que el diésel habrá aumentado cerca de 95 centavos por galón en menos de un mes. En el mismo período, la gasolina de 95 acumula un incremento aproximado de 37,9 centavos por galón y la de 91 registra un aumento cercano a 32,9 centavos, revirtiendo los descensos observados durante junio y parte de julio.

Para un conductor que utiliza un tanque de 15 galones, el nuevo ajuste representará pagar aproximadamente $0,92 adicionales si consume gasolina de 95 octanos y $0,74 más si utiliza gasolina de 91.

En el caso de un vehículo a diésel, llenar la misma capacidad costará $3,86 adicionales únicamente por el incremento que entra en vigor este viernes.

El impacto económico del diésel, sin embargo, no se limita al gasto de quienes conducen vehículos particulares. Camiones, equipos de distribución, maquinaria y parte del transporte colectivo dependen de este combustible, por lo que un aumento sostenido puede elevar los costos de las empresas encargadas de trasladar productos desde puertos, centros de producción y depósitos hasta comercios y supermercados.

Cuando aumenta el costo de transportar mercancías, las empresas pueden absorber inicialmente una parte del ajuste, pero si la tendencia se prolonga existe el riesgo de que sea trasladado a los precios finales.

Esto podría sentirse especialmente en alimentos, materiales de construcción, productos refrigerados y mercancías que recorren largas distancias para llegar a las provincias más alejadas de los principales centros de distribución.

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó la nueva tendencia alcista a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han presionado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Esas variaciones afectan los costos de importación utilizados para calcular los precios máximos de venta en Panamá, un país que depende del mercado internacional para abastecer su consumo de combustibles.

El gráfico presentado por la entidad para el período comprendido entre el 22 de julio y el 4 de agosto muestra que el diésel mantuvo las variaciones porcentuales más elevadas frente a las dos gasolinas.

Aunque el incremento perdió fuerza hacia el cierre del período, permaneció por encima del 6%, mientras las gasolinas terminaron con variaciones cercanas al 1,5%.

Los precios en Panamá se revisan cada 14 días mediante un mecanismo que incorpora variables internacionales y logísticas. Por ello, la evolución del mercado petrolero durante las próximas semanas determinará si el país enfrenta un nuevo incremento o si comienza una moderación.

Por ahora, el segundo ajuste consecutivo confirma que la volatilidad externa vuelve a trasladarse directamente al costo local de movilizar personas y mercancías.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un predio de la comunidad Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde localizaron combustible almacenado, recipientes utilizados para su manejo y siete vehículos, varios de ellos presuntamente con reporte de robo.

El operativo fue desplegado durante la tarde del miércoles por corporaciones de los tres órdenes de gobierno como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del inmueble fueron encontrados vehículos que transportaban contenedores con capacidad aproximada de mil litros, además de diversos bidones utilizados para almacenar combustible.

Tras concluir la diligencia, las unidades y el material asegurado fueron trasladados a un corralón ubicado en la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Tula de Allende. El movimiento se realizó bajo resguardo de elementos de la Policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Dos grúas participaron en el traslado de parte de los contenedores decomisados, mientras que las autoridades mantienen bajo investigación el origen del hidrocarburo localizado y la posible relación de los vehículos asegurados con actividades ilícitas.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las corporaciones que participaron en el operativo no han informado la cantidad exacta de combustible asegurado, si el hidrocarburo tenía un origen ilegal confirmado o si hubo personas detenidas durante el cateo.

Tula-Atitalaquia, una zona marcada por el combate al huachicol en Hidalgo

El cateo realizado en Atitalaquia ocurrió en una de las regiones de Hidalgo donde las autoridades han concentrado operativos contra el robo de combustible debido a su cercanía con infraestructura energética de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ductos que atraviesan el Valle del Mezquital.

Municipios como Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepetitlán han sido identificados como puntos donde se han registrado aseguramientos de hidrocarburo, vehículos utilizados para su traslado y predios presuntamente empleados para el almacenamiento clandestino.

En los últimos años, fuerzas federales y estatales han desplegado cateos en inmuebles de la zona para localizar centros de almacenamiento y distribución de combustible extraído ilegalmente. Estos operativos han incluido el aseguramiento de pipas, camionetas con contenedores, bidones y miles de litros de hidrocarburo.

La región cobró relevancia nacional en materia de huachicol tras el hallazgo de tomas clandestinas y redes dedicadas al robo de combustible, particularmente en el corredor industrial de Tula, donde se encuentra una de las principales instalaciones de refinación de Pemex.

Además de los aseguramientos de combustible, las autoridades han investigado la operación de grupos dedicados al almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburo, una actividad que ha generado disputas criminales y otros delitos asociados en municipios del centro de Hidalgo.

El nuevo operativo en Tlamaco se suma a las acciones implementadas para desarticular puntos utilizados para el manejo ilegal de combustibles, aunque hasta ahora las autoridades no han informado si el predio cateado estaba vinculado con alguna organización delictiva específica.

Los grupos criminales que disputan el huachicol en la región Tula-Atitalaquia

Entre los grupos identificados en investigaciones y reportes de seguridad se encuentran Los H, una organización local señalada por autoridades como parte de las disputas criminales en la región de Tula, así como Los Solas, una célula vinculada a actividades como el robo de combustible y narcomenudeo. Además, reportes periodísticos han documentado la presencia de grupos locales como Los Cotorros y otras bandas regionales que han participado en conflictos por el control territorial.

Aunque autoridades hidalguenses han señalado que en la entidad predominan grupos locales por encima de grandes estructuras nacionales, distintos análisis han documentado la presencia de células relacionadas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente mediante alianzas o grupos locales dedicados al robo de hidrocarburo.

A partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto de 2026, entraron en vigencia significativos ajustes a la baja en el precio de los combustibles en Costa Rica, luego de recibir el aval de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y tras su correspondiente publicación en el diario oficial La Gaceta.

Esta modificación tarifaria beneficia el bolsillo de las familias y los sectores productivos, marcando una importante reducción en el diésel, la gasolina súper y el gas licuado de petróleo (GLP).

Los consumidores que acudan a las estaciones de servicio distribuidoras de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) encontrarán los siguientes precios oficiales:

El diésel encabeza la mayor disminución del periodo con un recorte de ₡79 por litro ($0.18 USD), lo que alivia sensiblemente los costos operativos de las unidades de transporte público y de carga. Por su parte, la gasolina súper disminuyó ₡55 por litro ($0.12 USD) y el cilindro comercial de gas de 25 libras cayó ₡451 ($1.00 USD).

Fenómeno inusual: La súper resulta más barata que la regular

Una de las particularidades más destacadas de este ajuste tarifario es que la gasolina súper quedó ₡54 ($0.12 USD) más barata por litro que la gasolina regular (Plus 91).

Ante este panorama, RECOPE detalló que durante la ventana de cálculo evaluada para esta fijación tarifaria no se requirió la importación de nuevos embarques de gasolina regular, debido a que las reservas en los planteles nacionales eran suficientes para abastecer el mercado costarricense. Al no haber facturas de compra recientes para registrar, el precio de la Plus 91 se mantuvo congelado en ₡755 ($1.68 USD).

Ante esta diferencia de precios, la presidenta de RECOPE, Karla Montero, aclaró que ambos hidrocarburos cumplen rigurosamente con los mismos estándares de calidad internacional. No obstante, instó a los conductores a revisar detenidamente el manual del usuario de sus vehículos para verificar el octanaje exacto que aconseja el fabricante antes de realizar un cambio de combustible.

Factores clave detrás del alivio económico

Tanto la ARESEP como RECOPE señalaron que el ajuste responde a una coyuntura internacional e interna favorable durante las semanas epidemiológicas y comerciales previas:

1. Caída de las cotizaciones internacionales del crudo: Existió un aumento sustancial en el suministro global de petróleo. Adicionalmente, el alivio puntual en ciertas tensiones geopolíticas, como la reapertura progresiva del Estrecho de Ormuz, ayudó a disipar la especulación en el mercado energético global.
2. Estabilidad estacional de la demanda: Las dinámicas entre la oferta y la demanda internacional observadas entre junio y julio redujeron las facturas de importación.
3. Apreciación del colón frente al dólar: Dado que las compras de embarques petroleros se efectúan en moneda extranjera, la fortaleza sostenida de la moneda nacional reduce directamente la factura al traducirse a colones.

El próximo estudio tarifario ordinario por parte de RECOPE se presentará formalmente el 14 de agosto de 2026. A pesar de que durante los primeros días de agosto las cotizaciones de referencia como el crudo Brent cotizaron por debajo de los $80 USD por barril, tanto la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica como RECOPE hicieron un llamado a la cautela.

La volatilidad geopolítica internacional sigue siendo alta, por lo que la sostenibilidad de estos precios bajos en los meses venideros dependerá de cómo se comporten las variables globales de suministro durante las siguientes semanas.

Con el sonar de las bocinas y rodeados por conductores de taxis que realizaron una manifestación, los diputados jefes de bloques sostuvieron una reunión en el Congreso de Guatemala para buscar acuerdos relacionados con una posible solución al alza de los combustibles, derivado de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente.

La reunión contó con la presencia de Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; Erick Echeverría, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, y Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quienes expusieron la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles.

La propuesta el Ejecutivo consiste en subsidiar el galón de combustibles con un aporte de Q12 (USD 1.53) al diésel, y de Q3 (USD 0.38) al galón de gasolina Regular, quedando excluida la gasolina Súper.

Quieren eliminar impuestos

No obstante, tanto la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) que realizaron su caravana desde las 8 de la mañana de este lunes 3 de agosto, hasta diputados de oposición como Allan Rodríguez, rechazan el subsidio y a cambio exigen la eliminación de los impuestos.

La percepción de los taxistas es que el Ejecutivo no ha realizado ninguna acción real para evitar el incremento a los combustibles, pese al subsidio que ya se otorgó y que estuvo vigente entre mayo y julio de 2026.

A decir de los opositores, el aporte económico sólo beneficia a los importadores y distribuidores de la gasolina y el diésel, pero no llega directamente a los consumidores

Exigen exoneración de impuestos

La propuesta de los diputados contrarios al Gobierno y de los pilotos de taxis es eliminar los impuestos a la Distribución de Petróleo (IDP) y al Valor Agregado (IVA), así como los aranceles de importación.

Según ellos, esta medida contribuirá directamente a los consumidores, pues se tendrá certeza y transparencia del descuento que se realizará por galón de combustible.

Sin embargo, el resultado real, por lo menos, en el caso del diésel, sería inferior a la propuesta de otorgar un subsidio. De aplicarse la exigencia de los taxistas y de algunos diputados, el impacto sería el siguiente:

• Gasolina Súper: Reducción de Q4.70 (IDP) + Q0.56 (IVA asociado) = Q5.26 por galón (USD 0.67)
• Gasolina Regular: Reducción de Q4.60 (IDP) + Q0.55 (IVA asociado) = Q5.15 por galón (USD 0.66)
• Diésel: Reducción de Q1.30 (IDP) + Q0.16 (IVA asociado) = Q1.46 por galón (USD 0.19)

Desde el Ejecutivo, ministros y funcionarios han evidenciado esta situación, pero los opositores insisten en exigir la eliminación de los tributos.

No está en agenda

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, la Junta Directiva decidió no incluir ninguna iniciativa relacionada a los combustibles en la agenda de temas que se conocerán durante la sesión plenaria de mañana martes 4 de agosto.

“Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder", afirmó el presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras en declaraciones a la prensa.

En su lugar, los diputados le apuestan a terminar de conocer en tercer debate y redacción final la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario, así como otros temas como la elección de dos Magistrados Titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

No obstante, Contreras no descartó que se presente alguna moción privilegiada que modifique el orden del día y, si hay consensos, se conozca lo relacionado al incremento de combustibles.

Una mujer fue detenida en Nezahualcóyotl después de que presuntamente roció gasolina a su pareja y le prendió fuego dentro de una vivienda en la colonia San Agustín, una agresión que dejó al hombre con quemaduras en 70% de su cuerpo y lo mantuvo hospitalizado en estado delicado.

La presunta agresora fue identificada como Yesenia “N.”, de 34 años, y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

El caso fue atendido luego de una alerta del Centro de Mando sobre una persona lesionada por quemaduras dentro de un domicilio del municipio mexiquense. La movilización involucró a policías municipales y a servicios de emergencia, que ingresaron al inmueble y encontraron al hombre con lesiones visibles.

El ataque ocurrió durante una discusión dentro de una vivienda

De acuerdo con las primeras indagatorias y con los testimonios recabados por las autoridades, la agresión ocurrió durante una discusión de pareja al interior de la casa ubicada en la colonia San Agustín. La versión preliminar indicó que la mujer habría vertido combustible sobre el hombre y después le habría prendido fuego.

Ese señalamiento formó parte de la investigación abierta por el Ministerio Público. Las autoridades precisaron que las declaraciones y elementos reunidos serían evaluados formalmente conforme avanzaran las diligencias para deslindar responsabilidades.

Al momento de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal adscritos al Sector 14 “Izcalli” realizaban recorridos preventivos de vigilancia por la zona. Tras la alerta, acudieron de inmediato al domicilio señalado para atender la emergencia.

Cuando llegaron, localizaron a la víctima con quemaduras de gravedad. Los uniformados solicitaron apoyo médico y brindaron los primeros auxilios mientras se concretaba la atención especializada.

Paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima a un hospital de especialidades

Paramédicos dieron atención prehospitalaria al hombre y, por la gravedad de las lesiones, determinaron su traslado urgente a un hospital de especialidades. Los médicos informaron que presentaba quemaduras en alrededor del 70% de la superficie corporal.

El estado de salud de la víctima fue reportado como delicado y permaneció bajo atención médica especializada. Hasta ese momento, el reporte oficial no precisó su edad ni ofreció más datos sobre su evolución clínica.

La respuesta de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana permitió asegurar el inmueble y preservar el lugar de los hechos para las investigaciones correspondientes. Esa actuación también derivó en la detención de la probable responsable dentro del mismo operativo.

El Ministerio Público definirá la situación jurídica de la detenida

Después de su aseguramiento, Yesenia “N.” fue informada de sus derechos constitucionales. Más tarde fue presentada ante el Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.

Esa autoridad sería la encargada de integrar la carpeta de investigación con los testimonios, el reporte policial y los datos preliminares obtenidos en el lugar. A partir de ese expediente se determinaría la situación jurídica de la mujer.

El reporte de las autoridades señaló que los policías municipales atendieron la emergencia, pidieron apoyo médico, aseguraron a la presunta agresora y resguardaron la escena. También sostuvo que la intervención se realizó con respeto al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas.

La agresión ocurrió dentro de una vivienda de la colonia San Agustín, en el municipio de Nezahualcóyotl, y dejó a un hombre gravemente herido por fuego. La investigación quedó centrada en establecer cómo se desarrolló la discusión y en confirmar la responsabilidad penal de la mujer detenida.

• Un hombre sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo tras un ataque presuntamente cometido por su pareja en la colonia San Agustín.
• La presunta agresora, Yesenia “N.”, de 34 años, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.
• La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de especialidades y su estado de salud fue reportado como delicado.

El Congreso de Guatemala dejó en segundo plano el subsidio a los combustibles impulsado por el presidente Bernardo Arévalo, pero sí avanzó y se aprobó el Decreto que asegura el pago de Q36 mil a los veteranos militares.

La reforma sobre los veteranos quedó aprobada este miércoles y garantiza la entrega de Q1 mil durante 36 meses para cada beneficiario del Programa de Desarrollo Integral.

La normativa, identificada como Decreto 17-2026, flexibiliza las condiciones para completar los desembolsos y reincorpora a personas que habían quedado fuera del esquema.

El pago a veteranos militares avanzó antes que el subsidio al combustible

La iniciativa ni siquiera estaba en agenda para este miércoles 29 de julio. No obstante, se logró incluir a través de una moción privilegiada que alteró la orden del día y priorizó la Ley Temporal de Desarrollo Integral, vinculada al pago para veteranos militares por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno. Incluso, se colocó antes de conocer el subsidio a los combustibles, pese a que todos los diputados urgieron una medida ante alza del diesel y las gasolinas.

Según la publicación, el Congreso aprobó en tercera lectura y redacción final la iniciativa 6723. El cambio faculta al Ministerio de Desarrollo Social a concluir el pago de los Q36 mil a los beneficiarios que todavía no habían recibido la totalidad del aporte, aunque el programa había sido regulado inicialmente para tres años.

La reforma al Decreto 51-2022 también modifica las reglas para evitar que los beneficiarios pierdan el apoyo por incumplimientos parciales y ordena al Estado completar los desembolsos pendientes. Además, amplía las opciones para permanecer dentro del programa y crea mecanismos extraordinarios para quienes no cumplieron todos los requisitos durante la ejecución del beneficio.

Presión

Las reformas fueron aprobadas un día después de que los veteranos militares realizaran un plantón afuera del Palacio Legislativo. Esta estrategia les ha sido útil, en años anteriores los exmiembros del Ejército han realizado manifestaciones violentas que terminan con la aprobación de beneficios.

Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre 2021, cuando los veteranos militares no sólo ingresaron por la fuerza al Congreso, sino que quemaron vehículos e incendiaron varias oficinas con documentación oficial y expedientes.

Aunque el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Consuelo Porras, anunció una investigación, no hubo ninguna captura, por el contrario, los diputados conformaron una mesa técnica que concluyó con la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral que les aprueba la subvención económica a los veteranos.

La urgencia por incluir las reformas al apoyo económico de los exmilitares también llama la atención, porque se realiza en un año prelectoral, en ese contexto, las iniciativas que amplían o garantizan beneficios económicos para sectores determinados suelen reunir apoyo a los políticos, especialmente con los veteranos, quienes en procesos electorales pasados han manifestado su apoyo a candidatos específicos.

En tanto, el decreto que asegura los pagos del Programa de Desarrollo Integral para veteranos militares entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento, las instituciones responsables deberán adecuar sus procedimientos para aplicar las nuevas reglas.

El exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido la tarde del martes en La Paz en el marco de una investigación por la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

De acuerdo con la orden de aprehensión, “existen suficientes indicios de su participación” en los casos que se investigan y que provocaron su destitución hace cuatro meses en medio de protestas de choferes y de una ola de cambios en el área energético.

Medinaceli prestó su declaración en el Ministerio Público y luego fue trasladado enmanillado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche y espera la audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

El exministro es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a raíz de dos denuncias presentadas por la alianza opositora Libre y el vicepresidente Edmand Lara.

La orden de aprehensión fue emitida un día después de que se diera a conocer un informe de la comisión legislativa que investigó la importación y distribución de “gasolina desestabilizada”. El documento establece que señala que durante la gestión de Medinaceli, se emitió una resolución ministerial que ordenó el desprecintado de cinco tanques de almacenamiento que estaban retenidos por indicios de contener combustible dañado.

El informe concluye que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad. Entre los responsables que menciona el informe, además de Medinaceli, figuran el expresidente Luis Arce; el exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y los expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten y Yussef Alky.

Medinaceli fue posesionado ministro de Hidrocarburos el 9 de noviembre en el primer gabinete de Rodrigo Paz. Un día después, acompañó al presidente y otros ministros en una caravana que siguió el ingreso de cisternas con combustible, en un acto que buscaba simbolizar el fin del desabastecimiento de diésel y gasolina que había sufrido Bolivia en los últimos años.

“Nos hemos comprometido que a partir del 8 de noviembre íbamos a traer combustibles y estamos cumpliendo. Se hicieron gestiones con organismos internacionales, gobiernos amigos y empresas para que a Bolivia no le falte combustible y así pueda reactivar su economía”, afirmó entonces el jefe de Estado.

Un mes más tarde se levantó el subsidio de combustibles que había estado vigente por casi dos décadas y la nivelación del precio del diésel y la gasolina supuso un incremento del precio de 162% y el 87%, respectivamente.

Semanas después surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a la mala calidad de la gasolina que el Gobierno admitió y atribuyó a una serie de razones -entre ellas redes delictivas de sustitución de combustible y residuos tóxicos en tanques de almacenamiento- que luego fueron desvirtuadas por el informe de la comisión legislativa.

En medio de las protestas, Medinaceli fue reemplazado en abril por el actual ministro Marcelo Blanco y también se produjeron cambios en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sin que hasta ahora se haya resuelto de forma definitiva el abastecimiento continuo de combustible ni se tengan certezas sobre la calidad del combustible distribuido.

Medinaceli es economista especializado en hidrocarburos y fue ministro de Hidrocarburos también durante el Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez, entre 2005 y 2006. Es licenciado por la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de su carrera trabajó como consultor internacional en políticas energéticas, fiscales y de gobernanza económica en más de 20 países. También prestó servicios para organismos como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la CEPAL, la OLADE, CAF y USAID, entre otras instituciones internacionales.

Su aprehensión generó una serie de reacciones entre analistas y académicos. “Medinaceli es un chivo expiatorio para salvar a una mafia bien arraigada en YPFB (...) Con esto, queda claro que menos gente capaz y honesta aceptará cargos”, escribió la historiadora Sayuri Loza.

En esa línea, el periodista Raúl Peñaranda opinó que “es una barbaridad que a un profesional decente como a Mauricio Medinaceli se lo aprehenda tras haber ido a declarar voluntariamente sobre la gasolina contaminada. Vivimos la dictadura de las fiscales y el cinismo del poder”.

La comisión legislativa que investigó la importación y distribución de gasolina de mala calidad en Bolivia presentó este lunes su informe final en el que concluye que una serie de fallas en los controles estatales, durante las gestiones de Luis Arce (2020-2015) y la actual de Rodrigo Paz, permitieron la comercialización del combustible contaminado.

La comisión especial, que revisó durante cuatro meses casi 2.000 documentos para reconstruir la cadena de distribución, señala que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad.

El informe señala que parte de los controles se redujo a verificaciones documentales y visuales sin realizar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, como el contenido de manganeso y goma que contaminaron la gasolina distribuida a inicios de este año. Por otro lado, apunta que el personal encargado de esas tareas carecía de la especialidad técnica requerida.

La comisión identificó dos decretos supremos, emitidos durante el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), con los cuales se permitió la importación de gasolina sin cumplir los estándares mínimos de calidad.

La investigación también revela que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a dudas sobre la calidad del combustible importado. Sin embargo, la gestión actual emitió una resolución ministerial para levantar esa medida, permitiendo la distribución del producto sin que concluyeran los controles técnicos correspondientes.

Además de las observaciones sobre la calidad de la gasolina, la comisión identificó posibles irregularidades en los contratos de importación de combustibles. El informe menciona fluctuaciones significativas en los costos que incluyen el valor del producto, transporte y otros cargos asociados, lo que constituiría un indicio de presunto daño económico al Estado.

Finalmente, el documento establece responsabilidades en el expresidente Arce, los exministros de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli; además de los expresidentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorghaten y Yussef Alky, entre otros funcionarios públicos, por haber introducido lotes de combustible base sin las especificaciones de calidad.

Según los 11 legisladores que conformaron la comisión de investigación, los delitos por los cuales pueden ser juzgados incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica y daño calificado.

El siguiente paso será la consideración del informe por el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, los antecedentes se remitirán a otras instancias para determinar responsabilidades derivadas de las observaciones formuladas por la comisión.

La investigación surgió a raíz de las denuncias de distribución de combustible contaminado que dañó miles de vehículos en el primer trimestre del año. Las conclusiones de la comisión contrastan con las explicaciones ofrecidas entonces por la administración de Rodrigo Paz, que admitió haber comercializado “gasolina desestabilizada” y atribuyó el problema a residuos dañinos en los tanques de almacenamiento y luego a una presunta red delictiva que sustituía parte del combustible durante el proceso de distribución.

En cambio, el informe identifica fallas en los controles estatales y en los procedimientos de importación y distribución como las causas que permitieron la comercialización de la gasolina contaminada.

La publicación del informe coincide con un escenario en el que el abastecimiento de combustibles sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, mientras persisten la incertidumbre sobre los controles y la calidad de los mismos.

En el actual rumbo de la movilidad urbana, marcado por el incremento en los costos del combustible y el abundante tráfico vehicular, la búsqueda de opciones eficientes son una prioridad para los conductores. En este contexto, la tecnología de propulsión híbrida surge como una alternativa atractiva del mercado.

A diferencia de los vehículos tradicionales impulsados exclusivamente por motores de combustión interna, los autos híbridos ofrecen una respuesta técnica precisa a los patrones de conducción de las grandes ciudades, donde las paradas continuas y la baja velocidad suelen disparar el consumo de gasolina.

El atractivo principal de esta solución técnica radica en sus cifras de eficiencia operacional. Análisis de marcas como Hyundai demuestran que ciertos desarrollos tecnológicos logran reducir el consumo de combustible entre un 30% y un 45% en trayectos urbanos en comparación con autos convencionales de similar cilindraje.

Cómo opera la fusión entre el motor eléctrico y el de combustión

El pilar central de un vehículo híbrido es la combinación inteligente de un motor térmico de gasolina y uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería de alto voltaje.

En el ciclo urbano, esta arquitectura funciona mediante un módulo de control electrónico que decide de forma autónoma qué fuente de potencia utilizar según las demandas del terreno.

En modelos como el Hyundai Tucson Hybrid, durante el arranque y los desplazamientos a velocidades reducidas, situaciones habituales en el tráfico congestionado, el motor eléctrico asume de forma prioritaria la tracción del auto, eliminando el gasto ineficiente de combustible fósil en esos momentos críticos.

A medida que la velocidad se incrementa o se requiere una aceleración más exigente, el sistema activa de manera transparente el motor de combustión. En este punto, ambos propulsores pueden trabajar de forma conjunta o alternada para garantizar un rendimiento óptimo.

De qué forma el frenado regenerativo recarga las baterías sin cables

Una de las innovaciones tecnológicas más claves en los sistemas híbridos autorrecargables es el principio del frenado regenerativo.

En un auto tradicional, cada vez que el conductor presiona el pedal de freno o deja de acelerar, la energía cinética acumulada por el movimiento se transfiere al sistema de frenos y se disipa de manera irrecuperable en forma de calor por fricción entre las pastillas y los discos.

En el vehículo híbrido, este proceso se transforma. Al desacelerar, el motor eléctrico invierte su funcionamiento y actúa como un generador de corriente. Esta resistencia magnética frena progresivamente el auto mientras convierte la energía del movimiento en electricidad que se almacena automáticamente en la batería.

De este modo, la batería recarga su capacidad de manera constante durante el tráfico citadino sin requerir conexiones a la red eléctrica externa, garantizando energía disponible para el siguiente ciclo de aceleración.

¿Afecta igual el tráfico a los híbridos que a los convencionales?

Existe la idea errónea de que las congestiones vehiculares perjudican por igual el rendimiento de cualquier tipo de auto. Sin embargo, el comportamiento físico de los sistemas híbridos invierte esta lógica por el papel que desempeña el motor eléctrico en arranques y detenciones prolongadas.

En un trancón urbano, un vehículo térmico mantiene su motor encendido al ralentí, consumiendo combustible de manera continua a pesar de estar detenido y registrando un rendimiento muy bajo por kilómetro.

Por el contrario, la tecnología híbrida apaga completamente el motor térmico cuando el vehículo está detenido o avanza a paso de peatón, manteniendo activados los sistemas electrónicos y de climatización mediante la batería.

Cómo impacta la tecnología híbrida en el mantenimiento mecánico

El rendimiento energético de la arquitectura híbrida genera consecuencias directas sobre la durabilidad de sus componentes mecánicos. Al delegar una parte de la retención del vehículo al frenado regenerativo magnético, el sistema de frenos tradicional sufre un desgaste menor.

Las pastillas y los discos de freno operan con menor presión térmica, lo que permite prolongar la vida útil de estas piezas mecánicas entre un 70% y un 90% en comparación con vehículos convencionales, según datos de Patsnap.

Asimismo, al no permanecer encendido durante detenciones y operar de manera intermitente en trayectos urbanos, el motor de combustión acumula un número menor de horas de trabajo efectivo y ciclos de estrés térmico por kilómetro recorrido.

“Entender el híbrido como una inversión a largo plazo y no como un gasto inmediato es clave para promover una transición hacia una movilidad más sostenible en el país”, señaló Adriana Casadiego, directora Hyundai en Astara Colombia.

Llenar el tanque volverá a costar más desde este viernes en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles que elevará el costo del diésel bajo en azufre en 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón, mientras que la gasolina de 95 octanos aumentará 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón, y la de 91 octanos subirá 7.4 centavos por litro, unos 28 centavos por galón.

El ajuste, que entrará en vigor a las 6:00 a.m. de este viernes 24 de julio y se mantendrá hasta el 7 de agosto, constituye el segundo mayor incremento registrado este año para el diésel y el tercer aumento más pronunciado para las gasolinas, de acuerdo con un análisis de las resoluciones emitidas por la Secretaría Nacional de Energía desde enero de 2026.

Con los nuevos precios, el litro de gasolina de 95 octanos costará $1.26 en Panamá y Colón; la gasolina de 91 octanos llegará a $1.18, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará $1.27, convirtiéndose nuevamente en el combustible que experimenta el mayor ajuste de esta revisión.

El único incremento que supera al anunciado para este viernes fue el aplicado el 20 de marzo, cuando el fuerte repunte del mercado internacional elevó la gasolina de 95 en 19.6 centavos por litro, la de 91 en 18 centavos por litro y el diésel en 30.7 centavos por litro, equivalente a más de $1.16 por galón en este último combustible.

Tras ese episodio, los combustibles iniciaron una etapa de descensos graduales que se prolongó durante mayo, junio y principios de julio. De hecho, el ajuste vigente desde el 10 de julio había reducido los precios máximos en Panamá a $1.17 por litro para la gasolina de 95, $1.11 para la de 91 y $1.09 para el diésel. Sin embargo, esa tendencia se revirtió apenas dos semanas después con el nuevo incremento anunciado por las autoridades.

Detrás del aumento vuelve a estar el comportamiento del mercado petrolero internacional. La propia Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y de sus derivados, afectando los costos de importación que sirven de referencia para calcular los precios máximos en Panamá.

El repunte coincide con el deterioro del escenario en la región tras un breve período de relativa calma. La reanudación de los ataques entre Irán e Israel, sumada a la incertidumbre sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo— volvió a elevar las cotizaciones internacionales del crudo y generó una nueva ola de volatilidad en los mercados energéticos.

La importancia del estrecho de Ormuz radica en que conecta a los principales productores del golfo Pérsico con los mercados internacionales. Cualquier amenaza de bloqueo, ataque a embarcaciones o interrupción del tránsito marítimo aumenta el riesgo de una reducción en la oferta mundial.

Aunque el suministro no se detenga por completo, la sola posibilidad de que ocurra eleva las primas de riesgo, los costos de transporte y los seguros marítimos, presionando los precios del crudo y de los productos refinados.

El impacto no solo se sentirá en los vehículos particulares. El diésel es el principal combustible utilizado por el transporte de carga, la distribución de mercancías y parte del transporte colectivo, por lo que un incremento de casi 70 centavos por galón también eleva los costos operativos de numerosos sectores productivos y logísticos.

Para un conductor que acostumbra llenar un tanque de 15 galones, el ajuste representará pagar alrededor de $4.77 adicionales si utiliza gasolina de 95 octanos, $4.20 más si consume gasolina de 91 y $10.40 adicionales si utiliza diésel.

Aunque la evolución de los precios dependerá del comportamiento del mercado internacional durante las próximas semanas, el nuevo ajuste confirma que la volatilidad geopolítica continúa teniendo un efecto directo sobre el bolsillo de los consumidores panameños.

Tras varios ajustes a la baja, el combustible vuelve a encarecerse con fuerza y revive la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos incrementos si persisten las tensiones en una de las principales rutas petroleras del mundo.

Las autoridades de Guatemala analizan la posibilidad de implementar un nuevo subsidio a los combustibles, luego de que el incremento en los precios internacionales, impulsado por las tensiones en Medio Oriente, generó reacciones inmediatas en el país.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que la volatilidad en los mercados internacionales, asociada a los riesgos en el estrecho de Ormuz, provocó nuevas alzas en las estaciones de servicio guatemaltecas.

Por su parte, el titular de esa cartera, Erwin Barrios declaró que, por instrucciones del Ejecutivo, se convocó a los ministerios involucrados para estudiar medidas de apoyo económico dirigidas a la población.

“Por coordinación presidencial, los ministros involucrados nos reuniremos para establecer la posibilidad de un nuevo apoyo económico para beneficio de la población, que de ser procedente, se presentará ante el Congreso de la República”, manifestó a través de un mensaje publicado en las redes sociales del MEM.

Contexto internacional: conflicto en el estrecho de Ormuz y su impacto

El escenario internacional se encuentra marcado por la inestabilidad en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz sigue bajo amenazas que elevan el costo del petróleo en los mercados globales.

De acuerdo con el MEM, a nivel internacional, entre el 10 y 20 de julio el galón de gasolina superior se incrementó 39 centavos de dólar, pasando de 3.10 dólares a 3.49 dólares. Mientras que el galón de regular subió de 3 dólares a 3.35 dólares, subiendo 35 centavos de dólar. El diésel pasó de 3.57 a 4.20 dólares, reflejando un incremento de 53 centavos de dólar.

Además, recordaron que a los precios internacionales hay que sumar los fletes y seguros marítimos, costos de importación, costos de logística, impuestos y márgenes.

De igual forma señalaron que según el monitoreo realizado, entre el 13 y 20 de julio, las gasolinas reflejaron incrementos de 50 centavos por galón en la superior, 49 centavos por galón en la regular y 1.96 quetzales en el diésel.

Conflictos internos tras los aumentos: paros y bloqueos el martes 21 de julio

El martes 21 de julio, el país vivió una jornada de protestas y paros liderados por taxistas y transportistas en distintos puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala y carreteras principales. Los conductores manifestaron que el incremento en los combustibles, sumado a la ausencia de medidas compensatorias, afecta la viabilidad de sus actividades. En varios accesos a la capital se reportaron bloqueos intermitentes y largas filas de vehículos, lo que derivó en congestión y reclamos de usuarios del transporte público.

“El precio del diésel complica nuestro trabajo diario”, expresó uno de los representantes del gremio de transportistas. Las protestas se mantuvieron desde la madrugada hasta primeras horas de la tarde, sin incidentes mayores, pero con la advertencia de posibles nuevas acciones en caso de no obtener respuestas del Gobierno.

Al tiempo que anunciaron incrementos en el precio del pasaje del transporte público, así como en los fletes, por lo que consideran un incremento de la canasta básica.

En tanto, la vicepresidencia de la República informó que el Gabinete Económico (Gabeco) evaluará qué medidas podrían tomar, pero hasta agosto, cuando se realice la reunión ordinaria de la instancia.

El optimismo de los panameños sobre la economía volvió a deteriorarse. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño cayó de 92 a 75 puntos entre enero y junio de 2026, un retroceso de diecisiete puntos que mantiene al país en la denominada “zona de desconfianza” y refleja una mayor cautela de las familias frente al empleo, el ahorro y la evolución de la economía nacional.

El estudio, elaborado por The Marketing Group en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, utiliza una metodología internacional basada en el índice desarrollado por la Universidad de Michigan.

La medición funciona como un termómetro de las expectativas económicas de los consumidores en una escala de 0 a 200 puntos, donde cien representa el punto de equilibrio: por encima de ese nivel predomina la confianza y por debajo, la desconfianza.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 20 de junio mediante 700 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un margen de error de ±3.7% y un nivel de confianza del 95%.

Aunque el índice ha permanecido por debajo de los 100 puntos durante los últimos años, el resultado de junio representa la lectura más baja desde enero y borra el repunte registrado a comienzos de 2026.

La confianza del consumidor se había ubicado en 92 puntos en enero, pero seis meses después perdió casi una quinta parte de su valor, retornando a niveles similares a los observados durante períodos de mayor incertidumbre económica.

¿Qué explica este deterioro? Para María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, el principal factor fue el incremento en el precio de los combustibles, al que se sumó la incertidumbre generada por factores tanto internos como externos que afectan la economía.

Esa combinación, señaló, llevó a los consumidores a adoptar una postura más cautelosa sobre su situación financiera y sus perspectivas de ahorro.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Cámara, Aurelio Barría, coincidió en que el estudio refleja una fotografía del momento económico que viven las familias panameñas.

Explicó que el aumento de los combustibles ha elevado el costo de numerosos bienes y servicios, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. Aunque reconoció que el Gobierno ha anunciado proyectos de inversión y medidas para dinamizar la economía, sostuvo que esos efectos aún no se perciben en la vida cotidiana y tomarán tiempo en traducirse en más empleo y mayor actividad económica.

El componente que registró el mayor deterioro fue la percepción sobre la situación económica del país durante los próximos doce meses, que descendió de 84 a 63 puntos, una caída de 21 puntos.

Le siguió la probabilidad de ahorrar dinero, que pasó de 87 a 70 puntos; la percepción sobre la situación económica del hogar, que retrocedió de noventa y seis a 79 puntos, y las expectativas sobre el desempleo, que bajaron de 101 a 80y siete puntos.

Los 4 indicadores permanecen por debajo del umbral de confianza, reflejando un deterioro generalizado de las expectativas económicas.

La encuesta también revela que las perspectivas laborales siguen siendo frágiles. Solo el 22% de los consultados considera muy probable conseguir empleo durante los próximos 6 meses y otro 21% lo ve bastante probable.

En contraste, el 16% cree que será poco probable encontrar trabajo, el 26% estima que no lo logrará y un quince por ciento reconoce no tener una opinión definida, un dato que los investigadores interpretan como un aumento de la incertidumbre frente al mercado laboral.

Barría sostuvo que la recuperación de la confianza dependerá, en buena medida, de que los anuncios de inversión pública y privada comiencen a generar empleos permanentes y mayor dinamismo económico.

Mencionó proyectos de infraestructura, inversiones previstas por el Canal de Panamá y la necesidad de atraer más inversión extranjera directa como elementos que podrían revertir el actual pesimismo. También consideró que decisiones pendientes, como el futuro del proyecto minero, tendrán un impacto importante sobre la generación de empleo y la actividad económica.

Los resultados adquieren relevancia porque el índice suele anticipar el comportamiento del consumo privado, uno de los principales motores de la economía. Cuando los hogares perciben mayores riesgos sobre sus ingresos futuros, tienden a reducir gastos, posponer compras importantes y aumentar la cautela financiera.

En ese sentido, el retroceso observado en junio no solo refleja el estado de ánimo de los consumidores, sino que también envía una señal sobre los desafíos que enfrenta la economía panameña durante la segunda mitad de 2026.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en USD 4 por galón, impulsado por una nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán, así como por el repunte en las cotizaciones internacionales del crudo.

El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea diariamente los valores en las estaciones de servicio de todo el país.

Según la organización, la cifra representa un incremento relevante respecto al mismo período del año pasado, cuando el promedio se encontraba en USD 3,14. Estos valores fueron confirmados por la agencia Associated Press, que atribuyó el alza a las recientes acciones militares en Medio Oriente y a su impacto en los mercados energéticos globales.

Escalada militar y reacción de los mercados

De acuerdo con AP News, los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán reavivaron la volatilidad en el sector energético, generando preocupación en las bolsas internacionales.

El precio del crudo Brent —referencia global— aumentó 3,2% y cerró la jornada en USD 90,95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 2,8% y alcanzó los USD 84,04.

Reuters corroboró estas cifras y detalló que el incremento responde, en gran parte, a la incertidumbre sobre la estabilidad en los suministros provenientes del Golfo Pérsico.

Funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos aseguraron a Bloomberg que la evolución de los precios está siendo monitoreada de forma continua, aunque destacaron que los márgenes de maniobra para controlar el impacto directo en los consumidores resultan limitados cuando se producen alteraciones en la oferta internacional.

Factores internos y desigualdad regional en los precios

La AAA remarcó que el valor informado corresponde a un promedio nacional, por lo que existen diferencias significativas entre los estados.

En lugares como California y Nueva York, los conductores pagan precios considerablemente más altos debido a la combinación de impuestos locales, costos logísticos y regulaciones medioambientales.

Por su parte, en zonas productoras como Texas o Luisiana, el precio suele ubicarse por debajo del promedio nacional. The Wall Street Journal puntualizó que estas variaciones reflejan tanto la proximidad a los centros de refinación como el impacto de políticas estatales.

La organización también recordó que la gasolina superó los USD 4 por galón a fines de marzo, pero luego descendió por debajo de ese umbral en junio, a partir de una moderación en el precio del petróleo crudo.

Esa tendencia bajista se vinculó, según AP News, a un acuerdo interino alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que había contribuido a reducir la percepción de riesgo geopolítico.

Consecuencias económicas y contexto político

El aumento en los combustibles se refleja en otros rubros de la economía. Analistas citados por CNN advirtieron que el alza de la gasolina y el petróleo tiende a trasladarse a los precios de alimentos, servicios logísticos y bienes de consumo general. Además, el tema adquiere relevancia política en el marco de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

AP News indicó que la asequibilidad de la energía podría convertirse en un factor determinante para los votantes, especialmente en un escenario marcado por presiones inflacionarias.

Durante el período anterior de bajas en el precio del crudo, Donald Trump expresó su descontento porque los valores en los surtidores no disminuían al mismo ritmo que el petróleo en los mercados mayoristas, según consignó AP News.

Actualmente, la administración federal evalúa posibles medidas para mitigar el impacto sobre los hogares con menores ingresos, aunque hasta el momento no se anunciaron decisiones concretas en ese sentido.

Según cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la demanda de combustibles se mantiene alta pese a la suba, lo que refuerza la presión sobre los precios. La EIA advirtió, además, que cualquier interrupción adicional en la producción o el transporte internacional podría agravar el escenario.

Perspectivas para los próximos meses

De acuerdo con Bloomberg, las perspectivas sobre el comportamiento de los precios dependerán de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como del desarrollo de la temporada de huracanes en el Golfo de México, una región crítica para el abastecimiento nacional.

Los analistas del sector energético coinciden en que los valores podrían mantenerse elevados en el corto plazo, especialmente si persisten las tensiones geopolíticas y la demanda interna no experimenta una caída significativa.

La situación en los mercados internacionales de energía continuará bajo observación por parte de las principales agencias regulatorias y organismos multilaterales, tal y como lo informaron Reuters y Bloomberg.

Las familias estadounidenses, en tanto, enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos ante la persistencia de niveles altos en el costo de los combustibles.

United Airlines enfrenta un año marcado por la presión de los precios del combustible, que amenaza con modificar el equilibrio financiero de la industria aérea estadounidense. La empresa anunció que prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costes de combustible para este año, cifra que la sitúa ante uno de los mayores desafíos operativos desde la recuperación de la demanda posterior a la pandemia. Este gasto adicional convierte al combustible en el segundo mayor coste solo por detrás de la mano de obra, según las estimaciones basadas en los precios del petróleo crudo registrados el martes.

Durante la presentación de su informe financiero correspondiente al segundo trimestre, la compañía detalló que ya había desembolsado 2.300 millones de dólares extra en combustible solo en ese período, lo que representa un incremento del 84 % respecto al mismo lapso del año anterior. Este aumento no solo impacta en la rentabilidad inmediata de la aerolínea, sino que obliga a revisar a fondo las estrategias para mitigar el efecto de la volatilidad en los precios del petróleo.

El alza en los costes de combustible ha obligado a United Airlines a adoptar medidas para proteger su margen de beneficios. Entre las principales estrategias implementadas destaca el aumento de las tarifas aéreas para los pasajeros, una medida que ha sido posible gracias a que la demanda de viajes aéreos por parte de los consumidores se mantiene sólida. La fortaleza del mercado, con un flujo constante de pasajeros dispuestos a pagar más por sus boletos, ha permitido a la aerolínea compensar parte del impacto negativo provocado por el encarecimiento del combustible.

La política de precios adoptada por United Airlines responde a la lógica de oferta y demanda: mientras exista un elevado interés por viajar y la oferta de vuelos permanezca equilibrada, las aerolíneas pueden traspasar parte de los costes adicionales a los clientes. En este contexto, el ajuste en las tarifas ha sido una herramienta fundamental para sostener los ingresos y evitar una caída abrupta en la rentabilidad del negocio. Así, el aumento de las tarifas se ha convertido en una respuesta directa y necesaria ante la escalada en los precios del combustible.

La situación que atraviesa United Airlines no es exclusiva dentro del sector. Delta Air Lines, otra de las grandes aerolíneas estadounidenses, reportó la semana pasada sus propios resultados del segundo trimestre y confirmó que enfrenta una coyuntura similar. La demanda de vuelos se mantiene robusta y la compañía no planea reducir los precios de los boletos a corto plazo. El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, declaró a CNBC que “las tarifas aéreas dependen de la oferta y la demanda. La demanda es muy alta y la oferta está equilibrada”. Además, señaló que los clientes de Delta suelen pertenecer a segmentos de mayores ingresos, lo que les permite absorber mejor los aumentos en los precios de los boletos.

En cuanto a los costes de combustible, Delta también experimentó un aumento considerable: la empresa gastó 4.400 millones de dólares en combustible durante el segundo trimestre, lo que supone un crecimiento del 77 % respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra, aunque inferior al gasto de United en términos absolutos, refleja una tendencia compartida en toda la industria: el encarecimiento del combustible para aviones está tensionando las finanzas de las principales aerolíneas del país.

La comparativa entre United y Delta evidencia que ambas compañías han visto incrementarse de forma significativa sus gastos en combustible, aunque el ritmo de crecimiento fue ligeramente mayor en United Airlines (84 % frente al 77 % de Delta). Estas diferencias se explican tanto por los volúmenes de operación como por las estrategias de compra y cobertura que emplea cada empresa. No obstante, el fenómeno responde a una dinámica generalizada que afecta a todo el sector y que obliga a buscar formas de trasladar los costes adicionales a los consumidores.

La escalada de los precios del combustible para aviones tiene un trasfondo internacional. Durante abril, el precio del galón de combustible alcanzó un máximo histórico de casi 5 dólares, impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según datos del Índice Argus de Combustible para Aviones de EE. UU. Esa coyuntura generó una volatilidad que se trasladó de inmediato a los balances de las aerolíneas. Al cierre del martes, el precio había descendido hasta los 3,64 dólares por galón, pero se mantenía muy por encima de los niveles previos al conflicto.

Ante este escenario de costes elevados, las aerolíneas estadounidenses han puesto en marcha medidas adicionales para tratar de contener el impacto en sus cuentas. Además de elevar las tarifas, las compañías han optado por recortar temporalmente las rutas consideradas ineficientes, añadir recargos por combustible a los precios de los billetes y, en algunos casos, incrementar las tarifas por el equipaje facturado. Estas decisiones buscan optimizar los recursos y maximizar los ingresos por pasajero, en un contexto financiero que exige adaptabilidad y control estricto de los gastos.

El sector aguarda ahora la presentación de resultados financieros de otras aerolíneas estadounidenses, prevista para finales de mes, con la expectativa de que los altos precios del combustible continúen marcando la agenda y las políticas de precios en los próximos meses.

La actividad portuaria en el suroccidente de Colombia experimenta un crecimiento sostenido con el Puerto de Tumaco como protagonista. En la antesala a la toma de posesión del nuevo gobierno nacional el próximo 7 de agosto, el terminal marítimo se perfila como un eje fundamental para garantizar el suministro de combustible y fortalecer la integración regional en el departamento de Nariño.

Según declaraciones de Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, el puerto ha transformado su dinámica operativa en los últimos años. El ejecutivo subrayó que el terminal pasó de movilizar 50 toneladas a más de 100.000 toneladas de combustible anuales, cifra que representa un salto significativo en la capacidad logística de la región.

“El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño”, afirmó Silva.

La administración portuaria resalta que esta transformación responde a un proceso de modernización de la infraestructura y a una gestión operativa orientada a la eficiencia. Silva destacó que la terminal cuenta con personal idóneo, capacidad instalada y una dinámica portuaria comparable a la de los principales puertos del país.

“Tenemos todas las capacidades para que este puerto sea importante como todos los del país”, puntualizó el gerente de Operaciones.

El papel del Puerto de Tumaco adquiere mayor relevancia en el contexto de la transición gubernamental. Silva realizó un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que el nuevo gobierno garantice la continuidad institucional y el respaldo técnico necesarios para consolidar la vocación estratégica del terminal.

El ejecutivo señaló la urgencia de fortalecer la inversión en tecnología y en la capacidad de cargue y descargue, elementos que considera esenciales para responder a la demanda creciente y para posicionar a Tumaco como un referente en el Pacífico colombiano.

En sus declaraciones, Silva vinculó el desarrollo portuario con la agenda de reconciliación y desarrollo regional anunciada por el presidente electo. El gerente de Operaciones sostuvo que potenciar el puerto constituye una oportunidad para integrar a regiones históricamente rezagadas, como el Pacífico nariñense, al proyecto nacional de crecimiento económico y cohesión social.

“Si seguimos los procesos, si seguimos avanzando, la dinámica portuaria y la comunidad en general nos vamos a ver beneficiados dentro de este proceso, además de posicionar a Tumaco como lo es: un Puerto Milagro”.

El desempeño del Puerto de Tumaco también resulta determinante para la seguridad energética de Nariño, dada la dependencia del suministro de combustibles en la región. La administración portuaria argumenta que el modelo de abastecimiento por vía marítima ha probado ser eficaz para evitar interrupciones y atender la demanda local, consolidando al terminal como un punto clave dentro del Plan de Abastecimiento regional.

De cara al cambio de administración nacional, las expectativas se centran en la capacidad del nuevo gobierno para mantener y profundizar las políticas de apoyo al desarrollo portuario. Silva reiteró que la terminal se encuentra preparada para asumir mayores retos y contribuir al crecimiento económico del suroccidente del país, siempre que cuente con respaldo institucional y recursos adecuados.

Conducir por rutas en pendiente suele poner a prueba la destreza al volante, sobre todo cuando se utiliza un vehículo con transmisión automática. Las subidas y bajadas pronunciadas, tan habituales en ciertas ciudades y rutas de montaña, generan dudas sobre la forma más segura de maniobrar sin comprometer la integridad del motor ni de la transmisión.

El desconocimiento sobre el uso correcto de la caja automática durante estas maniobras puede traducirse en riesgos de accidentes o en costosas reparaciones mecánicas.

Los fabricantes advierten que aplicar técnicas inadecuadas, como acelerar excesivamente en subida o descender en punto muerto, aumenta las posibilidades de daños y reduce la seguridad. En este contexto, se explican las claves para conducir un automático en pendientes

Cómo se debe preparar el vehículo automático antes de transitar en una pendiente

Al acercarse a una cuesta, es útil anticipar el cambio de comportamiento del vehículo. Ganar algo de velocidad antes del inicio de la pendiente permite aprovechar la inercia, facilitando el ascenso.

Además, mantener una distancia prudencial con los vehículos precedentes amplía el margen de maniobra en caso de imprevistos.

Ford sugiere que, en pendientes muy pronunciadas, conviene programar con anticipación el uso del modo manual si el vehículo dispone de esta función, lo que permite controlar mejor las revoluciones y la potencia sin forzar la transmisión.

Cuál es la mejor forma de subir una pendiente empinada con un automático

Según Ford, en subidas con mucha inclinación el vehículo puede perder velocidad o dar la sensación de falta de potencia. La tendencia natural de muchos conductores sería presionar el acelerador a fondo, pero esta práctica solo genera un desgaste prematuro del motor y un consumo excesivo de combustible.

La marca señala que, ante pendientes exigentes, lo más conveniente es activar el modo manual y seleccionar la primera marcha (identificada como “1” o con los signos -/+ en la palanca). Esta estrategia aumenta el número de revoluciones, proporcionando mayor fuerza y mejor respuesta del motor.

Conforme evoluciona la pendiente, se puede incrementar la marcha en función de la exigencia del terreno y la capacidad del vehículo. Mantener el vehículo en modo “Drive” en subidas muy pronunciadas puede ser insuficiente, mientras que el modo manual ofrece mayor control sobre la entrega de potencia y previene el sobrecalentamiento de la transmisión.

Qué pasos seguir para un descenso seguro y sin peligros para la transmisión

El descenso exige una atención especial sobre la velocidad y el control del vehículo. La palanca debe permanecer en “Drive” durante todo el trayecto cuesta abajo.

Esta configuración asegura que la transmisión mantenga el control sobre las ruedas motrices y evite que el auto gane velocidad descontroladamente por la acción de la gravedad.

Para regular la velocidad, se debe mantener el pie sobre el pedal del freno, aplicando presión de forma suave y constante. Alternar la presión del freno, en lugar de mantenerlo presionado de manera continua, ayuda a evitar el sobrecalentamiento del sistema.

Ford advierte que descender en punto muerto o “neutral” no solo elimina el control inmediato del vehículo, sino que, en caso de emergencia, podría dificultar el cambio rápido de marcha y causar daños internos en la transmisión automática.

Cuáles errores deben evitarse para proteger la caja automática en pendientes

Entre los errores más comunes figura el hábito de acelerar a fondo en subidas con la intención de mantener la velocidad, lo que solo consigue forzar el motor y desgastar la caja de cambios.

Asimismo, otra equivocación frecuente es circular en “neutral” durante los descensos, bajo la creencia de que así se ahorra combustible.

No existe un ahorro real, y, por el contrario, esta práctica puede provocar un sobrecalentamiento de la transmisión y una pérdida de control ante cualquier imprevisto.

En el noreste de Luisiana, la guerra entre Estados Unidos e Irán generó una crisis energética mundial que repercute de manera directa en el agro local. Según reportó CBS News, el precio del combustible Jet-A, indispensable para la aviación agrícola, se disparó de USD 2,46 a USD 4,11 por galón entre febrero y mayo.

Reed Keahey, piloto agrícola en Columbia, relató que debió pagar más de USD 30.000 por una sola carga de combustible, mientras el galón cotizaba a USD 3,18 la semana pasada y seguía en ascenso.

Las consecuencias no se limitan al combustible. David y Theresa Guererro, productores de maíz, explicaron que su presupuesto para urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, quedó sobrepasado por un extra de hasta USD 130.000. “Está cerca, muy cerca”, reconoció David Guererro al ser consultado sobre la viabilidad de su explotación.

El American Farm Bureau Federation indicó que las quiebras agrícolas aumentaron un 46% respecto a 2024, un dato que refleja la magnitud de la crisis.

Crisis logística y escasez global de insumos clave

El trasfondo de esta situación radica en la interrupción del comercio por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y casi la mitad de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados, tal y como analizó Reuters.

Durante los meses más críticos del conflicto, cientos de barcos quedaron varados y las plantas procesadoras de fertilizantes en la región suspendieron actividades, lo que generó un aumento global de precios y demoras en la entrega.

Un informe de la UN Trade and Development recogido por Reuters señaló que antes de la guerra, un tercio del fertilizante mundial transitaba esa vía. La escasez elevó los precios de la urea y del gas natural, principal insumo de los fertilizantes nitrogenados, afectando directamente a los productores estadounidenses en pleno ciclo de siembra.

Desde el US Department of Agriculture (USDA), la secretaria Brooke Rollins anunció un plan de USD 500 millones para ampliar la producción nacional de fertilizantes, reconociendo que la guerra con Irán y los problemas de comercio internacional aceleraron la necesidad de invertir en plantas locales y reducir la dependencia del Golfo.

Cinco datos clave que agravan la crisis agrícola en EE.UU.

La crisis por los costos energéticos y de insumos deja huellas medibles en la actividad rural. Estos datos ayudan a entender la dimensión real del desafío:

• El consumo de diésel agrícola marcó su punto más alto en cuatro años, según la EIA, por la necesidad extra de operar maquinaria ante los retrasos logísticos.
• El costo de transportar granos por el río Misisipi subió un 38% en junio, informó Bloomberg, impulsado por el encarecimiento de la energía.
• Las importaciones de fertilizante nitrogenado desde el Golfo Pérsico cayeron un 57% en solo tres meses, según el USDA, lo que limitó la oferta interna.
• Un 32% de los productores del cinturón del maíz pospuso inversiones en maquinaria, reportó la National Corn Growers Association, para priorizar la compra de insumos básicos.
• La rentabilidad agrícola promedio cayó a 3,2% anual, el nivel más bajo en más de una década, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

Estos indicadores muestran que el impacto va mucho más allá de los precios en el campo y golpea toda la cadena productiva.

Un futuro incierto y márgenes cada vez más estrechos

La combinación de altos costos energéticos, demoras logísticas y baja rentabilidad llevó a muchos agricultores a una situación límite.

Keahey subrayó que la cadena de supervivencia se mantiene frágil: “Si los agricultores no están en el negocio, entonces yo no estoy en el negocio”, aseguró a CBS News.

Las proyecciones de la industria apuntan a que el retorno a la normalidad en la producción y distribución de fertilizantes podría llevar meses, e incluso años, tras los daños y cierres en el Golfo.

La situación en Luisiana se replica en otras regiones agrícolas de Estados Unidos, donde el impacto de la guerra con Irán, sumado al encarecimiento global de la energía y los insumos, pone a prueba la resiliencia de uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional.

El Gobierno de República Dominicana dispuso una reducción de precios en los combustibles regulares y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, acumulando dos semanas de bajas en medio de un contexto internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en Santo Domingo, al confirmar que esta decisión busca proteger a los hogares y sectores más vulnerables de la economía nacional.

Según la disposición oficial, los nuevos precios para la semana fijan de la siguiente manera:

• Gasolina regular en RD$302.50 por galón (US$5.13)
• El gasoil regular en RD$254.80 por galón (US$4.32) y
• GLP en RD$135.20 por galón (US$2.29).

Estos valores reflejan el impacto directo de la política de subsidios en la economía diaria de los consumidores dominicanos, especialmente en un contexto de volatilidad internacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que la reducción de precios responde a una combinación de factores internacionales y decisiones de política interna. Entre los motivos principales destacan:

• Volatilidad internacional: El conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un alza inmediata en los precios internacionales del petróleo, con un incremento superior al 5% en el precio del barril en un solo día, según datos citados por el MICM y monitoreados por agencias como Reuters. A pesar de este repunte, los productos refinados, incluyendo la gasolina y el gasoil, experimentaron una fluctuación con subidas promedio de entre 2,5% y 3,4% en la última semana.
• Caída previa del crudo: A principios de julio, el precio internacional del crudo había descendido, lo que permitió aplicar dos semanas consecutivas de reducciones en los precios locales de los combustibles regulares.
• Política de subsidios focalizados: Para sostener estas rebajas y mitigar el impacto de la volatilidad internacional, el Gobierno destinó un subsidio de RD$523.7 millones solo para la semana del 11 al 17 de julio.
• Prioridad al transporte y a los hogares: El MICM enfatizó que los combustibles regulares y el GLP son los más utilizados por el transporte de carga, de pasajeros y por los hogares dominicanos, lo que justifica la concentración de los subsidios y las rebajas en estos productos.

Segunda semana consecutiva de reducción y su impacto

La medida también representa la segunda baja semanal consecutiva en los precios de la gasolina regular y el gasoil regular, lo que ha generado un ahorro acumulado de RD$8.00 por galón durante este periodo. Esta tendencia, respaldada por la política de subsidios del Gobierno, responde a la necesidad de frenar la presión inflacionaria y proteger el poder adquisitivo de la población.

El MICM sostuvo en su nota oficial que “esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables”. La estrategia busca, según el ministerio, generar un alivio tangible en el costo del transporte y en los gastos domésticos de millones de familias dominicanas.

Las autoridades han reiterado que estas medidas forman parte de una política activa para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones internacionales y sostener la estabilidad económica interna. La asignación de recursos públicos para subsidiar los combustibles evidencia el compromiso del Gobierno con la protección social y la contención de la inflación, en una coyuntura internacional compleja.

La vigilancia sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como las oscilaciones del mercado energético mundial, seguirá condicionando las decisiones locales en materia de combustibles durante las próximas semanas.

Rusia enfrenta una escasez de combustibles sin precedentes que ha obligado a las autoridades a implementar la prohibición temporal de exportaciones de gasolina y diésel, mientras el gobierno refuerza la protección de las refinerías tras una serie de ataques. Así lo informó el viceprimer ministro Alexander Novak, cuyas declaraciones han sido recogidas por la agencia TASS.

La situación se agravó en las últimas semanas debido a que varias refinerías de petróleo quedaron fuera de servicio tras sufrir ataques con drones ucranianos, lo que redujo la capacidad de procesamiento nacional e impactó directamente en la distribución.

Novak señaló: “Debemos reconocer que [el mercado de combustibles] está experimentando problemas y escasez, por lo que estamos viendo filas. A veces, las gasolineras funcionan de forma irregular. La escasez ha surgido por razones obvias, porque nuestras refinerías están siendo cerradas para reparaciones debido a ataques con drones”.

El gobierno ruso adoptó la decisión de suspender las exportaciones con el objetivo de priorizar el abastecimiento interno y evitar que la situación se deteriore aún más.

“Hemos prohibido temporalmente la exportación de gasolina y diésel principalmente para cubrir las necesidades del mercado interno. Haremos todo esto para estabilizar la situación”, sostuvo Novak en una de las citas destacadas por TASS. La medida busca garantizar que las regiones cuenten con suministros adicionales durante el periodo de inestabilidad.

A pesar de las restricciones, Novak aseguró que Rusia dispone de infraestructura suficiente para procesar combustibles y que, en condiciones habituales, incluso puede exportar parte de la producción. “Está claro que tenemos capacidad suficiente. En general, estamos totalmente abastecidos. Incluso exportamos”, afirmó el viceprimer ministro.

No obstante, la prioridad actual del Ejecutivo es asegurar que las refinerías operen a plena capacidad y que la producción se destine principalmente al consumo doméstico.

La escasez ha generado oportunidades para la especulación en el mercado interno. Novak advirtió que “en estos tiempos de escasez, suelen surgir factores especulativos, y algunos revendedores intentan aprovechar la situación para ganar dinero extra y subir los precios”.

Mientras tanto, las compañías petroleras integradas verticalmente han mantenido los precios en sus estaciones de servicio alineados con la inflación, según el funcionario. Frente a este escenario, el viceprimer ministro remarcó la importancia de que la Agencia Federal Antimonopolio (FAS) y sus delegaciones regionales refuercen la vigilancia de los precios para evitar abusos.

Las filas en las estaciones de servicio y la irregularidad en el suministro reflejan el impacto inmediato de los ataques y de las decisiones gubernamentales, de acuerdo con las descripciones de la agencia TASS. El gobierno, en paralelo, anunció que intensifica las medidas para proteger las instalaciones petroleras clave y restablecer la normalidad en la distribución.

Las perspectivas para el sector dependen de la capacidad estatal para restaurar la operatividad de las refinerías y frenar la especulación en el mercado interno, mientras persisten las restricciones a la exportación.

El vicepresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó que espera “hasta fin de mes” resolver la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país, donde en las últimas semanas se registraron largas filas de vehículos en los surtidores ante la escasez.

Según Blacud, la irregularidad del suministro se debe a la falta de “fluidez” en los controles de calidad, que se realizan desde el origen hasta la comercialización del producto, pero garantizó que se está trabajando de manera “responsable” para agilizar los procesos y solucionar las demoras.

“El carburante está disponible; estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder garantizar (la calidad) se están realizando los controles correspondientes antes de que puedan ser comercializados en todo el territorio nacional”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el funcionario de la petrolera, se está trabajando “arduamente” para optimizar los procesos y calcula que a finales de julio se regularice el suministro. “Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, agregó Blacud.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible y las filas en las estaciones de servicio parecen confirmar las cifras que señalan los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para sostener una reunión en la que les digan “la verdad” y se discutan acciones para solucionar la crisis de combustible que desde hace casi tres años atraviesa Bolivia.

El representante del gremio, Lucio Gómez, amenazó con protestas sociales y “convulsión”, pese al estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, si no se garantiza el suministro. “Ya no toleramos más”, afirmó.

En las últimas semanas, el Gobierno ha dado al menos tres justificaciones sobre la escasez. Inicialmente se lo atribuyó a los bloqueos de caminos que impidieron la distribución, luego se hizo referencia a los nuevos protocolos de control de calidad que generan demoras y a las redes de contrabando que estarían llevando diésel y gasolina a otros países.

“Señor ministro y señor presidente de YPFB: díganos la verdad. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Cuál es la postura de sus autoridades? Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, cuestionó Gómez, flanqueado por otros dirigentes sindicales.

Más allá de la escasez actual, la crisis de carburantes tiene causas estructurales complejas de resolver. Desde el año 2023, los bolivianos enfrentan periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento debido a la caída de la producción local, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares para su adquisición.

En diciembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz levantó la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante casi 20 años, lo que se tradujo en un aumento en el precio del diésel y la gasolina.

En paralelo, surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a gasolina de mala calidad que la administración de Paz admitió y atribuyó a la gestión anterior. En ese contexto, se creó un seguro de resarcimiento de daños y se implementaron nuevos controles que estarían provocando las demoras actuales.

Ese día, el promedio nacional por galón era de USD 3,79. En Filadelfia, de USD 3,95. La estación Citgo más cercana a Dresher marcaba USD 3,79; la Gulf del barrio, USD 3,85.

Qué anunció la Casa Blanca y cómo lo hizo

La cuenta @WhiteHouse publicó el anuncio en X con un video de 43 segundos que acumuló 7,5 millones de visualizaciones. El mensaje era directo:

“EL COMBUSTIBLE DE LA LIBERTAD HA LLEGADO. La PRIMERA estación de servicio de la Red de Combustible de la Libertad ha ATERRIZADO en Filadelfia, reduciendo el precio en la bomba a USD 3.47 para nuestro 47.º Presidente.”

En el video, conductores que acababan de repostar expresaban su sorpresa. “Cuando lo vi, pensé que era noticias falsas, pero me alegra que sea verdad”, dijo uno de ellos. Otro agregó: “Gracias, Trump, por ahorrarme algo de dinero”.

Donald Trump había adelantado la iniciativa el 1 de julio en Truth Social, donde describió al operador como “un minorista muy inteligente, ubicado en todo el noreste”, sin revelar su nombre. En esa misma publicación prometió que los precios “pronto volverán a los mínimos históricos” previos al conflicto con Irán.

Qué se sabe y qué permanece sin confirmar

La Freedom Fuel Network es, según un portavoz de la Casa Blanca a CBS News, una empresa privada que no recibe financiamiento del gobierno ni compra combustible con descuento. La administración atribuye los precios bajos a una reducción voluntaria de márgenes de ganancia por parte del operador.

Lo que permanece sin confirmar es casi todo lo demás. La Casa Blanca no reveló el nombre de la compañía propietaria. El portavoz confirmó que la lista de 25 ubicaciones publicada en el sitio web de Freedom Fuel era correcta, pero no garantizó que todas estuvieran operativas al momento del anuncio.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, añadió otra capa de opacidad: muchas de las estaciones figuran en la base de datos de GasBuddy bajo nombres “muy diferentes”. Su conclusión, citada por Forbes, The Inquirer y Quartz, fue tajante: “Las estaciones que venden a este precio no son sostenibles. En general, cuando hay pérdidas, alguien tiene que pagarlas”.

De Haan aclaró que no pudo identificar a los propietarios ni determinar qué acuerdos de compra de combustible podrían respaldar el modelo.

El contexto de precios que explica el impacto político

Antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el galón de gasolina costaba en promedio USD 2,98 a nivel nacional. El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente un quinto del petróleo marítimo mundial— disparó el precio hasta un pico de USD 4,56 en mayo, el nivel más alto desde 2022, cuando el galón superó los USD 5.

Al 8 de julio, el promedio nacional había bajado a USD 3,80, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). El diésel se ubicaba en USD 4,77, frente a USD 3,76 antes del conflicto. La reapertura del Estrecho tras el acuerdo de cese al fuego entre Washington y Teherán contribuyó a esa caída, aunque De Haan advirtió que ataques ucranianos a refinerías rusas y el fin de ese cese al fuego podrían revertir la tendencia la semana siguiente.

Con las elecciones de mitad de mandato en noviembre, los precios de la energía son una carga política directa para la administración. Trump también instruyó al Departamento de Justicia a investigar a las compañías petroleras por no trasladar a los consumidores la caída del crudo con la misma velocidad con que les transfirieron las subidas.

Las voces en la estación y la crítica opositora

En Dresher, los conductores recibieron el precio con pragmatismo. Jessiah Brice, de 25 años, lo aceptó con una pregunta sin respuesta: “La gasolina debería ser más barata. Mi único problema es: ¿cómo es que aquí cuesta USD 3,47 y cerca de mi casa USD 5?”. Seyer Hamidi, republicano de 36 años, fue más directo: “La gasolina va a ser cara seas republicano o demócrata. Esto es un paso en la dirección correcta”.

La respuesta política llegó desde el otro lado del pasillo. El representante demócrata Jim McGovern (Massachusetts) publicó en X: “Tiendas de comestibles subsidiadas por el gobierno = Comunismo. Gasolineras administradas por el gobierno = Libertad. Entendido.”

En internet circula además un sitio web que parodia a Freedom Fuel Network con el lema: “You cannot beat our prices, because you cannot find our pumps” (“No puedes superar nuestros precios, porque no puedes encontrar nuestras bombas”). Su sección de preguntas frecuentes incluye una que la administración no ha respondido: “¿Por qué un presidente anunciaría una empresa que no existe?”

La FGR destapó una red ferroviaria de contrabando de hidrocarburos que operó en al menos nueve estados del país, con 170 ferrotanques asegurados, más de 18 millones de litros de combustible incautados y un daño económico estimado en 238 millones 818 mil pesos.

La modalidad, conocida como huachicol fiscal, no funciona mediante tomas clandestinas en ductos. Las organizaciones criminales construyen estructuras de empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios y esquemas de dispersión financiera para introducir combustible ilícito al mercado con apariencia legal.

Cómo operaba la red ferroviaria

Los contrabandistas declaraban ante las autoridades aduaneras volúmenes de carga mucho menores a los que realmente transportaban. En otros casos, el combustible se declaraba como un producto diferente, con una carga fiscal distinta, para eludir el pago de impuestos.

Los ferrotanques cruzaban la frontera norte desde Estados Unidos con documentación alterada. Una vez dentro del territorio nacional, el producto se distribuía a través de nodos logísticos en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Esos tres estados conectaban las operaciones ferroviarias con rutas marítimas y terrestres ya activas. La fragmentación de la trazabilidad era el mecanismo central: cada eslabón de la cadena —importación, transporte, almacenamiento, distribución financiera— operaba de forma aparentemente independiente.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que todos esos eslabones pertenecían a una misma estructura criminal. Las líneas de investigación activas involucran a más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades.

Los aseguramientos en la red ferroviaria

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila. También se aseguró una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza, infraestructura que formaba parte del circuito logístico de la organización.

El caso de mayor escala en esta modalidad se concentró en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Esa indagatoria derivó en el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.

Las detenciones vinculadas a ese expediente llevaron a la vinculación a proceso de presuntos integrantes de la organización. Las investigaciones también identificaron una red de empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

El esquema marítimo que complementó la red

En paralelo a la vía ferroviaria, la FGR documentó operaciones por vía marítima. El buque Challenge Procyon fue asegurado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con alrededor de 10 millones de litros de diésel, tractocamiones, autotanques y documentación aduanera falsa; el golpe económico a la organización fue de aproximadamente 372 millones de pesos.

En Ensenada, Baja California, las autoridades aseguraron 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo descargados del buque TORM AGNES en un predio de El Sauzal. Esa operación sumó un impacto económico de 154 millones 920 mil 363 pesos sobre la estructura logística de la red.

Lo que reveló Sheinbaum sobre los trenes

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 3 de julio de 2026, desde Michoacán, la existencia de al menos dos grandes investigaciones activas en la FGR sobre huachicol fiscal. Una involucra al buque asegurado en Tampico en marzo de 2025; la otra se origina en el ingreso de tanques de combustible por vagones de ferrocarril a través de la frontera norte.

“Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, precisó la mandataria, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado detalles sobre el avance de esa carpeta.

La presidenta también señaló que entre los involucrados en el caso del buque figuran empresarios con doble nacionalidad mexicano-estadounidense radicados en Estados Unidos.

A raíz de ello, México ya solicitó su extradición, pues cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

El gasto en combustible de las aerolíneas estadounidenses volvió a captar la atención del sector, con un incremento notorio en el desembolso mensual durante mayo de 2026.

El impacto de los precios del petróleo, la inestabilidad geopolítica y la reacción de las propias compañías aéreas configuran un escenario en el que la gestión del combustible se convierte en un eje crítico para la industria.

Los datos más recientes muestran cómo evolucionaron tanto el costo como el consumo y las estrategias adoptadas por el sector frente a la volatilidad de los precios, según informó Associated Press.

Gasto total en combustible de aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026

En mayo de 2026, el gasto total en combustible de las aerolíneas estadounidenses alcanzó los USD 6.660 millones, según cifras oficiales del Bureau of Transportation Statistics.

Este monto representa un aumento del 3,0% respecto a abril de 2026, cuando el desembolso fue de USD 6.470 millones, y un salto interanual del 83,9% frente a los USD 3.620 millones registrados en mayo de 2025. Es el segundo mes consecutivo en que la cifra supera los USD 6.000 millones, reflejando la presión sostenida sobre las finanzas del sector.

El aumento en el gasto se debe principalmente al encarecimiento del precio del combustible, lo que elevó los costos operativos y dejado a las compañías aéreas en una posición de mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado energético. El gasto en combustible suele ser uno de los componentes de mayor peso en la estructura de costos de las aerolíneas y su variación impacta de manera directa en la rentabilidad.

Volumen de combustible consumido por las aerolíneas en mayo de 2026 y variación de meses previos

Durante mayo de 2026, las aerolíneas estadounidenses consumieron 1.627 millones de galones de combustible. En comparación con abril de 2026, esto supone un incremento del 3,5%, ya que ese mes se utilizaron 1.573 millones de galones. Sin embargo, respecto a mayo de 2025, el consumo experimentó una leve caída del 0,6%, pues en ese periodo se utilizaron 1.636 millones de galones.

El repunte mensual en el uso de combustible se explica por el aumento de la actividad en el sector durante la primavera, mientras que la comparación interanual muestra una relativa estabilidad en la demanda, pese al fuerte incremento de los costos. El hecho de que el consumo se mantenga prácticamente igual, pero el gasto aumente considerablemente, subraya el peso de los precios en la ecuación final para las aerolíneas.

El volumen de combustible consumido por las aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026 fue de 1.627 millones de galones, una cifra apenas inferior a la registrada un año antes, lo que pone de manifiesto que el alza del gasto se explica más por el precio que por un crecimiento de la demanda.

Evolución del precio por galón de combustible para aviación y comparación con años anteriores

El precio promedio que las compañías aéreas estadounidenses pagaron por cada galón de combustible en mayo de 2026 fue de USD 4,09, apenas dos centavos por debajo de abril (USD 4,11), pero un 85% más alto que los USD 2,21 registrados en mayo de 2025. Esta evolución tuvo un impacto sustancial en los costos operativos, ya que el precio por galón se mantuvo muy por encima de los valores del año anterior.

A modo de referencia, el índice Argus U.S. Jet Fuel situó el precio promedio del galón en los principales centros aéreos —Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York— en torno a USD 2,88 el martes posterior al cierre de mayo, lo que muestra una tendencia a la baja a partir de mediados de junio tras haber superado los USD 3 durante la primavera.

La diferencia de casi el doble en el precio por galón respecto a 2025 resulta determinante para entender el fuerte incremento del gasto total, ya que la demanda de combustible se mantuvo estable. El precio del combustible de aviación en Estados Unidos alcanzó niveles máximos en la primavera, antes de mostrar signos de estabilización tras acuerdos internacionales.

Factores que influyeron en el aumento de los costos del combustible

El alza en los costos del combustible para aviación responde, en gran medida, a factores geopolíticos y de mercado. El inicio de un conflicto en Medio Oriente a comienzos de 2026 alteró la logística global, provocando interrupciones en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro internacional de crudo.

Este escenario generó presión sobre los precios internacionales, elevando el costo de los combustibles derivados del petróleo. Posteriormente, la llegada de un acuerdo provisional de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofreció cierto alivio y permitió una leve baja en los precios, aunque la situación se mantiene frágil tras nuevos incidentes en la región y la revocación de licencias para la venta de petróleo iraní.

La volatilidad de los mercados energéticos, junto a la dependencia estructural de las aerolíneas respecto al combustible, hace que cualquier alteración global en la oferta o la logística tenga un efecto inmediato en los costos finales para el sector.

Respuestas de la industria aérea ante el alza del combustible

Las aerolíneas reaccionaron a la suba de costos implementando diversas estrategias. Entre las medidas adoptadas destacan el aumento de las tarifas, la aplicación de cargos adicionales y la reducción de frecuencias o ajustes en las rutas. Estas acciones buscan compensar el impacto del encarecimiento del combustible en los márgenes operativos.

El combustible representa una de las partidas más sensibles para la rentabilidad de las compañías aéreas, lo que las lleva a trasladar parte de la presión de costos a los pasajeros y a optimizar sus operaciones.

Además, el uso de contratos de cobertura (hedging) permite a algunas empresas limitar su exposición a variaciones bruscas en los precios, aunque no todas recurren a este mecanismo y sus efectos no son uniformes.

La industria aérea mundial se mantiene atenta a la evolución del precio del combustible, ya que cualquier modificación significativa puede requerir ajustes adicionales tanto en la oferta de servicios como en la estructura tarifaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.

Las investigaciones sobre una presunta red internacional de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México incorporaron el testimonio de Luis Rivera, un colaborador de la justicia estadounidense que describió el supuesto mecanismo utilizado para mover hidrocarburos de un lado a otro de la frontera mediante importaciones irregulares, documentación presuntamente alterada y maniobras para evadir impuestos.

La declaración forma parte del proceso que las autoridades estadounidenses siguen contra integrantes de la familia Jensen, señalados por su presunta participación en operaciones de tráfico de combustibles. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, Rivera explicó cómo funcionaba la red y el papel que desempeñaban empresas de transporte y logística para introducir combustible a México.

El caso se centra en el llamado huachicol fiscal, modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas. En este esquema, las investigaciones apuntan al uso de operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza de los hidrocarburos y reducir el pago de impuestos durante su importación.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación de El País, Rivera aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles. En su testimonio describió una estructura que coordinaba empresas de transporte y logística para trasladar hidrocarburos desde Texas hacia distintos puntos de México.

Según su versión, parte del combustible tenía origen en hidrocarburos robados previamente en territorio mexicano. Posteriormente era exportado a Estados Unidos y reingresado al país mediante operaciones comerciales en las que la mercancía era declarada con una clasificación distinta a su contenido real, una práctica que presuntamente permitía evadir impuestos y superar controles aduaneros.

La investigación también refiere que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas ubicadas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.

¿Quiénes son los Jensen?

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales señalados a integrantes de la familia Jensen, investigados por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Según El País, la investigación busca determinar el papel que desempeñaron empresas y operadores vinculados con esa familia dentro de una red que habría movilizado hidrocarburos entre ambos países mediante operaciones comerciales presuntamente irregulares.

Hasta ahora, el proceso continúa abierto y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que el medio digital Código Magenta publicó una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.

Hasta el momento, esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas. Tampoco se han presentado imputaciones o sentencias derivadas de esas publicaciones.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de combustibles que difiere del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. En lugar de extraer gasolina o diésel de ductos, el esquema consiste en introducir combustible al país mediante operaciones de importación fraudulentas.

Las investigaciones sobre este tipo de redes señalan prácticas como declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los cargamentos, utilizar documentación presuntamente alterada o recurrir a empresas intermediarias para reducir el pago de impuestos y dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico por la evasión fiscal, especialistas han advertido que estas operaciones pueden facilitar la participación de organizaciones criminales en la cadena de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, lo que convierte al huachicol fiscal en un fenómeno distinto y más complejo que el robo tradicional de gasolina.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible pese al levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días paralizaron gran parte del país.

Las filas en las estaciones de servicio reflejan las cifras que advierten los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

Las justificaciones del Gobierno son diversas. Inicialmente se atribuyó la escasez a los bloqueos que impedían el tránsito de las cisternas, más tarde se mencionó que los nuevos protocolos de control de calidad demoran el proceso de despacho y finalmente se mencionó que hay “mafias” de desvío de combustible para actividades ilícitas.

En medio de reclamos de sectores estratégicos, como la agroindustria y el transporte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó dificultades económicas para la importación y señaló que la adquisición se realiza con pagos diferidos. Sin embargo, descartó fijar plazos para la regularización de la distribución.

“No sabemos cuándo se normalizará. No les puedo dar una fecha exacta; a mí no me gusta especular; no tengo una bola (de cristal) para ver qué va a pasar”, afirmó en una rueda de prensa.

La crisis de abastecimiento ha llevado al Gobierno de Rodrigo Paz a autorizar la importación privada de combustible. A través del Decreto Supremo 5644, el Gobierno formalizó un mercado privado de combustibles con un precio de referencia.

Esta norma da un paso más hacia la comercialización privada de diésel y gasolina, luego de la medida transitoria que implementó el expresidente Luis Arce (2020-2025) cuando estalló la crisis derivada de la baja producción local y las dificultades de importación por la escasez de divisas.

Si bien el Estado seguirá importando y distribuyendo combustible a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF), la medida busca garantizar el abastecimiento y diversificar la oferta.

El conflicto de los carburantes no es reciente en Bolivia. El país importa casi la totalidad del diésel y más del 50% de la gasolina que consume su mercado interno tras la caída en la producción local. En ese contexto y ante la falta de divisas para su importación, en 2023 surgieron los periodos de escasez, que fueron cada vez más prolongados y frecuentes.

Cuando el presidente Paz asumió el Gobierno, en noviembre de 2025, anuló el subsidio a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años y mantuvo un precio regulado por debajo del internacional, lo que provocó además la expansión de redes de contrabando hacia otros países.

Tras el fin de la subvención, surgieron denuncias de distribución de combustible de mala calidad que estaba dañando cientos de vehículos. El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” e implementó un seguro para resarcir daños a los más de 70.000 vehículos que reportaron daños, además de controles de calidad más rigurosos.

Este conflicto fue uno de los detonantes de las recientes protestas contra el Gobierno. Lo que derivó en pedidos de renuncia inició con reclamos sectoriales diversos que incluían garantizar gasolina de mejor calidad.

En ese marco, en el acuerdo que firmó el Gobierno con los manifestantes de la Central Obrera Boliviana el 19 de junio para suspender las protestas, hay un punto específico que se refiere a los combustibles.

La administración de Paz se comprometió a garantizar el abastecimiento del producto con estándares internacionales, a realizar una auditoría para identificar el origen y a los responsables de la gasolina contaminada y a conformar mesas de trabajo para verificar la calidad y establecer medidas de control.

Ante la falta crítica de diésel y los apagones prolongados, muchas Mipymes recurrieron al gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido como “gas de la calle”— y al gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar generadores eléctricos.

La red de gas canalizado es uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al colapso del suministro eléctrico y de otros combustibles, lo que la convirtió en una salida de emergencia para los comercios privados. Sin embargo, especialistas y vecinos advierten que esa mayor demanda podría saturar el sistema en el corto plazo.

El desvío del recurso tiene un costo directo para los hogares. El acaparamiento y la reventa del gas en el mercado informal redujeron la disponibilidad para las familias, que en muchos casos debieron sustituirlo por leña o carbón para cocinar.

Aunque el régimen ha comenzado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen estaciones de servicio, la falta de liquidez y las trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Altos funcionarios reconocen que la dependencia de importar combustible en contenedores es un desafío estructural sin solución inmediata.

La misma escasez de combustible explica el deterioro del servicio de recolección de residuos. Según datos publicados por CiberCuba, en febrero pasado solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, un 41,5% de la flota total. La Habana genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos diarios, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedaban sin retirar cada jornada.

Ante ese colapso, el Estado recurrió a maquinaria pesada de construcción —equipos habitualmente destinados a obras de vivienda— para despejar los vertederos improvisados que proliferaron en distintos barrios. La medida generó un nuevo problema: el uso de esos equipos rompe aceras, destruye el pavimento y abre baches en las zonas intervenidas.

Mientras tanto, muchos vecinos optaron por quemar los residuos acumulados frente a sus casas, lo que libera humo tóxico y agrava los riesgos sanitarios. Medios locales informaron que la acumulación de basura disparó brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en la ciudad.

Frente a la magnitud del problema, algunos vecinos tomaron la iniciativa por su cuenta. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida de basura; mientras que en Centro Habana dos vecinos financiados por la comunidad comenzaron a vigilar una esquina para evitar el abandono de desechos.

El régimen presentó una respuesta de alcance acotado. El proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución, contempla 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos turnos diarios. La infraestructura central es una “solinera” —estación de carga con paneles solares— que también ofrecerá recarga para vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Al momento de la publicación de la crónica en el medio oficialista Cubadebate, el Consejo Popular contaba con cinco de los 30 triciclos previstos.

El accidente fue reportado a las autoridades a 12:35 horas en el punto conocido como Agua del Toro, en los límites de los municipios de Iguala y Buenavista de Cuéllar.

De acuerdo con medios locales, la pipa transportaba más de 60 mil litros combustible y el operador perdió el control al tomar una curva, lo que provocó la volcadura.

Las llamas se extendieron a dos vehículos particulares

El incendio consumió la unidad de carga y alcanzó dos vehículos particulares. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero (SGIRPCGRO) señaló que la pipa transportaba gasolina.

Para atender el siniestro se movilizaron personal y unidades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las regiones Norte y Centro, Protección Civil de Iguala de la Independencia y Buenavista de Cuéllar, Bomberos de ambos municipios y la Guardia Nacional sector carreteras.

La SGIRPCGRO informó que el incendio fue controlado al 100 por ciento.

Testigos en la zona grabaron el momento en que las llamas se intensifican en la zona del accidente. Puede verse que es una carretera de doble sentido con caminos estrechos, lo que dificulta el control de grandes unidades de carga.

Autoridades no confirmaron víctimas y conductores permanecieron sin localizar

La SGIRPCGRO precisó que no tuvo confirmación de personas lesionadas o fallecidas. Versiones preliminares en redes sociales apuntaron hasta cuatro muertos y cinco personas con quemaduras, cifras que la dependencia no validó. Los conductores de las unidades involucradas no fueron localizados al cierre de los reportes.

Caminos y Puentes Federales reportó el cierre total de la autopista en ambos sentidos a la 1:06 de la tarde. A la 1:40 habilitó desvíos hacia la carretera libre: hacia Puente de Ixtla, a la altura de la Plaza de Cobro Iguala; hacia Iguala, a la altura del kilómetro 25, en el poblado Zacapalco.

A las 4:20, el cierre continuaba por maniobras de grúa. A las 8:06 de la noche, en su último reporte, CAPUFE informó que la vialidad seguía cerrada y remitió a su cuenta de X y al número 074 para solicitar actualizaciones.

Dos días antes, otra pipa explotó en Tlaxcala y dejó un muerto

El 1 de julio, una pipa que transportaba combustible explotó sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del kilómetro 81+600, en la comunidad de Adolfo López Mateos, municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. El siniestro dejó una persona fallecida y otra lesionada, de acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil Juvencio Nieto Galicia.

El segundo remolque tipo cisterna de la unidad se desprendió mientras circulaba por una curva, cruzó el muro central e impactó contra un tractocamión con caja seca que transitaba en sentido contrario.

El choque derivó en un incendio que consumió ambas unidades y provocó varias explosiones. Videos en redes sociales mostraron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros instruyó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento a la emergencia y desplegó un operativo coordinado entre dependencias estatales, federales y municipales.

Uno de los mitos más persistentes alrededor de los vehículos eléctricos es la creencia de que estos autos requieren poco o ningún mantenimiento, a diferencia de los modelos a combustión interna.

Esta percepción, extendida tanto en Europa como en Latinoamérica, puede llevar a errores de cuidado que resultan en gastos inesperados y problemas mecánicos complejos para los propietarios.

El atractivo de la movilidad eléctrica suele centrarse en la ausencia de emisiones y en la promesa de un menor costo operativo, pero ignorar las necesidades reales de mantenimiento representa un gran riesgo.

Qué tan cierto es que el auto eléctrico no requiere mantenimiento

El mito de la “ausencia de mantenimiento” en autos eléctricos ha generado una falsa sensación de ahorro y despreocupación en los usuarios, señaló José Antonio Ortega, Gerente Comercial para Centroamérica y el Caribe de Schaeffler, durante la feria expopartes

“El principal mito es que la gente cree que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento. Pero tú tienes un coche que tienes quinientos kilos más de peso, sobre todo por el tema de las baterías”, aseguró Ortega.

Este peso adicional, concentrado en el sistema de baterías, provoca un desgaste acelerado en componentes del chasis como la suspensión, los frenos y las llantas. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos tradicionales, los eléctricos requieren una atención especial en sistemas que no siempre se consideran prioritarios.

Ortega subrayó que, sumado al chasis, el sistema de enfriamiento cumple un papel esencial. “Todos los autos eléctricos tienen un sistema de enfriamiento que mantiene tanto las baterías como el motor eléctrico a una temperatura óptima de trabajo”.

Este sistema necesita cambios periódicos de refrigerantes, revisión de bombas y líneas de refrigeración, así como el reemplazo de componentes sujetos a desgaste.

¿El mantenimiento es más caro en los eléctricos que en los autos a combustión?

En América Latina y Europa existe la percepción de que los autos eléctricos son más costosos de mantener, sobre todo por la dificultad para conseguir repuestos.

Ortega aclaró que “estamos enfrentando un desabasto de componentes, pero no es porque no exista el componente, sino porque es tan grande la gama de vehículos que es muy difícil tener todos los componentes”. No obstante, la industria trabaja en ampliar la cobertura de refacciones y kits de mantenimiento para atender la demanda.

Además, el costo de mantenimiento tiende a concentrarse en elementos eléctricos y electrónicos, a diferencia del mantenimiento preventivo constante que requieren los motores a combustión.

El mayor reto radica en la vida útil de las baterías, que suele oscilar entre cuatro y cinco años en condiciones óptimas, frente a motores a gasolina que pueden superar varias décadas en funcionamiento.

Qué riesgos existen al realizar mantenimiento sin conocimientos técnicos

El mantenimiento de un auto eléctrico no solo implica el reemplazo de piezas. Ortega advierte que la manipulación de estos vehículos requiere “conocimientos para poder darle mantenimiento a un auto eléctrico, porque una descarga de ese voltaje puede ser muy peligrosa”.

El proceso exige desconexión de baterías y uso de material especializado, como guantes aislantes, así que no cualquier persona puede estar capacitada para trabajar con estos sistemas, y la formación y actualización resultan indispensables para evitar accidentes y garantizar una reparación segura.

Cuáles ventajas presentan los vehículos híbridos

La irrupción de los vehículos híbridos en mercados como el latinoamericano responde, en parte, a la falta de infraestructura para cargar autos eléctricos. Ortega considera que el híbrido “es una muy buena opción para nuestros mercados, donde todavía no tienes la infraestructura eléctrica para cargar los autos eléctricos cien por ciento”.

El sistema híbrido cuenta con dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico, lo que permite alternar entre ambos según la demanda y la disponibilidad de energía.

Asimismo, estos vehículos tienen módulos que conectan y desconectan de manera automática el motor a combustible y el eléctrico, facilitando la transmisión de potencia y el ahorro de dinero.

El mantenimiento, aunque menos común que en un auto convencional, incluye la revisión de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador mexicano identificado como el cerebro financiero de la red de robo de combustible del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanzó a un segundo operador y nueve entidades, en la ofensiva más amplia contra el llamado huachicol fiscal hasta la fecha.

Su función dentro del cartel va más allá de la contabilidad: Juraidini Silva diseña y opera el entramado societario que permite al CJNG evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tributo mexicano que grava la importación de combustible. Para sostener ese esquema, crea empresas fantasma y falsifica documentos aduaneros que reclasifican los cargamentos de gasolina y diésel antes de que crucen la frontera.

Con ese mecanismo, los cargamentos llegan a territorio mexicano sin que las autoridades detecten su verdadera naturaleza ni cobren el impuesto correspondiente. El resultado es una ventaja comercial artificial que el CJNG monetiza a través de una red de gasolineras afiliadas y expendios informales de carretera.

Bajo su control directo operan siete empresas distribuidas en sectores de apariencia legítima: seis con sede en México —en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario— y una séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, registrada en el Reino Unido. Esa ramificación internacional convierte a Juraidini Silva en el eslabón que conecta la operación fronteriza con el sistema financiero global.

Las siete empresas de Juraidini Silva

En su control operan seis firmas mexicanas en sectores de apariencia legítima: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes. La séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, tiene sede en el Reino Unido, lo que extiende el esquema más allá del corredor fronterizo entre México y Estados Unidos.

Dichas compañías operan en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, sectores que el Tesoro señala como vehículos habituales para disfrazar los flujos de dinero ilícito. La diversificación sectorial le permite a la red mezclar ingresos del combustible de contrabando con transacciones aparentemente ordinarias.

El segundo operador: J. Refugio Ruiz Villagomez

El segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a dos empresas de logística: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin los permisos que exige la Secretaría de Energía de México y, según las autoridades, pagaron sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

Las dos firmas de Ruiz Villagomez manejaron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. La OFAC las designó por proveer apoyo material al CJNG, la misma figura legal que se aplica a quienes financian organizaciones terroristas.

Facturas falsas y redes de fachada

Tanto las empresas de Juraidini Silva como las de Ruiz Villagomez emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible ante las autoridades mexicanas. Ese papel les permitía actuar como comercializadoras con permisos de la Comisión Nacional de Energía, aunque carecían de las autorizaciones de importación que la ley exige.

El combustible —gasolina, diésel y nafta comprados a distribuidoras estadounidenses— se desviaba hacia redes interconectadas de empresas fachada en los sectores de transporte y logística antes de cruzar la frontera en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o embarcaciones de flotas clandestinas. Los cargamentos llegaban a patios de almacenamiento bajo control del cartel y se vendían en gasolineras afiliadas o expendios informales de carretera.

Pagos y lavado de dinero

El Tesoro identificó dos métodos principales de pago entre las redes mexicanas y los distribuidores de combustible en Estados Unidos. El primero son transferencias internacionales y pagos en activos digitales canalizados a través de empresas pantalla; el segundo son depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias con ganancias del narcotráfico, una modalidad que las autoridades clasifican como lavado de dinero basado en comercio.

Los distribuidores estadounidenses cómplices ocultaban esas ganancias mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor, bienes raíces y activos de inversión. Esa capa adicional de opacidad dificultó durante años la detección de los flujos por parte de los organismos reguladores.

La investigación y las agencias detrás de las sanciones

Las sanciones surgieron de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), con participación de la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró en el desarrollo de las designaciones y bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por la OFAC más nueve personas adicionales detectadas en su propio análisis.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos” y que las acciones del Tesoro “avanzan la prioridad de la administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”.

Contexto: el huachicol como negocio paralelo al narco

El huachicol —término coloquial para el robo y contrabando de hidrocarburos en México— es hoy la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más cuantiosa para los cárteles mexicanos. El CJNG y otras organizaciones criminales obtienen decenas de miles de millones de dólares en pérdidas para el gobierno mexicano mediante el robo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el soborno a empleados, la perforación ilegal de ductos, el asalto a pipas y amenazas a trabajadores.

El combustible robado llega al mercado negro en todo México. Reportes públicos estiman que entre un cuarto y un tercio de todo el combustible que se vende en el país es de origen ilícito.

El CJNG recibió su primera designación del Tesoro el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Reyes de los Narcóticos Extranjeros. El Departamento de Estado lo catalogó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, lo que amplió el marco legal disponible para perseguir a sus financiadores y operadores en cualquier parte del mundo.

En los 12 meses posteriores a la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de mayo de 2025 sobre contrabando de crudo, esa agencia recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones irregulares entre Estados Unidos y México. Los estados con mayor presencia de sujetos investigados fueron Texas y Florida; dentro de Texas, las ciudades de Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen concentraron la mayoría de los casos, todos vinculados a las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte.

El Gobierno de Brasil anunció el incio de la quita gradual de los subsidios a los combustibles, implementados para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internos. El Ministerio de Hacienda informó que la medida responde a la estabilización del mercado internacional del petróleo, lo que permitió reducir la subvención al diésel desde este miércoles. Un ajuste similar para la gasolina será comunicado en los próximos días.

El secretario ejecutivo de la cartera, Rogério Ceron, explicó que la decisión se basa en la caída de las cotizaciones internacionales del crudo, tras la disminución de las tensiones geopolíticas y el retorno del barril de Brent a niveles cercanos a los 80 dólares, valores previos al conflicto en Irán.

“El objetivo es desmontar gradualmente un programa concebido como temporal y evitar distorsiones permanentes en las cuentas públicas”, señaló Ceron.

Los subsidios, aprobados en abril, contemplaron ayudas directas a productores e importadores de diésel, beneficios para el gas licuado de petróleo (GLP) y exenciones tributarias para el combustible de aviación, además de otras medidas para contener la inflación. El retiro será progresivo, según el Gobierno, con el fin de evitar oscilaciones bruscas en los precios al consumidor.

El Ministerio de Hacienda sostuvo que la normalización del mercado petrolero contribuirá a aliviar las presiones inflacionarias y a mejorar el panorama para la política monetaria, al reducir uno de los principales factores de incertidumbre que motivaron la adopción de los subsidios. El Gobierno aseguró que continuará monitoreando la evolución de los precios internacionales y podrá revisar el cronograma de eliminación si se registra un nuevo deterioro del escenario geopolítico o un alza sostenida en las cotizaciones del crudo.

Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó a principios de mes la “notable resiliencia” de la economía brasileña frente a las turbulencias derivadas de la guerra en Medio Oriente y otros factores de inestabilidad global. De acuerdo con el comunicado publicado tras una misión técnica en el país, se prevé una recuperación gradual que podría llevar el crecimiento del PIB brasileño al 2,5% a mediano plazo.

El organismo atribuyó la fortaleza económica de Brasil a “los sólidos marcos de política económica, el sistema financiero estable, las reservas adecuadas y el tipo de cambio flexible”. En materia de política monetaria, el FMI valoró la reciente reducción de la tasa básica de interés hasta el 14,5% anual y recomendó que el Banco Central mantenga “flexibilidad” ante las presiones inflacionarias y la incertidumbre internacional.

La inflación mostró un repunte por el alza de los precios del crudo y, según el FMI, podría continuar en aumento a corto plazo antes de acercarse al objetivo del 3% hacia mediados de 2028. El informe señala que Brasil, como productor de petróleo, se encuentra “relativamente protegido” ante los incrementos en los precios mundiales del crudo.

Pese a la evaluación positiva, el FMI advirtió sobre la necesidad de reformas fiscales para reducir la deuda pública y sugirió destinar los ingresos extraordinarios del petróleo al ahorro, con el fin de disminuir los costes de financiación y crear espacio para inversiones prioritarias. El organismo recomendó mantener los esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, aumentar la participación en el mercado de trabajo e impulsar políticas de descarbonización y fomento de la competencia, para favorecer la productividad y la inversión.

(Con información de EFE)

Pese a que el Gobierno de Bolivia sostiene que el abastecimiento de combustible avanza hacia la normalización, todavía se mantienen las largas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel en las principales ciudades del país. El Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atribuyen los retrasos a procedimientos logísticos y a los controles de calidad que deben realizarse antes de distribuir el combustible.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que uno de los factores que ralentizan el abastecimiento son los procedimientos técnicos aplicados en las plantas de YPFB antes de despachar los carburantes. “Tenemos unos estándares de calidad que son altos, no son como los que eran antes”, afirmó ante los medios.

Según Blanco, la cantidad de combustible distribuida es superior al consumo habitual y atribuyó la persistencia de las filas a que muchos usuarios llenan por completo los tanques de sus vehículos por temor a nuevos episodios de escasez. “Se está distribuyendo más de la demanda”, afirmó.

Días antes, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, había señalado que el abastecimiento comenzó a recuperarse tras el levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días afectaron la logística de distribución. Según explicó, más de 1.600 cisternas quedaron retenidas en medio de los piquetes y ahora deben cumplir los procesos de descarga, control de calidad y despacho antes de llegar a las estaciones de servicio. “Ya estamos regularizando los volúmenes”, afirmó.

La petrolera estatal informó que dispone de millones de litros de gasolina y diésel en tránsito hacia los principales centros de consumo y reiteró que el problema actual no responde a una falta de combustible ni a dificultades financieras, sino a la necesidad de reactivar toda la cadena logística tras semanas de interrupciones.

Bolivia atravesó casi siete semanas consecutivas de bloqueos de carreteras por sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de acusaciones de traición y de gobernar contra los intereses del país. La protesta paralizó gran parte del país, provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos e interrumpió el transporte de alimentos y combustible, entre otros insumos de primera necesidad, principalmente hacia la ciudad de La Paz, que estuvo sitiada durante el periodo de conflictos.

Sin embargo, el conflicto por el combustible no es reciente ni está vinculado exclusivamente a cuestiones logísticas del transporte. Desde hace más de tres años que los bolivianos experimentan periodos de escasez por la baja producción local y la falta de divisas para su importación como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país.

Desde que el presidente Paz asumió la presidencia, en noviembre del año pasado, implementó cambios en la política de hidrocarburos y levantó el subsidio a los combustibles después de casi 20 años. Si bien hubo un notable aumento en los despachos, a inicios de año surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina distribuida por miles de vehículos afectados.

El Gobierno admitió que había vendido “gasolina desestabilizada” y se comprometió a pagar un resarcimiento de daños a los usuarios y mejorar los controles de calidad. Hasta abril, se habían destinado cerca de 2 millones de dólares (20,3 millones de bolivianos) para compensar a más de 9 mil usuarios.

A pesar de los esfuerzos por garantizar la calidad y el abastecimiento de diésel y gasolina, la incertidumbre sobre el combustible se mantiene en Bolivia y varios sectores exigen acciones para resolver de manera estructural los problemas de suministro y calidad.

Activar el puerto de Tumaco ha sido un reto para las autoridades regionales, puesto que se han tenido que dejar a un lado los estigmas que existían sobre la región y buscar que diferentes sectores le apuesten a la infraestructura costera en Nariño.

Es por ello que la Alcaldía de Tumaco y la administración del puerto han destacado lo registrado durante una visita técnica que realizó el Ministerio de Minas y Energía, que, liderados por el jefe de la cartera, Edwin Palma, reafirmó que la capital nariñense está transformando las realidades territoriales de la zona. Ante la historia de un puerto que fue dejado en el abandono, el jefe de la cartera energética subrayó que hoy se demuestra que Tumaco se ha convertido en “un nodo logístico con un potencial inmenso para la importación y exportación”.

El milagro del puerto de Tumaco

Palma destacó que en el pasado era impensable que el puerto de Tumaco fuera utilizado para la llegada de combustible y otro tipo de productos, mientras que en la actualidad se ha convertido en pilar para evitar la falta de suministro de gasolina en la región.

“Todo el mundo decía que por aquí, por el puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el ministro Palma, que durante el recorrido por las instalaciones indicó que está asegurado el transporte de combustibles líquidos para el suroccidente del país.

La operación del puerto ya está generando beneficios directos para la población de Nariño, entre ellos la reducción en el costo del galón de gasolina y diésel, gracias a una logística más eficiente para el ingreso de combustibles.

“Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país”, declaró el ministro.

Este impacto es corroborado por sectores como el mototaxismo. Kevin Rojas, representante de los transportadores, destacó que gracias a la gestión municipal, los precios del combustible han pasado de ser impagables a valores accesibles de 13.000 a 14.000 pesos por galón. “Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias”, manifestó el trabajador.

Además del combustible, el puerto se ha consolidado como una plataforma clave para la exportación de productos agrícolas como el cacao y, recientemente, la caña de azúcar, lo que dinamizará aún más la economía local.

Desde la administración del puerto han hablado sobre el compromiso con las comunidades apartadas, demostrando que Tumaco no solo es el puerto, sino que se trata de un territorio llamado a ser un “polo de desarrollo industrial y turístico de clase mundial”.

Los resultados del uso del puerto

La Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) ha reportado un salto en sus operaciones. De acuerdo con Arley Silva, gerente de la entidad, el puerto ha incrementado su capacidad de almacenamiento a más de 130.000 barriles, permitiendo el atraque de buques que transportan más de 100.000 barriles, superando las cifras de 60.000 o 70.000 que se manejaban inicialmente.

Silva resaltó el despliegue de esta operación logística que va en aumento, lo que incluye la consolidación de la operación marítima. De acuerdo con el directivo, el puerto de Tumaco se proyecta como un nodo estratégico para la seguridad energética, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano, demostrando que su potencial ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a transformar la economía regional y provoca cambios en las poblaciones que se alejan de la violencia.

La llegada de 103.000 barriles de combustibles al puerto de Tumaco marca una etapa relevante en la estrategia del Gobierno nacional para asegurar el suministro energético en el suroccidente colombiano.

El cargamento, compuesto en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, partió desde la Refinería de Cartagena y se consolida como la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard. Esta operación, coordinada entre el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y los principales agentes mayoristas del sector, busca fortalecer la disponibilidad de combustibles y ampliar las alternativas logísticas para abastecer al departamento de Nariño.

El traslado de este volumen responde a la necesidad de garantizar el suministro en una zona caracterizada por su alta demanda y su ubicación estratégica. Con una proyección mensual cercana a los 150.000 barriles, la iniciativa integra a empresas como Primax, Petrodecol y Kamca, actores que participan en la consolidación de una cadena de abastecimiento permanente y eficiente hacia Nariño.

“Una operación histórica fortalece el suministro de combustible en Nariño. Desde el @MinEnergiaCo realizamos seguimiento riguroso al transporte de 103.000 barriles de combustible a bordo del buque Willard, que partió desde la Refinería de Cartagena con destino a Tumaco", se lee en la publicación del Ministerio de Energía.

La operación representa un desafío logístico y técnico para la infraestructura del Pacífico colombiano. El puerto de Tumaco demostró, según la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, la capacidad necesaria para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las posibilidades de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles. Esta ampliación de capacidades fortalece el papel del puerto como punto estratégico para la región, al permitir la atención de operaciones a gran escala.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que la llegada de la carga a Tumaco evidencia la capacidad de respuesta del país ante las necesidades energéticas regionales. “Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios”, afirmó Palma. El funcionario remarcó la importancia de avanzar hacia un sistema de suministro confiable, eficiente y seguro.

La coordinación entre el Gobierno nacional y los agentes del sector hidrocarburos se traduce en acciones concretas para atender las exigencias de la región. El cargamento contribuirá a reforzar la oferta de gasolina y diésel, insumos fundamentales para el transporte y los sectores productivos del departamento. Según los datos de la operación, el 55% de la carga corresponde a gasolina, mientras que el 45% es diésel, lo que permitirá responder a la demanda de distintos segmentos económicos y sociales.

La Refinería de Cartagena, punto de partida de la operación, ha sido clave en la articulación de esta estrategia logística. El traslado de los barriles por vía marítima hasta el puerto de Tumaco optimiza los tiempos de entrega y reduce los riesgos asociados al transporte terrestre en una zona con desafíos geográficos y de seguridad. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el puerto cuenta con las capacidades técnicas y operativas necesarias para recibir y gestionar cargas de gran volumen.

La movilización de los 103.000 barriles constituye, según el ministerio, un hito para la infraestructura energética de la región. El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Hidrocarburos, supervisó el cumplimiento de los estándares de seguridad y eficiencia durante todas las etapas de la operación. “La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Palma.

La estrategia implementada contempla la consolidación de una cadena de suministro estable, con una proyección de 150.000 barriles mensuales destinados a Nariño. Este enfoque busca garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética y asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la implementación de soluciones logísticas que permitan responder a las necesidades energéticas de la población, en coordinación con Ecopetrol y los agentes mayoristas. El refuerzo del abastecimiento en Nariño se suma a las acciones del Gobierno para consolidar la seguridad energética en el suroccidente, optimizando la distribución y minimizando posibles interrupciones en el suministro.

La operación posiciona al puerto de Tumaco como nodo central en la red de abastecimiento de combustibles, ampliando su relevancia en la logística nacional y asegurando la cobertura de una de las regiones con mayores retos en materia de energía.

La economía mundial logró absorber hasta ahora el impacto provocado por la guerra en Medio Oriente. Esa fue la principal definición de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un artículo publicado bajo el título “La economía mundial resiste el impacto de la guerra, por ahora”, en el que repasó los efectos que tuvo el conflicto sobre los precios de la energía, la inflación, los mercados financieros y las perspectivas de crecimiento.

Aunque el texto no hizo referencias específicas a la Argentina, uno de los gráficos incluidos en el análisis sí incorporó al país dentro de una comparación internacional sobre la evolución de la inflación. Allí apareció entre las pocas excepciones en un escenario marcado por aumentos de precios en gran parte del mundo.

El gráfico mostró el cambio en la inflación anual desde febrero de 2026, medido en puntos porcentuales. Mientras la mayoría de las economías registró subas, la Argentina exhibió una variación negativa cercana a 0,7 puntos porcentuales. De esta manera, se muestra como una de las pocas economías en las que la inflación sigue desacelerándose, a pesar de la guerra. De hecho, el dato de mayo (2,1%) así lo reflejó.

Vale remarcar que las petroleras, con YPF a la cabeza, tomaron medidas y diseñaron un esquema para que la suba del precio del petróleo por la guerra no se traduzca en bruscos aumentos del precio de la nafta. EL objetivo fue que los valores del combustible se mantengan lo más estables posible.

De acuerdo con los datos presentados por el FMI, Indonesia fue el único país de la muestra que mostró una caída más pronunciada. En el extremo opuesto se ubicaron Francia e Italia, con incrementos cercanos a 1,7 puntos porcentuales. Estados Unidos también figuró entre los países con mayores aumentos, con una variación próxima a 1,6 puntos.

La zona euro, España, Turquía, Canadá y Sudáfrica también registraron aceleraciones relevantes. Alemania, Brasil, India y Australia mostraron incrementos más moderados, mientras que China y Japón presentaron variaciones prácticamente nulas.

La comparación apareció en un contexto en el que el FMI buscó medir cómo el conflicto alteró las condiciones económicas globales. Georgieva sostuvo que la principal preocupación desde el inicio de la guerra estuvo relacionada con el impacto sobre los mercados energéticos y su posterior traslado a los precios.

Precios del petróleo

Según explicó, los precios del petróleo se ubicaron alrededor de un 30% por encima de los niveles previos al conflicto. Sin embargo, señaló que el aumento resultó menor al observado en otros momentos de tensión geopolítica, pese al prolongado cierre del estrecho de Ormuz y a los daños registrados en infraestructura energética de Medio Oriente.

La titular del organismo afirmó que la economía global mostró una capacidad de adaptación mayor a la esperada. En su análisis destacó que tanto Estados Unidos como China mantuvieron un fuerte impulso económico, lo que contribuyó a sostener la actividad mundial.

También remarcó que esa imagen general de resiliencia ocultó diferencias importantes entre regiones y países. Mientras algunas economías lograron amortiguar los efectos del shock energético, otras enfrentaron mayores dificultades debido a su dependencia de las importaciones de petróleo y gas o a su menor margen para implementar políticas de respuesta.

Entre los factores que ayudaron a contener el impacto, Georgieva mencionó el uso de reservas estratégicas de petróleo por parte de algunos países. China apareció como uno de los casos más relevantes, ya que recurrió a sus amplias existencias para amortiguar las interrupciones en el suministro.

El FMI también destacó el aumento de la producción y de la utilización de refinerías fuera del Golfo Pérsico. Aunque ese incremento no alcanzó para compensar completamente la pérdida de oferta, contribuyó a reducir parte de las presiones sobre los precios internacionales del crudo.

Otro elemento señalado por el organismo fueron las medidas aplicadas para reducir la demanda o limitar el traslado de los mayores costos energéticos a consumidores y empresas. Según Georgieva, esas decisiones ayudaron a contener el impacto inicial, aunque advirtió que existen límites respecto del tiempo durante el cual los gobiernos pueden sostener mayores gastos fiscales o necesidades adicionales de financiamiento externo.

En materia de inflación, el FMI sostuvo que el encarecimiento del petróleo impulsó aumentos en los índices generales de precios en numerosas economías. Sin embargo, destacó otro aspecto que consideró relevante: las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecieron relativamente estables.

Para el organismo, esa situación reflejó confianza en el compromiso de los bancos centrales con la estabilidad de precios. Georgieva sostuvo que las empresas y los consumidores no modificaron de manera significativa sus expectativas sobre la evolución futura de la inflación, pese al shock energético.

El análisis también abordó la reacción de los mercados financieros. Según el FMI, los rendimientos de los bonos soberanos aumentaron desde el comienzo de la guerra, pero los activos de riesgo mantuvieron un desempeño favorable impulsado por sólidos resultados empresariales.

La directora gerente señaló además que existió poca evidencia de una búsqueda masiva de refugio por parte de los inversores. En términos históricos, las condiciones financieras continuaron siendo favorables.

El documento identificó otro factor que contribuyó a sostener la actividad económica global: las inversiones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y los centros de datos.

De acuerdo con Georgieva, esas inversiones funcionaron como un motor de crecimiento en los países donde la actividad económica conservó mayor dinamismo. Estados Unidos apareció entre los principales beneficiarios de ese proceso, al igual que varias economías asiáticas que registraron un aumento de las exportaciones tecnológicas.

Aun así, el FMI señaló que la mayoría de los países todavía no percibió plenamente los efectos de esas innovaciones sobre la productividad y el crecimiento. El organismo advirtió que esa situación podría ampliar las diferencias económicas entre regiones.

Más allá de la resiliencia observada a nivel global, el informe identificó sectores y regiones particularmente afectados por el conflicto.

Los exportadores de petróleo del Golfo directamente involucrados en la guerra enfrentaron fuertes revisiones a la baja en sus perspectivas de crecimiento para este año. Según el organismo, cinco de los ocho países de la región registrarían contracciones económicas.

Europa también recibió el impacto de los mayores costos energéticos. El FMI explicó que la fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y gas elevó las presiones inflacionarias y afectó las perspectivas de crecimiento.

Las economías emergentes de Asia enfrentaron desafíos similares. El organismo destacó que la elevada intensidad energética de esas economías amplificó el efecto de la suba de los combustibles. Según el informe, los precios minoristas de la energía aumentaron alrededor de 40% desde el inicio de la guerra.

Además, la región enfrentó el impacto de mayores rendimientos de los bonos soberanos, depreciaciones cambiarias y presiones asociadas a la salida de capitales.

Sin embargo, el FMI identificó a África como una de las regiones más expuestas a las consecuencias económicas del conflicto. En numerosos países africanos importadores de energía, el aumento de los costos deterioró las cuentas externas, elevó las presiones presupuestarias e incrementó las necesidades de financiamiento.

El organismo también advirtió sobre el impacto de los mayores costos energéticos en los mercados de fertilizantes y alimentos. Según explicó, esa situación elevó el riesgo de inseguridad alimentaria en varios países de bajos ingresos.

Efectos del fin del conflicto

Georgieva sostuvo que la duración y la intensidad de las interrupciones en el suministro energético seguirán siendo determinantes para la evolución de la economía mundial. En ese marco, consideró positiva la posibilidad de una reducción de las tensiones, aunque recordó que la recuperación de la infraestructura dañada requerirá tiempo.

El FMI también remarcó la necesidad de preservar la estabilidad de precios y mantener disciplina fiscal frente a un escenario de incertidumbre. El organismo señaló que algunos bancos centrales ya endurecieron su política monetaria para evitar un deterioro de las expectativas inflacionarias.

Respecto de la política fiscal, Georgieva sostuvo que los controles de precios, subsidios y medidas similares pueden generar costos significativos para las cuentas públicas. Por esa razón, recomendó respuestas focalizadas, temporales y orientadas a proteger a los sectores más vulnerables.

Según información de Andina, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la vía, en sentido norte. En ese punto, el tráiler impactó con un semitráiler que transportaba cemento. Tras el golpe, el vehículo que llevaba el material inflamable perdió estabilidad, se desvió hacia el borde del camino y se precipitó por un abismo de aproximadamente 100 metros, hasta detenerse en la ladera.

El conductor del camión sobrevivió al siniestro y recibió auxilio en el lugar. De acuerdo con información difundida por medios locales, tres transportistas que transitaban por el sector bajaron por la pendiente para asistir al chofer, quien quedó atrapado entre partes dañadas de la estructura y la arena acumulada tras la caída. Con apoyo de quienes se encontraban cerca, lograron liberarlo y ponerlo a salvo mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

El otro vehículo involucrado permaneció detenido en la parte alta del tramo, cerca del borde del precipicio. Su posición obligó a extremar precauciones en el área, ya que cualquier movimiento brusco podía representar un riesgo adicional. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó de manera oficial si el impacto se originó por una maniobra indebida, por una falla mecánica o por condiciones adversas en la vía.

Agentes de la Policía de Tránsito acudieron para asegurar la zona, iniciar las diligencias y ordenar el flujo vehicular. El tránsito quedó restringido en uno de los carriles durante las labores de atención, lo que generó demoras para los conductores que se desplazaban hacia el norte. En paralelo, se establecieron perímetros preventivos ante la carga transportada por la cisterna, debido a su naturaleza inflamable.

Las autoridades evaluaron los riesgos de fuga o derrame en el punto donde quedó el vehículo. Fuentes consultadas en el lugar indicaron que se mantuvo vigilancia para descartar la presencia de combustible en la arena o en áreas cercanas, mientras se coordinaban acciones para retirar la unidad sin provocar una emergencia mayor.

El serpentín de Pasamayo es un tramo conocido por su complejidad, con curvas cerradas, cambios bruscos de pendiente y alta circulación de transporte pesado. Por ese motivo, incidentes en ese sector suelen requerir operativos de control y procedimientos especiales, sobre todo cuando hay carga peligrosa involucrada.

La investigación quedó a cargo de las unidades correspondientes, que deberán determinar responsabilidades y establecer la secuencia exacta de hechos. Mientras continúan las indagaciones, la recomendación para quienes transitan por la zona es mantener velocidad moderada, conservar distancia de seguridad y atender las indicaciones de la Policía para evitar nuevos accidentes en un punto de alto riesgo.

El Gobierno de República Dominicana anunció que los precios de los combustibles permanecerán congelados durante tres meses, siempre que el precio internacional del barril de petróleo no supere los $95.00 dólares. La decisión, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Majín Díaz, forma parte de un paquete de medidas para contener los efectos de la crisis internacional y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de junio de 2026, Majín Díaz explicó que la política de subsidios a los combustibles ha conseguido limitar el impacto inflacionario en la economía local. La nueva medida implica que, tras un ajuste menor, el gobierno mantendrá los precios sin cambios por un trimestre, en la medida que el mercado mundial del petróleo no traspase el umbral fijado.

El ministro advirtió que, si el precio internacional sube más allá de los 95 dólares, la política de subsidios sería insostenible para las finanzas públicas. Actualmente, el subsidio estatal ha reducido el impacto del alza internacional, asegurando que “de no haber sido por esta política, la inflación rondaría el 8%, en vez del 5% actual”. Esta decisión busca dar previsibilidad y alivio a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados energéticos.

Junto al congelamiento de los combustibles, el Ministerio de Hacienda y Economía presentó un plan de reforma tributaria orientado a crear un marco fiscal más sólido y justo. Según la exposición de Díaz, el proyecto será sometido al Congreso Nacional e incluye incentivos para la inversión, simplificación de trámites fiscales y nuevas herramientas para combatir la evasión y la informalidad.

El funcionario aseguró que la propuesta no afecta el ITBIS general, los productos de primera necesidad ni implica aumentos para las Mipymes o la clase media. El plan prevé un aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial al 30% durante tres años, solo para grandes compañías con ingresos superiores a mil millones de pesos anuales.

Además, se actualiza el mínimo exento del impuesto sobre la renta personal, lo que dejará fuera del alcance impositivo al 85% de los asalariados del país. También se eleva la deducción por gastos educativos y se amplían los beneficios para familias con hijos con discapacidad.

Consenso técnico y próxima discusión en el Congreso

Durante la conferencia, Majín Díaz enfatizó la importancia de focalizar los subsidios para que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Para ello, el Ministerio trabaja junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el programa Supérate en una depuración de los padrones, buscando eliminar beneficiarios que ya no califican y sumar a quienes sí cumplen los criterios. La expectativa es lograr un ahorro adicional de hasta diez mil millones de pesos mediante la optimización de estos programas sociales.

El plan fue elaborado con la colaboración de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la administración tributaria, el Banco Central y representantes de los principales gremios empresariales. Según el ministro, la mayoría de las grandes empresas valora la estabilidad económica del país y está dispuesta a asumir el sacrificio temporal que implica el ajuste tributario.

La propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días para su discusión y aprobación. El Gobierno insistió en que toda recaudación adicional estará sujeta a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía monitorear el uso de los fondos recaudados.

La serie de medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y Economía busca preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener el crecimiento económico en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados y la crisis energética global.

La crisis de combustible en Crimea alcanzó niveles que no se veían desde la anexión rusa en 2014, tras una serie de bombardeos ucranianos que conmocionaron a la península del Mar Negro. Los bombardeos con drones y las acciones directas contra refinerías, depósitos, oleoductos y camiones cisterna en la ruta terrestre que conecta Rusia con Crimea desataron un escenario de escasez y largas filas en las estaciones de servicio, justo cuando la región esperaba el inicio de la temporada turística de verano.

El impacto de estas acciones se refleja en el ambiente de tensión entre la población local, que enfrenta restricciones severas para acceder a gasolina, y en la creciente presión sobre el Kremlin para encontrar soluciones rápidas. Mientras tanto, Moscú admitió públicamente la magnitud del problema, una señal inusual de reconocimiento ante una situación que amenaza tanto a la economía regional como a la logística militar en el área.

Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ofensivas contra la infraestructura que abastece de energía a Crimea y a otras regiones ocupadas, lo que dejó a Moscú en una posición incómoda y con dificultades para reaccionar. La campaña militar ucraniana logró paralizar rutas consideradas seguras por Rusia y obligó a las autoridades a improvisar soluciones, como el uso de puentes flotantes y la limitación del suministro de combustible a través de cupones y racionamiento.

El colapso de la logística de combustible en Crimea se convirtió en una de las consecuencias más visibles de la guerra en Ucrania. Los residentes y turistas sufren la escasez y la incertidumbre respecto al acceso a servicios básicos, mientras que los especuladores aprovechan la situación para vender gasolina a precios exorbitantes. La crisis provocó la cancelación de miles de reservas hoteleras, lo que afectó gravemente a la principal fuente de ingresos de la península.

Las autoridades rusas registraron la venta de gasolina a 20 litros por vehículo a la semana, medida que se implementó mediante cupones prepago que se agotaron apenas fueron ofrecidos en canales oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre dónde encontrar combustible, y se habilitó una línea de ayuda para turistas varados.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, analizó la táctica ucraniana: “La campaña de huelgas de largo alcance está reduciendo la capacidad de producción de Rusia, mientras que la campaña de huelgas de alcance medio está perjudicando la capacidad de Rusia para transportar la gasolina que aún es capaz de producir”, señaló la organización.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió la gravedad de la situación y aseguró que se estaban tomando medidas para resolverla. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso optó por el silencio respecto a los ataques sufridos en el corredor terrestre, aunque algunos blogueros militares afines al gobierno criticaron la falta de previsión y la lentitud en la reacción.

Voces desde el entorno militar ruso sugirieron que “escoltas militares para los camiones cisterna de combustible” podrían ser una solución necesaria. Otros, en cambio, pidieron que se intensificaran los ataques rusos contra infraestructuras clave en territorio ucraniano.

La península de Crimea, considerada desde el siglo XVIII como una joya para el imperio ruso y foco de tensiones geopolíticas, volvió al centro del conflicto armado tras la estrategia de Kiev. El control ruso sobre la zona se consolidó tras la anexión en 2014, pero los recientes ataques pusieron en cuestión la seguridad de los corredores de abastecimiento.

La ofensiva ucraniana no limitó a objetivos logísticos. Esta semana, drones alcanzaron el puente de Chonhar, infraestructura clave que une Ucrania continental con Crimea. El ejército ucraniano explicó que el objetivo era interrumpir el traslado de tropas, municiones y combustible.

La población de Crimea y de otros territorios ocupados percibe el efecto de la crisis cada día. El transporte de combustible a través del puente de Kerch sigue suspendido por razones de seguridad, lo que ha obligado a recurrir a transbordadores y a limitar la cantidad de gasolina que los conductores pueden transportar desde el continente.

El turismo, que atrajo a cerca de 7 millones de visitantes el año pasado, se vio duramente golpeado. Según el diario económico Kommersant, casi el 80% de las reservas hoteleras se cancelaron entre finales de mayo y principios de junio. Algunos hoteles intentaron atraer clientes regalando gasolina, pero las ofertas se agotaron rápidamente.

Como golpe simbólico, Ucrania bombardeó un edificio histórico de Sebastopol, museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol, que albergaba una pintura panorámica sobre la defensa de la ciudad en la Guerra de Crimea del siglo XIX.

El jefe de la ciudad, Mikhail Razvozhayev, designado por el Kremlin, relató que la obra quedó prácticamente destruida: “Es difícil encontrar otra obra de arte, otra parte del patrimonio nacional, cuya destrucción sería tan dolorosa para Putin”, afirmó el bloguero militar Valery Shiryayev.

La escalada de los ataques y la crisis de combustible en Crimea subrayan la capacidad de Ucrania para alterar la logística y el ánimo ruso, mientras la guerra entra en una nueva fase de desgaste prolongado y efectos sociales palpables.

(Con información de The Associated Press)

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en sus bolsillos a partir del próximo 12 de junio. La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta de los combustibles, marcando la segunda rebaja consecutiva y consolidando una tendencia a la baja observada durante las últimas semanas en el mercado internacional.

Los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del 26 de junio y reflejan la disminución de los precios de referencia internacionales que sirven de base para el cálculo de los combustibles en Panamá.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a un máximo de $1.223 por litro, la gasolina de 91 octanos a $1.141 por litro y el diésel ultrabajo en azufre a $1.207 por litro.

Llevados a galón, los precios equivalen aproximadamente a $4.63 para la gasolina de 95 octanos, $4.32 para la gasolina de 91 octanos y $4.57 para el diésel, tomando como referencia que un galón equivale a 3.785 litros.

La nueva actualización representa una reducción de 11.4 centésimos por litro para la gasolina de 95 octanos, 11.1 centésimos para la gasolina de 91 octanos y 7.2 centésimos para el diésel ultrabajo en azufre.

Para un conductor que llena un tanque de 15 galones, el ahorro puede ser significativo. En términos de galón, la gasolina de 95 octanos baja aproximadamente $0.43 por galón, la gasolina de 91 octanos disminuye cerca de $0.42 por galón y el diésel reduce su precio en alrededor de $0.27 por galón.

Las rebajas locales se alinean con el comportamiento de los mercados energéticos globales. Durante mayo y lo que va de junio, el mercado del petróleo ha mostrado una tendencia predominantemente bajista, influenciado por la desaceleración de la demanda global y el incremento de inventarios de crudo.

A pesar de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, los precios de referencia del crudo Brent y el WTI registraron caídas consecutivas debido a la decisión de la OPEP+ de empezar a eliminar de forma gradual sus recortes voluntarios de producción a partir del próximo trimestre del año.

Esta perspectiva de una mayor oferta global, combinada con las persistentes tasas de interés elevadas en Estados Unidos, ha generado cautela entre los inversionistas, quienes prevén un menor consumo energético durante la temporada de viajes de este verano, debilitando así el valor del barril.

Los datos de la Secretaría Nacional de Energía muestran que entre el 27 de mayo y el 9 de junio los combustibles mantuvieron una tendencia descendente. Al cierre del período, la gasolina de 95 octanos acumulaba una reducción de 10.85% respecto al inicio del ciclo de precios, mientras que la gasolina de 91 octanos reflejaba una caída de 11.39%. El diésel, aunque también descendió, registró una reducción más moderada de 6.59%.

La gráfica de comportamiento de precios evidencia que la gasolina de 91 octanos ha sido el combustible que más se ha abaratado durante las últimas semanas, seguida por la gasolina de 95 octanos. El diésel, por su parte, mostró una trayectoria más estable y con menores fluctuaciones.

El mecanismo de actualización técnica se realiza cada 14 días y toma en consideración factores internacionales, costos logísticos y condiciones de abastecimiento, con el objetivo de trasladar de forma directa al consumidor las variaciones registradas en los mercados de referencia.

Las ventas de combustibles mantienen crecimiento en 2026

Mientras los precios registran una tendencia a la baja, el consumo de combustibles continúa mostrando señales de fortaleza.

Las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que entre enero y abril de 2026 se comercializaron 121.8 millones de galones de gasolina de 91 y 95 octanos en el país, un incremento de 4.2% frente a los 116.9 millones de galones vendidos durante el mismo período de 2025.

La gasolina de 95 octanos fue la que registró el mayor crecimiento. Sus ventas alcanzaron 82.7 millones de galones, frente a 77.7 millones de galones en igual período del año anterior, para un aumento de 6.4%.

La gasolina de 91 octanos se mantuvo prácticamente estable. Entre enero y abril se comercializaron 39.2 millones de galones, una leve disminución de 0.2% respecto a 2025.

En el caso del diésel ultrabajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, autobuses y parte de la actividad productiva, las ventas sumaron 117.8 millones de galones en los primeros cuatro meses del año, un crecimiento de 2.5% frente a los 114.9 millones de galones reportados en igual período del año pasado.

Las cifras sugieren que la demanda interna de combustibles continúa creciendo pese a las fluctuaciones de precios observadas durante el año. El comportamiento es consistente con la recuperación de la movilidad, el aumento de la actividad económica y el mayor movimiento de mercancías dentro del país.

Con la nueva reducción anunciada para la segunda quincena de junio, los consumidores panameños acumulan varias semanas de alivio en los precios de los combustibles, una noticia que podría tener efectos positivos sobre los costos de transporte y algunos servicios vinculados a la actividad económica.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustible que el gobierno federal ha combatido con decomisos, detenciones de empresarios y controles aduanales reforzados.

El caso llegó a la conferencia matutina en Palacio Nacional luego de que una reportera preguntó sobre el empresario Miguel Alemán Magnani, señalado como prófugo de la justicia desde Francia, con un adeudo de tres mil millones de pesos al SAT y presuntamente vinculado a la empresa Impulsora de Productos Sustentables, investigada por huachicol fiscal y lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A raíz de la pregunta, la mandataria adelantó que su gobierno tiene pendiente una presentación pública sobre los resultados del combate al contrabando de combustibles. Sin embargo, señaló que dicha presentación aún no se ha realizado por falta de oportunidad, pero que se hará próximamente en Palacio Nacional.

“Hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, en el momento que avancen las investigaciones, dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible”, dijo Sheinbaum.

Por otra parte, la presidenta sostuvo que el considerable incremento en las ventas de Pemex refleja una disminución en el contrabando de combustible, ya que, según indicó, las gasolineras y flotillas ahora abastecen únicamente producto legal sin recurrir a los hidrocarburos ilícitos.

Asimismo, atribuyó parte del avance al cierre de ductos que ordenó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, el cual generó desabasto en varias regiones y obligó a sustituir el sistema por pipas terrestres.

Bajo este esquema, Sheinbaum precisó que Pemex dispone de un sistema actualizado de detección, capaz de responder de forma inmediata ante cualquier robo en ductos, lo que, sumado a otras acciones implementadas, ha permitido disminuir significativamente este tipo de delito.

El caso de Miguel Alemán Magnani e Impulsora de Productos Sustentables

La reportera que planteó la pregunta documentó que la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio SAT investigan a la empresa Impulsora de Productos Sustentables por su presunta participación en huachicol fiscal y en operaciones de lavado de dinero vinculadas al CJNG.

La red empresarial asociada a Alemán Magnani incluye a Galem Energy, compañía que adquirió el 51 por ciento de IPS en 2018. De acuerdo con la causa penal 325/2025 de la FGR, dichas empresas realizaban operaciones que iban desde el contrabando de hidrocarburos hasta el ocultamiento de recursos financieros, articuladas a través de Grupo Potesta como nodo central.

Sin embargo, el mayor caso de huachicol fiscal documentado en México involucra directamente a IPS: entre el 4 y el 18 de octubre de 2019, la empresa introdujo más de 21.5 millones de litros de diésel automotriz por el puerto de Tuxpan, en Veracruz, a bordo del buque Atlantic Bay, sin declarar correctamente la mercancía. El SAT estimó un daño al fisco de 173 millones de pesos por ese solo cargamento.

La Comisión Reguladora de Energía canceló los permisos de comercialización y logística de combustible de IPS en 2021. En ese mismo año, el SAT la incluyó en el padrón de importadores suspendidos por inconsistencias en sus operaciones.

El combate al huachicol fiscal y las medidas adoptadas

El gobierno de Sheinbaum reconoció en mayo de 2026 que entre febrero y marzo de 2025 se registró un aumento en el ingreso ilegal de combustible al país. Las autoridades detectaron inconsistencias entre el volumen importado, el producido y el vendido en estaciones de servicio, lo que derivó en decomisos y nuevas denuncias ante la FGR.

Para evitar nuevos casos, la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, coordina un grupo especial que revisa semanalmente el comportamiento de las importaciones de combustible. La presidenta defendió la actuación de su gobierno con una frase directa: “Lo más importante es que se actuó. Mal hubiera sido que nos hubiéramos dado cuenta de eso y esconderlo”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026 ha revelado un comportamiento diferenciado en los distintos componentes de la canasta de bienes y servicios. Entre las variaciones más significativas del último año destaca el comportamiento de la división de Transporte.

Los datos de la base estadística reflejan que el índice de este rubro pasó de un valor de 111.41 en mayo de 2025 a 118.48 en mayo de 2026, consolidándose como una de las divisiones con mayor presión al alza en el indicador de inflación general durante este periodo interanual.

Al analizar la trayectoria del índice sectorial a lo largo del último año, se evidencia un cambio de tendencia drástico hacia el cierre del periodo. Según los datos, durante la mayor parte de 2025 y los primeros meses de 2026, las variaciones mensuales del rubro se mantuvieron en terreno negativo, registrando contracciones consecutivas como el -5.39% en mayo de 2025 y el -4.29% en septiembre de ese mismo año.

Esta tendencia deflacionaria preliminar se prolongó de forma atenuada hasta inicios de 2026, con tasas mensuales de -3.27% en enero y -0.88% en marzo. Sin embargo, el panorama económico cambió radicalmente a partir del segundo trimestre de 2026.

En abril se registró el primer repunte significativo con una variación mensual positiva de 3.33%, una tendencia que se aceleró de forma contundente en mayo de 2026 al alcanzar un incremento mensual del 6.35%. Este vertiginoso ajuste al alza en los últimos dos meses explica el salto neto en el índice interanual y evidencia presiones inflacionarias concentradas y recientes en los servicios y bienes vinculados a la movilidad.

Factores económicos detrás del incremento según el BCR

De acuerdo con los análisis coyunturales y las lecturas macroeconómicas provistas habitualmente por el BCR, este tipo de variaciones en el rubro de transporte responde principalmente a factores de oferta exógenos y choques en los costos globales de logística y materias primas.

En primer lugar, el comportamiento de este componente está estrechamente ligado a las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo crudo y sus derivados, como la gasolina y el diésel. El repunte observado hacia abril y mayo de 2026 coincide directamente con periodos de volatilidad o incrementos en los precios de los combustibles en los mercados internacionales, los cuales se trasladan de forma inmediata a los precios de venta al consumidor local debido a la dependencia de las importaciones de hidrocarburos.

En segundo lugar, el incremento refleja un ajuste en las tarifas de los servicios de transporte público, interurbano y de carga. Por lo que, el IPC mide cuánto cambian los precios de lo que consumimos a diario; cuando el BCR reporta que el índice de transporte subió de 111.41 a 118.48, nos está diciendo que el dinero rinde menos a la hora de viajar.

Que las cifras hayan estado en “terreno negativo” durante 2025 significaba un alivio temporal: la gasolina o los pasajes daban un respiro al bolsillo. Sin embargo, el aumento del 6.35% solo en el mes de mayo de 2026 rompió esa tranquilidad. Esto se debe a que El Salvador no produce petróleo; cuando el precio internacional del crudo sube, el impacto llega de inmediato a las gasolineras.

Además, mantener un vehículo (ya sea un autobús público o un camión de carga) es más costoso por el alza en repuestos y llantas. Los empresarios no pueden asumir solos esas pérdidas, por lo que el precio final lo termina pagando la población en sus pasajes o tarifas.

El encarecimiento del transporte tiene un efecto multiplicador o “de segunda vuelta” en la economía general. Al aumentar los costos de traslado de mercancías, se eleva colateralmente el costo de distribución de productos básicos como los alimentos, lo que podría condicionar las lecturas del IPC en los meses venideros.

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

La humanidad está cerca de inaugurar la primera tumba permanente para residuos nucleares de alta peligrosidad, un hito que ocurre en un rincón rocoso de Eurajoki, al suroeste de Finlandia.

La obra subterránea conocida como Onkalo —que significa “cueva” en finlandés— representa un salto en la solución al mayor desafío histórico de la energía nuclear: el destino final de los materiales que permanecen peligrosos durante milenios.

En uno de los túneles profundos de Onkalo, la pantalla de un ascensor indica “433” metros bajo tierra. Cuando las puertas se abren, la vista conduce a la entrada del depósito que está casi listo para operar.

Este enclave, excavado en una roca que formó parte de la corteza terrestre hace 1.900 millones de años, fue diseñado para almacenar de modo definitivo los residuos nucleares que, hasta ahora, permanecen en recintos temporales en casi todo el mundo.

Países como Suecia y Francia avanzan en proyectos similares, aunque Finlandia se dispone a convertirse en el primero en poner en marcha una solución subterránea a gran escala.

El proceso de autorización llegó a su etapa final. La Autoridad Finlandesa de Protección Radiológica y Nuclear (STUK) analiza los últimos detalles técnicos y la licencia de operación podría emitirse en las próximas semanas.

Según Philippe Bordarier, director ejecutivo del operador nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO), “esperamos poder comenzar la operación a finales de este año o muy probablemente a principios del próximo”. La voz de Bordarier retumbó en los pasillos húmedos donde se depositarán las cápsulas con combustible usado, que seguirá siendo altamente radiactivo durante miles de años.

El origen de Onkalo se remonta a 2004, cuando la empresa de gestión de residuos nucleares Posiva inició la construcción. El proyecto ya demandó cerca de mil millones de euros (1.160 millones de dólares). El depósito tendrá capacidad para almacenar hasta 6.500 toneladas de uranio gastado, generado por los cinco reactores nucleares del país, tres de ellos ubicados en la central de Olkiluoto, junto al Mar Báltico.

Finlandia enfrenta un doble desafío: el técnico y el social. La legislación nacional establece que los residuos nucleares generados en el país deben almacenarse y eliminarse definitivamente en territorio finlandés. “Antes del cambio legal en 1994, el combustible nuclear gastado se exportaba a, por ejemplo, Rusia”, recordó la ministra de Clima y Medio Ambiente, Sari Multala.

Un sistema pensado para durar milenios

El plan de almacenamiento permanente de Onkalo contempla un funcionamiento de al menos 100 años. Durante ese tiempo, el combustible gastado se trasladará desde las piscinas de enfriamiento de Olkiluoto hasta los túneles del depósito. Allí, las cápsulas serán encapsuladas en botes de cobre, elegidos por su resistencia a la corrosión.

Lauri Parviainen, químico de Posiva, detalló que “básicamente, tiene que ser seguro para siempre”. Cada cápsula se bajará en un agujero perforado, que luego se rellenará con arcilla de bentonita, un material que actúa como barrera natural.

“Así que si la bentonita permanece en su lugar, estamos a salvo”, explicó Parviainen. Cuando cada túnel de 300 metros quede lleno, se sellará con un tapón de hormigón armado. El combustible permanecerá ahí mientras su radiactividad va decayendo. “Después de 100.000 años, estarán aproximadamente al mismo nivel que el mineral de uranio del que está hecho el combustible”, precisó Parviainen.

El análisis de riesgos abarca horizontes inéditos. Jarkko Kyllonen, experto de STUK, participó en la evaluación de escenarios posibles para el sitio hasta un millón de años en el futuro. “Teniendo en cuenta el potencial de peligro de los residuos, los primeros 10.000 años son muy importantes para mantener las cápsulas intactas”, declaró a AFP.

Los riesgos principales a largo plazo incluyen la corrosión del cobre y los movimientos sísmicos durante futuras glaciaciones, que podrían afectar la integridad de las cápsulas y provocar fugas.

Los resultados de los estudios fueron positivos, según resaltó Kyllonen. El objetivo es que el sistema de confinamiento logre superar cualquier desafío geológico o químico, una ambición sin precedentes en la historia de la ingeniería civil.

Legislación, consenso social y futuro nuclear

La legislación finlandesa sobre energía nuclear y residuos radiactivos establece parámetros estrictos para la gestión, almacenamiento y eliminación definitiva de estos materiales. Según la normativa, la construcción de cualquier instalación importante dedicada a residuos nucleares debe responder al bien común y contar con la aprobación tanto del Gobierno y el Parlamento como del municipio anfitrión. Además, toda obra de este tipo requiere una Evaluación de Impacto Ambiental antes de recibir la primera autorización.

El titular de una licencia para operar una instalación de residuos nucleares está obligado a garantizar su seguridad en todos los ámbitos: protección radiológica, salvaguardias, seguridad nuclear y preparación ante emergencias.

De acuerdo con la legislación, “la seguridad de las instalaciones de residuos nucleares deberá mantenerse al nivel más alto razonablemente posible, y se deberán tomar todas las medidas justificadas por la investigación en seguridad y los avances científicos y tecnológicos para mejorar la seguridad”.

El productor de residuos nucleares asume la responsabilidad de su gestión, investigación, desarrollo, financiación del almacenamiento futuro y desmantelamiento de las instalaciones. El Estado solo asume el control cuando los residuos fueron eliminados de forma autorizada o si la empresa responsable no cumple sus obligaciones.

Finlandia se adelantó a la discusión internacional al prohibir la importación de residuos nucleares extranjeros y la exportación de sus propios desechos, con excepción del combustible usado en reactores de investigación. Así, el país se convierte en referencia de soberanía y control estatal sobre los pasivos nucleares.

El diseño de cualquier instalación nuclear debe prever su desmantelamiento desde el inicio. Los planes correspondientes se actualizan durante toda la vida útil de la planta y deben ejecutarse sin demoras injustificadas, una exigencia que busca evitar la acumulación de instalaciones obsoletas o peligrosas.

La obligación de neutralizar y gestionar cualquier residuo radiactivo se extiende a todo usuario de sustancias nucleares, incluidos los residuos NORM (materiales radiactivos de origen natural). La Ley de Radiación estipula la constitución de garantías financieras para asegurar la gestión responsable de estos materiales, así como la posibilidad de devolver fuentes selladas en desuso al proveedor o entregarlas a la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear (STUK).

Finlandia ratificó además tratados internacionales clave, como el Convenio de Londres y el Convenio Conjunto, que abordan la responsabilidad global y las mejores prácticas en la gestión de residuos peligrosos.

Apoyo y desafíos sociales

El proyecto Onkalo encontró menos resistencia social que iniciativas similares en otros países. Mientras en Francia la idea de construir una tumba nuclear subterránea recibió un fuerte rechazo, la experiencia finlandesa se caracteriza por un grado inusual de consenso social y confianza en las instituciones técnicas y regulatorias.

Según Matti Kojo, profesor de ciencias sociales de la Universidad LUT, “la gente se ha acostumbrado y confía en las evaluaciones hechas por STUK”. El nivel de apoyo a la energía nuclear alcanzó cifras históricamente altas en Finlandia, una tendencia que marca un contraste con el debate europeo.

Aun así, la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza mantiene una postura crítica. Su director, Tapani Veistola, expresó que “nadie puede garantizar la seguridad de Onkalo durante miles de años”. Este tipo de advertencias resalta la dimensión ética y la incertidumbre asociadas a proyectos que trascienden la escala temporal humana.

Desde el punto de vista legal, la responsabilidad sobre los residuos nucleares, una vez eliminados formalmente, pasa al Estado. Si un productor privado no puede cumplir sus obligaciones, el Gobierno debe intervenir.

El futuro de la energía nuclear y los residuos

El impulso nuclear en Finlandia es parte de una política energética nacional que busca reducir emisiones y diversificar la matriz. El país evalúa el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR), aunque todavía no existe una definición clara sobre la gestión futura de los residuos que estos dispositivos generarán. “Todavía no se ha decidido cómo se gestionaría el combustible nuclear gastado de los futuros SMR”, reconoció la ministra Multala. Una evaluación técnica y legal se presentará el próximo año.

El almacenamiento de residuos nucleares en Onkalo representa la culminación de un proceso de innovación tecnológica, adaptación social y regulación avanzada. El modelo finlandés combina ingeniería de vanguardia, participación social y un marco legal robusto, en busca de una solución definitiva al mayor pasivo de la energía nuclear.

La última palabra la tendrán las generaciones futuras, que deberán confiar en una obra pensada para durar más de 100.000 años, oculta en la profundidad de la roca, mientras la ciencia y la sociedad siguen debatiendo sobre el legado radiactivo.

A las 11:45 hora local de Nueva York (15:45 GMT) los contratos futuros del WTI para entrega en julio subían un 7,13 % con respecto al cierre del viernes y sumaban 6,23 dólares, situándose en 93,59 dólares el barril.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó hoy que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz, señalaba el medio económico CNBC.

La localización del sitio se obtiene mediante labores de inteligencia que permiten identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito, según el reporte oficial. En el operativo participan también Defensa y la Guardia Nacional.

El cateo se realiza en un predio sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el mismo municipio. La diligencia queda a cargo del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

En la ejecución intervienen elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de servicios periciales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), conforme al informe de las autoridades. El objetivo, precisan, es asegurar el inmueble y el material localizado para integrar la investigación correspondiente.

Como resultado del operativo, los efectivos federales aseguran alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo. La suma de ambos volúmenes rebasa el millón de litros asegurados, según el reporte.

Además del combustible, en el lugar se decomisa equipo y vehículos presuntamente vinculados con el almacenamiento y traslado del material. Entre lo asegurado se encuentran tractocamiones, “frac tank”, autotanques y dollys.

El inventario también incluye alrededor de 409 cubitanques, así como silos de almacenamiento vertical y un remolque de plataforma. A ello se agregan motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos que quedan bajo resguardo de la autoridad.

Tanto el predio como los indicios asegurados quedan a disposición del MPF, que mantiene abierta la indagatoria para determinar responsabilidades y “resolver conforme a derecho” contra quien o quienes resulten responsables, según la FGR.

• Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, según la FGR y la SSPC.
• Decomisan 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido negro y amarillo, además de vehículos y equipo.
• El predio y lo asegurado quedan a disposición del MPF para continuar la investigación y definir responsabilidades.

Los consumidores costarricenses enfrentarán un nuevo golpe en sus presupuestos a partir de la próxima semana, cuando entren en vigencia los nuevos ajustes en las tarifas de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Este ajuste responde al estudio extraordinario de mayo de 2026, el cual recopila los costos reales de los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 10 de abril y el 7 de mayo del presente año.

La coyuntura geopolítica actual, marcada por la persistente inestabilidad y el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Al ser el petróleo crudo la materia prima indispensable para la producción de carburantes, su encarecimiento global se traslada de manera automática e inevitable a los precios de los productos terminados que Costa Rica importa para abastecer su demanda interna.

Un detalle particular que se mantiene y consolida en el mercado costarricense es la inversión de la brecha de precios entre los dos tipos de gasolina disponibles en las estaciones de servicio.

Históricamente, la Gasolina Superior ha tenido un costo superior debido a su mayor octanaje (RON 95). Sin embargo, debido a la dinámica de las compras internacionales y las fechas específicas de los embarques adquiridos por RECOPE, la Gasolina Regular (RON 91) volverá a ser más costosa que la Superior.

• Gasolina Regular (RON 91): Experimentará un incremento de ¢8,00 por litro, elevando su costo vigente de ¢748,00 hasta un precio aprobado de ¢756,00 por litro (equivalente a $1.47 por litro).
• Gasolina Superior (RON 95): Registrará un alza de ¢20,00 por litro, pasando de ¢733,00 a un precio aprobado de ¢753,00 por litro (equivalente a $1.46 por litro).

Por otro lado, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en su mezcla 70-30, sufrirá un aumento de ¢6,00 por litro, situándose en ¢272,00. Este incremento impacta directamente el costo del cilindro de gas de 25 libras (el de mayor consumo residencial y comercial en el país), el cual subirá ¢144,00, pasando de ¢7.255,00 a un precio final aprobado de ¢7.399,00.

Alta vulnerabilidad a choques externos

El Intendente de Energía de la ARESEP, Mario Mora, fue enfático al señalar las razones macroeconómicas detrás de este ajuste tarifario. Según el jerarca, el panorama local está completamente supeditado a variables que escapan al control del Gobierno o de los reguladores nacionales:

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Al no ser un país productor de petróleo, Costa Rica se posiciona en una situación de extrema vulnerabilidad ante los choques externos de la economía global.

Los analistas internacionales y las autoridades energéticas locales coinciden en que, en el corto plazo, no se identifican señales contundentes ni factores de mercado que permitan prever una pronta estabilización o una tendencia a la baja sostenida en la evolución de los precios internacionales del crudo.

La resolución con las nuevas tarifas ya ha sido tramitada por la ARESEP para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siguiendo el debido proceso legal, se prevé que las variaciones tarifarias entren a regir de forma oficial a mitad de la próxima semana, apenas un día después de que el documento aparezca en la gaceta oficial, vinculando obligatoriamente a todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

California enfrenta un escenario en el que el precio de la gasolina alcanzó niveles inéditos, superando los USD 6 por galón y situándose por encima del promedio nacional. Este fenómeno, que afecta de manera transversal a la población y la economía estatal, desencadenó ajustes en los hábitos de consumo, presiones sobre negocios locales y un renovado debate político sobre el balance entre la lucha contra el cambio climático y el costo de vida.

Las historias individuales y los datos oficiales dan cuenta de una realidad compleja en la que cada decisión relacionada con el combustible tiene un impacto tangible en la vida diaria de millones de personas.

Factores que explican el alto precio de la gasolina en California

El precio de la gasolina en California ha sido históricamente más elevado que en el resto de Estados Unidos. Esto responde, en primer lugar, a altos impuestos estatales sobre los combustibles y a la exigencia de utilizar mezclas de gasolina más limpias y costosas, diseñadas para reducir la contaminación. Estas normativas, exclusivas de California, encarecen la producción y venta del combustible.

Además, el cierre reciente de dos refinerías en los últimos seis meses redujo la capacidad de producción interna, forzando al estado a importar más gasolina. Este factor incrementó los costos logísticos y volvió el mercado local más sensible ante fluctuaciones externas.

La situación se vio agravada por la guerra con Irán, que elevó el precio internacional del petróleo y generó restricciones en el suministro a través del Estrecho de Ormuz, una vía clave para las importaciones energéticas. Como resultado, el precio promedio del galón de gasolina regular se sitúa en torno a USD 6,15 en California, frente a los USD 4,56 del promedio nacional.

Aumento del precio del combustible en la vida cotidiana

El alza del combustible ha trastocado rutinas y limitado opciones de movilidad, ocio y consumo. Casos como el de Patrick VanHorn, de Ventura, ilustran el efecto directo en las decisiones familiares: ante el costo de los vuelos, optó por recorrer el país en un vehículo eléctrico, aceptando la incomodidad de múltiples paradas para recargar la batería.

Para muchas personas, el precio de la gasolina condiciona incluso el acceso a actividades sociales y culturales. Cheryl Rogers, jubilada en Goleta, tuvo que reducir sus salidas y solicitar ayuda a sus amigas para costear el combustible. La respuesta negativa la llevó a permanecer más tiempo en casa, alterando sus hábitos de socialización y entretenimiento.

El precio de la gasolina en California se convirtió en un factor determinante que limita la movilidad, obliga a recortar actividades y hace que muchos residentes reconsideren decisiones cotidianas, desde la forma en que se transportan hasta el tipo de alimentos que compran.

Cambios en los hábitos de consumo y movilidad de residentes

La presión sobre el bolsillo de los consumidores motivó una transformación en las formas de desplazamiento y consumo energético. Algunas familias, como la de Cara y James Meredith en Oakland, decidieron reemplazar su vehículo utilitario por un auto eléctrico tras comprobar que el gasto mensual en gasolina superaba los USD 500. Aunque la instalación de un cargador eléctrico en casa supuso un desembolso de USD 400, esperan recuperar esa inversión rápidamente.

El transporte público también experimentó un aumento en la demanda. Tyler Holybee utiliza habitualmente el sistema Bay Area Rapid Transit para ir al trabajo y observó que los trenes se encuentran cada vez más concurridos, ya que otros residentes buscan alternativas ante el encarecimiento del combustible.

Consecuencias para pequeños negocios y trabajadores independientes

El sector de los pequeños negocios es uno de los más golpeados por el aumento del precio de la gasolina. Santiago Peralta, propietario de una empresa de jardinería en West Covina, se vio obligado a incrementar el costo de sus servicios debido al mayor gasto en combustible, que alcanza los USD 200 diarios para maquinaria y otros USD 80 para su camión.

Ante la persistencia de los precios elevados, analiza la posibilidad de abandonar el rubro del mantenimiento.

En el ámbito de la alimentación, Maria Moreno, dueña de un camión de comida en Los Ángeles, redujo la compra de insumos para su cocina móvil y se vio forzada a despedir a su ayudante. El alza en el precio del combustible, que le supone un gasto adicional de USD 20 por recarga, mermó su clientela y la llevó a considerar el cierre del negocio si la situación no mejora.

Medidas y propuestas ante la crisis del precio del combustible

La escalada de precios reavivó el debate político en Sacramento sobre cómo equilibrar la agenda climática estatal con la asequibilidad para los consumidores.

El aumento vinculado a la guerra en Irán y la reducción en la capacidad de refinación ha motivado al California Air Resources Board a considerar la entrega de hasta USD 4.000 millones en nuevos permisos gratuitos de emisión de carbono a grandes empresas, la mitad de ellos destinados al sector petrolero. A cambio, estas compañías deberán invertir en proyectos de energía limpia.

La medida busca contener la presión sobre los precios y garantizar la continuidad de programas ambientales, pero generó resistencia entre ambientalistas, quienes advierten que debilitaría el programa de límites y comercio de emisiones y pondría en riesgo los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030.

Según estimaciones de la Oficina de Análisis Legislativo, los ingresos estatales por subastas de carbono podrían bajar de USD 4.000 millones anuales a USD 2.000 millones si se aprueba la propuesta. El destino de dicha iniciativa será decidido por la Junta de Recursos del Aire el próximo 28 de mayo.

Durante las últimas semanas, el gobierno cubano intensificó su campaña para responsabilizar a Estados Unidos de la crisis estructural que afecta a la isla. Atribuye el colapso energético y la escasez al embargo y a las sanciones impuestas desde Washington.

Por otra parte, cifras oficiales de Estados Unidos muestran un aumento en las exportaciones de combustible hacia Cuba en marzo de 2026. El valor de estos envíos alcanzó USD 8,7 millones, destinados al sector privado cubano, según datos federales citados por NBC Miami, medio local estadounidense.

A pesar del incremento en las exportaciones, la crisis energética se mantiene. Millones de cubanos continúan enfrentando apagones prolongados y dificultades para acceder a productos básicos. Los datos oficiales publicados por el gobierno estadounidense presentan un desfase de dos meses, pero indican un aumento respecto a febrero en las ventas de derivados del petróleo autorizadas para Cuba.

Datos comerciales y contexto energético

En marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos autorizó exportaciones de combustibles por USD 8,7 millones a Cuba, exclusivamente a través de licencias para el sector privado. Esta cifra representa un alza en comparación con el mes anterior.

Además, el mismo mes, las ventas totales de alimentos y bebidas de Estados Unidos a Cuba superaron los USD 32 millones.

Pese a la disponibilidad de estos productos importados, el suministro interno de energía en Cuba no cubre las necesidades de la población. Los cortes de electricidad abarcan extensas franjas horarias y afectan la conservación de alimentos, la preparación de comidas y la vida diaria en general.

Impacto diario de la crisis

En zonas como Bayamo, familias relatan que recurren a la leña, al río o a materiales recogidos en la calle para cocinar ante la falta de electricidad. “Cuando compras una libra de carne y tratas de dividirla en varias comidas, se echa a perder porque puedes pasar hasta 20 horas sin corriente”, explicó Maydenis, residente local, a Telemundo 51.

Además, en algunos hogares solo se consume una comida al día por falta de recursos suficientes.

El 24 de mayo, se registraron protestas en La Habana como respuesta a los apagones. Grupos de personas bloquearon calles y encendieron basura, según imágenes difundidas en redes sociales. El descontento se extiende a otras regiones de la isla y se vincula a la persistencia de la crisis energética y de abastecimiento.

Argumentos oficiales y dinámica comercial

El gobierno cubano atribuye la crisis al embargo y a las sanciones de Estados Unidos. Tras la caída del apoyo venezolano, las autoridades insisten en que las restricciones externas dificultan la adquisición de combustibles y el acceso a financiamiento internacional.

Por su parte, los datos oficiales estadounidenses muestran que, aunque existen limitaciones, el intercambio comercial autorizado continúa. Las exportaciones de combustible y alimentos al sector privado cubano presentan incrementos en los registros más recientes, pero no han logrado revertir la situación interna.

Escalada de tensiones y acusaciones cruzadas

En las últimas semanas, la relación entre Cuba y Estados Unidos ha experimentado una escalada de tensiones. Washington endureció sanciones, impuso bloqueos petroleros y presentó cargos inéditos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a quien acusa de crímenes cometidos hace tres décadas.

Según BBC News, la administración Trump considera a Cuba una “amenaza para la seguridad nacional” y sostiene que el país atraviesa dificultades profundas, mientras advierte que la posibilidad de un acuerdo pacífico “no es alta”.

El gobierno cubano rechaza estas acusaciones y sostiene que Estados Unidos construye “un caso fraudulento” para justificar una eventual intervención militar. La cancillería cubana niega cualquier intención bélica y afirma que “ni amenaza ni desea la guerra”.

Además, denuncia que las sanciones y el bloqueo constituyen una “guerra económica despiadada” y un “castigo colectivo” para la población.

El río Potomac enfrenta una crisis ambiental inédita tras dos derrames que exponen fallas regulatorias y ponen en riesgo el suministro de agua para más de cinco millones de personas en el área de Washington D.C.

Tal como reportó Inside Climate News, el colapso de una tubería cloacal en Maryland y una fuga masiva de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revelan deficiencias históricas en la vigilancia y gestión ambiental. En abril, la organización American Rivers lo catalogó como el río más amenazado de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años conocida como Potomac Interceptor colapsó cerca del corredor de Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery. Según Inside Climate News, se liberaron 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río durante tres semanas.

El segundo episodio, fechado el 11 de diciembre de 2025, involucró una falla en el sistema de combustible de la base Joint Base Andrews, en el condado de Prince George’s, donde se filtraron 32.000 galones de combustible de aviación; solo se recuperaron 10.000 galones, mientras que los 22.000 restantes ingresaron al ambiente y alcanzaron Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac.

Fallas institucionales y contaminación histórica

Estos hechos, relatados por Inside Climate News, muestran una cadena de retrasos y omisiones. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad el 11 de diciembre de 2025, pero el estado fue notificado del derrame más de tres meses después, el 23 de marzo de 2026, cuando la base reportó una mancha de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek al National Response Center, la instancia federal para reportar descargas peligrosas.

Aunque la base es de propiedad federal, Maryland tiene autoridad para aplicar sanciones por infracciones ambientales y exigir remediación.

Un portavoz de la base militar reconoció a Inside Climate News que la cifra de 22.000 galones derramados se basó en un inventario mensual de combustible recibido el 8 de abril, aunque aún no se sabe cuántos alcanzaron el arroyo.

La contaminación en Piscataway Creek no comenzó con la fuga de combustible. Según Inside Climate News, Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, ya en 2022 había identificado niveles extremos de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en peces del arroyo, con marcas 1,4 millones de veces superiores al estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable.

El origen fue la práctica militar de sofocar incendios de combustible de aviación con espuma cargada de estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”. El primer informe oficial sobre PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre consumo de peces recién se emitió en 2023 y, según testimonios recogidos por Inside Climate News, tuvo escaso alcance en las comunidades ribereñas.

El procesamiento institucional de ambos incidentes fue objeto de críticas. DC Water y autoridades estatales conocían la fragilidad de la tubería, pero postergaron su reparación, de acuerdo con Inside Climate News.

La difusión de advertencias sobre consumo de pescado contaminado fue limitada, y la respuesta pública a la crisis consistió en foros poco efectivos, con escaso margen para reclamos directos.

Comunidades vulnerables y demandas de reparación

La crisis afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. La Nación India Piscataway, cuya relación ancestral con el arroyo supera los 15.000 años, señaló en una declaración formal que el derrame cloacal restringió la pesca, la caza y la recolección de alimentos y medicinas tradicionales.

“El agua no es simplemente un lujo o una comodidad para todas las personas, sino el nutriente más importante para la vida misma”, recoge el texto citado por Inside Climate News.

Según la tribu nativa, a comienzos de febrero los niveles de bacterias fecales seguían 2.700 veces por encima del límite seguro y científicos detectaron la presencia de MRSA, una bacteria resistente a antibióticos. El derrame podría afectar la recolección de mariscos más de 80 kilómetros río abajo del punto de colapso.

El impacto sobre las comunidades ribereñas incluye:

• Restricción de actividades tradicionales como pesca, caza y recolección de alimentos y medicinas.
• Exposición a contaminantes químicos y bacterias peligrosas.
• Falta de información clara y oportuna sobre riesgos sanitarios.
• Escasa capacidad de incidencia en decisiones sobre infraestructura crítica y control ambiental.

Frente a la presión social, funcionarios de Maryland organizaron en abril de 2025 un foro público sobre Piscataway Creek y la base militar, aunque, según Naujoks, el formato evitó la rendición de cuentas al suprimir la sesión tradicional de preguntas y respuestas.

Inside Climate News recogió que la señalización sobre consumo de pescado contaminado solo se implementó en dos puntos del arroyo, pese a la extensión del área afectada y la cantidad de familias que dependen de la pesca de subsistencia.

Las autoridades federales y estatales mantuvieron posturas divergentes sobre el alcance del daño y los pasos siguientes. La EPA informó que las advertencias recreativas sobre calidad del agua se levantaron tras las acciones de remediación, mientras que Maryland supervisa la limpieza ejecutada por la Fuerza Aérea y no solicitó ayuda adicional.

El científico Don Boesch, con décadas de monitoreo sobre el estuario, declaró a Inside Climate News que el efecto a largo plazo del derrame cloacal sobre el oxígeno del río y el riesgo de mortandad de peces dependerá del volumen de descarga de agua durante el verano, pero enfatizó que DC Water era consciente del riesgo de falla y postergó inversiones necesarias.

Las demandas sociales y científicas tras la crisis, documentadas por Inside Climate News, incluyen:

• Investigación penal sobre la demora en el reporte del derrame de combustible.
• Muestreo público de todos los cuerpos de agua y peces afectados por la base militar, no solo en Piscataway Creek.
• Restablecimiento y ampliación de fondos federales para remediación ambiental.
• Señalización efectiva de las zonas de riesgo para la pesca de subsistencia.
• Participación ciudadana real en la planificación de obras y control ambiental.

El reclamo de responsabilidades también llegó al Congreso. Miembros de la delegación de Maryland enviaron cartas al secretario de la Fuerza Aérea y a DC Water para exigir explicaciones.

El senador Chris Van Hollen afirmó a Inside Climate News que “estos derrames están sometiendo a una presión aún mayor a nuestras vías fluviales ya sobrecargadas, dañando nuestro ambiente y las vidas y medios de subsistencia que dependen de él”. Su oficina indicó que la Fuerza Aérea aún no había respondido a la carta ni identificado el origen de la fuga de combustible.

La senadora Angela Alsobrooks subrayó la necesidad de evitar futuras filtraciones y reconoció la desventaja de las familias más afectadas, con menor capacidad de incidir en las decisiones sobre infraestructura militar y servicios públicos.

El futuro del Potomac: desafíos y vigilancia pública

El caso del Potomac revela los riesgos de infraestructuras envejecidas, falta de transparencia y desprotección de comunidades frente a catástrofes ambientales.

Según Inside Climate News, la vigilancia institucional y la presión pública serán determinantes para prevenir nuevos episodios en una de las principales fuentes de agua potable de los Estados Unidos.

Un innovador vehículo conocido como Supermileage, creado por estudiantes de Universidad Brigham Young en Utah ha causado sensación en los últimos días debido a las implicaciones positivas que podría traer su fabricación.

Una unidad que destaca por su diseño compacto y eficiencia, combina características de un triciclo y un auto. Se encuentra desarrollado con fibra de carbono para mantener un peso mínimo de solo 49 kilos y transportar únicamente a una persona que no supere 1.63 metros de altura ni pese más de 54 kilos.

Durante el desafío de Shell, este choche fue evaluado en el circuito de Indianapolis, recorriendo 16 kilómetros. Su sistema de abastecimiento es muy particular, ya que utiliza etanol almacenado en un pequeño contenedor de 30 mililitros, con el objetivo de evitar la incorporación de un tanque convencional y poder conservar la ligereza del vehículo.

La autonomía registrada alcanza los 911 kilómetros por litro, lo que teóricamente posibilitaría viajar desde la Ciudad de México hasta Guadalajara con solo un litro de combustible.

No obstante, la velocidad máxima se limita a 37 km/h y factores como el viento pueden comprometer la eficiencia alcanzada en condiciones ideales.

La historia detrás de la construcción de "Supermileage"

Mientras las principales compañías automotrices del mundo continúan enfocando sus esfuerzos en la fabricación de vehículos eléctricos, al mismo tiempo siguen fomentando la idea de que la era de los motores de combustión interna ha llegado a su fin en materia de innovación.

No obstante, un equipo de alumnos de la Universidad Brigham Young desafió esa percepción al crear un coche singularmente eficiente.

El modelo, concebido para participar en la Shell Eco-marathon, destaca por su tamaño reducido, peso extremadamente bajo y aerodinámica sobresaliente. Aunque puede no encajar en la definición convencional de automóvil, sus resultados no dejan de asombrar a las personas, ya que logra un rendimiento de 911 kilómetros por litro de combustible.

Este prototipo demuestra que bajo condiciones adecuadas de diseño y materiales, los motores tradicionales aún pueden alcanzar cifras de consumo sorprendentes.

De esta forma, los estudiantes estadounidenses dejan en evidencia que la eficiencia sigue siendo posible en autos de combustión, siempre que se priorice la ligereza y la optimización aerodinámica.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 2.2% en los primeros cuatro meses de 2026, mientras transporte, combustibles y energía encabezaron los mayores incrementos registrados en abril.

El costo de vida en Panamá continuó aumentando durante abril de 2026 impulsado principalmente por el encarecimiento de combustibles, transporte y servicios relacionados con energía y gas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de 1.1% respecto a marzo, mientras el incremento acumulado entre enero y abril alcanzó 2.2%, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El IPC es el indicador utilizado para medir el comportamiento promedio de los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios como alimentos, transporte, electricidad, alquileres, salud, educación y entretenimiento.

Su evolución sirve como referencia para analizar inflación, poder adquisitivo y costos de vida, además de influir en decisiones económicas de empresas, consumidores y autoridades.

El informe del INEC muestra que el mayor impulso inflacionario de abril provino de la división Transporte, que aumentó 6.2% en comparación con marzo. El incremento estuvo directamente relacionado con el fuerte aumento en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, categoría que reflejó una variación de 22.7%.

Dentro de ese grupo, el diésel registró el mayor incremento con un salto de 34.3%, mientras la gasolina aumentó 22% durante el mes. El informe también reflejó un aumento de 6.3% en el transporte aéreo nacional e internacional, otro de los factores que presionó el índice general.

La segunda división con mayor crecimiento fue Información y comunicación, con un aumento mensual de 0.5%. El alza estuvo relacionada principalmente con mayores precios en ordenadores portátiles y equipos tecnológicos. Los ordenadores portátiles reflejaron un incremento de 4.8% durante abril.

El comportamiento de Vivienda, agua, electricidad y gas también aportó presión sobre el IPC, al registrar una variación mensual de 0.4%. Dentro de esa categoría, el gas aumentó 2.8% y la electricidad subió 1.4%, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos energéticos sobre los hogares panameños.

Aunque el índice general estuvo dominado por transporte y energía, algunos alimentos también mostraron incrementos importantes. Las hortalizas frutales frescas y refrigeradas aumentaron 9.4%, los limones subieron 3.4% y el pescado fresco registró un incremento de 2.9%.

Sin embargo, otros productos ayudaron a moderar parcialmente el comportamiento inflacionario. El INEC reportó disminuciones en verduras frescas y refrigeradas, camarones frescos, aceites vegetales y algunas categorías de carnes. De hecho, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una leve disminución general durante abril.

Entre las divisiones que reflejaron bajas también destacaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0.3%, así como Prendas de vestir y calzado y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambas con disminuciones de 0.2%.

Dentro del sector de muebles y electrodomésticos, el reporte evidenció reducciones importantes en acondicionadores de aire, cristalería y vajilla. En la provincia de Panamá, los acondicionadores de aire mostraron una caída de 14.6%, uno de los descensos más marcados registrados en abril.

El comportamiento mensual del IPC durante 2026 muestra una aceleración progresiva de los precios. En enero, la variación mensual fue de 0.2%; en febrero se mantuvo en 0.1%; en marzo subió a 0.9%; y en abril escaló a 1.1%.

En términos acumulados, el IPC Nacional Urbano pasó de 99.8 puntos en diciembre de 2025 a 102.1 puntos en abril de 2026. El incremento acumulado de 2.2% durante los primeros cuatro meses del año refleja una presión mayor sobre el costo de vida frente al inicio de 2026.

El informe también muestra diferencias regionales. La provincia de Panamá registró una variación mensual de 0.9%, mientras el resto urbano del país reflejó un aumento más alto de 1.2%.

Economistas suelen observar el IPC como uno de los principales indicadores para medir estabilidad económica e inflación. Un aumento sostenido puede afectar el poder de compra de los hogares, especialmente en rubros sensibles como transporte, energía y alimentos, debido a que las familias terminan destinando más recursos para cubrir necesidades básicas.

El comportamiento de abril también coincide con el reciente incremento en precios internacionales del petróleo y derivados, situación que continúa impactando el mercado local de combustibles y generando efectos en cadena sobre otros sectores vinculados al transporte y logística.

Las recientes alzas en el precio del combustible en Estados Unidos, impulsadas por las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas de la guerra en Irán y la reducción del tráfico por el Estrecho de Ormuz, provocaron un aumento perceptible en el uso del transporte público y motivaron a parte de la población a reconsiderar sus desplazamientos cotidianos, según documenta el medio especializado en sostenibilidad Grist.

Los precios de la gasolina superaron los USD 4,50 por galón a nivel nacional y, en California, el valor promedio rebasa los USD 6,15 por galón.

De acuerdo con Grist, la incidencia más marcada se registra en regiones con redes de transporte robustas y altos precios de los combustibles.

California es ejemplo de esta tendencia: las agencias de tránsito en San Diego, Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco informaron un aumento en la demanda de servicios durante las últimas semanas.

La San Francisco Municipal Transportation Agency alcanzó en marzo su mayor volumen de pasajeros desde el inicio de la pandemia, tras recibir un préstamo estatal de emergencia en febrero.

El incremento en el uso del transporte público no se circunscribe al estado de California. Autoridades de la Washington Metropolitan Area Transit Authority y de Valley Metro —el operador de transporte público en Phoenix, Arizona— también registraron aumentos en sus cifras de pasajeros, mientras que operadores ferroviarios interurbanos como Amtrak y Brightline reportaron mayores niveles de ocupación.

Impacto en la demanda de transporte público

En la ciudad de San Diego, el portavoz del Metropolitan Transit System Mark Olson atribuyó un crecimiento del 6,5% en la cantidad de usuarios en marzo respecto al año anterior al impacto del coste del combustible, aunque precisó que ese vínculo todavía requiere validación por encuestas formales a los pasajeros. Olson agregó: “Muchos de nuestros usuarios tienen bajos ingresos, y los precios de la gasolina impactan especialmente a este grupo poblacional”.

La agencia enfrenta un déficit presupuestario de USD 500 millones proyectado para los próximos cuatro años y puso en marcha una calculadora digital para que los potenciales usuarios comparen el gasto entre conducir y utilizar transporte público.

En San Francisco, Michael Roccaforte, portavoz de la San Francisco MTA, señaló a Grist que aún es pronto para confirmar una relación directa entre el aumento del precio del combustible y el regreso de los pasajeros, aunque destacó que el sistema fue sometido recientemente a mejoras de velocidad y confiabilidad. Según Roccaforte, el transporte público es una infraestructura esencial para la población de la ciudad.

La interacción entre precios del combustible y el uso del transporte público fue respaldada por investigaciones previas. El profesor Hiroyuki Iseki, especialista en estudios urbanos y planificación de la Universidad de Maryland, coordinó un estudio sobre el efecto del precio de la gasolina en el transporte público en 10 ciudades de Estados Unidos entre 2002 y 2011.

El trabajo halló que un incremento del 10% en el precio de la gasolina durante 13 meses ocasionó un aumento del 1,2% en el uso de tren ligero y del 0,8% en autobuses.

Además, se identificaron umbrales psicológicos: cuando el precio del galón superaba los USD 3 tras un alza del 10%, la demanda total de transporte masivo crecía 1,2%; si el incremento llevaba el precio por encima de los USD 4, la demanda de tren ligero subía hasta 9,3%.

Efectos del costo del combustible según expertos

El profesor Iseki explicó a Grist que los servicios de ferrocarril para viajeros —utilizados principalmente para los desplazamientos entre el hogar y el trabajo, en trayectos de mayor distancia— resultan especialmente sensibles a las fluctuaciones del precio de la gasolina.

Según su análisis, la extensión de los recorridos incrementa el impacto económico del combustible y motiva el traslado hacia alternativas como el tren.

Por su parte, Michael Manville, profesor de planificación urbana en la Universidad de California, Los Ángeles, indicó que la disposición de los usuarios a cambiar el automóvil por el transporte público está fuertemente condicionada por el acceso a infraestructuras eficientes y la competitividad en tiempos de viaje.

Advirtió que el reto de modificar la rutina de desplazamientos hace que, en la mayoría de los casos, los usuarios opten por reducir desplazamientos no esenciales o limitar otros gastos antes que incorporar el transporte público al trayecto laboral. “Una cosa es decir: ‘Ya no conduciré tanto como antes en actividades discrecionales’. Es muy distinto para una persona típica declarar: ‘No conduciré al trabajo. Voy a averiguar cómo usar el autobús’”, señaló.

La estructura urbana actual de Estados Unidos y las políticas de planificación adoptadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial consolidaron el automóvil como medio central para la movilidad diaria.

“Tomamos decisiones de política que los convirtieron en amos complicados, aunque también pueden ser buenos servidores”, resumió Manville en referencia a los coches particulares y sus funciones familiares.

El transporte público en la política y financiamiento de Estados Unidos

El peso relativo del transporte público dentro del financiamiento federal revela otra dimensión del fenómeno. Según datos citados por Grist, el transporte público recibió menos de un tercio de los fondos federales destinados a infraestructura de movilidad desde 1956. En 2017, el 87% de los desplazamientos en Estados Unidos se efectuaron en automóvil.

Para Elisa Ramirez, experta en políticas de movilidad de la organización de defensa del transporte Transportation for America, la consolidación del transporte público como alternativa real depende de la inversión pública sostenida y de la confiabilidad de los sistemas.

“El tiempo es dinero, y aunque las personas puedan costear una tarifa de USD 2, no pueden permitirse llegar tarde al trabajo o perder turnos médicos. Para la mayoría de los estadounidenses, conducir no es opcional. Esa es mi principal preocupación. ¿Cuánto impacta la gasolina en el uso de transporte público? Primero debemos contar con servicios realmente confiables”, expuso Ramirez a Grist.

Según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, actualizados hasta el lunes por la mañana, un total de 55 buques de carga cruzaron la vía marítima estratégica entre el 11 y el 17 de mayo.

Esto supuso un fuerte aumento con respecto a la semana anterior, cuando solo cruzaron 19 embarcaciones, la cifra semanal más baja desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, que provocaron una interrupción generalizada del tráfico a través del estrecho.

La televisión estatal iraní informó el viernes que la Guardia Revolucionaria estaba permitiendo el tránsito de más barcos por el estrecho, después de haber informado el día anterior que se había autorizado el paso de “más de 30 barcos”.

A pesar del aumento, los cruces de la semana pasada se mantienen en general en línea con los promedios de tiempos de guerra.

Desde el 1 de marzo, Kpler ha registrado el tránsito de 663 buques de carga por el estrecho, un promedio de 55 por semana.

Aproximadamente la mitad de los buques cisterna que cruzaron la frontera la semana pasada transportaban líquidos.

Entre ellos se encontraban tres buques petroleros de gran tamaño, que, según se informa, se dirigían a China, Omán y Japón.

Los datos de Kpler también mostraron que 15 buques de carga a granel seca y 16 buques tanque de gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron el estrecho la semana pasada.

El 12 de mayo, solo un buque cisterna de gas natural licuado que transportaba gas catarí a Pakistán cruzó la frontera.

Con ello, el número total de travesías de buques metaneros desde el inicio de la guerra asciende a ocho.

En tiempos de paz, el estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y GNL, así como de otras materias primas importantes, incluidos los fertilizantes.

Irán ha advertido repetidamente que el tráfico marítimo a través de la ruta marítima “no volverá a su estado anterior a la guerra”.

El lunes, Teherán anunció la creación de un nuevo organismo para supervisar el estrecho y cobrar tasas a los buques que transiten por la vía marítima, algo que, según se informa, Irán lleva haciendo desde el principio de la guerra.

Buques chinos cruzando

Funcionarios iraníes anunciaron el jueves que se había permitido el tránsito de buques chinos, tras la ralentización registrada la semana anterior.

Según Kpler, la semana pasada solo tres buques de mercancías vinculados a China por su pabellón, propiedad o cargamento cruzaron el estrecho.

Otros dos buques con bandera de Hong Kong también hicieron escala y se dirigían a Omán y a los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, es posible que los datos no ofrezcan una imagen completa, ya que los buques no siempre revelan sus destinos finales durante la travesía.

El tráfico a través del estrecho desde el comienzo de la guerra ha dependido de la nacionalidad, e Irán declaró el lunes que los países que cumplan con las sanciones estadounidenses contra la república islámica enfrentarían dificultades para cruzar.

Desde el inicio del conflicto, China e India han figurado entre los destinos o puntos de partida, fuera del Golfo Pérsico, que con mayor frecuencia se han reportado para los buques de carga que transitan por el estrecho.

Otros destinos fuera del Golfo que figuran en los datos de transporte marítimo de Kpler incluyen Brasil, Pakistán, Tailandia y Malasia, mientras que relativamente pocos buques informaron tener a países occidentales como destino.

El control iraní del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas centrales en las estancadas negociaciones con Estados Unidos, que aún no han producido ningún avance significativo.

(con información de AFP)

El Gobierno de República Dominicana dispuso un reajuste en los precios de los combustibles, la decisión, comunicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), responde a la inestabilidad de los mercados internacionales y busca equilibrar los costos internos con un fondo de subsidio superior a RD$1,400 millones (USD$23,476,525).

Según datos oficiales, la semana del 16 al 22 de mayo de 2026 estará marcada por incrementos en los precios de las gasolinas y gasoiles, así como por el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP), en un intento por limitar el impacto en los sectores más vulnerables. La entidad reportó que el ajuste se produce tras una escalada en las cotizaciones globales del crudo y una leve apreciación del peso dominicano frente al dólar.

Ante este panorama, el Gobierno asignó RD$1,435 millones para subsidiar los combustibles, según cifras difundidas por el MICM. La medida intenta evitar que la totalidad de la subida internacional se traslade al consumidor, a la vez que preserva la estabilidad del transporte público y de los hogares que dependen del GLP.

En cuanto, a los combustibles utilizados por la industria y la aviación, como avtur, kerosene y fuel oil, experimentaron bajas en sus precios internacionales. El avtur se cotiza a RD$299.14 por galón (USD$5.02), el kerosene a RD$338.30 (USD$5.67), el fuel oil #6 a RD$197.39 (USD$3.31) y el fuel oil 1% a RD$218.74 (USD$3.67). Estos descensos se trasladan de manera íntegra al mercado interno, según lo informado por el MICM.

La política de subsidios se concentra en los combustibles de mayor consumo popular, mientras que las reducciones globales permiten aliviar parcialmente los costos para los sectores productivos y el transporte aéreo. Esta estrategia busca crear un balance entre la protección social y la disciplina fiscal en un contexto de volatilidad regional.

Nueva alianza con Guyana: apuesta por la diversificación

Como parte de las medidas de largo plazo, el Gobierno dominicano formalizó un acuerdo estratégico con la República Cooperativa de Guyana para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. El convenio se enfoca en el bloque terrestre Berbice On-shore, una zona del noreste de Guyana con alto potencial geológico, y es encabezado por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) en representación del Estado.

De acuerdo con información oficial difundida, la estructura financiera del acuerdo garantiza a República Dominicana una participación accionaria neta del 10% en los derechos de explotación del bloque, sin requerir inversión de capital de riesgo por parte del Estado dominicano. Esta condición permite al país acceder a recursos energéticos estratégicos sin comprometer fondos públicos en la etapa inicial.

La firma del tratado contó con la presencia de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana. El convenio otorga al país caribeño un derecho preferencial de adquisición sobre el petróleo o gas natural extraído, una cláusula que, según funcionarios, fortalece la seguridad energética nacional y reduce la dependencia de intermediarios y de la inestabilidad global.

El doble enfoque adoptado por las autoridades dominicanas busca proteger a los consumidores ante los vaivenes internacionales y avanzar hacia una mayor autonomía energética. El MICM afirmó que la combinación de estas políticas permitirá sostener el crecimiento económico y el bienestar social, incluso en un entorno de alta incertidumbre.

La semana del 16 al 22 de mayo queda marcada por la intervención activa del Estado en el mercado de combustibles y la consolidación de nuevos acuerdos internacionales.

Grifos deberán reportar a Osinergmin la cantidad de combustible que mantienen almacenada desde el 15 de mayo, como parte de una medida orientada a mejorar la transparencia en la venta de combustibles y evitar escenarios de especulación. La disposición permitirá que los consumidores accedan a información actualizada sobre la disponibilidad de gasolina, diésel y otros productos en los establecimientos de venta al público.

La nueva obligación fue anunciada por el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa, quien explicó que los datos serán visibles en tiempo real mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO). Con ello, los usuarios podrán verificar previamente si un grifo cuenta con stock antes de acudir al establecimiento.

Reporte diario será obligatorio

La medida quedó establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 60-2026-OS/CD, la cual dispone que todos los grifos deberán registrar diariamente sus inventarios de combustibles. El cumplimiento será obligatorio desde el 15 de mayo y formará parte del sistema de supervisión del organismo regulador.

Según explicó Aurelio Ochoa, la finalidad es corregir los problemas detectados en periodos de crisis energética, cuando muchos usuarios encontraban información desactualizada en las plataformas de consulta. “Esta medida es para facilitar la información al usuario final. Lo que sucedía es que cuando se ingresaba al aplicativo Facilito se encontraban con una información, pero llegando al grifo no había existencias de combustibles, lo cual fue más evidente durante la crisis con el asunto de Camisea”, dijo en Andina Canal Online.

Información en tiempo real para los consumidores

El titular encargado de Osinergmin indicó que el nuevo sistema permitirá que los consumidores tengan mayor certeza sobre dónde abastecerse. La actualización permanente de inventarios buscará reducir inconvenientes y evitar desplazamientos innecesarios hacia establecimientos sin combustible disponible.

“Ante esa situación, lo que hemos hecho es corregir para que los grifos puedan reportar las existencias que tengan en ese momento. Entonces esa información automáticamente brinda confianza al consumidor y dice: voy a ir a tal grifo con la seguridad de encontrar el combustible que necesito”, agregó.

Restricciones para grifos que incumplan

La normativa también contempla sanciones operativas para los establecimientos que no reporten sus existencias. Osinergmin precisó que el registro de inventarios será un requisito indispensable para generar órdenes dentro del Sistema de Control de Órdenes de Pedido.

Esto significa que los grifos que omitan la entrega de información no podrán adquirir combustible hasta regularizar su situación. La medida busca asegurar que los datos publicados correspondan realmente a los volúmenes disponibles en cada estación de servicio.

Buscan evitar especulación en el mercado

Desde Osinergmin señalaron que uno de los principales objetivos es impedir prácticas especulativas durante situaciones de desabastecimiento o incertidumbre. El organismo recordó que, durante la crisis vinculada a Camisea, algunos establecimientos afirmaban no contar con combustible pese a mantener reservas en sus tanques.

“Lo principal es que se evitará la eventual o potencial especulación. Eso justamente se logrará cuando aquellos grifos que no reporten sus existencias se les cortará el acceso a lo que sería el abastecimiento de combustibles en sus plantas de ventas, siendo ello una medida para disuadir el incumplimiento”, explicó Aurelio Ochoa.

“Con eso se garantiza que los datos proporcionados se están dando en tiempo real. Recordemos que, en la época de crisis por la situación de Camisea, había grifos que decían no tener combustible, pero sí contaban con stocks en sus tanques, lo cual daba lugar a la especulación y todo lo que hemos podido observar”, añadió.

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 sobre el panorama de la industria nacional de refinación.

De acuerdo a los datos revelados, el volumen promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó un millón 141 mil barriles diarios, marcando una expansión del 21.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca, la cual sumó 164 Mbd, y la planta de Tula, que incrementó su operación en 39 Mbd tras la entrada en funciones de la coquizadora en julio de 2025.

La cifra representa el nivel más alto para un trimestre en los últimos once años, mostrando la consistencia de cinco periodos consecutivos al alza para el SNR.

Asimismo, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, dato que también implica un aumento del 21.9% en comparación con el año anterior. Mientras que la elaboración de destilados de alto valor (la categoría que engloba a la gasolina, el diésel y la turbosina) representó el 65.7% ante un crecimiento del 42.5%.

Este documento fue presentado en un contexto donde, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Corea del Sur y varios países asiáticos han reportado un desabasto de combustible en los últimos meses como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente.

Disminución de importaciones y optimización del mercado interno

El aumento en la producción nacional también permitió ampliar la disponibilidad de estos productos dentro del país. Esta oferta interna impulsó las ventas en un 4.2%, y al mismo tiempo, redujo en 23.3% la importación del suministro.

• La gasolina registró un promedio de 390 mil barriles diarios en el trimestre, lo que significó un alza del 29.6% en relación al año previo.
• La producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, reflejando un crecimiento del 69.9% sobre el mismo periodo de 2025.
• La generación de combustóleo descendió hasta 161 mil barriles diarios, un 33.1% menos que en el año anterior.
• El rendimiento de destilados se situó en 63.9%, es decir, 9.1 puntos porcentuales arriba respecto al primer trimestre de 2025.

Expansión de la red de estaciones de servicio

Al cierre del primer trimestre de 2026, el número de estaciones de servicio afiliadas a la Franquicia Pemex ascendió a 7 mil 520, lo que equivale a un incremento del 3.2% en comparación con 2025. De este total, 45 puntos de venta son propiedad directa de la empresa de petróleo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que actualmente el país no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de Corea del Sur y otros países asiáticos.

Ante el cuestionamiento sobre el modelo económico actual del país, la mandataria mexicana declaró que no se puede evaluar como tradicionalmente se hacía, ya que existen muchos factores externos que han complicado su valoración.

“Ayer hablando con el presidente de Corea, fíjense la importancia de la decisión que tomó el presidente López Obrador que tanto lo criticaron con la refinería Olmeca. Hoy hay países que tiene desabasto, como Corea”, manifestó durante la mañanera del pueblo de este 14 de mayo en Palacio Nacional.

Recordó que su gobierno diseñó un programa en producir el petróleo que se consume, asegurando que si existe un sobrante de este hidrocarburo se puede exportar bajo los lineamientos de la soberanía energética.

“Producir el petróleo, transformarlo y utilizarlo en nuestro país. Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto, Asia está en una situación muy dificil, porque al cerrarse el estrecho de Ormuz en Irán, no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países”, señaló Sheinbaum.

Asimismo, expresó que bajo ese contexto el país está construyendo una economía fuerte, pese a la falta de inversiones del sector privado y el poco incremento del gasto público.

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien. Vean el peso está hoy en 17.22 pesos, con una tasa del 6.5%”, finalizó.

Sheinbaum mantiene reunión telefónica con presidente de Corea del Sur

La jefa de Estado mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer su cooperación bilateral en los sectores económicos y culturales.

Tras la visita del grupo de K-pop BTS a la Ciudad de México y su encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, ambos líderes se mostraron “impresionados” por las miles de ARMYs (nombre del fandom) mexicanas que se congregaron para poder verlos durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo capitalino durante su aparición en un balcón desde la residencia presidencial.

“Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en nuestro país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”, escribió la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) durante un comunicado.

La supervisión de Osinergmin detectó irregularidades en la venta de combustible en estaciones de servicio, lo que obligó a la entidad a exigir desde mañana 15 de mayo el reporte puntual de inventarios y a advertir la suspensión de abastecimiento para quienes no cumplan con esta medida desde mañana.

Según informó Andina, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, detalló que la fiscalización se extiende a nivel nacional y forma parte de una estrategia coordinada con otras entidades públicas.

Ochoa precisó que durante el periodo de crisis fueron identificadas más de cuarenta estaciones de servicio involucradas en presuntas faltas relacionadas con el expendio de combustibles.

“En el momento de la crisis (energética), el Indecopi, la propia Fiscalía, se pudo observar que había estaciones de servicio que estaban, entre comillas, pecando con relación a lo que es el expendio de combustibles. Entonces, eso dio lugar a que haya sanciones y, en este momento, inclusive la Fiscalía tiene una serie de procesos abiertos hacia los malos comercializadores. Tengo entendido que superan las cuarenta”, detalló Ochoa a Andina.

El titular interino de Osinergmin remarcó que la fiscalización incluye no solo el control de inventarios, sino también la verificación de la calidad y cantidad del combustible ofrecido. Esta labor es realizada por Osinergmin en conjunto con Indecopi, la Fiscalía y la Sunat. El objetivo es evitar la especulación y garantizar la transparencia en la información disponible para los consumidores.

Medida obligatoria

Ochoa advirtió que toda estación de servicio que no cumpla con reportar sus existencias “simplemente se les va a cortar el acceso a lo que sería el abastecimiento para ellos en las plantas de venta”.

Según Andina, dicha medida será obligatoria desde mañana, viernes 15 de mayo, y busca asegurar que los datos informados por los grifos reflejen la realidad de sus inventarios en tiempo real.

“Con eso se garantiza hacia la población de que los datos que se tienen son los que en ese momento, en tiempo real, se están cumpliendo por parte de las estaciones de servicio”, sostuvo el funcionario.

Supervisión y sanciones

Andina reportó que la supervisión nacional de Osinergmin contempla sanciones que van desde multas hasta la apertura de procesos judiciales para los responsables de irregularidades. El trabajo en conjunto con otras instituciones apunta a fortalecer los mecanismos de control y evitar eventuales prácticas de especulación que afecten a los consumidores.

“El Osinergmin continúa, como es su labor, en verificar no solamente lo que estamos hablando respecto a las existencias, sino también respecto a la calidad y la cantidad del combustible que se expende. Con otras entidades, como es el caso de Indecopi, como es la propia Fiscalía, la propia Sunat, inclusive en su momento, se va a evitar la eventual especulación”, puntualizó Ochoa.

Petroperú muestra recuperación

En diálogo con RPP Noticias, Ochoa abordó la situación de Petroperú, señalando que la empresa estatal logró “cifras en azul” durante el primer trimestre de 2026. “Petroperú podría estar ya capitalizando. El primer trimestre de este año, por si acaso, las cifras han salido en azul. Primera vez después de un tiempo relativamente largo (3 años)”, afirmó el presidente interino de Osinergmin en entrevista con RPP Noticias.

Pese a operar con limitaciones de capital de trabajo, la nueva Refinería de Talara alcanzó una capacidad de 95 000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 50 % respecto a la antigua instalación. Además, Ochoa destacó que la petrolera estatal ha cumplido “puntualmente con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo los compromisos con los bonistas, sin ningún problema”.

De acuerdo con RPP Noticias, Ochoa también advirtió que Petroperú enfrenta una situación de asfixia financiera debido a que la mayor parte de su deuda es de corto plazo. “Eso debería reestructurarse a un mediano y largo plazo”, indicó el funcionario.

En ese contexto, consideró “muy necesaria” la medida que autoriza al Ministerio de Energía y Minas a respaldar compromisos financieros de hasta 2 000 millones de dólares para la empresa estatal.

Debido a que en Nariño se registran constantes casos de desabastecimiento de gasolina por una combinación de factores estructurales, el puerto de Tumaco es clave para la llegada de este suministro.

Los bloqueos en carreteras, motivados por protestas sociales, paros regionales, manifestaciones de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados, son factores frecuentes que interrumpen el flujo de camiones cisterna encargados de transportar la gasolina y el diésel.

Frente a esta problemática, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano. Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, la estrategia busca garantizar el suministro regular de gasolina y diésel en Nariño y otros departamentos afectados históricamente por la escasez.

Como parte de la estrategia, se ha establecido como mecanismo constante la importación directa de combustibles a través del Puerto de Tumaco, en donde arribó el buque Willard J., procedente de Estados Unidos con un cargamento de más de siete millones de galones de combustible,

Al país llegaron 1.7 millones de galones de diésel y 5.7 millones de galones de gasolina, en una operación que contempla la carga adicional en la Refinería de Cartagena (Reficar) y lo que incrementa la capacidad logística para atender la demanda del Pacífico colombiano.

Desde el Ministerio de Minas informaron que la llegada de combustibles a través de la vía marítima reduce la dependencia de las rutas terrestres, tradicionalmente afectadas por bloqueos y dificultades de seguridad; esta modalidad permite optimizar los tiempos de entrega y disminuir los costos de transporte, beneficiando tanto a los distribuidores como a los consumidores finales.

El plan también contempla el fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento y la mejora de los sistemas de distribución interna. El objetivo es asegurar que la población cuente con el combustible necesario para la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, minimizando el impacto de eventuales interrupciones en el suministro.

Por otra parte, la participación de la Refinería de Cartagena en la operación logística refuerza la capacidad del Estado para responder a la demanda regional y contribuir a la estabilidad energética.

Este proceso logístico transforma al Puerto de Tumaco en un eje central para el abastecimiento energético del suroccidente colombiano, convirtiéndolo en un punto estratégico para la recepción y distribución de combustibles, favoreciendo la integración de la región y el acceso a insumos clave para la economía local.

Desde el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos mencionaron que sus acciones se enfocarán en consolidar una política de abastecimiento sostenible, adaptada a las características geográficas y sociales del suroccidente nacional.

“Las acciones adelantadas en el marco de este plan buscan dotar a Nariño de mayor resiliencia frente a los desafíos estructurales y coyunturales que históricamente han afectado el suministro de combustibles. La llegada regular de cargamentos marítimos, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la articulación entre el sector público y privado configuran un nuevo escenario para la gestión energética en el departamento”, es parte del comunicado oficial con el que fue confirmada la llegada del buque mencionado.

Tres buques petroleros atravesaron el estrecho de Ormuz durante los últimos días con sus sistemas de localización apagados, en medio del aumento de tensiones y ataques contra embarcaciones en Oriente Medio, según información publicada por Reuters.

Entre las naves involucradas figura un barco con bandera panameña, en una ruta marítima considerada una de las más sensibles y estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con Reuters, los superpetroleros Agios Fanourios I y Kiara M abandonaron el Golfo Pérsico el domingo transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo cada uno, mientras mantenían apagados sus transpondedores AIS, sistemas utilizados normalmente para identificar y rastrear buques en tiempo real.

La medida busca reducir riesgos de ataques o seguimiento en medio del conflicto regional. Reuters detalló que el Agios Fanourios I transporta crudo iraquí Basrah Medium y tiene previsto descargar en Vietnam, específicamente en la refinería y planta petroquímica de Nghi Son.

Los registros indican además que la embarcación no logró cruzar el estrecho en al menos dos intentos previos desde que cargó petróleo el pasado 17 de abril.

En el caso del Kiara M, Reuters indicó que el buque, con bandera de San Marino, también abandonó el Golfo con el sistema de rastreo apagado mientras transportaba otros 2 millones de barriles de crudo Basrah.

No se pudo determinar inmediatamente cuál será el destino final del cargamento. La embarcación es gestionada por una empresa con sede en Shanghái y pertenece a una entidad registrada en Islas Marshall.

Un tercer caso mencionado por Reuters corresponde al VLCC Basrah Energy, un petrolero con bandera panameña que previamente cargó unos 2 millones de barriles de crudo Upper Zakum en la terminal Zirku de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Según los registros de navegación citados por la agencia, el barco atravesó el estrecho de Ormuz el pasado 6 de mayo y posteriormente descargó su carga en Fujairah el 8 de mayo.

Reuters indicó que ADNOC y varios compradores han recurrido recientemente al uso de petroleros para movilizar crudo acumulado en el Golfo Pérsico debido a las tensiones regionales y las restricciones operativas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

La agencia señaló que el apagado de sistemas de rastreo comienza a convertirse en una práctica cada vez más frecuente para reducir exposición en la zona.

La situación ocurre en medio de un incremento de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El área ha registrado ataques contra embarcaciones comerciales, disparos y explosiones desde el aumento de hostilidades entre Irán y fuerzas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

En las últimas semanas, varios barcos vinculados al registro panameño también han quedado expuestos a incidentes en la región. Uno de los casos más recientes fue el del buque HMM Namu, de bandera panameña, que sufrió una explosión e incendio en su sala de máquinas mientras se encontraba cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de Emiratos Árabes Unidoss

La Autoridad Marítima de Panamá informó entonces que los 24 tripulantes se encontraban a salvo y que el incidente fue controlado técnicamente, aunque el episodio volvió a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

Otro caso reciente fue el del portacontenedores MSC Francesca, también vinculado al registro panameño, que resultó afectado semanas atrás durante un episodio en el que la Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Registros de la plataforma de seguimiento VesselFinder indican que el MSC Francesca se mantiene actualmente en la zona de Ormuz. Se intentó conocer la posición de las autoridades marítimas panameñas sobre la situación actual de la embarcación, pero hasta el momento no hubo comentarios oficiales al respecto.

La tensión regional también ha comenzado a impactar el flujo marítimo en el corredor energético. Antes del incremento de hostilidades, por el estrecho de Ormuz transitaban cerca de 130 buques diarios, aunque las restricciones, alertas y riesgos de seguridad han reducido el movimiento de embarcaciones en la zona.

Reuters señaló que el apagado de sistemas de identificación y rastreo marítimo refleja el nivel de preocupación de operadores y navieras frente al riesgo de ataques o interceptaciones.

Para el comercio internacional, cualquier interrupción en Ormuz representa un riesgo directo sobre los precios del petróleo, las cadenas globales de suministro y el transporte energético mundial.

Aunque Panamá no participa directamente en el conflicto de Oriente Medio, el tamaño de su registro marítimo convierte al país en uno de los más expuestos a incidentes en rutas estratégicas internacionales.

Actualmente, miles de embarcaciones navegan bajo bandera panameña en corredores donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales, incluyendo el estrecho de Ormuz.