En Nariño se registran constantes casos de desabastecimiento de gasolina por una combinación de factores estructurales. Cabe recordar que el combustible de Nariño es principalmente proveniente de las plantas ubicadas en Yumbo, Valle del Cauca, y el puerto de Tumaco; mientras que el traslado de combustibles hasta el departamento implica atravesar largas distancias y zonas con condiciones complejas de orden público, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema de distribución.

Los bloqueos en carreteras, motivados por protestas sociales, paros regionales, manifestaciones de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados, son factores frecuentes que interrumpen el flujo de camiones cisterna encargados de transportar la gasolina y el diésel.

De la misma forma, Colombia experimenta una crisis de suministro energético que se traduce en una reducción de la producción interna y una creciente dependencia de las importaciones, elevando los costos logísticos e impactando especialmente a departamentos apartados como Nariño.

Frente a esta problemática, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano. Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, la estrategia busca garantizar el suministro regular de gasolina y diésel en Nariño y otros departamentos afectados históricamente por la escasez.

Como parte de la estrategia, se ha establecido como mecanismo constante la importación directa de combustibles a través del Puerto de Tumaco, en donde arribará el buque Willard J., procedente de Estados Unidos con un cargamento de más de siete millones de galones de combustible,

Al país llegarán 1.7 millones de galones de diésel y 5.7 millones de galones de gasolina, en una operación que contempla la carga adicional en la Refinería de Cartagena (Reficar) y lo que incrementa la capacidad logística para atender la demanda del Pacífico colombiano.

Desde el Ministerio de Minas informaron que la llegada de combustibles a través de la vía marítima reduce la dependencia de las rutas terrestres, tradicionalmente afectadas por bloqueos y dificultades de seguridad; esta modalidad permite optimizar los tiempos de entrega y disminuir los costos de transporte, beneficiando tanto a los distribuidores como a los consumidores finales.

El plan también contempla el fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento y la mejora de los sistemas de distribución interna. El objetivo es asegurar que la población cuente con el combustible necesario para la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, minimizando el impacto de eventuales interrupciones en el suministro.

Por otra parte, la participación de la Refinería de Cartagena en la operación logística refuerza la capacidad del Estado para responder a la demanda regional y contribuir a la estabilidad energética.

Este proceso logístico transforma al Puerto de Tumaco en un eje central para el abastecimiento energético del suroccidente colombiano, convirtiéndolo en un punto estratégico para la recepción y distribución de combustibles, favoreciendo la integración de la región y el acceso a insumos clave para la economía local.

Desde el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos mencionaron que sus acciones se enfocarán en consolidar una política de abastecimiento sostenible, adaptada a las características geográficas y sociales del suroccidente nacional.

“Las acciones adelantadas en el marco de este plan buscan dotar a Nariño de mayor resiliencia frente a los desafíos estructurales y coyunturales que históricamente han afectado el suministro de combustibles. La llegada regular de cargamentos marítimos, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la articulación entre el sector público y privado configuran un nuevo escenario para la gestión energética en el departamento”, es parte del comunicado oficial con el que fue confirmada la llegada del buque mencionado.

Una investigación realizada por el politólogo y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches deja en evidencia la importancia que tienen las redes sociales, principalmente TikTok de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.

En el estudio académico se expone que esta red social se ha transformado en un actor clave para la comunicación política contemporánea, llegando al punto de que los candidatos que encabezan las encuestas son los mismos que tienen más presencia en esta plataforma.

Para el experto, TikTok “influye en la visibilidad y conexión con el electorado”, tomando como argumento principal el rastreo que realizó sobre las piezas comunicativas de los candidatos a la presidencia en la red social,

Un escenario registrado en 2022

Wilches recordó lo registrado en las elecciones de 2022 cuando en la segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández utilizaron TikTok para difundir sus propuestas de manera más atractiva, informal y alejada de los códigos tradicionales de la comunicación política.

En esa ocasión, el uso de hashtags fue fundamental en la estrategia comunicativa que permitió analizar de una mejor forma la lógica algorítmica de TikTok, la reiteración y circulación de los hashtags para la expansión del contenido. En cuanto a la naturaleza de los mensajes, los dos candidatos optaron por mostrar aspectos de su vida personal y familiar, desplazando a un segundo plano los contenidos estrictamente programáticos, con lo que se generó empatía y cercanía con la audiencia.

Para el experto, que la campaña de Petro dedicara varios videos a su familia, apelando a la idea ampliamente compartida de que la familia constituye el centro de la vida social superó lo hecho por Hernández, que apeló a citar o imitar videos virales de la plataforma.

“Populistas o no, estas acciones refuerzan la afinidad del público, pues mostrar a una figura pública participando en tendencias o realizando acciones cotidianas genera mayor identificación y empatía. Esto revela que la apelación al humor y a lo cotidiano incrementa la eficacia de los mensajes”.

El docente indicó que la utilidad de TikTok radica en su capacidad para catalizar estructuras narrativas clásicas que apelan a sentimientos de frustración frente al pasado y de esperanza ante el cambio.

Es por ello que el docente considera que las redes sociales, principalmente TikTok, que se basa en la interacción, se ha convertido en una herramienta poderosa para captar votantes al facilitar la creación de vínculos de confianza y cercanía con los candidatos.

“Ha logrado crear una identificación colectiva y de autorrepresentación entre la generación Z, incluso superando a Google como fuente de información predominante. Además, ha impactado en adultos, que utilizan las herramientas de la plataforma para expresar sus narrativas y participar en las tendencias generadas por los jóvenes. Por eso cabe resaltar que el 63% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años, lo que demuestra su alcance intergeneracional”.

Bajo ese contexto, el experto indicó que la velocidad de transmisión, los contenidos compactados y la simpleza de los mensajes será clave para que los candidatos lleguen con su discurso a los votantes antes del 31 de mayo, lo que aumentará en una potencial segunda vuelta en la que todo se definirá entre dos contendientes.

“Nos encontramos ante una geopolítica de las emociones, donde el campo de batalla electoral se libra en la capacidad de gestionar el afecto y la ansiedad social a través de relatos cortos”.

Por último, Wilches indicó que la ausencia de algunos candidatos en espacios de debate podrían no afectar su potencial electoral debido a la fortaleza que tienen en redes sociales.

“Su capacidad para moldear narrativas, amplificar mensajes y conectar con audiencias diversas la posiciona como un escenario central del debate político actual, mostrando que no se requiere necesariamente una mayor cantidad de publicaciones para ganar visibilidad, sino estrategias efectivas que conecten emocionalmente, donde la información, la emoción y la estrategia se unen para influir en la toma de decisiones de los votantes”.

Una operación binacional entre las fuerzas del orden de Perú y Brasil permitió incautar cerca de nueve toneladas de drogas y exponer el alcance del Comando Vermelho en la triple frontera amazónica que incluye a Colombia.

El despliegue, realizado en el eje del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto, representó uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en la región según las autoridades.

Los hallazgos incluyeron aproximadamente ocho toneladas de marihuana y casi una tonelada de clorhidrato de cocaína, junto con armas de guerra, municiones, equipos tácticos y material logístico presuntamente vinculados a la organización criminal brasileña.

El avance del Comando

El Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más antiguas y grandes de Brasil, ha consolidado su presencia en Perú, especialmente en la región amazónica.

De acuerdo con el análisis de Pedro Yaranga, experto en seguridad integral, el CV opera como una mafia transnacional interesada en controlar rutas estratégicas para el tráfico ilícito, sin estructura política en territorio peruano.

Las investigaciones de la Policía Antidrogas revelan que el Comando Vermelho domina puntos clave en la región de Ucayali, sobre todo en la margen derecha fronteriza con el estado de Acre, Brasil. El principal objetivo es asegurar el corredor de la droga que conecta Perú con los mercados brasileño y europeo, utilizando tanto cocaína como marihuana tipo “skunk”.

Para sostener su estructura logística, el Comando Vermelho recurre a ciudadanos peruanos como operadores responsables del acopio, transporte y seguridad de los cargamentos. Además, la organización ha establecido alianzas con narcotraficantes locales y grupos armados en la zona de la triple frontera —entre Perú, Brasil y Colombia—, potenciando así su influencia y capacidad operativa.

Violencia y control

El CV no limita sus actividades al narcotráfico. Según la información proporcionada por Yaranga, también participa en la extracción ilegal de madera, minería de oro, tráfico de armas, contrabando de insumos químicos controlados, sicariato y extorsión. Para expandir su control, la organización recurre a la violencia, desplazando a bandas rivales o sometiendo a comunidades indígenas.

El poder del Comando Vermelho se extiende incluso a los centros penitenciarios. Según Yaranga, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que miembros del CV mantienen el control del penal de Pucallpa en Ucayali, desde donde operan redes criminales y dirigen rutas de salida de droga hacia Brasil. Esta situación expone la vulnerabilidad de las instituciones frente a una criminalidad transnacional cada vez más sofisticada.

Yaranga también advierte sobre la necesidad de una policía más capacitada para enfrentar organizaciones como el CV y el Primer Comando de la Capital (PCC), que podrían representar los principales desafíos en materia de seguridad en los próximos años.

El golpe policial

En un hecho que evidenció las dificultades para contener el avance del Comando Vermelho, un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de Bruno de Souza Costa, ciudadano brasileño identificado como presunto cabecilla de una facción del CV en Ucayali.

La detención ocurrió en marzo de este año, cuando Souza Costa viajaba en un bus interprovincial desde Lima hacia Pucallpa, siendo interceptado a la altura del kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre.

Souza Costa, de 33 años, era requerido por la Interpol mediante una alerta roja internacional. Durante el mismo operativo, las autoridades también detuvieron a Sebastião de Azevedo Ferreira, de 42 años, igualmente ciudadano brasileño y con alerta internacional por delitos vinculados al narcotráfico. Ambos quedaron bajo custodia en la comisaría de Pucallpa mientras se define su situación legal en el contexto del proceso de extradición.

El comandante David Silva, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ucayali, explicó que la detención se sustenta en las requisitorias internacionales emitidas por la justicia brasileña. “Sabemos por información policial y también confirmada por la Interpol, que el ciudadano Bruno de Souza Costa sería integrante del Comando Vermelho y ellos vienen preparando sus actividades ilícitas”, puntualizó Silva en declaraciones recogidas por la PNP.

Fallas en los controles

El caso de Bruno de Souza Costa dejó en evidencia las deficiencias en los controles migratorios y judiciales. El cabecilla del CV había sido liberado en Lima tres meses antes de su captura, pese a contar con una alerta internacional de detención. Souza Costa obtuvo la libertad porque las autoridades no gestionaron a tiempo su extradición a Brasil.

Durante su permanencia en Perú, el detenido logró recibir un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano tras presentar un acta falsa ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este documento, obtenido de manera fraudulenta, le permitió circular por el país sin ser plenamente identificado, según información de la Policía Nacional.

La liberación del ciudadano brasileño ocurrió en diciembre, resultado de un proceso judicial que no avanzó por demoras administrativas y falta de coordinación entre las autoridades peruanas y brasileñas. Souza Costa ya había sido detenido en julio del año anterior tras ser víctima de un secuestro, pero volvió a quedar en libertad pese a los antecedentes y la alerta internacional en su contra.

Para la seguridad

La captura de los presuntos cabecillas y la incautación de grandes volúmenes de drogas en la frontera amazónica han generado cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de control y la coordinación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

La expansión del Comando Vermelho en la triple frontera exige respuestas más eficaces y coordinadas por parte de las fuerzas de seguridad, mientras la criminalidad transnacional redefine los desafíos para el Estado peruano y la región amazónica, reflexiona Yaranga.

El flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién cayó a mínimos históricos en el primer trimestre de 2026, tras más de un año de endurecimiento migratorio en Estados Unidos y operativos implementados por Panamá para bloquear las principales rutas utilizadas hacia Norteamérica.

Entre enero y marzo de este año cruzaron la frontera con Colombia apenas 92 personas, frente a las 2,831 registradas en el mismo período de 2025 y las 110,008 contabilizadas en igual lapso de 2024.

Las cifras del Servicio Nacional de Migración muestran el desplome del flujo migratorio que durante años convirtió al Darién en uno de los principales corredores de movilidad irregular del continente.

Solo en marzo de 2024 ingresaron a Panamá 36,841 personas por esa frontera selvática, mientras que en marzo de 2025 la cifra cayó a 194 y en marzo de 2026 apenas alcanzó 39 migrantes.

El Darién dejó de funcionar como el corredor de alto volumen que fue durante los años más críticos de la crisis migratoria. El cierre de trochas, el aumento de controles en Panamá y las mayores dificultades para continuar hacia Estados Unidos cambiaron el cálculo de quienes antes usaban esta ruta para llegar a Norteamérica.

Durante 2024, Panamá registró el paso de 302,203 migrantes irregulares por la frontera con Colombia, la segunda cifra más alta de toda la crisis migratoria.

En contraste, el total acumulado de 2025 cayó drásticamente a 3,091 personas, mientras que en los primeros tres meses de 2026 apenas se contabilizaron 92 migrantes. Sumando los años más críticos de la crisis migratoria, se estima que más de un millón de personas atravesaron la selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos.

Los datos oficiales muestran que, pese al desplome del flujo migratorio, Venezuela se mantiene como la principal nacionalidad entre quienes cruzan por Darién. En 2024, los venezolanos representaron más de 209 mil cruces, seguidos por ciudadanos de Colombia, Ecuador, China, Haití e India. Para el primer trimestre de 2026, aunque las cifras son mínimas, Venezuela sigue encabezando la lista con 41 ingresos irregulares, seguida por Ecuador, Ghana y Colombia.

Pese a la reducción del flujo migratorio, las autoridades panameñas sostienen que continúan detectándose redes vinculadas al tráfico ilícito de migrantes.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde un hombre fue condenado a ocho años de prisión por el delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, mientras que una mujer quedó bajo detención provisional por el mismo caso.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, ambas personas fueron aprehendidas el pasado 8 de mayo de 2026 en el puesto de control de Guabalá, luego de que unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público detectaran a cinco ciudadanos extranjeros viajando de manera irregular dentro de un vehículo.

Entre ellos había tres ecuatorianos y dos venezolanos que no mantenían permisos válidos para permanecer en territorio panameño.

Durante la audiencia de control, la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos de convicción que permitieron legalizar la aprehensión, formular cargos y validar un acuerdo de pena luego de que el conductor aceptara su responsabilidad penal.

Además de la condena de prisión, el tribunal impuso una pena accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la sanción principal.

Las autoridades panameñas han sostenido que, aunque el tránsito irregular por Darién se encuentra en mínimos históricos, persiste la operación de estructuras dedicadas al tráfico de personas, especialmente en rutas alternas utilizadas para movilizar migrantes hacia Centroamérica.

Un hombre identificado como Miguel Ángel Jacobo González fue detenido la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, luego de descender de un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentaron en su contra una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal y una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

La aprehensión se concretó a las 11:43 p.m. en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, en las afueras de la terminal aérea.

Jacobo González fue identificado como persona del sexo masculino; al momento de su detención vestía chamarra azul marino, pantalón gris y tenis del mismo color. El Registro Nacional de Detenciones no señaló alias alguno para él.

Operativo de inteligencia permitió ubicar al imputado antes de que abandonara el aeropuerto

La detención fue el resultado de trabajos previos de inteligencia y seguimiento que permitieron a las autoridades identificar que Jacobo González arribaría a la Ciudad de México en un vuelo proveniente de la capital colombiana.

Con esa información, efectivos federales diseñaron e implementaron un operativo en las inmediaciones de la terminal aérea, con vigilancias fijas y móviles que cubrieron los accesos y áreas aledañas al aeropuerto.

La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con personal de la SSPC. El despliegue operativo garantizó que el imputado fuera interceptado en el momento en que descendió del vuelo procedente de Bogotá, sin que pudiera abandonar las inmediaciones del aeropuerto.

Las autoridades federales señalaron que al momento de la aprehensión, le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que esta determinara su situación jurídica.

Jacobo González quedó bajo resguardo de las autoridades judiciales de El Altiplano

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 9 de mayo de 2026 a las 7:18 p.m, registró que la autoridad que tuvo a Jacobo González a su disposición fue el Juez Federal del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno Altiplano.

Al momento de la consulta, el imputado se encontraba en traslado hacia dicho centro penitenciario, conocido como el penal del Altiplano, uno de los de mayor seguridad en el país.

La Agencia de Investigación Criminal de la FGR señaló que acciones como esta fortalecen las labores de investigación y combate a las redes criminales dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual.

La dependencia destacó que la detención contribuye a la protección de víctimas y al fortalecimiento de la cooperación institucional frente a ese fenómeno delictivo.

La FGR precisó que Miguel Ángel se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un punto de encuentro cultural, donde la danza y la música en vivo, principalmente cumbia y ritmos latinos, animan calles, plazas y cafés. La Plaza Barrios y los alrededores de la Catedral Metropolitana reúnen a visitantes y residentes que disfrutan de espectáculos organizados por la alcaldía y artistas locales. Estas actividades han impulsado la afluencia de público y el movimiento comercial en la zona, consolidando el área como un espacio activo y seguro para el esparcimiento.

La arquitectura colombiana se prepara para una celebración histórica con la realización de la trigésima edición de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, un certamen que, según sus organizadores, se ha consolidado como el segundo evento de arquitectura más longevo del mundo, solo precedido por la Bienal de Venecia. La convocatoria ha superado las expectativas de participación, lo que llevó a la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) a extender el plazo de inscripción hasta la medianoche del lunes 11 de mayo, con el objetivo de facilitar la postulación de proyectos de todo el país.

La edición número 30 de la Bienal adquiere un carácter especial, ya que coincide con el lanzamiento de la I Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia, una iniciativa que busca internacionalizar el trabajo de los arquitectos nacionales y proyectar sus obras en el ámbito regional.

Mauricio Uribe González, presidente nacional de la SCA, subrayó la relevancia de este salto internacional: “Nos abrimos, traspasamos las fronteras y queremos contarle al mundo lo que hacemos los arquitectos colombianos, que es muy bueno”.

La organización ha comparado la ceremonia de premiación con galas de gran reconocimiento, como los Oscar o los Grammy, señalando que se trata de un evento en el que se reconoce la excelencia profesional y el impacto de las obras en la vida de las personas. Para Uribe González, recibir este galardón representa un hito en la trayectoria de cualquier arquitecto, ya que significa ingresar a la memoria profesional del país y alcanzar una visibilidad destacada tanto a nivel local como internacional.

El proceso de selección de proyectos se realizará bajo criterios rigurosos. El jurado, conformado por expertos de alto nivel, evaluará las propuestas en función de su impacto urbano, premiando aquellas que contribuyan a la construcción de ciudad y que generen un sentido profundo para sus habitantes. También se valorará la diversidad técnica, permitiendo la participación en diez categorías que abarcan desde ordenamiento urbano y vivienda hasta patrimonio e investigación.

La Bienal se distingue por su apertura a profesionales de todo el país, quienes podrán presentar sus proyectos de manera digital a través del sitio oficial de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La organización ha enfatizado la importancia de cumplir con el plazo de inscripción, fijado para el lunes 11 de mayo a las 11:59 p.m., recordando que tradicionalmente muchos colombianos dejan su postulación para las últimas horas.

El evento culminará en Cartagena de Indias, del 30 de septiembre al 3 de octubre, una ciudad elegida por su valor histórico y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La agenda incluye actividades y ceremonias en espacios emblemáticos, como el Teatro Adolfo Mejía, lo que permitirá a los asistentes experimentar de primera mano la riqueza arquitectónica de la ciudad.

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo no solo representa una plataforma de exhibición para los trabajos más destacados del sector, sino que también se consolida como un espacio de encuentro e intercambio profesional, en el que las tendencias y los desafíos contemporáneos del urbanismo y la construcción adquieren protagonismo. Para los arquitectos, este certamen se traduce en una oportunidad única para obtener reconocimiento, compartir sus obras y contribuir al desarrollo de las ciudades colombianas y latinoamericanas.

El proceso de inscripción, completamente digital, permanece abierto hasta la medianoche del lunes, a través del portal oficial de la SCA: www.sociedadcolombianadearquitectos.org. La organización invita a todos los profesionales y estudios de arquitectura a participar en una edición que promete marcar un antes y un después en la historia de la arquitectura en Colombia y la región.

El pasado 6 de mayo de 2026, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la campaña de desprestigio que presuntamente se le atribuye al presidente argentino, Javier Milei, y al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de la cual afirmó no tendrá impacto sobre el proyecto de izquierda denominado la Cuarta transformación.

“Mientras sigamos cerca del pueblo no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias, porque hay una cosa que tenemos nosotros, y es autoridad moral”, apuntó desde Palacio Nacional.

Sheinbaum ve vinculación entre grupos de España, EEUU y Argentina

La investigación llevada a cabo por Diario Red América Latina, incluyó registros de audios de “WhatsApp, Signal y Telegram” que revelan una supuesta conversación entre el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde se habría revelado cómo fue indultado por Estados Unidos.

De acuerdo con esta investigación, el presidente argentino Javier Milei habría aportado 350 mil dólares para conformar un equipo de comunicación regional encargado de impulsar una campaña mediática en contra de los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro.

“Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países que tienen una red, una red de redes para las redes sociales -digamos- que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas”, precisó la mandataria mexicana este 6 de mayo.

Campaña de desprestigio sería por no coincidir con gobiernos soberanos

La presidenta de México aseguró que el supuesto golpeteo político internacional a su gobierno se debe a que: “No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gustan. No les gusta el Humanismo Mexicano, prefieren adorar a Cortés, que a Miguel Hidalgo y Costilla”.

Durante la conferencia del miércoles, la presidenta afirmó que las conferencias matutinas permiten informar y debatir sobre las fake news, mencionando como ejemplo aquellas que, según dijo, habrían sido financiadas por Javier Milei:

“Fíjense, si no existiera “La mañanera”, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Y al mismo tiempo, garantizar que seguimos cerca del pueblo”.

La presidenta de México insta a seguir principios

Sheinbaum detalló que podrán instaurar en países extranjeros campañas de desprestigio en contra de su gobierno, sin embargo, al mantener los principios instaurados por la Cuarta Transformación, podrán hacerle frente:

• “Primero. Es mantener nuestros principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
• “Segundo. Es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias, porque hay una cosa que tenemos nosotros, y es autoridad moral, y la gente lo sabe“.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2025), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), halló que los migrantes venezolanos que residen en Argentina son quienes muestran “mayor potencial de retorno” al país.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Encovi se ha convertido en la principal fuente para evaluar el comportamiento de los indicadores sociales en Venezuela.

La edición de este año, presentada el jueves 7 de mayo, concluye que en promedio 10% de los migrantes venezolanos tiene planes para volver y 74% lo descarta.

“Argentina no es el principal receptor, pero mostró el mayor potencial de retorno, seguido por Colombia, Estados Unidos y Chile”, destaca el estudio, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y se basa en los testimonios de hogares que tienen migrantes.

Con respecto a quienes están en Argentina, 71% respondió que no tenía planes de retorno y 29% sí. En los casos de Colombia, Estados Unidos y Chile, consideran el regreso 20%, 16% y 15%, respectivamente. “Pareciera que el incentivo por retornar estaría más presente cuando el hogar de origen es pobre”, expone el informe.

En casa

La Encovi brinda datos sobre los “migrantes retornados reportados por los hogares encuestados”. En cuanto a las naciones de procedencia, destaca Ecuador en el primer lugar con 28% contra 72% que permanece allá.

“En segundo lugar se posiciona Colombia (13% de retornados contra 87% que siguen del otro lado de la frontera). Este país ha sido el mayor receptor de la migración venezolana y dado su carácter fronterizo los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando”, reconocen los expertos.

De acuerdo con las mediciones de 2021, 2023 y 2025, “el retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares”. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estima que existen “casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo”.

Sin clases

La encuesta calcula que 68,5% de los hogares venezolanos son pobres y 31,7% están sumidos en la pobreza extrema. Una mejora si se considera que en 2024 los números eran 73,2% y 36,5%, respectivamente.

“En cuanto a los niveles de pobreza extrema es evidente su disminución después del 2021 (68%), pero todavía en 1 de cada 3 hogares los ingresos no son suficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, subrayan.

La investigación dirigida por la UCAB contrasta la demanda potencial de educación, estimada en 11.064.592 -personas de 3 a 24 años de edad-, y la población escolarizada que llegaría a 7.128.882, dando una diferencia que se acerca a los 4 millones. “La cobertura total no ha conseguido remontar a los niveles alcanzados antes de la pandemia”.

La Encovi concluye que 1,2 niños, niñas y adolescentes están excluidos del sistema educativo. “Las brechas sociales en el acceso a la educación se han mantenido a lo largo de una década”, sostiene, tras indicar que mientras en el quintil más rico de la sociedad la cobertura educativa llega a 82%, en el más pobre cae a 57%.

Menos

Tomando como referencias las proyecciones de Naciones Unidas, la Encovi apunta que la población venezolana está alrededor de los 28,5 millones de personas.

“Esta misma fuente había previsto en la revisión del año 2015 (WPP-2015) que la población de Venezuela en el año 2025 superaría los 34 millones. Esa diferencia se debe principalmente a los efectos de la migración, pero también a la pérdida de efectivos por el incremento de la mortalidad y los nacimientos no ocurridos en Venezuela”, explican.

En 1990, el tamaño de los hogares promedio en el país era de 4,8 personas. Hoy llega a 3,1. Cerca de 1 de cada 7 habitantes son adultos mayores.

“Una relación de dependencia demográfica estimada en 65 dependientes infantiles y adultos mayores por cada 100 personas en edades activas. Ese nivel de la carga demográfica corresponde con el que se estimaba para Venezuela hacia el año 2040, de acuerdo con las perspectivas demográficas que se tenían previas al éxodo migratorio”, resalta la Encovi.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban grupos de WhatsApp para compartir contenido ilegal desde el año pasado. Las diligencias fueron coordinadas entre la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia (Dirincri), la Interpol y las policías de Colombia y Argentina.

El director de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que las autoridades han identificado a 142 usuarios vinculados a esta red en al menos 13 países de América y Europa. Asimismo, precisó que entre los países involucrados figuran naciones de Norteamérica, España y zonas de Asia Menor.

El operativo incluyó allanamientos en viviendas ubicadas en los distritos limeños de San Martín de Porres, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Durante las intervenciones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas.

De acuerdo con la investigación, el caso se inició tras una alerta emitida por autoridades colombianas, que detectaron la participación de números telefónicos peruanos en un grupo virtual denominado “Framework”, donde presuntamente se compartía material ilícito.

El general Ángeles Puente señaló que uno de los detenidos, identificado como Alex Beteta Diego, habría almacenado y distribuido contenido de abuso sexual infantil mediante estas plataformas digitales.

Junto a Beteta Diego, la PNP detuvo a Miguel Céspedes Rojas en Villa El Salvador, Anthony Jorge Pusari en San Juan de Lurigancho, Luis Sandoval Fatama en la región San Martín y Dante Quispe Calatayud en Tacna. La investigación se centra en la posesión, distribución y posible producción de material ilegal.

“Las diligencias y el levantamiento de información de sus cuentas ha permitido develar que este sujeto venía almacenando, intercambiando y distribuyendo material de abuso sexual infantil”, sostuvo.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance internacional de esta presunta organización criminal. Además, señaló que este tipo de operativos forman parte de una estrategia conjunta entre distintos países para combatir delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Un delito que se repite

En los últimos años, las autoridades peruanas, en coordinación con organismos internacionales como Interpol y la policía de países vecinos, han intensificado los operativos contra la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Solo en 2025, la Policía Nacional del Perú informó la desarticulación de al menos doce redes criminales dedicadas a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, mediante procedimientos simultáneos en Lima, Cusco, La Libertad y Arequipa. Estos operativos permitieron la detención de más de 40 personas y el rescate de víctimas menores de edad, algunas de las cuales eran familiares directos de los detenidos.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, una proporción significativa de los casos detectados implica no solo la distribución, sino también la producción de contenido ilícito. Las investigaciones han determinado que, en numerosos incidentes, los agresores registraban material abusivo en sus propios hogares, involucrando a niñas y niños de su entorno cercano. Este patrón se repite en los operativos más recientes, donde el análisis de dispositivos electrónicos incautados permitió identificar a menores víctimas e iniciar acciones de protección inmediata.

La cooperación internacional ha sido fundamental para rastrear las rutas digitales del delito, identificar responsables y rescatar a las víctimas, consolidando una estrategia regional que refuerza la persecución penal y la prevención en plataformas digitales.

¿Dónde denunciar casos de abuso o explotación sexual infantil en Perú?

Las autoridades recuerdan que cualquier persona puede denunciar de manera anónima casos relacionados con abuso sexual infantil, explotación de menores o difusión de material ilegal en redes sociales y plataformas digitales.

Líneas y canales de ayuda

• Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): atención gratuita las 24 horas para denunciar violencia contra menores y recibir orientación psicológica y legal.
• 105: central de emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).
• 111 opción 1: atención de emergencia para niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer.
• Denuncia policial especializada en ciberdelincuencia: se puede acudir a las divisiones de investigación de delitos informáticos de la PNP para reportar difusión de material de abuso sexual infantil en redes o aplicaciones.
• Fiscalía de la Nación: también recibe denuncias presenciales y virtuales sobre delitos contra menores de edad.

Las autoridades recomiendan no descargar, compartir ni reenviar este tipo de contenido, ya que hacerlo también constituye un delito penal en el Perú.

La Comunidad Andina (CAN) exigió a Ecuador y Colombia que eliminen, en un plazo de diez días, los aranceles recíprocos que ambas naciones impusieron a sus productos en el marco de una escalada de tensiones comerciales y políticas.

“Artículo 2.- Se concede a la República del Ecuador un plazo de diez (10) días hábiles para retirar la medida aplicada e informar acerca del levantamiento de la medida identificada como restricción al comercio en el artículo anterior”, puntualiza el documento.

La medida, adoptada según las resoluciones 2581, 2582 y 2583, implica una intervención directa del organismo supranacional para restaurar la plena vigencia del Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo del bloque que regula el comercio entre ambos países y que, según la Secretaría General, fue vulnerado por las recientes decisiones arancelarias.

“Artículo 1.- Calificar como restricción al comercio subregional andino, en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la medida adoptada por la República del Ecuador consistente en la habilitación exclusiva del paso internacional de Rumichaca, como único punto de ingreso para las mercancías de procedencia u origen colombiana por vía terrestre”.

La resolución de la CAN es una respuesta a un conflicto que escaló rápidamente tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos el 21 de enero de 2026, inicialmente con un arancel del 30% que posteriormente fue elevado al 100%. La administración ecuatoriana argumentó su acción en la supuesta falta de control del lado colombiano de la frontera, que afectaría su seguridad interna.

El desenlace de esta disputa se vio acentuado por el hecho de que Ecuador mantiene desde el 1 de mayo de 2026 aranceles del 100% para las importaciones provenientes de Colombia, aunque el 4 de mayo el gobierno ecuatoriano anunció que estos gravámenes se reducirán al 75% a partir del 1 de junio, una estrategia que muestra la persistencia y escalada de la crisis comercial.

Los efectos de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

Las exportaciones de Colombia hacia Ecuador experimentan su peor retroceso en años, con una caída acumulada del 60% hasta el mes de marzo de 2026, consecuencia directa de una disputa arancelaria que llevó los gravámenes ecuatorianos sobre productos colombianos del 30% al 100% en apenas tres meses, reveló Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).

Esta dinámica, que provocó el virtual estancamiento del comercio bilateral, mantiene en vilo a sectores productivos y gremiales, quienes advierten que la reducción parcial de los aranceles anunciada por el gobierno ecuatoriano no resuelve la profundidad de la crisis comercial. El último ajuste, una disminución del arancel al 7% a partir del 1 de junio de 2026, fue presentado por el presidente Daniel Noboa como parte de un proceso hacia mecanismos de seguridad bilateral.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, sostuvo que: “aún con una tasa del 75% es imposible hacer comercio”. Díaz insistió en que la alternativa a la crisis no pasa por rebajas graduales, sino por “recuperar el compromiso” del acuerdo de la Comunidad Andina, que fija arancel cero entre los países miembros del organismo internacional.

Las estadísticas muestran que, en cifras anuales, las exportaciones colombianas a Ecuador totalizaron USD 1.846,7.000.000 en 2025, el peor desempeño desde 2021 y un descenso notable frente al pico de USD 2.014.000.000 en 2023, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (CIT). El derrumbe se aceleró en los últimos meses: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el valor exportado disminuyó de USD 173.566 miles a USD 109.355 miles, equivalentes a una contracción del 37% en solo dos meses.

Con la llegada del Día de la Madre, millones de colombianos comenzaron la búsqueda de regalos y promociones especiales para celebrar esta fecha, considerada una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Sin embargo, el incremento de compras en línea también disparó las alertas por el crecimiento de estafas digitales y fraudes financieros que afectan a consumidores en todo el país.

Según información publicada por Revista Semana, expertos en ciberseguridad advierten que los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de transacciones para engañar a las personas mediante páginas falsas, mensajes fraudulentos y promociones inexistentes.

Las modalidades de fraude más comunes durante esta temporada incluyen enlaces enviados por WhatsApp, correos electrónicos falsos y anuncios patrocinados en redes sociales que aparentan pertenecer a tiendas reconocidas o plataformas de pago.

En muchos casos, basta con que la víctima haga clic en un enlace para que entregue información personal o comprometa la seguridad de sus cuentas bancarias.

El crecimiento del comercio digital durante fechas especiales ha convertido celebraciones como el Día de la Madre en un escenario atractivo para redes dedicadas al robo de datos y dinero.

Fenalco estimó que durante esta temporada las ventas registran incrementos cercanos al 20 %, consolidando esta fecha como la segunda más importante para el comercio colombiano después de Navidad.

Precisamente, el aumento masivo de compras también facilita que los delincuentes utilicen ofertas falsas para captar víctimas. Según el Global Fraud Index 2025 de Sumsub, Colombia aparece entre los países más vulnerables frente al fraude digital y ocupa uno de los niveles más bajos de protección en América Latina frente a este tipo de delitos tecnológicos.

Expertos recomiendan desconfiar de descuentos exagerados o promociones demasiado atractivas, especialmente cuando provienen de enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La especialista Marcela Moreno, de TIVIT, explicó oara la Revista Semana que los ciberdelincuentes suelen utilizar precios irreales como estrategia para generar urgencia y hacer que las personas entreguen sus datos sin verificar la autenticidad de las páginas.

Otra de las principales recomendaciones consiste en revisar cuidadosamente las direcciones web antes de realizar cualquier compra. Especialistas en seguridad digital advierten que muchas páginas fraudulentas imitan el diseño de grandes marcas para generar confianza, pero contienen pequeñas variaciones en las direcciones electrónicas.

Además, recomiendan verificar siempre que los sitios tengan protocolos de seguridad y evitar ingresar información bancaria en plataformas sospechosas. Uno de los errores más frecuentes de los usuarios es comprar desde enlaces enviados por terceros sin confirmar si realmente pertenecen a comercios oficiales.

Los expertos también hicieron un llamado para evitar compras conectados a redes wifi públicas, como las disponibles en centros comerciales, restaurantes o cafeterías. Este tipo de conexiones puede facilitar la interceptación de datos personales y financieros por parte de ciberdelincuentes especializados.

Otra medida recomendada consiste en activar las alertas bancarias y las notificaciones automáticas de movimientos financieros. Esta herramienta permite detectar rápidamente compras sospechosas o transacciones no autorizadas y reaccionar antes de que el fraude avance.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad insisten en que ningún banco o comercio solicita claves, códigos de verificación o datos confidenciales mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas. Por ello, recomiendan no compartir información sensible con desconocidos ni responder mensajes que generen presión o sensación de urgencia.

También aconsejan utilizar métodos de pago reconocidos y evitar transferencias directas a cuentas personales cuando se realizan compras en redes sociales. En muchos casos, los delincuentes crean perfiles falsos con fotografías robadas para ofrecer productos inexistentes y desaparecer después de recibir el dinero.

El auge de las compras digitales durante el Día de la Madre también provocó un aumento en campañas de phishing, modalidad de fraude diseñada para robar contraseñas, datos bancarios y accesos a plataformas financieras. Estas estrategias suelen llegar mediante correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de entidades oficiales.

Finalmente, especialistas recordaron que la mejor herramienta para evitar caer en estafas digitales sigue siendo la prevención.

Verificar la autenticidad de las páginas, desconfiar de promociones extremas y proteger los datos personales puede marcar la diferencia entre una compra segura y convertirse en víctima de fraude durante esta temporada comercial.

El jefe adjunto de la Misión, José Antonio de Gabriel, explicó este jueves en declaraciones a la prensa que las elecciones presidenciales representan un proceso técnicamente "más sencillo" que las legislativas, que se realizaron el pasado 8 de marzo, debido al menor número de candidatos y urnas, lo que permitirá una transmisión de resultados "más rápida".

Sin embargo, advirtió que se trata de una contienda con una alta carga política, lo que podría aumentar la tensión en el ambiente electoral.

El funcionario destacó que, pese a los desafíos enfrentados en las elecciones legislativas, como cuestionamientos al sistema electoral, presencia de grupos armados y afectaciones climáticas, la democracia colombiana "volvió a demostrar su fortaleza" al garantizar unos comicios "tranquilos, organizados y con cobertura prácticamente en todo el territorio".

Los observadores, agregó De Gabriel, estarán desplegados en distintos puntos del país para analizar lo que ocurre durante el proceso electoral y enviarán información de manera permanente que posteriormente será procesada para construir un panorama general sobre lo ocurrido en el territorio.

Sobre las preocupaciones por la influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país, el jefe de la Misión reconoció que este ha sido históricamente un factor de riesgo en las elecciones colombianas.

No obstante, expresó su confianza en las medidas implementadas por las autoridades para proteger el derecho al voto libre.

De Gabriel condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia (noroeste), cuyo cuerpo aún no fue recuperado, según informaron autoridades del departamento, y aseguró que "cada atentado es un puñal que se le clava a la democracia".

"A pesar de los riesgos de seguridad que se ciernen sobre cada proceso electoral, Colombia organiza, una y otra vez, elecciones en todo el territorio", destacó el funcionario.

Finalmente, sobre la ausencia de debates entre candidatos, sostuvo que corresponde a cada campaña decidir su participación, aunque consideró positivo que exista intercambio de ideas entre los distintos aspirantes para "brindar un voto informado a la ciudadanía".

La Delegación de la Unión Europea en Colombia y las embajadas de sus Estados miembros presentes en el país llevarán a cabo este jueves y viernes una misión conjunta de consejeros políticos y de derechos humanos en Barrancabermeja, la principal ciudad del Magdalena Medio situada en el departamento de Santander (centro).

La visita dará seguimiento a la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, e incidirá en el refuerzo de "las garantías de seguridad y las medidas de protección de la población civil".

El Magdalena Medio, un territorio que abarca 44 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander y otros departamentos, atraviesa una crisis humanitaria de gravedad, con comunidades que enfrentan confinamientos, uso de minas antipersonales, ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y graves restricciones de acceso a alimentos, salud y educación.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, opositora al Gobierno del presidente Gustavo Petro, expresó este martes su respaldo a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y candidata que disputará la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

“Va a ganar Keiko Fujimori en el Perú (...) soy su amiga”, afirmó en diálogo con el periodista Luis Carlos Vélez, al subrayar su confianza en que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) triunfe en el balotaje.

Cabal explicó que la participación electoral suele aumentar en la segunda vuelta, pues muchos ciudadanos que en la primera no emitieron su voto o lo hicieron en blanco, al no sentirse representados por los candidatos, en la segunda instancia toman una decisión definitiva. “Este es un voto finish por el país”, dijo.

La senadora también sostuvo que “toda la política mundial, gracias a Trump, está cambiando” y sostuvo que “América Latina está cambiando de color y nos estamos liberando del socialismo del siglo XXI”. Vinculó estos cambios al avance de nuevos liderazgos de derecha, como Javier Milei, con quien mantiene afinidad y a cuya toma de posesión como mandatario de Argentina asistió en diciembre del año pasado.

“Yo vi a Javier Milei cuando ni siquiera era diputado. Lo conocí en São Paulo en un evento que hizo Eduardo Bolsonaro. Nadie le prestaba atención. Yo conozco a José Antonio Kast desde hace diez años en Fox. Yo conozco a Santiago Abascal, yo conozco ese deseo de quienes sienten que no caben en sus partidos o no caben en los partidos y quieren fundar uno nuevo”, expresó.

Cabal ha sido representante a la Cámara por Bogotá y senadora por el partido Centro Democrático, formación del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado en primera instancia en julio de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En ese momento, Fuerza Popular, partido que lidera Fujimori, calificó la medida como “injusta” y sostuvo que “la historia sabrá poner las cosas en su lugar”.

“Presidente Álvaro Uribe, no está solo. Desde el Perú me solidarizo con usted ante esta injusta medida que intenta dañar su honor, y también el de millones de ciudadanos que creemos en su legado, que ha traspasado fronteras, inspira a nuevas generaciones y es reconocido en el mundo entero”, indicó la candidata en la red social X.

Su agrupación política, por su parte, emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con el político y afirmó que durante su gobierno, “Colombia logró recuperar territorios dominados por el narcoterrorismo y sentó las bases de su crecimiento sostenido”.

“Manifestamos nuestra solidaridad con el presidente Uribe, un líder clave en la lucha contra el terrorismo y un referente regional en la defensa de la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo económico”, expresó el comunicado.

El texto también lamentó que en América Latina “se consolide la peligrosa tendencia de judicializar la política, como también ha ocurrido en el Perú, con persecuciones, de ciertos fiscales contra adversarios sin pruebas sólidas ni el debido proceso”.

“Confiamos en que esta decisión pueda ser revertida en instancias superiores con objetividad, sin injerencias ideológicas ni presiones políticas”, concluyó Fuerza Popular.

La música de Michael Jackson volvió a dispararse en Colombia. En la última semana, las reproducciones del artista crecieron un 70% en Spotify, impulsadas por el reciente estreno de la película Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson. El fenómeno también se reflejó en el comportamiento de los usuarios, con un aumento del 88% en la inclusión de sus canciones en playlists dentro del país.

El impacto no se limita al ámbito local. Colombia se posicionó como el país número 16 a nivel global en consumo de la música del llamado “Rey del Pop”, mientras que Bogotá ingresó al top 10 de ciudades con mayor número de reproducciones, ubicándose en el noveno puesto a nivel mundial. Estos datos reflejan un renovado interés por la obra del artista, incluso décadas después de su fallecimiento.

El repunte también revela un cambio en el perfil de la audiencia. Lejos de tratarse únicamente de oyentes que vivieron el auge de Jackson en las décadas de 1980 y 1990, el 68% de quienes lo escuchan actualmente en Colombia tienen menos de 34 años. Esto indica que nuevas generaciones están redescubriendo su catálogo y consumiéndolo como si se tratara de lanzamientos recientes.

A nivel global, el fenómeno también es visible. Tras el estreno de la película, 13 canciones de Michael Jackson ingresaron a los rankings globales de Spotify. Entre ellas destacan “Billie Jean”, que alcanzó el cuarto lugar con 4,65 millones de reproducciones, y “Beat It”, en la sexta posición con 4 millones. Ambas canciones, lanzadas hace más de cuatro décadas, mantienen una vigencia poco habitual en la industria musical.

El catálogo del artista sigue siendo uno de los más influyentes de la historia. Su álbum Thriller, lanzado en 1983, continúa siendo el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de copias distribuidas a nivel mundial. Este récord refuerza el impacto cultural de Jackson, cuya música ha trascendido generaciones y formatos.

En Colombia, el ranking de canciones más escuchadas en Spotify refleja la permanencia de sus grandes éxitos. “Billie Jean” encabeza la lista, seguida por “Beat It” y “Smooth Criminal”. También figuran temas como “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Thriller” y “They Don’t Care About Us”, entre otros clásicos que han definido su carrera.

El impulso generado por producciones audiovisuales no es un fenómeno nuevo en la industria musical. Series, películas y documentales suelen reactivar el interés por artistas y catálogos específicos, generando picos de consumo en plataformas digitales. En este caso, el estreno de Michael funcionó como catalizador para que nuevas audiencias se acerquen a su música y para que los fans históricos retomen su escucha.

A 16 años de su muerte, Michael Jackson continúa siendo una figura central en la cultura pop global. Su capacidad para generar impacto, tanto en vida como después de su fallecimiento, lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. El reciente aumento en reproducciones en Colombia es una muestra de que su legado no solo se mantiene vigente, sino que sigue expandiéndose.

El comportamiento del público también refleja cómo han cambiado los hábitos de consumo musical. Las plataformas de streaming permiten que el acceso a catálogos históricos sea inmediato, lo que facilita que artistas de distintas épocas convivan en las listas actuales. En ese contexto, figuras como Michael Jackson logran mantenerse relevantes en un entorno dominado por lanzamientos constantes.

El “efecto Michael Jackson” demuestra que la combinación entre contenido audiovisual y plataformas digitales puede reactivar el interés por artistas clásicos, generando nuevos ciclos de consumo. En Colombia, este fenómeno se traduce en cifras concretas que consolidan, una vez más, la vigencia del Rey del Pop en la era del streaming.

A pesar de la alta intención declarada de realizar viajes sostenibles por parte de turistas de todo el mundo, persiste una brecha entre el deseo de adoptar prácticas responsables y su puesta en práctica real. Según Booking, Colombia se destaca por integrar criterios de sostenibilidad climática y el auge de los viajes junto a mascotas en la planificación de las vacaciones para 2026.

Las principales tendencias digitales en turismo combinan una preocupación creciente por el impacto ambiental y social de los desplazamientos, junto con la creciente importancia de las mascotas en la elección de destinos, alojamientos y transporte. En Colombia, casi todos los viajeros dan relevancia al turismo responsable y ajustan fechas o destinos para mitigar riesgos climáticos o priorizar opciones pet-friendly, lo que transforma sus preferencias y comportamientos de viaje.

Evolución de los viajes sostenibles en Colombia y el mundo

El 85% de los viajeros globales considera importante el turismo responsable, pero la adopción de acciones concretas es desigual entre generaciones. Los jóvenes como la Generación Z (75%) y los millennials (71%) expresan mayor intención sostenible, aunque son los ‘boomers’ quienes efectúan más prácticas responsables: reducir residuos (67%), ahorrar energía (60%) y apoyar el comercio local (59%).

En Colombia, la conciencia por la sostenibilidad es aún más alta: el 95% de los turistas la considera fundamental al planificar sus viajes. Esta visión ha pasado de ser una acción puntual a convertirse en un criterio influyente sobre cómo, cuándo y a dónde viajar, incorporándose desde la fase de organización.

Impacto del turismo responsable en la planificación de viajes colombianos

Los riesgos climáticos y la presión sobre destinos turísticos son factores clave en la toma de decisiones para los viajeros colombianos. El 73% evalúa el riesgo de fenómenos extremos al escoger fechas y lugares, y el 31% ha modificado o cancelado algún viaje por estas razones.

Más del 53% planea viajar fuera de temporada alta; el 42% busca evitar destinos masificados y el 36% opta por lugares con climas más frescos. Estas tendencias reflejan tanto la búsqueda de experiencias más tranquilas como una mayor conciencia sobre el impacto del turismo en comunidades y entornos locales.

Las mascotas como protagonistas de las tendencias de viaje 2026

De forma simultánea, las mascotas adquieren protagonismo en la planificación de los viajes de 2026, modificando la elección de alojamiento y actividades. En 2025, las búsquedas de alojamiento que admite mascotas rondaron los 15 millones a nivel global, situándose entre los filtros más utilizados.

El 52% de los viajeros latinoamericanos que se desplazan con animales prefiere alquiler vacacional o apartamentos (42% en el caso de Colombia), valorando mayor espacio y flexibilidad; en contraste, solo el 34% de los colombianos elige hoteles. Uno de cada cuatro viajeros en la región deja a su mascota en el alojamiento durante sus actividades, haciendo que los servicios especializados sean cada vez más determinantes al reservar.

La presencia de animales influye en los itinerarios: el 49% de los colombianos realiza caminatas o actividades en la naturaleza, el mismo porcentaje hace turismo urbano en ciudades adaptadas para mascotas, el 40% visita playas aptas para animales y el 44% prefiere restaurantes donde se permite su ingreso.

En cuanto al transporte, solo el 35% opta por volar junto a su mascota, mientras que los viajes por carretera se imponen. El 93% de los colombianos prioriza desplazamientos terrestres flexibles y espontáneos, anticipando una mayor presencia de animales de compañía en las rutas regionales durante el próximo año.

La continua integración de las mascotas en la planificación de viajes refuerza su rol central en las decisiones de los turistas que buscan experiencias personalizadas y sostenibles en los próximos años.

El clima extremo condiciona los viajes de los colombianos: el 31% ha cancelado al menos un desplazamiento debido a riesgos climáticos, según el informe más reciente de Booking.com. Esta tendencia refleja cómo la planificación y la reserva de viajes se ven cada vez más afectadas por la preocupación ante eventos meteorológicos y desastres naturales.

En Colombia, los riesgos asociados con el clima extremo han llevado a que casi uno de cada tres viajeros cancele un viaje antes de su inicio; y todo esto por un proceso hecho por internet, lo que demuestra la facilidad hoy en día de administrar viajes.

Este fenómeno impacta tanto a quienes usan plataformas digitales como al conjunto del sector turístico. Las cifras recopiladas por Booking.com muestran que la toma de decisiones está profundamente marcada por la incertidumbre meteorológica.

El 73% de los viajeros colombianos tiene en cuenta el riesgo de clima extremo al elegir el destino y la fecha de sus desplazamientos, según datos del informe. Además, un 28% enfrentó condiciones climáticas extremas o desastres naturales en el último año. Más de la mitad señala que la imprevisibilidad del clima genera estrés y complica planificar el viaje, dificultando saber cuándo y adónde viajar.

Cambios en las preferencias de viaje por el clima extremo

Las nuevas condiciones han reducido la importancia de la tradicional temporada alta, que suele abarcar de junio a agosto. Actualmente, el 53% prefiere viajar fuera de estos periodos para disminuir la exposición a riesgos climáticos y evitar multitudes.

La búsqueda de destinos de clima templado se ha consolidado como tendencia. Un 36% opta por lugares más frescos, mientras que el 47% considera que algunos destinos resultan demasiado calurosos en su época habitual de viaje. Por otro lado, el 65% prefiere sitios menos concurridos y el 59% evita aquellos conocidos por condiciones extremas.

Así, destinos menos populares y con clima estable ganan protagonismo en plataformas digitales. Estas alternativas ofrecen beneficios añadidos, como costos más favorables y entornos más tranquilos para la estadía.

Adaptación del sector turístico ante el clima extremo

El ajuste en las preferencias de los viajeros ya influye en los proveedores de alojamiento. Según Booking.com, el 40% ha modificado procesos y servicios como respuesta a los riesgos climáticos, con cambios que abarcan desde la operación hasta la atención al huésped.

Estas adaptaciones buscan reducir las interrupciones causadas por el clima y gestionar el estrés de los viajeros. El informe revela que un 24% de los operadores ha sufrido interrupciones en la llegada o salida de huéspedes por eventos climáticos, y el 23% reporta incomodidad reflejada en reseñas negativas.

La industria reconoce que anticipar las inquietudes y convertirlas en oportunidades de confianza es fundamental en este nuevo escenario, afirmó Matthias Schmid, vicepresidente sénior de Acomodaciones en Booking.com, citado en el informe. Los destinos con menor afluencia y clima estable se posicionan como opciones valoradas tanto por viajeros como por el sector.

Actualmente, planificar un viaje implica mayor atención a los posibles riesgos y las recompensas de cada destino. La elección se ha vuelto un proceso donde minimizar imprevistos y buscar tranquilidad es tan crucial como el destino mismo, marcando un cambio en la manera en la que los colombianos disfrutan su tiempo libre.

Uber en los viajes cambia con un PIN único

Ahora los usuarios de Uber pueden elegir un código PIN único de cuatro dígitos para verificar sus viajes, permitiendo validar el auto correcto sin depender del teléfono móvil. A diferencia del sistema anterior, donde se generaba un PIN diferente en cada trayecto, ahora cada persona puede seleccionar un código fácil de recordar y modificarlo cuando lo desee desde la configuración de la aplicación. Esta función busca mayor practicidad, sobre todo en situaciones en las que consultar el celular resulta incómodo o poco seguro.

Según Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones de Seguridad de Uber, el objetivo es simplificar la experiencia diaria sin sacrificar la protección. Con este nuevo PIN único, los pasajeros pueden confirmar su viaje con rapidez y mantener el control, incluso si el dispositivo está descargado o si prefieren mantener la atención en su entorno. La app impide la elección de combinaciones demasiado predecibles, como secuencias consecutivas o números idénticos, reforzando así la seguridad.

Esta actualización se integra al conjunto de herramientas de seguridad que ofrece Uber, como el seguimiento en tiempo real, la opción de grabar audio, el botón de emergencia y el sistema RideCheck, que identifica posibles alteraciones en el recorrido.

La reducción de aranceles anunciada por Ecuador reactivó el diálogo diplomático con Colombia y puso sobre la mesa la posibilidad de recuperar el flujo comercial entre ambos países.

La canciller Rosa Villavicencio reaccionó a la decisión del gobierno ecuatoriano y planteó retomar las conversaciones para normalizar las relaciones económicas.

“Con Ecuador estuvimos siempre intentando hablar… la meta es poder restablecer las relaciones para reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos anteriormente”, afirmó la funcionaria, según información publicada por Revista Semana.

La medida adoptada por el gobierno del presidente Daniel Noboa establece que la llamada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones colombianas se reducirá al 75 % a partir del 1 de junio de 2026.

Este ajuste representa un cambio frente al endurecimiento progresivo de los aranceles que se venía registrando desde febrero, cuando comenzaron a imponerse cargas adicionales en medio de tensiones políticas y de seguridad en la frontera.

Durante los últimos meses, la tarifa había alcanzado el 100 %, afectando de manera directa el intercambio comercial y generando preocupación en sectores empresariales de ambos países.

El anuncio ecuatoriano señala que la decisión busca avanzar en mecanismos de cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad como el desarrollo económico en las zonas fronterizas.

Desde la perspectiva colombiana, la reducción es vista como una señal que podría facilitar un acercamiento diplomático tras semanas de tensiones y medidas recíprocas.

Villavicencio indicó que factores internos de Ecuador, como el desabastecimiento y las necesidades económicas, habrían influido en la decisión de disminuir los aranceles, lo que abre un margen para retomar el diálogo.

El escenario actual se da luego de una escalada que incluyó no solo el aumento de tarifas, sino también un deterioro en la relación política entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

En ese contexto, la imposición de aranceles fue interpretada como una medida de presión vinculada a temas de seguridad, especialmente relacionados con el control del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.

La reducción al 75 % no elimina las restricciones comerciales, pero sí representa un alivio parcial para exportadores colombianos que habían visto encarecer sus productos en el mercado ecuatoriano.

Sectores como el agro, la industria y los alimentos procesados han sido algunos de los más impactados por estas medidas, debido a su alta dependencia del comercio con el país vecino.

El pronunciamiento de la Cancillería colombiana sugiere que el objetivo es avanzar hacia una normalización completa, que permita regresar a las condiciones previas a febrero, cuando no existían estos gravámenes extraordinarios.

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre la reducción anunciada por Ecuador, lo que mantiene la expectativa sobre la respuesta que adoptará el Gobierno colombiano.

Entre las opciones que se contemplan está mantener las medidas actuales como mecanismo de presión o, por el contrario, iniciar una mesa técnica de negociación que permita desmontar gradualmente las barreras comerciales.

La evolución de este proceso será determinante para el comercio en la región, especialmente en departamentos fronterizos donde la dinámica económica depende en gran medida del intercambio binacional.

El nuevo escenario abre la puerta a una posible distensión, aunque el camino hacia la normalización total aún dependerá de decisiones políticas y acuerdos concretos entre ambos gobiernos.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada por la Casa Blanca, introduce un giro en las políticas antidrogas de Estados Unidos al adoptar un enfoque de mayor agresividad, alcance global y prioridad en la seguridad nacional.

Este nuevo marco ubica a Colombia nuevamente en el centro del debate internacional, al tiempo que refuerza la ofensiva contra el tráfico de fentanilo, responsable de un incremento sostenido en las muertes por sobredosis en el país norteamericano, que han superado las 100.000 víctimas anuales, según el diagnóstico oficial difundido por la administración de Washington.

Un elemento diferenciador de esta estrategia radica en la decisión de clasificar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Este cambio amplía las herramientas legales, financieras y operativas del gobierno estadounidense y permite incrementar la presión internacional contra los responsables de la cadena global del narcotráfico.

La nueva política de Estados Unidos no apunta solo a la gestión del problema, sino a “ganar la crisis”, según especifica el informe divulgado por la Casa Blanca. El documento pone el foco en dos grandes líneas de acción: reducir la oferta global de drogas mediante el desmantelamiento de redes criminales en múltiples países, y disminuir la demanda interna a través de programas de prevención, tratamiento y recuperación.

El texto oficial destaca que esta nueva arquitectura busca neutralizar las rutas de tráfico, eliminar laboratorios clandestinos y golpear las finanzas de las organizaciones, utilizando desde inteligencia hasta sanciones económicas. El fenómeno del narcotráfico es entendido no como un hecho local sino como una red que abarca producción, financiación, transporte y distribución, distribuida en puntos clave de América y Asia.

Colombia como pieza estratégica en la lógica transnacional del nuevo plan de acción de Estados Unidos

En el documento se señala taxativamente que Colombia sigue siendo la fuente principal de cocaína que abastece el mercado estadounidense, puesto que la producción y el flujo de esa droga no solo se mantienen, sino que aumentaron en volumen. Este repunte supone un desafío fundamental para las autoridades de Estados Unidos y se traduce en una presión directa sobre el gobierno colombiano para incrementar la reducción de cultivos ilícitos y desarticular las redes de tráfico, de acuerdo con el informe.

La estrategia de Estados Unidos exige a Colombia y otros países productores asumir una responsabilidad ampliada y explícita en el combate contra la producción y exportación de drogas.

En el caso colombiano, la nueva hoja de ruta apunta a tres metas principales: reducir las áreas sembradas de coca, atacar las estructuras criminales internas y cortar las cadenas de exportación. Estos lineamientos retoman aspectos clásicos de la interdicción y erradicación, aunque integrados ahora en una lógica de seguridad internacional.

El documento también advierte que la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá será evaluada bajo criterios estrictos de resultados. Incluso, la Casa Blanca expresó que utilizará “herramientas diplomáticas, económicas y legales” para presionar a los países que no presenten avances medibles en la lucha antidrogas.

Red global: actores, rutas y precursores bajo vigilancia reforzada

La ofensiva no se limita a América Latina. La estrategia nacional amplía su campo de acción hacia actores fundamentales en la estructura global del narcotráfico. A la par, destaca el señalamiento de China e India como principales orígenes de los precursores químicos cruciales para la fabricación de fentanilo, mientras adjudica a México el rol de principal centro de producción de opioides sintéticos. El reporte subraya también la referencia a Canadá y el Caribe como ejes relevantes en las rutas de tránsito hacia territorio estadounidense.

En línea con este enfoque integral, la administración estadounidense planteó fortalecer la cooperación internacional para erradicar cultivos, destruir laboratorios y debilitar organizaciones criminales. La cooperación con Colombia adquiere así un carácter estratégico y, según lo reflejado en el documento, estará sometida a mayores exigencias y escrutinio.

Un aspecto distintivo de la estrategia publicada por la Casa Blanca es la insistencia en el uso intensivo de tecnología avanzada: inteligencia artificial, análisis de datos masivos y sistemas de vigilancia de última generación serán empleados para identificar nuevas amenazas y anticipar movimientos del narcotráfico. Esta metodología se complementa con un endurecimiento de los controles al comercio internacional, especialmente al monitoreo del envío de paquetes pequeños, método frecuentemente explotado por redes criminales.

El plan prevé cerrar las brechas legales y operativas que han favorecido el crecimiento del tráfico ilícito. Entre las medidas destaca la vigilancia sobre las cadenas logísticas y la participación proactiva del sector privado en la garantía del comercio internacional seguro.

La legislación colombiana establece sanciones económicas para los propietarios que permitan que sus mascotas circulen sin supervisión por zonas comunes en conjuntos residenciales, según información obtenida por Semana. En el caso de los gatos, dejar que el animal deambule libremente sin control puede generar una multa cercana a 233.452 pesos, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La normativa busca reforzar la tenencia responsable de animales de compañía y evitar conflictos dentro de la propiedad horizontal, especialmente en escenarios donde las mascotas salen de las viviendas sin vigilancia y transitan por pasillos, jardines o áreas compartidas.

Estas medidas se encuentran establecidas en la Ley 1801 de 2016, que regula el comportamiento de los ciudadanos y define sanciones para quienes incumplan las reglas de convivencia, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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El incremento en la tenencia de mascotas en los hogares colombianos ha llevado a que las autoridades refuercen las normas relacionadas con la convivencia en espacios compartidos.

En contextos de propiedad horizontal, es frecuente que se presenten situaciones en las que los animales salen de los apartamentos o casas sin supervisión y recorren las áreas comunes del conjunto residencial.

Según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permitir que los animales de compañía circulen por zonas comunes sin control directo del propietario constituye una infracción.

Las disposiciones legales que regulan esta conducta se encuentran en los artículos 116, 117 y 118 de la Ley 1801 de 2016, los cuales establecen medidas correctivas cuando una mascota se encuentra fuera de la vivienda sin los elementos de seguridad exigidos.

Estas normas buscan prevenir riesgos para otras personas, daños a bienes comunes o conflictos entre vecinos dentro de las copropiedades.

En el caso específico de los gatos, la legislación señala que no deben desplazarse libremente por las zonas comunes de los conjuntos residenciales.

Por esta razón, su movilización debe realizarse utilizando elementos que permitan su control, como guacales, maletas especiales o collares que faciliten su manejo por parte del propietario.

Si el animal se encuentra circulando sin estas medidas de supervisión, la conducta puede ser sancionada con una multa general tipo 1, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para el año 2026, esta sanción corresponde aproximadamente a 233.452 pesos, según la información citada por ese medio de comunicación.

Las sanciones también se aplican a los propietarios de perros cuando incumplen las normas de control en espacios compartidos.

Por ejemplo, permitir que un perro circule sin correa en zonas comunes o no utilizar bozal en razas catalogadas como de manejo especial puede generar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esto equivale a una sanción cercana a 711.750 pesos en 2026.

Otra conducta que puede generar sanciones económicas es la omisión en la recolección de excretas de las mascotas en espacios comunes.

Cuando un propietario permite que su animal deje desechos en zonas compartidas del conjunto residencial y no realiza la limpieza correspondiente, se configura una infracción adicional.

En estos casos, la normativa contempla una multa general tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para el año 2026, esta sanción puede alcanzar aproximadamente 379.000 pesos, de acuerdo con la normativa vigente.

A pesar de estas restricciones, la legislación colombiana no prohíbe que los animales de compañía transiten por las zonas comunes de los conjuntos residenciales.

Lo que exige la ley es que los propietarios mantengan un control permanente sobre las mascotas para evitar situaciones que puedan afectar la convivencia.

Esto implica que el animal debe estar bajo supervisión directa de su dueño durante los desplazamientos por espacios compartidos.

Además, la ley establece que cualquier daño que cause la mascota en bienes de terceros o en zonas comunes será responsabilidad exclusiva de su propietario.

Las autoridades de Colombia informaron el arresto de un hombre de origen mexicano identificado como un elemento relevante de la Cártel del Sinaloa y quien es requerido por Estados Unidos.

Se trata de Jorge E. P., quien es identificado con el sobrenombre Alex y quien es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, según compartió la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia el 4 de mayo.

El arresto del hombre de origen mexicano fue realizado por elementos de la Policía de Colombia con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según destacaron las autoridades colombianas, se trata de un hombre que funcionaba como enlace financiero y logístico del grupo criminal mexicano.

“Alias ‘alex’ es pieza clave del “Cartel de Sinaloa”, requerido por EE.UU, el cual facilitaba su expansión delictiva transnacional robusteciendo las rutas y tráfico de drogas sintéticas y fentanilo", es parte del informe de las autoridades de Colombia.

Un breve video compartido en los canales oficiales de las autoridades muestra al sujeto siendo escoltado por agentes de seguridad colombianas.

De Sinaloa a Colombia: por qué viajó al país sudamericano

Los registros de las autoridades señalan que es buscado desde septiembre de 2025 por una corte del distrito de Nueva York.

Según las averiguaciones, Alex estaba en territorio colombiano debido a que buscaba esconderse de los controles de seguridad realizados en Sinaloa, México

De igual manera, tenía la encomienda de “fortalecer los enlaces con estructuras criminales locales dedicadas al narcotráfico de sustancias sintéticas”, es parte de lo compartido por las autoridades.

Grupos criminales mexicanos y su relación con Colombia

En junio de 2024 la Defensoría del Pueblo de Colombia publicó un documento en el que identifica las estructuras criminales que operan en Colombia.

“Se han identificado estructuras del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, junto con estructuras de crimen organizado, las cuales se pueden subdividir en alcance regional; como Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, Los Nuevos Rastrojos Caleños, Los Pepes, y Los Vega Daza; y de alcance transnacional, incluyendo el Tren de Aragua, el Cartel de los Balcanes, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco, y Los Pranes”.

Mese antes, en junio de 2023, Infobae México consultó con agencias de seguridad colombianas sobre el papel de los grupos delictivos mexicanos en la región.

“El cartel de Sinaloa envía emisarios a la costa caribe colombiana donde realizan contactos con diferentes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, acuerdan cantidades a enviar mediante la modalidad de lanchas rápidas tipo GO FAST y contaminación de contenedores con carga tipo exportación con destino a Estados Unidos y Centroamérica".

La exministra de Educación de Colombia María Victoria Angulo abrió el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un diagnóstico: América Latina enfrenta una “paradoja del aprendizaje”, en la que la irrupción de tecnologías cada vez más sofisticadas convive con graves dificultades para garantizar aprendizajes básicos.

Durante su conferencia inaugural, Angulo –quien lideró la cartera educativa colombiana entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, y actualmente se desempeña como consultora internacional– propuso pensar una agenda educativa regional propia, capaz de responder a los desafíos específicos de América Latina sin depender exclusivamente de modelos externos.

“La revolución de la inteligencia artificial y el machine learning no nos da el mismo tiempo que nos dieron otras transformaciones históricas”, planteó la exministra tras las palabras inaugurales a cargo de Sandra Chica, Chief Business Officer de Ticmas. Según sostuvo Angulo, la velocidad del cambio tecnológico, productivo y demográfico está superando la capacidad de reforma de las instituciones educativas, lo que obliga a abandonar respuestas parciales para avanzar hacia transformaciones sistémicas.

Más cobertura, pero aprendizajes en deuda

Uno de los principales ejes de su exposición fue la persistencia de bajos niveles de aprendizaje pese al aumento de la inversión educativa en la región en las últimas décadas.

Angulo destacó que el 44% de los estudiantes de tercer grado en América Latina se encuentra en el nivel mínimo de lectura, según los resultados de la prueba regional ERCE 2019 implementada por Unesco. En sexto grado, la cifra asciende al 69%. A su vez, cerca del 75% de los jóvenes de 15 años no alcanza competencias básicas en matemática, según las pruebas PISA 2022. Los resultados de los adolescentes latinoamericanos muestran un rezago promedio de cinco años respecto de los países de la OCDE.

“Avanzamos en cobertura, alimentación escolar y acceso, pero no hemos logrado mejorar sustantivamente los aprendizajes”, señaló la exfuncionaria, y consideró que esta brecha refleja que muchas de las deudas estructurales de la región permanecen abiertas: conectividad insuficiente, abandono escolar y desconexión entre educación y mercado laboral.

Entre los datos más preocupantes, mencionó que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en América Latina no estudian ni trabajan (son “nini”): son 20 millones de personas. En tanto, alrededor del 37% de los adolescentes abandona la educación media antes de completarla. En Argentina –ejemplificó– el 15,1% de los estudiantes de 17 años había abandonado la escuela en 2022.

La “oportunidad” demográfica

Angulo sostuvo que la transformación demográfica que atraviesa actualmente la región –con una particular velocidad en países como Argentina y Colombia– exige modificar las prioridades educativas.

La reducción relativa de la población infantil, explicó, ofrece una oportunidad histórica para que los sistemas dejen de concentrarse exclusivamente en ampliar cobertura y puedan enfocarse en calidad, equidad y trayectorias educativas completas. “Es una ventana de aproximadamente 25 años. Es ahora o nunca para aprovechar este dividendo demográfico”, afirmó.

Esta transición también obliga, según su análisis, a repensar la educación a lo largo de toda la vida. La aparición de una “silver economy” –personas mayores que prolongan su vida laboral o buscan reinventarse profesionalmente– amplía la demanda sobre universidades y sistemas formativos, donde ya conviven jóvenes, adultos en transición y adultos mayores. “La educación del futuro es aquella en la que coinciden el abuelo, el padre y el hijo”, ilustró.

La exministra organizó su exposición en torno a cinco debates prioritarios para América Latina: la primera infancia como base de trayectorias educativas sólidas; la deserción en educación media como urgencia estructural; el aseguramiento de calidad en educación superior frente a modalidades híbridas y virtuales; la flexibilidad y la proliferación de trayectorias no lineales; el reconocimiento de aprendizajes mediante certificaciones o microcredenciales.

En este punto, remarcó que “la educación media, tal como la conocimos, dejó de ser pertinente”, y planteó la necesidad de reformularla para articularla mejor con el mundo productivo, la formación técnica y las nuevas demandas sociales.

También subrayó la importancia de avanzar hacia marcos nacionales de cualificaciones que permitan reconocer saberes adquiridos a lo largo de la vida, incluidos los aprendizajes informales.

El rol de la tecnología

Otro de los focos centrales de la conferencia fue el lugar de la tecnología en los sistemas educativos. Angulo señaló que el debate regional no puede limitarse a una discusión ética abstracta sobre inteligencia artificial, sino que debe traducirse en transformaciones institucionales concretas, y advirtió que en este punto las instituciones educativas de América Latina están atrasadas en comparación con las de Europa. A la vez, advirtió sobre el riesgo de discutir IA en contextos donde persisten carencias básicas.

“En tiempos de inteligencia artificial todavía hay escuelas en América Latina sin acceso continuo a electricidad, agua potable o saneamiento”, recordó.

Según expuso, solo el 20% de las escuelas rurales de la región cuenta con acceso a internet, frente al 60% de las urbanas. Además, la inversión educativa regional, de entre 4% y 4,5% del PIB, sigue por debajo del promedio de la OCDE.

Frente a debates como la prohibición de celulares o redes sociales en escuelas, propuso evitar soluciones uniformes: “No hay una salida única. Hay que entender la realidad de cada territorio”.

Angulo resaltó que las reformas educativas sostenibles dependen de cinco capacidades clave. Primero, la gobernanza multinivel (para poder abordar la alta heterogeneidad territorial, especialmente en países extensos y desiguales como Argentina y Colombia). Segundo, la concepción de la escuela como territorio expandido, articulando la institución con las familias, la comunidad y el entorno productivo.

En tercer lugar, destacó el desarrollo docente y el liderazgo de los directores como factores cruciales en cualquier mejora real. Su cuarto punto se refirió al uso efectivo de recursos: “No solo cuánto se invierte, sino cómo se asigna, ejecuta y evalúa el gasto educativo”. Por último, destacó el rol de los sistemas de información para la toma de decisiones: “Sin datos, no hay gestión ni mejora sostenida”.

Recuperar el sentido de urgencia

Hacia el cierre, la exministra recordó que durante la pandemia de COVID-19 –cuando le tocó estar al frente de la cartera educativa en Colombia– existió un consenso regional más fuerte sobre la necesidad de cerrar brechas educativas, especialmente en lectura, matemática y bienestar socioemocional. A su juicio, ese impulso se debilitó con el regreso a la “normalidad” política.

De cara al futuro, Angulo sintetizó tres prioridades que considera cruciales para la hoja de ruta de ministros y responsables de políticas públicas en la región. Por un lado, planteó la necesidad de cerrar las brechas de aprendizaje y reformar la educación media.

Por otro lado, sugirió definir una postura clara sobre tecnología en el aula. En este punto, advirtió: “La discusión sobre IA y dispositivos en la escuela no admite respuestas únicas: requiere criterio sobre el contexto, la edad y los propósitos pedagógicos”.

En tercer lugar, la exministra resaltó la necesidad de construir sistemas articulados de cualificaciones, con marcos nacionales interoperables que sean comparables a nivel regional.

“En educación, el tiempo perdido tiene costos acumulativos”, señaló Angulo en el cierre de su exposición. Y propuso volver a revisar los aprendizajes de 2020 y 2021 en la región: “La pandemia instaló una urgencia clara por recuperar aprendizajes, atender el bienestar y acelerar la innovación. Deberíamos recuperar ese sentido de urgencia”.

Colombia será uno de los países que visite la Ciudad de México en el Mundial 2026, debido a que el miércoles 17 de junio disputarán su primer encuentro ante Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca.

La capital alberga una gran comunidad colombiana, donde hay numerosos restaurantes con comida típica del país sudamericano, donde los cafeteros suelen reunirse masivamente para grandes eventos como los partidos de la Tricolor y alentar a su selección.

Si tu estancia en la capital es larga para vivir al máximo la fiebre mundialista y disfrutar del ambiente que involucra un evento de esta magnitud, estos lugares te harán sentir como en casa con sabores 100% auténticos.

Lista de restaurantes de comida colombiana en CDMX

A continuación, te presentamos una lista de restaurantes de comida colombiana según Google para disfrutar al máximo de los platillos típicos del país sudamericano:

Comedor de los Milagros

Este es el spot más icónico donde se reúnen los colombianos para vibrar con los juegos de la Selección en las Eliminatorias Mundialistas.

El Comedor de los Milagros es un mercado gastronómico ubicado en Eje 3 Pte. 221, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 CDMX, donde suele ofrecer proveniente de diversas regiones en Latinoamérica como Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.

Dentro de las opciones de comida colombiana se encuentran platillos típicos como: bandeja paisa, arepas, sudado de pollo, sancocho, patacones y más.

Salchiparce

Salchiparce es uno de los lugares más populares entre quienes buscan comida colombiana casual. Su especialidad son las salchipapas al estilo colombiano, además de arepas, empanadas y otras botanas típicas.

El lugar se encuentra ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 811-PB, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

Sabores y tradiciones de la Abuela

Este restaurante es conocido por su cocina típica, con platillos como bandeja paisa, ajiaco santafereño, sobrebarriga y sancocho. La propuesta apuesta por recetas caseras y busca reproducir los sabores tradicionales de Colombia en un entorno familiar.

El lugar se encuentra ubicado en Patricio Sanz 403, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX.

Macondo

Macondo ofrece un menú centrado en preparaciones clásicas, con ambiente familiar y opciones pensadas para compartir. Es reconocido por su arroz con coco, cazuelas de mariscos, sancocho y arepas. La decoración está inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

El lugar se encuentra ubicado en Medellín 224, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Ciénaga

Espacio valorado por su apego a la cocina tradicional colombiana, especialmente en sopas y platos fuertes como el ajiaco y el sancocho. El menú también incluye postres y jugos típicos.

El lugar se encuentra ubicado en Coahuila 200, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX.

Tintico

Tintico está enfocado en la experiencia del café colombiano, pero también ofrece platillos sencillos de la cocina tradicional, como arepas y empanadas. Es ideal para una comida ligera o para disfrutar de una bebida caliente típica.

El lugar se encuentra ubicado en Diagonal San Antonio 1531, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, CDMX.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este sábado 2 de mayo la detención y posterior vinculación a proceso de Helmer “N”, alias “El Splinter”, tras una investigación que lo señaló por presuntos robos en casas lujosas de León.

El sujeto, de nacionalidad colombiana, se encuentra actualmente en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas sobre su posible relación con hechos delictivos en otras zonas.

Según reportes oficiales, el caso atrajo la atención de las autoridades por el perfil del detenido, considerado objetivo prioritario en la estrategia de seguridad estatal.

La dependencia reportó que el modus operandi habría sido replicado por el imputado en su país de origen, lo que abre líneas de colaboración internacional.

Las investigaciones permitieron identificar que Helmer “N” operaba principalmente en colonias como León Moderno y Arbide, donde sustraía objetos de alto valor, entre ellos joyas, relojes de lujo y efectivo.

El trabajo de inteligencia y la recopilación de imágenes de vigilancia resultaron clave para ubicar al presunto responsable y documentar su actividad delictiva.

El análisis forense fue decisivo para ubicar a “El Splinter”

El equipo de investigación criminal de la Fiscalía revisó horas de videograbaciones obtenidas en residencias afectadas. Los peritajes permitieron identificar patrones de ingreso y salida, así como la selección de objetivos con vigilancia mínima y acceso a objetos de alto valor económico.

La Fiscalía de Guanajuato señaló que la detención de Helmer “N” representa un avance en la estrategia para contener delitos patrimoniales en zonas de alta plusvalía.

Las autoridades mantienen abiertas otras carpetas de investigación para determinar la posible participación del detenido en más robos, tanto en León como en otras entidades y hasta países.

Un juez determinó la vinculación a proceso luego de que la Fiscalía presentara pruebas que incluyen análisis forense de videograbaciones y testimonios de afectados.

Casos similares en el país

En las últimas semanas, autoridades de la Ciudad de México también reportaron la captura de una persona extranjera relacionada con robos a viviendas de alto valor.

Se trata de Karent Carolina, ciudadana colombiana de 41 años, quien fue detenida en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, tras labores de inteligencia que permitieron ubicarla después de haber recuperado su libertad meses antes.

La investigación señala que la mujer estaría vinculada a un asalto registrado en Azcapotzalco el 16 de febrero, donde una víctima fue despojada de sus pertenencias y los responsables huyeron en un vehículo.

Karent Carolina, según las autoridades, formaba parte de una banda dedicada al robo de casas en la capital y el Estado de México.

Actualmente, permanece bajo custodia en un penal de Iztapalapa, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos similares en la región.

La presencia de grupos internacionales especializados en este tipo de delitos representa un reto para las autoridades, que buscan frenar la operación de bandas dedicadas al saqueo de viviendas en zonas urbanas del país.

Filas que se extienden por kilómetros, carteles pintados a mano, vendedores ambulantes con abanicos y gorras, y un zumbido colectivo que no para: el de los fans que peregrinaron desde todos los rincones de Brasil y América Latina.

La expectativa es monumental. Según los organizadores, se proyecta la presencia de más de dos millones de personas en la playa, una cifra que podría superar el récord establecido por Lady Gaga en 2025, cuando reunió a 2,1 millones de espectadores en el mismo escenario. Antes, en 2024, Madonna había congregado a 1,6 millones.

Ahora es el turno de la cantautora de 49 años, quien llega a Copacabana como el eslabón más reciente de una cadena de megashows que han convertido a esta playa en el coliseo del pop mundial.

“Estoy aquí por Shakira. Soy fan suya desde pequeña y viajé un día y medio en autobús para venir a verla“, expresa Daniela, abogada de profesión, en entrevista con Reuters.

Testimonios semejantes se repiten a lo largo de toda la playa. Sandy Gurian, maestra que tampoco quiso dar su apellido a los micrófonos de Reuters, confesó con emoción contenida: “Estoy muy feliz de estar aquí, y es la primera vez que la veo. Espero que sea la primera de muchas”.

“Espero que nos dé un espectáculo increíble, como siempre. Puede que haya alguna sorpresa, tal vez aparezca Anitta”, dijo otro admirador, en referencia a la superestrella brasileña con quien Shakira colaboró recientemente.

El entusiasmo de los fans se elevó exponencialmente desde el viernes por la noche, cuando Shakira subió al escenario para el ensayo general. Ante una multitud que se agolpó en la playa, la colombiana cantó junto a la legendaria Maria Bethânia —confirmada así como invitada especial— los clásicos brasileños “O que é o que é?”, de Gonzaguinha, y “Leãozinho”, de Caetano Veloso, quien también se unió momentáneamente al escenario. Al tomar el micrófono, Shakira lanzó un escueto y cargado mensaje al público: “Tudo organizado”, que fue respondido con ensordecedoras ovaciones.

Lobacabana: toda una ciudad tomada por la loba

Desde hace semanas, Río vive en modo Shakira. Enormes carteles con su rostro tapizan avenidas y edificios, y Copacabana ha sido rebautizada popularmente como “Lobacabana”, en referencia al apodo de “loba” que acompaña a la artista desde sus inicios.

El fenómeno trasciende lo cultural y tiene un impacto económico tangible. Las reservas aéreas para esta semana crecieron más de un 80% en comparación con el mismo período de 2024, según la agencia oficial de turismo brasileña. La alcaldía de Río estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales —unos 160 millones de dólares— en la economía local.

La producción del espectáculo está a la altura del desafío histórico. Frente al mítico hotel Copacabana Palace se ha erigido un escenario monumental de 1.345 metros cuadrados.

Por otro lado, el operativo de seguridad montado para la noche no tiene precedentes en la historia de los megaconciertos de Copacabana. Las autoridades de Río han desplegado cerca de 8.000 efectivos, junto a drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puestos de control con detectores de metales distribuidos en los principales accesos al barrio.

El plan fue presentado en el Centro Integrado de Comando y Control (CICC) del Gobierno del Estado y contempla monitoreo en tiempo real de toda la zona.

La escala de esta estrategia no es casual. En 2025, tras el concierto de Lady Gaga en la misma playa, la policía informó haber frustrado un intento de atentado con bomba orquestado por un grupo que difundía discursos de odio y que tenía entre sus objetivos a la comunidad LGBTQ+. Esta noche, las autoridades no dejan nada al azar.

Asimismo, la Avenida Atlántica permanece cerrada al tráfico desde la medianoche, con 3.000 plazas de estacionamiento suspendidas en el área. La recomendación oficial es clara: transporte público, metro y tren para llegar y salir de Copacabana.

A qué hora será el concierto de Shakira

Este es el cronograma para el evento gratuito, en horario local.

• 17:45 – Apertura con DJ Vintage Culture
• 19:00 – DJ Maz
• 21:45 – Shakira
• 00:15 – Pós-show: Papatinho y Melody (invitada)

Cada hora, 36 colombianos alcanzan los 60 años de edad, mientras las empresas centradas en la juventud pasan por alto a una población mayor en rápido crecimiento.

El envejecimiento acelerado transformará la base demográfica de Colombia: en menos de una década, los adultos mayores superarán en número a los niños, aunque el poder adquisitivo de los mayores ya tiene gran peso en el gasto familiar.

Las empresas colombianas desaprovechan el potencial del creciente mercado de personas mayores de 50 años por persistente edadismo. A pesar de controlar casi la mitad del gasto doméstico en 2020 y tener proyecciones de participación del 60% para 2060, la publicidad y la oferta de productos siguen enfocadas en sectores jóvenes, subestimando la influencia y capacidad de consumo de este segmento.

El segmento de mayores de 50 años muestra el mayor crecimiento poblacional en Colombia. Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2034 los adultos mayores serán más numerosos que los niños. En 2020, las personas mayores de 50 años concentraban el 44% del gasto doméstico del país y, para 2060, este porcentaje podría llegar al 60%. Sin embargo, solo el 10% de la inversión publicitaria está dirigida a ellos, y apenas el 4% de los protagonistas en anuncios supera los 65 años, pese a representar el 20% de la población.

Tendencias y oportunidades de negocio en la economía de la longevidad

El entorno empresarial en Colombia sigue privilegiando a los consumidores jóvenes, mientras la economía de la longevidad presenta seis áreas clave que generan oportunidades de negocio desatendidas. La amabilidad como servicio, reconocida en mercados como España, donde una sola entidad financiera ha conseguido 12,1 millones de clientes digitales mayores gracias a la oferta de servicios específicos.

En la administración de patrimonio en la jubilación, el sistema financiero nacional exhibe limitaciones: más del 60% de los colombianos mayores de 60 años carece de pensión contributiva y solo uno de cada cuatro recibe alguna prestación. Además, proyecciones a 2100 advierten que podría haber un adulto mayor por cada trabajador activo, según estudios de ANIF y Porvenir.

El consumidor mayor se perfila como el cliente más rentable pero el menos atendido, con un gasto global anual estimado en USD 7 billones, equivalente a casi el 27% del consumo mundial. El 62% de los mayores de 50 años cambiaría de marca por empresas que los representen genuinamente. En lealtad, el 66% de los mayores de 30 años permanece fiel a sus marcas, frente al 55% de la Generación Z.

La inclusión laboral del talento senior sigue siendo un reto: en Bogotá, el 9,9% de las colocaciones laborales corresponde a mayores de 50 años y más del 75% debe buscar trabajo por cuenta propia. No obstante, la presencia activa de este grupo en el mercado laboral local creció un 11,2% interanual, según datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El bienestar económico y la atención a la salud funcional emergen como tendencias globales y locales. Colombia enfrenta una brecha de casi diez años entre esperanza de vida y los años vividos en buena salud, lo que genera oportunidades para soluciones que prolonguen el bienestar. El desarrollo de servicios de cuidado es inaplazable, ya que casi la mitad de las mujeres mayores de 50 años está en la informalidad por interrupciones laborales asociadas al cuidado familiar. Por otro lado, la inversión mundial en tecnología para longevidad (AgeTech) ya supera los USD 279.000 millones.

El bienestar y la longevidad impulsan nuevos negocios en Colombia

La economía global del bienestar mueve alrededor de USD 6,3 billones y podría alcanzar los USD 9 billones en 2028, de acuerdo con el Global Wellness Institute. El segmento de longevidad específico llegará a USD 610.000 millones en 2026. Este auge se traduce en una demanda creciente de productos y servicios enfocados en vida saludable, capacidad funcional y autonomía, con el objetivo de extender los años de buena salud.

En Colombia, el turismo de bienestar experimenta un notorio crecimiento. El turista de bienestar gasta, en promedio, USD 1.764 por viaje, un 41% más que el visitante internacional habitual, consolidando así a Colombia como un destino para este nicho de alto valor. Además, la oferta local de medicina preventiva, nutrición, atención psicológica, viajes de bienestar y tecnología de autocuidado impulsa el crecimiento del ecosistema nacional del bienestar.

Cómo la economía intergeneracional redefine el consumo familiar

La economía intergeneracional reconfigura la lógica del consumo en los hogares colombianos. Familiares de distintas edades toman decisiones conjuntas sobre el gasto, combinando experiencia y estabilidad de los mayores con la innovación de los jóvenes. Las empresas que diseñan productos o experiencias inclusivas para diferentes generaciones obtienen ventajas competitivas en este contexto.

La lealtad y la influencia de las personas mayores dentro del hogar resultan clave a la hora de escoger y recomendar marcas. El 62% de los consumidores mayores de 50 años optaría por cambiar de marca si percibiera mejor representación, y el 70% de las mujeres mayores evitaría productos o servicios que ignoren su identidad y valores. Para las empresas, esto representa una oportunidad única de conectar auténticamente con un segmento que, al sentirse incluido y respetado, potencia la fidelización familiar.

Las mujeres mayores en Colombia que confían en una marca la recomiendan activamente en su entorno familiar, repercutiendo en la reputación y el crecimiento de las empresas que logran reflejar real inclusión y respeto hacia ellas.

Un usuario de nacionalidad colombiana identificado como Jaime Silva publicó en X cuánto costaría llenar el álbum Panini del Mundial 2026 tras abrir una caja completa de sobres y someter el resultado a cálculos hechos con inteligencia artificial (IA).

“La matemática del Panini no perdona”, escribió el historiador y coleccionista al estimar que completar la colección sin intercambios podría costar cerca de USD 3 millones.

Silva contó en un hilo de nueve publicaciones que recibió el álbum de Panini Colombia con el diario El Tiempo el viernes 1 de mayo de 2026 y que decidió abrir una caja completa de 104 sobres, equivalentes a 728 láminas, para medir cuántas servían realmente y cuántas salían repetidas.

Según los datos que compartió, de ese total logró pegar 560 láminas únicas, una cifra que equivale al 57% del álbum. Además, obtuvo 158 repetidas y le quedaron 420 pendientes.

En esa primera caja, añadió, 78 de cada 100 láminas resultaron útiles y 22 fueron duplicadas.

El eje del hilo que Silva compartió en su cuenta de X es ese cálculo: con base en una sola caja, Silva proyectó cuánto se encarece completar el álbum a medida que avanzan los espacios llenos y cae la probabilidad de conseguir una lámina nueva.

Su conclusión fue que una primera compra puede dar un impulso alto, pero que las últimas faltantes disparan el costo y vuelven poco eficiente seguir abriendo sobres.

Cuánto dinero tocaría destinar para completar el álbum Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 en Colombia

En su publicación, Silva afirmó que una caja cuesta 520.000 pesos colombianos.

A partir de esa cifra, calculó un valor aproximado de $714 por cada lámina obtenida y de $929 por cada lámina útil dentro de la primera tanda.

El historiador sostuvo que ese costo crece con rapidez en las siguientes compras. En su proyección, para la cuarta caja el precio por cada lámina nueva superaría los $3.000, dado que el porcentaje del álbum ya completado reduce cada vez más las posibilidades de hallar piezas faltantes.

Con esa misma lógica, estimó que una segunda caja lo llevaría al 81% del álbum, una tercera al 93% y una cuarta al 98%. El último tramo, escribió, ya no sería razonable completarlo solo con sobres.

Por qué las últimas láminas para llenar el álbum Panini son las más caras

Silva vinculó esa dificultad con el llamado “problema del cupón”, un modelo matemático que describe cómo obtener los elementos finales de una colección exige cada vez más intentos.

En el hilo explicó que, con el 57% del álbum lleno, la probabilidad de que una nueva lámina sea útil cae al 43%.

Eso significa que de cada siete láminas de un sobre, en promedio solo tres serían nuevas en esa etapa del proceso. El resto tendería a repetirse, lo que encarece cada avance marginal hacia el álbum completo.

A partir de esa proyección, el coleccionista concluyó que completar la colección sin intercambio costaría entre $2′600.000 y $3′200.000, a lo que habría que sumar el precio del álbum, que se fijó en $15.000, y el eventual costo de láminas especiales compradas por separado.

Qué selecciones y jugadores identificó como los más difíciles

En otro tramo del hilo, Silva señaló que Costa de Marfil fue el equipo que peor le salió en su caja.

El colombiano explicó que de las 20 láminas de esa selección solo obtuvo tres, cuando el promedio esperado por equipo rondaba las 15.

También mencionó a Japón, Croacia y Catar entre los conjuntos con menor presencia en su apertura.

Ese resultado, aclaró, no probaría que esas selecciones sean más raras en el sistema general de distribución, sino que obedecería a una variación estadística dentro de su caja.

Aun así, las describió como sus “pesadillas” al pensar en el proceso de completar el álbum.

Silva también destacó que la lámina más repetida en su caso fue la de Harry Kane, que le salió tres veces.

A partir de eso planteó una hipótesis: que Panini distribuye con mayor frecuencia a figuras de alta demanda para alimentar el mercado de intercambio, aunque en el hilo no aportó evidencia adicional distinta a su propia muestra.

El intercambio de láminas, la salida más económica para completar la colección

Silva remató su análisis con una idea que atraviesa buena parte de la cultura de los álbumes: las últimas láminas no se consiguen de manera eficiente comprando más cajas, sino intercambiando repetidas o adquiriendo piezas puntuales.

En ese punto, el historiador y coleccionista mencionó la compraventa de láminas en el centro de Bogotá, en especial en el sector de la calle 19 con carrera Séptima, donde dijo que ya circulan ejemplares especiales con precios de hasta $120.000 cada uno.

Su cálculo final distingue dos escenarios: uno de cerca de $3′000.000 si todo se resuelve con compra directa y otro de $1′500.000 si se recurre al canje con paciencia.

La entrada en vigor de aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas marca un nuevo punto crítico en la relación comercial entre ambos países, en medio de tensiones políticas y de seguridad en la frontera, de acuerdo con una publicación de El Tiempo.

La medida, que anteriormente era del 50 %, se aplica a la mayoría de mercancías provenientes de Colombia, con excepciones en sectores como el energético, según se detalla en la resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, Senae.

El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 %.

De acuerdo con la información disponible, el intercambio comercial entre ambos países supera los 2.800 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial de esta decisión. Colombia se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Ecuador, mientras que este último ocupa el sexto lugar como socio comercial de Colombia.

Entre enero y febrero de este año, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron los 251,3 millones de dólares, lo que representa una caída del 27,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Este descenso ya anticipaba un escenario complejo que ahora se profundiza con la nueva política arancelaria.

Los productos más exportados por Colombia en ese periodo incluyen energía eléctrica, medicamentos, azúcares de caña, insecticidas, carburorreactores y productos de cuidado personal. Estos sectores podrían experimentar una afectación directa ante el encarecimiento de los bienes en el mercado ecuatoriano.

A nivel territorial, los departamentos que más podrían sentir el impacto son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, con exportaciones de 64,9 millones, 53 millones y 47,4 millones de dólares, respectivamente, según los datos reportados. También figuran Cundinamarca, Bolívar y Atlántico entre las regiones con mayor exposición comercial.

En total, se estima que más de 2.700 empresas colombianas podrían verse afectadas por esta decisión. Entre ellas se encuentran compañías de distintos sectores industriales y comerciales que han mantenido relaciones activas con el mercado ecuatoriano.

Frente a este escenario, el Gobierno colombiano adoptó medidas de respuesta. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió un decreto que establece aranceles diferenciados para 191 productos provenientes de Ecuador, con tarifas que oscilan entre el 35 %, 50 % y 75 %.

“Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno”, explicó la ministra Diana Marcela Morales, al detallar el alcance de la decisión, citada por el documento oficial.

Según lo planteado, algunos productos como fríjol, plátanos y medicamentos tendrán un arancel del 35 %, mientras que otros como aceites vegetales, neumáticos y papel estarán gravados con el 50 %. En el nivel más alto, del 75 %, se ubican productos agroindustriales como arroz, azúcar, café, cacao y derivados industriales como tubos de PVC o barras de acero.

La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses. Esta dinámica ha generado preocupación entre transportistas, exportadores y distintos sectores productivos que dependen del intercambio binacional.

El impacto no solo se limita a cifras económicas, sino que también puede afectar cadenas logísticas, empleo y estabilidad en regiones que dependen del comercio exterior. La evolución de esta situación dependerá de eventuales diálogos entre los gobiernos para reducir tensiones y evitar mayores afectaciones.

Esta semana se dio a conocer una encuesta financiada por dos medios de comunicación colombianos, Caracol Televisión y Blu Radio, ambas propiedad del grupo Santodomingo, según la cual sería casi inevitable que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia.

Obviamente, esta conclusión tiene dos efectos: el primero, empodera al presidente Gustavo Petro en su narrativa victoriosa, y de fraude, si no gana su candidato, algo que viene haciendo desde hace meses, lo cual prepara el campo para el incendio que él quiere crear si Cepeda no resulta triunfador; el segundo, pone a toda la oposición en alerta sobre lo que puede suceder, y eso debería generar, esperamos, espacios de entendimiento, acción colectiva más agresiva y, ojalá, el fin del discurso de la derecha y de la centro derecha de no votar por Abelardo o por Paloma en la segunda vuelta. ¡¡¡EL ENEMIGO ES CEPEDA NO NOS EQUIVOQUEMOS!!!

Quiero ser claro, si tengo que escoger entre una democracia imperfecta y una dictadura perfecta, prefiero la primera, sin duda, y tengo absolutamente claro que Iván Cepeda no solo no es un demócrata, sino que su gobierno acabaría con la democracia liberal y con sus derechos, a cambio de una dictadura populista donde los excesos del poder ejecutivo no tienen freno.

Por eso, y lo digo con claridad, le cargo la maleta a quien pase a segunda vuelta contra Cepeda. No tengo dudas. Claro, voy a trabajar hasta el último segundo para que sean Paloma y Juan Daniel, pero tengo claro, y por eso mi llamado constante a que dejemos la peleadera, que vamos a necesitar cada voto para derrotar a esa mafia de la izquierda que Petro y Cepeda representan.

Ya entrando en la encuesta de Invamer Gallup, se encuentran unos errores inmensos, gigantes, que desvirtúan totalmente el resultado y dejan muy mal parada tanto a la empresa encuestadora como a los medios que la pagaron y la difundieron. Veamos.

Lo primero es que el 72 por ciento de las personas que la encuestadora buscó no respondieron. Dos terceras partes no abrieron la puerta o no contestaron, una cifra que no es menor. Eso, obviamente, cambia de manera dramática los resultados y vuelve mucho más predecible la muestra, en términos demográficos y de orientación política.

Quienes no abrieron ¿no estaban o no querían contestar? Hombres y mujeres entre los 30s y los 40s que trabajan y por eso no atendieron, por un lado, o que le tienen mucha desconfianza a los medios tradicionales que financiaron la encuesta, por el otro. Es en estos sectores donde están principalmente los votantes tanto de Paloma como de Abelardo, luego están subrepresentados.

¿Cómo quedó le representación demográfica en esta encuesta? Mayores de 55, 26.3 % de la muestra; el estrato 1 y el 2, 51,4%; población rural, 22%, y amas de casa, retirados o desempleados el 30 por ciento. Esta muestra es del 28 por ciento que abrió la puerta y contestó. El otro 72 por ciento no existe, es invisible para el encuestador; es más, hay mucha más visibilidad de quienes viven en zonas de conflicto, pues la ley obligó a los encuestadores a buscar encuestados allá, en Saravena, en Arauca, en Cumbal, Nariño; en Puerto Guzmán, Putumayo; en Uribe y Vistahermosa, en el Meta; en Cáceres, en el bajo Cauca antioqueño, y en San Martín de Loba, Bolívar.

Es más, hay ya otros mecanismos de medición que se adaptaron al modelo nuevo de mundo y de cómo medirlo, como PolyMarket, que hoy muestran que tanto Paloma como Abelardo le ganan a Cepeda en segunda vuelta por más de 10 puntos. Ellos, además, hacen un tracking diario que le llega a los empresarios de todo el país, que, obviamente, saben lo que les espera si llega a ganar Cepeda.

Ya vendrán otras encuestas, y tendremos que mirar en ellas igualmente toda esta información, que por ahora deja inmensas dudas de los resultados de esta medición de Invamer Gallup. Lo que sí queda claro es que vamos a necesitar cada voto de Paloma y cada voto de Abelardo para derrotar a Cepeda y a sus jefes de campaña: Petro, el ELN, las FARC, los narcos, y toda la izquierda populista, que, además cuentan con un apoyo extracontinental que busca que Colombia se convierta en una piedra en el zapato aún mayor que la que es hoy para Estados Unidos.

Las cifras de está encuesta, de todas maneras, nos tienen que poner en alerta naranja, roja todavía no, y de nuevo desde este espacio, les pido a Abelardo, a Enrique Gómez, a Paloma, a Juan Carlos Pastrana y a todos los seguidores de cada uno de ellos, que dejen de lado la mezquindad y que más bien hagamos frente común para derrotar el cáncer del populismo que Petro y Cepeda representan.

Este lunes un amigo muy uribista, que hoy está con Abelardo, me escribió por mi columna un mensaje decente diciendo: “sumar por sumar no, Francisco”. Le contesté, gracias por el mensaje, ese es el tono que debemos tener, no el de otros, y muchos de ustedes saben quiénes son, que señalan con rabia, que sólo dividen y que se sienten mejor que el otro. Yo no me siento mejor que nadie, pero sí tengo claro que todo está en juego y que el enemigo es Cepeda. Ojalá usted lo sienta también y actúe de manera responsable y correspondiente.

Desde la medianoche de este 1 de mayo entraron en vigencia los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas, una decisión que intensifica la tensión comercial entre ambos países y que impacta directamente el intercambio de mercancías en la región.

La medida aplica a productos que provengan o sean originarios de Colombia, con algunas excepciones específicas, entre ellas importaciones relacionadas con petróleo y generación energética, según lo establecido en una resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, citado por Revista Semana.

La decisión hace parte de una serie de acciones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano desde comienzos de 2026, en medio de un deterioro progresivo de las relaciones con Colombia. Las autoridades de ese país han argumentado que estas medidas responden a preocupaciones sobre seguridad en la frontera común.

En febrero, Ecuador ya había implementado una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, condicionando su permanencia a un mayor compromiso por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Posteriormente, en marzo, ese porcentaje fue elevado al 50 %, hasta llegar ahora al 100 %.

La decisión ha generado reacciones en distintos sectores económicos. Empresarios, exportadores y trabajadores de zonas fronterizas han manifestado su preocupación por el impacto que estas tarifas pueden tener sobre la actividad comercial y el empleo, al considerar que encarecen significativamente los productos.

También han hecho un llamado a los gobiernos de ambos países para retomar el diálogo y encontrar soluciones que permitan atender los temas de seguridad sin afectar de manera directa el comercio bilateral. Según han señalado, las medidas actuales ya están generando efectos negativos en la dinámica económica.

Colombia, por su parte, ha respondido con acciones que buscan equilibrar la situación. Entre ellas, se incluye la suspensión de la interconexión eléctrica con Ecuador y restricciones al ingreso de ciertos productos ecuatorianos, como arroz y banano.

Además, se han registrado otros ajustes en las condiciones comerciales. Ecuador incrementó el costo del transporte de petróleo colombiano a través de uno de sus oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril, lo que añade presión a las relaciones económicas entre ambos países.

La escalada de medidas ha estado acompañada de declaraciones cruzadas entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que ha contribuido a profundizar el distanciamiento diplomático. Esta situación ha llevado incluso a llamados a consultas de embajadores.

El conflicto también se ha visto influenciado por episodios relacionados con la seguridad en la frontera. A inicios de marzo, fuerzas ecuatorianas realizaron operaciones militares en esa zona, en medio de la presencia de grupos armados ilegales.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió cuando un artefacto explosivo terminó en territorio colombiano tras una operación en la frontera. El hecho fue posteriormente aclarado al determinarse que no detonó y que su presencia obedeció a circunstancias del operativo.

A esto se suman diferencias políticas entre ambos gobiernos. Declaraciones sobre situaciones internas y señalamientos relacionados con actores criminales han incrementado la tensión, dificultando la construcción de consensos.

El más reciente episodio se produjo tras acusaciones sobre una supuesta incursión de grupos armados en territorio ecuatoriano, lo que generó una nueva respuesta del Gobierno colombiano y propuestas de diálogo para abordar la situación.

El endurecimiento de las medidas comerciales refleja un momento crítico en la relación bilateral, con efectos que se extienden más allá del comercio y que podrían tener implicaciones en la estabilidad regional si no se logra un acercamiento entre las partes.

Una mujer colombiana denunció haber sido víctima de un procedimiento estético irregular que le dejó graves secuelas físicas, luego de que le inyectaran una sustancia distinta a la que le habían prometido durante una intervención en sus labios. Revista Semana

El caso se remonta a cuando tenía 17 años, momento en el que buscaba un aumento con ácido hialurónico, pero terminó enfrentando complicaciones inmediatas como dolor intenso e inflamación persistente tras la aplicación del producto. Revista Semana

Años después, estudios médicos confirmaron que la sustancia aplicada no era hialurónico, sino silicona mezclada con aceite industrial, lo que obligó a la afectada a someterse a múltiples cirugías reconstructivas. Revista Semana

La historia se conoció a través de redes sociales, donde la joven decidió relatar el proceso que ha enfrentado durante más de siete años. Según su testimonio, tras el procedimiento inicial comenzó a presentar síntomas que no coincidían con una intervención estética convencional, lo que la llevó a buscar tratamientos correctivos que no lograron resolver el problema en un primer momento.

En su intento por revertir los efectos, se sometió a varias sesiones de hialuronidasa, un procedimiento utilizado para disolver rellenos dérmicos. Sin embargo, la falta de mejoría generó nuevas sospechas sobre la sustancia aplicada, lo que la llevó a consultar con especialistas en diferentes países antes de obtener un diagnóstico definitivo.

Fue un cirujano maxilofacial quien, tras realizar estudios más detallados, determinó que el material inyectado correspondía a silicona combinada con aceite industrial. Este hallazgo marcó un punto crítico en su proceso médico, ya que este tipo de sustancias no solo están prohibidas para uso estético, sino que además pueden generar complicaciones graves y de difícil manejo.

Como consecuencia de esta situación, la mujer ha tenido que someterse a tres cirugías entre 2021 y 2026, siendo la más reciente una intervención de alta complejidad que se extendió por siete horas. Durante este procedimiento, los especialistas retiraron parte del material infiltrado, que ya había migrado desde los labios hacia otras zonas del rostro como el mentón y los pómulos.

Actualmente, la afectada continúa en proceso de recuperación mediante terapias orientadas a mejorar la movilidad facial y reducir las secuelas funcionales. Además, ha utilizado su experiencia para advertir sobre los riesgos de acudir a personas sin certificación médica y sobre la importancia de verificar tanto la idoneidad del profesional como la procedencia de los productos utilizados en este tipo de procedimientos.

El caso también reabre la discusión sobre el uso de biopolímeros en procedimientos estéticos, una práctica que, pese a estar prohibida en múltiples países desde hace décadas, continúa presentándose de forma clandestina. Estas sustancias pueden generar reacciones adversas, migración del material y daños permanentes en los tejidos, lo que obliga a intervenciones quirúrgicas complejas para su extracción parcial.

Situaciones similares han sido reportadas por figuras públicas que han enfrentado consecuencias médicas tras la aplicación de sustancias no autorizadas. En varios de estos casos, los pacientes han requerido múltiples cirugías reconstructivas, además de tratamientos prolongados para manejar complicaciones como dolor crónico, inflamación persistente y enfermedades asociadas.

Uno de los aspectos más complejos de este tipo de intervenciones es que, en muchos casos, el material no puede ser retirado completamente del organismo, lo que implica un seguimiento médico permanente. Esto no solo representa un impacto físico, sino también emocional y económico para quienes enfrentan este tipo de complicaciones a largo plazo.

La persistencia de estos casos evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre los procedimientos estéticos y de promover una mayor información entre la ciudadanía. Las autoridades y especialistas insisten en que cualquier intervención de este tipo debe realizarse en centros autorizados y con profesionales debidamente certificados, como una medida fundamental para prevenir riesgos.

El testimonio de esta joven se suma a una serie de advertencias sobre prácticas ilegales que continúan afectando a pacientes en distintas regiones del país, dejando en evidencia las consecuencias de acudir a procedimientos aparentemente sencillos que pueden derivar en afectaciones graves para la salud.

El creador de contenido colombiano Carlos Alberto, conocido como El Borrego, realizó una visita inesperada al Zoológico La Aurora, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Guatemala, durante la mañana del jueves 30 de abril.

La presencia del influencer se dio a conocer a través de las plataformas digitales tanto del parque como del propio visitante, donde se difundieron imágenes y videos que muestran su recorrido por distintas áreas y su interacción con los asistentes.

De acuerdo con las publicaciones oficiales, El Borrego compartió con familias y jóvenes que se encontraban en el zoológico, respondió preguntas, posó para fotografías y se sumó de manera activa a las actividades educativas organizadas por el personal del recinto.

El creador documentó espacios de conservación, zonas educativas y senderos, además de presentar datos sobre las especies que habitan en el lugar.

Según lo mostrado en las redes sociales del zoológico, el enfoque de su visita se centró en la difusión de información sobre el trabajo de preservación animal que se desarrolla en el parque, fundado en 1924 y visitado cada año por miles de personas.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de El Borrego en la campaña de educación sobre reptiles, una iniciativa mensual que busca informar al público sobre la diversidad y el cuidado de estas especies.

El influencer se integró como voluntario y colaboró con los cuidadores en tareas de acercamiento con los animales, según se observó en los videos difundidos por el Zoológico La Aurora. La presencia de figuras públicas permite amplificar los mensajes de conservación y llegar a nuevas audiencias”, señaló el equipo educativo del parque en sus publicaciones.

Durante su estancia, El Borrego mantuvo una actitud cercana con los visitantes, quienes lo reconocieron y le solicitaron fotografías. El contenido compartido tanto por el influencer como por el zoológico generó interacción y comentarios entre sus seguidores, interesados en conocer más sobre las especies y los espacios del recinto.

La visita despertó interrogantes sobre el motivo principal del viaje del creador a Guatemala, ya que hasta el momento no existe información oficial respecto a la duración de su estadía ni a un posible itinerario por otras regiones del país.

La aparición de El Borrego en uno de los principales puntos turísticos de la capital guatemalteca ha abierto la posibilidad de futuras actividades públicas y recorridos por otros destinos nacionales, según especulan sus seguidores en redes sociales.

Carlos “El Borrego”: el creador digital que dignifica el trabajo campesino y educa sobre la vida rural en Colombia

El Borrego promueve la vida rural y el trabajo campesino colombiano en redes sociales. Desde 2021, cuando vivía en La Vega, Cundinamarca, decidió enfocarse en contenidos educativos sobre agricultura y cría de animales, alejándose de los formatos tradicionales de entretenimiento. Su objetivo es enseñar a las nuevas generaciones sobre el origen de los alimentos y dignificar la labor en el campo. Además, lanzó su marca de café, La Floresta, para mostrar el proceso detrás de cada taza.

Su trabajo ha sido reconocido por Forbes Colombia como uno de los “Top Creators” más influyentes de la región, destacando su impacto y cercanía con una audiencia joven.

El comercio entre Colombia y Ecuador entra en una nueva fase de tensión. A la espera de su publicación oficial, un decreto del Ministerio de Comercio redefine las reglas para cientos de productos que cruzan la frontera y eleva los aranceles hasta niveles que no se veían en los últimos años.

La medida, que fue anticipada en reuniones del Gobierno, plantea un esquema de tarifas diferenciadas que impacta directamente a 191 bienes importados desde Ecuador. Aunque el universo comercial entre ambos países incluye 758 subpartidas, la decisión se concentra en aquellos sectores donde, según el Ejecutivo, existe capacidad productiva local.

Todavía sin aparecer en el Diario Oficial, el decreto 0455 del 28 de abril de 2026 entraría a regir de inmediato una vez se formalice su publicación. Desde ese momento, comenzaría a aplicarse una estructura de aranceles del 35%, 50% y hasta 75%, dependiendo del tipo de producto.

El argumento central del Gobierno apunta a la protección del aparato productivo nacional. La intención es contener el impacto de lo que consideran un “choque externo”, con referencia a la política comercial ecuatoriana, que actualmente impone una ‘tasa de seguridad’ del 100% a productos colombianos que ingresan a su mercado.

En ese contexto, la ministra Diana Marcela Morales Rojas defendió la decisión y explicó la lógica detrás del decreto. “Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. Esto implica mantener arancel cero para los bienes que son insumos productivos esenciales, que no tienen sustituto inmediato y que son necesarios para los procesos de transformación con valor agregado. Y al tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente”.

La funcionaria agregó que, “esa racionalidad es consistente con la estructura del comercio bilateral y con la necesidad de no trasladar el choque externo a la propia industria colombiana”. En otras palabras, el Gobierno busca equilibrar la balanza sin afectar las cadenas productivas que dependen de insumos importados.

De hecho, uno de los puntos clave del decreto es que no todos los productos estarán sujetos a estos incrementos. Aquellos considerados estratégicos o indispensables para la industria nacional seguirán ingresando sin arancel, con el objetivo de evitar sobrecostos en la producción local. En contraste, los bienes que compiten directamente con la producción colombiana sí enfrentarán las nuevas tarifas. Allí se concentran las mayores tasas, especialmente en productos agrícolas, industriales y manufacturados que ya tienen presencia en el mercado interno.

Entre los artículos que tendrán un arancel del 35% aparecen el fríjol, los plátanos, algunos alimentos para animales, el carbonato de calcio, medicamentos y equipos como congeladores. En el siguiente nivel, con una tasa del 50%, se ubican productos como aceites vegetales procesados, neumáticos, diferentes tipos de papel, sacos plásticos y empaques industriales.

El grupo más impactado será el de los bienes con arancel del 75%. En esta categoría entran productos sensibles como arroz, aceite de palma, azúcar, café y cacao en polvo, además de materiales industriales como acero, aluminio y plásticos. También figuran combustibles, lubricantes y artículos de uso cotidiano como vajillas plásticas y cuadernos. La amplitud de esta lista refleja el alcance de la medida, que no solo toca el sector agrícola, también abarca manufacturas y bienes intermedios clave para distintas industrias.

Pese a su impacto, el Gobierno dejó claro que se trata de una decisión temporal. La vigencia de estos aranceles dependerá directamente de la política que mantenga Ecuador frente a los productos colombianos. Si se modifica la ‘tasa de seguridad’, Colombia podría ajustar o desmontar estas medidas.

Mientras tanto, el decreto abre un nuevo capítulo en la relación comercial entre ambos países, marcada ahora por un enfoque más defensivo. Para los empresarios, el reto será adaptarse a un escenario en el que los costos de importación cambian y las reglas del juego se ajustan en tiempo real.

El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha un nuevo proyecto enfocado en detectar documentos fraudulentos y fortalecer la inteligencia migratoria, en una etapa de creciente movilidad humana en Centroamérica.

La iniciativa, llamada Fortalecimiento Institucional y Operativo en la Dirección de Documentos Fraudulentos e Inteligencia Migratoria, forma parte de la X Comisión Mixta (COMIXTA) entre Honduras y Colombia para el período 2025–2027, un mecanismo bilateral que ha servido como plataforma para el intercambio de conocimientos técnicos en áreas clave del Estado.

Al evento de lanzamiento asistieron representantes de los dos países. Se destacó la presencia de la subsecretaria Evelyn Bautista, la embajadora Dora Lucía González, delegados de Migración Colombia y de APC-Colombia, en el marco de una cooperación que se ha intensificado en seguridad y gestión migratoria.

Según el director del INM, Carlos Cordero, este esfuerzo impulsa la modernización institucional. Expresó que la transferencia de capacidades desde Colombia permitirá elevar los estándares de verificación documental y reducir vulnerabilidades en los puntos de control.

Resguardo regional

El proyecto se vuelve especialmente relevante en el contexto actual de Honduras, país que actúa tanto como origen como de tránsito para miles de migrantes.

En los últimos años, las rutas irregulares han evolucionado e incorporado redes más sofisticadas de tráfico de personas y falsificación de documentos, incrementando la presión sobre las autoridades para modernizar sus sistemas de control.

De acuerdo con reportes regionales de la Organización Internacional para las Migraciones, el uso de identidades alteradas o documentos adulterados es una de las prácticas más recurrentes en los flujos migratorios irregulares, sobre todo en los corredores que vinculan Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

En Honduras, las autoridades han detectado casos de pasaportes manipulados, visas falsificadas y suplantación de identidad, lo que subraya la necesidad de mejorar la tecnología y la capacitación del personal de verificación.

Cooperación técnica

La alianza con Migración Colombia adquiere un peso estratégico, ya que Colombia ha implementado sistemas de análisis documental y protocolos de inteligencia migratoria que han hecho posible detectar redes criminales y optimizar el control fronterizo. Esta experiencia se traslada ahora a la realidad hondureña.

El proyecto prevé jornadas de capacitación dirigidas a personal especializado del INM, con actividades que incluyen intercambio de información, análisis de patrones de fraude y uso de herramientas tecnológicas para la autenticación de documentos.

El componente de inteligencia migratoria busca, además del control inmediato, reforzar las capacidades de anticipación y análisis de riesgos, un enfoque fundamental en la gestión migratoria moderna.

Control fronterizo

El fortalecimiento institucional responde a compromisos internacionales de Honduras en seguridad, movilidad humana y combate al crimen organizado. Actualizar los sistemas migratorios impacta el control fronterizo y la protección de derechos de las personas migrantes, al reducir errores en identificación y en procesos administrativos.

Con esta iniciativa, Honduras se suma a la tendencia regional que prioriza la cooperación técnica para enfrentar desafíos compartidos. En un entorno donde las fronteras se tornan dinámicas, la capacidad para verificar identidades con precisión se posiciona como elemento central en la seguridad y la gobernanza.

El uso del letrero “NO PDA” en vehículos se ha vuelto cada vez más común en Colombia, en medio de problemas relacionados con la actualización de información en sistemas de control de tránsito.

Este adhesivo busca advertir a las autoridades sobre posibles inconsistencias en los registros digitales, especialmente en casos donde un vehículo ya resolvió situaciones legales, pero sigue apareciendo con reportes activos.

De acuerdo con información citada por La Kalle, la sigla PDA hace referencia al dispositivo móvil que utilizan los agentes de tránsito y la Policía para consultar antecedentes vehiculares en tiempo real.

Cuando un carro porta este letrero, el mensaje implícito es que el sistema puede estar desactualizado, por lo que se solicita al agente verificar documentos físicos antes de tomar decisiones.

Este fenómeno surge como respuesta a un desfase entre decisiones judiciales y la actualización en bases de datos oficiales como el RUNT, la Dijín o la Sijín.

En algunos casos, un juez puede levantar medidas como embargos o reportes en cuestión de días, pero la información tarda meses en reflejarse en los sistemas digitales.

Esa diferencia de tiempos ha generado situaciones en las que conductores son detenidos o sus vehículos inmovilizados por reportes que ya no deberían estar vigentes.

Ante este escenario, el letrero “NO PDA” se ha convertido en una especie de advertencia preventiva, utilizada por algunos conductores para evitar inconvenientes en carretera.

Sin embargo, su uso no tiene respaldo jurídico dentro de la normativa vigente.

Desde el punto de vista del Código Nacional de Tránsito, no existe una prohibición expresa para portar este tipo de adhesivos, siempre que no afecten la visibilidad del conductor.

Aun así, las autoridades han sido claras en señalar que el letrero no tiene ningún efecto legal frente a los procedimientos de control.

Un agente de tránsito está obligado a verificar cualquier alerta que aparezca en su sistema, independientemente de mensajes visibles en el vehículo.

En la práctica, esto genera un efecto contrario al esperado por algunos conductores.

Para muchos uniformados, el letrero puede convertirse en una señal de alerta que motiva revisiones más detalladas, en lugar de evitar controles.

Esto significa que, lejos de ofrecer protección, el adhesivo puede incrementar la probabilidad de inspecciones.

El problema de fondo sigue siendo la falta de sincronización entre decisiones judiciales y registros digitales, lo que mantiene activos reportes que ya fueron resueltos.

Esta situación afecta tanto a conductores particulares como a compradores de vehículos usados, quienes pueden enfrentar inconvenientes por antecedentes que no corresponden a la realidad actual del automotor.

Frente a estos casos, la recomendación principal no es el uso del adhesivo, sino contar con la documentación que respalde la situación legal del vehículo.

Esto incluye oficios de levantamiento de medidas cautelares o actas de entrega emitidas por autoridades competentes.

Estos documentos tienen validez legal y permiten aclarar cualquier inconsistencia en el momento de un control, a diferencia del letrero, que no tiene reconocimiento normativo.

El uso del “NO PDA” también ha generado dudas entre quienes están interesados en adquirir vehículos que lo portan.

En estos casos, el adhesivo puede ser una señal de que el vehículo tuvo algún tipo de proceso judicial previo, lo que hace necesario revisar su historial antes de concretar una compra.

Esto implica verificar registros oficiales y asegurarse de que no existan pendientes legales o administrativos.

El fenómeno refleja una tensión entre la rapidez de las decisiones judiciales y la lentitud en la actualización de sistemas oficiales, lo que abre espacio a soluciones informales como este tipo de mensajes.

Mientras no se resuelva ese desfase, es probable que el uso del letrero continúe extendiéndose entre conductores que buscan evitar problemas.

La discusión sobre su utilidad sigue abierta, especialmente porque no ofrece garantías frente a los procedimientos oficiales, pero sí evidencia fallas en la gestión de la información vehicular.

Es por eso que el adhesivo se mantiene como una señal visible de un problema estructural más amplio dentro del sistema de control de tránsito.

Luego de que en Colombia se anunció el inicio de la práctica de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, se ha generado un debate sobre las opciones que habría para salvar la vida de la especia invasora que fue traída al país por Pablo Escobar.

Una de las que ha tomado más popularidad fue la realizada por el empresario indio Anant Ambani, que propuso trasladar los 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat, India.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente ha ratificado la decisión de sacrificar parte de la población para controlar su crecimiento, ante la dificultad y los altos costos de otras opciones como la reubicación o la esterilización.

¿Es posible traslada 80 hipopótamos a la India?

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jorge Torres, explicó que la translocación de hipopótamos desde Colombia hacia la India es posible, aunque requiere superar exigencias legales y logísticas complejas.

El especialista subrayó que los hipopótamos, clasificados en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), no están considerados en peligro de extinción inminente, pero su traslado internacional obliga a cumplir con estrictos protocolos de exportación y aceptación por parte del país receptor.

“La especie de hipopótamo anfibio está en el Apéndice II del Cites, lo que implica que, si bien no se considera en peligro crítico de extinción, el país exportador debe solicitar la autorización correspondiente y el país receptor debe aceptar formalmente la llegada de estos individuos”, mencionó el docente, que advirtió que los permisos para importar especies exóticas en la India son particularmente rigurosos, ya que se trata de una especie exótica invasora en ese territorio.

Respecto a la población de hipopótamos en Colombia, el experto recordó que inicialmente eran cuatro individuos y ahora hay cerca de 200, lo que ha generado una alta tasa de endogamia, lo que provoca que las enfermedades genéticas se manifiesten y muchos ejemplares ya presenten algún tipo de malformación.

“La exportación de estos individuos a la India no supondría un riesgo para otras especies, ya que el hipopótamo no es nativo de ese país”, aunque insistió en que los trámites regulatorios y los desafíos logísticos siguen sin resolverse.

En el plano operativo, Torres describió que capturar y trasladar entre 60 y 80 hipopótamos implica riesgos y costos elevados, tanto para Colombia como para la persona o empresa que asuma la operación. “El proceso exige reunir a todos los individuos, lo que no es sencillo porque no están confinados, sino dispersos en una cuenca. Los animales deben viajar en avión y es necesario mantenerlos tranquilos durante el trayecto, lo que representa un reto técnico relevante”.

El docente resaltó que el transporte aéreo de hipopótamos requiere decidir cuántos pueden ir por vuelo, teniendo en cuenta que son animales territoriales y pueden generar conflictos si se trasladan juntos. También mencionó que la captura y localización de los ejemplares resulta especialmente difícil, ya que no se encuentran en espacios cerrados.

Torres precisó que, si el empresario indio asume todos los costos y obtiene los permisos necesarios, el proceso sería más viable desde el punto de vista económico; sin embargo, recordó que no hay un comunicado oficial del Gobierno de la India sobre la recepción de los ejemplares, sino únicamente una propuesta de un empresario.

El especialista recordó que “el traslado de hipopótamos forma parte de un paquete de medidas implementadas por las autoridades colombianas” y que las estrategias de translocación ya se han intentado anteriormente. “La pregunta sigue siendo cuándo se concretará el traslado y si el país receptor aceptará formalmente a los animales, o si debemos seguir esperando mientras ellos siguen multiplicándose”, concluyó.

La denuncia sobre el uso de territorios intervenidos en el pasado por las autoridades colombianas para la práctica de la minería ilegal por parte de grupos criminales fue ampliada por The New York Times.

El medio citado reveló detalles de cómo el oro extraído de las minas colombianas termina siendo adquirido y utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de regulaciones que lo prohíben.

Según la investigación, parte de este oro procede de minas en la región de Caucasia, Antioquia, donde el Clan del Golfo controla la extracción y cobra cuotas a los mineros informales. El informe documenta que la extracción no solo viola normas ambientales y laborales, sino que también financia actividades criminales.

De acuerdo con The New York Times, la cadena de suministro inicia en minas como La Mandinga, donde el cartel exige pagos mensuales a los equipos de mineros y supervisa la actividad ilegal.

El oro extraído se vende en tiendas locales, muchas de las cuales funcionan en municipios fuertemente marcados por la fiebre del oro. Los comerciantes locales, conscientes del origen del mineral, lo venden a empresas exportadoras, algunas de propiedad estatal, que según el informe mezclan el oro con suministros legales y lo funden en lingotes.

Los registros de exportación muestran que lingotes por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año.

La investigación señala que, una vez en territorio estadounidense, el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro proveniente de otros países sudamericanos.

Esta mezcla permite que el oro pierda su trazabilidad y sea considerado “estadounidense” a efectos legales y comerciales. El director ejecutivo de Dillon Gage, citado en el informe, reconoció que, una vez mezclado en sus instalaciones, el oro se considera originado en Estados Unidos, aunque sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes.

El informe expone que dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, también provee oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y se refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de acuñar monedas de inversión con símbolos nacionales y garantía de procedencia, asegura en sus comunicaciones que el oro utilizado es “principalmente” de origen estadounidense, aunque el informe señala que esto no siempre es así.

Con documentos y entrevistas de The New York Times se reveló que la institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.

El informe destaca que, a pesar de la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado, incluso después de advertencias internas y bajo diferentes gobiernos.

La investigación describe el proceso mediante el cual el oro ilegal se legaliza y adquiere estatus estadounidense: tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle o la Dama de la Libertad.

El informe indica que los altos precios internacionales del oro, que rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.

El médico estético colombiano Samuel David Restrepo ha emergido como un referente nacional en innovación dentro del sector de la medicina estética, impulsando procedimientos pioneros que redefinen la escultura corporal sin recurrir a la cirugía.

Desde la dirección de Imagen Perfecta Medicina Antienvejecimiento y como cofundador de diversas iniciativas clínicas, Restrepo ha consolidado un modelo de atención que integra ciencia, tecnología, bienestar y una visión empresarial orientada a la expansión sostenible.

De acuerdo con la información recopilada, Samuel David Restrepo se distingue por su capacidad estratégica para escalar modelos de negocio en el ámbito de la estética, liderando proyectos enfocados en experiencia premium y posicionamiento de marca. Entre sus principales aportes destaca el desarrollo de una técnica propia para el moldeo y escultura corporal a través de hilos de sustentación, un procedimiento mínimamente invasivo que evita la cirugía y responde a la creciente demanda de tratamientos efectivos con tiempos de recuperación cortos.

La metodología implementada por Restrepo prioriza la armonía anatómica, la seguridad del paciente y la naturalidad de los resultados. Bajo su enfoque, la precisión técnica y la búsqueda de resultados naturales constituyen pilares esenciales, alineados con la tendencia internacional de procedimientos estéticos menos invasivos y de alto impacto. Su práctica clínica, respaldada por certificaciones avanzadas, ha ganado reconocimiento entre profesionales del sector y usuarios que buscan soluciones seguras y personalizadas.

Según la información contenida en los documentos analizados, Restrepo ha liderado la estructuración de servicios diferenciados y el crecimiento de proyectos como Le Spa Noir, consolidando su integración de lujo, bienestar y medicina estética avanzada. Estas iniciativas han permitido expandir su modelo de negocio y posicionar sus clínicas como referentes en la oferta de tratamientos estéticos premium en Colombia.

El impacto de la propuesta de Restrepo trasciende el consultorio, con una visión que proyecta la construcción de un movimiento global enfocado en la salud integral. El médico colombiano integra la medicina regenerativa y el wellness como ejes fundamentales de su trabajo, desarrollando protocolos que combinan bioestimulación, terapias regenerativas y estrategias de salud integral.

Esta perspectiva busca optimizar la calidad de vida y prolongar la funcionalidad biológica, ofreciendo acceso a tratamientos de alta calidad para poblaciones vulnerables y promoviendo la responsabilidad social dentro del ejercicio profesional.

Egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Restrepo representa una nueva generación de médicos estéticos que han decidido redefinir los límites de la medicina tradicional, integrando innovación y visión empresarial en un modelo de alto impacto.

La construcción de su marca personal no solo responde a la ampliación de su presencia en el sector, sino también a la consolidación de un modelo técnico diferenciado, en constante evolución y adaptado a las exigencias de una industria dinámica.

El reconocimiento a la labor de Samuel David Restrepo se sustenta en su enfoque hacia la precisión técnica, la seguridad del paciente y la creación de procedimientos propios que atienden las necesidades de una clientela diversa. Dentro de sus aportes tecnológicos y metodológicos, los hilos de sustentación para la escultura corporal se han posicionado como una alternativa innovadora, permitiendo redefinir la silueta corporal sin incisiones ni largos periodos de recuperación. Este avance ha tenido un impacto significativo en los estándares de atención y resultados en el país.

Además de los procedimientos específicos, la visión de Restrepo abarca la integración de la medicina estética con tendencias internacionales en salud y bienestar. Su trabajo apunta a fortalecer la conexión entre la estética y la salud integral, alineando su ejercicio profesional con un propósito social claro: facilitar el acceso a tratamientos de alta calidad, impulsar la innovación y marcar una ruta distinta dentro de una industria en constante transformación.

La proyección internacional de Samuel David Restrepo continúa en desarrollo, con un modelo de medicina estética que combina técnica, innovación y propósito, orientado a ofrecer soluciones seguras y efectivas. Su trayectoria evidencia la consolidación de una práctica clínica que prioriza la excelencia, responde a las demandas del mercado y contribuye a la evolución del sector en Colombia y más allá.

El certamen, que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, se desarrolla en territorio colombiano entre el 25 de abril y el 3 de mayo de 2026, con la participación de 12 equipos de distintos continentes. Es la segunda edición de este campeonato Sub-23, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), y representa un hito para el país, que además actúa como anfitrión por primera vez de un torneo mundial de esta disciplina.

El inicio del torneo para Colombia

Sin embargo, la condición de local no ha sido suficiente para garantizar la regularidad del equipo colombiano. En su más reciente presentación frente a una selección de Oceanía, Colombia no logró imponer su juego y terminó cediendo terreno en un partido que resultó determinante en la clasificación del grupo. El resultado obliga ahora al conjunto nacional a no fallar en sus próximos compromisos si quiere avanzar a la siguiente fase del campeonato.

La derrota se suma a un inicio de torneo irregular, que ha mostrado momentos de buen rendimiento ofensivo, también desconexiones defensivas y dificultades en el pitcheo en partidos clave. Esta combinación de factores ha impedido que el equipo consolide una racha positiva en la fase de grupos.

El sistema de competencia del Mundial Sub-23 es exigente. En la ronda inicial, los equipos se dividen en dos grupos y disputan todos contra todos dentro de su zona. Los mejores avanzan a la Súper Ronda, mientras que los demás quedan relegados a instancias de clasificación secundaria. Este formato no permite errores acumulados, ya que cada derrota puede marcar la diferencia entre seguir en carrera por el título o quedarse sin opciones tempranamente.

La posibilidad que tiene Colombia de clasificar

En ese contexto, la caída ante los oceánicos adquiere un peso mayor. Colombia no solo perdió un juego, sino que cedió terreno en la tabla de posiciones, lo que la obliga a ganar prácticamente todo lo que resta en la fase inicial y a depender de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones.

A pesar del golpe, el equipo aún conserva posibilidades matemáticas. La clave estará en su capacidad de recomponerse mentalmente y ajustar detalles técnicos en un torneo que ha mostrado un alto nivel competitivo desde la jornada inaugural. Selecciones como Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda han demostrado solidez, mientras que los equipos latinoamericanos han tenido actuaciones irregulares pero competitivas.

Colombia, por su parte, ha mostrado destellos de buen nivel ofensivo, especialmente en partidos donde ha logrado conectar con facilidad ante lanzadores menos dominantes. Sin embargo, la falta de consistencia en defensa y la presión en momentos decisivos han sido factores determinantes en sus derrotas.

El cuerpo técnico ha insistido en la necesidad de mantener la concentración durante todo el partido y minimizar los errores no forzados, un aspecto que ha costado carreras importantes en contra del equipo. También se espera que el bateo oportuno sea un factor diferencial en los próximos encuentros, donde ya no hay margen para fallos.

Más allá del resultado inmediato, la participación de Colombia en este Mundial Sub-23 representa un proceso de crecimiento para una disciplina que ha venido ganando espacio en el país. La experiencia internacional, el roce competitivo y la exposición ante rivales de alto nivel son elementos clave para el desarrollo de los jóvenes jugadores.

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia confirmó que ha sido elevada la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, a 7.837 casos tras ampliar el periodo de análisis de los hechos entre 1990 y 2016, se han registrado múltiples reacciones en el país.

Antes del anuncio del 28 de abril, la cifra reconocida era de 6.402 víctimas, basada en datos de 2002 a 2008. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el aumento se debe al cruce de nuevas bases de datos, como las de la Procuraduría, y a la inclusión de cerca de 1.000 informes adicionales de víctimas que no fueron considerados en la versión inicial.

La JEP aclaró que las cifras son provisionales y podrían incrementarse a medida que las investigaciones avanzan y se reciben más confesiones de máximos responsables en audiencias territoriales.

Por su parte, el magistrado Pedro Díaz precisó que el informe abarca homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por la fuerza pública, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate. Solo en Antioquia, se registran 1.932 casos.

En diálogo con Infobae Colombia, Milton Perdomo, docente de derecho de la Universidad Politécnico Grancolombiano, se refirió al aumento en la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la importancia de los avances en el esclarecimiento judicial de estos y otros hechos registrados durante el conflicto interno en Colombia.

El experto indicó que el incremento de la cifra no solo amplía el marco temporal de análisis, sino que también refleja el progreso en los procesos de búsqueda de la verdad por parte de la JEP.

“Esto nos da cuenta de que efectivamente la jurisdicción está sirviendo y está sirviendo no solamente como verdad histórica, sino como verdad judicial. Este tipo de informes han avanzado en los procesos de verdad judicial, aunque con muchos problemas por temas de financiamiento, por temas políticos de rechazo a la conformación de este tipo de justicia”.

Perdomo manifestó que el informe revela una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales que no se restringe al periodo 2002-2008, como inicialmente se consideró, lo que expondría a gobiernos anteriores por estas mismas prácticas, descartando, de cierta forma, que se trató de una estrategia de un mandato en específico.

“Se está diciendo que efectivamente hay una práctica sistemática que no se ampara exclusivamente en el año 2002-2008, como inicialmente se planteaba con los mal llamados falsos positivos, sino que la investigación da cuenta de que la práctica de desaparición y de ejecución extrajudicial de civiles, haciéndolos pasar como resultados de operaciones militares, ya venía dándose en Colombia. Basta ver los casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, allí también ya se demostró que desde 1990 había participación de la Policía Nacional en operativos que terminaron en ese tipo de evidencia de civiles pasados como insurgentes dados de baja en combate”.

El docente resaltó que la labor de la JEP contribuye a reforzar la legitimidad de la justicia transicional en el país; sin embargo, reconoció que la jurisdicción enfrenta limitaciones por factores como los plazos, la disponibilidad de información y la complejidad del cruce de datos.

“Se fortalece efectivamente la legitimidad de la Justicia Especial para la Paz, porque primero está creando criterios de verdad judicial, es decir, está hallando pruebas de que existieron este tipo de prácticas y que se dan en el marco de y en el desarrollo de un proceso judicial. Es un avance significativo”, declaró Perdomo.

En su análisis, Perdomo subrayó que la continuidad de la JEP resulta fundamental para el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, sin importar el resultado de las próximas elecciones.

“El gobierno que venga tiene que estar comprometido a continuar con este ejercicio de la jurisdicción. Esta justicia transicional ha mostrado resultados verdaderos en tiempos más o menos más rápidos en comparación con su homóloga, que es la Jurisdicción de Transicional de Justicia y Paz”.

Por último, el docente enfatizó que estos escenarios son necesarios para que la sociedad civil pueda recordar los hechos y evitar que se repitan. “Es el escenario donde las víctimas están encontrando verdad, esos son los escenarios donde las víctimas están encontrando justicia y, sobre todo, son los escenarios que la sociedad civil necesita para recordar estos nefastos hechos, pero además para que con esta recordación se evite volver a incurrir en ellos”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaron este martes una orden de aprehensión por tentativa de homicidio contra Alfonso “N”, identificado como presunto autor intelectual del ataque contra el abogado Carlos Efrén Leyva, que ocurrió el 13 de junio de 2025 en un restaurante de la colonia Roma Norte, en la Cuauhtémoc.

El arresto se produjo después de que la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo ubicara y detuviera en el Aeropuerto Internacional de la región. Posteriormente, lo trasladaron a Quito para iniciar los trámites de extradición con el apoyo de la INTERPOL.

No fue hasta este 28 de abril que agentes estadounidenses, junto a la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía General de la República, recibieron al detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le notificó la orden de aprehensión y le informó sus derechos.

El traslado de Alfonso “N” culminó con su ingreso a un centro penitenciario al norte de la capital mexicana, y a disposición de la autoridad que lo requiere para enfrentar el proceso por tentativa de homicidio.

Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida en las indagatorias, se supo que el detenido de 43 años de edad, está identificado como autor intelectual del intento de homicidio contra el abogado Carlos Efrén Leyva, quien giró las órdenes a la mujer Frida “N” que citó a la víctima en el restaurante la noche del atentado.

La conexión de los implicados y la estrategia delictiva

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió el 13 de junio de 2025, cuando la víctima fue citada por Frida “N” en el restaurante “Pargot”, ubicado en la calle Córdoba, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Datos recabados por Infobae señalan que la implicada acompañó a la victima en el establecimiento bajo el engaño de ser una clienta interesada en sus servicios. Con el tiempo, las autoridades determinaron que ella fue quien planeó la cita y proporcionó la ubicación precisa para que Luis Antonio “N”, identificado como ejecutor y cómplice, pudiera llevar a cabo el ataque.

A raíz de los hechos, los implicados fueron detenidos el pasado mes de marzo, quienes fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del juez de control que solicitó su comparecencia para iniciar el proceso penal correspondiente.

Un mes después, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la nueva detención contra Alfonso “N” como resultado de labores de inteligencia, investigación y cooperación internacional. Con ello, señaló que se mantienen los esfuerzos para desarticular células delictivas y garantizar la seguridad en la ciudad.

Hasta el momento, los principales implicados han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El proceso judicial continuará en México, donde se definirá la situación legal de Alfonso “N”.

La orden de aprehensión corresponde al delito de tentativa de homicidio calificado. El acusado deberá enfrentar el proceso ante la justicia mexicana en las próximas semanas.

En tanto, las investigaciones sobre el ataque al abogado Carlos Efrén Leyva continúan abiertas, según informan las autoridades, por lo que se espera que el proceso permita esclarecer los detalles y motivaciones detrás de la agresión.

La carrera por modernizar las fuerzas aéreas sudamericanas ha tomado rumbos distintos en los últimos años. Mientras Brasil y Colombia optaron por el caza sueco Saab JAS 39 Gripen E/F, Perú confirmó la adquisición de 24 unidades del Lockheed Martin F-16 Block 70, una de las versiones más modernas del histórico F-16 estadounidense.

Las tres decisiones responden a necesidades similares: reemplazar flotas envejecidas, elevar capacidades de defensa y asegurar operación por varias décadas. Sin embargo, cada país eligió modelos distintos, con costos, alianzas industriales y enfoques estratégicos propios.

Brasil: Gripen parcialmente fabricados en casa

Brasil fue el primero en apostar por el Gripen para reemplazar a sus veteranos aviones Northrop F-5M Tiger II y AMX de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). En 2014 firmó un contrato con Saab para 36 aeronaves nuevas: 28 Gripen E monoplaza y 8 Gripen F biplaza, por un valor de 39.3 mil millones de coronas suecas (aproximadamente USD 4,5 mil millones al tipo de cambio de la época). El acuerdo incluyó soporte logístico, entrenamiento, armamento y un amplio programa de transferencia tecnológica.

Las primeras entregas comenzaron en 2020. En marzo de 2026 fue presentado el primer Gripen E ensamblado en territorio brasileño, en la planta de Embraer en Gavião Peixoto. Hasta el 2026, Brasil ya cuenta con 11 aeronaves supersónicas y espera completar la flota en el 2032.

Capacidades del Gripen E/F

El Gripen E/F es un caza supersónico multipropósito de nueva generación capaz de alcanzar velocidades cercanas a Mach 2, diseñado para operar con radar AESA, sistemas avanzados de guerra electrónica y enlace de datos en tiempo real. Destaca por su alta maniobrabilidad y su capacidad de operar desde pistas cortas, incluso en condiciones exigentes. Su configuración multirrol le permite cumplir misiones de intercepción, ataque aire-tierra y reconocimiento.

En el plano estratégico, el modelo favorece la reducción de costos y el fortalecimiento de la autonomía industrial en defensa. Brasil fue el primer país fuera de Suecia en fabricar localmente el Gripen, estableciendo así una alianza de largo plazo con Saab para la producción y transferencia tecnológica de la aeronave.

Colombia: optó por los Gripen para buscar alianza con Brasil

Colombia eligió también el Gripen para reemplazar a sus aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tras evaluar ofertas de Francia y Estados Unidos. En noviembre de 2025, la sueca Saab confirmó la firma por 17 aeronaves nuevas: 15 Gripen E y 2 Gripen F. El contrato fue valorizado en 3.100 millones de euros (aproximadamente USD 3.350 millones).

Las entregas fueron programadas entre 2028 y 2032. Además del material aéreo, el paquete incluye armas, entrenamiento, servicios y acuerdos de compensación industrial en áreas como aeronáutica, ciberseguridad, energía y agua. A diferencia de Brasil, Colombia no contará con producción local del avión.

El presidente Gustavo Petro afirmó abiertamente la posibilidad de cooperación con Brasil, aprovechando que ambos operarán el mismo modelo. “Compré nuevos Gripen porque también los tiene Brasil y quiero una alianza estratégica con Brasil. Tenemos problemas comunes: mafia y selva que quema. Tenemos que cuidar los ríos y la selva”, mencionó el mandatario colombiano.

Perú: F-16 nuevos

Perú tomó otro camino y en abril de 2026 oficializó la adquisición de 24 F-16 Block 70 completamente nuevos a Lockheed Martin, en una operación valorada en aproximadamente USD 3.500 millones, según cifras difundidas durante el debate político local. La compra contempla no solo las aeronaves, sino también armamento, soporte logístico, entrenamiento de pilotos y técnicos, y la posible incorporación de un avión tanquero KC-135 para reabastecimiento en vuelo.

La adquisición de Perú generó una fuerte controversia interna luego de que el presidente transitorio José María Balcázar intentara frenar la compra de los aviones F-16, en medio de críticas provenientes de la izquierda progresista. Aunque expresó su intención de no continuar con la operación, el contrato terminó siendo firmado por sus propios ministros, pese a su posición inicial.

Posteriormente, Balcázar intentó detener el desembolso del dinero correspondiente al primer pago, en un nuevo intento de frenar una decisión ya encaminada, pero esta medida también fue desestimada. Sin embargo, ese mismo día el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ya había autorizado la firma del contrato, situación de la que el presidente estaba al tanto, aunque continuó afirmando públicamente que la operación se encontraba suspendida.

Finalmente, la operación fue respaldada por sectores militares, empresariales y parte del Congreso, que la consideraron estratégica para la seguridad nacional. En ese contexto, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el canciller Hugo de Zela avanzaron con la suscripción del acuerdo, asegurando la continuidad del proceso y evitando su paralización.

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, quien participó activamente en la negociación del acuerdo antes de su pase al retiro, defendió públicamente la compra ante las críticas de sectores de la izquierda peruana. Chávez Cateriano precisó que se trata de aviones nuevos y rechazó de manera tajante la posibilidad de recibir unidades de segunda mano, calificando esa alternativa como “inaceptable”.

También respondió a las comparaciones con Chile, donde se indicó que ese país opera cerca de 40 F-16 y ha evaluado incluso aviones más avanzados como los F-35, mientras que algunos especialistas sugerían que el Perú debió optar por cazas Gripen. Frente a ello, Chávez Cateriano explicó que en el caso chileno los aviones fueron incorporados en distintas etapas y varios llegaron como aeronaves de segunda mano, mientras que el Perú está adquiriendo unidades totalmente nuevas de fábrica, con tecnología actual desde su entrega.

“Los F-16 de nuestro vecino ya tienen 20 años de servicio y de los casi cuarenta que tienen, solamente diez fueron comprados nuevos. Todos los demás fueron comprados de segunda a otro país europeo. Nosotros estamos comprando aviones nuevos con lo último de la tecnología. De hecho, le comento que el F-16 bloque setenta en Estados Unidos le llaman el F-35 low cost porque es más barato, porque usa una célula, es decir, una estructura, de un modelo anterior con tecnología nueva”, señaló.

Capacidades del F-16 Block 70

Se trata de la versión más moderna del caza F-16 y funciona como un avión multirrol capaz de realizar misiones de combate aéreo, ataque terrestre y reconocimiento. Incorpora un radar AESA de última generación que mejora la detección de objetivos y la resistencia a interferencias, además de aviónica digital avanzada con pantallas modernas y enlace de datos en tiempo real para mayor coordinación en combate. Puede transportar distintos tipos de armamento de precisión, operar con reabastecimiento en vuelo para ampliar su alcance y alcanzar velocidades cercanas a Mach 2. Su diseño actualizado extiende su vida útil y su uso global facilita el mantenimiento y la interoperabilidad con otras fuerzas aéreas.

Reacciones de los candidatos presidenciales ante la compra de los F-16

La adquisición de los F-16 por parte de Perú ha generado posiciones encontradas entre los principales candidatos presidenciales. Roberto Sánchez afirmó que la operación evidencia la influencia de Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular en la toma de decisiones del Ejecutivo, asegurando que la presencia de un ministro vinculado a dicha agrupación en el Ministerio de Defensa demuestra que “quien toma las decisiones y conduce el país es la señora Keiko Fujimori”. Por su parte, Jorge Nieto cuestionó la legalidad y legitimidad del proceso, advirtiendo que la firma del contrato sin el respaldo del presidente representa un quiebre en la autoridad presidencial. Nieto advirtió que aceptar este tipo de acciones debilita el sistema democrático y propuso revisar tanto el contrato como el funcionamiento del régimen político para evitar que situaciones similares se repitan.

A nivel región

En el panorama regional de 2026, Perú ocupa el quinto puesto en poderío aéreo en Sudamérica, situándose por detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Aunque la Fuerza Aérea del Perú (FAP) mantiene una flota diversa de aproximadamente 250 unidades entre aviones de transporte, helicópteros y entrenamiento, su capacidad de combate ha enfrentado años de estancamiento debido a la obsolescencia de sus interceptores Mirage 2000 y MiG-29, lo que motivó la actual necesidad de renovación tecnológica.

Para revertir esta situación, el gobierno peruano ha puesto en marcha este año una inversión histórica de 2,000 millones de dólares para la compra de 24 cazas F-16 Block 70 de última generación. Esta adquisición estratégica busca no solo modernizar la defensa nacional, sino también equilibrar la balanza frente a los cazas de alta gama de sus vecinos, asegurando que Perú mantenga su relevancia operativa y técnica en el tablero militar del continente durante las próximas décadas.

En Chile destacan el poderío militar del Perú

En medio del debate regional por la modernización aérea, un especialista de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile señaló que el F-16 Block 70 adquirido por el Perú incorpora capacidades superiores frente a modelos más antiguos actualmente en operación en Sudamérica.

Durante un informe televisivo, el analista explicó que una de las principales fortalezas del avión está en sus sistemas electrónicos. “Particularmente su radar de apertura sintética tiene una capacidad un poco mayor a los que tienen nuestros aviones”, sostuvo, en referencia a los F-16 actualmente operados por Chile.

El reporte periodístico añadió que la variante comprada por Perú sería superior tanto a los F-16 chilenos como a los recientemente incorporados por Argentina, debido a que fue diseñada con estándares más recientes. Entre sus ventajas figura una vida útil estimada de 12.000 horas de vuelo, unas 4.000 horas más que versiones anteriores del mismo modelo.

El especialista también destacó la capacidad del radar digital para mejorar el desempeño en combate. “Se pueden instalar misiles de una mejor característica. Su radar le permite operar y detectar varios blancos”, indicó.

La compra peruana, valorizada en aproximadamente US$ 3.500 millones, incluye no solo las aeronaves, sino también armamento, soporte logístico, entrenamiento y otros componentes asociados al sistema de defensa aérea. Según sus defensores, el objetivo es renovar capacidades estratégicas tras décadas sin incorporar cazas nuevos de esta categoría.

“A ella le ofrecen un trabajo de anfitriona y eso era todo mentira. Fue tratada muy bien durante la primera semana, pero en la segunda semana ya le dijo el trabajo que tenía que hacer y la cantidad de dinero que tenía que reportar”, explicó el general Glenn García, director de la Dirección de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.

Al llegar a Lima, la joven fue recibida con amabilidad, pero en pocos días descubrió que la realidad era completamente distinta. Las promesas se desvanecieron y, bajo engaños, quedó atrapada en una vivienda de San Martín de Porres, donde fue obligada a ejercer la prostitución bajo amenazas constantes.

Control, violencia y amenazas

Durante más de un año, la víctima permaneció bajo el control de Brayan Harlyt Nole Farfán, de 22 años. En su testimonio, la joven describió las estrategias de intimidación de su captor.

“Siempre decía que si yo me trataba de ir, él me dejara a mí ir por las buenas y bajo su consentimiento, que él en la frontera, como tiene muchos contactos, él era capaz de mandarme a pegar las piernas y dejarme inválida, parapléjica”, relató la sobreviviente.

El control abarcaba no solo su vida cotidiana, sino también la de su familia, pues Nole recopilaba información y fotografías de sus allegados en Colombia para reforzar sus amenazas. El sometimiento incluía la exigencia diaria de sumas de dinero.

“De 700 a 1.000 soles. Eso era un día bueno para él, porque el día que yo no llevara eso, de una me comenzaba a tratar mal y con indiferencia, como que si le fastidiara mi presencia”, contó. La víctima debía transferir el dinero directamente a cuentas indicadas por el tratante, quien supervisaba cada movimiento y restringía todas sus libertades.

La rutina del encierro y la ostentación del victimario

La joven relató que trabajaba jornadas continuas, “a veces hasta un mes, veinte días seguidos”, sin descanso. Solo cuando Nole obtenía dinero por otras vías, como la venta de drogas, le permitía descansar brevemente. El control era absoluto: no podía salir, conversar con otras personas ni tomar decisiones sin autorización. Los episodios de violencia física y psicológica eran recurrentes.

Fuera de la casa, Brayan Nole proyectaba una imagen de ostentación a través de las redes sociales, especialmente en TikTok. Publicaba videos en yates, limusinas y centros comerciales, mostrando fajos de billetes y objetos de lujo. Según la joven, en un año llegó a entregarle más de cien mil soles. En la vivienda, la policía halló un altar dedicado a la Santa Muerte, con velas, estatuillas y amuletos, que el propio Nole describió con detalle a los agentes.

El rescate

La decisión de escapar llegó cuando la joven se acercó a una policía que patrullaba la zona y pidió ayuda. “Una policía femenina que hace el servicio básico policial en la calle, se le acerca una ciudadana extranjera joven de 20 años y le dice: ‘Yo quiero salir de este mundo, vengo siendo explotada, necesito ayuda’”, relató el general García.

El aviso permitió a la Dirección de Investigación de Trata de Personas organizar un operativo, identificar la casa de cautiverio y capturar a Nole, quien se encontraba en el lugar.

Durante el operativo, los agentes constataron que el administrador del hotel donde la joven era explotada ya había sido intervenido el año anterior por presuntos vínculos con la organización criminal Guerrilla Pobre. La policía investiga si Nole operaba como brazo logístico de esta red en Independencia.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el acusado, mientras continúan las investigaciones. La víctima, ahora bajo protección, pidió justicia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y el pueblo de Colombia tras el atentado ocurrido el sábado en la carretera Panamericana, a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la dependencia subrayó: “México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población”.

Atentado en Cajibío, Cauca: saldo y contexto

De acuerdo con información de Infobae Colombia, el ataque perpetrado el sábado 25 de abril contra un autobús de servicio público en la vía Panamericana dejó 19 personas muertas y varios heridos. Medicina Legal inició el abordaje de los cuerpos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del atentado.

El incidente ocurrió cuando sujetos armados interceptaron y dispararon contra el vehículo, provocando la muerte de los ocupantes. El hecho generó conmoción en la región y reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional, en especial tras el incremento de hechos violentos en el suroccidente del país.

Reacciones oficiales y contexto regional

La SRE mexicana publicó su pronunciamiento como parte de las muestras de apoyo internacional tras la tragedia en Cajibío. Diversas entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Colombia y organismos de derechos humanos, también han exigido acciones urgentes para frenar la ola de violencia que afecta al departamento de Cauca.

En Colombia, el atentado ha sido atribuido preliminarmente a grupos armados ilegales que operan en la zona, donde persisten conflictos por el control territorial y el narcotráfico. Las autoridades reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la carretera Panamericana y anunciaron investigaciones para dar con los responsables.

El número de víctimas fatales fue confirmado por las autoridades forenses la mañana de este domingo 26 de abril, tras la revisión en el lugar de los hechos.

Por su parte, el Gobierno de Cauca declaró tres días de duelo y luto oficial en conmemoración a las víctimas del atentado, nombrado como terrorista en Cajibío; como parte de esto, se izará la bandera del Departamento del Cauca y del Pabellón Nacional a media asta, así como empresas y escuelas durante el periodo de tiempo especificado.

El gobierno colombiano reiteró su compromiso para brindar atención a los familiares de las víctimas y fortalecer las medidas de seguridad en la región.

El Gobierno de Perú a través de la Cancillería manifestó su más enérgica condena por el atentado terrorista que dejó al menos 14 muertos y 38 heridos en Cajibío, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Además, expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo colombiano.

De acuerdo con reportes recogidos por Reuters, el ataque, atribuido a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afectó a vehículos civiles en la vía Panamericana, una de las principales arterias del país.

Comunicado de Cancillería

Según la Cancillería peruana, el mensaje oficial incluyó votos por la pronta recuperación de los heridos y reafirmó el compromiso de cooperación con Colombia frente a la delincuencia organizada transnacional y cualquier manifestación de violencia en la región. El pronunciamiento surgió horas después del atentado, que generó consternación tanto en la población local como en los gobiernos de América Latina.

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la localidad de Cajibio en el departamento del Cauca en la República de Colombia, y expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano en estos momentos de pesar” aseveró en su comunicado oficial.

Asimismo, precisó que: “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región, y hace llegar sus votos por la pronta recuperación de los heridos y afectados por estos hechos que atentan contra el bienestar y la tranquilidad pública del hermano pueblo de Colombia”.

¿Qué pasó en el municipio de Cajibío en Colombia?

El hecho ocurrió el sábado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, cuando un artefacto explosivo detonó de manera indiscriminada al paso de una caravana de al menos 15 vehículos. Las autoridades señalaron que entre las víctimas fatales se encuentran civiles, incluidos cinco menores de edad, mientras que los lesionados presentan quemaduras y heridas de diversa gravedad. El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, detalló en un primer momento que el ataque había causado siete muertos y 20 heridos, pero posteriormente actualizó la cifra a 14 fallecidos y 38 heridos tras la revisión de los equipos de emergencia.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, se informó a través de la red social X. Horas después, el propio gobernador amplió la cifra. “Lo sucedido es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, agregó en su declaración pública el funcionario.

Octavio Guzmán, gobernador de Cauca, también alertó sobre otros hechos violentos registrados en los municipios de El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad. “Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, enfatizó Guzmán, según recogió Reuters.

De acuerdo con las Fuerzas Militares de Colombia, la acción fue atribuida a estructuras criminales de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, informó en conferencia de prensa que durante las últimas horas se han reportado “una ola de atentados” en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. “Durante estos dos días en el departamento de Cauca y Valle del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que han afectado a nuestra población civil”, afirmó López Barreto, citado por El Tiempo.

El jefe militar explicó que esta serie de ataques estaría relacionada con la presión sostenida que el Gobierno colombiano mantiene sobre estos grupos armados. “Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló López Barreto.

Pronunciamiento de Gustavo Petro

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y solicitó a la comunidad internacional la máxima persecución contra el grupo armado. En su cuenta oficial de X, el mandatario remarcó: “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Petro vinculó a los autores materiales con alias “Iván Mordisco”, líder de una de las principales facciones disidentes de las FARC.

El atentado se produjo pocas horas después de la visita de Petro a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y altos mandos militares para acordar acciones conjuntas contra los grupos criminales en la extensa frontera binacional de más de 2.200 kilómetros.

Las fuerzas armadas de Colombia mantienen operativos de vigilancia y patrullaje aéreo en el área de Cauca para detectar posibles explosivos remanentes y prevenir nuevas amenazas. El Ejército informó que se encuentra en máxima alerta y que permanece en coordinación con las autoridades civiles y organismos de emergencia para atender a los heridos y garantizar la seguridad de la población.

La condena de Perú se suma a la de otros países y organismos internacionales que han rechazado los hechos y expresado su solidaridad con las víctimas. El comunicado oficial del gobierno peruano reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. “El Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso de cooperación con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y contra toda manifestación de violencia en la región”, indicó el mensaje diplomático difundido este sábado.

En la serie Dear Killer Nannies, que revela secretos de la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, se reveló que en los 80 el líder del cartel de Medellín tuvo en sus planes secuestrar a Michael Jackson.

Este tipo de historias han vuelto a ser recordadas tras el estreno de biopic sobre la estrella norteamericana, que es protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que es hijo de Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Martínez.

Este no es lo único que en algún momento unió a la familia Jackson con Colombia, puesto que en 1993 otro de los hermanos del “Rey del pop”, Randall Randy Jackson, fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El cautivero de Randall Jackson en Colombia

Para entender el contexto de la historia hay que recordar que Alejandra Martínez primero tuvo una relación con Randall Randy Jackson, en la que tuvieron dos hijos; años más tarde se comprometió con Jermaine Jackson, con el que tuvo tres hijos, entre ellos el protagonista de la película sobre Michael Jackson.

Precisamente, aunque Michael Jackson nunca visitó Colombia, Randall viajaba constantemente al país debido a que en ese entonces era pareja de Alejandra Martínez.

En abril de 1993, Newsweek reveló que Randall Jackson había sido retenido durante una de sus visitas a Colombia por un grupo guerrillero, lo que fue confirmado por la familia Jackson. De acuerdo con su testimonio, Randy Jackson se movilizaba por una carretera de Saravena (Arauca), cuando se registraron los hechos.

A pesar del pánico que le generó estar frente a un grupo armado, Randall no reveló que era familiar de una de las personas más famosas del mundo; en cambio, afirmó que en Estados Unidos trabajaba como pastor cristiano y que estaba en una comitiva religiosa por América del Sur.

En 2015, Alejandra Martínez, exesposa de Randall, reveló detalles de esta historia a Los Informantes. La colombiana afirmó que el motivo por el que fue liberado es que los guerrilleros no vieron en el hermano menor de Michael Jackson una persona de valor.

Tras el secuestro de ocho horas, Randall Jackson tomó la decisión de no volver a Colombia; de la misma forma, Martínez también tuvo que salir del país junto a sus hijos luego de que recibiera una llamada del embajador en Estados Unidos que le afirmó que habría planes para secuestrarla.

“‘Se tienen que ir a los Estados Unidos ya, están buscando a sus hijos’, nos dieron una hora para hacer maletas y nos sacaron”, declaró en esa ocasión Martínez.

A diferencia de lo que afirma la familia Jackson, en 1993 la prensa colombiana confirmó la presencia del norteamericano en el país, pero sin mencionar el secuestro por parte del ELN.

Los medios aseguraron que el hermano menor del “Rey del pop” solo había sido detenido en una carretera del país por un grupo guerrillero, pero que permaneció unos minutos junto a ellos y que luego de que asegurará que era un pastor cristiano se le permitió continuar con su viaje.

Esta historia fue revivida por la actriz Martha Bolaños, que en sus redes sociales reveló detalles del momento en el que conoció a Michael Jackson, la exparticipante de MasterChef Celebrity afirmó que en los pocos minutos que estuvo con el estadounidense le preguntó por una futura presentación en Colombia.

“Me dijo que no, que nunca vendría a Colombia porque a él le secuestraron a un hermano acá, pero nunca supieron que era su hermano y lo liberaron. Esa historia es real porque años después algo se supo”, fueron las palabras de la actriz colombiana durante el programa culinario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió este sábado un comunicado en el que expresó su firme rechazo a todo acto de violencia tras los atentados ocurridos en Colombia, que han dejado al menos 14 muertos y más de 38 heridos, y manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y las familias de las víctimas. El mensaje del gobierno panameño se conoció luego de uno de los ataques perpetrados con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, una de las principales rutas del sur colombiano, en medio de un aumento de las acciones violentas atribuidas a disidencias armadas.

El comunicado, citado por EFE, reafirmó la confianza de Panamá en que las autoridades podrán esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Remarcó igualmente el firme rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y subrayó la importancia de la cooperación internacional para combatir la violencia y proteger a la población civil.

Panamá reiteró: “la justicia alcanzará a los culpables” e hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos de Colombia para restablecer la seguridad y el orden en las zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El ataque se produjo cuando un artefacto explosivo fue detonado al paso de varios vehículos civiles en la Vía Panamericana, causando la muerte de varias personas y múltiples lesiones a otras. La acción fue ejecutada, según informaron las autoridades, por la columna Jaime Martínez, una de las principales facciones del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. El gobierno colombiano mantiene una recompensa superior a USD 1 millón por información que conduzca a la captura de Vera.

Ataque en la Vía Panamericana: contexto y responsables

La columna Jaime Martínez ya había protagonizado dos ataques previos a batallones militares en la zona, lo que fue interpretado por las autoridades como una muestra de la intensificación de la violencia en el suroeste colombiano. Según reportó EFE, el EMC ha incrementado su actividad en la región, lo que ha generado alarma entre los habitantes y ha obligado a reforzar los dispositivos de seguridad y emergencia.

Respuesta regional y panorama de seguridad

El comunicado panameño fue respaldado por diversos sectores diplomáticos y replicado por medios regionales, reflejando la preocupación compartida por la estabilidad en la frontera sur de Colombia. Panamá reiteró su condena a los atentados y su solidaridad con el gobierno y el pueblo colombiano, insistiendo en la observancia del derecho internacional humanitario y la prioridad de garantizar la vida y los derechos de los civiles.

Las investigaciones sobre el atentado continúan, mientras organismos de socorro y fuerzas de seguridad trabajan en la atención de las víctimas y en el restablecimiento de la movilidad en la Vía Panamericana. El gobierno colombiano reafirmó su compromiso con la persecución de los responsables, mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de los acontecimientos y las respuestas de las autoridades frente a esta nueva oleada de violencia.

En la mañana del 24 de abril de 2026, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali. Los delincuentes utilizaron un bus desde el que intentaron lanzar dos cilindros bomba hacia la Tercera Brigada del Ejército; uno de ellos explotó en el vehículo y el otro cayó dentro del batallón sin detonar.

En este hecho no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, fue el comienzo de una oleada de violencia que en 24 horas ha dejado 11 ataques contra la fuerza pública y la población civil que han sido atribuidos al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Entre los ataques a bases militares, en vías principales y otros hechos que provocaron el traslado del Ministerio de Defensa y la cúpula militar al suroccidente de la nación se destaca la explosión de un carro-bomba frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca.

El vehículo estalló a un costado de la vía junto a la estructura militar, causando únicamente daños materiales, sin reportes de fallecidos ni heridos. Autoridades acordonaron la zona para evitar el paso de civiles y comenzaron las investigaciones.

Por este hecho se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia para recuperar el poder territorial en la región; además, se anunció el incrementó de la recompensa por alias Marlon, cabecilla de las disidencias en la zona por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

La promesa del ministro de Defensa sobre la neutralización de “Marlon” no evitó que el país siguiera siendo víctima de más ataques, puesto que en la mañana del 25 de abril se registró un nuevo atentado contra la ciudadanía, más especificamente en Cajibío, Cauca.

En la vía Panamericana se registró la explosión de una pipeta que fue lanzada a un bus repleto de personas, provocando la muerte de doce de ellas. Los videos difundidos en redes sociales de los vehículos incinerados y las víctimas en la vía han hecho que Colombia vuelva a ser noticia mundial por los atentados que hacen que se recuerden los años más violentos de esta nación.

La oleada de violencia ha puesto en vilo a las autoridades en todos los sentidos, ya que las disidencias han llegado al punto de intentar atacar con explosivos el radar de navegación aérea de Santana, en El Tambo, Cauca, que es clave para las comunicaciones con los aviones que pasan por la región.

La Aeronáutica Civil calificó el hecho como terrorista y reportó afectaciones en las antenas del sistema, aunque la fuerza pública logró neutralizar tres drones acondicionados con explosivos, personal está alerta ante una posible arremetida.

El pronunciamiento de Indepaz tras el atentado terrorista en Cajibío fue tomado como una alerta de que en Colombia hay una crisis de inseguridad, puesto que esta es la cuadragésima séptima masacre en lo que va del 2026.

En vísperas de la primera vuelta electoral, en la que los colombianos escogerán al próximo presidente del país, candidatos y figuras políticas han pedido que el Ministerio de Defensa demuestre que puede dar garantías para que se lleven a cabo los comicios.

De la misma forma, han responsabilizado al presidente Gustavo Petro de darle libertad a los criminales que tienen en vilo la seguridad de la nación. Al respecto, el mandatario realizó una publicación en su cuenta de X en la que lamentó lo registrado en las últimas 24 horas.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito“, escribió el presidente.

Más de cincuenta países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para celebrar la primera conferencia internacional dedicada a diseñar una ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. No se trata de una cumbre bajo el paraguas de las Naciones Unidas, sino de una propuesta inédita, impulsada por Colombia y los Países Bajos.

Santa Marta surge como respuesta a una realidad incómoda. Luego de tres décadas de negociaciones climáticas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países no han logrado acordar la eliminación de los combustibles fósiles, causa principal e indiscutida de la crisis climática. Y esto no es fortuito. Los países que se benefician de la economía fósil han bloqueado sistemáticamente cualquier intento de una salida planificada del petróleo, el gas y el carbón. En este contexto, para Santa Marta se propone algo distinto: un espacio donde los países dispuestos a avanzar puedan coordinar y construir una hoja de ruta conjunta.

El momento no podría ser más urgente. Desde febrero de 2026, la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han provocado el mayor shock petrolero y de gas en medio siglo, calificado por la Agencia Internacional de la Energía como el mayor desafío de seguridad energética en la historia reciente.

Esta crisis confirma lo que la sociedad civil viene señalando desde hace años: la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema climático, es también un riesgo sistémico, una amenaza a la soberanía energética y un factor que agrava vulneraciones a los derechos humanos.

En este contexto, la crisis puede ser el último empujón que necesitan los países para comprender que la verdadera riqueza y seguridad energética está en las fuentes locales, limpias y renovables disponibles en todos los territorios. Hoy contamos con tecnologías accesibles que reemplazan a los fósiles, reduciendo y eventualmente eliminando la dependencia de combustibles importados, incluso existen modelos para que las comunidades puedan producir su propia energía sin depender de sistemas centralizados ni combustibles importados. La soberanía energética ya es una posibilidad concreta.

Pero también surgen nuevos riesgos. Con el suministro del Golfo Pérsico interrumpido, la presión por explotar nuevas reservas se desplaza a Latinoamérica, donde aún existen vastas reservas bajo tierra. Venezuela ha reanudado exportaciones bajo licencia estadounidense y Argentina acelera el desarrollo de Vaca Muerta, megaproyecto de fracking, con fuerte inversión internacional y producción récord. La explotación de estas reservas podrían empujarnos a peligrosos puntos de no retorno climático.

Frente a este escenario, la conferencia de Santa Marta llega en un momento decisivo. Los países participantes tendrán la oportunidad de coordinar estrategias que aborden simultáneamente los desafíos de dependencia económica, oferta energética y diplomacia internacional en torno a los fósiles, con el objetivo de avanzar a una nueva era energética.

Los fundamentos jurídicos para esta transición ya existen. Opiniones consultivas de tribunales internacionales han reafirmado que los Estados tienen obligaciones legales de proteger el clima, incluyendo la regulación de la producción de combustibles fósiles. El Acuerdo de París, resultado de 30 años de negociaciones, ofrece un marco robusto, junto con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que le dan vida, que incorporan compromisos nacionales como metas de reducción de emisiones y principios de transición justa. El desafío ahora es traducir esos compromisos en legislación nacional exigible que pueda ejecutarse.

Sin embargo, legislar no basta si las reglas del sistema económico continúan favoreciendo a la industria fósil. Mecanismos de arbitraje inversores-Estados, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), permiten que empresas demanden a los gobiernos que legislan para proteger el clima, convirtiendo la transición en un riesgo financiero para los propios Estados. Reconocer y abordar este obstáculo estructural en Santa Marta será clave.

La transición, además, debe ser planificada y justa. Esto implica establecer estándares vinculantes de cierre y salida responsable que protejan los territorios intervenidos y a las comunidades locales, evitando que personas y ecosistemas queden abandonados.

También es importante avanzar desde los territorios. Una estrategia concreta es la creación de zonas libres de combustibles fósiles, espacios donde no se permita la extracción, comenzando por los ecosistemas más frágiles y valiosos. Lo que ocurrió con la consulta popular nacional acerca del Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, demostró que la ciudadanía puede decidir democráticamente dejar el petróleo bajo tierra. El reto ahora es escalar esas experiencias y coordinarlas regionalmente.

El encuentro en Santa Marta no resolverá todos los desafíos, pero representa el primer intento serio de construir, fuera de los espacios tradicionales, una hoja de ruta concreta hacia el futuro que necesitamos, sin combustibles fósiles.

Si la conferencia logra articular una coalición de países comprometidos y marcar una dirección clara, habrá marcado un gran avance. Es una oportunidad inédita que no podemos desperdiciar.

* Florencia Ortúzar es Directora del Programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

La Universidad Espíritu Santo (UEES Online) y la Embajada del Ecuador en Colombia anunciaron una convocatoria con más de 2.000 becas para colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia, enfocada en ampliar el acceso a la educación internacional y fortalecer el desarrollo profesional en la región. La iniciativa, enmarcada en el programa “Global Leaders Becas en el Exterior” abre postulaciones hasta el 15 de mayo de 2026 y busca promover la formación en cursos, carreras de grado y maestrías en diversas áreas académicas.

El programa Global Leaders ofrece oportunidades en diferentes niveles de formación, con 2.000 becas completas para cursos de formación continua, 10 becas integrales para maestrías, 200 becas parciales con cobertura superior al 70% y 200 becas parciales cubriendo más del 65% del costo total. Los beneficiarios podrán acceder a una amplia oferta que incluye todas las carreras de grado y programas de maestría impartidos por la universidad ecuatoriana en modalidad virtual.

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar un acceso equitativo a la educación superior de excelencia, favoreciendo el desarrollo académico, profesional y humano de los seleccionados. Se busca fortalecer competencias en innovación, emprendimiento y liderazgo global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno internacional competitivo y dinámico.

La convocatoria está dirigida a ecuatorianos residentes en Colombia y, en algunos casos, al público en general. La Embajada del Ecuador en Colombia respalda el programa como parte de su compromiso con la integración regional y el impulso de oportunidades para jóvenes y profesionales que desean avanzar en sus carreras, sin que la nacionalidad o el lugar de residencia sean un impedimento.

Adriana Revelo, asesora legal internacional de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador y directora del programa Global Leaders, destacó que “este programa refleja el compromiso de la universidad con la educación como motor de desarrollo social. A través del programa Global Leaders buscamos generar oportunidades reales de formación para ecuatorianos y ciudadanos de otros países, impulsando el talento y la proyección profesional en un entorno global”.

La convocatoria establece requisitos para la postulación, que varían según el tipo de beca y el nivel de formación al que se aspira. Los interesados deberán cumplir con los criterios definidos por la universidad y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido. La selección de los beneficiarios se realizará con base en el cumplimiento de los requisitos y el potencial de impacto académico y profesional de cada postulante.

El programa Global Leaders representa una apuesta por una educación superior accesible, flexible y de calidad internacional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de la formación de talento global. Los organizadores reiteraron su compromiso con la inclusión educativa y el desarrollo social, invitando a colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia a postularse y aprovechar esta oportunidad de formación internacional.

Con más de 2.000 becas disponibles, la Universidad Espíritu Santo de Ecuador consolida su presencia en el ámbito educativo latinoamericano y refuerza su misión de generar impacto a través de la educación y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026, y la información detallada sobre la oferta académica y los requisitos de postulación está disponible a través de los canales oficiales de la universidad.

La Procuraduría General de la Nación hizo este 25 de abril un llamado urgente para priorizar la protección de la niñez en Colombia, subrayando en el Día del Niño y la Niña el aumento y gravedad de la violencia contra menores, el reclutamiento de menores y la violencia sexual infantil.

Entre enero y febrero de 2026, la Procuraduría alertó que la Defensoría del Pueblo documentó 15 casos de reclutamiento de menores (73% masculinos, 27% femeninos).

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 62 casos de desvinculación de grupos armados. Además, Medicina Legal realizó alrededor de 1.062 valoraciones médico-legales a menores en ese periodo, de las cuales 2.051 correspondieron a víctimas de violencia sexual infantil, siendo más afectados los niños de 10 a 14 años.

La entidad enfatizó que niñas, niños y adolescentes tienen una especial protección constitucional. Advirtió que la persistencia de estos delitos exige una respuesta coordinada entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, señaló Semana.

Procuraduría insta a fortalecer políticas públicas para la protección de la niñez

La Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades de todos los niveles a implementar políticas públicas efectivas centradas en las necesidades infantiles.

Explicó que el acceso a salud integral, educación con enfoque diferencial, recreación, uso adecuado del tiempo libre y participación activa constituyen herramientas esenciales para el resguardo de la niñez.

El fortalecimiento institucional es indispensable para garantizar una protección eficiente. La Procuraduría advirtió que la respuesta estatal debe ser ajustada a los riesgos actuales e involucrar acciones integrales.

Urgencia ante cifras de violencia y reclutamiento infantil en Colombia

En los dos primeros meses de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 15 casos de reclutamiento de menores por grupos armados, con predominio de víctimas masculinas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar notificó 62 casos de desvinculación de menores de organizaciones armadas en lo que va del año.

La Procuraduría General de la Nación, a partir de cifras de Medicina Legal informó que se practicaron cerca de 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad y que 2.051 casos correspondieron a víctimas de violencia sexual infantil, principalmente entre niños de 10 a 14 años.

Llamado al compromiso estatal y social en la protección infantil

La Procuraduría General de la Nación remarcó que la protección de la niñez es una meta colectiva que involucra a toda la sociedad, no solo a las instituciones públicas.

Solicitó una articulación de esfuerzos sociales y estatales para frenar la violencia y garantizar los derechos de esta población.

Construir un entorno seguro, libre de violencia y con derechos plenos para cada menor constituye hoy una responsabilidad que el Estado y la sociedad deben asumir sin demora.

El aumento de alertas por ‘grooming’ digital alerta a las autoridades en Colombia

Un incremento del 10% en las alertas por delitos de grooming digital contra menores en lo que va de 2026 encendió la alarma de las autoridades en Colombia.

El fenómeno, que implica manipulación y explotación sexual de niños y adolescentes por parte de adultos a través de plataformas digitales, está concentrando su impacto en Bogotá, Medellín y Cali, según el Centro Cibernético de la Dijín de la Policía Nacional.

Esta tendencia ascendente está vinculada a la rápida adaptación de los agresores a nuevos entornos digitales, un hecho que, advierte la Policía, exige la intervención inmediata de familias y cuidadores para frenar el avance de este delito.

En paralelo al incremento en las denuncias, el Centro Cibernético de la Policía Nacional detalló que, solo en 2026, ya se han bloqueado casi 600 páginas web que alojaban contenido de explotación sexual infantil. El coronel Adrián Vega, jefe del Centro, explicó que la facilidad de acceso a plataformas de mensajería y videojuegos expone a los menores a riesgos graves, ya que muchos de ellos interactúan casi exclusivamente con desconocidos bajo la apariencia de “amigos” digitales.

La Policía Nacional indicó a Infobae que únicamente entre el 5% y el 6% de los contactos que los niños y adolescentes tienen en sus redes sociales corresponden a verdaderos amigos cercanos, mientras que alrededor del 30% son personas desconocidas.

“Lamentablemente, estos niños con estas cuentas que aperturan, efectivamente contactan e interactúan con personas desconocidas. Tan solo el 5% o el 6% de dichos contactos son amigos cercanos”, afirmó el coronel Vega. Esta dinámica es fundamental para la modalidad de grooming, donde el agresor utiliza identidades falsas y técnicas de manipulación emocional para acercarse a sus potenciales víctimas.

El ‘grooming’ en Colombia ha evolucionado hacia formas cada vez más sofisticadas. Según investigaciones de la Dijín explicadas por Vega, los delincuentes emplean desde perfiles falsos hasta herramientas de inteligencia artificial para construir relaciones de aparente confianza con los menores.

El proceso inicia en redes sociales o videojuegos y, en cuestión de horas o días, se traslada a otros canales privados, donde la privacidad propicia el abuso. Estos criminales analizan intereses, rutinas y vulnerabilidades de las víctimas para simular afecto, logrando así escalar rápidamente hacia conversaciones de carácter sexual y el control psicológico.

“El pedófilo quiere mostrarse como un amigo ante su potencial víctima. Decirle que no es importante informarle a su papá, que no es importante señalarle que tiene un nuevo amigo. Y muchos de los contenidos y las interacciones los convierte a nivel sexual”, explicó el coronel Vega.

La Universidad de Antioquia avanza en un proceso de transformación digital que busca integrar inteligencia artificial, virtualidad y nuevos modelos educativos para ampliar su cobertura sin comprometer la calidad académica.

Esta estrategia, impulsada en un contexto de presión sobre las universidades públicas por mejorar su eficiencia y pertinencia, apuesta por el uso de tecnología como eje para modernizar la educación superior en Colombia.

En diálogo con Infobae Tecno, el vicerrector general, Luquegi Gil Neira, explicó que el desafío no es solo adoptar herramientas digitales, sino hacerlo de forma estructural. “La Universidad de Antioquia ha avanzado en digitalización, pero hoy el reto es dar un salto hacia una transformación estructural que integre virtualidad, inteligencia artificial y tecnología sin perder de vista lo más importante: la calidad académica”, afirmó.

Transformación digital con foco en calidad

El proceso que impulsa la universidad se diferencia de una simple digitalización de contenidos. Según el vicerrector, se trata de rediseñar el modelo educativo para hacerlo más flexible, eficiente y adaptable a los cambios del entorno.

“Nuestra universidad se ha caracterizado históricamente por estar a la vanguardia y por liderar en distintos rankings, y esa condición no puede ponerse en riesgo. Por el contrario, la transformación digital debe ser un vehículo para fortalecer esa calidad”, señaló.

En ese sentido, la institución busca consolidar modelos híbridos en los que la virtualidad complemente la enseñanza presencial. La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión que aceleró este proceso, pero también dejó lecciones clave sobre los riesgos de implementar soluciones sin planificación.

“La pandemia aceleró un proceso que habría tomado años, pero también dejó una lección clara: la virtualidad no puede ser improvisada si se quiere garantizar calidad”, explicó Gil Neira.

Inteligencia artificial aplicada a la educación

Uno de los ejes centrales de esta transformación es la incorporación de inteligencia artificial en los procesos académicos. Lejos de reemplazar la labor docente, la universidad busca utilizarla como una herramienta de apoyo.

“La inteligencia artificial se está incorporando como una herramienta para fortalecer la calidad educativa, no para reemplazarla. Permite personalizar el aprendizaje, mejorar la retroalimentación a los estudiantes y optimizar procesos académicos”, indicó el vicerrector.

Este enfoque responde a una tendencia global en la educación superior, donde instituciones de referencia como Massachusetts Institute of Technology y Stanford University han demostrado que la tecnología puede ampliar el acceso sin sacrificar el nivel académico.

Retos de la educación pública

El avance hacia la digitalización no está exento de desafíos. Para la universidad, uno de los principales obstáculos es garantizar que la transformación sea inclusiva y sostenible en términos financieros.

“El principal reto es lograr una transformación digital que sea incluyente y de alta calidad al mismo tiempo”, sostuvo Gil Neira. A esto se suma la necesidad de optimizar recursos en un entorno donde las universidades públicas enfrentan restricciones presupuestarias.

La tecnología aparece como una herramienta clave para mejorar la eficiencia institucional. “Las universidades públicas necesitan ser más eficientes, y la tecnología permite optimizar recursos, mejorar procesos y ampliar cobertura sin sacrificar el nivel académico”, agregó.

Formación docente y brecha digital

Otro de los pilares de la estrategia es el fortalecimiento de las competencias digitales del cuerpo docente. La universidad impulsa programas de formación continua que combinan habilidades técnicas con enfoques pedagógicos.

“Un profesor preparado en estos nuevos modelos es la garantía de que la virtualidad mantenga y potencie el nivel académico de la universidad”, afirmó el vicerrector.

En paralelo, la institución trabaja para evitar que la digitalización amplíe las brechas entre estudiantes de distintas regiones. La apuesta es que la virtualidad, bien implementada, permita llevar educación de calidad a zonas donde antes no era posible.

“La virtualidad, bien diseñada, permite precisamente eso: llevar calidad académica a donde antes no llegaba”, explicó.

Un modelo para el futuro

La visión de la Universidad de Antioquia apunta a consolidar un sistema educativo híbrido, apoyado en tecnología pero con altos estándares académicos.

“El futuro de la educación superior será híbrido, flexible y profundamente apoyado en la tecnología, pero sobre todo será exigente en calidad”, concluyó Gil Neira.

Con este enfoque, la institución busca posicionarse como un referente en la integración de inteligencia artificial y educación en América Latina, demostrando que la innovación tecnológica puede ir de la mano con la excelencia académica.

La reunión se registró en Caracas, capital venezolana, en donde se concretó la conversación que había sido aplazada en reiteradas ocasiones y tuvo como temas principales la interconexión eléctrica y la criminalidad en la zona fronteriza.

Este encuentro dejó varios puntos que están siendo debatidos por la opinión pública, como la presencia de Diosdado Cabello, una de las figuras más representativas del chavismo, además de lo que representa que Gustavo Petro se encuentre con un Gobierno que, para muchos, sigue siendo ilegítimo.

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Jaime Wilches habló sobre el encuentro entre Petro y Rodríguez como algo diplomático que se debe registrar entre países vecinos.

“Tenemos un tema completo que no se reduce a algo ideológico, sino a algo histórico en la frontera, en donde el tema cultural y comercial es demasiado fuerte. Obliga a pensar que las relaciones serán complejas y se deben atender por mecanismos diplomáticos”.

Wilches descartó que Delcy Rodríguez represente a un Gobierno ilegítimo, puesto que recordó que asumió la administración del país con el aval de Estados Unidos, por lo que cuestionar a Gustavo Petro por ello no tendría sentido desde su percepción.

“No se trata de un Gobierno ilegítimo, puesto que este fue legitimado por Estados Unidos tras la captura de Maduro en enero. En estos momentos hay un Gobierno de transición que fue legitimado por Estados Unidos y la comunidad internacional”.

El experto calificó como algo negativo que en el encuentro estuviera Diosdado Cabello, puesto que afirmó que representa parte de lo que se quiere cambiar en Venezuela.

“Los países tienen que seguir con relaciones, no se pueden detener por otros asuntos. La visita hace que se ratifique un escenario en el que Colombia y Venezuela no pueden estar en una guerra; sin embargo, la presencia de Diosdado Cabello es algo imprudente e ilegítimo, porque hace parte de la herencia nefasta de los últimos años. Se tiene que tener claridad de cuáles son las personas encargadas de fortalecer las relaciones“.

Para el analista político Sebastián Líppez, la presencia de Petro en Venezuela es una muestra de la complacencia que el mandatario colombiano está buscando tener con Estados Unidos.

“Más allá de la discusión de la legitimidad, es un asunto que no trata de un respaldo o un apoyo, sino que se debe entender desde un contexto de lo que ha ocurrido entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, por ello un poco la presencia del embajador. La presidenta encargada está en ese rol con la complacencia del Gobierno Trump, que, producto de la extracción de Maduro y el encuentro de Petro con Trump, esto es un poco cómo Colombia se articula a la transición que tiene Venezuela”.

En ese sentido, el analista mencionó que Colombia puede tener un papel fundamental en la consolidación de la transición que se debería registrar en Venezuela durante los próximos meses, algo que debería seguir registrándose sin importar quién sea el ganador de las elecciones presidenciales en la nación cafetera.

“Algunos la llamarán una falsa transición, pero es un proceso que ha tenido diferentes pasos con acciones, como liberación de presos políticos, un viraje económico, una serie de cambios políticos y, en algunos de esos aspectos, el papel de Colombia puede ser importante, algo también animado por Estados Unidos. La reunión es una parte de la secuencia de acontecimientos y como una respuesta a las indicaciones estadounidenses”.

La periodista Pilar Cuartas reveló en un extenso testimonio las dificultades y violencias que enfrentó durante su paso por el diario El Espectador, en medio de la creciente ola de denuncias por acoso y abuso sexual en medios colombianos.

Su testimonio se conoció en diálogo con la revista Raya aporta detalles sobre la existencia de violencias basadas en género y la falta de respuesta efectiva por parte de los directivos del periódico, en en medio de la ola de casos que han salido a la luz pública en el país (y que se originó con el comunicado revelado por Caracol Televisión el viernes 20 de marzo de 2026).

Cuartas, quien ingresó a El Espectador en 2012 y ocupó diversos cargos hasta convertirse en la primera editora de género del diario, explicó que su trabajo consistía en transversalizar el enfoque de género en la redacción y coordinar espacios editoriales sobre diversidad y derechos de las mujeres.

Sin embargo, aseguró que “para mí fue muy desconcertante ver que yo reportaba violencias basadas en género y cuestionaba las violencias que ocurrían en otros lugares, pero no podía cuestionar las prácticas internas”.

Cuartas detalló que esta contradicción afectó su desempeño, pues sentía incoherencia al abordar públicamente temas de violencia de género sin poder denunciar lo que sucedía al interior del medio.

De acuerdo con su relató, El Espectador contaba con un protocolo para tramitar denuncias de acoso, pero no se aplicaba correctamente y presentaba graves falencias.

“El protocolo existía, pero las personas encargadas no tenían el conocimiento suficiente para implementarlo”, afirmó Cuartas, y sostuvo que su figura y la de la sección de género terminaron siendo usadas como un escudo institucional.

“En algún momento mi figura de editora de género y la sección que yo coordinaba han sido instrumentalizadas para decir: ‘Esto no sucede acá’”, replicó la periodista.

Cuartas relató que, tras presentar una queja formal, su ambiente laboral se deterioró.

“Una de las personas a cargo del proceso conversó en los pasillos sobre mi caso y terminó divulgando la presentación de la queja. La redacción se dividió y algunas personas empezaron a deslegitimar mis opiniones profesionales diciendo que yo me había inventado la queja”, puntualizó la entonces editora.

Ella agregó que, después de que la investigación interna se cerró sin resultados, otras cuatro compañeras radicaron una comunicación colectiva señalando acoso laboral por parte del mismo editor.

“Él se enteró de que esa comunicación se iba a radicar y renunció dos días antes. La respuesta del periódico fue que como ya no trabajaba allí, no podían hacer nada”, menciona la periodista.

Según Cuartas, las víctimas quedaron sin atención ni reparación y no se investigó si había más afectadas en la sección que coordinaba el denunciado.

“El Espectador dijo: ‘Aquí no pasó nada’ y lo taparon”, relató. Cuartas presentó su carta de renuncia en septiembre de 2024, después de un proceso marcado por la ansiedad y la falta de apoyo institucional.

La periodista también se refirió al impacto de las editoriales publicadas por medios como El Espectador y Caracol Televisión tras la ola de denuncias, señalando que “las disculpas eran necesarias y un primer paso, pero hace falta mucho más. Se necesitan acciones concretas para enfrentar el acoso laboral y las violencias basadas en género en las redacciones”.

Cuartas contó que la creación de canales de denuncia no es suficiente si no existe claridad sobre el proceso, confidencialidad y garantías para las víctimas: “Es importante dar confianza a las mujeres para que puedan denunciar. Si el reemplazo del editor sancionado es su mejor amigo, no hay garantías”.

La exeditora destacó la gravedad de las revictimizaciones, tanto institucionales como entre colegas.

“Pasé una segunda revictimización, primero por parte de las directivas y luego de algunos compañeros de trabajo. No todos, pero sí una parte que me veía como una mujer que se inventó una queja para dañar la vida de un hombre”.

Ella describió cómo las burlas, la pérdida de autoridad y el distanciamiento profesional afectaron su salud mental y su capacidad laboral: “Yo estaba incapacitada por ansiedad y no podía salir de mi casa. Incluso surgieron rumores sobre mi salida, negando que yo había renunciado y cuestionando mis motivos”.

Cuartas hizo hincapié en que el acoso laboral basado en género no se limita a conductas sexuales, sino que incluye obstáculos, maltrato y delegación de tareas en función de prejuicios de género.

“Cuando decimos que es acoso laboral basado en género, es porque existen prejuicios que afectan mayoritariamente a las mujeres, como asignarles solo tareas administrativas o de apoyo”, afirmó Cuartas.

Sobre el manejo de denuncias externas, la periodista relató un caso de violación ocurrido en una fiesta relacionada con el diario, donde la víctima fue revictimizada y terminó renunciando.

Ella detalló: “El Espectador sostuvo que no debía intervenir porque ocurrió fuera de la oficina, pero la jurisprudencia obliga a los empleadores a atender estos casos”.

En su reflexión final, Cuartas instó a los medios a asumir su responsabilidad y a implementar acciones efectivas: “No basta solo con palabras, se necesitan acciones concretas para reparar el daño y prevenir que esto vuelva a ocurrir. Tomarse en serio las denuncias es una obligación de los empleadores”.

La creadora de contenido y ciudadana colombiana residente en Estados Unidos, Laura Isabel Ramírez Salazar, respondió a través de un video en su perfil de Instagram al streamer argentino Davoo Xeneize, luego de que este se mostrara confundido por el término “chichipato”, que un usuario colombiano le escribió durante una de sus transmisiones en línea sobre fútbol.

En su video, Ramírez explicó: “Cuidado, no sea chichipato. Esa palabra es como un sello en la frente y en el codo. Y aquí le explico de dónde viene la palabra chichipato. Así que estudiemos su anatomía”.

La influencer detalló que el término es la mezcla de dos palabras: chichi y pato.

“En el lenguaje coloquial colombiano, decir que algo es muy chichi es decir que algo es insignificante, de mala calidad o, como le decimos popularmente, algo muy barato. Un negocio chichi es algo que no da ni para un tinto”, detalló la ciudadana colombiana.

Sobre el segundo componente, Ramírez señaló: “¿Y qué tiene que ver el pato en esto? En el argot de los juegos de azar y las estafas callejeras del siglo pasado, el pato era el incauto, el que caía fácil, el que metía la pata".

No obstante, la connacional detalló que “se dice que el origen real está en las ferias populares”.

“Los chichipatos eran los dueños de los juegos de tiro al blanco, donde los premios eran figuritas de barro o de madera, de muy poco valor. Entonces, el chichipato original era ese feriante que le cobraba mucho dinero por jugar para ganarse un premio de muy poco valor, una minucia”, agregó la colombiana.

Ramírez siguió con la exposición y puntualizó que, con el tiempo, la palabra pasó de referirse al vendedor al comprador.

“Así que chichipato no es solo ser tacaño, es también tener el alma muy chichi”, cerró su mensaje la creadora de contenido, que aprovechó de paso e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre el uso de la palabra y a compartir el video con el fin de que llegue al famoso streamer argentino y seguidor incansable de Boca Junior.

“¿Conoce usted algún amigo chichipato? Envíele este video, a ver si es capaz. Los leo en los comentarios. ¿Será que Davoo ve este video? Etiquétenlo por si acaso”, concluyó Ramírez.

Davoo Xeneize deliró con el gol del colombiano Luis Díaz al Real Madrid

Días atrás se hizo viral la reacción del famoso streamer argentino Davoo Xeneize durante la transmisión en vivo del gol de Luis Díaz contra el Real Madrid no pasó desapercibida en redes sociales, generando risas y comentarios en toda Latinoamérica.

La jugada, ocurrida en el minuto 89 del encuentro entre Bayern Múnich y el equipo español, supuso un resultado 3-3 (al final fue victoria por 4 a 3) que clasificó a los alemanes a semifinales de la UEFA Champions League, y desató la euforia tanto en el estadio como en las plataformas digitales.

Los minutos posteriores a la acción estuvieron marcados por la viralización de un fragmento en el que Davoo Xeneize improvisa una narración cargada de expresiones habituales en Colombia, como parte de su característica forma apasionada de vivir el fútbol.

Sin embargo, internautas señalaron que su uso de la jerga local, aunque bienintencionado, resultó confuso y humorístico por la aplicación invertida o incorrecta de ciertas frases, lo que acentuó la repercusión del video.

El enredo semántico del streamer argentino por el gol de Luis Díaz

El impacto de la transmisión en directo se vio potenciado por la cantidad de espectadores que compartieron y analizaron el relato.

Entre los pasajes más comentados del video, destaca cómo Davoo Xeneize exclama: “Lucho... Ah, no, pero qué pedazo de gol, mamita mía. Lucho Díaz saca la mondá con aguardiente y se la da de comer a Lunin. Y hay gol de Lucho Díaz, muchachos. Hay gol de Lucho Díaz”.

Su entusiasmo llevó incluso a repetir tres veces la frase “hay gol de Lucho Díaz”, dándole más matices a la trascendencia del momento.

Un aspecto que fue viral en la interpretación del streamer se dio por la frase “dar papaya”, que según la jerga colombiana equivale a exponerse y facilitar la acción del rival por descuido.

En el relato de Davoo Xeneize, la expresión se aplicó de forma inversa: se la atribuyó al Bayern Múnich en vez de al Real Madrid. Esta confusión alimentó el debate en redes, donde usuarios como @PaulaCarvajal y @JuanesVargas24 celebraron entre risas el esfuerzo del argentino, mientras otros desglosaban el significado real de cada término involucrado.

De manera similar, el streamer calificó a Luis Díaz como “chichipato”, una palabra que en Colombia se utiliza para describir a una persona tacaña o poco generosa.

Bogotá activó nuevas medidas sanitarias tras la confirmación de un nuevo caso de sarampión, que elevó a cuatro los contagios importados en la capital y a cinco los reportados en Colombia. Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y lanzaron un llamado urgente para completar los esquemas de vacunación ante el riesgo de propagación del virus, según informó Revista Semana.

La detección del caso se realizó mediante pruebas RT-PCR y permitió activar de inmediato acciones de contención. Entre las medidas adoptadas están un cerco sanitario, investigación epidemiológica de campo, rastreo de contactos y vacunación de bloqueo en poblaciones consideradas en riesgo.

La alerta se produce en medio de preocupación por casos importados asociados a viajeros internacionales, especialmente procedentes de Estados Unidos y México. De acuerdo con el reporte oficial, tres de los contagios detectados en Bogotá estarían relacionados con México y uno con Estados Unidos, mientras las autoridades subrayan que hasta ahora no se han identificado casos autóctonos en la ciudad.

El paciente confirmado permanece en manejo domiciliario, bajo seguimiento médico y sin complicaciones, mientras se mantienen activas todas las acciones preventivas para evitar una eventual transmisión del virus en la capital.

La Secretaría Distrital de Salud informó además que ha intensificado la vigilancia epidemiológica. Con corte al 11 de abril se habían notificado 286 casos sospechosos, una cifra que mantiene el monitoreo en niveles de alerta dentro de las metas nacionales para control y eliminación del sarampión y la rubéola.

La respuesta sanitaria también se apoya en el avance del plan de inmunización. Según cifras oficiales divulgadas por Revista Semana, en lo corrido de 2026 se han aplicado más de 33.000 dosis contra sarampión y rubéola en grupos priorizados, además de más de 50.000 dosis de la vacuna triple viral en población infantil.

Bogotá cuenta además con cerca de 97.600 dosis disponibles para garantizar continuidad en los esquemas, en un momento en que las autoridades insisten en no bajar la guardia frente a una enfermedad que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores no inmunizados.

El foco principal de la alerta está puesto en la vacunación infantil y en personas con riesgo de exposición por viajes internacionales. La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres y cuidadores para verificar que los niños menores de diez años tengan el esquema completo.

“Es fundamental que los niños y niñas menores de 10 años tengan su esquema completo”, reiteraron las autoridades, recordando que la vacuna contempla una primera dosis al año de edad y un refuerzo a los 18 meses.

El Distrito enfatizó que la vacunación es gratuita y está disponible en más de 200 puntos distribuidos en la ciudad, incluidos lugares estratégicos como el aeropuerto El Dorado y terminales de transporte, donde se busca fortalecer barreras de prevención frente a nuevos casos importados.

La preocupación crece porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y aunque Colombia mantiene avances en eliminación, los contagios asociados a movilidad internacional han obligado a reforzar protocolos de respuesta rápida para evitar brotes.

El anuncio se produjo tras una Sala de Análisis de Riesgo desarrollada junto al Instituto Nacional de Salud, escenario en el que se revisaron medidas para contener posibles cadenas de transmisión y fortalecer la respuesta institucional.

La aparición de este nuevo caso reabre el debate sobre coberturas de inmunización y prevención. Mientras continúa el seguimiento epidemiológico, las autoridades insisten en que la vacunación sigue siendo la principal barrera para contener cualquier amenaza de brote en Bogotá.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto recibir este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Petro anunció su viaje durante un foro de líderes de izquierda en España, en el cual destacó que “el 24 de abril voy a ir a Caracas”. El mandatario colombiano explicó la decisión al señalar: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, en referencia a la falta de respuesta a su invitación previa a Rodríguez.

Una reunión entre ambos líderes estaba prevista para marzo en la frontera colombiana, pero fue cancelada por razones de seguridad. Posteriormente, una delegación colombiana de alto nivel viajó a Caracas para abordar temas de seguridad y energía.

El mandatario colombiano indicó que la coordinación en inteligencia militar será el tema central de su encuentro con Rodríguez. Petro afirmó que existe una “orden desde hace tiempo” para trabajar de manera conjunta con la policía y las fuerzas militares venezolanas.

El jueves, los cancilleres de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para tratar asuntos fronterizos, consulares, de seguridad y defensa, con la intención de continuar las discusiones este viernes.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, donde operan grupos armados que disputan el control de actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Entre los temas pendientes en la agenda bilateral figuran un acuerdo para la exportación de gas venezolano a Colombia y la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros que va desde el mar Caribe hasta la Amazonía, una región donde operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de bandas vinculadas al narcotráfico y el contrabando.

Por este motivo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su visita a Caracas será de un solo día y estará acompañado por una delegación “más bien militar, policial” para abordar con Rodríguez el tema de la seguridad en la frontera, especialmente en el Catatumbo.

El Catatumbo es una región selvática con la segunda mayor extensión de cultivos de coca en Colombia y uno de los epicentros de la violencia armada, el cual abarca parte del departamento de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.

En esta zona, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC mantienen disputas territoriales y, según las autoridades, cruzan la frontera con frecuencia.

“Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy”, expresó Petro durante un consejo de ministros. El mandatario subrayó que la seguridad fronteriza y un plan conjunto serán los temas principales a tratar, y reconoció que estos esfuerzos han enfrentado intentos de sabotaje, por lo que insistió en la necesidad de mayor coordinación entre ambos gobiernos.

Petro señaló que el fortalecimiento de la inteligencia binacional será clave para evitar que las operaciones militares contra los grupos armados ilegales en la frontera terminen afectando a la población civil.

“Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es; si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, advirtió.

(Con información de EFE)

Todo sucedió cuando Milo se vio obligado a interrumpir el show después de recibir un golpe provocado por un objeto arrojado desde el público. En plena euforia por las canciones del argentino, el público arrojaba todo tipo de regalos y objetos como muestra de afecto. Sin embargo, entre ellos, una bandera de Colombia anudada alcanzó al artista y lo impactó mientras se presentaba.

Ante la situación, Milo J tomó el micrófono para pedir respeto y dirigirse a la audiencia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien. Aunque sea la bandera”. El músico continuó su reclamo en medio del espectáculo: “Yo no sé quién fue el que lo tiró”, comentario que generó abucheos hacia el responsable. Para distender el ambiente, aclaró: “Yo amo este país, amo su bandera, pero tiren bien las cosas”.

El incidente no pasó a mayores y Milo J decidió seguir con el concierto. Utilizó la bandera colombiana en la siguiente canción, mostrando su aprecio por el público local. Al concluir la serie de presentaciones en Perú y Colombia, el intérprete de “Una bala” compartió en redes sociales su gratitud por la respuesta del público: “Mi primer estadio fuera de mi Argentina y doble sold out colombiano, estoy agradecido con la vida y con ustedes por hacerme vivir esto, seguimos trabajando para usted”.

Días atrás, el cantante vivió una de las mejores noches de su carrera en Lima. La puesta en escena se caracterizó por su sencillez, centrando la atención en el repertorio y la interpretación. Milo J presentó más de 30 canciones, entre ellas “Rara vez”, “Milagrosa” y su popular colaboración con Bizarrap, que figura entre los puntos altos de la noche. El público respondió con entusiasmo y acompañó al artista durante todo el recorrido musical, demostrando el alcance de su propuesta.

La presentación incluyó instantes de emoción colectiva, en particular cuando el artista argentino expresó su gratitud y destacó la conexión con el público de Lima. Durante el concierto, temas como “GIL” marcaron picos de intensidad, con una energía que involucró tanto al escenario como a los asistentes. El ambiente festivo se mantuvo durante toda la noche, reflejando la presencia del fenómeno musical argentino en Perú.

La organización del evento ofreció un despliegue técnico que aseguró la calidad del sonido y resguardó la seguridad del público. La audiencia, compuesta mayoritariamente por jóvenes y adolescentes, respondió de manera entusiasta y respetuosa, cumpliendo las indicaciones de los organizadores y disfrutando de una experiencia destacada.

El paso de Milo J por el Estadio Nacional representó un éxito en convocatoria y evidenció su capacidad para consolidar su propuesta artística fuera de Argentina. La gira “La Vida Era Más Corta Tour 2026” incluyó ciudades de América Latina y Europa, aunque la fecha en Lima resultó especialmente significativa por el apoyo del público peruano y el reconocimiento directo del cantante a sus seguidores.

Tras la última canción, Milo J se despidió agradeciendo nuevamente a los asistentes y destacando el significado de haber logrado un lleno total en el principal estadio de la capital peruana. La cita en Lima quedará registrada como uno de los momentos más relevantes de la gira y un paso adelante en la internacionalización del fenómeno Milo J.

Estas selecciones llegaron al certamen con credenciales importantes, especialmente el conjunto europeo, reconocido por su precisión coreográfica, y el equipo ecuatoriano, que ha crecido notablemente en el circuito latinoamericano.

El camino hacia el oro no fue sencillo. Colombia tuvo que competir en un escenario donde confluyen cerca de 120 países, lo que convierte al Mundial organizado por la International Cheer Union en uno de los eventos más exigentes del deporte. La presión fue constante desde las rondas iniciales, en las que cada rutina debía ejecutarse con una sincronización milimétrica. Frente a rivales que destacan por su potencia acrobática y creatividad, el equipo colombiano logró sobresalir gracias a una combinación equilibrada de técnica, dificultad y expresión artística.

Además del título mundial, la delegación nacional también celebró un resultado destacado al consagrarse como subcampeona en la categoría Junior Coed Advanced, logrando la medalla de plata y reafirmando el alto nivel competitivo del país. Este resultado no solo evidencia la profundidad del talento colombiano, sino también la consistencia de sus procesos formativos, que hoy le permiten mantenerse en la élite del porrismo internacional con actuaciones sólidas en múltiples categorías.

La hazaña alcanzada en Estados Unidos, no solo se trata de una medalla de oro, sino de la confirmación de que el país se ha consolidado como una potencia emergente en el porrismo mundial. Durante los últimos años, Colombia venía mostrando un crecimiento sostenido, con participaciones destacadas y presencia constante en el podio, lo que preparó el terreno para este logro histórico.

Uno de los factores clave del éxito fue la preparación del equipo. La delegación nacional, conformada por decenas de atletas jóvenes, llevó a cabo un proceso de entrenamiento riguroso durante varios meses, con concentraciones en distintas ciudades del país. Este trabajo permitió consolidar una rutina sólida, en la que cada integrante desempeñó un rol fundamental dentro de la estructura coreográfica.

La rutina ganadora destacó por su nivel de dificultad, incorporando elementos complejos como pirámides humanas, saltos sincronizados y transiciones rápidas, todo acompañado de una ejecución limpia. En el porrismo de alto nivel, no basta con realizar movimientos espectaculares; la clave está en la precisión y la coordinación, aspectos en los que Colombia logró sobresalir frente a sus competidores.

Además, el componente artístico jugó un papel determinante. La presentación colombiana no solo fue técnicamente impecable, sino que también logró conectar con los jueces y el público. La energía, la expresión facial y la musicalidad fueron elementos que marcaron la diferencia en una competencia donde los detalles definen el resultado final.

Este título mundial también refleja el crecimiento estructural del porrismo en Colombia. En los últimos años, se ha fortalecido la formación de atletas desde edades tempranas, así como la profesionalización de entrenadores y la participación en eventos internacionales. Todo esto ha permitido elevar el nivel competitivo del país y posicionarlo como un referente en la disciplina.

El impacto de este logro trasciende lo deportivo. La victoria de la selección Colombia de porrismo se convierte en una fuente de inspiración para miles de jóvenes que ven en este deporte una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Asimismo, contribuye a visibilizar una disciplina que, aunque no siempre cuenta con la misma atención mediática que otros deportes, exige un alto nivel de preparación física y mental.

El oro conseguido por Colombia en el Mundial de porrismo es el resultado de talento, disciplina y trabajo en equipo. Superar a rivales de la talla de Inglaterra y Ecuador no solo confirma el nivel del equipo nacional, sino que también abre una nueva etapa para el porrismo colombiano en el escenario internacional. La bandera tricolor vuelve a ondear en lo más alto, demostrando que el país está listo para competir y triunfar entre los mejores del mundo.

Cuatro personas fueron detenidas tras el robo a un automovilista en un bajopuente de Santa Fe, Cuajimalpa, luego de que el caso se viralizó en redes sociales por un video publicado gracias a un testigo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rastreó a los presuntos responsables tras analizar cámaras de videovigilancia que mostraban su escape en otro robo y desplegar un operativo en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde capturó a los involucrados, quienes estarían relacionados con al menos cinco eventos contra conductores en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la SSC, los detenidos son tres hombres y una mujer, de entre 28 y 45 años de edad, todos de nacionalidad extranjera. Reportes extraoficiales señalan que serían originarios de Colombia.

Tras su arresto, se les aseguró un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, 80 mil pesos en efectivo y dos vehículos, entre otros indicios.

Las autoridades confirmaron que que el automóvil blanco -un Volkswagen Gol- fue utilizado para dar seguimiento y vigilar a la víctima del asalto viralizado.

Por otra parte, el automóvil de color negro relacionado con los robos es un Fiat, modelo Pulse Abarth.

El video del asalto circuló en redes y detonó denuncias

La agresión viral se documentó la noche del pasado 21 de abril en el bajopuente de la calle Carlos Echanove, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. En el sitio, un automovilista que circulaba metros atrás grabó el momento en que los asaltantes, a bordo de una motocicleta, interceptaron y despojaron de sus pertenencias a la víctima.

Al mismo tiempo, el conductor de la motocicleta que usaron para el robo apuntaba con una pistola a los testigos.

El video fue ampliamente compartido en plataformas digitales por lo que la SSC inició labores de investigación para identificar a los responsables.

Posteriormente, las autoridades identificaron que la banda de ladrones estaba vinculada con otra denuncia de robo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que mediante el análisis de cámaras del C2 Centro, ubicó dos vehículos vinculados con el escape de los posibles agresores.

Los operadores del centro de mando implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a las rutas de ambos autos.

Operativo simultáneo en dos alcaldías: detenciones y aseguramiento de objetos

Según los reportes oficiales, el despliegue policial permitió interceptar el Volkswagen en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a una mujer y dos hombres. En la revisión preventiva se les hallaron 80 mil pesos en efectivo, un cuchillo, una cartera y cuatro teléfonos celulares.

Al mismo tiempo, otro grupo de uniformados localizó el Fiat en la colonia Sector Popular, Iztapalapa, y detuvo a un hombre que portaba un arma de fuego corta abastecida, dinero en efectivo, un teléfono, una mochila para reparto de alimentos, una cangurera y un portafolio.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público de la fiscalía capitalina, junto con los objetos y vehículos asegurados.

La SSC relacionó a los cuatro detenidos con al menos cinco robos a conductor cometidos en lo que va del año, en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, además del caso viral de Santa Fe.

De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables utilizaban autos para vigilar y seguir a potenciales víctimas, así como una motocicleta para ejecutar los asaltos.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, además de hablar sobre su libro, El arquero que murió en la cancha, Nicolás Samper analizó el motivo por el que Rodríguez suele generar reacciones polarizadas cuando se habla de la Tricolor.

En primer lugar, el comunicador afirmó que los que cuestionan la presencia del “10″ en la selección deben entender que el mediocampista va a estar en el Mundial a pesar de las críticas.

“Lorenzo desde un principio fue honesto en ese sentido, dijo: ‘Yo me la voy a jugar con los veteranos’. Apuntar a un recambio es difícil, no tenemos ni cerca un futbolista en la posición de él que juegue como James, no existe, y sigue siendo importante para Lorenzo en términos de liderazgo futbolístico".

El periodista indicó que los señalamientos contra Rodríguez, desde su concepto, son una forma de exponer las frustraciones internas de cada persona.

“Yo creo que a James, que a mí me parece que es de lo mejor que nosotros hemos tenido como jugador de fútbol en este país, le han pegado muy duro, injustamente. No sé por qué genera tanta antipatía en ciertos sectores o por qué polariza tanto. A mí se me ocurre que es porque generalmente nosotros vivimos y queremos trasladarle a los demás nuestras propias expectativas”.

Samper comparó las críticas contra el capitán de la selección Colombia con las cosas que en su momento se dijeron en contra de Faustino “Tino” Asprilla.

“Uno siempre dice: ‘¡Ay, pero es que si James hubiera sido juicioso hubiera sido el mejor jugador del mundo. ¡Ay, es que si el “Tino” Asprilla no hubiera hecho lo que hizo, hubiera sido el mejor jugador del mundo!’. Sí, pero, pues eso somos nosotros los que pensamos eso“.

De la misma forma, el comunicador entendió que en su momento se pensó que James podría ser el mejor jugador del mundo, pero afirmó que el que debe lamentarse por no haberlo logrado es el mismo futbolista.

“Nosotros queremos, nosotros esperamos, pues eso es un problema nuestro, eso es un problema de nuestras expectativas. James hizo una carrera fantástica en el fútbol, jugó en Porto, en Bayern Múnich, en el Real Madrid, jugó en la Premier... Nosotros queríamos a Messi encarnado en el cuerpo de James Rodríguez, y pues James Rodríguez es James Rodríguez y Messi es Messi”.

Otro ejemplo mencionado por Nicolás Samper fue Diego Armando Maradona, caso que tomó para indicar que los futbolistas no dejan de ser personas que tienen problemas y frustraciones.

“Ese es otro ejemplo buenísimo, porque todo el mundo dice: ‘Ay, pero es que Maradona, es que ese man hubiera sido muy bueno si no hubiera sido drogadicto’, bueno, ¿y a ti qué te importa?. Que ellos internamente puedan que tengan alguna tristeza, alguna duda, por alguna mala decisión, como todos nosotros en la vida, que hemos tenido dudas, tristezas o malas decisiones, que hemos tomado, pero como todo el mundo".

Por último, Samper mencionó lo que considera un problema de los fanáticos del fútbol en Colombia, hacer que un equipo o un futbolista sea responsable del estado anímico individual.

“Si le endilgamos nuestras frustraciones a esos tipos que van a jugar fútbol allá, pues nunca vamos a estar contentos ni con lo que hacen ellos ni con lo que van a buscar ellos futbolísticamente hablando. O sea, vamos a ser unos permanentes frustrados e inconstantes de la alegría”.

Durante las denuncias que realizó la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, contra otros funcionarios del Gobierno Petro, la bogotana indicó que tenía temor de lo que podría pasarle y pidió ser protegida.

Lo anterior provocó la respuesta del director de la Unidad de Protección Nacional (UNP), Augusto Rodríguez, que afirmó que “la doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente“.

“No es cierto que se encuentre desprotegida. Cinco días después, desde el 28 de enero de 2025, se otorgó un esquema de protección que corresponde a un nivel robusto que incluye parque automotor blindado, medidas que hoy en día se mantienen”, declaró Rodríguez, que explicó que el esquema de seguridad de Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros.

Otros aspectos que se conocieron es que Angie Rodríguez cuenta con medidas de protección desde antes que estuviera a cargo de una entidad, cuando hacía parte del equipo de trabajo de uno de los ministerios, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.

¿Cómo es aprobado un esquema de seguridad en Colombia?

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente del sindicato de la UNP, Analtraseg, explicó cómo se aprueba un esquema de seguridad en el país.

“Eso es lo que nosotros llamamos esquemas por conveniencia”, declaró Gallo, antes de precisar que existen varias vías para acceder a la protección de la Unidad Nacional de Protección, entre ellas las amenazas recibidas por parte de la persona interesada.

“Quien se siente amenazado debe presentar la información a la UNP, solicitando las medidas de protección. Debe pertenecer a ciertos grupos de la vida social, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, abogados de víctimas, jueces o funcionarios públicos cuyas funciones hayan generado amenazas”, explicó.

El dirigente sindical detalló que al presentar la solicitud, la UNP asigna un evaluador de riesgo que determina la necesidad de las medidas a través de una matriz de puntaje. “Ese resultado es sometido a un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, que define las medidas a adoptar, ya sean blandas o duras. La más básica sería un celular y un chaleco antibalas, y de ahí en adelante las medidas aumentan”.

Sobre los plazos de espera, que remarcó como algo extraño en el caso de Rodríguez, Gallo indicó que el proceso puede tomar tiempo, pero existe la posibilidad de que si la persona requiere medidas urgentes porque su vida está en riesgo, el director de la UNP puede autorizar medidas de manera provisional mientras se realiza el estudio completo, que es lo que se habría registrado de acuerdo con lo expuesto por Augusto Rodríguez.

El presidente del sindicato también señaló que algunos cargos, como senadores, representantes a la Cámara y altos funcionarios del Gobierno nacional, reciben medidas de protección sin necesidad de un estudio profundo, debido al riesgo que implica su labor.

“En estos casos, se realiza un estudio y, por el riesgo propio del cargo, se adoptan las medidas”, explicó Gallo, que recordó que en ocasiones los congresistas y gobernadores cuentan con convenios interinstitucionales que les permiten pagar por el servicio, mientras que la entidad estudia si es necesario otorgar protección a quienes no pueden costearla.

Por último, sobre el caso específico de Angie Rodríguez, Gallo indicó que para determinar la pertinencia de la protección de la bogotana antes de que fuera directora del Dapre y del Fondo de Adaptación: “Habría que evaluar el cargo que desempeñaba, si era necesario colocarle las medidas, si se realizó el estudio y cuál fue el resultado, información que es confidencial y más en estos casos. También puede ocurrir que, ante un riesgo inminente, el director esté facultado para otorgar medidas de protección de manera inmediata, aunque es extraño”.

Durante casi siete años, el panameño Edgar Luis Beitía Lester logró mantenerse oculto en Colombia, evadiendo a las autoridades mediante el uso de documentación falsa y operando bajo una identidad colombiana, hasta que finalmente fue capturado en una operación de cooperación policial internacional entre la Policía Nacional de Panamá y la Interpol. Su detención marca un nuevo golpe contra estructuras vinculadas al crimen organizado que operan entre ambos países.

La aprehensión se produjo el 21 de abril de 2026 en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, donde unidades de la Policía Nacional de Colombia ejecutaron el operativo tras la emisión de una notificación roja.

Beitía Lester era requerido por delitos de homicidio y por su evasión del centro penitenciario La Joya, una de las cárceles más importantes de Panamá.

De acuerdo con los informes oficiales, el fugitivo había logrado permanecer oculto durante aproximadamente siete años, utilizando documentos falsificados para evitar su identificación.

Durante ese tiempo, las autoridades establecieron su presunta vinculación con actividades de tráfico internacional de estupefacientes, además de participar en dinámicas de microtráfico y en la coordinación de operaciones con grupos criminales en territorio colombiano.

Beitía Lester tenía 28 años cuando protagonizó su fuga del penal de La Joya, en un hecho que también involucró a José Luis Magallón Chérigo, de 30 años, y a Yair Aldamir Restrepo Barrera, alias Macuto, de 27 años.

El panameño había ingresado al sistema penitenciario en mayo de 2012, lo que refuerza el historial delictivo que mantenía antes de su evasión.

Las autoridades panameñas y colombianas destacaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información estratégica, el uso de inteligencia policial y la coordinación entre la Oficina Central Nacional de Interpol en ambos países.

Este tipo de operaciones refleja el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional frente a redes que trascienden las fronteras y buscan refugio en otros territorios.

El caso de Beitía Lester se suma a otras detenciones recientes de objetivos de alto perfil en Colombia, como la captura en enero de 2026 de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, considerado uno de los principales cabecillas de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, en Panamá. En ese operativo también se logró la incautación de armas de fuego y dispositivos móviles.

La detención de alias Balín evidenció la capacidad de las autoridades para ubicar a fugitivos que intentan ocultarse fuera de Panamá, así como el impacto de las estructuras criminales que mantienen operaciones tanto en territorio panameño como en otros países de la región.

La coordinación entre agencias permitió identificar su ubicación y proceder con su captura junto a otras personas vinculadas a actividades ilícitas.

Con estos resultados, las autoridades reiteran que continuarán reforzando los mecanismos de seguimiento, ubicación y captura de personas requeridas por la justicia, enviando un mensaje claro a quienes intentan evadir la ley: no existe lugar seguro para quienes forman parte del crimen organizado.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró un nuevo capítulo en el caso New Business al declarar no inconstitucionales tanto la resolución de indagatoria como la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, desestimando así tres recursos legales presentados por su defensa en un intento por anular el proceso penal en su contra.

La decisión del pleno del máximo tribunal fue divulgada mediante el Edicto No. 560 el 22 de abril de 2026, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, y responde a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los abogados Ángel Álvarez —en representación de Marta Linares de Martinelli— y Nadia Castillo, quienes cuestionaban tanto la legalidad de la investigación fiscal como la validez de la condena emitida en 2023.

Tras analizar los argumentos, la Corte Suprema concluyó que no existían violaciones constitucionales en la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, emitida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, ni en la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, ratificando así la legalidad del proceso y dejando sin efecto los últimos intentos por revertir el fallo.

Con esta decisión, el tribunal mantiene firme la condena de 128 meses de prisión —equivalentes a 10 años y ocho meses— impuesta a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales, así como la multa de $19.2 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones derivadas de su rol como autor en una estructura financiera utilizada para la compra de un grupo editorial con fondos de origen ilícito.

El caso New Business gira en torno a la adquisición, en 2010, de la Editora Panamá América, mediante una sociedad canasta que habría servido para canalizar dinero proveniente de contratos estatales adjudicados de manera irregular durante su administración, configurando un esquema de lavado de dinero en el que participaron empresarios y exfuncionarios, algunos de los cuales también fueron condenados.

La decisión judicial se produce mientras Martinelli permanece asilado en Colombia, país al que llegó en mayo de 2025 tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se refugió durante más de un año luego de que se hiciera efectiva su condena penal.

El exmandatario solicitó inicialmente asilo al gobierno nicaragüense, pero el proceso no se concretó, lo que derivó en su traslado a territorio colombiano tras gestiones diplomáticas.

El ingreso de Martinelli a la embajada nicaragüense ocurrió en febrero de 2024, poco después de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmara su condena, en un contexto donde buscaba evitar su detención inmediata.

Su salida hacia Colombia marcó un giro en el caso, al quedar bajo la figura de asilo político, lo que limita las posibilidades de ejecución directa de la pena impuesta en Panamá.

Con el fallo del pleno de la Corte Suprema, se refuerza la validez del proceso judicial y se reduce significativamente el margen legal de la defensa para revertir la condena, consolidando el caso New Business como uno de los más relevantes en materia de corrupción y blanqueo de capitales en la historia reciente del país, con implicaciones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.

Nequi aclaró cómo opera su herramienta ‘Pedir plata’, destacando que la devolución de fondos por transferencias erróneas no es automática y depende siempre del receptor, según informó Portafolio.

La función ‘Pedir plata’ permite a los usuarios de Nequi solicitar dinero a otros dentro de la aplicación, ya sea para dividir cuentas, cobrar deudas o gestionar envíos realizados por error.

Si se envía una suma equivocada, la devolución requiere la aprobación voluntaria del destinatario, ya que la plataforma no puede revertir ni debitar transacciones completadas de manera unilateral debido a regulaciones legales.

Nequi, en diálogo con el medio económico Portafolio, detalla que la opción ‘Pedir plata’ no es una novedad reciente ni una respuesta exclusiva a los errores de transferencia.

La funcionalidad ha estado disponible desde hace varios años para todos los usuarios en Colombia y fue diseñada como recurso para organizar pagos o solicitudes de dinero entre personas. Nequi enfatizó que la herramienta sigue cumpliendo su propósito de facilitar la gestión de dinero para sus más de 27 millones de usuarios.

Usos cotidianos de ’pedir plata’ en Nequi

La función resulta práctica para quienes desean dividir gastos de salidas, viajes o actividades grupales, así como para solicitar reembolsos tras una compra compartida.

Los casos más habituales incluyen cobrar a amigos tras compartir comidas o coordinar pagos entre varios usuarios.

El empleo diario de esta herramienta permite organizar pagos y solicitudes tanto recurrentes como espontáneas.

Qué hacer si se envía dinero por error

De acuerdo con Nequi, en caso de realizar una transferencia errónea, el usuario puede solicitar la devolución desde el historial de movimientos. El proceso inicia al seleccionar la transacción equivocada y activar la opción correspondiente para pedir el reembolso.

El sistema genera una notificación dirigida al destinatario, informándole sobre la solicitud.

Sin embargo, según informó Nequi al medio mencionado, la devolución del dinero no es automática y depende exclusivamente de la aceptación del receptor.

La empresa recalca sus límites legales y regulatorios: solo puede actuar como intermediaria y facilitar el contacto, pero no tiene la facultad de revertir ni debitar fondos una vez finalizada la operación.

Esto deja en manos del destinatario la decisión sobre la devolución, por lo que la plataforma únicamente notifica y no interviene en el saldo de la otra parte.

Frente a estas restricciones, Nequi recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de cada envío para prevenir equivocaciones. Portafolio consigna que las sugerencias incluyen “confirmar siempre la información antes de enviar” y asegurarse de que se trata del destinatario correcto.

Asimismo, la entidad aconseja utilizar el código QR como alternativa a la digitación manual, ya que contribuye a reducir errores y facilita la operación, beneficiando especialmente a quienes realizan transferencias frecuentes.

El nuevo tope para el 4×1000 en Nequi en 2026 cambia con la exención de cuenta

En 2026, usuarios, Nequi y gravamen se han convertido en términos recurrentes para quienes utilizan billeteras digitales en Colombia. Los mecanismos legales disponibles dentro de la aplicación permiten ajustar la carga del 4×1000 y así proteger el dinero digital, una preocupación creciente dada la expansión de transacciones electrónicas.

Una de las claves radica en modificar el tipo de cuenta y solicitar la exención del impuesto, lo que puede elevar de manera notable el umbral mensual a partir del cual se aplica la deducción, como detalló el análisis de las cifras de la billetera digital.

El límite inicial de movimientos mensuales en Nequi para evitar el 4×1000 se sitúa en $3.404.310.

Todo retiro, pago o envío que supere esa cantidad dentro de un mes genera automáticamente el cobro de cuatro pesos por cada mil movilizados en la plataforma, una carga que, aunque pequeña en cada operación, puede transformarse en una suma relevante por acumulación.

Cambiar la condición de la cuenta básica y marcarla como exenta es el paso decisivo para quienes utilizan Nequi de manera frecuente. Una vez efectuada la conversión a una cuenta de ahorros y completada la solicitud de exención, el nuevo tope mensual pasa a $18.330.900.

Solo al superar esa cifra en movimientos mensuales se activa el gravamen. Esto ofrece un margen amplio para quienes transfieren recursos recurrentemente, haciendo una diferencia significativa en el manejo de recursos digitales, según informó Semana.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza contra un ciudadano colombiano por estancia irregular en España, con una prohibición de entrada al país y al espacio Schengen durante cinco años.

El tribunal fundamentó su decisión en la existencia de circunstancias agravantes, más allá de la mera irregularidad administrativa. En el expediente constan antecedentes policiales y un procedimiento penal abierto contra Elías por presuntos delitos de violencia de género y lesiones. Según la documentación judicial, el fiscal y la acusación particular lo señalan como responsable de agredir a su entonces pareja durante una discusión, causándole una lesión en la cabeza con una botella de cerveza.

La defensa argumentó que no existía condena penal firme y que había aportado documentación para acreditar su arraigo en España. Sin embargo, el tribunal ha concluido que la gravedad de los hechos imputados y la ausencia de arraigo suficiente justificaban la expulsión y la prohibición de reingreso establecida en la resolución administrativa.

Intentó acreditar arraigo para evitar la expulsión

La situación de este hombre comenzó a definirse el 10 de noviembre de 2024, cuando fue detenido en Zaragoza en el marco de un control de la Brigada de Extranjería, donde se detectó su estancia irregular y la existencia de diligencias penales abiertas.

A lo largo del proceso administrativo y judicial, el hombre intentó acreditar su arraigo en España. Presentó un pasaporte, un volante de empadronamiento y la inscripción de una pareja estable no casada con una ciudadana española, aunque estos documentos tenían fecha posterior a la resolución de expulsión y no se constató convivencia efectiva. Paralelamente, el expediente recogió los informes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, que solicitaron penas de prisión de tres y tres años y medio, respectivamente.

La defensa apeló, alegando que no se explicó bien la decisión y que la expulsión era desproporcionada en vez de aplicar solo una multa. También señaló que no había una condena penal firme. El TSJA, después de revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha confirmado la expulsión porque consideró que existían circunstancias agravantes que justificaban una sanción más dura.

La sentencia del tribunal deja abierta la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el propio Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de treinta días desde la notificación. Hasta entonces, Elías queda sujeto a la prohibición de entrada en España y el espacio Schengen por cinco años, como marca la resolución confirmada.

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

Tuvieron que pasar 30 años para que en la frontera de Panamá con Colombia, en el apartado distrito de Sambú, que forma parte de la comarca indígena Emberá-Wounaan, se inaugurara por primera vez un Centro de Salud Materno Infantil.

La estructura tuvo un costo de más de $3.9 millones, y las autoridades de Salud proyectan que beneficiará a unos 5 mil residentes del mencionado distrito, así como a los habitantes de la comarca indígena Emberá Wounaan, al igual que a residentes de las comunidades campesinas ubicadas a lo largo de la carretera Sambú –Garachiné, incluyendo La Colonia Chiricana y Río de Jesús cabecera.

El Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas reemplaza a una antigua instalación, que de acuerdo con fuentes gubernamentales representaba un riesgo constante para pacientes y personal de salud, ya que se construyó en un área altamente inundable.

Debido a esta situación fueron incontables las ocasiones en que el antiguo centro se vio afectado por inundaciones que en la mayoría de los casos superaron el metro de altura. Ahora, la nueva infraestructura ofrece según las autoridades del ramo condiciones seguras, modernas y adecuadas para la prestación de servicios médicos.

Como entidad responsable de la atención sanitaria en la región, tanto para asegurados como no asegurados, el Ministerio de Salud refuerza de esta manera su compromiso con una provincia que incluye además dos comarcas indígenas, la Wargandí y la Emberá Wounaan, señala una nota ministerial.

Recalca que el Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas es la única instalación en la provincia de Darién con capacidad para cubrir tanto el distrito de Chepigana, como el distrito comarcal de Sambú.

Para una mejor atención el Centro de Salud laborará 24/7, y para ello cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluyen consulta externa, farmacia, control de peso y talla, vacunación, atención de enfermería, ginecología, medicina general, odontología y laboratorio clínico.

Igual dispone de un área de urgencias y hospitalización equipada con central de enfermería, salas diferenciadas para hombres, mujeres, niños y lactantes, así como una sala de aislamiento.

También destacan una sala de labor de parto, servicios de saneamiento ambiental, control de vectores y mantenimiento. Adicionalmente, el complejo incluye una casa materna con capacidad para cuatro habitaciones dobles y una residencia para el personal de salud con igual número de habitaciones.

Voceros del Ministerio de Salud recordaron a la población que inició la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas poblaciones.

Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la semana de vacunación del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá la adelantó, debido al feriado nacional del 1 de mayo.

Bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia" ayer en la Región de Salud de la provincia de Veraguas se preparaban para el lanzamiento de la Jornada de Vacunación en las Américas 2026, que también se desarrollará en todos los países del continente, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades a través de la inmunización.

Juana Bernal, subdirectora regional del Ministerio de Salud, destacó la importancia de esta estrategia y el compromiso del personal del ministerio y de la Caja de Seguro Social.

Resaltó la labor del equipo de enfermería, quienes según manifestó son el eje de esta estrategia, ya que llevarán las vacunas casa por casa, en todo el país.

La iniciativa, llamada Modo Presente, busca empoderar a padres, madres y cuidadores con herramientas concretas para acompañar la vida digital de los menores, promoviendo el diálogo, la construcción de acuerdos y el uso responsable de la tecnología.

Cómo es el programa Modo Presente para ser padres digitales

La llegada temprana de la tecnología a la vida de los menores plantea retos inéditos para los adultos responsables de su crianza. Jorge Restrepo, Líder de Educación en Estrategia País, explicó: “Yo nací en el 78. Mi papá y mi mamá no tuvieron el problema de darme o no un celular. Por lo que yo no tengo elementos heredados para acompañar eso y es muy nuevo para muchos”.

El programa Modo Presente parte de la premisa de que los adultos pueden acompañar la vida digital de niños y adolescentes cuando cuentan con herramientas para abrir conversaciones, construir acuerdos y actuar con criterio. Restrepo sintetizó: “Si nosotros estamos presentes, ellos están seguros”.

Esta “capa humana” es el eje que diferencia la propuesta, en un contexto donde lo digital suele convertirse en un “chupete digital” para calmar o entretener a los menores, en vez de un espacio de aprendizaje y diálogo.

Por lo que esta es una iniciativa de educación en seguridad digital y alfabetización mediática, diseñada para que padres, madres, educadores y líderes comunitarios puedan tomar el control de la experiencia tecnológica de los niños y adolescentes a su cargo.

Qué ofrece este programa a padres y cuidadores

El programa se apoya en tres grandes pilares para garantizar su alcance y eficacia:

1. Guía práctica y kit digital (en modopresente.co): incluye escenarios cotidianos, ejercicios y herramientas de Google como Family Link, que permiten a los padres gestionar el tiempo y los contenidos a los que acceden sus hijos. La guía parte de situaciones reales para ayudar a construir acuerdos familiares y resolver dudas de forma informada y dialogante.
2. Red de Embajadores Digitales: el proyecto impulsa la formación de 400 multiplicadores voluntarios en Colombia y Perú, quienes replicarán el conocimiento en colegios, comunidades y asociaciones de padres. “La invitación es a que todos se vuelvan embajadores de este movimiento para que en los colegios, en el trabajo, puedan llevar un mensaje de protección digital”, aseguró Restrepo.
3. Experiencia inmersiva y formación continua: A partir del segundo semestre del año, se desarrollará una experiencia inmersiva en Bogotá, similar a museos interactivos como Maloka o Parque Explora, destinada a sensibilizar y capacitar a familias y profesionales sobre los desafíos de la vida digital.

El objetivo general de este programa es el acompañamiento y convertir a la tecnología en una forma de conexión familiar. “La respuesta no es la prohibición. Yo siento que siempre la respuesta está entre dos extremos: la prohibición total o la libertad total y anarquía total. Modo Presente no nació para decirte qué prohibir, sino para enseñarte a preguntar. Cuando cambias el control por el diálogo, la dinámica en casa se transforma”, dijo Restrepo.

El apoyo de Google.org permitirá que más de 6.000 familias en Colombia y Perú accedan este año a los recursos del programa.

Irene Velandia, Gerente Sénior de Política Pública y Relaciones con Gobierno para la Región Andina en Google, afirmó: “Este apoyo de 150.000 dólares desde Google.org permitirá que más familias puedan dialogar y tomar el control sobre su experiencia con la tecnología, apoyando a niños, niñas y adolescentes a explorar, aprender y crear”.

A través de la Red de Embajadores Digitales, el contenido y la propuesta de Modo Presente se replicarán en redes escolares, comunidades y asociaciones de padres, ampliando el impacto y consolidando una cultura de acompañamiento digital.

Tras la presentación del informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, además de Estados Unidos, el Reino Unido se pronunció sobre la situación de los integrantes de la Misión de Verificación desplegada en varias zonas de Colombia.

Ambas delegaciones expresaron preocupación por el impacto de las acciones de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, y la afectación a la población civil, principalmente mujeres.

El representante del Reino Unido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Kariuki, instó al Estado colombiano a reforzar la protección de mujeres, niñas y comunidades indígenas y afrodescendientes, y a mantener el compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad celebrada en Nueva York, tras la presentación del informe trimestral sobre el avance de la paz en Colombia, Kariuki ahondó en la necesidad de acción coordinada frente a los riesgos persistentes en el país.

“Reafirmamos nuestro sólido respaldo al pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016”, sostuvo el funcionario británico al inicio de su intervención, además de reconocer la presencia de la canciller colombiana y agradecer el informe del representante especial y los testimonios de la sociedad civil.

El diplomático británico extendió un reconocimiento a la ciudadanía, las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por la realización de elecciones legislativas libres, justas y pacíficas el 8 de marzo (elecciones al Congreso y consultas presidenciales), e hizo votos por un proceso igualmente exitoso en los comicios presidenciales.

Kariuki saludó el Pacto Electoral por Elecciones Libres y Pacíficas liderado por la Defensoría del Pueblo, pidiendo a todos los actores políticos y sociales “respetar y defender sus principios”.

No obstante, el informe del secretario general de la ONU advierte que persisten los retos de seguridad y una violencia generalizada en varias regiones de Colombia.

Así lo dejó en claro el representante británico: “Continúan los asesinatos y amenazas contra civiles y líderes sociales, el reclutamiento infantil y la opresión ejercida por actores armados”.

En el actual periodo, según cifras presentadas al Consejo, han sido asesinados 491 firmantes de paz, cuatro de ellos en las últimas semanas.

“Como escuchamos hoy, la población de Catatumbo y otras zonas afectadas por el conflicto requiere protección urgente”, recalcó Kariuki.

En su discurso, el enviado del Reino Unido pidió “mayores esfuerzos para proteger a mujeres, niñas y comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes sufren desproporcionadamente el impacto de la violencia”.

Asimismo, se celebraron los avances del Gobierno colombiano en materia de reforma rural y destacó su satisfacción por la adjudicación de tierras a mujeres, citando el caso de una finca gestionada íntegramente por mujeres en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Kariuki puntualizó que “la atención inmediata de las necesidades de protección debe ir de la mano con la creación de vías para el desarrollo sostenible”.

Asimismo, el diplomático consideró que la reforma rural es fundamental para atacar las desigualdades que alimentan el conflicto armado. “Una presencia estatal eficaz, unida a oportunidades de desarrollo, limita el margen de acción de los grupos armados y las economías ilícitas”, añadió.

Para el vocero británico ante el Consejo de Seguridad de la ONU, también fue importante la reactivación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), así como la puesta en marcha de nuevos mecanismos internacionales para verificar sentencias y el capítulo étnico del acuerdo.

“Pensando en la transición democrática de Colombia y el futuro, el Acuerdo de Paz requiere inversiones sostenidas, liderazgo gubernamental y financiamiento adecuado, como parte de una estrategia integral para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en el país”, concluyó Kariuki, reiterando el respaldo del Reino Unido a Colombia y su disposición a trabajar junto a socios internacionales y la Misión de Verificación de la ONU.

EE. UU. también se refirió sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia

En paralelo a la presentación del informe trimestral, Estados Unidos instó a Colombia a dar prioridad a las amenazas lanzadas por el grupo disidente de las Farc liderado por alias Iván Mordisco contra la Misión de la ONU, recordando la importancia de proteger los procesos institucionales y los organismos internacionales desplegados en el territorio.

La alerta diplomática se emitió luego de que el Estado Mayor Central de las Farc restringiera el acceso de misiones internacionales y humanitarias a zonas bajo su control, lo que incrementó la tensión en regiones como Catatumbo.

La representante estadounidense, Jennifer Lockett, destacó que los grupos armados han provocado una “crisis humanitaria aguda”, con desplazamientos forzados, violencia sexual, confinamiento y reclutamiento de menores, y recalcó que Estados Unidos considera a estas organizaciones como actores terroristas, sujetos a sanciones internacionales.

El informe del secretario general de la ONU señala que, pese al desarrollo mayoritariamente pacífico de las elecciones legislativas, la presencia de grupos armados ilegales continúa representando un alto riesgo en áreas rurales.

Por lo anterior, la seguridad de excombatientes, candidatos y votantes sigue siendo una prioridad, especialmente de cara a los próximos comicios presidenciales (cuya primera vuelta será el domingo 31 de mayo de 2026).

El Congreso de Estados Unidos analiza la aprobación de la asistencia financiera para Colombia correspondiente al año fiscal 2027 bajo un sistema de exigencias y segmentaciones inéditas.

Según el plan presupuestal presentado por el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, citado por La FM, se incorpora un procedimiento que obliga al Secretario de Estado a remitir al Congreso un informe detallado sobre el grado de alineamiento de las políticas colombianas con las prioridades de Washington.

Dicho informe deberá evaluar desde la reducción del flujo migratorio hasta el fortalecimiento institucional y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Igualmente, la nueva propuesta establece restricciones explícitas sobre el uso de los recursos. El presupuesto prohíbe emplear fondos estadounidenses en reparaciones, subsidios agrarios o pagos a excombatientes derivados del acuerdo de paz de 2016, y veta la inversión en desarrollo alternativo en zonas donde sigan existiendo cultivos ilícitos.

El documento establece que solo se permitirán excepciones para programas de aviación, seguridad marítima y fluvial, y operaciones directas de erradicación e interdicción de drogas, incluyendo los traslados de personal y suministros mediante aeronaves financiadas por Estados Unidos.

Incluso, se advierte que hasta un 30% de los fondos para control antidrogas podría quedar congelado si el gobierno colombiano no demuestra avances concretos en reducción de cultivos ilícitos, cooperación judicial y extradiciones, según el documento revelado por el citado medio de comunicación.

Detalles de la propuesta

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la propuesta destina hasta un millón de dólares a la Oficina del Inspector General, responsable de supervisar y auditar de forma estricta el uso de los recursos, según menciona el documento.

Además, la iniciativa presupuestal proyecta 1.200 millones de dólares para el programa internacional de control de narcóticos y aplicación de la ley, sumando casi 13.000 millones de dólares focalizados en el fortalecimiento de la producción y el acceso a minerales clave para la seguridad nacional, elementos considerados prioritarios en la agenda estratégica de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

El plan global contempla un impacto aún mayor: la creación del America First Opportunity Fund, dotado con 5.000 millones de dólares para fortalecer fronteras, asegurar el suministro de minerales críticos y contrarrestar a actores geopolíticos rivales.

Además, se anticipa una expansión en el financiamiento militar, con reservas de 18.000 millones de dólares para otorgar préstamos en defensa y 5.300 millones de dólares en asistencia directa, en línea con el objetivo de consolidar a Estados Unidos como socio principal en materia de seguridad global.

Disputas previas

En octubre de 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció la interrupción total de las ayudas económicas destinadas a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, argumentando que la actual administración, encabezada por Gustavo Petro, impulsa y no frena la producción de cocaína.

Según datos del portal oficial ForeignAssistance.gov, gestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cooperación bilateral con Colombia alcanzó 708 millones de dólares en su punto más alto, canalizados mediante 550 programas y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el propio Departamento de Estado como principales ejecutores, aportando 396 millones y 290 millones de dólares, respectivamente.

No obstante, en febrero de 2026, el Gobierno norteamericano reanudó parte de las ayudas económicas hacia Colombia tras la inclusión de 40 millones de dólares en el presupuesto federal de 2026, según anunció la Embajada de Colombia.

El impacto de esta reasignación trasciende la cifra total: USD 25 millones serán ejecutados por organizaciones de base comunitaria para apoyar directamente a poblaciones afrocolombianas e indígenas, mientras que USD 15 millones fortalecerán programas en derechos humanos integrados dentro de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional.

En su momento, el anuncio fue celebrado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien subrayó en la red X el aporte decisivo de “amigos de Colombia de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos”.

Petro destacó la labor del embajador Daniel García Peña en el proceso, así como el respaldo de congresistas con vínculos personales, entre ellos el demócrata Gregory Meeks, presentado años atrás al mandatario por el excanciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo.

La Justicia Federal detuvo este martes en Buenos Aires, en un procedimiento dirigido por Interpol, a Brayan Ferney Cruz Castillo, uno de los acusados por el asesinato del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en su país. La medida se concretó durante la mañana en el edificio de los Tribunales porteños de calle Talcahuano.

El hombre es sindicado como el responsable logístico del operativo que terminó con la muerte del entonces senador del partido del Centro Democrático. El dirigente se preparaba para participar en las elecciones presidenciales de este año. El atentado fue el 7 de junio de 2025 y dos meses después la víctima falleció por complicaciones provocadas por las heridas.

Para determinar la responsabilidad de Cruz Castillo en el crimen, fueron claves los mensajes de WhatsApp analizados por los investigadores. Su nombre era desconocido hasta entonces, pero se determinó que mantenía una relación sentimental con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela. Ella era una joven modelo webcam encargada de transportar el arma hasta el barrio Modelia, donde se perpetró el atentado.

En las conversaciones entre Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, y Cruz Castillo, fechadas el 14 de junio de 2025, se estableció la ruta de escape hacia el municipio de Florencia (Caquetá) tras la ejecución del crimen, así como el hotel donde se alojarían a la espera de ser recogidos.

“El Viejo” fue capturado y confesó haber sido intermediario entre Segunda Marquetalia (una facción disidente de las FARC que rompió los acuerdos de 2016) y los criminales que actuaron en el homicidio de Uribe Turbay. Fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel. En su confesión, sostuvo que el grupo terrorista consideraba al candidato un “objetivo de alto valor”.

Cómo fue el procedimiento en Argentina

El proceso de investigación tuvo varias etapas. A través de la delegación de Gendarmería Nacional en Colombia, las autoridades de ese país solicitaron la intervención de la Justicia Federal de Corrientes. Desde principios de marzo, se sospechaba que el sospechoso podía estar en Argentina debido al análisis de direcciones de IP que lo ubicaban en el país.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscal General de Corrientes, Tamara Pourcel, acompañada por el Fiscal Auxiliar Juan Martín Mariño Fages.

Los integrantes de la Fiscalía ordenaron una investigación profunda. Intervino también la Unidad Fiscal de Crimen Organizado (UFECO), en colaboración con Interpol.

Los primeros datos indicaron que Cruz Castillo registraba un trámite en curso en la Dirección de Migraciones. Se había dispuesto su condición de irregular en el territorio nacional y ordenado la expulsión del país. Se lo había encontrado a raíz de robos de autos en la ciudad de Buenos Aires, donde había sido detenido. Sin embargo, luego recuperó su libertad.

La Fiscalía Federal de Corrientes informó a sus pares de la Justicia porteña que el acusado era buscado en Colombia. El 20 de abril, los fiscales de Buenos Aires notificaron que Cruz Castillo había aceptado un juicio abreviado por el robo. El proceso se realizaría este martes en el Juzgado Correccional 28, a cargo de la jueza María Julia Correa.

Por eso se montó un operativo coordinado por Interpol y se logró detenerlo. Fue puesto a disposición del Juzgado Federal 12, a cargo de Ariel Lijo.

El funcionario advirtió que alterar los estándares técnicos podría afectar tanto el acceso a productos como la presencia de vehículos de origen estadounidense, mexicano, brasileño, argentino, canadiense y japonés, que hoy representan la mitad del mercado automotriz colombiano, conforme a sus declaraciones.

Al referirse al sector digital, el vocero señaló que los recientes procesos de licitación para infraestructura en la economía digital requieren transparencia y garantías de calidad y seguridad.

“Es importante que estos procesos sean transparentes y aseguren que los proveedores elegidos cumplan con estándares de seguridad estrictos y provean la más alta calidad en sectores estratégicos para los ciudadanos colombianos y para la seguridad digital del país”, sostuvo Hillsman.

Estas declaraciones ponderan la situación laboral como eje de un comercio equilibrado. El portavoz enfatizó: “El comercio justo y recíproco se fortalece cuando los trabajadores pueden ejercer sus derechos. Sabemos que Colombia comparte este compromiso. Tanto los gobiernos como el sector privado tienen un papel fundamental en garantizar que las cadenas de suministro estén libres de trabajo forzado”.

Para el diplomático de Estados Unidos, cuatro desafíos determinarán la evolución del vínculo con Colombia: modificar la ley de 2022 solo con “ligeros ajustes” para evitar perjudicar el sector automotor, reforzar la protección de la propiedad intelectual para sostener los sectores creativo, farmacéutico y tecnológico, garantizar licitaciones transparentes en la economía digital y asegurar que las cadenas de suministro colombianas no recurran al trabajo forzado. Hillsman añadió que, si se atienden estos puntos mediante diálogo técnico y cooperación sectorial, ambos países podrán fortalecer su relación comercial en beneficio mutuo.

Mantener el acceso a vehículos y proteger empleos: el primer eje de negociación

Jarahn Hillsman, durante su intervención, subrayó la importancia del diálogo para adaptar la normativa vigente y evitar consecuencias negativas para la industria local. “Cambiar los estándares para restringir los productos automotrices fabricados conforme a los estándares de seguridad de los Estados Unidos no hará que las carreteras colombianas sean más seguras”.

El delegado propuso: “Cambiando curso con unos ligeros ajustes a la ley de 2022, podemos hacer tres cosas: mantener la mayor variedad de opciones para el consumidor colombiano; preservar el motor que son empresas automotrices colombianas y los más o menos quinientos mil empleos colombianos vinculados a este sector; y fortalecer la relación comercial entre nuestros países”.

El funcionario también planteó la equivalencia técnica de los estándares internacionales y destacó la relevancia de reconocer la calidad de los vehículos y autopartes procedentes no solo de Estados Unidos, sino también de socios como México, Brasil, Argentina, Canadá y Japón.

Innovación y competencia: la propiedad intelectual y la digitalización

Respecto a la innovación, Jarahn Hillsman argumentó que la protección de ideas, marcas y patentes es decisiva para el desarrollo industrial: “Proteger las ideas, las marcas y patentes es promover la innovación. Este promete que sectores como el creativo, el farmacéutico y la tecnología continúen generando empleo, competitividad y soluciones”.

A la par, el portavoz defendió que esta garantía puede permitir el acceso de los consumidores colombianos a productos y servicios de alta calidad. En cuanto a la contratación pública, reconoció que la transparencia en los procesos de licitación para servicios de nube pública e infraestructura resulta central para la estabilidad y la confianza en la economía digital.

El delegado de Estados Unidos subrayó que el comercio recíproco solo resulta sostenible si las cadenas de valor respetan los derechos de los trabajadores. “Las empresas aquí presentes son ejemplos y aliados clave para continuar promoviendo estas condiciones que benefician el progreso de nuestras sociedades”.

Hillsman concluyó que los temas planteados no deben interpretarse como obstáculos, sino como bases para un diálogo constructivo que permita a Colombia y Estados Unidos aprovechar las oportunidades de una relación comercial profunda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la pena de siete años y medio de prisión y posterior expulsión de España a un ciudadano colombiano detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por esconder 21 paquetes de cocaína en su equipaje.

El pasado 29 de abril de 2024, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a este hombre en la Terminal T4 del aeropuerto tras detectar mediante escáner la droga en su maleta. El análisis oficial determinó que la droga intervenida ascendía a 9.608,8 gramos de cocaína pura, con un valor de 1.233.301,78 euros en el mercado negro. El detenido reconoció haber transportado la sustancia a cambio de 3.000 euros, aunque insistió en que desconocía la cantidad y naturaleza exacta de la misma.

Además de la droga, se le intervino un móvil marca Samsung A30 y 1.000 euros en efectivo. El informe pericial de la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios acreditó tanto la naturaleza como la pureza y el peso de la sustancia, siguiendo los protocolos internacionales y nacionales de muestreo y análisis, lo que fue ratificado en el juicio por los técnicos responsables.

El Tribunal Supremo ha resuelto inadmitir el recurso de casación presentado por la defensa del detenido y ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La resolución establece una condena de siete años y seis meses de prisión, una multa de 4.000.000 euros (cuatro veces el valor de la droga objeto del delito) y la sustitución parcial de la pena de prisión por la expulsión de España, con prohibición de regreso durante diez años. 

La sentencia ha impuesto además la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, el pago de las costas procesales y el decomiso tanto de la droga como de los efectos intervenidos.

Deberá cumplir la mitad de la condena en España antes de ser expulsado

La decisión del Tribunal Supremo implica que Clemente deberá cumplir la mitad de la condena en prisión antes de que se ejecute la orden de expulsión del territorio nacional. La medida podrá aplicarse antes si accede al tercer grado penitenciario o a la libertad condicional. La sentencia también subraya que no consta en el procedimiento ningún dato que acredite el arraigo personal, social o económico del condenado en España, lo que refuerza la justificación de la expulsión y la prohibición de regresar por un plazo de diez años. La resolución considera probado que la droga incautada superaba ampliamente el umbral de notoria importancia y que la conducta perseguida causaba grave daño a la salud pública.

Con esta resolución, el caso queda prácticamente cerrado en la jurisdicción penal ordinaria, quedando únicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la defensa estima que se han vulnerado derechos fundamentales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó de inmediato mecanismos de atención consular y coordinación diplomática tras la balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó un saldo de dos personas fallecidas —entre ellas una mujer canadiense— y al menos siete lesionados de distintas nacionalidades.

SRE coordina atención con embajadas tras balacera en Teotihuacán

La Cancillería informó que estableció contacto directo con las representaciones diplomáticas de los países de las personas afectadas, particularmente con la embajada de Canadá en México, tras confirmarse el fallecimiento de una ciudadana de ese país, así como con autoridades de Colombia, debido a que dos mujeres de esa nacionalidad resultaron heridas.

La dependencia detalló que mantiene comunicación permanente con estas embajadas con el objetivo de brindar asistencia consular, acompañamiento a las víctimas y seguimiento puntual a las investigaciones.

Esta intervención forma parte de los protocolos internacionales que se activan cuando ciudadanos extranjeros se ven involucrados en hechos de violencia fuera de su país.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la SRE trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales y cuerpos de seguridad para atender la emergencia y garantizar la protección de las personas afectadas.

Qué ocurrió en la Zona Arqueológica de Teotihuacán hoy

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas al interior de la zona arqueológica, uno de los sitios turísticos más visitados del país.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre abrió fuego contra un grupo de visitantes tras una presunta riña.

El ataque habría iniciado en la parte alta de la Pirámide de la Luna, desde donde el agresor realizó múltiples detonaciones.

Testigos difundieron en redes sociales videos en los que se observa a turistas intentando resguardarse mientras se escuchan los disparos.

Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense. El atacante, después de disparar contra varias personas, se quitó la vida en el mismo lugar.

Operativo de seguridad y atención a heridos en Teotihuacán

Tras el tiroteo, autoridades del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, desplegaron un operativo inmediato para controlar la situación, acordonar la zona y desalojar a los visitantes.

El saldo preliminar incluye siete personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Entre ellas se encuentran dos mujeres colombianas, un ciudadano ruso, una persona canadiense y un menor de edad.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron al ataque.

Qué pasa cuando matan a extranjeros en México: implicaciones legales y diplomáticas

Cuando una persona extranjera es víctima de homicidio en México, se activan diversos mecanismos legales y diplomáticos que van más allá de una investigación penal ordinaria.

En primer lugar, la fiscalía correspondiente —local o federal— abre una carpeta de investigación por homicidio doloso, delito que puede ser castigado con penas que superan los 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes.

Paralelamente, la embajada o consulado del país de origen interviene para brindar asistencia a la familia de la víctima, dar seguimiento al caso y gestionar la repatriación del cuerpo. Este acompañamiento es clave en procesos legales y administrativos.

Presión internacional y atención a víctimas extranjeras

Los casos que involucran a extranjeros suelen generar mayor visibilidad mediática y presión diplomática sobre el gobierno mexicano.

Esto puede traducirse en una respuesta más rápida de las autoridades y en un seguimiento más estrecho de las investigaciones.

En algunos casos de alto impacto, el Estado mexicano ha otorgado compensaciones económicas a familiares de víctimas extranjeras, aunque estos procesos pueden prolongarse durante años.

Además, datos oficiales han mostrado un aumento en los homicidios de personas extranjeras en el país en los últimos años, especialmente en entidades con alta incidencia delictiva o con fuerte presencia de turismo y migración.

Saldo del ataque en Teotihuacán

• Dos personas fallecidas (incluida una mujer canadiense y el atacante)
• Dayana Paola Castro Calderón (37, Colombia): impactos en rótula y glúteo con perforación
• Gerónimo González Castro (6, Colombia): heridas en tibia y peroné
• Maikol Michelle Mictrocil (32, Rusia): impacto en fémur
• Telicia Lith (29, Canadá): herida supraescapular derecha

El caso ocurrido en Teotihuacán no solo reaviva preocupaciones sobre la seguridad en destinos turísticos, sino que también coloca bajo atención internacional la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas ante hechos que involucran a ciudadanos extranjeros.

Mientras continúan las investigaciones, la SRE mantiene su papel central como enlace entre México y los países afectados.

En el escenario actual de los servicios financieros digitales en Colombia, más de 410 fintechs gestionan diariamente la información económica y bancaria de empresas y personas. Sin embargo, solo una minoría de estas plataformas puede demostrar, con evidencia verificable, que protege estos datos bajo estándares internacionales de seguridad.

La brecha entre la rápida adopción tecnológica y la capacidad real de certificar la protección de los datos plantea riesgos directos para los usuarios y el sector.

Cómo es la actualidad de seguridad de las fintech en Colombia

De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar Colombia 2025, Colombia alberga más de 410 fintechs locales, lo que la posiciona como uno de los mercados más dinámicos de América Latina. Esta proliferación de plataformas responde a la demanda de soluciones ágiles para pagos, gestión contable, conciliaciones bancarias y automatización de nóminas.

Sin embargo, este crecimiento ocurre en un entorno de alta vulnerabilidad. En el primer semestre de 2025, Colombia registró 7.100 millones de intentos de ciberataques y la Policía Nacional recibió 62.299 denuncias por delitos informáticos. Cada operación digital expone información financiera sensible que, en muchos casos, no cuenta con mecanismos robustos de protección.

La mayoría de las fintechs operan con controles internos cuya eficacia no ha sido auditada por terceros independientes. Solo unas pocas, como Payana, han logrado obtener la certificación ISO/IEC 27001:2022, un estándar internacional que acredita la correcta gestión de la seguridad de la información.

Esta plataforma, que automatiza pagos y facturación para más de 1.500 empresas en la región, es parte de un grupo reducido de fintechs que pueden demostrar con una auditoría externa cómo protegen los datos que gestionan.

La norma ISO 27001 no es solo un distintivo para mostrar en el sitio web. Exige un sistema de gestión de seguridad de la información que cubre todos los procesos críticos de la empresa, desde la dispersión de pagos, la integración bancaria y la operación de agentes de inteligencia artificial, hasta la evaluación de la seguridad de sus proveedores.

Esto genera un efecto cascada: empresas de sectores como la construcción, manufactura y salud ya incorporan este requisito al seleccionar soluciones tecnológicas que manejarán información financiera.

Quienes no cuentan con la certificación quedan excluidos de estos segmentos, ya que la protección de los datos sensibles no puede quedar a merced de una promesa comercial, sino que debe ser comprobable por terceros independientes.

El impacto de una brecha de seguridad en una fintech puede ser devastador. En 2025, el costo promedio global de un incidente de este tipo alcanzó los USD 4,44 millones, según cifras de IBM. Para los usuarios y empresas, esto se traduce en la posible filtración de datos bancarios, robo de identidad, manipulación de cuentas y pérdida de confianza en los servicios digitales.

En Colombia, la respuesta regulatoria comienza a fortalecerse. El Congreso aprobó en primer debate un proyecto de ley que contempla multas de hasta el 5 % de los ingresos operacionales para las empresas que incumplan con la protección de datos personales. Esta medida busca incentivar la adopción de estándares internacionales y la transparencia en la gestión de datos financieros.

Cuál es el papel de la IA en la seguridad de las fintech

El auge de los agentes de inteligencia artificial en la gestión financiera ha elevado el nivel de exposición de los datos. Los sistemas como los de Payana, respaldados por tecnología avanzada, no solo procesan información sino que ejecutan pagos reales y mueven dinero de las compañías. Cada transacción que pasa por estos agentes accede a datos sensibles de nómina, facturación y cuentas bancarias.

A diferencia de las plataformas que funcionan con reglas estáticas, los sistemas basados en IA aprenden de los datos, anticipan errores y pueden tomar decisiones autónomas.

Esta capacidad, aunque ofrece eficiencia, amplifica la necesidad de controles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Si la infraestructura tecnológica que soporta estos procesos no está certificada, la seguridad de los datos queda expuesta a vulneraciones y fraudes.

El cantante mexicano Julión Álvarez ofreció un espectáculo que quedará en la memoria de la música latina en Colombia. Por primera vez, el artista mexicano pisó el escenario del Coliseo MedPlus de Bogotá, consolidando su reputación como uno de los intérpretes más influyentes de la música regional mexicana.

La presentación, que reunió a una multitud entusiasta, se transformó en un punto de encuentro entre la cultura popular mexicana y la colombiana, gracias a la presencia de invitados de alto calibre.

Un debut marcado por la sorpresa y la colaboración

La apertura del concierto no corrió a cargo del propio Julión Álvarez, sino que la noche inició con la intervención de José Darío Orozco, exvocalista de Kvrass. Este gesto de integración anticipó el tono que dominaría la jornada: un diálogo constante entre artistas de distintas vertientes del regional mexicano y la música popular latina.

Uno de los invitados más esperados por el público fue Pipe Bueno, quien subió al escenario para interpretar varios de sus éxitos, entre ellos ‘Recostada en la cama’ y ‘Te parece poco’. Estas intervenciones funcionaron como un preludio que elevó el ánimo del público antes de la entrada del artista mexicano.

La aparición de Julión Álvarez no siguió una estructura rígida. En palabras del propio cantante, recogidas en una entrevista previa: “No soy una persona que trae un setlist fijo… voy viendo el ambiente”.

Esta flexibilidad resultó evidente en la selección de canciones, que oscilaron entre temas clásicos como ‘Ni Diablo Ni Santo’, ‘Y así fue’ y ‘Te hubieras ido antes’, hasta piezas menos esperadas como ‘Lamberto Quintero’ y ‘Los dos amigos’.

Invitados de peso y momentos inolvidables

La sorpresa fue constante en el desarrollo de la noche. Lejos de limitarse a presentaciones puntuales, los artistas invitados fueron sumándose al espectáculo de manera progresiva.

Tras la intervención inicial de Pipe Bueno, la tarima recibió a Eduin Caz (vocalista de Grupo Firme), Alfredo Olivas y Luis Ángel ‘El Flaco’. Cada uno de ellos compartió escena con Julión Álvarez, interpretando éxitos como ‘El amor no fue pa mi’ y ‘La Princesa’.

El clímax llegó cuando todos los artistas coincidieron en el escenario para interpretar juntos el tema ‘Golpes en el corazón’. Este momento sintetizó la esencia del concierto: la creación de un espacio compartido por figuras consagradas del género, en una celebración conjunta que desató la euforia del público.

Durante el concierto se realizó un homenaje especial con la canción ‘Mi último deseo’, dedicado a Yeison Jiménez. Este gesto reforzó el vínculo entre la música popular colombiana y el regional mexicano, estableciendo un puente emocional entre los asistentes y los artistas en escena.

Un concierto que sella el crecimiento internacional

El debut de Julión Álvarez en Colombia se enmarca en un momento de consolidación internacional para el artista. Recientemente, había logrado agotar tres fechas consecutivas en el SoFi Stadium de Estados Unidos, lo que refuerza su posición como “El Rey de la Taquilla”.

La gira 42/18, de la que Bogotá fue parte, ha reunido a miles de fanáticos en distintos países y ahora suma a Colombia en su recorrido. El concierto en el Coliseo MedPlus fue anunciado como el único en el país, lo que generó aún más expectativa entre los seguidores y convirtió la cita en un evento exclusivo para los amantes del regional mexicano.

La presencia de invitados como Pipe Bueno añadió un ingrediente especial, fusionando dos tradiciones musicales y consolidando lazos entre los públicos de ambos países. La respuesta del público colombiano, la interacción constante entre artistas y el repertorio flexible, hicieron de esta noche un hito para la música latina en la región.

Julión Álvarez logró transformar su debut en Bogotá en una experiencia colectiva marcada por la colaboración, la diversidad musical y la celebración de una identidad compartida. El hecho confirmó su vigencia y su capacidad de convocatoria, y dejó claro que su propuesta artística sigue evolucionando con cada escenario que pisa.

En Colombia se ha generado un debate por la decisión del Gobierno nacional de matar a 80 de los más de 200 hipopótamos que se han convertido en un problema para el ecosistema y las poblaciones civiles en el Magdalena Medio.

Entre las posiciones hay respaldo científico por el riesgo de que el número de individuos sea de más de 1.000 antes de 2035 y un rechazo por parte de colectivos animalistas que piden soluciones diferentes como la translocación o la esterilización de los ejemplares machos.

Esta problemática se habría podido evitar si, en los años 80, Pablo Escobar, líder y fundador del cartel de Medellín, no hubiera ordenado el traslado de cuatro hipopótamos africanos (algunos estaban en zoológicos de Estados Unidos) para ubicarlos en la Hacienda Nápoles junto a otras especies.

Entre los testigos de la llegada de los primeros hipopótamos estuvo Édgar “El Chino” Jiménez, fotógrafo personal del capo, que en diálogo con Infobae Colombia recordó cómo fue inmortalizar la primera imagen que existe de los animales que se han convertido en un problema para el Estado.

Así recordó ‘El Chino’ la llegada de los hipopótamos

“Los primeros hipopótamos, un macho y una hembra, llegaron a la Hacienda Nápoles a comienzos de 1981; días después, y por orden expresa de Pablo, llegaron otras dos hembras para que el macho tuviera su harén. Fotografié a los dos primeros en llegar a una distancia de unos tres o cuatro metros sin protección alguna; nadie sabía lo peligrosos que eran”, narró Jiménez al recordar cómo fue la llegada de los animales africanos al Magdalena Medio.

El fotógrafo indicó que tuvieron claridad del peligro que representaba tener hipopótamos, puesto que uno de ellos mató a otro animal cuando el capo pensó que tener a varias especies juntas sería una buena idea.

“Los pusieron en un hábitat cerca de un lago, con unos dromedarios, uno de los cuales fue desventrado de un mordisco por uno de esos hipopótamos que son animales tan irascibles como impredecibles; ese desafortunado incidente alertó a los encargados del zoológico de lo peligrosos que eran y los aislaron en un lago cercado”.

“El Chino” habló de la posibilidad de ubicar a los hipopótamos en otros países o esterilizarlos, lo que considero como una “proeza” al recordar la dificultad que tenían los hombres de Escobar para intentar mover a estos animales.

“A diferencia de África, donde las sequías y algunos depredadores controlan su crecimiento. Acá, en Colombia, encontraron un paraíso sin depredadores y con abundante agua y alimento todo el año. Capturarlos para esterilizarlos sería toda una proeza”.

Por último, el fotógrafo que conoció a Escobar cuando estaban en el colegio recordó otros detalles de la primera fotografía de los hipopótamos que llegaron a Colombia, que fue parte de un trabajo ordenado por el capo para tener un registro de todos los animales que estaban en el zoológico de la Hacienda Nápoles.

“Recuerdo que esa foto la tomé con una cámara Asahi Pentax y con un lente normal de 50 mm, razón por la cual me acerqué a una distancia de unos tres o cuatro metros sin protección alguna. Nadie sabía que eran peligrosísimos ni que son los animales que más gente matan en África. Jamás imaginé que se fueran a convertir en un problema ambiental, por ser una especie invasora de tal magnitud”.

Mientras que para “El Chino” los hipopótamos representan un recuerdo de los trabajos que hizo para el capo, para Colombia son una problemática que sigue sin resolverse a pesar de que han pasado más de 40 años.

Lo último que se confirmó por parte del Ministerio de Ambiente es que la imposibilidad de enviar algunos ejemplares a otros países es porque la mayoría de hipopótamos han nacido en Colombia y podrían contagiar diferentes enfermedades a otros individuos que están en santuarios o son originarios de África.

Estos animales, introducidos en los años 80 por Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, han incrementado su población hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares, lo que ha motivado la intervención del Ministerio de Ambiente ante el riesgo para el ecosistema y la seguridad de la población.

En la región de Puerto Triunfo, Antioquia, donde el avistamiento de los hipopótamos se convirtió en un atractivo turístico, habitantes expresaron su desacuerdo con la medida adoptada.

En diálogo con Infobae Colombia, Álvaro Díaz Romero, residente de Cocorná (en Puerto Triunfo) y trabajador del sector turismo, indicó que en su municipio hay tristeza por la decisión del Ministerio de Ambiente. “Vivo en este lugar hace ya 35 años. Lo que va a hacer el gobierno con los hipopótamos no es lo más ético para el país y tampoco sería lo más justo para la especie”.

Díaz Romero explicó que la presencia de los hipopótamos ha cambiado la dinámica social y económica de la zona. “Los hipopótamos en este territorio han sido un atrayente turístico, han sido unos vecinos más, unos pobladores más de nuestro territorio. Los queremos, los respetamos, aprendimos a convivir con ellos y ellos con nosotros”.

El local mencionó el valor de identidad para la región que representa la especie, que también trae consigo beneficios económicos para ellos. El habitante de Puerto Triunfo destacó además que los animales cumplen un papel en la preservación de los recursos acuáticos de la región.

“También sirven como guardas en el río, en esa embocadura del río, porque evitan que la gente pesque en ese lugar y permiten que los peces suban por el río, beneficiando a las comunidades ribereñas del río Claro Cocorná Sur”.

La posición de Díaz Romero coincide con la de otros habitantes de la zona, que consideran que la eutanasia no es la vía adecuada para el control de la población de hipopótamos.

“El sacrificio de los hipopótamos no es la mejor opción. La eutanasia no es la mejor opción para acabar con esta problemática. La mejor opción para acabar con la problemática de los hipopótamos es investigar más, hacer un control de reproducción sobre esta especie”, afirmó.

El residente sugirió que las autoridades nacionales consulten a las comunidades que han convivido durante décadas con la especie antes de tomar medidas drásticas, puesto que allí no se han registrado visitas de ninguna índole.

“Antes de tomar esta decisión, el Estado colombiano, la ministra de Ambiente, debieron haberse salido de esas oficinas y haber viajado hasta el Magdalena Medio, especialmente Puerto Triunfo, Antioquia, Doradal, Estación Cocorná, para que hablen con la comunidad que vive a diario y convive siempre con los hipopótamos”.

Para Díaz Romero, la convivencia con los hipopótamos se ha integrado a la vida cotidiana del Magdalena Medio y aseguró que hay familias que tienen en esta especie la única forma de conseguir el sustento para sus familias.

“Todos aquí coincidimos en que la eutanasia hacia los hipopótamos no es la mejor opción. Mi llamado es para esas personas que tienen ese poder de autoridad, que vengan y se junten con el pueblo, con los que vivimos esta problemática hace 40 años y que siempre hemos estado olvidados”.

A pesar del pronunciamiento de los locales en el Magdalena Medio, el Ministerio de Ambiente ha argumentado que su decisión está respaldada por expertos que han afirmado que la translocación y los procesos de esterilización solo le darán más tiempo de acción al Estado, sin que ninguna nación pueda recibir a los animales que nacieron en Colombia y tienen condiciones biológicas diferentes a los que son nativos de África.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con los jefes de Estado de Brasil, Colombia y Uruguay como parte de su agenda internacional para fortalecer las relaciones diplomáticas del país.

Tras el encuentro, la mandataria mexicana compartió a través de su cuenta oficial de X, la frase “Viva América Latina”, acompañada de una fotografía del evento con sus homólogos, dando a entender que las conversaciones fueron positivas entre los líderes latinoamericanos.

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado donde expuso los acontecimientos tratados durante el programa internacional con tres puntos fundamentales:

1. Expresaron su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y exhortaron a que se adoptaran las medidas necesarias para aliviar la situación, evitando acciones que agravaran las condiciones de vida de la población o que fueran contrarias al Derecho Internacional. Asimismo, se comprometieron a incrementar de manera coordinada la respuesta de apoyo dirigida a aliviar el sufrimiento de la isla.
2. Reiteraron la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional, así como los principios de integridad territorial, igualdad soberana de los Estados y el arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
3. Reafirmaron su compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, y en ese sentido hicieron un llamado a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Señalaron que su objetivo debía ser encontrar una solución duradera a la situación y garantizar que fuera el propio pueblo cubano quien decidiera su futuro en plena libertad.

Uruguay y México reafirman relaciones diplomáticas

Por otro lado, el gobierno del presidente Yamandú Orsi dio a conocer que durante la mesa de trabajo con la jefa de Estado, se reafirmaron los vínculos entre ambas naciones.

Entre lo relevante, se destacó que los dos mandatarios reconocieron la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y dialogo entre Uruguay y México.

Este acercamiento formó parte de la agenda bilateral que Sheinbaum desarrolló en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

Iniciativas de la mandataria durante la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona

La presidenta de México propuso durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia destinar el 10% del gasto militar mundial a un programa global de reforestación. La estrategia busca transformar recursos destinados a armamento en acciones que promuevan la paz y el cuidado ambiental.

Dentro de su intervención, también planteó que esta medida permitiría reforestar millones de hectáreas y beneficiar a amplios sectores de la población.

Bajo la consigna “sembrar paz” en lugar de guerra, también llamó a rechazar intervenciones militares y priorizar el diálogo internacional como vía para resolver conflictos.

Se quedó a las puertas de ganar un Goya y ni siquiera fue nominada a los Oscar. Sin embargo, Un poeta podría considerarse una de las mejores películas en español del año y, también, una de las más exitosas. Basta señalar los 250.000 espectadores que logró reunir en Colombia, su país de origen, o los galardones recibidos en algunos de los festivales más importantes del mundo: un Premio Horizontes (Mejor Película Latinoamericana) en San Sebastián y el Premio del Jurado en Cannes.

En el centro de la película, plagada de actores no profesionales que brindan estupendas interpretaciones, está Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta cuarentón y antiguo Premio Nacional de Poesía que, entre copa y copa, anda leyendo sus antiguos poemas a los jubilados en clubs de poesía, robándole el coche a su anciana madre y defendiendo a gritos la pureza de algunos de sus maestros. Sobre todo de José Asunción Silva, clásico de los versos colombianos y muerto, recuerda con admiración el propio Restrepo, después de dispararse a sí mismo en el pecho.

“El sentimiento de frustración de Óscar es muy común en todos los seres humanos y por eso empatizas con él”, analiza Simón Mesa Soto, autor y director de la película. “Todos fuimos artistas en un punto de la juventud: todos tocamos un instrumento, hicimos algún dibujo. Ser artista es ser un niño, seguir siéndolo, aunque luego la vida te lleve por otros caminos que tal vez no esperabas, pero que aceptaste”. Así, ya sea porque alguna vez fuiste ese “poeta triste” y soñador, o por conocer de cerca alguno. La vida de este protagonista acaba por atraparte.

El narcisismo de los creadores

Las puertas del éxito se abren de pronto cuando Óscar conoce a Yurlady (Rebeca Andrade), una adolescente de origen muy humilde que parece albergar un talento descomunal para la poesía. Sin embargo, para cultivar su talento, Óscar deberá introducirla en el mundo cultural del que él proviene: un mundo lleno de grandes estrellas de la literatura y proyectos “altruistas” cuyo brillo no iguala las dimensiones de su propia hipocresía y sus intereses particulares.

“En la sociedad en la que vivimos, es muy común ser buenas personas o vendernos como tal, porque es muy fácil. Pero somos narcisistas en general y somos seres llenos de defectos”, denuncia Simón Mesa Soto, quien afirma verse reflejado en la figura del protagonista. “Para mí, la película era una autorreflexión sobre lo que implica el proceso de creación. En, dentro de la literatura y el cine, hasta qué punto cuando hago una película con un actor profesional de un determinado entorno social estoy siendo narcisista y qué tanto estoy agarrando del otro”.

Además, tanto el fracaso (¿ante quién?) de Óscar como el éxito (¿ante quién?) que parece prometer Yurlady plantean la siguiente pregunta. ¿Qué es una buena obra de arte? “Ese es un dilema central en la película”, afirma el director. “Hay veces que parece que ser un buen artista es tener habilidad para leer la señal de los tiempos, pero esto no necesariamente implica una buena obra. Hay algunas que reflejan el momento actual y no trascienden más. En cambio, hay otras obras que se hicieron hace 20 años y que parten de una libertad y una honestidad que trascienden los tiempos”.

Reconsiderar el éxito y el fracaso

Por todo ello, Un poeta ataca de forma directa los ideales de éxito que pueblan el mundo cultural y literario. “Óscar es ese diablito que tenemos ahí atrás todo el tiempo. Esa ambición y ese ser idealista y utópico que sabe que la poesía no es un trabajo, pero que sigue con esa idea terca, obstinada, banal y narcisista del éxito artístico, que es la que nos hace creer que se valida lo que hacemos”, explica el director.

El viaje de Óscar es, pues, una suerte de redención con todos los que le rodean: tanto quienes le juzgan como quienes le aman. “Quería llevarlo a encontrar la paz y a encontrar la luz, que es un poco lo que yo mismo buscaba también en mi vida”, detalla Simón Mesa Soto. “Si me pongo a analizar mis momentos de mayor plenitud, estos no pasan por el reconocimiento: pasan por otros momentos más importantes. Para mí, ahora la paz mental de vivir es más importante que la idea obsesiva de la validación”.

Además, Un poeta también recoloca la línea del fracaso. “La mayoría de las veces fracasamos. En cualquier oficio. Y está bien fracasar, porque es parte del proceso. No hay que buscar vivir para el éxito, sino vivir bien. Y esa, tal vez, en la parte de la historia de Yurlady, es la mayor crítica social de la película: en Colombia la gente no necesita tener éxito: necesita vivir bien, y para vivir bien hay que tener lo básico. Eso es lo que no existe en Colombia: lo básico. Es el gran problema de nuestra sociedad”.

La gestión de recursos públicos en el contrato de comunicaciones del Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia está bajo investigación tras detectarse presuntas irregularidades en su ejecución y supervisión.

La polémica salpica a Francia Márquez, exministra y actual vicepresidenta, e involucra a directivos, contratistas y empresas, mientras organismos de control ya adelantan procesos formales, informó Semana.

El contrato de comunicaciones del Ministerio de la Igualdad es objeto de investigación por la posible ineficacia en el uso de más de $9.000 millonesdestinados a campañas de transformación cultural y fortalecimiento de medios comunitarios.

Las autoridades analizan deficiencias en los informes, pagos objetados por la administración y discrepancias en la documentación, lo que podría derivar en la liquidación del ministerio y sus fondos en junio de 2026 si no se resuelve el conflicto.

La controversia comenzó el 14 de mayo de 2024, cuando Ronald Mayorga, jefe de la Oficina de Comunicaciones, y la asesora Carolina Mejía presentaron a Márquez una estrategia de comunicación que requería 9.000 millones de pesos para doce meses y $1.000 millones adicionales para material pedagógico impreso.

Márquez aprobó el proyecto, que fue adjudicado entre Fiduagraria S. A. y la unión temporal Más Igualdad, integrada por la Agencia Toro y el Canal Trece.

El objetivo era desmantelar narrativas de discriminación y promover la inclusión mediante campañas y acciones en medios comunitarios.

Sin embargo, en enero de 2025 representantes de varias áreas internas advirtieron que no recibieron el apoyo comunicativo esperado, situación que habría sorprendido a la vicepresidenta.

Un informe interno obtenido por el medio mencionado resumió: “Las áreas misionales advirtieron que no contaban con el apoyo que habían requerido, y que dar visibilidad a los programas y las acciones era crítico para la gestión de cada uno”.

Irregularidades detectadas en la ejecución del contrato

El contrato, finalmente formalizado por $9.200 millones y establecido para ejecutarse en siete meses, presentó problemas desde los primeros desembolsos.

En diciembre de 2024 se realizaron dos pagos, por $757 millones y $2.778 millones de pesos. Un tercer pago, por $1.000 millones, quedó en suspenso por instrucción de Márquez tras revisar la insuficiencia de los informes.

El Ministerio de la Igualdad registró oficialmente: “Se evidenció ausencia de la construcción narrativa de campañas de cambio cultural y de los informes de analítica que dieran cuenta de cambios narrativos... También se evidenció la ausencia de productos en relación con el fortalecimiento de medios comunitarios y populares”.

Ante los resultados insatisfactorios y la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, Márquez encargó a Mayorga la posible liquidación del contrato; sin embargo, negó al medio citado haber recibido tal orden: “No recibí ninguna orden para liquidar el contrato”.

Pese a la instrucción de pausar el pago, el tercer desembolso por 1.397 millones de pesos fue aprobado, pero no se ejecutó. Mayorga renunció el 19 de febrero de 2025 y su salida del cargo se formalizó a partir del 3 de marzo, quedando pendiente su paz y salvo mientras respondía a los reclamos de la cartera.

Relevo de funcionarios y controversias en la supervisión

El relevo de la gestión colocó a Carlos Rosero al frente del ministerio tras la salida de Márquez. En el empalme de marzo de 2025, Márquez reportó problemas en el contrato y afirmó haber solicitado su liquidación meses atrás, según un informe interno citado por Semana.

La supervisión pasó a Sonia Fernanda Cifuentes el 27 de marzo, que solo el 23 de abril accedió formalmente a los documentos de supervisión previos.

Según la comunicación entregada por Mayorga, el tercer pago estaba respaldado técnicamente. Sin embargo, el comité encargado de validarlo solo incluía a Mayorga y a la representante legal de Más Igualdad.

Cifuentes exigió nuevos soportes y procedió a liquidar el contrato, mientras surgía una cuarta factura respaldada por un informe firmado por Mayorga con fecha posterior a su renuncia, y sin el aval del comité técnico. El ministerio calificó la situación como una “inconsistencia e ilegalidad”.

Al ser consultado, Mayorga declaró: “Después de mi renuncia al cargo, no he intervenido y mucho menos autorizado documento alguno relacionado con dicho contrato... No he elaborado, ni participado en la revisión, ni firmado ningún informe de supervisión ni documento adicional”.

En conversación con el medio citado, defendió su gestión: “Ejercí mi labor como supervisor del contrato cumpliendo con todos los requerimientos... Además, existía una ruta de aprobaciones después del visto bueno de la supervisión para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos. En este mismo sentido, desconozco estos alegatos”.

Investigación y futuro del Ministerio de la Igualdad

Cifuentes indicó a Semana que desde marzo de 2025 empezó la revisión técnica, jurídica y financiera de todas las obligaciones y productos entregados, incluyendo los relacionados con la cuarta factura, sobre la que se solicitaron subsanaciones sin obtener respuesta del contratista.

Como resultado, la Oficina de Control Interno Disciplinario del ministerio inició una investigación formal en octubre de 2025. También notificó a la Procuraduría y la Fiscalía para que actuaran dentro de sus competencias.

La unión temporal Más Igualdad sostiene que su gasto asciende a 4.933 millones de pesos, de los cuales solo ha recibido 3.535 millones. Queda pendiente una factura por 1.397 millones, mientras que la cuarta fue rechazada. El saldo por ejecutar alcanza los 4.347 millones de pesos.

El conflicto permanece abierto por la falta de acuerdo sobre los pagos y los soportes legales. Funcionarios del ministerio insisten en que continuarán con las acciones necesarias si persisten las discrepancias.

De fondo, la resolución de este proceso enfrenta una carrera contra el tiempo. El futuro del Ministerio de la Igualdad y sus fondos depende de alcanzar una solución definitiva antes de junio de 2026, fecha establecida para su liquidación si no se ha resuelto el litigio, según reportó Semana.

La mandataria mexicana compartió a través de redes sociales un breve mensaje acompañado de un video donde se le puede ver compartiendo con los connacionales que ya la esperaban:

“De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”.

Entre fotos y abrazos, así fue el arribo de Sheinbaum a España

A las afueras de un hotel ubicado en la Plaza de España de Barcelona, decenas de mexicanos ya esperaban a Sheinbaum con una efusiva porra: “¡Presidenta, presidenta!”.

Al bajar del vehículo donde viajaba, los connacionales se abalanzaron hacia ella para tomarse fotos y recibir un saludo de la mandataria, quienes no dejaron de corear: “Es un honor estar con Claudia hoy”.

En una de las grabaciones donde fue captada la presidenta, se puede observar que un grupo de músicos la esperaba para realizar una breve presentación frente a la mandataria. #ClaudiaLíderGlobal agradeció el gesto, al mismo tiempo que abrazaba a las personas que se acercaban a saludarla.

El arribo de la líder mexicana se dio entre firma de autógrafos, toma de fotografías con connacionales y un breve mensaje ante medios: “¡Que viva la paz, siempre!”.

¿Cuál es la agenda de la presidenta de México en Barcelona?

El sábado 18 de abril, Sheinbaum participará en Barcelona en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto a varios jefes de Estado. Durante esta visita de trabajo, la mandataria mexicana mantendrá reuniones con:

• Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; 
• Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia;
• Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; 
• Yamandú Orsi, presidente de Uruguay;
• y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

La agenda de la presidenta también incluye un encuentro con la comunidad mexicana residente en España.

El domingo 19 de abril, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tiene previsto reunirse con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por las instalaciones.

En esta gira, la presidenta estará acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

El distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado frente a la ciudad colombiana de Leticia en plena Amazonía, vuelve a captar la atención, esta vez por sus resultados electorales. La zona, que fue motivo de tensiones territoriales entre Perú y Colombia, mostró una clara tendencia en las urnas durante las recientes elecciones presidenciales.

Este territorio ha estado ligado a un antiguo diferendo derivado de la delimitación fijada en el siglo XX mediante el Tratado Salomón-Lozano. Aunque la configuración actual de la isla no estaba definida entonces, la posición peruana ha sostenido que se trata de una continuidad territorial ya reconocida. A ello se suma el control efectivo ejercido por el Estado peruano durante décadas, factor que consolidó su administración y redujo las controversias con el paso del tiempo.

Amplia ventaja en los resultados electorales

Los datos oficiales de las Elecciones Generales 2026 evidencian una marcada preferencia electoral en Santa Rosa de Loreto. Con el 72,888% de los votos válidos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se posicionó ampliamente en el primer lugar, concentrando casi tres cuartas partes del respaldo ciudadano en este distrito amazónico.

En términos de votos emitidos, la candidata alcanzó el 47,326%, lo que se traduce en 699 votos. Esta diferencia respecto a sus competidores refleja una votación altamente concentrada, con escasa dispersión entre las demás opciones políticas.

Competencia fragmentada entre los demás candidatos

Muy por detrás del primer lugar aparece Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien obtuvo el 5,631% de votos válidos y 54 votos en total. La distancia entre el primer y segundo puesto supera ampliamente los 60 puntos porcentuales, lo que evidencia un escenario sin disputa real por el liderazgo.

Otros candidatos, como Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla y César Acuña Peralta, alcanzaron el 4,484% y 3,858%, respectivamente. Ambos se ubicaron en posiciones intermedias, aunque sin capacidad de acercarse al resultado dominante registrado en el distrito.

Participación menor en otras candidaturas

En los niveles más bajos de votación se encuentran Carlos Gonzalo Álvarez Loayza y Roberto Helbert Sánchez Palomino, ambos con 2,398% de los votos válidos. Más abajo aún figura George Patrick Forsyth Sommer con 1,460%, seguido por otras candidaturas con porcentajes incluso menores.

Estos resultados muestran una distribución desigual del voto, donde la mayoría del electorado optó por una sola alternativa, dejando al resto con participaciones reducidas.

Un distrito con historia y estabilidad reciente

La creación oficial del distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano reforzó la presencia estatal en la zona y contribuyó a consolidar su integración administrativa. Esta medida también buscó mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y afianzar la institucionalidad en un punto estratégico de la Amazonía.

Con el tiempo, la situación parece haberse estabilizado y no se han registrado nuevos episodios relevantes de tensión. En ese contexto, los recientes resultados electorales se desarrollaron con normalidad en el distrito.

Se prevé que la ONPE entregue el resultado final al 100% en mayo

El cómputo oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recién se daría a conocer en mayo, debido a la alta cantidad de actas electorales observadas que están ralentizando el escrutinio. Así lo advirtió el excanciller Javier González-Olaechea, quien señaló que el proceso se encuentra condicionado por un volumen considerable de impugnaciones pendientes de resolución antes de su incorporación definitiva.

En declaraciones a Canal N, el exministro detalló que “al día de hoy en la mañana, 4.632 impugnaciones ya se habían presentado”, reflejando la dimensión del proceso en marcha. Asimismo, indicó que este número podría seguir creciendo conforme avance la revisión de actas por parte de las organizaciones políticas involucradas.

González-Olaechea también explicó que las actas cuestionadas no se suman automáticamente al conteo general, ya que deben ser evaluadas previamente. “Hay un proceso, porque eso no se puede contabilizar”, afirmó el excanciller al describir los pasos que siguen las autoridades electorales para determinar la validez de cada observación.

A diario, las autoridades colombianas reportan casos en los que connacionales y extranjeros son capturados en terminales aéreas por llevar elementos prohibidos o intentar salir del país con narcóticos.

Sin embargo, el 17 de abril se registró una captura que llamó la atención de la opinión pública y fue tendencia en redes sociales, puesto que un ciudadano británico de 25 años, identificado como Fahad Uddin Ahmed, fue capturado por la Policía Antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, cuando intentó salir de Colombia con bolsas de leche en polvo repletas de cocaína.

El arresto se registró durante los controles rutinarios realizados por las autoridades en la zona de embarque internacional de la terminal aérea.

El procedimiento inició cuando los agentes revisaron el equipaje de mano del pasajero extranjero y, durante la inspección, los uniformados hallaron varios paquetes cuyo empaque y apariencia simulaban contener leche en polvo. Al observar irregularidades en los envoltorios, los agentes realizaron una prueba técnica sobre el contenido de los paquetes.

El resultado de esta verificación confirmó que se trataba de cocaína y no de leche en polvo como sugería la presentación inicial.

El ciudadano británico intentaba transportar la sustancia ilícita hacia el exterior, utilizando el método de ocultamiento para evadir los controles de seguridad aeroportuaria. Tras la detección y confirmación del contenido de los paquetes, las autoridades procedieron con la incautación de la droga y la captura inmediata del implicado en el lugar de los hechos.

Después de la detención, Fahad Uddin Ahmed fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente. El joven deberá enfrentar cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades en el Valle del Cauca informaron que continuarán con los operativos de vigilancia y control en la terminal aérea, con el propósito de detectar y frenar intentos de tráfico de sustancias ilícitas mediante diferentes modalidades de ocultamiento en equipajes de mano y otros métodos utilizados por personas que intentan transportar droga al exterior.

¿Cuánto tiempo podría estar en prisión el británico capturado?

En diálogo con Infobae Colombia, el jurista Rogelio Roldán explicó que la legislación colombiana establece que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes puede ser sancionado con penas de prisión que varían según la cantidad y el tipo de sustancia incautada.

Cuando la cantidad incautada de cocaína excede los 100 gramos, la pena de prisión va de 128 a 360 meses (poco más de 10 años y hasta 30 años), junto con una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad encontrada es menor o igual a 100 gramos de cocaína, la pena de prisión oscila entre 64 y 108 meses (de cinco a nueve años), además de una multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de cantidades superiores a los límites del inciso anterior, pero que no superan los 2.000 gramos de cocaína, la sanción puede ser de 96 a 144 meses de prisión (de ocho a doce años), con una multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El jurista explicó que las penas pueden aumentar si existen circunstancias agravantes, como la utilización de menores de edad, la pertenencia a una organización criminal o la comisión del delito en zonas escolares o lugares de concurrencia masiva. Además, las sanciones incluyen multas económicas que varían en función de la cantidad de droga incautada.

Sumado a ello, afirmó que las penas mencionadas podrían variar dependiendo del desarrollo del proceso legal y la cooperación que tenga el extranjero para revelar el origen del estupefaciente.

Un ciudadano mexicano acusado de explotación sexual infantil en Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias mientras pasaba los controles migratorios correspondientes, informó este jueves Migración Colombia.

El extranjero tenía vigente una solicitud de localización y detención por parte de autoridades policiales estadounidenses y fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía tras llegar al país en un vuelo procedente de México.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que “el control migratorio riguroso” permite detener a personas buscadas por la justicia internacional y con ello proteger a la población colombiana.

“Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta (Cartagena) y otras ciudades, articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, dijo Arriero.

Migración Colombia detalló que hasta la fecha respondió a más de 30 alertas de Interpol, mientras que en 2025 estos llamados superaron las 100 notificaciones, con un trabajo que busca fortalecer los mecanismos de verificación y cooperación internacional.

La entidad gubernamental aseguró que los sitios de alta afluencia turística, como Cartagena, tienen mucha presencia de menores de edad que podrían ser captados para explotación sexual, redes proxenetas y pornografía infantil.

Por ello, los controles de seguridad también están enfocados en revisar inmuebles donde se denunciaron encuentros sexuales en los que participan extranjeros. (Con información de EFE)

Monómeros estaría cerca de alcanzar un acuerdo con sus acreedores que le permitiría superar su crisis financiera. La empresa podría salir del proceso de vigilancia estatal en los próximos meses, según información obtenida por Blu Radio.

El superintendente Billy Escobar proyecta que el acuerdo se concrete en junio, con el pago de deudas superiores a $100 mil millones. Esto marcaría el retorno a la normalidad operativa de la compañía, según información obtenida.

La compañía ya presenta estados financieros organizados y muestra señales de recuperación tras su proceso de reorganización. El panorama es considerado viable por las autoridades.

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Avanza acuerdo con acreedores

La empresa Monómeros, una de las más importantes en el sector de fertilizantes en Colombia, avanza en su proceso de reorganización con el objetivo de alcanzar un acuerdo con sus acreedores en los próximos meses.

Desde Barranquilla, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que la compañía se encuentra en una fase clave para consolidar este acuerdo, el cual permitiría estabilizar su situación financiera.

“Ellos están en la etapa de reorganización… en mis cuentas les quedan más o menos tres meses, es decir para el mes de junio se daría todo”, afirmó el funcionario, citado por Blu Radio.

De concretarse este proceso, la empresa podría salir de la vigilancia especial a la que fue sometida y retomar plenamente sus operaciones.

El acuerdo contemplaría el pago de obligaciones que superan los $100 mil millones, una cifra clave para restablecer la confianza en la compañía.

Recuperación financiera y proyección

El superintendente destacó que, a diferencia de su situación en 2024, cuando presentaba desorden en sus cuentas, actualmente Monómeros cuenta con estados financieros claros y organizados.

Esta transformación ha sido determinante para avanzar en el proceso de reorganización y proyectar un escenario de recuperación.

Escobar explicó que la viabilidad del acuerdo también está relacionada con la composición de los acreedores, ya que una parte importante corresponde a contratistas vinculados a la propia operación de la empresa.

“Es viable… porque el mayor acreedor son ellos mismos, o sea sus contratistas venezolanas”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Además, resaltó que la compañía ha comenzado a generar utilidades en el presente año, luego de un periodo prolongado de dificultades financieras.

Impacto en el sector y continuidad operativa

La posible salida de Monómeros del proceso de vigilancia tendría un impacto relevante en el sector agrícola, dado su papel en la producción y distribución de fertilizantes.

El superintendente calificó a la empresa como una “empresa salvada”, destacando su reputación, su participación en el mercado y su importancia social.

También señaló que la compañía se beneficia de la eliminación de restricciones internacionales que anteriormente afectaban su operación, lo que mejora su perspectiva a futuro.

Monómeros, que cuenta con miles de trabajadores directos, es considerada estratégica para la cadena productiva del país, especialmente en el suministro de insumos para el agro.

Aunque la posibilidad de una venta no se descarta en términos generales, las autoridades indican que actualmente la empresa está enfocada en consolidar su estabilidad financiera y operativa.

En este contexto, el acuerdo con acreedores se perfila como un paso determinante para garantizar su continuidad y fortalecer su rol dentro de la economía nacional.

El candidato Iván Cepeda defendió la legalidad de la financiación de su campaña y aseguró que sus cuentas están en regla ante el Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre el sistema de reporte electoral, según información obtenida por Revista Semana.

El senador afirmó que todos los movimientos financieros están debidamente soportados y disponibles para verificación por autoridades y ciudadanos. Además, señaló que su equipo ha actuado bajo principios de austeridad y transparencia, según información obtenida.

La declaración ocurre en un contexto de alertas por fallas técnicas en la plataforma de rendición de cuentas del CNE. El tema ha generado preocupación sobre la transparencia en el proceso electoral.

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Defensa de la financiación y transparencia

Iván Cepeda reiteró que su campaña se ha desarrollado bajo el cumplimiento estricto de las normas establecidas en la Constitución y la legislación electoral.

“Las cuentas de mi campaña están en regla ante el Consejo Nacional Electoral, se encuentran debida y rigurosamente soportadas en documentos contables, que dan cuenta del origen, la gestión, los gastos y su registro oficial”, afirmó el candidato, citado por Revista Semana.

El senador enfatizó que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio fundamental de su proyecto político.

En ese sentido, aseguró que cualquier ciudadano o autoridad puede verificar la información financiera de su campaña, lo que busca generar confianza en el proceso electoral.

Además, indicó que su equipo ha mantenido una política de cero tolerancia frente al uso indebido de recursos públicos o la injerencia de servidores del Estado.

Contexto de fallas en el sistema electoral

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio de un ambiente de tensión técnica, tras las advertencias realizadas por la organización Transparencia por Colombia.

Según se ha señalado, existen dificultades en el funcionamiento de la plataforma Cuentas Claras, administrada por el Consejo Nacional Electoral, que es utilizada para reportar los gastos de campaña.

Entre los problemas identificados se encuentran demoras en la asignación de usuarios y contraseñas para los candidatos, lo que ha dificultado el registro oportuno de la información financiera.

Estas fallas podrían generar riesgos de opacidad en el proceso electoral, así como eventuales sanciones para los aspirantes que no logren cumplir con los tiempos establecidos.

Debate sobre transparencia y proceso electoral

El contexto electoral actual se caracteriza por una alta exigencia en materia de transparencia y control de recursos, especialmente en campañas políticas.

Cepeda aseguró que su postura responde también a lo que considera una “campaña sistemática de difamación”, frente a la cual ha optado por reforzar la claridad en el manejo de los recursos.

En Colombia, cada proceso electoral implica una logística compleja, con miles de mesas de votación y comisiones escrutadoras que deben garantizar la legalidad del proceso.

En ese escenario, la rendición de cuentas se convierte en un elemento clave para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones.

El candidato insistió en que su campaña ha priorizado la austeridad como principio rector, en contraste con prácticas cuestionadas en otros contextos políticos.

Mientras tanto, el debate sobre las condiciones técnicas del sistema de reporte y la transparencia en la financiación de campañas continúa siendo uno de los puntos centrales de la agenda electoral en el país.

Cabe recordar que Díez es conocido principalmente por su canal de YouTube, donde explora destinos exóticos y documenta su experiencia enfrentando situaciones extremas, como consumir alimentos inusuales o visitar lugares peligrosos. Su contenido destaca por su enfoque documental y la autenticidad con la que muestra culturas poco conocidas. Lethal Crysis ha viajado por más de 80 países y ha acumulado millones de seguidores, consolidándose como uno de los referentes en el ámbito de la aventura y el turismo alternativo en redes sociales.

Sin embargo, el contenido difundido en esta ocasión no fue a través de YouTube, sino de su cuenta de Instagram, puesto que reveló que el video fue rechazado por las políticas de la plataforma inicialmente mencionada.

“Entré en laboratorios de cocaína en las montañas de Colombia. Una de las zonas más calientes del país, inundada de plantaciones de coca. El reportaje fue restringido y quedó enterrado en YouTube debido a su delicada temática. Como sé que la mayoría de vosotros no lo pudo ver, también por su antigüedad, dejo por aquí este reel y los invito a buscar en YouTube: “Campesinos colombianos cambian plantaciones de coca por café”.

“Os voy a contar cómo conseguí entrar en laboratorios de la cocaína en las montañas de Colombia”, es parte del relato del español, que explicó cómo debió permanecer en una zona con poca presencia de las autoridades en el municipio de Argelia, en el Cauca.

“Por todas las laderas de la montaña son plantaciones de coca; fueron varias horas desde Popayán. Estas zonas están disputadas entre el Ejército, los paramilitares y las guerrillas”.

Díez recordó que varios locales le afirmaron que era habitual que ellos quedaran en medio de los combates en la región, siendo muy probable que pudieran morir en el fuego cruzado.

El español reveló que en esa ocasión pudo ingresar a una zona roja por un proyecto nacional que intentaba convencer a familias de cambiar sus cultivos de coca por nuevas economías agrícolas.

El youtuber español narró que fue testigo de cómo la violencia interna de Colombia provocaba que los campesinos intentaran cambiar sus vidas y alejarse de la coca, pero también observó las dificultades que tienen para que esto sea concretado.

“Tras ver la muerte que esto traía a sus familias, ellos volverían a lo de antes”, indicó Díez, que en medio de la visita fue notificado de que sería aceptado en un laboratorio de cocaína para registrar todo en este lugar.

Más allá de revelar detalles de cómo es procesada la coca hasta convertirse en cocaína, el español indicó que su relato sería centrado en hablar de las familias de la zona, que, en su mayoría, reconocieron tener un familiar muerto por haber ingresado al mundo criminal.

“El 80 o 90% tienen algún miembro muerto. Nos encontramos en un verdadero punto de riesgo, en un punto rojo. En el municipio estuve apenas unas horas porque en el municipio la guerrilla había puesto un toque de queda. Cualquier coche que fuera visto sería tiroteado y nos tocó salir rápido hacia Popayán”, puntualizó el español.

En sus redes sociales, el español afirmó que su experiencia en Colombia le permitió confirmar la teoría de que el problema no es de la hoja de coca, puesto que esta es utilizada para aspectos positivos en algunas comunidades, sino que la responsabilidad de la violencia que gira en torno a ella es de los humanos y su comportamiento ilegal.

El 16 de abril se conoció que la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del cartel de Cali, ha vuelto a solicitar ayuda del Gobierno colombiano para el retorno del capo que está recluido en una cárcel de Estados Unidos.

Los abogados y familiares del tolimense afirman que padece de una enfermedad terminal y que uno de los últimos deseos de Rodríguez Orejuela, que actualmente tiene 82 años, es pasar sus últimos días de vida en Colombia.

Sin que exista ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno nacional, en el país ha generado interés lo que pueda pasar con este caso, en el que uno de los mayores capos de la historia de Sudamérica está implorando por volver a su país de origen.

La historia del ‘Señor’, el menor de los Rodríguez Orejuela

Miguel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, en donde ingresó junto a su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, al mundo del crimen con el contrabando de electrodomésticos y bienes de consumo a través de empresas legales como fachada.

Precisamente, la experiencia que tuvieron con el manejo de negocios legales fue lo que les permitió consolidar varias empresas comerciales en el Valle del Cauca, que luego utilizaron para blanquear los activos que generaban con el tráfico de estupefacientes.

Junto con Hélmer “Pacho” Herrera Buitrago y José “Chepe” Santacruz Londoño, conformaron el cartel de Cali, que, a diferencia del de Medellín, operaba desde las sombras, haciendo que ellos conservaran sus fachadas de empresarios exitosos.

Entre las compañías que lideraron está Drogas La Rebaja, que generaba ganancias por sí sola y, tras la intervención del Estado, se logró que continuara funcionando, lo que sigue pasando en la actualidad.

Durante el auge del narcotráfico en Colombia, los hermanos Rodríguez Orejuela se convirtieron en figuras de respeto en Cali, llegando al punto de que invirtieron parte de su capital en América, uno de los clubes de la región.

Miguel, conocido en ese momento como “El Señor”, era el que mandaba al interior del club de fútbol que llegó a tener en sus filas a figuras como Falcioni y Gareca, y jugó en tres oportunidades la final de la Copa Libertadores.

Mientras Pablo Escobar tenía una guerra contra el Estado, el cartel de Cali logró permear a las instituciones gubernamentales hasta que un conflicto entre “Pacho” Herrera y Escobar provocó que se cayera la fachada que manejaban.

Para acabar con Escobar, los Rodríguez Orejuela conformaron, junto a otros enemigos del capo antioqueño, a Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), y hasta la fecha hay versiones de la historia en las que se afirma que fueron ellos los que terminaron con la vida del fundador del cartel de Medellín en 1993.

La caída de Pablo Escobar hizo que las autoridades norteamericanas pusieran sus ojos en la organización liderada por los Rodríguez Orejuela, que tuvieron tanto poder que llegaron a intervenir económicamente en las elecciones presidenciales de Colombia en 1994.

El primero en caer fue Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995; dos meses después se registró la captura de Miguel, que fue entregado por su jefe de seguridad.

Durante 10 años los hermanos estuvieron recluidos en prisiones de Colombia, hasta que en 2005 fueron extraditados a Estados Unidos, en donde aceptaron cargos por conspiración para importar cocaína.

La vida de los capos ha sido contada en diferentes series; sin embargo, desde que fueron enviados a Norteamérica, optaron por no hacer pronunciamientos públicos, lo que cambió después del 31 de mayo de 2022, cuando se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde ese momento, “El Señor” ha buscado de diferentes formas, incluyendo el envío de cartas al presidente Gustavo Petro, poder volver a Colombia.

Luego de más de 30 años desde que Pablo Escobar ingresó a cuatro hipopótamos africanos de manera ilegal a Colombia, esta especie se ha convertido en un problema en el Magdalena Medio, en donde habría más de 200 de estos animales.

Además de ser la especie que más provoca muertes humanas al año, los hipopótamos generan otras consecuencias en el ecosistema colombiano, lo que incluye poner en riesgo de extinción a los bocachicos, los manatíes y las nutrias.

Es por ello que el Gobierno colombiano tomó la decisión de comenzar un proceso que consiste en matar a 80 hipopótamos; con los restantes se buscará que sean ubicados en otras naciones y, a la par, se llevarán a cabo intervenciones de esterilización para controlar la población de este animal.

Esto ha comenzado una polémica en la que defensores de animales han rechazado la decisión del Ministerio de Ambiente, siendo el mexicano Ernesto Zazueta una de las figuras que más se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Zazueta es el representante de varios refugios de animales que se han ofrecido a recibir algunos de los hipopótamos y, en diálogo con El Colombiano, afirmó que los Gobiernos de Colombia y México han impedido que esto se registre.

“Sí, desde hace dos años o tres años tratamos de rescatar los hipopótamos que están en Doradal. Sabemos que los gobiernos de todas las partes son iguales: si no tienen los reflectores, no te permiten hacer las cosas. Ofrecimos trasladar unos al santuario de México y otros a la India, un santuario al que he donado muchos animales. Conseguimos los recursos para que al gobierno colombiano no le costara nada el traslado. Pero hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de ambiente, y el asunto se tornó feo. No perdemos la esperanza de ayudar a los hipopótamos”, declaró Zazueta.

Al respecto, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, reconoció que hay acercamientos para enviar algunos hipopótamos al exterior, pero esto no ha sido concretado porque no están las garantías para que los refugios puedan recibir a los animales, puesto que se trata de individuos nacidos en Colombia que podrían tener enfermedades diferentes a los de los nativos de África.

En medio de la polémica, también se ha recordado que Azcarm, refugio del que es vocero Zazueta, ha estado involucrado en investigaciones por presunto tráfico ilegal de especies.

¿Qué se sabe de las investigaciones?

Las investigaciones son directamente contra María de los Ángeles Palma Irizarry, exfuncionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México, y están centradas en presuntas conductas irregulares vinculadas al tráfico ilegal de especies.

En este caso, Palma Irizarry ocupó la dirección general de Vida Silvestre en Semarnat hasta 2022, cuando renunció y pasó a dirigir la unidad de Bienestar Animal del santuario Ostok Sanctuary, en Sinaloa, propiedad de Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

Una investigación de la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública detectó que al menos 13 funcionarios, incluida Palma Irizarry, habrían incurrido en prácticas que podrían considerarse tráfico ilegal de especies. Entre las irregularidades detectadas figuran autorizaciones falsas para la captura y comercialización de especies protegidas, como pepino de mar, rana pinta, borrego cimarrón, tampicirán y aves acuáticas.

Los expedientes señalan que estas prácticas se realizaron de manera sistemática dentro de la Dirección General de Vida Silvestre. La investigación adquiere relevancia en el contexto del interés de Ostok Sanctuary en trasladar al menos 10 hipopótamos del Magdalena Medio, en Colombia, a México.

El traslado requeriría movilizar más de 5.000 millones de pesos y superar trámites internacionales. El vínculo de Palma Irizarry con ambas instituciones ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos y la legalidad de las autorizaciones para movilizar fauna silvestre entre países.

El caso, expuesto por el medio Contralínea, sugiere que la red de permisos irregulares no se limita a una sola especie, sino que involucra un patrón de anomalías administrativas y legales en la gestión de vida silvestre en México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance de las prácticas irregulares dentro de la Semarnat y su posible relación con el santuario Ostok.

Proantioquia respaldó la declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín y advirtió que la situación evidencia una crisis estructural del sistema de salud en Colombia. El pronunciamiento se dio tras el colapso de la red hospitalaria en la ciudad, según información obtenida por Blu Radio.

La organización señaló que la alta ocupación en hospitales y la suspensión de servicios reflejan fallas profundas en el funcionamiento del sistema. Además, hizo un llamado urgente a todos los actores para coordinar acciones que permitan superar la crisis, según información obtenida.

El gremio insistió en que el problema ya no es local, sino un reflejo de dificultades nacionales que afectan el acceso a la atención médica. La situación pone en riesgo a millones de usuarios del sistema.

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Colapso hospitalario y presión sobre el sistema

Proantioquia calificó como crítica la situación que atraviesa Medellín, al señalar que la ocupación hospitalaria supera ampliamente la capacidad instalada.

Según el gremio, los niveles de ocupación se encuentran entre el 150 % y el 250 %, lo que ha desbordado la infraestructura de salud y ha generado dificultades para atender a los pacientes, especialmente en casos de urgencia.

Este panorama se agrava por la suspensión de servicios en centros de alta complejidad, una consecuencia directa de los retrasos en los pagos a clínicas y hospitales.

La falta de flujo de recursos ha impactado la operación de las instituciones prestadoras de salud, limitando su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda.

Respaldo a la emergencia y llamado a medidas urgentes

Frente a este escenario, la agremiación respaldó la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de declarar la emergencia hospitalaria.

Consideró que la magnitud del problema requiere la adopción de medidas extraordinarias para evitar un deterioro aún mayor en la atención de los usuarios.

El gremio enfatizó que la prioridad debe centrarse en garantizar la continuidad de los servicios y proteger la vida de los pacientes.

Además, destacó que la crisis actual no puede analizarse únicamente desde cifras financieras, sino desde su impacto directo en la población.

“Hoy, más que de cifras, estamos hablando de personas…”, señaló la organización, citado por Blu Radio.

Un problema nacional que exige coordinación

Proantioquia advirtió que lo que ocurre en Medellín es un reflejo de problemas estructurales del sistema de salud en todo el país.

En ese sentido, hizo un llamado a la articulación entre Gobierno, entidades prestadoras, aseguradores y demás actores del sector para enfrentar la situación.

La organización subrayó que es necesario actuar con responsabilidad, rigor y sentido de urgencia para restablecer la atención y recuperar la confianza en el sistema.

Asimismo, alertó sobre el impacto que la crisis puede tener en cerca de siete millones de antioqueños que dependen del funcionamiento adecuado de los servicios de salud.

El pronunciamiento concluye que, sin acciones coordinadas y oportunas, el sistema podría enfrentar un deterioro aún mayor, afectando de manera directa la atención de los pacientes y la estabilidad del sector salud en Colombia.

Bogotá puso en marcha una estrategia para facilitar el acceso a vivienda digna a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La iniciativa busca responder a las dificultades que enfrenta esta población para acceder al mercado inmobiliario tradicional, según información obtenida por Revista Semana.

El programa elimina barreras como los créditos hipotecarios exigentes y propone un modelo más flexible basado en las condiciones reales de los beneficiarios. Además, busca garantizar estabilidad, seguridad y bienestar para quienes no cuentan con vivienda propia, según información obtenida.

La propuesta incluye un enfoque integral que no solo contempla vivienda, sino también calidad de vida y autonomía para los adultos mayores. Este modelo marca un cambio en la forma de abordar el acceso a vivienda en la ciudad.

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Un modelo sin barreras financieras tradicionales

El acceso a vivienda en Bogotá ha sido históricamente complejo para los adultos mayores, especialmente por las exigencias del sistema financiero.

Factores como la falta de ingresos estables, la edad avanzada y los requisitos de endeudamiento han dejado a muchas personas fuera del mercado formal, obligándolas a depender de familiares o a vivir en condiciones precarias.

Frente a este panorama, el Distrito propone un modelo que elimina la necesidad de cumplir con las condiciones tradicionales de crédito, facilitando el acceso a soluciones habitacionales.

La estrategia está dirigida especialmente a personas mayores que no tienen vivienda propia y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En lugar de exigir altos ingresos o historial crediticio, el modelo evalúa de manera más amplia la situación social y económica de los beneficiarios.

Proyecto Aldeia y enfoque integral

Dentro de esta iniciativa se destaca el proyecto Aldeia, que abrirá sus puertas el 20 de junio y será operado por Casa Nua.

Más allá de ofrecer viviendas, este proyecto propone un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

El modelo contempla espacios diseñados para fomentar la interacción social, prevenir el aislamiento y promover estilos de vida activos.

Este enfoque responde a recomendaciones de expertos en salud, quienes destacan la importancia de mantener la actividad física y social en la vejez para preservar el bienestar.

Además, la iniciativa prioriza a quienes más lo necesitan, simplifica los procesos de acceso y evita que los beneficiarios asuman deudas difíciles de pagar.

Una apuesta por la inclusión y la dignidad

El programa representa un cambio en la manera en que se abordan las políticas de vivienda en Bogotá, pasando de esquemas rígidos a modelos más inclusivos.

La estrategia reconoce que no todas las personas cuentan con las mismas condiciones para acceder a una vivienda, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En este sentido, se busca construir soluciones sostenibles que respondan a las realidades económicas y sociales de los adultos mayores.

Aunque el déficit de vivienda en la ciudad sigue siendo significativo, este tipo de iniciativas abre nuevas oportunidades para una población históricamente excluida del sistema.

Para muchos adultos mayores, este programa representa la posibilidad de acceder a un hogar propio, con mayor estabilidad, seguridad y dignidad, sin depender exclusivamente de su capacidad económica o del apoyo de terceros.

Panamá busca cambiar el mapa de su turismo internacional con una estrategia que apunta directamente al interior del país, comenzando por el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, una terminal que, hasta ahora, ha operado principalmente con vuelos estacionales provenientes de Canadá.

La meta es clara: convertir esta infraestructura en la puerta de entrada a la llamada Riviera Pacífica panameña, donde se concentra la mayor oferta de hoteles de playa del país.

El plan, impulsado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), intenta corregir una de las principales debilidades del destino: la dependencia de la Ciudad de Panamá como punto de entrada y distribución de turistas.

Según explicó a Infobae su director general, Salomón Shamah, trasladar visitantes desde Tocumen hacia el interior resulta costoso y poco eficiente, lo que ha limitado el desarrollo de zonas como Río Hato, Pedasí y el Golfo de Chiriquí.

Para revertir esa situación, el Gobierno ha aprobado un presupuesto de $4 millones, al que se suma un $1 millón adicional aportado por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de incentivar vuelos internacionales directos hacia aeropuertos regionales como Río Hato y David.

La estrategia busca reducir costos logísticos y hacer más atractivos los paquetes turísticos al eliminar traslados internos. En el caso de David, se tiene pensado explotar el turismo de compras, combinado con destinos de playa en el Golfo de Chiriquí, explicó Shamah.

El enfoque inicial está puesto en lograr vuelos no estacionales, es decir, operaciones durante todo el año y no solo en temporadas altas. En ese sentido, las primeras negociaciones apuntan a rutas desde Bogotá, Medellín y Quito, con el interés de atraer turistas de mercados cercanos que puedan viajar con mayor frecuencia.

Las aerolíneas en evaluación incluyen a Wingo y Air Panamá, además de otros operadores que aún se mantienen en conversaciones.

El modelo que se está construyendo contempla la participación de turoperadores, hoteles y aerolíneas, mediante esquemas de precompra de asientos que permitan asegurar la ocupación inicial de los vuelos mientras se consolida la demanda.

Sin embargo, el reto no es menor. A pesar de que el flujo de visitantes internacionales hacia la zona de Río Hato ha mostrado mejoras en los últimos años, el destino aún está lejos de alcanzar el nivel de desarrollo de regiones como Guanacaste en Costa Rica o Punta Cana en República Dominicana, que han logrado posicionarse como polos turísticos globales con alta conectividad aérea y una oferta consolidada.

Parte del desafío radica en factores operativos. Las aerolíneas han planteado horarios de llegada fuera de los rangos tradicionales, incluso en horas de madrugada, lo que obliga a coordinar servicios de migración, aduanas y logística hotelera en horarios poco convencionales.

Esto implica ajustes tanto del sector público como del privado, desde la disponibilidad de personal hasta la forma en que se gestionan las noches de hospedaje.

A nivel de oferta, Panamá cuenta con una ventaja clara: la concentración de hoteles de playa en la Riviera Pacífica, especialmente en áreas como Río Hato y Pedasí, donde se ubican resorts, villas y proyectos turísticos con potencial de crecimiento.

No obstante, la falta de conectividad directa ha limitado su aprovechamiento frente a destinos competidores.

El objetivo de fondo es lograr que el turista internacional llegue directamente al destino final, evitando escalas innecesarias en la capital. Esto no solo reduce costos, sino que mejora la experiencia del visitante y aumenta la competitividad del país en el mercado regional.

En 2025, Panamá recibió más de 3 millones de visitantes internacionales, y la meta para 2026 es superar esa cifra mediante estrategias como esta, enfocadas en diversificar la oferta y descentralizar el turismo. La apuesta por el interior forma parte de un cambio de enfoque que busca distribuir mejor el impacto económico del sector.

A pesar de los avances, el éxito del plan dependerá de múltiples factores: la disposición de las aerolíneas a asumir riesgos, la coordinación entre actores del sector turístico y la capacidad del país para posicionar estos destinos en mercados internacionales.

Como reconocen las propias autoridades, el objetivo no es inmediato, sino construir una ruta sostenible que permita que más visitantes descubran el potencial turístico más allá de la capital.

Según explicó Salomón Shamah, el esquema que se negocia para abrir esas rutas contempla una distribución compartida del riesgo comercial entre varios actores del sector.

Los turoperadores asumirían una parte de los asientos mediante precompra, las aerolíneas colocarían otra porción en sus propios sistemas de reservación y los hoteles también reservarían cupos para sus clientes.

El resto quedaría disponible para venta abierta al público. Bajo ese modelo, Promtur cubriría la diferencia necesaria para alcanzar una tarifa que permita madurar la ruta y hacer viable la operación mientras el destino gana tracción entre los viajeros.

En ese contexto, el Aeropuerto de Río Hato se convierte en una pieza clave de una estrategia más amplia que intenta redefinir el turismo en Panamá. La pregunta ya no es si el país tiene el potencial, sino si logrará traducirlo en una oferta competitiva frente a destinos que llevan décadas de ventaja.

Casos como el registrado en Bogotá el 14 de abril durante el intento de robo a los escoltas de un carro de valores y el incremento de las muertes violentas en Colombia, han encendido las alarmas dentro del sector de la seguridad privada.

Es por ello que la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) reportó que las muertes violentas en el país aumentaron en más del 9% entre 2024 y 2025, según las cifras más recientes de Medicina Legal.

El gremio advirtió que este fenómeno refleja un deterioro progresivo del entorno de seguridad, en un contexto marcado por la proximidad de procesos electorales y la preocupación ciudadana por la tranquilidad en los espacios cotidianos.

En el documento, Confevip expuso que en 2024 se registraron 29.290 muertes violentas, mientras que en 2025 la cifra subió a 30.787 casos, lo que coincide con el aumento de delitos como el homicidio, que pasó de 13.917 casos en 2024 a 14.780 en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 10%.

El gremio mencionó que entre enero y febrero de 2026, la tendencia al alza se mantiene, con 4.940 muertes violentas frente a las 4.469 del mismo lapso en 2025, lo que representa un incremento del 10%.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, señaló que estas cifras reflejan un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en el país. Según Díaz, el aumento de los índices de violencia se produce en un momento especialmente delicado, ya que coincide con el periodo electoral, lo que incrementa la sensibilidad social frente a la percepción de inseguridad.

El dirigente gremial aseguró que la seguridad privada está respondiendo de manera activa a estos desafíos y que el sector ha comenzado a incorporar nuevas tecnologías para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía.

“Desde la seguridad privada no nos estamos quedando quietos: estamos incorporando tecnología como drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia inteligente para anticiparnos a los riesgos y proteger mejor a los ciudadanos en sus entornos cotidianos”, afirmó Díaz.

En el comunicado se afirma que el uso de herramientas como la inteligencia artificial y la robótica busca incrementar la eficacia de las labores de prevención y vigilancia. El gremio sostiene que la integración de estos recursos permite una mejor capacidad de reacción ante incidentes de violencia y contribuye a fortalecer la protección de las personas en espacios públicos y privados.

Díaz también hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que fortalezcan el trabajo conjunto con la seguridad privada. “Es clave que el Gobierno Nacional y los alcaldes cuenten con la seguridad privada como aliada. Si articulamos esfuerzos, podemos mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino también la percepción de tranquilidad que hoy tanto necesitan los colombianos”.

El gremio plantea que la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para enfrentar el fenómeno del aumento de muertes violentas. Según los datos entregados por Medicina Legal y sistematizados por Confevip, la tendencia de homicidios y otras formas de violencia letal se mantiene en los primeros meses de 2026, lo que genera inquietud entre los responsables de la seguridad y la convivencia en las ciudades.

Para el gremio, la situación refleja un escenario en el que los actores de la seguridad privada consideran indispensable la implementación de tecnologías avanzadas y la consolidación de alianzas estratégicas para contribuir a la reducción de los índices de violencia.

Desde Confevip resaltaron la importancia de que la seguridad privada sea reconocida como un actor complementario en el sistema de seguridad del país, e insistieron en la necesidad de una coordinación más estrecha entre el sector privado y el Estado para responder con mayor eficacia a la problemática de la violencia y ofrecer alternativas que ayuden a restablecer la confianza de la ciudadanía.

El Gobierno de Colombia confirmó que comenzará con un proceso de eutanasia a 80 hipopótamos en el Magdalena Medio y las voces en contra de la medida han pedido que se replantee la decisión y se busque el traslado de la especie a otros lugares.

En una de las posiciones que se han vuelto tendencia, se afirmó que en su momento México se ofreció a recibir a la misma cantidad de hipopótamos en su nación, por lo que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, se pronunció para desmentir la versión.

“México no se ofreció a salvar hipopótamos”, es el inicio de la publicación que hizo la ministra en su cuenta de X para afirmar que el Gobierno colombiano ha intentado ubicar a hipopótamos en otros países, pero ninguna nación ha remitido la documentación necesaria para ello.

“Desde este Gobierno del Cambio hemos trabajado intensamente en la gestión de la translocación de hipopótamos, acción que solo podemos realizar siguiendo los estándares técnicos y jurídicos internacionales, incluidos los requerimientos de la Convención Cites. Aunque Colombia ha estado lista para expedir en este caso el Cites de salida, es importante precisar que únicamente con la autorización expresa de la autoridad Cites del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”.

Vélez publicó documentación para demostrar que en 2024 México rechazó recibir hipopótamos al no poder certificar que el destino era idóneo para la especie.

“Esta autorización tiene la función de certificar que el destinatario es apropiado en términos de infraestructura y de bienestar animal. Para el caso de México, por gestión de nuestro ministerio, el Gobierno de ese país manifestó en 2024 que “no considera viable la translocación a México de los ejemplares de Hippopotamus amphibius”. Esto quiere decir que desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional“.

De la misma forma, la ministra de Ambiente afirmó que existen requerimientos puntuales, como que el hipopótamo trasladado debe haber nacido en cautiverio, algo con lo que no cumplen los que están libres en Colombia desde hace más de 30 años.

“Es decir, no podrían ser los individuos descendientes de los cuatro hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar. Ahora bien, el hecho de que México nos haya informado oficialmente que no autoriza la translocación, no significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió Vélez.

Vélez reveló que Colombia ha tenido acercamientos con siete países para abordar el posible traslado de hipopótamos, pero hasta el momento, a pesar de cinco misiones diplomáticas, solo se han concretado avances reales con Sudáfrica e India.

“Recientemente hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia. Muchos gobiernos han pasado sin tomar las decisiones de manera oportuna. En este momento, actúo con conocimiento y responsabilidad. Digámoslo con contundencia: aquí trabajamos sin descanso y con el criterio de la mejor ciencia disponible. Negarlo, con el objetivo de convertir a los animales en un espacio de disputa política, no solo es oportunismo electoral, sino que les quita rigor técnico a las decisiones (¡difíciles!) que tomamos para cuidar la vida, nuestros ecosistemas y nuestras especies amenazadas”.

Vélez argumentó que se tomó la decisión de que comience un proceso de eutanasia para evitar que el número de hipopótamos siga aumentando hasta llegar a tener un impacto irreparable en el ecosistema colombiano.

Por último, Vélez afirmó que pedir el traslado indiscriminado de los animales es tráfico ilegal, por lo que aseguró estar de acuerdo con la translocación, pero de manera correcta y cumpliendo con todo lo de ley.

“En aras de mantener un debate equilibrado y sobre todo apegado a la verdad, permítanme recordar que hemos expedido (no uno sino) dos protocolos: uno para la translocación, que aclara los procedimientos e incorpora los lineamientos de la Convención Cites, y otro para la eutanasia, que, bajo criterio científico, es indispensable. Trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal. No nos equivoquemos: prevenirlo depende también de comunicar con responsabilidad”.

La banda colombiana Morat confirmó nuevas fechas en la Ciudad de México luego de que la preventa de sus conciertos se agotara rápidamente, reflejando la alta demanda de sus fanáticas mexicanas.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la promotora Ocesa, donde destacó que el entusiasmo del público llevó a agregar más shows en la capital y otras regiones del país como parte de la gira “YEM World Tour”.

El éxito en la venta de boletos dejó claro el fuerte vínculo de la agrupación con sus seguidroas, quienes respondieron de manera inmediata a la apertura de entradas.

Ante este panorama, los organizadores decidieron sumar más presentaciones en uno de los recintos más importantes de la ciudad, consolidando a México como una parada clave en su gira internacional.

Nuevas fechas en CDMX

Los nuevos conciertos de Morat se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes los días:

• 8 de noviembre
• 12 de noviembre

Además, se informó que la preventa de boletos ya se encuentra disponible este 15 de abril, con opciones de pago a meses sin intereses a través de Banamex. Posteriormente, se espera la apertura de venta general para el público.

Estas fechas se suman al calendario del tour y responden directamente al interés del público, que logró agotar las primeras etapas de venta en tiempo récord.

Precios de Morat en CDMX generan reacciones entre fans

A pesar de que la banda colombiana logró agotar durante la preventa las entradas su concierto en la Ciudad de México, en la plataforma X varios fans manifestaron su inconformidad por los altos precios de los boletos para esta gira.

Usuarios señalaron que, aunque existe gran expectativa por ver a Morat en vivo, los costos resultan elevados, lo que ha generado debate entre seguidores sobre el acceso a los espectáculos en los últimos años en el país.

Costos de boletos (con cargos):

• GNP: $7,560.30
• Oro: $4,895.50
• Nivel B: $4,327.50
• Nivel C: $2,715.50
• Nivel D: $2,343.50
• Nivel E: $1,103.50

Morat rompe récord Guinness

En diciembre de 2024, el grupo logró un récord Guinness al convocar a sus fans a asistir en pijama de dos piezas y llegar temprano al recinto para concretar la hazaña.

La respuesta fue masiva y no solo el público se sumó a la dinámica, sino también los integrantes Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, quienes vistieron atuendos de noche durante el conteo oficial y el concierto.

“Se cumplió el día de hoy. Se cumplió. Muchas felicidades”, anunció un representante de Guinness World Records, desatando aplausos.

Panamá y Colombia reactivaron su agenda conjunta de seguridad fronteriza con el inicio de la XXIX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), un encuentro que se desarrolla en la capital panameña y que busca reforzar la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la ejecución de acciones conjuntas frente a las amenazas que persisten en la zona limítrofe.

La cita, organizada por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) junto a fuerzas militares y policiales colombianas, se extiende hasta hoy 15 de abril y reúne a representantes de los principales estamentos de seguridad de ambos países.

Durante la apertura, el director general de SENAFRONT, Larry Solís, encabezó la delegación panameña y subrayó que la cooperación bilateral es un pilar clave para enfrentar los desafíos en la frontera, una de las áreas más complejas de la región.

En el encuentro participan además la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de fortalecer la planificación estratégica y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos transnacionales que afectan tanto a Panamá como a Colombia.

La frontera entre ambos países, con una extensión de 266 kilómetros, atraviesa la densa selva del Tapón del Darién, una zona sin conexión terrestre continua debido a la interrupción de la Carretera Panamericana en Yaviza.

Este entorno geográfico ha convertido el área en un punto crítico para el narcotráfico, la migración irregular, la trata de personas, el contrabando y la presencia de grupos armados irregulares, lo que obliga a mantener un esquema de vigilancia permanente y cooperación constante entre ambas naciones.

En ese contexto, Panamá ha reforzado sus mecanismos de control con un sistema que combina puntos oficiales de entrada y una mayor presencia en la selva. Lugares como Puerto Obaldía y La Miel funcionan como puntos formales de migración y aduanas, mientras que áreas como Yaviza y Metetí operan como filtros internos de seguridad para supervisar el tránsito desde la selva.

A esto se suma la implementación de medidas como el cierre de pasos no autorizados, frenando el flujo migratorio de sur a norte.

Mientras las autoridades afinan estrategias en la mesa binacional, las operaciones en terreno continúan. A inicios de abril, unidades de la Dirección Antinarcóticos de SENAFRONT, en conjunto con fuerzas especializadas, ejecutaron la Operación Escudo de Acero Fase II en el sector de El Salto, en la provincia de Darién.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía de Drogas, permitió la aprehensión de una ciudadana panameña presuntamente vinculada al microtráfico de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de presunta marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular, cigarrillos y diversos materiales utilizados para el embalaje y distribución de droga.

La diligencia fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento, lo que refleja el tipo de trabajo que las autoridades buscan fortalecer a través de espacios como la COMBIFRON, donde el intercambio de información es clave para anticipar y desarticular estructuras delictivas.

La persona aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes junto con los indicios recolectados, mientras el SENAFRONT reiteró su compromiso de mantener una lucha sostenida contra el narcotráfico y los delitos conexos.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reducir el impacto del crimen organizado en comunidades vulnerables, particularmente en zonas fronterizas donde la presencia estatal es más desafiante.

El vínculo entre la coordinación estratégica y las acciones en campo es precisamente el eje de la reunión binacional. La Combifron no solo permite dar seguimiento a acuerdos previos, sino también establecer nuevas líneas de acción frente a fenómenos que evolucionan constantemente.

En una frontera donde confluyen rutas del narcotráfico, flujos migratorios irregulares y economías ilegales, la capacidad de respuesta depende en gran medida de la articulación entre instituciones y la cooperación internacional.

España ha cerrado el mes de marzo con cifras récord de afiliación extranjera a la Seguridad Social, tanto en términos desestacionalizados como en afiliación media, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que refuerza el papel de los trabajadores foráneos en la economía nacional.

En concreto, y descontando el efecto del calendario, el sistema cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos doce meses, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos de afiliación media, la cifra se sitúa en 3.151.563 ocupados, lo que supone un incremento de 230.358 trabajadores respecto al mismo mes del año anterior.

Este avance confirma el dinamismo de un colectivo que no solo crece por encima de la media, sino que se ha convertido en un pilar estructural del mercado laboral español. La variación interanual alcanza el 7,9%, muy por encima del 2,5% registrado en el conjunto de la afiliación.

Un motor clave del empleo en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado el impacto de estos datos, destacando que “la afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante14,4% de los cotizantes".

Saiz ha incidido en que la aportación de los trabajadores foráneos al mercado laboral español “es clave, ya que sostiene sectores como la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón".

Además, la aportación de este colectivo va más allá del empleo por cuenta ajena. El emprendimiento también gana protagonismo: el número de autónomos extranjeros supera ya el medio millón, consolidando su papel como generadores de actividad económica.

En términos acumulados, el crecimiento es aún más significativo. El número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Más trabajo y de más calidad

Uno de los aspectos más destacados de esta evolución es la mejora en la calidad del empleo. La reforma laboral ha contribuido a aumentar el peso de los contratos indefinidos entre los trabajadores extranjeros, que ya alcanzan el 88,6% del total, incluso por encima del porcentaje de trabajadores nacionales.

Este dato contrasta con la situación previa a la reforma, cuando la temporalidad superaba el 40%. En la actualidad, la tasa de contratos temporales entre trabajadores foráneos ha caído hasta el 11,4%, marcando mínimos históricos.

La afiliación media también refleja un crecimiento mensual sólido. En marzo se registraron 74.722 ocupados más que en febrero, lo que evidencia una evolución positiva sostenida en el corto plazo.

Por otro lado, la distribución por género muestra una progresiva incorporación de mujeres al mercado laboral. De los más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, cerca de 1,4 millones son mujeres, que ya representan el 43% del total.

Sectores y nacionalidades protagonistas

El peso de los trabajadores extranjeros es especialmente relevante en determinados sectores económicos. En la hostelería representan el 29,1% de los afiliados, mientras que en la agricultura alcanzan el 26,9% y en la construcción el 24,3%.

También destacan su presencia en transporte (17,6%) y en actividades administrativas (17,5%), así como en sistemas especiales como el empleo del hogar, donde suponen el 42,3%, y el sector agrario, con un 39,4%.

En cuanto a las nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país con mayor número de afiliados, con 387.584 cotizantes. Le siguen Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

Especialmente significativo es el crecimiento de algunas comunidades. Los trabajadores venezolanos han aumentado más de un 20% en el último año, seguidos por los peruanos (18,7%) y los colombianos (17,7%), lo que refleja nuevas dinámicas migratorias vinculadas a factores económicos y sociales.

Auge del emprendimiento cualificado

El avance de la afiliación extranjera también se deja sentir en el ámbito del trabajo autónomo. Actualmente, hay 506.067 autónomos de nacionalidad no española, con un crecimiento interanual del 6,3%, muy superior al del conjunto del régimen de autónomos, que apenas crece un 1,2%.

Este incremento no solo se concentra en sectores tradicionales, sino que se extiende a actividades de alta cualificación. En áreas como telecomunicaciones y programación informática, los trabajadores extranjeros ya representan el 31,7% de los ocupados.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que refleja un cambio en el perfil del trabajador extranjero, cada vez más vinculado a sectores tecnológicos y de mayor valor añadido.

Estos datos confirman que la afiliación extranjera no solo sigue creciendo, sino que lo hace con mayor estabilidad, diversificación sectorial y peso estratégico en la economía. Un fenómeno que apunta a consolidarse como uno de los pilares del mercado laboral en España en los próximos años.

El Gobierno de Perú explicó el operativo militar en el río Putumayo que terminó con la muerte de un ciudadano colombiano. La Cancillería peruana aseguró que la intervención se dio en medio de patrullajes por seguridad electoral, según información obtenida por Revista Semana.

Las autoridades peruanas afirmaron que la embarcación colombiana habría abierto fuego primero, lo que llevó a una respuesta armada. El incidente dejó además heridos y detenidos, en un contexto de tensión en la frontera amazónica, según información obtenida.

El hecho generó una reacción inmediata de Colombia, que pidió explicaciones oficiales por lo ocurrido. La situación revive tensiones diplomáticas en una zona históricamente sensible.

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Perú asegura que actuó en un operativo de control

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el operativo se realizó como parte de un patrullaje programado para proteger el desarrollo de las elecciones presidenciales en ese país.

Según la versión oficial, dos lanchas de la Marina de Guerra del Perú interceptaron una embarcación colombiana de carga en el río Putumayo y le solicitaron detenerse para un control de identificación.

En ese contexto, la Cancillería peruana señaló: “La embarcación colombiana se negó a la acción de control y abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra del Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque”, citado por Revista Semana.

El operativo hacía parte de un despliegue reforzado desde el 10 de abril, con el objetivo de prevenir posibles acciones violentas en zonas cercanas a los puestos de votación.

Como resultado del intercambio de disparos, un efectivo naval peruano resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro, mientras que la embarcación fue interceptada por las autoridades.

Colombia pide explicaciones tras muerte de ciudadano

En medio del enfrentamiento, murió el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, quien era propietario de la embarcación.

El ministro de Defensa de Colombia confirmó el fallecimiento y señaló que otro ciudadano colombiano resultó herido durante el incidente. Este último fue trasladado posteriormente a Bogotá en un operativo de evacuación aeromédica para recibir atención médica especializada.

Además, dos tripulantes de la embarcación fueron detenidos y permanecen bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, con acceso a asistencia consular.

El Gobierno colombiano solicitó formalmente a Perú esclarecer los hechos, en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en el operativo.

Por su parte, Perú sostuvo que el ciudadano herido cruzó la frontera por sus propios medios para recibir atención en territorio peruano antes de ser trasladado a Colombia.

Este episodio se suma a las tensiones diplomáticas que ambos países han sostenido desde 2025 por disputas territoriales en la región amazónica, particularmente en zonas del río Amazonas donde existe controversia sobre la soberanía.

Aunque en septiembre ambas naciones acordaron garantizar la navegabilidad en el río, el reciente incidente vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los acuerdos y la complejidad de la seguridad en la frontera.