Las vacaciones traerán consigo más de 104 millones de desplazamientos por carretera, según las previsiones de la DGT, un 3,4% más que el año pasado. A este aumento de los viajes se suma el encarecimiento del combustible: el precio medio del gasóleo se sitúa en 1,68 euros por litro, un 7,9% más que hace un año. El resultado es que un viaje promedio este verano, de unos 800 kilómetros, será un 17,5% más caro que el pasado. En este contexto, cada decisión al volante puede marcar la diferencia en el coste final de las vacaciones.

Para evitar que el gasto en combustible penalice en exceso el bolsillo de los conductores existen trucos y maniobras al volante que puede reducir la factura al repostar en una gasolinera. Según un informe elaborado por Kelisto, el coste de llenar el depósito puede bajar llevando a cabo algunos sencillos cambios en la forma de conducir.

El informe del comparador, basado en datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), pone cifras a este ahorro. Calcula que aplicar distintas medidas de conducción eficiente puede reducir el consumo de combustible hasta un 58,5%. En un trayecto largo de unos 800 kilómetros, eso supondría un ahorro de hasta 47 euros.

En total, los desplazamientos de largo recorrido en España supondrán este verano un gasto aproximado de 2.106 millones de euros en combustible, con un coste medio de 80,64 euros por viaje. Según los cálculos recogidos en el estudio, los conductores pueden reducir de forma notable esa factura con medidas como moderar la velocidad, utilizar correctamente el aire acondicionado o evitar acelerones y frenazos.

“Con la subida de combustibles y el incremento de desplazamientos que se realizarán en estas vacaciones, las medidas de conducción eficiente están más vigentes que nunca. No solo servirán para abaratar el coste de nuestro viaje, sino que, además, nos ayudarán a conducir de una forma más segura, contribuyendo así a la protección tanto nuestra como de nuestros acompañantes y otros conductores”, apunta la portavoz de Seguros de Kelisto.es, Virginia Cordero.

Cambiar de velocidad, la maniobra que más se nota en el bolsillo

La medida más eficaz para ahorrar combustible es también una de las más sencillas: levantar ligeramente el pie del acelerador. Pasar de 120 a 100 kilómetros por hora en un viaje largo por autopista o autovía puede reducir el consumo un 30,5% y ahorrar hasta 24,60 euros por trayecto.

El informe indica que, según el IDAE, un incremento de la velocidad puede elevar el sobrecoste del consumo hasta un 44%. La recomendación implica evitar circular a velocidades innecesariamente elevadas, ya que mantener una velocidad moderada puede convertirse en uno de los gestos más rentables del viaje.

El segundo gran foco de ahorro está en el aire acondicionado, imprescindible en los desplazamientos estivales. La temperatura recomendada es de 23 o 24 grados, una configuración que, según Kelisto, puede generar un ahorro potencial del 16,67%, equivalente a unos 13,44 euros en el trayecto analizado. También se aconseja utilizar la función de recirculación del aire.

Ni acelerones ni frenazos: la conducción constante también ahorra

El tercer gran ahorro procede de combinar una marcha adecuada con una velocidad constante. Esta práctica puede reducir el consumo de combustible un 13,04%, unos 10,52 euros por trayecto largo. La clave está en evitar cambios bruscos de ritmo y mantener una conducción lo más uniforme posible.

Los vehículos modernos suelen incorporar sistemas que indican al conductor cuándo cambiar de marcha. En aquellos que no disponen de esta función, el régimen de revoluciones puede servir como referencia: entre 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto en los diésel y entre 2.000 y 2.500 en los gasolina, según las referencias recogidas por el análisis.

En autovía, la sexta marcha —cuando el vehículo dispone de ella— puede utilizarse una vez alcanzada la velocidad adecuada para la vía. El control de crucero es otra herramienta útil para mantener un ritmo estable y evitar las continuas variaciones sobre el acelerador.

Revisar el coche antes de salir

El ahorro no comienza cuando el coche se incorpora a la autovía. Antes de emprender un viaje largo conviene revisar el estado del vehículo, especialmente los niveles de aceite, el motor y la presión de los neumáticos. Estas actuaciones pueden suponer un ahorro acumulado de alrededor del 14%, unos 10,9 euros en el supuesto analizado.

La revisión tiene, además, una segunda dimensión: la seguridad. Un vehículo correctamente mantenido reduce el riesgo de averías y contribuye a que el desplazamiento se realice en mejores condiciones.

“Como podemos comprobar, las medidas de conducción eficiente para ahorrar gasolina no solo nos benefician a nivel monetario, también redundan en nuestra seguridad al volante, por ello, hay que prestar especial atención para evitar siniestros con consecuencias graves o fatales”, señala Cordero.

Tres niveles para reducir el gasto

No todos los conductores aplicarán todas las medidas recomendadas. Por ello, Kelisto plantea tres escenarios de ahorro. En el más conservador, con actuaciones sencillas como mantener una velocidad constante y evitar llevar las ventanillas bajadas, el ahorro puede rondar los 8,25 litros de combustible, unos 14 euros.

En un escenario intermedio, que incorpora medidas de mayor impacto como reducir la velocidad, optimizar el aire acondicionado y poner el motor a punto, el ahorro puede alcanzar los 22,5 litros, equivalentes a unos 38 euros. Si se aplican todas las medidas contempladas, el ahorro calculado asciende a casi 30 litros y 47 euros.

“Este ahorro, además, se puede complementar con un cambio de seguro, que te permita estar protegido con las mismas coberturas (asistencia en viaje, defensa jurídica, responsabilidad civil...) por un precio mucho menor. Pese a que las pólizas de coche se han encarecido un 7,45% en el último año, sigue habiendo margen para comparar y ahorrar: hay una diferencia del 53% (195 euros al año) entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro de la modalidad de terceros ampliado, la más contratada”, recuerda Cordero.

En un verano de récord de desplazamientos, pequeños cambios al volante pueden marcar una diferencia apreciable en la factura final. La velocidad, el aire acondicionado, la forma de utilizar las marchas y el estado del vehículo son, según los expertos, los principales puntos sobre los que puede actuar el conductor antes de que el viaje suponga en un gasto extraordinario en combustibles.

Los costos del transporte de cargas aumentaron 2,25% en julio y acumularon una suba del 25% entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos de Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). El indicador, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, mostró una leve aceleración respecto de mayo y junio, cuando los incrementos habían sido de 1,91% y 1,81%, respectivamente.

El aumento acumulado en los primeros siete meses del año superó al registrado durante el mismo período de 2025, cuando había alcanzado el 18,6%. En los últimos doce meses, en tanto, el incremento llegó al 44%. La evolución de julio se produjo luego del fuerte salto registrado en marzo, cuando el ICT trepó 10,15%, impulsado principalmente por un incremento del 24,7% en el precio del combustible.

Los peajes fueron los grandes protagonistas del aumento de julio, con una suba del 18,3% debido a nuevas actualizaciones aplicadas en corredores nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Fue el tercer incremento significativo del año para este rubro. También aumentaron los lubricantes, un 4,84%, y los gastos generales, un 4,14%. El costo del personal de conducción avanzó 3,23%, producto de la entrada en vigencia de la quinta cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, mientras que las reparaciones subieron 1,28%.

El resto de los componentes del índice también mostró variaciones positivas, aunque de menor magnitud. El costo financiero aumentó 2,16%, los neumáticos 1,83%, los seguros 0,62% y el material rodante 0,29%. Patentes y tasas no registraron cambios durante el mes debido a que sus actualizaciones se computan de manera anual. El ICT releva 11 rubros que inciden directamente en la estructura de costos de las empresas transportistas y constituye además una referencia para la determinación y actualización de las tarifas del sector.

El combustible, principal costo operativo de la actividad, no tuvo modificaciones en julio, aunque acumula un incremento del 34% en lo que va del año. Según FADEEAC, la estabilidad mensual estuvo vinculada con la continuidad del mecanismo denominado “buffer”, que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local. A esto se sumó el nuevo diferimiento de la actualización plena de los impuestos a los combustibles, una medida que se extenderá durante agosto. En paralelo, el precio internacional del petróleo Brent mostró una elevada volatilidad y se ubicó durante la última semana de julio entre los 80 y 85 dólares por barril.

Desde FADEEAC advirtieron que el aumento de los costos continúa configurando un escenario complejo para las empresas de transporte, especialmente por el peso del gasoil en la estructura operativa. A la presión del combustible se suman los incrementos de los peajes, el deterioro de la infraestructura vial y señales de desaceleración de la economía real. Según el análisis de la entidad, mientras sectores como el agro, la energía y la minería sostienen parte del crecimiento, el consumo, la industria y la inversión pública muestran un mayor debilitamiento, en un contexto general de expansión limitada.

Carmen Núñez, presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto, saludó el anuncio y señaló que los transportistas fluviales esperan que el beneficio se concrete mediante un mecanismo que tome en cuenta las características de cada sector. “Entendemos el poco tiempo que ella tiene en su mandato y Loreto siempre ha estado con la esperanza por ella”, declaró en referencia a la presidenta Keiko Fujimori.

Por su parte, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, también valoró que su gremio haya sido incluido en la medida. El dirigente recordó que habían solicitado anteriormente ser considerados y señaló que el alza del combustible afecta directamente a los trabajadores, debido a que constituye su principal herramienta de trabajo.

¿Quiénes serían beneficiados con el subsidio?

El anuncio contempla a los mototaxistas y al transporte fluvial de Loreto, dos sectores que han expresado su preocupación por el aumento de los costos de operación. García explicó que los mototaxistas utilizan distintos tipos de combustible y que el impacto debe evaluarse según cada caso. “El alza de combustible nos golpeó directamente porque el combustible es nuestra principal herramienta de trabajo”, afirmó para el citado medio.

En el caso del transporte fluvial, Núñez explicó que los armadores navieros utilizan petróleo para desarrollar sus actividades. Según indicó, el precio que pagan actualmente pasó de alrededor de S/12 a entre S/21 y S/24, situación que, de acuerdo con su testimonio, incrementa la presión económica sobre el sector.

Los representantes de ambos gremios coincidieron en que el anuncio constituye un primer paso, pero reclamaron que las autoridades definan con claridad quiénes accederán al beneficio y cuál será el procedimiento para recibirlo. Núñez sostuvo que es necesario dialogar directamente con los responsables de tomar las decisiones para presentar la problemática de cada actividad.

Gremios piden reglas claras

La presidenta de la Asociación de Navieros de Loreto señaló que los gremios de la región vienen coordinando para presentar una propuesta conjunta al Gobierno. En ese contexto, pidió que antes de establecer los mecanismos definitivos se realicen reuniones con los sectores involucrados. “Primero tienen que reunirse con nosotros para que nosotros le alcancemos plasmado la problemática y conversar con ellos”, manifestó.

Los mototaxistas también plantearon que el acceso al subsidio requiere coordinación con las municipalidades. García explicó que uno de los principales problemas enfrentados anteriormente fue la falta de un registro actualizado de empresas y conductores autorizados a nivel nacional.

Según el dirigente, esta situación fue utilizada para justificar que el sector no pudiera acceder a beneficios anteriores. La representante sostuvo que las municipalidades tenían la obligación de contar con información sobre los mototaxistas autorizados y remitirla al sistema correspondiente. “El tema de no estar en el subsidio no era culpa nuestra, era culpa de las municipalidades, era culpa del MTC”, aseguró para Exitosa.

Alza de combustible y empadronamiento

Además del transporte fluvial y los mototaxistas, los dirigentes consultados señalaron que el aumento del precio de los combustibles viene afectando a otros sectores del transporte en distintas regiones. García mencionó problemas relacionados con el abastecimiento y los precios registrados en zonas como Ucayali, Piura y Lima.

En Loreto, Núñez sostuvo que la situación económica de los gremios es crítica y que existe la necesidad de que sus representantes sean escuchados por las autoridades antes de definir las condiciones del beneficio. También indicó que se viene coordinando con otros sectores para evaluar las medidas que adoptarán tras el anuncio presidencial.

Uno de los pasos considerados como fundamentales es la actualización de los padrones. Desde el sector de mototaxis se pidió que las municipalidades cumplan con registrar a las empresas y conductores autorizados para facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios. El objetivo, según lo señalado durante la entrevista de Exitosa Noticias, es que el subsidio pueda llegar a quienes efectivamente desarrollan estas actividades y han sido afectados por el incremento del combustible.

Dos grandes manchas de petróleo fueron detectadas en aguas cercanas a Irán, una de ellas frente a la isla de Qeshm, después de una serie de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La contaminación ya alcanzó sectores de la costa iraní y elevó la preocupación por el impacto que los enfrentamientos en una de las principales rutas marítimas del mundo pueden provocar sobre el medioambiente.

Las imágenes captadas por los satélites Sentinel-2 permitieron identificar una extensa acumulación de petróleo frente al extremo sur de Qeshm. Parte de la mancha presenta una tonalidad oscura, compatible con combustible pesado, mientras que otra zona, más clara y aparentemente diluida, se prolonga durante unos 160 kilómetros.

En las playas de Suza, en Qeshm, fue registrado un líquido oscuro y con burbujas que llegaba hasta la costa y contrastaba con el agua azul verdosa de la zona.

John Amos, director ejecutivo de SkyTruth, organización que utiliza imágenes satelitales para localizar derrames, calificó el episodio como un hecho de gran importancia. “Este es el mayor que he visto en los últimos meses, realmente desde que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos”, afirmó.

Una segunda mancha fue localizada posteriormente cerca de Sirri, otra isla iraní ubicada en la parte central del Golfo Pérsico, aproximadamente 100 kilómetros al suroeste de Qeshm. La zona es especialmente sensible porque allí existen instalaciones relacionadas con la producción de petróleo y gas en alta mar.

La posible conexión con un ataque en el estrecho de Ormuz

Una de las principales líneas de investigación apunta al Minoan Pioneer, un buque granelero con bandera de Liberia que fue alcanzado por un proyectil el 3 de agosto mientras navegaba cerca de la costa de Omán.

El ataque ocurrió en el contexto de las tensiones militares entre Irán y Estados Unidos y fue atribuido inicialmente a Irán por fuentes de seguridad marítima. Uno de los tripulantes desapareció después del incidente.

El analista Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, sostuvo que la fuga del Minoan Pioneer probablemente estaría detrás de la contaminación observada frente a Qeshm. Una fuente vinculada con la seguridad marítima también señaló que la misma pérdida podría haber alcanzado la isla.

El propio régimen iraní reconoció que la contaminación había llegado a Qeshm. Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, afirmó que las primeras evidencias “indican que un buque granelero extranjero” sería el origen.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación independiente sobre la causa de las dos manchas ni sobre la composición exacta del material observado. Esa falta de certeza es especialmente relevante en una zona donde los ataques contra barcos y las operaciones militares dificultan el acceso de los equipos encargados de evaluar los daños.

Omán enfrenta otro derrame de gran magnitud

A este problema se suma una emergencia ambiental distinta frente a Omán. El petrolero Caroline Bezengi permanece encallado cerca de una zona marina protegida y continúa perdiendo crudo ruso.

El buque, que transportaba unas 800.000 toneladas de barriles de petróleo, quedó varado el 30 de junio y desde entonces la contaminación se ha extendido por las aguas cercanas. La mancha llegó además a la costa continental de Omán y amenaza áreas de gran importancia para la biodiversidad marina.

La emergencia frente a Omán no ha sido vinculada al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, ocurre en una región afectada por una intensa actividad militar y marítima, lo que complica las tareas de vigilancia, salvamento y contención.

El derrame del Caroline Bezengi llegó a cubrir más de 2.000 kilómetros cuadrados según estimaciones basadas en imágenes satelitales. Entre las especies que podrían verse afectadas figuran las ballenas jorobadas del mar Arábigo y los cormoranes de Socotra, además de otros organismos que dependen de las aguas costeras.

Brian Barnes, oceanógrafo especializado en observación satelital de la Universidad del Sur de Florida, advirtió sobre el riesgo que supone dejar avanzar una fuga sin control. “Cuanto más tiempo se filtra el petróleo en un entorno, más puede extenderse y causar daños a los ecosistemas y las costas”.

La evolución de las manchas frente a Irán y del derrame frente a Omán dependerá, en buena medida, de la capacidad para acceder a las zonas afectadas, contener las fugas y determinar con precisión el origen de cada contaminación. Mientras tanto, el Golfo Pérsico y las aguas próximas a Omán enfrentan una creciente amenaza para sus ecosistemas y sus costas.

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el informe de la comisión legislativa que investigó la importación y comercialización de combustible de mala calidad.

Tras la aprobación, el documento será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice la auditoría correspondiente, al igual que al Ministerio Público para iniciar la investigación y al Gobierno para que se consideren las observaciones planteadas en el informe.

“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal (petrolera) hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados”, explicó la diputada oficialista Ximena Arispe durante su intervención en el pleno.

En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión de investigación integrada por 11 legisladores de las diferentes fuerzas políticas para investigar las denuncias sobre la gasolina contaminada que afectó decenas de miles de vehículos en el primer trimestre del año.

La investigación identificó como presuntos responsables a varias autoridades, tanto del Gobierno de Luis Arce como de Rodrigo Paz, además de exministros y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La incertidumbre sobre la calidad es solo una de las aristas de la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia. Otro de los problemas centrales tiene que ver con la incapacidad de garantizar el suministro, debido a la baja producción local y las dificultades de importación, que ha vuelto a generar largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, un escenario que se repite de manera periódica desde inicios de 2023.

La Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) informó este jueves que reciben menos volumen del necesario para cubrir la demanda del parque automotor en la región más extensa, poblada y productiva del país.

“Nosotros necesitamos por lo menos 3,5 millones de diésel y 3,5 millones de gasolina para todo el departamento”, explicó Susy Dorado, gerente de Asosur, citada por el portal de noticias Visión360. “Sin embargo, lo que se nos ha venido entregando no nos permite tener tranquila a la población, son 2,7 millones (de diésel) y 3 millones (de gasolina)”, agregó.

Ante ese escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la firma de un convenio con actores privados para importar gasolina y diésel a precios internacionales.

“Esto no puede seguir así”, expresó el gobernador en referencia a las filas interminables de vehículos en la ciudad y el perjuicio para sectores estratégicos como la agroindustria y el transporte. “Estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”, explicó en una nota difundida en redes sociales.

El gobernador aclaró que para poder encarar ese proyecto necesita la aprobación de un decreto supremo que autorice a la Gobernación establecer el contrato con una empresa privada de importación, lo que actualmente estaría restringido exclusivamente para empresas estatales.

Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno no se había referido públicamente a la propuesta de Velasco. En declaraciones recientes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por la falta de soluciones definitivas al tema del combustible y la atribuyó a la mala gestión de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).

El precio del diésel ha registrado un fuerte incremento en las últimas semanas y el impacto ya se siente en el transporte. Desde el lunes 10 de agosto, gremios de distintas regiones del país iniciaron protestas para exigir al Gobierno central medidas frente al aumento de sus costos de operación, que podría afectar el precio de los pasajes, el transporte de mercancías y, eventualmente, el costo de productos de primera necesidad para los consumidores.

El escenario actual ocurre después de la crisis energética registrada en marzo por la emergencia en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que provocó problemas de abastecimiento y afectó los precios de distintos combustibles. Sin embargo, las causas del incremento del diésel en agosto son diferentes.

Diego Díaz, economista de Macroconsult y especialista en hidrocarburos, explicó en RPP que el principal factor detrás del alza actual no es únicamente el precio del petróleo, sino el incremento de las cotizaciones internacionales de sus derivados, especialmente el diésel y la gasolina.

El petróleo no explica por sí solo el alza del diésel

Una de las principales dudas es por qué el diésel puede alcanzar precios elevados cuando el petróleo WTI se encuentra alrededor de los US$80 por barril, por debajo de los niveles superiores a US$110 registrados durante otros episodios de tensión internacional.

Según Díaz, la diferencia está en el comportamiento de los combustibles refinados. El especialista explicó que, después de que disminuyeron temporalmente las tensiones internacionales, los precios del diésel y la gasolina comenzaron a bajar en el mercado peruano y llegaron incluso a ubicarse por debajo de S/20 por galón.

Sin embargo, desde inicios de julio las cotizaciones internacionales de estos productos comenzaron nuevamente a subir.

“Más que el precio del petróleo, lo que nos está afectando localmente es la volatilidad del precio de los derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina”, explicó Díaz.

El problema está relacionado con la capacidad de las refinerías para transformar el petróleo en los combustibles que utilizan diariamente los consumidores.

Guerra y ataques a refinerías presionan el precio del combustible

De acuerdo con el economista, durante julio Ucrania intensificó los ataques contra refinerías de Rusia, mientras que las tensiones entre Estados Unidos e Irán también afectaron la producción y operación de infraestructura energética en Medio Oriente.

Estos acontecimientos redujeron la capacidad mundial disponible para refinar petróleo y producir combustibles.

Díaz estimó que los conflictos bélicos han provocado la pérdida de alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en el mundo.

“Hay un menor número de refinerías disponibles en el mundo para poder procesar el petróleo y, por lo tanto, hay una menor capacidad para producir los productos que los usuarios utilizamos en el día a día”, señaló.

Esto ayuda a explicar por qué el precio del diésel puede aumentar incluso cuando el petróleo no alcanza los máximos registrados en otros momentos. El problema actual está principalmente en la menor oferta y mayor volatilidad de los productos refinados.

¿Cómo afecta esto al Perú?

Perú depende en buena medida de las importaciones para abastecer su demanda de diésel: alrededor del 70% del combustible consumido en el país proviene del exterior, según datos citados por Osinergmin. Por ello, las variaciones de las cotizaciones internacionales del diésel y otros derivados del petróleo tienen un impacto directo en el mercado peruano.

El incremento golpea especialmente al transporte de pasajeros y de carga, debido a que el combustible representa uno de los principales costos de operación.

El efecto también puede extenderse al resto de la población. Si aumentan los costos para trasladar alimentos, mercancías y pasajeros, estos pueden terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

Gobierno evalúa reactivar el Fondo de Estabilización

Frente a la volatilidad del mercado, una de las alternativas planteadas por el Gobierno es reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, mecanismo diseñado para reducir el impacto de las variaciones internacionales sobre los precios internos.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que se trabaja en la reactivación del fondo y en el pago de obligaciones pendientes para que vuelva a funcionar.

El economista consideró que esta herramienta podría ayudar a amortiguar futuras fluctuaciones, aunque advirtió que el Estado no cuenta con capacidad fiscal ilimitada para subsidiar los combustibles durante periodos prolongados.

Gobierno analiza subsidio para transportistas de la selva

En el corto plazo, el Ministerio de Energía y Minas informó que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de entregar un subsidio directo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva peruana.

La propuesta fue discutida en una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Minem, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso.

Para Díaz, una subvención puede ayudar a reducir el impacto inmediato sobre los transportistas, pero no soluciona la exposición del país a los cambios del mercado internacional.

Las alternativas para reducir la vulnerabilidad

El especialista planteó que el Perú debe adoptar medidas de mediano y largo plazo para reducir su exposición a los shocks internacionales.

Una de ellas es acelerar la masificación del gas natural, debido a que el precio del gas de Camisea presenta mayor estabilidad. Una mayor conversión de vehículos a este combustible permitiría que los transportistas estén menos expuestos a las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Díaz también consideró necesario recuperar la capacidad operativa de Petroperú. Según explicó, la refinería de Talara estaría operando alrededor del 50% de su capacidad instalada, mientras que las refinerías a nivel mundial funcionan por encima del 90%.

Para el economista, aumentar la producción de las refinerías peruanas permitiría fortalecer el abastecimiento local en un contexto en el que los márgenes de refinación son elevados.

¿El precio del diésel seguirá subiendo?

El economista de Macroconsult consideró que el mercado atraviesa actualmente un momento de alta presión y que los precios podrían comenzar a disminuir en las próximas semanas si se reducen las tensiones internacionales.

Sin embargo, aclaró que no existe certeza sobre cuándo ocurrirá una reducción significativa, debido a que la evolución de los precios dependerá de lo que suceda con los conflictos internacionales y la capacidad mundial de refinación.

Mientras tanto, recomendó a los consumidores comparar los precios antes de abastecerse. Osinergmin cuenta con la plataforma Facilito, que permite consultar los precios de los combustibles en diferentes estaciones de servicio.

Cómo ahorrar en combustible en Lima

Según la plataforma Facilito de Osinergmin, el gasohol regular se ofrece en Lima entre S/17,99 y S/21,49 por galón, mientras que el gasohol premium tiene precios de entre S/18,89 y S/23,99. En el caso del diésel B5 S-50 UV, el precio oscila entre S/22,44 y S/26,79 por galón, lo que muestra diferencias importantes entre estaciones de servicio.

Para reducir el gasto, los conductores pueden consultar Facilito, plataforma de Osinergmin que permite comparar los precios de combustibles y ubicar las estaciones con las tarifas más económicas. Los valores son reportados por los propios operadores y pueden variar diariamente, por lo que revisar la plataforma antes de abastecerse puede permitir encontrar opciones más convenientes.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz pidió disculpas por no resolver la crisis de combustible que atraviesa el país. En un nuevo periodo de escasez y filas interminables para conseguir diésel y gasolina, el primer mandatario afirmó que “algunas cosas no están saliendo” al ritmo esperado.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar”, afirmó durante un acto público este miércoles.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha dado una explicación oficial sobre la irregularidad en los despachos estas las últimas semanas ni el presidente Paz explicó a qué mafias se refiere, cómo operan y qué están haciendo para desarticularlas. Sin embargo, señaló que tienen “muchas complicaciones” y prometió que las van a ir “superando”.

El tema de los combustibles es quizás la prueba más difícil para el Gobierno en un contexto de baja producción local y dificultades de importación por la crisis económica y la escasez de divisas heredadas de gestiones anteriores.

Desde inicios de 2023 que los bolivianos atraviesan periodos prolongados de desabastecimiento que no solo afecta a sectores estratégicos, como el transporte o la agroindustria, sino también la vida cotidiana. De pronto todo gira en torno a la gasolina: a la incertidumbre sobre cuándo va a llegar, a las largas horas de espera que hay que hacer en los surtidores y al colapso del tráfico vehicular por las filas de vehículos y camiones que invaden los alrededores de las estaciones de servicio.

Al inicio de su gobierno, en noviembre pasado, Paz logró regularizar el suministro y levantó parcialmente la subvención a los carburantes que durante más de 20 años había mantenido un precio fijo inferior al internacional. Esta medida supuso un aumento del 86% para la gasolina y un 163% para el diésel.

La implementación de los nuevos precios transcurrió sin alteraciones debido a que había, desde hacía meses, un cierto consenso social de que la medida era inevitable como la única forma de garantizar el suministro.

Sin embargo, a pocas semanas de levantar la subvención surgieron denuncias de que se estaba distribuyendo combustible contaminado y decenas de miles de conductores reportaron daños vehiculares atribuibles a la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que había despachado combustible contaminado y lo atribuyó a una serie de factores: tanques con residuos de goma y manganeso, boicot en la petrolera boliviana y redes internacionales que mezclaban el producto en el tránsito hacia Bolivia.

El refuerzo de los controles para garantizar la calidad del combustible coincide con nuevos episodios de escasez, como el registrado actualmente. Sin que hasta el momento se hayan conocido públicamente explicaciones técnicas sobre la persistencia del desabastecimiento ni se hayan fijado plazos, la situación mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá normalizarse el suministro.

“A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando”, afirmó el presidente.

La anterior semana Paz también pidió disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su gestión. Durante el acto de conmemoración por la independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó: “Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y si lo hemos hecho, pido disculpas a nombre del Gobierno”.

Un equipo de la Universidad de Washington en St. Louis desarrolló un catalizador para celdas de combustible que usa cantidades mínimas de platino y mantiene estabilidad y eficiencia durante mucho más tiempo, un avance que podría volver más viable el uso de hidrógeno para abastecer centros de datos, vehículos y otras tecnologías de alto consumo energético, informó el portal científico Science Daily.

La escala del problema energético global explica la relevancia del hallazgo. En Estados Unidos, por ejemplo, el Electric Power Research Institute estima que los centros de datos podrían representar hasta 9% de la generación anual de electricidad del país en 2030, frente al 4% de la demanda total registrada en 2023.

La investigación fue liderada por Gang Wu, profesor Elvera and William R. Stuckenberg en la McKelvey School of Engineering de la universidad, y contó además con científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, la Universidad Northeastern y la Universidad de Pittsburgh. Los resultados se publicaron en la revista especializada Nature Nanotechnology.

Wu explicó que, si un centro de datos pudiera abastecerse con una celda de combustible, convertiría directamente hidrógeno y otros combustibles en electricidad y aliviaría la carga sobre la red energética.

Nuevo diseño calienta el catalizador sin perder partículas

Las celdas de combustible producen electricidad al combinar hidrógeno y oxígeno. Ese proceso también genera agua y calor, y depende de catalizadores que aceleren la reacción, reduzcan pérdidas de energía y sostengan el rendimiento durante más tiempo.

El platino figura entre los materiales más eficaces para esa función, pero su costo obliga a reducir al máximo la cantidad utilizada. Una estrategia extendida consiste en transformarlo en nanopartículas para aumentar la superficie disponible para las reacciones químicas, con cargas típicas inferiores a un cuarto de miligramo por centímetro cuadrado.

El problema es que esas nanopartículas pueden disolverse, desplazarse y agrandarse durante el funcionamiento de la celda, con una caída gradual del rendimiento. Los catalizadores intermetálicos de platino —compuestos en los que los átomos se ordenan en una estructura fija y predecible, a diferencia de las aleaciones convencionales— surgieron como una alternativa porque prometen más actividad y estabilidad, aunque su fabricación arrastra otra limitación.

Para mantener partículas pequeñas, bien distribuidas y eficientes en el uso del metal precioso, los investigadores suelen calentar los materiales a temperaturas inferiores a 700 °C. Ese umbral, conforme al portal, muchas veces no alcanza para completar la transición desde una disposición atómica desordenada —donde los átomos se ubican de manera irregular— hacia una estructura altamente ordenada —donde cada átomo ocupa un lugar preciso y fijo—, una condición clave para maximizar la actividad y la durabilidad del catalizador.

La respuesta del equipo fue un nuevo soporte de carbono: esferas huecas y porosas con nanocanales radiales ordenados, además de una amplia superficie y espacio interno. Esa arquitectura permitió concentrar gran cantidad de nanopartículas intermetálicas de platino-cobalto de forma densa y uniforme.

Wu explicó: “Tradicionalmente, había una compensación entre tamaño y estabilidad, pero con el soporte de nanocanales de carbono ordenados, las nanopartículas de platino-cobalto pueden quedar confinadas y mantenerse estables con un tamaño muy pequeño incluso a altas temperaturas”.

El diseño hizo posible calentar el catalizador a 1.000 °C, una temperatura suficiente para formar la estructura ordenada buscada sin que las nanopartículas se aglomeraran. A la vez, el soporte mantuvo las partículas por debajo de 5 nanómetros y evitó que se distribuyeran de manera desigual.

Alto rendimiento tras 150.000 ciclos de voltaje

El resultado directo fue un intento de resolver una disyuntiva persistente en este campo: partículas más grandes suelen aportar estabilidad, pero sacrifican actividad, mientras que otros enfoques ganan actividad a costa de la vida útil. El equipo buscó las dos cosas mediante un soporte con canales diminutos dispuestos en patrón radial —como los rayos de una rueda, desde el centro hacia afuera— y un control preciso del tamaño y volumen de los poros.

En las pruebas, el material conservó 85% de su rendimiento después de 150.000 ciclos severos de voltaje. Los investigadores estiman que esa resistencia podría equivaler a unas 25.000 horas de operación.

Wu indicó que la estructura abierta de canales también ayuda a que el material que transporta iones, como un ionómero, se distribuya de manera uniforme y facilite el movimiento de protones, oxígeno y agua a través del electrodo —la superficie donde ocurren las reacciones electroquímicas—.

“Como resultado, las nanopartículas de platino-cobalto incorporadas en este soporte mostraron un rendimiento de primer nivel y una durabilidad prolongada”, resumió.

Ese comportamiento no solo estabiliza las nanopartículas. Los canales abiertos también crean trayectorias más sencillas para la circulación de protones, oxígeno y agua, una condición que mejora el funcionamiento general del sistema.

Si el desarrollo posterior confirma estos resultados y avanza con socios industriales, la tecnología podría mejorar celdas de combustible destinadas tanto al transporte como a la generación eléctrica. En el caso de los centros de datos, la posibilidad concreta es producir electricidad directamente a partir de hidrógeno u otros combustibles y reducir parte de la demanda creciente que hoy recae sobre las redes eléctricas a nivel global.

En Ucayali, los transportistas mantienen un paro indefinido y bloqueos en la carretera Federico Basadre y otros puntos estratégicos, situación que también dificulta la distribución de combustible y el ingreso de productos a Pucallpa. En Arequipa, la paralización del transporte urbano dejó a miles de pasajeros sin servicio y afectó las clases presenciales, al igual que en Tacna donde las calles lucen sin servicio de transporte público.

Los transportistas de Puno y Huánuco también se sumarían a la medida de fuerza en rechazo al alza de los combustibles, aunque hasta el momento no se ha precisado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta. En Nauta, por ejemplo, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible y, durante la jornada, se reportó la quema de llantas como parte de la protesta.

Ucayali: dificultades para abastecer combustible

Uno de los escenarios más críticos se encuentra en Ucayali. En Pucallpa, los manifestantes bloquearon distintos puntos de la carretera Federico Basadre, una de las principales vías de conexión entre la ciudad y el resto del país. Durante la protesta se reportó la quema de llantas y la instalación de piquetes que impiden el paso de la mayoría de vehículos.

Los transportistas cuestionan el precio del combustible. Según uno de los dirigentes, el diésel pasó de costar alrededor de S/11,50 o S/12 por galón en marzo a entre S/23 y S/24 actualmente.

La protesta también está afectando el abastecimiento. Los grifos de Pucallpa permanecen cerrados durante buena parte del día debido a las dificultades para recibir combustible. Algunos consiguen atender durante las primeras horas de la mañana, cuando determinados vehículos logran abastecerse.

Petroperú sostiene que existe combustible disponible en Ucayali y que el abastecimiento está garantizado. Sin embargo, el bloqueo de las vías dificulta que las cisternas puedan distribuirlo con normalidad desde las plantas hasta los grifos.

La carretera Federico Basadre es especialmente importante para la región porque conecta Pucallpa con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. Por esta vía también ingresan alimentos y otros productos de primera necesidad.

En los puntos bloqueados, los manifestantes permiten el paso de ambulancias y de personas que requieren atención médica urgente hacia los principales hospitales de la zona.

Tras una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso, se anunció un subsidio de corto plazo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva. Sin embargo, aún no se precisan el monto, la fecha de aplicación ni los beneficiarios. Los transportistas exigen compromisos concretos y mantienen la paralización.

Arequipa: clases afectadas

En Arequipa, el aumento del precio del combustible provocó una paralización del transporte urbano que dejó a numerosos pasajeros sin servicio.

Los conductores sostienen que el incremento del diésel elevó significativamente sus costos. El precio del diésel, según los testimonios recogidos por la prensa local, pasó de aproximadamente S/16 antes de las Fiestas Patrias a cerca de S/24 por galón. En algunos establecimientos, el precio puede llegar incluso a S/27.

El conflicto también está relacionado con el precio del pasaje. Los transportistas defienden una tarifa de S/1,30, mientras que la autoridad municipal ha planteado reducirla a S/1.

La falta de transporte provocó largas caminatas y filas de pasajeros en distintos puntos de la ciudad. Además, las clases presenciales fueron suspendidas debido a las dificultades para que los estudiantes pudieran trasladarse.

De acuerdo con la información difundida durante la jornada, alrededor de 220.000 estudiantes resultaron afectados por la falta de transporte urbano.

Tacna sin buses

En Tacna, los transportistas se unieron al paro de 48 horas contra el incremento de los combustibles. Durante la primera jornada, numerosos buses dejaron de circular y los pasajeros tuvieron que caminar o recurrir a motocicletas y bicicletas para desplazarse.

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su respaldo a la medida y señaló que los elevados costos del combustible dificultan que los conductores puedan mantener sus servicios bajo las condiciones actuales.

A diferencia de Ucayali, la protesta en Tacna se desarrolló sin grandes marchas ni bloqueos de carreteras, pero la reducción del transporte público afectó la movilidad cotidiana y también provocó la suspensión de las clases presenciales.

Puno y Huánuco se sumarían a la medida

La protesta contra el incremento de los combustibles podría extenderse a otras regiones. Transportistas de Puno y Huánuco se sumarían a la medida de fuerza, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

La eventual incorporación de nuevos gremios elevaría la presión sobre el Ejecutivo, en momentos en que los transportistas de Ucayali mantienen bloqueos y los de Arequipa y Tacna han paralizado parte del servicio.

Loreto: protesta en Nauta mientras Iquitos mantiene el transporte

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta.

En Nauta, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible. Durante la jornada se reportó la quema de llantas como parte de la protesta. Los conductores sostienen que el alza afecta directamente sus ingresos diarios y la economía de sus familias.

De esta manera, el pronunciamiento del gremio de Iquitos no implica que toda la región permanezca ajena a las protestas. Mientras en la capital loretana el transporte urbano continúa funcionando, Nauta ya registró una jornada de paralización.

¿Por qué el precio del diésel genera tanta preocupación?

El alza responde principalmente a la volatilidad internacional de los derivados del petróleo, especialmente del diésel y la gasolina. Según explicó en RPP Diego Díaz, economista de Macroconsult, los ataques de Ucrania contra refinerías rusas y la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Irán han afectado la capacidad mundial de refinación. Se estima que alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación se han perdido por los conflictos, reduciendo la oferta de combustibles.

Esto explica por qué el precio del diésel puede alcanzar niveles elevados incluso cuando el petróleo está por debajo de los máximos registrados anteriormente. El problema actual no está únicamente en el precio del crudo, sino en el mayor costo y volatilidad de los productos refinados. Perú, al estar expuesto a los mercados internacionales, traslada parte de estas variaciones a los precios internos, lo que eleva los costos del transporte de pasajeros y carga y puede repercutir posteriormente en el precio de alimentos y otras mercancías.

El economista señaló que el Perú evalúa reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para reducir el impacto de futuras fluctuaciones. A corto plazo, el Gobierno también analiza un subsidio para los transportistas de la selva. Para reducir la vulnerabilidad en el mediano y largo plazo, Díaz planteó impulsar la conversión de vehículos a gas natural, cuyo precio está estabilizado en el mercado peruano, y recuperar la capacidad operativa de Petroperú, cuya refinería de Talara estaría funcionando alrededor del 50% de su capacidad instalada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes por otros 90 días una exención de la Ley Jones que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos energéticos entre puertos estadounidenses, en un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía y la guerra contra Irán.

La nueva prórroga tiene un alcance más limitado que la anterior y se concentra de forma específica en el transporte de productos energéticos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La medida también establece nuevas revisiones sobre la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención puede aplicarse a viajes individuales.

“Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La funcionaria sostuvo que la excepción permitió hasta ahora facilitar la entrega de productos esenciales como “gasolina, diésel y combustible para aviones”.

La decisión se produce mientras los precios del petróleo registraron este lunes una suba del 5%, debido a las preocupaciones del mercado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito internacional de hidrocarburos.

De acuerdo con el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles fueron transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando el Gobierno estableció la exención de la Ley Jones. “La exención ha aumentado el comercio interno”, señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

“En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado”, agregaron.

La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense. La norma fue creada con el objetivo de fomentar la industria naval norteamericana.

El Gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender de forma temporal estos requisitos. A finales de abril, la Casa Blanca amplió el alivio ante las repercusiones económicas derivadas de la guerra contra Irán.

La nueva extensión mantiene la excepción, aunque incorpora un requisito adicional: las autoridades deberán revisar primero la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si un viaje concreto puede quedar comprendido dentro de la medida.

La decisión también se produce en un escenario de presión sobre el mercado energético estadounidense. Los precios del petróleo aumentaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que dieron inicio a una guerra que se extendió por Oriente Medio.

Como respuesta, Teherán estableció un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de hidrocarburos. La situación generó nuevas preocupaciones sobre el suministro energético y contribuyó al aumento de los precios del crudo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también subieron desde el inicio del conflicto, con impacto sobre los costos que enfrentan las familias estadounidenses.

Mientras tanto, las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y alcanzar una reapertura del estrecho de Ormuz permanecen estancadas. En ese contexto, el mercado energético volvió a registrar el lunes una fuerte suba, con un incremento del 5% en los precios del petróleo debido a las preocupaciones relacionadas con la principal vía marítima para el transporte de hidrocarburos.

(Con infomación de AFP)

La República Dominicana experimenta esta semana un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, marcado por un alza en la gasolina y el gasoil, mientras el Estado mantiene congelado el costo del gas licuado de petróleo para proteger a los sectores más vulnerables.

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), estos cambios, vigentes del 8 al 14 de agosto de 2026, responden a presiones internacionales y a una estrategia gubernamental para preservar la estabilidad financiera.

Los precios se comerciarán de la siguiente manera:

• Gasolina premium: RD$341.10 por galón (aproximadamente US$5.82), tras un aumento de RD$3.00 respecto a la semana anterior
• Gasolina regular alcanza RD$304.50 por galón (US$5.20), con una subida de RD$2.00
• Gasoil óptimo se ubica en RD$293.10 por galón (US$5.00)
• Gasoil regular en RD$256.80 por galón (US$4.38), cada uno con incrementos de RD$3.00 y RD$2.00 respectivamente.

Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible esencial para la cocina y el transporte público, permanece en RD$135.20 por galón (US$2.31), sin variación. El gas natural mantiene su precio en RD$43.97 por metro cúbico (US$0.75).

Ante este panorama, el MICM explicó que el incremento responde a que continua el impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que ha alterado el mercado internacional de hidrocarburos. Aunque el precio del crudo WTI se mantiene en torno a los US$80 por barril, el factor determinante para los consumidores dominicanos es el “crack spread”, es decir, la diferencia entre el precio del petróleo en su estado natural y el costo del combustible ya refinado.

Las razones detrás del alza: refinación, subsidios y sostenibilidad fiscal

En las últimas semanas, el costo de refinación de la gasolina premium en las refinerías estadounidenses subió un 95%, mientras que el del gasoil óptimo aumentó un 131%. Este incremento se traslada directamente al precio final, debido a la menor disponibilidad global y al encarecimiento del procesamiento y transporte. El MICM precisó que “la absorción total de este margen internacional por parte del Estado comprometería la sostenibilidad fiscal de la nación”.

Para evitar un impacto más severo en los precios al consumidor, el Gobierno dominicano decidió realizar un reajuste focalizado y subsidiar con RD$931.79 millones (unos US$15.91 millones). Sin esta intervención, el precio de venta al público podría superar los RD$80 adicionales por galón en algunos combustibles, según estimaciones oficiales.

Esta política forma parte del Plan Anti-Crisis, que desde hace tres meses mantiene el congelamiento de los precios como estrategia central. La inversión pública destinada al fondo de estabilización de combustibles supera los RD$25,000 millones (aproximadamente US$427 millones), con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y evitar efectos inflacionarios en la economía.

Recomendaciones para ahorrar combustible

Frente a este escenario de precios altos, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y especialistas en energía sugieren diversas acciones para mitigar el impacto en el gasto familiar y empresarial. Entre las recomendaciones más efectivas se encuentran:

• Optimizar los desplazamientos: Planificar rutas y agrupar diligencias permite reducir la cantidad de viajes y, por ende, el consumo de combustible.
• Mantener el vehículo en buen estado: Revisar periódicamente el filtro de aire, la presión de los neumáticos y el sistema de inyección ayuda a mejorar el rendimiento del motor y disminuir el consumo.
• Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias: Conducir de manera constante y a velocidad moderada puede generar un ahorro significativo, según expertos del sector automotriz.
• Compartir el vehículo o utilizar transporte público: Implementar el uso compartido (carpooling) o preferir el transporte colectivo contribuye a distribuir el gasto y reducir la demanda de combustibles.
• Limitar el uso del aire acondicionado: Este sistema incrementa el consumo de gasolina hasta un 10% en ambientes urbanos.
• Apagar el motor en paradas prolongadas: Mantener el vehículo encendido al estar detenido más de dos minutos implica un gasto innecesario.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, además de armas, cientos de cartuchos, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible, durante un operativo realizado en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de los poblados El Vainillo y El Pozole, en la zona rumbo a Villa Unión, donde militares realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un reporte sobre unidades que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses desplegaron un operativo para verificar la información y localizaron un importante volumen de hidrocarburo almacenado en el sitio.

Aseguran combustible, armas y equipo de almacenamiento

Durante la intervención, los soldados aseguraron cuatro tanques de almacenamiento y un total de 124 mil litros de gasolina, cantidad que representa uno de los decomisos de combustible más relevantes registrados recientemente en el municipio de Mazatlán.

Junto con el hidrocarburo fueron localizadas dos armas largas, nueve cargadores y 270 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos.

Las autoridades también aseguraron un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones para determinar su posible relación con el traslado o almacenamiento del combustible.

El hallazgo cobra relevancia debido al volumen de gasolina localizada y a la infraestructura encontrada en el inmueble, pues las autoridades deberán establecer si el sitio era utilizado de manera habitual para almacenar, transportar o distribuir combustible presuntamente obtenido de manera ilícita.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas por los elementos del Ejército Mexicano. Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica.

La investigación buscará establecer tanto el origen de los 124 mil litros de gasolina como su posible destino, además de determinar la responsabilidad de los detenidos y la procedencia de las armas, municiones y vehículos asegurados.

Los objetos decomisados serán sometidos a los peritajes correspondientes y podrían incorporarse a la carpeta de investigación que integren las autoridades ministeriales.

Cártel de Sinaloa se atribuye masacre en Zacatecas

El aseguramiento en Mazatlán ocurre en un contexto de operativos de seguridad reforzados en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde se registra actividad de grupos del crimen organizado.

En Zacatecas, un video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. En la grabación, un supuesto integrante del grupo criminal se atribuye la responsabilidad por la masacre de 10 personas ocurrida el pasado 18 de julio.

En el material, el presunto vocero asegura que el grupo no asesinó a personas inocentes, en respuesta a versiones difundidas sobre los hechos, y califica el ataque como un “pequeño golpe de autoridad”.

Tras la violencia registrada en Zacatecas, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en el estado para reforzar las labores de seguridad y apoyar a las autoridades locales.

El despliegue forma parte de las acciones implementadas por las fuerzas federales ante la violencia relacionada con las disputas entre organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

El nuevo aumento de los combustibles anunciado para este viernes tendrá un efecto que va más allá de los conductores particulares. El mayor incremento recaerá sobre el diésel, principal combustible utilizado por el transporte de carga, un factor que suele influir en los costos de movilización de alimentos, insumos y mercancías hacia distintos puntos del país.

Desde las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto y hasta las 5:59 a.m. del 21 de agosto, el diésel bajo en azufre aumentará 6,8 centavos por litro, equivalentes a 25,7 centavos por galón.

La gasolina de 95 octanos subirá 1,6 centavos por litro, unos 6,1 centavos por galón, mientras que la de 91 octanos aumentará 1,3 centavos por litro, aproximadamente 4,9 centavos por galón.

En Panamá y Colón, el galón de gasolina de 95 octanos costará aproximadamente $4,82, mientras el de 91 octanos se ubicará alrededor de $4,52.

El mayor precio corresponderá nuevamente al diésel, que alcanzará cerca de $5,07 por galón, de acuerdo con la conversión de los valores máximos publicados por la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste representa el segundo incremento consecutivo de los combustibles, aunque esta vez las variaciones serán inferiores a las aplicadas a finales de julio.

En aquella revisión, el diésel había subido 69,3 centavos por galón, mientras la gasolina de 95 aumentó 31,8 centavos y la de 91 se encareció cerca de 28 centavos por galón.

La acumulación de ambos ajustes implica que el diésel habrá aumentado cerca de 95 centavos por galón en menos de un mes. En el mismo período, la gasolina de 95 acumula un incremento aproximado de 37,9 centavos por galón y la de 91 registra un aumento cercano a 32,9 centavos, revirtiendo los descensos observados durante junio y parte de julio.

Para un conductor que utiliza un tanque de 15 galones, el nuevo ajuste representará pagar aproximadamente $0,92 adicionales si consume gasolina de 95 octanos y $0,74 más si utiliza gasolina de 91.

En el caso de un vehículo a diésel, llenar la misma capacidad costará $3,86 adicionales únicamente por el incremento que entra en vigor este viernes.

El impacto económico del diésel, sin embargo, no se limita al gasto de quienes conducen vehículos particulares. Camiones, equipos de distribución, maquinaria y parte del transporte colectivo dependen de este combustible, por lo que un aumento sostenido puede elevar los costos de las empresas encargadas de trasladar productos desde puertos, centros de producción y depósitos hasta comercios y supermercados.

Cuando aumenta el costo de transportar mercancías, las empresas pueden absorber inicialmente una parte del ajuste, pero si la tendencia se prolonga existe el riesgo de que sea trasladado a los precios finales.

Esto podría sentirse especialmente en alimentos, materiales de construcción, productos refrigerados y mercancías que recorren largas distancias para llegar a las provincias más alejadas de los principales centros de distribución.

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó la nueva tendencia alcista a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han presionado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Esas variaciones afectan los costos de importación utilizados para calcular los precios máximos de venta en Panamá, un país que depende del mercado internacional para abastecer su consumo de combustibles.

El gráfico presentado por la entidad para el período comprendido entre el 22 de julio y el 4 de agosto muestra que el diésel mantuvo las variaciones porcentuales más elevadas frente a las dos gasolinas.

Aunque el incremento perdió fuerza hacia el cierre del período, permaneció por encima del 6%, mientras las gasolinas terminaron con variaciones cercanas al 1,5%.

Los precios en Panamá se revisan cada 14 días mediante un mecanismo que incorpora variables internacionales y logísticas. Por ello, la evolución del mercado petrolero durante las próximas semanas determinará si el país enfrenta un nuevo incremento o si comienza una moderación.

Por ahora, el segundo ajuste consecutivo confirma que la volatilidad externa vuelve a trasladarse directamente al costo local de movilizar personas y mercancías.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un predio de la comunidad Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde localizaron combustible almacenado, recipientes utilizados para su manejo y siete vehículos, varios de ellos presuntamente con reporte de robo.

El operativo fue desplegado durante la tarde del miércoles por corporaciones de los tres órdenes de gobierno como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del inmueble fueron encontrados vehículos que transportaban contenedores con capacidad aproximada de mil litros, además de diversos bidones utilizados para almacenar combustible.

Tras concluir la diligencia, las unidades y el material asegurado fueron trasladados a un corralón ubicado en la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Tula de Allende. El movimiento se realizó bajo resguardo de elementos de la Policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Dos grúas participaron en el traslado de parte de los contenedores decomisados, mientras que las autoridades mantienen bajo investigación el origen del hidrocarburo localizado y la posible relación de los vehículos asegurados con actividades ilícitas.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las corporaciones que participaron en el operativo no han informado la cantidad exacta de combustible asegurado, si el hidrocarburo tenía un origen ilegal confirmado o si hubo personas detenidas durante el cateo.

Tula-Atitalaquia, una zona marcada por el combate al huachicol en Hidalgo

El cateo realizado en Atitalaquia ocurrió en una de las regiones de Hidalgo donde las autoridades han concentrado operativos contra el robo de combustible debido a su cercanía con infraestructura energética de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ductos que atraviesan el Valle del Mezquital.

Municipios como Atitalaquia, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepetitlán han sido identificados como puntos donde se han registrado aseguramientos de hidrocarburo, vehículos utilizados para su traslado y predios presuntamente empleados para el almacenamiento clandestino.

En los últimos años, fuerzas federales y estatales han desplegado cateos en inmuebles de la zona para localizar centros de almacenamiento y distribución de combustible extraído ilegalmente. Estos operativos han incluido el aseguramiento de pipas, camionetas con contenedores, bidones y miles de litros de hidrocarburo.

La región cobró relevancia nacional en materia de huachicol tras el hallazgo de tomas clandestinas y redes dedicadas al robo de combustible, particularmente en el corredor industrial de Tula, donde se encuentra una de las principales instalaciones de refinación de Pemex.

Además de los aseguramientos de combustible, las autoridades han investigado la operación de grupos dedicados al almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburo, una actividad que ha generado disputas criminales y otros delitos asociados en municipios del centro de Hidalgo.

El nuevo operativo en Tlamaco se suma a las acciones implementadas para desarticular puntos utilizados para el manejo ilegal de combustibles, aunque hasta ahora las autoridades no han informado si el predio cateado estaba vinculado con alguna organización delictiva específica.

Los grupos criminales que disputan el huachicol en la región Tula-Atitalaquia

Entre los grupos identificados en investigaciones y reportes de seguridad se encuentran Los H, una organización local señalada por autoridades como parte de las disputas criminales en la región de Tula, así como Los Solas, una célula vinculada a actividades como el robo de combustible y narcomenudeo. Además, reportes periodísticos han documentado la presencia de grupos locales como Los Cotorros y otras bandas regionales que han participado en conflictos por el control territorial.

Aunque autoridades hidalguenses han señalado que en la entidad predominan grupos locales por encima de grandes estructuras nacionales, distintos análisis han documentado la presencia de células relacionadas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente mediante alianzas o grupos locales dedicados al robo de hidrocarburo.

A partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto de 2026, entraron en vigencia significativos ajustes a la baja en el precio de los combustibles en Costa Rica, luego de recibir el aval de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y tras su correspondiente publicación en el diario oficial La Gaceta.

Esta modificación tarifaria beneficia el bolsillo de las familias y los sectores productivos, marcando una importante reducción en el diésel, la gasolina súper y el gas licuado de petróleo (GLP).

Los consumidores que acudan a las estaciones de servicio distribuidoras de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) encontrarán los siguientes precios oficiales:

El diésel encabeza la mayor disminución del periodo con un recorte de ₡79 por litro ($0.18 USD), lo que alivia sensiblemente los costos operativos de las unidades de transporte público y de carga. Por su parte, la gasolina súper disminuyó ₡55 por litro ($0.12 USD) y el cilindro comercial de gas de 25 libras cayó ₡451 ($1.00 USD).

Fenómeno inusual: La súper resulta más barata que la regular

Una de las particularidades más destacadas de este ajuste tarifario es que la gasolina súper quedó ₡54 ($0.12 USD) más barata por litro que la gasolina regular (Plus 91).

Ante este panorama, RECOPE detalló que durante la ventana de cálculo evaluada para esta fijación tarifaria no se requirió la importación de nuevos embarques de gasolina regular, debido a que las reservas en los planteles nacionales eran suficientes para abastecer el mercado costarricense. Al no haber facturas de compra recientes para registrar, el precio de la Plus 91 se mantuvo congelado en ₡755 ($1.68 USD).

Ante esta diferencia de precios, la presidenta de RECOPE, Karla Montero, aclaró que ambos hidrocarburos cumplen rigurosamente con los mismos estándares de calidad internacional. No obstante, instó a los conductores a revisar detenidamente el manual del usuario de sus vehículos para verificar el octanaje exacto que aconseja el fabricante antes de realizar un cambio de combustible.

Factores clave detrás del alivio económico

Tanto la ARESEP como RECOPE señalaron que el ajuste responde a una coyuntura internacional e interna favorable durante las semanas epidemiológicas y comerciales previas:

1. Caída de las cotizaciones internacionales del crudo: Existió un aumento sustancial en el suministro global de petróleo. Adicionalmente, el alivio puntual en ciertas tensiones geopolíticas, como la reapertura progresiva del Estrecho de Ormuz, ayudó a disipar la especulación en el mercado energético global.
2. Estabilidad estacional de la demanda: Las dinámicas entre la oferta y la demanda internacional observadas entre junio y julio redujeron las facturas de importación.
3. Apreciación del colón frente al dólar: Dado que las compras de embarques petroleros se efectúan en moneda extranjera, la fortaleza sostenida de la moneda nacional reduce directamente la factura al traducirse a colones.

El próximo estudio tarifario ordinario por parte de RECOPE se presentará formalmente el 14 de agosto de 2026. A pesar de que durante los primeros días de agosto las cotizaciones de referencia como el crudo Brent cotizaron por debajo de los $80 USD por barril, tanto la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica como RECOPE hicieron un llamado a la cautela.

La volatilidad geopolítica internacional sigue siendo alta, por lo que la sostenibilidad de estos precios bajos en los meses venideros dependerá de cómo se comporten las variables globales de suministro durante las siguientes semanas.

Con el sonar de las bocinas y rodeados por conductores de taxis que realizaron una manifestación, los diputados jefes de bloques sostuvieron una reunión en el Congreso de Guatemala para buscar acuerdos relacionados con una posible solución al alza de los combustibles, derivado de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente.

La reunión contó con la presencia de Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; Erick Echeverría, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, y Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quienes expusieron la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles.

La propuesta el Ejecutivo consiste en subsidiar el galón de combustibles con un aporte de Q12 (USD 1.53) al diésel, y de Q3 (USD 0.38) al galón de gasolina Regular, quedando excluida la gasolina Súper.

Quieren eliminar impuestos

No obstante, tanto la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) que realizaron su caravana desde las 8 de la mañana de este lunes 3 de agosto, hasta diputados de oposición como Allan Rodríguez, rechazan el subsidio y a cambio exigen la eliminación de los impuestos.

La percepción de los taxistas es que el Ejecutivo no ha realizado ninguna acción real para evitar el incremento a los combustibles, pese al subsidio que ya se otorgó y que estuvo vigente entre mayo y julio de 2026.

A decir de los opositores, el aporte económico sólo beneficia a los importadores y distribuidores de la gasolina y el diésel, pero no llega directamente a los consumidores

Exigen exoneración de impuestos

La propuesta de los diputados contrarios al Gobierno y de los pilotos de taxis es eliminar los impuestos a la Distribución de Petróleo (IDP) y al Valor Agregado (IVA), así como los aranceles de importación.

Según ellos, esta medida contribuirá directamente a los consumidores, pues se tendrá certeza y transparencia del descuento que se realizará por galón de combustible.

Sin embargo, el resultado real, por lo menos, en el caso del diésel, sería inferior a la propuesta de otorgar un subsidio. De aplicarse la exigencia de los taxistas y de algunos diputados, el impacto sería el siguiente:

• Gasolina Súper: Reducción de Q4.70 (IDP) + Q0.56 (IVA asociado) = Q5.26 por galón (USD 0.67)
• Gasolina Regular: Reducción de Q4.60 (IDP) + Q0.55 (IVA asociado) = Q5.15 por galón (USD 0.66)
• Diésel: Reducción de Q1.30 (IDP) + Q0.16 (IVA asociado) = Q1.46 por galón (USD 0.19)

Desde el Ejecutivo, ministros y funcionarios han evidenciado esta situación, pero los opositores insisten en exigir la eliminación de los tributos.

No está en agenda

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, la Junta Directiva decidió no incluir ninguna iniciativa relacionada a los combustibles en la agenda de temas que se conocerán durante la sesión plenaria de mañana martes 4 de agosto.

“Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder", afirmó el presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras en declaraciones a la prensa.

En su lugar, los diputados le apuestan a terminar de conocer en tercer debate y redacción final la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario, así como otros temas como la elección de dos Magistrados Titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

No obstante, Contreras no descartó que se presente alguna moción privilegiada que modifique el orden del día y, si hay consensos, se conozca lo relacionado al incremento de combustibles.

Una mujer fue detenida en Nezahualcóyotl después de que presuntamente roció gasolina a su pareja y le prendió fuego dentro de una vivienda en la colonia San Agustín, una agresión que dejó al hombre con quemaduras en 70% de su cuerpo y lo mantuvo hospitalizado en estado delicado.

La presunta agresora fue identificada como Yesenia “N.”, de 34 años, y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

El caso fue atendido luego de una alerta del Centro de Mando sobre una persona lesionada por quemaduras dentro de un domicilio del municipio mexiquense. La movilización involucró a policías municipales y a servicios de emergencia, que ingresaron al inmueble y encontraron al hombre con lesiones visibles.

El ataque ocurrió durante una discusión dentro de una vivienda

De acuerdo con las primeras indagatorias y con los testimonios recabados por las autoridades, la agresión ocurrió durante una discusión de pareja al interior de la casa ubicada en la colonia San Agustín. La versión preliminar indicó que la mujer habría vertido combustible sobre el hombre y después le habría prendido fuego.

Ese señalamiento formó parte de la investigación abierta por el Ministerio Público. Las autoridades precisaron que las declaraciones y elementos reunidos serían evaluados formalmente conforme avanzaran las diligencias para deslindar responsabilidades.

Al momento de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal adscritos al Sector 14 “Izcalli” realizaban recorridos preventivos de vigilancia por la zona. Tras la alerta, acudieron de inmediato al domicilio señalado para atender la emergencia.

Cuando llegaron, localizaron a la víctima con quemaduras de gravedad. Los uniformados solicitaron apoyo médico y brindaron los primeros auxilios mientras se concretaba la atención especializada.

Paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima a un hospital de especialidades

Paramédicos dieron atención prehospitalaria al hombre y, por la gravedad de las lesiones, determinaron su traslado urgente a un hospital de especialidades. Los médicos informaron que presentaba quemaduras en alrededor del 70% de la superficie corporal.

El estado de salud de la víctima fue reportado como delicado y permaneció bajo atención médica especializada. Hasta ese momento, el reporte oficial no precisó su edad ni ofreció más datos sobre su evolución clínica.

La respuesta de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana permitió asegurar el inmueble y preservar el lugar de los hechos para las investigaciones correspondientes. Esa actuación también derivó en la detención de la probable responsable dentro del mismo operativo.

El Ministerio Público definirá la situación jurídica de la detenida

Después de su aseguramiento, Yesenia “N.” fue informada de sus derechos constitucionales. Más tarde fue presentada ante el Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.

Esa autoridad sería la encargada de integrar la carpeta de investigación con los testimonios, el reporte policial y los datos preliminares obtenidos en el lugar. A partir de ese expediente se determinaría la situación jurídica de la mujer.

El reporte de las autoridades señaló que los policías municipales atendieron la emergencia, pidieron apoyo médico, aseguraron a la presunta agresora y resguardaron la escena. También sostuvo que la intervención se realizó con respeto al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas.

La agresión ocurrió dentro de una vivienda de la colonia San Agustín, en el municipio de Nezahualcóyotl, y dejó a un hombre gravemente herido por fuego. La investigación quedó centrada en establecer cómo se desarrolló la discusión y en confirmar la responsabilidad penal de la mujer detenida.

• Un hombre sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo tras un ataque presuntamente cometido por su pareja en la colonia San Agustín.
• La presunta agresora, Yesenia “N.”, de 34 años, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Sexual, Familiar y de Género.
• La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de especialidades y su estado de salud fue reportado como delicado.

El Congreso de Guatemala dejó en segundo plano el subsidio a los combustibles impulsado por el presidente Bernardo Arévalo, pero sí avanzó y se aprobó el Decreto que asegura el pago de Q36 mil a los veteranos militares.

La reforma sobre los veteranos quedó aprobada este miércoles y garantiza la entrega de Q1 mil durante 36 meses para cada beneficiario del Programa de Desarrollo Integral.

La normativa, identificada como Decreto 17-2026, flexibiliza las condiciones para completar los desembolsos y reincorpora a personas que habían quedado fuera del esquema.

El pago a veteranos militares avanzó antes que el subsidio al combustible

La iniciativa ni siquiera estaba en agenda para este miércoles 29 de julio. No obstante, se logró incluir a través de una moción privilegiada que alteró la orden del día y priorizó la Ley Temporal de Desarrollo Integral, vinculada al pago para veteranos militares por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno. Incluso, se colocó antes de conocer el subsidio a los combustibles, pese a que todos los diputados urgieron una medida ante alza del diesel y las gasolinas.

Según la publicación, el Congreso aprobó en tercera lectura y redacción final la iniciativa 6723. El cambio faculta al Ministerio de Desarrollo Social a concluir el pago de los Q36 mil a los beneficiarios que todavía no habían recibido la totalidad del aporte, aunque el programa había sido regulado inicialmente para tres años.

La reforma al Decreto 51-2022 también modifica las reglas para evitar que los beneficiarios pierdan el apoyo por incumplimientos parciales y ordena al Estado completar los desembolsos pendientes. Además, amplía las opciones para permanecer dentro del programa y crea mecanismos extraordinarios para quienes no cumplieron todos los requisitos durante la ejecución del beneficio.

Presión

Las reformas fueron aprobadas un día después de que los veteranos militares realizaran un plantón afuera del Palacio Legislativo. Esta estrategia les ha sido útil, en años anteriores los exmiembros del Ejército han realizado manifestaciones violentas que terminan con la aprobación de beneficios.

Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre 2021, cuando los veteranos militares no sólo ingresaron por la fuerza al Congreso, sino que quemaron vehículos e incendiaron varias oficinas con documentación oficial y expedientes.

Aunque el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Consuelo Porras, anunció una investigación, no hubo ninguna captura, por el contrario, los diputados conformaron una mesa técnica que concluyó con la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral que les aprueba la subvención económica a los veteranos.

La urgencia por incluir las reformas al apoyo económico de los exmilitares también llama la atención, porque se realiza en un año prelectoral, en ese contexto, las iniciativas que amplían o garantizan beneficios económicos para sectores determinados suelen reunir apoyo a los políticos, especialmente con los veteranos, quienes en procesos electorales pasados han manifestado su apoyo a candidatos específicos.

En tanto, el decreto que asegura los pagos del Programa de Desarrollo Integral para veteranos militares entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento, las instituciones responsables deberán adecuar sus procedimientos para aplicar las nuevas reglas.

El exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Rodrigo Paz, Mauricio Medinaceli, fue aprehendido la tarde del martes en La Paz en el marco de una investigación por la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

De acuerdo con la orden de aprehensión, “existen suficientes indicios de su participación” en los casos que se investigan y que provocaron su destitución hace cuatro meses en medio de protestas de choferes y de una ola de cambios en el área energético.

Medinaceli prestó su declaración en el Ministerio Público y luego fue trasladado enmanillado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde pasó la noche y espera la audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

El exministro es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, a raíz de dos denuncias presentadas por la alianza opositora Libre y el vicepresidente Edmand Lara.

La orden de aprehensión fue emitida un día después de que se diera a conocer un informe de la comisión legislativa que investigó la importación y distribución de “gasolina desestabilizada”. El documento establece que señala que durante la gestión de Medinaceli, se emitió una resolución ministerial que ordenó el desprecintado de cinco tanques de almacenamiento que estaban retenidos por indicios de contener combustible dañado.

El informe concluye que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad. Entre los responsables que menciona el informe, además de Medinaceli, figuran el expresidente Luis Arce; el exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; y los expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten y Yussef Alky.

Medinaceli fue posesionado ministro de Hidrocarburos el 9 de noviembre en el primer gabinete de Rodrigo Paz. Un día después, acompañó al presidente y otros ministros en una caravana que siguió el ingreso de cisternas con combustible, en un acto que buscaba simbolizar el fin del desabastecimiento de diésel y gasolina que había sufrido Bolivia en los últimos años.

“Nos hemos comprometido que a partir del 8 de noviembre íbamos a traer combustibles y estamos cumpliendo. Se hicieron gestiones con organismos internacionales, gobiernos amigos y empresas para que a Bolivia no le falte combustible y así pueda reactivar su economía”, afirmó entonces el jefe de Estado.

Un mes más tarde se levantó el subsidio de combustibles que había estado vigente por casi dos décadas y la nivelación del precio del diésel y la gasolina supuso un incremento del precio de 162% y el 87%, respectivamente.

Semanas después surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a la mala calidad de la gasolina que el Gobierno admitió y atribuyó a una serie de razones -entre ellas redes delictivas de sustitución de combustible y residuos tóxicos en tanques de almacenamiento- que luego fueron desvirtuadas por el informe de la comisión legislativa.

En medio de las protestas, Medinaceli fue reemplazado en abril por el actual ministro Marcelo Blanco y también se produjeron cambios en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sin que hasta ahora se haya resuelto de forma definitiva el abastecimiento continuo de combustible ni se tengan certezas sobre la calidad del combustible distribuido.

Medinaceli es economista especializado en hidrocarburos y fue ministro de Hidrocarburos también durante el Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez, entre 2005 y 2006. Es licenciado por la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado de la Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de su carrera trabajó como consultor internacional en políticas energéticas, fiscales y de gobernanza económica en más de 20 países. También prestó servicios para organismos como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la CEPAL, la OLADE, CAF y USAID, entre otras instituciones internacionales.

Su aprehensión generó una serie de reacciones entre analistas y académicos. “Medinaceli es un chivo expiatorio para salvar a una mafia bien arraigada en YPFB (...) Con esto, queda claro que menos gente capaz y honesta aceptará cargos”, escribió la historiadora Sayuri Loza.

En esa línea, el periodista Raúl Peñaranda opinó que “es una barbaridad que a un profesional decente como a Mauricio Medinaceli se lo aprehenda tras haber ido a declarar voluntariamente sobre la gasolina contaminada. Vivimos la dictadura de las fiscales y el cinismo del poder”.

La comisión legislativa que investigó la importación y distribución de gasolina de mala calidad en Bolivia presentó este lunes su informe final en el que concluye que una serie de fallas en los controles estatales, durante las gestiones de Luis Arce (2020-2015) y la actual de Rodrigo Paz, permitieron la comercialización del combustible contaminado.

La comisión especial, que revisó durante cuatro meses casi 2.000 documentos para reconstruir la cadena de distribución, señala que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad.

El informe señala que parte de los controles se redujo a verificaciones documentales y visuales sin realizar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, como el contenido de manganeso y goma que contaminaron la gasolina distribuida a inicios de este año. Por otro lado, apunta que el personal encargado de esas tareas carecía de la especialidad técnica requerida.

La comisión identificó dos decretos supremos, emitidos durante el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), con los cuales se permitió la importación de gasolina sin cumplir los estándares mínimos de calidad.

La investigación también revela que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a dudas sobre la calidad del combustible importado. Sin embargo, la gestión actual emitió una resolución ministerial para levantar esa medida, permitiendo la distribución del producto sin que concluyeran los controles técnicos correspondientes.

Además de las observaciones sobre la calidad de la gasolina, la comisión identificó posibles irregularidades en los contratos de importación de combustibles. El informe menciona fluctuaciones significativas en los costos que incluyen el valor del producto, transporte y otros cargos asociados, lo que constituiría un indicio de presunto daño económico al Estado.

Finalmente, el documento establece responsabilidades en el expresidente Arce, los exministros de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli; además de los expresidentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorghaten y Yussef Alky, entre otros funcionarios públicos, por haber introducido lotes de combustible base sin las especificaciones de calidad.

Según los 11 legisladores que conformaron la comisión de investigación, los delitos por los cuales pueden ser juzgados incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica y daño calificado.

El siguiente paso será la consideración del informe por el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, los antecedentes se remitirán a otras instancias para determinar responsabilidades derivadas de las observaciones formuladas por la comisión.

La investigación surgió a raíz de las denuncias de distribución de combustible contaminado que dañó miles de vehículos en el primer trimestre del año. Las conclusiones de la comisión contrastan con las explicaciones ofrecidas entonces por la administración de Rodrigo Paz, que admitió haber comercializado “gasolina desestabilizada” y atribuyó el problema a residuos dañinos en los tanques de almacenamiento y luego a una presunta red delictiva que sustituía parte del combustible durante el proceso de distribución.

En cambio, el informe identifica fallas en los controles estatales y en los procedimientos de importación y distribución como las causas que permitieron la comercialización de la gasolina contaminada.

La publicación del informe coincide con un escenario en el que el abastecimiento de combustibles sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, mientras persisten la incertidumbre sobre los controles y la calidad de los mismos.

En el actual rumbo de la movilidad urbana, marcado por el incremento en los costos del combustible y el abundante tráfico vehicular, la búsqueda de opciones eficientes son una prioridad para los conductores. En este contexto, la tecnología de propulsión híbrida surge como una alternativa atractiva del mercado.

A diferencia de los vehículos tradicionales impulsados exclusivamente por motores de combustión interna, los autos híbridos ofrecen una respuesta técnica precisa a los patrones de conducción de las grandes ciudades, donde las paradas continuas y la baja velocidad suelen disparar el consumo de gasolina.

El atractivo principal de esta solución técnica radica en sus cifras de eficiencia operacional. Análisis de marcas como Hyundai demuestran que ciertos desarrollos tecnológicos logran reducir el consumo de combustible entre un 30% y un 45% en trayectos urbanos en comparación con autos convencionales de similar cilindraje.

Cómo opera la fusión entre el motor eléctrico y el de combustión

El pilar central de un vehículo híbrido es la combinación inteligente de un motor térmico de gasolina y uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería de alto voltaje.

En el ciclo urbano, esta arquitectura funciona mediante un módulo de control electrónico que decide de forma autónoma qué fuente de potencia utilizar según las demandas del terreno.

En modelos como el Hyundai Tucson Hybrid, durante el arranque y los desplazamientos a velocidades reducidas, situaciones habituales en el tráfico congestionado, el motor eléctrico asume de forma prioritaria la tracción del auto, eliminando el gasto ineficiente de combustible fósil en esos momentos críticos.

A medida que la velocidad se incrementa o se requiere una aceleración más exigente, el sistema activa de manera transparente el motor de combustión. En este punto, ambos propulsores pueden trabajar de forma conjunta o alternada para garantizar un rendimiento óptimo.

De qué forma el frenado regenerativo recarga las baterías sin cables

Una de las innovaciones tecnológicas más claves en los sistemas híbridos autorrecargables es el principio del frenado regenerativo.

En un auto tradicional, cada vez que el conductor presiona el pedal de freno o deja de acelerar, la energía cinética acumulada por el movimiento se transfiere al sistema de frenos y se disipa de manera irrecuperable en forma de calor por fricción entre las pastillas y los discos.

En el vehículo híbrido, este proceso se transforma. Al desacelerar, el motor eléctrico invierte su funcionamiento y actúa como un generador de corriente. Esta resistencia magnética frena progresivamente el auto mientras convierte la energía del movimiento en electricidad que se almacena automáticamente en la batería.

De este modo, la batería recarga su capacidad de manera constante durante el tráfico citadino sin requerir conexiones a la red eléctrica externa, garantizando energía disponible para el siguiente ciclo de aceleración.

¿Afecta igual el tráfico a los híbridos que a los convencionales?

Existe la idea errónea de que las congestiones vehiculares perjudican por igual el rendimiento de cualquier tipo de auto. Sin embargo, el comportamiento físico de los sistemas híbridos invierte esta lógica por el papel que desempeña el motor eléctrico en arranques y detenciones prolongadas.

En un trancón urbano, un vehículo térmico mantiene su motor encendido al ralentí, consumiendo combustible de manera continua a pesar de estar detenido y registrando un rendimiento muy bajo por kilómetro.

Por el contrario, la tecnología híbrida apaga completamente el motor térmico cuando el vehículo está detenido o avanza a paso de peatón, manteniendo activados los sistemas electrónicos y de climatización mediante la batería.

Cómo impacta la tecnología híbrida en el mantenimiento mecánico

El rendimiento energético de la arquitectura híbrida genera consecuencias directas sobre la durabilidad de sus componentes mecánicos. Al delegar una parte de la retención del vehículo al frenado regenerativo magnético, el sistema de frenos tradicional sufre un desgaste menor.

Las pastillas y los discos de freno operan con menor presión térmica, lo que permite prolongar la vida útil de estas piezas mecánicas entre un 70% y un 90% en comparación con vehículos convencionales, según datos de Patsnap.

Asimismo, al no permanecer encendido durante detenciones y operar de manera intermitente en trayectos urbanos, el motor de combustión acumula un número menor de horas de trabajo efectivo y ciclos de estrés térmico por kilómetro recorrido.

“Entender el híbrido como una inversión a largo plazo y no como un gasto inmediato es clave para promover una transición hacia una movilidad más sostenible en el país”, señaló Adriana Casadiego, directora Hyundai en Astara Colombia.

Llenar el tanque volverá a costar más desde este viernes en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles que elevará el costo del diésel bajo en azufre en 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón, mientras que la gasolina de 95 octanos aumentará 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón, y la de 91 octanos subirá 7.4 centavos por litro, unos 28 centavos por galón.

El ajuste, que entrará en vigor a las 6:00 a.m. de este viernes 24 de julio y se mantendrá hasta el 7 de agosto, constituye el segundo mayor incremento registrado este año para el diésel y el tercer aumento más pronunciado para las gasolinas, de acuerdo con un análisis de las resoluciones emitidas por la Secretaría Nacional de Energía desde enero de 2026.

Con los nuevos precios, el litro de gasolina de 95 octanos costará $1.26 en Panamá y Colón; la gasolina de 91 octanos llegará a $1.18, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará $1.27, convirtiéndose nuevamente en el combustible que experimenta el mayor ajuste de esta revisión.

El único incremento que supera al anunciado para este viernes fue el aplicado el 20 de marzo, cuando el fuerte repunte del mercado internacional elevó la gasolina de 95 en 19.6 centavos por litro, la de 91 en 18 centavos por litro y el diésel en 30.7 centavos por litro, equivalente a más de $1.16 por galón en este último combustible.

Tras ese episodio, los combustibles iniciaron una etapa de descensos graduales que se prolongó durante mayo, junio y principios de julio. De hecho, el ajuste vigente desde el 10 de julio había reducido los precios máximos en Panamá a $1.17 por litro para la gasolina de 95, $1.11 para la de 91 y $1.09 para el diésel. Sin embargo, esa tendencia se revirtió apenas dos semanas después con el nuevo incremento anunciado por las autoridades.

Detrás del aumento vuelve a estar el comportamiento del mercado petrolero internacional. La propia Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y de sus derivados, afectando los costos de importación que sirven de referencia para calcular los precios máximos en Panamá.

El repunte coincide con el deterioro del escenario en la región tras un breve período de relativa calma. La reanudación de los ataques entre Irán e Israel, sumada a la incertidumbre sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo— volvió a elevar las cotizaciones internacionales del crudo y generó una nueva ola de volatilidad en los mercados energéticos.

La importancia del estrecho de Ormuz radica en que conecta a los principales productores del golfo Pérsico con los mercados internacionales. Cualquier amenaza de bloqueo, ataque a embarcaciones o interrupción del tránsito marítimo aumenta el riesgo de una reducción en la oferta mundial.

Aunque el suministro no se detenga por completo, la sola posibilidad de que ocurra eleva las primas de riesgo, los costos de transporte y los seguros marítimos, presionando los precios del crudo y de los productos refinados.

El impacto no solo se sentirá en los vehículos particulares. El diésel es el principal combustible utilizado por el transporte de carga, la distribución de mercancías y parte del transporte colectivo, por lo que un incremento de casi 70 centavos por galón también eleva los costos operativos de numerosos sectores productivos y logísticos.

Para un conductor que acostumbra llenar un tanque de 15 galones, el ajuste representará pagar alrededor de $4.77 adicionales si utiliza gasolina de 95 octanos, $4.20 más si consume gasolina de 91 y $10.40 adicionales si utiliza diésel.

Aunque la evolución de los precios dependerá del comportamiento del mercado internacional durante las próximas semanas, el nuevo ajuste confirma que la volatilidad geopolítica continúa teniendo un efecto directo sobre el bolsillo de los consumidores panameños.

Tras varios ajustes a la baja, el combustible vuelve a encarecerse con fuerza y revive la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos incrementos si persisten las tensiones en una de las principales rutas petroleras del mundo.

Las autoridades de Guatemala analizan la posibilidad de implementar un nuevo subsidio a los combustibles, luego de que el incremento en los precios internacionales, impulsado por las tensiones en Medio Oriente, generó reacciones inmediatas en el país.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que la volatilidad en los mercados internacionales, asociada a los riesgos en el estrecho de Ormuz, provocó nuevas alzas en las estaciones de servicio guatemaltecas.

Por su parte, el titular de esa cartera, Erwin Barrios declaró que, por instrucciones del Ejecutivo, se convocó a los ministerios involucrados para estudiar medidas de apoyo económico dirigidas a la población.

“Por coordinación presidencial, los ministros involucrados nos reuniremos para establecer la posibilidad de un nuevo apoyo económico para beneficio de la población, que de ser procedente, se presentará ante el Congreso de la República”, manifestó a través de un mensaje publicado en las redes sociales del MEM.

Contexto internacional: conflicto en el estrecho de Ormuz y su impacto

El escenario internacional se encuentra marcado por la inestabilidad en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz sigue bajo amenazas que elevan el costo del petróleo en los mercados globales.

De acuerdo con el MEM, a nivel internacional, entre el 10 y 20 de julio el galón de gasolina superior se incrementó 39 centavos de dólar, pasando de 3.10 dólares a 3.49 dólares. Mientras que el galón de regular subió de 3 dólares a 3.35 dólares, subiendo 35 centavos de dólar. El diésel pasó de 3.57 a 4.20 dólares, reflejando un incremento de 53 centavos de dólar.

Además, recordaron que a los precios internacionales hay que sumar los fletes y seguros marítimos, costos de importación, costos de logística, impuestos y márgenes.

De igual forma señalaron que según el monitoreo realizado, entre el 13 y 20 de julio, las gasolinas reflejaron incrementos de 50 centavos por galón en la superior, 49 centavos por galón en la regular y 1.96 quetzales en el diésel.

Conflictos internos tras los aumentos: paros y bloqueos el martes 21 de julio

El martes 21 de julio, el país vivió una jornada de protestas y paros liderados por taxistas y transportistas en distintos puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala y carreteras principales. Los conductores manifestaron que el incremento en los combustibles, sumado a la ausencia de medidas compensatorias, afecta la viabilidad de sus actividades. En varios accesos a la capital se reportaron bloqueos intermitentes y largas filas de vehículos, lo que derivó en congestión y reclamos de usuarios del transporte público.

“El precio del diésel complica nuestro trabajo diario”, expresó uno de los representantes del gremio de transportistas. Las protestas se mantuvieron desde la madrugada hasta primeras horas de la tarde, sin incidentes mayores, pero con la advertencia de posibles nuevas acciones en caso de no obtener respuestas del Gobierno.

Al tiempo que anunciaron incrementos en el precio del pasaje del transporte público, así como en los fletes, por lo que consideran un incremento de la canasta básica.

En tanto, la vicepresidencia de la República informó que el Gabinete Económico (Gabeco) evaluará qué medidas podrían tomar, pero hasta agosto, cuando se realice la reunión ordinaria de la instancia.

El optimismo de los panameños sobre la economía volvió a deteriorarse. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño cayó de 92 a 75 puntos entre enero y junio de 2026, un retroceso de diecisiete puntos que mantiene al país en la denominada “zona de desconfianza” y refleja una mayor cautela de las familias frente al empleo, el ahorro y la evolución de la economía nacional.

El estudio, elaborado por The Marketing Group en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, utiliza una metodología internacional basada en el índice desarrollado por la Universidad de Michigan.

La medición funciona como un termómetro de las expectativas económicas de los consumidores en una escala de 0 a 200 puntos, donde cien representa el punto de equilibrio: por encima de ese nivel predomina la confianza y por debajo, la desconfianza.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 20 de junio mediante 700 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un margen de error de ±3.7% y un nivel de confianza del 95%.

Aunque el índice ha permanecido por debajo de los 100 puntos durante los últimos años, el resultado de junio representa la lectura más baja desde enero y borra el repunte registrado a comienzos de 2026.

La confianza del consumidor se había ubicado en 92 puntos en enero, pero seis meses después perdió casi una quinta parte de su valor, retornando a niveles similares a los observados durante períodos de mayor incertidumbre económica.

¿Qué explica este deterioro? Para María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, el principal factor fue el incremento en el precio de los combustibles, al que se sumó la incertidumbre generada por factores tanto internos como externos que afectan la economía.

Esa combinación, señaló, llevó a los consumidores a adoptar una postura más cautelosa sobre su situación financiera y sus perspectivas de ahorro.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Cámara, Aurelio Barría, coincidió en que el estudio refleja una fotografía del momento económico que viven las familias panameñas.

Explicó que el aumento de los combustibles ha elevado el costo de numerosos bienes y servicios, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. Aunque reconoció que el Gobierno ha anunciado proyectos de inversión y medidas para dinamizar la economía, sostuvo que esos efectos aún no se perciben en la vida cotidiana y tomarán tiempo en traducirse en más empleo y mayor actividad económica.

El componente que registró el mayor deterioro fue la percepción sobre la situación económica del país durante los próximos doce meses, que descendió de 84 a 63 puntos, una caída de 21 puntos.

Le siguió la probabilidad de ahorrar dinero, que pasó de 87 a 70 puntos; la percepción sobre la situación económica del hogar, que retrocedió de noventa y seis a 79 puntos, y las expectativas sobre el desempleo, que bajaron de 101 a 80y siete puntos.

Los 4 indicadores permanecen por debajo del umbral de confianza, reflejando un deterioro generalizado de las expectativas económicas.

La encuesta también revela que las perspectivas laborales siguen siendo frágiles. Solo el 22% de los consultados considera muy probable conseguir empleo durante los próximos 6 meses y otro 21% lo ve bastante probable.

En contraste, el 16% cree que será poco probable encontrar trabajo, el 26% estima que no lo logrará y un quince por ciento reconoce no tener una opinión definida, un dato que los investigadores interpretan como un aumento de la incertidumbre frente al mercado laboral.

Barría sostuvo que la recuperación de la confianza dependerá, en buena medida, de que los anuncios de inversión pública y privada comiencen a generar empleos permanentes y mayor dinamismo económico.

Mencionó proyectos de infraestructura, inversiones previstas por el Canal de Panamá y la necesidad de atraer más inversión extranjera directa como elementos que podrían revertir el actual pesimismo. También consideró que decisiones pendientes, como el futuro del proyecto minero, tendrán un impacto importante sobre la generación de empleo y la actividad económica.

Los resultados adquieren relevancia porque el índice suele anticipar el comportamiento del consumo privado, uno de los principales motores de la economía. Cuando los hogares perciben mayores riesgos sobre sus ingresos futuros, tienden a reducir gastos, posponer compras importantes y aumentar la cautela financiera.

En ese sentido, el retroceso observado en junio no solo refleja el estado de ánimo de los consumidores, sino que también envía una señal sobre los desafíos que enfrenta la economía panameña durante la segunda mitad de 2026.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en USD 4 por galón, impulsado por una nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán, así como por el repunte en las cotizaciones internacionales del crudo.

El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea diariamente los valores en las estaciones de servicio de todo el país.

Según la organización, la cifra representa un incremento relevante respecto al mismo período del año pasado, cuando el promedio se encontraba en USD 3,14. Estos valores fueron confirmados por la agencia Associated Press, que atribuyó el alza a las recientes acciones militares en Medio Oriente y a su impacto en los mercados energéticos globales.

Escalada militar y reacción de los mercados

De acuerdo con AP News, los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán reavivaron la volatilidad en el sector energético, generando preocupación en las bolsas internacionales.

El precio del crudo Brent —referencia global— aumentó 3,2% y cerró la jornada en USD 90,95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 2,8% y alcanzó los USD 84,04.

Reuters corroboró estas cifras y detalló que el incremento responde, en gran parte, a la incertidumbre sobre la estabilidad en los suministros provenientes del Golfo Pérsico.

Funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos aseguraron a Bloomberg que la evolución de los precios está siendo monitoreada de forma continua, aunque destacaron que los márgenes de maniobra para controlar el impacto directo en los consumidores resultan limitados cuando se producen alteraciones en la oferta internacional.

Factores internos y desigualdad regional en los precios

La AAA remarcó que el valor informado corresponde a un promedio nacional, por lo que existen diferencias significativas entre los estados.

En lugares como California y Nueva York, los conductores pagan precios considerablemente más altos debido a la combinación de impuestos locales, costos logísticos y regulaciones medioambientales.

Por su parte, en zonas productoras como Texas o Luisiana, el precio suele ubicarse por debajo del promedio nacional. The Wall Street Journal puntualizó que estas variaciones reflejan tanto la proximidad a los centros de refinación como el impacto de políticas estatales.

La organización también recordó que la gasolina superó los USD 4 por galón a fines de marzo, pero luego descendió por debajo de ese umbral en junio, a partir de una moderación en el precio del petróleo crudo.

Esa tendencia bajista se vinculó, según AP News, a un acuerdo interino alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que había contribuido a reducir la percepción de riesgo geopolítico.

Consecuencias económicas y contexto político

El aumento en los combustibles se refleja en otros rubros de la economía. Analistas citados por CNN advirtieron que el alza de la gasolina y el petróleo tiende a trasladarse a los precios de alimentos, servicios logísticos y bienes de consumo general. Además, el tema adquiere relevancia política en el marco de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

AP News indicó que la asequibilidad de la energía podría convertirse en un factor determinante para los votantes, especialmente en un escenario marcado por presiones inflacionarias.

Durante el período anterior de bajas en el precio del crudo, Donald Trump expresó su descontento porque los valores en los surtidores no disminuían al mismo ritmo que el petróleo en los mercados mayoristas, según consignó AP News.

Actualmente, la administración federal evalúa posibles medidas para mitigar el impacto sobre los hogares con menores ingresos, aunque hasta el momento no se anunciaron decisiones concretas en ese sentido.

Según cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la demanda de combustibles se mantiene alta pese a la suba, lo que refuerza la presión sobre los precios. La EIA advirtió, además, que cualquier interrupción adicional en la producción o el transporte internacional podría agravar el escenario.

Perspectivas para los próximos meses

De acuerdo con Bloomberg, las perspectivas sobre el comportamiento de los precios dependerán de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como del desarrollo de la temporada de huracanes en el Golfo de México, una región crítica para el abastecimiento nacional.

Los analistas del sector energético coinciden en que los valores podrían mantenerse elevados en el corto plazo, especialmente si persisten las tensiones geopolíticas y la demanda interna no experimenta una caída significativa.

La situación en los mercados internacionales de energía continuará bajo observación por parte de las principales agencias regulatorias y organismos multilaterales, tal y como lo informaron Reuters y Bloomberg.

Las familias estadounidenses, en tanto, enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos ante la persistencia de niveles altos en el costo de los combustibles.

United Airlines enfrenta un año marcado por la presión de los precios del combustible, que amenaza con modificar el equilibrio financiero de la industria aérea estadounidense. La empresa anunció que prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costes de combustible para este año, cifra que la sitúa ante uno de los mayores desafíos operativos desde la recuperación de la demanda posterior a la pandemia. Este gasto adicional convierte al combustible en el segundo mayor coste solo por detrás de la mano de obra, según las estimaciones basadas en los precios del petróleo crudo registrados el martes.

Durante la presentación de su informe financiero correspondiente al segundo trimestre, la compañía detalló que ya había desembolsado 2.300 millones de dólares extra en combustible solo en ese período, lo que representa un incremento del 84 % respecto al mismo lapso del año anterior. Este aumento no solo impacta en la rentabilidad inmediata de la aerolínea, sino que obliga a revisar a fondo las estrategias para mitigar el efecto de la volatilidad en los precios del petróleo.

El alza en los costes de combustible ha obligado a United Airlines a adoptar medidas para proteger su margen de beneficios. Entre las principales estrategias implementadas destaca el aumento de las tarifas aéreas para los pasajeros, una medida que ha sido posible gracias a que la demanda de viajes aéreos por parte de los consumidores se mantiene sólida. La fortaleza del mercado, con un flujo constante de pasajeros dispuestos a pagar más por sus boletos, ha permitido a la aerolínea compensar parte del impacto negativo provocado por el encarecimiento del combustible.

La política de precios adoptada por United Airlines responde a la lógica de oferta y demanda: mientras exista un elevado interés por viajar y la oferta de vuelos permanezca equilibrada, las aerolíneas pueden traspasar parte de los costes adicionales a los clientes. En este contexto, el ajuste en las tarifas ha sido una herramienta fundamental para sostener los ingresos y evitar una caída abrupta en la rentabilidad del negocio. Así, el aumento de las tarifas se ha convertido en una respuesta directa y necesaria ante la escalada en los precios del combustible.

La situación que atraviesa United Airlines no es exclusiva dentro del sector. Delta Air Lines, otra de las grandes aerolíneas estadounidenses, reportó la semana pasada sus propios resultados del segundo trimestre y confirmó que enfrenta una coyuntura similar. La demanda de vuelos se mantiene robusta y la compañía no planea reducir los precios de los boletos a corto plazo. El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, declaró a CNBC que “las tarifas aéreas dependen de la oferta y la demanda. La demanda es muy alta y la oferta está equilibrada”. Además, señaló que los clientes de Delta suelen pertenecer a segmentos de mayores ingresos, lo que les permite absorber mejor los aumentos en los precios de los boletos.

En cuanto a los costes de combustible, Delta también experimentó un aumento considerable: la empresa gastó 4.400 millones de dólares en combustible durante el segundo trimestre, lo que supone un crecimiento del 77 % respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra, aunque inferior al gasto de United en términos absolutos, refleja una tendencia compartida en toda la industria: el encarecimiento del combustible para aviones está tensionando las finanzas de las principales aerolíneas del país.

La comparativa entre United y Delta evidencia que ambas compañías han visto incrementarse de forma significativa sus gastos en combustible, aunque el ritmo de crecimiento fue ligeramente mayor en United Airlines (84 % frente al 77 % de Delta). Estas diferencias se explican tanto por los volúmenes de operación como por las estrategias de compra y cobertura que emplea cada empresa. No obstante, el fenómeno responde a una dinámica generalizada que afecta a todo el sector y que obliga a buscar formas de trasladar los costes adicionales a los consumidores.

La escalada de los precios del combustible para aviones tiene un trasfondo internacional. Durante abril, el precio del galón de combustible alcanzó un máximo histórico de casi 5 dólares, impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según datos del Índice Argus de Combustible para Aviones de EE. UU. Esa coyuntura generó una volatilidad que se trasladó de inmediato a los balances de las aerolíneas. Al cierre del martes, el precio había descendido hasta los 3,64 dólares por galón, pero se mantenía muy por encima de los niveles previos al conflicto.

Ante este escenario de costes elevados, las aerolíneas estadounidenses han puesto en marcha medidas adicionales para tratar de contener el impacto en sus cuentas. Además de elevar las tarifas, las compañías han optado por recortar temporalmente las rutas consideradas ineficientes, añadir recargos por combustible a los precios de los billetes y, en algunos casos, incrementar las tarifas por el equipaje facturado. Estas decisiones buscan optimizar los recursos y maximizar los ingresos por pasajero, en un contexto financiero que exige adaptabilidad y control estricto de los gastos.

El sector aguarda ahora la presentación de resultados financieros de otras aerolíneas estadounidenses, prevista para finales de mes, con la expectativa de que los altos precios del combustible continúen marcando la agenda y las políticas de precios en los próximos meses.

La actividad portuaria en el suroccidente de Colombia experimenta un crecimiento sostenido con el Puerto de Tumaco como protagonista. En la antesala a la toma de posesión del nuevo gobierno nacional el próximo 7 de agosto, el terminal marítimo se perfila como un eje fundamental para garantizar el suministro de combustible y fortalecer la integración regional en el departamento de Nariño.

Según declaraciones de Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, el puerto ha transformado su dinámica operativa en los últimos años. El ejecutivo subrayó que el terminal pasó de movilizar 50 toneladas a más de 100.000 toneladas de combustible anuales, cifra que representa un salto significativo en la capacidad logística de la región.

“El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño”, afirmó Silva.

La administración portuaria resalta que esta transformación responde a un proceso de modernización de la infraestructura y a una gestión operativa orientada a la eficiencia. Silva destacó que la terminal cuenta con personal idóneo, capacidad instalada y una dinámica portuaria comparable a la de los principales puertos del país.

“Tenemos todas las capacidades para que este puerto sea importante como todos los del país”, puntualizó el gerente de Operaciones.

El papel del Puerto de Tumaco adquiere mayor relevancia en el contexto de la transición gubernamental. Silva realizó un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que el nuevo gobierno garantice la continuidad institucional y el respaldo técnico necesarios para consolidar la vocación estratégica del terminal.

El ejecutivo señaló la urgencia de fortalecer la inversión en tecnología y en la capacidad de cargue y descargue, elementos que considera esenciales para responder a la demanda creciente y para posicionar a Tumaco como un referente en el Pacífico colombiano.

En sus declaraciones, Silva vinculó el desarrollo portuario con la agenda de reconciliación y desarrollo regional anunciada por el presidente electo. El gerente de Operaciones sostuvo que potenciar el puerto constituye una oportunidad para integrar a regiones históricamente rezagadas, como el Pacífico nariñense, al proyecto nacional de crecimiento económico y cohesión social.

“Si seguimos los procesos, si seguimos avanzando, la dinámica portuaria y la comunidad en general nos vamos a ver beneficiados dentro de este proceso, además de posicionar a Tumaco como lo es: un Puerto Milagro”.

El desempeño del Puerto de Tumaco también resulta determinante para la seguridad energética de Nariño, dada la dependencia del suministro de combustibles en la región. La administración portuaria argumenta que el modelo de abastecimiento por vía marítima ha probado ser eficaz para evitar interrupciones y atender la demanda local, consolidando al terminal como un punto clave dentro del Plan de Abastecimiento regional.

De cara al cambio de administración nacional, las expectativas se centran en la capacidad del nuevo gobierno para mantener y profundizar las políticas de apoyo al desarrollo portuario. Silva reiteró que la terminal se encuentra preparada para asumir mayores retos y contribuir al crecimiento económico del suroccidente del país, siempre que cuente con respaldo institucional y recursos adecuados.

Conducir por rutas en pendiente suele poner a prueba la destreza al volante, sobre todo cuando se utiliza un vehículo con transmisión automática. Las subidas y bajadas pronunciadas, tan habituales en ciertas ciudades y rutas de montaña, generan dudas sobre la forma más segura de maniobrar sin comprometer la integridad del motor ni de la transmisión.

El desconocimiento sobre el uso correcto de la caja automática durante estas maniobras puede traducirse en riesgos de accidentes o en costosas reparaciones mecánicas.

Los fabricantes advierten que aplicar técnicas inadecuadas, como acelerar excesivamente en subida o descender en punto muerto, aumenta las posibilidades de daños y reduce la seguridad. En este contexto, se explican las claves para conducir un automático en pendientes

Cómo se debe preparar el vehículo automático antes de transitar en una pendiente

Al acercarse a una cuesta, es útil anticipar el cambio de comportamiento del vehículo. Ganar algo de velocidad antes del inicio de la pendiente permite aprovechar la inercia, facilitando el ascenso.

Además, mantener una distancia prudencial con los vehículos precedentes amplía el margen de maniobra en caso de imprevistos.

Ford sugiere que, en pendientes muy pronunciadas, conviene programar con anticipación el uso del modo manual si el vehículo dispone de esta función, lo que permite controlar mejor las revoluciones y la potencia sin forzar la transmisión.

Cuál es la mejor forma de subir una pendiente empinada con un automático

Según Ford, en subidas con mucha inclinación el vehículo puede perder velocidad o dar la sensación de falta de potencia. La tendencia natural de muchos conductores sería presionar el acelerador a fondo, pero esta práctica solo genera un desgaste prematuro del motor y un consumo excesivo de combustible.

La marca señala que, ante pendientes exigentes, lo más conveniente es activar el modo manual y seleccionar la primera marcha (identificada como “1” o con los signos -/+ en la palanca). Esta estrategia aumenta el número de revoluciones, proporcionando mayor fuerza y mejor respuesta del motor.

Conforme evoluciona la pendiente, se puede incrementar la marcha en función de la exigencia del terreno y la capacidad del vehículo. Mantener el vehículo en modo “Drive” en subidas muy pronunciadas puede ser insuficiente, mientras que el modo manual ofrece mayor control sobre la entrega de potencia y previene el sobrecalentamiento de la transmisión.

Qué pasos seguir para un descenso seguro y sin peligros para la transmisión

El descenso exige una atención especial sobre la velocidad y el control del vehículo. La palanca debe permanecer en “Drive” durante todo el trayecto cuesta abajo.

Esta configuración asegura que la transmisión mantenga el control sobre las ruedas motrices y evite que el auto gane velocidad descontroladamente por la acción de la gravedad.

Para regular la velocidad, se debe mantener el pie sobre el pedal del freno, aplicando presión de forma suave y constante. Alternar la presión del freno, en lugar de mantenerlo presionado de manera continua, ayuda a evitar el sobrecalentamiento del sistema.

Ford advierte que descender en punto muerto o “neutral” no solo elimina el control inmediato del vehículo, sino que, en caso de emergencia, podría dificultar el cambio rápido de marcha y causar daños internos en la transmisión automática.

Cuáles errores deben evitarse para proteger la caja automática en pendientes

Entre los errores más comunes figura el hábito de acelerar a fondo en subidas con la intención de mantener la velocidad, lo que solo consigue forzar el motor y desgastar la caja de cambios.

Asimismo, otra equivocación frecuente es circular en “neutral” durante los descensos, bajo la creencia de que así se ahorra combustible.

No existe un ahorro real, y, por el contrario, esta práctica puede provocar un sobrecalentamiento de la transmisión y una pérdida de control ante cualquier imprevisto.

En el noreste de Luisiana, la guerra entre Estados Unidos e Irán generó una crisis energética mundial que repercute de manera directa en el agro local. Según reportó CBS News, el precio del combustible Jet-A, indispensable para la aviación agrícola, se disparó de USD 2,46 a USD 4,11 por galón entre febrero y mayo.

Reed Keahey, piloto agrícola en Columbia, relató que debió pagar más de USD 30.000 por una sola carga de combustible, mientras el galón cotizaba a USD 3,18 la semana pasada y seguía en ascenso.

Las consecuencias no se limitan al combustible. David y Theresa Guererro, productores de maíz, explicaron que su presupuesto para urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado, quedó sobrepasado por un extra de hasta USD 130.000. “Está cerca, muy cerca”, reconoció David Guererro al ser consultado sobre la viabilidad de su explotación.

El American Farm Bureau Federation indicó que las quiebras agrícolas aumentaron un 46% respecto a 2024, un dato que refleja la magnitud de la crisis.

Crisis logística y escasez global de insumos clave

El trasfondo de esta situación radica en la interrupción del comercio por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y casi la mitad de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados, tal y como analizó Reuters.

Durante los meses más críticos del conflicto, cientos de barcos quedaron varados y las plantas procesadoras de fertilizantes en la región suspendieron actividades, lo que generó un aumento global de precios y demoras en la entrega.

Un informe de la UN Trade and Development recogido por Reuters señaló que antes de la guerra, un tercio del fertilizante mundial transitaba esa vía. La escasez elevó los precios de la urea y del gas natural, principal insumo de los fertilizantes nitrogenados, afectando directamente a los productores estadounidenses en pleno ciclo de siembra.

Desde el US Department of Agriculture (USDA), la secretaria Brooke Rollins anunció un plan de USD 500 millones para ampliar la producción nacional de fertilizantes, reconociendo que la guerra con Irán y los problemas de comercio internacional aceleraron la necesidad de invertir en plantas locales y reducir la dependencia del Golfo.

Cinco datos clave que agravan la crisis agrícola en EE.UU.

La crisis por los costos energéticos y de insumos deja huellas medibles en la actividad rural. Estos datos ayudan a entender la dimensión real del desafío:

• El consumo de diésel agrícola marcó su punto más alto en cuatro años, según la EIA, por la necesidad extra de operar maquinaria ante los retrasos logísticos.
• El costo de transportar granos por el río Misisipi subió un 38% en junio, informó Bloomberg, impulsado por el encarecimiento de la energía.
• Las importaciones de fertilizante nitrogenado desde el Golfo Pérsico cayeron un 57% en solo tres meses, según el USDA, lo que limitó la oferta interna.
• Un 32% de los productores del cinturón del maíz pospuso inversiones en maquinaria, reportó la National Corn Growers Association, para priorizar la compra de insumos básicos.
• La rentabilidad agrícola promedio cayó a 3,2% anual, el nivel más bajo en más de una década, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

Estos indicadores muestran que el impacto va mucho más allá de los precios en el campo y golpea toda la cadena productiva.

Un futuro incierto y márgenes cada vez más estrechos

La combinación de altos costos energéticos, demoras logísticas y baja rentabilidad llevó a muchos agricultores a una situación límite.

Keahey subrayó que la cadena de supervivencia se mantiene frágil: “Si los agricultores no están en el negocio, entonces yo no estoy en el negocio”, aseguró a CBS News.

Las proyecciones de la industria apuntan a que el retorno a la normalidad en la producción y distribución de fertilizantes podría llevar meses, e incluso años, tras los daños y cierres en el Golfo.

La situación en Luisiana se replica en otras regiones agrícolas de Estados Unidos, donde el impacto de la guerra con Irán, sumado al encarecimiento global de la energía y los insumos, pone a prueba la resiliencia de uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional.

El Gobierno de República Dominicana dispuso una reducción de precios en los combustibles regulares y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para la semana del 11 al 17 de julio de 2026, acumulando dos semanas de bajas en medio de un contexto internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en Santo Domingo, al confirmar que esta decisión busca proteger a los hogares y sectores más vulnerables de la economía nacional.

Según la disposición oficial, los nuevos precios para la semana fijan de la siguiente manera:

• Gasolina regular en RD$302.50 por galón (US$5.13)
• El gasoil regular en RD$254.80 por galón (US$4.32) y
• GLP en RD$135.20 por galón (US$2.29).

Estos valores reflejan el impacto directo de la política de subsidios en la economía diaria de los consumidores dominicanos, especialmente en un contexto de volatilidad internacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicó que la reducción de precios responde a una combinación de factores internacionales y decisiones de política interna. Entre los motivos principales destacan:

• Volatilidad internacional: El conflicto entre Estados Unidos e Irán provocó un alza inmediata en los precios internacionales del petróleo, con un incremento superior al 5% en el precio del barril en un solo día, según datos citados por el MICM y monitoreados por agencias como Reuters. A pesar de este repunte, los productos refinados, incluyendo la gasolina y el gasoil, experimentaron una fluctuación con subidas promedio de entre 2,5% y 3,4% en la última semana.
• Caída previa del crudo: A principios de julio, el precio internacional del crudo había descendido, lo que permitió aplicar dos semanas consecutivas de reducciones en los precios locales de los combustibles regulares.
• Política de subsidios focalizados: Para sostener estas rebajas y mitigar el impacto de la volatilidad internacional, el Gobierno destinó un subsidio de RD$523.7 millones solo para la semana del 11 al 17 de julio.
• Prioridad al transporte y a los hogares: El MICM enfatizó que los combustibles regulares y el GLP son los más utilizados por el transporte de carga, de pasajeros y por los hogares dominicanos, lo que justifica la concentración de los subsidios y las rebajas en estos productos.

Segunda semana consecutiva de reducción y su impacto

La medida también representa la segunda baja semanal consecutiva en los precios de la gasolina regular y el gasoil regular, lo que ha generado un ahorro acumulado de RD$8.00 por galón durante este periodo. Esta tendencia, respaldada por la política de subsidios del Gobierno, responde a la necesidad de frenar la presión inflacionaria y proteger el poder adquisitivo de la población.

El MICM sostuvo en su nota oficial que “esta disposición está orientada a reducir la presión inflacionaria en el bolsillo de las clases sociales más vulnerables”. La estrategia busca, según el ministerio, generar un alivio tangible en el costo del transporte y en los gastos domésticos de millones de familias dominicanas.

Las autoridades han reiterado que estas medidas forman parte de una política activa para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones internacionales y sostener la estabilidad económica interna. La asignación de recursos públicos para subsidiar los combustibles evidencia el compromiso del Gobierno con la protección social y la contención de la inflación, en una coyuntura internacional compleja.

La vigilancia sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como las oscilaciones del mercado energético mundial, seguirá condicionando las decisiones locales en materia de combustibles durante las próximas semanas.

Rusia enfrenta una escasez de combustibles sin precedentes que ha obligado a las autoridades a implementar la prohibición temporal de exportaciones de gasolina y diésel, mientras el gobierno refuerza la protección de las refinerías tras una serie de ataques. Así lo informó el viceprimer ministro Alexander Novak, cuyas declaraciones han sido recogidas por la agencia TASS.

La situación se agravó en las últimas semanas debido a que varias refinerías de petróleo quedaron fuera de servicio tras sufrir ataques con drones ucranianos, lo que redujo la capacidad de procesamiento nacional e impactó directamente en la distribución.

Novak señaló: “Debemos reconocer que [el mercado de combustibles] está experimentando problemas y escasez, por lo que estamos viendo filas. A veces, las gasolineras funcionan de forma irregular. La escasez ha surgido por razones obvias, porque nuestras refinerías están siendo cerradas para reparaciones debido a ataques con drones”.

El gobierno ruso adoptó la decisión de suspender las exportaciones con el objetivo de priorizar el abastecimiento interno y evitar que la situación se deteriore aún más.

“Hemos prohibido temporalmente la exportación de gasolina y diésel principalmente para cubrir las necesidades del mercado interno. Haremos todo esto para estabilizar la situación”, sostuvo Novak en una de las citas destacadas por TASS. La medida busca garantizar que las regiones cuenten con suministros adicionales durante el periodo de inestabilidad.

A pesar de las restricciones, Novak aseguró que Rusia dispone de infraestructura suficiente para procesar combustibles y que, en condiciones habituales, incluso puede exportar parte de la producción. “Está claro que tenemos capacidad suficiente. En general, estamos totalmente abastecidos. Incluso exportamos”, afirmó el viceprimer ministro.

No obstante, la prioridad actual del Ejecutivo es asegurar que las refinerías operen a plena capacidad y que la producción se destine principalmente al consumo doméstico.

La escasez ha generado oportunidades para la especulación en el mercado interno. Novak advirtió que “en estos tiempos de escasez, suelen surgir factores especulativos, y algunos revendedores intentan aprovechar la situación para ganar dinero extra y subir los precios”.

Mientras tanto, las compañías petroleras integradas verticalmente han mantenido los precios en sus estaciones de servicio alineados con la inflación, según el funcionario. Frente a este escenario, el viceprimer ministro remarcó la importancia de que la Agencia Federal Antimonopolio (FAS) y sus delegaciones regionales refuercen la vigilancia de los precios para evitar abusos.

Las filas en las estaciones de servicio y la irregularidad en el suministro reflejan el impacto inmediato de los ataques y de las decisiones gubernamentales, de acuerdo con las descripciones de la agencia TASS. El gobierno, en paralelo, anunció que intensifica las medidas para proteger las instalaciones petroleras clave y restablecer la normalidad en la distribución.

Las perspectivas para el sector dependen de la capacidad estatal para restaurar la operatividad de las refinerías y frenar la especulación en el mercado interno, mientras persisten las restricciones a la exportación.

El vicepresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó que espera “hasta fin de mes” resolver la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país, donde en las últimas semanas se registraron largas filas de vehículos en los surtidores ante la escasez.

Según Blacud, la irregularidad del suministro se debe a la falta de “fluidez” en los controles de calidad, que se realizan desde el origen hasta la comercialización del producto, pero garantizó que se está trabajando de manera “responsable” para agilizar los procesos y solucionar las demoras.

“El carburante está disponible; estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder garantizar (la calidad) se están realizando los controles correspondientes antes de que puedan ser comercializados en todo el territorio nacional”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el funcionario de la petrolera, se está trabajando “arduamente” para optimizar los procesos y calcula que a finales de julio se regularice el suministro. “Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, agregó Blacud.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible y las filas en las estaciones de servicio parecen confirmar las cifras que señalan los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para sostener una reunión en la que les digan “la verdad” y se discutan acciones para solucionar la crisis de combustible que desde hace casi tres años atraviesa Bolivia.

El representante del gremio, Lucio Gómez, amenazó con protestas sociales y “convulsión”, pese al estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, si no se garantiza el suministro. “Ya no toleramos más”, afirmó.

En las últimas semanas, el Gobierno ha dado al menos tres justificaciones sobre la escasez. Inicialmente se lo atribuyó a los bloqueos de caminos que impidieron la distribución, luego se hizo referencia a los nuevos protocolos de control de calidad que generan demoras y a las redes de contrabando que estarían llevando diésel y gasolina a otros países.

“Señor ministro y señor presidente de YPFB: díganos la verdad. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Cuál es la postura de sus autoridades? Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, cuestionó Gómez, flanqueado por otros dirigentes sindicales.

Más allá de la escasez actual, la crisis de carburantes tiene causas estructurales complejas de resolver. Desde el año 2023, los bolivianos enfrentan periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento debido a la caída de la producción local, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares para su adquisición.

En diciembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz levantó la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante casi 20 años, lo que se tradujo en un aumento en el precio del diésel y la gasolina.

En paralelo, surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a gasolina de mala calidad que la administración de Paz admitió y atribuyó a la gestión anterior. En ese contexto, se creó un seguro de resarcimiento de daños y se implementaron nuevos controles que estarían provocando las demoras actuales.

Ese día, el promedio nacional por galón era de USD 3,79. En Filadelfia, de USD 3,95. La estación Citgo más cercana a Dresher marcaba USD 3,79; la Gulf del barrio, USD 3,85.

Qué anunció la Casa Blanca y cómo lo hizo

La cuenta @WhiteHouse publicó el anuncio en X con un video de 43 segundos que acumuló 7,5 millones de visualizaciones. El mensaje era directo:

“EL COMBUSTIBLE DE LA LIBERTAD HA LLEGADO. La PRIMERA estación de servicio de la Red de Combustible de la Libertad ha ATERRIZADO en Filadelfia, reduciendo el precio en la bomba a USD 3.47 para nuestro 47.º Presidente.”

En el video, conductores que acababan de repostar expresaban su sorpresa. “Cuando lo vi, pensé que era noticias falsas, pero me alegra que sea verdad”, dijo uno de ellos. Otro agregó: “Gracias, Trump, por ahorrarme algo de dinero”.

Donald Trump había adelantado la iniciativa el 1 de julio en Truth Social, donde describió al operador como “un minorista muy inteligente, ubicado en todo el noreste”, sin revelar su nombre. En esa misma publicación prometió que los precios “pronto volverán a los mínimos históricos” previos al conflicto con Irán.

Qué se sabe y qué permanece sin confirmar

La Freedom Fuel Network es, según un portavoz de la Casa Blanca a CBS News, una empresa privada que no recibe financiamiento del gobierno ni compra combustible con descuento. La administración atribuye los precios bajos a una reducción voluntaria de márgenes de ganancia por parte del operador.

Lo que permanece sin confirmar es casi todo lo demás. La Casa Blanca no reveló el nombre de la compañía propietaria. El portavoz confirmó que la lista de 25 ubicaciones publicada en el sitio web de Freedom Fuel era correcta, pero no garantizó que todas estuvieran operativas al momento del anuncio.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, añadió otra capa de opacidad: muchas de las estaciones figuran en la base de datos de GasBuddy bajo nombres “muy diferentes”. Su conclusión, citada por Forbes, The Inquirer y Quartz, fue tajante: “Las estaciones que venden a este precio no son sostenibles. En general, cuando hay pérdidas, alguien tiene que pagarlas”.

De Haan aclaró que no pudo identificar a los propietarios ni determinar qué acuerdos de compra de combustible podrían respaldar el modelo.

El contexto de precios que explica el impacto político

Antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el galón de gasolina costaba en promedio USD 2,98 a nivel nacional. El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente un quinto del petróleo marítimo mundial— disparó el precio hasta un pico de USD 4,56 en mayo, el nivel más alto desde 2022, cuando el galón superó los USD 5.

Al 8 de julio, el promedio nacional había bajado a USD 3,80, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). El diésel se ubicaba en USD 4,77, frente a USD 3,76 antes del conflicto. La reapertura del Estrecho tras el acuerdo de cese al fuego entre Washington y Teherán contribuyó a esa caída, aunque De Haan advirtió que ataques ucranianos a refinerías rusas y el fin de ese cese al fuego podrían revertir la tendencia la semana siguiente.

Con las elecciones de mitad de mandato en noviembre, los precios de la energía son una carga política directa para la administración. Trump también instruyó al Departamento de Justicia a investigar a las compañías petroleras por no trasladar a los consumidores la caída del crudo con la misma velocidad con que les transfirieron las subidas.

Las voces en la estación y la crítica opositora

En Dresher, los conductores recibieron el precio con pragmatismo. Jessiah Brice, de 25 años, lo aceptó con una pregunta sin respuesta: “La gasolina debería ser más barata. Mi único problema es: ¿cómo es que aquí cuesta USD 3,47 y cerca de mi casa USD 5?”. Seyer Hamidi, republicano de 36 años, fue más directo: “La gasolina va a ser cara seas republicano o demócrata. Esto es un paso en la dirección correcta”.

La respuesta política llegó desde el otro lado del pasillo. El representante demócrata Jim McGovern (Massachusetts) publicó en X: “Tiendas de comestibles subsidiadas por el gobierno = Comunismo. Gasolineras administradas por el gobierno = Libertad. Entendido.”

En internet circula además un sitio web que parodia a Freedom Fuel Network con el lema: “You cannot beat our prices, because you cannot find our pumps” (“No puedes superar nuestros precios, porque no puedes encontrar nuestras bombas”). Su sección de preguntas frecuentes incluye una que la administración no ha respondido: “¿Por qué un presidente anunciaría una empresa que no existe?”

La FGR destapó una red ferroviaria de contrabando de hidrocarburos que operó en al menos nueve estados del país, con 170 ferrotanques asegurados, más de 18 millones de litros de combustible incautados y un daño económico estimado en 238 millones 818 mil pesos.

La modalidad, conocida como huachicol fiscal, no funciona mediante tomas clandestinas en ductos. Las organizaciones criminales construyen estructuras de empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios y esquemas de dispersión financiera para introducir combustible ilícito al mercado con apariencia legal.

Cómo operaba la red ferroviaria

Los contrabandistas declaraban ante las autoridades aduaneras volúmenes de carga mucho menores a los que realmente transportaban. En otros casos, el combustible se declaraba como un producto diferente, con una carga fiscal distinta, para eludir el pago de impuestos.

Los ferrotanques cruzaban la frontera norte desde Estados Unidos con documentación alterada. Una vez dentro del territorio nacional, el producto se distribuía a través de nodos logísticos en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Esos tres estados conectaban las operaciones ferroviarias con rutas marítimas y terrestres ya activas. La fragmentación de la trazabilidad era el mecanismo central: cada eslabón de la cadena —importación, transporte, almacenamiento, distribución financiera— operaba de forma aparentemente independiente.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que todos esos eslabones pertenecían a una misma estructura criminal. Las líneas de investigación activas involucran a más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades.

Los aseguramientos en la red ferroviaria

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila. También se aseguró una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza, infraestructura que formaba parte del circuito logístico de la organización.

El caso de mayor escala en esta modalidad se concentró en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. Esa indagatoria derivó en el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.

Las detenciones vinculadas a ese expediente llevaron a la vinculación a proceso de presuntos integrantes de la organización. Las investigaciones también identificaron una red de empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

El esquema marítimo que complementó la red

En paralelo a la vía ferroviaria, la FGR documentó operaciones por vía marítima. El buque Challenge Procyon fue asegurado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con alrededor de 10 millones de litros de diésel, tractocamiones, autotanques y documentación aduanera falsa; el golpe económico a la organización fue de aproximadamente 372 millones de pesos.

En Ensenada, Baja California, las autoridades aseguraron 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo descargados del buque TORM AGNES en un predio de El Sauzal. Esa operación sumó un impacto económico de 154 millones 920 mil 363 pesos sobre la estructura logística de la red.

Lo que reveló Sheinbaum sobre los trenes

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 3 de julio de 2026, desde Michoacán, la existencia de al menos dos grandes investigaciones activas en la FGR sobre huachicol fiscal. Una involucra al buque asegurado en Tampico en marzo de 2025; la otra se origina en el ingreso de tanques de combustible por vagones de ferrocarril a través de la frontera norte.

“Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, precisó la mandataria, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado detalles sobre el avance de esa carpeta.

La presidenta también señaló que entre los involucrados en el caso del buque figuran empresarios con doble nacionalidad mexicano-estadounidense radicados en Estados Unidos.

A raíz de ello, México ya solicitó su extradición, pues cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

El gasto en combustible de las aerolíneas estadounidenses volvió a captar la atención del sector, con un incremento notorio en el desembolso mensual durante mayo de 2026.

El impacto de los precios del petróleo, la inestabilidad geopolítica y la reacción de las propias compañías aéreas configuran un escenario en el que la gestión del combustible se convierte en un eje crítico para la industria.

Los datos más recientes muestran cómo evolucionaron tanto el costo como el consumo y las estrategias adoptadas por el sector frente a la volatilidad de los precios, según informó Associated Press.

Gasto total en combustible de aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026

En mayo de 2026, el gasto total en combustible de las aerolíneas estadounidenses alcanzó los USD 6.660 millones, según cifras oficiales del Bureau of Transportation Statistics.

Este monto representa un aumento del 3,0% respecto a abril de 2026, cuando el desembolso fue de USD 6.470 millones, y un salto interanual del 83,9% frente a los USD 3.620 millones registrados en mayo de 2025. Es el segundo mes consecutivo en que la cifra supera los USD 6.000 millones, reflejando la presión sostenida sobre las finanzas del sector.

El aumento en el gasto se debe principalmente al encarecimiento del precio del combustible, lo que elevó los costos operativos y dejado a las compañías aéreas en una posición de mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado energético. El gasto en combustible suele ser uno de los componentes de mayor peso en la estructura de costos de las aerolíneas y su variación impacta de manera directa en la rentabilidad.

Volumen de combustible consumido por las aerolíneas en mayo de 2026 y variación de meses previos

Durante mayo de 2026, las aerolíneas estadounidenses consumieron 1.627 millones de galones de combustible. En comparación con abril de 2026, esto supone un incremento del 3,5%, ya que ese mes se utilizaron 1.573 millones de galones. Sin embargo, respecto a mayo de 2025, el consumo experimentó una leve caída del 0,6%, pues en ese periodo se utilizaron 1.636 millones de galones.

El repunte mensual en el uso de combustible se explica por el aumento de la actividad en el sector durante la primavera, mientras que la comparación interanual muestra una relativa estabilidad en la demanda, pese al fuerte incremento de los costos. El hecho de que el consumo se mantenga prácticamente igual, pero el gasto aumente considerablemente, subraya el peso de los precios en la ecuación final para las aerolíneas.

El volumen de combustible consumido por las aerolíneas estadounidenses en mayo de 2026 fue de 1.627 millones de galones, una cifra apenas inferior a la registrada un año antes, lo que pone de manifiesto que el alza del gasto se explica más por el precio que por un crecimiento de la demanda.

Evolución del precio por galón de combustible para aviación y comparación con años anteriores

El precio promedio que las compañías aéreas estadounidenses pagaron por cada galón de combustible en mayo de 2026 fue de USD 4,09, apenas dos centavos por debajo de abril (USD 4,11), pero un 85% más alto que los USD 2,21 registrados en mayo de 2025. Esta evolución tuvo un impacto sustancial en los costos operativos, ya que el precio por galón se mantuvo muy por encima de los valores del año anterior.

A modo de referencia, el índice Argus U.S. Jet Fuel situó el precio promedio del galón en los principales centros aéreos —Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York— en torno a USD 2,88 el martes posterior al cierre de mayo, lo que muestra una tendencia a la baja a partir de mediados de junio tras haber superado los USD 3 durante la primavera.

La diferencia de casi el doble en el precio por galón respecto a 2025 resulta determinante para entender el fuerte incremento del gasto total, ya que la demanda de combustible se mantuvo estable. El precio del combustible de aviación en Estados Unidos alcanzó niveles máximos en la primavera, antes de mostrar signos de estabilización tras acuerdos internacionales.

Factores que influyeron en el aumento de los costos del combustible

El alza en los costos del combustible para aviación responde, en gran medida, a factores geopolíticos y de mercado. El inicio de un conflicto en Medio Oriente a comienzos de 2026 alteró la logística global, provocando interrupciones en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro internacional de crudo.

Este escenario generó presión sobre los precios internacionales, elevando el costo de los combustibles derivados del petróleo. Posteriormente, la llegada de un acuerdo provisional de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofreció cierto alivio y permitió una leve baja en los precios, aunque la situación se mantiene frágil tras nuevos incidentes en la región y la revocación de licencias para la venta de petróleo iraní.

La volatilidad de los mercados energéticos, junto a la dependencia estructural de las aerolíneas respecto al combustible, hace que cualquier alteración global en la oferta o la logística tenga un efecto inmediato en los costos finales para el sector.

Respuestas de la industria aérea ante el alza del combustible

Las aerolíneas reaccionaron a la suba de costos implementando diversas estrategias. Entre las medidas adoptadas destacan el aumento de las tarifas, la aplicación de cargos adicionales y la reducción de frecuencias o ajustes en las rutas. Estas acciones buscan compensar el impacto del encarecimiento del combustible en los márgenes operativos.

El combustible representa una de las partidas más sensibles para la rentabilidad de las compañías aéreas, lo que las lleva a trasladar parte de la presión de costos a los pasajeros y a optimizar sus operaciones.

Además, el uso de contratos de cobertura (hedging) permite a algunas empresas limitar su exposición a variaciones bruscas en los precios, aunque no todas recurren a este mecanismo y sus efectos no son uniformes.

La industria aérea mundial se mantiene atenta a la evolución del precio del combustible, ya que cualquier modificación significativa puede requerir ajustes adicionales tanto en la oferta de servicios como en la estructura tarifaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.

Las investigaciones sobre una presunta red internacional de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México incorporaron el testimonio de Luis Rivera, un colaborador de la justicia estadounidense que describió el supuesto mecanismo utilizado para mover hidrocarburos de un lado a otro de la frontera mediante importaciones irregulares, documentación presuntamente alterada y maniobras para evadir impuestos.

La declaración forma parte del proceso que las autoridades estadounidenses siguen contra integrantes de la familia Jensen, señalados por su presunta participación en operaciones de tráfico de combustibles. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, Rivera explicó cómo funcionaba la red y el papel que desempeñaban empresas de transporte y logística para introducir combustible a México.

El caso se centra en el llamado huachicol fiscal, modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas. En este esquema, las investigaciones apuntan al uso de operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza de los hidrocarburos y reducir el pago de impuestos durante su importación.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación de El País, Rivera aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles. En su testimonio describió una estructura que coordinaba empresas de transporte y logística para trasladar hidrocarburos desde Texas hacia distintos puntos de México.

Según su versión, parte del combustible tenía origen en hidrocarburos robados previamente en territorio mexicano. Posteriormente era exportado a Estados Unidos y reingresado al país mediante operaciones comerciales en las que la mercancía era declarada con una clasificación distinta a su contenido real, una práctica que presuntamente permitía evadir impuestos y superar controles aduaneros.

La investigación también refiere que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas ubicadas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.

¿Quiénes son los Jensen?

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales señalados a integrantes de la familia Jensen, investigados por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Según El País, la investigación busca determinar el papel que desempeñaron empresas y operadores vinculados con esa familia dentro de una red que habría movilizado hidrocarburos entre ambos países mediante operaciones comerciales presuntamente irregulares.

Hasta ahora, el proceso continúa abierto y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que el medio digital Código Magenta publicó una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.

Hasta el momento, esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas. Tampoco se han presentado imputaciones o sentencias derivadas de esas publicaciones.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de combustibles que difiere del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. En lugar de extraer gasolina o diésel de ductos, el esquema consiste en introducir combustible al país mediante operaciones de importación fraudulentas.

Las investigaciones sobre este tipo de redes señalan prácticas como declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los cargamentos, utilizar documentación presuntamente alterada o recurrir a empresas intermediarias para reducir el pago de impuestos y dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico por la evasión fiscal, especialistas han advertido que estas operaciones pueden facilitar la participación de organizaciones criminales en la cadena de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, lo que convierte al huachicol fiscal en un fenómeno distinto y más complejo que el robo tradicional de gasolina.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible pese al levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días paralizaron gran parte del país.

Las filas en las estaciones de servicio reflejan las cifras que advierten los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

Las justificaciones del Gobierno son diversas. Inicialmente se atribuyó la escasez a los bloqueos que impedían el tránsito de las cisternas, más tarde se mencionó que los nuevos protocolos de control de calidad demoran el proceso de despacho y finalmente se mencionó que hay “mafias” de desvío de combustible para actividades ilícitas.

En medio de reclamos de sectores estratégicos, como la agroindustria y el transporte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó dificultades económicas para la importación y señaló que la adquisición se realiza con pagos diferidos. Sin embargo, descartó fijar plazos para la regularización de la distribución.

“No sabemos cuándo se normalizará. No les puedo dar una fecha exacta; a mí no me gusta especular; no tengo una bola (de cristal) para ver qué va a pasar”, afirmó en una rueda de prensa.

La crisis de abastecimiento ha llevado al Gobierno de Rodrigo Paz a autorizar la importación privada de combustible. A través del Decreto Supremo 5644, el Gobierno formalizó un mercado privado de combustibles con un precio de referencia.

Esta norma da un paso más hacia la comercialización privada de diésel y gasolina, luego de la medida transitoria que implementó el expresidente Luis Arce (2020-2025) cuando estalló la crisis derivada de la baja producción local y las dificultades de importación por la escasez de divisas.

Si bien el Estado seguirá importando y distribuyendo combustible a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF), la medida busca garantizar el abastecimiento y diversificar la oferta.

El conflicto de los carburantes no es reciente en Bolivia. El país importa casi la totalidad del diésel y más del 50% de la gasolina que consume su mercado interno tras la caída en la producción local. En ese contexto y ante la falta de divisas para su importación, en 2023 surgieron los periodos de escasez, que fueron cada vez más prolongados y frecuentes.

Cuando el presidente Paz asumió el Gobierno, en noviembre de 2025, anuló el subsidio a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años y mantuvo un precio regulado por debajo del internacional, lo que provocó además la expansión de redes de contrabando hacia otros países.

Tras el fin de la subvención, surgieron denuncias de distribución de combustible de mala calidad que estaba dañando cientos de vehículos. El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” e implementó un seguro para resarcir daños a los más de 70.000 vehículos que reportaron daños, además de controles de calidad más rigurosos.

Este conflicto fue uno de los detonantes de las recientes protestas contra el Gobierno. Lo que derivó en pedidos de renuncia inició con reclamos sectoriales diversos que incluían garantizar gasolina de mejor calidad.

En ese marco, en el acuerdo que firmó el Gobierno con los manifestantes de la Central Obrera Boliviana el 19 de junio para suspender las protestas, hay un punto específico que se refiere a los combustibles.

La administración de Paz se comprometió a garantizar el abastecimiento del producto con estándares internacionales, a realizar una auditoría para identificar el origen y a los responsables de la gasolina contaminada y a conformar mesas de trabajo para verificar la calidad y establecer medidas de control.

Ante la falta crítica de diésel y los apagones prolongados, muchas Mipymes recurrieron al gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido como “gas de la calle”— y al gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar generadores eléctricos.

La red de gas canalizado es uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al colapso del suministro eléctrico y de otros combustibles, lo que la convirtió en una salida de emergencia para los comercios privados. Sin embargo, especialistas y vecinos advierten que esa mayor demanda podría saturar el sistema en el corto plazo.

El desvío del recurso tiene un costo directo para los hogares. El acaparamiento y la reventa del gas en el mercado informal redujeron la disponibilidad para las familias, que en muchos casos debieron sustituirlo por leña o carbón para cocinar.

Aunque el régimen ha comenzado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen estaciones de servicio, la falta de liquidez y las trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Altos funcionarios reconocen que la dependencia de importar combustible en contenedores es un desafío estructural sin solución inmediata.

La misma escasez de combustible explica el deterioro del servicio de recolección de residuos. Según datos publicados por CiberCuba, en febrero pasado solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, un 41,5% de la flota total. La Habana genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos diarios, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedaban sin retirar cada jornada.

Ante ese colapso, el Estado recurrió a maquinaria pesada de construcción —equipos habitualmente destinados a obras de vivienda— para despejar los vertederos improvisados que proliferaron en distintos barrios. La medida generó un nuevo problema: el uso de esos equipos rompe aceras, destruye el pavimento y abre baches en las zonas intervenidas.

Mientras tanto, muchos vecinos optaron por quemar los residuos acumulados frente a sus casas, lo que libera humo tóxico y agrava los riesgos sanitarios. Medios locales informaron que la acumulación de basura disparó brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en la ciudad.

Frente a la magnitud del problema, algunos vecinos tomaron la iniciativa por su cuenta. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida de basura; mientras que en Centro Habana dos vecinos financiados por la comunidad comenzaron a vigilar una esquina para evitar el abandono de desechos.

El régimen presentó una respuesta de alcance acotado. El proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución, contempla 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos turnos diarios. La infraestructura central es una “solinera” —estación de carga con paneles solares— que también ofrecerá recarga para vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Al momento de la publicación de la crónica en el medio oficialista Cubadebate, el Consejo Popular contaba con cinco de los 30 triciclos previstos.

El accidente fue reportado a las autoridades a 12:35 horas en el punto conocido como Agua del Toro, en los límites de los municipios de Iguala y Buenavista de Cuéllar.

De acuerdo con medios locales, la pipa transportaba más de 60 mil litros combustible y el operador perdió el control al tomar una curva, lo que provocó la volcadura.

Las llamas se extendieron a dos vehículos particulares

El incendio consumió la unidad de carga y alcanzó dos vehículos particulares. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero (SGIRPCGRO) señaló que la pipa transportaba gasolina.

Para atender el siniestro se movilizaron personal y unidades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las regiones Norte y Centro, Protección Civil de Iguala de la Independencia y Buenavista de Cuéllar, Bomberos de ambos municipios y la Guardia Nacional sector carreteras.

La SGIRPCGRO informó que el incendio fue controlado al 100 por ciento.

Testigos en la zona grabaron el momento en que las llamas se intensifican en la zona del accidente. Puede verse que es una carretera de doble sentido con caminos estrechos, lo que dificulta el control de grandes unidades de carga.

Autoridades no confirmaron víctimas y conductores permanecieron sin localizar

La SGIRPCGRO precisó que no tuvo confirmación de personas lesionadas o fallecidas. Versiones preliminares en redes sociales apuntaron hasta cuatro muertos y cinco personas con quemaduras, cifras que la dependencia no validó. Los conductores de las unidades involucradas no fueron localizados al cierre de los reportes.

Caminos y Puentes Federales reportó el cierre total de la autopista en ambos sentidos a la 1:06 de la tarde. A la 1:40 habilitó desvíos hacia la carretera libre: hacia Puente de Ixtla, a la altura de la Plaza de Cobro Iguala; hacia Iguala, a la altura del kilómetro 25, en el poblado Zacapalco.

A las 4:20, el cierre continuaba por maniobras de grúa. A las 8:06 de la noche, en su último reporte, CAPUFE informó que la vialidad seguía cerrada y remitió a su cuenta de X y al número 074 para solicitar actualizaciones.

Dos días antes, otra pipa explotó en Tlaxcala y dejó un muerto

El 1 de julio, una pipa que transportaba combustible explotó sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del kilómetro 81+600, en la comunidad de Adolfo López Mateos, municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. El siniestro dejó una persona fallecida y otra lesionada, de acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil Juvencio Nieto Galicia.

El segundo remolque tipo cisterna de la unidad se desprendió mientras circulaba por una curva, cruzó el muro central e impactó contra un tractocamión con caja seca que transitaba en sentido contrario.

El choque derivó en un incendio que consumió ambas unidades y provocó varias explosiones. Videos en redes sociales mostraron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros instruyó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento a la emergencia y desplegó un operativo coordinado entre dependencias estatales, federales y municipales.

Uno de los mitos más persistentes alrededor de los vehículos eléctricos es la creencia de que estos autos requieren poco o ningún mantenimiento, a diferencia de los modelos a combustión interna.

Esta percepción, extendida tanto en Europa como en Latinoamérica, puede llevar a errores de cuidado que resultan en gastos inesperados y problemas mecánicos complejos para los propietarios.

El atractivo de la movilidad eléctrica suele centrarse en la ausencia de emisiones y en la promesa de un menor costo operativo, pero ignorar las necesidades reales de mantenimiento representa un gran riesgo.

Qué tan cierto es que el auto eléctrico no requiere mantenimiento

El mito de la “ausencia de mantenimiento” en autos eléctricos ha generado una falsa sensación de ahorro y despreocupación en los usuarios, señaló José Antonio Ortega, Gerente Comercial para Centroamérica y el Caribe de Schaeffler, durante la feria expopartes

“El principal mito es que la gente cree que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento. Pero tú tienes un coche que tienes quinientos kilos más de peso, sobre todo por el tema de las baterías”, aseguró Ortega.

Este peso adicional, concentrado en el sistema de baterías, provoca un desgaste acelerado en componentes del chasis como la suspensión, los frenos y las llantas. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos tradicionales, los eléctricos requieren una atención especial en sistemas que no siempre se consideran prioritarios.

Ortega subrayó que, sumado al chasis, el sistema de enfriamiento cumple un papel esencial. “Todos los autos eléctricos tienen un sistema de enfriamiento que mantiene tanto las baterías como el motor eléctrico a una temperatura óptima de trabajo”.

Este sistema necesita cambios periódicos de refrigerantes, revisión de bombas y líneas de refrigeración, así como el reemplazo de componentes sujetos a desgaste.

¿El mantenimiento es más caro en los eléctricos que en los autos a combustión?

En América Latina y Europa existe la percepción de que los autos eléctricos son más costosos de mantener, sobre todo por la dificultad para conseguir repuestos.

Ortega aclaró que “estamos enfrentando un desabasto de componentes, pero no es porque no exista el componente, sino porque es tan grande la gama de vehículos que es muy difícil tener todos los componentes”. No obstante, la industria trabaja en ampliar la cobertura de refacciones y kits de mantenimiento para atender la demanda.

Además, el costo de mantenimiento tiende a concentrarse en elementos eléctricos y electrónicos, a diferencia del mantenimiento preventivo constante que requieren los motores a combustión.

El mayor reto radica en la vida útil de las baterías, que suele oscilar entre cuatro y cinco años en condiciones óptimas, frente a motores a gasolina que pueden superar varias décadas en funcionamiento.

Qué riesgos existen al realizar mantenimiento sin conocimientos técnicos

El mantenimiento de un auto eléctrico no solo implica el reemplazo de piezas. Ortega advierte que la manipulación de estos vehículos requiere “conocimientos para poder darle mantenimiento a un auto eléctrico, porque una descarga de ese voltaje puede ser muy peligrosa”.

El proceso exige desconexión de baterías y uso de material especializado, como guantes aislantes, así que no cualquier persona puede estar capacitada para trabajar con estos sistemas, y la formación y actualización resultan indispensables para evitar accidentes y garantizar una reparación segura.

Cuáles ventajas presentan los vehículos híbridos

La irrupción de los vehículos híbridos en mercados como el latinoamericano responde, en parte, a la falta de infraestructura para cargar autos eléctricos. Ortega considera que el híbrido “es una muy buena opción para nuestros mercados, donde todavía no tienes la infraestructura eléctrica para cargar los autos eléctricos cien por ciento”.

El sistema híbrido cuenta con dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico, lo que permite alternar entre ambos según la demanda y la disponibilidad de energía.

Asimismo, estos vehículos tienen módulos que conectan y desconectan de manera automática el motor a combustible y el eléctrico, facilitando la transmisión de potencia y el ahorro de dinero.

El mantenimiento, aunque menos común que en un auto convencional, incluye la revisión de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador mexicano identificado como el cerebro financiero de la red de robo de combustible del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanzó a un segundo operador y nueve entidades, en la ofensiva más amplia contra el llamado huachicol fiscal hasta la fecha.

Su función dentro del cartel va más allá de la contabilidad: Juraidini Silva diseña y opera el entramado societario que permite al CJNG evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tributo mexicano que grava la importación de combustible. Para sostener ese esquema, crea empresas fantasma y falsifica documentos aduaneros que reclasifican los cargamentos de gasolina y diésel antes de que crucen la frontera.

Con ese mecanismo, los cargamentos llegan a territorio mexicano sin que las autoridades detecten su verdadera naturaleza ni cobren el impuesto correspondiente. El resultado es una ventaja comercial artificial que el CJNG monetiza a través de una red de gasolineras afiliadas y expendios informales de carretera.

Bajo su control directo operan siete empresas distribuidas en sectores de apariencia legítima: seis con sede en México —en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario— y una séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, registrada en el Reino Unido. Esa ramificación internacional convierte a Juraidini Silva en el eslabón que conecta la operación fronteriza con el sistema financiero global.

Las siete empresas de Juraidini Silva

En su control operan seis firmas mexicanas en sectores de apariencia legítima: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes. La séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, tiene sede en el Reino Unido, lo que extiende el esquema más allá del corredor fronterizo entre México y Estados Unidos.

Dichas compañías operan en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, sectores que el Tesoro señala como vehículos habituales para disfrazar los flujos de dinero ilícito. La diversificación sectorial le permite a la red mezclar ingresos del combustible de contrabando con transacciones aparentemente ordinarias.

El segundo operador: J. Refugio Ruiz Villagomez

El segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a dos empresas de logística: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin los permisos que exige la Secretaría de Energía de México y, según las autoridades, pagaron sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

Las dos firmas de Ruiz Villagomez manejaron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. La OFAC las designó por proveer apoyo material al CJNG, la misma figura legal que se aplica a quienes financian organizaciones terroristas.

Facturas falsas y redes de fachada

Tanto las empresas de Juraidini Silva como las de Ruiz Villagomez emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible ante las autoridades mexicanas. Ese papel les permitía actuar como comercializadoras con permisos de la Comisión Nacional de Energía, aunque carecían de las autorizaciones de importación que la ley exige.

El combustible —gasolina, diésel y nafta comprados a distribuidoras estadounidenses— se desviaba hacia redes interconectadas de empresas fachada en los sectores de transporte y logística antes de cruzar la frontera en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o embarcaciones de flotas clandestinas. Los cargamentos llegaban a patios de almacenamiento bajo control del cartel y se vendían en gasolineras afiliadas o expendios informales de carretera.

Pagos y lavado de dinero

El Tesoro identificó dos métodos principales de pago entre las redes mexicanas y los distribuidores de combustible en Estados Unidos. El primero son transferencias internacionales y pagos en activos digitales canalizados a través de empresas pantalla; el segundo son depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias con ganancias del narcotráfico, una modalidad que las autoridades clasifican como lavado de dinero basado en comercio.

Los distribuidores estadounidenses cómplices ocultaban esas ganancias mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor, bienes raíces y activos de inversión. Esa capa adicional de opacidad dificultó durante años la detección de los flujos por parte de los organismos reguladores.

La investigación y las agencias detrás de las sanciones

Las sanciones surgieron de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), con participación de la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró en el desarrollo de las designaciones y bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por la OFAC más nueve personas adicionales detectadas en su propio análisis.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos” y que las acciones del Tesoro “avanzan la prioridad de la administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”.

Contexto: el huachicol como negocio paralelo al narco

El huachicol —término coloquial para el robo y contrabando de hidrocarburos en México— es hoy la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más cuantiosa para los cárteles mexicanos. El CJNG y otras organizaciones criminales obtienen decenas de miles de millones de dólares en pérdidas para el gobierno mexicano mediante el robo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el soborno a empleados, la perforación ilegal de ductos, el asalto a pipas y amenazas a trabajadores.

El combustible robado llega al mercado negro en todo México. Reportes públicos estiman que entre un cuarto y un tercio de todo el combustible que se vende en el país es de origen ilícito.

El CJNG recibió su primera designación del Tesoro el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Reyes de los Narcóticos Extranjeros. El Departamento de Estado lo catalogó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, lo que amplió el marco legal disponible para perseguir a sus financiadores y operadores en cualquier parte del mundo.

En los 12 meses posteriores a la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de mayo de 2025 sobre contrabando de crudo, esa agencia recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones irregulares entre Estados Unidos y México. Los estados con mayor presencia de sujetos investigados fueron Texas y Florida; dentro de Texas, las ciudades de Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen concentraron la mayoría de los casos, todos vinculados a las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte.

El Gobierno de Brasil anunció el incio de la quita gradual de los subsidios a los combustibles, implementados para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internos. El Ministerio de Hacienda informó que la medida responde a la estabilización del mercado internacional del petróleo, lo que permitió reducir la subvención al diésel desde este miércoles. Un ajuste similar para la gasolina será comunicado en los próximos días.

El secretario ejecutivo de la cartera, Rogério Ceron, explicó que la decisión se basa en la caída de las cotizaciones internacionales del crudo, tras la disminución de las tensiones geopolíticas y el retorno del barril de Brent a niveles cercanos a los 80 dólares, valores previos al conflicto en Irán.

“El objetivo es desmontar gradualmente un programa concebido como temporal y evitar distorsiones permanentes en las cuentas públicas”, señaló Ceron.

Los subsidios, aprobados en abril, contemplaron ayudas directas a productores e importadores de diésel, beneficios para el gas licuado de petróleo (GLP) y exenciones tributarias para el combustible de aviación, además de otras medidas para contener la inflación. El retiro será progresivo, según el Gobierno, con el fin de evitar oscilaciones bruscas en los precios al consumidor.

El Ministerio de Hacienda sostuvo que la normalización del mercado petrolero contribuirá a aliviar las presiones inflacionarias y a mejorar el panorama para la política monetaria, al reducir uno de los principales factores de incertidumbre que motivaron la adopción de los subsidios. El Gobierno aseguró que continuará monitoreando la evolución de los precios internacionales y podrá revisar el cronograma de eliminación si se registra un nuevo deterioro del escenario geopolítico o un alza sostenida en las cotizaciones del crudo.

Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó a principios de mes la “notable resiliencia” de la economía brasileña frente a las turbulencias derivadas de la guerra en Medio Oriente y otros factores de inestabilidad global. De acuerdo con el comunicado publicado tras una misión técnica en el país, se prevé una recuperación gradual que podría llevar el crecimiento del PIB brasileño al 2,5% a mediano plazo.

El organismo atribuyó la fortaleza económica de Brasil a “los sólidos marcos de política económica, el sistema financiero estable, las reservas adecuadas y el tipo de cambio flexible”. En materia de política monetaria, el FMI valoró la reciente reducción de la tasa básica de interés hasta el 14,5% anual y recomendó que el Banco Central mantenga “flexibilidad” ante las presiones inflacionarias y la incertidumbre internacional.

La inflación mostró un repunte por el alza de los precios del crudo y, según el FMI, podría continuar en aumento a corto plazo antes de acercarse al objetivo del 3% hacia mediados de 2028. El informe señala que Brasil, como productor de petróleo, se encuentra “relativamente protegido” ante los incrementos en los precios mundiales del crudo.

Pese a la evaluación positiva, el FMI advirtió sobre la necesidad de reformas fiscales para reducir la deuda pública y sugirió destinar los ingresos extraordinarios del petróleo al ahorro, con el fin de disminuir los costes de financiación y crear espacio para inversiones prioritarias. El organismo recomendó mantener los esfuerzos para mejorar el entorno empresarial, aumentar la participación en el mercado de trabajo e impulsar políticas de descarbonización y fomento de la competencia, para favorecer la productividad y la inversión.

(Con información de EFE)

Pese a que el Gobierno de Bolivia sostiene que el abastecimiento de combustible avanza hacia la normalización, todavía se mantienen las largas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel en las principales ciudades del país. El Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atribuyen los retrasos a procedimientos logísticos y a los controles de calidad que deben realizarse antes de distribuir el combustible.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que uno de los factores que ralentizan el abastecimiento son los procedimientos técnicos aplicados en las plantas de YPFB antes de despachar los carburantes. “Tenemos unos estándares de calidad que son altos, no son como los que eran antes”, afirmó ante los medios.

Según Blanco, la cantidad de combustible distribuida es superior al consumo habitual y atribuyó la persistencia de las filas a que muchos usuarios llenan por completo los tanques de sus vehículos por temor a nuevos episodios de escasez. “Se está distribuyendo más de la demanda”, afirmó.

Días antes, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, había señalado que el abastecimiento comenzó a recuperarse tras el levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días afectaron la logística de distribución. Según explicó, más de 1.600 cisternas quedaron retenidas en medio de los piquetes y ahora deben cumplir los procesos de descarga, control de calidad y despacho antes de llegar a las estaciones de servicio. “Ya estamos regularizando los volúmenes”, afirmó.

La petrolera estatal informó que dispone de millones de litros de gasolina y diésel en tránsito hacia los principales centros de consumo y reiteró que el problema actual no responde a una falta de combustible ni a dificultades financieras, sino a la necesidad de reactivar toda la cadena logística tras semanas de interrupciones.

Bolivia atravesó casi siete semanas consecutivas de bloqueos de carreteras por sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de acusaciones de traición y de gobernar contra los intereses del país. La protesta paralizó gran parte del país, provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos e interrumpió el transporte de alimentos y combustible, entre otros insumos de primera necesidad, principalmente hacia la ciudad de La Paz, que estuvo sitiada durante el periodo de conflictos.

Sin embargo, el conflicto por el combustible no es reciente ni está vinculado exclusivamente a cuestiones logísticas del transporte. Desde hace más de tres años que los bolivianos experimentan periodos de escasez por la baja producción local y la falta de divisas para su importación como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país.

Desde que el presidente Paz asumió la presidencia, en noviembre del año pasado, implementó cambios en la política de hidrocarburos y levantó el subsidio a los combustibles después de casi 20 años. Si bien hubo un notable aumento en los despachos, a inicios de año surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina distribuida por miles de vehículos afectados.

El Gobierno admitió que había vendido “gasolina desestabilizada” y se comprometió a pagar un resarcimiento de daños a los usuarios y mejorar los controles de calidad. Hasta abril, se habían destinado cerca de 2 millones de dólares (20,3 millones de bolivianos) para compensar a más de 9 mil usuarios.

A pesar de los esfuerzos por garantizar la calidad y el abastecimiento de diésel y gasolina, la incertidumbre sobre el combustible se mantiene en Bolivia y varios sectores exigen acciones para resolver de manera estructural los problemas de suministro y calidad.

Activar el puerto de Tumaco ha sido un reto para las autoridades regionales, puesto que se han tenido que dejar a un lado los estigmas que existían sobre la región y buscar que diferentes sectores le apuesten a la infraestructura costera en Nariño.

Es por ello que la Alcaldía de Tumaco y la administración del puerto han destacado lo registrado durante una visita técnica que realizó el Ministerio de Minas y Energía, que, liderados por el jefe de la cartera, Edwin Palma, reafirmó que la capital nariñense está transformando las realidades territoriales de la zona. Ante la historia de un puerto que fue dejado en el abandono, el jefe de la cartera energética subrayó que hoy se demuestra que Tumaco se ha convertido en “un nodo logístico con un potencial inmenso para la importación y exportación”.

El milagro del puerto de Tumaco

Palma destacó que en el pasado era impensable que el puerto de Tumaco fuera utilizado para la llegada de combustible y otro tipo de productos, mientras que en la actualidad se ha convertido en pilar para evitar la falta de suministro de gasolina en la región.

“Todo el mundo decía que por aquí, por el puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos”, afirmó el ministro Palma, que durante el recorrido por las instalaciones indicó que está asegurado el transporte de combustibles líquidos para el suroccidente del país.

La operación del puerto ya está generando beneficios directos para la población de Nariño, entre ellos la reducción en el costo del galón de gasolina y diésel, gracias a una logística más eficiente para el ingreso de combustibles.

“Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país”, declaró el ministro.

Este impacto es corroborado por sectores como el mototaxismo. Kevin Rojas, representante de los transportadores, destacó que gracias a la gestión municipal, los precios del combustible han pasado de ser impagables a valores accesibles de 13.000 a 14.000 pesos por galón. “Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias”, manifestó el trabajador.

Además del combustible, el puerto se ha consolidado como una plataforma clave para la exportación de productos agrícolas como el cacao y, recientemente, la caña de azúcar, lo que dinamizará aún más la economía local.

Desde la administración del puerto han hablado sobre el compromiso con las comunidades apartadas, demostrando que Tumaco no solo es el puerto, sino que se trata de un territorio llamado a ser un “polo de desarrollo industrial y turístico de clase mundial”.

Los resultados del uso del puerto

La Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) ha reportado un salto en sus operaciones. De acuerdo con Arley Silva, gerente de la entidad, el puerto ha incrementado su capacidad de almacenamiento a más de 130.000 barriles, permitiendo el atraque de buques que transportan más de 100.000 barriles, superando las cifras de 60.000 o 70.000 que se manejaban inicialmente.

Silva resaltó el despliegue de esta operación logística que va en aumento, lo que incluye la consolidación de la operación marítima. De acuerdo con el directivo, el puerto de Tumaco se proyecta como un nodo estratégico para la seguridad energética, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano, demostrando que su potencial ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a transformar la economía regional y provoca cambios en las poblaciones que se alejan de la violencia.

La llegada de 103.000 barriles de combustibles al puerto de Tumaco marca una etapa relevante en la estrategia del Gobierno nacional para asegurar el suministro energético en el suroccidente colombiano.

El cargamento, compuesto en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, partió desde la Refinería de Cartagena y se consolida como la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard. Esta operación, coordinada entre el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol y los principales agentes mayoristas del sector, busca fortalecer la disponibilidad de combustibles y ampliar las alternativas logísticas para abastecer al departamento de Nariño.

El traslado de este volumen responde a la necesidad de garantizar el suministro en una zona caracterizada por su alta demanda y su ubicación estratégica. Con una proyección mensual cercana a los 150.000 barriles, la iniciativa integra a empresas como Primax, Petrodecol y Kamca, actores que participan en la consolidación de una cadena de abastecimiento permanente y eficiente hacia Nariño.

“Una operación histórica fortalece el suministro de combustible en Nariño. Desde el @MinEnergiaCo realizamos seguimiento riguroso al transporte de 103.000 barriles de combustible a bordo del buque Willard, que partió desde la Refinería de Cartagena con destino a Tumaco", se lee en la publicación del Ministerio de Energía.

La operación representa un desafío logístico y técnico para la infraestructura del Pacífico colombiano. El puerto de Tumaco demostró, según la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, la capacidad necesaria para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las posibilidades de recepción, almacenamiento y distribución de combustibles. Esta ampliación de capacidades fortalece el papel del puerto como punto estratégico para la región, al permitir la atención de operaciones a gran escala.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que la llegada de la carga a Tumaco evidencia la capacidad de respuesta del país ante las necesidades energéticas regionales. “Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios”, afirmó Palma. El funcionario remarcó la importancia de avanzar hacia un sistema de suministro confiable, eficiente y seguro.

La coordinación entre el Gobierno nacional y los agentes del sector hidrocarburos se traduce en acciones concretas para atender las exigencias de la región. El cargamento contribuirá a reforzar la oferta de gasolina y diésel, insumos fundamentales para el transporte y los sectores productivos del departamento. Según los datos de la operación, el 55% de la carga corresponde a gasolina, mientras que el 45% es diésel, lo que permitirá responder a la demanda de distintos segmentos económicos y sociales.

La Refinería de Cartagena, punto de partida de la operación, ha sido clave en la articulación de esta estrategia logística. El traslado de los barriles por vía marítima hasta el puerto de Tumaco optimiza los tiempos de entrega y reduce los riesgos asociados al transporte terrestre en una zona con desafíos geográficos y de seguridad. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el puerto cuenta con las capacidades técnicas y operativas necesarias para recibir y gestionar cargas de gran volumen.

La movilización de los 103.000 barriles constituye, según el ministerio, un hito para la infraestructura energética de la región. El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Hidrocarburos, supervisó el cumplimiento de los estándares de seguridad y eficiencia durante todas las etapas de la operación. “La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Palma.

La estrategia implementada contempla la consolidación de una cadena de suministro estable, con una proyección de 150.000 barriles mensuales destinados a Nariño. Este enfoque busca garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética y asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la implementación de soluciones logísticas que permitan responder a las necesidades energéticas de la población, en coordinación con Ecopetrol y los agentes mayoristas. El refuerzo del abastecimiento en Nariño se suma a las acciones del Gobierno para consolidar la seguridad energética en el suroccidente, optimizando la distribución y minimizando posibles interrupciones en el suministro.

La operación posiciona al puerto de Tumaco como nodo central en la red de abastecimiento de combustibles, ampliando su relevancia en la logística nacional y asegurando la cobertura de una de las regiones con mayores retos en materia de energía.

La economía mundial logró absorber hasta ahora el impacto provocado por la guerra en Medio Oriente. Esa fue la principal definición de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un artículo publicado bajo el título “La economía mundial resiste el impacto de la guerra, por ahora”, en el que repasó los efectos que tuvo el conflicto sobre los precios de la energía, la inflación, los mercados financieros y las perspectivas de crecimiento.

Aunque el texto no hizo referencias específicas a la Argentina, uno de los gráficos incluidos en el análisis sí incorporó al país dentro de una comparación internacional sobre la evolución de la inflación. Allí apareció entre las pocas excepciones en un escenario marcado por aumentos de precios en gran parte del mundo.

El gráfico mostró el cambio en la inflación anual desde febrero de 2026, medido en puntos porcentuales. Mientras la mayoría de las economías registró subas, la Argentina exhibió una variación negativa cercana a 0,7 puntos porcentuales. De esta manera, se muestra como una de las pocas economías en las que la inflación sigue desacelerándose, a pesar de la guerra. De hecho, el dato de mayo (2,1%) así lo reflejó.

Vale remarcar que las petroleras, con YPF a la cabeza, tomaron medidas y diseñaron un esquema para que la suba del precio del petróleo por la guerra no se traduzca en bruscos aumentos del precio de la nafta. EL objetivo fue que los valores del combustible se mantengan lo más estables posible.

De acuerdo con los datos presentados por el FMI, Indonesia fue el único país de la muestra que mostró una caída más pronunciada. En el extremo opuesto se ubicaron Francia e Italia, con incrementos cercanos a 1,7 puntos porcentuales. Estados Unidos también figuró entre los países con mayores aumentos, con una variación próxima a 1,6 puntos.

La zona euro, España, Turquía, Canadá y Sudáfrica también registraron aceleraciones relevantes. Alemania, Brasil, India y Australia mostraron incrementos más moderados, mientras que China y Japón presentaron variaciones prácticamente nulas.

La comparación apareció en un contexto en el que el FMI buscó medir cómo el conflicto alteró las condiciones económicas globales. Georgieva sostuvo que la principal preocupación desde el inicio de la guerra estuvo relacionada con el impacto sobre los mercados energéticos y su posterior traslado a los precios.

Precios del petróleo

Según explicó, los precios del petróleo se ubicaron alrededor de un 30% por encima de los niveles previos al conflicto. Sin embargo, señaló que el aumento resultó menor al observado en otros momentos de tensión geopolítica, pese al prolongado cierre del estrecho de Ormuz y a los daños registrados en infraestructura energética de Medio Oriente.

La titular del organismo afirmó que la economía global mostró una capacidad de adaptación mayor a la esperada. En su análisis destacó que tanto Estados Unidos como China mantuvieron un fuerte impulso económico, lo que contribuyó a sostener la actividad mundial.

También remarcó que esa imagen general de resiliencia ocultó diferencias importantes entre regiones y países. Mientras algunas economías lograron amortiguar los efectos del shock energético, otras enfrentaron mayores dificultades debido a su dependencia de las importaciones de petróleo y gas o a su menor margen para implementar políticas de respuesta.

Entre los factores que ayudaron a contener el impacto, Georgieva mencionó el uso de reservas estratégicas de petróleo por parte de algunos países. China apareció como uno de los casos más relevantes, ya que recurrió a sus amplias existencias para amortiguar las interrupciones en el suministro.

El FMI también destacó el aumento de la producción y de la utilización de refinerías fuera del Golfo Pérsico. Aunque ese incremento no alcanzó para compensar completamente la pérdida de oferta, contribuyó a reducir parte de las presiones sobre los precios internacionales del crudo.

Otro elemento señalado por el organismo fueron las medidas aplicadas para reducir la demanda o limitar el traslado de los mayores costos energéticos a consumidores y empresas. Según Georgieva, esas decisiones ayudaron a contener el impacto inicial, aunque advirtió que existen límites respecto del tiempo durante el cual los gobiernos pueden sostener mayores gastos fiscales o necesidades adicionales de financiamiento externo.

En materia de inflación, el FMI sostuvo que el encarecimiento del petróleo impulsó aumentos en los índices generales de precios en numerosas economías. Sin embargo, destacó otro aspecto que consideró relevante: las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecieron relativamente estables.

Para el organismo, esa situación reflejó confianza en el compromiso de los bancos centrales con la estabilidad de precios. Georgieva sostuvo que las empresas y los consumidores no modificaron de manera significativa sus expectativas sobre la evolución futura de la inflación, pese al shock energético.

El análisis también abordó la reacción de los mercados financieros. Según el FMI, los rendimientos de los bonos soberanos aumentaron desde el comienzo de la guerra, pero los activos de riesgo mantuvieron un desempeño favorable impulsado por sólidos resultados empresariales.

La directora gerente señaló además que existió poca evidencia de una búsqueda masiva de refugio por parte de los inversores. En términos históricos, las condiciones financieras continuaron siendo favorables.

El documento identificó otro factor que contribuyó a sostener la actividad económica global: las inversiones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y los centros de datos.

De acuerdo con Georgieva, esas inversiones funcionaron como un motor de crecimiento en los países donde la actividad económica conservó mayor dinamismo. Estados Unidos apareció entre los principales beneficiarios de ese proceso, al igual que varias economías asiáticas que registraron un aumento de las exportaciones tecnológicas.

Aun así, el FMI señaló que la mayoría de los países todavía no percibió plenamente los efectos de esas innovaciones sobre la productividad y el crecimiento. El organismo advirtió que esa situación podría ampliar las diferencias económicas entre regiones.

Más allá de la resiliencia observada a nivel global, el informe identificó sectores y regiones particularmente afectados por el conflicto.

Los exportadores de petróleo del Golfo directamente involucrados en la guerra enfrentaron fuertes revisiones a la baja en sus perspectivas de crecimiento para este año. Según el organismo, cinco de los ocho países de la región registrarían contracciones económicas.

Europa también recibió el impacto de los mayores costos energéticos. El FMI explicó que la fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y gas elevó las presiones inflacionarias y afectó las perspectivas de crecimiento.

Las economías emergentes de Asia enfrentaron desafíos similares. El organismo destacó que la elevada intensidad energética de esas economías amplificó el efecto de la suba de los combustibles. Según el informe, los precios minoristas de la energía aumentaron alrededor de 40% desde el inicio de la guerra.

Además, la región enfrentó el impacto de mayores rendimientos de los bonos soberanos, depreciaciones cambiarias y presiones asociadas a la salida de capitales.

Sin embargo, el FMI identificó a África como una de las regiones más expuestas a las consecuencias económicas del conflicto. En numerosos países africanos importadores de energía, el aumento de los costos deterioró las cuentas externas, elevó las presiones presupuestarias e incrementó las necesidades de financiamiento.

El organismo también advirtió sobre el impacto de los mayores costos energéticos en los mercados de fertilizantes y alimentos. Según explicó, esa situación elevó el riesgo de inseguridad alimentaria en varios países de bajos ingresos.

Efectos del fin del conflicto

Georgieva sostuvo que la duración y la intensidad de las interrupciones en el suministro energético seguirán siendo determinantes para la evolución de la economía mundial. En ese marco, consideró positiva la posibilidad de una reducción de las tensiones, aunque recordó que la recuperación de la infraestructura dañada requerirá tiempo.

El FMI también remarcó la necesidad de preservar la estabilidad de precios y mantener disciplina fiscal frente a un escenario de incertidumbre. El organismo señaló que algunos bancos centrales ya endurecieron su política monetaria para evitar un deterioro de las expectativas inflacionarias.

Respecto de la política fiscal, Georgieva sostuvo que los controles de precios, subsidios y medidas similares pueden generar costos significativos para las cuentas públicas. Por esa razón, recomendó respuestas focalizadas, temporales y orientadas a proteger a los sectores más vulnerables.

Según información de Andina, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la vía, en sentido norte. En ese punto, el tráiler impactó con un semitráiler que transportaba cemento. Tras el golpe, el vehículo que llevaba el material inflamable perdió estabilidad, se desvió hacia el borde del camino y se precipitó por un abismo de aproximadamente 100 metros, hasta detenerse en la ladera.

El conductor del camión sobrevivió al siniestro y recibió auxilio en el lugar. De acuerdo con información difundida por medios locales, tres transportistas que transitaban por el sector bajaron por la pendiente para asistir al chofer, quien quedó atrapado entre partes dañadas de la estructura y la arena acumulada tras la caída. Con apoyo de quienes se encontraban cerca, lograron liberarlo y ponerlo a salvo mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

El otro vehículo involucrado permaneció detenido en la parte alta del tramo, cerca del borde del precipicio. Su posición obligó a extremar precauciones en el área, ya que cualquier movimiento brusco podía representar un riesgo adicional. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó de manera oficial si el impacto se originó por una maniobra indebida, por una falla mecánica o por condiciones adversas en la vía.

Agentes de la Policía de Tránsito acudieron para asegurar la zona, iniciar las diligencias y ordenar el flujo vehicular. El tránsito quedó restringido en uno de los carriles durante las labores de atención, lo que generó demoras para los conductores que se desplazaban hacia el norte. En paralelo, se establecieron perímetros preventivos ante la carga transportada por la cisterna, debido a su naturaleza inflamable.

Las autoridades evaluaron los riesgos de fuga o derrame en el punto donde quedó el vehículo. Fuentes consultadas en el lugar indicaron que se mantuvo vigilancia para descartar la presencia de combustible en la arena o en áreas cercanas, mientras se coordinaban acciones para retirar la unidad sin provocar una emergencia mayor.

El serpentín de Pasamayo es un tramo conocido por su complejidad, con curvas cerradas, cambios bruscos de pendiente y alta circulación de transporte pesado. Por ese motivo, incidentes en ese sector suelen requerir operativos de control y procedimientos especiales, sobre todo cuando hay carga peligrosa involucrada.

La investigación quedó a cargo de las unidades correspondientes, que deberán determinar responsabilidades y establecer la secuencia exacta de hechos. Mientras continúan las indagaciones, la recomendación para quienes transitan por la zona es mantener velocidad moderada, conservar distancia de seguridad y atender las indicaciones de la Policía para evitar nuevos accidentes en un punto de alto riesgo.

El Gobierno de República Dominicana anunció que los precios de los combustibles permanecerán congelados durante tres meses, siempre que el precio internacional del barril de petróleo no supere los $95.00 dólares. La decisión, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Majín Díaz, forma parte de un paquete de medidas para contener los efectos de la crisis internacional y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de junio de 2026, Majín Díaz explicó que la política de subsidios a los combustibles ha conseguido limitar el impacto inflacionario en la economía local. La nueva medida implica que, tras un ajuste menor, el gobierno mantendrá los precios sin cambios por un trimestre, en la medida que el mercado mundial del petróleo no traspase el umbral fijado.

El ministro advirtió que, si el precio internacional sube más allá de los 95 dólares, la política de subsidios sería insostenible para las finanzas públicas. Actualmente, el subsidio estatal ha reducido el impacto del alza internacional, asegurando que “de no haber sido por esta política, la inflación rondaría el 8%, en vez del 5% actual”. Esta decisión busca dar previsibilidad y alivio a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados energéticos.

Junto al congelamiento de los combustibles, el Ministerio de Hacienda y Economía presentó un plan de reforma tributaria orientado a crear un marco fiscal más sólido y justo. Según la exposición de Díaz, el proyecto será sometido al Congreso Nacional e incluye incentivos para la inversión, simplificación de trámites fiscales y nuevas herramientas para combatir la evasión y la informalidad.

El funcionario aseguró que la propuesta no afecta el ITBIS general, los productos de primera necesidad ni implica aumentos para las Mipymes o la clase media. El plan prevé un aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial al 30% durante tres años, solo para grandes compañías con ingresos superiores a mil millones de pesos anuales.

Además, se actualiza el mínimo exento del impuesto sobre la renta personal, lo que dejará fuera del alcance impositivo al 85% de los asalariados del país. También se eleva la deducción por gastos educativos y se amplían los beneficios para familias con hijos con discapacidad.

Consenso técnico y próxima discusión en el Congreso

Durante la conferencia, Majín Díaz enfatizó la importancia de focalizar los subsidios para que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Para ello, el Ministerio trabaja junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el programa Supérate en una depuración de los padrones, buscando eliminar beneficiarios que ya no califican y sumar a quienes sí cumplen los criterios. La expectativa es lograr un ahorro adicional de hasta diez mil millones de pesos mediante la optimización de estos programas sociales.

El plan fue elaborado con la colaboración de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la administración tributaria, el Banco Central y representantes de los principales gremios empresariales. Según el ministro, la mayoría de las grandes empresas valora la estabilidad económica del país y está dispuesta a asumir el sacrificio temporal que implica el ajuste tributario.

La propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días para su discusión y aprobación. El Gobierno insistió en que toda recaudación adicional estará sujeta a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía monitorear el uso de los fondos recaudados.

La serie de medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda y Economía busca preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener el crecimiento económico en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados y la crisis energética global.

La crisis de combustible en Crimea alcanzó niveles que no se veían desde la anexión rusa en 2014, tras una serie de bombardeos ucranianos que conmocionaron a la península del Mar Negro. Los bombardeos con drones y las acciones directas contra refinerías, depósitos, oleoductos y camiones cisterna en la ruta terrestre que conecta Rusia con Crimea desataron un escenario de escasez y largas filas en las estaciones de servicio, justo cuando la región esperaba el inicio de la temporada turística de verano.

El impacto de estas acciones se refleja en el ambiente de tensión entre la población local, que enfrenta restricciones severas para acceder a gasolina, y en la creciente presión sobre el Kremlin para encontrar soluciones rápidas. Mientras tanto, Moscú admitió públicamente la magnitud del problema, una señal inusual de reconocimiento ante una situación que amenaza tanto a la economía regional como a la logística militar en el área.

Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ofensivas contra la infraestructura que abastece de energía a Crimea y a otras regiones ocupadas, lo que dejó a Moscú en una posición incómoda y con dificultades para reaccionar. La campaña militar ucraniana logró paralizar rutas consideradas seguras por Rusia y obligó a las autoridades a improvisar soluciones, como el uso de puentes flotantes y la limitación del suministro de combustible a través de cupones y racionamiento.

El colapso de la logística de combustible en Crimea se convirtió en una de las consecuencias más visibles de la guerra en Ucrania. Los residentes y turistas sufren la escasez y la incertidumbre respecto al acceso a servicios básicos, mientras que los especuladores aprovechan la situación para vender gasolina a precios exorbitantes. La crisis provocó la cancelación de miles de reservas hoteleras, lo que afectó gravemente a la principal fuente de ingresos de la península.

Las autoridades rusas registraron la venta de gasolina a 20 litros por vehículo a la semana, medida que se implementó mediante cupones prepago que se agotaron apenas fueron ofrecidos en canales oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre dónde encontrar combustible, y se habilitó una línea de ayuda para turistas varados.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, analizó la táctica ucraniana: “La campaña de huelgas de largo alcance está reduciendo la capacidad de producción de Rusia, mientras que la campaña de huelgas de alcance medio está perjudicando la capacidad de Rusia para transportar la gasolina que aún es capaz de producir”, señaló la organización.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió la gravedad de la situación y aseguró que se estaban tomando medidas para resolverla. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso optó por el silencio respecto a los ataques sufridos en el corredor terrestre, aunque algunos blogueros militares afines al gobierno criticaron la falta de previsión y la lentitud en la reacción.

Voces desde el entorno militar ruso sugirieron que “escoltas militares para los camiones cisterna de combustible” podrían ser una solución necesaria. Otros, en cambio, pidieron que se intensificaran los ataques rusos contra infraestructuras clave en territorio ucraniano.

La península de Crimea, considerada desde el siglo XVIII como una joya para el imperio ruso y foco de tensiones geopolíticas, volvió al centro del conflicto armado tras la estrategia de Kiev. El control ruso sobre la zona se consolidó tras la anexión en 2014, pero los recientes ataques pusieron en cuestión la seguridad de los corredores de abastecimiento.

La ofensiva ucraniana no limitó a objetivos logísticos. Esta semana, drones alcanzaron el puente de Chonhar, infraestructura clave que une Ucrania continental con Crimea. El ejército ucraniano explicó que el objetivo era interrumpir el traslado de tropas, municiones y combustible.

La población de Crimea y de otros territorios ocupados percibe el efecto de la crisis cada día. El transporte de combustible a través del puente de Kerch sigue suspendido por razones de seguridad, lo que ha obligado a recurrir a transbordadores y a limitar la cantidad de gasolina que los conductores pueden transportar desde el continente.

El turismo, que atrajo a cerca de 7 millones de visitantes el año pasado, se vio duramente golpeado. Según el diario económico Kommersant, casi el 80% de las reservas hoteleras se cancelaron entre finales de mayo y principios de junio. Algunos hoteles intentaron atraer clientes regalando gasolina, pero las ofertas se agotaron rápidamente.

Como golpe simbólico, Ucrania bombardeó un edificio histórico de Sebastopol, museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol, que albergaba una pintura panorámica sobre la defensa de la ciudad en la Guerra de Crimea del siglo XIX.

El jefe de la ciudad, Mikhail Razvozhayev, designado por el Kremlin, relató que la obra quedó prácticamente destruida: “Es difícil encontrar otra obra de arte, otra parte del patrimonio nacional, cuya destrucción sería tan dolorosa para Putin”, afirmó el bloguero militar Valery Shiryayev.

La escalada de los ataques y la crisis de combustible en Crimea subrayan la capacidad de Ucrania para alterar la logística y el ánimo ruso, mientras la guerra entra en una nueva fase de desgaste prolongado y efectos sociales palpables.

(Con información de The Associated Press)

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en sus bolsillos a partir del próximo 12 de junio. La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta de los combustibles, marcando la segunda rebaja consecutiva y consolidando una tendencia a la baja observada durante las últimas semanas en el mercado internacional.

Los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del 26 de junio y reflejan la disminución de los precios de referencia internacionales que sirven de base para el cálculo de los combustibles en Panamá.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a un máximo de $1.223 por litro, la gasolina de 91 octanos a $1.141 por litro y el diésel ultrabajo en azufre a $1.207 por litro.

Llevados a galón, los precios equivalen aproximadamente a $4.63 para la gasolina de 95 octanos, $4.32 para la gasolina de 91 octanos y $4.57 para el diésel, tomando como referencia que un galón equivale a 3.785 litros.

La nueva actualización representa una reducción de 11.4 centésimos por litro para la gasolina de 95 octanos, 11.1 centésimos para la gasolina de 91 octanos y 7.2 centésimos para el diésel ultrabajo en azufre.

Para un conductor que llena un tanque de 15 galones, el ahorro puede ser significativo. En términos de galón, la gasolina de 95 octanos baja aproximadamente $0.43 por galón, la gasolina de 91 octanos disminuye cerca de $0.42 por galón y el diésel reduce su precio en alrededor de $0.27 por galón.

Las rebajas locales se alinean con el comportamiento de los mercados energéticos globales. Durante mayo y lo que va de junio, el mercado del petróleo ha mostrado una tendencia predominantemente bajista, influenciado por la desaceleración de la demanda global y el incremento de inventarios de crudo.

A pesar de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, los precios de referencia del crudo Brent y el WTI registraron caídas consecutivas debido a la decisión de la OPEP+ de empezar a eliminar de forma gradual sus recortes voluntarios de producción a partir del próximo trimestre del año.

Esta perspectiva de una mayor oferta global, combinada con las persistentes tasas de interés elevadas en Estados Unidos, ha generado cautela entre los inversionistas, quienes prevén un menor consumo energético durante la temporada de viajes de este verano, debilitando así el valor del barril.

Los datos de la Secretaría Nacional de Energía muestran que entre el 27 de mayo y el 9 de junio los combustibles mantuvieron una tendencia descendente. Al cierre del período, la gasolina de 95 octanos acumulaba una reducción de 10.85% respecto al inicio del ciclo de precios, mientras que la gasolina de 91 octanos reflejaba una caída de 11.39%. El diésel, aunque también descendió, registró una reducción más moderada de 6.59%.

La gráfica de comportamiento de precios evidencia que la gasolina de 91 octanos ha sido el combustible que más se ha abaratado durante las últimas semanas, seguida por la gasolina de 95 octanos. El diésel, por su parte, mostró una trayectoria más estable y con menores fluctuaciones.

El mecanismo de actualización técnica se realiza cada 14 días y toma en consideración factores internacionales, costos logísticos y condiciones de abastecimiento, con el objetivo de trasladar de forma directa al consumidor las variaciones registradas en los mercados de referencia.

Las ventas de combustibles mantienen crecimiento en 2026

Mientras los precios registran una tendencia a la baja, el consumo de combustibles continúa mostrando señales de fortaleza.

Las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que entre enero y abril de 2026 se comercializaron 121.8 millones de galones de gasolina de 91 y 95 octanos en el país, un incremento de 4.2% frente a los 116.9 millones de galones vendidos durante el mismo período de 2025.

La gasolina de 95 octanos fue la que registró el mayor crecimiento. Sus ventas alcanzaron 82.7 millones de galones, frente a 77.7 millones de galones en igual período del año anterior, para un aumento de 6.4%.

La gasolina de 91 octanos se mantuvo prácticamente estable. Entre enero y abril se comercializaron 39.2 millones de galones, una leve disminución de 0.2% respecto a 2025.

En el caso del diésel ultrabajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, autobuses y parte de la actividad productiva, las ventas sumaron 117.8 millones de galones en los primeros cuatro meses del año, un crecimiento de 2.5% frente a los 114.9 millones de galones reportados en igual período del año pasado.

Las cifras sugieren que la demanda interna de combustibles continúa creciendo pese a las fluctuaciones de precios observadas durante el año. El comportamiento es consistente con la recuperación de la movilidad, el aumento de la actividad económica y el mayor movimiento de mercancías dentro del país.

Con la nueva reducción anunciada para la segunda quincena de junio, los consumidores panameños acumulan varias semanas de alivio en los precios de los combustibles, una noticia que podría tener efectos positivos sobre los costos de transporte y algunos servicios vinculados a la actividad económica.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustible que el gobierno federal ha combatido con decomisos, detenciones de empresarios y controles aduanales reforzados.

El caso llegó a la conferencia matutina en Palacio Nacional luego de que una reportera preguntó sobre el empresario Miguel Alemán Magnani, señalado como prófugo de la justicia desde Francia, con un adeudo de tres mil millones de pesos al SAT y presuntamente vinculado a la empresa Impulsora de Productos Sustentables, investigada por huachicol fiscal y lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A raíz de la pregunta, la mandataria adelantó que su gobierno tiene pendiente una presentación pública sobre los resultados del combate al contrabando de combustibles. Sin embargo, señaló que dicha presentación aún no se ha realizado por falta de oportunidad, pero que se hará próximamente en Palacio Nacional.

“Hay que pedirle a la Fiscalía que pueda, en el momento que avancen las investigaciones, dar toda la información relacionada con el contrabando de combustible”, dijo Sheinbaum.

Por otra parte, la presidenta sostuvo que el considerable incremento en las ventas de Pemex refleja una disminución en el contrabando de combustible, ya que, según indicó, las gasolineras y flotillas ahora abastecen únicamente producto legal sin recurrir a los hidrocarburos ilícitos.

Asimismo, atribuyó parte del avance al cierre de ductos que ordenó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, el cual generó desabasto en varias regiones y obligó a sustituir el sistema por pipas terrestres.

Bajo este esquema, Sheinbaum precisó que Pemex dispone de un sistema actualizado de detección, capaz de responder de forma inmediata ante cualquier robo en ductos, lo que, sumado a otras acciones implementadas, ha permitido disminuir significativamente este tipo de delito.

El caso de Miguel Alemán Magnani e Impulsora de Productos Sustentables

La reportera que planteó la pregunta documentó que la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio SAT investigan a la empresa Impulsora de Productos Sustentables por su presunta participación en huachicol fiscal y en operaciones de lavado de dinero vinculadas al CJNG.

La red empresarial asociada a Alemán Magnani incluye a Galem Energy, compañía que adquirió el 51 por ciento de IPS en 2018. De acuerdo con la causa penal 325/2025 de la FGR, dichas empresas realizaban operaciones que iban desde el contrabando de hidrocarburos hasta el ocultamiento de recursos financieros, articuladas a través de Grupo Potesta como nodo central.

Sin embargo, el mayor caso de huachicol fiscal documentado en México involucra directamente a IPS: entre el 4 y el 18 de octubre de 2019, la empresa introdujo más de 21.5 millones de litros de diésel automotriz por el puerto de Tuxpan, en Veracruz, a bordo del buque Atlantic Bay, sin declarar correctamente la mercancía. El SAT estimó un daño al fisco de 173 millones de pesos por ese solo cargamento.

La Comisión Reguladora de Energía canceló los permisos de comercialización y logística de combustible de IPS en 2021. En ese mismo año, el SAT la incluyó en el padrón de importadores suspendidos por inconsistencias en sus operaciones.

El combate al huachicol fiscal y las medidas adoptadas

El gobierno de Sheinbaum reconoció en mayo de 2026 que entre febrero y marzo de 2025 se registró un aumento en el ingreso ilegal de combustible al país. Las autoridades detectaron inconsistencias entre el volumen importado, el producido y el vendido en estaciones de servicio, lo que derivó en decomisos y nuevas denuncias ante la FGR.

Para evitar nuevos casos, la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, coordina un grupo especial que revisa semanalmente el comportamiento de las importaciones de combustible. La presidenta defendió la actuación de su gobierno con una frase directa: “Lo más importante es que se actuó. Mal hubiera sido que nos hubiéramos dado cuenta de eso y esconderlo”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026 ha revelado un comportamiento diferenciado en los distintos componentes de la canasta de bienes y servicios. Entre las variaciones más significativas del último año destaca el comportamiento de la división de Transporte.

Los datos de la base estadística reflejan que el índice de este rubro pasó de un valor de 111.41 en mayo de 2025 a 118.48 en mayo de 2026, consolidándose como una de las divisiones con mayor presión al alza en el indicador de inflación general durante este periodo interanual.

Al analizar la trayectoria del índice sectorial a lo largo del último año, se evidencia un cambio de tendencia drástico hacia el cierre del periodo. Según los datos, durante la mayor parte de 2025 y los primeros meses de 2026, las variaciones mensuales del rubro se mantuvieron en terreno negativo, registrando contracciones consecutivas como el -5.39% en mayo de 2025 y el -4.29% en septiembre de ese mismo año.

Esta tendencia deflacionaria preliminar se prolongó de forma atenuada hasta inicios de 2026, con tasas mensuales de -3.27% en enero y -0.88% en marzo. Sin embargo, el panorama económico cambió radicalmente a partir del segundo trimestre de 2026.

En abril se registró el primer repunte significativo con una variación mensual positiva de 3.33%, una tendencia que se aceleró de forma contundente en mayo de 2026 al alcanzar un incremento mensual del 6.35%. Este vertiginoso ajuste al alza en los últimos dos meses explica el salto neto en el índice interanual y evidencia presiones inflacionarias concentradas y recientes en los servicios y bienes vinculados a la movilidad.

Factores económicos detrás del incremento según el BCR

De acuerdo con los análisis coyunturales y las lecturas macroeconómicas provistas habitualmente por el BCR, este tipo de variaciones en el rubro de transporte responde principalmente a factores de oferta exógenos y choques en los costos globales de logística y materias primas.

En primer lugar, el comportamiento de este componente está estrechamente ligado a las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo crudo y sus derivados, como la gasolina y el diésel. El repunte observado hacia abril y mayo de 2026 coincide directamente con periodos de volatilidad o incrementos en los precios de los combustibles en los mercados internacionales, los cuales se trasladan de forma inmediata a los precios de venta al consumidor local debido a la dependencia de las importaciones de hidrocarburos.

En segundo lugar, el incremento refleja un ajuste en las tarifas de los servicios de transporte público, interurbano y de carga. Por lo que, el IPC mide cuánto cambian los precios de lo que consumimos a diario; cuando el BCR reporta que el índice de transporte subió de 111.41 a 118.48, nos está diciendo que el dinero rinde menos a la hora de viajar.

Que las cifras hayan estado en “terreno negativo” durante 2025 significaba un alivio temporal: la gasolina o los pasajes daban un respiro al bolsillo. Sin embargo, el aumento del 6.35% solo en el mes de mayo de 2026 rompió esa tranquilidad. Esto se debe a que El Salvador no produce petróleo; cuando el precio internacional del crudo sube, el impacto llega de inmediato a las gasolineras.

Además, mantener un vehículo (ya sea un autobús público o un camión de carga) es más costoso por el alza en repuestos y llantas. Los empresarios no pueden asumir solos esas pérdidas, por lo que el precio final lo termina pagando la población en sus pasajes o tarifas.

El encarecimiento del transporte tiene un efecto multiplicador o “de segunda vuelta” en la economía general. Al aumentar los costos de traslado de mercancías, se eleva colateralmente el costo de distribución de productos básicos como los alimentos, lo que podría condicionar las lecturas del IPC en los meses venideros.

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

La humanidad está cerca de inaugurar la primera tumba permanente para residuos nucleares de alta peligrosidad, un hito que ocurre en un rincón rocoso de Eurajoki, al suroeste de Finlandia.

La obra subterránea conocida como Onkalo —que significa “cueva” en finlandés— representa un salto en la solución al mayor desafío histórico de la energía nuclear: el destino final de los materiales que permanecen peligrosos durante milenios.

En uno de los túneles profundos de Onkalo, la pantalla de un ascensor indica “433” metros bajo tierra. Cuando las puertas se abren, la vista conduce a la entrada del depósito que está casi listo para operar.

Este enclave, excavado en una roca que formó parte de la corteza terrestre hace 1.900 millones de años, fue diseñado para almacenar de modo definitivo los residuos nucleares que, hasta ahora, permanecen en recintos temporales en casi todo el mundo.

Países como Suecia y Francia avanzan en proyectos similares, aunque Finlandia se dispone a convertirse en el primero en poner en marcha una solución subterránea a gran escala.

El proceso de autorización llegó a su etapa final. La Autoridad Finlandesa de Protección Radiológica y Nuclear (STUK) analiza los últimos detalles técnicos y la licencia de operación podría emitirse en las próximas semanas.

Según Philippe Bordarier, director ejecutivo del operador nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO), “esperamos poder comenzar la operación a finales de este año o muy probablemente a principios del próximo”. La voz de Bordarier retumbó en los pasillos húmedos donde se depositarán las cápsulas con combustible usado, que seguirá siendo altamente radiactivo durante miles de años.

El origen de Onkalo se remonta a 2004, cuando la empresa de gestión de residuos nucleares Posiva inició la construcción. El proyecto ya demandó cerca de mil millones de euros (1.160 millones de dólares). El depósito tendrá capacidad para almacenar hasta 6.500 toneladas de uranio gastado, generado por los cinco reactores nucleares del país, tres de ellos ubicados en la central de Olkiluoto, junto al Mar Báltico.

Finlandia enfrenta un doble desafío: el técnico y el social. La legislación nacional establece que los residuos nucleares generados en el país deben almacenarse y eliminarse definitivamente en territorio finlandés. “Antes del cambio legal en 1994, el combustible nuclear gastado se exportaba a, por ejemplo, Rusia”, recordó la ministra de Clima y Medio Ambiente, Sari Multala.

Un sistema pensado para durar milenios

El plan de almacenamiento permanente de Onkalo contempla un funcionamiento de al menos 100 años. Durante ese tiempo, el combustible gastado se trasladará desde las piscinas de enfriamiento de Olkiluoto hasta los túneles del depósito. Allí, las cápsulas serán encapsuladas en botes de cobre, elegidos por su resistencia a la corrosión.

Lauri Parviainen, químico de Posiva, detalló que “básicamente, tiene que ser seguro para siempre”. Cada cápsula se bajará en un agujero perforado, que luego se rellenará con arcilla de bentonita, un material que actúa como barrera natural.

“Así que si la bentonita permanece en su lugar, estamos a salvo”, explicó Parviainen. Cuando cada túnel de 300 metros quede lleno, se sellará con un tapón de hormigón armado. El combustible permanecerá ahí mientras su radiactividad va decayendo. “Después de 100.000 años, estarán aproximadamente al mismo nivel que el mineral de uranio del que está hecho el combustible”, precisó Parviainen.

El análisis de riesgos abarca horizontes inéditos. Jarkko Kyllonen, experto de STUK, participó en la evaluación de escenarios posibles para el sitio hasta un millón de años en el futuro. “Teniendo en cuenta el potencial de peligro de los residuos, los primeros 10.000 años son muy importantes para mantener las cápsulas intactas”, declaró a AFP.

Los riesgos principales a largo plazo incluyen la corrosión del cobre y los movimientos sísmicos durante futuras glaciaciones, que podrían afectar la integridad de las cápsulas y provocar fugas.

Los resultados de los estudios fueron positivos, según resaltó Kyllonen. El objetivo es que el sistema de confinamiento logre superar cualquier desafío geológico o químico, una ambición sin precedentes en la historia de la ingeniería civil.

Legislación, consenso social y futuro nuclear

La legislación finlandesa sobre energía nuclear y residuos radiactivos establece parámetros estrictos para la gestión, almacenamiento y eliminación definitiva de estos materiales. Según la normativa, la construcción de cualquier instalación importante dedicada a residuos nucleares debe responder al bien común y contar con la aprobación tanto del Gobierno y el Parlamento como del municipio anfitrión. Además, toda obra de este tipo requiere una Evaluación de Impacto Ambiental antes de recibir la primera autorización.

El titular de una licencia para operar una instalación de residuos nucleares está obligado a garantizar su seguridad en todos los ámbitos: protección radiológica, salvaguardias, seguridad nuclear y preparación ante emergencias.

De acuerdo con la legislación, “la seguridad de las instalaciones de residuos nucleares deberá mantenerse al nivel más alto razonablemente posible, y se deberán tomar todas las medidas justificadas por la investigación en seguridad y los avances científicos y tecnológicos para mejorar la seguridad”.

El productor de residuos nucleares asume la responsabilidad de su gestión, investigación, desarrollo, financiación del almacenamiento futuro y desmantelamiento de las instalaciones. El Estado solo asume el control cuando los residuos fueron eliminados de forma autorizada o si la empresa responsable no cumple sus obligaciones.

Finlandia se adelantó a la discusión internacional al prohibir la importación de residuos nucleares extranjeros y la exportación de sus propios desechos, con excepción del combustible usado en reactores de investigación. Así, el país se convierte en referencia de soberanía y control estatal sobre los pasivos nucleares.

El diseño de cualquier instalación nuclear debe prever su desmantelamiento desde el inicio. Los planes correspondientes se actualizan durante toda la vida útil de la planta y deben ejecutarse sin demoras injustificadas, una exigencia que busca evitar la acumulación de instalaciones obsoletas o peligrosas.

La obligación de neutralizar y gestionar cualquier residuo radiactivo se extiende a todo usuario de sustancias nucleares, incluidos los residuos NORM (materiales radiactivos de origen natural). La Ley de Radiación estipula la constitución de garantías financieras para asegurar la gestión responsable de estos materiales, así como la posibilidad de devolver fuentes selladas en desuso al proveedor o entregarlas a la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear (STUK).

Finlandia ratificó además tratados internacionales clave, como el Convenio de Londres y el Convenio Conjunto, que abordan la responsabilidad global y las mejores prácticas en la gestión de residuos peligrosos.

Apoyo y desafíos sociales

El proyecto Onkalo encontró menos resistencia social que iniciativas similares en otros países. Mientras en Francia la idea de construir una tumba nuclear subterránea recibió un fuerte rechazo, la experiencia finlandesa se caracteriza por un grado inusual de consenso social y confianza en las instituciones técnicas y regulatorias.

Según Matti Kojo, profesor de ciencias sociales de la Universidad LUT, “la gente se ha acostumbrado y confía en las evaluaciones hechas por STUK”. El nivel de apoyo a la energía nuclear alcanzó cifras históricamente altas en Finlandia, una tendencia que marca un contraste con el debate europeo.

Aun así, la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza mantiene una postura crítica. Su director, Tapani Veistola, expresó que “nadie puede garantizar la seguridad de Onkalo durante miles de años”. Este tipo de advertencias resalta la dimensión ética y la incertidumbre asociadas a proyectos que trascienden la escala temporal humana.

Desde el punto de vista legal, la responsabilidad sobre los residuos nucleares, una vez eliminados formalmente, pasa al Estado. Si un productor privado no puede cumplir sus obligaciones, el Gobierno debe intervenir.

El futuro de la energía nuclear y los residuos

El impulso nuclear en Finlandia es parte de una política energética nacional que busca reducir emisiones y diversificar la matriz. El país evalúa el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR), aunque todavía no existe una definición clara sobre la gestión futura de los residuos que estos dispositivos generarán. “Todavía no se ha decidido cómo se gestionaría el combustible nuclear gastado de los futuros SMR”, reconoció la ministra Multala. Una evaluación técnica y legal se presentará el próximo año.

El almacenamiento de residuos nucleares en Onkalo representa la culminación de un proceso de innovación tecnológica, adaptación social y regulación avanzada. El modelo finlandés combina ingeniería de vanguardia, participación social y un marco legal robusto, en busca de una solución definitiva al mayor pasivo de la energía nuclear.

La última palabra la tendrán las generaciones futuras, que deberán confiar en una obra pensada para durar más de 100.000 años, oculta en la profundidad de la roca, mientras la ciencia y la sociedad siguen debatiendo sobre el legado radiactivo.

A las 11:45 hora local de Nueva York (15:45 GMT) los contratos futuros del WTI para entrega en julio subían un 7,13 % con respecto al cierre del viernes y sumaban 6,23 dólares, situándose en 93,59 dólares el barril.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó hoy que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz, señalaba el medio económico CNBC.

La localización del sitio se obtiene mediante labores de inteligencia que permiten identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito, según el reporte oficial. En el operativo participan también Defensa y la Guardia Nacional.

El cateo se realiza en un predio sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el mismo municipio. La diligencia queda a cargo del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

En la ejecución intervienen elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de servicios periciales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), conforme al informe de las autoridades. El objetivo, precisan, es asegurar el inmueble y el material localizado para integrar la investigación correspondiente.

Como resultado del operativo, los efectivos federales aseguran alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo. La suma de ambos volúmenes rebasa el millón de litros asegurados, según el reporte.

Además del combustible, en el lugar se decomisa equipo y vehículos presuntamente vinculados con el almacenamiento y traslado del material. Entre lo asegurado se encuentran tractocamiones, “frac tank”, autotanques y dollys.

El inventario también incluye alrededor de 409 cubitanques, así como silos de almacenamiento vertical y un remolque de plataforma. A ello se agregan motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos que quedan bajo resguardo de la autoridad.

Tanto el predio como los indicios asegurados quedan a disposición del MPF, que mantiene abierta la indagatoria para determinar responsabilidades y “resolver conforme a derecho” contra quien o quienes resulten responsables, según la FGR.

• Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, según la FGR y la SSPC.
• Decomisan 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido negro y amarillo, además de vehículos y equipo.
• El predio y lo asegurado quedan a disposición del MPF para continuar la investigación y definir responsabilidades.

Los consumidores costarricenses enfrentarán un nuevo golpe en sus presupuestos a partir de la próxima semana, cuando entren en vigencia los nuevos ajustes en las tarifas de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Este ajuste responde al estudio extraordinario de mayo de 2026, el cual recopila los costos reales de los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 10 de abril y el 7 de mayo del presente año.

La coyuntura geopolítica actual, marcada por la persistente inestabilidad y el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Al ser el petróleo crudo la materia prima indispensable para la producción de carburantes, su encarecimiento global se traslada de manera automática e inevitable a los precios de los productos terminados que Costa Rica importa para abastecer su demanda interna.

Un detalle particular que se mantiene y consolida en el mercado costarricense es la inversión de la brecha de precios entre los dos tipos de gasolina disponibles en las estaciones de servicio.

Históricamente, la Gasolina Superior ha tenido un costo superior debido a su mayor octanaje (RON 95). Sin embargo, debido a la dinámica de las compras internacionales y las fechas específicas de los embarques adquiridos por RECOPE, la Gasolina Regular (RON 91) volverá a ser más costosa que la Superior.

• Gasolina Regular (RON 91): Experimentará un incremento de ¢8,00 por litro, elevando su costo vigente de ¢748,00 hasta un precio aprobado de ¢756,00 por litro (equivalente a $1.47 por litro).
• Gasolina Superior (RON 95): Registrará un alza de ¢20,00 por litro, pasando de ¢733,00 a un precio aprobado de ¢753,00 por litro (equivalente a $1.46 por litro).

Por otro lado, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en su mezcla 70-30, sufrirá un aumento de ¢6,00 por litro, situándose en ¢272,00. Este incremento impacta directamente el costo del cilindro de gas de 25 libras (el de mayor consumo residencial y comercial en el país), el cual subirá ¢144,00, pasando de ¢7.255,00 a un precio final aprobado de ¢7.399,00.

Alta vulnerabilidad a choques externos

El Intendente de Energía de la ARESEP, Mario Mora, fue enfático al señalar las razones macroeconómicas detrás de este ajuste tarifario. Según el jerarca, el panorama local está completamente supeditado a variables que escapan al control del Gobierno o de los reguladores nacionales:

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Al no ser un país productor de petróleo, Costa Rica se posiciona en una situación de extrema vulnerabilidad ante los choques externos de la economía global.

Los analistas internacionales y las autoridades energéticas locales coinciden en que, en el corto plazo, no se identifican señales contundentes ni factores de mercado que permitan prever una pronta estabilización o una tendencia a la baja sostenida en la evolución de los precios internacionales del crudo.

La resolución con las nuevas tarifas ya ha sido tramitada por la ARESEP para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siguiendo el debido proceso legal, se prevé que las variaciones tarifarias entren a regir de forma oficial a mitad de la próxima semana, apenas un día después de que el documento aparezca en la gaceta oficial, vinculando obligatoriamente a todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

California enfrenta un escenario en el que el precio de la gasolina alcanzó niveles inéditos, superando los USD 6 por galón y situándose por encima del promedio nacional. Este fenómeno, que afecta de manera transversal a la población y la economía estatal, desencadenó ajustes en los hábitos de consumo, presiones sobre negocios locales y un renovado debate político sobre el balance entre la lucha contra el cambio climático y el costo de vida.

Las historias individuales y los datos oficiales dan cuenta de una realidad compleja en la que cada decisión relacionada con el combustible tiene un impacto tangible en la vida diaria de millones de personas.

Factores que explican el alto precio de la gasolina en California

El precio de la gasolina en California ha sido históricamente más elevado que en el resto de Estados Unidos. Esto responde, en primer lugar, a altos impuestos estatales sobre los combustibles y a la exigencia de utilizar mezclas de gasolina más limpias y costosas, diseñadas para reducir la contaminación. Estas normativas, exclusivas de California, encarecen la producción y venta del combustible.

Además, el cierre reciente de dos refinerías en los últimos seis meses redujo la capacidad de producción interna, forzando al estado a importar más gasolina. Este factor incrementó los costos logísticos y volvió el mercado local más sensible ante fluctuaciones externas.

La situación se vio agravada por la guerra con Irán, que elevó el precio internacional del petróleo y generó restricciones en el suministro a través del Estrecho de Ormuz, una vía clave para las importaciones energéticas. Como resultado, el precio promedio del galón de gasolina regular se sitúa en torno a USD 6,15 en California, frente a los USD 4,56 del promedio nacional.

Aumento del precio del combustible en la vida cotidiana

El alza del combustible ha trastocado rutinas y limitado opciones de movilidad, ocio y consumo. Casos como el de Patrick VanHorn, de Ventura, ilustran el efecto directo en las decisiones familiares: ante el costo de los vuelos, optó por recorrer el país en un vehículo eléctrico, aceptando la incomodidad de múltiples paradas para recargar la batería.

Para muchas personas, el precio de la gasolina condiciona incluso el acceso a actividades sociales y culturales. Cheryl Rogers, jubilada en Goleta, tuvo que reducir sus salidas y solicitar ayuda a sus amigas para costear el combustible. La respuesta negativa la llevó a permanecer más tiempo en casa, alterando sus hábitos de socialización y entretenimiento.

El precio de la gasolina en California se convirtió en un factor determinante que limita la movilidad, obliga a recortar actividades y hace que muchos residentes reconsideren decisiones cotidianas, desde la forma en que se transportan hasta el tipo de alimentos que compran.

Cambios en los hábitos de consumo y movilidad de residentes

La presión sobre el bolsillo de los consumidores motivó una transformación en las formas de desplazamiento y consumo energético. Algunas familias, como la de Cara y James Meredith en Oakland, decidieron reemplazar su vehículo utilitario por un auto eléctrico tras comprobar que el gasto mensual en gasolina superaba los USD 500. Aunque la instalación de un cargador eléctrico en casa supuso un desembolso de USD 400, esperan recuperar esa inversión rápidamente.

El transporte público también experimentó un aumento en la demanda. Tyler Holybee utiliza habitualmente el sistema Bay Area Rapid Transit para ir al trabajo y observó que los trenes se encuentran cada vez más concurridos, ya que otros residentes buscan alternativas ante el encarecimiento del combustible.

Consecuencias para pequeños negocios y trabajadores independientes

El sector de los pequeños negocios es uno de los más golpeados por el aumento del precio de la gasolina. Santiago Peralta, propietario de una empresa de jardinería en West Covina, se vio obligado a incrementar el costo de sus servicios debido al mayor gasto en combustible, que alcanza los USD 200 diarios para maquinaria y otros USD 80 para su camión.

Ante la persistencia de los precios elevados, analiza la posibilidad de abandonar el rubro del mantenimiento.

En el ámbito de la alimentación, Maria Moreno, dueña de un camión de comida en Los Ángeles, redujo la compra de insumos para su cocina móvil y se vio forzada a despedir a su ayudante. El alza en el precio del combustible, que le supone un gasto adicional de USD 20 por recarga, mermó su clientela y la llevó a considerar el cierre del negocio si la situación no mejora.

Medidas y propuestas ante la crisis del precio del combustible

La escalada de precios reavivó el debate político en Sacramento sobre cómo equilibrar la agenda climática estatal con la asequibilidad para los consumidores.

El aumento vinculado a la guerra en Irán y la reducción en la capacidad de refinación ha motivado al California Air Resources Board a considerar la entrega de hasta USD 4.000 millones en nuevos permisos gratuitos de emisión de carbono a grandes empresas, la mitad de ellos destinados al sector petrolero. A cambio, estas compañías deberán invertir en proyectos de energía limpia.

La medida busca contener la presión sobre los precios y garantizar la continuidad de programas ambientales, pero generó resistencia entre ambientalistas, quienes advierten que debilitaría el programa de límites y comercio de emisiones y pondría en riesgo los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030.

Según estimaciones de la Oficina de Análisis Legislativo, los ingresos estatales por subastas de carbono podrían bajar de USD 4.000 millones anuales a USD 2.000 millones si se aprueba la propuesta. El destino de dicha iniciativa será decidido por la Junta de Recursos del Aire el próximo 28 de mayo.

Durante las últimas semanas, el gobierno cubano intensificó su campaña para responsabilizar a Estados Unidos de la crisis estructural que afecta a la isla. Atribuye el colapso energético y la escasez al embargo y a las sanciones impuestas desde Washington.

Por otra parte, cifras oficiales de Estados Unidos muestran un aumento en las exportaciones de combustible hacia Cuba en marzo de 2026. El valor de estos envíos alcanzó USD 8,7 millones, destinados al sector privado cubano, según datos federales citados por NBC Miami, medio local estadounidense.

A pesar del incremento en las exportaciones, la crisis energética se mantiene. Millones de cubanos continúan enfrentando apagones prolongados y dificultades para acceder a productos básicos. Los datos oficiales publicados por el gobierno estadounidense presentan un desfase de dos meses, pero indican un aumento respecto a febrero en las ventas de derivados del petróleo autorizadas para Cuba.

Datos comerciales y contexto energético

En marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos autorizó exportaciones de combustibles por USD 8,7 millones a Cuba, exclusivamente a través de licencias para el sector privado. Esta cifra representa un alza en comparación con el mes anterior.

Además, el mismo mes, las ventas totales de alimentos y bebidas de Estados Unidos a Cuba superaron los USD 32 millones.

Pese a la disponibilidad de estos productos importados, el suministro interno de energía en Cuba no cubre las necesidades de la población. Los cortes de electricidad abarcan extensas franjas horarias y afectan la conservación de alimentos, la preparación de comidas y la vida diaria en general.

Impacto diario de la crisis

En zonas como Bayamo, familias relatan que recurren a la leña, al río o a materiales recogidos en la calle para cocinar ante la falta de electricidad. “Cuando compras una libra de carne y tratas de dividirla en varias comidas, se echa a perder porque puedes pasar hasta 20 horas sin corriente”, explicó Maydenis, residente local, a Telemundo 51.

Además, en algunos hogares solo se consume una comida al día por falta de recursos suficientes.

El 24 de mayo, se registraron protestas en La Habana como respuesta a los apagones. Grupos de personas bloquearon calles y encendieron basura, según imágenes difundidas en redes sociales. El descontento se extiende a otras regiones de la isla y se vincula a la persistencia de la crisis energética y de abastecimiento.

Argumentos oficiales y dinámica comercial

El gobierno cubano atribuye la crisis al embargo y a las sanciones de Estados Unidos. Tras la caída del apoyo venezolano, las autoridades insisten en que las restricciones externas dificultan la adquisición de combustibles y el acceso a financiamiento internacional.

Por su parte, los datos oficiales estadounidenses muestran que, aunque existen limitaciones, el intercambio comercial autorizado continúa. Las exportaciones de combustible y alimentos al sector privado cubano presentan incrementos en los registros más recientes, pero no han logrado revertir la situación interna.

Escalada de tensiones y acusaciones cruzadas

En las últimas semanas, la relación entre Cuba y Estados Unidos ha experimentado una escalada de tensiones. Washington endureció sanciones, impuso bloqueos petroleros y presentó cargos inéditos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a quien acusa de crímenes cometidos hace tres décadas.

Según BBC News, la administración Trump considera a Cuba una “amenaza para la seguridad nacional” y sostiene que el país atraviesa dificultades profundas, mientras advierte que la posibilidad de un acuerdo pacífico “no es alta”.

El gobierno cubano rechaza estas acusaciones y sostiene que Estados Unidos construye “un caso fraudulento” para justificar una eventual intervención militar. La cancillería cubana niega cualquier intención bélica y afirma que “ni amenaza ni desea la guerra”.

Además, denuncia que las sanciones y el bloqueo constituyen una “guerra económica despiadada” y un “castigo colectivo” para la población.

El río Potomac enfrenta una crisis ambiental inédita tras dos derrames que exponen fallas regulatorias y ponen en riesgo el suministro de agua para más de cinco millones de personas en el área de Washington D.C.

Tal como reportó Inside Climate News, el colapso de una tubería cloacal en Maryland y una fuga masiva de combustible en la base militar Joint Base Andrews, ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, revelan deficiencias históricas en la vigilancia y gestión ambiental. En abril, la organización American Rivers lo catalogó como el río más amenazado de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió en enero de 2026, cuando una tubería de 60 años conocida como Potomac Interceptor colapsó cerca del corredor de Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery. Según Inside Climate News, se liberaron 243 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río durante tres semanas.

El segundo episodio, fechado el 11 de diciembre de 2025, involucró una falla en el sistema de combustible de la base Joint Base Andrews, en el condado de Prince George’s, donde se filtraron 32.000 galones de combustible de aviación; solo se recuperaron 10.000 galones, mientras que los 22.000 restantes ingresaron al ambiente y alcanzaron Piscataway Creek, un afluente directo del Potomac.

Fallas institucionales y contaminación histórica

Estos hechos, relatados por Inside Climate News, muestran una cadena de retrasos y omisiones. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE) confirmó que el sistema de combustible de la base no superó una prueba de hermeticidad el 11 de diciembre de 2025, pero el estado fue notificado del derrame más de tres meses después, el 23 de marzo de 2026, cuando la base reportó una mancha de aceite y olores a petróleo en Piscataway Creek al National Response Center, la instancia federal para reportar descargas peligrosas.

Aunque la base es de propiedad federal, Maryland tiene autoridad para aplicar sanciones por infracciones ambientales y exigir remediación.

Un portavoz de la base militar reconoció a Inside Climate News que la cifra de 22.000 galones derramados se basó en un inventario mensual de combustible recibido el 8 de abril, aunque aún no se sabe cuántos alcanzaron el arroyo.

La contaminación en Piscataway Creek no comenzó con la fuga de combustible. Según Inside Climate News, Dean Naujoks, investigador de Potomac Riverkeeper Network, ya en 2022 había identificado niveles extremos de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en peces del arroyo, con marcas 1,4 millones de veces superiores al estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para agua potable.

El origen fue la práctica militar de sofocar incendios de combustible de aviación con espuma cargada de estos compuestos, conocidos como “químicos eternos”. El primer informe oficial sobre PFAS en la base data de 2018, pero la advertencia estatal sobre consumo de peces recién se emitió en 2023 y, según testimonios recogidos por Inside Climate News, tuvo escaso alcance en las comunidades ribereñas.

El procesamiento institucional de ambos incidentes fue objeto de críticas. DC Water y autoridades estatales conocían la fragilidad de la tubería, pero postergaron su reparación, de acuerdo con Inside Climate News.

La difusión de advertencias sobre consumo de pescado contaminado fue limitada, y la respuesta pública a la crisis consistió en foros poco efectivos, con escaso margen para reclamos directos.

Comunidades vulnerables y demandas de reparación

La crisis afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. La Nación India Piscataway, cuya relación ancestral con el arroyo supera los 15.000 años, señaló en una declaración formal que el derrame cloacal restringió la pesca, la caza y la recolección de alimentos y medicinas tradicionales.

“El agua no es simplemente un lujo o una comodidad para todas las personas, sino el nutriente más importante para la vida misma”, recoge el texto citado por Inside Climate News.

Según la tribu nativa, a comienzos de febrero los niveles de bacterias fecales seguían 2.700 veces por encima del límite seguro y científicos detectaron la presencia de MRSA, una bacteria resistente a antibióticos. El derrame podría afectar la recolección de mariscos más de 80 kilómetros río abajo del punto de colapso.

El impacto sobre las comunidades ribereñas incluye:

• Restricción de actividades tradicionales como pesca, caza y recolección de alimentos y medicinas.
• Exposición a contaminantes químicos y bacterias peligrosas.
• Falta de información clara y oportuna sobre riesgos sanitarios.
• Escasa capacidad de incidencia en decisiones sobre infraestructura crítica y control ambiental.

Frente a la presión social, funcionarios de Maryland organizaron en abril de 2025 un foro público sobre Piscataway Creek y la base militar, aunque, según Naujoks, el formato evitó la rendición de cuentas al suprimir la sesión tradicional de preguntas y respuestas.

Inside Climate News recogió que la señalización sobre consumo de pescado contaminado solo se implementó en dos puntos del arroyo, pese a la extensión del área afectada y la cantidad de familias que dependen de la pesca de subsistencia.

Las autoridades federales y estatales mantuvieron posturas divergentes sobre el alcance del daño y los pasos siguientes. La EPA informó que las advertencias recreativas sobre calidad del agua se levantaron tras las acciones de remediación, mientras que Maryland supervisa la limpieza ejecutada por la Fuerza Aérea y no solicitó ayuda adicional.

El científico Don Boesch, con décadas de monitoreo sobre el estuario, declaró a Inside Climate News que el efecto a largo plazo del derrame cloacal sobre el oxígeno del río y el riesgo de mortandad de peces dependerá del volumen de descarga de agua durante el verano, pero enfatizó que DC Water era consciente del riesgo de falla y postergó inversiones necesarias.

Las demandas sociales y científicas tras la crisis, documentadas por Inside Climate News, incluyen:

• Investigación penal sobre la demora en el reporte del derrame de combustible.
• Muestreo público de todos los cuerpos de agua y peces afectados por la base militar, no solo en Piscataway Creek.
• Restablecimiento y ampliación de fondos federales para remediación ambiental.
• Señalización efectiva de las zonas de riesgo para la pesca de subsistencia.
• Participación ciudadana real en la planificación de obras y control ambiental.

El reclamo de responsabilidades también llegó al Congreso. Miembros de la delegación de Maryland enviaron cartas al secretario de la Fuerza Aérea y a DC Water para exigir explicaciones.

El senador Chris Van Hollen afirmó a Inside Climate News que “estos derrames están sometiendo a una presión aún mayor a nuestras vías fluviales ya sobrecargadas, dañando nuestro ambiente y las vidas y medios de subsistencia que dependen de él”. Su oficina indicó que la Fuerza Aérea aún no había respondido a la carta ni identificado el origen de la fuga de combustible.

La senadora Angela Alsobrooks subrayó la necesidad de evitar futuras filtraciones y reconoció la desventaja de las familias más afectadas, con menor capacidad de incidir en las decisiones sobre infraestructura militar y servicios públicos.

El futuro del Potomac: desafíos y vigilancia pública

El caso del Potomac revela los riesgos de infraestructuras envejecidas, falta de transparencia y desprotección de comunidades frente a catástrofes ambientales.

Según Inside Climate News, la vigilancia institucional y la presión pública serán determinantes para prevenir nuevos episodios en una de las principales fuentes de agua potable de los Estados Unidos.

Un innovador vehículo conocido como Supermileage, creado por estudiantes de Universidad Brigham Young en Utah ha causado sensación en los últimos días debido a las implicaciones positivas que podría traer su fabricación.

Una unidad que destaca por su diseño compacto y eficiencia, combina características de un triciclo y un auto. Se encuentra desarrollado con fibra de carbono para mantener un peso mínimo de solo 49 kilos y transportar únicamente a una persona que no supere 1.63 metros de altura ni pese más de 54 kilos.

Durante el desafío de Shell, este choche fue evaluado en el circuito de Indianapolis, recorriendo 16 kilómetros. Su sistema de abastecimiento es muy particular, ya que utiliza etanol almacenado en un pequeño contenedor de 30 mililitros, con el objetivo de evitar la incorporación de un tanque convencional y poder conservar la ligereza del vehículo.

La autonomía registrada alcanza los 911 kilómetros por litro, lo que teóricamente posibilitaría viajar desde la Ciudad de México hasta Guadalajara con solo un litro de combustible.

No obstante, la velocidad máxima se limita a 37 km/h y factores como el viento pueden comprometer la eficiencia alcanzada en condiciones ideales.

La historia detrás de la construcción de "Supermileage"

Mientras las principales compañías automotrices del mundo continúan enfocando sus esfuerzos en la fabricación de vehículos eléctricos, al mismo tiempo siguen fomentando la idea de que la era de los motores de combustión interna ha llegado a su fin en materia de innovación.

No obstante, un equipo de alumnos de la Universidad Brigham Young desafió esa percepción al crear un coche singularmente eficiente.

El modelo, concebido para participar en la Shell Eco-marathon, destaca por su tamaño reducido, peso extremadamente bajo y aerodinámica sobresaliente. Aunque puede no encajar en la definición convencional de automóvil, sus resultados no dejan de asombrar a las personas, ya que logra un rendimiento de 911 kilómetros por litro de combustible.

Este prototipo demuestra que bajo condiciones adecuadas de diseño y materiales, los motores tradicionales aún pueden alcanzar cifras de consumo sorprendentes.

De esta forma, los estudiantes estadounidenses dejan en evidencia que la eficiencia sigue siendo posible en autos de combustión, siempre que se priorice la ligereza y la optimización aerodinámica.

El Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 2.2% en los primeros cuatro meses de 2026, mientras transporte, combustibles y energía encabezaron los mayores incrementos registrados en abril.

El costo de vida en Panamá continuó aumentando durante abril de 2026 impulsado principalmente por el encarecimiento de combustibles, transporte y servicios relacionados con energía y gas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de 1.1% respecto a marzo, mientras el incremento acumulado entre enero y abril alcanzó 2.2%, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El IPC es el indicador utilizado para medir el comportamiento promedio de los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios como alimentos, transporte, electricidad, alquileres, salud, educación y entretenimiento.

Su evolución sirve como referencia para analizar inflación, poder adquisitivo y costos de vida, además de influir en decisiones económicas de empresas, consumidores y autoridades.

El informe del INEC muestra que el mayor impulso inflacionario de abril provino de la división Transporte, que aumentó 6.2% en comparación con marzo. El incremento estuvo directamente relacionado con el fuerte aumento en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, categoría que reflejó una variación de 22.7%.

Dentro de ese grupo, el diésel registró el mayor incremento con un salto de 34.3%, mientras la gasolina aumentó 22% durante el mes. El informe también reflejó un aumento de 6.3% en el transporte aéreo nacional e internacional, otro de los factores que presionó el índice general.

La segunda división con mayor crecimiento fue Información y comunicación, con un aumento mensual de 0.5%. El alza estuvo relacionada principalmente con mayores precios en ordenadores portátiles y equipos tecnológicos. Los ordenadores portátiles reflejaron un incremento de 4.8% durante abril.

El comportamiento de Vivienda, agua, electricidad y gas también aportó presión sobre el IPC, al registrar una variación mensual de 0.4%. Dentro de esa categoría, el gas aumentó 2.8% y la electricidad subió 1.4%, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos energéticos sobre los hogares panameños.

Aunque el índice general estuvo dominado por transporte y energía, algunos alimentos también mostraron incrementos importantes. Las hortalizas frutales frescas y refrigeradas aumentaron 9.4%, los limones subieron 3.4% y el pescado fresco registró un incremento de 2.9%.

Sin embargo, otros productos ayudaron a moderar parcialmente el comportamiento inflacionario. El INEC reportó disminuciones en verduras frescas y refrigeradas, camarones frescos, aceites vegetales y algunas categorías de carnes. De hecho, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una leve disminución general durante abril.

Entre las divisiones que reflejaron bajas también destacaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0.3%, así como Prendas de vestir y calzado y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambas con disminuciones de 0.2%.

Dentro del sector de muebles y electrodomésticos, el reporte evidenció reducciones importantes en acondicionadores de aire, cristalería y vajilla. En la provincia de Panamá, los acondicionadores de aire mostraron una caída de 14.6%, uno de los descensos más marcados registrados en abril.

El comportamiento mensual del IPC durante 2026 muestra una aceleración progresiva de los precios. En enero, la variación mensual fue de 0.2%; en febrero se mantuvo en 0.1%; en marzo subió a 0.9%; y en abril escaló a 1.1%.

En términos acumulados, el IPC Nacional Urbano pasó de 99.8 puntos en diciembre de 2025 a 102.1 puntos en abril de 2026. El incremento acumulado de 2.2% durante los primeros cuatro meses del año refleja una presión mayor sobre el costo de vida frente al inicio de 2026.

El informe también muestra diferencias regionales. La provincia de Panamá registró una variación mensual de 0.9%, mientras el resto urbano del país reflejó un aumento más alto de 1.2%.

Economistas suelen observar el IPC como uno de los principales indicadores para medir estabilidad económica e inflación. Un aumento sostenido puede afectar el poder de compra de los hogares, especialmente en rubros sensibles como transporte, energía y alimentos, debido a que las familias terminan destinando más recursos para cubrir necesidades básicas.

El comportamiento de abril también coincide con el reciente incremento en precios internacionales del petróleo y derivados, situación que continúa impactando el mercado local de combustibles y generando efectos en cadena sobre otros sectores vinculados al transporte y logística.

Las recientes alzas en el precio del combustible en Estados Unidos, impulsadas por las interrupciones en el suministro de petróleo derivadas de la guerra en Irán y la reducción del tráfico por el Estrecho de Ormuz, provocaron un aumento perceptible en el uso del transporte público y motivaron a parte de la población a reconsiderar sus desplazamientos cotidianos, según documenta el medio especializado en sostenibilidad Grist.

Los precios de la gasolina superaron los USD 4,50 por galón a nivel nacional y, en California, el valor promedio rebasa los USD 6,15 por galón.

De acuerdo con Grist, la incidencia más marcada se registra en regiones con redes de transporte robustas y altos precios de los combustibles.

California es ejemplo de esta tendencia: las agencias de tránsito en San Diego, Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco informaron un aumento en la demanda de servicios durante las últimas semanas.

La San Francisco Municipal Transportation Agency alcanzó en marzo su mayor volumen de pasajeros desde el inicio de la pandemia, tras recibir un préstamo estatal de emergencia en febrero.

El incremento en el uso del transporte público no se circunscribe al estado de California. Autoridades de la Washington Metropolitan Area Transit Authority y de Valley Metro —el operador de transporte público en Phoenix, Arizona— también registraron aumentos en sus cifras de pasajeros, mientras que operadores ferroviarios interurbanos como Amtrak y Brightline reportaron mayores niveles de ocupación.

Impacto en la demanda de transporte público

En la ciudad de San Diego, el portavoz del Metropolitan Transit System Mark Olson atribuyó un crecimiento del 6,5% en la cantidad de usuarios en marzo respecto al año anterior al impacto del coste del combustible, aunque precisó que ese vínculo todavía requiere validación por encuestas formales a los pasajeros. Olson agregó: “Muchos de nuestros usuarios tienen bajos ingresos, y los precios de la gasolina impactan especialmente a este grupo poblacional”.

La agencia enfrenta un déficit presupuestario de USD 500 millones proyectado para los próximos cuatro años y puso en marcha una calculadora digital para que los potenciales usuarios comparen el gasto entre conducir y utilizar transporte público.

En San Francisco, Michael Roccaforte, portavoz de la San Francisco MTA, señaló a Grist que aún es pronto para confirmar una relación directa entre el aumento del precio del combustible y el regreso de los pasajeros, aunque destacó que el sistema fue sometido recientemente a mejoras de velocidad y confiabilidad. Según Roccaforte, el transporte público es una infraestructura esencial para la población de la ciudad.

La interacción entre precios del combustible y el uso del transporte público fue respaldada por investigaciones previas. El profesor Hiroyuki Iseki, especialista en estudios urbanos y planificación de la Universidad de Maryland, coordinó un estudio sobre el efecto del precio de la gasolina en el transporte público en 10 ciudades de Estados Unidos entre 2002 y 2011.

El trabajo halló que un incremento del 10% en el precio de la gasolina durante 13 meses ocasionó un aumento del 1,2% en el uso de tren ligero y del 0,8% en autobuses.

Además, se identificaron umbrales psicológicos: cuando el precio del galón superaba los USD 3 tras un alza del 10%, la demanda total de transporte masivo crecía 1,2%; si el incremento llevaba el precio por encima de los USD 4, la demanda de tren ligero subía hasta 9,3%.

Efectos del costo del combustible según expertos

El profesor Iseki explicó a Grist que los servicios de ferrocarril para viajeros —utilizados principalmente para los desplazamientos entre el hogar y el trabajo, en trayectos de mayor distancia— resultan especialmente sensibles a las fluctuaciones del precio de la gasolina.

Según su análisis, la extensión de los recorridos incrementa el impacto económico del combustible y motiva el traslado hacia alternativas como el tren.

Por su parte, Michael Manville, profesor de planificación urbana en la Universidad de California, Los Ángeles, indicó que la disposición de los usuarios a cambiar el automóvil por el transporte público está fuertemente condicionada por el acceso a infraestructuras eficientes y la competitividad en tiempos de viaje.

Advirtió que el reto de modificar la rutina de desplazamientos hace que, en la mayoría de los casos, los usuarios opten por reducir desplazamientos no esenciales o limitar otros gastos antes que incorporar el transporte público al trayecto laboral. “Una cosa es decir: ‘Ya no conduciré tanto como antes en actividades discrecionales’. Es muy distinto para una persona típica declarar: ‘No conduciré al trabajo. Voy a averiguar cómo usar el autobús’”, señaló.

La estructura urbana actual de Estados Unidos y las políticas de planificación adoptadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial consolidaron el automóvil como medio central para la movilidad diaria.

“Tomamos decisiones de política que los convirtieron en amos complicados, aunque también pueden ser buenos servidores”, resumió Manville en referencia a los coches particulares y sus funciones familiares.

El transporte público en la política y financiamiento de Estados Unidos

El peso relativo del transporte público dentro del financiamiento federal revela otra dimensión del fenómeno. Según datos citados por Grist, el transporte público recibió menos de un tercio de los fondos federales destinados a infraestructura de movilidad desde 1956. En 2017, el 87% de los desplazamientos en Estados Unidos se efectuaron en automóvil.

Para Elisa Ramirez, experta en políticas de movilidad de la organización de defensa del transporte Transportation for America, la consolidación del transporte público como alternativa real depende de la inversión pública sostenida y de la confiabilidad de los sistemas.

“El tiempo es dinero, y aunque las personas puedan costear una tarifa de USD 2, no pueden permitirse llegar tarde al trabajo o perder turnos médicos. Para la mayoría de los estadounidenses, conducir no es opcional. Esa es mi principal preocupación. ¿Cuánto impacta la gasolina en el uso de transporte público? Primero debemos contar con servicios realmente confiables”, expuso Ramirez a Grist.

Según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, actualizados hasta el lunes por la mañana, un total de 55 buques de carga cruzaron la vía marítima estratégica entre el 11 y el 17 de mayo.

Esto supuso un fuerte aumento con respecto a la semana anterior, cuando solo cruzaron 19 embarcaciones, la cifra semanal más baja desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, que provocaron una interrupción generalizada del tráfico a través del estrecho.

La televisión estatal iraní informó el viernes que la Guardia Revolucionaria estaba permitiendo el tránsito de más barcos por el estrecho, después de haber informado el día anterior que se había autorizado el paso de “más de 30 barcos”.

A pesar del aumento, los cruces de la semana pasada se mantienen en general en línea con los promedios de tiempos de guerra.

Desde el 1 de marzo, Kpler ha registrado el tránsito de 663 buques de carga por el estrecho, un promedio de 55 por semana.

Aproximadamente la mitad de los buques cisterna que cruzaron la frontera la semana pasada transportaban líquidos.

Entre ellos se encontraban tres buques petroleros de gran tamaño, que, según se informa, se dirigían a China, Omán y Japón.

Los datos de Kpler también mostraron que 15 buques de carga a granel seca y 16 buques tanque de gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron el estrecho la semana pasada.

El 12 de mayo, solo un buque cisterna de gas natural licuado que transportaba gas catarí a Pakistán cruzó la frontera.

Con ello, el número total de travesías de buques metaneros desde el inicio de la guerra asciende a ocho.

En tiempos de paz, el estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y GNL, así como de otras materias primas importantes, incluidos los fertilizantes.

Irán ha advertido repetidamente que el tráfico marítimo a través de la ruta marítima “no volverá a su estado anterior a la guerra”.

El lunes, Teherán anunció la creación de un nuevo organismo para supervisar el estrecho y cobrar tasas a los buques que transiten por la vía marítima, algo que, según se informa, Irán lleva haciendo desde el principio de la guerra.

Buques chinos cruzando

Funcionarios iraníes anunciaron el jueves que se había permitido el tránsito de buques chinos, tras la ralentización registrada la semana anterior.

Según Kpler, la semana pasada solo tres buques de mercancías vinculados a China por su pabellón, propiedad o cargamento cruzaron el estrecho.

Otros dos buques con bandera de Hong Kong también hicieron escala y se dirigían a Omán y a los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, es posible que los datos no ofrezcan una imagen completa, ya que los buques no siempre revelan sus destinos finales durante la travesía.

El tráfico a través del estrecho desde el comienzo de la guerra ha dependido de la nacionalidad, e Irán declaró el lunes que los países que cumplan con las sanciones estadounidenses contra la república islámica enfrentarían dificultades para cruzar.

Desde el inicio del conflicto, China e India han figurado entre los destinos o puntos de partida, fuera del Golfo Pérsico, que con mayor frecuencia se han reportado para los buques de carga que transitan por el estrecho.

Otros destinos fuera del Golfo que figuran en los datos de transporte marítimo de Kpler incluyen Brasil, Pakistán, Tailandia y Malasia, mientras que relativamente pocos buques informaron tener a países occidentales como destino.

El control iraní del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas centrales en las estancadas negociaciones con Estados Unidos, que aún no han producido ningún avance significativo.

(con información de AFP)

El Gobierno de República Dominicana dispuso un reajuste en los precios de los combustibles, la decisión, comunicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), responde a la inestabilidad de los mercados internacionales y busca equilibrar los costos internos con un fondo de subsidio superior a RD$1,400 millones (USD$23,476,525).

Según datos oficiales, la semana del 16 al 22 de mayo de 2026 estará marcada por incrementos en los precios de las gasolinas y gasoiles, así como por el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP), en un intento por limitar el impacto en los sectores más vulnerables. La entidad reportó que el ajuste se produce tras una escalada en las cotizaciones globales del crudo y una leve apreciación del peso dominicano frente al dólar.

Ante este panorama, el Gobierno asignó RD$1,435 millones para subsidiar los combustibles, según cifras difundidas por el MICM. La medida intenta evitar que la totalidad de la subida internacional se traslade al consumidor, a la vez que preserva la estabilidad del transporte público y de los hogares que dependen del GLP.

En cuanto, a los combustibles utilizados por la industria y la aviación, como avtur, kerosene y fuel oil, experimentaron bajas en sus precios internacionales. El avtur se cotiza a RD$299.14 por galón (USD$5.02), el kerosene a RD$338.30 (USD$5.67), el fuel oil #6 a RD$197.39 (USD$3.31) y el fuel oil 1% a RD$218.74 (USD$3.67). Estos descensos se trasladan de manera íntegra al mercado interno, según lo informado por el MICM.

La política de subsidios se concentra en los combustibles de mayor consumo popular, mientras que las reducciones globales permiten aliviar parcialmente los costos para los sectores productivos y el transporte aéreo. Esta estrategia busca crear un balance entre la protección social y la disciplina fiscal en un contexto de volatilidad regional.

Nueva alianza con Guyana: apuesta por la diversificación

Como parte de las medidas de largo plazo, el Gobierno dominicano formalizó un acuerdo estratégico con la República Cooperativa de Guyana para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. El convenio se enfoca en el bloque terrestre Berbice On-shore, una zona del noreste de Guyana con alto potencial geológico, y es encabezado por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) en representación del Estado.

De acuerdo con información oficial difundida, la estructura financiera del acuerdo garantiza a República Dominicana una participación accionaria neta del 10% en los derechos de explotación del bloque, sin requerir inversión de capital de riesgo por parte del Estado dominicano. Esta condición permite al país acceder a recursos energéticos estratégicos sin comprometer fondos públicos en la etapa inicial.

La firma del tratado contó con la presencia de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana. El convenio otorga al país caribeño un derecho preferencial de adquisición sobre el petróleo o gas natural extraído, una cláusula que, según funcionarios, fortalece la seguridad energética nacional y reduce la dependencia de intermediarios y de la inestabilidad global.

El doble enfoque adoptado por las autoridades dominicanas busca proteger a los consumidores ante los vaivenes internacionales y avanzar hacia una mayor autonomía energética. El MICM afirmó que la combinación de estas políticas permitirá sostener el crecimiento económico y el bienestar social, incluso en un entorno de alta incertidumbre.

La semana del 16 al 22 de mayo queda marcada por la intervención activa del Estado en el mercado de combustibles y la consolidación de nuevos acuerdos internacionales.

Grifos deberán reportar a Osinergmin la cantidad de combustible que mantienen almacenada desde el 15 de mayo, como parte de una medida orientada a mejorar la transparencia en la venta de combustibles y evitar escenarios de especulación. La disposición permitirá que los consumidores accedan a información actualizada sobre la disponibilidad de gasolina, diésel y otros productos en los establecimientos de venta al público.

La nueva obligación fue anunciada por el presidente encargado de Osinergmin, Aurelio Ochoa, quien explicó que los datos serán visibles en tiempo real mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO). Con ello, los usuarios podrán verificar previamente si un grifo cuenta con stock antes de acudir al establecimiento.

Reporte diario será obligatorio

La medida quedó establecida mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 60-2026-OS/CD, la cual dispone que todos los grifos deberán registrar diariamente sus inventarios de combustibles. El cumplimiento será obligatorio desde el 15 de mayo y formará parte del sistema de supervisión del organismo regulador.

Según explicó Aurelio Ochoa, la finalidad es corregir los problemas detectados en periodos de crisis energética, cuando muchos usuarios encontraban información desactualizada en las plataformas de consulta. “Esta medida es para facilitar la información al usuario final. Lo que sucedía es que cuando se ingresaba al aplicativo Facilito se encontraban con una información, pero llegando al grifo no había existencias de combustibles, lo cual fue más evidente durante la crisis con el asunto de Camisea”, dijo en Andina Canal Online.

Información en tiempo real para los consumidores

El titular encargado de Osinergmin indicó que el nuevo sistema permitirá que los consumidores tengan mayor certeza sobre dónde abastecerse. La actualización permanente de inventarios buscará reducir inconvenientes y evitar desplazamientos innecesarios hacia establecimientos sin combustible disponible.

“Ante esa situación, lo que hemos hecho es corregir para que los grifos puedan reportar las existencias que tengan en ese momento. Entonces esa información automáticamente brinda confianza al consumidor y dice: voy a ir a tal grifo con la seguridad de encontrar el combustible que necesito”, agregó.

Restricciones para grifos que incumplan

La normativa también contempla sanciones operativas para los establecimientos que no reporten sus existencias. Osinergmin precisó que el registro de inventarios será un requisito indispensable para generar órdenes dentro del Sistema de Control de Órdenes de Pedido.

Esto significa que los grifos que omitan la entrega de información no podrán adquirir combustible hasta regularizar su situación. La medida busca asegurar que los datos publicados correspondan realmente a los volúmenes disponibles en cada estación de servicio.

Buscan evitar especulación en el mercado

Desde Osinergmin señalaron que uno de los principales objetivos es impedir prácticas especulativas durante situaciones de desabastecimiento o incertidumbre. El organismo recordó que, durante la crisis vinculada a Camisea, algunos establecimientos afirmaban no contar con combustible pese a mantener reservas en sus tanques.

“Lo principal es que se evitará la eventual o potencial especulación. Eso justamente se logrará cuando aquellos grifos que no reporten sus existencias se les cortará el acceso a lo que sería el abastecimiento de combustibles en sus plantas de ventas, siendo ello una medida para disuadir el incumplimiento”, explicó Aurelio Ochoa.

“Con eso se garantiza que los datos proporcionados se están dando en tiempo real. Recordemos que, en la época de crisis por la situación de Camisea, había grifos que decían no tener combustible, pero sí contaban con stocks en sus tanques, lo cual daba lugar a la especulación y todo lo que hemos podido observar”, añadió.

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 sobre el panorama de la industria nacional de refinación.

De acuerdo a los datos revelados, el volumen promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) alcanzó un millón 141 mil barriles diarios, marcando una expansión del 21.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca, la cual sumó 164 Mbd, y la planta de Tula, que incrementó su operación en 39 Mbd tras la entrada en funciones de la coquizadora en julio de 2025.

La cifra representa el nivel más alto para un trimestre en los últimos once años, mostrando la consistencia de cinco periodos consecutivos al alza para el SNR.

Asimismo, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, dato que también implica un aumento del 21.9% en comparación con el año anterior. Mientras que la elaboración de destilados de alto valor (la categoría que engloba a la gasolina, el diésel y la turbosina) representó el 65.7% ante un crecimiento del 42.5%.

Este documento fue presentado en un contexto donde, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Corea del Sur y varios países asiáticos han reportado un desabasto de combustible en los últimos meses como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente.

Disminución de importaciones y optimización del mercado interno

El aumento en la producción nacional también permitió ampliar la disponibilidad de estos productos dentro del país. Esta oferta interna impulsó las ventas en un 4.2%, y al mismo tiempo, redujo en 23.3% la importación del suministro.

• La gasolina registró un promedio de 390 mil barriles diarios en el trimestre, lo que significó un alza del 29.6% en relación al año previo.
• La producción de diésel se ubicó en 286 mil barriles diarios, reflejando un crecimiento del 69.9% sobre el mismo periodo de 2025.
• La generación de combustóleo descendió hasta 161 mil barriles diarios, un 33.1% menos que en el año anterior.
• El rendimiento de destilados se situó en 63.9%, es decir, 9.1 puntos porcentuales arriba respecto al primer trimestre de 2025.

Expansión de la red de estaciones de servicio

Al cierre del primer trimestre de 2026, el número de estaciones de servicio afiliadas a la Franquicia Pemex ascendió a 7 mil 520, lo que equivale a un incremento del 3.2% en comparación con 2025. De este total, 45 puntos de venta son propiedad directa de la empresa de petróleo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que actualmente el país no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de Corea del Sur y otros países asiáticos.

Ante el cuestionamiento sobre el modelo económico actual del país, la mandataria mexicana declaró que no se puede evaluar como tradicionalmente se hacía, ya que existen muchos factores externos que han complicado su valoración.

“Ayer hablando con el presidente de Corea, fíjense la importancia de la decisión que tomó el presidente López Obrador que tanto lo criticaron con la refinería Olmeca. Hoy hay países que tiene desabasto, como Corea”, manifestó durante la mañanera del pueblo de este 14 de mayo en Palacio Nacional.

Recordó que su gobierno diseñó un programa en producir el petróleo que se consume, asegurando que si existe un sobrante de este hidrocarburo se puede exportar bajo los lineamientos de la soberanía energética.

“Producir el petróleo, transformarlo y utilizarlo en nuestro país. Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto, Asia está en una situación muy dificil, porque al cerrarse el estrecho de Ormuz en Irán, no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países”, señaló Sheinbaum.

Asimismo, expresó que bajo ese contexto el país está construyendo una economía fuerte, pese a la falta de inversiones del sector privado y el poco incremento del gasto público.

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien. Vean el peso está hoy en 17.22 pesos, con una tasa del 6.5%”, finalizó.

Sheinbaum mantiene reunión telefónica con presidente de Corea del Sur

La jefa de Estado mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer su cooperación bilateral en los sectores económicos y culturales.

Tras la visita del grupo de K-pop BTS a la Ciudad de México y su encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, ambos líderes se mostraron “impresionados” por las miles de ARMYs (nombre del fandom) mexicanas que se congregaron para poder verlos durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo capitalino durante su aparición en un balcón desde la residencia presidencial.

“Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en nuestro país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”, escribió la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) durante un comunicado.

La supervisión de Osinergmin detectó irregularidades en la venta de combustible en estaciones de servicio, lo que obligó a la entidad a exigir desde mañana 15 de mayo el reporte puntual de inventarios y a advertir la suspensión de abastecimiento para quienes no cumplan con esta medida desde mañana.

Según informó Andina, el presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Aurelio Ochoa, detalló que la fiscalización se extiende a nivel nacional y forma parte de una estrategia coordinada con otras entidades públicas.

Ochoa precisó que durante el periodo de crisis fueron identificadas más de cuarenta estaciones de servicio involucradas en presuntas faltas relacionadas con el expendio de combustibles.

“En el momento de la crisis (energética), el Indecopi, la propia Fiscalía, se pudo observar que había estaciones de servicio que estaban, entre comillas, pecando con relación a lo que es el expendio de combustibles. Entonces, eso dio lugar a que haya sanciones y, en este momento, inclusive la Fiscalía tiene una serie de procesos abiertos hacia los malos comercializadores. Tengo entendido que superan las cuarenta”, detalló Ochoa a Andina.

El titular interino de Osinergmin remarcó que la fiscalización incluye no solo el control de inventarios, sino también la verificación de la calidad y cantidad del combustible ofrecido. Esta labor es realizada por Osinergmin en conjunto con Indecopi, la Fiscalía y la Sunat. El objetivo es evitar la especulación y garantizar la transparencia en la información disponible para los consumidores.

Medida obligatoria

Ochoa advirtió que toda estación de servicio que no cumpla con reportar sus existencias “simplemente se les va a cortar el acceso a lo que sería el abastecimiento para ellos en las plantas de venta”.

Según Andina, dicha medida será obligatoria desde mañana, viernes 15 de mayo, y busca asegurar que los datos informados por los grifos reflejen la realidad de sus inventarios en tiempo real.

“Con eso se garantiza hacia la población de que los datos que se tienen son los que en ese momento, en tiempo real, se están cumpliendo por parte de las estaciones de servicio”, sostuvo el funcionario.

Supervisión y sanciones

Andina reportó que la supervisión nacional de Osinergmin contempla sanciones que van desde multas hasta la apertura de procesos judiciales para los responsables de irregularidades. El trabajo en conjunto con otras instituciones apunta a fortalecer los mecanismos de control y evitar eventuales prácticas de especulación que afecten a los consumidores.

“El Osinergmin continúa, como es su labor, en verificar no solamente lo que estamos hablando respecto a las existencias, sino también respecto a la calidad y la cantidad del combustible que se expende. Con otras entidades, como es el caso de Indecopi, como es la propia Fiscalía, la propia Sunat, inclusive en su momento, se va a evitar la eventual especulación”, puntualizó Ochoa.

Petroperú muestra recuperación

En diálogo con RPP Noticias, Ochoa abordó la situación de Petroperú, señalando que la empresa estatal logró “cifras en azul” durante el primer trimestre de 2026. “Petroperú podría estar ya capitalizando. El primer trimestre de este año, por si acaso, las cifras han salido en azul. Primera vez después de un tiempo relativamente largo (3 años)”, afirmó el presidente interino de Osinergmin en entrevista con RPP Noticias.

Pese a operar con limitaciones de capital de trabajo, la nueva Refinería de Talara alcanzó una capacidad de 95 000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 50 % respecto a la antigua instalación. Además, Ochoa destacó que la petrolera estatal ha cumplido “puntualmente con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo los compromisos con los bonistas, sin ningún problema”.

De acuerdo con RPP Noticias, Ochoa también advirtió que Petroperú enfrenta una situación de asfixia financiera debido a que la mayor parte de su deuda es de corto plazo. “Eso debería reestructurarse a un mediano y largo plazo”, indicó el funcionario.

En ese contexto, consideró “muy necesaria” la medida que autoriza al Ministerio de Energía y Minas a respaldar compromisos financieros de hasta 2 000 millones de dólares para la empresa estatal.

Debido a que en Nariño se registran constantes casos de desabastecimiento de gasolina por una combinación de factores estructurales, el puerto de Tumaco es clave para la llegada de este suministro.

Los bloqueos en carreteras, motivados por protestas sociales, paros regionales, manifestaciones de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados, son factores frecuentes que interrumpen el flujo de camiones cisterna encargados de transportar la gasolina y el diésel.

Frente a esta problemática, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano. Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, la estrategia busca garantizar el suministro regular de gasolina y diésel en Nariño y otros departamentos afectados históricamente por la escasez.

Como parte de la estrategia, se ha establecido como mecanismo constante la importación directa de combustibles a través del Puerto de Tumaco, en donde arribó el buque Willard J., procedente de Estados Unidos con un cargamento de más de siete millones de galones de combustible,

Al país llegaron 1.7 millones de galones de diésel y 5.7 millones de galones de gasolina, en una operación que contempla la carga adicional en la Refinería de Cartagena (Reficar) y lo que incrementa la capacidad logística para atender la demanda del Pacífico colombiano.

Desde el Ministerio de Minas informaron que la llegada de combustibles a través de la vía marítima reduce la dependencia de las rutas terrestres, tradicionalmente afectadas por bloqueos y dificultades de seguridad; esta modalidad permite optimizar los tiempos de entrega y disminuir los costos de transporte, beneficiando tanto a los distribuidores como a los consumidores finales.

El plan también contempla el fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento y la mejora de los sistemas de distribución interna. El objetivo es asegurar que la población cuente con el combustible necesario para la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, minimizando el impacto de eventuales interrupciones en el suministro.

Por otra parte, la participación de la Refinería de Cartagena en la operación logística refuerza la capacidad del Estado para responder a la demanda regional y contribuir a la estabilidad energética.

Este proceso logístico transforma al Puerto de Tumaco en un eje central para el abastecimiento energético del suroccidente colombiano, convirtiéndolo en un punto estratégico para la recepción y distribución de combustibles, favoreciendo la integración de la región y el acceso a insumos clave para la economía local.

Desde el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos mencionaron que sus acciones se enfocarán en consolidar una política de abastecimiento sostenible, adaptada a las características geográficas y sociales del suroccidente nacional.

“Las acciones adelantadas en el marco de este plan buscan dotar a Nariño de mayor resiliencia frente a los desafíos estructurales y coyunturales que históricamente han afectado el suministro de combustibles. La llegada regular de cargamentos marítimos, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la articulación entre el sector público y privado configuran un nuevo escenario para la gestión energética en el departamento”, es parte del comunicado oficial con el que fue confirmada la llegada del buque mencionado.

Tres buques petroleros atravesaron el estrecho de Ormuz durante los últimos días con sus sistemas de localización apagados, en medio del aumento de tensiones y ataques contra embarcaciones en Oriente Medio, según información publicada por Reuters.

Entre las naves involucradas figura un barco con bandera panameña, en una ruta marítima considerada una de las más sensibles y estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con Reuters, los superpetroleros Agios Fanourios I y Kiara M abandonaron el Golfo Pérsico el domingo transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo cada uno, mientras mantenían apagados sus transpondedores AIS, sistemas utilizados normalmente para identificar y rastrear buques en tiempo real.

La medida busca reducir riesgos de ataques o seguimiento en medio del conflicto regional. Reuters detalló que el Agios Fanourios I transporta crudo iraquí Basrah Medium y tiene previsto descargar en Vietnam, específicamente en la refinería y planta petroquímica de Nghi Son.

Los registros indican además que la embarcación no logró cruzar el estrecho en al menos dos intentos previos desde que cargó petróleo el pasado 17 de abril.

En el caso del Kiara M, Reuters indicó que el buque, con bandera de San Marino, también abandonó el Golfo con el sistema de rastreo apagado mientras transportaba otros 2 millones de barriles de crudo Basrah.

No se pudo determinar inmediatamente cuál será el destino final del cargamento. La embarcación es gestionada por una empresa con sede en Shanghái y pertenece a una entidad registrada en Islas Marshall.

Un tercer caso mencionado por Reuters corresponde al VLCC Basrah Energy, un petrolero con bandera panameña que previamente cargó unos 2 millones de barriles de crudo Upper Zakum en la terminal Zirku de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Según los registros de navegación citados por la agencia, el barco atravesó el estrecho de Ormuz el pasado 6 de mayo y posteriormente descargó su carga en Fujairah el 8 de mayo.

Reuters indicó que ADNOC y varios compradores han recurrido recientemente al uso de petroleros para movilizar crudo acumulado en el Golfo Pérsico debido a las tensiones regionales y las restricciones operativas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

La agencia señaló que el apagado de sistemas de rastreo comienza a convertirse en una práctica cada vez más frecuente para reducir exposición en la zona.

La situación ocurre en medio de un incremento de incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz, corredor por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El área ha registrado ataques contra embarcaciones comerciales, disparos y explosiones desde el aumento de hostilidades entre Irán y fuerzas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

En las últimas semanas, varios barcos vinculados al registro panameño también han quedado expuestos a incidentes en la región. Uno de los casos más recientes fue el del buque HMM Namu, de bandera panameña, que sufrió una explosión e incendio en su sala de máquinas mientras se encontraba cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de Emiratos Árabes Unidoss

La Autoridad Marítima de Panamá informó entonces que los 24 tripulantes se encontraban a salvo y que el incidente fue controlado técnicamente, aunque el episodio volvió a colocar a la flota panameña en medio de la creciente tensión marítima en Oriente Medio.

Otro caso reciente fue el del portacontenedores MSC Francesca, también vinculado al registro panameño, que resultó afectado semanas atrás durante un episodio en el que la Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Registros de la plataforma de seguimiento VesselFinder indican que el MSC Francesca se mantiene actualmente en la zona de Ormuz. Se intentó conocer la posición de las autoridades marítimas panameñas sobre la situación actual de la embarcación, pero hasta el momento no hubo comentarios oficiales al respecto.

La tensión regional también ha comenzado a impactar el flujo marítimo en el corredor energético. Antes del incremento de hostilidades, por el estrecho de Ormuz transitaban cerca de 130 buques diarios, aunque las restricciones, alertas y riesgos de seguridad han reducido el movimiento de embarcaciones en la zona.

Reuters señaló que el apagado de sistemas de identificación y rastreo marítimo refleja el nivel de preocupación de operadores y navieras frente al riesgo de ataques o interceptaciones.

Para el comercio internacional, cualquier interrupción en Ormuz representa un riesgo directo sobre los precios del petróleo, las cadenas globales de suministro y el transporte energético mundial.

Aunque Panamá no participa directamente en el conflicto de Oriente Medio, el tamaño de su registro marítimo convierte al país en uno de los más expuestos a incidentes en rutas estratégicas internacionales.

Actualmente, miles de embarcaciones navegan bajo bandera panameña en corredores donde confluyen intereses militares, energéticos y comerciales, incluyendo el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,11 dólares respecto al cierre anterior, cuando ya se anotó una subida por el rechazo del presidente Donald Trump a la última propuesta de Teherán.

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, se presentó este lunes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para declarar ante los fiscales como testigo, en una investigación de presunto sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A dos semanas de haber sido destituido del cargo en medio de conflictos irresueltos con el combustible, Medinaceli pasó una hora en dependencias policiales y al salir se negó a brindar declaraciones a los medios. “Como las investigaciones están en proceso, me reservo el derecho de opinar sobre cuáles son los casos en los que estoy como testigo”, explicó brevemente a los periodistas locales.

El caso fue presentado por el vicepresidente Edmand Lara luego de que el canal televisivo DTV revelara en febrero unos documentos sobre la compra de petróleo a la empresa Trafigura, firmados en diciembre de 2025, con presunto sobreprecio en relación con adquisiciones anteriores realizadas a la firma boliviana BoTrading.

Según la denuncia, YPFB pasó de pagar un precio de 9,10 dólares en 2024 a 20,88 dólares por barril en Pocitos (Argentina), y de 18,41 a 22,88 dólares por barril en Arica (Chile). Según declaró el vicepresidente Lara al presentar la denuncia ante la Fiscalía, “el sobreprecio de cuatro millones de dólares al mes, lo que significa que en estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”.

En un comunicado difundido en febrero, YPFB calificó estas denuncias como “tendenciosas” y con el objetivo de “dañar la empresa más valiosa de Bolivia”.

Las investigaciones de este caso llevaron a las autoridades a allanar las oficinas de la estatal petrolera en La Paz y Santa Cruz para recolectar documentación que permita continuar con la investigación.

En ese marco, también fue convocado a declarar el expresidente de YPFB, Yussef Alky, acusado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, quien solicitó la reprogramación de su audiencia al encontrarse fuera del país.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una serie de conflictos por el combustible, que iniciaron con escasez debido a las dificultades de importación durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y derivaron en incertidumbre sobre su calidad en la actual gestión de Rodrigo Paz, tras una ola de denuncias de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que el gobierno admitió.

Adicionalmente, surgieron acusaciones de irregularidades en la adquisición de combustible; se detectaron redes de contrabando hacia países vecinos y organizaciones dedicadas al desvío de diésel para la minería ilegal, entre otras irregularidades.

En diciembre, la administración de Paz levantó el subsidio a los combustibles —una política vigente desde 1997 y que suponía uno de los mayores gastos públicos—, lo que se tradujo en el incremento del precio en el mercado, pero permitió asegurar el suministro.

Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector, en medio de denuncias de “sabotaje” y corrupción.

El aumento en los precios del combustible a nivel internacional ha llevado al Gobierno de Panamá a reforzar el subsidio dirigido a transportistas, en un intento por evitar incrementos en el costo del pasaje y contener presiones inflacionarias sobre la economía.

La medida, implementada desde abril de 2026, se ha convertido en una de las principales herramientas de mitigación económica, en medio de un entorno marcado por la volatilidad energética.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó que el sistema ha registrado cerca de un millón de transacciones en su primer mes de operación, lo que evidencia el alto nivel de adopción del subsidio entre transportistas.

El programa, que inició el 15 de abril de 2026, funciona mediante una plataforma digital que permite acceder a precios preferenciales, siempre que los beneficiarios cumplan con requisitos como registro, documentación vigente y validación de datos.

Actualmente existen aproximadamente 60 mil transportistas inscritos, lo que confirma la rápida expansión del subsidio en sectores como transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Sin embargo, Fábrega advirtió que aún hay alrededor de 600 transportistas que deben completar información adicional, un paso necesario para asegurar la correcta focalización del beneficio, especialmente en el transporte de alimentos. Según explicó, en el 98% de los casos el sistema opera con normalidad, dentro de los parámetros establecidos.

El funcionario indicó que el uso del subsidio continuará creciendo en los próximos días, a medida que se integren los transportistas que aún no han completado su registro.

Esta incorporación progresiva permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema, en un esquema que incluye controles como topes de consumo, monitoreo digital y validación en tiempo real, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Desde el punto de vista fiscal, el subsidio representa un desafío para las finanzas públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la estimación inicial del programa era de unos $10 millones mensuales; luego, debido a una demanda mayor a la esperada, se calculó que el costo podía acercarse a los $15 millones. Sin embargo, por ahora el gasto se mantiene en torno a los $10 millones mensuales, porque el aumento reciente en los precios del combustible ha sido menor al proyectado.

Esta variación responde al carácter dinámico del programa, que se ajusta periódicamente según el comportamiento del mercado.

Chapman detalló que el subsidio se revisa cada 15 días, periodo durante el cual se mantiene un precio congelado para los transportistas, lo que permite amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

El objetivo es que el subsidio cubra una parte significativa del aumento en los costos, evitando que estos se trasladen directamente a los usuarios mediante incrementos en tarifas de transporte.

El ministro subrayó que el programa no solo depende del precio del combustible, sino también del volumen de consumo, una variable que puede variar según la actividad económica.

Esta combinación hace que el costo total sea difícil de anticipar con precisión, por lo que el Gobierno mantiene un monitoreo constante para ajustar el subsidio según la evolución de la demanda.

El esquema permite acceder a precios reducidos, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado internacional.

Este mecanismo ha sido clave para contener presiones inflacionarias, dado que el combustible es uno de los principales componentes en la estructura de costos del transporte y la logística.

Chapman reiteró que el subsidio es una medida temporal y de contención, cuyo principal objetivo es evitar aumentos en el pasaje y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

No obstante, advirtió que si los precios internacionales del combustible aumentan de forma significativa, el Estado tendría que evaluar un ajuste en el subsidio, lo que implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas.

El programa tendrá una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto económico y social. En ese tiempo, el Gobierno buscará equilibrar la necesidad de apoyar a los sectores productivos con la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde la evolución del mercado energético seguirá siendo un factor determinante para la economía panameña.

La inflación de marzo se ubicó en 3,4% y las consultoras anticipan una desaceleración de precios para abril. En este contexto, la atención pasó a es mes que recién comienza y ya muestra nuevas presiones.

En ese contexto, el equipo económico que comanda Luis Caputo debe afrontar el impacto del aumento internacional del precio del trigo, impulsado por la guerra en Oriente Medio y su efecto en el costo de los combustibles, junto con factores internos vinculados a la calidad de la cosecha, que inciden directamente en el precio de los alimentos básicos en Argentina.

Para Javier Patiño, el ingeniero y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, la suba del precio del trigo se explica por tres razones. Primero, el incremento de los combustibles repercute en el costo del flete, lo que obliga a las panaderías a afrontar mayores gastos. A esto se suma la incertidumbre sobre las próximas siembras a nivel mundial, afectadas por el costo de los fertilizantes y los combustibles. Patiño precisó que la referencia para exportación llegó a $290.000, mientras en febrero, antes del inicio del conflicto en Irán, se ubicaba en $250.000. El impacto del escenario internacional sobre los precios domésticos se vuelve evidente en cada eslabón de la cadena.

A su vez, en el plano local, la calidad del trigo nacional se convirtió en un factor de presión adicional. Los molinos manifestaron dificultades para conseguir granos con los niveles de proteína necesarios para panificación. “Para hacer el pan, la calidad del trigo tiene que tener proteína y eso está dado por la fertilización y el año pasado se quedaron cortos”, explicó Patiño. Esta situación obliga a los molineros a pagar precios superiores por la materia prima disponible.

El contexto global complejizó aún más el panorama. Mariela Brandolin, operadora del mercado de granos, describió que el trigo de invierno en Estados Unidos enfrenta una sequía que abarca el 70% del área, con pérdidas de rendimiento difíciles de revertir. Al mismo tiempo, surgen potenciales problemas climáticos en Europa y Rusia, aunque todavía no se confirmaron daños severos en esas regiones.

Brandolin subrayó que “Australia, Argentina y Brasil van a mermar área”, con el agravante de que Australia afronta sequía por el fenómeno de El Niño, lo que puede duplicar el impacto. La experta remarcó que en Argentina, si bien las perspectivas climáticas resultan favorables, la menor fertilización limitará la producción. La proyección ronda entre 18 y 20 millones de toneladas, un número considerablemente menor frente a los 27 millones de la campaña 2026.

Brandolin detalló que ayer para el trigo nuevo hubo un volumen importante de operaciones en USD 230 en todos los futuros. Los exportadores actuaron de forma agresiva ante el temor a no poder sembrar en zonas saturadas de agua y por la preocupación de que posibles lluvias excesivas afecten el cultivo una vez implantado. “Hay miedo de no poder sembrar en algunas áreas muy saturadas de agua o incluso hay productores con miedo a un clima con mucha lluvia que perjudique al cultivo una vez sembrado”, señaló.

Así, aunque abril cerró con un alivio en el ritmo de subas, mayo presenta múltiples desafíos para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y si bien para Patiño la incidencia de la carne vacuna es mayor que la de la harina, aseguró que la suba trae fastidio porque el aumento del pan genera una sensibilidad grande y después se traslada a los panificados. “Siempre está la posibilidad de que la industria molinera importe un trigo corrector, con las características que necesita para que la calidad de la harina ande bien en la panadería y en la industria”, sostuvo. Este recurso se ajusta a la política actual del Gobierno, que ya habilitó la importación de carnes y contempla el mismo esquema para el trigo si resulta necesario.

Alivio por costos fijos

La suba del precio del trigo no es la única presión sobre la inflación de mayo. Para el mes en curso se autorizaron diferentes aumentos en costo fijos, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 5,4% mientras que en la provincia lo hizo en 11,6% lo que ejercerán presión sobre el rubro Transporte. Todavía hay expectativa por la decisión que tome YPF respecto al congelamiento de 45 días del precio del combustible, medida que vence en los próximos días.

Aunque el Gobierno tomó diferentes decisiones respecto a los servicios públicos como mayores bonificaciones y nuevos topes en las boletas que podrían ayudar a moderar la subas en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La semana pasada, se corrigió el cronograma de ajustes en las tarifas de Aysa. El aumento mensual de las facturas pasó del 4% al 3%, en una decisión que impactó directamente en los hogares del AMBA. Esta medida, además de modificar el sendero de actualización original, apuntó a contener la presión inflacionaria en momentos de mayor sensibilidad social. Pero la intervención en las tarifas del agua se complementó con una bonificación extra del 25% en la factura de gas para los usuarios residenciales durante mayo, que se conoció este lunes.

También incluyó bonificaciones en la boleta de la electricidad. Ahora, el sistema otorga subsidios a partir de un bloque de consumo que se amplió de 250 a 300 kilovatios/hora, con una bonificación del 10,5%sobre el precio. Para los usuarios que ya contaban con subsidio, el incremento en la cantidad subsidiada y la bonificación compensan la suba previa del costo de la materia prima, que llegó al 12% o 13%. Según fuentes del sector consultadas por Infobae, la estrategia busca que el gasto mensual de los hogares no registre un salto relevante, considerando que el invierno suele generar picos en el consumo tanto de gas como de electricidad.

El incremento en los precios del combustible en Panamá está teniendo un efecto directo en la movilidad urbana, impulsando a miles de usuarios a dejar sus vehículos particulares y optar por el Metro de Panamá como alternativa de transporte diario.

En las últimas semanas, el sistema ha registrado un aumento sostenido en la demanda, especialmente en los trayectos desde las afueras hacia el centro de la ciudad y viceversa, lo que ha obligado a la empresa operadora a implementar ajustes para garantizar la eficiencia del servicio.

Ante este escenario, el Metro de Panamá, S.A. anunció la puesta en marcha de un plan operativo a partir del lunes 11 de mayo, orientado a optimizar la gestión del servicio en horas pico. La medida busca mejorar el flujo de pasajeros en estaciones terminales, reducir la congestión en los andenes y ofrecer un servicio más ágil, ordenado y seguro, en respuesta al crecimiento reciente en la cantidad de usuarios.

El plan contempla la habilitación del abordaje de trenes en ambos andenes en estaciones terminales. En la Línea 1, esta operación se aplicará en Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en la estación San Miguelito 2.

Esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los pasajeros, reduciendo la acumulación en puntos críticos del sistema.

Además, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, lo que permitirá optimizar los tiempos de maniobra en los cambios de dirección y aumentar la capacidad de transporte. Según la empresa, esto contribuirá a que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito, donde el flujo de pasajeros es más intenso durante las horas pico.

Las autoridades del Metro indicaron que la implementación de este esquema cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura en ambas líneas. Se trata de un procedimiento técnico previamente evaluado, que será ejecutado de forma controlada y bajo supervisión constante del personal operativo.

El aumento en la demanda es evidente en las cifras recientes. El sistema pasó de movilizar aproximadamente 380 mil usuarios diarios a 420 mil, lo que representa un crecimiento significativo en un corto periodo.

Este comportamiento también se refleja en estaciones específicas, como Villa Zaita, donde tras la entrada en operación del intercambiador se registró un incremento de cerca de 4,900 usuarios adicionales, equivalente a un aumento del 11% en la demanda.

En lo que va de 2026, la demanda del Metro de Panamá muestra un comportamiento variable, pero con una clara recuperación hacia el cierre del primer trimestre. En enero se registraron cerca de 8.7 millones de pasajeros, seguido de una caída en febrero a aproximadamente 8.2 millones, lo que representa uno de los niveles más bajos del periodo reciente.

Sin embargo, en marzo la demanda repunta con fuerza hasta superar los 10.3 millones de usuarios, evidenciando un incremento significativo en el uso del sistema. Este repunte en marzo coincide con el contexto de aumento en los precios del combustible.

El Metro de Panamá se ha consolidado como una alternativa económica frente al alza del combustible, con tarifas que se mantienen sin cambios en 2026.

El costo del pasaje en la Línea 1 es de $0.35, mientras que en la Línea 2 es de $0.50. El transbordo entre ambas líneas tiene un costo de $0.85, y existen tarifas especiales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, quienes pagan entre $0.17 y $0.24 por viaje, dependiendo del caso.

Actualmente, la Línea 1, inaugurada en abril de 2014, cuenta con 15 estaciones y conecta sectores desde Villa Zaita hasta Albrook, atravesando puntos clave como Los Andes, San Miguelito y la vía Transístmica. Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, dispone de 16 estaciones y recorre desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, cubriendo zonas densamente pobladas del este de la ciudad.

El crecimiento del sistema no se detiene. En la actualidad, se construye la Línea 3 del Metro, que conectará la ciudad de Panamá con el sector oeste del país a través de un monorriel, ampliando la cobertura del sistema hacia nuevas áreas de desarrollo. Además, el plan maestro del Metro contempla la construcción de al menos ocho líneas en el largo plazo, con el objetivo de consolidar una red integral de transporte masivo.

El Metro también ha emitido recomendaciones a los usuarios para facilitar la implementación del nuevo esquema operativo. Entre ellas, seguir las indicaciones del personal en estaciones, utilizar los andenes habilitados, permitir la salida de pasajeros antes de abordar, mantener el orden en escaleras y planificar los viajes con anticipación.

Con estas medidas, el sistema busca adaptarse a un cambio estructural en los patrones de movilidad urbana, donde el transporte público gana protagonismo frente al aumento en los costos de operación de vehículos particulares. La evolución de la demanda en las próximas semanas será clave para determinar nuevos ajustes en la operación.

El precio internacional del petróleo y la crisis geopolítica han provocado que la inflación en el Perú durante abril supere el 4 %, ubicándose nuevamente por encima del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva, situado entre 1 % y 3 %. Este escenario tensiona los bolsillos de los hogares, mientras la autoridad monetaria enfrenta el desafío de controlar el alza de precios sin descuidar la estabilidad cambiaria, según advirtió Jorge Chávez, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, en entrevista con Economía para todos.

Futuro económico incierto

Según Chávez, el incremento del índice de precios en el mes de abril ha sido impulsado principalmente por el sector transporte, en especial el aumento de los pasajes tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Esta tendencia se presenta luego de que en marzo también se registrara un alza significativa de la inflación, reflejando el impacto acumulado de factores internacionales y locales.

En palabras del economista, el país podría cerrar el año aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que implicaría mantener la atención sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

El combustible y los fertilizantes presionan el costo de vida

Al analizar los sectores responsables del encarecimiento, Chávez identificó dos motores principales: la subida del precio del petróleo y los combustibles, así como el alza en los costos de insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes. Ambos factores han repercutido tanto en el transporte como en los alimentos, incidencias que se reflejan especialmente en productos de alto consumo como la papa y en el costo de las comidas fuera del hogar.

La presión sobre los fertilizantes, que ya venía incrementándose desde febrero y marzo, se ha trasladado a los precios de productos básicos, lo que afecta la canasta familiar peruana. A este fenómeno se suma la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, derivada de la guerra en Irán, que ha elevado los costos logísticos y de importación. Chávez explicó que “el impacto viene de la incertidumbre geopolítica reinante”, generando una inflación importada.

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, los menús en restaurantes registraron también una tendencia al alza. Según el economista, este rubro es particularmente resistente a la baja, dado que sus precios se ven afectados tanto por el transporte de insumos desde zonas productoras como por el encarecimiento de materias primas.

Los datos muestran que el país ha experimentado un incremento sostenido de la inflación en los dos últimos meses, lo cual se traduce en una inflación de más del 4 % en abril, frente a un rango meta oficial de entre 1 % y 3 % del Banco Central de Reserva. Este indicador posiciona a Perú por encima de su objetivo interno, aunque aún por debajo de los picos inflacionarios observados en otros países de América Latina.

Factores internacionales y riesgos a futuro

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha sido un factor determinante en la volatilidad de los precios del petróleo. Chávez detalló que recientemente el barril de Brent cotizó en torno a USD 105 y alcanzó en semanas previas el nivel récord de USD 114, con “escenarios en que incluso podrían superarse los USD 120 en caso de una escalada bélica abierta”.

En términos macroeconómicos, el analista comentó que Estados Unidos experimenta un costo cercano a USD 800 a 1.000 millones diarios en gastos derivados de las tensiones en Oriente Medio. Esto incide no solo en los precios internacionales de la energía, sino también en el déficit fiscal de la economía estadounidense y en la presión sobre los fondos del tesoro a 10 años.

GNV impide que inflación sea mayor al 4%

Aunque la inflación responde principalmente a estos factores globales, existen algunos productos con comportamiento opuesto. El gas licuado de petróleo presentó una baja en sus precios debido a la normalización de la producción en el yacimiento de Camisea. Según Chávez, sin esta reducción, la tasa de inflación peruana habría sido todavía mayor.

La siguiente respuesta explica, de manera autónoma, el fenómeno inflacionario peruano reciente, las causas identificadas y sus consecuencias inmediatas:

• En abril, el índice de precios al consumidor en el Perú superó el 4 %
• Impulsado principalmente por el alza en el precio internacional del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.
• Este incremento afecta especialmente al transporte y a los alimentos, generando presión sobre la canasta familiar
• La inflación se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva.

El rol del Banco Central y factores locales

A pesar de la coyuntura internacional, el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado una política monetaria prudente y, según Chávez, “mantener esta posición y no seguir bajando las tasas de referencia es lo más adecuado”. El especialista recomendó que la entidad no intervenga excesivamente en la determinación de un tipo de cambio fijo, sino que modere fluctuaciones de corto plazo para evitar presiones adicionales sobre la economía.

El contexto electoral, con una segunda vuelta entre los candidatos Sánchez (extrema izquierda) y Keiko (derecha), también introduce incertidumbre. Chávez evocó la experiencia de la segunda vuelta previa con Pedro Castillo y alertó sobre la tendencia de los agentes económicos a dolarizar activos ante escenarios de riesgo. No obstante, destacó que Perú opera ahora bajo un régimen parlamentario que limitaría cambios drásticos en política económica.

“Los 60 senadores decidirán las cosas”, afirmó el economista, descartando un escenario de volatilidad comparable al vivido anteriormente.

Respecto a las reservas internacionales, Perú mantiene una “posición cambiaria fuerte”, lo que otorga grados de libertad al Banco Central para actuar si se presentara un choque político o externo marcado. Chávez expresó que la población debe esperar precios todavía elevados en los próximos meses, aunque con tendencia a estabilizarse si el contexto internacional no se deteriora más.

Expectativas de crecimiento e impacto regional

La economía peruana atraviesa una coyuntura compleja, en la que confluyen la inflación, el calendario electoral y fenómenos climáticos como el Niño, que podría ser intenso y afectar tanto la producción agrícola como el propio crecimiento del PIB. Según Chávez, “no vamos a alcanzar el 3% de crecimiento, vamos a estar por debajo, en dos y pico por ciento”.

Pese a este entorno adverso, el economista subrayó que la economía nacional conserva estabilidad, sostenida por su política monetaria y el respeto internacional ganado por su bajo nivel inflacionario y desempeño fiscal. Las propuestas parlamentarias expansivas y las iniciativas de gasto sí afectan la perspectiva de mediano y largo plazo, pero el corto plazo permanece amparado por la solidez institucional.

A nivel latinoamericano, el especialista sostuvo que otros países enfrentan tasas de inflación aún más elevadas, lo que evidencia que el fenómeno, aunque preocupante, no es único ni exclusivo del Perú. En este contexto, la estrategia del Banco Central de Reserva y la capacidad de afrontar la volatilidad internacional se mantienen como los ejes que determinan el margen de maniobra del país frente a futuros episodios de incertidumbre y presión inflacionaria.

El Perú no enfrenta, al menos en el corto plazo, un escenario de apagón total de combustibles, pero sí atraviesa una coyuntura crítica que pone a prueba la estabilidad de su sistema energético. La advertencia de Petroperú —que ha señalado que sin una inyección de USD 2.000 millones podría interrumpir sus operaciones en cuestión de días— ha encendido las alertas sobre un eventual desabastecimiento, en medio de una crisis de liquidez que ya ha obligado a detener la refinería de Iquitos y ha colocado a Talara y Conchán al borde del cierre.

Sin embargo, el riesgo no es uniforme ni inmediato a nivel nacional. La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, advierte en entrevista para Infobae Perú que el panorama es más complejo de lo que sugieren las declaraciones más alarmistas. La situación combina problemas estructurales de gestión, presiones financieras acumuladas y un contexto internacional adverso, pero también la existencia de actores privados que podrían amortiguar parte del impacto.

Un riesgo acotado, pero no inexistente

Para Sícoli, la posibilidad de que el país se quede sin combustible en su totalidad es altamente improbable en el corto plazo. “Actualmente, Petroperú abastece a un 25% del mercado nacional, por lo que el riesgo de desabastecimiento nacional es casi nulo”, señala. Esta menor participación, lejos de ser una fortaleza institucional, refleja la pérdida de peso de la empresa estatal frente a competidores privados en la última década.

La propia empresa ha intentado transmitir calma. Según un comunicado reciente, “Petroperú informa a la opinión pública que cuenta con inventarios suficientes de diésel, gasolinas y GLP, lo que permite atender con normalidad la demanda a nivel nacional”. Este mensaje busca contrarrestar la incertidumbre, aunque no disipa las dudas sobre la sostenibilidad de ese abastecimiento si no se resuelve el problema de liquidez.

Impacto desigual y regiones más vulnerables

El cierre de la refinería de Iquitos y la reducción de operaciones en Talara evidencian que la crisis ya tiene efectos concretos. De acuerdo con Sícoli, la paralización en la Amazonía responde principalmente a deudas con proveedores y a la falta de recursos para cumplir con esas obligaciones, lo que ha obligado a trasladar el suministro desde Lima.

Aun así, anticipar un colapso inmediato en regiones específicas no es sencillo. La economista sostiene que existen alternativas logísticas que permiten redistribuir combustibles desde otras zonas del país, lo que diluye la posibilidad de una interrupción abrupta. No obstante, el contexto descrito en el sector energético apunta a que las zonas más dependientes de Petroperú, como partes de la selva, serían las primeras en sentir una eventual escasez si la crisis se profundiza.

El rol del sector privado en un escenario extremo

Uno de los factores que atenúan el riesgo sistémico es la creciente participación de empresas privadas en el mercado de combustibles. La caída de Petroperú —de un 51% de participación a cerca del 20%— ha sido compensada por otros actores que han ampliado su presencia y capacidad operativa.

En ese sentido, Sícoli considera que, ante una eventual paralización total de la estatal, es “muy probable” que el sector privado pueda cubrir la demanda nacional, al menos en términos de abastecimiento. Sin embargo, este escenario implicaría una mayor dependencia de importaciones, lo que, en un contexto de precios internacionales elevados, podría traducirse en incrementos significativos para los consumidores.

Una crisis gestada durante años

El origen del problema no se limita a factores recientes. Si bien el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas han agravado la situación, la especialista enfatiza que la crisis de Petroperú es de larga data. Está vinculada a fallas estructurales en la gestión, cambios constantes en la dirección de la empresa y decisiones financieras poco sostenibles.

El caso de la refinería de Talara es ilustrativo. Su modernización pasó de un presupuesto inicial de USD 450 millones a cerca de USD 7.000 millones, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión financiera. Para Sícoli, este sobrecosto es solo una parte de un problema mayor que incluye “fallas en la gestión financiera y operativa” y una dependencia recurrente de rescates estatales.

El dilema del rescate y las salidas posibles

El pedido de financiamiento por USD 2.000 millones plantea un dilema para el Estado. Otorgar garantías podría aliviar la crisis inmediata, pero también perpetuar un modelo que no ha demostrado ser sostenible. En ese sentido, Sícoli advierte que cualquier apoyo debe estar condicionado a reformas concretas.

Entre las medidas necesarias menciona la reducción de costos operativos, la venta de activos no esenciales y una reorganización profunda de la gestión. Incluso plantea alternativas como esquemas de concesión o asociaciones público-privadas, similares a los aplicados en otros países de la región.

Desde su perspectiva, limitarse a cubrir el déficit actual sin cambios estructurales solo postergaría el problema. “Conceder el aval para que se logre cubrir el desfase financiero actual, solo extenderá la crisis de la petrolera estatal”, afirma. Así, el Perú no enfrenta un colapso inmediato, pero sí una encrucijada que definirá el futuro de su seguridad energética.

Tres ministros de Bolivia y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibieron este miércoles a los dirigentes del transporte en la Casa de Gobierno para atender sus demandas, luego de que este martes protagonizaran una jornada de huelga y bloqueos en varias carreteras y ciudades del país.

Los choferes reclaman regularizar el suministro y la calidad del combustible, celeridad en el pago de resarcimientos por daños vehiculares y realizar mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos.

La Administradora Boliviana de Carreteras registró este martes al menos 65 puntos de bloqueo en carreteras troncales, especialmente en la zona sur y occidental del país, por “conflictos sociales” relacionados con la convocatoria que hizo la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. De igual forma, medios locales reportaron cortes en algunas ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho”, dijo a los medios el dirigente sindical Lucio Gómez y agregó que en principio las medidas de presión fueron establecidas por 24 horas, pero pueden extenderse si el Gobierno no atiende sus demandas en las negociaciones.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Rodrigo Paz, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a recibir a los representantes del sector y abordar punto a punto todas sus demandas. Sin embargo, aclaró que todas las peticiones están siendo atendidas.

Zamora explicó que ya se regularizó el suministro de diésel—que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y afirmó que revisó personalmente que el pago de las compensaciones se realice de manera oportuna al autotransporte afectado.

Por otro lado, afirmó que se van a destinar 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, en un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos días para su aprobación. En tanto, se iniciarán algunas obras de reparación en carreteras.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y anunciaron la llegada a La Paz de dirigentes de otras regiones para participar en el encuentro en el que reclaman la presencia del presidente.

“El tema es dialogar, que vayan los quieran, pero la idea es que levanten las medidas de presión y podamos hacer un diálogo más tranquilo”, manifestó el ministro Zamora, a quien acompañan los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de la Presidencia, José Luis Lupo.

El asunto del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno quitó en diciembre la subvención al diésel y la gasolina.

Pocas semanas después de esta medida —que se tradujo en el incremento del precio del combustible— surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas sobre las causas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

La administración de Paz ha cambiado varias veces a las cabezas del sector de hidrocarburos en busca de soluciones para este conflicto, que constituye uno de los desafíos más grandes de su gestión.

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a una huelga del transporte público este martes para exigir el abastecimiento y mejoras en la calidad del combustible, la celeridad en el resarcimiento económico de daños vehiculares atribuibles a la gasolina y el mantenimiento de la infraestructura vial, entre otros puntos.

La medida de presión, que incluye bloqueos de calles y avenidas por 24 horas, fue respaldada por algunos gremios departamentales, pero sin lograr consensos. En Santa Cruz de la Sierra algunas federaciones decidieron no acatar la medida y en las primeras horas de la mañana la circulación de vehículos era normal.

En tanto, en otras ciudades como La Paz y El Alto, los medios locales reportaban bloqueos y la ausencia de buses del transporte público. Según la convocatoria a la huelga, se tienen planificados cerca de 90 puntos de bloqueo en ambas ciudades.

El Gobierno ha vuelto a convocar al sector a una mesa de diálogo tras la inasistencia a una reunión prevista este lunes y afirma que está trabajando para dar respuesta a todas las demandas del sector.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que se regularizó el suministro de diésel —que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y que revisó personalmente que el pago de las compensaciones al autotransporte afectado se realice de manera oportuna.

Por otro lado, aseguró que se han asegurado 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos 21 días para su aprobación mientras se inician algunas obras en las carreteras. “Las carreteras necesitan tiempo y una planificación adecuada para superar los daños del pasado”, manifestó Zamora en conferencia de prensa.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y reclaman la presencia del presidente Rodrigo Paz. “El Gobierno nacional solo ha firmado actas; queremos reunirnos con el presidente del Estado y, en caso de que no ocurra, vamos a masificar la medida”, manifestó el dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara, en entrevista con el canal Unitel.

El tema del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno determinó en diciembre quitar la subvención al diésel y la gasolina.

Esta medida se tradujo en el aumento del precio de los carburantes, afectó las redes de contrabando que se habían formado en los últimos años y permitió garantizar su distribución.

Sin embargo, pocas semanas después surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

Este conflicto también estuvo marcado por la inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.

El presidente Paz ha manifestado en una publicación en redes sociales “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”, en referencia al manejo del sector durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó que no le teme a las protestas sociales.

“Yo no le tengo miedo a las movilizaciones”, aseguró el jefe de Estado el viernes. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

La provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.

De este modo, el aumento será en total del 11,6%, aunque la efectivización del aumento podría demorarse algunos días, hasta que las empresas actualicen sus sistemas a los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.

En recorridos de 3 a 6 kilómetros el boleto pasa de $1.035,9 a $1.162,91 (y a $2.325 para quienes paguen con SUBE innominada).

En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40

Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76

Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.

Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).

En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.

Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines dejó de operar de forma repentina el 2 de mayo de 2026, tras declararse en quiebra y cancelar todos sus vuelos, lo que ha generado caos entre miles de pasajeros en Estados Unidos, México y América Latina.

¿Por qué quebró Spirit Airlines?

El colapso de la compañía se explica por una combinación de factores financieros y geopolíticos. El más determinante fue el aumento drástico en el precio del combustible para aviones, provocado por el conflicto en Irán, que elevó los costos operativos a niveles insostenibles.

De acuerdo con reportes internacionales, el precio del combustible prácticamente se duplicó en semanas, pasando de alrededor de 2.24 a más de 4.50 dólares por galón, golpeando especialmente a aerolíneas de bajo costo como Spirit.

A esto se sumaron otros problemas:

• La empresa ya había atravesado dos procesos de bancarrota recientes
• Fracasó un rescate financiero de 500 millones de dólares
• No logró concretar fusiones con otras aerolíneas
• Su modelo “ultra low cost” perdió competitividad frente a otras compañías

Finalmente, la empresa cesó operaciones de forma inmediata, dejando varados a miles de viajeros y sin atención al cliente disponible.

Impacto en México: rutas afectadas

Spirit Airlines era una opción frecuente para vuelos baratos entre México y Estados Unidos, con rutas desde destinos como Cancún, Los Cabos o Monterrey hacia ciudades estadounidenses.

Su salida del mercado afecta directamente a viajeros que buscaban tarifas económicas, especialmente en temporada alta o viajes de última hora.

¿Qué hacer si tenías un vuelo con Spirit?

La aerolínea informó que procesará reembolsos automáticos a los pasajeros que compraron con tarjeta, aunque no ofrece reacomodo en otros vuelos.

Por ello, los viajeros deben buscar alternativas por su cuenta.

Alternativas para pasajeros afectados

Ante la emergencia, varias aerolíneas han lanzado medidas para absorber la demanda y ayudar a los pasajeros:

1. Tarifas de rescate

Compañías como Delta, Frontier, American Airlines, United, Southwest y JetBlue han ofrecido tarifas reducidas o con precio limitado para quienes tenían boletos con Spirit.

• Algunas tarifas se han limitado a menos de 200 dólares por trayecto
• Aplican en rutas nacionales y también entre EE.UU. y América Latina

2. Nuevas opciones low cost

La aerolínea Frontier Airlines anunció descuentos especiales y expansión de rutas en mercados donde operaba Spirit, lo que podría beneficiar a pasajeros que buscan precios bajos.

3. Aerolíneas tradicionales

Otras compañías como Delta o United están absorbiendo la demanda, aunque con precios generalmente más altos, pero con mayor disponibilidad inmediata.

Consejos para viajeros afectados

• No acudir al aeropuerto sin boleto confirmado, ya que todos los vuelos de Spirit están cancelados
• Revisar el estado del reembolso con el banco o aseguradora
• Buscar vuelos en modo flexible (fechas cercanas o aeropuertos alternos)
• Aprovechar tarifas de rescate disponibles por tiempo limitado

Una caída que sacude a la industria aérea

El cierre de Spirit Airlines representa la mayor quiebra de una aerolínea en Estados Unidos en más de dos décadas y evidencia cómo factores externos, como conflictos internacionales, pueden impactar directamente en el transporte aéreo.

Además, su desaparición podría provocar menos competencia y tarifas más altas en rutas donde era líder en precios bajos, afectando especialmente a viajeros frecuentes entre México y Estados Unidos.

El Canal de Panamá está operando hoy en uno de sus momentos más exigentes de los últimos años, no por una falla interna, sino por la presión del comercio mundial, la reconfiguración de rutas marítimas y el impacto de conflictos internacionales como la crisis en Medio Oriente.

En ese escenario, el sistema de asignación de cupos —y en particular las subastas de tránsito— ha cobrado protagonismo tras conocerse que un buque transportador de gas pagó cerca de 4 millones de dólares por asegurar su paso, generando la percepción de que el Canal elevó sus tarifas, algo que la propia autoridad ha desmentido.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de su administrador Ricaurte Vásquez, ha sido clara: no ha habido aumentos de peajes y el Canal no está especulando con sus tarifas. Lo que ha cambiado es el entorno global y la forma en que los clientes valoran el tránsito.

“El precio no lo pone el Canal, lo pone el mercado”, explicó Vásquez, al dejar en claro que el monto pagado en una subasta responde a la urgencia de la carga y a las condiciones externas, no a una decisión institucional.

Para entender este fenómeno, hay que partir de la estructura actual de operación. El Canal mantiene un promedio de 41 tránsitos diarios, por encima de su capacidad nominal de 36, lo que implica una utilización intensiva de recursos humanos, equipos y, sobre todo, agua.

Este aumento no es permanente ni garantizado: responde a condiciones favorables recientes, incluyendo niveles de los lagos más altos de lo habitual para la estación seca, lo que ha permitido ofrecer cupos adicionales al mercado.

De esos 41 tránsitos, la gran mayoría —alrededor de 36 cupos diarios— se asigna mediante el sistema de reservas anticipadas, mientras que el resto surge de espacios que se liberan por cancelaciones o ajustes operativos.

Esos cupos adicionales son los que entran al mecanismo de subasta, que es donde se generan las cifras más llamativas y donde el mercado define cuánto está dispuesto a pagar por cruzar en un momento específico.

Cupo garantizado

El cambio estructural más importante ocurrió tras la crisis hídrica de 2023, cuando el Canal dejó atrás el modelo histórico de “primero en llegar, primero en pasar” y adoptó un sistema obligatorio de reservas.

Hoy, ningún buque transita sin un cupo asignado, lo que elimina la incertidumbre operativa y permite planificar con precisión tanto para el Canal como para las navieras.

En este nuevo esquema, el proceso comienza incluso antes de que el buque zarpe. El naviero solicita un tránsito para una fecha específica, compite con otros clientes en función de su historial, volumen de negocio y frecuencia de uso, y si no logra asegurar un espacio dentro de los periodos establecidos, debe recurrir a las subastas si desea pasar en una fecha específica.

Allí, el precio parte de un piso relativamente bajo —15 mil dólares para buques regulares, 55 mil para “super” y 100 mil para neopanamax— pero puede escalar según la competencia.

La lógica es simple y brutalmente eficiente: gana quien más necesita pasar. Si una carga energética debe llegar con urgencia a Asia, el naviero puede estar dispuesto a pagar millones para evitar retrasos. En cambio, otros segmentos como los graneleros, con menor margen financiero, rara vez participan en esas pujas. Es un sistema que prioriza el valor económico de la carga, no el orden de llegada.

Subastas

Los datos lo confirman. Más del 80% de las subastas se resuelve por debajo del millón de dólares, y menos del 1% supera los 3 millones, lo que demuestra que los casos de cifras extraordinarias son excepcionales.

Sin embargo, su impacto mediático ha sido enorme, sobre todo en un contexto de incertidumbre global en rutas como el estrecho de Ormuz, donde las tensiones han obligado a redirigir flotas y aumentar la presión sobre rutas alternativas como Panamá.

Este reacomodo del comercio también se refleja en el tipo de buques que están transitando. El Canal ha registrado un aumento en el paso de tanqueros, que han subido de 7 a más de 12 diarios, así como en buques de gas y graneleros.

En algunos casos, el volumen ha alcanzado entre 10 y 15 graneleros por día, niveles similares a los previos a la pandemia, lo que evidencia un cambio en la dinámica global del transporte marítimo.

A pesar de la alta actividad, la ACP rechaza la idea de que exista congestión. Actualmente hay más de 100 buques en área de espera, pero cerca del 90% ya tiene su reserva asignada, lo que significa que no están esperando un turno incierto, sino cumpliendo un calendario definido. La diferencia es clave: no es una fila caótica, sino una operación planificada.

Muchos de estos buques llegan con anticipación por decisión estratégica. Panamá ofrece servicios logísticos como abastecimiento, cambio de tripulación y mantenimiento, lo que convierte la espera en una oportunidad operativa.

Otros llegan antes para intentar adelantar su tránsito mediante subasta, lo que puede liberar cupos futuros y alimentar el mismo sistema dinámico.

Este modelo genera un efecto en cadena. Cuando un buque adelanta su paso, deja libre su espacio original, que puede ser ofrecido nuevamente al mercado. Es ahí donde el Canal introduce nuevos cupos en subasta, sin alterar la estructura base de 36 tránsitos, pero maximizando el uso de la capacidad disponible.

Factor clave: Agua

Sin embargo, hay un factor que el Canal no controla: el agua. Aunque hoy opera con holgura gracias a condiciones climáticas favorables, la sostenibilidad de los 41 tránsitos diarios dependerá directamente de las lluvias y del nivel de los lagos. El propio Vásquez lo ha advertido: la capacidad actual podría ajustarse si cambian las condiciones hidrológicas.

En paralelo, el Canal ha fortalecido su modelo comercial con herramientas como el programa LOTSA (Long Term Slot Allocation), que permite a clientes asegurar espacios a largo plazo. Este sistema ha alcanzado niveles de ocupación cercanos al 99%, reflejando la alta demanda y la necesidad de previsibilidad en un entorno global cada vez más volátil.

Desde el punto de vista financiero, el desempeño ha superado las expectativas. Aunque se proyectaba una caída en ingresos por el contexto económico global, el aumento en tránsitos y la presión del mercado han sostenido los resultados. Aun así, las autoridades evitan hacer proyecciones a largo plazo, conscientes de que el escenario puede cambiar rápidamente.

En una nueva semana marcada por una creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció una serie de ajustes en los precios de los combustibles de consumo local.

Para la semana correspondiente del 2 al 8 de mayo de 2026, el Gobierno dominicano ha decidido implementar un subsidio extraordinario de RD$1,421.4 millones, una medida agresiva orientada a mitigar el impacto inflacionario que la crisis del crudo está ejerciendo sobre la economía doméstica.

El panorama global que enfrenta la República Dominicana es complejo. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia directa para el mercado, ha quebrado la barrera psicológica de los US$100 por barril. Esta escalada no es casual; responde a un estancamiento crítico en las negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, lo que ha revivido el temor de un conflicto prolongado en Oriente Medio.

A este factor se suman las recientes amenazas de bloqueos y ataques en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más importante del mundo para el tránsito de hidrocarburos.

Ante la posibilidad de una interrupción en el suministro global, los mercados han reaccionado con una volatilidad que obliga a los países no productores, como la República Dominicana, a realizar ajustes fiscales significativos para evitar que los precios en las estaciones de servicio alcancen niveles insostenibles para la clase media y los sectores más vulnerables.

Nuevos precios y el esfuerzo del Estado

A pesar de la presión externa, el MICM informó que el Estado ha decidido absorber la mayor parte del alza acumulada. Si no fuera por el subsidio de más de 1,400 millones de pesos, los incrementos habrían sido de doble dígito. Con el ajuste aplicado, los precios para la próxima semana quedan establecidos de la siguiente manera:

En un esfuerzo por proteger el presupuesto de las familias y el costo de la canasta básica, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá congelado en RD$137.20 por galón.

Asimismo, el Gas Natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico. Según el comunicado oficial, “el Gobierno dominicano refuerza su protección a la economía familiar asumiendo el sacrificio fiscal para proteger los hogares, el transporte y la producción nacional”.

Estrategias avanzadas para el ahorro de combustible y eficiencia energética

Ante este contexto de precios al alza, el ahorro de combustible deja de ser una opción y se convierte en una necesidad financiera. A continuación, presentamos una guía detallada para maximizar el rendimiento de cada galón:

1. Mantenimiento Preventivo y Neumáticos: Un motor con filtros de aire obstruidos o bujías en mal estado puede aumentar el consumo hasta en un 20%.
2. La técnica de la “Conducción Predictiva”: Evite el ciclo de acelerar y frenar bruscamente.
3. Gestión Aerodinámica y Carga: El peso excesivo es el enemigo del ahorro. Retire objetos pesados innecesarios del maletero. Además, a altas velocidades (más de 80 km/h).
4. Optimización de Rutas mediante Tecnología: El uso de herramientas digitales para evitar congestionamientos es vital. Un vehículo detenido con el motor en marcha (ralentí) consume combustible sin generar kilometraje. Si su parada va a durar más de 60 segundos, apague el motor.
5. Uso de Marchas Largas: Si su vehículo es manual, intente circular en la marcha más larga posible sin forzar el motor. En vehículos automáticos, una aceleración suave permitirá que la transmisión haga los cambios a revoluciones bajas, optimizando el flujo de combustible.

El cumplimiento de estas medidas, sumado al respaldo del subsidio gubernamental, busca garantizar que la movilidad y la productividad del país no se detengan a pesar de la turbulencia internacional.

El impacto del combustible en el sector productivo panameño comienza a reflejarse con mayor claridad en la cadena de alimentos, y todo apunta a que sus efectos serán más visibles en el segundo trimestre del año, cuando lleguen al mercado las cosechas sembradas bajo costos más altos de producción.

Así lo advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, quien señaló que el alza del diésel no solo afecta el transporte, sino también cada fase del proceso agrícola, desde la siembra hasta la cosecha.

Morales explicó que el combustible incide directamente en la producción agrícola, ya que la maquinaria utilizada en el campo —como tractores, cosechadoras y equipos de fumigación— depende completamente de este insumo.

A esto se suma el impacto en el transporte de mercancías desde las zonas de cultivo hacia los mercados, lo que eleva aún más los costos. “El sector agropecuario enfrenta dos vertientes: el aumento del combustible y el aumento de los costos de producción”, señaló, al advertir que esta presión ya se está trasladando a los precios de algunos productos.

En el mercado, los efectos ya comienzan a sentirse. Según el representante de Merca Panamá, productos como el tomate, los pimentones y la zanahoria han registrado incrementos importantes en sus precios, incluso en una época en la que tradicionalmente deberían mantenerse bajos.

“Tenemos precios de invierno cuando deberíamos tener precios de verano”, indicó, al explicar que condiciones como la sequía y el mayor uso de riego, que también depende de combustible, están elevando los costos en campo.

El impacto, sin embargo, será más evidente en los próximos meses. Morales advirtió que las cosechas que se están sembrando actualmente para junio y julio ya están incorporando estos costos más altos, lo que inevitablemente se traducirá en precios más elevados para el consumidor.

“Sembrar una papa o una zanahoria hoy cuesta más, y eso se reflejará cuando llegue al mercado”, explicó, al subrayar que el segundo trimestre será clave para medir el efecto real del aumento del combustible en los alimentos.

A esta presión se suma otro factor crítico: el aumento en los insumos agropecuarios, como fertilizantes y productos químicos, cuyos precios están vinculados al comportamiento del mercado internacional. Morales indicó que estos insumos ya han registrado aumentos de entre $4 y $5, y que se espera un nuevo incremento en mayo.

“Todo el mundo apunta a que los insumos van a subir, y eso será un golpe muy fuerte para la producción nacional”, advirtió.

El origen de este incremento está en factores globales, como la disrupción en mercados internacionales de fertilizantes y el impacto de conflictos geopolíticos en la producción de materias primas.

Panamá, al depender de la importación de estos insumos, enfrenta una presión adicional que no puede controlar directamente. En este contexto, el sector productivo ha pedido al Gobierno acelerar medidas para garantizar el acceso a fertilizantes a precios más competitivos.

Otro elemento que agrava el panorama es la posibilidad de un fenómeno de El Niño, que podría intensificar la sequía en varias regiones del país.

Morales explicó que la falta de lluvias obligaría a aumentar el uso de sistemas de riego, lo que implicaría un mayor consumo de combustible y, por ende, un incremento adicional en los costos. “Todas estas variables hacen que tengamos una incertidumbre fuerte para los meses de junio en adelante”, sostuvo.

El comportamiento de algunos productos ya ilustra esta dinámica. El caso del ají es uno de los más evidentes: su precio pasó de $11 a casi $30 por saco de 25 libras, impulsado por plagas asociadas al clima seco.

De igual forma, el tomate ha registrado incrementos significativos, pasando de menos de $1 a más de $1.50 por libra en algunos casos. Estos aumentos no solo afectan al consumidor final, sino que también generan un efecto en cadena sobre otros productos sustitutos.

En Merca Panamá, principal centro de distribución de alimentos del país, el flujo de compradores se mantiene estable, impulsado por la búsqueda de precios más competitivos.

Morales destacó que, a pesar de los aumentos, aún existen productos con precios accesibles, como la papa y la cebolla, lo que permite a los consumidores encontrar alternativas. Sin embargo, advirtió que la tendencia general dependerá de cómo evolucionen los costos en el campo en los próximos meses.

Frente a este escenario, el sector productivo ha reiterado la necesidad de incluir a la agricultura dentro de los programas de apoyo al combustible, ya que actualmente muchos de los subsidios no cubren maquinaria agrícola ni equipos clave para la producción.

Morales enfatizó que el objetivo no es solo proteger al productor, sino también garantizar la seguridad alimentaria del país, evitando que los alimentos se vuelvan inaccesibles para la población.

Pese al panorama complejo, el sector mantiene una visión optimista. Morales aseguró que los productores seguirán trabajando para garantizar el abastecimiento, aunque insistió en la importancia de que los consumidores apoyen el producto nacional.

“Si el productor no tiene ingresos suficientes, no puede seguir en el campo”, advirtió, al subrayar que el consumo local es clave para sostener la producción y evitar una mayor dependencia de las importaciones.

El comportamiento del combustible, los insumos y las condiciones climáticas marcarán la evolución de los precios en los próximos meses. Por ahora, el mensaje del sector es claro: el impacto ya comenzó, pero su verdadero alcance se verá en el segundo trimestre, cuando el costo de producir alimentos en Panamá termine reflejándose en la mesa de los consumidores.

El costo de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su nivel más elevado desde 2022, con el promedio nacional ubicándose en USD 4,23 por galón (3,78 litros) el 29 de abril, según registros de la American Automobile Association (AAA) y del portal especializado GasBuddy.

Esta alza coincide con la persistencia del conflicto en Irán y un aumento en la cotización internacional del petróleo, lo que genera una presión adicional sobre los presupuestos familiares, tal y como reportó ABC News.

Contexto y evolución del precio de la gasolina

De acuerdo con la AAA, el precio nacional promedio se situó en USD 4,30 por galón al 30 de abril, aunque días previos la cifra fue de USD 4,23.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA) indicó que el precio semanal del 27 de abril fue de USD 4,12 por galón, lo que representa una suba de más de un dólar en comparación con el mes anterior. El conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico, el cierre temporal de rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz y la transición estacional hacia mezclas de combustibles de verano contribuyeron a la volatilidad del mercado, según la EIA.

La disparidad regional es notoria. Datos de la AAA aseguran que California registró el precio más alto, con un valor promedio de USD 5,87 por galón, mientras que Texas se mantuvo entre los estados con los precios más bajos, con USD 3,76. En Nueva York y Florida, los valores rondan los USD 4,12 y USD 4,15 respectivamente, y Washington permanece en el grupo de los precios más elevados.

En 2022, el promedio nacional había llegado a superar los USD 5 por galón durante una semana de junio, según la AAA. Las cifras actuales reflejan una tendencia alcista que impacta directamente sobre el gasto familiar.

Opciones para ahorrar: programas de fidelidad, tarjetas y apps

Ante el incremento sostenido, diversos programas y herramientas ofrecen alternativas para reducir el gasto en combustibles. De acuerdo con ABC News, los consumidores pueden acceder a beneficios a través de membresías, tarjetas de crédito y aplicaciones móviles.

Programas de fidelidad y membresías:

• Shell otorga 30 centavos de descuento por galón en la tercera carga para nuevos afiliados y hasta 10 centavos para quienes alcanzan la categoría Platinum.
• BP y Amoco descuentan 5 centavos en cada llenado. Los usuarios de Exxon pueden acumular entre 3 y 6 centavos en recompensas para futuras compras, según los términos de cada programa.
• Las membresías en clubes de almacén como Costco, Sam’s Club y BJ’s habilitan acceso a tarifas menores en estaciones propias, aunque requieren pago anual. El uso de tarjetas de crédito asociadas puede incrementar el ahorro.
• En supermercados, la cadena Kroger otorga un punto por cada dólar gastado, y cada 100 puntos equivalen a 10 centavos de rebaja por galón. Safeway y Stop & Shop aplican esquemas similares.

Descuentos en plataformas de suscripción y comercio:

• Walmart+ permite ahorrar 10 centavos por galón en más de 13.000 estaciones asociadas, incluyendo Exxon, Mobil, Walmart y Murphy.
• Amazon Prime ofrece 10 centavos de rebaja en estaciones BP y Amoco, cifra que asciende a 20 centavos los viernes hasta fines de mayo para cuentas vinculadas con Earnify, según comunicó Amazon.

Tarjetas de crédito y apps de ahorro:

• La PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card otorga cinco veces puntos en compras de gasolina y la PNC Cash Rewards Visa Card devuelve un 4% en efectivo en estaciones de servicio, ambas sin cuota anual, detalló ABC News.
• Aplicaciones como Earnify y Upside brindan reintegros directos en efectivo por cada operación. Herramientas como GasBuddy y AAA permiten comparar precios en tiempo real y localizar las opciones más económicas en el entorno del usuario.

Sugerencias oficiales para optimizar el consumo

Entidades como la AAA y el EIA recomiendan una serie de acciones para mitigar el impacto del alza en el combustible:

• Mantener los neumáticos inflados y el motor en buen estado.
• Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.
• Planificar recorridos para reducir desplazamientos innecesarios.
• Limitar el uso del aire acondicionado y retirar peso extra del vehículo.

La AAA también sugiere revisar los beneficios de las tarjetas bancarias, ya que muchas incluyen recompensas que suelen pasar desapercibidas. Algunas familias recurren de forma temporal al transporte público o al uso compartido de vehículos.

Según la EIA, las perspectivas para los próximos meses dependerán de la evolución de los conflictos internacionales y de la demanda estacional, por lo que se recomienda a los conductores permanecer atentos a las actualizaciones de precios y beneficios disponibles.

Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en un foro sobre biocombustibles en el Senado de la República, donde presentó su enfoque en materia de transición energética.

A través de su área de Transformación Energética, la empresa planteó que el impulso al bioetanol forma parte de su estrategia para reducir emisiones en el sector transporte y diversificar las fuentes de energía.

Durante el encuentro, actores del sector energético coincidieron en que los biocombustibles pueden contribuir a disminuir la huella de carbono, particularmente en segmentos donde la electrificación aún enfrenta limitaciones.

También se señaló que la infraestructura y capacidad logística de Pemex podrían facilitar la incorporación de estos combustibles en el mercado nacional.

No obstante, el desarrollo de este tipo de energías en México aún es incipiente y enfrenta retos regulatorios, de inversión y de escalabilidad.

Señalamientos sobre el rol de Pemex en la estrategia energética nacional

En el mismo foro, representantes del sector público destacaron que Pemex sigue siendo un actor central en la política energética del país, tanto por su peso en la producción de hidrocarburos como por su posible participación en proyectos de energías limpias.

La empresa ha sostenido que su estrategia busca combinar la explotación de recursos fósiles con el desarrollo de alternativas más sostenibles.

Sin embargo, analistas han señalado que la dependencia de los ingresos petroleros y la limitada inversión en energías renovables han retrasado una transición más acelerada.

Sheinbaum informa sobre posible cooperación tecnológica con Petrobras

Un día después del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex y Petrobras mantienen conversaciones para compartir tecnología en exploración y extracción de crudo.

En conferencia de prensa, detalló que la empresa brasileña ha desarrollado metodologías avanzadas en producción petrolera, así como en biocombustibles como biodiésel y etanol, que podrían ser de interés para México.

Como parte de estos acercamientos, un equipo técnico de Petrobras tiene prevista una visita al país para trabajar con especialistas mexicanos.

La mandataria aclaró que, hasta ahora, no existe un acuerdo formal ni compromisos de explotación conjunta en el Golfo de México, y que las conversaciones se mantienen en fase de evaluación.

Crisis estructural: producción a la baja y presión financiera

El anuncio de posibles alianzas ocurre en un momento de alta presión para Pemex.

La empresa enfrenta una caída sostenida en la producción de hidrocarburos, que al cierre de 2025 se ubicó en alrededor de 1.63 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 46 años.

A esto se suma una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares, así como problemas de liquidez que han afectado su operación cotidiana.

Empresas proveedoras han reportado retrasos en pagos, lo que en algunos casos ha derivado en la suspensión de servicios, incluyendo plataformas petroleras.

Entre los principales elementos de la situación actual destacan:

• Reducción de la producción por madurez de yacimientos y falta de inversión sostenida.
• Pérdidas financieras y limitada capacidad de flujo de efectivo.
• Adeudos acumulados con proveedores que afectan la cadena de suministro.
• Dependencia de apoyos fiscales y transferencias del gobierno federal.

Derrame en el Golfo de México agrava el contexto operativo

A este escenario se suma un derrame petrolero registrado en el Golfo de México, originado por una fuga en un oleoducto cercano a la plataforma Cantarell.

El incidente comenzó en febrero de 2026 y generó una mancha de crudo de más de 300 kilómetros cuadrados, con impactos en costas de Tabasco y Veracruz.

Pemex reconoció el hecho de manera posterior y confirmó que hubo omisiones en la información inicial, lo que derivó en la separación de funcionarios.

El derrame también provocó afectaciones a comunidades pesqueras y daños ambientales en zonas costeras.

En conjunto, la participación de Pemex en foros sobre energías limpias y la búsqueda de colaboración internacional contrastan con los desafíos estructurales que enfrenta la empresa, en un contexto donde su viabilidad financiera, operativa y ambiental continúa bajo escrutinio.

En medio del proceso de reestructuración que se realiza en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el nuevo presidente interino de la compañía, Sebastián Daroca, pidió a los cargos ejecutivos —entre ellos gerentes y directores regionales— que pongan sus cargos a disposición y anunció una evaluación técnica a todos los empleados.

“Sabemos que hay gente valiosa que tiene una carrera hecha en YPFB, pero también sabemos que hay gente que ha estado incrustada en esta empresa haciendo daño. Por ello, es importante que empecemos esta nueva gestión con una evaluación integral de todos los profesionales”, afirmó Daroca en una conferencia de prensa.

La evaluación tomará entre 15 y 20 días y estará a cargo de un equipo especializado. Según indicó Daroca, la medida busca optimizar el funcionamiento de la empresa y garantizar que esté integrada por profesionales adecuados para enfrentar los desafíos del sector en medio de la crisis de combustible que enfrenta el país.

“Es una primera medida concreta, necesaria para poder optimizar y darle la certeza a la población de que vamos a trabajar con las personas más idóneas”, afirmó junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y el de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

En paralelo, Daroca informó que se tomó contacto con instituciones internacionales para recibir apoyo técnico en el proceso de “reestructuración, modernización y reforma integral” de la empresa. “Es un trabajo necesario porque se viene una nueva era en Bolivia, marcada por la nueva Ley de Hidrocarburos que lanzará el ministerio en los próximos días”, adelantó.

Daroca asumió el mando interino de la principal empresa pública el 23 de abril, tras la renuncia de Claudia Cronenbold, que en su carta de dimisión calificó el estado de YPFB como “significativamente más deteriorado de lo previsto” debido a malas prácticas administrativas de más de 20 años y afirmó que los tiempos técnicos para su recomposición son más largos que los que ofrece la política.

El cambio en YPFB, que fue seguido del relevo del ministro de Hidrocarburos, se da en medio de una crisis por la falta de certezas sobre la calidad del combustible.

Luego de que el presidente Rodrigo Paz levantara el subsidio a los hidrocarburos a mediados de diciembre, surgieron denuncias de daños vehiculares por la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que se había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen: lo atribuyó inicialmente a residuos en los tanques de almacenaje “heredados” de la anterior gestión y luego a supuestas redes delictivas que sustituían parte del combustible por agua y aceite antes de su ingreso al país.

Este conflicto, que hace más de tres meses no se resuelve, ha provocado una serie de manifestaciones de sindicatos de transportistas y ha obligado a la empresa petrolera a acelerar el pago de un seguro de resarcimiento de daños mecánicos.

A la incertidumbre sobre la calidad de la gasolina se sumaron en las últimas semanas denuncias de escasez de diésel. YPFB afirmó que hay una mayor demanda de combustible por la temporada agrícola y que se incrementarán los despachos en los siguientes días.

Estos problemas de calidad y abastecimiento estuvieron acompañados de inestabilidad institucional: en cinco meses se cambió tres veces al presidente de YPFB y dos veces al ministro de Hidrocarburos y al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente Paz y sus ministros han anunciado que trabajan en una nueva Ley de Hidrocarburos y han descartado la privatización de la empresa petrolera. “Lo que se quiere más bien es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron. Una empresa con más de 8.500 empleados, mafias enquistadas, burocracia ineficiente e improductiva”, escribió el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en su cuenta de X.

El subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones mensuales, una cifra que supera la estimación inicial del Gobierno y refleja la alta demanda del programa entre transportistas y sectores productivos, en medio de un contexto internacional marcado por el alza sostenida de los precios del petróleo.

La medida, que comenzó a aplicarse el 15 de abril, busca contener el impacto directo en el bolsillo de los usuarios y evitar un incremento en las tarifas del transporte público y selectivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el costo del subsidio será mayor al previsto. Explicó que la proyección inicial era de unos $10 millones mensuales, pero el consumo ha superado las expectativas.

“El volumen que están utilizando el transporte de personas, carga, sector agropecuario y pesca artesanal es más alto de lo anticipado”, indicó, al señalar que una extrapolación preliminar ubica el gasto más cerca del rango de $15 millones o incluso por encima de esa cifra.

El programa permite acceder a precios reducidos de combustible, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado. La iniciativa incluye controles tecnológicos, topes de consumo y validación digital, además de requisitos como documentación al día y registro en una plataforma.

En sus primeras horas, más de 600 transportistas hicieron uso del subsidio, mientras que el total de inscritos supera los 21,000 usuarios.

Chapman reiteró que el subsidio funciona como un “paliativo” temporal, con el objetivo de evitar que los costos operativos del transporte se trasladen a los usuarios. El plan tiene una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto en la economía.

La presión sobre el combustible, explicó, se mantiene como uno de los factores más determinantes en la estructura de costos del sector transporte.

Perspectivas se mantienen

En paralelo, el titular de Economía destacó que Panamá mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 4% para 2026, una cifra que ubicaría al país entre las economías de mejor desempeño en el mundo.

Tras participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro indicó que inversionistas y organismos multilaterales han mostrado interés en el país, pese a un entorno global más complejo.

“El promedio de las proyecciones converge alrededor del 4%, incluso cuando organismos internacionales han ajustado a la baja el crecimiento global”, explicó Chapman. Añadió que el reto principal será lograr que ese crecimiento económico se traduzca en empleo, inversión y mejoras en la calidad de vida, en un proceso que depende de la estabilidad macroeconómica y la atracción de capital extranjero.

El ministro también señaló que durante sus encuentros con calificadoras de riesgo, tenedores de bonos y empresas internacionales, recibió consultas de compañías interesadas en establecer operaciones en Panamá, pero que enfrentan limitaciones regulatorias en sus países de origen. En ese sentido, insistió en la necesidad de facilitar la inversión extranjera directa como motor de crecimiento.

Chapman rechaza señalamientos sobre etanol

En medio de la discusión pública sobre el uso de etanol en combustibles, Chapman aclaró que se ha mantenido “cien por ciento al margen” del proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional. El funcionario subrayó que no ha participado en debates ni decisiones relacionadas con la iniciativa, pese a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y medios de comunicación.

El ministro reconoció que un hermano suyo es director suplente en una empresa vinculada a ingenios azucareros, pero enfatizó que no existe garantía de que dicha compañía participe en el negocio del etanol. Explicó que cualquier decisión en ese sentido requeriría la aprobación de los accionistas y una inversión considerable, por lo que no hay definiciones al respecto.

Además, rechazó los señalamientos sobre la posible creación de un monopolio, al indicar que en Panamá operan al menos cuatro ingenios azucareros, lo que permitiría la participación de múltiples actores en el mercado. También señaló que la legislación permitiría la importación de etanol por parte de cualquier interesado, lo que amplía el espectro de competencia.

Las declaraciones de Chapman se dieron horas después de que la Asamblea Nacional suspendiera, hasta segunda orden, la discusión del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de una mezcla de 10% de etanol en la gasolina que se vende en Panamá.

La decisión legislativa fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancada acordaran pausar el debate bajo el argumento de que la ciudadanía necesita mayor información sobre los posibles beneficios o impactos de la medida.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias, y planteaba una primera etapa con corte obligatorio de gasolina fósil con 10% de etanol. La suspensión se produjo en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente José Raúl Mulino convocara a sesiones extraordinarias para avanzar con la iniciativa, mientras el Órgano Legislativo entra en receso y retomará funciones el próximo 1 de julio.

El aumento del precio del combustible, como consecuencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán, impactó en el costo de los pasajes ida y vuelta, lo que afectó a numerosos viajeros latinos que planean volar desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica. Ante este escenario de subas, surge una pregunta central: ¿Cuánto salen los pasajes ida y vuelta desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica con los precios actualizados hoy?

A continuación, un relevamiento de precios actuales para vuelos ida y vuelta desde Nueva York hacia distintos destinos de Latinoamérica:

Argentina (Nueva York – Buenos Aires)

• Aerolíneas Argentinas: entre USD 800 (económica) y USD 1.068 (business).
• American Airlines: desde USD 1.798 (económica) hasta USD 3.175 (premium).
• Delta Air Lines: desde USD 1.195.

Colombia (Nueva York – Bogotá)

• Copa Airlines: desde USD 1.297 (económica).
• American Airlines: entre USD 646 y USD 1.156 (business).
• JetBlue Airways: desde USD 369 (económica).

Chile (Nueva York – Santiago)

• American Airlines: entre USD 987 (económica) y USD 1.406 (premium).

Paraguay (Nueva York- Asunción)

• Copa Airlines: USD 419 (económica) hasta USD 2.302,75, según la fecha de vuelo.

México

• American Airlines: entre USD 987 (clase económica) hasta USD 2189 (premium).

Estrategias tarifarias de las aerolíneas estadounidenses

Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que buscarán incrementar las tarifas aéreas durante 2026 para hacer frente al aumento de costos y mantener la rentabilidad, según información publicada por el canal de noticias CNN en Español.

Los ejecutivos de empresas como American Airlines, United y Delta Air Lines señalaron que las subidas en los precios del combustible y los gastos laborales impulsan la necesidad de ajustar los pasajes.

La presión para subir los precios responde a la disminución de beneficios reportados en los primeros meses del año, de acuerdo con lo comunicado por las propias empresas y citado por el medio.

La demanda de boletos muestra señales de estabilidad, pero los márgenes se vieron afectados principalmente por el alza del combustible, un factor determinante en la estructura de costos operativos del sector, según explicó United a CNN en Español.

Según el canal de noticias CNN en Español, American Airlines reportó durante el primer trimestre una baja del beneficio neto atribuible a estos nuevos gastos.

Por su parte, Delta Air Lines advirtió que todo intento de no trasladar los costos a los pasajeros resultaría insostenible. Las compañías precisaron que están revisando estrategias para ajustar sus precios y así sostener sus operaciones en el contexto económico actual.

El colapso de un túnel clandestino utilizado para el robo de combustible en Acolman, Estado de México, activó un operativo encabezado por Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantiene labores de rescate tras el reporte de al menos cuatro personas atrapadas.

El incidente ocurrió durante una inspección en un inmueble donde se detectó una conexión ilegal a ductos de la empresa.

Pemex encabeza respuesta tras derrumbe en túnel clandestino

De acuerdo con el comunicado oficial, personal especializado de Pemex acudió al sitio tras identificar un túnel conectado a una toma clandestina. Durante la revisión, la estructura subterránea colapsó, lo que obligó a activar un operativo conjunto con Protección Civil.

La empresa precisó que las personas atrapadas son ajenas a la institución y reiteró que su prioridad es atender la emergencia, salvaguardar la integridad de la población y contener riesgos en la zona.

Contexto del huachicol en Edomex y riesgos operativos

El hallazgo se da en una región con alta incidencia de robo de combustible, donde la cercanía con ductos estratégicos ha favorecido la instalación de tomas clandestinas.

El poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, al que presuntamente se dirigía el túnel, es una de las principales arterias de distribución de hidrocarburos en el centro del país.

Este tipo de excavaciones representan un riesgo elevado, ya que suelen construirse sin medidas de seguridad, lo que incrementa la probabilidad de derrumbes, fugas o explosiones.

Dimensiones del túnel y nivel de sofisticación

Reportes preliminares indican que el túnel tenía entre 90 y 100 metros de longitud, con una profundidad considerable y espacio suficiente para maniobras de conexión al ducto.

En el sitio se localizaron mangueras y equipo especializado, lo que sugiere que la infraestructura clandestina estaba avanzada y lista para operar.

El nivel de construcción evidencia la complejidad de las redes dedicadas al huachicol, que en algunos casos emplean métodos cada vez más elaborados para evadir la detección.

Operativo coordinado para rescate y seguridad

Aunque Pemex lidera la atención técnica, en el lugar participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como cuerpos de emergencia.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras continúan las labores de excavación y búsqueda.

Las maniobras se desarrollan bajo condiciones de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno tras el colapso, lo que ha complicado el avance de los trabajos.

Antecedentes y combate al robo de combustible

El derrumbe en Acolman no es un caso aislado.

En el Estado de México se han registrado incidentes similares en los últimos años, algunos con saldo fatal, lo que refleja los peligros asociados a esta actividad ilícita.

Pemex señaló que mantiene acciones permanentes para localizar y clausurar tomas clandestinas, además de colaborar con autoridades para frenar el mercado ilegal de combustibles, un problema que persiste pese a los operativos implementados a nivel federal.

En el operativo coordinado por Pemex participan:

• Ejército Mexicano
• Guardia Nacional
• Protección Civil
• Seguridad Física de Pemex
• Policía estatal del Estado de México
• Policía municipal de Acolman
• Bomberos y paramédicos
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Las labores de rescate continúan mientras las autoridades avanzan en la investigación para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de esta operación clandestina.

Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible fue localizado en el municipio de Acolman, Estado de México, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad y rescate por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Ejidos de Santa Catarina, tras una llamada anónima que alertó sobre actividades irregulares en un predio cercano al Camino Viejo a las Pirámides.

En el lugar, elementos de seguridad confirmaron la existencia de una excavación subterránea vinculada al robo de hidrocarburos.

Túnel de hasta 100 metros conectado a ducto de Pemex

De acuerdo con reportes preliminares, el túnel tendría una longitud aproximada de entre 90 y 100 metros, con un diámetro cercano a los dos metros.

La excavación estaba dirigida hacia el poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, una de las principales líneas de distribución de combustible en el centro del país.

Personal técnico de Petróleos Mexicanos corroboró que en el sitio ya se había instalado infraestructura para la extracción, como una manguera de alta presión, lo que sugiere que el punto ya estaba habilitado para el robo de hidrocarburo.

Colapso deja al menos tres personas atrapadas

Durante las labores clandestinas, el túnel colapsó, provocando que al menos tres personas —aunque algunos reportes señalan hasta cuatro— quedaran atrapadas en su interior.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los afectados ni su estado de salud.

Equipos de rescate trabajan en condiciones complejas para intentar localizar y extraer a los posibles sobrevivientes, mientras se mantiene acordonada la zona para evitar riesgos adicionales a la población.

Despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona

En el sitio participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como policías municipales, paramédicos y cuerpos de Protección Civil.

Las autoridades mantienen resguardado el perímetro mientras continúan las labores de búsqueda.

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de robo de combustible.

Antecedentes y persistencia del huachicol en la región

El municipio de Acolman y la región nororiente del Estado de México han sido identificados como zonas con alta incidencia de tomas clandestinas, debido a la presencia de ductos estratégicos de Pemex.

Incluso, en la misma comunidad de Santa Catarina se han registrado hechos similares en años recientes, incluyendo casos donde personas vinculadas a estas actividades han perdido la vida dentro de túneles clandestinos.

A pesar de operativos y medidas implementadas por autoridades federales, como el reforzamiento de ductos con recubrimientos de concreto, la detección de nuevas excavaciones ilegales evidencia la persistencia del problema.

Quiénes participan en el operativo en Acolman

• Elementos de la Guardia Nacional
• Personal del Ejército Mexicano
• Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
• Policía municipal de Acolman
• Protección Civil y cuerpos de bomberos
• Paramédicos de emergencia
• Personal técnico de Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

El caso refleja los riesgos asociados al robo de combustible, una actividad ilícita que no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en peligro la vida de quienes participan en estas prácticas y de las comunidades cercanas.

El presidente interino de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que Bolivia está “a puertas de una crisis energética” y que, de no revertirse las tendencias actuales, podría necesitar importar gas natural en un plazo de cuatro o cinco años. De ser así, el país pasaría de ser uno de los mayores exportadores de gas natural de la región a importador en menos de dos décadas.

“La falta de inversión que en los últimos años ha generado que nuestras reservas vayan cayendo sistemáticamente, nuestra producción de gas y líquidos caiga, y esto es una tendencia que tenemos que revertir como prioridad nacional”, explicó Daroca en una entrevista en el canal Unitel y dijo que las gestiones anteriores dejaron al país en “riesgo energético, estamos a puertas de tener una crisis energética mucho mayor.”

El presidente de la petrolera estatal, que hasta su posesión ocupaba el cargo de gerente de Operaciones de la compañía, afirmó que si no se asumen acciones concretas para aumentar la producción, en un “plazo de cuatro a cinco años”, el país podría “tener la necesidad incluso de importar gas natural”.

La producción de gas en Bolivia ha experimentado una caída significativa en la última década, reduciéndose casi a la mitad entre el pico alcanzado en 2014 —cuando producía aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd)— y los niveles registrados en 2024. La caída se atribuye al agotamiento natural de los campos, la falta de inversión en exploración y una gestión ineficiente del sector.

La declaración de Daroca se enmarca en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos —tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área— y en medio de una crisis por combustible que lleva más de dos meses sin resolverse.

El problema reciente de la gasolina de mala calidad, que el gobierno define como “desestabilizada”, surgió a mediados de enero, pocas semanas después de que la administración de Rodrigo Paz eliminara la subvención a los combustibles y ajustara los precios que habían estado fijos en el mercado por veinte años.

En febrero, el Gobierno admitió que había distribuido combustible de la mala calidad, pero no se responsabilizó por su origen y desde entonces ofreció versiones distintas: inicialmente lo atribuyó a residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento “heredados” de gestiones anteriores y luego denunció planes de sabotaje internos y la existencia de redes delictivas internacionales que sustituirían parte de la gasolina con agua y aceite.

Mientras las protestas y los reclamos iban en aumento, la estatal petrolera creó un sistema para resarcir a los usuarios que certifiquen daños vehiculares atribuidos a la gasolina. Según datos de YPFB, hasta la primera semana de abril se habían destinado 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares, al pago de compensaciones a más de ocho mil choferes.

En las últimas semanas y en medio de los ajustes institucionales, también se reportó escasez de diésel que el Gobierno atribuyó a la sobredemanda de las actividades agrícolas por la temporada. En sus primeras declaraciones, Daroca afirmó que se aumentaron los despachos y que esta semana se regularizará el suministro.

Varios analistas advierten que los problemas de abastecimiento, calidad y producción reflejan un deterioro sostenido del sistema energético nacional. En este contexto, dirigentes de los transportistas de La Paz han anunciado manifestaciones de este lunes para exigir soluciones definitivas a un problema además de decisiones políticas necesita tiempo.

El segundo mayor productor mundial de biocombustible sigue adelante con sus planes para establecer una nueva normativa que exige una mezcla obligatoria de etanol del 32% en la gasolina, según un comunicado del Ministerio de Minas y Energía publicado el viernes. Esta cifra representa un aumento con respecto al 30% actual, gracias a la abundante oferta de biocombustible y a los bajos precios, lo que contribuye a aliviar la presión sobre los precios del combustible en las gasolineras brasileñas.

“Esta medida tiene el potencial de reducir la necesidad de importar gasolina en aproximadamente 500 millones de litros mensuales”, señala el comunicado. “Con esta medida, Brasil fortalece su soberanía energética y avanza hacia la autosuficiencia en gasolina, eliminando las importaciones de combustible”.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones destinadas a proteger a los consumidores de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, y se produce en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección en aproximadamente seis meses.

Las autoridades anunciaron el jueves que el gobierno también solicitará al Congreso autorización para utilizar los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo para reducir los impuestos sobre combustibles como la gasolina, el diésel, el etanol y el biodiésel. Esto se suma a una serie de reducciones de impuestos y subsidios para el diésel, el gas para cocinar y el combustible para aviones, así como a las líneas de crédito para las aerolíneas que enfrentan mayores costos.

Brasil lleva mucho tiempo utilizando el etanol como palanca para afrontar las crisis energéticas. Los motores que funcionan exclusivamente con etanol, fabricados desde finales de la década de 1970, han contribuido a reducir la dependencia del país de las importaciones de gasolina. Más recientemente, la legislación sobre biocombustibles impulsada por Lula estableció el objetivo de alcanzar una mezcla de hasta el 35 % en un futuro próximo, lo que aún dependerá de los resultados de las pruebas técnicas.

La implementación definitiva de la nueva mezcla de etanol aún depende de la aprobación del Consejo Nacional de Energía (CNPE), que se espera que siga en gran medida las recomendaciones del ministerio.

(Bloomberg)

Personal de la Secretaría de Marina asegura una embarcación menor cerca de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante la inspección, hallan 103 bidones de combustible con características similares a gasolina, con una capacidad aproximada de 6 mil litros. En la operación participan elementos de la Armada de México, quienes detienen a tres personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas al no poder acreditar la procedencia legal del combustible.

El aseguramiento ocurre durante patrullajes de Infantería de Marina en labores de vigilancia marítima. Según información oficial, la cantidad de combustible incautada indica que podría ser utilizada para el reabastecimiento de embarcaciones infractoras, lo que sugiere un esfuerzo por inhibir operaciones de delincuencia organizada en la región. La Décima Sexta Zona Naval es responsable de la acción.

Las personas detenidas y los materiales decomisados son puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará la cantidad final del líquido asegurado e integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina en aguas nacionales para frenar actividades ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

La Armada de México sostiene operativos de patrullaje constante para combatir el traslado ilegal de combustible en la costa del Pacífico. El decomiso y la detención de los implicados buscan prevenir que recursos estratégicos lleguen a grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad y la economía local. Autoridades navales subrayan la importancia de estos aseguramientos como parte de su mandato de Guardia Costera.

En lo que va del año, la vigilancia ha permitido decomisos relevantes de hidrocarburos en el litoral michoacano, una de las principales rutas para actividades ilícitas. La actuación de la Infantería de Marina busca limitar el acceso a insumos críticos para las organizaciones criminales que operan en la región

• Personal de la Secretaría de Marina decomisa 6 mil litros de combustible en la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
• Detienen a tres personas presuntamente relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburos.
• Aseguramiento busca inhibir operaciones de delincuencia organizada mediante vigilancia marítima regular.

Plataformas criminales identificadas

En 2023 la Secretaría de Marina (Semar) informó que ya tenían identificadas al menos 15 plataformas de abastecimientos en las diversas plataformas que usaban los narcotraficantes en el océano Pacífico. Incluso en julio, en tan sólo una semana aseguraron más de seis mil kilogramos de cocaína debido a varias acciones que ha implementado la dependencia de seguridad marítima.

De acuerdo con información presentada por la Marina, luego de dar a conocer la captura de una embarcación que transportaba 2.4 toneladas de cocaína en costas de Acapulco, se lograron desmantelar 15 plataformas ubicadas en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La imagen presentada por la Marina detalla que una de las plataformas fue localizada a 212 millas náuticas del Puerto de Manzanillo, Colima. En el caso del Puerto de Lázaro Cardenas, Michoacán, se encontraron tres de estas plataformas, mismas que estaban a 27, 130 y 205 millas náuticas, respectivamente.

Según la Marina, Guerrero es uno de los estados donde más se han encontrado este tipo de plataformas abastecedoras, al ser localizadas y desmanteladas seis de éstas, todas ellas cercanas al Puerto de Acapulco. La más lejana fue ubicada a 470 millas náuticas, mientras que la más cercana se localizó a tan sólo 79.

Cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 3,4% en marzo, el Gobierno atribuyó parte de la suba de precios al impacto del conflicto en Medio Oriente en el combustible, mientras que la aceleración de los meses previos fue justificada por el incremento de la carne. Sin embargo, la inflación núcleo, que no contempla las variaciones de precios estacionales ni regulados, muestra una tendencia de suba desde agosto del año pasado y enciende alertas sobre la posibilidad de que se muestre una moderación en el índice general de abril y los meses siguientes.

Perspectivas privadas señalaron que la dinámica de la inflación núcleo se volvió el principal motivo de preocupación al analizar la evolución de los precios estables. En marzo, el IPC tocó un pico desde marzo de 2025 y consolidó diez meses consecutivos de aceleración desde el mínimo de 1,5% registrado en mayo del año previo. Este comportamiento llevó a que los precios minoristas acumularan un alza promedio de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Entre las divisiones que lideraron los aumentos en marzo, “Educación” encabezó las subas con un 12,1%, seguida por “Transporte” con 4,1% y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” con 3,7%. En términos de incidencia, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó el 30% de la variación mensual, con una suba de 3,4%. Dentro de este rubro, el segmento “Carnes y derivados” mostró un aumento de 7%, lo que posicionó a este componente como protagonista del mes.

Más allá de los factores puntuales, un análisis de la inflación núcleo por parte de la Invecq reveló una tendencia ascendente desde agosto. La serie núcleo se ubicó en 2,6% en enero, subió a 3,1% en febrero y alcanzó 3,2% en marzo. El promedio móvil de tres meses llegó al 3%, equivalente a un 42% anualizado.

“La aceleración de los últimos meses no es alarmante, pero tampoco debe minimizarse. Aunque en gran parte refleja shocks puntuales —tarifas, carnes y combustibles—, la Núcleo, incluso depurada del efecto carne, también muestra una tendencia creciente desde los mínimos de 2025. El mes pasado se señalaba que el principal reto del Gobierno era evitar efectos de segunda vuelta vía paritarias y contratos. Hoy ese desafío luce más arduo: la erosión del poder adquisitivo se profundiza, lo que presionará las negociaciones salariales al alza", destacaron desde la consultora.

La núcleo es un indicador que mide el aumento de precios de los bienes y servicios, excluyendo aquellos que tienen precios muy volátiles. Su objetivo es mostrar la tendencia subyacente de la inflación, sin el efecto de factores estacionales o temporales.

El gráfico elaborado por Invecq sobre la evolución de la inflación núcleo con y sin carnes mostró que la variación mensual, medida en promedio móvil de tres meses, arrancó en octubre de 2024 en 3,5% para la serie sin carnes y 3,4% para la serie núcleo total. Ambas curvas descendieron durante el primer semestre de 2025 hasta tocar su punto más bajo en julio, con 1,9% para la serie núcleo y 1,7% para la serie sin carnes. Desde entonces, ambas series cambiaron de tendencia y comenzaron a subir de manera sostenida, hasta alcanzar en marzo de 2026 el 3% en la serie núcleo y el 2,5% en la núcleo sin carnes.

El monitoreo de la inflación núcleo y la diferencia entre la serie total y la serie sin carnes permitió distinguir entre los efectos de shocks puntuales y la tendencia subyacente de los precios. La persistencia de la inflación núcleo en niveles superiores al 2,5% mensual reflejó que la desaceleración observada en 2025 perdió fuerza en la segunda mitad del año y que los factores estructurales continuaron ejerciendo presión sobre la dinámica de precios.

“Con todo, hacia adelante la inflación debería retomar su senda descendente. Una demanda interna todavía débil y una política monetaria contractiva presionarán a la baja (de hecho, el IPC Invecq ya registra una desaceleración en las primeras semanas de abril). De esta manera, 2026 cerraría con una inflación similar a la de 2025, en la zona del 30%“, sumaron los economistas de la mencionada firma.

La inflación de abril

La proyección del ministro de Economía, Luis Caputo, es que a partir de abril la inflación desacelere respecto a marzo. Hasta ahora, los relevamientos semanales de consultoras muestran un menor ritmo de aumento en el rubro de alimentos y bebidas, que tiene una importante ponderación en el indicador.

Diversas consultoras difundieron sus informes sobre la evolución de los precios en supermercados y grandes cadenas comerciales. En la segunda semana de abril, LCG reportó una suba de 0,5%, que compensó la baja de 0,4% registrada la semana anterior. A pesar de esto, el promedio mensual de inflación de las últimas cuatro semanas continuó en descenso, situándose en 1,2% tras una reducción de 0,4 puntos porcentuales. En ese período, los rubros que más impactaron en la inflación fueron Carnes, con un aumento de 1,5%, y Lácteos y huevos, con 0,6%. El informe remarcó que la desaceleración promedio se mantiene desde el pico de finales de febrero.

Por su parte, Analytica indicó que en la tercera semana de abril los precios de alimentos y bebidas en supermercados a nivel nacional subieron 0,2% y el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4 por ciento. La consultora proyecta que el índice general de precios podría mostrar una suba mensual de 2,9% en abril, lo que representaría una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales en comparación con marzo. El reporte regional reflejó diferencias: el NOA y Cuyo tuvieron los menores incrementos (0,1%), mientras que la Patagonia encabezó las subas con 0,3 por ciento.

En su relevamiento de alta frecuencia, Econviews registró en la segunda semana de abril un aumento de 0,2% en alimentos y bebidas en supermercados. Durante ese lapso, las verduras subieron 0,8% y las carnes descendieron 0,7 por ciento. El promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 1,6%, reforzando la tendencia de desaceleración.

En tanto, EcoGo detectó en la segunda semana del mes una variación semanal de 0,3% en alimentos, algo superior a las mediciones de Analytica y EconViews. Según esta consultora, la inflación mensual proyectada para alimentos sería de 2,3 por ciento. La consultora subrayó que abril sigue mostrando una moderación en el alza de alimentos, lo que contribuye a compensar la inercia de otros sectores.

La presidenta Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con empresarios gasolineros para fijar en 28 pesos el precio máximo del litro de diésel, tras una reunión realizada en Palacio Nacional que se extendió por aproximadamente una hora y media.

La medida busca contener el impacto del combustible en la inflación y en los costos del transporte de mercancías en todo el país.

Acuerdo entre gobierno y gasolineros para estabilizar el diésel

El encuentro se llevó a cabo la tarde del 21 de abril, con la participación de representantes del sector gasolinero, quienes aceptaron respaldar la propuesta del gobierno federal de establecer un tope temporal al precio del diésel.

Al salir de la reunión, empresarios señalaron que el compromiso es mantener el precio en 28 pesos por litro al menos durante una semana.

Posteriormente, ambas partes volverán a reunirse para evaluar si la medida se mantiene, se ajusta o se retira.

El acuerdo se da en un contexto de presión por el alza en combustibles, particularmente el diésel, considerado estratégico para el transporte de carga.

Estrategia para contener inflación y costos logísticos

El gobierno federal ha defendido esta política como una acción para evitar un efecto dominó en los precios de productos básicos.

El diésel es el principal combustible utilizado en el transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento impacta directamente en alimentos, insumos y bienes de consumo.

Como parte de esta estrategia, la administración federal ha aplicado estímulos fiscales mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite disminuir el precio final al consumidor.

De acuerdo con autoridades, este subsidio implica que el gobierno absorbe una parte del costo por litro, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger el poder adquisitivo.

Advertencias y supervisión a estaciones de servicio

Previo al acuerdo, la presidenta había advertido que se intensificarían las revisiones a estaciones que vendieran el diésel por encima del precio establecido. Incluso, mencionó la posibilidad de auditorías por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que una proporción significativa de gasolineras aún no cumplía con el tope.

Según datos recientes:

• El 65.5% de las estaciones vendía el diésel alrededor de 28.50 pesos por litro
• El 54.6% lo ofrecía por debajo de 28.28 pesos
• Cerca del 45% superaba el precio máximo establecido previamente

Estas cifras evidenciaron la necesidad de reforzar acuerdos con el sector privado para garantizar el cumplimiento.

Participación de autoridades y empresas del sector

A la reunión asistieron funcionarios clave del gabinete energético y económico, así como representantes de empresas gasolineras.

Entre ellos estuvieron:

• Secretaría de EnergíaProcuraduría Federal del Consumidor
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Secretaría de Hacienda
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)

También participaron integrantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) y empresas como Repsol, Hidrosina y G500.

Contexto: subsidios, presión internacional y mercado energético

El acuerdo ocurre en medio de un entorno internacional volátil en los precios del petróleo, influido por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en mercados como el Brent y el WTI.

Además, el gobierno mexicano ha reducido recientemente el estímulo fiscal al diésel, lo que implica un menor margen de subsidio.

Actualmente, el apoyo representa alrededor de 3.17 pesos por litro, una cifra menor respecto a semanas anteriores.

Especialistas advierten que, aunque estos subsidios ayudan a contener la inflación, también implican una reducción en los ingresos fiscales.

Estimaciones apuntan a que el costo total de estos apoyos podría alcanzar decenas de miles de millones de pesos en 2026.

El Gobierno dominicano explicó ante la Conferencia del Episcopado su estrategia para enfrentar la crisis económica internacional, con énfasis en la protección de la canasta básica, el transporte y el mantenimiento de subsidios a combustibles y fertilizantes.

El encuentro, realizado este martes 21 de abril, en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo, contó con la presencia de la comisión gubernamental encabezada por:

• Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes
• Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia
• Sigmund Freund, ministro de Administración Pública.

Por parte de la Iglesia católica participaron Monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la Conferencia, Jesús Castro Marte, vicepresidente, Faustino Burgos, secretario general, Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de las consultas que impulsa el presidente Luis Abinader para consensuar respuestas ante el impacto económico provocado por el conflicto en el Medio Oriente. Según detalló Sanz Lovatón, el Gobierno ya ha destinado cerca de RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles, con el objetivo de evitar una escalada inflacionaria que afecte a los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro, la comisión gubernamental presentó los tres pilares del plan oficial que son:

1. Proteger el poder adquisitivo de la población frente a la inflación
2. Preservar la producción nacional y el empleo
3. Asumir desde el Estado el mayor costo de las medidas extraordinarias.

Se destacó que la prioridad es mantener estables los precios de la canasta básica y el transporte, mediante la continuidad de los subsidios a combustibles y fertilizantes, así como a través de un monitoreo permanente de los precios de productos esenciales.

Participación de la Iglesia y postura ante el conflicto

El Gobierno reconoció a la Iglesia católica como un actor central en la conexión con la ciudadanía, especialmente en escenarios de crisis. Los representantes oficiales subrayaron que el diálogo con el Episcopado forma parte de una serie de encuentros con diversos sectores sociales para socializar medidas y recibir aportes conforme evolucione la coyuntura internacional.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Dominicano reiteró su posición contraria al conflicto armado y su respaldo a los llamados del papa León XIV para deponer las armas y procurar la paz. Las autoridades eclesiásticas han sostenido una comunicación constante con el ejecutivo sobre el panorama nacional y han manifestado su rechazo a cualquier forma de violencia, en consonancia con la postura del pontífice.

Medidas adicionales y monitoreo económico

Entre las acciones complementarias que contempla el plan oficial, Sanz Lovatón mencionó la reasignación de recursos a programas de protección social, el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas de interés, y la vigilancia sobre los precios de los alimentos y servicios básicos para garantizar la estabilidad económica.

“El Estado absorberá el mayor costo de estas medidas para mitigar el impacto en los hogares dominicanos”, afirmó el ministro ante los miembros del Consejo Permanente del Episcopado Dominicano. Agregó que el Ejecutivo se mantiene atento a la evolución de la crisis internacional, evaluando nuevas acciones según lo requiera la situación.

La visita de la comisión gubernamental al Episcopado se inscribe en un proceso de diálogo nacional impulsado desde el Ejecutivo ante el impacto de la crisis global en la economía local. Este acercamiento busca fortalecer la coordinación entre el Estado y los actores sociales, con el fin de garantizar respuestas integrales frente a los desafíos actuales.