El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo capítulo a la discusión que las empresas y el Gobierno nacional arrastran desde hace meses: quién paga la diferencia entre lo que cuesta mantener un servicio en la calle y lo que ese servicio recibe. Esta vez, las cámaras que agrupan a los operadores pusieron por escrito una advertencia que hasta ahora circulaba en reuniones con funcionarios: si no hay una respuesta, el servicio se va a achicar.

Cuatro entidades, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, que representan a las empresas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, difundieron un comunicado conjunto. En el texto sostienen que la situación económica y financiera de las prestadoras “pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios” y reclaman medidas urgentes.

Según el documento, pese a las gestiones y reuniones con las autoridades nacionales, “aún no se han definido mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector”. Las cámaras describen así un escenario en el que hubo contactos, pero no una fórmula acordada que les devuelva previsibilidad.

La advertencia central llega hacia el final del comunicado. Si no se obtienen respuestas, afirman, “las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema”. El texto no precisa en qué consistiría esa restricción ni desde cuándo se aplicaría, pero plantea que sería gradual y que el objetivo es evitar un freno completo. En total, son más de 100 las líneas afectivas que se verían afectadas.

Un error de cálculo

Las empresas aseguraron que el problema se agravó en los últimos meses por “un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en $40.000 millones los ingresos previstos”. En el comunicado agregan que “este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado”. El documento no indica quién elaboró esa proyección.

A ese punto suman lo que llaman reclamos históricos por costos insuficientemente reconocidos, entre ellos “la adquisición de unidades, el gerenciamiento y otros gastos indispensables para la prestación del servicio”. También cuestionan los índices de operatividad, que según el texto “penalizan a las empresas por la antigüedad de sus unidades, cuando las condiciones económicas impiden renovar el parque móvil”.

El calendario inmediato, advierten las cámaras, agrega presión. El comunicado menciona la proximidad del pago de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y “el incremento sostenido de los costos de explotación”, todo “sin definiciones claras sobre política tarifaria ni compensaciones”. Las empresas sostienen que hicieron esfuerzos para sostener los servicios, pero que “resulta imposible continuar absorbiendo el creciente desequilibrio entre costos reales e ingresos reconocidos”.

El déficit mensual clave

El desequilibrio del sistema de transporte tiene una medición concreta en el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) para el AMBA. Según el estudio, en septiembre el costo real estimado del sistema fue de $453.495,79 millones, mientras que las estructuras oficiales reconocieron $361.692,50 millones. La diferencia, de $91.803,29 millones en un solo mes, es la que el índice presenta como pérdida para la calidad del servicio, las frecuencias, la seguridad y la renovación de flota.

La cuenta por pasajero va en la misma línea. El índice calcula el costo real del boleto, sin subsidio, en 2.494,13 pesos. La cobertura tarifaria es de 33,91%, es decir que el boleto cubre sólo alrededor de un tercio de ese costo. El déficit por boleto, la diferencia que no queda cubierta por cada pasajero, es de 456,92 pesos.

Los datos de demanda completan el panorama. En septiembre, el sistema registró 200,9 millones de pasajeros en el mes, frente a 225,379 millones de un año atrás, una baja de 10,88 por ciento. La flota activa, en tanto, fue de 16.700 unidades, contra 17.310 en septiembre de 2025, una caída de 3,52 por ciento. Es decir que el sistema transporta menos gente y circula con menos coches que hace un año, un dato que repercute directamente en la recaudación por boleto.

Un pedido de reglas claras

Las cámaras reconocen en el comunicado el efecto que una reducción de servicios tendría sobre los usuarios. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, escriben, y aclaran que por eso advierten “con anticipación” sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de soluciones inmediatas.

El reclamo de fondo se resume en una sola frase: “La continuidad del transporte público requiere una estructura de costos realista, recursos suficientes y reglas claras y previsibles”. Las entidades dejan abierta la vía de la negociación, aunque con una condición. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero es imprescindible que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas que garanticen la continuidad de un servicio público esencial”, concluyen.

Imaginemos a un árbitro que, ante una jugada dudosa, detiene el partido para revisar el video. Es lo correcto. Ahora imaginemos que la revisión termina, que el video no muestra la falta, y que el árbitro no reanuda el juego. Tampoco cobra nada. Simplemente se queda parado en el medio de la cancha. Después de un rato, los jugadores van a buscar a otra autoridad para que decida por él.

Algo parecido ocurre con las compensaciones que el Estado nacional retiene desde enero a las empresas del Grupo Metropol, que operan líneas de colectivos en el Área Metropolitana. Y el caso dice más sobre cómo funciona el Estado que sobre los colectivos.

Decidir es una obligación, no una opción

En la Argentina existe una ley, vigente desde hace más de medio siglo, que fija las reglas básicas de cómo debe actuar la Administración pública frente a los ciudadanos: cómo tramita un expediente, cuándo debe responder, qué requisitos debe cumplir una decisión. Uno de sus principios es tan simple como olvidado: el funcionario que tiene a su cargo una cuestión no puede renunciar a resolverla.

No decidir, entonces, no es prudencia. Es una manera de decidir sin hacerse cargo. Y tiene una consecuencia: cuando la Administración se abstiene, el conflicto emigra a los tribunales, y un juez termina ocupando un lugar que la Constitución le asignó a otro poder.

Cómo se llegó hasta acá

Las empresas de colectivos no viven solo del boleto. Cada mes, el Estado les reparte una bolsa de fondos de monto fijo, las compensaciones tarifarias, según la distancia que pagan los pasajeros y registra la tarjeta SUBE. Como el total no cambia, si una empresa cobra más, otras cobran menos.

A fines de 2025, cuatro cámaras del sector denunciaron que el grupo inflaba esas distancias. El 29 de enero, la Secretaría de Transporte congeló sus fondos de manera “excepcional, preventiva y transitoria”, hasta que una auditoría aclarara los hechos. Ante una sospecha seria, era razonable.

La auditoría se hizo y fue amplia. Nación Servicios revisó unos 183 millones de viajes. La CNRT, el organismo que controla el transporte, inspeccionó 97 líneas con más de 12.000 controles. El 8 de julio, la Secretaría cerró la revisión: no encontró una maniobra deliberada de las empresas y atribuyó los desvíos a un problema general del sistema.

Un congelamiento que perdió su razón de ser

Una medida preventiva es como una tranquera que se cierra mientras se averigua qué pasó. No resuelve nada: solo asegura que, cuando se sepa la verdad, todavía haya algo que resolver. Por eso dura lo que dura la averiguación.

Si la averiguación terminó, la tranquera debería abrirse, o el Estado debería decir cuánto corresponde descontar. Mantenerla cerrada sin razón no es cautela. Es convertir lo provisorio en definitivo por inercia. Los juristas tienen una palabra para ese estado: decaimiento. Una decisión que se queda sin fundamento no necesita ser anulada; basta con reconocer que ya no se apoya en nada.

Cambiar de opinión está permitido; hacerlo sin explicar, no

La historia tiene un giro. Según publicó Infobae, la misma área técnica del Estado sostuvo en julio que no hubo maniobra deliberada; en agosto informó a la Justicia que esas variaciones no le costaban un peso más al fisco; y en septiembre calificó las retenciones de “idóneas, proporcionales y técnicamente fundadas”. En el medio hubo una impugnación de una de las cámaras denunciantes, que las empresas no pudieron ver en el expediente.

El Estado puede cambiar de criterio. Lo que no puede es hacerlo sin decir por qué. Dar razones no es un trámite: es lo que permite al ciudadano defenderse y al juez controlar. Y hay un principio de sentido común, que el derecho también aplica al Estado: nadie puede contradecir su propia conducta anterior, sin explicación, en perjuicio de otro.

¿A quién protege la retención?

Aquí aparece el dato que ordena todo. Si la bolsa es fija, el fisco no gasta más cuando una empresa cobra más. La retención, entonces, no cuida la plata de los contribuyentes. Arbitra una pelea de reparto entre competidores.

Las facultades del Estado se le dan para un fin. Si hubo errores en el reparto, la herramienta lógica es recalcular y corregir, con la misma vara para todos. Congelar la totalidad, sin decir cuánto está en discusión ni hasta cuándo, va mucho más allá de ese fin. En los hechos, funciona como una sanción, aunque nadie la haya dictado.

Cuando el silencio termina en tribunales

El lugar que el Estado deja vacío no queda vacío. Hoy lo ocupan un juicio contra el Estado y dos causas penales. El 30 de septiembre, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió indagar al exsecretario de Transporte y a los presidentes de las cuatro cámaras, al sostener que la retención se dispuso sin respaldo técnico. Es un pedido, no una condena, y todos ellos conservan su presunción de inocencia.

La misma ley que obliga a decidir prevé un remedio para el silencio oficial: el ciudadano puede pedirle a un juez que ordene a la Administración pronunciarse. Que exista esa herramienta es sensato. Que haga falta usarla para que el Estado diga cuál de sus propios informes vale es un síntoma.

El juez controla que el Estado actúe dentro de la ley; no administra subsidios. Cuando tiene que decir lo que el funcionario debió decir, los papeles se confunden y la seguridad jurídica se deteriora.

Lo que está en juego

Las reglas de un mercado regulado valen si son previsibles. Si la denuncia de un competidor alcanza para congelar fondos, y si una revisión cerrada puede reabrirse sin explicación, el mensaje es que gana quien tiene más peso sobre el regulador.

Los especialistas llaman a ese riesgo “captura”: el árbitro que, sin proponérselo, termina respondiendo al equipo más fuerte. No hace falta afirmar que haya ocurrido para advertir que la inacción lo hace posible. Menos aún cuando el grupo afectado es el que importó 150 colectivos a GNC y empezó a venderlos a otras empresas, en un negocio que tenía pocos dueños.

Este Gobierno hizo de la seguridad jurídica un principio de su programa. Ese principio no se juega solo en los grandes anuncios de inversión. Se juega también en expedientes como este.

La salida está en manos del propio Estado: decir cuál de sus informes vale y, sobre esa base, devolver, descontar lo que corresponda o aceptar una garantía. Al juez le toca controlar. Al Estado, decidir. Cuando esos papeles se invierten, pierden todos. Y el primero en perder es el pasajero, que recibe un servicio peor sostenido con menos recursos.

*El autor de esta columna de opinión es abogado y asesor del Grupo Metropol

El costo de viajar en colectivo puede llegar a variar más de $2.400 dentro de la Argentina, dependiendo del sistema de transporte de cada jurisdicción y de las condiciones de sus esquemas de tarifas, subsidios y costos operativos. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) sobre las tarifas urbanas permite visualizar las diferencias de precios que existen en el país.

La distancia entre los extremos es amplia. Pinamar encabeza el ranking con $3.176 de boleto mínimo. Detrás aparecen San Martín de los Andes, con $2.900 y Pergamino, con 2.784 pesos. Completan los primeros cinco puestos Eldorado, con $2.500 pesos y Centenario, con 2.478 pesos.

En la segunda mitad del top ten de ciudades más caras aparece el Partido de la Costa, con una tarifa de 2.410 pesos, que registró un aumento de 20,02% respecto de septiembre. Le siguen Bariloche, con $2.333 y Orán, con 2.200 pesos. El listado lo cierran Rosario y Córdoba, ambas con 2.150 pesos por pasajero. En Rosario, ese valor incluye una suba de 25% frente al mes anterior.

En el otro extremo del ranking, se observa que la tarifa más baja del país es la de los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA, con un valor de 743 pesos. Le sigue el AMBA en la Ciudad de Buenos Aires, con $920 y una suba de 3,66% respecto de septiembre. Después aparecen Ramallo, con $950, y La Rioja, Villa Mercedes y General Pico, las tres con $1.000 de boleto mínimo. Más arriba figuran Comodoro Rivadavia, con $1.114, y San Luis, con 1.200 pesos. Cierra este grupo el AMBA PBA, con $1.215 de tarifa mínima y un aumento de 4,39% respecto a septiembre.

De este modo, se demuestra que las tarifas del AMBA están entre las tarifas más baratas del país. El pasaje más accesible de Pinamar cuesta más de cuatro veces el valor del boleto nacional.

Un sistema con menos pasajeros y menos subsidios

Los valores más bajos del AMBA conviven con una caída sostenida en la cantidad de usuarios. Según datos de Aaeta, en septiembre de 2026 el promedio diario de pasajeros en días hábiles fue de 8.232.858, contra 9.158.089 del mismo mes de 2025. La baja fue de 10,1%, equivalente a 925.231 pasajeros menos por día.

Los fines de semana mostraron una tendencia similar. Los sábados, el promedio fue de 4.441.506 pasajeros, frente a 5.053.970 un año antes, una caída de 12,1 por ciento. Los domingos el sistema pasó de 2.753.542 a 2.484.034 pasajeros por día, una reducción de 9,8 por ciento. La comparación de 2026 llega hasta el 16 de septiembre, incluye las transacciones de Open Pass de DF y no contempla feriados.

La tendencia se ve también en un período más largo. Un análisis elaborado sobre resoluciones de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y sobre datos del Indec, compara agosto de 2022 con agosto de 2026. En ese lapso, los pasajeros mensuales del AMBA pasaron de 241 millones a 200 millones, una baja de 17%, lo que equivale a 41 millones de viajes menos por mes.

En paralelo, lo que paga el pasajero aumentó de forma considerable. Medido en pesos constantes de agosto de 2026, el valor pasó de 244 a 794 pesos por pasajero, un incremento real de 225 por ciento. Al mismo tiempo, el subsidio real cayó 37%: de 332.000 millones de pesos a 208.000 millones.

Esa combinación modificó quién paga el costo del sistema. En agosto de 2022 el pasajero cubría el 15% del total y hoy alcanza el 43 por ciento.

Menos ingresos para el sistema

Pese al aumento real de la tarifa, el ingreso total del sistema, que suma la recaudación sin IVA y las compensaciones, fue menor. En agosto de 2022 alcanzó los $391.000 millones (en pesos de agosto de 2026), llegó a 415.000 millones en 2023 y a 410.000 millones en 2024, y bajó a 358.000 millones en 2025 y a 367.000 millones de pesos en 2026. Entre los extremos de la comparación, la caída es de 6 por ciento.

El análisis descompone esa variación en tres partes, medidas en miles de millones de pesos de agosto de 2026. El aumento de la tarifa sumó 133, la menor cantidad de pasajeros restó 33 y la reducción de los subsidios restó 123. Por cada 100 pesos que el Estado dejó de aportar, la tarifa aportó 81. Además, de cada 4 pesos que el aumento debía generar, uno se perdió por los pasajeros que dejaron de viajar, de acuerdo al análisis de Aaeta.

En síntesis, el AMBA tiene hoy las tarifas más bajas del país, pero el sistema registra menos pasajeros, un subsidio real menor y ingresos totales inferiores a los de 2022.

Las autoridades de Jalisco hallaron cuatro cuerpos en una fosa clandestina localizada en la colonia Clemente Orozco, cerca de la zona de Miravalle, en el municipio de Guadalajara. El operativo lo realizaron en conjunto el Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros y autoridades estatales. La intervención comenzó tras recibir reportes anónimos sobre la presencia de restos humanos sepultados de manera ilegal en el predio.

Tres de las víctimas presentan un estado avanzado de descomposición, conocido como osamenta. El cuarto cuerpo corresponde a un hecho reciente, con una evolución cadavérica de una o dos semanas, según detalló el integrante del colectivo.

“Al momento van cuatro cuerpos los que se han rescatado, el último es con una temporalidad muy corta de evolución cadavérica, puede ser de una o dos semanas”, explicó Arturo, integrante del Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, al diario Milenio.

El hallazgo ocurre en un contexto de crisis forense que Infobae documentó en reiteradas ocasiones durante los últimos meses en el área metropolitana de Guadalajara. El estado acumula decenas de fosas activas en distintos municipios.

El contexto de fosas en el área metropolitana de Guadalajara

El municipio de Zapopan concentró gran parte de los hallazgos recientes documentados por Infobae. En la zona conocida como Las Agujas se recuperaron 259 bolsas con restos humanos hasta septiembre de 2025, según el conteo de los colectivos de búsqueda.

En el mismo periodo, el Colectivo Manos Buscadoras localizó 89 bolsas adicionales en la zona de Plan de La Noria. Un tercer punto, en la colonia Arroyo Hondo, sumó al menos seis bolsas más, en un terreno que los buscadores sospechan podría contener hasta 300 cuerpos.

Las autoridades de Jalisco mantienen habilitadas 18 fosas clandestinas en todo el estado, de acuerdo con la líder del colectivo Indira Navarro. La cifra fue reportada por Infobae a partir de información proporcionada por los propios buscadores.

Un reporte posterior de Infobae, fechado el 21 de noviembre de 2025, documentó al menos 456 bolsas con restos humanos localizadas cerca del Estadio Akron, en Zapopan, desde 2022. El vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, José Raúl Servín García, confirmó esa cifra ante la periodista Carmen Aristegui.

Servín denunció además fallas graves en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “Hace poco entregaron a una muchacha que llevaba 11 años en sus instalaciones; revuelven muchas piezas, se pierde ADN”, afirmó el vocero ante la publicación.

Desde 2022, colectivos de búsqueda documentaron cientos de bolsas con restos humanos en Zapopan y municipios aledaños. Las autoridades estatales de Jalisco investigan cada hallazgo, pero la identificación de los cuerpos avanza con lentitud debido a la saturación de los servicios forenses.

Las instituciones que participan en la exhumación de Clemente Orozco

En las diligencias de prospección y exhumación del predio de Clemente Orozco participan de manera articulada la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Comisión de Búsqueda de Personas. También intervienen peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las familias del Colectivo Corazones Unidos.

Los restos recuperados fueron trasladados al anfiteatro metropolitano. Ahí se realizarán las pruebas genéticas necesarias para la identificación oficial de las víctimas.

Las brigadas mantendrán las labores de procesamiento en la zona durante las próximas horas. El predio aún presenta indicios biológicos y estructurales que sugieren la posible presencia de más cadáveres.

Para descartar o confirmar nuevos hallazgos, el personal en el sitio realiza trabajos de remoción de escombros y limpieza del terreno. Además aplican tecnología especializada de georradar para detectar restos bajo la superficie, según explicó el vocero del colectivo.

“Todavía es posible que haya indicios, ese es el trabajo que se está haciendo: sondeo, sacar basura, limpiar y pasar un georradar”, comentó Arturo ante el diario. El vocero añadió que las labores continúan con trabajos de escarbado adicionales en el terreno.

El antecedente del Rancho Izaguirre en Jalisco

El caso de Clemente Orozco reaviva el recuerdo del llamado Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, a las afueras de Guadalajara. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó en ese sitio restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir.

La Fiscalía General de la República descartó un mes después que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechazó esa conclusión de las autoridades federales.

Un análisis de la Universidad Iberoamericana, difundido en agosto de 2026, situó a Jalisco con el 13,8% de las víctimas en fosas clandestinas de todo el país entre 2006 y 2024. El estudio documentó mil 157 personas fallecidas localizadas en 263 fosas dentro del territorio jalisciense.

El mismo estudio ubicó a Jalisco en tercer lugar nacional en desapariciones, con más de 12 mil 785 casos registrados. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas de la entidad reporta, sin embargo, una cifra superior de 16 mil 170 casos.

Las autoridades ministeriales de Jalisco continuarán con el análisis genético y pericial de las osamentas extraídas del predio de Clemente Orozco. El objetivo es lograr la identificación de las víctimas y su posterior notificación a los familiares.

Este jueves, 1° de octubre, aumentó el boleto de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires, una suba que implicó un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios. Los ajustes acumulados desde enero superaron ampliamente la inflación informada hasta agosto y, en el caso bonaerense, el valor del pasaje mínimo casi se duplicó. En contraste, la tarifa de las líneas nacionales permaneció sin cambios desde agosto, una situación que genera tensiones con las empresas del sector.

En la Ciudad, el boleto mínimo pasó a $920 tras un aumento de 3,7%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa inicial llegó a $1.323 luego de un ajuste de 4,3%. Las líneas nacionales, que conectan la Capital Federal con el conurbano y están bajo control del Gobierno, no comunicaron modificaciones para octubre.

La diferencia entre las tres tarifas muestra ajustes distintos durante el año. El boleto mínimo porteño era de $620 en enero y ahora alcanzó los $920 en octubre. En la provincia, el valor inicial pasó de $688 a $1.323. En las líneas nacionales, el pasaje mínimo subió de $494 a $742, pero el último incremento rigió entre mayo y junio.

La actualización que entró en vigencia este jueves respondió a las decisiones que cada gobierno toma para cubrir los mayores costos del traslado de pasajeros. Las administraciones pueden trasladar esos aumentos al precio que abonan los usuarios o ampliar los subsidios que reciben las empresas de transporte.

El caso de Ciudad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el incremento de octubre fue de 3,7%, dos puntos por encima del último dato de inflación. Con la nueva tarifa, el boleto mínimo quedó en $920, frente a los $620 que rigieron en enero. La variación nominal entre ambos valores fue de $300.

El aumento acumulado durante el período superó la inflación de 21,3% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) entre enero y agosto. La suba porteña acumulada desde enero ronda el 48 por ciento.

El valor de octubre forma parte de un esquema de ajustes mensuales. La Ciudad toma como referencia la inflación y le suma dos puntos porcentuales (p.p.) para definir el incremento de cada período. Ese mecanismo explicó la sucesión de actualizaciones que llevó el boleto mínimo de $620 a 920 pesos.

El nuevo precio también dejó una diferencia de $403 frente al valor mínimo que rige desde este jueves en la provincia de Buenos Aires. Mientras un pasajero paga $920 por el tramo inicial dentro de la Ciudad, en el territorio bonaerense el mismo punto de partida tarifario llegó a 1.323 pesos.

En provincia se duplicó

La provincia de Buenos Aires aplicó una suba de 4,3% en octubre, superior al 3,7% que dispuso la Ciudad. El boleto mínimo pasó a $1.323, el valor más alto entre las tres categorías de servicios analizadas.

En enero, el pasaje mínimo bonaerense era de $688. La diferencia con el precio vigente desde el 1° de octubre es de $635. La tarifa casi duplicó el importe que tuvo al comienzo del año: una duplicación exacta habría llevado el valor a 1.376 pesos.

El salto acumulado del boleto mínimo provincial se acercó al 92%, muy por encima del índice de inflación de 21,3% que difundió el Indec para el período comprendido entre enero y agosto.

La diferencia entre la tarifa provincial y la de la Ciudad quedó en $403. Pero la brecha con las líneas nacionales es todavía mayor: el boleto mínimo de los servicios bajo regulación federal quedó en $742, por lo que el pasaje bonaerense resultó $581 más caro.

La comparación entre enero y octubre muestra que el aumento nominal de la provincia fue el mayor de los tres sistemas. El valor bonaerense subió $635; el de la Ciudad, $300; y el de las líneas nacionales, 248 pesos.

Los aumentos en el precio de los pasajes responden a las decisiones de los distintos gobiernos sobre cómo distribuir el costo del transporte de pasajeros. Cada jurisdicción decide qué parte del aumento recae sobre el usuario a través del boleto y qué parte cubre mediante subsidios a las empresas.

Ese criterio permite que las tarifas evolucionen de forma distinta aun dentro del área metropolitana. La Ciudad y la provincia aplicaron actualizaciones mensuales, mientras las líneas nacionales no recibieron incrementos después de julio.

Las líneas nacionales siguieron otra dinámica. El Gobierno autorizó entre mayo y junio aumentos de 2% a mitad de cada mes. La medida distribuyó una suba total de 6% en tres meses, con el objetivo de generar una menor presión sobre la inflación. La falta de nuevos ajustes después de julio amplió la distancia con las tarifas de la Ciudad y de la provincia.

Ya en su momento, fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste de 6% repartido en tres meses no alcanzó para cubrir el aumento de los costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en tres meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación”, sostuvo una fuente del sector. La misma fuente adelantó que la brecha con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aumentaría porque ambas jurisdicciones continuarían con subas mensuales vinculadas a la inflación más dos puntos. La diferencia ya se reflejó en los valores vigentes desde este jueves.

Sin reunión

La falta de ajustes en las líneas nacionales provoca tensiones con las empresas de colectivos. Según pudo saber Infobae, las conversaciones entre las compañías y la Secretaría de Transporte continúan, aunque no se programó una reunión para avanzar sobre una nueva actualización tarifaria.

El último encuentro estaba previsto para el 27 de agosto en el piso 12 del Palacio de Hacienda. La convocatoria se suspendió a último momento y desde entonces no se informó una nueva fecha para retomar formalmente las conversaciones.

Desde este jueves 1 de octubre, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires aumenta 3,7 %. La actualización también alcanza al subte y a los peajes de las autopistas porteñas, dentro del esquema de revisión mensual que toma como referencia la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El ajuste alcanza a las líneas reguladas por la administración local. De ese modo, viajar en colectivo dentro del distrito porteño cuesta más según el tramo de distancia recorrido. En paralelo, la provincia de Buenos Aires aplica su propia actualización para las líneas provinciales.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA

El pasaje mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, sube de $ 887,99 a $ 920,48 con la tarjeta SUBE registrada.

Las tarifas vigentes para cada tramo de distancia son las siguientes:

• De 0 a 3 kilómetros: $ 920,48.
• De 3 a 6 kilómetros: $ 1.022,81.
• De 6 a 12 kilómetros: $ 1.101,59.
• De 12 a 27 kilómetros: $ 1.180,44.

El sistema mantiene diferencias según el medio de pago. Los pasajeros que utilizan la SUBE abonan el valor correspondiente a la distancia recorrida, mientras que quienes pagan con tarjetas bancarias, billeteras digitales o tecnología NFC acceden a una tarifa promedio establecida para esa modalidad.

La suba responde al mecanismo de actualización automática que estableció el Gobierno porteño. El índice combina la variación mensual de precios que difunde el Indec con un adicional de 2%, destinado a acompañar la evolución de los costos operativos del sistema.

La medida alcanza a las líneas que son reguladas por la administración de la Ciudad. Las nacionales, que atraviesan diferentes jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuentan con un esquema tarifario distinto y dependen de decisiones del Gobierno nacional.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el aumento, la actualización busca reducir el desfasaje entre la tarifa que abonan los usuarios y el costo del servicio. El Gobierno de la Ciudad sostiene que los subsidios aún cubren una parte relevante de la operación del transporte público.

Cuánto cuestan peajes y subtes en CABA

La actualización de octubre también impacta sobre el subte de Buenos Aires, cuyo pasaje general sube de $1.753 a $1.817.

Sigue vigente el beneficio para pasajeros frecuentes. Quienes realizan entre 21 y 30 viajes mensuales tienen un descuento de 20%; para quienes acumulan entre 31 y 40 viajes, la rebaja es de 30%; y desde el viaje número 41, el descuento llega a 40%.

Con esos beneficios, los valores son de $1.453,60 entre el viaje 21 y el 30; $1.271,90 entre el 31 y el 40; y $1.090,20 desde el viaje 41. Además, continúan las tarifas sociales y los pases para jubilados y pensionados, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por regímenes especiales.

El Premetro tiene una tarifa de $635,95 para los usuarios con SUBE registrada. En cambio, el valor asciende a $1.011,16 para quienes viajan con una tarjeta sin nominalizar, según el cuadro difundido para octubre.

Los peajes de las autopistas porteñas tienen un incremento de 3,7 %. Para vehículos livianos en hora pico, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cuesta $6.785,16. En la Autopista Illia, la tarifa pico es de $2.820,85.

Fuera de la franja de mayor demanda, los autos pagan $4.787,85 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y $1.994,73 en Illia, Sarmiento y Salguero. Las autopistas están administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) y operan con el sistema de cobro electrónico TelePASE.

Cuál es el precio del boleto en provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de los colectivos provinciales es de $1.206,39 para los recorridos de hasta 3 kilómetros. El incremento alcanza a las líneas numeradas desde el 200 en adelante, que se encuentran bajo regulación bonaerense.

El cuadro de tarifas con SUBE registrada queda conformado de la siguiente manera:

• De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39.
• De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18.
• De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98.
• De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58.
• Más de 27 kilómetros: $2.127,47.

Así, la diferencia entre el boleto mínimo en la Ciudad y el de la Provincia es de $285,91. La brecha responde a que cada jurisdicción define sus propios cuadros tarifarios y mecanismos de actualización para los servicios que controla.

Los pasajeros deben verificar si la línea que utilizan se encuentra bajo jurisdicción nacional, porteña o provincial, ya que esa condición define el cuadro tarifario aplicable.

El corredor funcionará las 24 horas entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. Los carriles serán utilizados por las líneas 2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145. Por el corredor operará, además, la primera línea del Sistema Trambus hacia fines de 2026.

La T1 se incorporará a fines de 2026, con unidades de piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

La línea T1 tendrá 22 kilómetros de extensión y transportará a 60.000 pasajeros diarios. El sistema prevé reducir de una hora y 40 minutos a una hora el viaje entre Pompeya y Aeroparque, con una mejora de hasta el 30% en la velocidad promedio gracias a semáforos que extenderán la luz verde al detectar el paso de las unidades.

El uso de los carriles y las nuevas condiciones para estacionar

La pintura roja sobre el asfalto indicará las reglas de circulación: una línea continua reservará el carril al transporte público, mientras que una línea punteada permitirá compartirlo con otros vehículos. Los automovilistas podrán girar a la derecha, pero deberán incorporarse al carril exclusivo en la esquina anterior al cruce.

Los giros estarán habilitados inicialmente en Campichuelo y Acoyte, y más adelante también en el pasaje Balcarce. Quienes tengan cocheras sobre ese tramo de Rivadavia podrán usar el carril para entrar o salir de ellas, aunque deberán ingresar en la esquina previa y retirarse en la siguiente; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que próximamente deberán registrar sus vehículos.

La medida también contempla operaciones de carga y descarga entre las 21 y las 7, una franja de menor circulación de colectivos. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura construye además dársenas sobre la vereda izquierda de Rivadavia e incorporará cajones azules en calles transversales para facilitar las tareas logísticas de los comercios.

Los cambios comenzaron antes de la habilitación de los carriles. Avenida La Plata, entre Chaco y Quito hasta Rivadavia, pasó a tener sentido único hacia el norte, mientras que José Mármol y Pringles quedaron con circulación exclusiva hacia el sur.

Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, recuperó el doble sentido, y Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, quedó orientada únicamente hacia Muñiz. Por esa modificación, la línea 2 circula ahora por Quito, Quintino Bocayuva y Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

También se modificó la normativa de estacionamiento: sobre avenida La Plata está prohibido detenerse en ambas manos durante las 24 horas, mientras que en Quito se permite estacionar del lado par y se prohíbe del impar, donde está instalada la ciclovía.

Honorio Pueyrredón y Acoyte, la segunda etapa de la reconfiguración

La próxima etapa, prevista para octubre, modificará el sentido de circulación de Honorio Pueyrredón y Acoyte. La primera arteria invertirá su circulación entre el Cid Campeador y Neuquén: entre Gaona y Neuquén, el tránsito pasará a dirigirse hacia el sur, en sentido contrario al actual.

El parque lineal contará con dos paradores laterales, ubicados entre Gaona y Franklin, y entre Méndez de Andes y Aranguren. En el tramo comprendido entre el Cid Campeador y Juan B. Justo, la avenida mantendrá ambos sentidos de circulación y tendrá paradores centrales.

Acoyte dejará de ser doble mano entre Neuquén y Díaz Vélez y quedará con un solo sentido hacia el norte, con paradores ya construidos sobre la derecha. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, será doble mano; Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, circulará hacia el sur; y Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, lo hará hacia el norte.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, comparó la magnitud de las obras con los corredores ya existentes: “En 14 años, desde que empezamos con el primer Metrobús, se hicieron 66 kilómetros. Ahora estamos haciendo, en un año, que empezó en diciembre del año pasado y termina en diciembre de 2026, 22 kilómetros. Estamos haciendo en un año un tercio de lo que se hizo en 14 años”.

La T1 atravesará Nueva Pompeya, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de cuatro líneas ferroviarias metropolitanas, y tendrá un boleto integrado con el subte.

El proyecto incluye 71 paradores, nueve de ellos representativos de cada zona, con cargadores para vehículos eléctricos y estacionamientos para bicicletas. Una tercera etapa establecerá sentidos únicos en Zañartú, entre avenida La Plata y Senillosa; Gibson, entre avenida La Plata y Castro; y Butteler, entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo.

La segunda línea proyectada, la T2, partiría también de Nueva Pompeya y recorrería Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgrano hasta Aeroparque. No tiene fecha definida de obra.

Desde este jueves 1 de octubre, viajar en colectivo y subte y circular por las autopistas porteñas será más caro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará una actualización del 3,7% en las tarifas del transporte público y los peajes, en el marco de un esquema que prevé nuevos ajustes mensuales.

La actualización contempla que los valores se modifiquen de acuerdo con un índice compuesto por la inflación que publica el Indec más un 2%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48, mientras que el viaje en subte aumentará de $1.753 a $1.817.

En el caso de los colectivos, la nueva tarifa dependerá de la distancia recorrida. El boleto para trayectos de hasta 3 kilómetros será de $920,48; para viajes de entre 3 y 6 kilómetros, de $1.022,81; entre 6 y 12 kilómetros, de $1.101,59; y para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.180,44.

El sistema de pago también mantendrá las diferencias según el medio utilizado. Quienes abonen con SUBE continuarán pagando de acuerdo con los distintos tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el proceso de pago.

De acuerdo al gobierno de la Ciudad, con este ajuste se busca recomponer el atraso de la tarifa, teniendo en cuenta que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

En el subte, el nuevo valor será de $1.817. El gobierno porteño remarcó que continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente. El premetro, por su parte, pasará de $635,95 a $1.011,16.

También seguirán los beneficios de la Red SUBE y los distintos pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Según fuentes oficiales, el incremento busca avanzar en la recomposición de las tarifas y garantizar la sostenibilidad del servicio. En el caso del subte, indicó que los costos aumentaron 84,85% desde el último cálculo realizado en diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024.

A su vez, los ingresos tarifarios representaban el 23,7% de los costos a diciembre de 2024, mientras que el 76,3% restante era cubierto mediante subsidios.

Los nuevos valores también apuntan a financiar inversiones en el sistema. Entre los proyectos mencionados se encuentra la adquisición de 174 coches para renovar la flota de la Línea B, que transporta en promedio 180.000 pasajeros diarios, además de la compra de otros 40 coches para las líneas A y C y obras de renovación de estaciones e infraestructura.

En paralelo, indicaron la Ciudad destina actualmente USD 390 millones al año al funcionamiento del sistema de transporte público: USD 170 millones para los colectivos y USD 220 millones para el subte.

Cuánto costarán los peajes

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán un aumento desde octubre. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Autopista Illia subirá de $2.773,69 a $2.820,85.

“Los ajustes en la tarifa de peajes son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas porteñas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí. La repavimentación de la calzada, iluminación de los diferentes tramos, demarcaciones, defensas y puentes, juntas y alambrados en todas las autopistas son condiciones necesarias para la seguridad vial”, sostuvieron desde el gobierno porteño.

“Es importante resaltar que con los ingresos obtenidos AUSA mantiene no sólo las autopistas que tiene peajes (29 km) sino también las gratuitas (21 km): los tramos de Dellepiane que va desde Gral Paz hasta Lacarra en ambos sentidos, Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora”, agregaron.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:45 en el cruce de las calles Azamor y Bariloche, a cinco cuadras del Hospital Dr. Oscar Allende y a unos 600 metros del Puente La Noria.

Según pudo corroborar Infobae, el siniestro fue protagonizado por una unidad de la línea 553, ramal C, cuando el chofer realizaba el recorrido con pasajeros a bordo.

Gustavo Liuzzi, jefe de bomberos de Lomas de Zamora, precisó durante una breve entrevista televisiva que, al llegar al lugar, lo primero que hicieron los rescatistas fue determinar el estado de salud de los involucrados.

En ese sentido, Liuzzi subrayó que el pasaje pudo descender sin problemas del vehículo y no se registraron heridos. Una situación similar ocurrió con los habitantes de la vivienda, una mujer mayor y dos menores de edad, que resultaron ilesos a pesar de que el colectivo quedó incrustado en la fachada de la finca.

“Ya se retiró el colectivo y ahora en el lugar trabaja personal de Obras Particulares y Defensa Civil del municipio apuntalando la casa”, explicó en diálogo con el canal de noticias TN.

La investigación para determinar las circunstancias y las responsabilidades del hecho quedó a cargo del fiscal Carlos Patricio Pérsico, titular de la UFI N° 10 departamental.

Un colectivo despistó y chocó contra un restaurante en Palermo

Un colectivo fuera de control se subió a la vereda y atropelló al menos a cuatro personas en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro ocurrió esta mañana sobre la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda, atropelló a tres mujeres y a un hombre, para luego colisionar contra un árbol.

Por el hecho, el SAME atendió a cuatro personas, dos de las cuales revistieron criterio de traslado al Hospital Rivadavia, mientras que otra paciente fue derivada al Fernández, según confiaron fuentes policiales a este medio.

Aunque restan los informes, la información preliminar indica que el chofer se descompuso al volante, provocando que perdiera el control de la unidad.

Producto del choque, el deck de una cafetería en la que había mesas quedó destruido.

El hecho ocurrió esta mañana a la altura del 1635 de la avenida, entre Mansilla y Charcas. De acuerdo con el parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), una unidad de atención médica trabajó en el lugar luego de que el vehículo impactara contra el árbol.

Según pudo saber Infobae, el chofer del colectivo perdió el conocimiento en plena conducción, lo que generó el incidente. Como consecuencia del hecho, el deck de un restaurante quedó completamente destrozado.

“Me vine corriendo cuando me enteré, pero más allá de todo lo grave es solo daño económico. Es un milagro, en un horario donde no había gente en la vereda. Lo importante es que todos están bien”, declaró Fernanda, dueña del local de comidas afectado, a A24.

Una mujer de 33 años y otra de 45 fueron atendidas en el lugar y derivadas al Hospital Rivadavia. Además, una mujer de 58 años fue trasladada al Hospital Fernández, tras recibir asistencia. También fue atendido un hombre de 59 años, aunque no requirió derivación a un centro de salud, según precisó el SAME. De momento, la avenida permanece parcialmente cortada por el operativo y el trabajo de los peritos para esclarecer el caso.

En lo que va de la mañana, ya se desarrollaron ocho siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron informados por el SAME, con choques entre autos y motos, una colisión múltiple sobre la avenida General Paz y una mujer atropellada en el área de Tribunales.

El hecho de mayor cantidad de vehículos involucrados ocurrió en la avenida General Paz, en sentido al Riachuelo y a la altura de la avenida Doctor Ricardo Balbín. Allí chocaron tres autos y una moto. No se informaron, por el momento, las circunstancias del impacto ni el estado de las personas involucradas.

En el barrio de Flores, un auto y una moto colisionaron en la avenida Rivadavia y Chivilcoy. Otro choque con características similares se produjo en Díaz Vélez y Benjamín Franklin, mientras que en Morón al 3700, entre Bahía Blanca y Joaquín V. González, también intervinieron un automóvil y una motocicleta.

Además, una moto impactó contra un auto estacionado en Los Patos, entre la avenida Almafuerte y Pepirí. En tanto, dos vehículos chocaron en la avenida Elcano al 3588, cerca de la avenida Álvarez Thomas.

En el centro porteño, una mujer fue atropellada por un auto en Riobamba al 500, entre Lavalle y Tucumán. También se informó una colisión vehicular en Vidt y Soler, en Palermo. De momento, no se precisó si alguno de los episodios dejó personas heridas ni las causas de los choques.

Desde este martes, los barrios de Caballito y Almagro tendrán cambios en la circulación, el estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos por la llegada del nuevo sistema TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones abarcan restricciones para dejar vehículos, nuevas manos únicas y ajustes en cruces de avenidas. El Gobierno porteño informó que las medidas buscan adecuar la red vial al recorrido de la primera línea del servicio eléctrico, la T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico sobre neumáticos que circulará en superficie como complemento de la red de subtes. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante 20 kilómetros de recorrido, carriles exclusivos y preferenciales, y conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Los cambios en las reglas de estacionamiento

Los cambios que se implementarán respectan a las relgas de estacionamiento:

• Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas  sobre ambas manos.
• Quito: prohibido estacionar y detenerse del lado  izquierdo, entre Av. La Plata y Muñiz por presencia  de ciclovía.
• Av. Rivadavia: prohibido estacionar del lado  derecho, entre Yatay e Hidalgo, las 24 horas.
• Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol:  prohibido girar a la izquierda en Muñiz.

Se modifica el sentido de varias calles

• Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
• Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: sentido único  hacia Muñiz.
• Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen:  sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
• Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
• Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol:  doble sentido de circulación.
• La Línea 2 de colectivos circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según se informó.

El Gobierno porteño indicó que, desde octubre, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente hacia el norte-sur.

En el mes de julio, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó que ya estaban listos los primeros TramBus de la T1. “A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque”, contó, y agregó que “están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

La primera línea del sistema TramBus

Según comunicó el Gobierno porteño, el TramBus utilizará vehículos eléctricos fabricados en Argentina y no requerirá infraestructura ferroviaria. Las unidades funcionarán con neumáticos y contarán con sistemas de monitoreo de la conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, espejos retrovisores digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

El Ejecutivo de la Ciudad señaló que el transporte público representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Buenos Aires. El proyecto apunta a reducir esas emisiones y el ruido urbano mediante unidades sin emisiones durante su circulación.

La T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. También permitirá combinaciones con las líneas A, B, D, E y H de subte.

El recorrido conectará además con las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz, y con los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

Durante las horas de mayor demanda, la frecuencia prevista será de un servicio cada cuatro minutos. Las proyecciones oficiales indican que trayectos que hoy superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

La unidad, que circulaba sin pasajeros, impactó contra el frente de una casa situada en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, donde viven dos hermanos quienes no se encontraban en ese momento. El impacto causó grandes destrozos, especialmente en una habitación, y afectó también una vivienda lindera en la que se encontraba una familia, que resultó ilesa.

El choque provocó destrozos en el inmueble en el que impactó de lleno y la parte delantera del colectivo quedó dentro de la propiedad. El conductor murió como consecuencia del siniestro. Antes de llegar a la esquina donde ocurrió el choque fatal, el colectivo habría colisionado con un motociclista que realizaba repartos sobre la avenida Caaguazú. Las circunstancias del impacto contra la vivienda son materia de investigación.

“Llegué de trabajar y me encontré con todo esto. Pero bueno, qué voy a hacer”, declaró Alan a TN, uno de los inquilinos del inmueble más afectado. El joven mostró el interior de su hogar, que se veía lleno de escombros, polvo y muebles destruidos. “Me tengo que quedar porque sino se me mete alguien”, lamentó. La pared que derribó el vehículo es el de la habitación del joven cuya cama quedó completamente destruida y salvó la vida porque trabaja en horario nocturno. Además, aseguró que, en su caso, no recibió ningún llamado por parte del municipio de Lomas de Zamora o de la empresa propietaria del colectivo.

Quien también habló a la prensa fue Viviana, que vive en la casa de al lado, que también resultó dañada. “Estaba en la sala con mis hijos, terminando de preparar una torta para mi hija. Justo a ella le empezó a sangrar un diente, así que nos fuimos al fondo para lavarle y cuando llegamos al baño sentimos el impacto. Pensé que era una bomba. Cuando salí vi a mi marido tirado y los escombros que tenía encima, que le golpearon la pierna”, relató a A24.

La mujer relató también que su marido quedó muy impactado por el estado en el que encontró al chofer, ya que cuando pudo salir de entre los escombros, dijo, intentó ayudarlo, porque aún estaba con vida, pero no pudo sacarlo de ahí y momentos después murió.

También confirmó que, horas después, se acercaron compañeros del chofer y dijeron que estaba pasando por un mal momento personal.

En este sentido, la mujer indicó que, según el relato de sus compañeros, “en el momento en que él tenía que estar guardando el colectivo, estaba publicando estados (en WhatsApp) como que estaba para pelear con cualquiera”. Por el mismo canal también se expresó el dueño del inmueble, que confirmó que la empresa se comunicó con él para informarle que enviarían “una cuadrilla” para “apuntalar” el hogar derrumbado.

La ATU y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo contra el transporte informal en la avenida San Luis, donde uno de los vehículos intervenidos intentó escapar y pasó por encima de la posición de los agentes, generando una situación de riesgo durante la intervención.

Las acciones de fiscalización también permitieron detectar vehículos que acumulaban elevadas multas y que circulaban sin cumplir las condiciones requeridas para prestar el servicio. Entre ellos se encontraba una minivan con sanciones por S/ 847.000, en la que viajaban 10 personas.

Operativo contra colectivos informales

El despliegue forma parte de las acciones de fiscalización realizadas por la ATU junto con la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Lima. En uno de los puntos intervenidos, ubicado en la avenida San Luis, cinco efectivos se encontraban al costado de la vía cuando un vehículo aceleró para evitar la intervención y estuvo a punto de atropellarlos.

La revisión de los vehículos trasladados al depósito permitió identificar distintas infracciones vinculadas con el transporte informal. Las autoridades advirtieron que estas unidades trasladaban pasajeros pese a no reunir las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro.

ATU intervino 136 vehículos en Javier Prado

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, explicó que el operativo también se desarrolla en la avenida Javier Prado, en un tramo de ocho kilómetros comprendido entre la avenida La Molina y la vía expresa Luis Bedoya Reyes. Las acciones se realizan por disposición del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey.

En este sector fueron intervenidos 136 vehículos, de los cuales 133 prestaban el servicio de manera informal. Además, los fiscalizadores detectaron 46 conductores sin licencia y 33 unidades que registraban reincidencia y acumulaban sanciones anteriores.

Vehículos carecen de SOAT y presentan condiciones inseguras

Rivera cuestionó las condiciones en las que circulan algunas de estas unidades. Señaló que no cuentan con título habilitante ni SOAT, mientras que algunas presentan lunas acrílicas o rotas, además de asientos sujetos con rafia, lo que incrementa el riesgo para los pasajeros en caso de un accidente. También se encontraron vehículos con lunas polarizadas u oscurecidas.

La minivan que acumulaba S/ 847.000 en multas tenía 64 actas de fiscalización y había evadido anteriores acciones de control. Al momento de la intervención transportaba a 10 personas y, como medida preventiva, fue internada en el depósito. Otra unidad acumulaba S/ 170.000 en sanciones y era conducida por una persona que no contaba con licencia y tenía lunas polarizadas.

Las medidas de internamiento buscan impedir que estos vehículos vuelvan a circular mientras se aplican las sanciones correspondientes. La ATU informó además que, en lo que va del año, alrededor de 1.300 vehículos y conductores han iniciado un proceso de formalización.

La entidad exhortó a conductores y propietarios a regularizar su situación y pidió a los pasajeros evitar utilizar unidades que operan fuera de la formalidad. Según la ATU, los operativos coordinados en Javier Prado también contribuyen a despejar las zonas destinadas a paraderos y favorecer el desplazamiento del transporte autorizado.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador planteó que “confundir una beca con un subsidio” es “de burro o de mala persona”, y advirtió que “son cosas diferentes”.

Todo surgió cuando Hartfield, vicepresidente segundo de la comisión de Deportes, dio un breve discurso y se retiró de la sesión informativa. Entre sus frases, afirmó: “Entendemos que pueden estar pasando por momentos difíciles, y eso se entiende. Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos, como pagar la energía por un valor menor que el que vale”.

En ese marco, la tensión escaló mientras se producía el intercambio después de que le recordaran que recibió una beca estatal cuando vivía en el CeNARD.

“La beca me la dieron y compartí habitación con Agustín Calleri y Guillermo Coria, ese era el nivel de esas becas”, dijo Hartfield, al mencionar la asistencia que recibieron otros deportistas destacados de la disciplina. Además, aseguró que que ese tipo de ayuda “sigue” vigente y que desde el Ministerio de Capital Humano “seguimos haciendo cosas desde el Estado para cuidar a los más desprotegidos”.

“Un subsidio es algo completamente diferente -continuó-. Lo que expliqué es que el subsidio a la luz nos llevó a todos indiscriminadamente a pagar el 10% del costo de la energía, y eso nos provocó que seamos un país importador de energía por 7.000 millones de dólares. Y todo eso es lo que estamos reconstruyendo para quizá exportar 30.000 millones de dólares en energía de acá a unos años”.

“Muchas veces la manera de operar es traer causas nobles y pegar fuertísimo cuando lo que estamos haciendo es reconstruir un país que quedó destrozado en 2023″, fustigó Hartfield.

La sesión en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, representantes de clubes y otras instituciones deportivas del martes pasado, expusieron sus dificultades y el impacto del recorte de partidas.

Quien hizo el comentario crítico más fuerte fue el diputado de Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, lo cuestionó por haberse ido antes de escuchar las respuestas y lanzó: “Tiró la piedra y escapó”. En ese marco recordó que Hartfield “fue becado por el CENARD” a los 16 años en 1995: “Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, como los clubes de barrio”.

En su réplica radial, Hartfield aseguró que recibió “una andana de puteadas” (sic) aunque “por suerte fue solo del kirchnerismo, que opera siempre de la misma manera”. Y lamentó que le dijeran que “huía como una rata”, ya que se tuvo que ausentar ante la situación de que “la comisión había arrancado un poco más tarde y nos teníamos que ir” a otra reunión parlamentaria. “Me enteré por Youtube, no pude responder nada”, dijo.

Lo cierto es que, pese a los comentarios que recibió sobre un presunto doble discurso sobre la asistencia al Estado, el diputado de La Libertad Avanza volvió a rechazar que aumenten los fondos para subsidiar a los clubes de barrio, y cuestionó la iniciativa legislativa en ese sentido de la legisladora Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.

“Hay una diputada que presentó un proyecto de armar una tarjeta club para darle $600.000 por mes a todos los clubes de barrio. ¿Por qué $600.000 no $6.000.000? O sea, si total, ¿quién lo paga? Bueno, todo eso lo terminó siempre pagando la emisión monetaria, con lo que terminó generando más pobreza. Y eso es lo que justamente con mucho esfuerzo estamos tratando de revertir”, concluyó.

Desde el 15 de septiembre, los barrios de Caballito y Almagro tendrán cambios en la circulación, el estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos por la llegada del nuevo sistema TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones abarcan restricciones para dejar vehículos, nuevas manos únicas y ajustes en cruces de avenidas. El Gobierno porteño informó que las medidas buscan adecuar la red vial al recorrido de la primera línea del servicio eléctrico, la T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico sobre neumáticos que circulará en superficie como complemento de la red de subtes. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante 20 kilómetros de recorrido, carriles exclusivos y preferenciales, y conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Los cambios en las reglas de estacionamiento

A partir del 15 de septiembre, se implementarán los siguientes cambios en las reglas de estacionamiento:

• Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas  sobre ambas manos.
• Quito: prohibido estacionar y detenerse del lado  izquierdo, entre Av. La Plata y Muñiz por presencia  de ciclovía.
• Av. Rivadavia: prohibido estacionar del lado  derecho, entre Yatay e Hidalgo, las 24 horas.
• Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol:  prohibido girar a la izquierda en Muñiz.

Se modifica el sentido de varias calles

• Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
• Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: sentido único  hacia Muñiz.
• Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen:  sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
• Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
• Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol:  doble sentido de circulación.
• La Línea 2 de colectivos circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según se informó.

El Gobierno porteño indicó que, desde octubre, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente hacia el norte-sur.

En el mes de julio, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó que ya estaban listos los primeros TramBus de la T1. “A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque”, contó, y agregó que “están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

La primera línea del sistema TramBus

Según comunicó el Gobierno porteño, el TramBus utilizará vehículos eléctricos fabricados en Argentina y no requerirá infraestructura ferroviaria. Las unidades funcionarán con neumáticos y contarán con sistemas de monitoreo de la conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, espejos retrovisores digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

El Ejecutivo de la Ciudad señaló que el transporte público representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Buenos Aires. El proyecto apunta a reducir esas emisiones y el ruido urbano mediante unidades sin emisiones durante su circulación.

La T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. También permitirá combinaciones con las líneas A, B, D, E y H de subte.

El recorrido conectará además con las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz, y con los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

Durante las horas de mayor demanda, la frecuencia prevista será de un servicio cada cuatro minutos. Las proyecciones oficiales indican que trayectos que hoy superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

Los colectivos, encabezados por Margarita López, ex diputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., demandaron la salida de funcionarios a quienes acusaron de revictimizar a las familias, además de la falta de atención a las víctimas. Además, exigieron que se reciban denuncias del fuero federal, es decir, las denuncias que se presentan ante una autoridad federal para informar que posiblemente se cometió un delito.

A través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, Margarita López afirmó que las familias mantendrían las movilizaciones hasta obtener respuestas sobre las investigaciones y las labores de búsqueda de sus seres queridos.

“Necesitamos fiscales autónomos”, expresó durante la protesta, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político y acusó que esa relación impedía investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Exigen que la FGR reciba denuncias de todo el país

López convocó a madres y familiares de personas desaparecidas de distintas entidades a acudir a las instalaciones de la FGR, incluso si sus casos no estaban integrados en el ámbito federal. Aseguró que contaba con un oficio de la Visitaduría General de la República en el que se establecía que la Fiscalía debía recibir denuncias del fuero federal presentadas por víctimas de todo el país.

“A todas las víctimas de todo el país se les debe recibir aquí en este edificio la denuncia”, afirmó. El llamado estuvo dirigido a familias que buscaban abrir o trasladar expedientes ante autoridades federales.

La activista sostuvo que muchas personas enfrentaban obstáculos al intentar denunciar la desaparición de un familiar o al solicitar que las autoridades atrajeran una investigación inicialmente ubicada en otros estados. Por ello, planteó que las oficinas de la FGR debían atender a quienes llegaran desde otras entidades.

López afirmó que las madres que integraban los colectivos realizaban tareas que, a su juicio, correspondían a las instituciones. Entre ellas mencionó la búsqueda de personas y la localización de restos humanos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. y acusó a funcionarios de no atender los casos y de causar daño a las víctimas con sus decisiones. También reclamó que las madres hicieran trabajo de investigación y búsqueda sin recibir los recursos ni el acompañamiento que requerían.

“Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”, sostuvo la exlegisladora, y afirmó que las familias buscaban resultados y no explicaciones de los servidores públicos a quienes señalaron por retrasar o impedir la atención de los casos.

Integrantes de los colectivos No más presos inocentes y Tonantzin protagonizaron una fuerte pelea frente a las instalaciones del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

La riña dejó al menos tres personas lesionadas de los grupos, quienes acudieron a una audiencia de apertura de juicio contra un imputado por abuso sexual. Los colectivos respaldaron a cada uno de los implicados, No más presos inocentes acompañaba al imputado y la colectiva Tonantzin a la víctima, según un reporte de N+.

Dos de las personas lesionadas son mujeres que presentaron sangre en el rostro, de acuerdo con el reporte realizado desde el exterior del reclusorio. Hasta ese momento, no había ambulancias en el sitio para atenderlas ni personal de seguridad que acudiera a la riña.

La pelea inició tras la llegada de la colectiva Tonantzin

Los colectivos se concentraron afuera de las salas de juicios orales mientras se desarrollaba la audiencia de apertura por el delito de abuso sexual. La tensión entre ambos grupos ya existía antes de la confrontación, según integrantes de No Más Presos Inocentes que compartieron su testimonio con N+.

Personas de ese colectivo señalan al medio que en una audiencia anterior hubo quienes retiraron sus lonas e incluso las habrían dañado con objetos punzocortantes. La llegada de integrantes de Tonantzin deriva en una agresión entre ambos grupos.

La pelea obligó a algunos integrantes de No Más Presos Inocentes a resguardarse dentro de la explanada de las salas de juicios. Otros se retiraron corriendo del área tras el enfrentamiento, como muestran las imágenes captadas por el reportero Guillermo Carrillo para N+.

Los dos grupos mantienen posturas opuestas sobre el proceso judicial. No Más Presos Inocentes respalda al hombre imputado, mientras Tonantzin acompaña a la mujer identificada como presunta víctima.

Durante la riña no intervino de inmediato ningún elemento de seguridad, según el reporte de N+, a pesar de que en el lugar había cuatro policías, una cantidad que no logró contener a las personas que participaron en el enfrentamiento.

Sin embargo, pese a la pelea frente al Reclusorio Oriente, la audiencia de apertura de juicio continúa dentro de las salas orales. El proceso se sigue contra un imputado por el delito de abuso sexual, según informa N+.

No Más Presos Inocentes también realizó movilizaciones un día antes en distintos puntos del Centro de la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte. El colectivo mantiene presencia en el caso para exigir apoyo al imputado.

La reducción de subsidios y consecuente suba de los boletos de colectivos no se movió a la misma velocidad en los tres distritos que determinan cuánto se paga por viajar en Buenos Aires. Hoy, el boleto del colectivo de líneas que circulan por Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó en $742,84, mientras que el de los servicios que se prestan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires ya supera los $1.100 y los de aquellos que no salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se ubica en torno a $880. Esta brecha, según los empresarios, es que cada uno de esos precios es fijado por gobiernos distintos -nacional, provincial y capitalino-, con prioridades muy distintas.

La distancia entre las tres tarifas se formó durante 2025 y se amplió a lo largo de 2026. El último ajuste de las líneas nacionales del AMBA rige desde el 15 de julio: fue de 2% y elevó el boleto mínimo, para los viajes de hasta tres kilómetros, a $742,84. Desde esa fecha, el Gobierno no autorizó nuevos aumentos para esos servicios, que incluyen recorridos que entran y salen de la Ciudad.

En cambio, el valor mínimo de CABA llegó en septiembre a $887,99 y el de la provincia de Buenos Aires alcanzó $1.164,47. La diferencia entre el pasaje nacional y el bonaerense asciende a $421,63. Entre el precio nacional y el porteño, la brecha es de $145,15. El boleto bonaerense, a su vez, supera al de CABA por $276,48. Los pasajeros pagan montos distintos por trayectos de la misma extensión según la jurisdicción que regula la línea.

El trasfondo

En 2024, no existían diferencias entre los tres segmentos: el boleto mínimo de cero a tres kilómetros costaba $270 en CABA, en las líneas bajo jurisdicción nacional y en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno definía las actualizaciones de las tres jurisdicciones. La aprobación de las subas salía bajo un mismo esquema y alcanzaba a los colectivos nacionales, a los porteños y a los bonaerenses. Pero a partir de 2025, CABA y la provincia comenzaron a aplicar políticas propias, mientras que el Gobierno conservó el control de las tarifas de las líneas nacionales del AMBA.

A partir del año pasado, comenzó a reflejarse una diferencia en el precio del boleto de las tres jurisdicciones. La serie de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) permite seguir la evolución de los importes y ubicar el momento en que comenzó la separación. El año pasado, CABA registró un boleto mínimo de $472,17; las líneas nacionales quedaron en $424,91; y la provincia de Buenos Aires marcó $472,91. La tarifa nacional resultó $47,26 más baja que la porteña y $48 inferior a la bonaerense. La diferencia todavía era limitada, pero mostró que los ajustes ya no avanzaban al mismo ritmo.

Pero en 2026, la brecha se amplió: el cuadro consignó $788,28 para CABA, $728,28 para Nación y $1.015,61 para la provincia. En esa instancia, el pasaje bonaerense superó al nacional por $287,33, mientras que la tarifa de la Ciudad se ubicó $60 por encima de la correspondiente a las líneas nacionales. Los valores posteriores llevaron la distancia a los montos actuales de $742,84, $887,99 y $1.164,47 respectivamente.

¿Pisar la inflación?

La razón central de la diferencia está en la forma en que cada jurisdicción actualiza el boleto. Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires aplican todos los meses una fórmula que suma dos puntos porcentuales (p.p.) al último dato de inflación. Las líneas nacionales no siguen ese mecanismo automático. Cada incremento depende de una autorización del Gobierno. La decisión de no habilitar subas posteriores al 15 de julio mantuvo el valor nacional en $742,84, mientras que las tarifas porteña y bonaerense continuaron con sus ajustes.

Y el motivo por el cual no se autorizan nuevos aumentos en la líneas del AMBA, según denuncian fuentes empresarias, es que el Gobierno busca no generar presiones adicionales a la inflación. Los últimos aumentos, del 6% entre mayo y julio, se autorizaron a mediados de mes para moderar el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La provincia de Buenos Aires aplicó, además, refuerzos por fuera de la pauta mensual de inflación más dos p.p., según explicó la fuente. En algunos meses, agregó escalones adicionales de cerca de 10%, que se sumaron a la fórmula regular. Esa combinación produjo aumentos cercanos a 14% de un mes a otro en determinados tramos de la serie.

“La política todos los meses es inflación más dos, tanto en Ciudad como en provincia, pero provincia además le metió escalones de 10% adicional en algún tramo”, señaló un empresario en conversación con Infobae. Esas subas complementarias explican que el boleto mínimo bonaerense se ubicara por encima del de CABA y del nacional.

Reunión suspendida

La situación tarifaria también se cruza con el esquema de subsidios y los costos operativos que enfrentan las empresas. Según pudo saber Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a las compañías de colectivos del AMBA a una reunión para el jueves 27 de agosto, pero el encuentro se suspendió poco antes de la hora prevista.

Los empresarios esperaban una definición sobre un aumento del boleto o sobre mayores subsidios. En este momento, se estima que trasladar a un pasajero cuesta $2.400 cuando entre la tarifa que abonan los usuarios y los subsidios, el Estado reconoce cerca de $1.700. La diferencia ronda los $700 por pasajero. “Tenemos aproximadamente $700 que no están reconocidos ni con la tarifa ni con el subsidio”, afirmó la fuente. La convocatoria suspendida dejó sin precisiones a las empresas sobre una eventual actualización para las líneas nacionales o sobre una ampliación de los aportes estatales. El último incremento de esas líneas sigue vigente desde el 15 de julio.

La Municipalidad de Moreno realizará este viernes la apertura de sobres prevista para renovar la concesión en el servicio de transporte que se da en el municipio. Sin embargo, esto despertó una fuerte reacción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante las exigencias que presentó la intendencia para quedarse con la licitación y el conflicto que se abre con la empresa que históricamente se encargó de brindar el servicio.

Todo comenzó el pasado 20 de julio, cuando la intendenta Mariel Fernández impulsó el proyecto para renovar el pliego de la licitación que estaba vencido desde el 2016 y que fue aprobado por el Concejo Deliberante. Según comunicó el municipio, la iniciativa que presentó la jefa comunal apuntaba a que el nuevo sistema de transporte entrara en vigencia en enero del 2027 y así se pueda reorganizar de forma integral el transporte para acompañar el crecimiento poblacional, mejorar la conectividad territorial y responder a las necesidades de movilidad de las familias.

De esta forma, se ponía fin a la monopolización que tiene la empresa Transportes La Perlita S.A.C.I.F., que históricamente está a cargo del sistema de colectivos que recorre todo el municipio del oeste del Conurbano.

El objetivo del municipio es que con el nuevo esquema se puedan incorporar nuevas empresas prestadoras, lo que ampliará la cobertura, generará recorridos más directos entre los barrios, los centros educativos, los espacios productivos y de salud.

El nuevo pliego divide el territorio de Moreno en tres zonas geográficas con concesiones por un plazo de 10 años. El diseño apunta a descentralizar la prestación y cubrir 125 barrios que hasta ahora no recibían atención suficiente. Cada postulante puede adjudicarse como máximo una sola área, lo que impide que un único operador retenga el control total de los recorridos comunales. Además, el pliego exige la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o Sociedades de Propósito Específico, con la condición de que la compañía que acredite experiencia operativa conserve al menos el 51% de las acciones y los derechos de voto durante toda la vigencia del contrato.

En cuanto a la distribución por zonas, la primera comprende 14 recorridos y deberá contar con 75 unidades. La segunda incluye 17 servicios regulares con 86 colectivos y 3 recorridos complementarios con 11 vehículos adicionales. La tercera contempla 11 servicios regulares con 82 unidades y 3 complementarios con 13 coches más, lo que lleva el total a 267 colectivos, frente a los 243 que actualmente financia la Provincia.

Además, entre algunas de las especificaciones técnicas que elaboró la Secretaría de Tránsito y Transporte, apuntan a un cronograma exigente de renovación del parque móvil. Las empresas adjudicatarias deberán iniciar el servicio con un 10% de unidades nuevas, alcanzar el 50% a los 180 días y completar la renovación del 100% de la flota en el mes 25 de operación. A los 90 días de la puesta en marcha, ningún vehículo en circulación podrá superar los cinco años de antigüedad.

En tanto, las unidades también deberán estar equipadas con cámaras de seguridad, sistemas de geolocalización y rampas de accesibilidad, y el municipio contará con monitoreo en tiempo real a través de GPS conectado a las dependencias comunales. Las sanciones por incumplimientos se calcularán mediante unidades de módulo equivalentes a 75 litros de nafta de mayor octanaje a precio de pizarra oficial.

La advertencia de la UTA

El gremio conducido por Roberto Fernández manifestó su preocupación ante la ausencia de cláusulas de preservación laboral explícitas en las condiciones licitatorias. A través de un comunicado, el gremio advirtió que la transición no debe dejar sujetos el empleo, la antigüedad ni los derechos adquiridos de más de 800 choferes y empleados de La Perlita a las decisiones de los futuros adjudicatarios. El sindicato reclamó que “la continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación” y alertó que, de no resolverse la situación, el municipio estaría generando un escenario de conflictividad que pondría en riesgo la paz social.

El punto central del conflicto es el artículo 41 del pliego, que establece que las empresas adjudicatarias deben contratar al personal que, a la fecha de inicio de la concesión, haya adquirido estabilidad laboral en las líneas municipales explotadas actualmente por La Perlita. Esa definición excluye a los contratados de forma temporal.

Según el texto licitatorio, el personal se distribuirá entre las nuevas operadoras en base a un coeficiente de 2,83 trabajadores por cada colectivo, lo que arroja un estimado de 755 empleados a transferir. La diferencia con la cifra que menciona la UTA implica que alrededor de 50 trabajadores podrían quedar fuera del nuevo esquema, aunque el resultado final dependerá del avance del proceso.

Las empresas protestaron frente al municipio y cuestionaron las condiciones del pliego

La tensión no quedó circunscripta al ámbito sindical. Representantes de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) movilizaron unidades frente al edificio comunal para cuestionar las condiciones establecidas en la licitación. La protesta se desarrolló sin incidentes durante el mediodía de este miércoles, y los representantes del sector entregaron un petitorio con sus objeciones, aunque inicialmente las autoridades locales se negaron a recibirlo y finalmente lo aceptaron.

Víctor Pasquini, integrante de la CTPBA, calificó al pliego como “bastante pretencioso” frente a la situación económica que atraviesan las empresas. “Los costos no están reconocidos y las exigencias cada vez son mayores”, afirmó en declaraciones al Semanario Actualidad de Moreno. Pasquini señaló también que la exigencia de renovar el 100% de la flota en dos años va en sentido contrario a la decisión del gobierno bonaerense, que extendió de 10 a 13 años la vida útil permitida para los colectivos.

Desde el sector privado también expresaron sospechas de que las condiciones económicas del pliego, entre ellas el valor de 15 millones de pesos fijado para su compra, favorecerían a grupos de gran envergadura patrimonial y dejarían fuera de competencia a compañías de menor tamaño.

Otro punto de tensión es el diseño de los recorridos. Pasquini advirtió que algunos ramales que se busca incorporar interferirían con líneas provinciales en sus trazas actuales. A eso se suma el problema del subsidio: la Provincia financia actualmente 243 unidades y el nuevo esquema prevé 267, pero el gobierno bonaerense rechazó aumentar los recursos destinados al sistema y aclaró que no quiere sentar un precedente para que otros municipios hagan lo mismo. Esa diferencia impactaría directamente en los ingresos de las operadoras, dado que la masa de dinero disponible para compensar el servicio es la misma mientras la cantidad de unidades en circulación crece.

El piloto del carril bidireccional para los buses del Corredor Azul funciona en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y el jirón Emilio Fernández.

La medida ocupa la calzada que habitualmente usan los vehículos que se desplazan desde Miraflores hacia el centro de Lima. El nuevo esquema obligó a los vehículos informales a usar vías alternas, con impacto en los tiempos de viaje y nuevos focos de congestión. El noticiero de Buenos Días Perú evidenció su recorrido.

¿A dónde migraron los colectiveros?

Los conductores que llegan al Óvalo de Miraflores mantienen allí su punto de retorno e inician el trayecto de regreso por la misma avenida. El cambio aparece al llegar al tramo restringido, donde ya no pueden avanzar en dirección al centro por la vía habilitada para los buses.

El desvío convirtió a Paseo de la República en uno de los principales pasos para los colectivos que se dirigen al centro de Lima. En particular, la curva de esa vía registra una alta carga vehicular por la presencia de unidades que antes transitaban de forma directa por la avenida Arequipa.

Es así como, los colectiveros se desvían por la calle Emilio Fernández y toman la avenida Petit Thouars. Luego avanzan hacia la avenida 28 de Julio y se incorporan a Paseo de la República, desde donde buscan el acceso hacia la avenida 9 de Diciembre y la avenida Garcilaso de la Vega.

Dentro de la vía intervenida hay dos carriles: uno permite el avance de los buses hacia el centro de Lima y el otro está destinado a las unidades que retornan hacia Miraflores. Una línea amarilla pintada sobre la pista separa ambos sentidos de circulación.

Para Edwin Derteano, presidente de Transitemos, la modificación del tránsito debería servir para discutir el modelo de transporte que necesita Lima. “La ciudad va a ir descongestionándose cuando dejemos la microtransportación y entremos a la macrotransportación”, sostuvo.

El especialista planteó que los conductores podrían asociarse para operar unidades de mayor capacidad. “Tienen que ir mirando, que se junten varios y se compren un bus, en vez de que cada uno esté en su combi”, afirmó.

Conductores muestran su molestia y protestan

El último martes, se reportó protestas de colectiveros en calles cercanas a la avenida Arequipa tras la restricción de su circulación en el tramo bidireccional. Los choferes sostienen que la medida redujo sus espacios para recoger pasajeros y extendió sus desplazamientos.

“Es un caos, malogra todo. Es ilógico que han hecho”, señaló otro conductor afectado por el cambio.

Derteano defendió la prioridad otorgada al Corredor Azul y consideró que la reducción de colectivos en la avenida Arequipa puede favorecer el flujo vehicular. “Si descongestionamos la Arequipa y el tráfico fluye, la gente se va a subir a un bus y va a dejar de subirse a un colectivo”, afirmó.

El Mundial de Fútbol terminó, pero algunas de las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial desplegadas durante el torneo podrían permanecer como herencia en México, advirtieron este miércoles organizaciones civiles al presentar el informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”.

Un legado de vigilancia en tres sedes

El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al espacio público, control territorial y fortalecimiento de capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del torneo, organizado junto con Estados Unidos y Canadá.

Según Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, las organizaciones documentaron estas afectaciones ante el temor de que se normalicen más allá del Mundial: “Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, ya no haya vuelta atrás”, señaló.

El presupuesto que fue a cámaras y no a búsqueda

Uno de los hallazgos más señalados ocurrió en Jalisco, donde el fortalecimiento de la vigilancia durante el torneo alcanzó incluso el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD):

• El anexo presupuestario para búsqueda aumentó 172.68%, aunque lo calificó como una “ilusión presupuestal”.
• Más del 90% de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
• Los recursos no fortalecieron la búsqueda en campo, la identificación forense ni la atención a familias.

El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1,345 millones de pesos en 2026, destinados principalmente a videovigilancia y tecnologías de monitoreo.

“Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose (...) el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz, quien recordó que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas desde 2019.

Protestas bajo vigilancia diferenciada

Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros de 21 episodios de protesta, 18 de ellos en Ciudad de México. En 40 casos constataron presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención:

• Encapsulamientos de familias buscadoras que exigían respuestas ante la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas.
• Violencia más intensa contra maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

A esto se sumó, según Gómez, una estrategia de estigmatización discursiva que —sin criminalizar abiertamente la protesta— habría creado condiciones para minimizar la gravedad del uso de la fuerza.

Otras afectaciones documentadas

El informe también registra:

• Hostigamiento a personas en situación de calle en Ciudad de México y Guadalajara.
• Acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey.
• Afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas.
• 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo.

Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó que no se haya establecido cuándo terminarán estas medidas de seguridad ni cómo serán retiradas, y señaló el uso de policías vestidos de civil. “Especulativamente esto también funciona como un laboratorio, para ver qué tanto pueden lanzarlo (...) y qué tanto nosotros también nos quedamos callados”, advirtió.

Contexto: la crisis de desapariciones sigue sin resolverse

Este informe se conoce en paralelo a otra alerta internacional: colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, encabezados por Amnistía Internacional, pidieron esta semana a la Asamblea General de la ONU crear un “mecanismo extraordinario” ante la crisis de desapariciones en México, que suma más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar.

Ambos episodios —el gasto en vigilancia durante el Mundial y la petición ante la ONU— exponen la misma tensión de fondo: mientras crece la infraestructura de monitoreo y control en el espacio público, colectivos y organismos internacionales insisten en que la respuesta forense y de búsqueda sigue sin estar a la altura de la crisis.

El violento episodio se produjo el domingo pasado por la mañana, unos minutos antes de las 7, cuando Martino Bustos abordó la unidad de la Línea 3 en la parada ubicada en la esquina del CAPS, del barrio 130 Viviendas de la capital tucumana. Subió al colectivo, pagó el boleto, conversó con el conductor y se ubicó en el primer asiento.

A la altura de la avenida San Ramón y la autopista, y aprovechando que no había más pasajeros, el ladrón extrajo un cuchillo y atacó al chofer por la espalda, exigiéndole sus pertenencias. “Dame todas las cosas”, le dijo.

El conductor recibió seis puñaladas en el tórax y el brazo mientras intentaba defenderse, hasta perder el control del vehículo, que terminó impactando contra un montículo de tierra y un poste de luz en la avenida Circunvalación y Rafael Obligado.

Tras ello, el agresor huyó a pie, sin concretar el robo.

Posteriormente, la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía provincial desplegó un operativo en la zona y ubicó a Martino Bustos cerca de su domicilio la noche del domingo. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, y este martes se llevó a cabo la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra Martino Bustos.

Para la fiscalía, el asaltante tuvo claras intenciones de quitarle la vida al chofer. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino destacó que la unidad de transporte cuenta con registros fílmicos que permiten reconstruir el ataque y sostener que existió una planificación previa. “El acusado asciende, paga, se sienta, conversa con la víctima y luego la ataca por la espalda”, señaló.

Además, sostuvo que se encuentran vigentes los riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación. En ese sentido, indicó que “el imputado registra condenas anteriores”.

La víctima fue trasladada al hospital con heridas graves que pusieron en riesgo su vida. La fiscalía señaló que aún no es posible determinar las secuelas físicas y psíquicas que dejará el ataque en la vida del conductor.

La investigación sigue. Entre otras medidas, está pendiente la realización de una rueda de reconocimiento de personas una vez que la víctima reciba el alta médica, y peritajes sobre prendas de vestir del imputado, para analizar la existencia de restos biológicos.

La jueza interviniente avaló el pedido de la fiscalía y dispuso el alojamiento inmediato de Martino Bustos en una unidad del servicio penitenciario.

La defensa, por su parte, no se opuso a la medida y anticipó la intención de buscar un juicio abreviado.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, habló sobre el caso y aseguró que se trata de un hecho “aislado”, a la vez que anticipó que la fuerza reforzará los controles sobre las líneas de colectivos para prevenir nuevos ataques.

“Volveremos a desplegar todo tipo de recorridos para adelantarnos a este tipo de hechos y saber que estos delincuentes van a salir para hacer daño porque ahora está con preventiva, seguramente pasará a la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz, pero cuando salga no hace otra cosa que robar”, afirmó.

El hecho ocurrió, alrededor de las 9:20, a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, según la información oficial del SAME, que al llegar al lugar constató la muerte de la víctima.

Hacia allí también se desplazaron Bomberos de la Ciudad, del Destacamento de Palermo, y Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales informaron que la víctima descendió del colectivo y, cuando la unidad comenzó la marcha, quedó enganchada del pie, siendo arrastrada unos metros y quedando posteriormente atrapada. Luego de la tragedia, el resto de los pasajeros descendieron en orden y por sus medios.

Personal de emergencias trabajó para retirar el cuerpo que quedó atrapado debajo de la unidad.

El episodio ocurrió cerca de las 7, cuando el colectivo circulaba por la zona del barrio 130 Viviendas, en la capital tucumana. Como se observa en el video que encabeza esta nota, el agresor era el único pasajero de la unidad: permaneció sentado durante varios segundos, se levantó y avanzó hasta la cabina del conductor, donde comenzó el ataque con un arma blanca.

En medio del forcejeo, el chofer perdió el control del colectivo y chocó.

Según publicaron medios locales, la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en el hombro derecho y fue trasladado inicialmente al Hospital Centro de Salud. Más tarde fue derivado a un sanatorio privado para continuar con su atención.

Tras el ataque comenzó un amplio operativo para localizar al sospechoso. Según informó el Ministerio de Seguridad de Tucumán, primero intervinieron efectivos de la Unidad Regional Capital y luego tomó la investigación la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, a través de la División Robos y Hurtos.

Las imágenes registradas por las cámaras del colectivo fueron determinantes para identificar al agresor. El medio local Enterate Noticias informó que operadores del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) analizaron los registros de videovigilancia y aportaron el material que permitió individualizar al presunto autor del ataque.

Finalmente, efectivos de la División Robos y Hurtos aprehendieron a un hombre de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, aseguró que el detenido posee “numerosos antecedentes” y una condena previa, aunque evitó brindar detalles sobre su prontuario.

“A partir de este hecho, la Policía de Tucumán desplegó un amplio operativo con la Unidad Regional Capital, primeramente; y luego la Brigada de Investigaciones, a través de la División Robos y Hurtos, quienes hicieron la tarea de investigación que permitió detener a este delincuente”, sostuvo el jefe policial.

Según pudo confirmar Infobae, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter, que por estas horas trabaja en la acusación que presentará contra el aprehendido durante la audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas prevista para este martes.

Girvau también aseguró que el hecho fue “aislado”, pero anticipó que la fuerza reforzará los controles sobre las líneas de colectivos para prevenir nuevos ataques.

“Volveremos a desplegar todo tipo de recorridos para adelantarnos a este tipo de hechos y saber que estos delincuentes van a salir para hacer daño porque ahora está con preventiva, seguramente pasará a la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz, pero cuando salga no hace otra cosa que robar”, afirmó.

El jefe policial agregó que el Departamento de Inteligencia Criminal, junto con la Unidad Regional Capital, ya puso en marcha un operativo en la zona donde ocurrió el ataque y en otros corredores por los que circulan distintas líneas del transporte público.

Menos pasajeros en los colectivos, en los trenes y en los subtes. Es una constante que se repite en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde viven 16 millones de personas, según los datos relevados por Infobae. Las causas son varias, pero la tendencia es marcada y se agudizó desde finales de 2023.

Según datos proporcionados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la cantidad de pasajeros transportados en junio pasado tuvo caídas de entre el 4% y el 31% con relación al mismo mes de 2024, dependiendo de cada conjunto de servicios y si el día es laborable, sábado, domingo o feriados.

El sistema de colectivos del AMBA clasifica a las líneas en grupos tarifarios, definidos según la jurisdicción que las regula. Dentro de esta jurisdicción, comparando el promedio de los pasajeros transportados en junio de 2024 con relación a junio de este año, para los días hábiles la caída fue del 17%; para los días sábado del 21%; para los domingos del 24% y para los feriados del 7%.

En números netos de pasajeros transportados las cifras son muy elevadas: en el AMBA, los días hábiles de junio pasado hubo 1.665.972 de pasajeros menos ya que se pasó de 9.862.272 en junio de 2024 a 8.196.300 en junio de este año. Los días dedicados al esparcimiento son los que mostraron mayor caída porcentual: una baja del 24% se dio en los domingos, pasando de 3.172.358 a 2.420.716: una diferencia de 751.642 pasajeros menos.

Dentro del AMBA, hay 3 subgrupos de servicios. El primero es el conjunto de 27 líneas cuyo recorrido se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este, las bajas para el período antes citado oscilan entre el 7 y 8%. En días laborales, en junio de 2024 transportaron a 903.533 pasajeros y dos años después 838.600: una diferencia neta de 64.932 viajes menos.

El segundo subgrupo se identifica como Nacional, porque están reguladas por la Secretaría de Transporte de la Nación. Agrupa a las 102 líneas que cruzan CABA y el Conurbano bonaerense. En este caso, las bajas son de entre 4% y 18% para el mismo período analizado. En los días hábiles, la cantidad de usuarios se redujo en 409.110, mientras que los domingos la caída fue de 226.580 pasajeros.

Y el último subgrupo involucra a las 254 líneas reguladas por la Provincia de Buenos Aires, cuyas caídas van entre el 12 y el 31%. Tienen cabeceras en distintos municipios bonaerenses de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En días hábiles, se pasó de transportar a 5.288.385 pasajeros en junio de 2024 a 4.096.455 en junio de este año: una diferencia neta de 1.191.930 usuarios (caída del 23%). Los sábados ocurrió algo similar al contar 3.295.262 pasajeros en junio de 2024 y este último junio 2.381.378: una diferencia neta de 913.885 pasajeros menos y caída porcentual del 28%.

Los domingos siguieron la misma tendencia antes mencionada: La disminución fue del 31% al pasar de 1.627.979 pasajeros en junio de 2024 a 1.127.818, con una diferencia neta de medio millón de personas.

Lo que ocurre con los subtes

En cuanto al subterráneo, la caída en el primer semestre de este año, comparada con la del primer semestre del 2023, fue del -19%.

En los primeros seis meses de este año se registraron 89.325.181 pasajes vendidos, incluyendo las seis líneas y el Premetro. En el mismo período de 2023, se habían registrado 110.384.514, lo que arroja una diferencia neta de 21.059.333 de pasajes menos para todas las líneas, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y analizados por la unidad de datos de Infobae.

Resulta interesante observar lo que ocurrió en cada línea, entre los dos primeros semestres analizados: 2026 con relación a 2023.

La mayor caída porcentual se dio en la línea D, que va desde la Catedral hasta la estación Congreso de Tucumán, en el límite entre los barrios de Belgrano y Núñez. Hace tres años movilizaba 25 millones de pasajes en ese lapso y este año, apenas 19. Con 6 millones de pasajes menos entre un período y el otro, mostró una caída porcentual del 24%.

Todas las líneas cayeron drásticamente durante la pandemia y comenzaron a repuntar en el 2021 con la apertura de actividades. Nunca alcanzaron los picos observados en 2018, pero marcadamente comenzaron a descender desde el final del 2023 en adelante.

Pasajeros de trenes

Las estadísticas de la Red ferroviaria de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires muestran un patrón similar al de los colectivos y los subtes. Estas redes férreas conectan la periferia con los principales nodos de la capital e incluyen las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza y el Tren de la Costa.

Los datos fueron recopilados a partir de información suministrada por los operadores ferroviarios y publicados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Contiene detalles de pasajeros pagos transportados desde 1993 hasta la actualidad.

En el análisis del primer semestre de 2026 comparado con el mismo período de 2024 hay bajas en 6 de los 8 casos analizados.

Las mayores caídas se dieron en las líneas Mitre, con una reducción del 46%; Sarmiento, con una baja del 27% y Roca, con un descenso del 18%. En promedio, cada una vendió 10 millones de pasajes menos entre los primeros seis meses de 2026 con relación a dos años atrás.

En contraste, sólo dos servicios mostraron un aumento respecto de 2024: el San Martín transportó 762.407 pasajeros más, equivalente a un crecimiento del 6%, mientras que el Tren de la Costa registró un incremento de 45.869 pasajeros, un 7%.

Las tres líneas restantes (Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte) mostraron un descenso más moderado, de entre 5 y 2%.

Las posibles causas

La caída del poder adquisitivo ha generado que muchas personas reduzcan la frecuencia de sus viajes, limiten las combinaciones entre medios o busquen alternativas más económicas para desplazarse. Esta tendencia afecta tanto a trabajadores como a estudiantes y otros usuarios habituales.

No es el único factor determinante. A eso se suman la suba de tarifas, derivada de la quita progresiva de subsidios estatales, que alteró el costo de los pasajes en un contexto de deterioro previo.

Muchos optan por trasladarse solo cuando es imprescindible o eligen otras formas de movilidad.

Asimismo, la instauración del teletrabajo durante la pandemia dejó una huella permanente en la rutina laboral. Actualmente, varias empresas mantienen esquemas híbridos o completamente remoto, lo que disminuye la necesidad de viajar diariamente hacia los lugares de trabajo y repercute de manera directa en la demanda del transporte público.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El director del Grupo Dota, Marcelo Pasciuto, indicó que “el semestre entero da un 8,13% de baja general”, y expuso que hay una “disparidad muy grande en la tarifa” de los pasajes. “La gente que más sufre es la gente del segundo o tercer cordón del conurbano, donde el boleto sube un 30%”, ejemplificó el referente sectorial, que opera 68 líneas y 4.100 colectivos en todo el AMBA, desde La Plata hasta Luján y la ciudad de Buenos Aires.

Durante julio de 2025, el boleto en las líneas de jurisdicción nacional costaba $451,01, mientras que en la ciudad de Buenos Aires era de $488,70 y en la provincia de Buenos Aires, de $489,61. Un año después, en julio de 2026, esos valores treparon a $742,81 en líneas nacionales, $820,99 en la ciudad y $1.063,98 en la provincia de Buenos Aires. El incremento interanual fue de 64,69% en líneas nacionales, 67,99% en la ciudad y 117,31% en la provincia.

“Hay tres distritos y tres tarifas diferentes. Lo más lógico es unificar. No unificamos ahora ni la tarifa”, cuestionó en una entrevista con el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel en radio Con Vos. “En el mismo lugar podés tomar un colectivo que vale $742, y después viene otro que te sale $1150″, precisó.

Según planteó, la disparidad afecta sobre todo a los habitantes del segundo y tercer cordón, donde el costo del viaje puede subir entre 25% y 40%.

En julio de 2026, el transporte público de colectivos en el AMBA mostró el impacto de las subas tarifarias en el comportamiento de los usuarios. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), se vendieron 118,1 millones de pasajes, frente a los 146,1 millones de julio de 2025: una baja interanual del 19,1%, equivalente a 28 millones menos.

Los factores en la caída de los usuarios

Luciano Fusaro, presidente de Aaeta, indicó que el incremento de tarifas expresa “la peor situación” y “genera mal humor” entre los usuarios. “Eso expulsa pasajeros, porque el usuario, en relación al salario, la tarifa es cada vez más pesada. Algunos no lo pueden pagar: desisten, caminan —si antes por diez cuadras había un colectivo, hoy las camina o va en moto—”, explicó.

Y agregó: “De hecho, hay récord de venta en motos y todo el auge de estas aplicaciones. Después está también el tema de actividad económica. Vos mirás los datos de la actividad económica en Argentina, los sectores más dinámicos que traccionan la economía son Vaca Muerta, el agro, la pesca y energía, que son todas actividades que están más vinculadas al interior del país y que no mueven tanta gente en el AMBA”.

En lo que respecta a la demanda, el sector registró un quiebre a partir de la pandemia de COVID-19. “Hasta la pandemia teníamos una carga de pasajeros estable. Luego, el home office se instaló masivamente y hoy mucha gente trabaja dos o hasta cuatro días por semana desde su casa”, explicó Pasciuto.

Coincidió, además, en que parte de la baja se debe al aumento de alternativas como la bicicleta, el monopatín y, sobre todo, la moto. Según dijo, sus ventas suben año a año y ya alcanzan las 450 mil unidades mensuales, con un incremento del 50%. “Antes esos usuarios viajaban en colectivo; ahora, con la moto, hacen recorridos puerta a puerta y a menor costo”, señaló.

La falta de reconocimiento del costo del transporte por parte de los empleadores lleva a que muchas personas busquen empleo cerca de sus domicilios, en lugar de realizar traslados largos a la capital. “Ir del segundo o tercer cordón a Buenos Aires implica entre una y una hora y media de viaje por trayecto”, explicó Pasciuto.

Consultado sobre la posibilidad de una tarifa única o un sistema integrado, Pasciuto afirmó: “Nunca hubo una estrategia de transporte a diez o quince años.

La antigüedad de la flota

Sobre la renovación de la flota, el mismo directivo sostuvo: “En la ciudad de Buenos Aires, el 100% de los colectivos tienen aire acondicionado y muchos ya funcionan con energías renovables. En nación, el porcentaje que funciona con aire es del 90%, pero en la provincia apenas llega al 15%”.

La antigüedad promedio de las unidades también varía. Según el directivo del Grupo DOTA, en la ciudad ronda los tres a cuatro años, en nación seis años y en la provincia, 10 años. “El pasajero es argentino en Nación, Provincia y en Ciudad de Buenos Aires. No se entiende por qué alguien que toma un colectivo en el Obelisco, viaja en un colectivo 0 KM con energías renovables, se baja y toma un colectivo en Moreno, con quince años de antigüedad, que está hecho pedazos”, ilustró.

Los empresarios mantienen diálogo con los gobiernos nacional y provincial a través de cámaras del sector. Sin embargo, Pasciuto señaló que la interlocución es inestable y que los funcionarios suelen carecer de experiencia.

“En los últimos años pasaron siete u ocho ministros o secretarios de Transporte a nivel nacional. A lo que voy es que el funcionario suele estar dos años, y no es del sector. Te podés encontrar con un señor que es abogado, arquitecto o ingeniero como ministro de Transporte”, dijo. Y concluyó: “No hay una política de transporte a quince años donde digamos, “che, a partir de ahora se renuevan los colectivos”.

Los colectivos Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia se manifestaron el martes 12 de agosto frente al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán, Sinaloa, para denunciar la acumulación de cuerpos sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con los reportes, las madres buscadoras colocaron fichas de personas desaparecidas en las rejas, los muros y el piso de entrada del inmueble para exigir que el centro entre en funciones y que el Estado garantice la identificación y entrega digna de los restos.

Una integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia señaló, a través de un video en Facebook: “Hay cientos y cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán; bien podrían empezar por ahí y ayudarnos a darle una entrega digna a todos esos cuerpos que cualquiera puede ser nuestro familiar”. Las buscadoras atribuyeron la crisis a la falta de presupuesto para realizar estudios genéticos y a la saturación del Semefo por el número de cuerpos que permanecen bajo resguardo sin ser identificados.

El colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos advirtió que ciertas autoridades buscan detener los trabajos de extracción de cuerpos en fosas clandestinas. Según las integrantes del colectivo, ese freno tiene como argumento la saturación del Semefo y la ausencia de recursos para procesar los restos recuperados.

Las buscadoras rechazaron ese planteamiento y exigieron que las labores de localización continúen sin restricciones. Para los colectivos, suspender las búsquedas en fosas equivale a abandonar a las familias que aún esperan noticias de sus desaparecidos.

Exigencia de renuncia a Karina Elizabeth Márquez Calderón y Patricia Figueroa

El colectivo Por las Voces sin Justicia demandó la renuncia de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, y de Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado. Las buscadoras acusaron que ambas funcionarias prometieron, meses atrás, que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana comenzaría a operar, pero ese compromiso no se cumplió.

La protesta fue calificada por las propias integrantes como totalmente pacífica. “Es totalmente pacífico, sólo estamos visibilizando a nuestros desaparecidos y a manera de protesta, pero totalmente pacífico”, afirmaron en el mismo video difundido en redes sociales.

Las buscadoras también convocaron a otras familias con desaparecidos a acudir al centro para pegar fichas y visibilizar la crisis forense en el estado. El llamado buscó ampliar la presión pública sobre las autoridades estatales responsables de la identificación de restos.

Las integrantes de los colectivos insistieron en que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana debe cumplir la función para la que fue creado. Para los colectivos, ese espacio existe para servir a las familias, no para mantener cuerpos en el anonimato durante periodos prolongados.

Sinaloa registró 61 desaparecidos entre enero y febrero de 2026

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 771 personas sin localizar en todo el país entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, según una consulta realizada por Milenio. De ese total, Sinaloa concentró 61 casos, lo que colocó al estado en el tercer lugar nacional, detrás de la Ciudad de México con 98 y de Guanajuato con 66.

De las 61 personas desaparecidas en Sinaloa durante ese periodo, 54 son hombres y 7 son mujeres, lo que representa el 88.52% de los reportes en población masculina. Por municipio, Culiacán encabeza la lista con 17 casos, seguido de Concordia con 13 y Mazatlán con 11.

Los rangos de edad más afectados se ubican entre los 20 y los 39 años. En ese rango, el grupo de 25 a 29 años y el de 35 a 39 años concentran cada uno 10 casos, mientras que el de 30 a 34 años suma 9 y el de 20 a 24 años registra 7.

Las cifras del Registro Nacional reflejan únicamente el periodo comprendido entre enero y principios de febrero de 2026. Las buscadoras advierten que los cuerpos localizados en fosas clandestinas durante sus jornadas de búsqueda se suman a una demanda forense que el Semefo no tiene capacidad de atender con los recursos actuales.

La acumulación de restos sin identificar en el Semefo Mazatlán representa, para los colectivos, la consecuencia directa de años de búsqueda sin respuesta institucional suficiente. Las madres buscadoras sostienen que cada cuerpo sin nombre en las instalaciones forenses es una familia que sigue en espera de una respuesta.

La protesta del 12 de agosto se suma a un patrón de movilizaciones de colectivos de búsqueda en Sinaloa ante la falta de capacidad del sistema forense estatal. Los colectivos mantienen activas sus jornadas de localización de fosas y advierten que no detendrán las búsquedas mientras haya familias sin respuesta.

En julio, el transporte público de colectivos en el AMBA dejó en evidencia el impacto que las subas tarifarias tienen sobre el comportamiento de los usuarios. La comparación interanual entre julio de 2025 y julio de 2026 muestra una fuerte caída en la cantidad de pasajes vendidos, que se replica tanto en los días hábiles como en los fines de semana y feriados, en un período de aumentos marcados de los boletos.

De acuerdo con datos elaborados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en julio de este año se vendieron 118,1 millones de pasajes de colectivo en el AMBA, frente a los 146,1 millones registrados en julio de 2025. La diferencia equivale a 28 millones de pasajes menos en la comparación interanual, lo que representa una baja del 19,1 por ciento.

La contracción en la cantidad de pasajeros no estuvo acompañada por una reducción proporcional en la oferta del servicio. Los kilómetros recorridos por las unidades pasaron de 28,6 millones en julio de 2025 a 26,1 millones en julio de 2026, una caída del 8,9 por ciento. De esta manera, la merma en los recorridos fue menos de la mitad que la registrada en la cantidad de pasajeros transportados, lo que implica que cada colectivo circuló, en promedio, con una ocupación menor que un año atrás.

Ahora bien, el detalle por tipo de día permite precisar en qué momentos de la semana se concentró la baja. Durante los días hábiles, el promedio diario de pasajeros pasó de 8.373.327 en julio de 2025 a 6.925.384 en julio de 2026, una disminución del 17,3 por ciento. En los sábados, la caída fue más pronunciada: de 5.619.989 pasajeros promedio por día se pasó a 4.425.631, una baja del 21,3 por ciento.

Los domingos concentraron la mayor retracción del mes. El promedio de pasajeros pasó de 3.185.224 en julio de 2025 a 2.046.404 en julio de 2026, lo que implica una reducción del 35,8 por ciento. Se trata de la caída porcentual más alta entre todos los tipos de día relevados por Aaeta para el período analizado.

El feriado del 9 de julio, computado como tal en los tres años considerados por el relevamiento, también mostró una baja interanual. Ese día circularon 2.995.120 pasajeros en 2026, frente a los 3.505.924 de 2025, una disminución del 14,6 por ciento.

La diferencia entre jurisdicciones

El informe de Aaeta desagrega, además, los datos por jurisdicción, tomando como referencia el promedio de pasajeros por día hábil. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el promedio pasó de 781.136 pasajeros en julio de 2025 a 725.106 en julio de 2026, una baja del 7,2 por ciento, la más moderada de las tres jurisdicciones.

En las líneas de jurisdicción nacional, que agrupan a los grupos SGI, SGIKm y SGII, el promedio diario de pasajeros por día hábil descendió de 3.253.375 a 2.844.497, una caída del 12,6 por ciento. La retracción más marcada se dio en las líneas de la provincia de Buenos Aires (PBA), que reúnen a los grupos UPA, UPAKm, UMA1 y UMA2: el promedio pasó de 4.338.816 a 3.355.781 pasajeros por día hábil, una baja del 22,6 por ciento.

Las subas en el valor del boleto

La caída en la cantidad de pasajeros se dio en un contexto de aumentos significativos en el valor del boleto de colectivo pagado con tarjeta SUBE registrada. En julio de 2025, el boleto en las líneas de jurisdicción nacional costaba $451,01, mientras que en CABA el valor era de $488,70 y en PBA de $489,61.

Un año después, en julio de 2026, esos valores treparon a $742,81 en líneas nacionales, $820,99 en CABA y $1.063,98 en PBA. En términos interanuales, el aumento fue del 64,69% en las líneas nacionales, del 67,99% en CABA y del 117,31% en PBA, la suba más alta entre las tres jurisdicciones y la que coincide con la mayor caída en la cantidad de pasajeros transportados en esa misma jurisdicción durante julio.

Además, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el costo del transporte en el AMBA aumentó 73% entre julio de 2025 e igual mes de este año. De acuerdo con el estudio, un hogar promedio gastaba $69.783 en transporte hace un año y gasta $121.031 en la actualidad.

Se debe tener en cuenta que, en el mismo período, la inflación anual fue cercana al 33%. El último dato disponible del IPC corresponde a junio, cuando la variación interanual fue de 33,5%, pero se espera un valor similar el mes de julio, que será publicado hoy, por el Indec.

Viajar en CABA cuesta más en agosto de 2026 tras la actualización de tarifas del transporte público en el AMBA. Según la información oficial, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires parte de $852,90 con SUBE registrada, mientras que el subte llega a $1.684 para quienes hacen entre 1 y 20 viajes mensuales.

El esquema también mantiene diferencias de precio entre usuarios con tarjeta registrada y sin registrar, además de cambios en la aplicación de los descuentos de la RED SUBE.

Los valores vigentes figuran en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte y en la web de Argentina.gob.ar, que publica el cuadro tarifario actualizado para colectivos, trenes, subte y premetro en el área metropolitana. En ese esquema, las líneas porteñas con recorrido íntegramente dentro del territorio de la ciudad tienen una tarifa diferenciada por distancia y por tipo de SUBE.

El sistema de beneficios también muestra modificaciones para quienes combinan medios de transporte. La página oficial de RED SUBE detalla cuáles son los servicios alcanzados por los descuentos, cuáles quedaron excluidos y bajo qué condiciones se aplica la rebaja del segundo y tercer viaje.

A eso se suma la Tarifa Social Federal, un beneficio nacional para grupos específicos que usan transporte público con tarjeta SUBE.

Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA

El valor del boleto de colectivo en CABA depende de la distancia recorrida y de si la tarjeta está registrada. De acuerdo con Tarifas del transporte público en el AMBA a partir de agosto, el cuadro para las líneas que circulan íntegramente dentro de la Ciudad establece estos precios.

Para tramos de 0 a 3 kilómetros, el pasaje cuesta $852,90 con SUBE registrada y $1.356,11 con SUBE sin registrar. En distancias de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube a $947,71 con tarjeta registrada y a $1.506,86 sin registrar.

En el tramo de 6 a 12 kilómetros, el boleto pasa a $1.020,71 con SUBE registrada y $1.622,93 sin registrar. Para recorridos de 12 a 27 kilómetros, el valor alcanza $1.093,77 con tarjeta registrada y $1.739,09 con SUBE sin registrar.

La información oficial aclara que estas tarifas corresponden a las líneas de colectivos con recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad. Allí figuran, entre otras, las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto sale el pasaje en subte en CABA

El precio del subte en CABA en agosto de 2026 varía según la cantidad de viajes mensuales realizados con SUBE registrada. Según Tarifas del transporte público en el AMBA a partir de agosto, el valor para quienes realizan entre 1 y 20 viajes por mes es de $1.684,00. Para usuarios con SUBE sin registrar, la tarifa es de $2.526,00.

En el segundo escalón, de 21 a 30 viajes mensuales, el pasaje cuesta $1.347,20 con SUBE registrada. Para quienes hacen entre 31 y 40 viajes, baja a $1.178,80. A partir del viaje 41, el valor queda en $1.010,40. En todos los casos, el precio con SUBE sin registrar continúa en $2.526,00.

El cuadro oficial también incluye al Premetro, que en agosto de 2026 cuesta $589,40 con SUBE registrada y $884,10 con SUBE sin registrar. Estos valores forman parte del mismo esquema tarifario difundido por Argentina.gob.ar para el transporte público metropolitano.

Qué pasó con el descuento del 50% de la red SUBE

La página oficial de RED SUBE indica que los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan excluidos como segundo viaje después de haber usado el tren como primer viaje. Ese detalle explica por qué ya no se aplica el descuento del 50% en esa combinación puntual.

El sitio oficial también precisa que los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional realizan descuentos cuando se usan como segundo viaje y el pasajero hizo el primer tramo en colectivos, subtes o premetro de CABA, o en colectivos nacionales o de la provincia de Buenos Aires. A la vez, los subtes y el premetro aplican descuentos desde el segundo viaje cuando la combinación se hace con colectivos de jurisdicción de CABA o nacional.

Según RED SUBE, el esquema general sigue igual para las combinaciones alcanzadas: el primer viaje se paga completo, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercero el descuento es del 75%. El beneficio permite hasta cinco combinaciones dentro de un plazo de dos horas desde el primer viaje, con un mínimo de dos minutos entre una validación y otra.

La misma fuente oficial aclara que el único requisito es usar el mismo medio de pago en cada tramo: tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de la Tarjeta SUBE

De acuerdo con la información publicada por el gobierno nacional, pueden acceder:

• Jubilados y pensionados.
• Personal de trabajo doméstico.
• Veteranos de la Guerra de Malvinas.
• Beneficiarios de la AUH y la AUE.
• Estudiantes del programa Progresar.
• Personas con Seguro por Desempleo.
• Seguro de Capacitación y Empleo.
• Programa Promover Igualdad de Oportunidades.
• Programa Volver al Trabajo.
• Programa Acompañamiento Social.
• Pensiones No Contributivas.
• Monotributistas sociales.

La web señala que la Tarifa Social permite viajar con un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica de forma automática en la tarjeta SUBE principal del usuario y puede utilizarse en cualquier localidad donde funcione el sistema.

Para acceder, el usuario debe crear su cuenta con el PIN SUBE disponible en Mi ANSES o presentarse en un Centro de Atención SUBE con el último DNI vigente.

Tras los cambios en la Red SUBE, a partir de los cuales se eliminó el descuento en el segundo viaje en subte cuando el usuario había realizado previamente un trayecto en tren, aún quedan beneficios que los usuarios pueden aprovechar para viajar a un menor costo.

En primer lugar, los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada accederán a una tarifa escalonada en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, con descuentos que aumentan a medida que se acumulan viajes durante el mes.

El esquema establece que, una vez superados los 20, 30 y 40 viajes mensuales, se aplicarán automáticamente descuentos del 20%, 30% y 40%, respectivamente. De esta manera, el valor del pasaje disminuye para quienes utilizan el servicio con mayor frecuencia.

Las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

• De 1 a 20 viajes: $1.684,00.
• De 21 a 30 viajes: $1.347,20, con un descuento del 20%.
• De 31 a 40 viajes: $1.178,80, con un descuento del 30%.
• Desde el viaje 41: $1.010,40, con un descuento del 40%.

En el caso del Premetro, la tarifa es de $589,40.

A su vez, continúa vigente el beneficio de la Red SUBE en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

En estos servicios, el primer viaje se abona con la tarifa completa, mientras que el segundo cuenta con un 50% de descuento. A partir del tercer viaje, el descuento asciende al 75%. Para acceder al beneficio, las distintas combinaciones deben realizarse dentro de un período de 120 minutos.

El esquema se complementa con los beneficios destinados a pasajeros frecuentes y con las tarifas y pases especiales.

Entre ellos se encuentran la tarifa Social, equivalente al 35% del valor de la tarifa; la tarifa Maestro, que representa el 31%; y la tarifa Estudiantil, equivalente al 14% del valor vigente.

Además, se encuentra el Boleto Educativo, el Pase para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Desde el Estado nacional se ofrecen también los descuentos de la Red SUBE para el AMBA pero del siguiente modo: los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional aplican descuentos cuando estos medios de transporte se utilizan como segundo viaje, siempre que el usuario haya realizado previamente un primer viaje en alguno de los siguientes servicios: colectivos, subtes o premetro de CABA; colectivos de jurisdicción nacional; o colectivos de la Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran excluidos de la Red SUBE los siguientes servicios:

• Colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, cuando se utilizan como segundo viaje.
• Subtes de CABA, cuando se utilizan como segundo viaje, luego de haber realizado el primer viaje en tren.

El beneficio incluye las siguientes líneas de colectivos de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

En el sistema también están incluidas las principales líneas ferroviarias del AMBA:

• Sarmiento
• Roca
• Mitre
• San Martín
• Belgrano Sur
• Belgrano Norte
• Urquiza
• Tren de la Costa

El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación: Tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

Estos descuentos pueden combinarse con la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento a los siguientes grupos de beneficiarios:

• Jubilados y pensionados.
• Estudiantes del programa PROGRESAR.
• Personal de trabajo doméstico.
• Veteranos de la Guerra de Malvinas.
• Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Asignación por Embarazo (AUE).
• Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
• Seguro por Desempleo.
• Seguro de Capacitación y Empleo.
• Programa Promover Igualdad de Oportunidades.
• Programa Volver al Trabajo.
• Programa Acompañamiento Social.
• Pensiones No Contributivas.
• Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Asimismo, el Gobierno otorga a quienes cuenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) un 100% de descuento en el pasaje en colectivos de jurisdicción nacional y trenes usando la tarjeta SUBE. Para acceder, se debe registrarla y asociarla con el CUD a través del sitio web oficial.

A partir de agosto dejó de funcionar el beneficio de la Red SUBE que otorgaba un 50% de descuento en el segundo viaje en subte cuando el usuario había realizado previamente un trayecto en tren. En consecuencia, ambos servicios —tren y subte— serán abonados a tarifa plena, sin aplicar la bonificación vigente hasta el momento.

No obstante, el beneficio continuará para las combinaciones que comiencen en el Subte. En estos casos, el viaje en este medio se cobrará sin descuento, mientras que la conexión posterior con trenes o colectivos comprendidos en el esquema, tanto nacionales como porteños, contará con una reducción del 50% en la tarifa.

Desde el área de Transporte de CABA detallaron que el descuento de la Red SUBE se mantiene en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

En estos servicios, el primer viaje se paga con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de los 120 minutos.

Pero “la integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones”, dijeron desde el gobierno porteño y agregaron que los subsidios se dejaron de enviar a fines del año pasado. Explicaron que, durante los últimos meses, la Ciudad asumió el costo mientras continuaban las negociaciones con el Gobierno nacional. Desde el Ejecutivo aseguraron que el descuento para la Red SUBE en Subtes siempre lo financió la Ciudad.

Ahora funciona de la siguiente manera: en el caso de los trenes y colectivos de jurisdicción nacional, el beneficio de la Red SUBE se aplica cuando estos servicios son utilizados como segundo viaje, siempre que el primer traslado se haya realizado en colectivos, subtes o premetro de jurisdicción de CABA, o en colectivos de jurisdicción nacional o de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los subtes y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires aplican descuentos a partir del segundo viaje cuando se combinan con líneas de colectivos de jurisdicción de CABA o de jurisdicción nacional.

No todos los medios de transporte forman parte del esquema de combinaciones de la RED SUBE. Quedan excluidos:

• Los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje.
• Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje después de haber viajado en tren.

La RED SUBE incluye las siguientes líneas de colectivos de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

En el sistema también están incluidas las principales líneas ferroviarias que conectan distintos puntos del AMBA:

• Sarmiento
• Roca
• Mitre
• San Martín
• Belgrano Sur
• Belgrano Norte
• Urquiza
• Tren de la Costa

El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación: Tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE.

Quienes cuentan con la Tarifa Social Federal pueden combinar este beneficio con los descuentos de la Red SUBE.

Vale recordar que el boleto de Subte subió 3,9% en agosto y se ubica en $1.685,26, mientras que la tarifa mínima de colectivo ascendió a $853,01.

En tanto, los precios de los trenes metropolitanos experimentaron un ajuste de casi 12%. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada pasaron a pagar $480 en la primera sección, $624 en la segunda y $768 en la tercera. Quienes no utilizan una SUBE nominada deben enfrentar un boleto en efectivo de $1.600.

Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron en marcha este lunes la Avanzada de la Brigada Nacional de Búsqueda en comunidades de la sierra de Chilpancingo, Guerrero. La jornada arrancó alrededor de las 11:00 horas en la comunidad de Amojileca ante la denuncia explícita de los participantes sobre la ausencia de apoyo del gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, y del gobierno federal para las labores de localización de personas desaparecidas.

La acción se desarrolló en dos frentes simultáneos: uno en la sierra y otro frente a la Fiscalía General del Estado en la capital guerrerense, donde integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez exigieron avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos sin nombre.

El recorrido de la brigada abarcó las comunidades de Amojileca, Xocomatlán, Coapango, San Vicente, Chautipan y Omiltemi. En cada poblado, los participantes colocaron fichas de personas desaparecidas y realizaron actividades de sensibilización con los habitantes de la región.

En Amojileca, el párroco Baltazar Vega Ramos recibió a los integrantes de los colectivos. El sacerdote los describió como “la voz de la conciencia social” y expresó su deseo de que encuentren la verdad y alcancen paz para sus familias.

Vega Ramos también instó a las madres buscadoras a no perder la fe y a mantener su lucha. A los habitantes de la comunidad les pidió brindar solidaridad a quienes buscan a sus familiares.

Juan Carlos Trujillo, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda, precisó el propósito de la avanzada: “fortalecer la localización de personas desaparecidas desde las propias comunidades y con el respaldo de las familias”. La iniciativa surge, explicó, ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En las actividades participan integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos, María Herrera, Hasta Encontrarlos y la propia Brigada Nacional de Búsqueda. También se sumaron organizaciones provenientes de otras entidades del país, de acuerdo con La Jornada.

El Colectivo Lupita Rodríguez protesta ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

De forma paralela a la jornada en la sierra, integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se concentraron frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGE en Chilpancingo. La protesta tuvo como eje central la exigencia de respuestas concretas sobre los casos abiertos.

Los manifestantes demandaron información sobre las indagatorias en curso y los resultados de las confrontas genéticas realizadas hasta la fecha. También exigieron la identificación de los cuerpos resguardados por la Fiscalía y el Servicio Médico Forense.

Gerarda Martínez lleva siete años en la búsqueda de su hija, María Magdalena Alonso Martínez, desaparecida el 17 de agosto de 2019. Durante la protesta, denunció que personal de la Fiscalía le recomendó “ya no moverle” al caso y cuidar de su familia porque, según le advirtieron, quienes se llevaron a su hija “son peligrosas”.

El testimonio de Martínez ilustra una queja generalizada entre los colectivos: la omisión institucional frente a casos de alto riesgo. La denuncia pone en evidencia que las familias enfrentan, además de la ausencia de sus seres queridos, presiones para abandonar la búsqueda.

Guerrero registra alrededor de 7 mil personas desaparecidas y más de 3 mil cuerpos sin identificar

Los colectivos participantes proporcionaron las cifras que dimensionan la crisis en el estado: alrededor de 7 mil personas desaparecidas en Guerrero y 3,181 cuerpos sin identificar en poder de las autoridades. Estas cifras son la base de las demandas que los colectivos sostienen ante los gobiernos estatal y federal.

La magnitud de esos números explica por qué la brigada optó por una estrategia de búsqueda comunitaria en la sierra, donde la presencia institucional es escasa. Los colectivos apuestan por la red de apoyo entre vecinos y familias como mecanismo de localización ante el vacío de las autoridades.

La jornada del lunes 4 de agosto representa la primera acción de campo de esta avanzada en la región serrana de Chilpancingo. Los colectivos no informaron sobre la duración total del operativo ni sobre las fechas de las siguientes etapas.

La doble acción —búsqueda en la sierra y protesta ante la Fiscalía— muestra la estrategia de los colectivos: presión institucional y trabajo territorial de forma simultánea. Ambos frentes apuntan al mismo objetivo: visibilizar la crisis de desapariciones en Guerrero y forzar una respuesta de los gobiernos que, hasta ahora, los familiares califican de inexistente.

El transporte público urbano continúa atravesando un proceso de recomposición tarifaria en distintos puntos del país. A lo largo del último año, gobiernos provinciales y municipales fueron actualizando el valor del boleto mínimo en sus respectivas jurisdicciones, superando en muchos casos el avance de la inflación general.

Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) comparó el valor del boleto mínimo urbano en 59 ciudades del país entre julio de 2025 y julio de 2026. El resultado muestra que en 40 de esas ciudades el incremento interanual superó a la inflación. Cabe aclarar que la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec corresponde a junio, por lo que se toma como referencia el IPC interanual registrado en el sexto mes del año (33,5%).

El mayor incremento se registró en Sáenz Peña, Chaco, donde el boleto pasó de $800 a $1.885, una suba del 136%. Le siguió el boleto del AMBA correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, que trepó de $490 a $1.064, un 117% más. En tercer lugar se ubicó Centenario, en Neuquén, con un aumento del 116%, al pasar de $1.147 a $2.478. Y en cuarto lugar apareció El Dorado, en Misiones, donde el boleto subió 108%, pasando de $1.200 a $2.500 entre julio de 2025 e igual mes de este año.

En el extremo opuesto de la tabla, dos ciudades no registraron ningún tipo de variación en el valor del boleto. En Comodoro Rivadavia, Chubut, el pasaje se mantuvo en $1.114 tanto en julio de 2025 como en julio de 2026. Lo mismo ocurrió en Viedma, Río Negro, donde el valor continuó en $980 sin cambios en los doce meses relevados. También fueron bajas las variaciones de precios de los boletos de General Pico (14%), Gualeguaychú (16%) y Cipolleti (19%), entre otras ciudades.

Los aumentos en el AMBA y en las principales ciudades

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pasó de $489 a $821, una suba del 68%. En tanto, el boleto de las líneas de jurisdicción nacional subió de $451 a $743, un 65% más.

Entre las ciudades con mayor peso demográfico, Mendoza registró un incremento del 68%, al pasar de $1.000 a $1.680. Santa Fe tuvo una suba del 47%, de $1.440 a $2.111. Córdoba capital, por su parte, mostró el aumento más moderado entre las tres, con un 36% de variación, al pasar de $1.580 a $2.150.

El relevamiento también identificó otras ciudades con subas relevantes en el tramo alto de la tabla. Villa María, en Córdoba, subió 93%, de $700 a $1.350. San Miguel de los Andes, en Neuquén, aumentó 86%, de $1.561 a $2.900. Santa Rosa, en La Pampa, trepó 82%, de $980 a $1.780. Y San Miguel de Tucumán tuvo una suba del 79%, al pasar de $950 a $1.700.

El costo real del sistema y el peso de los subsidios

El Índice Bondi de Aaeta, elaborado para el AMBA con datos de junio, permite dimensionar la brecha entre el valor que paga el usuario y el costo real de operar el sistema. Según ese informe, el costo del sistema reconocido por las estructuras oficiales asciende a $326.612,31 millones, mientras que el costo real estimado es de $402.939,66 millones. Según el organismo, la diferencia entre ambos valores, de $76.327,36 millones, repercute en la pérdida de calidad del servicio, en las frecuencias, en la seguridad y en la renovación de la flota.

De esta manera, el costo real del boleto sin subsidio en el AMBA se ubica en $2.138,57, muy por encima del valor que efectivamente abona el pasajero. El informe precisa que la cobertura tarifaria es del 30,39%, es decir que el boleto cubre apenas tres de cada diez pesos del costo real del viaje, y que el déficit por pasajero, la diferencia no cubierta por el boleto, alcanza los $368,37.

Diferencias entre Nación, Provincia y Ciudad

El Índice Bondi desagrega además el costo real y el boleto mínimo vigente según jurisdicción. En el tramo correspondiente a Nación, el costo real con IVA incluido es de $2.458,15, frente a un boleto mínimo actual de $728,28.

En la Provincia de Buenos Aires, el costo real asciende a $2.055,81, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el costo real es de $2.097,30 frente a un boleto mínimo de $820,99.

En los municipios bonaerenses considerados de forma separada, el costo real es de $1.684,93, mientras que el boleto mínimo actual coincide con el de la Provincia, en $1.063,98.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia — intendente de San Nicolás de los Arroyos y diputado bonaerense, respectivamente— denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir al implementar un nuevo esquema de tramitación. La puesta en marcha se realizó en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, y señalaron que el mecanismo beneficia a la organización gremial liderada por la familia Moyano.

Según los Passaglia, el trámite para obtener la licencia profesional de conducir costaba hasta ahora $22.000 y se realizaba en las dependencias municipales. Con la nueva normativa, el valor ascendería a aproximadamente $300.000 —un incremento del 1.264%—, y los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones previas a la emisión del documento.

En este sentido, indicaron que en consecuencia “el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”. “Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV”, apuntaron. Y añadieron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmaron los Passaglia a través de sus cuentas en la red social X.

El nuevo procedimiento alcanza a las licencias de las clases C, D y E, categorías que habilitan la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. De acuerdo con el esquema comunicado por la Provincia, los aspirantes deben aprobar primero las evaluaciones psicofísicas y las instancias de capacitación ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.

Los referentes de la oposición bonaerense cuestionaron además que el nuevo sistema obligue a los conductores a desplazarse fuera de sus municipios de residencia. “Antes lo hacían en la Municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, sostuvieron. En el video que difundieron por sus redes, el referente del partido HECHOS enumeró los sectores afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros, entre otros.

“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron los hermanos en la publicación.

La denuncia apunta a una convergencia de intereses. Los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría el flujo de trabajadores —y el cobro de aranceles— en la estructura gremial.

“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, remarcaron los Passaglia al referirse al impacto que la medida tendría sobre conductores que dependen de esa habilitación para ejercer su actividad. La ANSV, organismo del que depende la habilitación de los prestadores externos, no había emitido una respuesta pública a las críticas al cierre de esta nota.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron este miércoles una actualización salarial para el trimestre julio, agosto y septiembre que beneficiará a los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el personal de conducción, el acuerdo fijó un salario básico de $1.645.721,36 desde el 1° de julio, de $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y de $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías.

El acuerdo incluyó una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado. También incluye una actualización de viáticos por día efectivamente trabajado: $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre.

Según un comunicado de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, ambas partes se reunirán durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. Además, se comprometieron a mantener la paz social en el sector.

De esta forma, se destrabó un conflicto que se prolongaba y que amenazaba con derivar en medidas de fuerza, ya que la UTA, que lidera Roberto Fernández, hasta el momento sólo había llegado a un acuerdo con las cámaras del sector de larga distancia para mejorar los viáticos del personal.

Las paritarias que cerró la UTA se suman a otros acuerdos salariales alcanzados en las últimas semanas y que se mantienen dentro de la pauta fijada por el Gobierno.

Por un lado, la Asociación Bancaria acordó con las cámaras un aumento de 2,9% para junio que elevará el sueldo inicial a $2.412.128,22. Y con el plus de participación en las ganancias, de $69.727,10, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.481.855,32.

Según informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el entendimiento también fijó para el Día del Bancario un monto mínimo de $2.150.328,87, que estará sujeto a corrección en futuras actualizaciones.

La actualización acumula en el primer semestre del año un 16,8% sobre los sueldos de diciembre. La mejora salarial se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye adicionales convencionales y no convencionales.

Mientras, en estos días se reanudarán las negociaciones de empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para acordar un aumento que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.

Ambas partes tuvieron hace dos semanas la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que estaba empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.

Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que encabeza Armando Cavalieri, comenzó las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.

La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.

Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 2% la semana pasada y pasó a costar $742,81 para un recorrido de hasta 3 kilómetros. Sin embargo, podría no tratarse del último incremento, ya que en los últimos días la Secretaría de Transporte actualizó la tarifa técnica, el valor de lo que cuesta mover un pasajero, a 1.816 pesos. Esta cifra no convenció a los empresarios del rubro, quienes aseguran que los cálculos oficiales utilizan valores alejados a los del mercado y que, si bien habrá mayores subsidios, no descartan más ajustes en el boleto.

Según fuentes del sector de las empresas de colectivos, la suma de compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional (las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo) ascendió de $74.000 millones en junio de 2025 a $98.500 millones en el mismo mes de este año. Esta suba del 33% acompañó la inflación interanual, aunque advierten que la variación es mucho menor si la comparación se hace con otros períodos recientes: contra abril, el aumento es de solo 2,7%, y respecto a diciembre de 2025, de 8,8 por ciento. La actualización responde, en parte, a una baja de actividad, ya que el sistema calculó un 3% menos de coches y un 2% menos de kilómetros recorridos, lo que significa que la asistencia estatal se distribuye en una red más chica.

La queja empresarial

Así, el número oficial de la tarifa técnica total, que combina recaudación y subsidios por pasajero, quedó en $1.816 por viaje, apenas un 2% más que los $1.778 reconocidos hasta abril. No obstante, representantes de las firmas del sector aseguran que este valor está subestimado porque la estructura oficial parte de precios de insumos que no se corresponden con los valores reales de mercado.

“Si vos corregís los precios de la estructura de costos y ponés los precios reales, la tarifa técnica debería pasar de $1.816 a $2.300”, comentó una fuente a Infobae. Esta diferencia se debe, en parte, a que el tipo de cambio tomado en los cálculos oficiales es el de abril, aunque en junio y julio hubo un salto importante que no fue considerado.

El valor del vehículo nuevo es otro punto de fricción: la estructura oficial lo fija en USD 132.000, mientras que, según las empresas, un colectivo 0 kilómetro cuesta 200.000 dólares. Esta diferencia impacta también en los gastos de mantenimiento, que se calculan en función del valor del vehículo.

“Si ellos reconocen un valor de vehículo más bajo, eso te impacta en el reconocimiento del costo de mantenimiento”, explicaron. Y agregaron que cuando la tarifa técnica no refleja el costo real del sistema, las compañías con menos recursos ajustan la operación y la consecuencia inmediata es una menor cantidad de colectivos en circulación.

El peso de la mano de obra en la estructura de costos alcanza el 50%, el combustible representa el 15% y el mantenimiento junto a los seguros suman otro 10 por ciento. El 25% restante corresponde a tasas, impuestos, patentes, alquileres de predios y servicios.

Una vez definida la tarifa técnica, surge la pregunta de cómo se financia: parte la abona el usuario, el resto lo cubre el Estado mediante subsidios. El esquema tarifario mostró una suba del 40% entre febrero y marzo, lo que permitió reducir subsidios en ese momento. Después de marzo, los ajustes en la tarifa del boleto quedaron por debajo de la inflación, con aumentos del 2% en mayo, junio y julio.

¿Aumento de boleto?

“Ahora ponen más subsidios para que los aumentos de tarifas sigan en el orden del 2 por ciento. Para adelante no hay definidos nuevos incrementos, aunque puede ser que en cualquier momento los actualicen. En el Ministerio de Economía revisan las cuentas y, si detectan problemas presupuestarios, pueden decidir bajar el subsidio y subir el boleto”, detalló una fuente empresarial.

Siempre que se debe tomar una decisión respecto al boleto de colectivo el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentar un dilema: si otorga más subsidios a las empresas, compromete el superávit fiscal; pero si aumenta el valor que pagan los usuarios, presiona a la inflación. Ambos escenarios resultan complejos, por lo que necesita realizar movimientos precisos cuando se presente la oportunidad.

El sector empresarial observa que la brecha entre los costos reconocidos oficialmente y los costos reales genera tensiones sobre la operación cotidiana. Cuando los subsidios no alcanzan para cubrir esas diferencias, las empresas con menor respaldo financiero ajustan su actividad y retiran unidades de la calle, lo que termina impactando en la frecuencia y disponibilidad del servicio.

Por ahora, el esquema vigente prevé un aumento de los fondos estatales destinados a las empresas, pero los empresarios advierten que este refuerzo no garantiza la estabilidad de la tarifa ni permite asegurar la cantidad de colectivos circulando.

Este domingo, desde las 16, la selección argentina disputará la final del Mundial 2026 contra España. Como en cada partido que se jugó hasta ahora, el tránsito se verá afectado por los hinchas que deben viajar para reunirse con amigos o familiares, en casas, comercios o en los Fan Fest que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien los movimientos comenzarán desde temprano y se extenderán hasta el último instante previo al arranque de la final, muchas personas necesitarán del transporte público para trasladarse.

Las líneas de Subte funcionarán con los horarios y las frecuencias habituales de los domingos, según le indicaron a Infobae fuentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la empresa estatal dueña del servicio. Desde Emova, la empresa privada encargada de operarlo, también afirmaron a este medio que no hay cambios previstos, aunque advirtieron que podría haber modificaciones si la situación lo requiere.

“En caso de presentarse gran afluencia de usuarios en la red, se evaluará la situación de forma permanente y de manera conjunta con la Policía y las autoridades de la Ciudad, priorizando las condiciones de seguridad operativa”, afirmaron.

También indicaron que quienes necesiten del Subte para su movilidad podrán saber el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales: la página web, X (anteriormente Twitter) y la aplicación.

Los trenes también mantendrán su cronograma habitual de domingos. Fuentes oficiales de Trenes Argentinos le confirmaron a Infobae que no habrá cambios en el servicio durante la jornada, a pesar de que se trata de la final de la Copa del Mundo.

La medida involucra a las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur. Quienes quieran conocer los horarios específicos podrán consultarlos en la aplicación oficial de Trenes Argentinos o en la página web del Gobierno, en la sección “Tránsito y transporte” y luego en “Trenes Argentinos Operaciones”.

El director de Grupo DOTA —empresa que agrupa a 180 líneas de colectivo—, Marcelo Pasciuto, confirmó a TN que las unidades de la firma operarán con un cronograma de domingo hasta las 16.

Pasciuto justificó la medida por “la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros”. A eso sumó una advertencia: una vez terminado el partido, “la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y los festejos de los hinchas”.

El titular de DOTA recordó lo ocurrido tras la victoria en la semifinal contra Inglaterra, cuando varias unidades sufrieron daños. “Hubo colectivos con vidrios, espejos rotos y daños en los equipos de aire acondicionado, porque muchas personas se subieron a los techos para celebrar”, detalló.

Las líneas que dejarán de circular a partir de las 16 son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que podrían registrarse modificaciones en la frecuencia del servicio, ante la menor afluencia de pasajeros prevista en las calles. La entidad también aclaró que algunas empresas podrían adelantar estos cambios al momento previo al inicio del partido, ya que cada compañía y sus delegados definirán los tiempos de forma independiente.

Cómo será el operativo de seguridad

Según le contaron fuentes oficiales a Infobae, habrá un despliegue de seguridad a la altura del evento. Habrá 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad distribuidos en las inmediaciones del Obelisco para garantizar el orden durante la concentración de hinchas.

El operativo reunirá a personal de distintas unidades: Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y agentes de las comisarías Vecinales 1B y 1D.

Al finalizar el encuentro, se activarán cierres de vallado en cuatro puntos del área: Corrientes entre Libertad y Cerrito, Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y sobre la Diagonal Norte Roque Sáenz Peña, tanto entre Cerrito y Libertad como entre Pellegrini y Suipacha.

Sobre ese último tramo de la Diagonal Norte, entre Pellegrini y Suipacha, se instalará un “Puesto Médico de Avanzada” a cargo de la Defensa Civil de la Ciudad, que funcionará como hospital móvil para la atención de eventuales emergencias. El punto también contará con ambulancias del SAME y personal de Defensa Civil.

El perímetro del Obelisco quedará rodeado de paneles fenólicos. Desde el aire, los helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad sobrevolarán la zona, mientras que el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) hará un relevamiento en tiempo real con apoyo de drones policiales. El operativo también incluirá cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones del monumento.

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió esta semana por tercera vez en tres meses. El aumento del 2% que entró en vigor el miércoles 15 de julio, completó una serie de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte de la Nación había anunciado a comienzos del segundo trimestre del año.

El mismo día del aumento, la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, mediante la cual aprobó la actualización de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional para los períodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2026. La norma también establece los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado distribuirá entre los prestadores del servicio.

El sistema tarifario del transporte público en el AMBA opera con una lógica de múltiples variables. El precio que paga el pasajero en el colectivo cubre una fracción del costo real del servicio; el resto lo aporta el Estado a través de subsidios. Esa ecuación, que involucra el precio del gasoil, la masa salarial del sector y los aportes estatales, es la que determina el ingreso total de las empresas de transporte. La Tarjeta SUBE es, dentro de ese esquema, el instrumento central del sistema: permite acceder a la tarifa más baja y es el mecanismo a través del cual se registran y procesan los viajes.

El ajuste de julio se distribuyó en tres etapas de 2% cada una, en mayo, junio y julio, para un acumulado del 6%. Ese esquema, impacta de manera desigual entre las distintas jurisdicciones y mantiene al AMBA con una tarifa más baja en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. La razón es estructural: tanto en la Ciudad como en el Conurbano, el boleto se ajusta mensualmente dos puntos por encima de la inflación.

Cuánto vale el boleto de colectivo en CABA

El incremento del 2% rige para todas las líneas que entran y salen de la CABA. Con ese ajuste, el boleto mínimo quedó en $742,84 para los usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta registrada abonan $852,02 por el mismo viaje mínimo.

La tarifa de las líneas que operan dentro de CABA es más alta que la del AMBA. Con SUBE registrada, el boleto mínimo en la Ciudad asciende a $820,99. Esa diferencia responde al mecanismo de actualización propio de la jurisdicción porteña, que aplica incrementos mensuales de dos puntos por encima de la inflación, un esquema distinto al que rige para las líneas nacionales del AMBA.

La política oficial apunta a incentivar el registro de la tarjeta como condición para acceder a la tarifa más baja. Quienes no realicen el trámite de registro enfrentan un costo mayor en cada viaje, independientemente de la línea o jurisdicción en la que viajen.

Cuánto vale el boleto de colectivo en el Conurbano

En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo supera ampliamente los valores del AMBA. Con SUBE registrada, la tarifa mínima es de $1.063,98, una cifra que refleja el impacto acumulado de los ajustes mensuales que aplica el distrito bonaerense.

Al igual que en CABA, el mecanismo de actualización en la provincia contempla incrementos de dos puntos por encima de la inflación cada mes. Ese esquema, sostenido en el tiempo, generó una brecha tarifaria apreciable entre las líneas del Conurbano y las líneas nacionales que operan en el AMBA.

La diferencia entre jurisdicciones no es menor para los pasajeros que combinan líneas nacionales y provinciales en sus trayectos diarios, ya que el costo total del viaje varía según qué tramo recorren y qué tarifa aplica cada servicio.

De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

La Tarjeta SUBE registrada es el requisito para acceder a la tarifa mínima en todas las jurisdicciones del AMBA. El registro también habilita el uso del saldo negativo, un crédito de emergencia que permite viajar aun cuando la tarjeta no tiene fondos disponibles.

Para colectivos de todo el país y subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el saldo negativo máximo permitido es de $1.200. En los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el tope es de $650. La línea Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, valor que se actualizará una vez que concluya el recambio tecnológico en sus molinetes.

El monto utilizado en concepto de saldo negativo se descuenta de manera automática en la próxima recarga que realice el usuario. Una vez superado el límite permitido según el medio de transporte, la tarjeta no admite nuevas operaciones hasta que se regularice la deuda mediante una nueva carga de crédito.

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) pidió que los comercios de la capital provincial cierren hoy a las 21 para que los empleados puedan regresar a sus casas, antes de la suspensión del servicio de colectivos desde las 21:30, medida avalada por el gobierno provincial, por parte de Mendotran, la red de transporte ubana y conurbana provincial.

Esto coincide con el partido de Argentina ante Suiza que se juega esta noche por los cuartos de final del Mundial 2026.

La interrupción del transporte nocturno no regirá para la zona Este sino que solo en el área metropolitana (Gran Mendoza), de acuerdo con las autoridades provinciales. Los últimos recorridos saldrán desde los controles de cada línea a las 21:30 y desde ese momento no habrá nuevas partidas.

La decisión oficial de frenar la circulación de los colectivos surgió después de un pedido del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SiPeMOM). El motivo fueron los desmanes registrados tras el triunfo de Argentina frente a Egipto, el martes pasado, según publicó Diario Uno.

El medio detalló que en distintas unidades urbanas hubo personas que viajaban sobre los techos de los colectivos y otras sujetas a la parte trasera de los vehículos en condiciones de riesgo y también daños materiales en varios micros. A partir de esos episodios, el sindicato de choferes solicitó la suspensión del servicio nocturno.

El pedido del sindicato comercial

Fernando Ligorria, secretario general del gremio de comercio, informó que una parte importante del sector comercial ya respondió de manera favorable al cierre anticipado. Añadió que algunas cadenas de supermercados todavía evalúan si mantendrán la atención al público según la demanda de clientes en ese horario.

Ligorria cuestionó la posibilidad de que algunas empresas decidan no adherir. “La prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche”, sostuvo el dirigente ante medios locales.

También afirmó que priorizar las ventas por encima del bienestar de los trabajadores “deshumaniza las relaciones laborales”. Con esa definición, el titular del CEC planteó la necesidad de adelantar el cierre ante una noche con transporte recortado y operativo especial en las calles.

Desde la comisión directiva del gremio ratificaron que seguirán realizando gestiones para garantizar condiciones laborales seguras en la provincia. La decisión final sobre el horario de cierre, de todos modos, quedará en manos de cada empresa y de cada establecimiento comercial.

El dispositivo de seguridad local para evitar desmanes

Por su parte, en la capital provincial, habrá un operativo especial con 300 policías antes y después del partido, informó Los Andes. Ese contexto fue tomado por el gremio mercantil como base para reclamar que la jornada laboral del sábado termine antes en toda la actividad comercial alcanzada por el pedido.

El Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, destacó a Los Andes que durante y después de los partidos de Argentina se decide reforzar el sistema de prevención, “no solamente en la zona urbana del microcentro o en el conurbano en el microcentro, sino que también en el resto de la provincia“.

El medio agregó que los policías realizarán un anillo de seguridad en las cuatro calles de ingreso al Kilómetro Cero (esquina de San Martín y Garibaldi / Peatonal Sarmiento) con control y requisa de ingreso, además de control de comercios y vidrieras (para evitar roturas). También, se vallarán en esa zona los semáforos, la cartelería y los kioscos de revistas en esa esquina para evitar que los hinchas se suban a estos sitios y queden expuestos a riesgos.

Por otro lado, en la calle Arístides Villanueva (Quinta Sección), habrá controles de ingreso y requisas en las dos primeras cuadras de esta transitada arteria. En tanto en la calle Juan B. Justo (límite entre la Quinta y la Sexta Sección, también de Ciudad de Mendoza) habrá presencia policial para brindar seguridad en los comercios. Y en la plaza de Godoy Cruz habrá presencia preventiva con personal policial y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la implementación de un nuevo sistema de transporte público denominado TramBus, que funcionará como complemento en superficie para la red de subtes, según comunicó el Gobierno porteño. La iniciativa busca sumar una alternativa sostenible, silenciosa y accesible, destinada a mejorar la movilidad urbana y reducir el impacto ambiental.

A diferencia de los tranvías tradicionales, el TramBus emplea neumáticos y no necesita infraestructura ferroviaria, lo que disminuye el impacto en la vialidad y otorga flexibilidad a sus recorridos. La primera línea, denominada T1, unirá transversalmente el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires, integrándose al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU). Mientras se prepara la puesta en marcha de la T1 para fines de 2026, las autoridades informaron que ya se inició una prueba piloto en el ramal C de la línea 34.

El objetivo central del TramBus es favorecer la descarbonización del transporte público. De acuerdo con el gobierno porteño, este sector es responsable del 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad. Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, las unidades garantizan cero emisiones y una reducción notable del nivel de ruido urbano. El comunicado señala que el proyecto promueve la transición tecnológica, la movilidad sustentable y la mejora de la salud en las zonas urbanas.

Los coches que conforman la flota fueron fabricados en Argentina y cuentan con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de ayuda a la conducción como DMS (monitoreo de la conducción), ADAS (alerta de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos), espejos retrovisores digitales y cámara de marcha atrás, además de GPS y posicionamiento satelital.

Una vez que la primera traza esté operativa, el TramBus circulará por carriles exclusivos y preferenciales, y contará con semáforos inteligentes que le otorgarán prioridad de paso en las principales intersecciones. Las unidades dispondrán de WIFI a bordo, puertos de carga USB, aire acondicionado y sistemas de información visual para los pasajeros. El sistema multipago estará habilitado en todas las unidades, que serán totalmente accesibles, con piso bajo, rampas y espacios para personas con movilidad reducida.

El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó: “Ya están listos los primeros TramBus de la T1. A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque. Además, están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

Cambios en el sentido de dos avenidas

La implementación del nuevo sistema de transporte eléctrico generará ajustes en el tránsito de distintas calles porteñas. En el barrio de Caballito, varias avenidas y arterias modificarán su sentido de circulación para adaptarse al recorrido de este servicio.

Según fuentes del gobierno porteño, desde octubre la avenida Acoyte pasará a ser de mano única en dirección sur-norte y se sumará un carril exclusivo a la derecha destinado al TramBus. Por su parte, la avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada solo en sentido norte-sur.

Además, otras calles del barrio también verán alterada su circulación. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, adoptará doble mano. En el caso de Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, la circulación será de una sola mano con dirección sur. Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, también será de mano única, pero en sentido norte.

Estos cambios forman parte de la adaptación para el nuevo recorrido, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. De acuerdo con estimaciones oficiales, el nuevo servicio reducirá hasta un 40% los tiempos de traslado en ese trayecto.

El gobierno porteño anticipó que la primera etapa del TramBus comenzará a funcionar hacia fines de este año, con una extensión de 20 kilómetros. Este nuevo servicio permitirá conexión con las líneas de subte A, B, D, E y H y con estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

Este nuevo esquema también integrará su recorrido con los corredores del Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur. Durante las horas de mayor demanda, los pasajeros tendrán acceso a una frecuencia estimada de un servicio cada cuatro minutos.

El primer tramo del TramBus conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. El trayecto contará con paradas cada 500 metros. Según las proyecciones, viajes que actualmente superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

Valentín Santana, líder de los colectivos chavistas, denunció a través de sus redes sociales que están robando insumos de los refugios que acogen a los damnificados por los terremotos del 24 de junio, que hasta el momento han dejado casi 3.000 muertos.

“Se están robando los insumos, la comida, la ropa”, expresa Santana, quien dice hacerse eco de los reclamos “de la misma gente que está en los refugios”. Por esa razón, llama a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar “a que le metan la lupa” a esta situación.

El fundador del colectivo La Piedrita, afincado en el sector 23 de Enero de Caracas, señala que “no puede ser que en estos momentos, nuestro gobierno esté haciendo un gran sacrificio y vengan algunos a querer robar y vender porque ellos se la tiran de bravos, eso no lo podemos permitir”.

El más reciente balance del gobierno venezolano afirma que 12.841 personas perdieron sus viviendas a consencuencia de los terremotos.

Polémicos

Aunque en sus orígenes se les relacionaba con obras sociales y comunitarias, los colectivos son identificados como bandas paramilitares al servicio del régimen. El propio Hugo Chávez desde la Presidencia de la República, tachó de “criminal” y llegó a pedir cárcel para Santana cuando éste amenazó públicamente de muerte a un empresario y dueño de un medio de comunicación venezolano.

Organismos defensores de Derechos Humanos tanto dentro como fuera del país han reseñado en distintos informes que junto con los cuerpos de seguridad del Estado, los colectivos han participado en operativos para reprimir manifestaciones ciudadanas.

El video de Santana fue publicado desde la cuenta del Frente Nacional de Colectivos Sergio Rodríguez, que también ha compartido contenido rechazando la presencia de funcionarios de Estados Unidos e Israel en las labores de rescate por el doblete sísmico.

El Frente informa que sus miembros apoyan a las víctimas del cataclismo y “también estamos resguardando y protegiendo las parroquias, ya que hay lugares donde las comunidades han estado pernoctando a resguardo preventivo ante los diferentes sismos y réplicas que se vienen dando”.

Colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno de la Ciudad de México investigar, deslindar responsabilidades y garantizar el derecho a la protesta, tras las agresiones que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cometieron contra manifestantes el pasado 30 de junio de 2026 en Calzada Tlalpan.

El comunicado en conjunto, firmado por organizaciones entre las que figura DATA Cívica, presenta cinco demandas concretas y advierte que los hechos no son un incidente aislado, sino parte de un patrón documentado durante las movilizaciones en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cinco exigencias concretas al Gobierno capitalino

La primera demanda es garantizar de forma plena los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica de las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan en las acciones restantes del Mundial.

La segunda exige que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, bajo esquemas de supervisión estrictos.

La tercera demanda una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las agresiones del 30 de junio, con deslinde de responsabilidades administrativas y penales, y garantías efectivas de no repetición.

La cuarta exige una aclaración formal sobre por qué los elementos policiales se presentaron con el rostro encubierto, sin identificadores y sin presentarse ante los manifestantes. Los colectivos señalaron que esta pregunta permanece sin respuesta por parte del Gobierno capitalino.

La quinta y última exige privilegiar el diálogo frontal con las familias y la sociedad civil, adoptando mecanismos de atención y protección por encima de cualquier directriz policial.

Lo que ocurrió el 30 de junio en Calzada Tlalpan

La jornada se denominaba “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido” y contemplaba pegar fichas de búsqueda, colocar lonas con nombres de personas no localizadas y disputar una cascarita de fútbol frente al Estadio Ciudad de México, donde México enfrentaba a Ecuador.

Según los colectivos, alrededor de 80 elementos de la SSC-CDMX llegaron al lugar en motocicletas sin balizado y con placas de circulación particulares, circulando en sentido contrario a la vialidad.

El operativo derivó en el encapsulamiento del contingente, agresiones físicas y la detención de al menos una persona solidaria, a quien un elemento sujetó del cuello para someterla.

Las disculpas oficiales no cerraron el caso

Esa misma noche, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, difundieron un video en los canales oficiales de la SSC en el que ofrecieron disculpas públicas e instruyeron una investigación interna a cargo de las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos.

Vázquez Camacho reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” con los manifestantes, aunque sostuvo que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de expresión del contingente.

Los colectivos tomaron nota de las disculpas, pero las rechazaron como respuesta suficiente. Advirtieron que los hechos del 30 de junio se inscriben en “un patrón inaceptable de hostigamiento, restricción a la protesta y uso desproporcionado de la fuerza registrado a lo largo de las movilizaciones del Mundial”.

Amnistía Internacional México se sumó a las condenas y advirtió que responder a las exigencias de las familias con “acciones de contención o represión” profundiza la revictimización y envía un mensaje inadmisible de intolerancia. La organización llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a documentar y dar seguimiento a las posibles violaciones ocurridas.

El Congreso capitalino exigió transparencia

La jornada tuvo eco en el Congreso de la Ciudad de México, cuyo pleno guardó un minuto de silencio al inicio de la Comisión Permanente del 1 de julio.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al Gobierno capitalino informar “con total transparencia” sobre lo ocurrido y revisar los protocolos de atención de eventos masivos.

El contexto: más de 132 mil personas desaparecidas en México

Las familias que se manifestaron el 30 de junio forman parte de los colectivos que buscan a sus seres queridos en el marco de una crisis de desapariciones de alcance nacional.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el acumulado histórico registra 132 mil 534 personas desaparecidas en el país, cifra presentada por el Gobierno de México en marzo de 2026. Los colectivos manejan una cifra superior a 135 mil, que incluye registros en distintas etapas de actualización.

La coincidencia del Mundial con una plataforma de visibilidad internacional llevó a los colectivos a diseñar acciones simbólicas para llevar sus demandas a la atención de medios y aficionados concentrados en la capital.

A partir de julio habrá aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que pondrán presión al bolsillo. El Gobierno ya confirmó actualizaciones de tarifas en colectivos, subte y trenes, con subas que en algunos casos superan el 8%.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,1%. Esto eleva el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros a 820,60 pesos.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,3%, llevando el valor inicial para el mismo tramo a 1.059,28 pesos. Las tarifas escalarán de acuerdo con la distancia recorrida.

El subte porteño también tendrá un nuevo cuadro tarifario con un incremento del 4,1 por ciento. Desde el primer día de julio, el pasaje para quienes cuenten con SUBE nominalizada se ubicará en $1.621, frente a los 1.558 previos.

Los usuarios sin tarjeta registrada abonarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará establecida en $567 pesos y la estudiantil en 226 pesos.

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán una suba del 4,1 por ciento. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, la tarifa para vehículos livianos será de $4.613,65 en horario normal y de $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el costo para autos se ubicará entre $1.922,15 y $2.718,21, de acuerdo con la franja horaria.

Las nuevas tarifas se determinan mediante un esquema de actualización automática que utiliza como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec, que fue del 2,1%, al que se añade un incremento extra del 2%.

En tanto, el 15 de julio, el boleto mínimo de colectivo bajo jurisdicción nacional se elevará de $728,28 a $742,81 para quienes utilicen SUBE registrada, lo que representa un aumento del 2%. Aquellos que accedan a la Tarifa Social abonarán $334,26, mientras que el pasaje para usuarios con SUBE sin registrar costará 1.485,62 pesos.

Según informó la Secretaría de Transporte, el esquema de ajuste para los trenes del AMBA será escalonado. En julio, el boleto de primera sección subirá 8,6%, con una tarifa de 380,10 pesos. Este valor crecerá a 420,01 pesos en agosto, tras un aumento del 10,5%, y a 449,83 pesos en septiembre, luego de una suba adicional del 7,1%.

Cabe mencionar que, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el transporte, que representa el 40% de la canasta de servicios del AMBA, registró en junio un incremento del 5,7% en relación a mayo. Así, el gasto mensual de un hogar promedio destinado a este rubro llegó a $116.688, mostrando un aumento interanual del 75%, muy por encima de la inflación. Desde noviembre de 2023, el ajuste acumulado en las tarifas alcanza el 1.354%.

Por otro lado, el Gobierno definió este miércoles un cambio en el cálculo de la Tarifa Social, buscando mayor previsibilidad en el gasto del Tesoro sin modificar el descuento del 55% mediante la tarjeta SUBE registrada ni el universo de beneficiarios, que supera los 5,5 millones de personas.

La resolución 40/2026 fija tarifas de referencia vigentes a partir de este mes para servicios provinciales, municipales y nacionales, reemplazando la dinámica imprevisible anterior debido a las actualizaciones tarifarias diferenciadas por jurisdicción.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Promover Igualdad de Oportunidades, personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas.

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Las cifras oficiales de fosas clandestinas en Baja California Sur no resisten la comparación con los datos que los propios colectivos de búsqueda han documentado con nombre, fecha y coordenadas. Solo en dos puntos del municipio de La Paz —El Cajoncito y la carretera a San Juan de la Costa— el Colectivo Búsqueda X La Paz contabilizó 140 cuerpos en 103 inhumaciones clandestinas durante los últimos dos años en solo dos puntos, según reveló el Semanario ZETA.

El Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía Especializada, presentó un total de 156 cadáveres en 113 fosas para el municipio de La Paz en el periodo que va de 2017 a junio de 2026. La diferencia con los datos del colectivo es mínima en apariencia, pero encubre una omisión grave: los 140 cuerpos del colectivo corresponden solo a esas dos zonas y solo a los últimos dos años, sin incluir Los Planes, El Centenario ni otros puntos de búsqueda activa.

Lo que los números oficiales no explican

“Sólo en San Juan de la Costa llevamos 97 fosas localizadas con restos del 2016 al 2020; en El Cajoncito, 43 fosas”, señaló Iris Manríquez, representante y fundadora del Colectivo Búsqueda X La Paz, ante ZETA. Su conclusión fue directa: “Si son 140 y me están dando 156 cuerpos, creo que nos hace falta aquí más fosas y más cuerpos localizados”.

En San Juan de la Costa, las 72 fosas arrojaron 97 osamentas, de las cuales 28 permanecen sin identificar. En El Cajoncito, las 31 inhumaciones clandestinas dejaron 43 cuerpos recuperados, con 23 sin identificación. Las víctimas de San Juan de la Costa habrían sido privadas de la vida entre 2016 y 2020; las de El Cajoncito, entre 2021 y 2024, ya durante la administración de Víctor Castro.

Manríquez fue más lejos en sus señalamientos: “También nosotros tenemos casi 200 cuerpos localizados por parte del colectivo; tenemos la zona, tenemos las fosas y los nombres y las personas que ya han sido identificadas y entregadas”. La pregunta que lanzó al aire quedó sin respuesta institucional: “¿Y el trabajo que han hecho ustedes como autoridades, cuál es?”

Las cifras de la Fiscalía y sus vacíos

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición, Flor Leticia Peña Martínez, presentó un recuento por municipios. En Los Cabos: 46 fosas, 61 cadáveres, 28 sin identificar. En Comondú: 43 fosas, 57 cadáveres, 24 pendientes; solo en los primeros meses de 2026 ya suman 25 cuerpos en ese municipio. En Mulegé: 16 fosas, 18 cadáveres, 11 sin resolver.

Peña Martínez también detalló el estado de las carpetas de investigación. De 4.022 expedientes abiertos desde 2016, que agrupan a 3.878 personas, se localizaron con vida 2.453 y sin vida 261. Hay mil 164 personas pendientes de localizar. De más de mil 100 carpetas, solo seis han sido judicializadas y apenas tres resultaron en sentencia.

Los colectivos denunciaron además que la Fiscalía Especializada construyó sus datos a partir de las páginas públicas de los propios grupos de búsqueda, sin trabajo de campo propio verificable.

Lupita y la denuncia que resume la crisis

“En Baja California Sur sí están trabajando; trabajan para sepultar las fosas clandestinas encontradas, por desaparecer a los desaparecidos, por maquillar la violencia que vivimos las familias”, denunció ante ZETA Lupita, madre buscadora de La Paz. Su acusación fue contundente: “Ellos solamente van a recoger los cuerpos que nosotros encontramos y que nosotros sacamos con nuestras manos”.

Mientras los colectivos recorren terrenos arenosos con espinas y temperaturas extremas, la segunda y última sesión ordinaria del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas tuvo un paréntesis de un año y medio: su última reunión antes de junio de 2026 había sido en diciembre de 2024.

Un matrimonio desaparecido y un trato que indigna

El 14 de junio, Amor de Jesús Uris López Alvarado, de 44 años, y su esposa Martina Oliver López Soto, de 49, fueron privados de la libertad por personas armadas mientras trabajaban en su negocio de lavado de alfombras en la colonia La Colosio de San José del Cabo. Al cierre de la edición de ZETA, sus familiares seguían sin noticias.

El caso se suma a una denuncia anterior del Colectivo Búsqueda San José del Cabo: el 15 de abril, tras hallar una fosa en Los Cabos con un hombre joven —identificable por sus tenis Converse blancos talla 9.5 y una chamarra aborregada de cuadros blanco y negro—, documentaron que las autoridades trasladaron los restos sin ninguna protección. “Muy probablemente lo encajuelaron igual para traerlo y enterrarlo aquí, y ahora está igual, encajuelado”, señaló Rosalba Ibarra, representante del colectivo.

El grupo expresó su repudio total: “No son basura, señores; son seres humanos”.

El mensaje a los sicarios y el llamado institucional

Ibarra también dirigió un mensaje directo a quienes operan la violencia: “Señores sicarios, con todo el respeto que por miedo nos han obligado a tenerles, les digo: las mujeres buscadoras no somos sus enemigas; muy probablemente seamos nosotros quien acompañemos a sus esposas, madres e hijos a buscarlos el día que ustedes tampoco sean necesarios en su sistema”.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, reconoció que la atención a los colectivos quedó rezagada y asumió el compromiso de retomar reuniones al menos trimestrales. “El tema que más les preocupa es el silencio de no poder tener el acceso a las autoridades”, admitió ante ZETA.

González también planteó que la velocidad de respuesta en los primeros minutos tras una desaparición es determinante. Propuso activar flujos de comunicación inmediata entre familias y fuerzas de seguridad para agilizar la búsqueda desde el momento del reporte.

Lonas retiradas y atención psicológica pendiente

Otro frente de tensión involucra al Ayuntamiento de La Paz: los colectivos denunciaron que funcionarios municipales retiraron lonas y fichas de búsqueda colocadas en espacios públicos. Lizeth Collins, comisionada estatal de Búsqueda de Personas, calificó la práctica de afectación directa a las labores de localización y reiteró el llamado a no retirar cédulas de ningún espacio.

Manríquez también planteó la necesidad de atención psicológica estructurada para las familias, incluidos los menores. Propuso organizar grupos por municipio y sesiones con niños de edades similares: “Yo sé que es un tema un poco más sensible también, pero ver la manera en que se pueda hacer grupos de niños que se puedan trabajar a lo mejor con tres o cuatro de la misma edad”.

La demanda de fondo permanece sin respuesta: que las autoridades activen los protocolos de búsqueda de forma inmediata y no oculten información. Los colectivos lo sintetizaron en una frase: “Los queremos vivos, no muertos”.

Marcelo Gil, vicepresidente de la empresa, explicó en Infobae a la Tarde que la idea venía siendo analizada desde hacía varios días. “Lo veníamos pensando. Queríamos hacerle un homenaje al 10 y se nos ocurrió aprovechar los 39 años de Messi con nuestra línea”, contó.

Los mensajes fueron exhibidos tanto en las carteleras delanteras como en las lunetas traseras de los colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires. Según Gil, la respuesta del público fue inmediata.

“La verdad es que hubo mucho movimiento durante todo el día. Los pasajeros estaban muy contentos y vimos muchísimas fotos circulando en las redes”, señaló.

El directivo reveló además que el homenaje no fue improvisado. “Desde que cumplió 38 años dijimos que cuando llegara a los 39 teníamos que hacer algo”, recordó.

Durante la charla también destacó una tradición interna de la empresa vinculada al número que identifica a la línea. “Es muy común que cuando pasamos por un cartel o algún lugar relacionado con el 39 nos saquemos fotos. Es un número que tenemos muy presente”, explicó.

Gil también recordó otro vínculo histórico de la línea con una figura popular de la cultura argentina: Carlitos Balá. “Es el colectivo de Carlitos Balá. Tenemos un mural por los cien años de su nacimiento en la cabecera”, contó.

Las imágenes de los colectivos con los mensajes dedicados a Messi se multiplicaron a lo largo del día en distintas plataformas y convirtieron al homenaje en una de las curiosidades que dejó un nuevo cumpleaños del capitán de la Selección argentina.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó dos operativos de fiscalización en el Cercado de Lima, logrando la intervención y envío al depósito de 27 vehículos por diversas infracciones al reglamento del transporte público.

Estas acciones, ejecutadas con apoyo de la Policía de Tránsito, se enfocaron en zonas de alto flujo vehicular y detectaron servicios informales, licencias vencidas y unidades sin autorización.

El primer operativo tuvo lugar en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, cerca del Centro Cívico. Allí fueron intervenidos 11 vehículos que prestaban servicio de colectivo y taxi sin autorización.

Ocho de los conductores no portaban brevete, y uno de los automóviles, con placa A0W-482, registraba 34 años de antigüedad. La fiscalización identificó la presencia de autos que circulaban pese a no cumplir con los requisitos mínimos para el transporte de pasajeros en la ciudad.

El segundo operativo se realizó en la plaza Dos de Mayo, con la intervención de 16 vehículos, entre automóviles y combis. Solo dos tenían autorización vigente, pero sus conductores presentaron licencias vencidas o inadecuadas, lo que derivó en la imposición de las infracciones RE22 y RE27, sancionadas con multas de hasta S/2750. Otros diez conductores tampoco contaban con brevete.

Durante la intervención, se detectó el automóvil de placa C8Z-279, que circulaba sin la placa delantera, una táctica recurrente para evitar la identificación por parte de los fiscalizadores. En ese mismo punto, la combi de placa H1C-744 fue sancionada por 30 años de antigüedad y circulación sin SOAT vigente.

Balance y continuidad

De acuerdo con información de la ATU, al 15 de junio se han efectuado 466 operativos de fiscalización, con 2456 vehículos enviados al depósito en Lima y Callao.

Solo en mayo, se realizaron 80 operativos y se retiraron 291 unidades de circulación. En estos procedimientos, 196 conductores no portaban licencia y 147 vehículos acumulaban sanciones por más de 8 millones de soles en multas.

Las autoridades subrayan que la fiscalización busca enfrentar el problema del transporte informal y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes se movilizan en la capital.

La política de ordenamiento vial continuará centrada en la detección de unidades sin documentación, sin seguro y con operadores que incumplen los requisitos exigidos para el servicio público.

Funciones de la ATU

• Planifica y regula el sistema de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao con enfoque en integración de rutas y servicios.
• Otorga autorizaciones para operar, supervisa habilitaciones y verifica que empresas, vehículos y conductores cumplan requisitos.
• Fiscaliza en vía pública el transporte formal e informal con apoyo de la Policía Nacional del Perú y municipios cuando corresponde.
• Ordena el retiro o internamiento al depósito de unidades que circulen sin permiso o que incurran en infracciones graves.
• Administra y gestiona servicios de transporte masivo y corredores complementarios, según el esquema vigente de la autoridad.
• Establece estándares de calidad y seguridad para la prestación del servicio, incluidos protocolos de operación y condiciones mínimas.
• Impulsa medidas para mejorar la movilidad, como priorización del transporte público, gestión de paraderos y ordenamiento vial.

A pesar de que en el último año el transporte se ajustó 75% frente a una inflación interanual del 33,2%, un pasaje de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $788, pero su costo técnico real —sin subsidios— es de $2.014. La brecha es del 155%, una diferencia que revela la presencia -aun mayoritaria- de los subsidios estatales al transporte público en el AMBA.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

El IIEP elaboró un índice propio para medir la evolución de los costos del transporte público automotor del AMBA, expresado en función de la cantidad de pasajeros transportados. Ese índice arroja que el costo técnico del servicio, es decir la tarifa sin subsidios, alcanza los $2.014 por pasajero a mayo de 2026 —o $2.225 si se incluye el IVA—. El valor debe contrastarse, además, con el costo reconocido por el Estado Nacional, que asciende a $1.597: incluso la compensación oficial queda por debajo del costo real calculado por el instituto.

De acuerdo con el relevamiento, el transporte es, dentro de la canasta de servicios públicos del AMBA, el rubro de mayor peso y el que más subió en el último año. Según el reporte del IIEP, el gasto mensual de un hogar promedio en este rubro alcanza los $116.688, lo que representa el 41% de la canasta total.

A eso se suma que en junio las líneas de colectivos de la Ciudad aumentaron 4,6% —el IPC de abril más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1%, tras el 7,7% de abril. El gasto total de las familias en transporte creció 5,7% respecto a mayo.

De esta forma, en términos interanuales, el transporte acumula un alza del 75% frente al 33,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período. Esa diferencia de 41 puntos porcentuales convierte al transporte en el componente de mayor avance dentro de la canasta, por encima del agua (48%), la energía eléctrica (43%) y el gas natural (37%). El gasto en movilidad aportó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales de incremento interanual total de la canasta.

A su vez, si se toma el incremento de la canasta de servicios públicos del AMBA desde diciembre de 2023, el aumento fue del 919%, mientras que el índice general de precios lo hizo en 236%. El transporte registra, en ese mismo período, una suba del 1.354%, frente al 2.073% del gas natural —el componente de mayor variación acumulada—, el 555% del agua y el 494% de la energía eléctrica.

El peso del transporte en el salario

El peso de ese gasto sobre los ingresos también se amplió. La canasta de servicios públicos de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de $1.919.353, lo que equivale a 6,8 canastas por sueldo. Un año atrás, con el mismo salario podían cubrirse alrededor de ocho canastas. El transporte explica el 41% del total y es el componente de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.

En el frente de los subsidios, el cuadro es dispar. Los subsidios totales a la energía y el transporte acumularon un incremento nominal del 48% anual a junio, lo que en términos reales representa una suba del 12%. Los subsidios energéticos, que explican el 77% del total, crecieron 52% en términos reales, impulsados principalmente por las transferencias a Cammesa, que aumentaron 71% real. Los subsidios al transporte, en cambio, cayeron 39% en términos reales, y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) —que financia los subsidios a los colectivos— no registró devengamientos en mayo ni en junio.

En los últimos 12 meses corridos, los subsidios totales se ubican 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2023 y 74% por debajo del pico registrado en junio de 2022. La evolución muestra un estancamiento en torno a los $10 billones de pesos anuales.

El reporte del IIEP también señala que al momento de su publicación el regulador no había actualizado el monto de compensación autorizado, manteniéndose lo estipulado en abril —con precios al mes de febrero de 2026—, de modo que los costos técnicos reconocidos aún no reflejan el impacto de la suba del gasoil, consecuencia del conflicto en Medio Oriente. El instituto estimó que esa recomposición pendiente asciende a $17.500 millones mensuales para el caso de los colectivos de jurisdicción nacional.

Desde el 19 de junio, las personas con discapacidad tendrán acceso a pasajes gratuitos en colectivos nacionales y trenes utilizando la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La Secretaría de Transporte de la Nación implementó esta modalidad al vincular el CUD con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

Según lo informado por la secretaría, la medida busca “simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”. El propósito es facilitar los viajes tanto para quienes tienen discapacidad como para los trabajadores del sector. Para acceder, es requisito asociar el CUD a una SUBE registrada.

Este sistema no reemplaza el esquema anterior, sino que funcionará en paralelo. Quienes prefieran seguir presentando el CUD en formato físico podrán continuar haciéndolo. La SUBE, de esta manera, se suma como una opción adicional para el viaje sin cargo en transporte nacional.

La puesta en marcha será paulatina y coordinada, iniciando por los colectivos de jurisdicción nacional y trenes, y con el objetivo de extenderse a todo el territorio. El desarrollo de esta modalidad contó con el aporte conjunto del Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Cómo acceder al descuento del 100%

El trámite para obtener el beneficio consiste en registrar la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta posibilidad estará habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

La activación del beneficio podrá realizarse de tres maneras:

• Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
• A través de la aplicación SUBE, seleccionando “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC).
• En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

Para colectivos de jurisdicción nacional, es necesario avisar el destino antes de apoyar la tarjeta hasta confirmar la operación. En trenes, se debe apoyar la SUBE en el molinete tanto al iniciar como al concluir el viaje.

Si la persona viaja con acompañante, ambos pasajes deben registrarse siguiendo el mismo procedimiento. El descuento del 100% se asocia a la tarjeta SUBE de la persona con discapacidad.

Para consultas, se puede ingresar al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o llamar al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. Las preguntas frecuentes estarán publicadas en la misma página.

Líneas de colectivos y trenes donde funcionará

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

A pesar del feriado, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumenta a partir de hoy un 2%, en función del ajuste que se definió a mediados de mayo del 6% en tres meses.

Con esta nueva suba, el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas que circulan en el AMBA pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.456,56 al máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.

El hecho de que tanto el boleto de colectivo de las líneas del AMBA como el del tren aumenten a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para generar una menor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo se ubicó en 2,1% y ya acumuló dos meses consecutivos de desaceleración tras el pico de 3,4% en marzo.

La diferencia con PBA y CABA

Pero el aumento del 6% entre mayo-julio que definió la Secretaría de Transporte no conformó a las empresas de colectivos del AMBA quienes aseguran que el ajuste está por debajo de las proyecciones de inflación y que cada vez se agrandan más las diferencias con el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

En el caso de los colectivos en la provincia de Buenos Aires, hubo un aumento del 4,6% a principios de junio, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. Con esto, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar más de $1.000 ($1.015,61). El mismo ajuste tuvo el de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el boleto quedó en 788,28 pesos.

Conflicto salarial en puerta

Sin embargo, hay conflictos salariales en puerta que podrían llevar a que el precio del boleto de colectivo aumente más en los próximos meses. La semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) le envió una carta al ministro de Economía Caputo en donde le solicitaba que resolviera el problema de fondo y que el superávit fiscal no se podía mantener a costa de los salarios de los choferes de colectivos.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

En ese contexto, el jueves pasado, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Transporte y los empresarios de colectivos en donde le solicitaron que logren acuerdos salariales con los sindicatos y que, una vez que los homologue la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, se iban a encargar de trasladarlo a la estructura de costos del boleto.

Y si bien es correcta la postura, entre los empresarios hay sospecha de que, una vez de que lleven a cabo el acuerdo salarial, el Gobierno lo traslade en tiempo y forma a la composición del costo del boleto de colectivo. Porque de hacerlo, eso implicaría permitir aumentar la tarifa u otorgar más subsidios. Y nuevamente Caputo se antepone a un dilema: presionar sobre la inflación o sobre el gasto público.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Este lunes, a pesar del feriado, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 2%, en función del ajuste que se definió a mediados de mayo del 6% en tres meses. Sin embargo, en la última semana el sindicato de los choferes comenzó a reclamar por incrementos salariales, por lo que la suba podría continuar en los próximos meses; todo dependerá de cómo elija resolver el conflicto la Secretaría de Transporte.

A partir de este lunes 15 de junio, en las líneas nacionales el ajuste será del 2% según el cuadro tarifario que compartió la Secretaría de Transporte que conduce Mariano Plencovich. De este modo, desde mañana el boleto mínimo de colectivos para recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas de colectivos que circulan en el AMBA pasará de $714 a $728,28, para aquellos usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, de $321,30 a $327,72 para quienes pagan tarifa social y de $1.428 a $1.456,56 para aquellos que paguen con tarjeta SUBE no registrada.

Teniendo en cuenta el pago con tarjeta SUBE registrada en el AMBA, la escala tarifaria es la siguiente: para tramos de 3 a 6 kilómetros, $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y de más de 27 kilómetros, $1.107,19. Para los usuarios de tarjeta SUBE sin nominalizar el costo va desde el mínimo de $1.456,56 al máximo de $2.214,39 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.

El hecho de que tanto el boleto de colectivo de las líneas del AMBA como el del tren aumenten a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para generar una menor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo se ubicó en 2,1% y ya acumuló dos meses consecutivos de desaceleración tras el pico de 3,4% en marzo.

La diferencia con PBA y CABA

Pero el aumento del 6% entre mayo-julio que definió la Secretaría de Transporte no conformó a las empresas de colectivos del AMBA quienes aseguran que el ajuste está por debajo de las proyecciones de inflación y que cada vez se agrandan más las diferencias con el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

En el caso de los colectivos en la provincia de Buenos Aires, hubo un aumento del 4,6% a principios de junio, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. Con esto, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar más de $1.000 ($1.015,61). El mismo ajuste tuvo el de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el boleto quedó en 788,28 pesos.

Conflicto salarial en puerta

Sin embargo, hay conflictos salariales en puerta que podrían llevar a que el precio del boleto de colectivo aumente más en los próximos meses. La semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) le envió una carta al ministro de Economía Caputo en donde le solicitaba que resolviera el problema de fondo y que el superávit fiscal no se podía mantener a costa de los salarios de los choferes de colectivos.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

En ese contexto, el jueves pasado, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de Transporte y los empresarios de colectivos en donde le solicitaron que logren acuerdos salariales con los sindicatos y que, una vez que los homologue la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, se iban a encargar de trasladarlo a la estructura de costos del boleto.

Y si bien es correcta la postura, entre los empresarios hay sospecha de que, una vez de que lleven a cabo el acuerdo salarial, el Gobierno lo traslade en tiempo y forma a la composición del costo del boleto de colectivo. Porque de hacerlo, eso implicaría permitir aumentar la tarifa u otorgar más subsidios. Y nuevamente Caputo se antepone a un dilema: presionar sobre la inflación o sobre el gasto público.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La medida, anunciada por la secretaría de Transporte de la Nación, se implementa mediante la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE registrada a nombre del pasajero.

La iniciativa “simplificar el acceso a este benefi cio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”, informó la secretaría de Transporte. El objetivo es mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del transporte público. Para utilizar esta modalidad, es obligatorio vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria.

El nuevo sistema no reemplaza al mecanismo vigente, sino que convivirá con él. Las personas que prefieran continuar accediendo al beneficio mediante la presentación física del CUD podrán hacerlo. La tarjeta SUBE, entonces, se incorpora como una alternativa adicional, más simple y ágil, para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

La implementación de esta modalidad es gradual y coordinada. Comienza por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con la perspectiva de extenderse progresivamente al resto del país. El trabajo se desarrolló en articulación entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Cómo acceder al descuento del 100%

Para acceder al beneficio, las personas con discapacidad deben registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE, www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del martes 16 de junio y no hay plazo para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, deben ingresar a la cuenta personal, dirigirse a la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, que tiene diez dígitos.

Luego de cargar el CUD, el usuario debe activar el beneficio mediante alguna de estas tres maneras:

● Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

● Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

● Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

En este último caso, en colectivos de jurisdicción nacional, es necesario informar al conductor el destino y apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación. En el caso de los trenes, la persona debe apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in) y volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

Si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, debe repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes. El descuento del 100% queda asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Para consultas sobre el beneficio, se puede acceder al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse telefónicamente de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, al 0800-555-3472. Las preguntas frecuentes sobre la implementación de la medida estarán disponibles en el mismo sitio web.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

Cuando parecía que el conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entraba en una tensa paz tras el aumento del boleto un 6% entre mayo y julio, se sumó una nueva demanda: ahora la UTA exigen al Ministerio de Economía que solucione el problema de fondo para que aumenten los sueldos de los choferes. En ese marco, mañana habrá una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias.

El escenario de fondo incluye el impacto del estallido del conflicto en Oriente Medio, que elevó el precio del combustible en Argentina. Ante este contexto, a principios de abril las empresas de colectivos reclamaron a la Secretaría de Transporte mayores subsidios o una suba adicional de la tarifa para cubrir el incremento de costos y afrontar deudas por pagos atrasados. La falta de respuesta estatal llevó a una reducción en la frecuencia de los servicios, lo que afectó a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego de reabrir el diálogo, las autoridades autorizaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales (2% por mes), lo que llevará el boleto mínimo de colectivo -hasta tres kilómetros- a $742,84 a mediados de julio . Sin embargo, los empresarios aún siguen consideraron que el ajuste quedó por debajo de la inflación. Y es esa insuficiencia de los subsidios impide mejorar los salarios del personal.

Fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en conversación con Infobae estimaron un atraso salarial del 15% para los choferes. “Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos. Es todo un círculo, los empresarios no quieren aumentar los sueldos porque no pueden, no porque no quieren. Un chofer que recién ingresa tiene un sueldo de bolsillo de $ 1,8 millón, a lo que se le deben sumar viáticos”, expresaron.

El dilema de Caputo

El comunicado que la UTA envió al ministro de Economía, Luis Caputo, expone la preocupación gremial por la falta de acuerdo y por la insuficiencia de la respuesta oficial ante la inflación y el alza de insumos. Reclaman una actualización urgente de los haberes para evitar medidas de fuerza, con posibilidad de paralización total del transporte si no se logra un entendimiento.

“Hacemos un llamado al ministro de Economía a fin que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes en una actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ”privilegiados" de la economía (tenemos derechos a ello, no hay duda)“, escribió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández en la carta que le envío a Caputo. En donde sostuvo que el superávit fiscal no se puede construir sobre los salarios de los choferes de colectivo.

Es que Caputo tiene un dilema para resolver el problema de los colectivos en el AMBA debe elegir entre aumentar el boleto de colectivo lo que le pega de lleno sobre la inflación o otorgar mayores subsidios a las empresas que implica mayor gasto pública en un contexto de caída de la recaudación. En mayo opto por autorizar un incremento del 6% del boleto que no dejo conforme a los empresarios. Aunque con un detalle, los incrementos del boleto se autorizan a mitad de cada mes para moderar el efecto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, en la Secretaría de Transporte aclararon que la carta de la UTA al Ministerio de Economía está mal dirigida, ya que la responsabilidad formal de la negociación corresponde a las empresas y que el interlocutor gremial debería reunirse con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras tanto, el organismo mantiene la mesa de diálogo con las cámaras empresarias cada 15 días para intentar resolver el conflicto y evitar nuevos paros.

La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones afectan la rutina diaria de los usuarios del transporte público. Las partes reconocen que, si no logran una solución integral, podrían intensificarse las restricciones o interrumpirse el servicio. La reunión prevista para mañana entre las autoridades y los representantes empresariales será clave para determinar los próximos pasos en la disputa que involucra al Gobierno, las empresas y los trabajadores del transporte de colectivos en el AMBA.

Seis meses después de que Jesús Guadalupe Camargo Loya desapareciera en Guasave, Sinaloa, cinco colectivos locales emitieron un posicionamiento conjunto para denunciar la ausencia de resultados reales en la investigación. La exigencia llega sin que las autoridades hayan informado avances concretos sobre el paradero del activista de 24 años, visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas.

El caso no ocurre en el vacío. Camargo Loya era fundador del colectivo “En una sola voz y lucha”, creado para exigir justicia por el feminicidio de su madre y su hermana en 2012, y participaba activamente en el Comité de Diversidad Guasave. Su desaparición concentra dos vulnerabilidades documentadas: la de los defensores de derechos humanos y la de las personas de la comunidad LGBT+.

Cinco colectivos firman el posicionamiento

Las organizaciones Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave, Diversidad Guasave y Mutantes Disidentes suscribieron el documento de manera conjunta. La acción coordinada entre grupos feministas, de búsqueda y de diversidad sexual marca una articulación inédita en torno al caso.

Los colectivos señalaron que la investigación no registra resultados significativos a medio año de la desaparición. La falta de avances contrasta con la urgencia que los propios grupos habían advertido desde diciembre: el tiempo es el factor más crítico en cualquier caso de persona desaparecida.

La coronación de la Marcha LGBT+ y el silencio oficial

El 6 de junio pasado, durante la coronación de la Marcha LGBT+ en Guasave, los colectivos hicieron un llamado público para que las autoridades presentes se pronunciaran sobre el caso. Ningún funcionario emitió declaración alguna en ese espacio.

Ese silencio institucional es uno de los ejes del posicionamiento. Los grupos lo describen como una señal de la falta de sensibilidad oficial ante una desaparición que involucra a un integrante activo de la comunidad diversa.

La voz de quien asumió el acompañamiento

Miguel Lino López, presidente del Comité de Diversidad Guasave, explicó que ante la ausencia de familiares directos, los integrantes de la comunidad tomaron el rol de acompañamiento y de presión para que los protocolos de búsqueda se mantuvieran activos. Su declaración expone una falla estructural: el sistema institucional exigía en un principio que fuera un familiar directo quien interpusiera la denuncia formal, pese a que Camargo Loya se encontraba distanciado de su núcleo familiar.

Esa condición retrasó el inicio formal de las actuaciones y generó una de las primeras denuncias públicas contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los colectivos la documentaron desde diciembre como una muestra de la violencia institucional que enfrentan quienes defienden derechos humanos.

Los destinatarios directos del llamado

El posicionamiento nombra a dos funcionarias de forma explícita. Los colectivos exigen que la diputada local María Teresa Guerra Ochoa y la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya se pronuncien públicamente y atiendan el caso con acciones concretas.

La interpelación directa a cargos electos responde a la estrategia de los grupos: visibilizar la omisión de quienes tienen poder de gestión y representación política en el municipio.

La ficha de búsqueda y los datos del activista

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió desde diciembre la ficha con cédula RZN-0277-2025. El documento describe a Camargo Loya como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, complexión mediana, frente y boca grandes, cejas pobladas y cabello lacio.

Quien cuente con información puede comunicarse al número 668 219 45 25 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ambos canales operan de forma confidencial.La frase que resume la exigencia

“Jesús merece ser buscado y encontrado con bien, igual que todas las personas desaparecidas”, expresaron los colectivos en el documento. La oración cierra el posicionamiento y lo conecta con la demanda más amplia del movimiento de búsqueda en México.

Los grupos advirtieron que continuarán pendientes de cualquier avance relacionado con el caso. La vigilancia colectiva se convierte así en el único mecanismo de presión activo ante la ausencia de respuestas institucionales a seis meses de la desaparición.

El precio que paga un pasajero al subirse a un colectivo rara vez refleja lo que cuesta mover ese vehículo. En la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, la diferencia entre lo que abona el usuario y el costo real del servicio, la cubre el Estado a través de subsidios. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es la excepción: es, de hecho, uno de los sistemas con mayor participación estatal de la región. Pero según las empresas del sector, ni así alcanza para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que compara once sistemas de transporte urbano de América Latina, el AMBA es el segundo con mayor subsidio estatal sobre el costo del boleto. El Estado cubre el 69% del valor del pasaje, mientras que el usuario aporta el 31% restante. Solo Ciudad de México supera ese nivel de intervención pública, con un subsidio del 70% y un boleto que en dólares es el más barato de la muestra: USD 0,43. En el AMBA, el costo del boleto según ese relevamiento es de USD 0,51 (se usó el dólar como unidad de medida para unificar criterios y poder comparar las diferentes ciudades).

Por detrás aparece Santiago de Chile, donde el Estado financia el 65% del costo, con un boleto de USD 0,81. Santo Domingo registra un subsidio del 60%, Panamá del 55% y Bogotá del 52%. En Cali, la participación es pareja: 50% el usuario, 50% el Estado, con un boleto de USD 0,92 (92 centavos de dólar).

Lima y São Paulo tienen esquemas donde el usuario ya carga con la mayor parte: 54% y 55% respectivamente. Montevideo, con un subsidio del 41%, se ubica hacia el otro extremo del espectro. Y San José de Costa Rica representa el caso más atípico del grupo: el usuario paga prácticamente la totalidad del costo, con una participación del 99%, aunque el boleto en dólares es de USD 0,82, un valor intermedio respecto al resto.

Lo que reciben las empresas y lo que dicen necesitar

El cuadro regional contrasta con la situación que describen las empresas de colectivos del AMBA. Según el Índice Bondi de Aaeta, que releva mensualmente los costos del sistema metropolitano, en abril de 2026 las empresas recibieron en promedio $1.609,11 por cada boleto vendido, entre la compensación del Estado y lo que abonan los usuarios. Sin embargo, el costo real de operar el servicio —sin IVA— asciende a $1.923,38 por pasajero. La diferencia es una pérdida de $314,27 por cada viaje realizado.

El boleto mínimo vigente en el AMBA para las líneas nacionales era en ese momento de $700 (hoy es de $714 con SUBE registrada). Si no existiera ningún tipo de subsidio, ese mismo boleto debería costar $2.125,34 con IVA incluido, según el cálculo del Índice Bondi. La brecha entre el precio que paga el pasajero y el valor sin subsidio es, entonces, de más de tres veces.

A nivel del sistema en su conjunto, la Secretaría de Transporte reconoce un costo mensual de mantenimiento de $326.608 millones, pero Aaeta estima que el costo real asciende a $389.945 millones. Esa diferencia de $63.336 millones es la que, según el sector, se traduce en déficit de calidad: menos frecuencias, menor seguridad y postergación en la renovación del parque de unidades.

Variaciones según la jurisdicción

El costo del boleto sin subsidio no es uniforme dentro del propio AMBA. Según la apertura por jurisdicción que elabora Aaeta, el valor más alto corresponde a las líneas de jurisdicción nacional: $2.357 con IVA. Le siguen las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.123, y el promedio general del Índice Bondi, de $2.125. Los valores más bajos corresponden a las líneas de la Provincia de Buenos Aires ($1.969) y a los municipios bonaerenses ($1.861).

Esa dispersión refleja diferencias en los costos operativos según el tipo de recorrido y la estructura de cada red. Las líneas de mayor extensión y complejidad, como las nacionales, tienen costos unitarios más elevados.

Un debate sin resolver

El financiamiento del transporte público en el AMBA lleva años en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones aplican criterios distintos para actualizar las tarifas y distribuyen el peso del subsidio de manera diferente, lo que genera brechas crecientes entre los boletos según la línea que tome el pasajero.

Las empresas del sector sostienen que la compensación actual es insuficiente y plantean dos alternativas: que el Estado amplíe su aporte o que se autoricen aumentos de tarifa que acerquen el precio al costo real.

Lo que el cuadro regional de Aaeta pone en perspectiva es que subsidiar el transporte urbano es una práctica extendida en América Latina, no una particularidad de Argentina. La mayoría de las ciudades relevadas optaron por sostener tarifas por debajo del costo real para garantizar el acceso al servicio. La discusión, en cada caso, es quién paga la diferencia y cuánto.

Luego de que se confirmara que el velorio público en honor de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, anunciaron que no se cobrará el peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Todas las opciones disponibles para llegar al predio.

Aunque la despedida comenzará a partir de las 11:00 horas, fuentes oficiales de AUBASA comunicaron que se dejará de cobrar el paso a los vehículos desde las 6 de la mañana. Hasta el momento, no se definió cuándo terminará la medida. Tampoco está prevista la posibilidad de que se extienda, en caso de que el sepelio pudiera prolongarse.

La duración de la despedida está íntimamente ligada a una decisión de la familia del músico que, en lugar de acordar un horario de cierre, manifestó su deseo de que dure “lo que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Desde las redes oficiales del legendario cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota informaron cómo se llevará a cabo su despedida. Y recomendaron a sus fieles fanáticos que se acerquen desde Sarandí, ya sea “en transporte público, propio o a pie”.

La expectativa de que haya una convocatoria masiva influyó en la decisión de realizar el evento en el predio situado sobre la Av. Bartolomé Mitre al 4900. Pues, se trata de un lugar que abarca aproximadamente unas 10 hectáreas y posee un auditorio con una capacidad total de 180 personas.

Según confirmó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, solo estará habilitado el ingreso peatonal, que estará ubicado en la intersección de la Av. Mitre y Gral. Otero. “Si venís en auto, te pedimos que estaciones unas cuadras antes y llegues caminando, siempre respetando los garajes particulares y cuidando el orden del barrio”, solicitó a los asistentes.

Durante el operativo, habrá un equipo de más de 8.000 personas para garantizar la seguridad y el acceso de los seguidores del Indio. También confirmaron que se montarán postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las inmediaciones del parque.

Además, comunicaron que los alrededores del predio estarán cerrados para el tránsito. Así, desde las 8 de la mañana, no se podrá circular por el perímetro conformado entre la Av. Mitre, Gral. Otero, Baradero y Polonia.

Cómo llegar a Parque Domínico

Vía auto

Para aquellos que viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, la zona oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, la recomendación común es tomar la autopista 25 de Mayo para poder conectar con la autopista Buenos Aires-La Plata. Al llegar a la altura de Quinta Galli, deberá tomar la salida 9 hacia el Acceso Sudeste en dirección a Wilde o Parque Comercial.

A unos 2,8 kilómetros de distancia, deberá girar a la derecha en la rampa hacia Cnel. Adrogué, manteniéndose a la derecha para seguir por esa calle. Desde ese punto, se encontrará a casi nueve cuadras de Baradero, donde comienza el corte de calles.

En el caso de los residentes de La Plata y alrededores, es preferible tomar la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta el distribuidor del Acceso Sudeste en Avellaneda, para luego descender hacia la avenida Bartolomé Mitre, conexión que lleva al predio a la altura del 4700.

Según el medio platense 0221, la segunda opción implica utilizar la bajada de Bernal, continuando por avenidas de la zona oeste de Quilmes hasta empalmar nuevamente con Bartolomé Mitre. No obstante, alertaron que suele tardarse más por este camino, debido al tránsito y los semáforos.

Vía tren

En este caso, se deberá tomar la línea Roca hasta la estación Villa Domínico. Además de ser una de las opciones más directas para los vecinos de la zona sur, también es posible llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores desde Constitución.

Vía colectivo

Las líneas de colectivo que transitarán por la zona serán: 17, 22, 98, 148, 159, 178, 197 y 247.

Con el inicio de junio, llegan nuevos aumentos en transporte que pondrán presión al bolsillo. Colectivos, subtes, trenes y peajes se incrementarán este mes, en línea con los esquemas de actualización que responden a la inflación y que buscan trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales.

La tarifa de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% desde este lunes, dada la fórmula que añade al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue de 2,6%, otros 2 puntos porcentuales. El ajuste se produce tras la suba del 11,6% que el gobernador Axel Kicillof dispuso en mayo, cuando el boleto base pasó a $968,57.

Con el nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) asciende a $1.015,61.

Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa pasa de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para trayectos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes abonen el boleto sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% sobre el valor pleno, el boleto para el tramo más corto se eleva a $457,02. Los demás tramos reflejan aumentos proporcionales y el beneficio se mantiene para los usuarios incluidos en el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19, valor que asciende a $2.672,38 sin SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito también subirán 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasa de $753,74 a 788,41 pesos.

El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

A partir de junio, el subte y el premetro aplicarán una nueva tarifa. El valor del viaje se ajustará de $1.490 a $1.558,54 para usuarios con la tarjeta SUBE registrada. Continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales.

En el caso de los trenes, el aumento es del 12,9% y el boleto mínimo ya se ubica en $350 con SUBE registrada, de lo contrario el costo es de $700.

El Gobierno nacional aseguró que el objetivo es ”garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”.

En las líneas nacionales de colectivos que operan en el AMBA, el boleto tendrá un incremento del 2% y costará $728,28 a partir del 15 de junio. El Gobierno dispuso este diferimiento con el objetivo de atenuar el impacto sobre el IPC.

Cabe recordar que el gasto de transporte en el AMBA aumentó 75% durante el último año y desde diciembre de 2023 dio un salto de 1.276%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Quienes viajan en auto también tendrán un ajuste en junio: los peajes en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico.

Las motocicletas abonarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán pagar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

Junio viene con nuevos aumentos que pesarán en los bolsillos de los argentinos. Desde este lunes se incrementa el boleto de tren y de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia, los servicios públicos y las prepagas.

Otros aumentos, en el caso de las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se aplicarán a mitad de mes para moderar el impacto sobre la inflación, que el Gobierno pretende que se continúe desacelerando.

El primer impacto al comenzar el día lo van a sentir los usuarios del transporte público. El boleto mínimo de colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,6%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula que adiciona dos puntos porcentuales a la inflación del segundo mes anterior (en este caso, abril). En las líneas provinciales, tras un aumento de 11,6% por fuera del esquema, que en mayo llevó la tarifa a $968,57, volverán al esquema de dos puntos más inflación y subirán 4,6% a $1.015,61, superando así el hito de los 1.000 pesos.

Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el ajuste será de 2% y el boleto costará $728,28, aunque en este caso regirá desde el 15 de junio. Con el diferimiento, el equipo económico busca moderar el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide promedios semanales, tras la escalada a 3,4% en marzo. En el caso de los trenes metropolitanos, los pasajes subirán 12,9% a partir de hoy, pasando de $310 a 349,99 pesos.

Respecto a los peajes en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste será de 4,6%, también calculado sobre la inflación de abril más dos puntos porcentuales. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura abonarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas pagarán $1.882,44 y $3.012,29 respectivamente, mientras que los vehículos pesados de hasta dos ejes deberán abonar $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en hora pico.

Luz y gas: aumentos, pero con mayores subsidios

En el caso de los servicios públicos, habrá aumentos en el sexto mes del año, pero también mayores subsidios con el pretexto del conflicto en Oriente Medio. La semana pasada, la Secretaría de Energía comunicó que la factura media de gas a nivel país tendrá un aumento de 2,81%, pero que habrá mayores subsidios.

Por un mes más se extenderá la bonificación extraordinaria del 25% en la factura de gas de junio para usuarios residenciales de menores ingresos que estén registrados y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con esta medida, el subsidio total se mantiene en 75%: 50% corresponde al beneficio general dispuesto por el Decreto 943/25 y 25% a la bonificación adicional que renovó la resolución vigente. Alcanza a hogares con ingresos equivalentes a hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y organizaciones sin fines de lucro inscriptos en el SEF.

En cuanto a la energía eléctrica, la cartera energética fijó para junio un aumento del 1,5% para el AMBA (el resto de las tarifas depende de los entes reguladores provinciales) y una bonificación extraordinaria de 11,97%, que eleva el subsidio al 62% del consumo base. Según la Secretaría de Energía, este tipo de beneficio busca proteger a los sectores más vulnerables ante variaciones abruptas de precios.

Estas decisiones surgen en el contexto de la inestabilidad en Medio Oriente, que incide en la volatilidad de los valores internacionales del petróleo y el gas. Aunque estos movimientos han contribuido a la desaceleración de la inflación, también implican un mayor gasto público. La situación de YPF es distinta: la petrolera estatal-privada aplicó solo un aumento de 1% y mantiene congelados los precios del combustible por 45 días. El 15 de junio, el directorio de la empresa deberá definir si habrá un nuevo incremento o si extenderá el congelamiento, medida que impacta en toda la economía.

A pesar del panorama internacional, este domingo el barril de Brent, referencia para Argentina, cotiza a USD 92,05, mientras que en abril, cuando YPF congeló precios, estaba en 103 dólares.

Prepagas y colegios

En el sector de la salud, las principales empresas de medicina prepaga informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) aumentos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán un incremento de 2,6%, en línea con la inflación de abril, mientras que Omint ajustará hasta 2,9% según el plan contratado. En algunos casos, los copagos también registraron incrementos. Todas las compañías deben ahora cargar estos datos en el sistema digital de la SSS.

El ámbito educativo también experimentó ajustes en las cuotas. En la provincia de Buenos Aires, las subas promediaron entre 4% y 5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rondaron el 5%. Estas actualizaciones impactan en el presupuesto de las familias con hijos en colegios privados.

A partir de mañana, los colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentará 4,6% en las tarifas, llevando el boleto mínimo por encima de los $1.000. El ajuste llega después de la decisión tomada en mayo por Axel Kicillof, cuando el gobernador ordenó un alza del 11,6% que llevó el boleto base a $968,57. Esa medida profundizó la brecha con los valores que rigen en la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas nacionales, y generó presión sobre los precios en un contexto donde el Gobierno nacional busca contener la inflación luego del registro de 3,4% en marzo.

Según fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte bonaerense a Infobae, el incremento responde a la vuelta de la fórmula tradicional de “dos puntos más inflación”. “A partir de mañana, el aumento en las líneas de colectivos de la provincia es de dos puntos más el último IPC de abril (2,6%), volvemos a lo mismo de siempre”, indicaron.

El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 a $1.015,61. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 a $1.142,55; para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.

En el caso de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% respecto al valor pleno, el boleto para el tramo más corto sube de $435,86 a $457,02. El resto de los tramos refleja aumentos proporcionales y mantiene el beneficio para los usuarios alcanzados por el programa.

El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus valores: el pasaje terminal cuesta $337,87, el valor por kilómetro se eleva a $51,61 y el boleto mínimo alcanza los $1.336,19. El boleto mínimo sin SUBE se ubica en $2.672,38.

La decisión de Kicillof de aumentar 11,6% en mayo respondió a la lógica de trasladar el costo real del servicio a los usuarios y reducir el peso de los subsidios estatales. Esta postura, identificada con una visión pro mercado, produjo tensiones en el Gobierno libertario, que observó cómo el ajuste provincial sumaba presión sobre el índice de precios al consumidor.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo también subirá 4,6% desde mañana, pero el boleto mínimo quedará en $788,41, muy por debajo del valor bonaerense. En cuanto a las líneas nacionales, que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el próximo aumento será de 2% y se aplicará recién el 15 de junio, en línea con la estrategia del equipo económico nacional de postergar los ajustes hacia mitad de mes para morigerar su impacto en la inflación.

El trasfondo del conflicto

El conflicto por el financiamiento del transporte público se intensificó desde el estallido de la crisis en Oriente Medio y la posterior suba de los combustibles en Argentina. Las empresas de colectivos del AMBA reclamaron a la Secretaría de Transporte de la Nación un recalculo tarifario que acompañe los mayores costos operativos. La falta de acuerdo derivó en una reducción de frecuencias, hasta que a fines de abril el Gobierno nacional transfirió $56.000 millones en concepto de subsidios atrasados y se comprometió a revisar la política de boletos.

A mediados de mayo, el Gobierno autorizó una suba para la líneas que circulan en el AMBA del 6% en el boleto, a ejecutarse en tres tramos: 2% el 18 de mayo, 2% el 15 de junio y otro 2% el 15 de julio. Lo que forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo: escalonar los incrementos tiene como objetivo amortiguar su efecto sobre la inflación.

Sin embargo, las misma no dejo conforme a las empresas de colectivos. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación.Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector.

Es que con el aumento del 2% que se aplicará a mitad de mes, el boleto para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA quedará en $728,18 mientras que el de la provincia de Buenos Aires se ubicará en $1.015,16 (diferencia de $286,98) y el de la Ciudad de Buenos Aires en $788,41 (diferencia de $60,23).

El debate sobre los criterios para actualizar el boleto y la estrategia para contener el impacto inflacionario continúa atravesando a las distintas jurisdicciones del AMBA. Las diferencias de enfoque entre la provincia, la Ciudad y la Nación repercuten en el precio final que pagan los usuarios, que encuentran cada vez más disparidad en los valores según el recorrido y la administración responsable.

Luego de que la inflación desacelerará a 2,6% en abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en mayo estará por debajo de ese nivel. Ahora la expectativa está en qué sucederá en junio, un mes en donde se confirmaron nuevos aumentos en el transporte, prepagas y colegios privados que presionarán sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero también donde el Gobierno ya confirmaron mayores subsidios en la boleta de luz y gas.

Este jueves, la Secretaría de Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución.

El alcance de la medida incluye a todos los hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo que se encuentren inscriptos en el SEF.

A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, la Secretaría de Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.

Se trata de decisiones que toma el equipo económico en el contexto del conflicto en Medio Oriente. La volatilidad en los precios del petroleo y el gas que ayudan a la desaceleración de la inflación aunque con ello también se pone en juego un mayor gasto público.Eso no sucede en el caso de YPF en donde los costos de solo aumentar un 1% y volver a congelar por otros 45 días el precio del combustible.

El 15 de junio nuevamente el directorio de YPF deberá decidir cómo continúa: si aplica un nuevo incremento y si aplica otro congelamiento en el precio del combustible, con los efectos que tiene sobre el conjunto de la economía. A pesar de la continuidad del conflicto en Oriente Medio, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) se encuentra en USD 92,98 este jueves al mediodía y cuando la pretolera privado-estatal tomó la decisión de congelar el precio a principios de abril estaba en 103 dólares.

Aumentos confirmados y en dudas

En el transporte público, junio trae aumentos en los boletos de colectivos y trenes. El boleto mínimo de los colectivos porteños (hasta tres kilómetros) subirá 4,2%, de $753,74 a $788,41, siguiendo la fórmula de sumarle dos puntos porcentuales a la inflación de abril. Para las líneas nacionales que operan en el AMBA, el incremento será del 2% y el boleto llegará a $728,28, aunque en esta caso la actualización se aplica desde el 15 de junio.

En las líneas provinciales, la incógnita permanece luego de que en mayo se aplicó un aumento autónomo del 11,6% que llevó la tarifa a $968,57. Si se replica el esquema de ajuste, el boleto superaría los $1.000. Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Secretaría de Transporte bonaerense aseguraron que todavía no hay una definición al respecto.

Los trenes del área metropolitana también ajustarán sus precios. El aumento aplicará desde el 1° de junio, cuando el boleto subirá 12,9% y pasará de $310 a 349,99 pesos.

Los peajes de la CABA se ajustarán 4,6%, aplicando la misma lógica que para el transporte público: inflación de abril más 2%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagan $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonan $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Para vehículos pesados de hasta dos ejes, la tarifa asciende a $7.153,79 en horario normal y $10.542,41 en pico.

En el sector salud, las principales empresas de medicina prepaga notificaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos para junio. Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud fijaron un aumento de 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint, en tanto, aplicó subas de hasta 2,9% según el plan. En varios casos, los ajustes también alcanzaron a los copagos. La carga de estos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria para todas las compañías.

El ámbito educativo también se vio alcanzado por los ajustes. Las cuotas de los colegios en la Provincia de Buenos Aires subieron en promedio entre 4% y 5%. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicó en torno al 5%. Estas actualizaciones impactan en las familias con hijos en escuelas privadas, sumando presión sobre el presupuesto de los hogares.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el repudiable hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Juan de Garay y Lima, a tan solo una cuadra de plaza Constitución. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un Volkswagen color negro frenó su marcha de forma repentina y en plena vía pública, sacó un fierro del baúl y comenzó a descargar su furia contra un colectivo de la línea 60.

“¡Alejate, alejate! Llamá a la policía... ¿Alguien está llamando?“, se escucha decir a un pasajero en el video que encabeza esta nota, el cual muestra cómo fue el ataque al unidad y los momentos posteriores.

Mientras el chofer realizaba la denuncia correspondiente al 911, el atacante, aún con sed de venganza, volvió sobre sus pasos y se ocupó de destruir las ventanillas del costado izquierdo del colectivo. “¡Ey, la concha de tu madre, forro! ¿Qué te pasa hijo de puta? ¡Abrime y le rompemos toda la jeta!“, exclamó otra pasajera, al observar que el hombre oriundo de Venezuela no cesaba.

Al recibir el alerta, personal de la comisaría vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar del hecho. Ante los reiterados pedidos del pasaje, dos de los agentes esposaron al sospechoso. “¿O sea que me choca y yo no tengo que hacer nada?“, le preguntó en tono irónico el detenido a los policías, al mismo tiempo que los pasajeros aseguraban que él había sido el responsable del choque que desató su enojo.

“Cayeron vidrios arriba de toda la gente enfermo de mierda. ¿Qué te pasa?“, le reclamó una de las pasajeras afectadas por su ataque de furia.

El agresor, de 36 años, quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal que lo imputó por daños agravados.

Tal como lo anunció la semana pasada el Gobierno, desde este lunes 18 de mayo, comienzan a regir los aumentos para las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los trenes. Lo que implicará un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos y presionará sobre el dato de inflación de mayo, luego de la desaceleración que marcó en abril (2,6%). Y que podría complicar los planes de que la tendencia de precios a la baja continúe, ya que se definieron más incrementos para los próximos meses.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional (AMBA) tendrá una actualización del 2% y pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, $728) y el 15 de julio (otro 2%, $ 742).

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

Desde hace semanas, la Secretaría de Transporte está en conflicto con las empresas de colectivo del AMBA, quienes, ante el aumento de los costos operativos (el incremento del precio del combustible por la guerra en Oriente Medio) y las deudas por el pago de subsidios, decidieron reducir la frecuencia de las líneas de colectivos. Lo que lleva a que miles de usuarios se vean afectados a la hora de viajar.

Aumento en los trenes

En relación con el sistema ferroviario, el aumento será mayor. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 10% a partir de hoy, que llevará el boleto a $310 (antes $280), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 12,9% en junio ($350), 8,6% en julio ($380), 10,5% en agosto ($420) y 7,1% en septiembre ($449,81). De esa forma, el porcentaje de incremento acumulado a septiembre de 2026 de la tarifa base será del 60,7%.

Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país, orientándose hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario. En diciembre de 2023, la tarifa del tren cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente, la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

En abril, la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual. Este aumento superó el dato de marzo, que había alcanzado 4,1%. Este incremento en el boleto de colectivo del AMBA para el 18 de mayo no es casualidad, ya que el Ministerio de Economía lo autoriza a mitad de mes para que la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo sea menor.

Las diferencias con el interior

Con el nuevo cuadro tarifario no se soluciona el conflicto para las empresas de colectivo, ya que además de destacar que los ajustes están por debajo de la inflación, aseguran que todavía hay pago de subsidios pendiente. Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones, correspondientes a “atributo social”.

Directivos de una de las compañías afectadas detallaron que Transporte pagó un mes de los tres pendientes. Frente a ese escenario, las empresas aseguran que no recibieron hasta ahora ninguna convocatoria a una nueva reunión con las autoridades.

A su vez, el nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivo del AMBA, si bien implica un golpe para el bolsillo, aún guarda una importante distancia con lo que sucede en el interior del país. En mayo, el boleto mínimo en Santa Fe capital es a $1.900, en Córdoba capital y Rosario cuesta $1.720, y en Mar del Plata llega a $1.550. Para Neuquén capital, el valor se ubica en $1.140, y para el Gran Mendoza) es de 1.000 pesos.

Mientras que las tarifas mínimas en mayo serán de $968,57 para líneas de la provincia de Buenos Aires, $753,86 para líneas porteñas y $714,00 para líneas nacionales. De este modo, la brecha tarifaria entre la Región Metropolitana y el resto del país se vuelve aún más notoria, con el AMBA manteniendo los valores más bajos del cuadro nacional.

Mediante la resolución 27/2026 publicada en Boletín Oficial esta madrugada, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde el corriente mes y hasta septiembre.

Las empresas de colectivo sostienen que la actualización tarifaria por debajo de la inflación no alcanza para cubrir el aumento de los costos operativos de los últimos meses, sobre todo ante la acumulación de deuda estatal. El futuro del sistema de colectivos en el AMBA depende del pago de las deudas —que se achicó de forma considerable en el último mes— y de la evolución del precio del combustible, lo que está atado al conflicto en Oriente Medio. Aunque la reciente decisión de YPF de aumentar un 1% el combustible la semana pasada y mantener los precios congelados por otros 45 días ayuda a contener la tensión.

Luego de semanas de conflicto entre el Gobierno y las empresas, a partir de mañana, lunes 18 de mayo, comienza a regir el nuevo esquema tarifario en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en trenes, lo que será un nuevo golpe para el bolsillo de los argentinos y presionará sobre la inflación de mayo.

Pese a ello, las empresas aseguran que hay una deuda pendiente de la Secretaría de Transporte y que aun con los nuevos incrementos seguirá habiendo una gran brecha con el costo de los colectivos en ciudades del interior del país.

Según el cuadro tarifario propuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional (AMBA) tendrá una actualización del 2% y pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.428 con SUBE sin registrar. Posteriormente, se aplicarán nuevas actualizaciones el 15 de junio (también 2%, $728) y el 15 de julio (otro 2%, $ 742).

Pero aún con este nuevo aumento para las líneas de colectivos que entran y salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el Gobierno destacaron que los valores son inferiores en comparación con los que circulan exclusivamente dentro de la Capital, donde el boleto es un 5,6% más caro, y los que lo hacen exclusivamente dentro de la Provincia de Buenos Aires (PBA, las líneas del número 200 para arriba), donde el valor es un 35,7% superior al de los servicios de jurisdicción nacional.

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada.

El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

Aumento en los trenes

En relación con el sistema ferroviario, el aumento será mayor. El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas: la medida contempla una actualización del 18% a partir de este lunes, que que llevará el boleto a $330 (antes $280), seguida de aumentos el primer día de cada mes: 15% en junio ($379), 13% en julio ($428), 12% en agosto ($480) y 10% en septiembre ($528).

Según señalaron en la Secretaría de Transporte, la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país, orientándose hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario. En diciembre de 2023, la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

En abril la inflación fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y si bien implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a marzo, cuando fue 3,4%, el rubro Transporte fue el que mayor variación presentó con un 4,4% intermensual. Este aumento superó el dato de marzo, que había alcanzado 4,1%. Este incremento en el boleto de colectivo del AMBA para el 18 de mayo no es casualidad, ya que el Ministerio de Economía lo autoriza a mitad de mes para que la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo sea menor.

Las diferencias con el interior

Con el nuevo cuadro tarifario no se soluciona el conflicto para las empresas de colectivo ya que además de destacar que los ajuste que están por debajo de la inflación, aseguran que todavía hay pago de subsidios pendiente. Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda a las empresas de colectivos del AMBA $35.000 millones, correspondientes a “Atributo social”.

Directivos de una de las compañías afectadas detallaron que Transporte pagó un mes de los tres pendientes. Frente a ese escenario, las empresas aseguran que no recibieron hasta ahora ninguna convocatoria a una nueva reunión con las autoridades.

A su vez, el nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivo del AMBA, si bien implica un golpe para el bolsillo, aún guarda una importante distancia con lo que sucede en el interior del país. En mayo, el boleto mínimo en Santa Fe capital es a $1.900, en Córdoba capital y Rosario cuesta $1.720, y en Mar del Plata llega a 1.550 pesos. Para Neuquén capital, el valor se ubica en $1.140, y para el Gran Mendoza) es de 1.000 pesos.

Mientras que las tarifas mínimas en mayo serán de $968,57 para líneas de la provincia de Buenos Aires, $753,86 para líneas porteñas y $714,00 para líneas nacionales. De este modo, la brecha tarifaria entre la Región Metropolitana y el resto del país se vuelve aún más notoria, con el AMBA manteniendo los valores más bajos del cuadro nacional.

Las empresas de colectivo sostienen que la actualización tarifaria por debajo de la inflación no alcanza para cubrir el aumento los costos operativos de los últimos meses, sobre todo ante la acumulación de deuda estatal. El futuro del sistema de colectivos en el AMBA depende del pago de la deudas -que se achico de forma considerable en el último mes- y de la evolución del precio del combustible, lo que esta atado al conflicto en Oriente Medio. Aunque la reciente decisión de YPF de aumentar un 1% el combustible la semana pasada y mantener los precios congeladas por otros 45 días ayuda contener la tensión.

Después de varios meses de conflicto entre las empresas de colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gobierno, que incluyó la reducción de frecuencias y afectó a miles de pasajeros, este lunes la Secretaría de Transporte de Nación oficializó el nuevo cuadro tarifario para los próximos tres meses. A pesar de la medida, el sector privado expresó su disconformidad con el porcentaje de incremento autorizado para el boleto y mantuvo un reclamo por una deuda millonaria que el Estado aún no regularizó.

Este lunes, la Secretaría de Transporte dispuso que el boleto mínimo de colectivo nacional suba a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para beneficiarios de la Tarifa Social y a $1428 para quienes no tengan la SUBE registrada. Esta actualización, que entrará en vigencia el 18 de mayo, representa un ajuste del 2% y contempla nuevas subas del mismo porcentaje el 15 de junio y el 15 de julio. El organismo remarcó que los nuevos valores mantienen los boletos nacionales por debajo de los que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los pasajes resultan un 5,6% más caros, y en la Provincia de Buenos Aires, donde la diferencia asciende al 35,7 por ciento.

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada. El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

La diferencia con el boleto de colectivo de capital y la provincia se da porque todos los meses para las líneas que operan en ambas jurisdicciones se fijó un aumento de dos puntos más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en el caso de la provincia, en mayo se agrando ya que la Secretaría de Transporte bonaerense tomó la decisión de que el aumento del boleto en lugar de ser de 5,4% sea de 11,6% por el aumento del precio del combustible.

Como había adelantado Infobae, los empresarios esperaban que el Gobierno comunique el aumento del boleto de colectivo para las lineas del AMBA a mediados de mayo. Se trata de una estrategia que desarrolló en otras oportunidades el Ministerio de Economía para ejercer una menor presión sobre la inflación y más aún luego del 3,4% que marcó en marzo con la expectativa de que en los proximos meses desacelere.

Deudas millonarias

Con el nuevo cuadro tarifario para las lineas que operan en el AMBA la discusión no quedo saldada. Es que las empresas aún reclaman por una deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sector. De acuerdo a datos aportados por fuentes del sector a Infobae, al 30 de abril, la deuda total con las empresas del AMBA ascendía a $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones correspondían al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Otros $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, que se abonaron el 30 de abril, y los $50.000 millones restantes, corrian por cuenta del Gobierno, que se comprometió a transferirlos en la misma jornada.

Durante el último encuentro, el 30 de abril, las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación asumieron el compromiso de realizar una transferencia por $56.000 millones para achicar la deuda y evitar el agravamiento de la crisis en el sector. Las compañías, por su parte, señalaron que la deuda acumulada y la insuficiencia de las tarifas complican la prestación del servicio y condicionan la normalización de las frecuencias.

En el sector empresario, el malestar se profundizó al considerar que la actualización oficializa una suba muy por debajo de la inflación. Las cámaras plantearon que la decisión del Gobierno no reconoce el impacto de la inflación sobre los costos operativos ni el atraso en los pagos correspondientes a subsidios. Además, advirtieron que, de sostenerse este ritmo de ajuste, la diferencia tarifaria con CABA y la provincia seguirá en aumento, afectando la competitividad de los servicios nacionales.

La situación financiera del sector se encuentra atravesada por la deuda que el Estado mantiene con las compañías. La Secretaría de Transporte prometió la transferencia de $56.000 millones para reducir el pasivo acumulado, una medida que busca descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad de los servicios.

El conflicto entre las empresas de colectivo del AMBA y el Gobierno tuvo un impacto directo en la prestación del servicio durante las últimas semanas. La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el pago de deudas condicionaron la movilidad diaria de miles de pasajeros, que vieron limitado el acceso a un servicio esencial. A pesar de la transferencia de fondos y el ajuste tarifario, el sector privado insiste en que el aumento resulta insuficiente y que la deuda acumulada sigue afectando la operatoria cotidiana.

El contexto de tensión en el transporte público del AMBA, marcado por la puja entre las empresas y el Estado, la disputa por las tarifas y la negociación por el pago de deudas, se mantiene abierto. Las próximas semanas resultarán claves para definir cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y las compañías, y si se concretará un nuevo ajuste de tarifas acorde a las expectativas empresariales.

La Secretaría de Transporte presentó nuevos cuadros tarifarios con aumentos para colectivos y trenes de pasajeros de jurisdicción nacional. Si la consulta pública convocada los ratifica, los cambios regirán desde el 18 de mayo.

En ese marco, arranca la Instancia de Participación Ciudadana sobre las tarifas propuestas: un mecanismo abierto, transparente y gratuito con una ventana de tres días hábiles para que cualquier persona pueda acercar opiniones y comentarios sobre los nuevos valores. El formulario estará disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte a partir de hoy.

La suba alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor bajo jurisdicción nacional y a los ferroviarios nacionales. Su implementación será gradual y escalonada: tres etapas mensuales consecutivas para el caso de los colectivos y cinco para el sistema ferroviario, con la primera actualización prevista para el 18 de mayo.

Vale recordar que desde diciembre de 2023, el gasto mensual de transporte que debe realizar un hogar en el AMBA avanzó 1.236% y ya alcanza los $107.187.

Según el cuadro tarifario propuesto, a partir del lunes 18 de mayo el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional tendrá una actualización del 2% y pasaría de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1428 con SUBE sin registrar, a partir del lunes que viene.

Luego se aplicará una nueva suba del 2% el 15 de junio, lo que elevará la tarifa a $728, y otro 2% el 15 de julio, llevándola a $742.

La cartera de Transporte destacó que esta actualización implica una tarifa aún inferior a la de la Ciudad de Buenos Aires, donde el boleto es un 5,6% más caro al de los servicios de jurisdicción nacional, y de la Provincia de Buenos Aires, donde el valor es un 35,7% superior.

En relación con el sistema ferroviario, “la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país avanzando hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario”, sostuvo el Ejecutivo.

Remarcaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas consecutivas para los servicios metropolitanos y locales extendidos. En detalle, contempla una actualización del 18% a partir del 18 de mayo, seguida de actualizaciones el primer día de cada mes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

De esta manera, para los servicios metropolitanos del AMBA, que comprenden las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, el boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasaría de los $280 actuales a $330 para la primera sección desde el próximo lunes.

En tanto, para las personas alcanzadas por la Tarifa Social —como jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otros— el valor del boleto será de $148,50.

Por su parte, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, deberán abonar el doble de la tarifa determinada en cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1100.

Cabe mencionar que se mantendrán vigentes la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que otorga beneficios por combinación de transporte.

“El objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”, señaló la Secretaría de Transporte.

Ante este escenario, transportistas de colectivos plantean elevar la tarifa hasta 10 soles por pasajero para mantener la rentabilidad de sus operaciones, una medida que repercutiría en los bolsillos de miles de ciudadanos.

Conductores los más afectados ante el alza de la gasolina

De acuerdo con reportes difundidos por Exitosa, los conductores de colectivos y taxis han comenzado a reorganizar sus rutas de abastecimiento en busca de alternativas más económicas frente al incremento sostenido de los combustibles. La ausencia de Gas Natural Vehicular (GNV) a inicios de año intensificó la escalada de precios y obligó a los trabajadores a buscar opciones que permitan reducir sus costos diarios. Un transportista citado por Exitosa explicó que el gasto diario en GLP para un vehículo colectivo se elevó de un rango de 35 a 40 soles a más de 60 soles, lo que presiona la estructura de precios del sector.

El alza en los combustibles no solo afecta el transporte público, sino que incide directamente en la economía de las familias peruanas. El incremento de los pasajes genera un efecto dominó sobre la canasta básica familiar, ya que los costos de traslado de productos también se ven aumentados. Diversos gremios de transporte han advertido que el escenario actual no resulta sostenible para quienes dependen de la actividad diaria, ya que las ganancias disminuyen mientras los gastos fijos siguen en aumento.

Usuarios afrontan la crisis de la gasolina

La preocupación se extiende entre los usuarios, quienes enfrentan la disyuntiva de asumir tarifas más elevadas o limitar la frecuencia de sus desplazamientos. El aumento de 10 soles en la tarifa de colectivos representa un golpe considerable para quienes utilizan este servicio de manera cotidiana, sobre todo en zonas donde la oferta de transporte alternativo es limitada. Organizaciones de defensa del consumidor han solicitado al Gobierno de Perú que intervenga con medidas que permitan mitigar el impacto de la crisis y proteger a los sectores más vulnerables.

En una entrevista recogida por Exitosa, un conductor de colectivo expresó: “La gasolina se elevó desde la crisis que hubo por ausencia de GNV en marzo y desde entonces los taxistas en general buscamos dónde hay más barato. Un transportista consume entre 6 a 7 galones de GLP por día y estaba a 5 soles, eso era entre 35 a 40 soles diarios, pero ahora se ha elevado a más de 20 soles diarios lo que quita el combustible. El problema radica en que el transporte público en bus o combi se puede manejar, pero en el colectivo los pasajeros no quieren pagar más. El gobierno peruano debe hacer algo porque esto es un gasto millonario para nosotros los emprendedores”.

Crisis del petróleo y el silencio del estado peruano

La situación también pone en evidencia la falta de respuestas concretas desde el Ejecutivo. Hasta el momento, el gobierno de Perú no ha anunciado medidas específicas para contener la escalada de precios ni ha ofrecido alternativas que alivien la carga de los transportistas y usuarios. El silencio oficial agudiza la incertidumbre entre quienes dependen del transporte público para generar ingresos o desplazarse a sus trabajos.

El impacto se observa especialmente en las ciudades donde el transporte colectivo representa una alternativa eficiente frente al congestionamiento y la insuficiencia de las rutas tradicionales de buses y combis. El potencial incremento de tarifas podría llevar a una reducción en la demanda y, en consecuencia, a una disminución en los ingresos de los propios transportistas, quienes ya operan bajo márgenes ajustados.

¿Qué podría pasar?

Especialistas consultados por Exitosa advierten que la crisis de los combustibles tiene un efecto multiplicador sobre otras áreas de la economía. El aumento en los precios de los productos de primera necesidad se explica, en parte, por los mayores costos logísticos y de transporte que enfrentan los proveedores. El resultado es una presión adicional sobre la inflación y una pérdida de poder adquisitivo para los hogares.

En este contexto, los gremios de transporte han solicitado la revisión de la política de subsidios y exoneraciones tributarias para los combustibles, así como la promoción de alternativas energéticas más accesibles. La transición hacia el uso de GNV o fuentes renovables se ha visto limitada por la infraestructura insuficiente y la volatilidad en el suministro, como se evidenció durante la crisis de marzo.

Mientras el debate continúa, la preocupación crece en las calles. Conductores y pasajeros coinciden en que la situación no se sostiene a largo plazo sin una intervención estatal efectiva que estabilice los precios y garantice el acceso a un transporte asequible. La posibilidad de que los colectivos cobren hasta 10 soles por viaje abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del transporte público en Perú, en medio de una coyuntura económica adversa y una demanda social cada vez más insatisfecha.

Luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, las consultoras coinciden en que el dato de abril será más bajo y el Gobierno podrá festejar una desaceleración del ritmo de ajuste de precios. El interrogante es de cuánto será.

Una tendencia se generó pese a que en el rubro Alimentos y bebidas se registraron subas importantes sobre el final del mes. Las perspectivas de corto plazo para el equipo económico se ven condicionadas por un factor externo: la extensión de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece hasta un 30% las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil requeridas para abastecer la demanda invernal.

El informe semanal de la consultora LCG reveló que Alimentos y bebidas aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, con una tendencia ascendente que se mantuvo durante tres semanas consecutivas. Así, el promedio mensual móvil de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7 por ciento. Lácteos, carnes y bebidas encabezaron los aumentos, mientras que los panificados bajaron, lo que permitió compensar parte de la suba general. El relevamiento determinó que una quinta parte de los productos de la canasta mostró incrementos, con una dispersión de precios similar a la de la semana anterior.

Semana a semana

En la misma línea fue la consultora Eco Go: la variación semanal de alimentos alcanzó 0,5% en la cuarta semana de abril, mientras que en las dos semanas previas había sido del 0,3%. Con este último dato retrocedió al ritmo de aumentos de la primera semana del mes (0,5%). A partir de estos números, los analistas de la consultora proyectaron un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 2,5% para abril. Este valor surge en un contexto donde los alimentos y bebidas ejercieron presión sobre el índice general, especialmente en los tramos finales del mes.

Un pronóstico similar tuvieron en la consultora C&T que informó que su relevamiento para la región del Gran Buenos Aires mostró una suba de 2,4% en los precios minoristas durante abril. Este valor se ubicó un punto por debajo del 3,4% que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec) reportó en marzo para el ámbito nacional. El informe de C&T estimó que, de confirmarse ese dato, la inflación interanual retrocedería de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que influyó en la desaceleración fue la finalización del pico estacional del rubro educación: en marzo, la suba alcanzó 12% y en abril, el aumento rondó el 5%.

En el caso de alimentos y bebidas, que es el componente de mayor peso dentro del índice, C&T midió un aumento cercano al 1% en abril, luego de dos meses consecutivos con incrementos superiores al 3%. La carne aumentó 2%, lo que representó el menor ritmo de ajuste desde septiembre del año anterior. También se relevaron bajas en frutas y verduras, que contribuyeron a moderar el impacto inflacionario general del rubro.

Respecto a los servicios públicos, la menor presión se reflejó en gas y electricidad, lo que permitió limitar el incremento del rubro vivienda. El sector transporte, en cambio, mostró una suba del 4%, impulsada principalmente por los combustibles. El ajuste de estos precios respondió tanto a la suba internacional del petróleo como al arrastre estadístico de aumentos registrados en marzo. A partir de la segunda semana de abril, las subas en transporte comenzaron a estabilizarse. El informe de C&T también identificó un comportamiento estacional en indumentaria, que aumentó más que el promedio general, asociado a la renovación de temporada otoño-invierno. Bienes y servicios varios sobresalieron por el incremento de los artículos de tocador, que se destacó dentro del segmento.

Presiones en el corto plazo

Pero en el equipo económico va a tener dificultades para mantener la desaceleración de la inflación en los próximos meses que van a venir desde el frente externo. La consultora Economía & Energía alertó que el precio internacional de los hidrocarburos, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, elevará en un 30% el costo de importación de GNL y gasoil para el pico de demanda invernal de 2026. Según el análisis, el impacto en gas natural llevará el costo de abastecimiento en el invierno a 5,3 USD por millón de BTU (MMBTU), apenas por encima de los 5,1 USD/MMBTU que se registraron el último año. En cuanto a la energía eléctrica, el costo monómico promedio llegaría a 101 USD/MWh, lo que representa 7 USD/MWh más que el mismo período de 2025.

Pese a ello, el informe de la consultora detalló que, aunque el encarecimiento de los combustibles importados se reflejará en el costo de abastecimiento de gas natural y energía eléctrica, el impacto será relativamente acotado debido a la baja incidencia del gas importado en la oferta total de gas natural del país. Aunque se sumará a los aumentos que ya rigen en mayo: los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia aumentaron un 5,4% y el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) pasó a costar $753,86 y $ 918,35 respectivamente, mientras que el subte en la capital se incrementó de $1.414 a 1.490 pesos.

En cuanto a los peajes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, desde el 1° de mayo, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente. En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1.295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde mayo, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Las consultoras advirtieron que la desaceleración de la inflación de abril podría enfrentar nuevas presiones en mayo. El efecto directo de la suba de combustibles y energía, la inestabilidad internacional y la volatilidad de los precios internacionales plantean un escenario abierto para los próximos meses, especialmente ante la proximidad del invierno y la necesidad de importaciones energéticas. El comportamiento de los precios regulados y la respuesta del Gobierno ante las nuevas condiciones en el mercado internacional serán factores determinantes para la evolución del índice de precios al consumidor. Aunque al equipo económico parece no preocuparle la suba del precio internacional del petróleo, ya que decidió aumentar el impuesto sobre el combustible liquido.

La provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.

De este modo, el aumento será en total del 11,6%, aunque la efectivización del aumento podría demorarse algunos días, hasta que las empresas actualicen sus sistemas a los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.

En recorridos de 3 a 6 kilómetros el boleto pasa de $1.035,9 a $1.162,91 (y a $2.325 para quienes paguen con SUBE innominada).

En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40

Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76

Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.

Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).

En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.

Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

En los tribunales federales de Comodoro Py empiezan a tomar forma dos causas que investigan presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte público. Por ahora, luego de una puja entre fiscales y jueces, los expedientes tramitarán por separado, aunque la trama pueda tener puntos de contacto y un mismo origen: el momento en el que cada pasajero paga su boleto al subir al colectivo.

La disputa se centró en la acumulación de las causas, es decir, si debían ser investigadas por un mismo juzgado debido a su posible conexión.

El primer caso se inició el 30 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por la empresa Sargento Cabral SAT, y quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello.

La denuncia señalaba que representantes de varias cámaras empresariales, como la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), habrían presentado una nota ante la Secretaría de Transporte de la Nación.

En esta nota, se atribuyó a las líneas de colectivo 136, 163 y 182, operadas por Sargento Cabral SAT, un “comportamiento inusual” debido a incrementos significativos en la distancia media abonada por los pasajeros, de entre un 75 y 171 por ciento.

La empresa acusada ante el Gobierno y denunciante en tribunales consideró que estas observaciones carecían de explicación metodológica y base pericial, y que el escrito buscaba inducir a error a la Secretaría de Transporte para provocar decisiones administrativas perjudiciales.

Según la denuncia, esta maniobra habría causado un perjuicio económico a Sargento Cabral y a la administración pública, al privar al Ejecutivo de información completa y correcta para tomar decisiones. La denunciante concluyó que el objetivo de las cámaras de transporte y sus representantes era apropiarse de compensaciones que no les correspondían, según consta en la causa.

Tres semanas más tarde, el 19 de enero de 2026, se abrió un segundo expediente a raíz de una denuncia que pidió investigar a los funcionarios públicos competentes -incluido el ministro de Economía, Luis Caputo- por un presunto manejo irregular de los subsidios al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ese caso está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi.

El denunciante sostuvo que empresas del sector, como La Nueva Metropol S.A. -que opera a Sargento Cabral- y DOTA S.A., habrían realizado maniobras para alterar los parámetros técnicos utilizados en la liquidación de compensaciones estatales del sistema SUBE, con el fin de incrementar indebidamente los montos de subsidios percibidos. Esto habría generado un perjuicio al erario público y a otras empresas prestadoras del servicio. Además, se señaló que las autoridades competentes habrían omitido realizar los controles adecuados, a pesar de las advertencias técnicas, reclamos sectoriales e informes presentados por algunas cámaras empresariales.

En ambas causas ya hubo declaraciones testimoniales y pedidos de informes, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Al certificar los hechos que se investigaban en la segunda causa, el fiscal Marijuán pidió al juez Casanello que solicite la unificación de los expedientes, al entender que esta era “el resultado del accionar denunciado” en su caso. El titular del Juzgado Federal N° 7 se negó.

Casanello consideró que la mera vinculación con el régimen de subsidios del transporte público no era suficiente para configurar una conexidad, y que era conveniente profundizar ambas investigaciones para establecer una eventual relación. Sin embargo, el fiscal Marijuán apeló esta decisión ante la Cámara Federal porteña.

El mes pasado, la Sala I del tribunal de apelaciones revocó el rechazo a la solicitud de inhibitoria dispuesto por Casanello.

La Cámara, con la firma del juez Pablo Bertuzzi, consideró que ambas denuncias se referían a hechos vinculados con la manipulación de parámetros técnicos del sistema SUBE y su impacto en la distribución de subsidios al transporte público.

La diferencia, según Bertuzzi, radicaba en la perspectiva de los hechos: en la causa que impulsa Marijuán se denunció a representantes de cámaras empresariales por presentaciones administrativas sin sustento técnico para perjudicar a empresas, mientras que en la investigación de Picardi esas mismas personas denunciaban a compañías del sector por la manipulación del sistema SUBE.

Así, la Cámara le devolvió el planteo de inhibitoria al juez Julián Ercolini, para que decida si correspondía unificar todo en un solo despacho.

La querella de las cámaras empresarias pidió que todo siga tramitando por separado. Los abogados argumentaron que en la segunda causa no se denunció la adulteración o manipulación del sistema SUBE, sino que la investigación se basaba en la integridad y confiabilidad de dicho sistema.

Sostuvieron que ambos expedientes tenían objetos procesales distintos e incluso antagónicos, con actores y víctimas distintas, y que quienes son testigos en un expediente pueden ser imputados en el otro, lo que derivaría en su autoincriminación.

El fiscal Franco Picardi, por su parte, dictaminó en contra de cederle su investigación a Marijuán.

Si bien reconoció la decisión de la Sala I de la Cámara, sostuvo que, a su criterio, no se estaban dadas las condiciones para la acumulación. Argumentó que, más allá de una eventual vinculación con el sistema de asignación de subsidios al transporte público, los objetos procesales eran completamente distintos, los denunciantes, los sujetos involucrados y las hipótesis delictivas no coincidían, e incluso remitían a situaciones fácticas distintas.

Finalmente, el titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, resolvió rechazar el planteo de inhibitoria y mantener las causas separadas.

La puja por las investigaciones puede prolongarse, pero lo cierto es que ambos fiscales avanzarán ahora por su cuenta para desentramar las posibles irregularidades detrás de las empresas de colectivos y el Estado.

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funciona con nuevas tarifas desde el viernes 1 de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, quedó fijado en $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos los valores quedaron en $837,66 para recorridos de 3 a 6 kilómetros, en $902,19 para distancias de 6 a 12 kilómetros y en $966,77 cuando el viaje es de entre 12 y 27 kilómetros.

Esos valores rigen para los colectivos que circulan exclusivamente en territorio de CABA, que son los de las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Se trata de un aumento de 5,4%, ya que el gobierno porteño aplica una actualización mensual por inflación (en este caso, la de marzo, de 3,4%, la última conocida del Indec hasta el momento) más dos puntos porcentuales)

El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1.000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

Aumentos en subte y peajes

Para quienes usen líneas de subte, el precio del boleto pasó de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada. Esta diferenciación entre usuarios con o sin SUBE registrada incentiva a los pasajeros a registrarse para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.

El ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente.

En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

La tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los usuarios deben informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.

El precio del gas

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde el viernes, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Alquileres

Otra tanda de ajustes rige para los contratos de alquiler, según el momento y modalidad en que se hayan firmado.

Aquellos acordados bajo la ley de alquileres sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández y que rigió hasta octubre de 2023 se ajustan anualmente por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y aquellos cuya actualización ocurra en mayo, el aumento es del 9,32%, efecto de la desaceleración de los valores contractuales debido a la mayor oferta tras la pérdida de vigencia de aquella norma.

Hubo también contratos que se hicieron entre octubre y diciembre de 2023 con cláusula de ajuste semestral por el índice Casa Propia, a los que se aplicará el último ajuste semestral, del 15,13 por ciento.

Por último, están los alquileres más nuevos, pactados a partir de la desregulación y liberación contractual aprobada a fines de diciembre de 2023, ya durante el gobierno de Javier Milei, que en su mayoría incluyen cláusulas de ajuste trimestral, cuatrimestral o semestral, en cuyo caso el ajuste dependerá de la variación del índice de ajuste y durante el período acordado.

La compleja realidad en el transporte que se vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcada por la reducción de la frecuencia de colectivos, preocupa al Gobierno Nacional que este jueves tendrá una nueva posibilidad para intentar desarticular el conflicto. Desde las 11, la Secretaría de Transporte, que estrenará autoridades, recibirá a representantes de las empresas con el objetivo de acercar posiciones ante la serie de reclamos presentados.

Asistirán en representación del Poder Ejecutivo, el flamante secretario Mariano Plencovich, quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann, que también estará presente, pero esta vez en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Por el sector empresarial lo harán Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fussaro (AAETA).

De acuerdo a lo que precisaron a Infobae, las empresas reclaman respuestas concretas para poder hacer frente a los costos operativos ante la suba del gasoil y amenazan con afectar la frecuencia de colectivos, que en la actualidad opera al 85% de lo habitual.

“El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, desarrollaron a través de un comunicado desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

En la administración libertaria admitieron que la reducción en la frecuencia del servicio, y el impacto en la sociedad, que afecta la vida diaria de millones de personas cada día, es un tema que inquieta, por lo que trabajan en alternativas para intentar dar con una solución que conforme a las partes. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en los últimos seis años, se redujo en un 12% la cantidad de unidades que circulan en la región, mientras que la tarifa mínima aumentó un 1.200%.

“Es un tema que preocupa y todo está en estudio. Trabajaremos en las deudas, que habíamos cancelado, pero también por las cuestiones del día a día y a futuro ver cómo podemos mejorar el sistema”, admitió a este medio una fuente de Gobierno involucrada en el tema.

Lo cierto es que el intercambio de este jueves surge de una serie de contactos, cuyo inicio data del 1° de abril, en los que no se logró alcanzar un acuerdo entre las partes.

La última reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y se dio en paralelo a las mesas técnicas de trabajo impulsadas para “establecer un canal permanente de diálogo”. En aquella oportunidad, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío complementario de fondos para saldar deudas pendientes, que aseguran ascienden a $130 mil millones, según exponen.

El sector empresarial aseguró a Infobae que a principios de mes, la deuda escalaba a los 150 mil millones, y aclaró que con el pago, el Estado logró reducirla a 50 mil millones a mitad de abril. Sin embargo, remarcan además que en la actualidad, por el vencimiento de nuevos subsidios, sobrepasan los más de $100 mil millones. “Y sigue sin resolverse cómo se va a compensar el aumento de gasoil de estas semanas”, cuestionaron ante este medio.

Es bajo estos reclamos que se sentarán este jueves, en la fecha límite estipulada, a intentar destrabar el conflicto con la plana de representantes del Ejecutivo. La reunión configura el primer desafío de Plencovich como secretario de Transporte tras su reciente ascenso, luego de que su antecesor Fernando Herrmann, en el cargo desde enero, asumiera al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

El movimiento en el área tuvo lugar días después de la salida de Carlos Frugoni, desplazado de su cargo por haber admitido que decidió no declarar en su declaración jurada siete propiedades en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware.

En las próximas horas se definirá el futuro del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras semanas de alta tensión por la decisión de las empresas de reducir la frecuencia de varias líneas luego de haberse declarado en “emergencia”.

En este contexto, el flamante secretario de Transporte, Mariano Plencovich, tiene previsto recibir a las cámaras del sector este jueves, en un encuentro en el que se debatirá el futuro del boleto, con grandes posibilidades de que Economía habilite un aumento. Así pudo averiguar Infobae de altas fuentes del Ministerio de Economía, aunque no precisaron de cuánto podría ser esa suba.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas comenzó a principios de abril, cuando el aumento del precio del combustible en Argentina, vinculado a la guerra en Oriente Medio, motivó el reclamo de mayores subsidios o una actualización tarifaria, además del pago de deudas por montos millonarios. Ante la falta de respuestas, las compañías redujeron la frecuencia de los servicios en un 15%, lo que impactó en miles de usuarios. Además, amenazaron que si para mañana no hay una respuesta, la circulación bajaría a un 50 por ciento.

No se trata, para el ministro de Economía, Luis Caputo, de una decisión fácil, ya que cualquier incremento tarifario atenta contra la desaceleración de la inflación que tanto busca el Gobierno. La suba de precios de marzo trepó a 3,4% y el Gobierno prometió una baja a partir de abril.

El objetivo central del encuentro entre los funcionarios de Transporte y las cámaras del sector será abordar la situación financiera del sector, que en las últimas semanas se vio afectado por una reducción del 20% en la frecuencia de los colectivos. Las empresas atribuyen esta caída en el servicio a la demora del Estado en el pago de los subsidios, sumada al impacto directo del aumento de los combustibles.

Deudas por subsidios impagos

Una fuente del sector empresario confirmó que la deuda total con las compañías de colectivos ascendió a $130.000 millones. El mismo referente anticipó que la provincia de Buenos Aires (PBA) ya las notificó que mañana (jueves) abonará su parte, lo que permitiría reducir la deuda a $100.000 millones, monto que quedaría bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Este pago parcial aportaría cierto alivio a los operadores, aunque el núcleo del conflicto persiste por el atraso de los fondos nacionales.

El contexto económico general influye sobre la coyuntura del transporte. Según datos públicos del Tesoro Nacional, el Gobierno nacional postergó pagos para sostener el superávit fiscal, lo que provocó que la deuda flotante del Tesoro se elevara casi $2 billones en marzo. Esta decisión de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas impactó de lleno en los recursos disponibles para el sistema de transporte urbano, profundizando la tensión con las empresas prestadoras.

La crisis en el AMBA se agravó durante abril. El Gobierno nacional confirmó el giro de fondos a las empresas de colectivos con el objetivo de evitar una mayor afectación en el servicio, aunque voceros del sector señalaron que el ritmo de los desembolsos resultó insuficiente frente a la escalada de los costos. Los empresarios insisten en que, mientras no se regularicen los pagos y se actualicen las tarifas, la prestación seguirá en riesgo.

Reducción de la frecuencia

Esta semana las cámaras empresarias del transporte público del AMBA pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

Desde el 1° de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

El sector empresario manifestó que la incertidumbre sobre los pagos y el precio del boleto genera dificultades operativas y pone en riesgo la estabilidad del sistema. La expectativa está puesta en la reunión de mañana, donde los funcionarios y los representantes de las empresas buscarán alcanzar un acuerdo que permita restaurar la frecuencia habitual de los servicios y evitar nuevas reducciones.

Las cámaras empresarias del transporte público del área Metropolitana de Buenos Aires pusieron un plazo al Gobierno: si el jueves 30 de abril no hay respuestas concretas sobre cómo se cubrirán los mayores costos operativos, la frecuencia de colectivos —que hoy opera al 85% de lo habitual— podría caer al 50%. La advertencia llegó con la difusión de un comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). El documento declara al sector en “estado de emergencia”.

El conflicto no es nuevo. Desde el 1 de abril, las mismas entidades vienen aplicando una reducción progresiva de servicios en reclamo por el alza del precio del gasoil, cuyo valor de mercado —entre $2.100 y $2.444 por litro, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA)— supera ampliamente los $1.750 que reconoce la estructura de costos oficial vigente desde enero de 2026. Esa brecha, sostienen, genera un déficit que ningún ajuste tarifario ni anticipo de subsidios ha logrado compensar hasta ahora.

Lo que está en juego no es menor: el sistema de colectivos del AMBA moviliza a millones de personas cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el Gran La Plata. Una caída a la mitad de la frecuencia normal ya demostró las primeras semanas de abril que tiene un impacto directo y cotidiano sobre trabajadores, estudiantes y cualquier habitante del área metropolitana que dependa del transporte público para moverse.

Las cámaras reconocen que el Estado ha dado pasos parciales. En el comunicado, admiten los esfuerzos de las autoridades por avanzar en la cancelación de compensaciones pendientes y valoran las instancias de diálogo abiertas en las últimas semanas. No obstante, advierten que esos avances no se tradujeron en soluciones efectivas: la deuda en concepto de compensaciones supera los 128 mil millones de pesos y el sector continúa absorbiendo costos sin una definición clara sobre cómo serán cubiertos. “Magos no somos”, señalaron voceros empresariales al ser consultados sobre la posibilidad de sostener el servicio en las condiciones actuales.

La reunión del jueves en la Secretaría de Transporte de la Nación será la instancia más relevante desde que estalló el conflicto. Las cámaras esperan recibir allí respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos. No es la primera vez que ambas partes se sientan a negociar: el 9 de abril funcionarios se reunieron con representantes del sector. Aquel encuentro no arrojó acuerdos y derivó en la conformación de mesas técnicas de trabajo.

En aquella oportunidad, la Secretaría de Transporte subrayó que se había efectivizado el pago del anticipo del 60% correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias de abril, y que desde enero se acumularon actualizaciones del 41% en los meses de febrero y marzo. Pese a ello, las empresas sostienen que esos montos resultan insuficientes frente al ritmo de aumento de los insumos, en particular el combustible, cuyo precio escaló tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno enfrenta un dilema de difícil resolución: ampliar los subsidios al sector implicaría mayor gasto público en un contexto de ajuste fiscal, mientras que habilitar una suba del boleto presionaría sobre la inflación.

La reducción de servicios no alcanza a todas las empresas del AMBA: las compañías Dota y Metropol no adhirieron a las medidas de racionalización. Pero las firmas que sí lo hicieron representan una porción considerable del parque automotor metropolitano, y el recorte se concentra en los horarios de mayor afluencia de pasajeros, donde el impacto sobre la movilidad es más agudo.

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una notable contracción en medio del aumento del costo del combustible. De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualmente circulan 30% menos unidades en comparación con los niveles habituales, con un impacto más marcado en los servicios interjurisdiccionales.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que analiza la evolución reciente del sistema de transporte público de pasajeros. Según el estudio, “la oferta de vehículos del autotransporte público de pasajeros del AMBA se contrajo un 30% respecto al nivel operativo regular”, aunque en algunos segmentos la caída es mayor.

En particular, el informe detalla que la reducción alcanza el 40% en los servicios que dependen del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En contraste, los colectivos con recorrido exclusivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan una baja menor, del 5%, lo que modera parcialmente el promedio general.

El impacto del combustible y la reducción de la flota

El trabajo atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, señala el impacto del aumento del combustible, vinculado a la guerra en Irán. “El abrupto incremento en el costo del combustible motivó una contracción de la oferta en calle del autotransporte público de pasajeros del AMBA”, sostienen los autores del estudio.

Sin embargo, también advierten que existen elementos estructurales que explican la situación actual. En ese sentido, remarcan que la flota operativa ya venía reducida antes del último recorte de servicios. “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019”, lo que equivale a 2.359 unidades menos en circulación.

La discusión por subsidios y tarifas

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal del sistema. Según los cálculos del IIEP, para sostener el nivel de servicio sería necesario incrementar los subsidios en aproximadamente $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que las compensaciones vigentes fueron definidas con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor actual de mercado supera los 2.100 pesos.

“Los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2.100”, indica el documento. Esa brecha explica parte de la presión financiera sobre el sistema y la reducción de la oferta.

El reparto de ese esfuerzo fiscal se distribuye entre distintos niveles de gobierno. Del total estimado, $7.595 millones corresponden al Estado nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el informe plantea que una alternativa para compensar el aumento de costos sería trasladarlo a las tarifas. “De trasladarse la totalidad del incremento del combustible a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%”, señalan los autores, lo que se sumaría a los ajustes ya previstos en el esquema vigente.

Cómo evolucionaron las tarifas y los subsidios

El estudio también describe cómo se define el esquema tarifario en el transporte público. En la mayoría de los casos, las tarifas son competencia de los gobiernos locales, mientras que los servicios interjurisdiccionales dependen de la Nación y los que conectan municipios son regulados por la Provincia.

En paralelo, el informe incluye una comparación con la evolución de las tarifas en el interior del país. Tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero de 2024, se registró un incremento significativo en los boletos.

A marzo de 2026, el boleto promedio en el interior se ubica en $1.526. En el AMBA, en tanto, el boleto mínimo para los servicios entre la Ciudad y el conurbano es de $700, mientras que los recorridos exclusivos dentro de la Ciudad cuestan $715 y los del Gran Buenos Aires, $871. Por su parte, el boleto mínimo de trenes es de $280 y el de subte asciende a 1.414 pesos.

Medidas en valores constantes, las tarifas del AMBA se aproximan a los valores de 2019, mientras que en el interior del país se ubican un 45% por encima de ese nivel. Además, el informe señala que, en relación con los ingresos, el peso del transporte es mayor en varias provincias que en el área metropolitana.

Otro de los puntos que destaca el estudio es la evolución de los subsidios en los últimos años. Desde 2023, las compensaciones al transporte en el AMBA registran una caída del 34% en términos reales, en un contexto de aumentos tarifarios acumulados que oscilan entre el 1.200% y el 1.668%, según el tipo de servicio.

En este escenario, la combinación de mayores costos, menor nivel de subsidios y ajustes tarifarios configura un cuadro que impacta directamente en la cantidad de unidades disponibles en las calles. El informe concluye que, si bien el detonante reciente es el encarecimiento del combustible, la dinámica del sistema responde a una interacción entre factores coyunturales y estructurales que condicionan la oferta de transporte público en el AMBA.

Todo comenzó con un llamado al 911. “Acaban de querer robar arriba del colectivo y se bajaron, y están todos en la parada de las líneas 34 y 166. Es Gorriti y Juan B. Justo”, alertaba una señora.

Minutos después, efectivos de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad —que estaban cumpliendo tareas de prevención de “trapitos” por la zona— fueron alertados y pusieron en marcha un operativo, que se desarrolló en plena avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, donde circula la línea 34 que circula por el Metrobús.

Con el número del colectivo aportado y la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano, los oficiales interceptaron el vehículo en el cruce de Juan B. Justo y Honduras. Al lugar también llegó personal de la Comisaría Vecinal 14 B.

Durante la requisa, los policías solicitaron a los sospechosos que descendieran del colectivo y, ante la presencia de testigos, revisaron sus pertenencias.

En ese procedimiento, secuestraron ocho teléfonos celulares en poder de la banda y hallaron otros cuatro dispositivos ocultos detrás de la última fila de asientos. Al verificar el IMEI de uno de los aparatos, se comprobó que figuraba bloqueado por denuncia de robo/hurto/extravío.

Además, en pleno operativo, uno de los teléfonos recibió una llamada de una mujer, que relató haber sido víctima del robo de su aparato en otro colectivo. De esta manera, los policías establecieron que la banda realizaba raid delictivos en distintas líneas de colectivos.

Según informaron las fuentes policiales, siete de los involucrados son residentes en el partido bonaerense de La Matanza y dos en Lomas de Zamora.

Además se estableció que uno de ellos —identificado como R.R.G., de 29 años— tiene 12 ingresos a comisarías por robo, robo agravado, hurto e infracción a la ley de Comunicaciones Móviles. Sus primeros delitos los cometió en 2019. El resto ocurrieron en 2021, 2024, 2025 y, este mismo año, había sido arrestado en febrero.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que dispuso la detención de los nueve integrantes por robo y encubrimiento, la incautación de los teléfonos y su remisión a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos, junto con el material secuestrado, fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 14 B, donde continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.

El transporte público atraviesa una etapa de transformación impulsada por la innovación tecnológica, la eficiencia energética y nuevas demandas de los usuarios. Las empresas del sector buscan adaptarse con desarrollos que integren seguridad, confort y sustentabilidad.

En ese contexto, Carrocerías Ugarte presentó su nueva generación de unidades: el Urbano Europeo 2026, un modelo que apunta a modernizar la movilidad de pasajeros. La iniciativa refuerza su posicionamiento dentro de la industria local.

Un lanzamiento orientado a la evolución del sector

La presentación oficial se realizó el 7 de abril con la presencia de directivos y medios especializados. El evento funcionó como plataforma para dar a conocer los principales avances del nuevo desarrollo.

Asimismo, la compañía destacó que este lanzamiento responde a las exigencias actuales del mercado. La propuesta busca combinar diseño, rendimiento y durabilidad en una misma unidad.

Diseño y eficiencia como ejes centrales

Las unidades incorporan un rediseño integral con foco en la aerodinámica, lo que contribuye a mejorar el consumo. Esta característica permite optimizar el desempeño en recorridos urbanos exigentes.

Por otro lado, la estructura se concibió para ofrecer mayor resistencia y estabilidad. De este modo, se potencia la eficiencia operativa en distintos contextos de uso.

Seguridad y experiencia de viaje

En cuanto a la seguridad, el Urbano 2026 suma mejoras en la visibilidad y refuerzos estructurales. Estas innovaciones apuntan a reducir riesgos y favorecer la conducción.

Además, el interior fue renovado con iluminación LED y climatización eficiente. Estas incorporaciones elevan la experiencia del pasajero y mejoran las condiciones a bordo.

Sustentabilidad y proyección a futuro

En línea con las tendencias globales, esta nueva generación de vehículos incorpora materiales livianos de alta resistencia. Esto permite extender su vida útil y reducir el impacto ambiental.

El lanzamiento del Urbano Europeo 2026 refleja la búsqueda de soluciones más modernas dentro del transporte público. La propuesta sintetiza avances en tecnología, confort y sustentabilidad, en línea con las demandas actuales del sector.

Para conocer más información, se puede hacer clic acá.

El Gobierno anunció que realizará un envío complementario de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana para saldar deudas pendientes. Al mismo tiempo, las autoridades y los representantes del sector acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos 15 días, en el marco de la reestructuración del sistema de transporte y la búsqueda de soluciones para optimizar los servicios, como también normalizar los saldos que tiene la Nación, que aseguran ascienden a $ 95.000 millones.

Durante la reunión de este martes, encabezada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, los funcionarios presentaron un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo. El objetivo principal consistió en mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios, pero sobre todo evitar un nuevo paro como el del jueves pasado con la reducción de las frecuencias.

Según comentaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, las autoridades y las empresas analizaron variables técnicas y económicas que afectan la adecuada prestación de los servicios. Entre los puntos centrales, el Gobierno explicó que la transferencia de fondos permitirá contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y de las frecuencias de los servicios, un reclamo que las cámaras empresarias sostuvieron en las últimas semanas. La decisión de realizar el envío complementario de recursos busca responder a las dificultades financieras de las compañías, facilitar el pago de deudas pendientes y sostener la operación diaria.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales sobre cuál será el monto que Nación transfiera a las empresas de colectivos esta semana, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Como tampoco la hay, hace días, sobre cuál es el monto total que el Gobierno tiene con las compañías. En el sector privado aseguran que la cifra ascendía a $ 100.000 millones por pago de subsidios de forma parcial durante el primer trimestre del año. Aunque en la previa de la reunión de este martes y de los anuncios, se realizó un envío de fondos por $ 5.000 millones.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones (subsidios), con el pago de un saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la semana, lo que le permite a las empresas sostener las frecuencias en niveles mejores a los que hubo la semana pasada, pero lejos aún del ideal, debido al efecto imprevisto de la disparada del precio de gasoil“, destacaron en el comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Y adelantaron que en conjunto están evaluando diferentes alternativas para evitar que la disparada del combustible afecte a las empresas y los usuarios.

Lo que fue reconocido por la Secretaria de Transporte cuando aseguraron que el encuentro sirvió para avanzar en propuestas destinadas a reducir costos operativos y transparentar los recorridos en función de la demanda real de los usuarios. Las autoridades señalaron la importancia de desarrollar herramientas que permitan optimizar el sistema, con foco en la eficiencia y la transparencia. El plan de acción contempla la implementación de medidas para mejorar la distribución de los servicios y ajustar las frecuencias de acuerdo a las necesidades detectadas en el AMBA.

“El sector no fija el precio de su actividad (lo hace el Estado). Por eso dejamos en claro, además, como hacemos siempre, que nunca pedimos, ni necesitamos subsidios, sino una tarifa de equilibrio que reconozca los costos reales de la actividad, y que sea el estado el que oriente los recursos en forma más eficiente al usuario”, concluyeron en el comunicado de Aaeta. En donde remarcan que el esquema de subsidios que se fijó es para un litro de combustible de $ 1.750 y no de $2.100 y $2.444 por litro como saltó tras el conflicto en Oriente Medio.

El diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias del sector se formalizó en la creación de mesas técnicas de trabajo, cuyo objetivo es mantener un canal permanente de intercambio y negociación. Según el acuerdo alcanzado el jueves anterior, estas mesas buscan facilitar la identificación de soluciones conjuntas y el seguimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. El próximo encuentro se va a llevar a cabo en el plazo de 15 días.

En la mesa de trabajo participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés, y Mariano Plencovich. En representación del sector empresario, asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Roberto Rodríguez de la Cámara de Transportistas del área Metropolitana de Buenos Aires (CTPBA), Daniel De Ingeniis de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), y Daniel Tenisci de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Tras varios días de servicios reducidos y complicaciones para los usuarios, el sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a avanzar hacia una normalización gradual, aunque aún se mantienen algunas líneas en paro.

En términos generales, el conflicto se originó con el aumento del costo del combustible, que elevó los gastos operativos y llevó a las empresas a exigir mayores subsidios o un incremento en las tarifas, ante la imposibilidad de hacer frente, por ejemplo, al pago de salarios. No obstante, la tensión entre el Gobierno nacional y las compañías de colectivos es de larga data.

Por ahora, algunas líneas siguen afectadas por medidas de fuerza ante la falta de pago de salarios. Entre ellas se encuentran las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que continúan en paro. En el sector aseguran que se trata de una compañía “semi quebrada” que interrumpe el servicio todos los meses.

Para el resto de las líneas, habrá una mesa técnica —que se reunirá el martes— para analizar junto al Gobierno Nacional cómo afrontar el aumento del gasoil sin trasladarlo a la tarifa. Mientras tanto, las cámaras empresariales asumieron el compromiso de hacer todo lo posible para mejorar los servicios.

Por otra parte, este lunes, cinco cámaras empresarias mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Las partes presentan posturas contrapuestas respecto de la situación financiera del sector, la gestión de los subsidios y los plazos necesarios para normalizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad de los servicios. Desde la Provincia aseguran que no registran deudas con el sector, a excepción del compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta hoy.

Según indicaron, por decisión del gobernador Axel Kicillof, el adelanto de subsidios se incrementó del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir la masa salarial y evitar una profundización del conflicto.

En tanto, las empresas aguardan la acreditación de esos fondos, que corresponden a un saldo de $50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Aunque desde la Provincia sostienen que la transferencia ya fue realizada, las compañías aún no han podido disponer del dinero en sus cuentas.

Fuentes de la gobernación señalaron que la situación podría resolverse durante la mañana del lunes, ya que las operaciones bancarias efectuadas fuera del horario hábil suelen acreditarse al día siguiente.

El principal problema para las empresas de transporte surgió del encarecimiento del combustible. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y, en la Argentina, los valores en el surtidor aumentaron alrededor de un 20%.

Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —lo que equivale a unos 411 millones de litros anuales considerando las jurisdicciones de CABA, provincial, municipal y nacional—, cualquier variación genera un impacto multiplicador inmediato.

Un informe de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) detalló que el sistema atraviesa un déficit crítico debido a la brecha entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos.

Mientras las empresas abonan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema estatal solo contempla $1.750. Esta diferencia, advierten, desfinancia a las compañías y reduce su capacidad para sostener la frecuencia y regularidad de los servicios. Desde AAETA advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios.

Para ilustrar la gravedad de la situación, se presentó el “Índice Bondi” de febrero de 2026, elaborado antes del aumento de combustibles.

De acuerdo con AAETA, el costo real de mantener el sistema ese mes fue de $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. Esto implica una diferencia de $88.836,97 millones mensuales, que impacta en la calidad del servicio, las frecuencias y la renovación de unidades.

La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectpi a miles de usuarios.

Este lunes, los representantes empresariales esperan tener respuestas del gobierno bonaerense, mientras aguardan una próxima reunión con la secretaria de Transporte de Nación. El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos. Ante este escenario, los empresarios exigen un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.

La crisis del transporte público en el AMBA mantiene en vilo a miles de usuarios y a las empresas; estas últimas reclaman por deudas y una renegociación de los subsidios o las tarifas ante el aumento del combustible. En este contexto, este lunes, cinco cámaras mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras crece la expectativa por el accionar del Gobierno nacional. Las partes exponen argumentos contrapuestos sobre la situación financiera, la gestión de los subsidios y los plazos para normalizar los pagos que permitan garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el encuentro entre representantes de las cámaras empresarias y las autoridades será este lunes a las 12 del mediodía. En la provincia remarcan que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto", comentaron en conversación con Infobae.

El sector empresario se encuentra a la expectativa de esa transferencia. Se trata de un saldo de $ 50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Y si bien en la provincia aseguran que ya realizaron la transferencia, en las empresas no lograron acceder a los fondos en sus cuentas. Fuentes de la gobernación aseguraron a este medio que ya se realizó y anticipan que la situación podría resolverse en la mañana del lunes, ya que el sistema bancario traslada las operaciones efectuadas fuera de horario hábil al día siguiente.

El trasfondo

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. “Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo, hay una bola de nieve de $150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires. De los cuales $ 50.000 millones son las transferencias que la provincia asegura que realizó el viernes y se van a efectuar este lunes.

Luego de la reunión con provincia, el martes, los empresarios volverán a reunirse con el Gobierno, esta vez en una mesa de trabajo. Sin embargo, en el sector privado marcan que el compromiso que tomaron algunos de ellos —al menos la mitad— de mantener la frecuencia de las líneas de colectivos no podrá extenderse por mucho tiempo más de no haber una solución.

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo pico de tensión. Las cámaras empresarias del sector, nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios por la suba del gasoil. Este desfasaje financiero, provocado por la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de usuarios durante la última semana.

El foco del conflicto reside en la disparada del precio del combustible, un insumo que representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte. Según los datos técnicos difundidos por AAETA, el precio del gasoil reconocido por la Secretaría de Transporte de la Nación para el mes de abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el valor actual de mercado en las estaciones de servicio de YPF asciende a $2.065, lo que genera una diferencia de $320,73 por cada litro consumido.

Esta brecha se traduce en un impacto directo sobre las finanzas de las prestadoras. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026”, señaló la entidad empresaria a través de un comunicado oficial. En la práctica, las empresas aseguran que deben adquirir el combustible a valores que incluso oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro en canales mayoristas, mientras el Estado mantiene una estructura de costos basada en cifras desactualizadas.

El impacto del contexto internacional

La aceleración en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado de la economía local. El sector señala que el valor del gasoil se disparó de manera significativa a nivel global desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que introdujo una presión adicional sobre los costos operativos en Argentina. Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —totalizando unos 411 millones de litros al año entre las jurisdicciones de CABA, Provincial, Municipal y Nacional—, cualquier variación en el surtidor tiene un efecto multiplicador inmediato.

En términos anuales, el gasto total en combustible para sostener la red de transporte del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones. Ante la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, las cámaras sostienen que el déficit diario de $370 millones vuelve insostenible la prestación regular del servicio.

Reducción de servicios y “racionalización técnica”

La gravedad de la situación financiera obligó a las empresas a implementar lo que denominaron una “readecuación operativa de emergencia” o “racionalización técnica”. Esta medida se manifestó en una merma considerable de las frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional y provincial. Desde AAETA se enfatizó que la reducción no respondió a una medida de fuerza de carácter gremial, sino a una limitación física y financiera: “La reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

Aunque algunas líneas como la 64, 65 y 151 mantuvieron su funcionamiento habitual, una extensa lista de servicios nacionales y provinciales —incluyendo las líneas 136, 163, 166, 176, 182, 194, entre otras decenas— sufrieron interrupciones o demoras prolongadas.

La normalización del servicio comenzó a ser gradual tras el ingreso de algunos pagos por subsidios, aunque las empresas advierten que la solución de fondo no ha sido alcanzada. “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”, reiteró la cámara empresaria.

El déficit estructural

Para dimensionar la profundidad de la crisis, el sector difundió también el “Índice Bondi” correspondiente a febrero de 2026 (se elaboró antes de la disparada del precio del gasoil). Los números allí reflejados exponen un sistema con desequilibrios estructurales.

Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema para ese mes se estimó en $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. “Esto arroja una pérdida para la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades de $88.836,97 millones mensuales”, señalaron desde la entidad.

El reporte también destaca la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta el viaje. Con un boleto mínimo actual en Jurisdicción Nacional de $700 (según el último aumento de marzo 2026), el costo real del boleto sin subsidio debería ser de $1.922 (promedio con IVA incluido). Esto significa que, incluso sumando las compensaciones del Estado y los boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado.

Negociaciones y amenazas de sanción

El Gobierno nacional ha mantenido una postura firme frente a la reducción de servicios. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el Estado cumplió con el pago de los subsidios y que no hay justificativo para la merma en las frecuencias. Ante esta situación, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se iniciaron fiscalizaciones y se labraron actas de infracción.

Las sanciones previstas por violar el régimen diario de frecuencias pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos. Además, las autoridades recordaron que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un año puede ser causal de caducidad del permiso de explotación por abandono del servicio. “La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, indicaron fuentes oficiales.

En el ámbito provincial, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre el riesgo de quiebra de las compañías. En una entrevista con Infobae en Vivo, el funcionario explicó que la falta de rentabilidad pone en peligro la conectividad de miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar la parálisis total del sistema.

Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios, se acordó la creación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo de estas comisiones es buscar una reestructuración integral del sistema que permita absorber la disparada del gasoil sin trasladar el costo de manera directa y masiva a la tarifa que pagan los usuarios.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la eliminación de subsidios nacionales y el encarecimiento del combustible profundizaron la crisis en el sistema de transporte público bonaerense.

En diálogo con Radio con Vos, el funcionario remarcó que la provincia mantiene su aporte al sistema, mientras los costos aumentan y el aporte nacional fue retirado.

Según explicó Bianco, el fondo de compensación del transporte funcionaba con una estructura financiada por mitades entre la Nación y la provincia. “Se pagaba, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno provincial. El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, expresó.

El ministro recordó que el retiro de la asistencia nacional se produjo al inicio de la actual gestión. Frente a la consulta sobre una posible solución para la mejora del transporte público, fue categórico: “Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”.

La deuda con el sector del transporte bonaerense asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos con recorrido en territorio provincial. Bianco subrayó que la provincia continúa realizando los giros correspondientes y diferenció esa actitud de la sostenida por la administración nacional.

Sobre el impacto de la suba de combustibles, el ministro sostuvo: “Los combustibles subieron entre más de 20% o 25% sin que el gobierno, a diferencia de otros tantos gobiernos del mundo, tomara medidas para que no aumente el costo del combustible en el surtidor”. Agregó que YPF “puede fijar el precio en el mismo monto en que estaban los precios antes de la guerra” en Medio Oriente.

Consultado sobre la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Bianco recordó que la eliminación de los subsidios nacionales complicó la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte y acceder a tarifas más bajas. En el interior bonaerense, donde residen unos cuatro millones de personas, la desaparición del fondo compensador nacional agravó la crisis. “El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, insistió.

El ministro describió la falta de respuestas y diálogo con la administración nacional: “No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional”. Señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó varias reuniones con el presidente y no obtuvo respuesta. Además, relató que él mismo envió notas formales y mensajes por WhatsApp al ministro del Interior, Diego Santilli, sin recibir contestación: “Le he escrito notas formales, le he escrito por WhatsApp y no me contesta, ni las notas formales, ni los WhatsApp”.

Ante este escenario, “la consecuencia es una fragilidad inédita en el sistema de colectivos que podría derivar en la continuidad del conflicto y afectar a millones de usuarios”.

Añadió que la crisis se replica en áreas como la educación, la producción y el consumo. “Todos los días vemos cómo cierran las empresas, las pymes, los comercios. Mostraban las fotos de los comercios que habían cerrado la última semana por falta de demanda, por falta de consumo”, y señaló que incluso grandes cadenas de supermercados identifican la caída del consumo como el principal factor de crisis.

En materia educativa, Bianco se refirió al recorte del 42 % en los fondos universitarios desde diciembre: “Le bajó el salario a los docentes universitarios. Doy fe porque yo soy docente universitario y doy clases todavía en la Universidad de Quilmes. Nos bajó los salarios un 32 % a todos los docentes, no solo a mí, a todos los docentes de universidades nacionales de la Argentina”.

Al analizar la coyuntura política, Bianco reconoció una responsabilidad del peronismo por la llegada de Javier Milei al gobierno. “También es cierto que si una persona como Milei, con las características particulares, excéntricas que tiene Milei, es presidente, seguramente tuvo que ver con que nosotros habremos hecho algo mal para que la gente decida votar este experimento”. De todas formas, ante los pedidos de para que los gobiernos peronistas revisen su accionar, consideró que “los desastres los hace el gobierno de Milei y se nos pide la autocrítica a nosotros”.

Al referirse a los sondeos que sitúan a Axel Kicillof por encima del presidente en intención de voto para el año que viene, Bianco fue directo: “No les creo”, dijo, aun cuando favorezcan al mandatario provincial. Y amplió: “El mundo de las encuestas es un mundo muy particular y son utilizadas como herramienta política más que como dato científico”.

Personal de la Policía de la Ciudad intervino esta tarde en un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto. Los agentes que se presentaron en el lugar constataron que un colectivo de la línea 134 atropelló y mató a una mujer de 25 años.

Los policías que se movilizaron son de la Comisaría Vecinal 11 B. El episodio se desencadenó cuando la víctima descendió del colectivo por la puerta del medio. De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.

Iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron con un colectivo y murieron

Un choque frontal entre una motocicleta y un colectivo causó tres muertes en el partido de Merlo, semanas atrás. El fuerte impacto conmocionó a los habitantes de la zona, que acudieron al lugar mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones para determinar lo sucedido. Las víctimas, miembros de una misma familia, viajaban en una moto por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el accidente.

La Brava Altino estaba al mando de Juan Carlos Alegre, quien se desplazaba junto a su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de solo tres meses. El recorrido, que se realizaba en sentido contrario al del colectivo de la línea 216, finalizó de manera abrupta cerca de la calle Montes de Oca, en la curva conocida como Santa Mónica, justo frente al cementerio del lugar.

De acuerdo con testigos citados por Zona Norte Hoy, el conductor de la moto habría intentado evitar un bache, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque frontal con el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216.

El golpe fue tan severo que, según relataron los pasajeros del colectivo, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura del vehículo sufrió daños significativos.

En el sitio del hecho, se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Aylín Alegre fue trasladada en estado grave al hospital Héroes de Malvinas, mientras que el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un auto particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a consecuencia de las lesiones.

Las primeras investigaciones indicaron que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco, un aspecto que las fuentes policiales remarcaron como relevante.

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, ordenó la intervención de peritos accidentológicos y dispuso la detención preventiva del chofer del colectivo, Juan Marotti, a la espera de nuevas instrucciones judiciales.

El tráfico en la ruta 1003 fue desviado en ambas direcciones debido al operativo policial y el trabajo de los peritos. Vecinos de la zona denunciaron el mal estado de ese tramo, señalando la existencia de baches y condiciones peligrosas para los vehículos, especialmente para las motocicletas, una queja que se repite en diferentes áreas del conurbano bonaerense.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos por el pago de subsidios y la suba del precio del gasoil que derivó en la reducción de la frecuencia de los servicios sigue abierto. Mientras sigue la negociación entre ambas partes para normalizar la situación, las dificultades para los pasajeros continúan ya que hay muchas líneas que no repusieron la cantidad de colectivos que quitaron en los últimos días.

Ayer se realizó una reunión entre la secretaría de Transporte y las empresas de colectivos que operan en el AMBA que no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

“No, no hubo acuerdo”, sintetizó ante Infobae un directivo de una de las cámaras del sector. “Hay una mesa técnica, que se reunirá el martes, para evaluar cómo resolver la disparada del gasoil sin trasladarla a tarifa. También hay un compromiso de las cámaras de hacer todo lo posible para mejorar los servicios”, explicó el directivo, quien aclaró que hay una “situación dispar” en las empresas. La normalización de las frecuencias no es igual para todas.

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de ese ámbito de discusión para avanzar en un nuevo esquema. “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120.000 millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías al salir de la reunión.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura,Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor,Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La jornada de ayer acumuló escenas de un sistema colapsado, con colectivos abarrotados, largas esperas en las paradas y muchas líneas que no pudieron funcionar en virtud del paro que determinó la UTA. La normalización de ese escenario, explican en las empresas no solo será gradual sino que además no está asegurada.

Además de los subsidios, otra cuestión clave que provocó la reducción de un 30% en la circulación de las líneas de colectivo fue el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Las líneas de colectivo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197 no prestan servicio o lo hacen con frecuencias reducidas, tanto en recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

Bajo este contexto, las paradas de colectivos volvieron a estar en el foco de atención, tras la reducción de frecuencia que se implementó días atrás.

“Voy para Lanús. Los últimos tres o cuatro días, viajar fue un quilombo. Hoy vine rápido, pero el tema es volver ahora. Vamos a ver si me subo al próximo que venga”, confirmó uno de los pasajeros que esperaba en Once.

Luego, otra de las personas que estaban allí, se acercó a las cámaras de la señal de TN y dijo: “Es un quilombo terrible viajar. A la mañana estuve dos horas para venir al centro. La jornada laboral hay que cortarla más temprano para intentar llegar”.

“Vengo desde Fiorito a trabajar en Capital, en un local de ropa. Esta mañana viajé como dos horas y media”, dijo otro usuario. Una mujer, remarcó la hora de ida y a la que regresa, para dimensionar el tiempo que pasa fuera de su casa: “Fue un lío total venir a la mañana. Salgo a las 6 de la mañana de mi casa y llego tipo 19 o 20. Trabajo de limpieza”.

Luego, otro hombre, en este caso un trabajador de construcción de 64 años, dio su testimonio de cómo padece las horas de espera. “Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Yo viajo hacia Olimpo. Suelo tardar una hora y ahora se extendió a dos. Es complicado, es más cansador viajar que trabajar”, contó.

Una hora más tarde, alrededor de las 19, la situación en Once seguía de la misma manera. “Desde hace dos semanas que ya venimos con quilombo. En todos lados hay fila. Antes venían de a tres colectivos, ahora uno solo”, dijo un hombre que aguardaba por el transporte público para regresar a su casa.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y contemplar otras opciones de transporte, ya que se esperaba una jornada marcada por fuertes demoras, espacios colapsados y servicios alternativos desbordados.

El paro ocurre en un contexto de tensión creciente entre el sector empresarial, los empleados y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en el financiamiento del sistema, retrasos en los pagos y dificultades para cubrir los costos operativos y salariales.

Las empresas que todavía no han percibido los pagos estatales redujeron las frecuencias en un 30%, lo que ha generado una disminución del servicio y ha afectado a miles de pasajeros.

Los choferes, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondieron en este contexto al asegurar que no han cobrado sus sueldos correspondientes al mes de marzo, cuando transcurre el noveno día de abril.

La reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo no terminó de la mejor manera. Aunque las autoridades nacionales se comprometieron a abrir un canal de diálogo para avanzar en un nuevo sistema de subsidios y así terminar con los recurrentes reclamos por más fondos, las compañías insisten en la exigencia del pago de la deuda y advierten que, si no se regulariza la situación, no podrán continuar operando y se agravarán las demoras.

En un marco de conflicto creciente entre las partes, funcionarios de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves por la mañana a los representantes de las compañías que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Luego del encuentro, las autoridades nacionales emitieron un comunicado en el que se anunció la creación de un ámbito de discusión, del que participarán todos los sectores involucrados, para avanzar en una reestructuración integral del esquema, que “presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes”.

“En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, precisó el Poder Ejecutivo.

La primera reunión de ese grupo se realizará el próximo martes por la mañana y la misma estará orientada en buscar “propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes”.

“Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señaló la Secretaría.

Si bien las empresas ya confirmaron que van a asistir a ese encuentro la semana que viene, la respuesta del Gobierno no las convenció y continúan pidiendo que sen pague la deuda acumulada que, según denuncian, llega a casi los 120 mil millones de pesos.

“Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda. Ellos nos ofrecieron un bono, pero no tenemos novedades o respuestas concretas ni sobre esto ni respecto al otro planteo, que es el precio del combustible", cuestionó uno de los representantes de las compañías que participaron en la conversación de hoy.

Entre los asistentes estuvieron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario participaron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

“No vemos un panorama realmente alentador en lo inmediato y, concretamente, con el tema de la racionalización del servicio, de mínima, si todo continúa como hasta ahora, seguirá habiendo un 40% menos de colectivos en la calle, y a medida que vayan pasando los días se va a ir profundizando. Esto no es una medida de fuerza, lo hacemos porque no podemos salir con más colectivo porque no tenemos posibilidades”, advirtieron desde las organizaciones privadas.

Durante el encuentro de este jueves, los funcionarios nacionales recordaron que “ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026”.

En el plano tarifario, las autoridades destacaron que “desde enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%”, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo declarado de “consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas”.

En medio de los reclamos por mayores subsidios, este jueves las empresas de colectivos llevaron a cabo una reducción de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sector. Una medida que afectó a decenas de líneas y a miles de usuarios con versiones cruzadas entre los empresarios, el sindicato y el Gobierno. Pero alertan de que la medida podría replicarse en los próximos días en los viajes de larga distancia.

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo hay una bola de nieve de $ 150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires.

El rol de la UTA y el pago de subsidios

Pero las horas antes de que se llevara a cabo la reducción de los servicios de colectivo en el AMBA, fue la Unión de Traviarios Automotor (UTA) quien encendió las alertas sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. Lo que formó parte de las versiones cruzadas.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvo el gremio el miércoles por la tarea.

La UTA remarcó que los trabajadores buscan cobrar sus sueldos y defender los puestos de trabajo. Según el sindicato, los empresarios argumentaron que la falta de pago de subsidios nacionales y provinciales les impidió cumplir con sus obligaciones salariales. Esta situación, sumada a la reducción de servicios, profundizó el clima de tensión en el sector.

Pero la Secretaría de Transporte brindó su observación en diálogo con Infobae. Afirmaron que el Gobierno Nacional realizó el pago de los subsidios como corresponde habitualmente el cuarto día hábil, que fue ayer. La cuestión está en que con los feriados de Semana Santa (jueves y viernes) la fecha se corrió hasta el pasado miércoles 8 de abril.

Hoy Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros y hoy detectó una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer. ”Esta situación se verificó luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregaron en el comunicado.

El contrapunto entre las declaraciones de los distintos actores dejó en evidencia la falta de consenso sobre las causas y la responsabilidad de la crisis. Mientras los empresarios pusieron el foco en la insuficiencia de los subsidios y el desfase en la actualización de los costos, el Gobierno defendió la regularidad de los pagos y la apertura al diálogo.

El conflicto también puso en debate la sostenibilidad del actual esquema de subsidios al transporte público. Los empresarios reclamaron una actualización que contemple los precios de mercado y permita cubrir los costos operativos. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que los fondos se transfieren en tiempo y forma, y en la necesidad de mantener canales de diálogo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la Secretaría de Transporte, no pudieron dar precisiones sobre el monto que se transfiere a las empresas de colectivos que operan en el AMBA en concepto de subsidios. “Es una torta gigante”, afirmaron y que no van a dar a conocer los datos. Según el Presupuesto Abierto, para 2026, la Secretaría de Transporte, tiene a disposición $3,8 billones, de los cuales a la fecha hizo uso de $672.176,47 millones.

Próximo conflicto

La situación generó un fuerte impacto entre los usuarios, que afrontaron demoras y complicaciones para trasladarse en una de las zonas urbanas más pobladas del país. Pero la preocupación no se limitó al presente inmediato: tras la reunión de este jueves no hubo acuerdo y no se sabe cómo va a continuar la frecuencia en los próximos días. Las conversaciones entre el Gobierno y las empresas continuarán el próximo martes en una mesa de trabajo, pero antes se reunirán con las autoridades de la provincia el lunes.

A su vez, una fuente del sector, adelantó a Infobae, un nuevo frente de conflicto en el transporte de larga distancia. “Ahora viene el problema de larga distancia, que quiere bajar un monto de rutas, servicios a Mar del Plata, Córdoba, que van vacíos. Un relevamiento expuso que a los empresarios no les cierra el número del negocio”, afirmó el interlocutor. Este dato plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del transporte interurbano.

El sector del transporte atraviesa una coyuntura de alta conflictividad, con demandas cruzadas y un escenario de incertidumbre sobre la evolución de los subsidios y la actualización de los costos. El desenlace de la negociación en la Secretaría de Transporte marcará el rumbo de las próximas semanas, en las que todos los actores buscarán imponer su posición en el debate público.

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el reclamo de mayores subsidios, las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte mantuvieron un encuentro este jueves con representantes de las empresas, pero no llegaron a un acuerdo y las reuniones seguirán el próximo martes en una mesa de trabajo. Con dudas sobre cómo continuará la frecuencia de los colectivos.

“Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Mientras que del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La reducción de la circulación de las líneas de colectivo se da como una respuesta de las empresas ante el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Con independencia de estos nuevos reclamos por parte de las empresas, en la Secretaría de Transporte se esmeraron por remarcar que ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026.

Es que el miércoles por la noche fue la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la que encendió la alerta sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvieron.

A su vez, en el comunicado de la Secretaría de Transporte comentaron que durante la reunión se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. Pese a que desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

Próxima reunión

La próxima reunión entre las autoridades de Transporte y las empresas de colectivos del AMBA se realizará el martes que viene por la mañana; habrá una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. “Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, destacaron en el comunicado.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. La cuestión está en que el Gobierno enfrenta un dilema para resolver el conflicto: si les otorga más subsidios a las empresas de colectivos, como reclaman, implicaría un mayor gasto público. Mientras que si le permite aumentar el boleto de colectivo, impacta sobre la inflación, que en febrero se ubicó en 2,9% y viene con una tendencia de aceleración desde julio del 2025.

El aumento del precio del gasoil, que pasó a costar dos mil cincuenta pesos por litro, provocó que las compañías de colectivos enfrenten dificultades para adquirir combustible. En la provincia de Buenos Aires, algunas empresas implementaron reducciones en la frecuencia de sus servicios, mientras que otras optaron por medidas de fuerza. Una de las situaciones más críticas corresponde a la empresa General San Martín, ubicada en la zona norte, que suspendió completamente la circulación de sus unidades debido a que los conductores no cobraron sus salarios.

El resto de las líneas que operan en la provincia mantiene servicios, aunque con menores frecuencias. El ministro Marinucci remarcó que la reducción responde a la necesidad de las empresas de ajustar su estructura de costos frente a la suba del combustible. Según el funcionario, “el impacto que genera la estructura de costo, este aumento de combustible, definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige hoy YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan”.

El sistema de colectivos que atraviesa la General Paz, es decir, las líneas interjurisdiccionales entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, representa el sector más afectado. Estas líneas sufren una disminución en la frecuencia superior al treinta por ciento en los últimos días. Por su parte, las líneas provinciales experimentan una reducción menor, aunque las empresas argumentan que la decisión no responde a una estrategia propia sino a la imposibilidad de afrontar el aumento de costos.

Las concesiones estatales establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea. La disminución de servicios implica un incumplimiento de los contratos de concesión. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, se realizan auditorías para verificar la reducción de frecuencias y se evalúa el impacto de estas medidas en la compensación a las empresas. Marinucci explicó: “Hoy se incumple el convenio, el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo”.

El conflicto no solo involucra a las empresas y al Estado provincial, sino también a los trabajadores del sector. Algunos gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, situación que derivó en la suspensión de servicios en ciertas líneas. La combinación de suba de costos y retraso en los pagos generó tensiones entre los distintos actores involucrados. Los empresarios pidieron anticipos de subsidios para poder afrontar los gastos operativos y cumplir con sus obligaciones laborales.

El Gobierno provincial sostiene el sistema de transporte a través de un esquema de subsidios. Marinucci detalló que la provincia destina sesenta y cinco mil millones de pesos mensuales para sostener una tarifa subsidiada, lo que permite que el usuario pague solo una parte del costo real del pasaje. Las líneas provinciales, que van de la 200 a la 499, y las municipales, que van de la 500 en adelante, reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio. El funcionario precisó que el aporte provincial alcanza una suma considerable y se utiliza para cubrir el déficit generado por el desfase entre la tarifa técnica y el valor que abonan los pasajeros.

El Estado nacional también tiene responsabilidades en el financiamiento del sistema de transporte. Según Marinucci, la Nación adeuda pagos correspondientes al atributo social, un programa que representa unos dieciséis mil millones de pesos para la provincia. El ministro indicó que el Estado nacional no transfirió cuarenta y seis mil millones de pesos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. Esta deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.

La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.

La provincia de Buenos Aires, según Marinucci, no puede suplir la decisión del Gobierno Nacional de subir el precio del gasoil. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un sesenta por ciento del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.

El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.

El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. El ministro de Transporte bonaerense señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.

La tarifa técnica del sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) asciende a mil novecientos cincuenta pesos, mientras que el valor abonado por los usuarios es inferior. El Estado compensa la diferencia a través de subsidios provinciales y nacionales. El ministro remarcó que, si las empresas debieran cobrar la tarifa completa, el costo para los pasajeros aumentaría considerablemente.

El conflicto entre el Gobierno nacional, la provincia y los empresarios del transporte permanece abierto. La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Transporte bonaerense busca definir soluciones temporales y evitar la profundización de la crisis. Marinucci reiteró que la provincia prioriza el sostenimiento del servicio y la protección de los usuarios, pero advirtió que la situación financiera limita las posibilidades de incrementar los subsidios sin la participación de la Nación.

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Las filas abarrotadas y la dificultad para abordar las unidades se convirtieron en parte del escenario habitual en puntos clave como Liniers, donde trabajadores y pasajeros relataron la lucha diaria para llegar a sus destinos de trabajo.

El efecto más notorio fue la acumulación de personas en paradas y terminales. En Liniers, las filas para abordar las líneas 28 y 21, ambas operadas por DOTA, llamaron la atención por su extensión y por el clima de tensión entre quienes buscaban subir. Puertas de los colectivos que no podían cerrarse y el frenesí para subir a cada unidad marcaron el ritmo de una mañana muy complicada para aquellos usuarios del transporte público.

Las imágenes desde Moreno reflejaron una situación similar. Allí, quienes llegaban del tren Sarmiento a distintas líneas de colectivos encontraron una cantidad de gente poco habitual para ese horario. “Más de 30 minutos de espera”, remarcó uno de los usuarios.

Violencia y largas esperas: los testimonios y estrategias de los pasajeros

“Ayer tiraron a una chica para poder subir, esperamos dos horas. Ahora llevo más o menos media hora”, se quejó una usuaria en Liniers. “Igual es un montón. Se nota, se nota mucho la baja de frecuencia. Se siente impotencia, llego tarde, pero bueno, comprenden al menos”, agregó resignada.

Una estudiante que viajaba hacia Ciudad Universitaria, desde Liniers, también dejó su testimonio. “Es bastante molesto porque, yo por ejemplo tengo clases a las nueve, ponele, salía dos horas antes y llegaba bien. Ahora, no, tardo tres horas, tres horas y media antes estoy saliendo porque sino, no llego", sumó.

“Encima intentás subir al colectivo, pero directamente no se puede. El que estaba adelante, por ejemplo, no podía ni cerrar la puerta. Es bastante arriesgado”, agregó.

Desde la terminal de Constitución, varios usuarios confirmaron su decisión de combinar diferentes medios de transporte para llegar a tiempo. Una mujer mencionó que esperó más de media hora el colectivo 278 y, al ingresar, viajó de pie junto a una multitud. “Ahora voy a ver cómo me va en el subte”, dijo, reflejando la resignación y el proceso de adaptación frente a la nueva situación en la línea C.

Algunos pasajeros decidieron usar directamente el subte o el tren, previendo las demoras en las líneas de colectivo más afectadas. Otros eligieron permanecer en las filas para el colectivo, aun con la posibilidad de no poder subir.

La situación se agrava por la falta de previsibilidad: algunos pasajeros mencionan que deben salir más temprano de sus casas o avisar que llegarán tarde al trabajo. “Todas las mañanas es esto”, expresó una mujer, quien relató levantarse a la madrugada para intentar llegar a tiempo, aunque sabe que enfrentará demoras y andenes llenos.

El malestar se combina con la preocupación por la seguridad. “Es una vergüenza todo esto. Mirá cómo estamos. Como animales”, comentó otro testigo asomado a una puerta de un colectivo, aún abierta, ante la acumulación de personas.

Las causas detrás de la baja de frecuencia en los colectivos

la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza una retención de tareas a partir de las 00 horas de hoy en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

En la previa de la reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará una retención de tareas a partir de las 00 horas del 9 de abril en aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan completado el pago de los salarios de marzo. Esto implica que habrá una menor circulación de colectivos a partir de la medianoche.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, reza el texto.

“Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento salarial.

Desde el gremio no supieron aclarar cuáles son las líneas en las que se realizará la retención de tareas, aunque insistieron en que la medida queda supeditada al pago de los salarios. Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación aseguraron a Infobae que los fondos correspondientes a abril se transfirieron a las firmas durante la mañana de este miércoles.

Reunión clave

En medio de un clima de tensión creciente y amenazas de paro, el Gobierno convocó a las empresas de colectivos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la actualización de los subsidios, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio y normalizar las frecuencias, que ya presentan demoras y recortes. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la reunión tendrá lugar este jueves a las 10:30 en la sede de la Secretaría de Transporte, conducida por Fernando Herrmann.

Al encuentro asistirán representantes de las principales cámaras empresarias del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

La audiencia se produce en un contexto marcado por la crisis financiera de las compañías, que reclaman una actualización de los subsidios ante el alza de los costos, especialmente el gasoil, y el atraso en los pagos de compensaciones. El objetivo del encuentro es destrabar el conflicto y evitar la profundización de las medidas de fuerza que afectan a miles de usuarios en el AMBA.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) advirtió sobre una “situación de extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas de colectivos del área metropolitana debido al aumento del costo del gasoil y al atraso en el pago de compensaciones. Según argumentaron, esta situación obligó a una “readecuación operativa de emergencia” en las líneas de jurisdicción nacional y provincial, lo que se tradujo en una reducción de servicios.

Desde la entidad aclararon que la disminución de frecuencias registrada hoy “no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”. El déficit crítico del sistema, sostienen, surge por la brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos, que sigue tomando como referencia precios de enero de 2026.

La Aaeta puntualizó que actualmente las empresas deben comprar el gasoil a valores que oscilan entre los $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo”, remarcaron.

La cámara empresarial detalló que las líneas que prestan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) “estuvieron funcionando con normalidad”, mientras que el resto de las líneas nacionales y provinciales “se irán normalizando a partir de mañana”, luego del ingreso del pago de subsidios este miércoles.

Por último, la AAETA confirmó que mañana está prevista una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación y las cámaras empresarias, y reiteró que “la solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.

El malestar es evidente ante la reducción de frecuencias y la menor cantidad de unidades en circulación, consecuencia directa del reclamo de las empresas por la actualización de los subsidios estatales, que genera complicaciones que impactan de lleno en la rutina diaria de miles de pasajeros.

En las paradas de ómnibus, la postal es de nerviosismo: largas filas de trabajadores, estudiantes y jubilados esperando colectivos que tardaban en llegar con gente que viaja colgada y unidades repletas de personas.

Una usuaria describió a TN: “Hace un montón, como 20 minutos. Es un desastre lo que está pasando. Es un desastre, no se puede vivir así. Yo bajo del tren y no, no, no se puede. No se puede vivir así”, repitió.

Muchos de los entrevistados detallaron recorridos que combinaban varios medios de transporte, extendiendo la jornada de viaje hasta seis horas diarias. “Me levanto a las cuatro de la mañana ahora. Antes me levantaba a las cinco. Tomo de Rafael Calzada a Banfield y de Banfield el tren, y de ahí el 168 hasta Once”, relató una pasajera.

La mayoría coincidió en que viajar parada se volvió la norma y que llegar a destino requiere una logística cada vez más compleja. El costo del boleto fue otro punto recurrente. “Carísimo, no que está caro. Carísimo, carísimo”, sostuvo una mujer, que además sumó el impacto del aumento de precios en la alimentación: “Yo no como más carne, no como más queso. No puedo comprar carne. ¿Sabés cuánto está el kilo de milanesa?”, le preguntó al cronista.

En Liniers, las veredas colapsaron y las filas superaron una cuadra de extensión. Un cronista de TN describió la escena: al menos 30 personas aguardaban el colectivo 28, mientras otros usuarios detallaron esperas de hasta una hora para abordar líneas rápidas como el 8, que circula por autopista y tiene un costo mayor.

En Constitución, la situación no fue distinta. Se observaron intentos de implementar sistemas de prepago y QR, aunque por ahora solo algunas líneas como la 59 cuentan con esa modalidad. Los pasajeros señalaron que este sistema puede agilizar el ascenso al colectivo, pero reconocieron que la reducción general de unidades supera cualquier mejora tecnológica implementada.

El trasfondo: conflicto por subsidios y expectativa de acuerdo

Las empresas de colectivos advirtieron una disminución del 30% en la frecuencia de servicios tanto en líneas nacionales como provinciales, en reclamo por la actualización de los subsidios estatales. La medida, que se traduce en menos colectivos en la calle, fue la causa directa de los inconvenientes reportados por los usuarios en los principales nodos del transporte porteño.

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesan una crisis marcada por la demora en la actualización de subsidios y el fuerte aumento en el precio de los combustibles, situación que llevó a la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, a convocar a una reunión urgente este jueves a las 10:30.

El encuentro busca evitar un paro total y frenar la reducción de servicios, una medida ya en marcha desde la última semana, que afecta a miles de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

En este contexto, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) advierten que desde el miércoles pasado comenzaron a “reducir la frecuencia de los servicios” y que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”.

El sector apunta a que, en solo treinta días, el precio del litro de gasoil subió un 46%, pasando de $1.400 a $2.050 en las estaciones de YPF, mientras que en Axion el valor asciende hasta $2.400, “mil pesos más que hace un mes”, según precisó Adrián Noriega, vocero de C.E.A.P., a Infobae. Este incremento, atribuido al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios internacionales, impacta especialmente por el uso de gasoil con tecnología europea, más costoso que el convencional.

En el marco de un conflicto creciente y amenazas de paro, el Gobierno recibirá a las empresas de colectivo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios y así no solo evitar el corte, sino también regularizar el servicio, que ya está funcionando con demoras.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la administración libertaria, el encuentro se realizará este jueves, a partir de las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, que encabeza desde enero Fernando Herrmann.

Aunque hasta la publicación de esta nota no habían sido formalmente notificadas, las autoridades nacionales mandarán en las próximas horas las invitaciones a las partes involucradas.

Participarían representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

En la previa de la reunión, el Gobierno tiene previsto transferirles a las operadoras los subsidios correspondientes a abril, “como se hace habitualmente, el cuarto día hábil de cada mes”.

En el sector privado aseguran que “es mentira que haya encuentros con frecuencia” y que el último “fue en enero”, cuando se acordó un aumento para la tarifa plana de los colectivos de jurisdicción nacional.

Efectivamente, en febrero el boleto pasó de 494,83 a 650 pesos, lo que representó un incremento del 31,36%, mientras que en marzo el precio se ubicó en $700, por lo que se agregó una suma de 7,69% extra.

De esta manera, en la Casa Rosada señalan que, en lo que va del 2026, se aplicó una actualización total del 41% sobre el pasaje, por lo que cuestionan los reclamos de las compañías de más fondos.

“Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó en ese momento.

Por su parte, las líneas de colectivo sostienen que desde principios de este año no se modificó en el cálculo de los subsidios el valor de la nafta, que aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“Las unidades utilizan el gasoil con tecnología europea, por el tema de la contaminación y demás, que subió incluso más que el convencional. Por lo cual, en treinta días pagábamos $1.400 el litro, y hoy está $2.150, y eso es en YPF, solamente. Axion hoy pasó el valor de $2.400 el mismo combustible, o sea, mil pesos más en relación a hace un mes atrás”, detalló Adrián Noriega, vocero de CEAP.

En un reciente comunicado, las cámaras informaron que, desde el miércoles pasado, iban a comenzar a “reducir la frecuencia de los servicios” ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”.

Esta medida ya comenzó a generar complicaciones para los usuarios en varias partes del país y la situación se fue agravando, debido a la falta de un acuerdo entre las partes.

De hecho, Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, advirtió que si no reciben los fondos correspondientes esta semana, podría haber un paro total: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”, señaló en diálogo con Futurock.

El concepto del combustible compone el 60% del total del cálculo de los subsidios que la Nación les entrega a las compañías, por lo que su actualización periódica suele ser el principal reclamo.

“Hay tres compañías principales que son las que distribuyen el combustible a las empresas: Shell, Axion e YPF. YPF hasta el fin de semana no estaba entregando y ayer lunes empezó a normalizar. Hoy Axion está en condiciones de suministrarte combustible a ese valor de $2.400 el litro y, aparte, todas te piden que lo pagues en efectivo o transferencia, antes de que te descarguen. Pero bueno, nosotros no discutimos el precio. Hay un contexto internacional que indudablemente no lo podemos desconocer, pero el costo es ese y en un mes se modificó en un 46%. Entonces, la verdad es que si no reconocen ese valor, magos no somos. Hace dos años la venimos pateando y han quedado empresas en el camino”, agregó Noriega.

Por su parte, las autoridades nacionales saben que las cámaras irán a la reunión del jueves para “pedir más plata”, en un escenario de pocos recursos, por lo que preparan la estrategia para intentar llegar a una solución y, de esa forma, evitar que el problema escale.

Desde el miércoles 1 de abril, un grupo de empresas de transporte urbano implementó la medida en jurisdicciones tanto nacional como provincial, según lo difundido por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

El anuncio, que llegó a través de un comunicado conjunto, argumentó que el reciente aumento del precio del gasoil hizo inviable el mantenimiento de los servicios en las condiciones habituales. Las entidades resaltaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y solicitaron a las autoridades la adopción de medidas urgentes para restablecer la normalidad. Las cámaras empresariales pidieron disculpas a los usuarios afectados y reclamaron comprensión ante la coyuntura actual.

La situación, lejos de limitarse a un asunto administrativo, ya tiene impacto concreto en la vida diaria de quienes dependen del colectivo para ir a colegios, universidades, trabajos y otros destinos esenciales. En puntos neurálgicos como Plaza Constitución, la postal se repite: filas de hasta tres hileras para abordar un mismo colectivo, unidades que llegan repletas y usuarios que miran el reloj con ansiedad.

“En 10 minutos entro al trabajo y todavía sigo acá”, relató un pasajero a TN. Otro usuario expresó su frustración por el aumento de tarifas y la caída en la calidad del servicio: “Cada vez más caro y el servicio empeora”.

Una mujer que viajaba desde Plaza Constitución hacia Ezeiza contó que se enteró ese mismo día de la reducción de frecuencias: “Me lo tomé mal, porque vamos a tardar más en llegar, las unidades van a venir más llenas, vamos a viajar más incómodos”.

El impacto no se limita al centro porteño. En Boulogne, una pasajera detalló que desde el día anterior la espera se extendió por más de dos horas: “Mucho tiempo esperando, desde ayer tengo una demora de dos horas. Quizás más. Los colectivos ya vienen llenos y te tenés que quedar esperando”. El testimonio recogido por TN reflejó la incertidumbre de quienes dependen del transporte para cumplir con sus obligaciones laborales y familiares.

“Voy a Bella Vista, trabajo acá, voy y vengo. Es el único que nos trae para esta zona”, explicó. Además, la pasajera mencionó las dificultades económicas de recurrir a alternativas como autos de aplicación, cuyo costo elevado no siempre es reconocido por los empleadores.

Con tono de angustia, también compartió su preocupación por la logística diaria: “Tengo un nene y tengo que volver para buscarlo al jardín, pero ya no llego. Ahora tengo que ver una mamá que me ayude”.

El propio presidente de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (AAETA), Lucano Fusaro, dialogó con Infobae en Vivo y describió el escenario desde la perspectiva de las empresas. Fusaro detalló que las compañías mantienen un contrato de explotación que estipula obligaciones tanto para los operadores como para el Estado.

Según su explicación, los operadores deben contratar personal, poner los colectivos en la calle y garantizar frecuencias adecuadas, mientras que el Estado debe asegurar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifas o subsidios. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, señaló Fusaro.

El directivo advirtió que la fórmula para calcular los costos del servicio, fijada por el Estado, quedó desactualizada tras el aumento del combustible. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero para estos casos”, afirmó. Fusaro subrayó que las empresas enfrentan una situación de fuerza mayor al no contar con los medios materiales o recursos financieros para sostener la totalidad del servicio.

Fusaro explicó que, en situaciones como esta, se suelen adelantar los francos de descanso de los choferes, que corresponden a seis por mes, o se administran licencias. Sin embargo, si la caída en la demanda del servicio se extiende en el tiempo, la reducción de personal se convierte en una alternativa sobre la mesa. “Si la caída es estructural, es decir, se prolonga en el tiempo, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal”, reconoció.

Además, el incremento de los gastos operativos y la demora en la entrega de subsidios podría ocasionar la suspensión del servicio de colectivos este miércoles, con el consiguiente impacto sobre miles de usuarios, según informó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Pasciuto señaló que el aumento en el valor del combustible, vinculado a la crisis en Medio Oriente, y la falta de envío del “60 % del subsidio que normalmente se transfiere en los primeros días” han vuelto insostenible la situación.

Detalló además que la falta de pago puntual provoca que muchas empresas no cuenten con los fondos necesarios para cubrir los salarios al cuarto día hábil.

El aumento de costos y el atraso en el pago de subsidios podría derivar en un freno en el servicio de colectivos este miércoles y afectar a miles de pasajeros, según comunicó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Pasciuto indicó que, debido al incremento del precio del combustible, en el marco del conflicto en Medio oriente, y a la falta de transferencia del “monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días”, la situación resulta insostenible.

Añadió que el retraso en los pagos provoca que numerosas empresas no dispongan del dinero suficiente para abonar los salarios al cuarto día hábil.

En diálogo con Futurock, afirmó: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”.

Comentó también a TN que habían notificado a las autoridades de transporte sobre la problemática hace 15 días, utilizando una carta documento y una nota formal. Según explicó, no obtuvieron respuesta ni señales de interés para concretar una reunión o iniciar un espacio de diálogo.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió una situación que consideró “muy delicada” y afirmó que no cuentan con los recursos necesarios para poner en circulación todas las unidades.

Coincidió en que el aumento abrupto del precio del gasoil, junto con el atraso en la actualización de tarifas y subsidios estatales, compromete la frecuencia del servicio y la continuidad de las empresas.

“Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, afirmó Fusaro. Explicó que el combustible constituye el 20% de los costos de una empresa de colectivos y que el incremento superó todas las previsiones: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a $1.700 y está a $2.100”.

Fusaro explicó que los ingresos de las empresas dependen de la regulación estatal y de los subsidios. Señaló que el cálculo oficial de tarifas y subsidios quedó desactualizado frente al aumento de los costos y advirtió que, sin una actualización, las empresas no cuentan con recursos para afrontar la situación.

Ya la semana pasada varias empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir del miércoles 1 de abril reducirían la frecuencia de los colectivos en jurisdicción nacional y provincial.

Así lo comunicaron la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

Las cámaras empresarias advirtieron que el aumento reciente del precio del gasoil dificulta la continuidad del servicio en sus condiciones habituales.

En el comunicado conjunto, señalaron que la medida surge ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”. También advirtieron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo”.

Las entidades pidieron disculpas a los usuarios por los inconvenientes, solicitaron “comprensión” y reiteraron el reclamo a las autoridades para que adopten medidas que permitan recuperar la normalidad.

La reducción de frecuencias no alcanza a las empresas Dota ni Metropol. Las cámaras firmantes agrupan a una proporción significativa de las unidades que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. El ajuste en las frecuencias afectará especialmente los horarios pico.

Fuentes del Gobierno consultadas por Infobae calificaron el anuncio como “sorpresivo” y señalaron que fue comunicado mediante una carta documento “informal”. Explicaron que el diálogo con las cámaras empresarias “siempre está abierto”, pero consideraron que la decisión de reducir los servicios resultó repentina y sin previo aviso. Apuntaron también que el sector recibió una autorización para aumentar las tarifas hace apenas dos meses.

“No avisaron qué líneas frenan, parece una jugada estratégica para negociar, pero no se puede actualizar los precios del combustible de esta forma. Si no prestan servicio se los va a sancionar”, advirtieron tras el comunicado.

Desde hace tiempo, Fusaro viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de operación. “Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, sostuvo. El combustible representa el 20 % de la estructura de costos de una compañía de colectivos y, en su análisis, el alza de precios superó cualquier previsión: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a mil setecientos pesos y está a dos mil cien”.

La estructura de ingresos de las empresas del sector depende del Estado. “Nuestro ingreso está regulado por el Estado. El Estado decide la plata que nos toca a través de tarifa subsidio”, explicó Fusaro. El cálculo oficial de subsidios y tarifas quedó atrasado respecto de los costos reales, en especial por la suba del gasoil y otros componentes. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero”, remarcó.

Frente a ese escenario, la reducción de frecuencias resultó inevitable. “Por esa razón, ayer hubo una reducción global del 20 %: de quince mil quinientos colectivos pasamos a doce mil quinientos colectivos en la calle, un 20 % menos”, detalló. Fusaro señaló que la situación incluso se agravó, y que le informaron que ese día la reducción llegaba al 30 %. “Sucede que cada empresa hace lo que puede. Algunas reducen más, otras reducen menos porque nadie quiere reducir. Esa es la realidad”, enfatizó.

El presidente de AAETA subrayó que las empresas no desean retirar unidades del servicio, pero que no existen alternativas ante la falta de fondos. “La que reduce es porque no le queda otra opción”, afirmó. Fusaro explicó que el contrato de explotación que vincula a las empresas con el Estado compromete a ambas partes: “El operador está obligado a contratar personal, poner los colectivos en la calle y brindar a determinada frecuencia con cierto nivel de calidad. Y el Estado está obligado a brindar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifa subsidio”.

Cuando una de las partes incumple, todo el sistema entra en crisis. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, dijo Fusaro. Ante la consulta sobre posibles sanciones estatales por la reducción de servicios, el dirigente reconoció que “el Estado cuando pasan estas cosas sale a fiscalizar, vienen multas, después las empresas van a recurrir esa multa, van a fundamentar y fijar su posición”. Consideró que la situación resulta “muy desagradable” para todas las partes involucradas, en especial para los usuarios que “tienen que estar esperando el colectivo o pagando más plata con medios alternativos de transporte”.

Fusaro describió el impacto en el personal de las empresas ante la disminución de colectivos disponibles. En casos coyunturales, se adelantan francos a los choferes, quienes cuentan con seis días de descanso al mes. “Se administra con eso”, dijo. Sin embargo, advirtió que si la caída de la oferta se prolonga, podría haber consecuencias mayores: “Si la caída es estructural, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal. Yo creo que por ahora no estamos en esa instancia”.

El presidente de AAETA también mencionó un descenso en la cantidad de pasajeros transportados: “Hay 12 % menos de pasajeros marzo de este año contra el anterior”. La combinación de menos usuarios y mayores costos pone presión sobre el sistema y amenaza con achicar aún más el servicio: “Si estas situaciones se extienden, vas a un sistema más chico porque no tenés cómo cubrirlo y eso implica reducción de personal, forzosamente”.

Las imágenes de pasajeros viajando en condiciones difíciles reflejan el deterioro progresivo. “Para un colectivero, las imágenes que estamos viendo hoy son extremadamente dolorosas”, expresó Fusaro. Señaló que nadie en el sector desea llegar a este punto: “Nadie está especulando, ojalá fuera eso. Nadie está especulando. Es que realmente no está la plata para poner el colectivo en la calle”.

El deterioro se percibe también en la antigüedad de las unidades y la oferta nocturna. “Por eso tenés colectivos cada vez más viejos, por eso ves que hay menos colectivos de noche. Hay un declive gradual que se viene dando hace bastante tiempo”, indicó. Fusaro utilizó una imagen para describir la situación: “Como uno se va acostumbrando a una casa que se va rompiendo y te acostumbrás a las grietas, te acostumbrás que se oxida todo”.

Consultado sobre posibles soluciones, Fusaro fue tajante: “Estos son problemas de plata, ¿no? En algunos casos ni siquiera, porque hay empresas que aun teniendo la plata les está costando conseguir gasoil, pero es otro tema”. Sostuvo que el aumento de tarifas podría representar un paliativo, pero anticipó que tendría un efecto negativo sobre la demanda: “Si yo mañana pongo el boleto a dos mil pesos o mil setecientos pesos, aunque sea, seguramente es un paliativo, pero mucha gente no lo va a poder pagar y va a caer más la cantidad de pasajeros”.

El dirigente señaló las limitaciones presupuestarias de las distintas jurisdicciones: “Todos los estados, desde los estados nacionales, provinciales, están con ajustes fiscales, no tienen plata”. La dificultad para encontrar una solución se resume, para Fusaro, en el siguiente planteo: “Es la manta corta. Es muy difícil resolver un problema satisfaciendo a todas las partes. Porque todos tienen que poner algo. Y acá es donde en ese equilibrio no lo estamos pudiendo resolver de hace bastante tiempo y estas son las consecuencias”.

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El salario básico de los choferes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para abril de 2026 muestra un incremento significativo dentro de la paritaria vigente. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un nuevo monto que lleva el básico proyectado a $1.545.278,25, con una estructura que contempla adicionales y sumas no remunerativas. El ajuste salarial se produce en un contexto de recomposición de ingresos y subas recientes en el valor del boleto mínimo, lo que afecta tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios de transporte público.

El sueldo inicial de un chofer de colectivo en el AMBA no solo depende del básico. La estructura salarial incluye adicionales como viáticos, sumas fijas y premios por presentismo o puntualidad. En marzo, los conductores recibieron $120.000 como suma fija no remunerativa, cifra que incide en la liquidación de abril y se suma al monto base. Al sumar estos componentes, el salario inicial asciende a más de $1.890.000 y puede variar según la antigüedad del trabajador.

La fórmula de remuneraciones responde al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que regula las condiciones laborales y los criterios de cálculo salarial para el sector. El convenio establece que, además del salario básico, los trabajadores perciben una serie de adicionales. Entre estos se encuentran el adicional por atención SUBE, el presentismo y los viáticos, todos factores que elevan el monto final percibido en el recibo de sueldo.

La antigüedad desempeña un rol central en la composición salarial. Cada año trabajado suma un adicional mensual, lo que incrementa de manera considerable los ingresos de los choferes con más tiempo en actividad. Con un año de antigüedad, la remuneración total estimada supera los $1.870.000. A estos valores se agregan premios y sumas fijas acordadas en paritarias, lo que configura un esquema salarial escalonado y ajustable.

El impacto del aumento salarial no se limita al bolsillo de los trabajadores. La actualización del salario básico se acompaña de un nuevo esquema tarifario para los boletos de colectivo en el AMBA. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, implementó una suba en la tarifa mínima que llevó el costo del pasaje a $700 para recorridos de hasta 3 kilómetros, $779,78 para trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, y hasta $959,71 para distancias superiores a 27 kilómetros. Estos incrementos siguen el esquema de actualización aprobado a principios de febrero, que incluyó una suba inicial del 31% y un nuevo ajuste del 7,6%, ambos vinculados a la evolución del índice de precios al consumidor.

El esquema de ajuste tarifario contempla la inflación de dos meses atrás como base para calcular los nuevos valores. Esta política, que la administración libertaria retoma de la gestión anterior, busca adaptar las tarifas al contexto inflacionario y, a la vez, recomponer los ingresos de las empresas de transporte. Autoridades nacionales confirmaron la continuidad del sistema Red SUBE, que permite descuentos en la tarifa para quienes realizan combinaciones de transporte dentro del AMBA.

La Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Hermann, publicó la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial, donde aprobó los nuevos cálculos de los costos e ingresos medios para los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional correspondientes al período febrero-abril. Esta actualización contempla, además de la paritaria, ajustes en el valor del gasoil, seguros, insumos y otros costos operativos.

En cuanto a los subsidios estatales, el Gobierno nacional fijó los valores de las compensaciones tarifarias que se entregan a las empresas de colectivos del AMBA para sostener el servicio. En febrero, el monto ascendió a $93.624.359.688; en marzo, a $71.965.152.433; y en abril, a $73.514.138.512. El total por demanda SUBE se ubicó en $95.850.171.084. Estas transferencias forman parte del esquema de financiamiento que sostiene la operación de las líneas bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

El ajuste salarial y tarifario impacta sobre las 104 líneas de colectivos que operan en el AMBA bajo jurisdicción nacional. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

El aumento de los salarios y de las tarifas responde a la dinámica de las negociaciones paritarias y los mecanismos de actualización automática. El Gobierno nacional prevé volver a aplicar el esquema de actualización mensual que toma como base la inflación de dos meses atrás. Además, existe la posibilidad de incorporar un porcentaje adicional del 2% para recomponer los ingresos de las empresas y reducir gradualmente los subsidios tarifarios, siguiendo las tendencias de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

En este escenario, la estructura salarial de los choferes de colectivo del AMBA resulta de la combinación entre el salario básico, adicionales regulados por convenio, sumas fijas y premios, a lo que se suman los efectos de la antigüedad y las variaciones tarifarias. El sistema de subsidios y el mecanismo de ajuste mensual completan el cuadro de ingresos y egresos del sector, que sigue sujeto a las condiciones de la paritaria y la evolución de los costos operativos.

A partir del 1º de abril, entrarán en vigencia modificaciones en las tarifas de servicios públicos, transporte en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, medicina prepaga y alquileres, lo que tendrá impacto en los gastos de los hogares y con ello, en la inflación, que en marzo podría ubicarse en torno al 3%. Aunque el Gobierno tomó dos decisiones para morigerar la suba del combustible ante la escalada del precio con el conflicto en Oriente Medio.

Estos cambios se producen en un contexto donde la inflación de febrero alcanzó el 2,9% y las estimaciones privadas para marzo anticipan un nivel cercano al 3%, a pesar de la desaceleración de los alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes. Las actualizaciones responden, en gran parte, a mecanismos de indexación mensual y a la reducción de subsidios estatales.

En el sector transporte, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,9%. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo en la provincia será de $873,37 para tramos de hasta 3 kilómetros, $972,93 para distancias de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 para recorridos de 6 a 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos superiores a 27 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo con tarjeta nominada se ubicará en $715,26, con valores de $794,76, $856 y $917,28 para los siguientes tramos.

Aumento de tarifas: luz y gas

En cuanto a los servicios energéticos, Edenor y Edesur actualizarán sus cuadros tarifarios. En el área de Edesur, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pagarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh. Para consumos de 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47. En Edenor, el cargo fijo inicial será de $1.414,93, con un variable de $115,28. Los hogares subsidiados seguirán pagando $44,29 por kWh hasta 300 kWh mensuales. Los usuarios con subsidios mantendrán un cargo variable de $44,46 dentro de los límites establecidos.

La empresa AySA aplicará el último tramo del aumento del 4% iniciado a comienzo de año, lo que llevará la factura promedio de agua y cloacas a $29.094 mensuales, sin impuestos. En las zonas alta y media, el valor será de $34.296 y $31.146 respectivamente, mientras que en el zonal bajo será de $25.026. Se mantiene un descuento del 15% para los usuarios de zonas bajas, que representan el 48% del total residencial.

Cuotas de medicina prepaga

En el rubro salud, las cuotas de la medicina prepaga aumentarán un 2,9% en abril, en línea con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Este ajuste también se trasladará a los copagos por consultas y estudios médicos. Las empresas que aplicarán esta suba incluyen Hospital Italiano (2,7%), OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud (todas con 2,9%).

Respecto a los alquileres, quienes tienen contratos regulados por la antigua Ley 27.551 enfrentarán una actualización anual del 33,3% a partir del índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central. Los contratos recientes, firmados tras la desregulación del mercado, suelen tener ajustes trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC u otros indicadores, generando una mayor variedad de precios.

Frenar la suba de combustibles

En el caso de los combustibles, el Gobierno tomó dos decisiones con el objetivo de frenar la suba de los combustibles ante la escalada del precio internacional por el conflicto en Oriente Medio. Además de permitir a las petroleras utilizar bioetanol hasta un 15% en naftas (antes hasta 5,6%), la Secretaría de Energía no va a aumentar el impuesto al combustible en abril.

“No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”, destacaron desde fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, ese mecanismo automático volvió a ser suspendido en múltiples oportunidades, algo recurrente en los últimos años. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, una práctica que se repitió a lo largo de todo el año.

Es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos ya es equivalente al 15,83% del valor final del litro, mientras que Impuesto a las Emisiones de CO₂ implica un 0,97% del total. Según información de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, junto con los impuestos de la provincia de Buenos Aires y las tasas municipales, la carga tributaria total representa el 35,88% del precio que se paga por un litro de nafta.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos, subte y peajes a partir del miércoles 1° de abril. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación con un adicional del 2%. Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sección 1, correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros, tendrá un valor de $715,24 para la tarifa plena, $321,86 para la tarifa social y $1.137,26 para usuarios que utilicen la tarjeta SUBE sin nominalizar.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa plena se ubicará en $794,74, la social en $357,63 y la SUBE sin nominalizar en $1.263,67. En distancias de 6 a 12 kilómetros, los montos serán de $855,97 (plena), $385,19 (social) y $1.361,04 (sin nominalizar). Y los viajes de 12 a 27 kilómetros tendrán un costo de $917,24 para la tarifa plena, $412,77 para la social y $1.458,46 para la SUBE sin nominalizar.

En el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el valor del boleto de colectivos oscilará entre $871,30 y $1.266,73 para la tarifa plena, de acuerdo con el recorrido realizado. La implementación del nuevo esquema responde a la política de indexación establecida por las autoridades de transporte, que busca mantener la actualización de las tarifas acorde a la evolución de la inflación.

Cuánto subirá el boleto de subte

En el caso del subte en CABA, la tarifa también sufrirá una modificación. Los usuarios que realicen entre 1 y 20 viajes pagarán $1.414 con la SUBE registrada, mientras que quienes utilicen la tarjeta sin nominalizar deberán abonar $2.248,26. Para el rango de 21 a 30 viajes, la tarifa será de $1.131,20 con SUBE registrada y de $1.798,61 sin nominalizar. Quienes realicen entre 31 y 40 viajes pagarán $989,80 con SUBE registrada y $1.573,78 sin nominalizar. A partir del viaje 41, el monto ascenderá a $848,40 con SUBE registrada y a $1.348,96 con SUBE sin nominalizar.

El Premetro, que también forma parte del sistema de transporte porteño, tendrá un valor de $494,90 para la SUBE registrada, mientras que los usuarios con SUBE sin nominalizar deberán pagar $786,89. Esta diferenciación en las tarifas según el tipo de tarjeta busca incentivar la nominalización de la SUBE, una medida que permite una mayor trazabilidad y control sobre los beneficiarios de la tarifa social.

Los peajes en las autopistas porteñas también experimentarán una suba a partir del primer día de abril. En la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno, el costo para el tránsito liviano será de $4.177,59 en horario no pico y de $5.920,33 en horario pico. En la Autopista Illia y otras vías rápidas, los usuarios deberán pagar $1.740,49 fuera de hora pico y $2.461,30 en horario pico. En el caso del peaje Alberti, el valor quedó fijado en $1.323 para horario no pico y $1.670,89 para horario pico.

El ajuste mensual de las tarifas combina el índice de inflación de los meses anteriores con un adicional del 2%, según lo establecido por el esquema de indexación vigente. Esta política se implementó para evitar retrasos acumulados en el valor de los boletos de transporte y los peajes, y busca reflejar los movimientos inflacionarios de la economía local. La actualización impactará de manera directa en el bolsillo de los usuarios habituales del transporte público y en los conductores que utilizan las autopistas de la ciudad y el conurbano.

La estructura tarifaria mantiene la diferenciación entre usuarios que cuentan con la tarjeta SUBE registrada y aquellos que utilizan la opción sin nominalizar. Esta última alternativa presenta un costo sensiblemente superior, lo que incentiva a los pasajeros a registrar su tarjeta para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.

La quinta intervención de exhumaciones en las fosas clandestinas del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, arrancó envuelta en señalamientos graves por parte de colectivos de familias de personas desaparecidas.

Fragmentos óseos mal registrados, personal pisando sobre montículos con restos humanos y vallas que bloqueaban la visibilidad marcaron el inicio de una jornada que, pese a todo, tuvo un punto de luz: la presencia del fiscal Fernando Blumenkron.

Estas fosas, utilizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos de manera sistemática desde al menos 2014 y 2016, concentran cuerpos depositados durante años sin que las familias tuvieran certeza del paradero de sus seres queridos. Los trabajos comenzaron luego de que se removiera la barda perimetral del panteón, identificada previamente como un obstáculo y un riesgo para las labores de exhumación.

Vallas, huesos perdidos y pasos en falso

Desde el inicio de las labores, los colectivos de víctimas detectaron fallas que podrían comprometer la correcta identificación de los restos. Una de las más alarmantes fue el hallazgo de un fragmento de vértebra lumbar en tierra que supuestamente ya había sido cribada, lo que pone en duda la rigurosidad del proceso. Edith Hernández Torres, representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos y hermana de Israel Hernández —secuestrado en 2012 y localizado en las fosas de Tetelcingo—, señaló que las vallas colocadas limitaban la visibilidad de los trabajos, impidiendo que las familias verificaran el cumplimiento de los protocolos.

Amalia Alejandra Hernández, del Colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo caso contribuyó a visibilizar la crisis forense en Morelos, explicó que personal técnico pisaba sobre los montículos donde se encontraban los cuerpos. La observación fue atendida tarde y con la condición de que no se repitiera al día siguiente.

Ambas representantes insistieron en la necesidad de registrar con exactitud las dimensiones y profundidad de cada fosa, así como la ubicación precisa de cada indicio, ya que cualquier detalle del entorno puede ser clave para identificar a las víctimas.

Un fiscal presente y una promesa pendiente

En medio de las irregularidades, la llegada del fiscal Blumenkron al sitio generó un cambio perceptible en el ambiente. Su presencia directa fue valorada por las familias como un avance respecto a ejercicios anteriores, donde la ausencia de autoridades había profundizado la desconfianza. Además, el funcionario se comprometió a entregar el plan integral de exhumación, una demanda histórica de los colectivos que permitiría conocer el procedimiento completo y dar seguimiento a cada hallazgo.

Otro avance relevante fue la confirmación de que la Fiscalía General de la República (FGR) participará en la toma de muestras de ADN, lo que reforzará la confrontación de perfiles genéticos entre instituciones y aumentará las posibilidades de identificación.

Para las familias, el mensaje es claro: coordinación institucional, supervisión directa y protocolos estrictos no son negociables cuando se trata de devolver un nombre a quienes permanecen en el anonimato de una fosa común.

En un caso que comenzó por una demanda por lesiones sufridas en un colectivo, la Justicia Nacional en lo Civil revocó en segunda instancia una sentencia que reconocía una indemnización millonaria a favor de una mujer que aseguró haber sido víctima de un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajera en una unidad. La Cámara de Apelaciones consideró que no se acreditó que el hecho haya ocurrido en el contexto denunciado, y rechazó el reclamo por daños y perjuicios.

El expediente se inició tras la presentación de una mujer, quien afirmó que el 18 de diciembre de 2021, en horas de la noche, sufrió una caída dentro de un colectivo. Según su relato, una frenada brusca del chofer provocó que otra pasajera cayera sobre su pierna, lo que le ocasionó una fractura en la rodilla izquierda. La afectada sostuvo que descendió del vehículo con ayuda y fue trasladada por testigos a un hospital, donde recibió atención médica.

La demanda se dirigió contra la empresa propietaria del colectivo y su aseguradora, en busca de una reparación económica por los daños sufridos. En primera instancia, la jueza consideró probada la existencia del accidente y condenó a la empresa y a la aseguradora a pagar 37.200.000 pesos, más intereses y costas del juicio. El fallo se basó principalmente en el testimonio de una testigo que, según la demandante, la acompañó durante el hecho, y en la documentación médica aportada por hospitales donde se constató la fractura.

La aseguradora apeló la sentencia, cuestionando la falta de pruebas objetivas sobre la calidad de pasajera de la mujer y la existencia misma del accidente en el contexto denunciado. Señaló que la única testigo presentada era hermana de la demandante y que no se acreditó el uso de la tarjeta SUBE en el colectivo señalado. Además, remarcó que la información médica no hacía mención a un accidente de tránsito ni a la participación de un colectivo.

En la revisión del caso, los jueces de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil analizaron el conjunto de pruebas ofrecidas. Destacaron que la carga de la prueba recae sobre quien reclama, en este caso la mujer que inició la demanda. Los magistrados recordaron que, en materia de accidentes de tránsito, existe una presunción legal que favorece a la víctima, pero que esa presunción requiere que primero se acredite el hecho y la relación causal entre el daño y el supuesto evento.

El tribunal valoró con especial rigor el testimonio de la hermana de la accionante, por tratarse de la única testigo y por la relación de parentesco existente. Los jueces indicaron que, si bien la ley no prohíbe considerar testimonios de familiares, corresponde analizarlos con mayor severidad, en busca de verosimilitud y coherencia. En este sentido, observaron contradicciones entre el relato de la testigo y los hechos presentados en la demanda escrita.

Uno de los puntos que generó dudas en los jueces fue la falta de denuncia policial del accidente y la ausencia de intervención del SAME, a pesar de que la testigo mencionó que pidieron asistencia a un policía de civil y que una ambulancia nunca llegó. El tribunal consideró llamativo que, pese a la supuesta gravedad de la situación, no se labraron actuaciones ni se solicitaron datos al chofer del colectivo.

La Cámara también evaluó la prueba sobre la tarjeta SUBE. Si bien la mujer acreditó la titularidad de una tarjeta, no se pudo comprobar el uso de la misma en el colectivo señalado la noche del accidente. El informe oficial negó la autenticidad de la planilla de movimientos presentada. Los magistrados señalaron que, aunque este elemento no es determinante por sí solo, su falta resta fuerza al resto de las pruebas.

En relación al respaldo médico, la documentación aportada por el hospital y un policlínico confirmó que la mujer sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda y recibió atención los días 18 y 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, en ninguno de los informes médicos se indicó que la lesión haya ocurrido en un accidente de tránsito o dentro de un colectivo, lo que, según la Cámara, debilitó la versión de la reclamante.

El tribunal remarcó que si bien no se puede presumir que la mujer y su testigo urdieron un plan para engañar al Poder Judicial, tampoco corresponde aceptar sin reservas que el hecho ocurrió como se relató en la demanda. La falta de pruebas objetivas y las inconsistencias detectadas llevaron a los jueces a dudar sobre la veracidad del relato.

Según el análisis de la Cámara, el sistema procesal argentino impone la carga de la prueba a quien afirma un derecho y busca una consecuencia jurídica. En este caso, la mujer debía demostrar que la lesión se produjo en las circunstancias denunciadas y que existió un nexo causal entre el acto del colectivero y el daño reclamado.

El fallo de segunda instancia revocó la sentencia de primera y rechazó la demanda por daños y perjuicios, al considerar que no se acreditó que el accidente haya ocurrido en el colectivo de la empresa demandada. Los jueces fundamentaron su decisión en la insuficiencia de las pruebas y en la falta de elementos objetivos que permitan tener por cierto el hecho principal.

La Cámara impuso las costas (gastos) del proceso a la parte accionante, es decir, la mujer que inició la demanda, de acuerdo con el principio objetivo de la derrota. Además, ordenó adecuar de oficio los honorarios profesionales fijados en la primera instancia, en función del resultado final del caso.

Los honorarios de los abogados, peritos y mediadora se calcularon tomando en cuenta el monto reclamado, la complejidad del proceso y la calidad jurídica de las labores desarrolladas. Se fijaron sumas específicas para cada uno de los profesionales que participaron en el expediente.

El caso pone en debate las dificultades probatorias en los reclamos por accidentes de tránsito, especialmente cuando no existen testigos independientes ni pruebas objetivas que acrediten el hecho denunciado.

El expediente, que tramitó durante casi tres años en los tribunales civiles, muestra la importancia de contar con pruebas sólidas y verificables en este tipo de litigios.

La demandante había solicitado en su presentación inicial una reparación integral por los daños físicos, psicológicos y económicos sufridos como consecuencia del accidente.

Durante el proceso, la empresa de transporte y la aseguradora negaron tanto la existencia del accidente como la condición de pasajera de la mujer en el colectivo señalado. Ambos presentaron defensas similares, poniendo en duda la autenticidad de la documentación y la coherencia de los relatos.

La sentencia de primera instancia había considerado determinante el testimonio de la hermana de la demandante y los informes médicos, pero la Cámara entendió que estos elementos no resultaron suficientes para considerar probado el hecho.

En el fallo de segunda instancia, los jueces explicaron que la presunción legal que favorece a la víctima en accidentes de tránsito no exime de la obligación de acreditar el hecho generador del daño, que en este caso no pudo demostrarse en el expediente.