El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil rechazó que la banda criminal “Los Mexicanos” haya accedido a su base de datos, luego de que se difundiera un video usado por extorsionadores donde salían fichas con los datos personales de sus víctimas.

En un comunicado oficial emitido el 21 de marzo de 2026, la entidad saludó la intervención de la Policía Nacional del Perú que permitió la desarticulación de esta red delictiva. Asimismo, precisó que los delincuentes no han tenido acceso a información institucional.

“Rechazamos de forma categórica que dichos delincuentes hayan accedido o dispongan de Fichas Reniec. La información que utilizan no proviene de nuestros sistemas; todas las consultas están bajo control estricto y todas se registran exhaustivamente”, indicó.

La institución también señaló el posible origen de los datos utilizados por estas organizaciones. “La información que usan estos grupos delictivos provendría de plataformas criminales, como canales informales en aplicaciones de mensajería, y no de nuestras bases de datos institucionales”, agregó.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la transparencia ante la ciudadanía.

Uso de datos personales y fichas en el esquema de extorsión

Pese a lo señalado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las investigaciones policiales han advertido que la banda “Los Mexicanos” utilizaba información personal detallada como parte de su esquema de extorsión, incluyendo lo que las fuentes describen como fichas del Reniec con datos completos de las víctimas.

Según la Policía Nacional, los integrantes de esta organización contaban con información no solo de los colectiveros informales, sino también de sus familiares. Estos datos eran empleados para intimidar directamente a los conductores y exigir pagos semanales a cambio de permitirles continuar operando.

El modus operandi incluía la infiltración en grupos de WhatsApp de transportistas, como el chat denominado “Administrativo VIP”. A través de este canal, los extorsionadores exigían pagos de hasta 40 soles semanales por vehículo. Para reforzar las amenazas, enviaban videos mostrando armas y municiones, además de material que evidenciaba el seguimiento a las víctimas.

En este contexto, la posesión de información personal detallada se convirtió en una herramienta clave para sostener la presión. Los pagos exigidos por la organización eran realizados mediante aplicativos como Yape, a través de un número vinculado a uno de los presuntos cabecillas, lo que permitió a la Policía avanzar en las investigaciones.

Captura del presunto cabecilla en El Agustino

Agentes de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas al presunto cabecilla de la banda “Los Mexicanos”, en un operativo realizado en el distrito de El Agustino.

El detenido fue identificado como Jhonder José Tovar, de nacionalidad venezolana, conocido con el alias de ‘Jota’. Según fuentes policiales el sospechoso dirigiría esta organización criminal que mantenía extorsionados a colectiveros informales que operan en la ruta Ancón-Villa El Salvador. Además, se indicó que habría sido policía en su país de origen.

Tras su intervención, fue trasladado a la sede de la Dirincri del Callao para continuar con las diligencias correspondientes. El operativo se ejecutó cerca de la medianoche en la avenida Bosque Huanca, con participación de unidades especiales como la SWAT y un despliegue por aire y tierra.

La investigación se inició a comienzos de marzo, cuando un transportista denunció ser víctima de extorsión. El agraviado reveló que formaba parte de un grupo de WhatsApp donde los delincuentes exigían pagos semanales mediante aplicativos digitales. El rastreo de estos depósitos permitió identificar el nombre vinculado al número receptor, lo que condujo a la ubicación del presunto cabecilla.

‘Los Mexicanos’: amenazas, cobros y control del transporte

La banda criminal “Los Mexicanos” es investigada por su participación en extorsiones contra empresas y trabajadores del transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao. Su accionar incluye amenazas, cobro de cupos y ataques contra unidades que se niegan a pagar.

Uno de los hechos recientes vinculados a esta organización fue el incendio de un bus de transporte público en Villa El Salvador, registrado en medio del estado de emergencia. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia de intimidación para forzar el pago de dinero.

Las investigaciones policiales y fiscales indican que la red opera en distritos como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, e incluso mantiene conexiones en regiones como Huánuco. Su objetivo es controlar rutas mediante pagos obligatorios, conocidos como “cupos”.

Asimismo, las pesquisas señalan que parte de la organización coordinaría acciones desde centros penitenciarios. Se menciona a Erick Yufire Oré, recluido en el penal de Huaral, y a Luis Zabaleta, interno en Castro Castro, como presuntos articuladores.

De acuerdo con testimonios recogidos, los extorsionadores envían mensajes y videos a los conductores para exigir pagos. “Ese grupo de extorsión se hacen llamar ‘Los Mexicanos’; y nos han mandado un video al interno, amenazándonos. Y que esto es prácticamente el comienzo, una advertencia”, relató un trabajador del sector.

Según las investigaciones, la organización habría logrado recaudar cerca de un millón de soles en menos de un año mediante este sistema, utilizando cuentas que cambiaban constantemente para dificultar el rastreo del dinero.

La intervención, ejecutada por la División Policial Sur 1 con apoyo de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), se concretó después de varios días de seguimiento y vigilancia discreta sobre los sospechosos, identificados como Hernán Giovanni González Salas, de 33 años, y su hermano Jesús Hernán González Salas, de 28.

Ambos operaban en un punto clave de gran afluencia de colectiveros que cubren la ruta entre San Isidro y Magdalena, un corredor afectado desde hace años por mafias de cobro de cupos. Según información policial, los dos sujetos se presentaban como “llenadores” o “jaladores” de vehículos, pero en realidad imponían un esquema de amenazas y extorsión contra los conductores que trabajaban en la zona.

La intervención en flagrancia

La captura se produjo durante un operativo desplegado de manera sorpresiva para evitar fugas y preservar la integridad de los agentes. Las unidades de inteligencia habían documentado varias ocasiones en las que los hermanos González exigían pagos diarios y semanales a los colectiveros, evidencia que permitió intervenirlos en el momento preciso.

El coronel Daniel Jares, jefe de la División Policial Lima Sur 1, destacó que la acción fue producto de un trabajo articulado y sostenido.

“Personal de la División Policial Sur 1, en coordinación con la Dirección de Inteligencia, hemos dado un duro golpe a la criminalidad capturando a dos integrantes de una banda dedicados al delito de extorsión”, señaló.

Armas, explosivos y comunicaciones incautadas

Durante la intervención se incautó un revólver marca Smith & Wesson abastecido con tres cartuchos, una granada de guerra tipo piña, dinero en efectivo presuntamente proveniente del cobro del cupo, celulares y una motocicleta lineal utilizada para desplazarse rápidamente por la zona.

La presencia de material explosivo obligó a la intervención del personal especializado de la UDEX, que retiró la granada de inmediato. Según agentes de inteligencia, este tipo de armamento es utilizado por grupos vinculados al crimen organizado para intimidar a sus víctimas y consolidar su control territorial.

Otro elemento clave fue la recuperación de comunicaciones vía WhatsApp que los detenidos mantenían con los colectiveros. De acuerdo con la PNP, los extorsionadores habían creado un grupo para monitorear la actividad de cada conductor, registrar quién pagaba y quién se resistía, y mantener presión constante. “Estas personas habían formado hasta un grupo WhatsApp con estos colectiveros, a quienes los tenían bien chequeados, bien mapeados”, explicó el coronel Jares.

Antecedentes de los detenidos

La captura se concretó después de que los agentes registraran en video el momento exacto en que los sospechosos cobraban el cupo a un conductor. Esa evidencia permitió detenerlos de manera inmediata y sin resistencia significativa. “Estos sujetos han sido intervenidos en flagrancia delictiva, cuando estaban extorsionando, se les ha capturado por el personal policial”, indicó Jares.

Uno de los detenidos, Hernán González, había salido hace pocos meses del penal de Lurigancho, donde cumplió una condena de seis años por robo agravado a mano armada. Su hermano también registra múltiples denuncias por diversos delitos.

El operativo se enmarca en la estrategia policial denominada “50-50”, que combina la presencia de agentes uniformados en puntos críticos con personal de civil dedicado a labores de inteligencia.

Los ataques y hostigamientos a los inspectores se han intensificado, con agresiones verbales, físicas y, en casos recientes, incidentes que incluyen incendios de unidades. Estas acciones reflejan la resistencia de los colectiveros a cumplir con la normativa, en un escenario donde la informalidad en el transporte genera riesgos para la seguridad vial y dificulta la ejecución de sanciones efectivas.

Vigilancia constante desde las bases de la ATU

Fuentes de la ATU explicaron que los colectivos informales cuentan con personas encargadas de seguir los movimientos de los inspectores. Desde la salida de los vehículos institucionales, hay individuos que registran y transmiten información sobre la ubicación del personal, generando alertas inmediatas dentro de sus redes de comunicación.

Este seguimiento detallado permite a los colectiveros reaccionar antes de ser intervenidos, dificultando el control de infracciones y poniendo en evidencia la necesidad de estrategias de prevención más sofisticadas. Los videos y mensajes captados muestran cómo los conductores informales se comunican para esquivar a los fiscalizadores y evadir operativos.

Operativos y apoyo policial

La ATU realiza intervenciones en distintos distritos con el respaldo de la Policía Nacional. Cada operativo involucra a aproximadamente treinta y cinco agentes, quienes acompañan a los inspectores para garantizar la seguridad y evitar conflictos con los conductores informales.

Los operativos buscan detectar vehículos que realizan transporte sin autorización y sancionar las irregularidades. Las acciones se enfocan en unidades que acumulan multas de años anteriores, evitando que puedan continuar operando mientras generan riesgos en la vía pública.

Estrategias de monitoreo digital

Para enfrentar la organización de los colectiveros, la ATU también utiliza mecanismos de vigilancia dentro de las plataformas digitales donde estos conductores se comunican. Al revisar transmisiones en vivo y grupos de chat, los fiscalizadores identifican patrones de operación, anticipan movimientos y ajustan las intervenciones según la información recopilada.

La recopilación de datos digitales permite que las acciones de la ATU no dependan únicamente de la presencia física de inspectores. La combinación de seguimiento digital y presencia policial fortalece el control sobre la informalidad y reduce la exposición de los fiscalizadores a incidentes violentos.

Chatarreo y sanciones efectivas

Además de las intervenciones directas, la ATU aplica el procedimiento de chatarreo a los vehículos con multas acumuladas que impiden el pago y la recuperación de las unidades. Este proceso implica que los vehículos sancionados, tras ejecutarse las acciones administrativas, sean declarados en abandono y retirados de circulación.

La medida busca generar un efecto disuasivo, evitando que la informalidad continúe proliferando. En lo que va del año, la ATU reportó la intervención de más de cinco mil vehículos informales, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la importancia de las sanciones aplicadas para garantizar el orden en el transporte público.

Modus operandi de los falsos colectiveros

De acuerdo con las declaraciones del coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP), los delincuentes captaban a sus víctimas presentándose como conductores de colectivo y ofreciendo tarifas atractivas. El oficial detalló que los sujetos primero generaban confianza y, una vez dentro del vehículo, procedían a someter a los pasajeros: “Al tener una confianza de cercanía con el agraviado, puedan someterlas a todos estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en algunos casos, delitos contra el patrimonio y delitos de secuestro”.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, estos individuos, ya con antecedentes, contaban con la colaboración de otros miembros del grupo. En situaciones previas, la banda amordazó y cubrió con trapos el rostro de algunas víctimas para llevarlas a lugares alejados de la ciudad.

Robos, secuestros y tocamientos indebidos

Los investigadores reportaron que las víctimas sufrían robos, secuestros y tocamientos indebidos, siendo abandonadas más tarde en zonas desoladas. Dentro del automóvil, los delincuentes sostenían armas de fuego, una réplica de pistola, estupefacientes y dispositivos POS usados para vaciar el dinero de las tarjetas de sus víctimas.

La Policía Nacional del Perú confirmó que los vehículos empleados ya habían sido incautados en anteriores ocasiones. Una particularidad de este caso es que los delincuentes utilizaban placas imantadas para facilitar su actividad delictiva, permitiendo modificar la identificación del vehículo en pocos segundos.

Antecedentes y captura

El caso de Carlos Chávez destaca por contar con antecedentes penales por hechos similares, como el registrado en agosto de este año, cuando recogió a una pareja bajo el mismo método. Ambos hombres habían sido detenidos previamente, aunque continuaron reincidiendo.

“Estos mismos sujetos utilizan placas imantadas que pueden ser colocadas en distintas partes del vehículo”, señaló el jefe policial durante la operación de captura. Según la PNP, los detenidos fueron hallados en posesión de armas de fuego, estupefacientes y dispositivos electrónicos para sustraer dinero de las tarjetas, sumando pruebas a las investigaciones abiertas en su contra.

Inseguridad en Lima durante 2025

El caso de Miraflores se suma a un contexto de elevada criminalidad en Lima. Durante los primeros seis meses de 2025, la capital registró más de 15.000 denuncias por extorsión, lo que refleja la compleja situación de seguridad ciudadana conforme avanza el año. Las autoridades locales y la Policía Nacional han intensificado operativos y patrullajes en distritos considerados de alto riesgo, priorizando la prevención de delitos vinculados a secuestros, robos agravados y agresiones sexuales en el transporte informal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del poder judicial y enfrentan cargos por secuestro, robo agravado y delitos contra la libertad sexual, siguiendo los procedimientos legales correspondientes bajo la supervisión de la División de Investigación de Robos de la PNP.

El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización realizado la noche del lunes, en el tramo de Javier Prado que atraviesa el distrito de San Isidro. En ese punto, solo está autorizada la circulación de buses del Corredor Rojo. El vehículo del intervenido transportaba pasajeros sin contar con autorización ni habilitación, lo que lo clasificaba como una unidad informal.

Cámaras de televisión captaron la actitud del conductor, quien comenzó a reírse en la cara de los fiscalizadores. Cuando una periodista le preguntó si contaba con documentos, el hombre subió la ventana del vehículo mientras gritaba “No tengo”. Segundos después, bajó la ventana para responder: “Vayan a buscar a los ladrones”, antes de volver a cerrarla, esta vez con evidente molestia.

Cinco unidades informales son detectadas en menos de una hora

El operativo en la avenida Javier Prado se inició alrededor de las 8:00 p.m. y se extendió por varios puntos críticos de la vía, entre ellos el tramo comprendido entre la avenida Navarrete y la Vía Expresa. En apenas 40 minutos, los fiscalizadores intervinieron cinco vehículos que operaban como transporte informal.

La unidad conducida por el ciudadano extranjero fue una de las primeras en ser detenida. Personal de la ATU y efectivos policiales comprobaron que el vehículo ofrecía servicio sin contar con ningún permiso vigente. Los pasajeros fueron obligados a bajar de la unidad y esta fue llevada a la comisaría del sector.

Según los fiscalizadores, el único transporte autorizado para operar en Javier Prado es el Corredor Rojo. Cualquier otra modalidad que capte pasajeros en esa vía se considera informal y, por lo tanto, sujeta a sanciones.

Reacción del colectivero causa sorpresa durante operativo

Durante la intervención, el conductor no mostró señales de preocupación por su situación legal. En lugar de presentar documentos o responder a las preguntas de los agentes, el hombre adoptó una actitud relajada. La periodista de Exitosa que cubría el operativo se acercó al vehículo para preguntarle por su situación legal. En ese momento, el conductor soltó una carcajada y afirmó que no tenía papeles.

El video registrado por el medio muestra cómo el sujeto se encierra en el auto mientras se ríe y evita cualquier diálogo con la prensa. Luego, baja la ventana brevemente para lanzar una crítica: “Vayan a buscar a los ladrones”, gritó, antes de volver a cerrar el vidrio con brusquedad.

La unidad fue trasladada a la dependencia policial correspondiente. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si el conductor fue sancionado o detenido.

ATU intensifica fiscalizaciones contra transporte informal

El operativo en San Isidro forma parte de un despliegue mayor contra el transporte informal en distintos distritos de Lima. Según informó el vocero de la ATU, Pavel Flores, solo en el último día se realizaron acciones de fiscalización en cinco distritos. El día anterior, los operativos alcanzaron once jurisdicciones.

Uno de los casos más resaltantes ocurrió en la avenida Panamericana Norte con Tomás Valle. En ese punto, se internaron dos vehículos conocidos como “Anconeros”. Aunque llevaban colores y señalética similares a los del transporte autorizado, no contaban con habilitación ni autorización. Según la ATU, estos vehículos buscan aparentar formalidad para captar pasajeros y engañarlos.

“Estos vehículos no tienen SOAT, el conductor no cuenta con licencia y no han pasado por la revisión técnica. La informalidad es sinónimo de inseguridad”, afirmó Flores en declaraciones a Canal N. Además, destacó que la entidad continuará con las acciones necesarias para eliminar esta modalidad de transporte.

Actualmente, la ATU también mantiene presencia en otros puntos de la ciudad, como la avenida Prialé y la estación Cultura. Las autoridades han reiterado que estos operativos continuarán en los próximos días.

Un hombre de 32 años, identificado como J. Abalos, fue detenido en Formosa por el feroz ataque a un colectivero de la línea 378 en medio de un robo mientras realizaba su recorrido por la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el sospechoso, con captura internacional vigente y circular de Interpol, fue atrapado en un paso hacia Paraguay, justo antes de que abordara una lancha con destino a ese país.

Los investigadores lograron identificar al autor a través del relevamiento de cámaras de seguridad. Primero, lograron establecer que se trasladaba en un auto Chevrolet Corsa, que estaba a nombre de J. Abalos.

Lo curioso es que el presunto agresor fue chofer de la misma empresa hasta el mes de enero de este año y que, a raíz del trabajo pericial realizado en el celular de la pareja de la víctima, se encontraron dos comunicaciones entre la mujer y el imputado el día posterior al robo.

El 15 de mayo, agentes de la DDI de La Matanza realizaron un allanamiento con el propósito de secuestrar el vehículo utilizado y a su dueño. No encontraron a ninguno de los dos. Días más tarde, el 28 del mismo mes, incautaron el Corsa que era conducido por otro hombre de apellido Albarracín. El vehículo presentaba pedido de secuestro activo.

El caso

El 28 de abril, el chofer de la empresa “Almafuerte” Línea 378 interno 8, Jonathan Vazcarra, ingresó a Clínica “Figueroa Paredes” con heridas de arma blanca en la mejilla y la frente.

La víctima indicó que, al llegar al Km 26 de la Ruta 3, subió un hombre con campera azul de chofer de colectivos y al finalizar el recorrido en Ruta 3 y Marconi, le pide bajar en la siguiente cuadra, para luego atacarlo. El agresor se llevó un bolso con pertenencias y su celular.

Tras el hecho, los delegados de la línea que pertenece a la empresa Almafuerte realizaron una medida de fuerza en reclamo de mayor seguridad. “La empresa va a estar paralizada”, precisaron.

El paro se extendió por 24 horas, y afectó a todas las líneas de la empresa, según una publicación realizada por Almafuerte S.A.C.I.E.I. en su cuenta de Instagram.

Hace poco más de un mes, seis líneas de colectivo de la misma empresa, paralizaron el recorrido en forma de protesta tras el ataque que sufrió un colectivero en Virrey del Pino. La medida, impulsada por los empleados en reclamo de mayor seguridad y presencia policial, afectó a las líneas 218, 622, 378, 325, 284 y 628, y se mantuvo vigente durante todo el día.

El hecho ocurrió el 21 de marzo cerca de las 22 horas en el barrio San Javier, cuando un delincuente abordó una unidad y apuñaló en el rostro al conductor sin mediar palabra. El agresor ejecutó el ataque y huyó, mientras que el colectivero, identificado como Lucas Ibarra, de 32 años, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Según relató Fabio Dalseno, delegado de la empresa, la víctima recibió dos “puntazos” en la frente y un corte en la cara. “Lo quiso matar, sin mediar palabra, una locura descomunal”. Por su parte, un trabajador de la empresa expresó: “Nosotros salimos de nuestras casas y no sabemos si llegamos. Justo ahí, donde mataron a Pablo Flores, siempre tenemos lo mismo, en el mismo recorrido. Nosotros lo único que pedimos es que nos den seguridad, somos laburantes”.

En un comunicado, los trabajadores explicaron que la decisión adoptada no era “por la gente” sino “por los delincuentes que están en la calle”.

Dalseno lamentó que estas agresiones sean “moneda corriente en todas partes” y recordó una escena ocurrida el año pasado contra un conductor de la línea 350. “El sujeto había sacado su boleto desde Moreno hasta Manzanares, pero como quería ir hasta Fátima se puso a discutir con el chofer, que ni siquiera era quien lo había hecho subir a la unidad”, explicó un delegado respecto del agresor. Según se supo, el hombre ascendió a la unidad en el partido de Moreno y abonó un viaje hasta la localidad de Manzanares, alrededor del kilómetro 59 de la Ruta Nacional 8, en Pilar.

A la altura del barrio El Panchito (dos kilómetros después, el 61), el pasajero decidió unilateralmente que iba a viajar más allá del boleto que había sacado y así comenzó una discusión con el chofer, quien había relevado a otro compañero de trabajo luego de que finalizó el trayecto corto.

Cuando el conductor de la unidad le indicó al hombre que debía bajarse del medio de transporte —perteneciente a la empresa Ruta Bus— el pasajero respondió con golpes de puño al chofer, ocasionándole lesiones en la cabeza, pómulos y boca.

Un colectivero de la línea 378 fue violentamente agredido por un hombre en medio de un robo mientras realizaba su recorrido por la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

El delincuente abordó la unidad y atacó al colectivero en la intersección de la calle Guillermo Marconi y la Ruta Nacional N° 3. Tras concretar el asalto, el individuo escapó a pie por las calles aledañas y, hasta el momento, no pudo ser identificado.

Además, el portal el1digital precisó que la víctima sufrió cortes de consideración en el rostro y que, tras recibir atención médica, se encuentra fuera de peligro. Ante esta situación, los delegados de la línea que pertenece a la empresa Almafuerte señalaron a Infobae que, a partir de la madrugada de hoy, realizarán una medida de fuerza en reclamo de mayor seguridad. “La empresa va a estar paralizada”, precisaron.

El paro se extenderá por 24 horas, y afecta a todas las líneas de la empresa, según una publicación realizada por Almafuerte S.A.C.I.E.I. en su cuenta de Instagram.

Aún no se tiene más precisiones respecto al atacante, pero trascendió que habría subido al colectivo como un pasajero más.

En un móvil en el canal TN, un chofer de la línea 378 informó que su colega ya está descansando en su casa. Sin embargo, precisó que se tendrá “una larga recuperación porque le desfiguraron la cara”.

Además, criticó la falta de seguridad y resguardo: “Hace un mes nos juntamos con autoridades de la seguridad municipal, nos prometieron que la policía iba a estar en la calle, estuvieron dos días, después desaparecieron y ahora tenemos el mismo drama que tuvimos hace un mes atrás. Nosotros no pedimos seguridad solo para nosotros, sino para toda la gente. Pero parece que a las autoridades no les importa la gente trabajadora. Les importa más llenarse los bolsillos”.

Hace poco más de un mes, seis líneas de colectivo de la misma empresa, paralizaron el recorrido en forma de protesta tras el ataque que sufrió un colectivero en Virrey del Pino. La medida, impulsada por los empleados en reclamo de mayor seguridad y presencia policial, afectó a las líneas 218, 622, 378, 325, 284 y 628, y se mantuvo vigente durante todo el día.

El hecho ocurrió el 21 de marzo cerca de las 22 horas en el barrio San Javier, cuando un delincuente abordó una unidad y apuñaló en el rostro al conductor sin mediar palabra. El agresor ejecutó el ataque y huyó, mientras que el colectivero, identificado como Lucas Ibarra, de 32 años, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Según relató Fabio Dalseno, delegado de la empresa, la víctima recibió dos “puntazos” en la frente y un corte en la cara. “Lo quiso matar, sin mediar palabra, una locura descomunal”. Por su parte, un trabajador de la empresa expresó: “Nosotros salimos de nuestras casas y no sabemos si llegamos. Justo ahí, donde mataron a Pablo Flores, siempre tenemos lo mismo, en el mismo recorrido. Nosotros lo único que pedimos es que nos den seguridad, somos laburantes”.

En un comunicado, los trabajadores explicaron que la decisión adoptada no era “por la gente” sino “por los delincuentes que están en la calle”.

Dalseno lamentó que estas agresiones sean “moneda corriente en todas partes” y recordó una escena ocurrida el año pasado contra un conductor de la línea 350. “El sujeto había sacado su boleto desde Moreno hasta Manzanares, pero como quería ir hasta Fátima se puso a discutir con el chofer, que ni siquiera era quien lo había hecho subir a la unidad”, explicó un delegado respecto del agresor. Según se supo, el hombre ascendió a la unidad en el partido de Moreno y abonó un viaje hasta la localidad de Manzanares, alrededor del kilómetro 59 de la Ruta Nacional 8, en Pilar.

A la altura del barrio El Panchito (dos kilómetros después, el 61), el pasajero decidió unilateralmente que iba a viajar más allá del boleto que había sacado y así comenzó una discusión con el chofer, quien había relevado a otro compañero de trabajo luego de que finalizó el trayecto corto.

Cuando el conductor de la unidad le indicó al hombre que debía bajarse del medio de transporte —perteneciente a la empresa Ruta Bus— el pasajero respondió con golpes de puño al chofer, ocasionándole lesiones en la cabeza, pómulos y boca.

La ola de inseguridad que golpea a los choferes de colectivos en el conurbano bonaerense se intensificó en el último mes y ya son varios los ataques que obligaron a trabajadores de varias líneas a decretar paros y distintas medidas de fuerza para exigir alguna solución. Algunos choferes fueron baleados, otros apuñalados e incluso, a uno le cortaron los dedos en medios de un robo.

“La desesperación de los choferes es lógica”, asegura una fuente clave en los organismos de seguridad provinciales que trabaja para resolver la problemática: “Los hechos tienen que ver con un incremento en la violencia en la sociedad. No hay un modus operandi, no son grandes hampones, son delincuentes que se suben a las unidades de madrugada en zonas de bajos recursos”. Por lo pronto, en La Matanza, la Municipalidad local y el Ministerio de Seguridad conformaron una mesa de trabajo con los gremios y las empresas para intentar garantizar la seguridad de los conductores.

El hecho más reciente ocurrió ayer por la tarde en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, jurisdicción de Lomas de Zamora. Allí, un colectivero fue baleado durante intento de asalto, por lo que varias líneas suspendieron su servicio.

La secuencia del hecho comenzó alrededor de las 16 en la zona del cruce entre Camino de Cintura y Restelli, cuando el conductor, de 45 años, finalizaba su recorrido y fue a despertar al único pasajero que quedaba en la unidad de la línea 543. En ese momento, el agresor sacó un arma y obligó a la víctima a desviar el trayecto por cerca de un kilómetro, hasta la esquina de José María Paz y El Universo.

Una vez en el lugar, se produjo un forcejeo y el chofer recibió un disparo en el codo del brazo izquierdo.

Desde la empresa, a través de sus canales oficiales, precisaron que la medida de fuerza afecta a la línea 543 -excluyendo el ramal B- y a los ramales C y O de la línea 544. La investigación del caso está en manos de la fiscal Verónica Cifarelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Esteban Echeverría.

Dos dedos amputados con un machete

La situación sucedió poco después de otros dos brutales ataques. Uno tuvo lugar en José C. Paz, donde delincuentes le amputaron dos dedos a la víctima en medio de un intento de robo. El conductor de la línea 749 conducía una unidad sin pasajeros cuando fue interceptado por tres ladrones armados. Los asaltantes subieron al colectivo, abordaron al conductor y le robaron las pocas pertenencias que llevaba consigo: el teléfono celular y la billetera.

Pese al botín que obtuvieron, antes de darse a la fuga, los asaltantes arrojaron al piso de la unidad al chofer y le dieron un machetazo que le hizo perder el pulgar y el índice de la mano derecha. El martes por la noche, personal de la Sub DDI José C. Paz, que depende de la DDI San Martín de la Policía Bonaerense, detuvo a un sospechoso por este ataque.

El otro ocurrió en San Francisco Solano, localidad del partido bonaerense de Quilmes. Allí, un chofer de la línea 239 fue apuñalado con un destornillador por un asaltante encapuchado que simulaba ser un pasajero.

La secuencia completa del ataque fue filmada por la cámara de seguridad que el conductor posee en su habitáculo. En las imágenes se observa que el atacante viajaba sentado en uno de los asientos de adelante, pegado a la ventanilla y encapuchado.

De repente, el hombre se puso de pie y caminó de forma sigilosa hacía su víctima, que se vio acorralada e indefensa. Sin mediar palabras, el atacante lo apuñaló en el rostro con un destornillador que extrajo de entre sus ropas. Cinco puntazos y varios golpes de puño le alcanzaron al agresor para que el chofer entregara su teléfono celular y otras pertenencias.

Chofer baleado en la mano

La semana pasada, el partido de Esteban Echeverría fue escenario de otro ataque. Un delincuente baleó en una mano a un chofer de colectivo de 34 años de la línea 501 durante un robo, por lo que los trabajadores de la empresa resolvieron hacer un paro en reclamo de medidas de seguridad. El hecho cuando el conductor fue asaltado al terminar su recorrido en la esquina de las calles Profesor A. Maxer y Juan Tweedie, en la localidad de Luis Guillón.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el chofer fue sorprendido por el último y único pasajero de la unidad, quien a punta de pistola, le sustrajo sus zapatillas y un teléfono celular. Al resistirse, el ladrón le disparó en la palma de su mano izquierda.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que el conductor se encuentra fuera de peligro, internado en la Clínica Monte Grande. Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 2º de Esteban Echeverría e intervino la UFI N°2 descentralizada de esa localidad, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli, quien calificó la causa como robo y lesiones.

Tras conocerse el ataque, no sólo la línea 501 resolvió la medida de fuerza. Para apoyar el reclamo, se plegaron los trabajadores de las líneas 394 y 245.

Las tres líneas son parte de la empresa Monte Grande S.A y cumplen su recorrido en la zona de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

Más ataques a colectiveros en el AMBA

Dos semanas atrás, cuatro choferes de las líneas de colectivos 111 y 127 fueron víctimas de asaltos a mano armada, mientras realizaban sus respectivos recorridos por el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los episodio ocurrieron en un lapso de menos de dos horas y fueron perpetrados por un mismo delincuente, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad de las unidades. A partir de las imágenes, las autoridades detuvieron a un sospechoso.

El detenido, identificado como M.D.A., de 28 años y en situación de calle, está acusado de ser el ladrón que aparece en las filmaciones. El primero de los robos ocurrió a las 21.21 de esa noche. El asaltante viajaba en uno de los asientos ubicados en la parte delantera del colectivo, hasta que en determinado momento se levantó y le indicó al chofer que bajaría en la siguiente parada.

Cuando el vehículo reducía la velocidad, el delincuente tomó un arma de fuego de uno de los bolsillos de su campera y amenazó al conductor. Le quitó el teléfono celular y, no conforme con eso, le pidió dinero y hasta un reloj, objetos que la víctima no tenía. Durante la situación, una pasajera se alejó rápidamente de la escena y resguardó sus cosas al percatarse del peligro.

El segundo robo fue a las 22.15, cuando M.D.A. abordó un colectivo conducido por una mujer. No pagó pasaje, solo mostró un carnet y se sentó en el mismo asiento delantero. A menos de tres cuadras, se puso de pie. “¿Bajás?”, le preguntó la conductora antes de empezar a frenar. Luego, el sujeto le mostró el arma y le exigió sus pertenencias. Ella, sin embargo, se negó y alzó la voz: “¡Bajá!”, le dijo. El asaltante finalmente desistió y se retiró, apuntándole a un pasajero que se le asomaba.

Media hora después, con la misma metodología, intentó robar a otro chofer, quien le indicó que descendiera por las otras puertas. El delincuente amagó con hacerlo, pero retrocedió y regresó. Intentó intimidar a la víctima, aunque no lo logró. Al final, el colectivero le cerró la puerta en la cara y el asaltante tuvo que bajarse con el vehículo en movimiento.

El último asalto ocurrió minutos antes de las 23. En este caso, se llevó la billetera y el celular del conductor, y la mochila de una pasajera.

M.D.A. fue detenido luego de tareas de investigación realizadas por el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª de San Martín.

La aprehensión fue ordenada por el fiscal Favio Cardigonde, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, quien calificó el caso como robo agravado por el uso de arma de fuego no hallada.

Un pasajero violento en Pilar

A finales de agosto, un momento de furia entre un pasajero y un chofer de colectivo se vivió en la localidad de Fátima, partido de Pilar, cuando un conductor de la línea 350 fue brutalmente agredido por un hombre.

El agresor ascendió a la unidad en el partido de Moreno y abonó un viaje hasta la localidad de Manzanares, alrededor del kilómetro 59 de la Ruta Nacional 8, en Pilar. A la altura del barrio El Panchito (dos kilómetros después, el 61), el pasajero decidió unilateralmente que iba a viajar más allá del boleto que había sacado y así comenzó una discusión con el chofer, quien había relevado a otro compañero de trabajo luego de que finalizó el trayecto corto.

Cuando el conductor de la unidad, perteneciente a la empresa Ruta Bus, le indicó al hombre que debía bajarse del medio de transporte (que ya estaba a la altura del Río Luján) el pasajero atacó a golpes de puño al chofer. Producto de la pelea, el colectivero terminó con lesiones en la cabeza, pómulos y boca.

Para evitar recibir estos daños, los choferes exigen que haya cabinas de protección en cada unidad de transporte.

Un delincuente baleó en una mano a un chofer de colectivo de 34 años de la línea 501 durante un robo en Esteban Echeverría, por lo que los trabajadores de la empresa resolvieron hacer un paro en reclamo de medidas de seguridad. El hecho ocurrió esta madrugada, cuando el conductor fue asaltado al terminar su recorrido en la esquina de las calles Profesor A. Maxer y Juan Tweedie, en la localidad de Luis Guillón.

Fuentes policiales indicaron a Infobae, que el chofer -identificado como fue sorprendido por el último y único pasajero de la unidad, quien a punta de pistola, le sustrajo sus zapatillas y un teléfono celular. Al resistirse, el ladrón le disparó en la palma de su mano izquierda.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que el conductor se encuentra fuera de peligro, internado en la Clínica Monte Grande. Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 2º de Esteban Echeverría e intervino la UFI N°2 descentralizada de esa localidad, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli, quien calificó la causa como robo y lesiones.

Tras conocerse el ataque, no sólo la línea 501 resolvió la medida de fuerza. Para apoyar el reclamo, se plegaron los trabajadores de las líneas 394 y 245.

Las tres líneas son parte de la empresa Monte Grande S.A y cumplen su recorrido en la zona de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Se espera que durante la mañana se lleve a cabo una reunión con la Policía Bonaerense para ver si se implementan garantías para retomar el servicio.

Más ataques recientes a colectiveros en el AMBA

Dos semanas atrás, cuatro choferes de las líneas de colectivos 111 y 127 fueron víctimas de asaltos a mano armada, mientras realizaban sus respectivos recorridos por el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los episodio ocurrieron en un lapso de menos de dos horas y fueron perpetrados por un mismo delincuente, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad de las unidades. A partir de las imágenes, las autoridades detuvieron a un sospechoso.

El detenido, identificado como M.D.A., de 28 años y en situación de calle, está acusado de ser el ladrón que aparece en las filmaciones. El primero de los robos ocurrió a las 21.21 de esa noche. El asaltante viajaba en uno de los asientos ubicados en la parte delantera del colectivo, hasta que en determinado momento se levantó y le indicó al chofer que bajaría en la siguiente parada.

Cuando el vehículo reducía la velocidad, el delincuente tomó un arma de fuego de uno de los bolsillos de su campera y amenazó al conductor. Le quitó el teléfono celular y, no conforme con eso, le pidió dinero y hasta un reloj, objetos que la víctima no tenía. Durante la situación, una pasajera se alejó rápidamente de la escena y resguardó sus cosas al percatarse del peligro.

El segundo robo fue a las 22.15, cuando M.D.A. abordó un colectivo conducido por una mujer. No pagó pasaje, solo mostró un carnet y se sentó en el mismo asiento delantero. A menos de tres cuadras, se puso de pie. “¿Bajás?”, le preguntó la conductora antes de empezar a frenar. Luego, el sujeto le mostró el arma y le exigió sus pertenencias. Ella, sin embargo, se negó y alzó la voz: “¡Bajá!”, le dijo. El asaltante finalmente desistió y se retiró, apuntándole a un pasajero que se le asomaba.

Media hora después, con la misma metodología, intentó robar a otro chofer, quien le indicó que descendiera por las otras puertas. El delincuente amagó con hacerlo, pero retrocedió y regresó. Intentó intimidar a la víctima, aunque no lo logró. Al final, el colectivero le cerró la puerta en la cara y el asaltante tuvo que bajarse con el vehículo en movimiento.

El último asalto ocurrió minutos antes de las 23. En este caso, se llevó la billetera y el celular del conductor, y la mochila de una pasajera.

M.D.A. fue detenido luego de tareas de investigación realizadas por el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª de San Martín. Lo arrestaron en un domicilio del barrio de Villa Concepción, en ese distrito bonaerense.

La aprehensión fue ordenada por el fiscal Favio Cardigonde, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, quien calificó el caso como “robo agravado por el uso de arma de fuego no hallada”.

El detenido, identificado como M.D.A., de 28 años y en situación de calle, está acusado de ser el ladrón que aparece en las filmaciones. El primero de los robos ocurrió a las 21.21 de esa noche. El asaltante viajaba en uno de los asientos ubicados en la parte delantera del colectivo, hasta que en determinado momento se levantó y le indicó al chofer que bajaría en la siguiente parada.

Cuando el vehículo reducía la velocidad, sacó un arma de fuego de uno de los bolsillos de su campera y amenazó al conductor. Le quitó el teléfono celular y, no conforme con eso, le pidió dinero y hasta un reloj, objetos que la víctima no tenía. Durante la situación, una pasajera se alejó rápidamente de la escena y resguardó sus cosas al percatarse del peligro.

El segundo robo fue a las 22.15, cuando M.D.A. abordó un colectivo conducido por una mujer. No pagó pasaje, solo mostró un carnet y se sentó en el mismo asiento delantero. A menos de tres cuadras, se puso de pie. “¿Bajás?”, le preguntó la conductora antes de empezar a frenar. Luego, el sujeto le mostró el arma y le exigió sus pertenencias. Ella, sin embargo, se negó y alzó la voz: “¡Bajá!”, le dijo. El asaltante finalmente desistió y se retiró, apuntándole a un pasajero que se le asomaba.

Media hora después, con la misma metodología, intentó robar a otro chofer, quien le indicó que descendiera por las otras puertas. El delincuente amagó con hacerlo, pero retrocedió y regresó. Intentó intimidar a la víctima, aunque no lo logró. Al final, el colectivero le cerró la puerta en la cara y el asaltante tuvo que bajarse con el vehículo en movimiento.

El último asalto ocurrió minutos antes de las 23. En este caso, se llevó la billetera y el celular del conductor, y la mochila de una pasajera.

M.D.A. fue detenido luego de tareas de investigación realizadas por el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª de San Martín. Lo arrestaron en un domicilio del barrio de Villa Concepción, en ese distrito bonaerense.

Las cámaras de seguridad proporcionadas por la empresa de transporte afectada, Los Constituyentes S.A., fueron claves para identificarlo. El tatuaje en su cuello y la gorra que vestía coincidían con la descripción del sospechoso aportada por las víctimas y que se veía en los videos.

Al momento de su arresto, no tenía documento de identidad y alegó no recordar su número de DNI. En el allanamiento no se encontró ningún arma de fuego.

La aprehensión fue ordenada por el fiscal Favio Cardigonde, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, quien calificó el caso como “robo agravado por el uso de arma de fuego no hallada”. El detenido será indagado en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar si está involucrado en otros delitos similares en la zona.

Quien manejaba el vehículo que se llevó por delante a la autoridad fue identificado como Josué Antonio Tumba Morón, quien, desde un principio, mostró resistencia para presentar la documentación solicitada.

Se presume que Tumba Morón sería un colectivero informal. En el momento que fue intervenido, estaba junto a otras dos personas al interior del auto marca Kia y placa CAD-327. “No soy delincuente, estoy trabajando por lo legal”, dijo el conductor para justificar su accionar.

Justo cuando la grúa se acercaba para llevarse su vehículo, el sujeto lo puso en marcha de un momento a otro. Para evitar que se dé a la fuga, el efectivo Eduardo Otazu Chipa se paró frente al auto. Lamentablemente, esto no frenó las intenciones del conductor, quien pisó a fondo el acelerador y se llevó consigo al policía por toda la avenida Defensores del Morro.

En busca de salvar la vida de su colega, los otros miembros de la PNP que se encontraban presentes se subieron a un bus de transporte público para alcanzar al vehículo y detener a Tumba. Tras varios minutos, lograron interceptar al presunto colectivero, quien ya fue trasladado a la dependencia policial.

Pronunciamiento del Mininter

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que el titular de la cartera, Juan José Santiváñez, dispuso, a través de la Defensoría del Policía, la inmediata asistencia legal del agente afectado.

En tanto, indicaron que el conductor fue trasladado a la comisaría de La Curva, en Chorrillos y se encuentra detenido por tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad. “El sujeto no cuenta con licencia de conducir vigente, registra diversas infracciones de tránsito y no tiene permiso de lunas oscurecidas”, finaliza la misiva.

Pelea en la avenida Arequipa

La mañana de este miércoles 14, miembros de la PNP y agentes del Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro se enfrentaron a colectiveros en la avenida Arequipa. Los últimos se negaron a presentar documentos, además de evitar que sus vehículos fueran llevados al depósito.

El altercado, en el que intervino gran cantidad de personas, produjo congestión vehícular en una de las avenidas más concurridas de la capital.

Sin revisión técnica

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, durante los primeros tres meses del año, intervino un total de 1622 vehículos, encontrando que 536 de ellos, lo que equivale a un 33 %, operaban sin contar con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Esta falta no solo representa una infracción a las normativas vigentes, sino que también expone a los pasajeros a riesgos potenciales de accidentes, dada la dudosa integridad mecánica de dichas unidades.

Sin embargo, la carencia del CITV no ha sido el único hallazgo preocupante. Además, la institución detectó que 382 de las unidades intervenidas no poseían el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un elemento esencial para la cobertura de posibles incidentes.

La norma en cuestión, aprobada el pasado 30 de mayo, busca regular a las empresas de intermediación de servicios de transporte, como Uber, Didi, InDrive y Cabify, estableciendo la creación de un registro de conductores y eliminando justamente la supervisión de la ATU. La disposición fue vista, para un sector especializado, como un respaldo al transporte informal, principalmente del llamado taxi colectivo.

El proyecto de ley impone a las empresas que administran las aplicaciones de transporte la responsabilidad de recopilar y mantener datos sobre los choferes, sus vehículos y el servicio brindado. Sin embargo, limita la responsabilidad de estas a solo al servicio de intermediación, eximiéndolas de cualquier responsabilidad por delitos cometidos por los conductores.

De acuerdo a Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, uno de los aspectos más polémicos de este proyecto es que elimina las competencias de la ATU para regular el servicio de taxi en Lima y Callao.

En la actualidad, la autoridad es responsable de determinar las condiciones y requisitos para la prestación del servicio de taxi, contribuyendo así a su formalidad. No obstante, al eliminarse esta regulación, cualquier persona podría ofrecer el servicio de taxi sin necesidad de autorización de un organismo técnico.

“Para la aplicación de la presente Ley se deja sin efecto la disposición complementaria final segunda del Reglamento que regula la prestación del Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Taxi en Lima y Callao, aprobado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU”, se detalla en el el texto observado que lleva la firma del congresista Eduardo Salhuana, presidente de la Comisión de Transportes.

Observaciones del Ejecutivo

El Ejecutivo, a través del Oficio N° 127-2024-PR, expuso varias observaciones al proyecto de ley. Primero, indicó que aunque la ley pretende regular a las “empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte especial a través de plataformas tecnológicas”, en realidad afecta directamente al servicio de transporte terrestre. Introduce un nuevo término, “servicio privado de transporte especial”, sin definirlo claramente.

“No existe en nuestra normativa el servicio de taxi privado, eso no existe. Y si existiera, habría que modificar la ley primigenia, la Ley 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre), incorporar este nuevo servicio y también designarse quien va a encargarse la gestión y fiscalización”, dijo Quispe Candia al noticiero 24 Horas.

En tanto, el Ejecutivo remarcó sobre la polémica ley: “No brinda mayores alcances respecto de lo que se debe entender por dicho servicio; señalando únicamente que es prestado por aquellos conductores que son contratados a través de plataformas de intermediación; la falta de delimitación antes mencionada, conlleva a que este servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas, se interprete como la creación de un servicio de transporte que se prestaría únicamente por el uso de plataformas tecnológicas”.

La observación también subraya que la ley no especifica el régimen de autorización y fiscalización del llamado “servicio privado de transporte especial” ni designa las autoridades competentes, lo que implicaría que este tipo de servicio no estaría sujeto a estos procedimientos. Esto conlleva que quienes presten el servicio de transporte bajo esta modalidad no podrían ser fiscalizados ni autorizados por la ATU o las municipalidades provinciales.

El Ejecutivo también resaltó que la autógrafa no considera la autorización como requisito para que un conductor se incorpore a una empresa de intermediación, y elimina la obligación de contar con títulos habilitantes establecidos en la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU.

Consecuencias y reacciones

El documento advierte que esta falta de regulación y control podría poner en riesgo la vida y la salud de los usuarios, fomentando la informalidad y el uso ineficiente de la infraestructura vial.

Casi inmediatamente después de la aprobación de la ley, El Comercio reveló que federaciones de taxi colectivo en Lima estaban planeando usar aplicaciones de taxi para evadir la fiscalización de ATU.

La ATU también mostró su desacuerdo en perder competencias, expresando su posición a través de un oficio formal al MTC para que se observe la autógrafa.

A su vez, Alfonso Florez, gerente general de la fundación Transitemos, señaló: “No podemos dar normas con fines populistas. El transporte es una actividad técnica y encima es una modalidad que tiene que preservar la vida de las personas”.

Luego de los paros por conflictos salariales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llegó a un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del transporte del AMBA. El aumento se dará en forma de tres bonos.

El acuerdo fue rubricado entre la UTA y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP)y la Cámara del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

En mayo, junio y julio lo trabajadores del sector recibirán tres bonos de $250.000. De este modo, el salario inicial de este mes alcanzará los $773.000, a lo que se sumarán $101.160 por víaticos y el bono de $250.000. Los colectiveros cobrarán un total $1.088.160.

En junio, el básico ascenderá a $1.000.000, el adicional por viáticos a $137.256 y el bono también $250.000. El sueldo total llegará así a los $1.387.256 el próximo mes, a lo que se sumará el aguinaldo.

Para julio el básico llega a $1.060.000, los viáticos a $145.488 y la misma suma no remunerativa de $250.000. De esta manera, el total ascenderá a $1.455.488.

En agosto, el gremio conducido por Roberto Fernández llegó al acuerdo del pago de una suma no remunerativa de $100.000 a cuenta de la próxima paritaria.

De esta manera, se desactivó el paro con el que el sindicato amenazaba en el caso de no lograr un acuerdo.

Aumento de subsidios

La negociación se dio luego de que el gobierno decidiera incrementar los subsidios para que no suban las tarifas y genere presión sobre la inflación. Fue a través de la Resolución 4/2024 de la Secretaría de Transporte el Ejecutivo actualizó la estructura de costos reconocida para los operadores del AMBA. Se otorgó un incremento del 39%.

Así, los subsidios a cargo del gobierno nacional superarán los $80.000 millones mensuales, es decir, el equivalente la totalidad de los subsidios otorgados al transporte del interior del país durante 2023.

Sin embargo, se sigue registrando una brecha pronunciada entre los costos reconocidos por el gobierno y los costos que alegan tener las cámaras empresarias. Según datos publicados por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), al mes de abril, la diferencia es de $95.600 millones mensuales que corresponde en un 60% a Nación, en un 35% a Provincia de Buenos Aires y el 5% restante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, como resultado del congelamiento de las tarifas de colectivo, el porcentaje de los costos cubierto mediante el pago de tarifas se reducirá del 30% en marzo al 22% en junio, precisó un informe del IEPP (UBA-CONICET).

“El boleto de colectivos del AMBA sigue congelado en el mismo nivel desde el mes de febrero de 2024. Mientras las tarifas de transporte de América del Sur se ubican en una zona próxima a su valor promedio del período 2000-2005 en términos reales, para el AMBA se observa una caída del 67%. Esto implica que se trata de un caso excepcional en la prestación del servicio de capitales de la región”, detalló el estudio.

“Es importante señalar que las ciudades de la muestra también cuentan con subsidios al transporte. En San Pablo el subsidio representa el 53% de los costos del servicio, en Santiago de Chile el 65%, en Bogotá son del 55% mientras que en Montevideo los mismos se ubican en torno al 40% del costo del boleto”, agregó.