El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió esta semana por tercera vez en tres meses. El aumento del 2% que entró en vigor el miércoles 15 de julio, completó una serie de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte de la Nación había anunciado a comienzos del segundo trimestre del año.

El mismo día del aumento, la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, mediante la cual aprobó la actualización de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional para los períodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2026. La norma también establece los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado distribuirá entre los prestadores del servicio.

El sistema tarifario del transporte público en el AMBA opera con una lógica de múltiples variables. El precio que paga el pasajero en el colectivo cubre una fracción del costo real del servicio; el resto lo aporta el Estado a través de subsidios. Esa ecuación, que involucra el precio del gasoil, la masa salarial del sector y los aportes estatales, es la que determina el ingreso total de las empresas de transporte. La Tarjeta SUBE es, dentro de ese esquema, el instrumento central del sistema: permite acceder a la tarifa más baja y es el mecanismo a través del cual se registran y procesan los viajes.

El ajuste de julio se distribuyó en tres etapas de 2% cada una, en mayo, junio y julio, para un acumulado del 6%. Ese esquema, impacta de manera desigual entre las distintas jurisdicciones y mantiene al AMBA con una tarifa más baja en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. La razón es estructural: tanto en la Ciudad como en el Conurbano, el boleto se ajusta mensualmente dos puntos por encima de la inflación.

Cuánto vale el boleto de colectivo en CABA

El incremento del 2% rige para todas las líneas que entran y salen de la CABA. Con ese ajuste, el boleto mínimo quedó en $742,84 para los usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta registrada abonan $852,02 por el mismo viaje mínimo.

La tarifa de las líneas que operan dentro de CABA es más alta que la del AMBA. Con SUBE registrada, el boleto mínimo en la Ciudad asciende a $820,99. Esa diferencia responde al mecanismo de actualización propio de la jurisdicción porteña, que aplica incrementos mensuales de dos puntos por encima de la inflación, un esquema distinto al que rige para las líneas nacionales del AMBA.

La política oficial apunta a incentivar el registro de la tarjeta como condición para acceder a la tarifa más baja. Quienes no realicen el trámite de registro enfrentan un costo mayor en cada viaje, independientemente de la línea o jurisdicción en la que viajen.

Cuánto vale el boleto de colectivo en el Conurbano

En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo supera ampliamente los valores del AMBA. Con SUBE registrada, la tarifa mínima es de $1.063,98, una cifra que refleja el impacto acumulado de los ajustes mensuales que aplica el distrito bonaerense.

Al igual que en CABA, el mecanismo de actualización en la provincia contempla incrementos de dos puntos por encima de la inflación cada mes. Ese esquema, sostenido en el tiempo, generó una brecha tarifaria apreciable entre las líneas del Conurbano y las líneas nacionales que operan en el AMBA.

La diferencia entre jurisdicciones no es menor para los pasajeros que combinan líneas nacionales y provinciales en sus trayectos diarios, ya que el costo total del viaje varía según qué tramo recorren y qué tarifa aplica cada servicio.

De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

La Tarjeta SUBE registrada es el requisito para acceder a la tarifa mínima en todas las jurisdicciones del AMBA. El registro también habilita el uso del saldo negativo, un crédito de emergencia que permite viajar aun cuando la tarjeta no tiene fondos disponibles.

Para colectivos de todo el país y subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el saldo negativo máximo permitido es de $1.200. En los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el tope es de $650. La línea Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, valor que se actualizará una vez que concluya el recambio tecnológico en sus molinetes.

El monto utilizado en concepto de saldo negativo se descuenta de manera automática en la próxima recarga que realice el usuario. Una vez superado el límite permitido según el medio de transporte, la tarjeta no admite nuevas operaciones hasta que se regularice la deuda mediante una nueva carga de crédito.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia — intendente de San Nicolás de los Arroyos y diputado bonaerense, respectivamente— denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir al implementar un nuevo esquema de tramitación. La puesta en marcha se realizó en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, y señalaron que el mecanismo beneficia a la organización gremial liderada por la familia Moyano.

Según los Passaglia, el trámite para obtener la licencia profesional de conducir costaba hasta ahora $22.000 y se realizaba en las dependencias municipales. Con la nueva normativa, el valor ascendería a aproximadamente $300.000 —un incremento del 1.264%—, y los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones previas a la emisión del documento.

En este sentido, indicaron que en consecuencia “el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”. “Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV”, apuntaron. Y añadieron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmaron los Passaglia a través de sus cuentas en la red social X.

El nuevo procedimiento alcanza a las licencias de las clases C, D y E, categorías que habilitan la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. De acuerdo con el esquema comunicado por la Provincia, los aspirantes deben aprobar primero las evaluaciones psicofísicas y las instancias de capacitación ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.

Los referentes de la oposición bonaerense cuestionaron además que el nuevo sistema obligue a los conductores a desplazarse fuera de sus municipios de residencia. “Antes lo hacían en la Municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, sostuvieron. En el video que difundieron por sus redes, el referente del partido HECHOS enumeró los sectores afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros, entre otros.

“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron los hermanos en la publicación.

La denuncia apunta a una convergencia de intereses. Los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría el flujo de trabajadores —y el cobro de aranceles— en la estructura gremial.

“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, remarcaron los Passaglia al referirse al impacto que la medida tendría sobre conductores que dependen de esa habilitación para ejercer su actividad. La ANSV, organismo del que depende la habilitación de los prestadores externos, no había emitido una respuesta pública a las críticas al cierre de esta nota.

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) pidió que los comercios de la capital provincial cierren hoy a las 21 para que los empleados puedan regresar a sus casas, antes de la suspensión del servicio de colectivos desde las 21:30, medida avalada por el gobierno provincial, por parte de Mendotran, la red de transporte ubana y conurbana provincial.

Esto coincide con el partido de Argentina ante Suiza que se juega esta noche por los cuartos de final del Mundial 2026.

La interrupción del transporte nocturno no regirá para la zona Este sino que solo en el área metropolitana (Gran Mendoza), de acuerdo con las autoridades provinciales. Los últimos recorridos saldrán desde los controles de cada línea a las 21:30 y desde ese momento no habrá nuevas partidas.

La decisión oficial de frenar la circulación de los colectivos surgió después de un pedido del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SiPeMOM). El motivo fueron los desmanes registrados tras el triunfo de Argentina frente a Egipto, el martes pasado, según publicó Diario Uno.

El medio detalló que en distintas unidades urbanas hubo personas que viajaban sobre los techos de los colectivos y otras sujetas a la parte trasera de los vehículos en condiciones de riesgo y también daños materiales en varios micros. A partir de esos episodios, el sindicato de choferes solicitó la suspensión del servicio nocturno.

El pedido del sindicato comercial

Fernando Ligorria, secretario general del gremio de comercio, informó que una parte importante del sector comercial ya respondió de manera favorable al cierre anticipado. Añadió que algunas cadenas de supermercados todavía evalúan si mantendrán la atención al público según la demanda de clientes en ese horario.

Ligorria cuestionó la posibilidad de que algunas empresas decidan no adherir. “La prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche”, sostuvo el dirigente ante medios locales.

También afirmó que priorizar las ventas por encima del bienestar de los trabajadores “deshumaniza las relaciones laborales”. Con esa definición, el titular del CEC planteó la necesidad de adelantar el cierre ante una noche con transporte recortado y operativo especial en las calles.

Desde la comisión directiva del gremio ratificaron que seguirán realizando gestiones para garantizar condiciones laborales seguras en la provincia. La decisión final sobre el horario de cierre, de todos modos, quedará en manos de cada empresa y de cada establecimiento comercial.

El dispositivo de seguridad local para evitar desmanes

Por su parte, en la capital provincial, habrá un operativo especial con 300 policías antes y después del partido, informó Los Andes. Ese contexto fue tomado por el gremio mercantil como base para reclamar que la jornada laboral del sábado termine antes en toda la actividad comercial alcanzada por el pedido.

El Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, destacó a Los Andes que durante y después de los partidos de Argentina se decide reforzar el sistema de prevención, “no solamente en la zona urbana del microcentro o en el conurbano en el microcentro, sino que también en el resto de la provincia“.

El medio agregó que los policías realizarán un anillo de seguridad en las cuatro calles de ingreso al Kilómetro Cero (esquina de San Martín y Garibaldi / Peatonal Sarmiento) con control y requisa de ingreso, además de control de comercios y vidrieras (para evitar roturas). También, se vallarán en esa zona los semáforos, la cartelería y los kioscos de revistas en esa esquina para evitar que los hinchas se suban a estos sitios y queden expuestos a riesgos.

Por otro lado, en la calle Arístides Villanueva (Quinta Sección), habrá controles de ingreso y requisas en las dos primeras cuadras de esta transitada arteria. En tanto en la calle Juan B. Justo (límite entre la Quinta y la Sexta Sección, también de Ciudad de Mendoza) habrá presencia policial para brindar seguridad en los comercios. Y en la plaza de Godoy Cruz habrá presencia preventiva con personal policial y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la implementación de un nuevo sistema de transporte público denominado TramBus, que funcionará como complemento en superficie para la red de subtes, según comunicó el Gobierno porteño. La iniciativa busca sumar una alternativa sostenible, silenciosa y accesible, destinada a mejorar la movilidad urbana y reducir el impacto ambiental.

A diferencia de los tranvías tradicionales, el TramBus emplea neumáticos y no necesita infraestructura ferroviaria, lo que disminuye el impacto en la vialidad y otorga flexibilidad a sus recorridos. La primera línea, denominada T1, unirá transversalmente el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires, integrándose al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU). Mientras se prepara la puesta en marcha de la T1 para fines de 2026, las autoridades informaron que ya se inició una prueba piloto en el ramal C de la línea 34.

El objetivo central del TramBus es favorecer la descarbonización del transporte público. De acuerdo con el gobierno porteño, este sector es responsable del 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad. Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, las unidades garantizan cero emisiones y una reducción notable del nivel de ruido urbano. El comunicado señala que el proyecto promueve la transición tecnológica, la movilidad sustentable y la mejora de la salud en las zonas urbanas.

Los coches que conforman la flota fueron fabricados en Argentina y cuentan con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de ayuda a la conducción como DMS (monitoreo de la conducción), ADAS (alerta de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos), espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás, además de GPS y posicionamiento satelital.

Una vez que la primera traza esté operativa, el TramBus circulará por carriles exclusivos y preferenciales, y contará con semáforos inteligentes que le otorgarán prioridad de paso en las principales intersecciones. Las unidades dispondrán de WIFI a bordo, puertos de carga USB, aire acondicionado y sistemas de información visual para los pasajeros. El sistema multipago estará habilitado en todas las unidades, que serán totalmente accesibles, con piso bajo, rampas y espacios para personas con movilidad reducida.

El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó: “Ya están listos los primeros TramBus de la T1. A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque. Además, están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

Cambios en el sentido de dos avenidas

La implementación del nuevo sistema de transporte eléctrico generará ajustes en el tránsito de distintas calles porteñas. En el barrio de Caballito, varias avenidas y arterias modificarán su sentido de circulación para adaptarse al recorrido de este servicio.

Según fuentes del gobierno porteño, desde octubre la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en dirección sur-norte y se sumará un carril exclusivo a la derecha destinado al TramBus. Por su parte, la avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada solo en sentido norte-sur.

Además, otras calles del barrio también verán alterada su circulación. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, adoptará doble mano. En el caso de Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, la circulación será de una sola mano con dirección sur. Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, también será de mano única, pero en sentido norte.

Estos cambios forman parte de la adaptación para el nuevo recorrido, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. De acuerdo con estimaciones oficiales, el nuevo servicio reducirá hasta un 40% los tiempos de traslado en ese trayecto.

El gobierno porteño anticipó que la primera etapa del TramBus comenzará a funcionar hacia fines de este año, con una extensión de 20 kilómetros. Este nuevo servicio permitirá conexión con las líneas de subte A, B, D, E y H y con estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

Este nuevo esquema también integrará su recorrido con los corredores del Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur. Durante las horas de mayor demanda, los pasajeros tendrán acceso a una frecuencia estimada de un servicio cada cuatro minutos.

El primer tramo del TramBus conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. El trayecto contará con paradas cada 500 metros. Según las proyecciones, viajes que actualmente superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

Valentín Santana, líder de los colectivos chavistas, denunció a través de sus redes sociales que están robando insumos de los refugios que acogen a los damnificados por los terremotos del 24 de junio, que hasta el momento han dejado casi 3.000 muertos.

“Se están robando los insumos, la comida, la ropa”, expresa Santana, quien dice hacerse eco de los reclamos “de la misma gente que está en los refugios”. Por esa razón, llama a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar “a que le metan la lupa” a esta situación.

El fundador del colectivo La Piedrita, afincado en el sector 23 de Enero de Caracas, señala que “no puede ser que en estos momentos, nuestro gobierno esté haciendo un gran sacrificio y vengan algunos a querer robar y vender porque ellos se la tiran de bravos, eso no lo podemos permitir”.

El más reciente balance del gobierno venezolano afirma que 12.841 personas perdieron sus viviendas a consencuencia de los terremotos.

Polémicos

Aunque en sus orígenes se les relacionaba con obras sociales y comunitarias, los colectivos son identificados como bandas paramilitares al servicio del régimen. El propio Hugo Chávez desde la Presidencia de la República, tachó de “criminal” y llegó a pedir cárcel para Santana cuando éste amenazó públicamente de muerte a un empresario y dueño de un medio de comunicación venezolano.

Organismos defensores de Derechos Humanos tanto dentro como fuera del país han reseñado en distintos informes que junto con los cuerpos de seguridad del Estado, los colectivos han participado en operativos para reprimir manifestaciones ciudadanas.

El video de Santana fue publicado desde la cuenta del Frente Nacional de Colectivos Sergio Rodríguez, que también ha compartido contenido rechazando la presencia de funcionarios de Estados Unidos e Israel en las labores de rescate por el doblete sísmico.

El Frente informa que sus miembros apoyan a las víctimas del cataclismo y “también estamos resguardando y protegiendo las parroquias, ya que hay lugares donde las comunidades han estado pernoctando a resguardo preventivo ante los diferentes sismos y réplicas que se vienen dando”.

Colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno de la Ciudad de México investigar, deslindar responsabilidades y garantizar el derecho a la protesta, tras las agresiones que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cometieron contra manifestantes el pasado 30 de junio de 2026 en Calzada Tlalpan.

El comunicado en conjunto, firmado por organizaciones entre las que figura DATA Cívica, presenta cinco demandas concretas y advierte que los hechos no son un incidente aislado, sino parte de un patrón documentado durante las movilizaciones en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cinco exigencias concretas al Gobierno capitalino

La primera demanda es garantizar de forma plena los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica de las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan en las acciones restantes del Mundial.

La segunda exige que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, bajo esquemas de supervisión estrictos.

La tercera demanda una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las agresiones del 30 de junio, con deslinde de responsabilidades administrativas y penales, y garantías efectivas de no repetición.

La cuarta exige una aclaración formal sobre por qué los elementos policiales se presentaron con el rostro encubierto, sin identificadores y sin presentarse ante los manifestantes. Los colectivos señalaron que esta pregunta permanece sin respuesta por parte del Gobierno capitalino.

La quinta y última exige privilegiar el diálogo frontal con las familias y la sociedad civil, adoptando mecanismos de atención y protección por encima de cualquier directriz policial.

Lo que ocurrió el 30 de junio en Calzada Tlalpan

La jornada se denominaba “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido” y contemplaba pegar fichas de búsqueda, colocar lonas con nombres de personas no localizadas y disputar una cascarita de fútbol frente al Estadio Ciudad de México, donde México enfrentaba a Ecuador.

Según los colectivos, alrededor de 80 elementos de la SSC-CDMX llegaron al lugar en motocicletas sin balizado y con placas de circulación particulares, circulando en sentido contrario a la vialidad.

El operativo derivó en el encapsulamiento del contingente, agresiones físicas y la detención de al menos una persona solidaria, a quien un elemento sujetó del cuello para someterla.

Las disculpas oficiales no cerraron el caso

Esa misma noche, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, difundieron un video en los canales oficiales de la SSC en el que ofrecieron disculpas públicas e instruyeron una investigación interna a cargo de las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos.

Vázquez Camacho reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” con los manifestantes, aunque sostuvo que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de expresión del contingente.

Los colectivos tomaron nota de las disculpas, pero las rechazaron como respuesta suficiente. Advirtieron que los hechos del 30 de junio se inscriben en “un patrón inaceptable de hostigamiento, restricción a la protesta y uso desproporcionado de la fuerza registrado a lo largo de las movilizaciones del Mundial”.

Amnistía Internacional México se sumó a las condenas y advirtió que responder a las exigencias de las familias con “acciones de contención o represión” profundiza la revictimización y envía un mensaje inadmisible de intolerancia. La organización llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a documentar y dar seguimiento a las posibles violaciones ocurridas.

El Congreso capitalino exigió transparencia

La jornada tuvo eco en el Congreso de la Ciudad de México, cuyo pleno guardó un minuto de silencio al inicio de la Comisión Permanente del 1 de julio.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al Gobierno capitalino informar “con total transparencia” sobre lo ocurrido y revisar los protocolos de atención de eventos masivos.

El contexto: más de 132 mil personas desaparecidas en México

Las familias que se manifestaron el 30 de junio forman parte de los colectivos que buscan a sus seres queridos en el marco de una crisis de desapariciones de alcance nacional.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el acumulado histórico registra 132 mil 534 personas desaparecidas en el país, cifra presentada por el Gobierno de México en marzo de 2026. Los colectivos manejan una cifra superior a 135 mil, que incluye registros en distintas etapas de actualización.

La coincidencia del Mundial con una plataforma de visibilidad internacional llevó a los colectivos a diseñar acciones simbólicas para llevar sus demandas a la atención de medios y aficionados concentrados en la capital.

A partir de julio habrá aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que pondrán presión al bolsillo. El Gobierno ya confirmó actualizaciones de tarifas en colectivos, subte y trenes, con subas que en algunos casos superan el 8%.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,1%. Esto eleva el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros a 820,60 pesos.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,3%, llevando el valor inicial para el mismo tramo a 1.059,28 pesos. Las tarifas escalarán de acuerdo con la distancia recorrida.

El subte porteño también tendrá un nuevo cuadro tarifario con un incremento del 4,1 por ciento. Desde el primer día de julio, el pasaje para quienes cuenten con SUBE nominalizada se ubicará en $1.621, frente a los 1.558 previos.

Los usuarios sin tarjeta registrada abonarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará establecida en $567 pesos y la estudiantil en 226 pesos.

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán una suba del 4,1 por ciento. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, la tarifa para vehículos livianos será de $4.613,65 en horario normal y de $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el costo para autos se ubicará entre $1.922,15 y $2.718,21, de acuerdo con la franja horaria.

Las nuevas tarifas se determinan mediante un esquema de actualización automática que utiliza como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec, que fue del 2,1%, al que se añade un incremento extra del 2%.

En tanto, el 15 de julio, el boleto mínimo de colectivo bajo jurisdicción nacional se elevará de $728,28 a $742,81 para quienes utilicen SUBE registrada, lo que representa un aumento del 2%. Aquellos que accedan a la Tarifa Social abonarán $334,26, mientras que el pasaje para usuarios con SUBE sin registrar costará 1.485,62 pesos.

Según informó la Secretaría de Transporte, el esquema de ajuste para los trenes del AMBA será escalonado. En julio, el boleto de primera sección subirá 8,6%, con una tarifa de 380,10 pesos. Este valor crecerá a 420,01 pesos en agosto, tras un aumento del 10,5%, y a 449,83 pesos en septiembre, luego de una suba adicional del 7,1%.

Cabe mencionar que, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el transporte, que representa el 40% de la canasta de servicios del AMBA, registró en junio un incremento del 5,7% en relación a mayo. Así, el gasto mensual de un hogar promedio destinado a este rubro llegó a $116.688, mostrando un aumento interanual del 75%, muy por encima de la inflación. Desde noviembre de 2023, el ajuste acumulado en las tarifas alcanza el 1.354%.

Por otro lado, el Gobierno definió este miércoles un cambio en el cálculo de la Tarifa Social, buscando mayor previsibilidad en el gasto del Tesoro sin modificar el descuento del 55% mediante la tarjeta SUBE registrada ni el universo de beneficiarios, que supera los 5,5 millones de personas.

La resolución 40/2026 fija tarifas de referencia vigentes a partir de este mes para servicios provinciales, municipales y nacionales, reemplazando la dinámica imprevisible anterior debido a las actualizaciones tarifarias diferenciadas por jurisdicción.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Promover Igualdad de Oportunidades, personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Las cifras oficiales de fosas clandestinas en Baja California Sur no resisten la comparación con los datos que los propios colectivos de búsqueda han documentado con nombre, fecha y coordenadas. Solo en dos puntos del municipio de La Paz —El Cajoncito y la carretera a San Juan de la Costa— el Colectivo Búsqueda X La Paz contabilizó 140 cuerpos en 103 inhumaciones clandestinas durante los últimos dos años en solo dos puntos, según reveló el Semanario ZETA.

El Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía Especializada, presentó un total de 156 cadáveres en 113 fosas para el municipio de La Paz en el periodo que va de 2017 a junio de 2026. La diferencia con los datos del colectivo es mínima en apariencia, pero encubre una omisión grave: los 140 cuerpos del colectivo corresponden solo a esas dos zonas y solo a los últimos dos años, sin incluir Los Planes, El Centenario ni otros puntos de búsqueda activa.

Lo que los números oficiales no explican

“Sólo en San Juan de la Costa llevamos 97 fosas localizadas con restos del 2016 al 2020; en El Cajoncito, 43 fosas”, señaló Iris Manríquez, representante y fundadora del Colectivo Búsqueda X La Paz, ante ZETA. Su conclusión fue directa: “Si son 140 y me están dando 156 cuerpos, creo que nos hace falta aquí más fosas y más cuerpos localizados”.

En San Juan de la Costa, las 72 fosas arrojaron 97 osamentas, de las cuales 28 permanecen sin identificar. En El Cajoncito, las 31 inhumaciones clandestinas dejaron 43 cuerpos recuperados, con 23 sin identificación. Las víctimas de San Juan de la Costa habrían sido privadas de la vida entre 2016 y 2020; las de El Cajoncito, entre 2021 y 2024, ya durante la administración de Víctor Castro.

Manríquez fue más lejos en sus señalamientos: “También nosotros tenemos casi 200 cuerpos localizados por parte del colectivo; tenemos la zona, tenemos las fosas y los nombres y las personas que ya han sido identificadas y entregadas”. La pregunta que lanzó al aire quedó sin respuesta institucional: “¿Y el trabajo que han hecho ustedes como autoridades, cuál es?”

Las cifras de la Fiscalía y sus vacíos

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición, Flor Leticia Peña Martínez, presentó un recuento por municipios. En Los Cabos: 46 fosas, 61 cadáveres, 28 sin identificar. En Comondú: 43 fosas, 57 cadáveres, 24 pendientes; solo en los primeros meses de 2026 ya suman 25 cuerpos en ese municipio. En Mulegé: 16 fosas, 18 cadáveres, 11 sin resolver.

Peña Martínez también detalló el estado de las carpetas de investigación. De 4.022 expedientes abiertos desde 2016, que agrupan a 3.878 personas, se localizaron con vida 2.453 y sin vida 261. Hay mil 164 personas pendientes de localizar. De más de mil 100 carpetas, solo seis han sido judicializadas y apenas tres resultaron en sentencia.

Los colectivos denunciaron además que la Fiscalía Especializada construyó sus datos a partir de las páginas públicas de los propios grupos de búsqueda, sin trabajo de campo propio verificable.

Lupita y la denuncia que resume la crisis

“En Baja California Sur sí están trabajando; trabajan para sepultar las fosas clandestinas encontradas, por desaparecer a los desaparecidos, por maquillar la violencia que vivimos las familias”, denunció ante ZETA Lupita, madre buscadora de La Paz. Su acusación fue contundente: “Ellos solamente van a recoger los cuerpos que nosotros encontramos y que nosotros sacamos con nuestras manos”.

Mientras los colectivos recorren terrenos arenosos con espinas y temperaturas extremas, la segunda y última sesión ordinaria del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas tuvo un paréntesis de un año y medio: su última reunión antes de junio de 2026 había sido en diciembre de 2024.

Un matrimonio desaparecido y un trato que indigna

El 14 de junio, Amor de Jesús Uris López Alvarado, de 44 años, y su esposa Martina Oliver López Soto, de 49, fueron privados de la libertad por personas armadas mientras trabajaban en su negocio de lavado de alfombras en la colonia La Colosio de San José del Cabo. Al cierre de la edición de ZETA, sus familiares seguían sin noticias.

El caso se suma a una denuncia anterior del Colectivo Búsqueda San José del Cabo: el 15 de abril, tras hallar una fosa en Los Cabos con un hombre joven —identificable por sus tenis Converse blancos talla 9.5 y una chamarra aborregada de cuadros blanco y negro—, documentaron que las autoridades trasladaron los restos sin ninguna protección. “Muy probablemente lo encajuelaron igual para traerlo y enterrarlo aquí, y ahora está igual, encajuelado”, señaló Rosalba Ibarra, representante del colectivo.

El grupo expresó su repudio total: “No son basura, señores; son seres humanos”.

El mensaje a los sicarios y el llamado institucional

Ibarra también dirigió un mensaje directo a quienes operan la violencia: “Señores sicarios, con todo el respeto que por miedo nos han obligado a tenerles, les digo: las mujeres buscadoras no somos sus enemigas; muy probablemente seamos nosotros quien acompañemos a sus esposas, madres e hijos a buscarlos el día que ustedes tampoco sean necesarios en su sistema”.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, reconoció que la atención a los colectivos quedó rezagada y asumió el compromiso de retomar reuniones al menos trimestrales. “El tema que más les preocupa es el silencio de no poder tener el acceso a las autoridades”, admitió ante ZETA.

González también planteó que la velocidad de respuesta en los primeros minutos tras una desaparición es determinante. Propuso activar flujos de comunicación inmediata entre familias y fuerzas de seguridad para agilizar la búsqueda desde el momento del reporte.

Lonas retiradas y atención psicológica pendiente

Otro frente de tensión involucra al Ayuntamiento de La Paz: los colectivos denunciaron que funcionarios municipales retiraron lonas y fichas de búsqueda colocadas en espacios públicos. Lizeth Collins, comisionada estatal de Búsqueda de Personas, calificó la práctica de afectación directa a las labores de localización y reiteró el llamado a no retirar cédulas de ningún espacio.

Manríquez también planteó la necesidad de atención psicológica estructurada para las familias, incluidos los menores. Propuso organizar grupos por municipio y sesiones con niños de edades similares: “Yo sé que es un tema un poco más sensible también, pero ver la manera en que se pueda hacer grupos de niños que se puedan trabajar a lo mejor con tres o cuatro de la misma edad”.

La demanda de fondo permanece sin respuesta: que las autoridades activen los protocolos de búsqueda de forma inmediata y no oculten información. Los colectivos lo sintetizaron en una frase: “Los queremos vivos, no muertos”.

Marcelo Gil, vicepresidente de la empresa, explicó en Infobae a la Tarde que la idea venía siendo analizada desde hacía varios días. “Lo veníamos pensando. Queríamos hacerle un homenaje al 10 y se nos ocurrió aprovechar los 39 años de Messi con nuestra línea”, contó.

Los mensajes fueron exhibidos tanto en las carteleras delanteras como en las lunetas traseras de los colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires. Según Gil, la respuesta del público fue inmediata.

“La verdad es que hubo mucho movimiento durante todo el día. Los pasajeros estaban muy contentos y vimos muchísimas fotos circulando en las redes”, señaló.

El directivo reveló además que el homenaje no fue improvisado. “Desde que cumplió 38 años dijimos que cuando llegara a los 39 teníamos que hacer algo”, recordó.

Durante la charla también destacó una tradición interna de la empresa vinculada al número que identifica a la línea. “Es muy común que cuando pasamos por un cartel o algún lugar relacionado con el 39 nos saquemos fotos. Es un número que tenemos muy presente”, explicó.

Gil también recordó otro vínculo histórico de la línea con una figura popular de la cultura argentina: Carlitos Balá. “Es el colectivo de Carlitos Balá. Tenemos un mural por los cien años de su nacimiento en la cabecera”, contó.

Las imágenes de los colectivos con los mensajes dedicados a Messi se multiplicaron a lo largo del día en distintas plataformas y convirtieron al homenaje en una de las curiosidades que dejó un nuevo cumpleaños del capitán de la Selección argentina.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó dos operativos de fiscalización en el Cercado de Lima, logrando la intervención y envío al depósito de 27 vehículos por diversas infracciones al reglamento del transporte público.

Estas acciones, ejecutadas con apoyo de la Policía de Tránsito, se enfocaron en zonas de alto flujo vehicular y detectaron servicios informales, licencias vencidas y unidades sin autorización.

El primer operativo tuvo lugar en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, cerca del Centro Cívico. Allí fueron intervenidos 11 vehículos que prestaban servicio de colectivo y taxi sin autorización.

Ocho de los conductores no portaban brevete, y uno de los automóviles, con placa A0W-482, registraba 34 años de antigüedad. La fiscalización identificó la presencia de autos que circulaban pese a no cumplir con los requisitos mínimos para el transporte de pasajeros en la ciudad.

El segundo operativo se realizó en la plaza Dos de Mayo, con la intervención de 16 vehículos, entre automóviles y combis. Solo dos tenían autorización vigente, pero sus conductores presentaron licencias vencidas o inadecuadas, lo que derivó en la imposición de las infracciones RE22 y RE27, sancionadas con multas de hasta S/2750. Otros diez conductores tampoco contaban con brevete.

Durante la intervención, se detectó el automóvil de placa C8Z-279, que circulaba sin la placa delantera, una táctica recurrente para evitar la identificación por parte de los fiscalizadores. En ese mismo punto, la combi de placa H1C-744 fue sancionada por 30 años de antigüedad y circulación sin SOAT vigente.

Balance y continuidad

De acuerdo con información de la ATU, al 15 de junio se han efectuado 466 operativos de fiscalización, con 2456 vehículos enviados al depósito en Lima y Callao.

Solo en mayo, se realizaron 80 operativos y se retiraron 291 unidades de circulación. En estos procedimientos, 196 conductores no portaban licencia y 147 vehículos acumulaban sanciones por más de 8 millones de soles en multas.

Las autoridades subrayan que la fiscalización busca enfrentar el problema del transporte informal y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes se movilizan en la capital.

La política de ordenamiento vial continuará centrada en la detección de unidades sin documentación, sin seguro y con operadores que incumplen los requisitos exigidos para el servicio público.

Funciones de la ATU

• Planifica y regula el sistema de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao con enfoque en integración de rutas y servicios.
• Otorga autorizaciones para operar, supervisa habilitaciones y verifica que empresas, vehículos y conductores cumplan requisitos.
• Fiscaliza en vía pública el transporte formal e informal con apoyo de la Policía Nacional del Perú y municipios cuando corresponde.
• Ordena el retiro o internamiento al depósito de unidades que circulen sin permiso o que incurran en infracciones graves.
• Administra y gestiona servicios de transporte masivo y corredores complementarios, según el esquema vigente de la autoridad.
• Establece estándares de calidad y seguridad para la prestación del servicio, incluidos protocolos de operación y condiciones mínimas.
• Impulsa medidas para mejorar la movilidad, como priorización del transporte público, gestión de paraderos y ordenamiento vial.

A pesar de que en el último año el transporte se ajustó 75% frente a una inflación interanual del 33,2%, un pasaje de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $788, pero su costo técnico real —sin subsidios— es de $2.014. La brecha es del 155%, una diferencia que revela la presencia -aun mayoritaria- de los subsidios estatales al transporte público en el AMBA.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

El IIEP elaboró un índice propio para medir la evolución de los costos del transporte público automotor del AMBA, expresado en función de la cantidad de pasajeros transportados. Ese índice arroja que el costo técnico del servicio, es decir la tarifa sin subsidios, alcanza los $2.014 por pasajero a mayo de 2026 —o $2.225 si se incluye el IVA—. El valor debe contrastarse, además, con el costo reconocido por el Estado Nacional, que asciende a $1.597: incluso la compensación oficial queda por debajo del costo real calculado por el instituto.

De acuerdo con el relevamiento, el transporte es, dentro de la canasta de servicios públicos del AMBA, el rubro de mayor peso y el que más subió en el último año. Según el reporte del IIEP, el gasto mensual de un hogar promedio en este rubro alcanza los $116.688, lo que representa el 41% de la canasta total.

A eso se suma que en junio las líneas de colectivos de la Ciudad aumentaron 4,6% —el IPC de abril más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1%, tras el 7,7% de abril. El gasto total de las familias en transporte creció 5,7% respecto a mayo.

De esta forma, en términos interanuales, el transporte acumula un alza del 75% frente al 33,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período. Esa diferencia de 41 puntos porcentuales convierte al transporte en el componente de mayor avance dentro de la canasta, por encima del agua (48%), la energía eléctrica (43%) y el gas natural (37%). El gasto en movilidad aportó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales de incremento interanual total de la canasta.

A su vez, si se toma el incremento de la canasta de servicios públicos del AMBA desde diciembre de 2023, el aumento fue del 919%, mientras que el índice general de precios lo hizo en 236%. El transporte registra, en ese mismo período, una suba del 1.354%, frente al 2.073% del gas natural —el componente de mayor variación acumulada—, el 555% del agua y el 494% de la energía eléctrica.

El peso del transporte en el salario

El peso de ese gasto sobre los ingresos también se amplió. La canasta de servicios públicos de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de $1.919.353, lo que equivale a 6,8 canastas por sueldo. Un año atrás, con el mismo salario podían cubrirse alrededor de ocho canastas. El transporte explica el 41% del total y es el componente de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.

En el frente de los subsidios, el cuadro es dispar. Los subsidios totales a la energía y el transporte acumularon un incremento nominal del 48% anual a junio, lo que en términos reales representa una suba del 12%. Los subsidios energéticos, que explican el 77% del total, crecieron 52% en términos reales, impulsados principalmente por las transferencias a Cammesa, que aumentaron 71% real. Los subsidios al transporte, en cambio, cayeron 39% en términos reales, y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) —que financia los subsidios a los colectivos— no registró devengamientos en mayo ni en junio.

En los últimos 12 meses corridos, los subsidios totales se ubican 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2023 y 74% por debajo del pico registrado en junio de 2022. La evolución muestra un estancamiento en torno a los $10 billones de pesos anuales.

El reporte del IIEP también señala que al momento de su publicación el regulador no había actualizado el monto de compensación autorizado, manteniéndose lo estipulado en abril —con precios al mes de febrero de 2026—, de modo que los costos técnicos reconocidos aún no reflejan el impacto de la suba del gasoil, consecuencia del conflicto en Medio Oriente. El instituto estimó que esa recomposición pendiente asciende a $17.500 millones mensuales para el caso de los colectivos de jurisdicción nacional.

Desde el 19 de junio, las personas con discapacidad tendrán acceso a pasajes gratuitos en colectivos nacionales y trenes utilizando la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La Secretaría de Transporte de la Nación implementó esta modalidad al vincular el CUD con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

Según lo informado por la secretaría, la medida busca “simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”. El propósito es facilitar los viajes tanto para quienes tienen discapacidad como para los trabajadores del sector. Para acceder, es requisito asociar el CUD a una SUBE registrada.

Este sistema no reemplaza el esquema anterior, sino que funcionará en paralelo. Quienes prefieran seguir presentando el CUD en formato físico podrán continuar haciéndolo. La SUBE, de esta manera, se suma como una opción adicional para el viaje sin cargo en transporte nacional.

La puesta en marcha será paulatina y coordinada, iniciando por los colectivos de jurisdicción nacional y trenes, y con el objetivo de extenderse a todo el territorio. El desarrollo de esta modalidad contó con el aporte conjunto del Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Cómo acceder al descuento del 100%

El trámite para obtener el beneficio consiste en registrar la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta posibilidad estará habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

La activación del beneficio podrá realizarse de tres maneras:

• Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
• A través de la aplicación SUBE, seleccionando “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC).
• En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

Para colectivos de jurisdicción nacional, es necesario avisar el destino antes de apoyar la tarjeta hasta confirmar la operación. En trenes, se debe apoyar la SUBE en el molinete tanto al iniciar como al concluir el viaje.

Si la persona viaja con acompañante, ambos pasajes deben registrarse siguiendo el mismo procedimiento. El descuento del 100% se asocia a la tarjeta SUBE de la persona con discapacidad.

Para consultas, se puede ingresar al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o llamar al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. Las preguntas frecuentes estarán publicadas en la misma página.

Líneas de colectivos y trenes donde funcionará

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

A pesar del feriado, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumenta a partir de hoy un 2%, en función del ajuste que se definió a mediados de mayo del 6% en tres meses.

Con esta nueva suba, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas que circulan en el AMBA pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.456,56 al máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.

El hecho de que tanto el boleto de colectivo de las líneas del AMBA como el del tren aumenten a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para generar una menor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo se ubicó en 2,1% y ya acumuló dos meses consecutivos de desaceleración tras el pico de 3,4% en marzo.

La diferencia con PBA y CABA

Pero el aumento del 6% entre mayo-julio que definió la Secretaría de Transporte no conformó a las empresas de colectivos del AMBA quienes aseguran que el ajuste está por debajo de las proyecciones de inflación y que cada vez se agrandan más las diferencias con el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

En el caso de los colectivos en la provincia de Buenos Aires, hubo un aumento del 4,6% a principios de junio, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. Con esto, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar más de $1.000 ($1.015,61). El mismo ajuste tuvo el de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el boleto quedó en 788,28 pesos.

Conflicto salarial en puerta

Sin embargo, hay conflictos salariales en puerta que podrían llevar a que el precio del boleto de colectivo aumente más en los próximos meses. La semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) le envió una carta al ministro de Economía Caputo en donde le solicitaba que resolviera el problema de fondo y que el superávit fiscal no se podía mantener a costa de los salarios de los choferes de colectivos.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

En ese contexto, el jueves pasado, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Transporte y los empresarios de colectivos en donde le solicitaron que logren acuerdos salariales con los sindicatos y que, una vez que los homologue la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, se iban a encargar de trasladarlo a la estructura de costos del boleto.

Y si bien es correcta la postura, entre los empresarios hay sospecha de que, una vez de que lleven a cabo el acuerdo salarial, el Gobierno lo traslade en tiempo y forma a la composición del costo del boleto de colectivo. Porque de hacerlo, eso implicaría permitir aumentar la tarifa u otorgar más subsidios. Y nuevamente Caputo se antepone a un dilema: presionar sobre la inflación o sobre el gasto público.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Este lunes, a pesar del feriado, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 2%, en función del ajuste que se definió a mediados de mayo del 6% en tres meses. Sin embargo, en la última semana el sindicato de los choferes comenzó a reclamar por incrementos salariales, por lo que la suba podría continuar en los próximos meses; todo dependerá de cómo elija resolver el conflicto la Secretaría de Transporte.

A partir de este lunes 15 de junio, en las líneas nacionales el ajuste será del 2% según el cuadro tarifario que compartió la Secretaría de Transporte que conduce Mariano Plencovich. De este modo, desde mañana el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas de colectivos que circulan en el AMBA pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.456,56 al máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.

El hecho de que tanto el boleto de colectivo de las líneas del AMBA como el del tren aumenten a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para generar una menor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo se ubicó en 2,1% y ya acumuló dos meses consecutivos de desaceleración tras el pico de 3,4% en marzo.

La diferencia con PBA y CABA

Pero el aumento del 6% entre mayo-julio que definió la Secretaría de Transporte no conformó a las empresas de colectivos del AMBA quienes aseguran que el ajuste está por debajo de las proyecciones de inflación y que cada vez se agrandan más las diferencias con el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

En el caso de los colectivos en la provincia de Buenos Aires, hubo un aumento del 4,6% a principios de junio, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. Con esto, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar más de $1.000 ($1.015,61). El mismo ajuste tuvo el de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el boleto quedó en 788,28 pesos.

Conflicto salarial en puerta

Sin embargo, hay conflictos salariales en puerta que podrían llevar a que el precio del boleto de colectivo aumente más en los próximos meses. La semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) le envió una carta al ministro de Economía Caputo en donde le solicitaba que resolviera el problema de fondo y que el superávit fiscal no se podía mantener a costa de los salarios de los choferes de colectivos.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

En ese contexto, el jueves pasado, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Transporte y los empresarios de colectivos en donde le solicitaron que logren acuerdos salariales con los sindicatos y que, una vez que los homologue la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, se iban a encargar de trasladarlo a la estructura de costos del boleto.

Y si bien es correcta la postura, entre los empresarios hay sospecha de que, una vez de que lleven a cabo el acuerdo salarial, el Gobierno lo traslade en tiempo y forma a la composición del costo del boleto de colectivo. Porque de hacerlo, eso implicaría permitir aumentar la tarifa u otorgar más subsidios. Y nuevamente Caputo se antepone a un dilema: presionar sobre la inflación o sobre el gasto público.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La medida, anunciada por la secretaría de Transporte de la Nación, se implementa mediante la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE registrada a nombre del pasajero.

La iniciativa “simplificar el acceso a este benefi cio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”, informó la secretaría de Transporte. El objetivo es mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del transporte público. Para utilizar esta modalidad, es obligatorio vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria.

El nuevo sistema no reemplaza al mecanismo vigente, sino que convivirá con él. Las personas que prefieran continuar accediendo al beneficio mediante la presentación física del CUD podrán hacerlo. La tarjeta SUBE, entonces, se incorpora como una alternativa adicional, más simple y ágil, para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

La implementación de esta modalidad es gradual y coordinada. Comienza por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con la perspectiva de extenderse progresivamente al resto del país. El trabajo se desarrolló en articulación entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Cómo acceder al descuento del 100%

Para acceder al beneficio, las personas con discapacidad deben registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE, www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del martes 16 de junio y no hay plazo para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, deben ingresar a la cuenta personal, dirigirse a la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, que tiene diez dígitos.

Luego de cargar el CUD, el usuario debe activar el beneficio mediante alguna de estas tres maneras:

● Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

● Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

● Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

En este último caso, en colectivos de jurisdicción nacional, es necesario informar al conductor el destino y apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación. En el caso de los trenes, la persona debe apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in) y volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

Si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes. El descuento del 100% queda asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Para consultas sobre el beneficio, se puede acceder al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, al 0800-555-3472. Las preguntas frecuentes sobre la implementación de la medida estarán disponibles en el mismo sitio web.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

Cuando parecía que el conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entraba en una tensa paz tras el aumento del boleto un 6% entre mayo y julio, se sumó una nueva demanda: ahora la UTA exigen al Ministerio de Economía que solucione el problema de fondo para que aumenten los sueldos de los choferes. En ese marco, mañana habrá una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de reabrir el diálogo, las autoridades autorizaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales (2% por mes), lo que llevará el boleto mínimo de colectivo -hasta tres kilómetros- a $742,84 a mediados de julio . Sin embargo, los empresarios aún siguen consideraron que el ajuste quedó por debajo de la inflación. Y es esa insuficiencia de los subsidios impide mejorar los salarios del personal.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

El dilema de Caputo

El comunicado que la UTA envió al ministro de Economía, Luis Caputo, expone la preocupación gremial por la falta de acuerdo y por la insuficiencia de la respuesta oficial ante la inflación y el alza de insumos. Reclaman una actualización urgente de los haberes para evitar medidas de fuerza, con posibilidad de paralización total del transporte si no se logra un entendimiento.

“Hacemos un llamado al ministro de Economía a fin que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes en una actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ”privilegiados" de la economía (tenemos derechos a ello, no hay duda)“, escribió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández en la carta que le envío a Caputo. En donde sostuvo que el superávit fiscal no se puede construir sobre los salarios de los choferes de colectivo.

Es que Caputo tiene un dilema para resolver el problema de los colectivos en el AMBA debe elegir entre aumentar el boleto de colectivo lo que le pega de lleno sobre la inflación o otorgar mayores subsidios a las empresas que implica mayor gasto pública en un contexto de caída de la recaudación. En mayo opto por autorizar un incremento del 6% del boleto que no dejo conforme a los empresarios. Aunque con un detalle, los incrementos del boleto se autorizan a mitad de cada mes para moderar el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, en la Secretaría de Transporte aclararon que la carta de la UTA al Ministerio de Economía está mal dirigida, ya que la responsabilidad formal de la negociación corresponde a las empresas y que el interlocutor gremial debería reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras tanto, el organismo mantiene la mesa de diálogo con las cámaras empresarias cada 15 días para intentar resolver el conflicto y evitar nuevos paros.

La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones afectan la rutina diaria de los usuarios del transporte público. Las partes reconocen que, si no logran una solución integral, podrían intensificarse las restricciones o interrumpirse el servicio. La reunión prevista para mañana entre las autoridades y los representantes empresariales será clave para determinar los próximos pasos en la disputa que involucra al Gobierno, las empresas y los trabajadores del transporte de colectivos en el AMBA.

Seis meses después de que Jesús Guadalupe Camargo Loya desapareciera en Guasave, Sinaloa, cinco colectivos locales emitieron un posicionamiento conjunto para denunciar la ausencia de resultados reales en la investigación. La exigencia llega sin que las autoridades hayan informado avances concretos sobre el paradero del activista de 24 años, visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas.

El caso no ocurre en el vacío. Camargo Loya era fundador del colectivo “En una sola voz y lucha”, creado para exigir justicia por el feminicidio de su madre y su hermana en 2012, y participaba activamente en el Comité de Diversidad Guasave. Su desaparición concentra dos vulnerabilidades documentadas: la de los defensores de derechos humanos y la de las personas de la comunidad LGBT+.

Cinco colectivos firman el posicionamiento

Las organizaciones Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave, Diversidad Guasave y Mutantes Disidentes suscribieron el documento de manera conjunta. La acción coordinada entre grupos feministas, de búsqueda y de diversidad sexual marca una articulación inédita en torno al caso.

Los colectivos señalaron que la investigación no registra resultados significativos a medio año de la desaparición. La falta de avances contrasta con la urgencia que los propios grupos habían advertido desde diciembre: el tiempo es el factor más crítico en cualquier caso de persona desaparecida.

La coronación de la Marcha LGBT+ y el silencio oficial

El 6 de junio pasado, durante la coronación de la Marcha LGBT+ en Guasave, los colectivos hicieron un llamado público para que las autoridades presentes se pronunciaran sobre el caso. Ningún funcionario emitió declaración alguna en ese espacio.

Ese silencio institucional es uno de los ejes del posicionamiento. Los grupos lo describen como una señal de la falta de sensibilidad oficial ante una desaparición que involucra a un integrante activo de la comunidad diversa.

La voz de quien asumió el acompañamiento

Miguel Lino López, presidente del Comité de Diversidad Guasave, explicó que ante la ausencia de familiares directos, los integrantes de la comunidad tomaron el rol de acompañamiento y de presión para que los protocolos de búsqueda se mantuvieran activos. Su declaración expone una falla estructural: el sistema institucional exigía en un principio que fuera un familiar directo quien interpusiera la denuncia formal, pese a que Camargo Loya se encontraba distanciado de su núcleo familiar.

Esa condición retrasó el inicio formal de las actuaciones y generó una de las primeras denuncias públicas contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los colectivos la documentaron desde diciembre como una muestra de la violencia institucional que enfrentan quienes defienden derechos humanos.

Los destinatarios directos del llamado

El posicionamiento nombra a dos funcionarias de forma explícita. Los colectivos exigen que la diputada local María Teresa Guerra Ochoa y la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya se pronuncien públicamente y atiendan el caso con acciones concretas.

La interpelación directa a cargos electos responde a la estrategia de los grupos: visibilizar la omisión de quienes tienen poder de gestión y representación política en el municipio.

La ficha de búsqueda y los datos del activista

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió desde diciembre la ficha con cédula RZN-0277-2025. El documento describe a Camargo Loya como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, complexión mediana, frente y boca grandes, cejas pobladas y cabello lacio.

Quien cuente con información puede comunicarse al número 668 219 45 25 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ambos canales operan de forma confidencial.La frase que resume la exigencia

“Jesús merece ser buscado y encontrado con bien, igual que todas las personas desaparecidas”, expresaron los colectivos en el documento. La oración cierra el posicionamiento y lo conecta con la demanda más amplia del movimiento de búsqueda en México.

Los grupos advirtieron que continuarán pendientes de cualquier avance relacionado con el caso. La vigilancia colectiva se convierte así en el único mecanismo de presión activo ante la ausencia de respuestas institucionales a seis meses de la desaparición.

El precio que paga un pasajero al subirse a un colectivo rara vez refleja lo que cuesta mover ese vehículo. En la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, la diferencia entre lo que abona el usuario y el costo real del servicio, la cubre el Estado a través de subsidios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es la excepción: es, de hecho, uno de los sistemas con mayor participación estatal de la región. Pero según las empresas del sector, ni así alcanza para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que compara once sistemas de transporte urbano de América Latina, el AMBA es el segundo con mayor subsidio estatal sobre el costo del boleto. El Estado cubre el 69% del valor del pasaje, mientras que el usuario aporta el 31% restante. Solo Ciudad de México supera ese nivel de intervención pública, con un subsidio del 70% y un boleto que en dólares es el más barato de la muestra: USD 0,43. En el AMBA, el costo del boleto según ese relevamiento es de USD 0,51 (se usó el dólar como unidad de medida para unificar criterios y poder comparar las diferentes ciudades).

Por detrás aparece Santiago de Chile, donde el Estado financia el 65% del costo, con un boleto de USD 0,81. Santo Domingo registra un subsidio del 60%, Panamá del 55% y Bogotá del 52%. En Cali, la participación es pareja: 50% el usuario, 50% el Estado, con un boleto de USD 0,92 (92 centavos de dólar).

Lima y São Paulo tienen esquemas donde el usuario ya carga con la mayor parte: 54% y 55% respectivamente. Montevideo, con un subsidio del 41%, se ubica hacia el otro extremo del espectro. Y San José de Costa Rica representa el caso más atípico del grupo: el usuario paga prácticamente la totalidad del costo, con una participación del 99%, aunque el boleto en dólares es de USD 0,82, un valor intermedio respecto al resto.

Lo que reciben las empresas y lo que dicen necesitar

El cuadro regional contrasta con la situación que describen las empresas de colectivos del AMBA. Según el Índice Bondi de Aaeta, que releva mensualmente los costos del sistema metropolitano, en abril de 2026 las empresas recibieron en promedio $1.609,11 por cada boleto vendido, entre la compensación del Estado y lo que abonan los usuarios. Sin embargo, el costo real de operar el servicio —sin IVA— asciende a $1.923,38 por pasajero. La diferencia es una pérdida de $314,27 por cada viaje realizado.

El boleto mínimo vigente en el AMBA para las líneas nacionales era en ese momento de $700 (hoy es de $714 con SUBE registrada). Si no existiera ningún tipo de subsidio, ese mismo boleto debería costar $2.125,34 con IVA incluido, según el cálculo del Índice Bondi. La brecha entre el precio que paga el pasajero y el valor sin subsidio es, entonces, de más de tres veces.

A nivel del sistema en su conjunto, la Secretaría de Transporte reconoce un costo mensual de mantenimiento de $326.608 millones, pero Aaeta estima que el costo real asciende a $389.945 millones. Esa diferencia de $63.336 millones es la que, según el sector, se traduce en déficit de calidad: menos frecuencias, menor seguridad y postergación en la renovación del parque de unidades.

Variaciones según la jurisdicción

El costo del boleto sin subsidio no es uniforme dentro del propio AMBA. Según la apertura por jurisdicción que elabora Aaeta, el valor más alto corresponde a las líneas de jurisdicción nacional: $2.357 con IVA. Le siguen las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.123, y el promedio general del Índice Bondi, de $2.125. Los valores más bajos corresponden a las líneas de la Provincia de Buenos Aires ($1.969) y a los municipios bonaerenses ($1.861).

Esa dispersión refleja diferencias en los costos operativos según el tipo de recorrido y la estructura de cada red. Las líneas de mayor extensión y complejidad, como las nacionales, tienen costos unitarios más elevados.

Un debate sin resolver

El financiamiento del transporte público en el AMBA lleva años en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones aplican criterios distintos para actualizar las tarifas y distribuyen el peso del subsidio de manera diferente, lo que genera brechas crecientes entre los boletos según la línea que tome el pasajero.

Las empresas del sector sostienen que la compensación actual es insuficiente y plantean dos alternativas: que el Estado amplíe su aporte o que se autoricen aumentos de tarifa que acerquen el precio al costo real.

Lo que el cuadro regional de Aaeta pone en perspectiva es que subsidiar el transporte urbano es una práctica extendida en América Latina, no una particularidad de Argentina. La mayoría de las ciudades relevadas optaron por sostener tarifas por debajo del costo real para garantizar el acceso al servicio. La discusión, en cada caso, es quién paga la diferencia y cuánto.

Luego de que se confirmara que el velorio público en honor de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, anunciaron que no se cobrará el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Todas las opciones disponibles para llegar al predio.

Aunque la despedida comenzará a partir de las 11:00 horas, fuentes oficiales de AUBASA comunicaron que se dejará de cobrar el paso a los vehículos desde las 6 de la mañana. Hasta el momento, no se definió cuándo terminará la medida. Tampoco está prevista la posibilidad de que se extienda, en caso de que el sepelio pudiera prolongarse.

La duración de la despedida está íntimamente ligada a una decisión de la familia del músico que, en lugar de acordar un horario de cierre, manifestó su deseo de que dure “lo que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Desde las redes oficiales del legendario cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota informaron cómo se llevará a cabo su despedida. Y recomendaron a sus fieles fanáticos que se acerquen desde Sarandí, ya sea “en transporte público, propio o a pie”.

La expectativa de que haya una convocatoria masiva influyó en la decisión de realizar el evento en el predio situado sobre la Av. Bartolomé Mitre al 4900. Pues, se trata de un lugar que abarca aproximadamente unas 10 hectáreas y posee un auditorio con una capacidad total de 180 personas.

Según confirmó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, solo estará habilitado el ingreso peatonal, que estará ubicado en la intersección de la Av. Mitre y Gral. Otero. “Si venís en auto, te pedimos que estaciones unas cuadras antes y llegues caminando, siempre respetando los garajes particulares y cuidando el orden del barrio”, solicitó a los asistentes.

Durante el operativo, habrá un equipo de más de 8.000 personas para garantizar la seguridad y el acceso de los seguidores del Indio. También confirmaron que se montarán postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las inmediaciones del parque.

Además, comunicaron que los alrededores del predio estarán cerrados para el tránsito. Así, desde las 8 de la mañana, no se podrá circular por el perímetro conformado entre la Av. Mitre, Gral. Otero, Baradero y Polonia.

Cómo llegar a Parque Domínico

Vía auto

Para aquellos que viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, la zona oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, la recomendación común es tomar la autopista 25 de Mayo para poder conectar con la autopista Buenos Aires-La Plata. Al llegar a la altura de Quinta Galli, deberá tomar la salida 9 hacia el Acceso Sudeste en dirección a Wilde o Parque Comercial.

A unos 2,8 kilómetros de distancia, deberá girar a la derecha en la rampa hacia Cnel. Adrogué, manteniéndose a la derecha para seguir por esa calle. Desde ese punto, se encontrará a casi nueve cuadras de Baradero, donde comienza el corte de calles.

En el caso de los residentes de La Plata y alrededores, es preferible tomar la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta el distribuidor del Acceso Sudeste en Avellaneda, para luego descender hacia la avenida Bartolomé Mitre, conexión que lleva al predio a la altura del 4700.

Según el medio platense 0221, la segunda opción implica utilizar la bajada de Bernal, continuando por avenidas de la zona oeste de Quilmes hasta empalmar nuevamente con Bartolomé Mitre. No obstante, alertaron que suele tardarse más por este camino, debido al tránsito y los semáforos.

Vía tren

En este caso, se deberá tomar la línea Roca hasta la estación Villa Domínico. Además de ser una de las opciones más directas para los vecinos de la zona sur, también es posible llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores desde Constitución.

Vía colectivo

Las líneas de colectivo que transitarán por la zona serán: 17, 22, 98, 148, 159, 178, 197 y 247.

Con el inicio de junio, llegan nuevos aumentos en transporte que pondrán presión al bolsillo. Colectivos, subtes, trenes y peajes se incrementarán este mes, en línea con los esquemas de actualización que responden a la inflación y que buscan trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales.

La tarifa de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% desde este lunes, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. El ajuste se produce tras la suba del 11,6% que el gobernador Axel Kicillof dispuso en mayo, cuando el boleto base pasó a $968,57.

Con el nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) asciende a $1.015,61.

Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa pasa de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para trayectos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes abonen el boleto sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% sobre el valor pleno, el boleto para el tramo más corto se eleva a $457,02. Los demás tramos reflejan aumentos proporcionales y el beneficio se mantiene para los usuarios incluidos en el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19, valor que asciende a $2.672,38 sin SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito también subirán 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasa de $753,74 a 788,41 pesos.

El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

A partir de junio, el subte y el premetro aplicarán una nueva tarifa. El valor del viaje se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada. Continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales.

En el caso de los trenes, el aumento es del 12,9% y el boleto mínimo ya se ubica en $350 con SUBE registrada, de lo contrario el costo es de $700.

El Gobierno nacional aseguró que el objetivo es ”garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”.

En las líneas nacionales de colectivos que operan en el AMBA, el boleto tendrá un incremento del 2% y costará $728,28 a partir del 15 de junio. El Gobierno dispuso este diferimiento con el objetivo de atenuar el impacto sobre el IPC.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Quienes viajan en auto también tendrán un ajuste en junio: los peajes en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico.

Las motocicletas abonarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán pagar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

Junio viene con nuevos aumentos que pesarán en los bolsillos de los argentinos. Desde este lunes se incrementa el boleto de tren y de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia, los servicios públicos y las prepagas.

Otros aumentos, en el caso de las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se aplicarán a mitad de mes para moderar el impacto sobre la inflación, que el Gobierno pretende que se continúe desacelerando.

El primer impacto al comenzar el día lo van a sentir los usuarios del transporte público. El boleto mínimo de colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,6%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula que adiciona dos puntos porcentuales a la inflación del segundo mes anterior (en este caso, abril). En las líneas provinciales, tras un aumento de 11,6% por fuera del esquema, que en mayo llevó la tarifa a $968,57, volverán al esquema de dos puntos más inflación y subirán 4,6% a $1.015,61, superando así el hito de los 1.000 pesos.

Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el ajuste será de 2% y el boleto costará $728,28, aunque en este caso regirá desde el 15 de junio. Con el diferimiento, el equipo económico busca moderar el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide promedios semanales, tras la escalada a 3,4% en marzo. En el caso de los trenes metropolitanos, los pasajes subirán 12,9% a partir de hoy, pasando de $310 a 349,99 pesos.

Respecto a los peajes en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste será de 4,6%, también calculado sobre la inflación de abril más dos puntos porcentuales. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura abonarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas pagarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán abonar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

Luz y gas: aumentos, pero con mayores subsidios

En el caso de los servicios públicos, habrá aumentos en el sexto mes del año, pero también mayores subsidios con el pretexto del conflicto en Oriente Medio. La semana pasada, la Secretaría de Energía comunicó que la factura media de gas a nivel país tendrá un aumento de 2,81%, pero que habrá mayores subsidios.

Por un mes más se extenderá la bonificación extraordinaria del 25% en la factura de gas de junio para usuarios residenciales de menores ingresos que estén registrados y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con esta medida, el subsidio total se mantiene en 75%: 50% corresponde al beneficio general dispuesto por el Decreto 943/25 y 25% a la bonificación adicional que renovó la resolución vigente. Alcanza a hogares con ingresos equivalentes a hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y organizaciones sin fines de lucro inscriptos en el SEF.

En cuanto a la energía eléctrica, la cartera energética fijó para junio un aumento del 1,5% para el AMBA (el resto de las tarifas depende de los entes reguladores provinciales) y una bonificación extraordinaria de 11,97%, que eleva el subsidio al 62% del consumo base. Según la Secretaría de Energía, este tipo de beneficio busca proteger a los sectores más vulnerables ante variaciones abruptas de precios.

Estas decisiones surgen en el contexto de la inestabilidad en Medio Oriente, que incide en la volatilidad de los valores internacionales del petróleo y el gas. Aunque estos movimientos han contribuido a la desaceleración de la inflación, también implican un mayor gasto público. La situación de YPF es distinta: la petrolera estatal-privada aplicó solo un aumento de 1% y mantiene congelados los precios del combustible por 45 días. El 15 de junio, el directorio de la empresa deberá definir si habrá un nuevo incremento o si extenderá el congelamiento, medida que impacta en toda la economía.

A pesar del panorama internacional, este domingo el barril de Brent, referencia para Argentina, cotiza a USD 92,05, mientras que en abril, cuando YPF congeló precios, estaba en 103 dólares.

Prepagas y colegios

En el sector de la salud, las principales empresas de medicina prepaga informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) aumentos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán un incremento de 2,6%, en línea con la inflación de abril, mientras que Omint ajustará hasta 2,9% según el plan contratado. En algunos casos, los copagos también registraron incrementos. Todas las compañías deben ahora cargar estos datos en el sistema digital de la SSS.

El ámbito educativo también experimentó ajustes en las cuotas. En la provincia de Buenos Aires, las subas promediaron entre 4% y 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rondaron el 5%. Estas actualizaciones impactan en el presupuesto de las familias con hijos en colegios privados.

A partir de mañana, los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% en las tarifas, llevando el boleto mínimo por encima de los $1.000. El ajuste llega después de la decisión tomada en mayo por Axel Kicillof, cuando el gobernador ordenó un alza del 11,6% que llevó el boleto base a $968,57. Esa medida profundizó la brecha con los valores que rigen en la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas nacionales, y generó presión sobre los precios en un contexto donde el Gobierno nacional busca contener la inflación luego del registro de 3,4% en marzo.

Según fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte bonaerense a Infobae, el incremento responde a la vuelta de la fórmula tradicional de “dos puntos más inflación”. “A partir de mañana, el aumento en las líneas de colectivos de la provincia es de dos puntos más el último IPC de abril (2,6%), volvemos a lo mismo de siempre”, indicaron.

El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 a $1.015,61. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% respecto al valor pleno, el boleto para el tramo más corto sube de $435,86 a $457,02. El resto de los tramos refleja aumentos proporcionales y mantiene el beneficio para los usuarios alcanzados por el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87, el valor por kilómetro se eleva a $51,61 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19. El boleto mínimo sin SUBE se ubica en $2.672,38.

La decisión de Kicillof de aumentar 11,6% en mayo respondió a la lógica de trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales. Esta postura, identificada con una visión pro mercado, produjo tensiones en el Gobierno libertario, que observó cómo el ajuste provincial sumaba presión sobre el índice de precios al consumidor.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo también subirá 4,6% desde mañana, pero el boleto mínimo quedará en $788,41, muy por debajo del valor bonaerense. En cuanto a las líneas nacionales, que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el próximo aumento será de 2% y se aplicará recién el 15 de junio, en línea con la estrategia del equipo económico nacional de postergar los ajustes hacia mitad de mes para morigerar su impacto en la inflación.

El trasfondo del conflicto

El conflicto por el financiamiento del transporte público se intensificó desde el estallido de la crisis en Oriente Medio y la posterior suba de los combustibles en Argentina. Las empresas de colectivos del AMBA reclamaron a la Secretaría de Transporte de la Nación un recalculo tarifario que acompañe los mayores costos operativos. La falta de acuerdo derivó en una reducción de frecuencias, hasta que a fines de abril el Gobierno nacional transfirió $56.000 millones en concepto de subsidios atrasados y se comprometió a revisar la política de boletos.

A mediados de mayo, el Gobierno autorizó una suba para la líneas que circulan en el AMBA del 6% en el boleto, a ejecutarse en tres tramos: 2% el 18 de mayo, 2% el 15 de junio y otro 2% el 15 de julio. Lo que forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo: escalonar los incrementos tiene como objetivo amortiguar su efecto sobre la inflación.

Sin embargo, las misma no dejo conforme a las empresas de colectivos. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación.Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector.

Es que con el aumento del 2% que se aplicará a mitad de mes, el boleto para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA quedará en $728,18 mientras que el de la provincia de Buenos Aires se ubicará en $1.015,16 (diferencia de $286,98) y el de la Ciudad de Buenos Aires en $788,41 (diferencia de $60,23).

El debate sobre los criterios para actualizar el boleto y la estrategia para contener el impacto inflacionario continúa atravesando a las distintas jurisdicciones del AMBA. Las diferencias de enfoque entre la provincia, la Ciudad y la Nación repercuten en el precio final que pagan los usuarios, que encuentran cada vez más disparidad en los valores según el recorrido y la administración responsable.

Luego de que la inflación desacelerará a 2,6% en abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en mayo estará por debajo de ese nivel. Ahora la expectativa está en qué sucederá en junio, un mes en donde se confirmaron nuevos aumentos en el transporte, prepagas y colegios privados que presionarán sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero también donde el Gobierno ya confirmaron mayores subsidios en la boleta de luz y gas.

Este jueves, la Secretaría de Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución.

El alcance de la medida incluye a todos los hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo que se encuentren inscriptos en el SEF.

A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, la Secretaría de Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.

Se trata de decisiones que toma el equipo económico en el contexto del conflicto en Medio Oriente. La volatilidad en los precios del petroleo y el gas que ayudan a la desaceleración de la inflación aunque con ello también se pone en juego un mayor gasto público.Eso no sucede en el caso de YPF en donde los costos de solo aumentar un 1% y volver a congelar por otros 45 días el precio del combustible.

El 15 de junio nuevamente el directorio de YPF deberá decidir cómo continúa: si aplica un nuevo incremento y si aplica otro congelamiento en el precio del combustible, con los efectos que tiene sobre el conjunto de la economía. A pesar de la continuidad del conflicto en Oriente Medio, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) se encuentra en USD 92,98 este jueves al mediodía y cuando la pretolera privado-estatal tomó la decisión de congelar el precio a principios de abril estaba en 103 dólares.

Aumentos confirmados y en dudas

En el transporte público, junio trae aumentos en los boletos de colectivos y trenes. El boleto mínimo de los colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,2%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula de sumarle dos puntos porcentuales a la inflación de abril. Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el incremento será del 2% y el boleto llegará a $728,28, aunque en esta caso la actualización se aplica desde el 15 de junio.

En las líneas provinciales, la incógnita permanece luego de que en mayo se aplicó un aumento autónomo del 11,6% que llevó la tarifa a $968,57. Si se replica el esquema de ajuste, el boleto superaría los $1.000. Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Secretaría de Transporte bonaerense aseguraron que todavía no hay una definición al respecto.

Los trenes del área metropolitana también ajustarán sus precios. El aumento aplicará desde el 1° de junio, cuando el boleto subirá 12,9% y pasará de $310 a 349,99 pesos.

Los peajes de la CABA se ajustarán 4,6%, aplicando la misma lógica que para el transporte público: inflación de abril más 2%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagan $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonan $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Para vehículos pesados de hasta dos ejes, la tarifa asciende a $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en pico.

En el sector salud, las principales empresas de medicina prepaga notificaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud fijaron un aumento de 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint, en tanto, aplicó subas de hasta 2,9% según el plan. En varios casos, los ajustes también alcanzaron a los copagos. La carga de estos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria para todas las compañías.

El ámbito educativo también se vio alcanzado por los ajustes. Las cuotas de los colegios en la Provincia de Buenos Aires subieron en promedio entre 4% y 5%. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicó en torno al 5%. Estas actualizaciones impactan en las familias con hijos en escuelas privadas, sumando presión sobre el presupuesto de los hogares.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el repudiable hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan de Garay y Lima, a tan solo una cuadra de plaza Constitución. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un Volkswagen color negro frenó su marcha de forma repentina y en plena vía pública, sacó un fierro del baúl y comenzó a descargar su furia contra un colectivo de la línea 60.

“¡Alejate, alejate! Llamá a la policía... ¿Alguien está llamando?“, se escucha decir a un pasajero en el video que encabeza esta nota, el cual muestra cómo fue el ataque al unidad y los momentos posteriores.

Mientras el chofer realizaba la denuncia correspondiente al 911, el atacante, aún con sed de venganza, volvió sobre sus pasos y se ocupó de destruir las ventanillas del costado izquierdo del colectivo. “¡Ey, la concha de tu madre, forro! ¿Qué te pasa hijo de puta? ¡Abrime y le rompemos toda la jeta!“, exclamó otra pasajera, al observar que el hombre oriundo de Venezuela no cesaba.

Al recibir el alerta, personal de la comisaría vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar del hecho. Ante los reiterados pedidos del pasaje, dos de los agentes esposaron al sospechoso. “¿O sea que me choca y yo no tengo que hacer nada?“, le preguntó en tono irónico el detenido a los policías, al mismo tiempo que los pasajeros aseguraban que él había sido el responsable del choque que desató su enojo.

“Cayeron vidrios arriba de toda la gente enfermo de mierda. ¿Qué te pasa?“, le reclamó una de las pasajeras afectadas por su ataque de furia.

El agresor, de 36 años, quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal que lo imputó por daños agravados.

Tal como lo anunció la semana pasada el Gobierno, desde este lunes 18 de mayo, comienzan a regir los aumentos para las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los trenes. Lo que implicará un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos y presionará sobre el dato de inflación de mayo, luego de la desaceleración que marcó en abril (2,6%). Y que podría complicar los planes de que la tendencia de precios a la baja continúe, ya que se definieron más incrementos para los próximos meses.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional (AMBA) tendrá una actualización del 2% y pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, $728) y el 15 de julio (otro 2%, $ 742).

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

Desde hace semanas, la Secretaría de Transporte está en conflicto con las empresas de colectivo del AMBA, quienes, ante el aumento de los costos operativos (el incremento del precio del combustible por la guerra en Oriente Medio) y las deudas por el pago de subsidios, decidieron reducir la frecuencia de las líneas de colectivos. Lo que lleva a que miles de usuarios se vean afectados a la hora de viajar.

Aumento en los trenes

En relación con el sistema ferroviario, el aumento será mayor. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 10% a partir de hoy, que llevará el boleto a $310 (antes $280), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 12,9% en junio ($350), 8,6% en julio ($380), 10,5% en agosto ($420) y 7,1% en septiembre ($449,81). De esa forma, el porcentaje de incremento acumulado a septiembre de 2026 de la tarifa base será del 60,7%.

Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país, orientándose hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario. En diciembre de 2023, la tarifa del tren cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente, la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

En abril, la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual. Este aumento superó el dato de marzo, que había alcanzado 4,1%. Este incremento en el boleto de colectivo del AMBA para el 18 de mayo no es casualidad, ya que el Ministerio de Economía lo autoriza a mitad de mes para que la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo sea menor.

Las diferencias con el interior

Con el nuevo cuadro tarifario no se soluciona el conflicto para las empresas de colectivo, ya que además de destacar que los ajustes están por debajo de la inflación, aseguran que todavía hay pago de subsidios pendiente. Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones, correspondientes a “atributo social”.

Directivos de una de las compañías afectadas detallaron que Transporte pagó un mes de los tres pendientes. Frente a ese escenario, las empresas aseguran que no recibieron hasta ahora ninguna convocatoria a una nueva reunión con las autoridades.

A su vez, el nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivo del AMBA, si bien implica un golpe para el bolsillo, aún guarda una importante distancia con lo que sucede en el interior del país. En mayo, el boleto mínimo en Santa Fe capital es a $1.900, en Córdoba capital y Rosario cuesta $1.720, y en Mar del Plata llega a $1.550. Para Neuquén capital, el valor se ubica en $1.140, y para el Gran Mendoza) es de 1.000 pesos.

Mientras que las tarifas mínimas en mayo serán de $968,57 para líneas de la provincia de Buenos Aires, $753,86 para líneas porteñas y $714,00 para líneas nacionales. De este modo, la brecha tarifaria entre la Región Metropolitana y el resto del país se vuelve aún más notoria, con el AMBA manteniendo los valores más bajos del cuadro nacional.

Mediante la resolución 27/2026 publicada en Boletín Oficial esta madrugada, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde el corriente mes y hasta septiembre.

Las empresas de colectivo sostienen que la actualización tarifaria por debajo de la inflación no alcanza para cubrir el aumento de los costos operativos de los últimos meses, sobre todo ante la acumulación de deuda estatal. El futuro del sistema de colectivos en el AMBA depende del pago de las deudas —que se achicó de forma considerable en el último mes— y de la evolución del precio del combustible, lo que está atado al conflicto en Oriente Medio. Aunque la reciente decisión de YPF de aumentar un 1% el combustible la semana pasada y mantener los precios congelados por otros 45 días ayuda a contener la tensión.

Luego de semanas de conflicto entre el Gobierno y las empresas, a partir de mañana, lunes 18 de mayo, comienza a regir el nuevo esquema tarifario en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en trenes, lo que será un nuevo golpe para el bolsillo de los argentinos y presionará sobre la inflación de mayo.

Pese a ello, las empresas aseguran que hay una deuda pendiente de la Secretaría de Transporte y que aun con los nuevos incrementos seguirá habiendo una gran brecha con el costo de los colectivos en ciudades del interior del país.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional (AMBA) tendrá una actualización del 2% y pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, $728) y el 15 de julio (otro 2%, $ 742).

Pero aún con este nuevo aumento para las líneas de colectivos que entran y salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el Gobierno destacaron que los valores son inferiores en comparación con los que circulan exclusivamente dentro de la Capital, donde el boleto es un 5,6% más caro, y los que lo hacen exclusivamente dentro de la Provincia de Buenos Aires (PBA, las líneas del número 200 para arriba), donde el valor es un 35,7% superior al de los servicios de jurisdicción nacional.

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada.

El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

Aumento en los trenes

En relación con el sistema ferroviario, el aumento será mayor. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 18% a partir de este lunes, que que llevará el boleto a $330 (antes $280), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 15% en junio ($379), 13% en julio ($428), 12% en agosto ($480) y 10% en septiembre ($528).

Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país, orientándose hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario. En diciembre de 2023, la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

En abril la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual. Este aumento superó el dato de marzo, que había alcanzado 4,1%. Este incremento en el boleto de colectivo del AMBA para el 18 de mayo no es casualidad, ya que el Ministerio de Economía lo autoriza a mitad de mes para que la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo sea menor.

Las diferencias con el interior

Con el nuevo cuadro tarifario no se soluciona el conflicto para las empresas de colectivo ya que además de destacar que los ajuste que están por debajo de la inflación, aseguran que todavía hay pago de subsidios pendiente. Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones, correspondientes a “Atributo social”.

Directivos de una de las compañías afectadas detallaron que Transporte pagó un mes de los tres pendientes. Frente a ese escenario, las empresas aseguran que no recibieron hasta ahora ninguna convocatoria a una nueva reunión con las autoridades.

A su vez, el nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivo del AMBA, si bien implica un golpe para el bolsillo, aún guarda una importante distancia con lo que sucede en el interior del país. En mayo, el boleto mínimo en Santa Fe capital es a $1.900, en Córdoba capital y Rosario cuesta $1.720, y en Mar del Plata llega a 1.550 pesos. Para Neuquén capital, el valor se ubica en $1.140, y para el Gran Mendoza) es de 1.000 pesos.

Mientras que las tarifas mínimas en mayo serán de $968,57 para líneas de la provincia de Buenos Aires, $753,86 para líneas porteñas y $714,00 para líneas nacionales. De este modo, la brecha tarifaria entre la Región Metropolitana y el resto del país se vuelve aún más notoria, con el AMBA manteniendo los valores más bajos del cuadro nacional.

Las empresas de colectivo sostienen que la actualización tarifaria por debajo de la inflación no alcanza para cubrir el aumento los costos operativos de los últimos meses, sobre todo ante la acumulación de deuda estatal. El futuro del sistema de colectivos en el AMBA depende del pago de la deudas -que se achico de forma considerable en el último mes- y de la evolución del precio del combustible, lo que esta atado al conflicto en Oriente Medio. Aunque la reciente decisión de YPF de aumentar un 1% el combustible la semana pasada y mantener los precios congeladas por otros 45 días ayuda contener la tensión.

Después de varios meses de conflicto entre las empresas de colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gobierno, que incluyó la reducción de frecuencias y afectó a miles de pasajeros, este lunes la Secretaría de Transporte de Nación oficializó el nuevo cuadro tarifario para los próximos tres meses. A pesar de la medida, el sector privado expresó su disconformidad con el porcentaje de incremento autorizado para el boleto y mantuvo un reclamo por una deuda millonaria que el Estado aún no regularizó.

Este lunes, la Secretaría de Transporte dispuso que el boleto mínimo de colectivo nacional suba a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para beneficiarios de la Tarifa Social y a $1428 para quienes no tengan la SUBE registrada. Esta actualización, que entrará en vigencia el 18 de mayo, representa un ajuste del 2% y contempla nuevas subas del mismo porcentaje el 15 de junio y el 15 de julio. El organismo remarcó que los nuevos valores mantienen los boletos nacionales por debajo de los que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los pasajes resultan un 5,6% más caros, y en la Provincia de Buenos Aires, donde la diferencia asciende al 35,7 por ciento.

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada. El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

La diferencia con el boleto de colectivo de capital y la provincia se da porque todos los meses para las líneas que operan en ambas jurisdicciones se fijó un aumento de dos puntos más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en el caso de la provincia, en mayo se agrando ya que la Secretaría de Transporte bonaerense tomó la decisión de que el aumento del boleto en lugar de ser de 5,4% sea de 11,6% por el aumento del precio del combustible.

Como había adelantado Infobae, los empresarios esperaban que el Gobierno comunique el aumento del boleto de colectivo para las lineas del AMBA a mediados de mayo. Se trata de una estrategia que desarrolló en otras oportunidades el Ministerio de Economía para ejercer una menor presión sobre la inflación y más aún luego del 3,4% que marcó en marzo con la expectativa de que en los proximos meses desacelere.

Deudas millonarias

Con el nuevo cuadro tarifario para las lineas que operan en el AMBA la discusión no quedo saldada. Es que las empresas aún reclaman por una deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sector. De acuerdo a datos aportados por fuentes del sector a Infobae, al 30 de abril, la deuda total con las empresas del AMBA ascendía a $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones correspondían al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Otros $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, que se abonaron el 30 de abril, y los $50.000 millones restantes, corrian por cuenta del Gobierno, que se comprometió a transferirlos en la misma jornada.

Durante el último encuentro, el 30 de abril, las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación asumieron el compromiso de realizar una transferencia por $56.000 millones para achicar la deuda y evitar el agravamiento de la crisis en el sector. Las compañías, por su parte, señalaron que la deuda acumulada y la insuficiencia de las tarifas complican la prestación del servicio y condicionan la normalización de las frecuencias.

En el sector empresario, el malestar se profundizó al considerar que la actualización oficializa una suba muy por debajo de la inflación. Las cámaras plantearon que la decisión del Gobierno no reconoce el impacto de la inflación sobre los costos operativos ni el atraso en los pagos correspondientes a subsidios. Además, advirtieron que, de sostenerse este ritmo de ajuste, la diferencia tarifaria con CABA y la provincia seguirá en aumento, afectando la competitividad de los servicios nacionales.

La situación financiera del sector se encuentra atravesada por la deuda que el Estado mantiene con las compañías. La Secretaría de Transporte prometió la transferencia de $56.000 millones para reducir el pasivo acumulado, una medida que busca descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad de los servicios.

El conflicto entre las empresas de colectivo del AMBA y el Gobierno tuvo un impacto directo en la prestación del servicio durante las últimas semanas. La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el pago de deudas condicionaron la movilidad diaria de miles de pasajeros, que vieron limitado el acceso a un servicio esencial. A pesar de la transferencia de fondos y el ajuste tarifario, el sector privado insiste en que el aumento resulta insuficiente y que la deuda acumulada sigue afectando la operatoria cotidiana.

El contexto de tensión en el transporte público del AMBA, marcado por la puja entre las empresas y el Estado, la disputa por las tarifas y la negociación por el pago de deudas, se mantiene abierto. Las próximas semanas resultarán claves para definir cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y las compañías, y si se concretará un nuevo ajuste de tarifas acorde a las expectativas empresariales.

La Secretaría de Transporte presentó nuevos cuadros tarifarios con aumentos para colectivos y trenes de pasajeros de jurisdicción nacional. Si la consulta pública convocada los ratifica, los cambios regirán desde el 18 de mayo.

En ese marco, arranca la Instancia de Participación Ciudadana sobre las tarifas propuestas: un mecanismo abierto, transparente y gratuito con una ventana de tres días hábiles para que cualquier persona pueda acercar opiniones y comentarios sobre los nuevos valores. El formulario estará disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte a partir de hoy.

La suba alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor bajo jurisdicción nacional y a los ferroviarios nacionales. Su implementación será gradual y escalonada: tres etapas mensuales consecutivas para el caso de los colectivos y cinco para el sistema ferroviario, con la primera actualización prevista para el 18 de mayo.

Vale recordar que desde diciembre de 2023, el gasto mensual de transporte que debe realizar un hogar en el AMBA avanzó 1.236% y ya alcanza los $107.187.

Según el cuadro tarifario propuesto, a partir del lunes 18 de mayo el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional tendrá una actualización del 2% y pasaría de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1428 con SUBE sin registrar, a partir del lunes que viene.

Luego se aplicará una nueva suba del 2% el 15 de junio, lo que elevará la tarifa a $728, y otro 2% el 15 de julio, llevándola a $742.

La cartera de Transporte destacó que esta actualización implica una tarifa aún inferior a la de la Ciudad de Buenos Aires, donde el boleto es un 5,6% más caro al de los servicios de jurisdicción nacional, y de la Provincia de Buenos Aires, donde el valor es un 35,7% superior.

En relación con el sistema ferroviario, “la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país avanzando hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario”, sostuvo el Ejecutivo.

Remarcaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas consecutivas para los servicios metropolitanos y locales extendidos. En detalle, contempla una actualización del 18% a partir del 18 de mayo, seguida de actualizaciones el primer día de cada mes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

De esta manera, para los servicios metropolitanos del AMBA, que comprenden las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, el boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasaría de los $280 actuales a $330 para la primera sección desde el próximo lunes.

En tanto, para las personas alcanzadas por la Tarifa Social —como jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otros— el valor del boleto será de $148,50.

Por su parte, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, deberán abonar el doble de la tarifa determinada en cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1100.

Cabe mencionar que se mantendrán vigentes la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que otorga beneficios por combinación de transporte.

“El objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”, señaló la Secretaría de Transporte.

Ante este escenario, transportistas de colectivos plantean elevar la tarifa hasta 10 soles por pasajero para mantener la rentabilidad de sus operaciones, una medida que repercutiría en los bolsillos de miles de ciudadanos.

Conductores los más afectados ante el alza de la gasolina

De acuerdo con reportes difundidos por Exitosa, los conductores de colectivos y taxis han comenzado a reorganizar sus rutas de abastecimiento en busca de alternativas más económicas frente al incremento sostenido de los combustibles. La ausencia de Gas Natural Vehicular (GNV) a inicios de año intensificó la escalada de precios y obligó a los trabajadores a buscar opciones que permitan reducir sus costos diarios. Un transportista citado por Exitosa explicó que el gasto diario en GLP para un vehículo colectivo se elevó de un rango de 35 a 40 soles a más de 60 soles, lo que presiona la estructura de precios del sector.

El alza en los combustibles no solo afecta el transporte público, sino que incide directamente en la economía de las familias peruanas. El incremento de los pasajes genera un efecto dominó sobre la canasta básica familiar, ya que los costos de traslado de productos también se ven aumentados. Diversos gremios de transporte han advertido que el escenario actual no resulta sostenible para quienes dependen de la actividad diaria, ya que las ganancias disminuyen mientras los gastos fijos siguen en aumento.

Usuarios afrontan la crisis de la gasolina

La preocupación se extiende entre los usuarios, quienes enfrentan la disyuntiva de asumir tarifas más elevadas o limitar la frecuencia de sus desplazamientos. El aumento de 10 soles en la tarifa de colectivos representa un golpe considerable para quienes utilizan este servicio de manera cotidiana, sobre todo en zonas donde la oferta de transporte alternativo es limitada. Organizaciones de defensa del consumidor han solicitado al Gobierno de Perú que intervenga con medidas que permitan mitigar el impacto de la crisis y proteger a los sectores más vulnerables.

En una entrevista recogida por Exitosa, un conductor de colectivo expresó: “La gasolina se elevó desde la crisis que hubo por ausencia de GNV en marzo y desde entonces los taxistas en general buscamos dónde hay más barato. Un transportista consume entre 6 a 7 galones de GLP por día y estaba a 5 soles, eso era entre 35 a 40 soles diarios, pero ahora se ha elevado a más de 20 soles diarios lo que quita el combustible. El problema radica en que el transporte público en bus o combi se puede manejar, pero en el colectivo los pasajeros no quieren pagar más. El gobierno peruano debe hacer algo porque esto es un gasto millonario para nosotros los emprendedores”.

Crisis del petróleo y el silencio del estado peruano

La situación también pone en evidencia la falta de respuestas concretas desde el Ejecutivo. Hasta el momento, el gobierno de Perú no ha anunciado medidas específicas para contener la escalada de precios ni ha ofrecido alternativas que alivien la carga de los transportistas y usuarios. El silencio oficial agudiza la incertidumbre entre quienes dependen del transporte público para generar ingresos o desplazarse a sus trabajos.

El impacto se observa especialmente en las ciudades donde el transporte colectivo representa una alternativa eficiente frente al congestionamiento y la insuficiencia de las rutas tradicionales de buses y combis. El potencial incremento de tarifas podría llevar a una reducción en la demanda y, en consecuencia, a una disminución en los ingresos de los propios transportistas, quienes ya operan bajo márgenes ajustados.

¿Qué podría pasar?

Especialistas consultados por Exitosa advierten que la crisis de los combustibles tiene un efecto multiplicador sobre otras áreas de la economía. El aumento en los precios de los productos de primera necesidad se explica, en parte, por los mayores costos logísticos y de transporte que enfrentan los proveedores. El resultado es una presión adicional sobre la inflación y una pérdida de poder adquisitivo para los hogares.

En este contexto, los gremios de transporte han solicitado la revisión de la política de subsidios y exoneraciones tributarias para los combustibles, así como la promoción de alternativas energéticas más accesibles. La transición hacia el uso de GNV o fuentes renovables se ha visto limitada por la infraestructura insuficiente y la volatilidad en el suministro, como se evidenció durante la crisis de marzo.

Mientras el debate continúa, la preocupación crece en las calles. Conductores y pasajeros coinciden en que la situación no se sostiene a largo plazo sin una intervención estatal efectiva que estabilice los precios y garantice el acceso a un transporte asequible. La posibilidad de que los colectivos cobren hasta 10 soles por viaje abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del transporte público en Perú, en medio de una coyuntura económica adversa y una demanda social cada vez más insatisfecha.

Luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, las consultoras coinciden en que el dato de abril será más bajo y el Gobierno podrá festejar una desaceleración del ritmo de ajuste de precios. El interrogante es de cuánto será.

Una tendencia se generó pese a que en el rubro Alimentos y bebidas se registraron subas importantes sobre el final del mes. Las perspectivas de corto plazo para el equipo económico se ven condicionadas por un factor externo: la extensión de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece hasta un 30% las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil requeridas para abastecer la demanda invernal.

El informe semanal de la consultora LCG reveló que Alimentos y bebidas aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, con una tendencia ascendente que se mantuvo durante tres semanas consecutivas. Así, el promedio mensual móvil de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7 por ciento. Lácteos, carnes y bebidas encabezaron los aumentos, mientras que los panificados bajaron, lo que permitió compensar parte de la suba general. El relevamiento determinó que una quinta parte de los productos de la canasta mostró incrementos, con una dispersión de precios similar a la de la semana anterior.

Semana a semana

En la misma línea fue la consultora Eco Go: la variación semanal de alimentos alcanzó 0,5% en la cuarta semana de abril, mientras que en las dos semanas previas había sido del 0,3%. Con este último dato retrocedió al ritmo de aumentos de la primera semana del mes (0,5%). A partir de estos números, los analistas de la consultora proyectaron un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 2,5% para abril. Este valor surge en un contexto donde los alimentos y bebidas ejercieron presión sobre el índice general, especialmente en los tramos finales del mes.

Un pronóstico similar tuvieron en la consultora C&T que informó que su relevamiento para la región del Gran Buenos Aires mostró una suba de 2,4% en los precios minoristas durante abril. Este valor se ubicó un punto por debajo del 3,4% que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec) reportó en marzo para el ámbito nacional. El informe de C&T estimó que, de confirmarse ese dato, la inflación interanual retrocedería de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que influyó en la desaceleración fue la finalización del pico estacional del rubro educación: en marzo, la suba alcanzó 12% y en abril, el aumento rondó el 5%.

En el caso de alimentos y bebidas, que es el componente de mayor peso dentro del índice, C&T midió un aumento cercano al 1% en abril, luego de dos meses consecutivos con incrementos superiores al 3%. La carne aumentó 2%, lo que representó el menor ritmo de ajuste desde septiembre del año anterior. También se relevaron bajas en frutas y verduras, que contribuyeron a moderar el impacto inflacionario general del rubro.

Respecto a los servicios públicos, la menor presión se reflejó en gas y electricidad, lo que permitió limitar el incremento del rubro vivienda. El sector transporte, en cambio, mostró una suba del 4%, impulsada principalmente por los combustibles. El ajuste de estos precios respondió tanto a la suba internacional del petróleo como al arrastre estadístico de aumentos registrados en marzo. A partir de la segunda semana de abril, las subas en transporte comenzaron a estabilizarse. El informe de C&T también identificó un comportamiento estacional en indumentaria, que aumentó más que el promedio general, asociado a la renovación de temporada otoño-invierno. Bienes y servicios varios sobresalieron por el incremento de los artículos de tocador, que se destacó dentro del segmento.

Presiones en el corto plazo

Pero en el equipo económico va a tener dificultades para mantener la desaceleración de la inflación en los próximos meses que van a venir desde el frente externo. La consultora Economía & Energía alertó que el precio internacional de los hidrocarburos, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, elevará en un 30% el costo de importación de GNL y gasoil para el pico de demanda invernal de 2026. Según el análisis, el impacto en gas natural llevará el costo de abastecimiento en el invierno a 5,3 USD por millón de BTU (MMBTU), apenas por encima de los 5,1 USD/MMBTU que se registraron el último año. En cuanto a la energía eléctrica, el costo monómico promedio llegaría a 101 USD/MWh, lo que representa 7 USD/MWh más que el mismo período de 2025.

Pese a ello, el informe de la consultora detalló que, aunque el encarecimiento de los combustibles importados se reflejará en el costo de abastecimiento de gas natural y energía eléctrica, el impacto será relativamente acotado debido a la baja incidencia del gas importado en la oferta total de gas natural del país. Aunque se sumará a los aumentos que ya rigen en mayo: los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia aumentaron un 5,4% y el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) pasó a costar $753,86 y $ 918,35 respectivamente, mientras que el subte en la capital se incrementó de $1.414 a 1.490 pesos.

En cuanto a los peajes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, desde el 1° de mayo, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente. En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1.295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde mayo, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Las consultoras advirtieron que la desaceleración de la inflación de abril podría enfrentar nuevas presiones en mayo. El efecto directo de la suba de combustibles y energía, la inestabilidad internacional y la volatilidad de los precios internacionales plantean un escenario abierto para los próximos meses, especialmente ante la proximidad del invierno y la necesidad de importaciones energéticas. El comportamiento de los precios regulados y la respuesta del Gobierno ante las nuevas condiciones en el mercado internacional serán factores determinantes para la evolución del índice de precios al consumidor. Aunque al equipo económico parece no preocuparle la suba del precio internacional del petróleo, ya que decidió aumentar el impuesto sobre el combustible liquido.

La provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.

De este modo, el aumento será en total del 11,6%, aunque la efectivización del aumento podría demorarse algunos días, hasta que las empresas actualicen sus sistemas a los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.

En recorridos de 3 a 6 kilómetros el boleto pasa de $1.035,9 a $1.162,91 (y a $2.325 para quienes paguen con SUBE innominada).

En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40

Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76

Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.

Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).

En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.

Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

En los tribunales federales de Comodoro Py empiezan a tomar forma dos causas que investigan presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte público. Por ahora, luego de una puja entre fiscales y jueces, los expedientes tramitarán por separado, aunque la trama pueda tener puntos de contacto y un mismo origen: el momento en el que cada pasajero paga su boleto al subir al colectivo.

La disputa se centró en la acumulación de las causas, es decir, si debían ser investigadas por un mismo juzgado debido a su posible conexión.

El primer caso se inició el 30 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por la empresa Sargento Cabral SAT, y quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello.

La denuncia señalaba que representantes de varias cámaras empresariales, como la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), habrían presentado una nota ante la Secretaría de Transporte de la Nación.

En esta nota, se atribuyó a las líneas de colectivo 136, 163 y 182, operadas por Sargento Cabral SAT, un “comportamiento inusual” debido a incrementos significativos en la distancia media abonada por los pasajeros, de entre un 75 y 171 por ciento.

La empresa acusada ante el Gobierno y denunciante en tribunales consideró que estas observaciones carecían de explicación metodológica y base pericial, y que el escrito buscaba inducir a error a la Secretaría de Transporte para provocar decisiones administrativas perjudiciales.

Según la denuncia, esta maniobra habría causado un perjuicio económico a Sargento Cabral y a la administración pública, al privar al Ejecutivo de información completa y correcta para tomar decisiones. La denunciante concluyó que el objetivo de las cámaras de transporte y sus representantes era apropiarse de compensaciones que no les correspondían, según consta en la causa.

Tres semanas más tarde, el 19 de enero de 2026, se abrió un segundo expediente a raíz de una denuncia que pidió investigar a los funcionarios públicos competentes -incluido el ministro de Economía, Luis Caputo- por un presunto manejo irregular de los subsidios al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ese caso está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi.

El denunciante sostuvo que empresas del sector, como La Nueva Metropol S.A. -que opera a Sargento Cabral- y DOTA S.A., habrían realizado maniobras para alterar los parámetros técnicos utilizados en la liquidación de compensaciones estatales del sistema SUBE, con el fin de incrementar indebidamente los montos de subsidios percibidos. Esto habría generado un perjuicio al erario público y a otras empresas prestadoras del servicio. Además, se señaló que las autoridades competentes habrían omitido realizar los controles adecuados, a pesar de las advertencias técnicas, reclamos sectoriales e informes presentados por algunas cámaras empresariales.

En ambas causas ya hubo declaraciones testimoniales y pedidos de informes, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Al certificar los hechos que se investigaban en la segunda causa, el fiscal Marijuán pidió al juez Casanello que solicite la unificación de los expedientes, al entender que esta era “el resultado del accionar denunciado” en su caso. El titular del Juzgado Federal N° 7 se negó.

Casanello consideró que la mera vinculación con el régimen de subsidios del transporte público no era suficiente para configurar una conexidad, y que era conveniente profundizar ambas investigaciones para establecer una eventual relación. Sin embargo, el fiscal Marijuán apeló esta decisión ante la Cámara Federal porteña.

El mes pasado, la Sala I del tribunal de apelaciones revocó el rechazo a la solicitud de inhibitoria dispuesto por Casanello.

La Cámara, con la firma del juez Pablo Bertuzzi, consideró que ambas denuncias se referían a hechos vinculados con la manipulación de parámetros técnicos del sistema SUBE y su impacto en la distribución de subsidios al transporte público.

La diferencia, según Bertuzzi, radicaba en la perspectiva de los hechos: en la causa que impulsa Marijuán se denunció a representantes de cámaras empresariales por presentaciones administrativas sin sustento técnico para perjudicar a empresas, mientras que en la investigación de Picardi esas mismas personas denunciaban a compañías del sector por la manipulación del sistema SUBE.

Así, la Cámara le devolvió el planteo de inhibitoria al juez Julián Ercolini, para que decida si correspondía unificar todo en un solo despacho.

La querella de las cámaras empresarias pidió que todo siga tramitando por separado. Los abogados argumentaron que en la segunda causa no se denunció la adulteración o manipulación del sistema SUBE, sino que la investigación se basaba en la integridad y confiabilidad de dicho sistema.

Sostuvieron que ambos expedientes tenían objetos procesales distintos e incluso antagónicos, con actores y víctimas distintas, y que quienes son testigos en un expediente pueden ser imputados en el otro, lo que derivaría en su autoincriminación.

El fiscal Franco Picardi, por su parte, dictaminó en contra de cederle su investigación a Marijuán.

Si bien reconoció la decisión de la Sala I de la Cámara, sostuvo que, a su criterio, no se estaban dadas las condiciones para la acumulación. Argumentó que, más allá de una eventual vinculación con el sistema de asignación de subsidios al transporte público, los objetos procesales eran completamente distintos, los denunciantes, los sujetos involucrados y las hipótesis delictivas no coincidían, e incluso remitían a situaciones fácticas distintas.

Finalmente, el titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, resolvió rechazar el planteo de inhibitoria y mantener las causas separadas.

La puja por las investigaciones puede prolongarse, pero lo cierto es que ambos fiscales avanzarán ahora por su cuenta para desentramar las posibles irregularidades detrás de las empresas de colectivos y el Estado.

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funciona con nuevas tarifas desde el viernes 1 de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, quedó fijado en $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos los valores quedaron en $837,66 para recorridos de 3 a 6 kilómetros, en $902,19 para distancias de 6 a 12 kilómetros y en $966,77 cuando el viaje es de entre 12 y 27 kilómetros.

Esos valores rigen para los colectivos que circulan exclusivamente en territorio de CABA, que son los de las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Se trata de un aumento de 5,4%, ya que el gobierno porteño aplica una actualización mensual por inflación (en este caso, la de marzo, de 3,4%, la última conocida del Indec hasta el momento) más dos puntos porcentuales)

El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1.000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

Aumentos en subte y peajes

Para quienes usen líneas de subte, el precio del boleto pasó de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada. Esta diferenciación entre usuarios con o sin SUBE registrada incentiva a los pasajeros a registrarse para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.

El ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente.

En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

La tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los usuarios deben informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.

El precio del gas

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde el viernes, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Alquileres

Otra tanda de ajustes rige para los contratos de alquiler, según el momento y modalidad en que se hayan firmado.

Aquellos acordados bajo la ley de alquileres sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández y que rigió hasta octubre de 2023 se ajustan anualmente por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y aquellos cuya actualización ocurra en mayo, el aumento es del 9,32%, efecto de la desaceleración de los valores contractuales debido a la mayor oferta tras la pérdida de vigencia de aquella norma.

Hubo también contratos que se hicieron entre octubre y diciembre de 2023 con cláusula de ajuste semestral por el índice Casa Propia, a los que se aplicará el último ajuste semestral, del 15,13 por ciento.

Por último, están los alquileres más nuevos, pactados a partir de la desregulación y liberación contractual aprobada a fines de diciembre de 2023, ya durante el gobierno de Javier Milei, que en su mayoría incluyen cláusulas de ajuste trimestral, cuatrimestral o semestral, en cuyo caso el ajuste dependerá de la variación del índice de ajuste y durante el período acordado.

La compleja realidad en el transporte que se vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcada por la reducción de la frecuencia de colectivos, preocupa al Gobierno Nacional que este jueves tendrá una nueva posibilidad para intentar desarticular el conflicto. Desde las 11, la Secretaría de Transporte, que estrenará autoridades, recibirá a representantes de las empresas con el objetivo de acercar posiciones ante la serie de reclamos presentados.

Asistirán en representación del Poder Ejecutivo, el flamante secretario Mariano Plencovich, quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann, que también estará presente, pero esta vez en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Por el sector empresarial lo harán Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fussaro (AAETA).

De acuerdo a lo que precisaron a Infobae, las empresas reclaman respuestas concretas para poder hacer frente a los costos operativos ante la suba del gasoil y amenazan con afectar la frecuencia de colectivos, que en la actualidad opera al 85% de lo habitual.

“El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, desarrollaron a través de un comunicado desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

En la administración libertaria admitieron que la reducción en la frecuencia del servicio, y el impacto en la sociedad, que afecta la vida diaria de millones de personas cada día, es un tema que inquieta, por lo que trabajan en alternativas para intentar dar con una solución que conforme a las partes. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en los últimos seis años, se redujo en un 12% la cantidad de unidades que circulan en la región, mientras que la tarifa mínima aumentó un 1.200%.

“Es un tema que preocupa y todo está en estudio. Trabajaremos en las deudas, que habíamos cancelado, pero también por las cuestiones del día a día y a futuro ver cómo podemos mejorar el sistema”, admitió a este medio una fuente de Gobierno involucrada en el tema.

Lo cierto es que el intercambio de este jueves surge de una serie de contactos, cuyo inicio data del 1° de abril, en los que no se logró alcanzar un acuerdo entre las partes.

La última reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y se dio en paralelo a las mesas técnicas de trabajo impulsadas para “establecer un canal permanente de diálogo”. En aquella oportunidad, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío complementario de fondos para saldar deudas pendientes, que aseguran ascienden a $130 mil millones, según exponen.

El sector empresarial aseguró a Infobae que a principios de mes, la deuda escalaba a los 150 mil millones, y aclaró que con el pago, el Estado logró reducirla a 50 mil millones a mitad de abril. Sin embargo, remarcan además que en la actualidad, por el vencimiento de nuevos subsidios, sobrepasan los más de $100 mil millones. “Y sigue sin resolverse cómo se va a compensar el aumento de gasoil de estas semanas”, cuestionaron ante este medio.

Es bajo estos reclamos que se sentarán este jueves, en la fecha límite estipulada, a intentar destrabar el conflicto con la plana de representantes del Ejecutivo. La reunión configura el primer desafío de Plencovich como secretario de Transporte tras su reciente ascenso, luego de que su antecesor Fernando Herrmann, en el cargo desde enero, asumiera al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

El movimiento en el área tuvo lugar días después de la salida de Carlos Frugoni, desplazado de su cargo por haber admitido que decidió no declarar en su declaración jurada siete propiedades en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware.

En las próximas horas se definirá el futuro del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras semanas de alta tensión por la decisión de las empresas de reducir la frecuencia de varias líneas luego de haberse declarado en “emergencia”.

En este contexto, el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, tiene previsto recibir a las cámaras del sector este jueves, en un encuentro en el que se debatirá el futuro del boleto, con grandes posibilidades de que Economía habilite un aumento. Así pudo averiguar Infobae de altas fuentes del Ministerio de Economía, aunque no precisaron de cuánto podría ser esa suba.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas comenzó a principios de abril, cuando el aumento del precio del combustible en Argentina, vinculado a la guerra en Oriente Medio, motivó el reclamo de mayores subsidios o una actualización tarifaria, además del pago de deudas por montos millonarios. Ante la falta de respuestas, las compañías redujeron la frecuencia de los servicios en un 15%, lo que impactó en miles de usuarios. Además, amenazaron que si para mañana no hay una respuesta, la circulación bajaría a un 50 por ciento.

No se trata, para el ministro de Economía, Luis Caputo, de una decisión fácil, ya que cualquier incremento tarifario atenta contra la desaceleración de la inflación que tanto busca el Gobierno. La suba de precios de marzo trepó a 3,4% y el Gobierno prometió una baja a partir de abril.

El objetivo central del encuentro entre los funcionarios de Transporte y las cámaras del sector será abordar la situación financiera del sector, que en las últimas semanas se vio afectado por una reducción del 20% en la frecuencia de los colectivos. Las empresas atribuyen esta caída en el servicio a la demora del Estado en el pago de los subsidios, sumada al impacto directo del aumento de los combustibles.

Deudas por subsidios impagos

Una fuente del sector empresario confirmó que la deuda total con las compañías de colectivos ascendió a $130.000 millones. El mismo referente anticipó que la provincia de Buenos Aires (PBA) ya las notificó que mañana (jueves) abonará su parte, lo que permitiría reducir la deuda a $100.000 millones, monto que quedaría bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Este pago parcial aportaría cierto alivio a los operadores, aunque el núcleo del conflicto persiste por el atraso de los fondos nacionales.

El contexto económico general influye sobre la coyuntura del transporte. Según datos públicos del Tesoro Nacional, el Gobierno nacional postergó pagos para sostener el superávit fiscal, lo que provocó que la deuda flotante del Tesoro se elevara casi $2 billones en marzo. Esta decisión de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas impactó de lleno en los recursos disponibles para el sistema de transporte urbano, profundizando la tensión con las empresas prestadoras.

La crisis en el AMBA se agravó durante abril. El Gobierno nacional confirmó el giro de fondos a las empresas de colectivos con el objetivo de evitar una mayor afectación en el servicio, aunque voceros del sector señalaron que el ritmo de los desembolsos resultó insuficiente frente a la escalada de los costos. Los empresarios insisten en que, mientras no se regularicen los pagos y se actualicen las tarifas, la prestación seguirá en riesgo.

Reducción de la frecuencia

Esta semana las cámaras empresarias del transporte público del AMBA pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

Desde el 1° de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

El sector empresario manifestó que la incertidumbre sobre los pagos y el precio del boleto genera dificultades operativas y pone en riesgo la estabilidad del sistema. La expectativa está puesta en la reunión de mañana, donde los funcionarios y los representantes de las empresas buscarán alcanzar un acuerdo que permita restaurar la frecuencia habitual de los servicios y evitar nuevas reducciones.

Las cámaras empresarias del transporte público del área Metropolitana de Buenos Aires pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

El conflicto no es nuevo. Desde el 1 de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

Lo que está en juego no es menor: el sistema de colectivos del AMBA moviliza a millones de personas cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el Gran La Plata. Una caída a la mitad de la frecuencia normal ya demostró las primeras semanas de abril que tiene un impacto directo y cotidiano sobre trabajadores, estudiantes y cualquier habitante del área metropolitana que dependa del transporte público para moverse.

Las cámaras reconocen que el Estado ha dado pasos parciales. En el comunicado, admiten los esfuerzos de las autoridades por avanzar en la cancelación de compensaciones pendientes y valoran las instancias de diálogo abiertas en las últimas semanas. No obstante, advierten que esos avances no se tradujeron en soluciones efectivas: la deuda en concepto de compensaciones supera los 128 mil millones de pesos y el sector continúa absorbiendo costos sin una definición clara sobre cómo serán cubiertos. “Magos no somos”, señalaron voceros empresariales al ser consultados sobre la posibilidad de sostener el servicio en las condiciones actuales.

La reunión del jueves en la Secretaría de Transporte de la Nación será la instancia más relevante desde que estalló el conflicto. Las cámaras esperan recibir allí respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos. No es la primera vez que ambas partes se sientan a negociar: el 9 de abril funcionarios se reunieron con representantes del sector. Aquel encuentro no arrojó acuerdos y derivó en la conformación de mesas técnicas de trabajo.

En aquella oportunidad, la Secretaría de Transporte subrayó que se había efectivizado el pago del anticipo del 60% correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias de abril, y que desde enero se acumularon actualizaciones del 41% en los meses de febrero y marzo. Pese a ello, las empresas sostienen que esos montos resultan insuficientes frente al ritmo de aumento de los insumos, en particular el combustible, cuyo precio escaló tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno enfrenta un dilema de difícil resolución: ampliar los subsidios al sector implicaría mayor gasto público en un contexto de ajuste fiscal, mientras que habilitar una suba del boleto presionaría sobre la inflación.

La reducción de servicios no alcanza a todas las empresas del AMBA: las compañías Dota y Metropol no adhirieron a las medidas de racionalización. Pero las firmas que sí lo hicieron representan una porción considerable del parque automotor metropolitano, y el recorte se concentra en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, donde el impacto sobre la movilidad es más agudo.

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una notable contracción en medio del aumento del costo del combustible. De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualmente circulan 30% menos unidades en comparación con los niveles habituales, con un impacto más marcado en los servicios interjurisdiccionales.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que analiza la evolución reciente del sistema de transporte público de pasajeros. Según el estudio, “la oferta de vehículos del autotransporte público de pasajeros del AMBA se contrajo un 30% respecto al nivel operativo regular”, aunque en algunos segmentos la caída es mayor.

En particular, el informe detalla que la reducción alcanza el 40% en los servicios que dependen del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En contraste, los colectivos con recorrido exclusivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan una baja menor, del 5%, lo que modera parcialmente el promedio general.

El impacto del combustible y la reducción de la flota

El trabajo atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, señala el impacto del aumento del combustible, vinculado a la guerra en Irán. “El abrupto incremento en el costo del combustible motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA”, sostienen los autores del estudio.

Sin embargo, también advierten que existen elementos estructurales que explican la situación actual. En ese sentido, remarcan que la flota operativa ya venía reducida antes del último recorte de servicios. “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019”, lo que equivale a 2.359 unidades menos en circulación.

La discusión por subsidios y tarifas

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal del sistema. Según los cálculos del IIEP, para sostener el nivel de servicio sería necesario incrementar los subsidios en aproximadamente $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que las compensaciones vigentes fueron definidas con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor actual de mercado supera los 2.100 pesos.

“Los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100”, indica el documento. Esa brecha explica parte de la presión financiera sobre el sistema y la reducción de la oferta.

El reparto de ese esfuerzo fiscal se distribuye entre distintos niveles de gobierno. Del total estimado, $7.595 millones corresponden al Estado nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el informe plantea que una alternativa para compensar el aumento de costos sería trasladarlo a las tarifas. “De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%”, señalan los autores, lo que se sumaría a los ajustes ya previstos en el esquema vigente.

Cómo evolucionaron las tarifas y los subsidios

El estudio también describe cómo se define el esquema tarifario en el transporte público. En la mayoría de los casos, las tarifas son competencia de los gobiernos locales, mientras que los servicios interjurisdiccionales dependen de la Nación y los que conectan municipios son regulados por la Provincia.

En paralelo, el informe incluye una comparación con la evolución de las tarifas en el interior del país. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero de 2024, se registró un incremento significativo en los boletos.

A marzo de 2026, el boleto promedio en el interior se ubica en $1.526. En el AMBA, en tanto, el boleto mínimo para los servicios entre la Ciudad y el conurbano es de $700, mientras que los recorridos exclusivos dentro de la Ciudad cuestan $715 y los del Gran Buenos Aires, $871. Por su parte, el boleto mínimo de trenes es de $280 y el de subte asciende a 1.414 pesos.

Medidas en valores constantes, las tarifas del AMBA se aproximan a los valores de 2019, mientras que en el interior del país se ubican un 45% por encima de ese nivel. Además, el informe señala que, en relación con los ingresos, el peso del transporte es mayor en varias provincias que en el área metropolitana.

Otro de los puntos que destaca el estudio es la evolución de los subsidios en los últimos años. Desde 2023, las compensaciones al transporte en el AMBA registran una caída del 34% en términos reales, en un contexto de aumentos tarifarios acumulados que oscilan entre el 1.200% y el 1.668%, según el tipo de servicio.

En este escenario, la combinación de mayores costos, menor nivel de subsidios y ajustes tarifarios configura un cuadro que impacta directamente en la cantidad de unidades disponibles en las calles. El informe concluye que, si bien el detonante reciente es el encarecimiento del combustible, la dinámica del sistema responde a una interacción entre factores coyunturales y estructurales que condicionan la oferta de transporte público en el AMBA.

Todo comenzó con un llamado al 911. “Acaban de querer robar arriba del colectivo y se bajaron, y están todos en la parada de las líneas 34 y 166. Es Gorriti y Juan B. Justo”, alertaba una señora.

Minutos después, efectivos de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad —que estaban cumpliendo tareas de prevención de “trapitos” por la zona— fueron alertados y pusieron en marcha un operativo, que se desarrolló en plena avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, donde circula la línea 34 que circula por el Metrobús.

Con el número del colectivo aportado y la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano, los oficiales interceptaron el vehículo en el cruce de Juan B. Justo y Honduras. Al lugar también llegó personal de la Comisaría Vecinal 14 B.

Durante la requisa, los policías solicitaron a los sospechosos que descendieran del colectivo y, ante la presencia de testigos, revisaron sus pertenencias.

En ese procedimiento, secuestraron ocho teléfonos celulares en poder de la banda y hallaron otros cuatro dispositivos ocultos detrás de la última fila de asientos. Al verificar el IMEI de uno de los aparatos, se comprobó que figuraba bloqueado por denuncia de robo/hurto/extravío.

Además, en pleno operativo, uno de los teléfonos recibió una llamada de una mujer, que relató haber sido víctima del robo de su aparato en otro colectivo. De esta manera, los policías establecieron que la banda realizaba raid delictivos en distintas líneas de colectivos.

Según informaron las fuentes policiales, siete de los involucrados son residentes en el partido bonaerense de La Matanza y dos en Lomas de Zamora.

Además se estableció que uno de ellos —identificado como R.R.G., de 29 años— tiene 12 ingresos a comisarías por robo, robo agravado, hurto e infracción a la ley de Comunicaciones Móviles. Sus primeros delitos los cometió en 2019. El resto ocurrieron en 2021, 2024, 2025 y, este mismo año, había sido arrestado en febrero.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que dispuso la detención de los nueve integrantes por robo y encubrimiento, la incautación de los teléfonos y su remisión a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos, junto con el material secuestrado, fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 14 B, donde continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.

El transporte público atraviesa una etapa de transformación impulsada por la innovación tecnológica, la eficiencia energética y nuevas demandas de los usuarios. Las empresas del sector buscan adaptarse con desarrollos que integren seguridad, confort y sustentabilidad.

En ese contexto, Carrocerías Ugarte presentó su nueva generación de unidades: el Urbano Europeo 2026, un modelo que apunta a modernizar la movilidad de pasajeros. La iniciativa refuerza su posicionamiento dentro de la industria local.

Un lanzamiento orientado a la evolución del sector

La presentación oficial se realizó el 7 de abril con la presencia de directivos y medios especializados. El evento funcionó como plataforma para dar a conocer los principales avances del nuevo desarrollo.

Asimismo, la compañía destacó que este lanzamiento responde a las exigencias actuales del mercado. La propuesta busca combinar diseño, rendimiento y durabilidad en una misma unidad.

Diseño y eficiencia como ejes centrales

Las unidades incorporan un rediseño integral con foco en la aerodinámica, lo que contribuye a mejorar el consumo. Esta característica permite optimizar el desempeño en recorridos urbanos exigentes.

Por otro lado, la estructura se concibió para ofrecer mayor resistencia y estabilidad. De este modo, se potencia la eficiencia operativa en distintos contextos de uso.

Seguridad y experiencia de viaje

En cuanto a la seguridad, el Urbano 2026 suma mejoras en la visibilidad y refuerzos estructurales. Estas innovaciones apuntan a reducir riesgos y favorecer la conducción.

Además, el interior fue renovado con iluminación LED y climatización eficiente. Estas incorporaciones elevan la experiencia del pasajero y mejoran las condiciones a bordo.

Sustentabilidad y proyección a futuro

En línea con las tendencias globales, esta nueva generación de vehículos incorpora materiales livianos de alta resistencia. Esto permite extender su vida útil y reducir el impacto ambiental.

El lanzamiento del Urbano Europeo 2026 refleja la búsqueda de soluciones más modernas dentro del transporte público. La propuesta sintetiza avances en tecnología, confort y sustentabilidad, en línea con las demandas actuales del sector.

Para conocer más información, se puede hacer clic acá.

El Gobierno anunció que realizará un envío complementario de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana para saldar deudas pendientes. Al mismo tiempo, las autoridades y los representantes del sector acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos 15 días, en el marco de la reestructuración del sistema de transporte y la búsqueda de soluciones para optimizar los servicios, como también normalizar los saldos que tiene la Nación, que aseguran ascienden a $ 95.000 millones.

Durante la reunión de este martes, encabezada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, los funcionarios presentaron un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo. El objetivo principal consistió en mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios, pero sobre todo evitar un nuevo paro como el del jueves pasado con la reducción de las frecuencias.

Según comentaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, las autoridades y las empresas analizaron variables técnicas y económicas que afectan la adecuada prestación de los servicios. Entre los puntos centrales, el Gobierno explicó que la transferencia de fondos permitirá contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y de las frecuencias de los servicios, un reclamo que las cámaras empresarias sostuvieron en las últimas semanas. La decisión de realizar el envío complementario de recursos busca responder a las dificultades financieras de las compañías, facilitar el pago de deudas pendientes y sostener la operación diaria.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales sobre cuál será el monto que Nación transfiera a las empresas de colectivos esta semana, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Como tampoco la hay, hace días, sobre cuál es el monto total que el Gobierno tiene con las compañías. En el sector privado aseguran que la cifra ascendía a $ 100.000 millones por pago de subsidios de forma parcial durante el primer trimestre del año. Aunque en la previa de la reunión de este martes y de los anuncios, se realizó un envío de fondos por $ 5.000 millones.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones (subsidios), con el pago de un saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la semana, lo que le permite a las empresas sostener las frecuencias en niveles mejores a los que hubo la semana pasada, pero lejos aún del ideal, debido al efecto imprevisto de la disparada del precio de gasoil“, destacaron en el comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Y adelantaron que en conjunto están evaluando diferentes alternativas para evitar que la disparada del combustible afecte a las empresas y los usuarios.

Lo que fue reconocido por la Secretaria de Transporte cuando aseguraron que el encuentro sirvió para avanzar en propuestas destinadas a reducir costos operativos y transparentar los recorridos en función de la demanda real de los usuarios. Las autoridades señalaron la importancia de desarrollar herramientas que permitan optimizar el sistema, con foco en la eficiencia y la transparencia. El plan de acción contempla la implementación de medidas para mejorar la distribución de los servicios y ajustar las frecuencias de acuerdo a las necesidades detectadas en el AMBA.

“El sector no fija el precio de su actividad (lo hace el Estado). Por eso dejamos en claro, además, como hacemos siempre, que nunca pedimos, ni necesitamos subsidios, sino una tarifa de equilibrio que reconozca los costos reales de la actividad, y que sea el estado el que oriente los recursos en forma más eficiente al usuario”, concluyeron en el comunicado de Aaeta. En donde remarcan que el esquema de subsidios que se fijó es para un litro de combustible de $ 1.750 y no de $2.100 y $2.444 por litro como saltó tras el conflicto en Oriente Medio.

El diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias del sector se formalizó en la creación de mesas técnicas de trabajo, cuyo objetivo es mantener un canal permanente de intercambio y negociación. Según el acuerdo alcanzado el jueves anterior, estas mesas buscan facilitar la identificación de soluciones conjuntas y el seguimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. El próximo encuentro se va a llevar a cabo en el plazo de 15 días.

En la mesa de trabajo participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés, y Mariano Plencovich. En representación del sector empresario, asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Roberto Rodríguez de la Cámara de Transportistas del área Metropolitana de Buenos Aires (CTPBA), Daniel De Ingeniis de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), y Daniel Tenisci de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Tras varios días de servicios reducidos y complicaciones para los usuarios, el sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a avanzar hacia una normalización gradual, aunque aún se mantienen algunas líneas en paro.

En términos generales, el conflicto se originó con el aumento del costo del combustible, que elevó los gastos operativos y llevó a las empresas a exigir mayores subsidios o un incremento en las tarifas, ante la imposibilidad de hacer frente, por ejemplo, al pago de salarios. No obstante, la tensión entre el Gobierno nacional y las compañías de colectivos es de larga data.

Por ahora, algunas líneas siguen afectadas por medidas de fuerza ante la falta de pago de salarios. Entre ellas se encuentran las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que continúan en paro. En el sector aseguran que se trata de una compañía “semi quebrada” que interrumpe el servicio todos los meses.

Para el resto de las líneas, habrá una mesa técnica —que se reunirá el martes— para analizar junto al Gobierno Nacional cómo afrontar el aumento del gasoil sin trasladarlo a la tarifa. Mientras tanto, las cámaras empresariales asumieron el compromiso de hacer todo lo posible para mejorar los servicios.

Por otra parte, este lunes, cinco cámaras empresarias mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Las partes presentan posturas contrapuestas respecto de la situación financiera del sector, la gestión de los subsidios y los plazos necesarios para normalizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad de los servicios. Desde la Provincia aseguran que no registran deudas con el sector, a excepción del compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta hoy.

Según indicaron, por decisión del gobernador Axel Kicillof, el adelanto de subsidios se incrementó del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir la masa salarial y evitar una profundización del conflicto.

En tanto, las empresas aguardan la acreditación de esos fondos, que corresponden a un saldo de $50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Aunque desde la Provincia sostienen que la transferencia ya fue realizada, las compañías aún no han podido disponer del dinero en sus cuentas.

Fuentes de la gobernación señalaron que la situación podría resolverse durante la mañana del lunes, ya que las operaciones bancarias efectuadas fuera del horario hábil suelen acreditarse al día siguiente.

El principal problema para las empresas de transporte surgió del encarecimiento del combustible. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y, en la Argentina, los valores en el surtidor aumentaron alrededor de un 20%.

Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —lo que equivale a unos 411 millones de litros anuales considerando las jurisdicciones de CABA, provincial, municipal y nacional—, cualquier variación genera un impacto multiplicador inmediato.

Un informe de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) detalló que el sistema atraviesa un déficit crítico debido a la brecha entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos.

Mientras las empresas abonan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema estatal solo contempla $1.750. Esta diferencia, advierten, desfinancia a las compañías y reduce su capacidad para sostener la frecuencia y regularidad de los servicios. Desde AAETA advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios.

Para ilustrar la gravedad de la situación, se presentó el “Índice Bondi” de febrero de 2026, elaborado antes del aumento de combustibles.

De acuerdo con AAETA, el costo real de mantener el sistema ese mes fue de $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. Esto implica una diferencia de $88.836,97 millones mensuales, que impacta en la calidad del servicio, las frecuencias y la renovación de unidades.

La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectpi a miles de usuarios.

Este lunes, los representantes empresariales esperan tener respuestas del gobierno bonaerense, mientras aguardan una próxima reunión con la secretaria de Transporte de Nación. El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos. Ante este escenario, los empresarios exigen un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.

La crisis del transporte público en el AMBA mantiene en vilo a miles de usuarios y a las empresas; estas últimas reclaman por deudas y una renegociación de los subsidios o las tarifas ante el aumento del combustible. En este contexto, este lunes, cinco cámaras mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras crece la expectativa por el accionar del Gobierno nacional. Las partes exponen argumentos contrapuestos sobre la situación financiera, la gestión de los subsidios y los plazos para normalizar los pagos que permitan garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el encuentro entre representantes de las cámaras empresarias y las autoridades será este lunes a las 12 del mediodía. En la provincia remarcan que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto", comentaron en conversación con Infobae.

El sector empresario se encuentra a la expectativa de esa transferencia. Se trata de un saldo de $ 50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Y si bien en la provincia aseguran que ya realizaron la transferencia, en las empresas no lograron acceder a los fondos en sus cuentas. Fuentes de la gobernación aseguraron a este medio que ya se realizó y anticipan que la situación podría resolverse en la mañana del lunes, ya que el sistema bancario traslada las operaciones efectuadas fuera de horario hábil al día siguiente.

El trasfondo

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. “Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo, hay una bola de nieve de $150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires. De los cuales $ 50.000 millones son las transferencias que la provincia asegura que realizó el viernes y se van a efectuar este lunes.

Luego de la reunión con provincia, el martes, los empresarios volverán a reunirse con el Gobierno, esta vez en una mesa de trabajo. Sin embargo, en el sector privado marcan que el compromiso que tomaron algunos de ellos —al menos la mitad— de mantener la frecuencia de las líneas de colectivos no podrá extenderse por mucho tiempo más de no haber una solución.

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo pico de tensión. Las cámaras empresarias del sector, nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios por la suba del gasoil. Este desfasaje financiero, provocado por la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de usuarios durante la última semana.

El foco del conflicto reside en la disparada del precio del combustible, un insumo que representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte. Según los datos técnicos difundidos por AAETA, el precio del gasoil reconocido por la Secretaría de Transporte de la Nación para el mes de abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el valor actual de mercado en las estaciones de servicio de YPF asciende a $2.065, lo que genera una diferencia de $320,73 por cada litro consumido.

Esta brecha se traduce en un impacto directo sobre las finanzas de las prestadoras. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026”, señaló la entidad empresaria a través de un comunicado oficial. En la práctica, las empresas aseguran que deben adquirir el combustible a valores que incluso oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro en canales mayoristas, mientras el Estado mantiene una estructura de costos basada en cifras desactualizadas.

El impacto del contexto internacional

La aceleración en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado de la economía local. El sector señala que el valor del gasoil se disparó de manera significativa a nivel global desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que introdujo una presión adicional sobre los costos operativos en Argentina. Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —totalizando unos 411 millones de litros al año entre las jurisdicciones de CABA, Provincial, Municipal y Nacional—, cualquier variación en el surtidor tiene un efecto multiplicador inmediato.

En términos anuales, el gasto total en combustible para sostener la red de transporte del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones. Ante la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, las cámaras sostienen que el déficit diario de $370 millones vuelve insostenible la prestación regular del servicio.

Reducción de servicios y “racionalización técnica”

La gravedad de la situación financiera obligó a las empresas a implementar lo que denominaron una “readecuación operativa de emergencia” o “racionalización técnica”. Esta medida se manifestó en una merma considerable de las frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional y provincial. Desde AAETA se enfatizó que la reducción no respondió a una medida de fuerza de carácter gremial, sino a una limitación física y financiera: “La reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

Aunque algunas líneas como la 64, 65 y 151 mantuvieron su funcionamiento habitual, una extensa lista de servicios nacionales y provinciales —incluyendo las líneas 136, 163, 166, 176, 182, 194, entre otras decenas— sufrieron interrupciones o demoras prolongadas.

La normalización del servicio comenzó a ser gradual tras el ingreso de algunos pagos por subsidios, aunque las empresas advierten que la solución de fondo no ha sido alcanzada. “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”, reiteró la cámara empresaria.

El déficit estructural

Para dimensionar la profundidad de la crisis, el sector difundió también el “Índice Bondi” correspondiente a febrero de 2026 (se elaboró antes de la disparada del precio del gasoil). Los números allí reflejados exponen un sistema con desequilibrios estructurales.

Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema para ese mes se estimó en $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. “Esto arroja una pérdida para la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades de $88.836,97 millones mensuales”, señalaron desde la entidad.

El reporte también destaca la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta el viaje. Con un boleto mínimo actual en Jurisdicción Nacional de $700 (según el último aumento de marzo 2026), el costo real del boleto sin subsidio debería ser de $1.922 (promedio con IVA incluido). Esto significa que, incluso sumando las compensaciones del Estado y los boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado.

Negociaciones y amenazas de sanción

El Gobierno nacional ha mantenido una postura firme frente a la reducción de servicios. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el Estado cumplió con el pago de los subsidios y que no hay justificativo para la merma en las frecuencias. Ante esta situación, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se iniciaron fiscalizaciones y se labraron actas de infracción.

Las sanciones previstas por violar el régimen diario de frecuencias pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos. Además, las autoridades recordaron que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un año puede ser causal de caducidad del permiso de explotación por abandono del servicio. “La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, indicaron fuentes oficiales.

En el ámbito provincial, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre el riesgo de quiebra de las compañías. En una entrevista con Infobae en Vivo, el funcionario explicó que la falta de rentabilidad pone en peligro la conectividad de miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar la parálisis total del sistema.

Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios, se acordó la creación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo de estas comisiones es buscar una reestructuración integral del sistema que permita absorber la disparada del gasoil sin trasladar el costo de manera directa y masiva a la tarifa que pagan los usuarios.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la eliminación de subsidios nacionales y el encarecimiento del combustible profundizaron la crisis en el sistema de transporte público bonaerense.

En diálogo con Radio con Vos, el funcionario remarcó que la provincia mantiene su aporte al sistema, mientras los costos aumentan y el aporte nacional fue retirado.

Según explicó Bianco, el fondo de compensación del transporte funcionaba con una estructura financiada por mitades entre la Nación y la provincia. “Se pagaba, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno provincial. El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, expresó.

El ministro recordó que el retiro de la asistencia nacional se produjo al inicio de la actual gestión. Frente a la consulta sobre una posible solución para la mejora del transporte público, fue categórico: “Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”.

La deuda con el sector del transporte bonaerense asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos con recorrido en territorio provincial. Bianco subrayó que la provincia continúa realizando los giros correspondientes y diferenció esa actitud de la sostenida por la administración nacional.

Sobre el impacto de la suba de combustibles, el ministro sostuvo: “Los combustibles subieron entre más de 20% o 25% sin que el gobierno, a diferencia de otros tantos gobiernos del mundo, tomara medidas para que no aumente el costo del combustible en el surtidor”. Agregó que YPF “puede fijar el precio en el mismo monto en que estaban los precios antes de la guerra” en Medio Oriente.

Consultado sobre la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Bianco recordó que la eliminación de los subsidios nacionales complicó la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte y acceder a tarifas más bajas. En el interior bonaerense, donde residen unos cuatro millones de personas, la desaparición del fondo compensador nacional agravó la crisis. “El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, insistió.

El ministro describió la falta de respuestas y diálogo con la administración nacional: “No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional”. Señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó varias reuniones con el presidente y no obtuvo respuesta. Además, relató que él mismo envió notas formales y mensajes por WhatsApp al ministro del Interior, Diego Santilli, sin recibir contestación: “Le he escrito notas formales, le he escrito por WhatsApp y no me contesta, ni las notas formales, ni los WhatsApp”.

Ante este escenario, “la consecuencia es una fragilidad inédita en el sistema de colectivos que podría derivar en la continuidad del conflicto y afectar a millones de usuarios”.

Añadió que la crisis se replica en áreas como la educación, la producción y el consumo. “Todos los días vemos cómo cierran las empresas, las pymes, los comercios. Mostraban las fotos de los comercios que habían cerrado la última semana por falta de demanda, por falta de consumo”, y señaló que incluso grandes cadenas de supermercados identifican la caída del consumo como el principal factor de crisis.

En materia educativa, Bianco se refirió al recorte del 42 % en los fondos universitarios desde diciembre: “Le bajó el salario a los docentes universitarios. Doy fe porque yo soy docente universitario y doy clases todavía en la Universidad de Quilmes. Nos bajó los salarios un 32 % a todos los docentes, no solo a mí, a todos los docentes de universidades nacionales de la Argentina”.

Al analizar la coyuntura política, Bianco reconoció una responsabilidad del peronismo por la llegada de Javier Milei al gobierno. “También es cierto que si una persona como Milei, con las características particulares, excéntricas que tiene Milei, es presidente, seguramente tuvo que ver con que nosotros habremos hecho algo mal para que la gente decida votar este experimento”. De todas formas, ante los pedidos de para que los gobiernos peronistas revisen su accionar, consideró que “los desastres los hace el gobierno de Milei y se nos pide la autocrítica a nosotros”.

Al referirse a los sondeos que sitúan a Axel Kicillof por encima del presidente en intención de voto para el año que viene, Bianco fue directo: “No les creo”, dijo, aun cuando favorezcan al mandatario provincial. Y amplió: “El mundo de las encuestas es un mundo muy particular y son utilizadas como herramienta política más que como dato científico”.

Personal de la Policía de la Ciudad intervino esta tarde en un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto. Los agentes que se presentaron en el lugar constataron que un colectivo de la línea 134 atropelló y mató a una mujer de 25 años.

Los policías que se movilizaron son de la Comisaría Vecinal 11 B. El episodio se desencadenó cuando la víctima descendió del colectivo por la puerta del medio. De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.

Iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron con un colectivo y murieron

Un choque frontal entre una motocicleta y un colectivo causó tres muertes en el partido de Merlo, semanas atrás. El fuerte impacto conmocionó a los habitantes de la zona, que acudieron al lugar mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones para determinar lo sucedido. Las víctimas, miembros de una misma familia, viajaban en una moto por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el accidente.

La Brava Altino estaba al mando de Juan Carlos Alegre, quien se desplazaba junto a su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de solo tres meses. El recorrido, que se realizaba en sentido contrario al del colectivo de la línea 216, finalizó de manera abrupta cerca de la calle Montes de Oca, en la curva conocida como Santa Mónica, justo frente al cementerio del lugar.

De acuerdo con testigos citados por Zona Norte Hoy, el conductor de la moto habría intentado evitar un bache, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque frontal con el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216.

El golpe fue tan severo que, según relataron los pasajeros del colectivo, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura del vehículo sufrió daños significativos.

En el sitio del hecho, se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Aylín Alegre fue trasladada en estado grave al hospital Héroes de Malvinas, mientras que el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un auto particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a consecuencia de las lesiones.

Las primeras investigaciones indicaron que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco, un aspecto que las fuentes policiales remarcaron como relevante.

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, ordenó la intervención de peritos accidentológicos y dispuso la detención preventiva del chofer del colectivo, Juan Marotti, a la espera de nuevas instrucciones judiciales.

El tráfico en la ruta 1003 fue desviado en ambas direcciones debido al operativo policial y el trabajo de los peritos. Vecinos de la zona denunciaron el mal estado de ese tramo, señalando la existencia de baches y condiciones peligrosas para los vehículos, especialmente para las motocicletas, una queja que se repite en diferentes áreas del conurbano bonaerense.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos por el pago de subsidios y la suba del precio del gasoil que derivó en la reducción de la frecuencia de los servicios sigue abierto. Mientras sigue la negociación entre ambas partes para normalizar la situación, las dificultades para los pasajeros continúan ya que hay muchas líneas que no repusieron la cantidad de colectivos que quitaron en los últimos días.

Ayer se realizó una reunión entre la secretaría de Transporte y las empresas de colectivos que operan en el AMBA que no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

“No, no hubo acuerdo”, sintetizó ante Infobae un directivo de una de las cámaras del sector. “Hay una mesa técnica, que se reunirá el martes, para evaluar cómo resolver la disparada del gasoil sin trasladarla a tarifa. También hay un compromiso de las cámaras de hacer todo lo posible para mejorar los servicios”, explicó el directivo, quien aclaró que hay una “situación dispar” en las empresas. La normalización de las frecuencias no es igual para todas.

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de ese ámbito de discusión para avanzar en un nuevo esquema. “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120.000 millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías al salir de la reunión.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura,Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor,Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La jornada de ayer acumuló escenas de un sistema colapsado, con colectivos abarrotados, largas esperas en las paradas y muchas líneas que no pudieron funcionar en virtud del paro que determinó la UTA. La normalización de ese escenario, explican en las empresas no solo será gradual sino que además no está asegurada.

Además de los subsidios, otra cuestión clave que provocó la reducción de un 30% en la circulación de las líneas de colectivo fue el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Las líneas de colectivo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197 no prestan servicio o lo hacen con frecuencias reducidas, tanto en recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

Bajo este contexto, las paradas de colectivos volvieron a estar en el foco de atención, tras la reducción de frecuencia que se implementó días atrás.

“Voy para Lanús. Los últimos tres o cuatro días, viajar fue un quilombo. Hoy vine rápido, pero el tema es volver ahora. Vamos a ver si me subo al próximo que venga”, confirmó uno de los pasajeros que esperaba en Once.

Luego, otra de las personas que estaban allí, se acercó a las cámaras de la señal de TN y dijo: “Es un quilombo terrible viajar. A la mañana estuve dos horas para venir al centro. La jornada laboral hay que cortarla más temprano para intentar llegar”.

“Vengo desde Fiorito a trabajar en Capital, en un local de ropa. Esta mañana viajé como dos horas y media”, dijo otro usuario. Una mujer, remarcó la hora de ida y a la que regresa, para dimensionar el tiempo que pasa fuera de su casa: “Fue un lío total venir a la mañana. Salgo a las 6 de la mañana de mi casa y llego tipo 19 o 20. Trabajo de limpieza”.

Luego, otro hombre, en este caso un trabajador de construcción de 64 años, dio su testimonio de cómo padece las horas de espera. “Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Yo viajo hacia Olimpo. Suelo tardar una hora y ahora se extendió a dos. Es complicado, es más cansador viajar que trabajar”, contó.

Una hora más tarde, alrededor de las 19, la situación en Once seguía de la misma manera. “Desde hace dos semanas que ya venimos con quilombo. En todos lados hay fila. Antes venían de a tres colectivos, ahora uno solo”, dijo un hombre que aguardaba por el transporte público para regresar a su casa.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y contemplar otras opciones de transporte, ya que se esperaba una jornada marcada por fuertes demoras, espacios colapsados y servicios alternativos desbordados.

El paro ocurre en un contexto de tensión creciente entre el sector empresarial, los empleados y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en el financiamiento del sistema, retrasos en los pagos y dificultades para cubrir los costos operativos y salariales.

Las empresas que todavía no han percibido los pagos estatales redujeron las frecuencias en un 30%, lo que ha generado una disminución del servicio y ha afectado a miles de pasajeros.

Los choferes, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondieron en este contexto al asegurar que no han cobrado sus sueldos correspondientes al mes de marzo, cuando transcurre el noveno día de abril.

La reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

En un marco de conflicto creciente entre las partes, funcionarios de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves por la mañana a los representantes de las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de un ámbito de discusión, del que participarán todos los sectores involucrados, para avanzar en una reestructuración integral del esquema, que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.

“En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, precisó el Poder Ejecutivo.

La primera reunión de ese grupo se realizará el próximo martes por la mañana y la misma estará orientada en buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”.

“Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señaló la Secretaría.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120 mil millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías que participaron en la conversación de hoy.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

“No vemos un panorama realmente alentador en lo inmediato y, concretamente, con el tema de la racionalización del servicio, de mínima, si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando. Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivo porque no tenemos posibilidades”, advirtieron desde las organizaciones privadas.

Durante el encuentro de este jueves, los funcionarios nacionales recordaron que “ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026”.

En el plano tarifario, las autoridades destacaron que “desde enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%”, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo declarado de “consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas”.

En medio de los reclamos por mayores subsidios, este jueves las empresas de colectivos llevaron a cabo una reducción de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sector. Una medida que afectó a decenas de líneas y a miles de usuarios con versiones cruzadas entre los empresarios, el sindicato y el Gobierno. Pero alertan de que la medida podría replicarse en los próximos días en los viajes de larga distancia.

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo hay una bola de nieve de $ 150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires.

El rol de la UTA y el pago de subsidios

Pero las horas antes de que se llevara a cabo la reducción de los servicios de colectivo en el AMBA, fue la Unión de Traviarios Automotor (UTA) quien encendió las alertas sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. Lo que formó parte de las versiones cruzadas.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvo el gremio el miércoles por la tarea.

La UTA remarcó que los trabajadores buscan cobrar sus sueldos y defender los puestos de trabajo. Según el sindicato, los empresarios argumentaron que la falta de pago de subsidios nacionales y provinciales les impidió cumplir con sus obligaciones salariales. Esta situación, sumada a la reducción de servicios, profundizó el clima de tensión en el sector.

Pero la Secretaría de Transporte brindó su observación en diálogo con Infobae. Afirmaron que el Gobierno Nacional realizó el pago de los subsidios como corresponde habitualmente el cuarto día hábil, que fue ayer. La cuestión está en que con los feriados de Semana Santa (jueves y viernes) la fecha se corrió hasta el pasado miércoles 8 de abril.

Hoy Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros y hoy detectó una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer. ”Esta situación se verificó luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregaron en el comunicado.

El contrapunto entre las declaraciones de los distintos actores dejó en evidencia la falta de consenso sobre las causas y la responsabilidad de la crisis. Mientras los empresarios pusieron el foco en la insuficiencia de los subsidios y el desfase en la actualización de los costos, el Gobierno defendió la regularidad de los pagos y la apertura al diálogo.

El conflicto también puso en debate la sostenibilidad del actual esquema de subsidios al transporte público. Los empresarios reclamaron una actualización que contemple los precios de mercado y permita cubrir los costos operativos. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que los fondos se transfieren en tiempo y forma, y en la necesidad de mantener canales de diálogo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la Secretaría de Transporte, no pudieron dar precisiones sobre el monto que se transfiere a las empresas de colectivos que operan en el AMBA en concepto de subsidios. “Es una torta gigante”, afirmaron y que no van a dar a conocer los datos. Según el Presupuesto Abierto, para 2026, la Secretaría de Transporte, tiene a disposición $3,8 billones, de los cuales a la fecha hizo uso de $672.176,47 millones.

Próximo conflicto

La situación generó un fuerte impacto entre los usuarios, que afrontaron demoras y complicaciones para trasladarse en una de las zonas urbanas más pobladas del país. Pero la preocupación no se limitó al presente inmediato: tras la reunión de este jueves no hubo acuerdo y no se sabe cómo va a continuar la frecuencia en los próximos días. Las conversaciones entre el Gobierno y las empresas continuarán el próximo martes en una mesa de trabajo, pero antes se reunirán con las autoridades de la provincia el lunes.

A su vez, una fuente del sector, adelantó a Infobae, un nuevo frente de conflicto en el transporte de larga distancia. “Ahora viene el problema de larga distancia, que quiere bajar un monto de rutas, servicios a Mar del Plata, Córdoba, que van vacíos. Un relevamiento expuso que a los empresarios no les cierra el número del negocio”, afirmó el interlocutor. Este dato plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del transporte interurbano.

El sector del transporte atraviesa una coyuntura de alta conflictividad, con demandas cruzadas y un escenario de incertidumbre sobre la evolución de los subsidios y la actualización de los costos. El desenlace de la negociación en la Secretaría de Transporte marcará el rumbo de las próximas semanas, en las que todos los actores buscarán imponer su posición en el debate público.

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el reclamo de mayores subsidios, las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte mantuvieron un encuentro este jueves con representantes de las empresas, pero no llegaron a un acuerdo y las reuniones seguirán el próximo martes en una mesa de trabajo. Con dudas sobre cómo continuará la frecuencia de los colectivos.

“Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Mientras que del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La reducción de la circulación de las líneas de colectivo se da como una respuesta de las empresas ante el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Con independencia de estos nuevos reclamos por parte de las empresas, en la Secretaría de Transporte se esmeraron por remarcar que ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026.

Es que el miércoles por la noche fue la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la que encendió la alerta sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvieron.

A su vez, en el comunicado de la Secretaría de Transporte comentaron que durante la reunión se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. Pese a que desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

Próxima reunión

La próxima reunión entre las autoridades de Transporte y las empresas de colectivos del AMBA se realizará el martes que viene por la mañana; habrá una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. “Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, destacaron en el comunicado.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. La cuestión está en que el Gobierno enfrenta un dilema para resolver el conflicto: si les otorga más subsidios a las empresas de colectivos, como reclaman, implicaría un mayor gasto público. Mientras que si le permite aumentar el boleto de colectivo, impacta sobre la inflación, que en febrero se ubicó en 2,9% y viene con una tendencia de aceleración desde julio del 2025.

El aumento del precio del gasoil, que pasó a costar dos mil cincuenta pesos por litro, provocó que las compañías de colectivos enfrenten dificultades para adquirir combustible. En la provincia de Buenos Aires, algunas empresas implementaron reducciones en la frecuencia de sus servicios, mientras que otras optaron por medidas de fuerza. Una de las situaciones más críticas corresponde a la empresa General San Martín, ubicada en la zona norte, que suspendió completamente la circulación de sus unidades debido a que los conductores no cobraron sus salarios.

El resto de las líneas que operan en la provincia mantiene servicios, aunque con menores frecuencias. El ministro Marinucci remarcó que la reducción responde a la necesidad de las empresas de ajustar su estructura de costos frente a la suba del combustible. Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

El sistema de colectivos que atraviesa la General Paz, es decir, las líneas interjurisdiccionales entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, representa el sector más afectado. Estas líneas sufren una disminución en la frecuencia superior al treinta por ciento en los últimos días. Por su parte, las líneas provinciales experimentan una reducción menor, aunque las empresas argumentan que la decisión no responde a una estrategia propia sino a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos.

Las concesiones estatales establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea. La disminución de servicios implica un incumplimiento de los contratos de concesión. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, se realizan auditorías para verificar la reducción de frecuencias y se evalúa el impacto de estas medidas en la compensación a las empresas. Marinucci explicó: “Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo”.

El conflicto no solo involucra a las empresas y al Estado provincial, sino también a los trabajadores del sector. Algunos gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, situación que derivó en la suspensión de servicios en ciertas líneas. La combinación de suba de costos y retraso en los pagos generó tensiones entre los distintos actores involucrados. Los empresarios pidieron anticipos de subsidios para poder afrontar los gastos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.

El Gobierno provincial sostiene el sistema de transporte a través de un esquema de subsidios. Marinucci detalló que la provincia destina sesenta y cinco mil millones de pesos mensuales para sostener una tarifa subsidiada, lo que permite que el usuario pague solo una parte del costo real del pasaje. Las líneas provinciales, que van de la 200 a la 499, y las municipales, que van de la 500 en adelante, reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio. El funcionario precisó que el aporte provincial alcanza una suma considerable y se utiliza para cubrir el déficit generado por el desfase entre la tarifa técnica y el valor que abonan los pasajeros.

El Estado nacional también tiene responsabilidades en el financiamiento del sistema de transporte. Según Marinucci, la Nación adeuda pagos correspondientes al atributo social, un programa que representa unos dieciséis mil millones de pesos para la provincia. El ministro indicó que el Estado nacional no transfirió cuarenta y seis mil millones de pesos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. Esta deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.

La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.

La provincia de Buenos Aires, según Marinucci, no puede suplir la decisión del Gobierno Nacional de subir el precio del gasoil. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un sesenta por ciento del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.

El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. El ministro de Transporte bonaerense señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.

La tarifa técnica del sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a mil novecientos cincuenta pesos, mientras que el valor abonado por los usuarios es inferior. El Estado compensa la diferencia a través de subsidios provinciales y nacionales. El ministro remarcó que, si las empresas debieran cobrar la tarifa completa, el costo para los pasajeros aumentaría considerablemente.

El conflicto entre el Gobierno nacional, la provincia y los empresarios del transporte permanece abierto. La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Transporte bonaerense busca definir soluciones temporales y evitar la profundización de la crisis. Marinucci reiteró que la provincia prioriza el sostenimiento del servicio y la protección de los usuarios, pero advirtió que la situación financiera limita las posibilidades de incrementar los subsidios sin la participación de la Nación.

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Las filas abarrotadas y la dificultad para abordar las unidades se convirtieron en parte del escenario habitual en puntos clave como Liniers, donde trabajadores y pasajeros relataron la lucha diaria para llegar a sus destinos de trabajo.

El efecto más notorio fue la acumulación de personas en paradas y terminales. En Liniers, las filas para abordar las líneas 28 y 21, ambas operadas por DOTA, llamaron la atención por su extensión y por el clima de tensión entre quienes buscaban subir. Puertas de los colectivos que no podían cerrarse y el frenesí para subir a cada unidad marcaron el ritmo de una mañana muy complicada para aquellos usuarios del transporte público.

Las imágenes desde Moreno reflejaron una situación similar. Allí, quienes llegaban del tren Sarmiento a distintas líneas de colectivos encontraron una cantidad de gente poco habitual para ese horario. “Más de 30 minutos de espera”, remarcó uno de los usuarios.

Violencia y largas esperas: los testimonios y estrategias de los pasajeros

“Ayer tiraron a una chica para poder subir, esperamos dos horas. Ahora llevo más o menos media hora”, se quejó una usuaria en Liniers. “Igual es un montón. Se nota, se nota mucho la baja de frecuencia. Se siente impotencia, llego tarde, pero bueno, comprenden al menos”, agregó resignada.

Una estudiante que viajaba hacia Ciudad Universitaria, desde Liniers, también dejó su testimonio. “Es bastante molesto porque, yo por ejemplo tengo clases a las nueve, ponele, salía dos horas antes y llegaba bien. Ahora, no, tardo tres horas, tres horas y media antes estoy saliendo porque sino, no llego", sumó.

“Encima intentás subir al colectivo, pero directamente no se puede. El que estaba adelante, por ejemplo, no podía ni cerrar la puerta. Es bastante arriesgado”, agregó.

Desde la terminal de Constitución, varios usuarios confirmaron su decisión de combinar diferentes medios de transporte para llegar a tiempo. Una mujer mencionó que esperó más de media hora el colectivo 278 y, al ingresar, viajó de pie junto a una multitud. “Ahora voy a ver cómo me va en el subte”, dijo, reflejando la resignación y el proceso de adaptación frente a la nueva situación en la línea C.

Algunos pasajeros decidieron usar directamente el subte o el tren, previendo las demoras en las líneas de colectivo más afectadas. Otros eligieron permanecer en las filas para el colectivo, aun con la posibilidad de no poder subir.

La situación se agrava por la falta de previsibilidad: algunos pasajeros mencionan que deben salir más temprano de sus casas o avisar que llegarán tarde al trabajo. “Todas las mañanas es esto”, expresó una mujer, quien relató levantarse a la madrugada para intentar llegar a tiempo, aunque sabe que enfrentará demoras y andenes llenos.

El malestar se combina con la preocupación por la seguridad. “Es una vergüenza todo esto. Mirá cómo estamos. Como animales”, comentó otro testigo asomado a una puerta de un colectivo, aún abierta, ante la acumulación de personas.

Las causas detrás de la baja de frecuencia en los colectivos

la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza una retención de tareas a partir de las 00 horas de hoy en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

En la previa de la reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará una retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

Desde el gremio no supieron aclarar cuáles son las líneas en las que se realizará la retención de tareas, aunque insistieron en que la medida queda supeditada al pago de los salarios. Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación aseguraron a Infobae que los fondos correspondientes a abril se transfirieron a las firmas durante la mañana de este miércoles.

Reunión clave

En medio de un clima de tensión creciente y amenazas de paro, el Gobierno convocó a las empresas de colectivos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la actualización de los subsidios, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio y normalizar las frecuencias, que ya presentan demoras y recortes. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la reunión tendrá lugar este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, conducida por Fernando Herrmann.

Al encuentro asistirán representantes de las principales cámaras empresarias del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

La audiencia se produce en un contexto marcado por la crisis financiera de las compañías, que reclaman una actualización de los subsidios ante el alza de los costos, especialmente el gasoil, y el atraso en los pagos de compensaciones. El objetivo del encuentro es destrabar el conflicto y evitar la profundización de las medidas de fuerza que afectan a miles de usuarios en el AMBA.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) advirtió sobre una “situación de extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas de colectivos del área metropolitana debido al aumento del costo del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones. Según argumentaron, esta situación obligó a una “readecuación operativa de emergencia” en las líneas de jurisdicción nacional y provincial, lo que se tradujo en una reducción de servicios.

Desde la entidad aclararon que la disminución de frecuencias registrada hoy “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”. El déficit crítico del sistema, sostienen, surge por la brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos, que sigue tomando como referencia precios de enero de 2026.

La Aaeta puntualizó que actualmente las empresas deben comprar el gasoil a valores que oscilan entre los $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo”, remarcaron.

La cámara empresarial detalló que las líneas que prestan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) “estuvieron funcionando con normalidad”, mientras que el resto de las líneas nacionales y provinciales “se irán normalizando a partir de mañana”, luego del ingreso del pago de subsidios este miércoles.

Por último, la AAETA confirmó que mañana está prevista una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación y las cámaras empresarias, y reiteró que “la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

El malestar es evidente ante la reducción de frecuencias y la menor cantidad de unidades en circulación, consecuencia directa del reclamo de las empresas por la actualización de los subsidios estatales, que genera complicaciones que impactan de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros.

En las paradas de ómnibus, la postal es de nerviosismo: largas filas de trabajadores, estudiantes y jubilados esperando colectivos que tardaban en llegar con gente que viaja colgada y unidades repletas de personas.

Una usuaria describió a TN: “Hace un montón, como 20 minutos. Es un desastre lo que está pasando. Es un desastre, no se puede vivir así. Yo bajo del tren y no, no, no se puede. No se puede vivir así”, repitió.

Muchos de los entrevistados detallaron recorridos que combinaban varios medios de transporte, extendiendo la jornada de viaje hasta seis horas diarias. “Me levanto a las cuatro de la mañana ahora. Antes me levantaba a las cinco. Tomo de Rafael Calzada a Banfield y de Banfield el tren, y de ahí el 168 hasta Once”, relató una pasajera.

La mayoría coincidió en que viajar parada se volvió la norma y que llegar a destino requiere una logística cada vez más compleja. El costo del boleto fue otro punto recurrente. “Carísimo, no que está caro. Carísimo, carísimo”, sostuvo una mujer, que además sumó el impacto del aumento de precios en la alimentación: “Yo no como más carne, no como más queso. No puedo comprar carne. ¿Sabés cuánto está el kilo de milanesa?”, le preguntó al cronista.

En Liniers, las veredas colapsaron y las filas superaron una cuadra de extensión. Un cronista de TN describió la escena: al menos 30 personas aguardaban el colectivo 28, mientras otros usuarios detallaron esperas de hasta una hora para abordar líneas rápidas como el 8, que circula por autopista y tiene un costo mayor.

En Constitución, la situación no fue distinta. Se observaron intentos de implementar sistemas de prepago y QR, aunque por ahora solo algunas líneas como la 59 cuentan con esa modalidad. Los pasajeros señalaron que este sistema puede agilizar el ascenso al colectivo, pero reconocieron que la reducción general de unidades supera cualquier mejora tecnológica implementada.

El trasfondo: conflicto por subsidios y expectativa de acuerdo

Las empresas de colectivos advirtieron una disminución del 30% en la frecuencia de servicios tanto en líneas nacionales como provinciales, en reclamo por la actualización de los subsidios estatales. La medida, que se traduce en menos colectivos en la calle, fue la causa directa de los inconvenientes reportados por los usuarios en los principales nodos del transporte porteño.

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesan una crisis marcada por la demora en la actualización de subsidios y el fuerte aumento en el precio de los combustibles, situación que llevó a la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, a convocar a una reunión urgente este jueves a las 10:30.

El encuentro busca evitar un paro total y frenar la reducción de servicios, una medida ya en marcha desde la última semana, que afecta a miles de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

En este contexto, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) advierten que desde el miércoles pasado comenzaron a “reducir la frecuencia de los servicios” y que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”.

El sector apunta a que, en solo treinta días, el precio del litro de gasoil subió un 46%, pasando de $1.400 a $2.050 en las estaciones de YPF, mientras que en Axion el valor asciende hasta $2.400, “mil pesos más que hace un mes”, según precisó Adrián Noriega, vocero de C.E.A.P., a Infobae. Este incremento, atribuido al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios internacionales, impacta especialmente por el uso de gasoil con tecnología europea, más costoso que el convencional.

En el marco de un conflicto creciente y amenazas de paro, el Gobierno recibirá a las empresas de colectivo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios y así no solo evitar el corte, sino también regularizar el servicio, que ya está funcionando con demoras.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la administración libertaria, el encuentro se realizará este jueves, a partir de las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, que encabeza desde enero Fernando Herrmann.

Aunque hasta la publicación de esta nota no habían sido formalmente notificadas, las autoridades nacionales mandarán en las próximas horas las invitaciones a las partes involucradas.

Participarían representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

En la previa de la reunión, el Gobierno tiene previsto transferirles a las operadoras los subsidios correspondientes a abril, “como se hace habitualmente, el cuarto día hábil de cada mes”.

En el sector privado aseguran que “es mentira que haya encuentros con frecuencia” y que el último “fue en enero”, cuando se acordó un aumento para la tarifa plana de los colectivos de jurisdicción nacional.

Efectivamente, en febrero el boleto pasó de 494,83 a 650 pesos, lo que representó un incremento del 31,36%, mientras que en marzo el precio se ubicó en $700, por lo que se agregó una suma de 7,69% extra.

De esta manera, en la Casa Rosada señalan que, en lo que va del 2026, se aplicó una actualización total del 41% sobre el pasaje, por lo que cuestionan los reclamos de las compañías de más fondos.

“Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó en ese momento.

Por su parte, las líneas de colectivo sostienen que desde principios de este año no se modificó en el cálculo de los subsidios el valor de la nafta, que aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“Las unidades utilizan el gasoil con tecnología europea, por el tema de la contaminación y demás, que subió incluso más que el convencional. Por lo cual, en treinta días pagábamos $1.400 el litro, y hoy está $2.150, y eso es en YPF, solamente. Axion hoy pasó el valor de $2.400 el mismo combustible, o sea, mil pesos más en relación a hace un mes atrás”, detalló Adrián Noriega, vocero de CEAP.

En un reciente comunicado, las cámaras informaron que, desde el miércoles pasado, iban a comenzar a “reducir la frecuencia de los servicios” ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”.

Esta medida ya comenzó a generar complicaciones para los usuarios en varias partes del país y la situación se fue agravando, debido a la falta de un acuerdo entre las partes.

De hecho, Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, advirtió que si no reciben los fondos correspondientes esta semana, podría haber un paro total: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”, señaló en diálogo con Futurock.

El concepto del combustible compone el 60% del total del cálculo de los subsidios que la Nación les entrega a las compañías, por lo que su actualización periódica suele ser el principal reclamo.

“Hay tres compañías principales que son las que distribuyen el combustible a las empresas: Shell, Axion e YPF. YPF hasta el fin de semana no estaba entregando y ayer lunes empezó a normalizar. Hoy Axion está en condiciones de suministrarte combustible a ese valor de $2.400 el litro y, aparte, todas te piden que lo pagues en efectivo o transferencia, antes de que te descarguen. Pero bueno, nosotros no discutimos el precio. Hay un contexto internacional que indudablemente no lo podemos desconocer, pero el costo es ese y en un mes se modificó en un 46%. Entonces, la verdad es que si no reconocen ese valor, magos no somos. Hace dos años la venimos pateando y han quedado empresas en el camino”, agregó Noriega.

Por su parte, las autoridades nacionales saben que las cámaras irán a la reunión del jueves para “pedir más plata”, en un escenario de pocos recursos, por lo que preparan la estrategia para intentar llegar a una solución y, de esa forma, evitar que el problema escale.

Desde el miércoles 1 de abril, un grupo de empresas de transporte urbano implementó la medida en jurisdicciones tanto nacional como provincial, según lo difundido por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

El anuncio, que llegó a través de un comunicado conjunto, argumentó que el reciente aumento del precio del gasoil hizo inviable el mantenimiento de los servicios en las condiciones habituales. Las entidades resaltaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y solicitaron a las autoridades la adopción de medidas urgentes para restablecer la normalidad. Las cámaras empresariales pidieron disculpas a los usuarios afectados y reclamaron comprensión ante la coyuntura actual.

La situación, lejos de limitarse a un asunto administrativo, ya tiene impacto concreto en la vida diaria de quienes dependen del colectivo para ir a colegios, universidades, trabajos y otros destinos esenciales. En puntos neurálgicos como Plaza Constitución, la postal se repite: filas de hasta tres hileras para abordar un mismo colectivo, unidades que llegan repletas y usuarios que miran el reloj con ansiedad.

“En 10 minutos entro al trabajo y todavía sigo acá”, relató un pasajero a TN. Otro usuario expresó su frustración por el aumento de tarifas y la caída en la calidad del servicio: “Cada vez más caro y el servicio empeora”.

Una mujer que viajaba desde Plaza Constitución hacia Ezeiza contó que se enteró ese mismo día de la reducción de frecuencias: “Me lo tomé mal, porque vamos a tardar más en llegar, las unidades van a venir más llenas, vamos a viajar más incómodos”.

El impacto no se limita al centro porteño. En Boulogne, una pasajera detalló que desde el día anterior la espera se extendió por más de dos horas: “Mucho tiempo esperando, desde ayer tengo una demora de dos horas. Quizás más. Los colectivos ya vienen llenos y te tenés que quedar esperando”. El testimonio recogido por TN reflejó la incertidumbre de quienes dependen del transporte para cumplir con sus obligaciones laborales y familiares.

“Voy a Bella Vista, trabajo acá, voy y vengo. Es el único que nos trae para esta zona”, explicó. Además, la pasajera mencionó las dificultades económicas de recurrir a alternativas como autos de aplicación, cuyo costo elevado no siempre es reconocido por los empleadores.

Con tono de angustia, también compartió su preocupación por la logística diaria: “Tengo un nene y tengo que volver para buscarlo al jardín, pero ya no llego. Ahora tengo que ver una mamá que me ayude”.

El propio presidente de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (AAETA), Lucano Fusaro, dialogó con Infobae en Vivo y describió el escenario desde la perspectiva de las empresas. Fusaro detalló que las compañías mantienen un contrato de explotación que estipula obligaciones tanto para los operadores como para el Estado.

Según su explicación, los operadores deben contratar personal, poner los colectivos en la calle y garantizar frecuencias adecuadas, mientras que el Estado debe asegurar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifas o subsidios. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, señaló Fusaro.

El directivo advirtió que la fórmula para calcular los costos del servicio, fijada por el Estado, quedó desactualizada tras el aumento del combustible. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero para estos casos”, afirmó. Fusaro subrayó que las empresas enfrentan una situación de fuerza mayor al no contar con los medios materiales o recursos financieros para sostener la totalidad del servicio.

Fusaro explicó que, en situaciones como esta, se suelen adelantar los francos de descanso de los choferes, que corresponden a seis por mes, o se administran licencias. Sin embargo, si la caída en la demanda del servicio se extiende en el tiempo, la reducción de personal se convierte en una alternativa sobre la mesa. “Si la caída es estructural, es decir, se prolonga en el tiempo, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal”, reconoció.

Además, el incremento de los gastos operativos y la demora en la entrega de subsidios podría ocasionar la suspensión del servicio de colectivos este miércoles, con el consiguiente impacto sobre miles de usuarios, según informó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Pasciuto señaló que el aumento en el valor del combustible, vinculado a la crisis en Medio Oriente, y la falta de envío del “60 % del subsidio que normalmente se transfiere en los primeros días” han vuelto insostenible la situación.

Detalló además que la falta de pago puntual provoca que muchas empresas no cuenten con los fondos necesarios para cubrir los salarios al cuarto día hábil.

El aumento de costos y el atraso en el pago de subsidios podría derivar en un freno en el servicio de colectivos este miércoles y afectar a miles de pasajeros, según comunicó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Pasciuto indicó que, debido al incremento del precio del combustible, en el marco del conflicto en Medio oriente, y a la falta de transferencia del “monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días”, la situación resulta insostenible.

Añadió que el retraso en los pagos provoca que numerosas empresas no dispongan del dinero suficiente para abonar los salarios al cuarto día hábil.

En diálogo con Futurock, afirmó: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”.

Comentó también a TN que habían notificado a las autoridades de transporte sobre la problemática hace 15 días, utilizando una carta documento y una nota formal. Según explicó, no obtuvieron respuesta ni señales de interés para concretar una reunión o iniciar un espacio de diálogo.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió una situación que consideró “muy delicada” y afirmó que no cuentan con los recursos necesarios para poner en circulación todas las unidades.

Coincidió en que el aumento abrupto del precio del gasoil, junto con el atraso en la actualización de tarifas y subsidios estatales, compromete la frecuencia del servicio y la continuidad de las empresas.

“Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, afirmó Fusaro. Explicó que el combustible constituye el 20% de los costos de una empresa de colectivos y que el incremento superó todas las previsiones: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a $1.700 y está a $2.100”.

Fusaro explicó que los ingresos de las empresas dependen de la regulación estatal y de los subsidios. Señaló que el cálculo oficial de tarifas y subsidios quedó desactualizado frente al aumento de los costos y advirtió que, sin una actualización, las empresas no cuentan con recursos para afrontar la situación.

Ya la semana pasada varias empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir del miércoles 1 de abril reducirían la frecuencia de los colectivos en jurisdicción nacional y provincial.

Así lo comunicaron la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

Las cámaras empresarias advirtieron que el aumento reciente del precio del gasoil dificulta la continuidad del servicio en sus condiciones habituales.

En el comunicado conjunto, señalaron que la medida surge ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”. También advirtieron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”.

Las entidades pidieron disculpas a los usuarios por los inconvenientes, solicitaron “comprensión” y reiteraron el reclamo a las autoridades para que adopten medidas que permitan recuperar la normalidad.

La reducción de frecuencias no alcanza a las empresas Dota ni Metropol. Las cámaras firmantes agrupan a una proporción significativa de las unidades que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. El ajuste en las frecuencias afectará especialmente los horarios pico.

Fuentes del Gobierno consultadas por Infobae calificaron el anuncio como “sorpresivo” y señalaron que fue comunicado mediante una carta documento “informal”. Explicaron que el diálogo con las cámaras empresarias “siempre está abierto”, pero consideraron que la decisión de reducir los servicios resultó repentina y sin previo aviso. Apuntaron también que el sector recibió una autorización para aumentar las tarifas hace apenas dos meses.

“No avisaron qué líneas frenan, parece una jugada estratégica para negociar, pero no se puede actualizar los precios del combustible de esta forma. Si no prestan servicio se los va a sancionar”, advirtieron tras el comunicado.

Desde hace tiempo, Fusaro viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de operación. “Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, sostuvo. El combustible representa el 20 % de la estructura de costos de una compañía de colectivos y, en su análisis, el alza de precios superó cualquier previsión: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a mil setecientos pesos y está a dos mil cien”.

La estructura de ingresos de las empresas del sector depende del Estado. “Nuestro ingreso está regulado por el Estado. El Estado decide la plata que nos toca a través de tarifa subsidio”, explicó Fusaro. El cálculo oficial de subsidios y tarifas quedó atrasado respecto de los costos reales, en especial por la suba del gasoil y otros componentes. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero”, remarcó.

Frente a ese escenario, la reducción de frecuencias resultó inevitable. “Por esa razón, ayer hubo una reducción global del 20 %: de quince mil quinientos colectivos pasamos a doce mil quinientos colectivos en la calle, un 20 % menos”, detalló. Fusaro señaló que la situación incluso se agravó, y que le informaron que ese día la reducción llegaba al 30 %. “Sucede que cada empresa hace lo que puede. Algunas reducen más, otras reducen menos porque nadie quiere reducir. Esa es la realidad”, enfatizó.

El presidente de AAETA subrayó que las empresas no desean retirar unidades del servicio, pero que no existen alternativas ante la falta de fondos. “La que reduce es porque no le queda otra opción”, afirmó. Fusaro explicó que el contrato de explotación que vincula a las empresas con el Estado compromete a ambas partes: “El operador está obligado a contratar personal, poner los colectivos en la calle y brindar a determinada frecuencia con cierto nivel de calidad. Y el Estado está obligado a brindar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifa subsidio”.

Cuando una de las partes incumple, todo el sistema entra en crisis. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, dijo Fusaro. Ante la consulta sobre posibles sanciones estatales por la reducción de servicios, el dirigente reconoció que “el Estado cuando pasan estas cosas sale a fiscalizar, vienen multas, después las empresas van a recurrir esa multa, van a fundamentar y fijar su posición”. Consideró que la situación resulta “muy desagradable” para todas las partes involucradas, en especial para los usuarios que “tienen que estar esperando el colectivo o pagando más plata con medios alternativos de transporte”.

Fusaro describió el impacto en el personal de las empresas ante la disminución de colectivos disponibles. En casos coyunturales, se adelantan francos a los choferes, quienes cuentan con seis días de descanso al mes. “Se administra con eso”, dijo. Sin embargo, advirtió que si la caída de la oferta se prolonga, podría haber consecuencias mayores: “Si la caída es estructural, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal. Yo creo que por ahora no estamos en esa instancia”.

El presidente de AAETA también mencionó un descenso en la cantidad de pasajeros transportados: “Hay 12 % menos de pasajeros marzo de este año contra el anterior”. La combinación de menos usuarios y mayores costos pone presión sobre el sistema y amenaza con achicar aún más el servicio: “Si estas situaciones se extienden, vas a un sistema más chico porque no tenés cómo cubrirlo y eso implica reducción de personal, forzosamente”.

Las imágenes de pasajeros viajando en condiciones difíciles reflejan el deterioro progresivo. “Para un colectivero, las imágenes que estamos viendo hoy son extremadamente dolorosas”, expresó Fusaro. Señaló que nadie en el sector desea llegar a este punto: “Nadie está especulando, ojalá fuera eso. Nadie está especulando. Es que realmente no está la plata para poner el colectivo en la calle”.

El deterioro se percibe también en la antigüedad de las unidades y la oferta nocturna. “Por eso tenés colectivos cada vez más viejos, por eso ves que hay menos colectivos de noche. Hay un declive gradual que se viene dando hace bastante tiempo”, indicó. Fusaro utilizó una imagen para describir la situación: “Como uno se va acostumbrando a una casa que se va rompiendo y te acostumbrás a las grietas, te acostumbrás que se oxida todo”.

Consultado sobre posibles soluciones, Fusaro fue tajante: “Estos son problemas de plata, ¿no? En algunos casos ni siquiera, porque hay empresas que aun teniendo la plata les está costando conseguir gasoil, pero es otro tema”. Sostuvo que el aumento de tarifas podría representar un paliativo, pero anticipó que tendría un efecto negativo sobre la demanda: “Si yo mañana pongo el boleto a dos mil pesos o mil setecientos pesos, aunque sea, seguramente es un paliativo, pero mucha gente no lo va a poder pagar y va a caer más la cantidad de pasajeros”.

El dirigente señaló las limitaciones presupuestarias de las distintas jurisdicciones: “Todos los estados, desde los estados nacionales, provinciales, están con ajustes fiscales, no tienen plata”. La dificultad para encontrar una solución se resume, para Fusaro, en el siguiente planteo: “Es la manta corta. Es muy difícil resolver un problema satisfaciendo a todas las partes. Porque todos tienen que poner algo. Y acá es donde en ese equilibrio no lo estamos pudiendo resolver de hace bastante tiempo y estas son las consecuencias”.

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El salario básico de los choferes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para abril de 2026 muestra un incremento significativo dentro de la paritaria vigente. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un nuevo monto que lleva el básico proyectado a $1.545.278,25, con una estructura que contempla adicionales y sumas no remunerativas. El ajuste salarial se produce en un contexto de recomposición de ingresos y subas recientes en el valor del boleto mínimo, lo que afecta tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios de transporte público.

El sueldo inicial de un chofer de colectivo en el AMBA no solo depende del básico. La estructura salarial incluye adicionales como viáticos, sumas fijas y premios por presentismo o puntualidad. En marzo, los conductores recibieron $120.000 como suma fija no remunerativa, cifra que incide en la liquidación de abril y se suma al monto base. Al sumar estos componentes, el salario inicial asciende a más de $1.890.000 y puede variar según la antigüedad del trabajador.

La fórmula de remuneraciones responde al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que regula las condiciones laborales y los criterios de cálculo salarial para el sector. El convenio establece que, además del salario básico, los trabajadores perciben una serie de adicionales. Entre estos se encuentran el adicional por atención SUBE, el presentismo y los viáticos, todos factores que elevan el monto final percibido en el recibo de sueldo.

La antigüedad desempeña un rol central en la composición salarial. Cada año trabajado suma un adicional mensual, lo que incrementa de manera considerable los ingresos de los choferes con más tiempo en actividad. Con un año de antigüedad, la remuneración total estimada supera los $1.870.000. A estos valores se agregan premios y sumas fijas acordadas en paritarias, lo que configura un esquema salarial escalonado y ajustable.

El impacto del aumento salarial no se limita al bolsillo de los trabajadores. La actualización del salario básico se acompaña de un nuevo esquema tarifario para los boletos de colectivo en el AMBA. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, implementó una suba en la tarifa mínima que llevó el costo del pasaje a $700 para recorridos de hasta 3 kilómetros, $779,78 para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, y hasta $959,71 para distancias superiores a 27 kilómetros. Estos incrementos siguen el esquema de actualización aprobado a principios de febrero, que incluyó una suba inicial del 31% y un nuevo ajuste del 7,6%, ambos vinculados a la evolución del índice de precios al consumidor.

El esquema de ajuste tarifario contempla la inflación de dos meses atrás como base para calcular los nuevos valores. Esta política, que la administración libertaria retoma de la gestión anterior, busca adaptar las tarifas al contexto inflacionario y, a la vez, recomponer los ingresos de las empresas de transporte. Autoridades nacionales confirmaron la continuidad del sistema Red SUBE, que permite descuentos en la tarifa para quienes realizan combinaciones de transporte dentro del AMBA.

La Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Hermann, publicó la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial, donde aprobó los nuevos cálculos de los costos e ingresos medios para los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional correspondientes al período febrero-abril. Esta actualización contempla, además de la paritaria, ajustes en el valor del gasoil, seguros, insumos y otros costos operativos.

En cuanto a los subsidios estatales, el Gobierno nacional fijó los valores de las compensaciones tarifarias que se entregan a las empresas de colectivos del AMBA para sostener el servicio. En febrero, el monto ascendió a $93.624.359.688; en marzo, a $71.965.152.433; y en abril, a $73.514.138.512. El total por demanda SUBE se ubicó en $95.850.171.084. Estas transferencias forman parte del esquema de financiamiento que sostiene la operación de las líneas bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

El ajuste salarial y tarifario impacta sobre las 104 líneas de colectivos que operan en el AMBA bajo jurisdicción nacional. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

El aumento de los salarios y de las tarifas responde a la dinámica de las negociaciones paritarias y los mecanismos de actualización automática. El Gobierno nacional prevé volver a aplicar el esquema de actualización mensual que toma como base la inflación de dos meses atrás. Además, existe la posibilidad de incorporar un porcentaje adicional del 2% para recomponer los ingresos de las empresas y reducir gradualmente los subsidios tarifarios, siguiendo las tendencias de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

En este escenario, la estructura salarial de los choferes de colectivo del AMBA resulta de la combinación entre el salario básico, adicionales regulados por convenio, sumas fijas y premios, a lo que se suman los efectos de la antigüedad y las variaciones tarifarias. El sistema de subsidios y el mecanismo de ajuste mensual completan el cuadro de ingresos y egresos del sector, que sigue sujeto a las condiciones de la paritaria y la evolución de los costos operativos.

A partir del 1º de abril, entrarán en vigencia modificaciones en las tarifas de servicios públicos, transporte en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, medicina prepaga y alquileres, lo que tendrá impacto en los gastos de los hogares y con ello, en la inflación, que en marzo podría ubicarse en torno al 3%. Aunque el Gobierno tomó dos decisiones para morigerar la suba del combustible ante la escalada del precio con el conflicto en Oriente Medio.

Estos cambios se producen en un contexto donde la inflación de febrero alcanzó el 2,9% y las estimaciones privadas para marzo anticipan un nivel cercano al 3%, a pesar de la desaceleración de los alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes. Las actualizaciones responden, en gran parte, a mecanismos de indexación mensual y a la reducción de subsidios estatales.

En el sector transporte, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,9%. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo en la provincia será de $873,37 para tramos de hasta 3 kilómetros, $972,93 para distancias de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 para recorridos de 6 a 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos superiores a 27 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo con tarjeta nominada se ubicará en $715,26, con valores de $794,76, $856 y $917,28 para los siguientes tramos.

Aumento de tarifas: luz y gas

En cuanto a los servicios energéticos, Edenor y Edesur actualizarán sus cuadros tarifarios. En el área de Edesur, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pagarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh. Para consumos de 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47. En Edenor, el cargo fijo inicial será de $1.414,93, con un variable de $115,28. Los hogares subsidiados seguirán pagando $44,29 por kWh hasta 300 kWh mensuales. Los usuarios con subsidios mantendrán un cargo variable de $44,46 dentro de los límites establecidos.

La empresa AySA aplicará el último tramo del aumento del 4% iniciado a comienzo de año, lo que llevará la factura promedio de agua y cloacas a $29.094 mensuales, sin impuestos. En las zonas alta y media, el valor será de $34.296 y $31.146 respectivamente, mientras que en el zonal bajo será de $25.026. Se mantiene un descuento del 15% para los usuarios de zonas bajas, que representan el 48% del total residencial.

Cuotas de medicina prepaga

En el rubro salud, las cuotas de la medicina prepaga aumentarán un 2,9% en abril, en línea con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Este ajuste también se trasladará a los copagos por consultas y estudios médicos. Las empresas que aplicarán esta suba incluyen Hospital Italiano (2,7%), OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud (todas con 2,9%).

Respecto a los alquileres, quienes tienen contratos regulados por la antigua Ley 27.551 enfrentarán una actualización anual del 33,3% a partir del índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central. Los contratos recientes, firmados tras la desregulación del mercado, suelen tener ajustes trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC u otros indicadores, generando una mayor variedad de precios.

Frenar la suba de combustibles

En el caso de los combustibles, el Gobierno tomó dos decisiones con el objetivo de frenar la suba de los combustibles ante la escalada del precio internacional por el conflicto en Oriente Medio. Además de permitir a las petroleras utilizar bioetanol hasta un 15% en naftas (antes hasta 5,6%), la Secretaría de Energía no va a aumentar el impuesto al combustible en abril.

“No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”, destacaron desde fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, ese mecanismo automático volvió a ser suspendido en múltiples oportunidades, algo recurrente en los últimos años. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, una práctica que se repitió a lo largo de todo el año.

Es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos ya es equivalente al 15,83% del valor final del litro, mientras que Impuesto a las Emisiones de CO₂ implica un 0,97% del total. Según información de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, junto con los impuestos de la provincia de Buenos Aires y las tasas municipales, la carga tributaria total representa el 35,88% del precio que se paga por un litro de nafta.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos, subte y peajes a partir del miércoles 1° de abril. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación con un adicional del 2%. Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sección 1, correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros, tendrá un valor de $715,24 para la tarifa plena, $321,86 para la tarifa social y $1.137,26 para usuarios que utilicen la tarjeta SUBE sin nominalizar.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa plena se ubicará en $794,74, la social en $357,63 y la SUBE sin nominalizar en $1.263,67. En distancias de 6 a 12 kilómetros, los montos serán de $855,97 (plena), $385,19 (social) y $1.361,04 (sin nominalizar). Y los viajes de 12 a 27 kilómetros tendrán un costo de $917,24 para la tarifa plena, $412,77 para la social y $1.458,46 para la SUBE sin nominalizar.

En el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el valor del boleto de colectivos oscilará entre $871,30 y $1.266,73 para la tarifa plena, de acuerdo con el recorrido realizado. La implementación del nuevo esquema responde a la política de indexación establecida por las autoridades de transporte, que busca mantener la actualización de las tarifas acorde a la evolución de la inflación.

Cuánto subirá el boleto de subte

En el caso del subte en CABA, la tarifa también sufrirá una modificación. Los usuarios que realicen entre 1 y 20 viajes pagarán $1.414 con la SUBE registrada, mientras que quienes utilicen la tarjeta sin nominalizar deberán abonar $2.248,26. Para el rango de 21 a 30 viajes, la tarifa será de $1.131,20 con SUBE registrada y de $1.798,61 sin nominalizar. Quienes realicen entre 31 y 40 viajes pagarán $989,80 con SUBE registrada y $1.573,78 sin nominalizar. A partir del viaje 41, el monto ascenderá a $848,40 con SUBE registrada y a $1.348,96 con SUBE sin nominalizar.

El Premetro, que también forma parte del sistema de transporte porteño, tendrá un valor de $494,90 para la SUBE registrada, mientras que los usuarios con SUBE sin nominalizar deberán pagar $786,89. Esta diferenciación en las tarifas según el tipo de tarjeta busca incentivar la nominalización de la SUBE, una medida que permite una mayor trazabilidad y control sobre los beneficiarios de la tarifa social.

Los peajes en las autopistas porteñas también experimentarán una suba a partir del primer día de abril. En la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno, el costo para el tránsito liviano será de $4.177,59 en horario no pico y de $5.920,33 en horario pico. En la Autopista Illia y otras vías rápidas, los usuarios deberán pagar $1.740,49 fuera de hora pico y $2.461,30 en horario pico. En el caso del peaje Alberti, el valor quedó fijado en $1.323 para horario no pico y $1.670,89 para horario pico.

El ajuste mensual de las tarifas combina el índice de inflación de los meses anteriores con un adicional del 2%, según lo establecido por el esquema de indexación vigente. Esta política se implementó para evitar retrasos acumulados en el valor de los boletos de transporte y los peajes, y busca reflejar los movimientos inflacionarios de la economía local. La actualización impactará de manera directa en el bolsillo de los usuarios habituales del transporte público y en los conductores que utilizan las autopistas de la ciudad y el conurbano.

La estructura tarifaria mantiene la diferenciación entre usuarios que cuentan con la tarjeta SUBE registrada y aquellos que utilizan la opción sin nominalizar. Esta última alternativa presenta un costo sensiblemente superior, lo que incentiva a los pasajeros a registrar su tarjeta para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.

La quinta intervención de exhumaciones en las fosas clandestinas del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, arrancó envuelta en señalamientos graves por parte de colectivos de familias de personas desaparecidas.

Fragmentos óseos mal registrados, personal pisando sobre montículos con restos humanos y vallas que bloqueaban la visibilidad marcaron el inicio de una jornada que, pese a todo, tuvo un punto de luz: la presencia del fiscal Fernando Blumenkron.

Estas fosas, utilizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos de manera sistemática desde al menos 2014 y 2016, concentran cuerpos depositados durante años sin que las familias tuvieran certeza del paradero de sus seres queridos. Los trabajos comenzaron luego de que se removiera la barda perimetral del panteón, identificada previamente como un obstáculo y un riesgo para las labores de exhumación.

Vallas, huesos perdidos y pasos en falso

Desde el inicio de las labores, los colectivos de víctimas detectaron fallas que podrían comprometer la correcta identificación de los restos. Una de las más alarmantes fue el hallazgo de un fragmento de vértebra lumbar en tierra que supuestamente ya había sido cribada, lo que pone en duda la rigurosidad del proceso. Edith Hernández Torres, representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos y hermana de Israel Hernández —secuestrado en 2012 y localizado en las fosas de Tetelcingo—, señaló que las vallas colocadas limitaban la visibilidad de los trabajos, impidiendo que las familias verificaran el cumplimiento de los protocolos.

Amalia Alejandra Hernández, del Colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo caso contribuyó a visibilizar la crisis forense en Morelos, explicó que personal técnico pisaba sobre los montículos donde se encontraban los cuerpos. La observación fue atendida tarde y con la condición de que no se repitiera al día siguiente.

Ambas representantes insistieron en la necesidad de registrar con exactitud las dimensiones y profundidad de cada fosa, así como la ubicación precisa de cada indicio, ya que cualquier detalle del entorno puede ser clave para identificar a las víctimas.

Un fiscal presente y una promesa pendiente

En medio de las irregularidades, la llegada del fiscal Blumenkron al sitio generó un cambio perceptible en el ambiente. Su presencia directa fue valorada por las familias como un avance respecto a ejercicios anteriores, donde la ausencia de autoridades había profundizado la desconfianza. Además, el funcionario se comprometió a entregar el plan integral de exhumación, una demanda histórica de los colectivos que permitiría conocer el procedimiento completo y dar seguimiento a cada hallazgo.

Otro avance relevante fue la confirmación de que la Fiscalía General de la República (FGR) participará en la toma de muestras de ADN, lo que reforzará la confrontación de perfiles genéticos entre instituciones y aumentará las posibilidades de identificación.

Para las familias, el mensaje es claro: coordinación institucional, supervisión directa y protocolos estrictos no son negociables cuando se trata de devolver un nombre a quienes permanecen en el anonimato de una fosa común.

En un caso que comenzó por una demanda por lesiones sufridas en un colectivo, la Justicia Nacional en lo Civil revocó en segunda instancia una sentencia que reconocía una indemnización millonaria a favor de una mujer que aseguró haber sido víctima de un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajera en una unidad. La Cámara de Apelaciones consideró que no se acreditó que el hecho haya ocurrido en el contexto denunciado, y rechazó el reclamo por daños y perjuicios.

El expediente se inició tras la presentación de una mujer, quien afirmó que el 18 de diciembre de 2021, en horas de la noche, sufrió una caída dentro de un colectivo. Según su relato, una frenada brusca del chofer provocó que otra pasajera cayera sobre su pierna, lo que le ocasionó una fractura en la rodilla izquierda. La afectada sostuvo que descendió del vehículo con ayuda y fue trasladada por testigos a un hospital, donde recibió atención médica.

La demanda se dirigió contra la empresa propietaria del colectivo y su aseguradora, en busca de una reparación económica por los daños sufridos. En primera instancia, la jueza consideró probada la existencia del accidente y condenó a la empresa y a la aseguradora a pagar 37.200.000 pesos, más intereses y costas del juicio. El fallo se basó principalmente en el testimonio de una testigo que, según la demandante, la acompañó durante el hecho, y en la documentación médica aportada por hospitales donde se constató la fractura.

La aseguradora apeló la sentencia, cuestionando la falta de pruebas objetivas sobre la calidad de pasajera de la mujer y la existencia misma del accidente en el contexto denunciado. Señaló que la única testigo presentada era hermana de la demandante y que no se acreditó el uso de la tarjeta SUBE en el colectivo señalado. Además, remarcó que la información médica no hacía mención a un accidente de tránsito ni a la participación de un colectivo.

En la revisión del caso, los jueces de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil analizaron el conjunto de pruebas ofrecidas. Destacaron que la carga de la prueba recae sobre quien reclama, en este caso la mujer que inició la demanda. Los magistrados recordaron que, en materia de accidentes de tránsito, existe una presunción legal que favorece a la víctima, pero que esa presunción requiere que primero se acredite el hecho y la relación causal entre el daño y el supuesto evento.

El tribunal valoró con especial rigor el testimonio de la hermana de la accionante, por tratarse de la única testigo y por la relación de parentesco existente. Los jueces indicaron que, si bien la ley no prohíbe considerar testimonios de familiares, corresponde analizarlos con mayor severidad, en busca de verosimilitud y coherencia. En este sentido, observaron contradicciones entre el relato de la testigo y los hechos presentados en la demanda escrita.

Uno de los puntos que generó dudas en los jueces fue la falta de denuncia policial del accidente y la ausencia de intervención del SAME, a pesar de que la testigo mencionó que pidieron asistencia a un policía de civil y que una ambulancia nunca llegó. El tribunal consideró llamativo que, pese a la supuesta gravedad de la situación, no se labraron actuaciones ni se solicitaron datos al chofer del colectivo.

La Cámara también evaluó la prueba sobre la tarjeta SUBE. Si bien la mujer acreditó la titularidad de una tarjeta, no se pudo comprobar el uso de la misma en el colectivo señalado la noche del accidente. El informe oficial negó la autenticidad de la planilla de movimientos presentada. Los magistrados señalaron que, aunque este elemento no es determinante por sí solo, su falta resta fuerza al resto de las pruebas.

En relación al respaldo médico, la documentación aportada por el hospital y un policlínico confirmó que la mujer sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda y recibió atención los días 18 y 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, en ninguno de los informes médicos se indicó que la lesión haya ocurrido en un accidente de tránsito o dentro de un colectivo, lo que, según la Cámara, debilitó la versión de la reclamante.

El tribunal remarcó que si bien no se puede presumir que la mujer y su testigo urdieron un plan para engañar al Poder Judicial, tampoco corresponde aceptar sin reservas que el hecho ocurrió como se relató en la demanda. La falta de pruebas objetivas y las inconsistencias detectadas llevaron a los jueces a dudar sobre la veracidad del relato.

Según el análisis de la Cámara, el sistema procesal argentino impone la carga de la prueba a quien afirma un derecho y busca una consecuencia jurídica. En este caso, la mujer debía demostrar que la lesión se produjo en las circunstancias denunciadas y que existió un nexo causal entre el acto del colectivero y el daño reclamado.

El fallo de segunda instancia revocó la sentencia de primera y rechazó la demanda por daños y perjuicios, al considerar que no se acreditó que el accidente haya ocurrido en el colectivo de la empresa demandada. Los jueces fundamentaron su decisión en la insuficiencia de las pruebas y en la falta de elementos objetivos que permitan tener por cierto el hecho principal.

La Cámara impuso las costas (gastos) del proceso a la parte accionante, es decir, la mujer que inició la demanda, de acuerdo con el principio objetivo de la derrota. Además, ordenó adecuar de oficio los honorarios profesionales fijados en la primera instancia, en función del resultado final del caso.

Los honorarios de los abogados, peritos y mediadora se calcularon tomando en cuenta el monto reclamado, la complejidad del proceso y la calidad jurídica de las labores desarrolladas. Se fijaron sumas específicas para cada uno de los profesionales que participaron en el expediente.

El caso pone en debate las dificultades probatorias en los reclamos por accidentes de tránsito, especialmente cuando no existen testigos independientes ni pruebas objetivas que acrediten el hecho denunciado.

El expediente, que tramitó durante casi tres años en los tribunales civiles, muestra la importancia de contar con pruebas sólidas y verificables en este tipo de litigios.

La demandante había solicitado en su presentación inicial una reparación integral por los daños físicos, psicológicos y económicos sufridos como consecuencia del accidente.

Durante el proceso, la empresa de transporte y la aseguradora negaron tanto la existencia del accidente como la condición de pasajera de la mujer en el colectivo señalado. Ambos presentaron defensas similares, poniendo en duda la autenticidad de la documentación y la coherencia de los relatos.

La sentencia de primera instancia había considerado determinante el testimonio de la hermana de la demandante y los informes médicos, pero la Cámara entendió que estos elementos no resultaron suficientes para considerar probado el hecho.

En el fallo de segunda instancia, los jueces explicaron que la presunción legal que favorece a la víctima en accidentes de tránsito no exime de la obligación de acreditar el hecho generador del daño, que en este caso no pudo demostrarse en el expediente.

Con decenas de fotografías y la consigna de arrebatarle los nombres al olvido, familiares de personas desaparecidas instalaron este domingo un “muro de la memoria para la verdad y la justicia” en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en un acto cargado de dolor pero también de una determinación que no da señales de agotarse.

Un muro para que nadie pueda mirar hacia otro lado

La intención es tan sencilla como poderosa: que cada funcionario que entre a trabajar al centro “tenga que cruzar la mirada con nuestros seres queridos”. La estructura, de 1.22 por 2.44 metros, fue cubierta con rostros provenientes de distintos rincones del país, desde la Ciudad de México hasta Guerrero, desde Nuevo León hasta Tamaulipas, un mapa del dolor que retrata la dimensión nacional de la crisis de desapariciones.

Entre los rostros que ahora habitan el muro están el de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco; Julio César Cervantes Cabañas, ausente desde septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón; Vladimir Florean Pablo, visto por última vez en 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero; y Axel Martínez, desaparecido en Tamaulipas el 28 de diciembre de 2022, entre muchos otros casos que se acumulan sin respuesta.

“Humanizando la burocracia”

Los colectivos Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, entre otros, colocaron además una jardinera con plantas y flores bajo el muro. “Estamos humanizando la burocracia”, dijeron, recordando que detrás de cada folio “hay una vida que nos falta, una familia rota, una exigencia de justicia que no se agota en un horario de oficina”.

Un antecedente que terminó mal

No es la primera vez que los colectivos recurren a esta estrategia. Un muro similar fue instalado desde enero de 2020 frente a la ex sede de la Fiscalía General de la República en Insurgentes, hasta que fue retirado en abril de 2024 por funcionarios de la institución, en lo que los familiares describieron como un acto “en complicidad con el Gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal”.

El rechazo a las cifras oficiales

La acción también llega en un momento de tensión con las autoridades por la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los colectivos fueron tajantes: calificaron el proceso como “un intento de rasurar el padrón” y de “minimizar la tragedia humanitaria” que vive el país. “No aceptamos una cifra que se construya a espaldas de quienes buscamos”, sentenciaron, dejando claro que su exigencia no se negocia ni se diluye en estadísticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que constantemente se reúne con los colectivos y familiares de personas desaparecidas en el país, durante la mañanera del pueblo de este 27 de marzo en Palacio Nacional.

“He platicado con muchos de ellos, incluso cuando salgo de gira, he escuchado a muchos de los colectivos de manera directa”, declaró la mandataria mexicana.

Aseguró que no le gusta hacer públicos estos acercamientos, como forma de respeto al dolor de todos los familiares involucrados, por lo que las reuniones suelen ser de manera privada.

Asimismo, señaló que en cada región donde se encuentra con alguna persona que pide ayuda por la desaparición de un familiar, principalmente con carteles, ella personalmente se acerca a recaudar los datos y los envía la Fiscalía para que comience la investigación pertinente.

“Una persona se acercó a mi, una madre y me dice ”mi hijo hace quince días que no lo encuentro" tomó sus datos personalmente en mi teléfono, vuelvo a llamar y después le pido por la condición de desaparición a la Secretaría de la Defensa que haga una búsqueda, hace cuatro días encontraron a la persona", ejemplificó la jefa de Estado.

Manifestó que no siempre se comparte información de cada caso, pero existe cercanía y acceso al dialogo, por lo que hay reuniones con diversos colectivos de manera personal.

Sheinbaum envía mensaje a madres y padres de personas desaparecidas

La jefa de Estado, envió un mensaje a las madres y padres de personas desaparecidas, asegurándoles que las autoridades están haciendo todo lo posible por hallarlos.

“Hasta encontrarlos, siempre he dicho que uno no se equivoca cuando está cerca de las víctimas y la justicia, y es este caso igual. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darle todo el apoyo a las familias”, expresó.

A su vez, aseguró que están fortaleciendo todas las instituciones del Estado Mexicano para que se puedan prevenir y atender los casos relacionados con este delito en México.

Con motivo de la llegada de los feriados del 23 y 24 de marzo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las autoridades confirmaron que el transporte fuincionará con un cronograma especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como es habitual en estos días.

A diferencias del martes, este lunes es día no laborable con fines turísticos, por lo que podría variar la prestación de los servicios al público entre hoy y mañana.

Transporte, peajes y estacionamiento

El subte funcionará a partir de las las 06:00 de hoy, mientras que el martes comenzará a circular a partir de las 08:00, siendo el horario de cierre entre las 22:00 y 22:30 horas, de acuerdo con la línea. Asimismo, el servicio de Ecobici operará el lunes como día hábil y el martes con pases intensivos, recreativos y turísticos.

En el caso de los trenes, estos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriado, por lo que se dilatará el tiempo de espera entre cada formación. Algo similar ocurrirá con los colectivos, que disminuirán su frecuencia. Sin embargo, esto dependerá de cada una de las líneas.

Los peajes trabajarán con normalidad, tomando como horario pico el de fin de semana: de 11:00 a 15:00 en sentido Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido Centro.

Además, las autoridades informaron que la pista de aprendizaje vehicular de la Ciudad de Buenos Aires estará abierta de 8:00 a 18:00 el lunes y martes, mientras que las sedes para tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) funcionarán el lunes, pero permanecerán cerradas el martes.

En materia de tránsito, en la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde suele estar restringido los días hábiles de 7:00 a 21:00 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia durante ambos feriados y las excepciones están debidamente señalizadas. No obstante, no se podrá estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia ni junto a ciclovías.

Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, esto podría variar dependiendo la jurisdicción.

Guardias y hospitales

Mientras que el sistema hospitalario mantendrá activas las guardias y áreas críticas las 24 horas, recordaron que las consultas externas, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires no estarán disponibles durante ambas jornadas.

De la misma manera, informaron que las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia línea 911 y 103 mantendrán guardias activas.

Escuelas y organismos públicos

Como todos los años, las escuelas de la región permanecerán cerradas. Asimismo, el Gobierno porteño indicó que los edificios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerrados hasta el miércoles.

En el caso del Registro Civil, solo operará una guardia de defunciones de 8:00 a 12:00 horas. El resto de las dependencias administrativas, incluyendo la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, estarán cerradas. No así como el servicio de recolección de residuos, que funcionará en forma habitual.

En cuanto a los servicios funerarios, las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al crematorio, se realizarán de 7:30 a 14:00 horas, procesándose el último trámite hasta las 13:00 y la última inhumación a las 13:30.

Parques, jardines y reservas

Por otro lado, los parques presentarán variantes, debido a que se dispuso que el Jardín Botánico Carlos Thays, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estén cerrados el lunes y abiertos el martes. No así con el Ecoparque, que abrirá ambos días.

Los museos dependientes de la ciudad abrirán de 12:00 a 20:00, mientras que la Torre Monumental abrirá de 10:00 a 18:00 y el Planetario solo estará disponible el lunes. Entre las bibliotecas públicas, permanecerán abiertas Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, de 10:00 a 20:00.

En el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados. La Casa de la Cultura abrirá solo el lunes, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta funcionarán el martes. Tanto la Usina del Arte como el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán abiertos el lunes.

En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

“Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

En ese marco, el dirigente también planteó que un esquema de transporte con mayores niveles de cobertura y frecuencia implicaría un costo significativamente más alto. Al comparar la situación actual con la de años anteriores, señaló que recuperar un sistema como el de hace una década, con más unidades en circulación y mayor oferta de servicios, requeriría un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con mayor cantidad de kilómetros recorridos y presencia en horarios donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

Durante la entrevista, el dirigente repasó la evolución del sistema en los últimos años y señaló que la situación actual se configuró a partir de distintos factores. Entre ellos, mencionó el congelamiento de tarifas durante varios años y la caída en la cantidad de pasajeros durante la pandemia.

En ese período, los colectivos circularon con baja ocupación debido a las restricciones sanitarias, mientras el boleto se mantuvo sin cambios. Esa combinación llevó a un incremento de los subsidios para cubrir costos operativos como salarios y combustible.

Posteriormente, el esquema cambió con un proceso de ajuste que redujo los subsidios y dio lugar a aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que ese incremento no compensó completamente la reducción de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

Como resultado, la composición de los ingresos del sector se modificó. Mientras que en años anteriores los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, actualmente la tarifa ganó participación, aunque sin revertir la caída en términos reales.

Caída de pasajeros

Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes. Esa diferencia implicó una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

A lo largo de la última década, la caída resultó más pronunciada. Fusaro señaló que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

La reducción de la demanda se combinó con una disminución en la cantidad de unidades en circulación. Hace tres años, el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que actualmente la cifra no alcanza los 17.000. Esa caída implicó la salida de más de 1.300 unidades.

En paralelo, el dirigente advirtió sobre el envejecimiento de la flota. En la actualidad, cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse. Esa situación se sostuvo mediante prórrogas que extendieron los plazos permitidos.

Fusaro explicó que las empresas enfrentan dificultades para renovar las unidades debido a la falta de recursos. En ese contexto, señaló que recurrieron a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

Ese proceso también impactó en la prestación del servicio. Uno de los cambios más visibles se registró en la reducción de frecuencias, especialmente durante la noche. Según explicó, las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar el uso de los recursos disponibles.

El sistema de subsidios también experimentó modificaciones en su forma de asignación. Desde octubre de 2024, los aportes comenzaron a distribuirse en función de la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de calcularse sobre la base de los kilómetros recorridos o la cantidad de unidades en circulación. Ese cambio buscó evitar distorsiones en la operación.

Baja rentabilidad

En ese marco, Fusaro señaló que el sector atraviesa un proceso de ajuste que también se refleja en la estructura empresaria. A nivel general del sistema, indicó que no se registran niveles de rentabilidad. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Explicó que algunas empresas presentan situaciones particulares, en función de su escala o integración, pero señaló que el conjunto del sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

También mencionó casos de empresas que dejaron de operar, lo que derivó en procesos de reasignación de líneas. En esos casos, las autoridades realizaron convocatorias para que otras compañías asuman los servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

En ese contexto, el dirigente describió un escenario de reducción progresiva del sistema. Señaló que la cantidad de unidades podría seguir disminuyendo en los próximos años, en línea con la caída de la demanda y las dificultades para renovar la flota.

Asimismo, indicó que el esquema actual genera restricciones en determinadas franjas horarias y zonas. En particular, mencionó la reducción de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

En relación con el financiamiento, Fusaro planteó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su implementación. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema en el que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse a través de las empresas.

Ese modelo permitiría establecer distintos niveles de cobertura en función de las características de los pasajeros, según explicó durante la entrevista.

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Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

Con motivo de la llegada de los feriados del 23 y 24 de marzo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las autoridades confirmaron que los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un cronograma especial que afectará hospitales, transporte, recolección de residuos y espacios culturales.

Mientras que el sistema hospitalario mantendrá activas las guardias y áreas críticas las 24 horas, recordaron que las consultas externas, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires no estarán disponibles durante ambas jornadas.

De la misma manera, informaron que las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia línea 911 y 103 mantendrán guardias activas.

Como todos los años, las escuelas de la región permanecerán cerradas. Asimismo, el Gobierno porteño indicó que los edificios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerrados hasta el miércoles.

En cuanto a los servicios funerarios, las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al crematorio, se realizarán de 7:30 a 14:00 horas, procesándose el último trámite hasta las 13:00 y la última inhumación a las 13:30.

En el caso del Registro Civil, solo operará una guardia de defunciones de 8:00 a 12:00 horas. El resto de las dependencias administrativas, incluyendo la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, estarán cerradas. No así como el servicio de recolección de residuos, que funcionará en forma habitual.

En materia de tránsito, el estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde suele estar restringido los días hábiles de 7:00 a 21:00 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia durante ambos feriados y las excepciones están debidamente señalizadas. No obstante, no se podrá estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia ni junto a ciclovías.

El subte funcionará el lunes desde las 06:00 y el martes desde las 08:00, siendo el horario de cierre entre las 22:00 y 22:30 horas, de acuerdo con la línea. Asimismo, el servicio de Ecobici operará el lunes como día hábil y el martes con pases intensivos, recreativos y turísticos.

En el caso de los trenes, estos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriado, por lo que se dilatará el tiempo de espera entre cada formación. Por este motivo, se recomienda salir con anticipación. Lo mismo ocurrirá con los colectivos, que disminuirán su frecuencia.

Los peajes trabajarán con normalidad, tomando como horario pico el de fin de semana: de 11:00 a 15:00 en sentido Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido Centro. Además, indicaron que la pista de aprendizaje vehicular de la Ciudad de Buenos Aires estará abierta de 8:00 a 18:00 el lunes y martes, mientras que las sedes para tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) funcionarán el lunes, pero permanecerán cerradas el martes.

Por otro lado, los parques presentarán variantes, debido a que se dispuso que el Jardín Botánico Carlos Thays, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estén cerrados el lunes y abiertos el martes. No así con el Ecoparque, que abrirá ambos días.

Los museos dependientes de la ciudad abrirán de 12:00 a 20:00, mientras que la Torre Monumental abrirá de 10:00 a 18:00 y el Planetario solo estará disponible el lunes. Entre las bibliotecas públicas, permanecerán abiertas Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, de 10:00 a 20:00.

En el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados. La Casa de la Cultura abrirá solo el lunes, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta funcionarán el martes. Tanto la Usina del Arte como el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán abiertos el lunes.

El Gobierno nacional puso en marcha una serie de modificaciones en los recorridos de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, implementada por la Secretaría de Transporte, tiene como finalidad mejorar la eficiencia del servicio público y responde a una revisión de los parámetros operativos de las líneas que prestan servicios en la región.

El proceso de reestructuración involucra, principalmente, a las líneas operadas por la empresa El Puente S.A.T., y se enmarca dentro de una estrategia más amplia destinada a optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos con mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es garantizar un servicio más equilibrado y eficiente para quienes utilizan diariamente el transporte público en el territorio metropolitano.

Las modificaciones alcanzan a los recorridos y frecuencias de varias líneas de colectivos, con la introducción de nuevos segmentos y la eliminación de otros. Los cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios en los tramos de mayor circulación y favorecer la articulación entre colectivos, subtes y trenes en los puntos de mayor conectividad de la red del AMBA.

Cuáles son las líneas que cambian su recorrido y cómo quedan los trayectos

Según el comunicado oficial, las modificaciones afectan a las líneas 32, 75, 128 y 158, con cambios que responden a un análisis de los flujos de pasajeros y la necesidad de fortalecer la conectividad intermodal.

Fusión de líneas 32 y 75

Ambas se integran en una única línea 32, que desde ahora cuenta con tres recorridos principales entre Plaza Miserere (Once) y Remedios de Escalada.

• El ex ramal A de la 75 abandona su cabecera en Retiro y pasa a iniciar en Once, reforzando el tramo entre esta terminal y Lanús, donde se concentra la mayor demanda.
• Se unifican las cabeceras en Remedios de Escalada, centralizando operaciones y regularidad.
• Se incorpora un nuevo Recorrido C, que conecta Remedios de Escalada con la estación Hospitales de la Línea H del subte, “fomentando el transbordo entre distintos modos de transporte”, según especificó el Gobierno nacional.
• El recorrido B de la línea 75 queda suprimido.
• Así queda la nueva oferta:
• Recorrido A: Plaza de Miserere (CABA) – Remedios de Escalada (Lanús), frecuencia cada 6 a 8 minutos.
• Recorrido B (por Rucci): Plaza de Miserere – Remedios de Escalada, frecuencia entre 11 y 16 minutos.
• Recorrido C (por Rucci): Hospitales (CABA) – Remedios de Escalada, frecuencia de 9 a 12 minutos.

Línea 128

Se agrega un recorrido fraccionado (nuevo recorrido B) entre Plaza Italia y Nueva Pompeya, en el sur porteño, para incrementar servicios en el segmento de mayor demanda durante horas pico.

• Recorrido A: Plaza Italia – Valentín Alsina, frecuencia de 6 a 9 minutos.
• Recorrido B: Plaza Italia – Nueva Pompeya, frecuencia cada 5 a 7 minutos.

Ambos recorridos operan como troncal en horas pico, con frecuencia combinada de 3 minutos.

Línea 158

El trayecto se extiende desde Pompeya hasta Parque Patricios, alcanzando la estación Hospitales de la Línea H. El nuevo Recorrido A cubre Hospitales (CABA) – Estación Lanús (Línea Roca), con frecuencia de 4 a 5 minutos.

Estas modificaciones forman parte de un proceso más amplio de revisión de la red metropolitana, con miras a una integración más eficiente entre colectivos y otros modos de transporte público.

Cuál es el precio del boleto de colectivo en marzo 2026

La actualización de recorridos coincide con el incremento tarifario dispuesto para colectivos y otros medios bajo jurisdicción nacional, vigente desde el 1º de marzo. Según detalló Infobae, estos son los valores principales para el mes de marzo:

• Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
• • Viaje mínimo (0 a 3 kilómetros): $681,85 con SUBE registrada.
  • Mismo tramo con SUBE sin registrar: $1.084,14.
  • Tramo de 3 a 6 kilómetros: $757,64 (SUBE registrada) / $1.204,65 (sin registrar).
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $816,02 (SUBE registrada) / $1.297,47 (sin registrar).
  • Tramo de 12 a 27 kilómetros: $874,43 (SUBE registrada) / $1.390,34 (sin registrar).
• Para la Provincia de Buenos Aires:
• • Mínimo (0 a 3 kilómetros): $832,57 (SUBE registrada) / $1.323,79 (sin registrar).
  • Tramo de 3 a 6 kilómetros: $927,48 (SUBE registrada) / $1.474,69 (sin registrar).
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $998,23 (SUBE registrada) / $1.587,19 (sin registrar).
  • Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.070,45 (SUBE registrada) / $1.702,02 (sin registrar).
  • Más de 27 kilómetros: $1.141,46 (SUBE registrada) / $1.814,92 (sin registrar).
• Sobre la tarifa social:
• • Aplica una reducción del 55% para grupos específicos como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y personal de casas particulares.
  • Por ejemplo, el boleto mínimo en CABA con este beneficio es de $306,83.
• Formas de pago admitidas:
• • Tarjeta SUBE (física o digital, según el dispositivo).
  • Tarjetas bancarias y prepagas contactless.
  • Billeteras virtuales o QR en unidades habilitadas.

La Secretaría de Transporte subrayó que todos los cambios buscan “garantizar la calidad y eficiencia del sistema”, en un contexto de actualización de insumos y servicios esenciales para el funcionamiento de la red metropolitana de colectivos.

El transporte público en la región metropolitana enfrenta un nuevo incremento en sus tarifas a partir de marzo, según lo oficializó la Secretaría de Transporte. Este ajuste afecta a los servicios de jurisdicción nacional, abarcando colectivos, trenes, subtes y premetro, y responde a la necesidad de adaptar los valores a los aumentos registrados en los precios de insumos y servicios fundamentales para el funcionamiento del sistema.

En el caso de los colectivos, el aumento se hizo efectivo el 1° de marzo y engloba a las 104 líneas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue confirmada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno argumentó que la actualización tarifaria busca mantener el equilibrio económico-financiero del servicio y garantizar su calidad y eficiencia. La decisión se tomó luego de considerar los planteos de cámaras empresariales del sector y de abrir la convocatoria para la emisión de opiniones ciudadanas, proceso en el que intervinieron distintos organismos del Ministerio de Economía.

Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA en marzo

El valor experimentó un incremento en marzo. Para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada, el viaje mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, asciende a $681,85. En contraste, los usuarios que abonen el trayecto con una SUBE sin nominalizar deberán pagar $1.084,14 por el mismo tramo.

La nueva estructura tarifaria, que entró en vigencia el primer día del mes, contempla un aumento del 4,7% respecto a febrero. Los valores varían según la distancia recorrida: para tramos de 3 a 6 kilómetros, el boleto cuesta $757,64 con SUBE registrada y $1.204,65 si no está nominalizada. Los trayectos entre 6 y 12 kilómetros tienen un precio de $816,02 para usuarios con SUBE registrada y $1.297,47 para quienes no completaron el registro.

En los casos de viajes de 12 a 27 kilómetros, el costo es de $874,43 con SUBE registrada, mientras que la tarifa sin registrar asciende a $1.390,34. Estas cifras corresponden exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forman parte del cuadro tarifario para las 104 líneas bajo control federal.

Qué es la tarifa social de la Tarjeta SUBE

La tarifa social de la Tarjeta SUBE es un beneficio que otorga una reducción del 55% en el valor del pasaje para ciertos grupos de usuarios del transporte público. Este descuento se aplica en colectivos, trenes y subtes dentro del área metropolitana y está destinado a facilitar el acceso al transporte a sectores de la población que reciben asistencia por parte del Estado.

Pueden acceder a la tarifa social quienes son jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, personal de casas particulares y otros grupos con características específicas según los criterios del Gobierno nacional. La reducción se aplica de forma automática al abonar el pasaje. Por ejemplo, en el caso del boleto mínimo de colectivo en CABA, quienes cuentan con el beneficio abonan $306,83 en lugar de los $681,85 correspondientes a la tarifa general.

La medida busca garantizar que los ciudadanos con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad puedan movilizarse dentro del sistema de transporte público. El beneficio se mantiene vigente en marzo y se extiende a los distintos medios de transporte alcanzados por el nuevo esquema tarifario.

Cómo se puede pagar el colectivo en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago del colectivo se realiza principalmente mediante la tarjeta SUBE, un sistema electrónico que permite abonar el pasaje de manera rápida y sin necesidad de efectivo. Los pasajeros deben acercar la tarjeta al lector instalado en la unidad al momento de subir, y el monto correspondiente se descuenta automáticamente según la distancia a recorrer y el tipo de tarifa que posea el usuario.

La SUBE puede estar registrada o no. Registrar la tarjeta ofrece ventajas significativas, como el acceso a la tarifa social para quienes cumplen los requisitos y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo o extravío. Además, el valor del boleto es más bajo para quienes utilizan la SUBE registrada, mientras que quienes no la registran enfrentan un esquema tarifario más elevado.

Si bien el sistema fue diseñado para utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico, existen alternativas limitadas para el pago del pasaje. Para celulares Android con NFC, también puede ser abonado con la versión digital de la tarjeta de transporte. El Contactless es otro método aporbado para las líneas del AMBA: tarjetas bancarias o prepagas; billeteras virtuales o NFC son las opciones. A través de aplicaciones bancarias o de billeteras virtuales se podrá abonar con QR, generando un código que será habilitado por el lector de cada colectivo. En ciertos casos, como el de los trenes, aún se admite el pago en efectivo, aunque con un costo superior.

El precio del boleto de colectivo en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el esquema tarifario para los colectivos también refleja el aumento dispuesto por la Secretaría de Transporte a partir de marzo. Los valores varían según la distancia recorrida y el tipo de usuario, diferenciando entre quienes utilizan la SUBE registrada, quienes acceden a la tarifa social y aquellos que abonan con una SUBE sin registrar.

Para el tramo mínimo, de 0 a 3 kilómetros, el boleto cuesta $832,57 o $1.323,79 con la SUBE sin registrar. El segundo tramo, de 3 a 6 kilómetros, tiene un valor de $927,48 o $1.474,69 para quienes no han registrado la tarjeta.

En distancias comprendidas entre 6 y 12 kilómetros, el precio del pasaje asciende a $998,23 o $1.587,19 en caso de SUBE sin registrar. Para los viajes de 12 a 27 kilómetros, las sumas son de $1.070,45 o $1.702,02, respectivamente. Finalmente, en recorridos superiores a los 27 kilómetros, el boleto cuesta $1.141,46 o $1.814,92 con SUBE sin registrar.

El transporte público de pasajeros ha sido foco de incontables ajustes de precios en los últimos años, pero los aumentos no han sido parejos en todo el país. Por el contrario, se han registrado muchas disparidades que han profundizado la brecha del valor del pasaje entre las diferentes jurisdicciones. Tal es así, que hoy algunos argentinos pagan más del doble que otros por usar el colectivo, aunque en ciudades diferentes.

Tras la suba del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) permite ver con claridad las diferencias de precios. Según el estudio, en febrero de 2016 la ciudad más económica para viajar en colectivo es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dentro de esa región se puede identificar los micros de jurisdicción nacional, lo que dependen de CABA y los que corresponden a la Provincia de Buenos Aires.

Hoy, los más baratos son los micros de Nación, pese a haber sufrido un aumento del 31,58% en el último mes (se pagan $650 de pasaje mínimo). Empatan como los más económicos los colectivos que dependen de CABA, también con un boleto de $650, pero con un incremento reciente del 4,86%. El tercer lugar del podio de los más económicos son los colectivos del Partido de la Costa. Quienes se suben a los micros de esa ciudad abonan un boleto mínimo de 698 pesos.

La cuarta ciudad más económica para viajar en micro es la Provincia de Buenos Aires, donde se pagan actualmente $722 como tarifa mínima. En ese caso, hubo un incremento de precios del 4,92% en el último mes.

El resto de las ciudades que completan el top ten de precios bajos se distribuyen en otros sectores del país. El quinto lugar lo ocupa Villa Mercedes (San Luis), donde se abonan actualmente $790, de acuerdo a la información proporcionada por AAETA.

En los puestos siguientes aparecen General Pico ($800), San Luis ($870), Viedma ($980), La Rioja ($1.000) y Trelew ($1.000). Estas dos últimas ciudades sufrieron aumentos del 66,7% y 9,53% respectivamente respecto al relevamiento anterior. Es importante aclarar que en todos los casos se toma como referencia la tarifa plena. No se tiene en cuenta si existen o no descuentos por viajero frecuente u otros beneficios, como las bonificaciones para trabajadores de algún sector en particular.

Las ciudades más caras

Las realidad del transporte público es muy diferentes en otros puntos del país. De acuerdo a los datos proporcionados por el organismo, ya hay cinco ciudades donde el boleto mínimo supera con comodidad la barrera de los 2.000 pesos.

En la actualidad, el boleto de mayor precio del país se encuentra en Pinamar, donde se paga un mínimo de $2.625 por viaje. No mucho más abajo figura San Martín de Los Andes, que luego de haber registrado un aumento del 8,70% en el último mes, llegó a los $2.500 por pasaje. El podio se completa con Centenario, ciudad que registró un fuerte incremento del boleto de 24,1% en relación al relevamiento anterior. En ese caso, el boleto tiene un valor de 2.478 pesos.

Otra ciudad con pasaje por arriba de los $2.000 es Pergamino. Tras un aumento del 5,36%, el pasaje mínimo llegó a los $2.332. Por su parte, en Bariloche el boleto subió 7,95% en el último mes y alcanzó los 2.046 pesos.

En la lista de las más caras figura también Corrientes, donde el boleto más económico tiene un valor de $1.890. Empatan en el séptimo y octavo lugar las ciudades de Sáenz Peña y Resistencia. En ambas el pasaje más accesible tiene un valor de 1.885 pesos.

Luego aparece una de las ciudades más pobladas del país. Se trata de Córdoba, donde los pasajeros pagan un mínimo de $1.720, de acuerdo a los datos publicados por Aaeta.

Finalmente se debe mencionar el caos de Orán (Salta). En esa ciudad se paga un pasaje mínimo de $1.700, luego de un aumento del 6,25% en el último mes.

Representantes de los colectivos Salud Justa Mx, la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) y la Fundación Cáncer Warriors de México, solicitaron al gobierno de México crear una política nacional integral contra el alcoholismo, en respuesta a los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025).

Los colectivos indicaron que de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Salud Pública, el consumo de alcohol en México provoca cada año cerca de 40 mil muertes y genera al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales.

Nancy López, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de consumo en adolescentes permanece en 33.9%, con una diferencia mínima entre hombres (36.6%) y mujeres (31.1%).

Además, el consumo alguna vez en la vida entre mujeres de la población general aumentó de 67.3% a 75.4%.

“Si bien las prevalencias de consumo de alcohol disminuyeron en 2025 en relación a 2016, siguen siendo millones de personas menores de edad y adultas que actualmente ingieren alcohol, lo que sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo acciones para la prevención y el control de su consumo”, señaló en un comunicado,

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, advirtió que “el consumo de alcohol en México se mantiene como un problema de salud pública importante. Representa alrededor de 40 mil muertes anuales, implica al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales”.

Ochoa agregó que la persistencia de la prevalencia en adolescentes y el incremento en mujeres adultas reflejan un desafío urgente para las autoridades.

Por su parte, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), puntualizó que para reducir de manera efectiva el consumo de alcohol y los daños asociados “se requieren políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia científica, que regulen la disponibilidad, precio y publicidad de las bebidas alcohólicas”.

El representante de RASA subrayó que las experiencias internacionales muestran la efectividad de medidas como el aumento de impuestos, la regulación de la disponibilidad y la restricción de la publicidad, así como el fortalecimiento de servicios de prevención.

“Estas políticas no buscan prohibir, sino proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños, adolescentes y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, insistió Robledo.

Sebastián García Procel, portavoz de Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica al alcohol como carcinógeno Grupo 1, vinculado con al menos siete tipos de cáncer, entre ellos mama, hígado y colon.

“La relación entre el consumo de alcohol y el cáncer es un tema que ocupa cada vez mayor relevancia en la agenda internacional de salud, a partir del crecimiento sostenido de la evidencia científica que demuestra sus impactos en la prevención y el control de la enfermedad”, afirmó García Procel.

García Procel añadió que los datos de la ENCODAT 2025 abren una oportunidad para fortalecer la prevención, en especial ante el impacto del alcohol en el cáncer de mama, donde el riesgo puede incrementarse incluso con consumos considerados moderados.

Destacó que la sociedad civil está dispuesta a colaborar con las autoridades para sumar evidencia científica y construir políticas públicas más sólidas que protejan la salud y prevengan nuevos casos de cáncer.

Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.

Luego de que se descartara la realización de una movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el sindicato ratificó el cese de actividades durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Allí, explicaron que el objetivo será que “no haya nadie en la calle”, como muestra del rechazo a la iniciativa.

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció su participación en la huelga, pero afirmaron que realizarán una manifestación frente al Palacio Legislativo. De forma paralela, el Gobierno comunicó que descontará el día a quienes se sumen al paro. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA, también confirmó su adhesión a la marcha.

Refuerzan el operativo de seguridad en Congreso

Un puñado de manifestantes que aplauden y cantan sobre la vereda en la plaza se mantienen hasta la noche, por lo que de forma preventiva las fuerzas de seguridad refuerzan el operativo. Además del vallado, hay gran presencia policial. Dentro del recinto, se espera que la votación sea durante la madrugada.

La PFA confirmó que detuvo a ocho personas, por ahora

Horas más tarde, cuando la situación ya se calmó, la Policía Federal confirmó cuatro detenciones más. Es decir, un total de ocho personas atrapadas tras los incidentes, además de las ocho de Policía de la Ciudad.

Los manifestantes se desconcentraron y se habilitó el tránsito en la zona del Congreso

Tras las detenciones que realizaron la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, los manifestantes se desconcentraron y abandonaron la Plaza Congreso y las zonas aledañas.

A su vez, el operativo de seguridad habilitó el tránsito y solamente quedaron algunos agentes junto al vallado del Palacio Legislativo.

El Ministerio de Seguridad realizó una denuncia penal por los incidentes en Acceso Oeste

Esta tarde el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal a raíz de los hechos ocurridos en el Acceso Oeste del distrito de Moreno, sobre la Ruta Nacional N° 7.

Según la denuncia, un grupo de manifestantes obstruyó la vía pública mediante la quema masiva de neumáticos y el uso de vehículos de gran porte, lo que dificultó de manera deliberada la libre circulación y generó caos en uno de los principales accesos viales del país. Para las autoridades, estas conductas constituyen delitos graves, tales como entorpecimiento del transporte terrestre, daño agravado y resistencia a la autoridad, entre otras figuras previstas en el Código Penal.

La presentación solicitó la intervención inmediata del juez federal para que se ponga fin al “estado antijurídico” y se lleven a cabo acciones concretas para identificar a los responsables, incluyendo a eventuales organizadores y funcionarios locales que hayan participado en la logística de los hechos denunciados.

El Ministerio pidió también el resguardo de la integridad de las fuerzas federales, así como la preservación del derecho constitucional al libre tránsito y el ejercicio de actividades lícitas por parte de la ciudadanía.

Tras aplicar el protocolo, la PFA detuvo al menos a cuatro personas

Tras las corridas, cuando la Policía Federal salió a las calles y la plaza, generaron cuatro detenciones: dos hombres y dos mujeres, según supo Infobae.

A su vez, la fuerza de seguridad porteña confirmó otras tres detenciones. En este caso, tres hombres mayores de edad que fueron capturados por “daño” y “resistencia a la autoridad” durante la marcha. Se trata de tres argentinos de 34, 36 37 años. En total, son 12 aprehensiones, ocho por la Policía de la Ciudad y cuatro de PFA.

Además, la Policía de la Ciudad desplegó un cerco en el sector sur de la Plaza de los Dos Congresos, mientras la Avenida de Mayo permaneció totalmente tomada por efectivos de Infantería en el tramo comprendido entre 9 de Julio y el Congreso.

Las detenciones preventivas de la Policía de la Ciudad

Previo a que los incidentes refloten y las fuerzas de seguridad apliquen el protocolo, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas, entre ellas dos menores, en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo por estar acusadas de cometer un “robo en modalidad piraña” contra una persona que se hallaba en la Plaza del Congreso durante la protesta por la reforma laboral.

Uno de los arrestados, de 17 años, registraba un pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor con fecha del 26 de agosto de 2025.

Retiraron a los manifestantes hasta la 9 de Julio

En principio, el personal de Gendarmería y de la Policía Federal retiró a los marchantes de Plaza Congreso. Luego, la Policía de la Ciudad y un camión hidrante avanzaron por las calles aledañas para que los manifestantes queden a la altura de la 9 de Julio.

La policía sacó el vallado y salieron a la plaza

Personal de la policía motorizada y de la Policía Federal comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes. Sacaron parte del vallado y salieron hacia Plaza Congreso para detener a los manifestantes y dispersar los disturbios. Lanzaron gases lacrimógenos y se escucharon estruendos por disparos de balas de goma.

Los manifestantes lograron tirar dos vallas

Alrededor de las 18:20, los manifestantes volvieron a lanzar objetos y tiraron dos vallas del operativo de seguridad. En principio, respondió el camión hidrante. Luego, cuando los agentes intentaron acomodar las vallas, también tiraron gases lacrimógenos. Como sucedió más temprano, los marchantes se los devolvían a la policía.

La manifestación se calmó, pero el operativo se mantiene expectante

Tras el uso de agua y gas pimienta por parte de los camiones hidrantes de la Gendarmería y la Policía Federal sobre quienes protestaban, y después de que algunos manifestantes golpearan el vallado que los separaba del Palacio Legislativo y arrojaran botellas hacia la Infantería, la concurrencia en la movilización contra la ley de reforma laboral disminuyó de manera considerable.

Al intentar retirarse, cientos de manifestantes se toparon con calles bloqueadas por la Policía de la Ciudad justo después de los enfrentamientos en avenida Rivadavia y Callao. Oficiales de Infantería porteña se desplegaron en Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay para impedir el acceso desde Rivadavia hacia Bartolomé Mitre, impidiendo el libre tránsito de quienes querían alejarse de la Plaza de los Dos Congresos.

En esos puntos, la fuerza dispuso un camión de Infantería y varias motos. Un agente declaró a Infobae: “Es por razones de orden público”. Ni él ni otros tres oficiales supieron especificar cuál era la vía habilitada para evacuar la zona.

En el sector de Hipólito Yrigoyen, la Plaza de los Dos Congresos se llena principalmente de residentes de la zona, habituales en ese espacio. Mientras tanto, hacia las 18, aún permanecen unos cientos de manifestantes en el lado de Rivadavia, donde se escuchan bombos, redoblantes y trompetas. Aunque ni la CGT ni las organizaciones peronistas participaron en la marcha de este jueves, algunos de los últimos autoconvocados que llegaron entonaron la Marcha popularizada por Hugo Del Carril.

Detrás del vallado, igualmente, se mantiene formada la policía motorizada y una segunda columna con personal de la Policía Federal.

Tras los disturbios, la Policía de la Ciudad bloqueó calles de la zona de Congreso

Inmediatamente tras la utilización de gas pimienta y el accionar de los camiones hidrantes por parte de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, la Policía de la Ciudad procede a bloquear las arterias que permiten evacuar la Plaza Congreso. Los efectivos alegan “razones de orden público” y no ofrecen indicaciones sobre qué vías alternativas se pueden tomar para salir.

Permanecen cerradas Rodríguez Peña y Montevideo, ambas cerca de Bartolomé Mitre, así como también Paraná, Uruguay y Rivadavia. No se puede cambiar de dirección, solamente permiten caminar en línea recta, por lo que se complica la evacuación de quien quiera irse de Congreso.

Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes

Los manifestantes no se dispersaron a pesar de la respuesta del camión hidrante y la formación de Gendarmería, por lo que los agentes respondieron y lanzaron gases lacrimógenos.

Las personas afectadas fueron atendidas por personal médico, mientras que un grupo de personas generó más disturbios: prendieron fuego a basura en la calle.

Primeros incidentes en la marcha en Congreso

Algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas y palos a la Policía, y luego intentaron tirar una de las vallas. Si bien en un primer momento no respondieron las fuerzas, luego actuó un camión hidrante.

La intención de lanzar agua es para que se alejen de las vallas y no se generen conflictos cuerpo a cuerpo. De momento, algunos se refugian en una bandera de Argentina. Mientras que otros cantan “la patria no se vende”.

Tras dispersar a quienes estaban generando disturbios, volvieron a lanzar objetos, por lo que se desplegaron columnas de Infantería, con personal de Gendarmería.

La CGT realizó una conferencia durante el paro nacional de 24 horas

“En la Argentina, en los últimos dos años, 400 trabajadores pierden su trabajo formal. Solidarizarnos con cada una de esas empresas que han perdido sus labores, especialmente con los compañeros de FATE”, dijo Jorge Sola en el inicio de la conferencia de prensa que habló de “300 mil puestos de trabajo” que han pasado a la informalidad o a la desocupación. “Este es nuestro primer gesto de solidarizarnos con aquellos que la están pasando mal”, agregó.

Agradeció a cada sindicato que “han llevado adelante esta medida y este derecho constitucional de los trabajadores de ejercer el derecho a huelga”. En esa línea, afirmó: “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”.

“La CGT ha sido consecuente y responsable de mantener la paz social, ante la negación al diálogo, al reclamo que hemos hecho por la pérdida de trabajo, por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante en el país. Hoy estamos parando por la presentación del proyecto de reforma laboral. Me cuesta llamarlo modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás lo que hemos conseguido”, apuntó Sola en conferencia.

Los manifestantes siguen la sesión por la transmisión oficial de YouTube

Los manifestantes que asistieron a la marcha están siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados a través de la transmisión oficial de YouTube. Mientras tanto, columnas pertenecientes a diferentes organizaciones de izquierda abandonaron la Plaza Congreso poco antes de las 16.

Cómo es el operativo de la Policía de la Ciudad en la marcha

El control del tercer anillo de seguridad en la zona del Congreso de la Nación está bajo responsabilidad de la Policía de la Ciudad, que desplegó 800 efectivos. La Policía de la Ciudad lleva a cabo controles aleatorios para identificar objetos que puedan servir para cometer delitos o agresiones durante la manifestación, según supo Infobae.

Cuatro menores fueron retenidos por la Policía porteña en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Entre ellos, uno tenía un pedido de captura activo.

La diputada Bregman salió de la sesión para hablar ante militantes de agrupaciones de izquierda

La diputada Myriam Bregman, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, se retiró de la sesión en el Congreso para dirigirse a la plaza, donde la esperaban miles de militantes de agrupaciones de izquierda.

El momento de mayor entusiasmo llegó cuando llamó a la militancia a “sostener la lucha en el Senado porque es la izquierda la que realmente está defendiendo los derechos de los trabajadores”. Tras ese mensaje, la multitud la aplaudió y comenzó a corear: “Adónde está que no se ve esa famosa CGT“.

La avenida Rivadavia se llenó de carteles en contra de la reforma laboral

Sobre las fachadas de los edificios de la Avenida Rivadavia aparecen una y otra vez los mismos afiches: “No al banco de horas”, “No a las vacaciones fraccionadas”, “No a los descuentos en la licencia por enfermedad”, “No a las 12 horas de jornada laboral” y, en mayor presencia, “No a la reforma laboral esclavista”.

También se exhiben fotografías de varios de los principales líderes sindicales de Argentina: Hugo Moyano, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello. En todas ellas, sus rostros muestran los ojos tachados, manchas de sangre en la boca y cuernos. Todos los carteles llevan la misma consigna: “Traidor al pueblo trabajador”.

Julia enseña Biología en escuelas públicas de Isidro Casanova y San Justo, en La Matanza, y asistió a la Plaza Congreso acompañada por otras docentes del mismo distrito. “Lo que más me preocupa de esta reforma es el futuro de mis estudiantes. Soy docente hace casi veinte años y sigo en contacto con muchos de mis ex alumnos. Cada vez les cuesta más insertarse al mercado laboral, cada vez tienen menos oportunidades, y no creo en el argumento que dice que esta reforma creará empleo. Creo que flexibiliza al máximo las condiciones de trabajo, que deja a los laburantes cada vez más desamparados, y que eso es malo para el futuro”, detalló.

Graciela, otra docente y amiga de Julia se lamentó por la búsqueda laboral en plataformas que no son trabajos convencionales. “Escuché esto de que ahora es más fácil sumarse a una plataforma, sea de delivery o una aplicación de autos, y conseguir trabajo inmediatamente. ¿Ese es el futuro al que apostamos? Primero, lo obvio: si un montón de gente se vuelca a eso, habrá cada vez más oferta y será cada vez más rentable. Pero sobre todo, lo más importante: no son trabajos de calidad, trabajos que estimulen, que permitan algo más que conseguir, con suerte, la plata para llegar al mes siguiente. Yo no quiero eso ni para mis nietos, ni para mis estudiantes, ni para mi país”, lamentó.

Los comerciantes de la zona abren igual: cómo operan

Los comercios ubicados frente a la Plaza Congreso operan con relativa normalidad. Algunos, como las dos peluquerías cercanas a la avenida Rivadavia, optan por esperar a sus clientes tras una persiana a medio abrir. “Así la gente sabe que estamos atendiendo, se ven las luces encendidas, pero si ocurre algún problema podemos bajar la persiana enseguida”, explica Rubén, quien trabaja como peluquero.

En la misma avenida, Fabiana está al frente de un kiosco. “Si tuviera que cerrar cada vez que algo se puede complicar, directamente no abriría nunca más. Además, en estos días hay mucho movimiento porque la plaza está llena de gente. Es verdad que hay muchos vendedores ambulantes de comida y bebida, pero igual tenemos ventas y todo ayuda, porque el consumo está en un nivel bajísimo”, comenta. En su kiosco, una gaseosa de 600 cc cuesta 2.100 pesos, mientras que en la plaza se vende a 3.000 pesos en las heladeras de telgopor. El choripán se ofrece a 10.000 y los jugos helados, a 1.500.

A su vez, sigue llegando gente para aportar lo suyo. “Mi hijo me ayuda con los gastos todos los meses porque mi jubilación quedó rota. Pero el sueldo de mi hijo y de mi nuera está también cada vez más deteriorado, así que vengo porque creo que esta ley no trae absolutamente nada nuevo para los trabajadores. Pienso en mis nietos, en que van a estar peor que mis hijos, que ya están peor que como estuvimos con mi marido. Vine para no sentir que no hago nada para que esto pare”, dice Lidia, de 72 años, docente jubilada y vecina de Boedo.

Docentes, trabajadores del Garrahan y organizaciones peronistas se ubican en Congreso

Las columnas de sindicatos docentes de diferentes niveles, junto con trabajadores del Hospital Garrahan, se destacaron por la fuerza de sus consignas al ingresar a la plaza, donde manifestaron su rechazo a la aprobación de la reforma laboral. En el sector de Hipólito Yrigoyen se observó una presencia limitada de organizaciones peronistas, representadas por dos banderas de la Unión de Obreros Metalúrgicos—una con la imagen de José Ignacio Rucci y otra con un abrazo entre Perón y Eva—y una columna reducida de Barrios de Pie.

Los sistemas de riego de la plaza funcionaban fuera de su horario habitual, mientras docentes con guardapolvos blancos y adultos mayores identificados con banderas y camisetas de agrupaciones de jubilados, tanto independientes como de izquierda, se sumaban a la marcha que cada miércoles llega a este espacio.

La izquierda domina la escena en la Plaza del Congreso

Las organizaciones de izquierda concentran la presencia en la Plaza del Congreso. Tal como había anunciado, la CGT encabeza el paro general de 24 horas contra la reforma laboral pero no se movilizó a los alrededores del Congreso.

Sí están en esta plaza el Partido Obrero, el Polo Obrero, el MST, y el MTR, entre las columnas principales, y sobre todo del lado de la avenida Rivadavia. Los manifestantes y el Palacio Legislativo están separados por un vallado, y detrás de ese vallado, del lado en el que sesionará la Cámara de Diputados, se concentran la Gendarmería y la Policía Federal.

Alejandra Monteoliva advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán ante hechos de violencia durante las marchas

En el marco de la movilización convocada frente al Congreso durante el paro general, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.

Comenzó a concentrarse frente al Congreso para rechazar la reforma laboral

En el marco del paro general, desde el mediodía comenzó la congregación de manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral. En la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas ya se observan columnas de distintas organizaciones políticas y sindicales.

Entre las agrupaciones presentes se identifican el Partido Obrero, el MST y la CTA, que avanzan con banderas y consignas hacia el centro de la movilización. La concentración se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad y a la espera de una mayor afluencia de manifestantes durante la tarde, en coincidencia con el debate previsto en la Cámara de Diputados.

FECOBA estimó un acatamiento del 12% al paro nacional en comercios porteños

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) informó que los comercios porteños registraron un acatamiento del 12 por ciento al paro nacional. Según la entidad, el principal impacto se concentró en las zonas comerciales cercanas a estaciones de trenes y centros de trasbordo de transporte público, mientras que en el resto de la Ciudad la actividad se desarrolló de manera casi normal, con aperturas demoradas en algunos casos por las dificultades de traslado del personal.

El presidente de la federación, Fabián Castillo, señaló que “los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público”. Además, sostuvo que “la resentida actividad económica no da margen para plegarse al paro y perder un día de ventas”, y remarcó que, tras varios feriados consecutivos, los comercios optaron por abrir para sostener el nivel de facturación..

Jorge Macri cuestionó el paro de transporte y detalló su impacto en la Ciudad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a las consecuencias del paro general de transporte y aseguró que la medida afectó de manera directa a cientos de miles de personas. “800.000 personas sin subte. 20 líneas de colectivo paralizadas. 29.000 personas sin sus turnos médicos. La Ciudad entera sin recolección de basura”, enumeró.

En ese sentido, Macri afirmó: “Este es el verdadero costo del paro”. Y agregó una crítica directa a la metodología de la protesta: “Viejas prácticas que siempre terminan igual: tomando de rehén al que trabaja y quiere salir adelante. Esa lógica ya no va más”.

Funcionamiento de los servicios en la Ciudad

▪️Salud

Funcionan con normalidad las guardias y servicios de internación de los hospitales públicos

Servicio de emergencias SAME, línea 107

Los turnos otorgados para atención y vacunación en hospitales, CeSAcs, CEMAR serán reprogramados.

▪️Educación

Las escuelas están abiertas.

▪️Recolección de basura

Anoche no hubo recolección de residuos y se retomará esta tarde. Por eso se les pidió a los vecinos no sacar la basura hasta las 19 de hoy.

▪️Estacionamiento

El estacionamiento general funciona como un día domingo:

- Avenidas donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21 horas: permitido estacionar.

- Estacionamiento medido: no tiene vigencia.

Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa.

En pasajes, arterias que cuenten con Metrobus, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

▪️Sedes comunales

Están atendiendo en sus diversos trámites.

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PAMI informó que garantiza atención normal en todo el país durante el paro

El PAMI informó que este miércoles todas las agencias de la obra social funcionan con normalidad en sus horarios habituales en todo el país. Según el comunicado oficial, la atención en las oficinas se encuentra garantizada y los afiliados pueden realizar trámites y consultas sin modificaciones en la prestación del servicio.

Además, los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales operan de manera habitual, lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones. Para más información, el organismo recordó que los afiliados pueden ingresar a su sitio web oficial o comunicarse a la línea 138 de PAMI Escucha.

Fuerte operativo de seguridad rodea el Congreso antes del debate por la reforma laboral

Varias horas antes de la sesión convocada por la Cámara de Diputados para tratar la ley de reforma laboral, las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación ya están rodeando el Palacio Legislativo. Sobre la avenida Rivadavia, en apenas una cuadra, hay 16 móviles de la Gendarmería Nacional, incluidos dos camiones cisterna con una capacidad de 30.000 litros cada uno. Del otro lado del Congreso, sobre Hipólito Yrigoyen, se concentra la Infantería de la Policía Federal.

Una valla separa el asfalto de la avenida Entre Ríos de la Plaza de los Dos Congresos. En la plaza, militantes de organizaciones de izquierda despliegan sus banderas: el MST, el Partido Obrero y el Polo Obrero son algunas. Hay camiones que guardan decenas de banderas para cuando sea la hora de la movilización, pasado el mediodía de este jueves de paro general.

Tal como había anticipado, la CGT no está visible en esta plaza, ni siquiera a través de banderas. Mientras se espera una jornada larga y tensa dentro y fuera del Congreso, la plaza es también -y a esta hora- la sede del paseo de los perros vecinos y del running de decenas de personas. Por la avenida Rivadavia circulan algunas líneas de colectivos de la empresa DOTA y, sobre todo, cada vez más autos particulares.

“El acatamiento es importantísimo”

En una jornada clave para el movimiento sindical, Jorge Sola —miembro del Triunvirato de Secretarios Generales de la CGT— defendió la legitimidad y alcance del paro nacional, delineando los motivos de la protesta y respondiendo a críticas sobre la dinámica interna del sindicalismo argentino. Además, el gremialista analizó los desafíos de construir consensos, abordó el impacto de las reformas oficiales y enfatizó la urgencia de situar a los trabajadores en el centro de la agenda.

“El acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida que tomaron todas las actividades que están dentro de la CGT”, afirmó Sola en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el dirigente, la adhesión del gremio del transporte ha sido especialmente decisiva: “La UTA es un miembro de la CGT, que no forma parte del Consejo Directivo, pero sí que está confederado y que es parte de la construcción de esa medida de fuerza”, explicó Sola.

Para el sindicalista, lograr la unidad en la acción es una tarea ardua, considerando la diversidad y los matices al interior del movimiento obrero: “Construir el consenso de muchos trabajadores y trabajadoras en el país no es una tarea sencilla para una medida del tamaño de la responsabilidad y de la característica y la fortaleza de estas”, sostuvo, remarcando la importancia de alcanzar acuerdos ante cada convocatoria.

Motivaciones, diálogo y límites del paro

En la misma entrevista, Sola enfatizó que la acción gremial desborda cualquier disyuntiva partidaria: “La CGT en toda su amplitud está convencida de que tiene que representar los intereses de los trabajadores. Y esos intereses... no tienen una ideología política”.

El referente sindical describió además el deterioro de las condiciones sociales y económicas, con énfasis en la pérdida de empleos formales: “El ejemplo de Fate del día de ayer es solamente la punta del iceberg, de 300 mil puestos formales que se han caído”. En el mismo sentido, Sola enfatizó que, ante la falta de diálogo con el gobierno, “las únicas herramientas que tienen los trabajadores es la solidaridad, es expresarse”.

Consultado sobre el potencial efecto de las acciones sindicales en las decisiones del presidente Javier Milei, Sola fue enfático: “Si va a cambiar o no la política, pareciera que no, porque hace dos años que venimos exigiendo mesas de diálogos serias y sobre temas imprescindibles… y no hemos obtenido respuesta”. “No vamos a dejar de expresarnos para decirles que este proyecto político y económico no tiene al trabajador en el centro de escena”, advirtió.

Las aplicaciones de delivery y la reforma laboral

El paro general tiene impacto en muchos sectores, pero otros cumplen actividad con relativa normalidad. En este último segmento se encuadra el servicio de delivery: Gabriel Buenos, director de Políticas Públicas de Rappi Argentina y Cono Sur, resaltó que los repartidores están en otra situación porque quienes reparten a través de la plataforma lo hacen de manera independiente y no se encuentran en relación de dependencia.

En el marco del debate sobre la reforma laboral, el ejecutivo de la compañía apuntó que los repartidores tienen seguro y obra social durante el tiempo en el que realizan entregas, pero suelen alternar entre Rappi, Pedidos Ya, Mercado Libre, Cabify y Uber, por lo que no existe obligatoriedad ni exclusividad en el uso de una sola plataforma, lo que a su entender descarta cualquier vínculo de dependencia laboral.

Además, citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2024, donde se indica que el 65 % de los repartidores en Argentina se conecta un promedio de tres horas diarias, lo que sugiere que la mayoría mantiene otras ocupaciones o responsabilidades.

El representante de Rappi sostuvo que esta interpretación sobre la independencia de los repartidores también tiene respaldo dentro del Congreso argentino. “Queremos garantizar la independencia de los repartidores”, afirmó. Negó que el modelo argentino esté aislado respecto al resto del mundo y mencionó que, hasta ahora, solo España impuso legalmente una relación de dependencia obligatoria, una decisión que, según él, generó el rechazo entre los propios repartidores y críticas hacia las regulaciones. Finalmente, Buenos subrayó: “Los trabajadores de Rappi no son precarizados, son independientes”.

Incidentes en Puente Pueyrredón

Un grupo de manifestantes se enfrentó con las fuerzas de seguridad cuando intentaba cortar el Puente Pueyrredón. Además, hay tensión en la autopista Panamericana, donde un grupo de trabajadores de FATE y referentes de otros sectores realizan un piquete en el ramal Tigre.

Abrieron los comercios y la circulación de autos es intensa

A las 9, comenzaron a abrir los comercios minoristas. A la par, aumentó la circulación de autos particulares, que es similar a de un día laboral normal.

A pesar del anuncio de la UTA, varias líneas de colectivos continúan prestando servicio.

La falta de recolección y barrido se hace visible en las calles de la Ciudad durante el paro

Durante la jornada del paro general, la falta de recolección de residuos comenzó a notarse en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la medianoche no hubo retiro de basura y tampoco se observó actividad de barrenderos, lo que derivó en contenedores colmados y residuos acumulados en veredas y esquinas.

La situación se repite en barrios céntricos y residenciales, donde las bolsas permanecen alrededor de los contenedores sin ser retiradas. La interrupción del servicio se da en el marco de la adhesión de los trabajadores del sector a la medida de fuerza y se suma a otras afectaciones en el funcionamiento habitual de la ciudad.

Leve aumento de la demanda de combis y más autos particulares en el centro porteño durante el paro

A metros del Obelisco, en la terminal de combis que viajan desde distintos puntos del Conurbano bonaerense, la demanda creció pero poco. “En algunos horarios reforzamos porque hubo hasta 25% más de demanda, pero los que se quedan hoy sin transporte en general se vuelcan al auto particular si lo tienen, o a las aplicaciones. A las empresas les conviene agrupar a varios empleados en un Uber que sacar cuatro pases en una combi”, sostiene Luis, un conductor de una de esas combis que va y viene de Berazategui a diario.

Mientras los carriles del Metrobus permanecen prácticamente vacíos, las otras vías de la Avenida 9 de Julio se pueblan de autos particulares.

“Hoy sólo medialunas y pastelería, no abrimos la cocina porque no nos alcanza el personal que pudo venir. Así que café, tortas que ya teníamos, y medialunas”, advierten en una cafetería de Sarmiento y Cerrito.

Colectivos de DOTA mantienen el servicio pese al paro general: “Este país se hace trabajando”

En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, aseguró: “El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60, que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar, Pasciuto sostuvo que durante la madrugada “no hubo ningún tipo de agresión” y describió: “Una noche tranquila. Hubo muy poco movimiento durante la noche y recién a partir de las seis de la mañana se empezó a notar más gente en la calle”.

Consultado sobre la razón por la que el grupo DOTA decidió no adherir de manera corporativa al paro nacional, Pasciuto explicó: “En realidad todas las empresas ponen los colectivos a disposición. No solo nosotros, sino cualquier otra empresa lo pone. La parte empresaria, por lo general, el colectivo está. Lo que pasa es que el sindicato está dividido y el sindicato de la UTA tiene algunos adherentes que son los que pertenecen a otras empresas y que acataron lo que dijo el sindicato”.

Al analizar el trasfondo de la medida de fuerza, el director de la compañía fue contundente: “Yo, en lo personal, pienso que es un paro que no tiene razón de ser. Yo nunca hice un paro y he trabajado todos los paros. De los 46 en la democracia, yo trabajé los cuarenta y seis paros. No comulgo con ese tipo de actitudes, y menos con este”.

El directivo también se refirió a la interna sindical que atraviesa al sector: “La gran mayoría están en un sindicato interno de la UTA que se llama UCRA, Unión de Colectiveros de la República Argentina. Hicieron una reunión ayer y decidieron salir a trabajar. Yo lo que creo, por el tema de los paros, sobre todo, es que el transporte es un servicio esencial, por lo tanto, estoy de acuerdo que se haga un paro, pero el transporte tiene que andar un cincuenta, un sesenta por ciento en este tipo de medidas, porque hay gente que lo necesita, no hay manera”.

Advirtió sobre la particularidad logística del área metropolitana: “AMBA y Buenos Aires es un lugar muy grande, no es que uno puede tomar una bicicleta e irse a trabajar. Acá vos sabés que hay setenta kilómetros a veces de un trabajo a una casa. Entonces, no me parece que te condicione a que hagas un paro”.

Constitución cerrada, filas para colectivos y reapertura gradual del comercio en la Ciudad

La estación Constitución está completamente cerrada, dado que no circulan ni trenes ni subtes. Alrededor de ese edificio, crecen las filas para esperar colectivos de la empresa DOTA, que sí presta servicio y que no responde a la UTA.

“Hoy me tomo un colectivo que me deja a doce cuadras, cuando habitualmente tengo uno que me deja a tres, pero hoy no pasa. Así que salí con más tiempo para caminar tranquila y no llegar tarde”, dice Sandra, que trabaja para una empresa de limpieza.

Hay más autos particulares que otros días, aunque la diferencia de ese tránsito con un día habitual no es tan grande.

La actividad comercial empieza a ponerse en funcionamiento en la Ciudad. Los negocios que suelen estar abiertos durante las 24 horas -desde farmacias y kioscos hasta algunas pizzerías de la Avenida Corrientes- tienen sus luces y televisores encendidos, y sus puertas abiertas. Los supermercados ya se preparan para recibir proveedores y abrir en su horario habitual.

“La empresa puso autos de aplicación para que vengamos a trabajar como siempre. Hay mucho menos tránsito que un día normal así que hice rapidísimo”, cuenta Mariano, que vive en San Martín y trabaja en un supermercado de Villa Urquiza.

Algunas estaciones de servicio, como la YPF de avenida Jujuy e Independencia, permanecen acordonadas y no cargarán combustible. Otras, como la Shell de Jorge Newbery y avenida Corrientes, funcionan con normalidad. Es que allí la adhesión al paro depende de si la estación pertenece a la red de cada marca o si, por el contrario, tiene un dueño particular.

“Para nosotros es un día muy bueno para trabajar, porque la demanda se dispara, en algunos horarios crece hasta un 1000% respecto de un día normal. Pero también es cierto que es imposible aprovechar toda esa demanda. Yo me organicé con mi familia para trabajar más horas hoy porque sé que voy a hacer diferencia, y estamos re endeudados con las expensas así que espero poder frenar un poco eso con la diferencia de hoy”, dice Víctor, que maneja un Cabify. “Las empresas piden muchos autos para sus laburantes, hay viajes largos, así que hay que aprovechar”, suma.

/sociedad/2026/02/19/que-lineas-de-colectivos-funcionan-durante-el-paro-de-este-jueves/

Servicios alternativos de colectivos funcionan en Liniers con tarifas acordadas entre pasajeros

Durante la mañana, en la zona de Liniers se observó movimiento de colectivos que prestaron servicios alternativos en el marco del paro general. Pasajeros descendían rápidamente de las unidades y relataban haber tomado los micros en localidades del oeste del conurbano, como Ituzaingó, con destino a distintos puntos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, los viajes se abonaron en efectivo y con valores variables. Un pasajero indicó que pagó “cinco mil pesos” desde Ituzaingó, mientras que otro servicio con destino a Merlo se ofrecía por “tres mil pesos”. “La gente llega a laburar, porque si no laburan les descuentan el día”, explicó uno de los entrevistados, y señaló que los colectivos circulaban con alta demanda y regresaban luego con nuevos pasajeros.

La línea 60 permanece mayoritariamente paralizada y sus delegados ratifican la adhesión al paro

En el marco del paro general, la línea 60 registró una adhesión mayoritaria de sus choferes y mantuvo un servicio reducido. Según indicó el delegado Néstor Marcolin, desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz salieron “tres choferes” y desde Barracas “unos cinco”, mientras que el resto del personal se sumó a la medida de fuerza. “Estamos parados, así es. El paro está hecho. Acá la línea del paro es un éxito, la línea sesenta”, afirmó.

Marcolin explicó que la decisión de adherir al paro se tomó en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al considerar que afecta derechos de los trabajadores. “Hay una reforma laboral que va a afectar los derechos de todos los trabajadores. Regresamos a 1890, 1900”, sostuvo, y cuestionó especialmente los cambios vinculados a las vacaciones y a la relación laboral con las empresas. Además, confirmó que los choferes de la línea 60 se movilizan durante la jornada hacia la Plaza del Congreso.

DOTA mantiene en circulación 65 líneas de colectivo durante el paro general

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el grupo DOTA informó que durante la jornada del paro general circularán 65 líneas de colectivo, con el objetivo de garantizar frecuencias en los corredores de mayor demanda. Según precisó la empresa, los servicios funcionan con cronogramas habituales de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

En declaraciones desde una de las cabeceras, el director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. “El que se quiera adherir al paro, que lo haga, y el que no, tiene el colectivo disponible para trabajar. No hay sanción, pero el día no es pago”, explicó en diálogo con Radio Mitre, y agregó que durante la noche no se registraron incidentes y que el mayor movimiento comenzó a notarse a partir de las seis de la mañana.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

Contenedores desbordados en distintos barrios por la falta de recolección durante el paro

Como consecuencia del paro general, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se registraron contenedores de residuos colmados y bolsas acumuladas en la vía pública. La interrupción del servicio de recolección comenzó a notarse desde las primeras horas del día, con desbordes visibles en zonas residenciales.

Vecinos reportaron que los residuos no fueron retirados durante la madrugada y permanecen alrededor de los contenedores, ocupando parte de las veredas. La situación se repite en varios barrios y se da en el marco de la adhesión de los trabajadores del sector a la medida de fuerza convocada por la CGT.

Algunas líneas de colectivo funcionan pese al paro general

En el marco del paro general convocado por la CGT, durante la mañana se registró circulación de algunas líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre ellas, se observaron servicios en las líneas 24, 76, 108 y 135, que prestaron recorridos parciales a lo largo de la jornada.

Según pudo constatarse, distintas empresas del sector enviaron comunicados internos a sus trabajadores en los que informaron que las unidades se encontraban “a disposición de los conductores” y recordaron la obligación de cumplir con los cronogramas habituales. En uno de los mensajes, la firma MOqSA advirtió que, en caso de ausentarse, se aplicarían las medidas correspondientes.

Según el relevamiento de la plataforma Ciudad de Bondis (actualizado a las 11:28 de este miércoles), las siguientes líneas se encuentran prestando servicio y figuran con “Funcionamiento normal”:

• Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.
• Líneas provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.

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Comenzó la movilización en contra de la reforma laboral

Durante la noche del miércoles, un grupo de ciudadanos autoconvocados se reunió en el barrio porteño de San Telmo para manifestarse en contra de la reforma laboral. La columna fue encabezada por los organizadores de la “Olla Popular Parque Lezama”.

Con carteles, banderas argentinas, redoblantes y cacerolas, los manifestantes recorrieron el casco histórico. Asimismo, la movilización fue escoltada por los agentes motorizados de la Policía de la Ciudad, con el fin de evitar incidentes.

Previo a esto, se concentraron en la esquina de Independencia y Defensa para realizar un banderazo. Estuvieron presentes organizaciones sociales como San Telmo se organiza, Asamblea San Telmo, La Casona Cultural, trabajadores de la Biblioteca Popular Rodolfo Walsh, CTA Autónoma (CABA), el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Barrios Históricos Vivos, la CTA-T, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, entre otros.

En paralelo, un grupo de vecinos se concentró en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, para protestar contra la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Aunque también se repitió la imagen de las cacerolas, los manifestantes permanecieron en el sitio.

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En declaraciones desde una de las cabeceras, el director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA.

“El presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60 que muchos chóferes se adhirieron al paro. El resto está trabajando bien”, remarcó durante una entrevista con Infobae al Amanecer, conducido por Nacho Girón.

En diálogo con el equipo, que se completa con Luciana Rubinska y Belén Escobar, Pasciuto sostuvo que durante la madrugada “no hubo ningún tipo de agresión” y describió: “Una noche tranquila. Hubo muy poco movimiento durante la noche y recién a partir de las seis de la mañana se empezó a notar más gente en la calle”.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

El comunicado de otras empresas y qué líneas funcionan hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales hoy operan las líneas: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 159, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 300, 370, 372, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562, 584, 603 y 619.

La UTA difundió un comunicado en el que sostiene: “Ratificamos nuestro compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocamos a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

La adhesión de los principales gremios del transporte generó la detención casi total de los trenes, subtes, colectivos, taxis y servicios marítimos y aéreos. El impacto de la medida se refleja en la suspensión de vuelos comerciales y en el corte de la circulación de mercadería y servicios de navegación.

Ante el debate de la reforma laboral que se llevará a cabo este jueves en la Cámara de Diputados, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) convocó a un paro general en rechazo al proyecto, impulsado por el Gobierno. A la medida se sumaron diferentes gremios, por lo que el funcionamiento de trenes, colectivos, subtes y otros servicios se verá restringido durante 24 horas.

Durante el encuentro cegetista, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de acompañar la huelga con una movilización frente al Congreso de la Nación, tal como ocurrió la semana anterior. Esa propuesta no prosperó. Finalmente, la central obrera optó por realizar una paralización de actividades para expresar su rechazo, con la confirmación de la adhesión total del transporte al paro.

Posteriormente, tras confirmar la decisión de la medida de fuerza, el triunvirato que dirige la central obrera hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.

“Nosotros hablamos con los dirigentes (de la UTA), que han adherido al paro”, aseguró el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro), y puntualizó que “todos los gremios que conforman nuestra CGT, incluso sus confederaciones que también son parte en este caso del transporte, tanto la Confederación Argentina de Transporte, la CATT, como la UGATT, ratificaron el paro”.

Al poco tiempo de conocerse la noticia, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que adherirá a la medida de fuerza, pero realizará una manifestación ante el Palacio Legislativo. Por su parte, el Gobierno nacional adelantó que descontará los días a quienes participen. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, Aceiteros y las dos CTA se sumarán a la marcha.

Mientras tanto, el oficialismo realizó la convocatoria este miércoles por la tarde para tratar la reforma laboral. La sesión comenzará a las 14 de este jueves y los libertarios se aseguraron el quórum para abrir el debate.

En comisión, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Borboroni, confirmó la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas por enfermedades y accidentes, que abrió todavía más el debate con los dirigentes sindicales. Sin embargo, adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tiene como función asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Uno por uno, todos los servicios que se verán afectados

Con respecto al transporte público, estos son los gremios que confirmaron su participación.

Colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical.

Sin embargo, durante las primeras horas del paro se vieron algunas líneas de colectivo prestando funcionamiento, especialmente las agrupadas en la la compañía DOTA.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

Sin embargo, habrá que esperar a lo que ocurre con una vasta cantidad de colectivos que no responden al liderazgo de Fernández. El gremio enfrenta una disputa interna de alta intensidad desde hace años. La gran mayoría de los choferes de colectivos que forman parte de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) recién resolverán este miércoles en distintas asambleas si se adhieren al paro general que dispuso la CGT. En otros conflictos, este sector tomó distancia de lo que resolvía la conducción sindical.

Otro grupo de choferes, aunque más minoritario, está nucleado en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), enfrentada al gremio oficialista. En este caso, lo previsible es que acompañen la huelga general.

Trenes

La adhesión fue comunicada por la Unión Ferroviaria, presidida por Sergio Sasia, y por La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está liderada por Omar Maturano. Ambas organizaciones aseguraron que se suspenderán los servicios de trenes metropolitanos y regionales, lo que afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.

Subtes

En un comunicado difundido durante la noche del martes, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que se adherirán al paro de 00 a 24 horas, en rechazo a la reforma laboral, tal como lo hace su central, CTA-T.

De esta manera, no habrá servicio de Subte o Premetro durante esa franja horaria. “No podemos permitir que avance la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, aseguraron y agregaron: “No se trata de modernización sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Vuelos

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

“Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Además, la Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT dirigida por Juan Carlos Schmid notificó la adhesión de gremios que agrupan a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, extendiendo el paro a la logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que se suspenderán 255 vuelos por la medida de fuerza y, según estimaciones de la firma de bandera, se verán afectados más de 31 mil pasajeros. La compañía implementó alternativas como cambios de horario, reubicaciones y ajustes operativos para reducir las consecuencias de la medida.

Taxis

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano, sumó a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis al cese de actividades. El alcance de la medida garantizará la interrupción total de los servicios de transporte público de pasajeros durante la jornada determinada por la CGT.

Bancos

Las entidades financieras garantizarán la operatividad de los canales digitales, pero suspenderán la atención presencial al público. Esta medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta, que tendrá una duración de 24 horas.

La interrupción de la atención en sucursales afectará todo el horario bancario habitual. Las puertas de los bancos permanecerán cerradas y no se realizarán gestiones presenciales de ningún tipo. Los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. La medida también alcanzará a la gestión de créditos, cajas de seguridad y trámites de documentación.

La banca digital y los canales electrónicos funcionarán con normalidad. Las operaciones a través de homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales estarán habilitadas durante toda la jornada. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y movimientos, así como compras con tarjetas de débito o crédito.

Supermarcados y comercios

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) indicaron que la intención del sector es "trabajar con la mayor normalidad posible"durante la medida de fuerza. La definición apunta a mantener abiertos los establecimientos y preservar la atención al público dentro de las condiciones que permita la jornada.

En la misma línea, desde una cadena de supermercados aseguraron que la prioridad es garantizar la operación. Según explicaron, la empresa mantiene su actividad habitual incluso en contextos de conflicto sindical, por lo que el objetivo operativo se centró en sostener la prestación del servicio y la disponibilidad de productos.

Otras fuentes del sector señalaron a Infobae que el impacto más probable podría aparecer en el nivel de ausentismo del personal, especialmente si la protesta afecta el transporte público de pasajeros. En ese sentido, remarcaron que la posibilidad de que los colectivos reduzcan su funcionamiento condiciona la llegada de trabajadores a los puntos de venta y a los centros logísticos.

Recolección de basura

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño informó que desde la tarde noche del miércoles no hubo recolección de residuos domiciliarios. Por esto mismo, se solicitó a los vecinos evitar sacar la basura hasta la noche hoy, cuando se retomará el servicio.

Además, se dispuso el retiro preventivo de 140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y sus alrededores.

Esta medida busca prevenir incidentes durante la jornada y se complementará con un operativo especial de limpieza intensiva una vez finalizada la movilización, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad.

Administración pública y escuelas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Además, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. El alcance de la medida de fuerza será amplio: el transporte público, los bancos y el funcionamiento de oficinas estatales quedarán interrumpidos y se prevén complicaciones adicionales por la adhesión de gremios estratégicos.

El escenario anticipa una jornada sin precedentes recientes en materia de servicios, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de conflicto era el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embargo, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.

Transporte público: colectivos, trenes y subtes

El paro dispuesto por la CGT contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). De acuerdo a Infobae, el cese de actividades abarca a los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia, que no circularán en todo el país. La conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, ratificó la postura de acompañar todas las medidas que disponga la central obrera.

El transporte ferroviario también paralizará completamente sus operaciones. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión de los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y todos los interurbanos, afectando tanto a pasajeros metropolitanos como a los del interior.

En la red de subtes y premetro, la AGTSyP confirmó un paro total entre las 00 y las 24 horas del jueves. De esta manera, no habrá ningún servicio disponible durante la jornada. Los metrodelegados argumentaron en un comunicado: “No se trata de modernización, sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Aeronáutica y logística

Los gremios aeronáuticos, nucleados en la Asociación de Personal Aeronáutico y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), notificarán la suspensión de vuelos nacionales e internacionales durante las 24 horas de huelga. Esto impactará tanto en el traslado de pasajeros como en la logística de cargas, marítima y fluvial.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), bajo la conducción de Omar Maturano, sumó también a señaladores, conductores de taxis, remiseros y playeros de estaciones de servicio al paro genera

Bancos y sistema financiero

La Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, anunció su adhesión total a la huelga. No habrá atención presencial en ninguna sucursal pública o privada a nivel nacional. Las operaciones presenciales, como cobro de cheques y trámites cambiarios, quedarán suspendidas por completo durante el jueves. El gremio definió la jornada como “cese total de las actividades”.

Las entidades bancarias garantizaron el funcionamiento normal del homebanking, aplicaciones y billeteras virtuales, permitiendo transferencias y pagos de servicios en línea.

No obstante, se advirtió que, debido a la interrupción del transporte de caudales por parte del gremio de camioneros, podría producirse escasez de efectivo en cajeros automáticos si la demanda se incrementa.

Recolección de residuos y limpieza urbana

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño informó que el miércoles no hubo recolección de residuos domiciliarios. Por esto mismo, se solicitó a los vecinos evitar sacar la basura hasta la noche de hoy, cuando se retomará el servicio.

Además, se dispuso el retiro preventivo de 140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y sus alrededores.

Esta medida busca prevenir incidentes durante la jornada y se complementará con un operativo especial de limpieza intensiva una vez finalizada la movilización, de acuerdo a lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad.

Administración pública y educación

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Además, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.

Otros servicios afectados

El sindicato de Camioneros confirmó su participación y movilización hacia el Congreso, extendiendo el paro a la logística de cargas y el transporte de caudales. El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) inició una huelga de 48 horas, afectando la operatoria marítima y fluvial. La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) y los gremios de televisión nucleados en SATSAID también se sumaron al cese de actividades.

El paro general coincidirá con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, en un clima de alta tensión política y sindical. La suspensión de servicios esenciales y la atención bancaria anticipa complicaciones para millones de personas.

El paro general convocado para este jueves 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) detendrá casi por completo el funcionamiento del transporte público en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la medida, garantizando la interrupción del servicio de colectivos en la jornada.

Esta medida coincide con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y contará con la adhesión de los principales sindicatos de los sectores más relevantes para la movilidad y la prestación de servicios básicos.

Durante la jornada, la CGT prevé una paralización de 24 horas que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano y al conjunto de provincias. El paro se llevará a cabo sin movilización y responde al rechazo sindical a las modificaciones propuestas en el régimen de licencias médicas y otros puntos de la reforma laboral.

El sindicato reiteró su postura a favor del diálogo, aunque denunció la falta de respuestas desde el Poder Ejecutivo, según declaraciones de Jorge Sola, cosecretario de la central obrera.

Qué pasará con los subtes hoy

El funcionamiento de los subtes y el Premetro en la Ciudad de Buenos Aires estará completamente interrumpido durante las 24 horas del paro. La decisión fue confirmada por los Metrodelegados, quienes anunciaron que acompañarán la medida en su totalidad.

De acuerdo con un comunicado del sindicato difundido el martes por la noche, “no habrá servicio de subte ni Premetro de 0 a 24 horas”.

La suspensión incluye a todas las líneas y responde a la adhesión de los trabajadores del sector, nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En su declaración, el sindicato argumentó que la reforma laboral representa “un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”.

La decisión de los Metrodelegados se suma al respaldo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que confirmaron su participación en la huelga para garantizar el alcance de la protesta.

¿Hay trenes?

Los servicios ferroviarios metropolitanos y suburbanos tampoco funcionarán durante el 19 de febrero. Los gremios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria ratificaron su adhesión a la huelga y anticiparon la paralización de todas las líneas que operan en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

La medida alcanzará a las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, entre otras, afectando a miles de usuarios que diariamente utilizan el servicio.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, remarcó: “Vamos a parar todos los gremios de transporte y vamos a acompañar la decisión de la CGT”.

La interrupción total del servicio ferroviario, avalada por la CATT, se mantendrá durante toda la jornada y no se prevén servicios mínimos ni guardias técnicas.

¿Hay colectivos este jueves?

El transporte automotor de pasajeros también se verá fuertemente afectado. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que agrupa a los conductores de colectivos urbanos y suburbanos, comunicó su adhesión plena al paro general. No circularán colectivos durante las 24 horas del 19 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el resto del país.

La suspensión generalizada abarca a la mayoría de las líneas urbanas y suburbanas. La única excepción podría darse en el interior del país, donde el acatamiento dependerá de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada previamente por el Ministerio de Capital Humano.

No obstante, la UTA indicó que la medida de fuerza se cumplirá en caso de que el sindicato decida no acatar la conciliación.

La UGATT y la CATT también confirmaron el respaldo a la huelga en el sector automotor, lo que refuerza la previsión de un paro total de colectivos.

Otros servicios que no funcionarán

El paro general del 19 de febrero afectará además una amplia gama de servicios vinculados a la economía, la salud y la administración pública. La Asociación Bancaria anunció la suspensión de la atención al público en entidades financieras públicas y privadas, aunque el servicio de home banking permanecerá disponible.

El sindicato de empleados de comercio adhiere a la medida, lo que podría restringir la apertura de locales comerciales, dependiente del funcionamiento del transporte. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos también se suma al paro, condicionando la asistencia de sus afiliados a la disponibilidad de medios de movilidad.

El gremio de Camioneros interrumpirá actividades en la recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. Los sindicatos estatales, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), convocaron a la paralización de tareas en hospitales públicos y organismos nacionales.

La atención sanitaria se limitará a guardias y urgencias, mientras que los vuelos programados en aeropuertos de la región sufrirán cancelaciones y reprogramaciones debido a la adhesión de pilotos, personal de tierra y gremios aeronáuticos.

El Gobierno nacional advirtió que descontará el sueldo a los empleados públicos que participen de la huelga. Las centrales sindicales mantienen el estado de alerta y evalúan nuevas medidas en función de la evolución del debate legislativo sobre la reforma laboral.

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto con los principales sindicatos del transporte en Argentina provocará la interrupción total de vuelos, trenes, subtes y colectivos el jueves 19 de febrero.

La medida, anunciada como respuesta a la política económica del gobierno, impactará a millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. El alcance de la protesta, que incluye a gremios del sector aéreo, ferroviario y automotor, anticipa una jornada sin servicios de transporte público ni actividad regular en los principales aeropuertos.

La decisión fue ratificada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión Ferroviaria (UF) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La protesta afectará tanto a la capital como a las grandes ciudades del interior, dejando sin transporte a trabajadores, estudiantes y pasajeros con viajes previstos.

Qué pasará con los vuelos hoy

La cancelación de vuelos será total en la jornada del paro. Las aerolíneas de cabotaje y las internacionales no operarán el jueves 19 de febrero debido a la adhesión de los sindicatos aeronáuticos.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron su participación, y exhortaron a los pasajeros a evitar acercarse a los aeropuertos y consultar con las compañías aéreas por reprogramaciones o devoluciones.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery no tendrán actividad regular durante la medida, y que los vuelos afectados superan el centenar entre arribos y partidas.

Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya están ofreciendo modificaciones de fecha y reembolsos sin penalidad. El Ministerio de Transporte no estableció servicios mínimos, por lo que se prevé la suspensión total de la actividad aérea durante las 24 horas del paro. Los gremios advirtieron que la normalización de los vuelos podría demorar varias horas tras el final de la medida de fuerza.

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que está adherida a la CGT, confirmó que también participarán del paro desde las 00 del jueves, durante 24 horas.

Afirmaron que fue “en señal de absoluto rechazo al proyecto de Ley denominado ‘Modernización Laboral’, que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación y que de ser aprobada, flexibilizará y precarizará aún más las condiciones laborales de todos los trabajadores”.

¿Hay trenes este 19 de febrero?

El servicio ferroviario de pasajeros quedará completamente suspendido durante el paro nacional. Las líneas metropolitanas —Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Urquiza y Tren de la Costa— no circularán desde la medianoche del jueves, al igual que los trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con el interior del país.

La Unión Ferroviaria (UF), el sindicato de conductores La Fraternidad y la Asociación de Señaleros Argentinos (ASFA) ratificaron su adhesión, lo que garantiza la inactividad total del sistema ferroviario.

La reanudación de la operación dependerá de la normalización tras el fin de la medida. Las empresas advirtieron que la restitución de los servicios podría extenderse más allá de la finalización formal del paro, especialmente en las primeras horas del viernes.

¿Hay subte?

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó que las seis líneas de subte y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán cerrados durante todo el jueves 19 de febrero.

El sindicato argumentó su adhesión en rechazo a las políticas oficiales y en solidaridad con el resto de los gremios movilizados. No estará disponible ninguna alternativa subterránea de transporte público en la ciudad y que la medida incluye tanto el servicio regular como el Premetro. Las autoridades recomendaron a los usuarios buscar métodos alternativos de movilidad o reprogramar sus actividades.

El retorno a la normalidad dependerá de la coordinación entre el gobierno porteño y las empresas concesionarias, quienes anticipan demoras en la reactivación total de los servicios.

Otros servicios que no funcionarán

El paro general también afectará al servicio de colectivos urbanos e interurbanos en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no circularán colectivos durante las 24 horas del jueves, afectando a millones de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y las principales ciudades del interior.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a la mayoría de los gremios del sector, coordina la huelga y garantiza la paralización total del transporte público.

Además, sindicatos estatales y docentes anticiparon la adhesión a la medida. Esto podría derivar en restricciones en hospitales públicos, escuelas y organismos estatales. Se prevé una jornada de baja actividad en la administración pública y la posibilidad de que se suspendan trámites y turnos médicos. Las autoridades recomendaron reprogramar actividades no esenciales y evitar traslados innecesarios durante el jueves 19 de febrero.

El transporte público de Argentina se prepara para una jornada atípica este jueves, 19 de febrero, cuando se prevé un paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se anuncia en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y tendrá un impacto directo sobre la movilidad en todo el país. Los principales gremios del sector transporte confirmaron su adhesión, lo que dejará sin servicio a trenes, subtes y colectivos durante toda la jornada.

Qué pasará con los trenes este jueves, 19 de febrero

La totalidad de los trenes quedará paralizada este jueves como resultado de la adhesión de los sindicatos ferroviarios al paro nacional. La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia, confirmaron la suspensión de actividades en todas las líneas urbanas, suburbanas y de larga distancia. El alcance de la medida incluye a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, impactando en la rutina de miles de pasajeros.

La paralización responde a la estrategia sindical de rechazar el proyecto de reforma laboral. El paro busca garantizar un “freno total de la actividad” del sector, sin movilización ni actos públicos.

¿Hay subtes?

El paro general también afectará a los subtes y premetro en la Ciudad de Buenos Aires. Los Metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciaron su participación en la huelga, lo que dejará sin servicio todas las líneas de subte y el premetro durante 24 horas. La organización sindical explicó que la medida responde a la defensa de los derechos laborales ante los cambios propuestos en el régimen de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados de la reforma.

De este modo, quienes habitualmente utilizan el subte para desplazarse en el área metropolitana deberán buscar alternativas, ya que no habrá servicio desde la medianoche y durante todo el jueves.

¿Hay colectivos?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a los conductores de colectivos, también confirmó su adhesión al paro general. No habrá servicios de colectivos urbanos, interurbanos ni de larga distancia en todo el país. Esto incluye tanto líneas que operan en el AMBA como en otras ciudades y regiones del país.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las empresas de transporte de pasajeros del interior, el gremio mantuvo la decisión de sumarse a la medida de fuerza convocada por la CGT. El paro de colectivos, trenes y subtes se presenta como uno de los más amplios de los últimos años.

Otros servicios que no funcionarán

El alcance del paro general trasciende el transporte público. Diversos gremios y sectores se sumarán a la huelga, generando una parálisis en servicios clave. La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en bancos nacionales ni extranjeros. Los usuarios podrán operar mediante canales digitales y homebanking, pero las sucursales permanecerán cerradas.

El sector público verá afectada la actividad en organismos estatales y hospitales, debido a la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La prestación de servicios de salud quedará limitada a guardias y emergencias.

El Sindicato de Empleados de Comercio también se plegó a la protesta, aunque la apertura de comercios dependerá en parte de la disponibilidad de transporte para los empleados. Además, Camioneros anunció su participación, lo que implicará la interrupción de la recolección de residuos, el correo postal y el transporte de cargas.

En el sector aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros gremios confirmaron su adhesión, por lo que se esperan cancelaciones y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales. El personal de tierra, técnicos y controladores aéreos también participarán en la huelga.

La UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupan a gremios como taxistas, remiseros, personal marítimo y fluvial, garantizaron que sus afiliados se sumarán al paro.

El gobierno nacional advirtió que descontará la jornada laboral y el adicional por presentismo a quienes adhieran a la medida. Las organizaciones sindicales, por su parte, ratificaron el paro como respuesta al avance del proyecto de reforma laboral y la modificación del régimen de licencias médicas.

La CGT definió que la huelga se realizará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma, por lo que la fecha podría modificarse si el debate se posterga. Hasta el momento, el jueves 19 de febrero es la jornada acordada para la protesta, con una paralización casi total del transporte y de los servicios públicos y privados en todo el país.

La confirmación del paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) afectará el transporte público. La medida, convocada para este jueves 19 de febrero, prevé la interrupción de colectivos, trenes y subtes en todo el país, lo que obligará a millones de pasajeros a reorganizar sus traslados ante la interrupción de los servicios durante la jornada.

Durante el día, la central obrera llevará adelante una paralización de 24 horas que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano y al conjunto de provincias. El paro se realizará sin movilización y responde al rechazo sindical a las modificaciones propuestas en el régimen de licencias médicas y otros cambios impulsados en reforma laboral.

Qué pasará con los colectivos mañana, 19 de febrero

Las consultas sobre la circulación de colectivos aumentaron de manera significativa en las últimas horas tras la confirmación del paro general convocado por la CGT.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que agrupa a los conductores, ratificó su adhesión a la medida de fuerza. En consecuencia, no habrá servicio de colectivos durante toda la jornada. Asimismo, informó mediante un comunicado que acatará el paro general y sostuvo que la medida se realiza “en defensa del trabajo argentino y del derecho de huelga”.

A su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también anunció su participación, aunque cada sindicato definió su modalidad de adhesión.

Desde la UTA explicaron que el gremio se encolumna detrás de las decisiones de la CGT y confirmó su participación en la huelga.

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano había dictado el 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), con vigencia de 15 días. Sin embargo, el paro general convocado por la CGT se mantiene firme, por lo que el servicio de colectivos quedará interrumpido durante el jueves 19 de febrero.

¿Hay trenes mañana?

En el sector ferroviario, la decisión es contundente. Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó que los gremios del transporte acompañarán la decisión de la CGT y se sumarán al paro general. La Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia, también expresó su adhesión.

Ambas organizaciones precisaron que los servicios de trenes metropolitanos y regionales quedarán suspendidos durante la jornada de paro. Esto afectará a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos. Se prevé la interrupción total de la circulación en todas estas líneas.

¿Hay subte mañana?

El panorama para el subte es similar al de los trenes. Los Metrodelegados informaron que, si el jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, realizarán un paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas.

El comunicado difundido por el gremio destaca que se niegan a permitir el avance de la reforma laboral, que consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores. Además, los Metrodelegados remarcaron que no se trata de un proceso de modernización, sino de una quita de derechos. Por esta razón, durante la jornada de paro no habrá servicios de Subte ni Premetro en la Ciudad de Buenos Aires.

Otros servicios que no funcionarán

El impacto del paro general se extiende a distintos sectores del transporte y la logística. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó que forma parte orgánicamente de la CGT y que probablemente participe de la medida. No obstante, aún no se definió si el paro afectará vuelos nacionales e internacionales el jueves ni el alcance final de la adhesión del sector aeronáutico, ya que el gremio seguía debatiendo los detalles en la víspera.

Otros gremios agrupados en la CATT, que incluye a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, también notificaron su adhesión. Esto anticipa interrupciones en la logística de cargas, vuelos, servicios fluviales y marítimos.

La UGATT, liderada por Omar Maturano, sumó a la medida de fuerza a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis, lo que amplía el alcance del paro a prácticamente todo el transporte público y servicios conexos.

El gremio UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina), enfrentado al sindicato oficialista, también prevé acompañar la huelga general, aunque representa a un grupo más minoritario de choferes.

A raíz del anuncio, se registró un fuerte aumento en las consultas online relacionadas con la disponibilidad de transporte público ante el paro general en Argentina.

El Gobierno aumentó las tarifas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con una suba del 31%, y habrá un nuevo ajuste en marzo. No obstante, las tarifas continúan retrasadas, considerando que el costo real de boleto mínimo es el triple que el vigente. Esa brecha, además, resalta la fuerte diferencia entre lo que se paga por el transporte en el AMBA en relación con el resto del país.

Según el índice Bondi elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real del boleto sin subsidio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano debiera ser de $1952,6, mientras que la tarifa técnica (compensación del Estado y boletos vendidos) alcanza los $1405,68 por viaje.

Desde la entidad habían alertado: “En el último año, las tarifas en PBA y CABA registraron incrementos acumulados significativos, incluso por encima del IPC. Sin embargo, aun con estas subas, el valor del boleto urbano continúa siendo bajo en términos reales, reflejando un atraso tarifario persistente frente a la evolución de precios y costos del sistema. En contraste, la tarifa de jurisdicción nacional mostró una variación mucho más acotada, ampliando las asimetrías tarifarias dentro del área metropolitana”.

Otra cuestión que complejiza el panorama es que en la última década, en el AMBA, se perdieron 27% de los pasajeros transportados.

Como comparativa, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en febrero las tarifas de transporte del interior se ubicaron en promedio en $1.459, registrándose subas en numerosas ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, San Salvador de Jujuy y Tandil, entre otras.

En detalle, el boleto más elevado se encuentra en San Carlos de Bariloche, donde el pasaje alcanza los $2.046, encabezando el listado nacional. Le sigue Corrientes con una tarifa de $1.890, apenas por debajo del primer puesto.

En tercer lugar aparece Resistencia, con un boleto de $1.885. La diferencia con el segundo lugar es mínima, lo que refleja un bloque de ciudades del norte y la Patagonia con precios significativamente superiores al promedio.

El cuarto lugar corresponde a Córdoba, donde el pasaje cuesta $1.720, mientras que el quinto puesto es compartido por Santa Fe y Rosario, ambas con un valor de $1.580.

En el extremo opuesto, el boleto más económico corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el pasaje cuesta $650.

Ese mismo valor se replica en el sistema de colectivos del AMBA bajo jurisdicción nacional, que también marca $650. A continuación aparece la Provincia de Buenos Aires, con un boleto de $722.

En tanto, “a partir del mes de febrero y marzo, la tarifa de colectivos de jurisdicción nacional (recorridos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia) registrarán subas por 31,5% y 7,7% respetivamente, totalizando una variación acumulada del 41,5%”, señaló el informe. Vale destacar que en el AMBA ya el gasto promedio de transporte mensual ya asciende a $87.975.

Qué líneas de colectivos aumentaron

A partir de hoy, el boleto mínimo se eleva a $650 con SUBE registrar y $1.033,50 sin nominar. Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La resolución 11/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

La Secretaría de Transporte consideró los planteos realizados por cámaras empresariales quienes manifestaron que “la tarifa vigente en las líneas de jurisdicción nacional ha quedado muy atrasada respecto a las líneas de jurisdicción CABA y PBA, lo que genera situaciones de competencia desleal en algunos tramos de recorridos en donde líneas de estas jurisdicciones compiten, además de generar este desvío en el balance de subsidios (...) el sector no reclama más subsidios, sino más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos…”.

El Gobierno informó a través de Boletín Oficial, cuáles serán los nuevos cuadros tarifarios para los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional, que correrán a partir de este mes y del siguiente.

La medida que rige a partir de la reciente publicación, bajo la resolución 11/2026, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

Tarifas de febrero

Las Líneas Suburbanas Grupo I (SGI), las cuales conectan CABA con el primer o segundo cordón del Gran Buenos Aires, cubriendo distancias de hasta 50 km, tendrán los siguientes valores:

• Tramo de 0 a 3 km: $650,00. Con SUBE sin Nominar: $1.033,50.
• Tramo de 3 a 6 km: $724,09. Con SUBE sin Nominar: $1.151,30.
• Tramo de 6 a 12 km: $779,87. Con SUBE sin Nominar: $1.239,99.
• Tramo de 12 a 27 km: $835,71. Con SUBE sin Nominar: $1.328,78.
• Tramo de más de 27 km: $891,16. Con SUBE sin Nominar: $1.416,94.

Las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense, cobrarán el boleto de la siguiente manera:

• Concepto Terminal: $216,24. Con SUBE sin Nominar: $343,82.
• Base Pasajero/km: $33,03. Con SUBE sin Nominar: $52,52.
• Boleto Mínimo: $855,17. Con SUBE sin Nominar: $1.359,72.

Tarifas de marzo

Líneas Suburbanas Grupo I (SGI):

• Tramo de 0 a 3 km: $700,00. Con SUBE sin Nominar: $1.113,00.
• Tramo de 3 a 6 km: $779,78. Con SUBE sin Nominar: $1.239,85.
• Tramo de 6 a 12 km: $839,86. Con SUBE sin Nominar: $1.335,38.
• Tramo de 12 a 27 km: $899,99. Con SUBE sin Nominar: $1.430,98.
• Tramo de más de 27 km: $959,71. Con SUBE sin Nominar: $1.525,94.

Líneas Suburbanas Grupo II (SGII):

• Concepto Terminal: $232,88. Con SUBE sin Nominar: $370,28.
• Base Pasajero/km: $35,57. Con SUBE sin Nominar: $56,56.
• Boleto Mínimo: $920,96. Con SUBE sin Nominar: $1.464,33.

Entre los factores considerados, la Secretaría de Transporte consideró los planteos realizados por cámaras empresariales del transporte automotor quienes manifestaron que “la tarifa vigente en las líneas de jurisdicción nacional ha quedado muy atrasada respecto a las líneas de jurisdicción CABA y PBA, lo que genera situaciones de competencia desleal en algunos tramos de recorridos en donde líneas de estas jurisdicciones compiten, además de generar este desvío en el balance de subsidios (...) el sector no reclama más subsidios, sino más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos…”.

En este sentido, añaden que “se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo”.

Previo a la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios, la Secretaría de Transporte realizó la convocatoria para la emisión de opiniones ciudadanas, y el Ministerio de Economía trató las cuestiones planteadas en ese marco “mediante la resolución 8 del 6 de febrero de 2026″.

En el proceso participaron la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, la Dirección de Fondos Fiduciarios, la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico, la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Automotor y el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía, según la resolución.

En el cuerpo normativo, el Gobierno recordó que los cuadros tarifarios podrán ser ajustados de acuerdo con el mecanismo definido en la resolución 1017/2022 y sus modificatorias. Asimismo, la norma prevé que los servicios prestados en Unidades Administrativas podrán aplicar las nuevas tarifas mediante sus comisiones de coordinación y autorización de la Secretaría de Transporte.

Luego del anuncio de la CGT con un paro general de 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en Diputados, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y se espera que ese día no haya colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La decisión se conoció este lunes luego de un encuentro virtual que llevó a cabo el Consejo Directivo cegetista y confirmó el cuarto paro general que la central gremial realizará durante el gobierno de Javier Milei. La decisión se llevó a cabo de forma urgente, pensando en la intención del Poder Ejecutivo de discutir el proyecto el próximo jueves.

En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.

En ese marco, tras el anuncio que realizó la CGT, se conoció que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente decidió unirse a la medida. Las dudas estaban puestas, ya que el pasado 10 de abril, en la última medida general de la CGT, hubo colectivos circulando con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.

Según informó Infobae, el titular de la UTA, Roberto Fernández, recibió un llamado durante el fin de semana para sondear la eventual adhesión de su gremio a la medida. Tras lograr el apoyo clave, desde los tranviarios sostuvieron: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida“.

El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

Uno por uno, los gremios de transporte que se sumarán a la medida

A la medida se adhiere la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), encabezada por Omar Maturano como secretario general, con la confirmación de los siguientes gremios:

• Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
• Personal Superior Ferroviario (UPSF)
• Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
• Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
• Señaleros (ASFA)
• Federación Argentina de Remises (FAREM)
• Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
• Gremios de la aviación
• Sindicato de Cementerios (SOECRA)
• Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)
• Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
• Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

El Consejo Directivo de la UGATT difundió un comunicado en el que garantizó el paro total de los medios de transporte de pasajeros el día que se debata la reforma laboral en Diputados y respaldó la decisión de la CGT. En el texto institucional, firmado por Maturano, se remarcó: “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”.

Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que impulsan la adhesión al paro son:

• Sindicato de Dragado y Balizamiento
• Camioneros
• Aeronavegantes
• Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
• AOITA
• Capitanes de Ultramar
• APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
• AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
• SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
• SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
• SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
• Guincheros
• SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
• SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
• Sindicato Vialidad
• ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

El malestar sindical se profundizó luego de la aprobación en el Senado del artículo 44 de la reforma laboral, que limita el derecho a percibir el salario completo durante una licencia por enfermedad o accidente no relacionado con la actividad laboral. Según el texto, los trabajadores afectados recibirán un 50% del salario, con la opción de alcanzar un 75% si la situación no se debe a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, no había sido parte del debate original y generó fuertes críticas internas y externas a la CGT.

Un dirigente de la central obrera, citado por Infobae, expresó que este artículo “vulnera los derechos individuales de los trabajadores y nunca estuvo entre los cambios que se discutieron”, marcando el descontento incluso entre sectores dialoguistas del sindicalismo.

Desde el Gobierno admiten que existe desacuerdo en torno al artículo 44 y analizan modificarlo mediante el decreto reglamentario para evitar trabas en la sanción definitiva de la ley. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores oficialistas, justificó la inclusión del artículo señalando a TN que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aunque dejó abierta la posibilidad de exceptuar a quienes atraviesen enfermedades graves.

La CGT advirtió en un documento interno que considera a la reforma laboral “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y destacó el incumplimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige un tratamiento tripartito para una reforma de estas características. La central anticipó la posibilidad de recurrir a la justicia si la norma es promulgada.

El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya había anunciado un paro con movilización al Congreso el día del debate parlamentario.

La Confederación General de Trabajo (CGT) convocó para este miércoles 11 de febrero una movilización en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La protesta coincide con la jornada en la que el proyecto de ley oficialista llega a la Cámara alta para obtener su media sanción.

Desde la CGT prometen una movilización “contundente y multitudinaria”, con el fin de reflejar la magnitud de la oposición sindical al proyecto. El acto principal tendrá lugar desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentrarán los manifestantes.

Con la protesta, habrá varios servicios que se resentirán en el marco de la medida de fuerza, que contará con ceses de tareas en algunas actividades.

El paro en el transporte

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), organización que agrupa a los gremios del sector, informó sobre un paro de actividades para este miércoles 11 de febrero. Ahora bien, cada rama adoptará diferentes modalidades.

Subte

Como parte del nucleamiento gremial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro detalló que el cese de actividades en el subte comenzará a las 21 y se extenderá hasta el cierre de la jornada, horario que varía entre las 23 y las 23.30 según la línea.

Frente a este anuncio, se generó incertidumbre entre los usuarios sobre el funcionamiento del servicio. La decisión afecta únicamente el tramo nocturno, por lo que hasta ese horario el servicio de subte se mantendrá operativo y con relativa normalidad.

La situación de los colectivos

La Unión de Transporte Argentina (UTA), sindicato que nuclea a los choferes de colectivos, comunicó su adhesión a la marcha organizada por la CGT. Los trabajadores del sector se movilizarán hacia la Plaza de los Dos Congresos durante la jornada.

A diferencia de otras organizaciones, este gremio no llevará adelante un paro, lo que implica que los colectivos circularán con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el día.

Ahora bien, cabe señalar que choferes de distintas empresas permanecen con retención de tareas por tiempo indeterminado por incumplimiento en el pago de salarios.

Según informó el portal especializado Paro de bondis, la línea 148 y los servicios de la empresa MOGSM realizan abstención de tareas por sueldos adeudados hasta nuevo aviso. Los servicios que están de paro y circulan por el conurbano corresponden a las líneas 333, 407, 437, 502 y 707.

Trenes y servicios ferroviarios

El gremio ferroviario de La Fraternidad manifestó su rechazo a la reforma laboral pero no confirmó su adhesión al paro ni a la movilización de la CGT. Tampoco se pliega la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por tanto, los trenes en el AMBA funcionarán con normalidad este miércoles.

Existen, no obstante, afectaciones previas por obras.

El ramal Tigre del Tren Mitre permanece interrumpido hasta el 28 de febrero por renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre presentan recorridos limitados y no llegan a la estación Retiro. También se encuentra interrumpido el servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca, mientras que el ramal Dr. Saénz-M.C.G. Belgrano del tren Belgrano Sur solo circula entre Tapiales y M.C.G. Belgrano.

Aeropuertos con posibles complicaciones

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que habrá medidas de fuerza entre las 15 y las 18 en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Durante ese periodo, la operatoria aérea se verá afectada como parte de la convocatoria de la CATT.

Hospitales y escuelas, en jornada atípica

Este miércoles, varios servicios y actividades del sector público tampoco operarán con normalidad debido a la decisión de diversos sindicatos de realizar paros y movilizaciones hacia el Congreso Nacional.

En el sector público, el sindicato ATE convocó a todos los empleados estatales a sumarse al paro, aunque la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) solo se movilizará al Congreso. Por lo tanto, es posible que algunas dependencias del Estado tengan dificultades en la atención.

También se pliegan las organizaciones gremiales docentes nucleadas en CTERA en todo el país. Si bien aún no se inició en gran parte del país, el funcionamiento de las instituciones escolares para la preparación del ciclo lectivo probablemente quede resentido.

Por el paro de ATE y de algunos sindicatos como Ciccop o Fesprosa, en los hospitales públicos habrá menos trabajadores prestando tareas en las instituciones sanitarias.

Entre los gremios que impulsan estas medidas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, junto con otros sectores.

Los metalúrgicos, bajo el liderazgo de Abel Furlán, confirmaron un paro de 24 horas que comenzará con abandono de tareas a las 10, permitiendo la participación de los trabajadores en la manifestación central.

Además, las organizaciones sindicales alineadas con la izquierda, como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), también anunciaron paros para este miércoles, lo que generará interrupciones en sectores industriales, servicios estatales y actividades educativas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza que podría suspender el servicio de colectivos en el interior de Argentina el 11 de febrero de 2026. El sindicato dio un ultimátum a las empresas de transporte de las provincias, reclamando el pago de salarios con aumentos homologados en paritarias, similares a los que ya rigen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta advertencia se inscribe en el contexto de negociaciones fallidas y una disputa sobre la actualización de haberes para los choferes de corta y media distancia fuera del AMBA.

El comunicado difundido por la UTA, firmado por el secretario general Roberto Fernández, sostuvo que la organización sindical decidió avanzar con una medida de fuerza si el 10 de febrero los empresarios no cumplen con los aumentos salariales acordados en paritarias. El gremio expresó que los empresarios del sector en las provincias argumentan que los recursos resultan insuficientes, pese a que los boletos en el interior poseen valores superiores a los del AMBA. La UTA planteó: “Queremos saber que no es cierto que no les alcanza”, en un mensaje dirigido a quienes administran las empresas de transporte del interior.

La amenaza de paro impacta sobre las líneas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, excluyendo a la zona del AMBA. El gremio señaló que desde diciembre mantiene reuniones con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y que, tras varias audiencias en la Secretaría de Trabajo, no consiguió un principio de acuerdo. La UTA remarcó que como entidad sindical considera su deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior, e insistió en la necesidad de replicar el esquema salarial que ya se aplica en la zona metropolitana.

El acuerdo salarial que el sindicato exige implementar en las provincias es el que se firmó recientemente para los colectiveros del AMBA, con vigencia de enero a marzo de 2026 y proyección a abril. Según fuentes gremiales, el esquema incluye incrementos escalonados y sumas no remunerativas. Para enero de 2026, el salario básico se ubica en $1.389.180, con un aumento del 1,4% y una suma extraordinaria no remunerativa de $100.000. En febrero, el básico sube a $1.407.239,34, con un incremento del 1,3%, otra suma no remunerativa de $100.000 y viáticos de $16.000 por jornada. El monto base para marzo asciende a $1.425.533,45, con un incremento del 1,3%, una suma no remunerativa de $120.000 y viáticos de $17.000 por jornada. La proyección para abril establece un salario básico de $1.545.278,25, con viáticos y adicionales por antigüedad, y la remuneración total para un chofer inicial supera los $2.000.000 al sumar todos los rubros fijos y viáticos.

El conflicto gremial en el interior mantiene en vilo la regularidad del servicio de colectivos y genera incertidumbre entre los usuarios, quienes pueden verse afectados si la medida de fuerza se concreta. El comunicado gremial enfatizó que, en todo momento, la UTA procuró la paz social y la tranquilidad de todos los sectores, y que la responsabilidad del conflicto recae sobre los empresarios que no cumplen con los acuerdos salariales. El texto distribuido por el sindicato advirtió: “En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior”.

La disputa salarial se desarrolló en paralelo al anuncio de un aumento del 41% en las tarifas de colectivos nacionales del AMBA, dispuesto por la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía. La resolución oficial, que se publicó en el Boletín Oficial, estableció que el incremento se realizará en dos tramos: el primero el 17 de febrero, con un aumento del 31% que llevará el boleto mínimo a $650, y el segundo el 16 de marzo, con un incremento adicional del 10% que fijará el boleto mínimo en $700. Según la Secretaría de Transporte, “la medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”. Este ajuste tarifario solo afecta a las líneas de colectivos nacionales del AMBA, es decir, aquellas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

En las provincias, la situación es diferente: los empresarios del transporte sostienen que los recursos que reciben resultan insuficientes para hacer frente a los aumentos salariales exigidos por la UTA. El gremio, por su parte, remarcó que los boletos en el interior tienen valores superiores a los del AMBA. El comunicado del sindicato, difundido por redes sociales, expresó que “resulta sorprendente reiterar que en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”.

Mientras tanto, en el AMBA, la amenaza de paro que existió para finales de enero se desactivó después de que los trabajadores y las empresas alcanzaron un acuerdo salarial por aumentos del 4%, distribuidos en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Los trabajadores del interior reclaman ahora que esos mismos incrementos y condiciones se apliquen en sus provincias, para equiparar sus ingresos a los de los conductores metropolitanos.

La definición de la medida de fuerza depende de lo que ocurra el 10 de febrero. La UTA informó que si los empresarios abonan los salarios con los aumentos homologados, el paro no se llevará a cabo. Caso contrario, el 11 de febrero el servicio de colectivos en el interior quedará interrumpido, afectando a miles de usuarios en distintas provincias.

¿Habrá paro de colectivos en el AMBA este miércoles 11 de febrero?

La convocatoria de paro anunciada por la UTA se circunscribe exclusivamente al interior del país y no incluye a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gremio aclaró que el conflicto salarial y la advertencia de suspensión de servicios afectan solo a los servicios de corta y media distancia en las provincias, dejando fuera del alcance de la medida a los usuarios del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En el AMBA, los representantes sindicales y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo salarial a finales de enero, lo que permitió desactivar una medida de fuerza que se encontraba en análisis. Ese acuerdo contempla incrementos escalonados para los choferes y sumas no remunerativas, replicando el esquema que ahora la UTA exige que se implemente en el resto del país. Por esta razón, las líneas nacionales y municipales bajo jurisdicción metropolitana funcionarán con normalidad el 11 de febrero, salvo que surjan nuevos conflictos ajenos a la negociación actual.

La situación en el AMBA difiere de la que enfrentan las provincias, tanto por los acuerdos alcanzados como por el esquema tarifario vigente. Mientras la Secretaría de Transporte dispuso una actualización en el precio del boleto para las líneas nacionales del AMBA, la discusión salarial en la región metropolitana se resolvió sin necesidad de avanzar en medidas de fuerza. De esta forma, los pasajeros del AMBA no se verán afectados por el paro anunciado para el interior y podrán contar con los servicios habituales de colectivos el miércoles 11 de febrero.

El Gobierno presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, con la posibilidad de implementar nuevos valores en dos etapas, en febrero y marzo próximos.

La iniciativa abrió una instancia de Participación Ciudadana, que permite a la sociedad intervenir en el proceso de definición de tarifas mediante un mecanismo gratuito y abierto durante tres días hábiles. Para acceder, se deberá ingresar a la web “consulta pública”, pestaña “transporte público febrero”.

Según los cuadros tarifarios presentados, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero y subiría a $700 desde el 16 de marzo, siempre sujeto a los resultados de la consulta pública.

Esta medida impacta en 104 líneas de colectivo que operan bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas que transitan más de una jurisdicción.

Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

“La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, señaló la Secretaría de Transporte.

Continúan vigentes los descuentos correspondientes a la Tarifa Social, que contemplan una reducción del 55 por ciento en el valor del boleto para sectores como jubilados, pensionados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

Además, se mantiene el sistema Red SUBE, que permite acceder a rebajas en la tarifa al realizar combinaciones de transporte público dentro del Área Metropolitana.

Vale mencionar que en enero, las diferencias en las tarifas del transporte urbano a lo largo del país volvieron a ser marcadas. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), pocas ciudades mantienen el precio mínimo del pasaje de colectivo por debajo de los $1.000.

En la mayoría de los centros urbanos, el valor ya supera ese monto y en varias localidades el costo por viaje ronda o sobrepasa los $2.000.

El relevamiento, que abarca 64 jurisdicciones, identifica a Pinamar como la ciudad con la tarifa más elevada del país, con un mínimo de $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214).

Por el contrario, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA Nación) presenta la tarifa más baja, con $494, aunque ese esquema no corresponde estrictamente a una ciudad. Si se consideran solo los casos urbanos, el número de ciudades con pasajes bajo los $1.000 se limita a siete.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620, con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.
• La Rioja: $600, sin cambios en la tarifa.
• Partido de la Costa: $698, sin aumento.
• Villa Mercedes: $790, sin aumento.
• General Pico: $800, sin aumento.
• San Luis: $870, sin aumento.
• Viedma: $980, sin aumento.

Es importante señalar que los motivos de estas diferencias suelen estar relacionados a volumen de pasajeros, nivel de subsidios y eficiencia operativa, entre otros.

En tanto, según destacó un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), mientras el boleto de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires se ajustó en enero por la fórmula IPC + 2% —lo que implicó un alza del 4,5% en enero—, las líneas interjurisdiccionales bajo jurisdicción nacional mantuvieron sin cambios su tarifa, luego del incremento del 9,7% aplicado en noviembre de 2025. Como resultado, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos registró el mes pasado una suba del 2,7 por ciento.

El instituto también indicó que desde diciembre de 2023 el presupuesto mensual que se debió destinar a transporte en el AMBA aumentó 965%, llegando en la actualidad a $85.438.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso la retención de subsidios económicos a empresas de colectivos urbanas en las que se detectaron irregularidades, como parte de una serie de controles sobre el mecanismo de compensaciones estatales al sector. Esta decisión, confirmada tras una reunión con las principales cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), surge luego de una denuncia que involucra maniobras en la liquidación de subsidios y que derivó en la apertura de una auditoría integral sobre el sistema.

Las denuncias apuntan especialmente al grupo La Nueva Metropol, acusado por otras empresas de modificar la asignación de boletos para aumentar el monto de subsidios percibidos. La maniobra habría consistido en la entrega de boletos de recorridos largos a pasajeros que realizaban trayectos cortos, lo que incrementa el monto de compensaciones liquidadas por el Estado. La situación generó fuertes tensiones entre los principales actores del sector y motivó la intervención estatal.

En respuesta, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para realizar de inmediato una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, extendiendo el control a todas las empresas del sistema y no solo a la denunciada.

La auditoría contará con el apoyo de informes técnicos de Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de fiscalizaciones prácticas y presenciales en las unidades de colectivo. El objetivo de este procedimiento es implementar correcciones que eviten futuras irregularidades y asegurar que la distribución de recursos públicos se realice bajo estrictos criterios de transparencia y exactitud.

El origen de esta medida puede vincularse a la reciente modificación del sistema de subsidios, impulsada por la resolución 45/2024. La normativa desplazó el foco de la asignación de compensaciones, dejando de priorizar la oferta (kilómetros recorridos y consumo de combustible) y pasando a calcular los montos según la demanda efectiva de pasajeros, con datos provistos por el sistema SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK). Esta transición dejó al descubierto desplazamientos inusuales en la validación de boletos que, según los denunciantes, permitirían a ciertas empresas duplicar el importe a liquidar.

Las cámaras empresarias del sector sostienen que la maniobra denunciada habría generado un desvío estimado en 30.000 millones de pesos, y algunas anticipan la presentación de una causa penal ante la Justicia. En tanto, desde el grupo señalado rechazan las acusaciones y atribuyen los cambios a la adaptación a la nueva regulación, que busca corregir la llamada “evasión gris” en el sistema de boletos.

La Secretaría de Transporte indicó que las medidas se aplicarán de inmediato y tendrán carácter transitorio, mientras se verifica técnicamente lo ocurrido. El objetivo, subrayaron el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, es garantizar que la distribución de subsidios se ajuste a la normativa vigente y mantener la transparencia en el uso de recursos públicos.

La paritaria que negocian los colectiveros con el Gobierno

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público retomarán el viernes desde las 11 la negociación salarial en la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de evitar un paro que dejaría sin colectivos a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sector sindical enfatizó que los choferes “atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas” y que esa realidad “no admite más dilaciones”, según un comunicado de la UTA tras la última reunión fallida. Este llamado se produce cuando la instancia de diálogo es considerada, tanto por gremialistas como por empresarios, como la última oportunidad para destrabar el conflicto y mantener la paz social.

El reclamo apunta a elevar el salario básico, actualmente en $1.370.000, a más de $1.550.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida recientemente. Aunque las empresas admiten la presión salarial, insisten en que no pueden convalidar el aumento sin una actualización de subsidios o ajuste de tarifas, lo que representa el principal escollo para avanzar en la paritaria.

Las negociaciones, iniciadas formalmente a mediados de enero, han atravesado múltiples propuestas, cuartos intermedios y encuentros sin acuerdo definitivo. Hasta el momento, la UTA mantuvo una postura que describe como “conciliadora”, privilegiando la continuidad del servicio.

La jornada del viernes será decisiva: de no alcanzarse un entendimiento, el sindicato advirtió que comunicará acciones gremiales en forma inmediata. El desenlace de la audiencia determinará tanto el futuro del salario de los trabajadores como la continuidad regular del transporte en los próximos días.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrán una audiencia por la mañana de este viernes para intentar destrabar el conflicto salarial. El resultado de la audiencia será clave para determinar si se implementa una medida de fuerza, lo que podría derivar en el primer paro del año y generar complicaciones para miles de usuarios en los primeros días de febrero.

Si bien la advertencia de un eventual paro sobrevoló a la audiencia del martes pasado, donde no hubo acuerdo respecto a la paritaria para los choferes, sí existió una promesa de mejora en base a una reunión con autoridades del Gobierno. Frente a ello, la UTA fijó el encuentro de hoy como la última instancia para llegar a un acuerdo.

“Esta organización sindical manifiesta, al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, destacaron en el comunicado con firma del secretario general, Roberto Fernández.

El sindicado pretende que las empresas presenten una propuesta superadora al 1% de aumento para los choferes de colectivos luego de reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía, pese a que en circunstancias anteriores manifestaron que se encuentran ante una situación de “estrangulamiento financiero”.

Durante la última audiencia, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA aseguraron que tuvieron reuniones con las nuevas autoridades de la cartera de Transporte a fin de dar una respuesta al requerimiento de la entidad sindical. Además, sumaron que tendrían una reunión el jueves 29 de enero, por lo que solicitaron un cuarto intermedio. Es que el conflicto se da en medio de cambios en la Secretaría. La semana pasada, se oficializó la salida de Luis Pierrini, por motivos personales, y en su lugar se designó al arquitecto, Fernando Herrmann.

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA tras la audiencia del 13 de enero pasado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la reunión tuvo que prorrogarse al 20 de enero y, frente al fracaso del diálogo, al 27 de este mes, que concluyó de la misma manera.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que, por su lado, aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

La encrucijada

“Supimos que el 40% de las empresas se encuentra cerca de la quiebra luego del fin de los subsidios nacionales y con la dependencia total de las provincias para cubrir el costo del boleto”, señalaron desde la UTA.

El área económica enfrenta una encrucijada, aunque cuenta con el recurso de la conciliación obligatoria. Los empresarios, para otorgar un aumento superior al 1% a los choferes, requieren un incremento en los subsidios por parte del gobierno nacional, lo que contradice la política exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra opción sería autorizar una suba en el precio del boleto, medida que, en principio, el oficialismo no está dispuesto a implementar, ya que repercutiría en la inflación que busca estabilizar en enero, después del 2,8% que se registró en diciembre.

“Todos conocen que el boleto aumenta mes a mes, pero a los trabajadores les quieren ofrecer solo un 1% de incremento salarial. Los empresarios no logran acordar con el gobierno, y los trabajadores debemos cumplir nuestras tareas con un salario que no cubre lo básico para alimentarnos, sostener un hogar o comprar un regalo de reyes para los hijos”, expresaron en la UTA a comienzos de enero.

Hasta ahora, durante la gestión de Javier Milei, este conflicto no tuvo resolución. Algunas empresas ya redujeron la cantidad de líneas activas, como ocurrió con El Nuevo Halcón 148. Actualmente, circulan cerca de 40 colectivos, cuando, según la UTA, deberían ser cinco veces más.

La situación se agravó hacia fines de 2025, cuando las compañías de colectivos del AMBA informaron al Gobierno que los salarios de noviembre se pagarían en dos cuotas, y los aguinaldos en seis partes. Frente a esto, el sindicato advirtió a la administración nacional que recaerá sobre ella la responsabilidad si los trabajadores deciden iniciar un paro que afecte el servicio de colectivos.

Tras el fracaso de la reunión de este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros acordaron para este viernes una nueva instancia de diálogo con el fin de intentar destrabar las negociaciones paritarias que mantienen abiertas desde comienzos de año. El objetivo principal de este encuentro, que comenzará a las 11 de la mañana, es buscar un acuerdo salarial que evite la profundización del conflicto y un eventual paro que afectaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país.

El llamado a la reunión fue confirmado por los representantes gremiales tras una serie de encuentros previos que no arrojaron un acuerdo, en los cuales el sindicato rechazó las propuestas empresariales por considerarlas insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los choferes.

En un nuevo comunicado, el gremio sostuvo que continuará con la discusión hasta agotar todas las instancias de diálogo e instó a las cámaras empresarias a presentar una oferta salarial que, a su criterio, esté “a la altura de la situación económica actual”. El texto añade que, de no existir una propuesta superadora, el sindicato definirá las medidas de acción gremial correspondientes para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores. Este anuncio incluye, entre otras acciones, la posibilidad de un paro de actividades.

El conflicto, que se ha prolongado durante varias semanas, tiene en su centro la recomposición de los salarios de los choferes en un contexto de inflación elevada y aumento del costo de vida. En audiencias anteriores, las cámaras empresarias realizaron una oferta que la UTA calificó como “insuficiente” y rechazó formalmente.

Las partes vienen manteniendo un intercambio continuo. El último encuentro, realizado hace pocos días en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin acercamientos significativos. Las fuentes sindicales remarcaron que la oferta empresarial —cercana a un 1% de aumento— no cubre la pérdida acumulada frente a la inflación y resulta incompatible con el sostenimiento de un salario acorde a las necesidades básicas.

Desde el lado de las cámaras empresarias, se argumenta que el sector atraviesa una situación “económica, financiera y operativa crítica” que limita su capacidad de ofrecer recomposiciones salariales sustanciales sin asistencia pública o cambios en la estructura de costos. En reuniones anteriores, los representantes empresariales subrayaron que la falta de un marco financiero estable y la reducción de subsidios complican la ejecución de acuerdos que satisfagan las demandas del gremio.

En este contexto, la reunión del viernes será considerada por ambas partes como una instancia estratégica para definir si continúan las negociaciones o si se activa un plan de lucha gremial. Según el comunicado de la UTA, el sindicato evaluará el resultado de la reunión en función de si existe una propuesta que pueda ser trasladada a las bases. No se detalló la modalidad específica de las posibles medidas de acción gremial que se podrían anunciar, pero sí se precisó que estas se definirán luego del encuentro.

La negociación paritaria en el sector del transporte de pasajeros ha sido un punto de atención en las últimas semanas debido a su potencial impacto en la movilidad cotidiana de millones de usuarios. En las audiencias anteriores, la tensión entre las necesidades del personal y la situación financiera de las empresas fue un tema recurrente, sin que se lograran consensos definitivos.

Antecedentes del conflicto

El conflicto paritario entre la UTA y las cámaras empresarias de transporte no es nuevo en el calendario de negociaciones del sector, pero tomó mayor relevancia en los últimos encuentros luego de que las partes no coincidieran en el porcentaje de aumento que debía aplicarse a los salarios. La UTA rechazó la primera oferta empresarial, lo que llevó a la convocatoria de nuevas audiencias en la Secretaría de Trabajo.

El sindicato argumentó que los incrementos salariales anteriores no habían logrado compensar la escalada de precios y que, frente a un aumento continuo del boleto, los trabajadores debían obtener un ajuste que cubriera esa brecha. A su vez, las cámaras empresarias señalaron que la situación económica actual del sector, marcada por costos crecientes y falta de respaldo financiero adecuado, condiciona su capacidad de ofrecer mejoras salariales de mayor magnitud sin un apoyo externo o cambios en la normativa vigente.

Desde el punto de vista oficial, el Ministerio de Trabajo participó activamente de las audiencias como órgano convocante, con el propósito de facilitar el diálogo y evitar que el conflicto derive en medidas de fuerza que afecten el transporte público. La agenda oficial incluyó la articulación de espacios de negociación entre los actores involucrados, aunque hasta el momento no se logró un acuerdo definitivo.

En ese marco, el último antecedente formal del conflicto fue la audiencia virtual realizada este martes 27 de enero, convocada por el Ministerio de Capital Humano. Allí participaron representantes de la UTA y de todas las cámaras empresarias del sector, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Durante ese encuentro, las cámaras empresarias señalaron que mantienen conversaciones con las carteras de Economía y Transporte y solicitaron un cuarto intermedio, a la espera de definiciones oficiales que les permitan formular una propuesta salarial. En ese sentido, indicaron que aguardaban precisiones tras una reunión prevista con autoridades del área de Transporte.

Por su parte, la UTA dejó constancia de que el conflicto “lejos de atenuarse, se ha profundizado” y afirmó que, pese a los meses de negociación y a las instancias de diálogo promovidas por la autoridad laboral, “no se ha logrado hasta la fecha un ofrecimiento empresario serio, concreto y acorde a la grave problemática salarial planteada”.

En ese mismo sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica “sumamente delicada”, producto del deterioro del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, y advirtió que esa realidad “no admite más dilaciones”.

Finalmente, y en un pasaje central del acta, la organización sindical dejó expresamente planteado que “de no lograrse un acuerdo salarial en la próxima audiencia a convocarse, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte mantiene la tensión. Mañana será un día clave, ya que, si no se llega a un acuerdo sobre los sueldos de los choferes, existe la la posibilidad de que el sindicato decida implementar medidas de fuerza que afectarán a los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esa manera, podría convertirse en el primer paro de transporte del año.

La cuestión de fondo es paritaria: mientras que las empresas de transporte aseguran que atraviesan una “situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave”, la parte sindical alega que el boleto de colectivo aumenta todos los meses y se ofrece una suba salarial del 1%.

El martes a las 15 horas está programada una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, de la cual participarán la UTA; la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

“Si los empresarios no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, afirmaron en la UTA durante la audiencia del 13 de enero pasado, que ante la falta de acuerdo entre las partes tuvo que prorrogarse al 20 de enero a las 14:00 horas, die en el que tampoco hubo acercamientos. Es así que los contactos derivaron en una tercera audiencia para este martes 27 de enero.

Las empresas aseguran que se encuentran ante un “estrangulamiento financiero”, ya que se ven forzadas a operar con ingresos estructuralmente insuficientes en un contexto de incremento constante y acelerado de los costos operativos —combustibles, insumos, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales y sostenimiento del parque móvil—. Y que si bien aseguran que las distorsiones tarifarias y la falta de actualización adecuada fueron puestas de manifiesto a las autoridades competentes mediante múltiples presentaciones y audiencias, a la fecha no se han obtenido definiciones concretas.

La postergación de las audiencias es entendida por la UTA como una maniobra para dilatar la recomposición salarial de los choferes. Por lo que por su lado aseguran que de acuerdo al resultado de la reunión decidirán si toman medidas de fuerza que afecten al transporte en el AMBA.

A su vez, se tratará del debut por parte del secretario de Transporte, Fernando Herrmann. La semana pasada se produjo la salida de Luis Pierrini, que renunció por razones personales, según destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía, quien asumió en mayo de 2025, reemplazando a Franco Mogetta.

La encrucijada

“Nos enteramos que el 40% de las empresas están al borde de la quiebra tras el fin de los subsidios nacionales con la dependencia exclusiva de las provincias del costo del boleto”, destacaron en la UTA.

El equipo económico se encuentra ante una encrucijada, aunque con el as bajo la manga de la conciliación obligatoria. Es que los empresarios, para darles aumento a los choferes por encima del 1%, necesitan más subsidios por parte del Gobierno Nacional, lo que va en contra de la política que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). O que le permitan aumentar el boleto, que el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene ningún interés en que se suceda, ya que impactaría sobre la inflación que pretende que retome el sendero de la desaceleración en enero tras el 2,8% que marcó en diciembre.

“Todos saben que el boleto sube todos los meses, pero a los trabajadores pretenden ofrecerles el 1% de suba salarial. Los empresarios no llegan a un acuerdo con el gobierno, y los trabajadores estamos obligados a trabajar con un sueldo que no alcanza para comer, mantener un hogar, o comprar un regalo de reyes a nuestros hijos”, destacaron en la UTA a principios de enero.

A este dilema, en lo que va de mandato de Javier Milei, no se le encontró una solución. Y ya hay empresas que redujeron las líneas en circulación, como es el caso de El Nuevo Halcón 148. En la actualidad circulan cerca de 40 unidades cuando, según la UTA, debería hacerlo el quíntuple. “Estamos trabajando de manera casi inhumana y sin siquiera cobrar nuestros sueldos y el aguinaldo que ya pasó”, destacaron en un comunicado de la UTA.

Y quedó de manifiesto, sobre el cierre del 2025, cuando las empresas de colectivo del AMBA le comunicaron al Gobierno que los salarios de noviembre se abonarán en dos cuotas, mientras que los aguinaldos se pagarán en seis partes. Lo que llevó a la UTA a advertirle a la administración nacional que sería la responsable si los trabajadores realizan un paro que afecte el servicio de colectivos.

El mapa tarifario del transporte urbano en la Argentina volvió a mostrar fuertes diferencias entre ciudades en enero de 2026. De acuerdo con un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), sólo siete ciudades del país mantienen el valor del boleto mínimo de colectivo por debajo de los $1.000, en un contexto en el que la mayoría de los sistemas urbanos ya superó ese umbral y varias localidades se acercan o incluso superan los $2.000 por viaje.

El relevamiento, que compara las tarifas vigentes en 64 distritos, muestra que la ciudad con el boleto más caro del país es Pinamar, donde cuesta $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214). En el otro extremo, el valor más bajo corresponde al esquema nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA Nación), con una tarifa de $494, aunque ese régimen no se considera una ciudad en sentido estricto. Si se toma únicamente el criterio urbano, el grupo de ciudades con boletos inferiores a $1.000 se redujo a siete.

Los pasajes más económicos del país

Según el informe de Aaeta, las ciudades que en enero de 2026 mantienen el boleto mínimo por debajo de los $1.000 son las siguientes:

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620, con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.
• La Rioja: $600, sin cambios en la tarifa.
• Partido de la Costa: $698, sin aumento.
• Villa Mercedes: $790, sin aumento.
• General Pico: $800, sin aumento.
• San Luis: $870, sin aumento.
• Viedma: $980, sin aumento.

En todos los casos, salvo CABA, los valores se mantuvieron sin variaciones en el último ajuste relevado. La capital del país, en tanto, registró un incremento moderado que la mantuvo dentro del grupo de las ciudades con boleto más bajo, aunque lejos del valor mínimo nacional.

El ranking también incluye distintos esquemas tarifarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que no se contabilizan como ciudades individuales. En ese segmento, el AMBA Nación presenta la tarifa más baja del país, con 494 pesos. Por su parte, el AMBA CABA se ubica en $620 y el AMBA PBA en $688, este último con un incremento del 4,62 por ciento. Estos valores explican, en parte, la brecha existente entre el costo del transporte en el área metropolitana y el interior del país.

Un país con boletos cada vez más caros

El informe de AAETA muestra que la gran mayoría de las ciudades ya se ubica por encima de los $1.000. Localidades como San Antonio Oeste, Villa María y Trelew se encuentran exactamente en el límite, con un boleto de $1.000, mientras que otras ciudades medianas y grandes superan con holgura ese nivel.

En el segmento intermedio aparecen, por ejemplo, Posadas ($1.050), San Juan ($1.070), Merlo ($1.100) y Comodoro Rivadavia ($1.114). Más arriba, varias capitales provinciales y centros urbanos importantes se mueven entre $1.200 y $1.500, como Mendoza, Rosario, Santa Fe, Paraná y Mar del Plata.

En el tramo superior del ranking, los valores se aceleran con fuerza. Pinamar encabeza la lista con $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214). En estas ciudades, el costo del transporte urbano más que cuadruplica el valor que pagan los pasajeros en las ciudades con boleto más bajo.

Aumentos desiguales

La última información publicada por Aaeta refleja una dinámica variada en los ajustes tarifarios. Mientras que en muchas ciudades no se registraron aumentos en el último período, otras aplicaron subas significativas en solo un mes. Resistencia y Sáenz Peña, por ejemplo, mostraron incrementos del 45%, en tanto que Bahía Blanca ajustó un 30,49% y Oberá un 27,02%. En contraste, la mayoría de las ciudades con boleto por debajo de $1.000 no aplicó aumentos en enero.

Organizaciones que representan a familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, expresaron su indignación por el reciente nombramiento de Francisco Garduño Yáñez en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las agrupaciones recordaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de los hechos que dejaron 40 personas migrantes fallecidas y decenas con lesiones graves.

Garduño fue designado como director general de Centros de Formación para el Trabajo, decisión que generó un fuerte rechazo entre colectivos y defensores de derechos humanos.

“Mensaje alarmante” del Gobierno federal

El Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) manifestaron en redes sociales que el nombramiento “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.

Las organizaciones lamentaron que el titular de la SEP, Mario Delgado, haya justificado la designación calificando a Garduño como un “funcionario ejemplar”, pese a que el proceso judicial en su contra sigue abierto.

A su juicio, esta decisión revictimiza a las familias afectadas por la tragedia.

Acusan protección política e impunidad

Los colectivos señalaron que el nombramiento de Garduño responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, lo que debilita la credibilidad de las instituciones públicas.

Subrayaron que resulta especialmente grave que se le asigne un cargo en el ámbito educativo sin contar con trayectoria ni experiencia acreditable en educación, lo que profundiza la desconfianza ciudadana.

“Recibimos este nombramiento con indignación”, expresaron, al advertir que puede interpretarse como un premio inmerecido que normaliza la impunidad y el olvido institucional.

La disculpa pública no cierra el caso

Las organizaciones recordaron que el 26 de septiembre pasado, Francisco Garduño ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

Sin embargo, enfatizaron que dicho acto no significa el fin del proceso judicial ni la exoneración de responsabilidades penales o administrativas.

“La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, sentenciaron Imumi y la FJEDD en su posicionamiento.

Exigen justicia para las víctimas

En un comunicado conjunto, organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa señalaron que la disculpa pública solo representa un primer paso simbólico en la reparación del daño.

Afirmaron que no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que tragedias como la de Ciudad Juárez no se repitan.

Para las familias de las víctimas y los sobrevivientes, concluyeron, la justicia sigue pendiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, relacionada con el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, luego de protestas encabezadas por vecinos desalojados y colectivos urbanos.

Las movilizaciones, realizadas desde el viernes 16 de enero, exigieron suspender el análisis del proyecto y abrir un debate en audiencia pública para escuchar a especialistas y personas directamente afectadas.

Protestas frente a la Corte y exigencia de diálogo

Durante las manifestaciones, los accesos al máximo tribunal fueron bloqueados de manera intermitente como medida de presión.

En el lugar, los inconformes colocaron tendederos con mensajes en defensa del derecho a la vivienda y en rechazo a los desalojos.

Ante la protesta, personal de la SCJN solicitó permitir el ingreso de trabajadores para que los ministros anunciaran la suspensión del tema y confirmaran la apertura de un diálogo con una comisión de vecinos y activistas, así como una audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra ponente, María Estela Ríos González.

El proyecto de la Suprema Corte

El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Ríos González propone declarar constitucional el Artículo 60, al sostener que un desalojo realizado bajo mandato judicial, con apego al debido proceso y al derecho de audiencia, no constituye un desalojo forzoso.

De acuerdo con el planteamiento, la norma no vulnera el derecho a la vivienda, ya que contempla mecanismos de mediación y conciliación, además de la posibilidad de que las personas afectadas soliciten su incorporación a programas de vivienda del gobierno capitalino.

Reclamos de personas desalojadas y colectivos vecinales

Organizaciones sociales y vecinos afectados rechazaron el proyecto al considerar que la redacción vigente del artículo deja en estado de indefensión a quienes enfrentan un desalojo.

Sostienen que la reforma eliminó salvaguardas clave que existían en la versión original y que la simple exigencia de una orden judicial abre la puerta a abusos.

Entre las principales demandas de las personas desalojadas se encuentran:

• Que se retire el proyecto de sentencia y se replantee su contenido.
• Que se reconozca que la reforma al Artículo 60 vulneró el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
• Que se restituya la redacción original del artículo, la cual obligaba a agotar alternativas antes de ejecutar un desalojo.
• Que se garantice una audiencia previa efectiva para las personas afectadas.
• Que se establezcan soluciones habitacionales dignas y no solo apoyos temporales de renta.

República de Cuba 11, símbolo del conflicto por la vivienda

El caso del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se convirtió en un referente del conflicto.

En agosto de 2025, decenas de familias fueron desalojadas sin previo aviso, según denunciaron en redes sociales, y sus pertenencias quedaron expuestas en la vía pública. Vecinos señalaron que no se les permitió recuperar sus bienes y denunciaron presuntos saqueos.

Afectados advirtieron que, de mantenerse la redacción actual del Artículo 60, este tipo de operativos podrían repetirse, agravando la crisis de vivienda en la capital, especialmente ante la presión inmobiliaria y eventos internacionales próximos.

Desde hoy, los vecinos de la zona norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires tendrán otra vía de acceso directa al Aeroparque Jorge Newbery por transporte público. El Gobierno aprobó un cambio en el recorrido de la Línea 114 de colectivos, que extenderá el ramal que parte desde Villa Devoto hasta la terminal aérea.

Así lo definió el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte. Con la Resolución 2/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la empresa La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, a cargo del trayecto, empezará a prestar el servicio que ampliará la conectividad del transporte de pasajeros y la accesibilidad al aeropuerto metropolitano.

El nuevo recorrido permite que la Línea 114 (ramal C) conecte en su traza los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto y las cercanías de Villa del Parque, distribuidos en las comunas 14, 13, 12 y 11, en vecindarios de alta densidad de población.

De esta manera, los recorridos del servicio quedaron estructurados en tres variantes: la reformulación del tramo C se integra a los ramales A y B, que unen Barrancas de Belgrano con la Terminal de Ómnibus Puente de la Noria, en Lomas de Zamora.

Con estos cambios en el transporte público, la terminal aérea suma una alternativa. En los últimos años, otras tres líneas modificaron su traza para incluir una parada en el aeropuerto: a finales de 2023, las líneas 34 y 166 se extendieron hasta la terminal, mientras que en 2024, la línea 8 comenzó a conectar el Aeroparque con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Estas ampliaciones permitieron aumentar la conectividad del Aeroparque. Hasta esas modificaciones, únicamente las líneas 33, 37, 45 y 160 circulaban hasta la terminal, todas con trayectos que enlazan la Ciudad Universitaria y tienen cabecera en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Cómo será el nuevo recorrido

Para la ida a Villa Devoto, el intinerario comienza en el sector del Estacionamiento Sur del Aeroparque y continúa por las avenidas Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes e Intendente Cantilo, manteniéndose en Palermo hasta empalmar con el Distribuidor Ángel Labruna, ya en el barrio de Núñez (Comuna 13).

Posteriormente, las unidades seguirán las avenidas Guillermo Udaondo y Presidente Figueroa Alcorta, desplazándose por el límite de Belgrano (Comuna 13), para luego ingresar de lleno en Belgrano mediante arterias como Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares y Arcos.

El recorrido continúa por Avenida Monroe, vía que funciona como eje entre Belgrano y Villa Urquiza (Comuna 12), antes de ingresar a Villa Devoto (Comuna 11) a través de las calles Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes y Nueva York, hasta alcanzar Avenida Chivilcoy.

La resolución de la Secretaría de Transporte fijó las frecuencias mínimas para cada ramal. Para el Recorrido A, la frecuencia máxima en horas pico será de un servicio cada 8 minutos 30 segundos, sin superar los doce minutos; en el Recorrido B, los intervalos irán de diecisiete a veintitrés minutos treinta segundos; y en el Recorrido C, los vehículos circularán con una frecuencia entre 26 minutos 30 segundos y 35 minutos.

Otros detalles del cambio de recorrido

La empresa prestadora, que pertenece al Grupo Zbikoski, deberá cumplir con un parque vehicular entre un máximo de 46 colectivos y un mínimo de 36. El rango permite flexibilidad operativa ante fluctuaciones en la demanda.

El proceso administrativo comenzó con un pedido del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) a la Secretaría de Gestión de Transporte, solicitando un análisis integral sobre la conectividad al Aeroparque Jorge Newbery.

El ORSNA aportó información sobre empleados, flujo de pasajeros y operaciones, detallando que “el aeropuerto posee 9.772 empleados pertenecientes a líneas aéreas, explotadoras comerciales y organismos estatales, entre otros. Sólo la tripulación de las líneas aéreas e Intercargo por convenio cuentan con transporte particular para el ingreso y egreso a Aeroparque”.

Ante la solicitud, las autoridades y la operadora de la línea 114 elaboraron un proyecto de modificación del recorrido, incluyendo la extensión desde Palermo hasta Aeroparque y ajustes en otras secciones. La propuesta fue sometida a consulta pública mediante su publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, habilitando un plazo de quince días hábiles para objeciones.

Durante el período de observaciones, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó comentarios técnicos, y concluyendo que “no presta objeción a las observaciones de tránsito para las modificaciones de traza de la línea N° 114”, se desprende de la resolución.

En el último año, el valor del boleto de colectivo registró incrementos muy dispares según la ciudad, con subas que en algunos casos más que duplicaron el precio del pasaje y, en otros, se ubicaron muy por debajo de ese nivel o incluso mostraron retrocesos. Un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) permite identificar cuáles fueron las ciudades con los mayores aumentos interanuales y cómo evolucionaron las tarifas del transporte urbano de pasajeros entre 2025 y 2026 en los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con los datos, Sáenz Peña encabeza el ranking de aumentos. En esa ciudad, el boleto pasó de $800 en enero 2025 a $1.885 en igual mes de 2026, lo que representa una suba del 135,6%. Detrás aparece La Rioja, donde la tarifa se duplicó: pasó de $300 a $600, con un incremento del 100%. En tercer lugar se ubica San Juan, con una suba del 91,1%, al pasar de $560 a $1.070.

Entre las jurisdicciones con mayores aumentos también se destacan el AMBA -PBA-, donde el boleto subió de $371 a $688 (85,4%), Balcarce, con un incremento del 83,9% (de $654 a $1.203), y Río Grande, que registró la misma variación porcentual al pasar de $778 a $1.431. Olavarría completa este grupo, con una suba del 81,2%, desde $734 hasta $1.330.

El informe de AAETA también ubica a Centenario entre las ciudades con mayores ajustes tarifarios. Allí el boleto pasó de $1.147 a $1.997, lo que implica un incremento del 74,1%. En Bahía Blanca, el aumento fue del 72,6%, con una tarifa que pasó de $895 a $1.545. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el boleto subió de $371 a $620, lo que representa una variación del 67,1%.

Más abajo aparece Mendoza, con un aumento del 64,7%, al pasar de $850 a $1.400. Ushuaia, por su parte, registró una suba del 60%, con un boleto que pasó de $800 a $1.280.

Así sigue la lista, con numerosas ciudades en el rango medio de aumentos, como se puede apreciar en la tabla. Entre las ciudades con menores incrementos se encuentran Bariloche, con una suba del 17,5%, Tandil, con 16,3%, y Necochea, con una suba del 9,9% en los últimos doce meses. Cipolletti registró una variación del 6%, mientras que General Roca mostró una suba marginal del 2,4%.

El relevamiento también da cuenta de ciudades donde las tarifas no se modificaron en el último año. Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Posadas, San Antonio Oeste, Viedma y el Partido de la Costa mantuvieron el mismo valor del boleto entre 2025 y 2026.

Finalmente, el informe de AAETA señala tres casos en los que se registraron bajas en el precio del pasaje. En Río Cuarto, el boleto pasó de $1.550 a $1.490, lo que implica una caída del 3,9%. En Candelaria y Garupá, la reducción fue más pronunciada: la tarifa bajó de $1.365 a $1.120, con una variación negativa del 17,9% en ambos casos.

Como se puede apreciar, en los últimos doce meses hubo aumentos de toda clase. Algunos superaron con amplitud a la inflación, otros la igualaron y algunos quedaron considerablemente por debajo.

Los más caros y los más baratos del país

Otra conclusión que se puede sacar con los números relevados por Aaeta, es que no existe una relación directa entre el nivel de aumento del último año y el lugar que cada ciudad ocupa en el ranking de precios. Pinamar, por ejemplo, encabeza la lista de precios con un boleto mínimo de $2.625, pero en el último año registró un incremento de 24,7%.

Completan el podio San Martín de Los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214), ciudades que tuvieron ajustes del 47,3% y 58,1% respectivamente.

De forma contraria, en el penúltimo puesto aparece La Rioja, con un boleto de sólo $600, pero con una variación interanual del 100%.

El AMBA, por su parte, aparece entre los últimos puestos del ranking de tarifas, pese a que destacó por tener incrementos interanuales mayores al promedio.

Si bien la época de fin de año implica festejos, también puede presentar complicaciones al momento de moverse por la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, los horarios del transporte público experimentarán modificaciones sustanciales por las celebraciones de Año Nuevo.

Los colectivos, trenes y subtes cambiaron sus esquemas habituales para el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, lo que implicará ajustes claves para quienes necesiten movilizarse.

Colectivos

Para los usuarios de colectivos, mañana los servicios circularán con frecuencia normal, aunque por la noche podría haber menos unidades por los festejos del 2026 entrante. Ya el 1° de enero, los colectivos circularán con horario de feriado, con servicios más espaciados de lo habitual.

Trenes

Por su parte, Trenes Argentinos precisó los detalles operativos de cada línea durante la víspera y el feriado. La línea Roca, la línea Mitre y la línea Belgrano Sur funcionarán el 31 de diciembre “con cronograma de sábado”, y el 1 de enero “como domingo y feriado”.

En el caso de la línea Sarmiento, el esquema también replicará el cronograma de sábado el 31 y, al día siguiente, el servicio funcionará como domingo y feriado.

La línea San Martín mantendrá el cronograma de día hábil el 31 de diciembre, mientras que el feriado adoptará el esquema de día no laborable.

Subtes

El subte también operará con un régimen diferente. Las primeras formaciones de todas las líneas partirán mañana a las 6 de la mañana, modificando su frecuencia y horarios de último servicio.

• El último tren de la línea A desde San Pedrito a Plaza de Mayo/Casa Rosada partirá a las 21:06, mientras que en sentido inverso la última formación salió a las 21:32.
• En la línea B, desde J. M. Rosas hacia Urquiza / Leandro N. Alem, el último tren partió a las 21:02, mientras que el recorrido opuesto tuvo su cierre a las 21:32.

• Las líneas C, D, E, y H presentaron horarios de últimos trenes escalonados entre las 21:00 y las 21:54.
• El Premetro también adaptó sus operaciones con cierres entre 20:55 y 21:38, según el origen y el destino.

En tanto, el 1 de enero el subte funcionará con horario de feriado.

Taxis, remises y vehículos de aplicación

En cuanto a Uber, taxis y remises, los servicios se verán impactados por frecuencias más bajas y una demanda inusual. En el caso de los taxis podrían operar con horarios limitados o menor frecuencia, mientras que para los autos de aplicación se prevé una alta demanda y menor disponibilidad de vehículos, lo que puede generar tarifas más elevadas. Por esa razón, la recomendación para los usuarios es que planifiquen sus traslados con anticipación y, en caso de poder hacerlo, que realicen sus respectivas reservas.

Otros servicios

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció las disposiciones para los servicios públicos durante el feriado de Año Nuevo, que abarca el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1° de enero de 2026.

La recolección de residuos estará suspendida el 31 de diciembre y retomará su funcionamiento regular el 1° de enero. En materia de estacionamiento, se permitirá dejar vehículos sobre avenidas y calles donde habitualmente está prohibido de 7 a 21 cuando se trata de días hábiles, y el estacionamiento medido quedará sin efecto. Todas las excepciones están claramente identificadas mediante cartelería. Se mantiene la prohibición absoluta de estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia y zonas junto a ciclovías durante todo el día.

En cuanto a salud, las guardias y áreas críticas de los hospitales permanecerán operativas las 24 horas, a diferencia de los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR, que no brindarán atención. En los cementerios, el 31 de diciembre se realizarán inhumaciones y trámites de 9 a 12, mientras que el 1° de enero, el horario y modalidad se limitarán a depósitos en el Cementerio de Chacarita.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales, el Registro Civil y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas. Únicamente funcionará la guardia de defunciones del Registro Civil de 8 a 12. También estarán cerradas la pista de aprendizaje y las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular.

El sistema Ecobici ofrecerá el día 31 los pases básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). El 1° de enero solo estarán disponibles los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario). Los peajes operarán normalmente, adoptando el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 hacia Provincia y de 17 a 21 hacia Centro.

Escuelas, bibliotecas públicas, parques como el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las reservas ecológicas (Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano), museos, la Torre Monumental, el Planetario y teatros dependientes de la gestión local permanecerán cerrados ambos días.

Se garantiza la continuidad del servicio de guardia de la Policía de la Ciudad, Bomberos y emergencia 911, al igual que el sistema de emergencias de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio a través del 103, todos operativos las 24 horas.

La expansión del sistema SUBE con nuevos medios de pago alcanzó a otras 23 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, los pasajeros cuentan con la posibilidad de abonar sus viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, dispositivos con tecnología NFC, código QR y la tradicional tarjeta SUBE, tanto en su formato físico como digital. Esta modernización alcanza a servicios bajo jurisdicción nacional, provincial y municipal, y se suma a las iniciativas que buscan adaptar el transporte público a las nuevas demandas tecnológicas.

De acuerdo con la información oficial, dentro de la jurisdicción nacional, la medida incluye a la línea 159. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se incorporan las líneas 219, 239A, 253, 257, 278, 281, 289, 293B, 300, 304, 321, 323, 343, 372 y 405. Por parte de los municipios, se suman las líneas de Quilmes (580, 582, 584, 585 y 586) y de Berazategui (603 y 619).

Los pasajeros pueden optar por pagar con tarjetas Visa y Mastercard contactless, además de celulares y relojes inteligentes asociados a esas tarjetas a través de la tecnología NFC.

El sistema de validación mantiene su dinámica habitual. El usuario debe acercar el método de pago seleccionado al validador del colectivo, a la espera de la confirmación visual en pantalla. Para quienes eligen abonar con código QR, el procedimiento consiste en generar el código desde una billetera electrónica y aproximarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador, lo que habilita una alternativa que suma flexibilidad en la experiencia de viaje.

El valor del boleto en estas 23 líneas permanece igual al de una SUBE registrada, sin importar el método de pago utilizado. Sin embargo, el acceso a beneficios de la Tarifa Social Federal se mantiene solo para quienes pagan con la tarjeta SUBE, tanto en formato físico como digital.

La funcionalidad Atributo a Bordo continúa vigente en las unidades afectadas, lo que permite activar o actualizar descuentos en el mismo colectivo. Los pasajeros deben avisar al chofer acerca de un atributo pendiente y apoyar la tarjeta en el validador para completar el trámite. Esta modalidad busca simplificar la gestión de los descuentos y asegurar que los usuarios accedan a los beneficios correspondientes durante el recorrido.

La información sobre las nuevas opciones de pago y las líneas incluidas se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno, www.argentina.gob.ar, y en las redes sociales de SUBE en X, Facebook e Instagram. Esta actualización no excluye la utilización de la tarjeta SUBE, sino que amplía las posibilidades y responde a la tendencia creciente de digitalización en el transporte público del AMBA.

En noviembre, durante este mismo proceso, el sistema Red SUBE, que cumple una función clave, ya había sumado nuevas opciones para quienes utilizan diariamente el transporte en el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de las líneas municipales que permiten estos métodos alternativos figuran la 501A de Almirante Brown, la 741 de José C. Paz, varias de La Matanza (620, 622, 624, 628) y de Lomas de Zamora (540, 542, 548, 550, 551, 552, 553), además de otras en distritos como Lanús (524), Mercedes (1, 2B), Morón (634, 635), Pilar (501B, 503), San Fernando (710), San Miguel (740) y San Vicente (503C).

En el grupo de líneas nacionales están la 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y 197. El listado también abarca líneas provinciales como la 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445.

A la vez, Red SUBE brinda un beneficio adicional para quienes necesitan utilizar más de un medio de transporte. En los servicios de jurisdicción nacional, ofrece un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero y los siguientes, siempre dentro del mismo período de dos horas.

En los últimos dos años, el gasto en transporte en el AMBA se incrementó 937%, a raíz de la baja de subsidios y de la necesidad de afrontar los crecientes aumentos de costos de funcionamiento. Los esquemas de actualización del gobierno bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires previstos para 2026 garantizan que la tarifa siga aumentando en términos reales.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) resaltó que desde marzo de este año, las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana exhiben una marcada descoordinación, con esquemas de actualización dispares y criterios diferenciados tanto en los ajustes de precios como en las políticas de gratuidades.

En el caso de los colectivos y el Subte que dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mecanismo de actualización es mensual y se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, al que se le suma un adicional del 2%. Este esquema garantiza una suba real de las tarifas mes a mes.

En una línea similar, la Provincia de Buenos Aires aplica para los servicios provinciales y municipales del AMBA un ajuste basado en el IPC del Gran Buenos Aires, también con un adicional del 2%.

No obstante, comenzaron a aparecer matices entre las jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires confirmó que mantendrá el esquema de IPC más 2% para la tarifa de los colectivos, pero moderará el ritmo de ajuste del Subte, que pasará a actualizarse por IPC más 1%.

En tanto, la Provincia de Buenos Aires resolvió aplicar en diciembre un aumento adicional del 10% sobre la tarifa vigente, además de la actualización por inflación, y sostener durante 2026 un sendero de incrementos mensuales de IPC más 2%.

El sistema ferroviario, en cambio, permanece al margen de estos cambios. Hasta el momento no se anunciaron modificaciones en sus tarifas, que continúan congeladas desde septiembre de 2024.

“La determinación de las tarifas de transporte público es, en la mayoría de los casos, competencia de los gobiernos locales, mientras que, para el caso de servicios entre municipios, su fijación corresponde al gobierno Provincial y, al tratarse de servicios interjurisdiccionales (entre provincias o entre una provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la potestad tarifaria recae sobre Nación”, apuntó el IIEP.

“Desde febrero de 2024, tras la eliminación del del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte en el interior del país, llevando al boleto promedio por encima de los valores registrados en el año 2019″, explicó.

En la actualidad, el boleto de colectivo en CABA tiene un costo promedio de $594. En enero y febrero de 2026, según el IIEP, ese valor se mantendrá y tendrá un ajuste en marzo, cuando llegará a $660. Para fines del próximo año, se prevé que la tarifa ascienda a $897.

En el caso de los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el boleto vale en promedio $658. En enero pasará a costar $688, en febrero $719 y en marzo $748. Al final 2026, se espera que la tarifa se ubique en $1.016.

El subte se mantendrá en $1.206 hasta febrero para luego subir a $1.336 en marzo. En diciembre de 2026 el boleto llegará, de no mediar cambios, a los $1.664.

Por otro lado, el IIEP destacó que, en términos regionales, el transporte público en el AMBA ya consume una proporción del salario comparable a la de ciudades como Bogotá o Montevideo, marcando un punto de inflexión en un contexto de importantes ajustes tarifarios.

El informe añade que el gasto en transporte representa el 43% del salario, al menos el doble de lo que significan otros servicios esenciales, como agua o electricidad, sobre los ingresos de los hogares.

Sucede que un hogar del Área Metropolitana debió destinar en diciembre la suma de 83.196 pesos al transporte. En la comparación interanual, ese monto representa un incremento del 48%, muy por encima de la inflación proyectada para el año (en torno al 30%).

Este mes puntualmente, el gasto en transporte registró una suba mensual del 2,4%. Esto se debe a que, mientras los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron el esquema de ajuste mencionado, registrando un aumento del 4,1%, las líneas interjurisdiccionales a cargo del Gobierno nacional mantuvieron sus tarifas sin cambios, luego de haber experimentado un incremento del 9,7% en noviembre.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), puso en marcha una serie de operativos de fiscalización para combatir la informalidad en el transporte público en puntos estratégicos de la ciudad.

En el cruce de las avenidas Salaverry y Sánchez Carrión, en la frontera entre San Isidro y Jesús María, una minivan de placa F1E-953, conducida por Luis Maldonado Rojas, intentó eludir un control policial.

La acción derivó en una persecución en la que dos policías motorizados siguieron al vehículo hasta las calles Huiracocha y Olaechea.

El conductor detuvo la marcha de manera abrupta, lo que resultó en lesiones leves para los agentes. Al momento de la intervención, la unidad acumulaba 35 infracciones por dar servicio informal y registraba multas que superan los S/ 580 000.

El operativo culminó con la detención del conductor, mientras el vehículo fue llevado primero a la comisaría de Jesús María. Posteriormente, la ATU trasladó la minivan a su depósito, sumando un precedente más a la lucha contra el transporte urbano informal.

Mapa de la informalidad

La jornada de fiscalización desplegada por la ATU y la PNP incluyó intervenciones simultáneas en San Isidro, Comas y La Molina.

En la primera zona, 15 vehículos fueron enviados al depósito, de los cuales 12 operaban sin autorización alguna. Durante el procedimiento se identificó que seis conductores no tenían licencia, tres unidades circulaban sin SOAT y cuatro carecían de revisión técnica vigente (CITV). Entre todos, la suma de multas llegó a S/ 655 107.

El operativo en Comas, focalizado en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Trapiche, dejó 11 vehículos incautados; nueve de ellos prestaban servicio de manera informal.

Ocho choferes manejaban sin brevete, dos autos no contaban con SOAT y seis no tenían la revisión CITV al día. Una de las unidades acumulaba sanciones por S/ 5 350.

En La Molina, el procedimiento se ejecutó en la intersección de la avenida Alameda del Corregidor y Raúl Ferrero. Dos vehículos fueron intervenidos, uno de ellos sin SOAT, y ambos sumaban multas cercanas a S/ 73 295.

De acuerdo con la ATU, estos operativos forman parte del trabajo conjunto bajo el paraguas del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el MTC. La labor coordinada involucra a instituciones aliadas como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que también participó de la jornada.

Solo en este último operativo se intervinieron 28 vehículos en distintos distritos; 21 de ellos fueron sancionados por prestar servicio sin autorización.

Las cifras reflejan el alcance de la informalidad y la magnitud de las sanciones acumuladas: en total, los vehículos remitidos al depósito sumaban multas por más de S/ 1.3 millones.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ratificó que la vigilancia y fiscalización en las vías continuará de manera permanente, a fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y formalizar progresivamente el servicio de transporte público en la capital.