El Gobierno peruano dio un paso clave en su estrategia contra el narcotráfico: oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), una nueva estructura que reemplazará progresivamente al histórico Proyecto Especial Corah tras más de cuatro décadas de funcionamiento. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN en el diario oficial El Peruano, busca fortalecer la respuesta estatal frente al avance de los cultivos ilegales de hoja de coca vinculados a economías ilícitas.

La decisión marca un giro en la política pública antidrogas en el país. El nuevo programa dependerá directamente del Ministerio del Interior y tendrá como eje central la reducción del espacio cocalero ilegal en zonas estratégicas, incorporando no solo acciones de erradicación, sino también un enfoque integral que incluye variables ambientales, sociales, culturales y económicas en los territorios intervenidos.

Adiós al Corah: el fin de un programa con 43 años de historia

La creación del PRECIP implica la disolución progresiva del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah), creado en 1982 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este programa fue durante décadas la principal herramienta del Estado peruano para la erradicación de cultivos ilegales, inicialmente en el Alto Huallaga y luego en todo el territorio nacional.

Con el paso de los años, el Corah amplió su ámbito de intervención y operó con financiamiento internacional, especialmente del gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (INL). Sin embargo, las autoridades consideran que su estructura había quedado desfasada frente a la complejidad actual del tráfico ilícito de drogas y las dinámicas de expansión de los cultivos ilegales en diversas regiones del país.

El cierre del Corah deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días calendario, en paralelo a la implementación del nuevo programa. Para ello, el Ministerio del Interior conformará una comisión encargada de transferir bienes, documentos, activos y pasivos hacia el PRECIP, garantizando la continuidad operativa de las acciones de erradicación.

PRECIP: nueva estrategia con enfoque integral y metas claras

El PRECIP tendrá como principal objetivo reducir y erradicar los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030. A diferencia de su antecesor, este programa incorpora un enfoque más amplio que busca no solo eliminar sembríos ilícitos, sino también intervenir en las condiciones que favorecen su expansión.

Entre sus funciones destacan la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, el desarrollo de campañas de sensibilización en comunidades, así como la articulación con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional. Además, se enfatiza el respeto a las características de las poblaciones locales para reducir la conflictividad social que históricamente ha acompañado estas intervenciones.

En paralelo, el programa reconoce el impacto ambiental de los cultivos ilegales, especialmente en la Amazonía, donde la expansión cocalera está vinculada a la deforestación y pérdida de biodiversidad. En ese sentido, la erradicación es planteada también como una herramienta para la protección de ecosistemas vulnerables.

En lo que va de 2026, las operaciones de erradicación ya muestran avances. Según información oficial, se han eliminado 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que habría evitado la producción potencial de más de 11 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Estas acciones forman parte de una meta nacional de 19.000 hectáreas a erradicar durante el año.

Las intervenciones se concentran en zonas como Aguaytía, en la región Ucayali, y continuarán en otros ejes operativos como Putumayo, Caballococha, Tingo María, Atalaya y Callería. Solo en una jornada del 8 de marzo, brigadas lograron eliminar más de 40 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

El PRECIP tendrá una vigencia inicial de cinco años y será financiado con recursos del Ministerio del Interior, transferencias de Devida y aportes de cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público. Durante su primer año, estará habilitado para contratar personal bajo el régimen CAS con el fin de asegurar su operatividad inmediata.

La acción se centró en un complejo cocalero compuesto por tres estructuras, que fue hallado y destruido por soldados de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 2., según el reporte oficial.

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Durante el operativo, las tropas incautaron 822 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 428 kilogramos de insumos sólidos y 2.784 galones (10.540 litros) de componentes líquidos, además de equipos y maquinaria utilizados en la fabricación de estupefacientes, cuya destrucción fue controlada y afectó de manera directa la capacidad financiera y logística del grupo armado.

La intervención militar, que fue paralela con otro operativo en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, logró desmantelar un punto de procesamiento de material ilícito con una capacidad mensual de 4,5 toneladas de droga.

La droga producida en estos laboratorios era comercializada a través de rutas que cruzan la frontera con Venezuela. Información de inteligencia militar detalló que los cargamentos salían hacia el lago de Maracaibo, en el país vecino, desde donde se transportaban a Centroamérica y los Estados Unidos.

Las autoridades aseguraron que la ofensiva continuará en regiones donde los grupos armados mantienen infraestructuras similares. El objetivo es debilitar las redes del narcotráfico y limitar el accionar de las organizaciones ilegales que operan, especialmente, en este punto de la frontera.

Cayeron ‘El Tío’ y ‘Ciro’, presuntos cabecillas del Clan del Golfo, en Santander

El lunes 9 de marzo de 2026, voceros de la Segunda División del Ejército Nacional confirmaron la captura en flagrancia de alias El Tío y alias Ciro, señalados como presuntos cabecillas del Clan del Golfo.

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, detuvieron a ambos sujetos en la vereda La Gómez, jurisdicción de Sabana de Torres, Santander, tras una operación sustentada en labores de inteligencia militar en el Magdalena Medio.

Alias El Tío, también identificado como Álex, sería el posible cabecilla de zona, mientras que “Ciro”, sería un segundo cabecilla. De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían vinculados a actividades delictivas principalmente en la región de San José de los Chorros, en el municipio de Rionegro, Santander, y en sectores rurales y urbanos de Sabana de Torres, en el mismo departamento.

Alias El Tío llevaba dos años operando dentro del Clan del Golfo. Según informes, era el encargado de realizar extorsiones a comerciantes, ganaderos y otros sectores productivos, además de tener responsabilidades en homicidios selectivos en la región. Alias Ciro integró la estructura por al menos un año y, al parecer, también participaba en extorsiones y, presuntamente, seleccionaba a los sicarios para ejecutar asesinatos.

Durante el procedimiento, se incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal, dos granadas de fragmentación, cinco cartuchos calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares. Estos elementos, según las autoridades, eran empleados por la subestructura Edgar Madrid Benjumea del autodenominado EGC para fortalecer sus actividades ilícitas en la región.

Ambos deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los voceros de la institución militar afirmaron que las dos capturas contribuyen a la afectación directa de la capacidad de coordinación, financiamiento y reorganización del grupo armado en Santander.

También informaron que este resultado operacional debilitaría los planes de expansión y reorganización de la organización criminal, neutralizando parte de sus intenciones en una región estratégica para sus operaciones.

En 2025, uno de los temas que más generó debate fue la forma con la que las autoridades en Colombia están trabajando para evitar que siga aumentando el número de cultivos de hoja de coca.

En ese sentido, el 16 de enero la Policía Nacional publicó un informe en el que se mencionaron las acciones del Estado para reducir los cultivos en el territorio nacional durante el último cuatrenio.

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“La Policía Nacional ha venido implementando una estrategia integral a través de incautaciones y capturas de narcotraficantes, frenando la expansión de nuevos cultivos ilícitos, combinando una línea preventiva denominada Oxígeno y una acción reactiva Asfixia, reflejadas en operaciones sostenidas en todo el territorio nacional”, afirmó el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, al respecto.

Desde la institución se mencionó que la Policía Nacional ha implementado estrategias de control, erradicación, sustitución y afectación de economías ilícitas que han dejado los siguientes resultados:

Como punto principal, se afirmó que en el país se registró una reducción del 56,9% de los cultivos de hoja de coca, pasando de 35.231 a 15.159 en los últimos años.

A pesar de la cifra mencionada, Colombia sigue siendo el país que más cultivos de hoja de coca tiene en el mundo, seguido por Perú y Bolivia, aunque la cantidad que hay en estas naciones es ampliamente inferior.

Respecto al monitoreo y control en las zonas en las que más hay cultivos, la Policía Nacional, a través del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos, creado en 2018, ha realizado mediciones técnicas mediante cuadrantes georreferenciados, apoyados en monitoreo satelital y sobrevuelos a baja altura.

El accionar mencionado permite identificar el color de la hoja de coca y determinar su estado de siembra. Esta herramienta es clave para la toma de decisiones operacionales y la focalización de las intervenciones en los territorios.

En el informe se mencionan cuatro puntos claves, que incluyen los nuevos cultivos, los que han sido retomados, los lotes improductivos y los que se han mantenido estables en los últimos cuatro años.

Este fue el balance expuesto por la Policía Nacional en esos sentidos:

• Nuevos cultivos desde 2022: los nuevos cultivos de coca se redujeron de 35.231 hectáreas a 15.159 hectáreas, lo que representa una disminución del 56,9%, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y la región del Catatumbo.
• Cultivos retomados: las áreas que habían dejado de ser productivas y retomaron su actividad se redujeron de 62.233 hectáreas a 30.851 hectáreas, equivalente a una disminución del 51%, con un punto de inflexión registrado a finales de 2023.
• Lotes no productivos: se registra una disminución de 56.639 hectáreas correspondientes en zonas donde anteriormente existieron cultivos de coca, pero que actualmente no presentan esta condición.
• Lotes productivos estables: la institución tiene georreferenciadas las zonas donde persiste de manera continua la detección de cultivos de hoja de coca, abarcando una extensión aproximada de 216.169 hectáreas.

Así se referencia a Colombia y los cultivos de hoja de coca en el mundo

Colombia figura como el principal productor mundial de hoja de coca, insumo base para la elaboración de cocaína. Informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Casa Blanca señalan que el país concentra la mayor extensión de cultivos ilícitos de esta planta, superando a Perú y Bolivia, los otros grandes productores.

El territorio colombiano alberga la mayor parte de la producción global, con cifras que fluctúan según los reportes anuales, pero que consistentemente lo ubican en el primer puesto, en la mayoría de los casos con un apoyo directo de los grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc para que se mantenga este negocio ilícito.

En Antioquia, las autoridades departamentales reportaron que durante 2025 únicamente se tuvo conocimiento de una operación contra cultivos ilícitos, la cual se desarrolló en el municipio de Amalfí y terminó con la muerte de 13 integrantes de la Policía Nacional.

La información fue entregada por la Gobernación del departamento, que expresó preocupación por la extensión actual de los sembradíos de coca en el territorio, de acuerdo con un reporte publicado por Blu Radio.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que el operativo ocurrido en Amalfí es el único del que tuvo conocimiento directo durante el año anterior, principalmente por el impacto que generó el ataque armado contra el grupo de uniformados que adelantaba labores de aspersión manual.

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Según indicó el funcionario, ese hecho marcó el balance departamental en materia de acciones contra los cultivos ilícitos.

De acuerdo con la información oficial entregada por la administración departamental, Antioquia registra más de 23.000 hectáreas de coca sembradas, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades locales. El dato corresponde a los registros consolidados sobre la presencia de cultivos de uso ilícito en distintas subregiones del departamento, donde operan varios actores armados.

Martínez señaló que la ausencia de más operativos contra estos cultivos durante 2025 genera inquietud dentro del gobierno departamental, en especial por la relación directa entre las economías ilegales y los niveles de violencia registrados en distintas zonas rurales. En ese contexto, hizo referencia a la responsabilidad del Gobierno nacional frente a la implementación de estrategias de erradicación.

“Esa es la única actividad que yo como secretario de seguridad tuve conocimiento y eso por el hecho que se presentó. Lo único que sí tengo que dejar claro es que el departamento tiene más de 23.000 ha de coca sembradas. Aquí el Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para acabar con ese flagelo”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El secretario también se refirió a la violencia asociada al narcotráfico, la cual, según indicó, está relacionada con la disputa territorial entre diferentes estructuras armadas ilegales. En Antioquia, estas confrontaciones involucran a guerrillas como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas.

Según la Gobernación, estas disputas inciden directamente en la seguridad de las comunidades y en la capacidad del Estado para adelantar acciones de erradicación o sustitución de cultivos, especialmente en zonas de difícil acceso donde la presencia institucional es limitada.

En contraste con el balance de operativos contra cultivos ilícitos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio, entregó cifras relacionadas con los programas de sustitución voluntaria en Antioquia. Estos datos corresponden a los registros administrativos vigentes hasta el 10 de diciembre de 2025.

Según ese informe, en el municipio de Anorí se reportaron 516 hectáreas en procesos de sustitución. En Briceño, la cifra asciende a 322 hectáreas, mientras que en Cáceres se contabilizaron 326 hectáreas vinculadas a estos programas. En el caso de Ituango, se registraron 225 hectáreas, en el marco de iniciativas como el PNIS y RenHacemos.

El reporte oficial también incluye al municipio de Tarazá, donde se documentaron 534 hectáreas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas cifras hacen parte de los esfuerzos institucionales orientados a reemplazar economías ilegales por actividades productivas legales, bajo esquemas acordados con las comunidades.

En total, el consolidado entregado por la Agencia de Renovación del Territorio indica que 1.923 hectáreas se encuentran en procesos de sustitución en Antioquia. Este número contrasta con las más de 23.000 hectáreas de coca reportadas en el departamento, de acuerdo con los datos citados por la Gobernación.

Las autoridades departamentales continúan realizando seguimiento a la evolución de estos indicadores, tanto en lo relacionado con la presencia de cultivos ilícitos como con los avances de los programas de sustitución. La información recopilada sirve como base para los análisis de seguridad y para la coordinación con entidades del orden nacional.

El caso del operativo en Amalfí, en el que murieron 13 policías, sigue siendo uno de los hechos más relevantes en el balance de 2025 para Antioquia en materia de lucha contra los cultivos ilícitos, según el reporte divulgado por Blu Radio.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la difusión de una nota sobre sus palabras en un acto de ascensos en la Policía Nacional el 13 de noviembre de 2025 y usó su cuenta para exponer su posición sobre el informe de Naciones Unidas de los cálculos de productividad en cultivos de hoja de coca y sobre la interpretación de esas cifras.

La publicación presentó un texto amplio en el que el presidente expresó su desacuerdo con la idea de que él buscó descalificar el documento y señaló que su observación se dirigía hacia el método usado para proyectar la capacidad de producción.

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El jefe de Estado escribió: “Esto no es cierto, el informe, tiene datos en su mayoría pertinentes. Lo que sí es una estupidez científica, es haberle aplicado a 80.000 hectáreas abandonadas hace más de tres años, y con productividad muy baja, la alta productividad de las zonas de enclave”.

“Así dispararon falsamente la cifra de potencial de producción y así engañaron a Trump. Y peor así se ocultó que el crecimiento de la incautación de cocaína es más rápido que el de cultivos de hoja de coca que está llegando a cero”, agregó el mandatario a su mensaje.

Petro indicó que todo su problema con el país que dirige Trump se debe la confusión generada por la interpretación del informe de Naciones Unidas; esto ocurrió pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reconoció que su método para medir los cultivos de hoja de coca y el potencial de producción de cocaína en Colombia contiene “errores metodológicos que afectaron la actualización de datos en varias regiones” desde 2019.

El reconocimiento público se registró luego de que un salto del 53% en la producción potencial alarmó la comunidad internacional y se convirtió en argumento para que el Gobierno Donald Trump decidiera descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico para 2026.

No es la primera vez que el presidente arremetió contra el informe de la ONU

El mandatario ya había expuesto parte de esos puntos durante el acto de ascensos, pues en esa intervención explicó que la estructura del comercio de drogas sufrió un cambio por la expansión del mercado europeo.

Allí afirmó: “Como el mercado de Europa se expande rápidamente, es el que más crece en el mundo, también las mafias se coordinan a nivel multinacional para llevar la producción hacia Europa”.

En esa misma intervención, el presidente explicó que el documento de Naciones Unidas incluyó mapas que mostraron 80.000 hectáreas sin uso desde hace tres años y expuso que ese dato no pasó al análisis central, lo que produjo un cálculo que, según él, no reflejó la situación real.

Petro afirmó que los medios nacionales no interpretan de forma adecuada los elementos técnicos que acompañan el informe y que, por esa razón, surgió un documento “absolutamente falso para Colombia”. También indicó que Naciones Unidas aceptó revisar sus cifras después de reconocer errores de método. Esta revisión, según el mandatario, permitirá precisar la diferencia entre zonas con alta productividad y zonas abandonadas.

En su intervención oficial planteó que no es correcto asignar la misma productividad a la totalidad de las 250.000 hectáreas señaladas como superficie de cultivos ilícitos. Explicó que las zonas con mayor circulación de cocaína, como el litoral nariñense, el Catatumbo y Putumayo, sí cuentan con actividad sostenida.

El jefe de Estado mencionó de nuevo la expresión “estupidez científica” al referirse a esa equivalencia entre zonas con actividad y zonas sin uso. Aseguró que ya comunicó este punto a los responsables del informe y que solicitó al general de la Policía la entrega de un mapa actualizado para 2025, además del correspondiente a 2023.

Con esa información espera determinar el avance en la sustitución de cultivos y el estado de las 80.000 hectáreas que permanecen en abandono dentro de la Amazonía colombiana.

La discusión sobre el aumento de los cultivos de coca en Colombia provocó en la tarde del martes 28 de octubre de 2025 un fuerte cruce de acusaciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar; dos viejos contendores políticos, que en las últimas semanas han intensificado sus enfrentamientos mediáticos, ahora por cuenta del preocupante balance en la lucha antidrogas.

En un mensaje difundido en su perfil de X, en el que lo siguen más de 8,3 millones de usuarios, el mandatario colombiano calificó de “mentira inmensa” las cifras presentadas por la representante republicana, que aseguró que bajo su gobierno las plantaciones de coca han crecido un 300%. “Esto es una mentira inmensa”, afirmó Gustavo Petro en su declaración pública, desmintiendo de forma categórica los datos difundidos por la legisladora.

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El jefe de Estado detalló la evolución de los cultivos de hoja de coca en los últimos años, al comparar los incrementos registrados durante diferentes administraciones. “En solo un año los cultivos de hoja de Coca crecieron 111% en el 2013, en el gobierno (Juan Manuel) Santos y 42% en el 2021 del gobierno de (Iván) Duque; en dos años de gobierno solo crecieron 12% en vontando 2023 y 2024 (sic)”, precisó el jefe de Estado en su mensaje, que causó reacciones.

Y es que, según Petro, el aumento durante su gestión ha sido considerablemente menor al señalado por la congresista, y de hecho, la respuesta del gobernante incluyó una crítica a la formación académica de la legisladora estadounidense. “¿Dónde habrá estudiado matemáticas la senadora norteamericana María Elvira Salazar?”, se cuestionó el presidente en su intervención, al poner en duda la veracidad y el rigor de los datos presentados por la parlamentaria oficialista.

Los señalamientos de María Elvira Salazar que causaron la furia de Gustavo Petro

Por su parte, Salazar sostuvo una postura frontal contra el mandatario, al vincular el aumento de los cultivos de coca con un deterioro en la relación bilateral entre ambos países. “Colombia fue alguna vez una democracia próspera y un aliado confiable de Estados Unidos. Bajo Petro, los cultivos de coca crecieron un 300%, él defiende a los carteles, ataca a América y falta al respeto al liderazgo de nuestra nación”, expresó la congresista, afín al presidente Donald Trump.

E incluso, la periodista de base, de origen cubano, que se ha convertido en una figura influyente en el espectro político latino en el país norteamericano, fue más allá en sus señalamientos, y lanzó acusaciones contra el presidente de los colombianos. “Petro es un ladrón, un marxista y un terrorista, y no es bienvenido en los Estados Unidos”, afirmó Salazar, que no dudó en señalar a su interlocutor con duros calificativos sobre su gestión frente al crimen.

Este rifirrafe entre Petro y Salazar se conoció en el mismo día en que el jefe de Estado informó, antes de la publicación oficial del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que los cultivos de coca en Colombia aumentaron 3,6% en 2024, alcanzando 262.000 hectáreas. El anuncio lo hizo a través de la red social X, refiriéndose al atraso en la divulgación del reporte anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

En ese sentido, Petro explicó que las “narcosiembras” solo subieron un 3% y en defensa de su gestión mencionó que se están revisando los datos para evitar errores como los ocurridos en 2023, de acuerdo con reportes de medios como El Tiempo y Blu Radio. También insistió en la necesidad de incluir la productividad por zonas y de diferenciar entre los enclaves actuales de cultivos y las áreas que han sido abandonadas desde hace más de tres años para un panorama más preciso.

El retiro de la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas por el aumento de los cultivos de hoja de coca en el territorio nacional supuso un duro golpe para el Gobierno nacional.

La decisión, adoptada por el Gobierno de Donald Trump, implica la inclusión de Colombia en la lista de países considerados no cooperantes en la lucha contra el narcotráfico, lo que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos países y afecta directamente la asignación de recursos, que hasta ahora ascendía a unos 380 millones de dólares anuales.

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Sobre las consecuencias de la descertificación, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, en sus redes sociales responsabilizó a la actual administración de fomentar los cultivos ilícitos.

“Según el Petrosantismo, haber dejado crecer la coca de 40mil a 220mil hectáreas, combustible de la violencia, no tiene nada que ver con su fracasado pacto de La Habana. Sacan pecho hablando de 13mil desmovilizados. La Seguridad Democrática desmovilizó 50mil sin hacerles un tribunal a la medida”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, recordó que en el plebiscito para ejecutar el armisticio con las extintas Farc ganó el NO. Incluso, sostuvo que es necesario que el próximo presidente electo desmonte el Acuerdo de Paz.

“Se pasaron el voto popular por la faja y tienen el descaro de indignarse cuando les critican ese esperpento. Tan delicados. Dios quiera que el próximo presidente tenga el talante y el talento para desmontar ese adefesio institucional, burocrático, pro FARC y antidemocrático”.

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que el aumento del los cultivos de coca en el país es producto de las políticas implementadas por su antecesor Iván Duque.

“El mayor crecimiento en número de hectáreas de hoja de coca se produjo en el gobierno de su pupilo: el señor Duque, en el año 2021”, aseguró.

Petro defendió su política de drogas tras el aumento de la producción de hoja de coca en Colombia

En medio de tensiones entre el Gobierno nacional, Consejo de Estado y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el 17 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una nueva alocución en la que el tema central fue la defensa y seguridad nacional sobre los cultivos de uso ilícito.

Durante su intervención, explicó con detalle cómo ha avanzado la expansión de los cultivos de coca en el territorio nacional bajo su administración. En ese sentido, dijo que es una “trampa” calificar a Colombia como un país con “potencial cocalero”.

“Estas zonas están ubicadas en zonas costeras para mandarla a diferentes zonas como a Brasil, Europa, Australia, Estados Unidos, entre otros países, por eso han abandonado otras zonas. Es una trampa decir que Colombia es una zona con potencial cocalero”, señaló Petro.

Para el primer mandatario, ese argumento fue la principal razón por la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. De igual manera, señaló que su homólogo supuestamente utiliza una narrativa para tapar las problemáticas que experimenta el país norteamericano sobre el consumo de drogas, en especial, el fentanilo.

En su exposición, Petro proyectó una gráfica en la que comparó el impacto de las incautaciones con respecto a los cultivos de coca, justificando con datos el éxito de su política contra las drogas.

“A nosotros nos descertifican cuando somos el Gobierno en el que el cultivo de coca prácticamente no creció. Espero que para el próximo año el crecimiento sea negativo”, señaló el gobernante de los colombianos.

En medio de tensiones entre el Gobierno nacional, Consejo de Estado y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el 17 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una nueva alocución en la que el tema central fue la defensa y seguridad nacional sobre los cultivos de uso ilícito.

Durante su intervención, explicó con detalle cómo ha avanzado la expansión de los cultivos de coca en el territorio nacional bajo su administración. En ese sentido, dijo que es una “trampa” calificar a Colombia como un país con “potencial cocalero”.

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“Estas zonas están ubicadas en zonas costeras para mandarla a diferentes zonas como a Brasil, Europa, Australia, Estados Unidos, entre otros países, por eso han abandonado otras zonas. Es una trampa decir que Colombia es una zona con potencial cocalero”, señaló Petro.

Para el primer mandatario, ese argumento fue la principal razón por la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. De igual manera, señaló que su homólogo supuestamente utiliza una narrativa para tapar las problemáticas que experimenta el país norteamericano sobre el consumo de drogas, en especial, el fentanilo.

En su exposición, Petro proyectó una gráfica en la que comparó el impacto de las incautaciones con respecto a los cultivos de coca, justificando con datos el éxito de su política contra las drogas.

“A nosotros nos descertifican cuando somos el Gobierno en el que el cultivo de coca prácticamente no creció. Espero que para el próximo año el crecimiento sea negativo”, señaló el gobernante de los colombianos.

Y agregó “Mi política es incautar la cocaína, no quemarle el rancho al campesino o llenarle el terreno de veneno o sacarlo de su tierra”.

Así las cosas, Petro sostuvo que planteó a la Asamblea de las Naciones Unidas utilizar su modelo antidrogas para tomar un nuevo enfoque a nivel mundial en la lucha contra las sustancias alucinógenas.

El mandatario colombiano insistió en cuestionar la descertificación de Colombia, teniendo en cuenta que su Gobierno incautó más cocaína de la que se podía albergar. Además, señaló que la droga que se produce en el territorio colombiano se transporta a Ecuador, donde sale hacia distintos países del mundo por el pacífico.

“Hemos logrado disminuir la salida de droga por los puertos. A donde se va esa droga a Ecuador, donde utilizan los puertos ecuatorianos como plataforma de exportación”, explicó Petro.

En este contexto, señaló que es necesario implementar una política antidrogas conjunta a nivel continental para frenar el poderío de los grupos dedicados al narcotráfico.

Petro también dijo que a nivel internacional comparten “un mapa mentiroso de un país lleno de sangre”, cuando se refieren a la situación que experimenta Colombia en materia de cultivos ilícitos.

Gustavo Petro expuso cuál es la relación entre violencia y drogas

Según el presidente Gustavo Petro, el aumento de la violencia y homicidios no está ligado a las zonas en las que hay mayores cultivos de coca, sino en las ciudades grandes como Bogotá o Cali, porque en esas urbes habitan las bandas criminales que manejan los negocios ilícitos en el territorio nacional.

“Son las bandas criminales las que generan violencia los campesinos que cultivan coca, por lo que el mapa que comparten a nivel internacional es falso”, aseveró el mandatario.

Incluso, llegó a mencionar que puede haber una alianza entre las bandas y políticos de las grandes ciudades en materia electoral y financiera. “Es ahí donde debemos actuar con la Fiscalía y las autoridades para resolver el problema”.

Frente a la complejidad de la problemática de la producción de drogas, el jefe de Estado planteó que su administración debe variar el abordaje, por lo que es necesario que se enfoquen apoyos a los jóvenes que son reclutados por las bandas. Otra estrategia que sugirió es que la Fiscalía General de la Nación “no tenga miedo de investigar políticos y cortar sus nexos con bandas y políticos tradicionales que intercambian dinero por protección”, según sus palabras.

Tatiana Barreto y Juan Correa, influencers colombianos instalados en España y Alemania, han hecho de los prejuicios a los que se han enfrentado en Europa su propio material de comedia.

Con tono sarcástico, ambos relatan esas interacciones repetitivas en las que su nacionalidad aparece en primer plano, como si llevaran la palabra “Colombia” tatuada en la frente. Entre anécdotas, sobresale el clásico europeo que, al escuchar un acento colombiano, afina la puntería con referencias al “polvo blanco”.

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El repertorio de chistes gira en torno a preguntas tan predecibles como incómodas.

Para sortear la situación, la respuesta ingeniosa de enseñar una bolsa de harina pan queda grabada en la memoria colectiva digital, mientras deja en evidencia una presunción tan internacional como el café, pero mucho menos agradable.

Porque cada vez que el interrogatorio se repite, el estigma se recicla: la sombra del narco pesa más que la maleta.

Las mujeres, por su parte, no zafan del menú de estereotipos. Como expone Tatiana Barreto ante la cámara, una sonrisa puede levantar sospechas de rapto marital, y los atuendos veraniegos provocan aclaraciones humorísticas sobre taparrabos: “solo me lo pongo cuando juego con el español”.

Ni siquiera el acto de tomar un tren o compartir objetos se libra del análisis: correr no es deporte, es no perder el transporte, y el principio de “aquí también aplican las cosas no son del dueño sino del que las necesita” se convierte en doctrina de supervivencia migrante.

Esta comedia repetitiva encuentra su guion en la frase de Gabriel García Márquez: “Nacemos sospechosos y morimos culpables... Para cualquier asunto internacional... los colombianos tenemos que empezar por demostrar nuestra inocencia”.

Varias décadas después, la sentencia sigue vigente en la experiencia de miles de migrantes, que deben probar, día tras día, que el pasaporte no lleva implícito prontuario. No importa cuánto hayan estudiado, trabajado o aportado: lo primero que ven es el gentilicio.

Lo paradójico, como subrayan Barreto y Correa, es que existe otra Colombia: diversa, creativa, esforzada y honesta, aunque esa postal rara vez hace escala en el imaginario europeo. La nacionalidad se convierte en la carta de presentación absoluta y, por mucho que la maleta lleve sueños, lo que suele pesar en la balanza es el estereotipo.

La discriminación y el estigma construyen, entonces, una barrera tan sólida como cualquier frontera física. Los testimonios de estos creadores de contenido demuestran que, por mucho que uno cambie de continente o de idioma, la nacionalidad (con todos sus clichés) viaja en clase preferente. Así, las peripecias de los colombianos en Europa continúan alimentando el humor, pero también el debate sobre la integración y la identidad.

Estos dos influencers suelen mostrar en redes sociales su día a día como migrantes, allí desde el humor enseñan a otros latinos sobre lo que se van a encontrar; particularidades del lenguaje, medios de transporte, horarios de los supermercados, reglas extrañas de convivencia y lo que más extrañan del país.

Tatiana Barreto, es especialista en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, ha utilizado su experiencia personal para crear contenido que refleja las dificultades y aprendizajes de quienes deciden establecerse fuera de Colombia.

A través de sus videos, Barreto se ha convertido en portavoz de una comunidad que enfrenta desafíos similares, visibilizando situaciones de discriminación y adaptación en el país ibérico. Su labor ha trascendido el entretenimiento, posicionándola como una referencia para otros migrantes y otorgándole una creciente popularidad en el entorno digital.

Juan Correa, es residente en Alemania, y comparte regularmente anécdotas sobre su proceso de adaptación y las particularidades de la vida cotidiana en ese país.

La presencia de colombianos como Tatiana Barreto y Juan Correa en redes sociales evidencia la diversidad de estrategias y relatos que surgen al enfrentar la migración. Sus historias, lejos de limitarse a lo anecdótico, contribuyen a construir una narrativa colectiva sobre la integración, la resiliencia y la búsqueda de pertenencia en tierras extranjeras.

Además de alejarse de las negociaciones de paz, las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” han optado por instrumentalizar a las comunidades para que interrumpan las labores de la fuerza pública.

De la misma forma, se han encargado de perseguir a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades que no sigan sus instrucciones, principalmente su incursión en el narcotráfico.

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Cauca ha sido una de las zonas más afectadas por esta problemática, puesto que las disidencias de “Iván Mordisco” han atacado de manera permanente a la comunidad nasa en la región.

La intensidad de los hostigamientos ha hecho que, de acuerdo con un informe presentado por Noticias Uno, la Fiscalía General de la Nación este planteando la posibilidad de declarar que lo que se registra allí es un etnocidio.

Cabe mencionar que un etnocidio es la destrucción sistemática de la identidad cultural de un pueblo o grupo étnico, a menudo a través de la imposición de la cultura del grupo dominante y la supresión de sus propias tradiciones, valores y conocimientos.

La comunidad Nasa se caracteriza por su cosmovisión ligada a la tierra, el agua y el sol, su idioma ancestral es el nasa yuwe, un sistema de educación propia y una fuerte organización social y cultural, incluyendo la Guardia Indígena y rituales ancestrales.

También se identifican por su economía basada en la agricultura, la preservación de la biodiversidad, y prácticas como el tejido como expresión cultural, lo que les permite mantener su identidad frente a los desafíos del contexto urbano y del conflicto armado.

Las disidencias han asesinado a 18 sabedores, más de 140 líderes indígenas y han reclutado de manera permanente a los jóvenes de la región. “Tenemos tres casos de asesinato de menores entre los 10 y 15 años de edad. Tenemos un promedio de 30 hostigamientos en territorios poblados. Hoy nos agobia una estrategia de unos actores del conflicto armado, se consideran dueños de nuestro territorio”, denunció Eibar Fernández, que hace parte de la autoridad indígena Nasa

Coca Nasa y el proyecto que busca cambiar la perspectiva que se tiene sobre la planta

Debido a sus arraigadas costumbres y tradiciones en cuanto al respeto y a la conservación de la naturaleza, el pueblo indígena nasa cultiva y consume la hoja de coca con fines medicinales y rituales, lo cual ha trascendido hasta la comercialización de más 20 productos a base de hoja de coca 100% legales.

Esta empresa nació en 1998 luego de que Fabiola Piñacué emprendió vendiendo aromáticas de coca en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo que la llevó a fundar la compañía con la que arraigó un proyecto de paz bajo el lema “De los pueblos indígenas para Colombia y el mundo”.

De esta forma, Coca Nasa se convirtió en la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca con permiso para el uso y registro sanitario de sus productos en Colombia; lo cual fue tipificado en 2005 bajo la cobertura del artículo 7° de la Ley 30 de 1986 y el artículo 14 de la Ley 67 de 1993. La compañía cuenta con más de 20 productos en el mercado.

Platos o bebidas a base de hoja de coca

Coctel en Oda: hecho con base destilada de ginebra, este producto es acompañado con viche infusionado, licor de guanábana, espumoso y hoja de coca; ingrediente que se repite junto al eucalipto en una mezcla de polvo.

Salvo Patria: este plato fuerte contiene fideos de mambe en una conversión del ramen de cerdo; esta preparación fue inventada por el chef Alejandro Gutiérrez en el Reto Coca, recreando un clásico asiático, pero con ingredientes colombianos, incluyendo la hoja de coca.

El Chato: mambe y helado de limonaria son los principales ingredientes del postre elaborado por el chef bogotano Álvaro Clavijo.

Postre de Cascajal: bajo la denominación de Amazonas, este postre contiene una galleta de yuca y mambe corona, el cual hace parte del menú del chef Andrés Fernándes León.

En Putumayo, más de 500 familias residentes en la zona rural de Villa Garzón decidieron iniciar un proceso de transformación productiva en sus tierras.

La decisión, tomada en 19 veredas de la región de San Juan, consiste en sustituir de manera voluntaria aproximadamente 1.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas con cultivos como cacao, plátano y otras especies agrícolas propias de la región.

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De acuerdo con la Revista Semana, el anuncio se conoce en un contexto complejo para la política antidrogas nacional, luego de que Estados Unidos incluyera a Colombia en la lista de países desertificados en esta materia.

A pesar de las tensiones diplomáticas, el gobierno colombiano destacó este proceso como un ejemplo de concertación entre comunidades y autoridades para reducir la dependencia de cultivos ilícitos.

Desde el Ministerio de Defensa se informó que este “proyecto, busca reemplazar los cultivos ilegales, por actividades productivas legales, a través del diálogo, la concertación con las comunidades campesinas y el apoyo estatal”.

Según la entidad, la iniciativa pretende fortalecer alternativas que brinden estabilidad a largo plazo y permitan a los habitantes integrarse de manera sostenible a la economía legal.

El gobierno explicó que la estrategia se diferencia de otros enfoques utilizados en el pasado. “A diferencia de la erradicación forzada, que a menudo genera conflictos sociales y violencia, la sustitución voluntaria promueve una transición más sostenible y pacífica, al reconocer los derechos y necesidades de quienes han cultivado estos productos por falta de alternativas viables”.

Con ello se busca garantizar un proceso con menor riesgo de confrontación y mayor participación de las comunidades rurales.

El Ministerio detalló que para hacer viable la sustitución, “las autoridades brindarán, de manera permanente, acompañamiento técnico, infraestructura y acceso a mercados, y de esta manera facilitar una integración real de estas comunidades a la economía legal”.

Este acompañamiento se considera fundamental para asegurar que los campesinos cuenten con herramientas que permitan desarrollar actividades agrícolas competitivas y estables.

La iniciativa fue anunciada en medio de un encuentro en el que participó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien viajó al Putumayo para reunirse con las familias y explicar las medidas de apoyo institucional. Durante la visita, las autoridades reiteraron que el objetivo central es garantizar que los habitantes de zonas con presencia de cultivos ilícitos encuentren opciones productivas que les permitan dejar de depender de la coca.

El gobierno sostuvo que la transición voluntaria está diseñada como un proceso a largo plazo. La intención es que los campesinos no solo abandonen la siembra de hoja de coca, sino que desarrollen nuevas capacidades productivas y se integren en cadenas comerciales legales que fortalezcan la economía local. Se busca, de esta manera, reducir la presión de grupos armados ilegales que tradicionalmente han ejercido control en regiones productoras.

En ese sentido, la política de sustitución se enmarca en una estrategia más amplia de presencia institucional en territorios históricamente afectados por la economía ilegal. Desde el alto gobierno se señaló que “lo que se busca es que los campesinos en los territorios acaben su dependencia de los cultivos ilícitos a través de una transición concertada hacia la legalidad, con miras a disminuir ostensiblemente la presencia de estos grupos y se fortalezcan las instituciones del Estado”.

La sustitución voluntaria se plantea como un mecanismo de cooperación entre Estado y comunidades. En lugar de medidas coercitivas, se apuesta por la generación de confianza y el establecimiento de un plan de apoyo que garantice ingresos estables y sostenibles para las familias participantes. El reto será asegurar que los compromisos asumidos en materia de asistencia técnica, construcción de infraestructura y apertura de mercados se cumplan de manera oportuna.

El caso de Villa Garzón refleja una de las primeras experiencias en la región luego del anuncio de nuevas líneas de acción del gobierno frente a la política antidrogas. Según cifras oficiales, Colombia cuenta con alrededor de 300.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. El proyecto en Putumayo representa un paso inicial dentro de una estrategia más amplia que busca avanzar hacia la reducción de estas cifras con la participación de las comunidades.

Se mantiene la polémica por el retiro de la certificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas, lo que ha sido calificado como una de las derrotas más importantes del Gobierno Petro.

Los pronunciamientos que ha protagonizado el mandatario colombiano tras conocerse la noticia han sido para arremeter contra la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

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Petro ha defendido su política antidrogas, indicó que la persecución contra campesinos no es la solución y ha responsabilizado a los norteamericanos de provocar que el consumo de cocaína aumente.

“Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de coca reales. La potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase tramposa que metieron en el informe de la ONU para que no se mirara cómo dejaron caer el programa de sustitución voluntaria”.

Director del programa antidrogas le respondió a Petro

En diálogo con Semana, el director del programa antidrogas de Estados Unidos, Dan Neill, se refirió a los recientes pronunciamientos por parte de Gustavo Petro sobre la descertificación mencionada.

En primer lugar, reconoció que el mandatario colombiano tiene razón al señalar los problemas de consumo que tiene su país, lo que describió como uno de los motivos por los que siguen combatiendo a las estructuras criminales que se financian con el narcotráfico.

“Sí, Estados Unidos probablemente es el principal consumidor de hidrocodona. Probablemente, también fue el principal consumidor de cocaína en algún momento. Así que, sí, tenemos un problema de drogas, pero diría que estamos haciendo algo al respecto y trabajando enérgicamente y ahí es donde entra en juego la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

El norteamericano aseguró que le gustaría hablar con Gustavo Petro para que el colombiano comprenda todo lo relacionado con las políticas antidrogas de su país.

“Por favor, pídanle que venga a hablar conmigo o con cualquier persona del Gobierno de Estados Unidos que pueda hablar sobre la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

El director del programa antidrogas volvió a referirse al problema de consumo de narcóticos que se registra en su país para indicar que uno de los pasos para combatir lo negativo es reconocer lo que se ha hecho mal.

“Por lo tanto, le recomendaría que revisara este material. Por favor, consulte nuestro sitio web. Por favor, invite a cualquiera que quiera discutir esto más a fondo y tener estas conversaciones, porque cuando niegas tener un problema, tú eres el problema y estamos trabajando en ello”, puntualizó Neill.

Sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, experto en temas jurídicos a nivel político e internacional, aclaró varias dudas.

“Esta es una decisión eminentemente política, siempre lo ha sido, tiene una dimensión ante todo política. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay dos países, o dos gobiernos, particularmente más que países, que no tienen una misma visión sobre esta problemática, no están para nada alineados, que, por el contrario, están distantes”.

Garzón anticipó que la relación entre los países no mejorará mientras Gustavo Petro y Donald Trump se mantengan en el poder; además, aclaró que el apoyo de Estados Unidos se mantendrá siempre y cuando Colombia mejore los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“La consecuencia va a ser un mayor distanciamiento entre los dos países. Nos queda menos de un año de Gobierno Petro y la relación seguirá enfriándose; sin embargo, Estados Unidos también sabe que una decisión muy radical de recorte puede ser inconveniente para ellos. Yo creo que mientras el Gobierno Petro termina, tendremos una relación bastante fría”.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo de interdicción fluvial en la región Loreto, logrando la erradicación de más de 100 hectáreas de hoja de coca en zonas de la comunidad nativa San Sebastián, ubicada en el distrito de Yavarí, provincia Mariscal Ramón Castilla.

La intervención fue liderada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y se desplegó en distintos puntos estratégicos del río, permitiendo ubicar cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y centros de acopio vinculados al tráfico ilícito de drogas.

En la primera fase, los agentes identificaron un laboratorio de procesamiento donde se encontraron grandes volúmenes de hoja de coca en maceración, insumos químicos fiscalizados, una prensa artesanal y cerca de 20 hectáreas de plantaciones.

Posteriormente, la operación avanzó hacia viviendas rústicas que funcionaban como centros de almacenamiento. Allí se hallaron más insumos, armas blancas y 35 hectáreas adicionales de sembríos ilegales.

De manera paralela, se intervino un laboratorio de secado de marihuana, donde fueron incautados más de 13 kilos de cannabis y 8,000 almácigos listos para ser cultivados.

En total, el despliegue policial permitió la erradicación de aproximadamente 105 hectáreas de coca, además de la incineración de 2.8 toneladas de químicos.

De acuerdo con estimaciones de la propia PNP, el golpe significó una pérdida de más de 141,000 dólares para las organizaciones criminales que operan en la zona amazónica.

Operativos simultáneos en Lima y Arequipa

Las acciones no se limitaron a la Amazonía. En Lima, personal del Departamento de Investigación Criminal Surco capturó a tres integrantes de la banda conocida como Las Locuras del Sur, dedicada al robo de camionetas en Surco y San Juan de Miraflores.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego y droga. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de robo agravado y tráfico de drogas.

En Arequipa, agentes de la Comisaría El Pedregal arrestaron a cinco miembros de la organización criminal Los Monses del Sur. Los delincuentes habían ingresado a una vivienda, reduciendo a sus ocupantes para sustraer más de 10,000 soles y diversos equipos tecnológicos. Gracias a la activación del Plan Cerco, la policía logró ubicarlos en las inmediaciones del terminal terrestre.

Balance de la PNP en 24 horas

En el marco de sus labores a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú informó que en las últimas 24 horas se desarticularon 27 bandas criminales, se detuvo a 723 personas en flagrancia y se capturó a 226 ciudadanos con requisitorias judiciales.

Asimismo, se decomisaron 2,745 envoltorios de droga y se incautó más de 1.5 millones de soles provenientes de actividades ilícitas. Estas cifras reflejan la magnitud del despliegue policial, que se ejecuta tanto en áreas urbanas como en zonas rurales de difícil acceso, como la selva de Loreto.

Durante más de una década, la cooperación internacional de Estados Unidos permitió que miles de agricultores en la Amazonía reemplazaran los cultivos de coca por cacao y café de calidad. El esfuerzo transformó más de 114 mil hectáreas y benefició directamente a más de 87 mil familias. Sin embargo, con el retiro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), decretado por el Gobierno de Donald Trump, el futuro de estas comunidades vuelve a ser incierto.

El portal de investigación Convoca.pe reveló que, entre 2012 y 2024, la cooperación norteamericana canalizó más de 2,962 millones de soles en donaciones, logrando un impacto decisivo en regiones como San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Pasco y Cusco. Hoy, la ausencia de esos recursos amenaza con abrir espacio nuevamente al narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal.

El vacío que deja USAID en la Amazonía

El convenio firmado entre ambos países en 2012 tuvo como meta incrementar los cultivos alternativos frente a la coca, mejorar los servicios públicos y asegurar un manejo sostenible de los recursos amazónicos. De acuerdo con la revisión de informes realizada por Convoca.pe, más de 233 millones de dólares se destinaron al primer objetivo: promover alternativas legales para los agricultores.

Uno de los testimonios recogidos es el de Miguel Reátegui, productor de cacao en San Martín, quien destacó que la asistencia técnica le permitió pasar de 500 kilos a más de 3 toneladas por hectárea. Casos como el suyo se multiplicaron en el marco de programas como Alianza Cacao Perú, que mejoraron la productividad y conectaron a los agricultores con mercados internacionales.

Los reportes citados por Convoca señalan que en once años de ejecución se crearon 117 mil empleos a tiempo completo, mientras que las ventas de cacao y café superaron los 692 millones de dólares. Solo en 2022 se alcanzaron 15 mil 900 hectáreas nuevas de cultivos alternativos, generando ingresos por más de 145 millones de dólares.

Para José Yturrios, exdirector de la Alianza Cacao Perú, el momento no podría ser más crítico. “Sin asistencia técnica ni financiamiento, muchos productores corren el riesgo de volver a la coca o ingresar a actividades ilegales como la minería informal”, advirtió en declaraciones recogidas por Convoca.

El café, las mujeres y el riesgo de retroceso

La investigación también destaca el impacto en las familias caficultoras. Lucy Pulce, agricultora de Lamas, San Martín, contó que gracias al programa Alianza Café, implementado por USAID, pudo capacitarse en el manejo de sus parcelas y aumentar su producción a 700 kilos por hectárea. Además, el proyecto abrió oportunidades de liderazgo para mujeres rurales a través de uniones de ahorro autogestionadas.

El ingeniero Sergio López, director del proyecto Coffee Alliance for Excellence, explicó que el apoyo externo permitió que los ingresos por hectárea pasaran de 3 mil a más de 7 mil dólares anuales, mejorando sustancialmente la economía de miles de hogares. En paralelo, se gestionaron 40 millones de dólares en créditos para modernizar fincas y hacerlas más competitivas en los mercados internacionales.

Sin embargo, con la salida de USAID, ese entramado de apoyo se ha desvanecido. “El Estado tiene recursos, pero es lento y burocrático. Los insumos muchas veces llegan tarde, cuando la cosecha ya pasó”, advirtió López.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) aseguró a Convoca que destinará 220 millones de soles en 2025 y 265 millones en 2026 al desarrollo alternativo. No obstante, especialistas señalan que esos fondos son insuficientes frente a la magnitud de la cooperación norteamericana y su capacidad para articular técnicos, bancos y mercados en beneficio de los pequeños agricultores.

En este escenario, los más de 87 mil productores de cacao y café que alguna vez fueron símbolo de éxito del desarrollo alternativo, vuelven a enfrentar un futuro de incertidumbre.

El primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia, ubicado en el departamento del Cauca, cerró por la falta de apoyo gubernamental, así como por la ausencia de un marco legal para la comercialización de sus productos.

El proyecto liderado por indígenas tenía como propósito ofrecer una alternativa lícita para el uso de la hoja de coca y así, alejar a los campesinos de la producción de cocaína, pero, de acuerdo con Semana, el proyecto cerró sus puertas.

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La planta, que en diciembre de 2023 obtuvo el primer registro de abono orgánico derivado de hoja de coca otorgado por el Ministerio de Agricultura y el ICA, recibió una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y creó 30 empleos directos.

Victoriano Piñacué, destacado líder de la región y del programa, logró convencer a inversionistas canadienses, motivo por el cual le manifestó al citado medio que en su momento le manifestó a los inversores que “utilicemos la hoja de coca para fines lícitos (saborizantes, productos farmacéuticos, alcoholes y abono)”.

La iniciativa coincidió con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, razón por la cual le presentaron el proyecto al jefe de Estado.

“Le presentamos esa propuesta al recién elegido presidente y a la vicepresidenta. (…). El presidente Petro siempre salía a decir: ‘Qué maravilla de proyecto, la reconversión de la hoja de coca’. (…). La vicepresidenta nos visitó en dos oportunidades la planta y le pareció maravilloso. Quedamos solos. (…). Todo quedó en el discurso”, aseguró Piñacué al mencionado medio.

Sin embargo, precisó que aguardaron por varios meses porque faltaba “un decreto y que el Gobierno cumpla”, pero en diciembre de 2024 se canceló la iniciativa.

“Cerramos la planta. Teníamos 30 funcionarios con todo lo de ley pago, pero nosotros no somos monjitas de la caridad y no podíamos tener a nuestros funcionarios produciendo para no vender nada. Yo me aburrí de andar tomando tinto con esos ministros, en esos despachos, porque solamente palmaditas en la espalda, me decían: ‘Qué proyecto tan bonito, esto es lo que Colombia necesita’, decían a bocas llenas, pero nunca ejecutaron”, indicó el líder del programa al citado medio.

Además, aseguró que las siembras de hoja de coca estarían siendo utilizadas por narcotraficantes, motivo por el cual aseveró que “Nunca va a haber sustitución. El campesino no va a sustituir la hoja de coca”.

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se refirió al cierre del proyecto, asegurando que ese tipo de proyectos deben tener un marco legal, que, según ella, el Ministerio de Justicia lo está construyendo.

“Este decreto, eventualmente, permitirá contar con licencias o permisos de cultivo, como en el cannabis medicinal, siempre y cuando esto sea para fines legales. (…). Este decreto no se ha expedido, están evaluando distintos temas de orden nacional e internacional”, aseveró Gloria Miranda.

Además, aseguró que la erradicación “ha demostrado ser la más efectiva, con índices de resiembra inferiores al 1%. Cuando la erradicación es voluntaria y viene acompañada de una economía lícita y bienes complementarios, como la titulación de tierras, es muy poco probable que esa coca vuelva a sembrarse. Distinto a lo que ha pasado con la erradicación forzosa”.

Sin embargo, las comunidades indígenas interpretan la situación de otra forma. “No nos quieren dar el permiso, no quieren comprar nuestros abonos, porque somos indios zarrapastrosos. Si fuera un indio o un empresario de la línea establecida en los abonos y en las bebidas isotónicas en Colombia, a lo mejor se lo darán. Como somos zarrapastrosos indios que queremos ser autónomos en la administración de la cosa económica, pues no, porque seguramente les conviene tener a los indios de borregos”, precisaron a Semana.

De acuerdo con la coordinadora ponente de la iniciativa, la congresista Yuly Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, los humedales deben ser considerados como determinantes para prevenir escenarios de riesgo en el territorio nacional. Según detalló, las situaciones climáticas que se han presentado en algunas zonas del país han demostrado su importancia.

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Como ejemplo puso a Bogotá, que ha tenido que enfrentar inundaciones en temporadas de lluvia, colapsos a nivel de movilidad y afectaciones en la calidad de vida de los habitantes, por el desbordamiento de humedales, que comparten su ubicación con importantes infraestructuras viales.

“Se ha construido, se ha edificado y hay desarrollos urbanísticos sobre zonas de humedal, desconociendo el potencial riesgo que tiene para las vidas humanas y, por supuesto, para el equilibrio ecosistémico y el desarrollo armónico de las ciudades”, detalló durante la plenaria.

La postura opositora de María Fernanda Cabal: un “fascismo ambientalista”

Tras su intervención, habló la senadora de la oposición María Fernanda Cabal, aspirante a la Presidencia, criticando al Pacto Histórico por no proponer proyectos que se centren en lo que para ella son los verdaderos problemas ambientales y sociales del país. En su participación se refirió específicamente a la erradicación de los cultivos de coca, que han servido, en parte, para la producción de cocaína y para alimentar el narcotráfico y la violencia interna en el territorio.

“Se les olvida que el gran deforestador es la coca. Y no oigo a la ponente en ninguna parte hablar de combatir la coca, de erradicarla, de fumigar la coca que mata campesinos. La excusa es que no tienen nada más que cultivar, pero los dejan con un fusil en la cabeza de los grupos ilegales, como pasa en el Catatumbo, como pasa en el Cauca, como confinan en el Chocó”, afirmó la congresista del Centro Democrático.

Según explicó, la posición ambientalista del Gobierno nacional y de los congresistas que afines a él está en contra del desarrollo urbanístico. De ahí que varios proyectos de esa índole han quedado suspendidos temporalmente por razones de protección ambiental, determinadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Una de las ciudades que ha tenido problemas para la ejecución de obras de infraestructura vial por motivos ambientales es Bogotá, dirigida por el alcalde Carlos Fernando Galán. De hecho, por medio del Ministerio de Ambiente, presentó un proyecto de resolución que establecía lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, que, según Galán, dejaba en incertidumbre más de una decena de obras. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca echó para atrás el proceso de elaboración del documento y el Consejo de Estado tendrá que decidir al respecto.

“Lo que hizo Petro con el alcalde Galán es someternos al subdesarrollo. Lo que ha hecho la exministra (Susana) Muhamad es someternos al empobrecimiento. Sin energía, sin gas, sin petróleo”, indicó Cabal.

La servidora pública mencionó también el Acuerdo de Escazú, que consiste en un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. De acuerdo con la senadora, por medio del documento, el país cedió su autonomía y soberanía.

“Si queremos proteger la naturaleza, empecemos por cuidar las cuencas hidrográficas. Sembremos árboles, erradiquemos la coca. Pero no los oigo. El peor depredador es la tala de árboles. No son las vacas. No es el carbón. No es el petróleo. Dejen de inventar que ustedes viven en contra vía de la ciencia, con su locura, con su esquizofrenia ambientalista”, añadió.

Un viaje a Disneyland París de cinco días, en el 2025, puede costar siete millones de pesos, saliendo desde Colombia. Sin embargo, si se está en el Viejo Continente hay varias maneras de ahorrar para reducir al máximo el costo total de las vacaciones.

Una de esas “estrategias” las aplicó el turista colombiano conocido en redes como Steven Ra, que se hizo viral al compartir cómo ingresó a los parques temáticos del ratón con un recipiente o “coca” en el que llevaba un sudado de pollo con arroz.

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“A mí me gustan los planes sencillos, como comer sudado de pollo en Disney. Siempre he dicho: salimos de Colombia, pero Colombia nunca sale de nosotros”, comentó en la descripción del video, que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Los comentarios de sus compatriotas no se hicieron esperar y entre bromas y experiencias similares se refirieron a la “coca” y cómo hace parte de la idiosincracia colombiana:

“Yo lo hice con lentejas, arroz y huevito frito en el aeropuerto de Dubai”, “Positivo para colombiano”, “Dígame qué llevaron jugo de guayaba en un termito”, “La gente rica y sus excentricidades”, “Dime qué eres colombiano sin decir que eres colombiano”, “La comida allá es pésima, ese sudado es un manjar (en comparación)”, “Noooo, pero esa comida sabe mejor empacada en un tarrito de mantequilla o de helado”, “El que no conoc ela comida colombiana a cualquier food truck le reza”.

Los precios de snacks suelen rondar los cinco euros y los de comidas rápidas superan los diez euros. Por ejemplo, un café puede costar 3,80 euros; un menú de pizza más pan de ajo y bebida, 17 euros; unos churros temáticos de Coco, 6 euros; un burrito, 12 euros; unas papas fritas, 4 euros, y una gaseosa, 4 euros.

En su sitio web, Disneyland París, explica que el ingreso de comidas externas a sus parques está permitido e, incluso, pueden consumirse de manera gratuita en el área de pícnic; sin embargo, existen ciertas restricciones sobre lo que puede llevarse:

“Los Visitantes pueden ingresar alimentos y bebidas no alcohólicas a los parques para consumo propio, siempre que no estén en recipientes de vidrio, no requieran calefacción, recalentamiento, procesamiento o refrigeración y no tengan olores fuertes”.

Cancillería entregó un listado de recomendaciones para colombianos que tengan pensado viajar a Europa:

Frente al aumento significativo en las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos colombianos en Europa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para quienes planean viajar al continente europeo.

Según informó la Cancillería, más de 203.000 peticiones de asilo fueron registradas en 2023 en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que ha generado preocupación por los posibles inconvenientes legales y migratorios que enfrentan los viajeros. Estas medidas buscan prevenir situaciones como la inadmisión en aeropuertos, deportaciones y sanciones legales.

De acuerdo con el Ministerio, uno de los aspectos clave para los colombianos que desean ingresar a Europa es cumplir estrictamente con los requisitos de entrada establecidos por cada país. La Cancillería destacó que la documentación presentada debe ser legítima y verificable, ya que el uso de documentos falsos puede acarrear graves consecuencias, como la prohibición de ingreso, la expulsión inmediata y posibles sanciones penales. Además, se insta a los viajeros a consultar con las autoridades del país de destino cuáles son los documentos específicos que se exigen para su ingreso.

Entre los requisitos más comunes que los países europeos solicitan a los turistas se encuentran el pasaporte vigente, los tiquetes de ida y regreso, comprobantes de hospedaje o una carta de invitación, un seguro médico y pruebas de solvencia económica. Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos documentos son fundamentales para garantizar una experiencia migratoria sin contratiempos. La falta de alguno de ellos podría derivar en la inadmisión en los puntos de entrada, como aeropuertos internacionales.

Asimismo, el Ministerio también fue enfático en que deben respetarse los tiempos máximos de permanencia permitidos en la zona Schengen, que es de noventa días dentro de un período de 180 días. Superar este límite puede resultar en sanciones legales, restricciones para futuros viajes y, en algunos casos, la deportación. Por ello, se recomienda a los viajeros planificar cuidadosamente su estadía y asegurarse de no exceder el tiempo autorizado.

Y, finalmente, la Cancillería colombiana advirtió sobre el uso indebido del sistema de asilo en Europa. Solicitar asilo sin cumplir con los requisitos establecidos no garantiza acceso a empleo, educación ni residencia en los países europeos. Además, iniciar este tipo de trámites sin fundamento puede tener consecuencias negativas, como procesos migratorios fallidos, separaciones familiares, pérdidas de recursos económicos y posibles sanciones legales.

Durante una sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, sorprendió a los presentes al pedir que la hoja de coca sea excluida de la lista de sustancias más dañinas y reciba una nueva clasificación.

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatárselas a los narcotraficantes, si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, indicó Sarabia.

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Las palabras de Laura Sarabia generaron un debate en el país, ya que varias figuras políticas se pronunciaron en contra de la petición al recordar el daño que ha provocado la cocaína, pero también se registraron mensajes a favor de la postura, indicando que la hoja de coca no es igual que el estupefaciente.

Debido al debate que se generó, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor Baltazar Guerrero, profesor del curso de plantas medicinales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana, entregó su postura sobre las propiedades de la hoja de coca que no son mencionadas.

En primer lugar, Guerrero indicó que no se suele mencionar que esta planta sirve para procesos médicos en los que se requieren antiinflamatorios y analgésicos

“Coca, la parte que se extrae de la coca es la hoja fresca, lo que queremos resaltar es que la hoja tiene alcaloides que se llaman tropánicos. En los alcaloides se destaca la cocaína, que es una sustancia psicoactiva, pero la coca tiene otros alcaloides. Tiene otros flavonoides que la convierten en un antiinflamatorio y en un analgésico”.

De la misma forma, recordó que no es un secreto que la planta también es utilizada para hacer medicamentos de diferentes áreas, principalmente en la rama de la anestesia, ya que “su acción farmacológica es actuando en el sistema nervioso central”.

El doctor recordó que las propiedades de la hoja de coca ya han sido resaltadas por las comunidades indígenas, que durante años han utilizado la planta como medicina.

“La coca es rica en vitaminas, por eso la coca se utiliza por los indígenas como fuente de alimento, sobre todo para mitigar el hambre, la sed. La coca ancestralmente se consume masticando constantemente para eso. De sus propiedades medicinales ancestrales, hay estudios que hablan de la hoja de la coca para bajar hígados grasos”, indicó Guerrero.

Además, el experto mencionó aspectos positivos que se han descubierto sobre el uso de hoja de coca, aclarando que no tiene nada que ver con el estupefaciente.

“Tiene propiedades frente a bacterias, digamos que medicinalmente se utiliza para la fatiga, el estrés, el cansancio, problemas digestivos y dolores musculares y neuropáticos, también como antidepresivo para el déficit de atención. Es una planta que consumida es segura, otra cosa es la toxicidad cuando se utiliza como droga de estupefaciente, ese es otro tema. Cada día se encuentran más en el mercado como té o mate, ha cogido fuerza por los estudios que se han hecho”.

Por último, el doctor Guerrero indicó que lo que no ha permitido que la hoja de coca sea considerada una planta benéfica ha sido el uso indebido que se le ha dado en varios aspectos, a diferencia de lo que se registra en las tribus indígenas.

“La cantidad de coca que se necesita para ser tóxica es muy alta, eso no lo va a tener una infusión, digamos que la coca se discute y no se ha podido consolidar como una benéfica por los riesgos de farmacodependencia, ya que no se debe utilizar con otros medicamentos, pero las culturas indígenas las consideran algo sagrado, eso es cierto, es una planta que ha servido mucho a ellos, les prepara para afrontar las tareas de la selva”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó en su más reciente columna la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el país se ha quedado sin una estrategia efectiva para combatir el narcotráfico. Según Valencia, la administración actual eliminó los programas de erradicación forzosa y voluntaria de cultivos ilícitos, lo que ha derivado en un aumento significativo de las hectáreas sembradas con coca y en una disminución de la incautación de cocaína.

De acuerdo con sus cifras, el país cuenta actualmente con más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, mientras que la interdicción solo alcanza el 28% de la producción de cocaína. En contraste, sostiene que en los últimos 12 años el promedio de incautaciones fue del 45%.

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En este sentido, señala que la estrategia de Petro de priorizar la interdicción sobre la erradicación ha fracasado, pues en 2023 el potencial de cocaína producida alcanzó 2.664 toneladas, un aumento del 53% respecto a 2022. Además, enfatiza que el narcotráfico mueve cerca del 5% del PIB y que la cantidad de hombres en armas en grupos ilegales ha aumentado en 3.500, alcanzando un total de aproximadamente 17.000 combatientes, superando las cifras previas a la firma del acuerdo de paz con las Farc.

La senadora también critica la intención del Gobierno de implementar el estado de conmoción interior en el Catatumbo para relanzar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante incentivos económicos.

Petro ha anunciado pagos de hasta 1,4 millones de pesos a los cocaleros que decidan sustituir la coca por cultivos como café, cacao, piscicultura o aguacate. Sin embargo, Valencia califica esta propuesta como una repetición del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) pactado en el acuerdo de paz con las Farc, el cual considera fallido.

“Lo grave es que es un gobierno que no sabe, pero tampoco aprende. Pretenden usar el estado de conmoción interior en el Catatumbo para repetir políticas públicas que ya fracasaron: la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de incentivos económicos”, señaló en su texto la parlamentaria.

Para respaldar su postura, cita estudios que indican que la sola expectativa de recibir pagos del gobierno llevó a un aumento en la siembra de coca en 2017. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación reveló que el programa provocó un incremento de los cultivos de coca en 8,87 veces dentro de las parcelas beneficiadas y en 4,81 veces en las zonas aledañas. Según Valencia, esto demuestra que el programa no solo incentivó la resiembra entre quienes recibieron los subsidios, también alentó a otros campesinos a sembrar coca para acceder a beneficios estatales.

Otro de los problemas que señala la senadora es el riesgo que corren los campesinos en zonas controladas por grupos armados. Argumenta que, en estos territorios, los cocaleros no pueden decidir libremente erradicar sus cultivos, ya que los grupos ilegales los amenazan de muerte. Cita un estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) que indica que en los municipios donde se aplicó el Pnis la tasa de asesinatos de líderes sociales aumentó en un 546%.

Como ejemplo de esta problemática, menciona el caso de Argelia, Cauca, donde el cabecilla de la disidencia Carlos Patiño obliga a los campesinos a presionar por la salida del Ejército. Según Valencia, quienes no acatan estas órdenes enfrentan el riesgo de quedarse sin compradores para su producción de coca, lo que los convierte en dependientes de las dinámicas impuestas por los grupos ilegales.

Finalmente, la senadora presenta una propuesta alternativa para un futuro gobierno. Propone un enfoque basado en la transformación productiva, con una visión exportadora y garantía de compra. También plantea la necesidad de negociar requisitos fitosanitarios con Estados Unidos y de utilizar estudios satelitales para identificar beneficiarios antes de anunciar cualquier programa de sustitución. Además, subraya la importancia de intervenir en áreas de manejo especial, como parques naturales, reservas y cabildos indígenas, donde se concentra el 50% de los cultivos de coca, así como en las zonas de frontera, que albergan el 39% de estas plantaciones.

Con estas críticas y propuestas, Paloma Valencia reitera su posición de que el gobierno de Petro no solo ha debilitado la lucha contra el narcotráfico, sino que está reviviendo estrategias que, a su juicio, ya han demostrado su ineficacia en el pasado.

El presidente de la República, Gustavo Petro, asistió al lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo, que se llevó a cabo en Tibú, Norte de Santander, el 6 de marzo de 2025. Durante su discurso, abordó la crítica situación de orden público que atraviesa El Catatumbo.

La escalada de violencia en la región por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, de las disidencias de las Farc, por controlar el negocio de los cultivos ilícitos derivó en el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas, el confinamiento de más de 20.000 y el asesinato de decenas de habitantes.

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En paralelo, el jefe de Estado habló sobre la declaración de Conmoción Interior en la región, catalogando la medida como “un estado excepcional, con implicaciones y causas que determinan su decreto o no”. Asimismo, añadió que esta resolución responde a “hechos que no se presentan cotidianamente y que, de repente, aparecen provocando una conmoción al interior, específicamente en el Catatumbo”.

En medio de sus explicaciones, Petro volvió a plantear la posibilidad de comprar la hoja de coca de los agricultores de la región. Esta propuesta que impulsa el gobernante de los colombianos causó polémica entre los asistentes.

Incluso, aseguró: “Hoy nuestra embajadora en Viena está tratando de que con 60 países miembros de la Organización de Naciones Unidas se saque la hoja de coca de los listados internaciones de sustancias prohibidos”.

A propósito, hizo énfasis en la importancia de diferenciar la cocaína de la hoja de coca, puesto que la planta tiene utilidades que se podrían aprovechar para mejorar la economía colombiana.

“No confundir cocaína con hoja de coca, se podría usar la hoja de coca en cosas y cesaría una persecución contra la hoja de coca, no contra la cocaína. El día que sea legal por allá también cesa la violencia”, sostuvo.

El jefe de Estado también señaló que esa es solo una de las acciones que tiene pensadas para restaurar la economía de la región. En ese sentido, dijo que es necesario implementar estrategias para impulsar la agricultura, en particular, el cultivo de productos lícitos y avanzar en la industrialización del campo.

“Hay que cambiar la economía del Catatumbo y la economía de la región básicamente es hoja de coca, hablo de Tibú y otras zonas, eso es lo que tenemos que cambiar. No venimos a quemar el rancho ni el cultivo. Venimos a acordar las condiciones que permitan que se pueda vivir mientras crece un cultivo legal, se pueda sostener y se pueda agroindustrializar, y para eso hemos puesto 362 mil millones de pesos”, indicó el primer mandatario.

A lo largo de su intervención, Petro lanzó dura advertencia a la Corte Constitucional si intenta derogar los decretos de conmoción interior para el Catatumbo, De hecho, sostuvo que se reunirá con el dictador venezolano Nicolás Maduro para atender la situación.

“Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente y entonces hay que salir para algún lado”, afirmó Petro, señalando que la falta de infraestructura limita el desarrollo económico de la región, que se ha visto azotada por el accionar delictivo de una estructura al margen de la ley que, según lo dicho por el primer mandatario, renunció a continuar con el proceso de paz en el territorio nacional.

Así mismo, sostuvo que con esa medida podría sacar adelante la erradicación manual de 25.000 hectáreas de los cultivos que dan origen al alcaloide, pues no contempla “por motivos constitucionales” la fumigación de estas zonas.

Agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) encontraron este fin de semana cuatro laboratorios de cristalización de cocaína en Bolivia, dos en el municipio de Villa Tunari y dos en la comunidad Mercedes, en la zona del trópico cocalero de Cochabamba.

Según las fuentes policiales, los laboratorios contaban con varios ambientes como ser el área de prensado, secado, destilación y otros. También se encontraron precursores, químicos y objetos que son utilizados en el procesamiento de la pasta base de cocaína.

Se presume que en cada uno de los dos laboratorios encontrados en Villa Tunari operaban al menos 30 personas. Sin embargo, en el momento de los operativos policiales no se encontraban personas en el lugar por lo que no hay detenidos.

En el operativo realizado en la localidad de Mercedes se encontraron 2.400 litros de acetato de etilo y otras sustancias controladas, según informó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo en su cuenta de X. “Entre ambos laboratorios podían producir hasta 600 kg por semana. La afectación al narcotráfico es de aproximadamente 420 mil dólares”, agregó.

Se trata de los primeros laboratorios encontrados y destruidos en lo que va del año en Bolivia. En 2024 se destruyeron al menos 88 fábricas de cocaína en el país y se secuestraron 37,5 toneladas de cocaína, con que constituye la mayor incautación de droga destruida en el país y duplica la cifra del año precedente.

Sin embargo, para algunos expertos el aumento en las incautaciones de droga sugieren un aumento en la producción. La criminóloga y ex directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes.

“Un dato que se conoce a nivel internacional es el cálculo de que un Estado logra incautar aproximadamente el 10% de lo que está circulando. A mayor cocaína incautada, mayor cocaína hay en el mercado”, explicó en entrevista con Infobae.

Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca después de Colombia y Perú. Legalmente se puede cultivar 22.000 hectáreas en las regiones de los Yungas y el Trópico de Cochabamba, pero las plantaciones se están extendiendo fuera de los límites y cantidades permitidas.

En los últimos años se evidenció un incremento del narcotráfico en la región de la Amazonía o en áreas naturales protegidas, donde se encontraron plantaciones ilegales y laboratorios de procesamiento. En ese sentido, en julio de este año, el Gobierno instaló una base móvil antidroga dentro de uno los parques naturales más emblemáticos del país, el Noel Kempff.

“Estamos haciendo lo que nunca se hizo en la lucha contra el narcotráfico, estamos llegando a todos los rincones de nuestro país para no permitir que estructuras criminales se asienten en el territorio nacional”, señaló entonces Del Castillo.

Sin embargo, un informe de la oficina antidrogas de la ONU señala que la superficie de cultivos ilegales de hoja de coca se expanden y que por lo menos seis áreas protegidas del país ya fueron penetradas por el narcotráfico,

Datos de lucha contra el narcotráfico

Según datos del Ministerio de Gobierno, en la gestión de Luis Arce (desde noviembre de 2020 a la fecha) la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó más de 41.178 operativos de interdicción logrando secuestrar más de 139 toneladas de cocaína (base y clorhidrato), más de 1.269 toneladas marihuana y más de 2.648 toneladas de sustancias químicas sólidas.

Por otro lado, el ministro Del Castillo informó que la fuerza antidroga destruyó más 304 laboratorios de cristalización, reciclaje y de droga sintética y más de 3.800 fábricas de estupefacientes.

En todos estos operativos se aprehendió a 13.359 personas por el delito de narcotráfico y se secuestraron 217 avionetas, seis helicópteros y se destruyeron 299 pistas clandestinas en diferentes regiones del país.

La Paz, 15 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este viernes que de enero a la fecha se rebasaron los limites de cultivos de coca en zonas autorizadas del Chapare, en la región central de Cochabamba, y de los Yungas, en La Paz, superando el limite en más del 70 % y por esto se realizó un trabajo de erradicación.

"Lamentablemente, los cultivos de coca se han incrementado en zonas autorizadas. En La Paz el 70 % del incremento está en zonas autorizadas, de igual forma casi el 76 % o más de incremento está en el trópico de Cochabamba, en las seis federaciones del Trópico", informó el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

Una comitiva de autoridades del Ministerio de Gobierno (Interior) y de la Policía llegaron esta jornada a una población, al límite entre La Paz y Cochabamba, donde hicieron trabajos de erradicación de los cultivos de coca.

Ante el aumento de los cultivos de la hoja, el viceministro llamó a los productores a ser ellos quienes se controlen las plantaciones para no exceder el limite autorizado.

"En las zonas autorizadas, los productores de la hoja de coca tienen que ejercer el control social comunitario para que no exista incremento de cultivos. Por lo tanto a los hermanos productores de La Paz y Cochabamba los llamamos a reactivar el control social", manifestó Mamani.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

El consumo de la planta en el área rural y algunas zonas urbanas es común, sobre todo en infusiones o a través del 'acullico', 'pijcheo' o masticado de estas hojas.

En 2017, el expresidente Evo Morales (2006-2019) promulgó una ley que amplió la superficie de los cultivos legales de hojas de coca en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.

El viceministro dijo que este año se tiene previsto erradicar 10.000 hectáreas de cultivos en zonas no permitidas, 2.500 hectáreas en los Yungas de La Paz y 7.500 en el Trópico de Cochabamba, meta que, según la autoridad, se cumplirá a finales de este año. EFE

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Alias Walter Mendoza, líder del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ha suscitado el interés público debido a sus afirmaciones sobre el narcotráfico en las regiones de Putumayo, Nariño y Cauca.

Durante una entrevista con la W Radio, se le cuestionó acerca de la presencia de su organización en zonas conocidas por la producción de coca y marihuana. Mendoza respondió negando cualquier implicación directa en el narcotráfico, afirmando que “los propios narcotraficantes están allá en el alto gobierno” y que su grupo únicamente se dedica a cobrar impuestos sobre los cultivos ilícitos.

Durante la entrevista, Mendoza señaló que las comunidades locales viven de los cultivos ilícitos debido al “abandono estatal” y al subdesarrollo de infraestructura que imposibilita la venta de otros productos agrícolas. De acuerdo con el medio, comentó que “en esta región de Nariño... prácticamente aquí todo lo que se siembra, se produce”, pero los campesinos no tienen a quién vender productos legales como la yuca y el cacao debido a la falta de inversión estatal.

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La dinámica presentada en la entrevista también se centró en la actitud del grupo armado hacia el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Según Mendoza, muchos de los problemas actuales se deben a que el Estado falló en implementar efectivamente los acuerdos, subrayando que “los responsables de que no se hubiera cumplido ese acuerdo fueron Santos y Duque”.

Sobre las acciones propuestas por el Gobierno, como la compra de cultivos ilícitos, Mendoza las explicó con escepticismo, pero dispuesto a apoyar “si el Gobierno cree que eso va a funcionar”. Sin embargo, la falta de confianza es evidente cuando señala que acuerdos similares en el pasado no trajeron resultados beneficiosos para las comunidades locales.

En diálogos con la W Radio, Mendoza indicó que en esos acuerdos “el campesino arrancó su coca y después no le dieron nada”, criticando la insuficiente respuesta estatal. A lo largo de la conversación, se discutió extensamente cómo la falta de infraestructuras como vías, redes eléctricas y acceso al agua potable exacerbaba la dependencia de las comunidades hacia los cultivos de coca. Mendoza dejó claro que este abandono empuja a los habitantes a dedicarse al único producto donde ven resultados: la coca.

Según la entrevista reproducida por el medio fuente, enfatizó que “la coca es lo único que el campesino ha aprendido a industrializar y es de calidad de exportación”, remarcando una problemática profundamente enraizada en la estructura económica y social de estas regiones.

En última instancia, la cuestión planteada sobre si los grupos armados impiden la llegada del estado fue rechazada por Mendoza, quien sostuvo que “eso es falso” y defendió que su grupo no obstaculiza la inversión externa, sugiriendo que las dificultades mencionadas son más bien parte de las percepciones exteriores y no una realidad respaldada por sus acciones sobre el terreno.

La entrevista resalta las tensiones y las realidades en las regiones afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico en Colombia, planteando preguntas complejas sobre la implementación de políticas del gobierno y el papel de los grupos armados en estas zonas. La situación exige una política de estado más comprometida y soluciones integrales que puedan ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades más desfavorecidas.

El desafío legal detrás de la propuesta de Petro sobre el cultivo de coca

En un contexto de aumento del 10% en los cultivos de coca en Colombia durante 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas, el presidente Gustavo Petro ha propuesto comprar la hoja de coca a los cultivadores del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca.

Sin embargo, esta iniciativa enfrenta serios desafíos legales, ya que actualmente no existe un marco regulatorio que permita tal transacción, según el Código Penal colombiano. La venta de coca es ilegal, y cualquier intento de compra estatal requeriría cambios significativos en la legislación vigente, informó Infobae.

La propuesta de Petro ha generado sorpresa y preocupación entre expertos en cultivos ilícitos. Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), expresó en Cambio que el anuncio podría incentivar a más personas a cultivar coca si tienen un comprador asegurado. Además, advirtió que la iniciativa podría crear expectativas en otras regiones del país, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.

El contexto de esta propuesta coincide con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que también reporta un aumento del 53% en la producción de cocaína, lo que representa un desafío significativo para el Gobierno colombiano. Según el exministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, la compra estatal de coca violaría la ley, ya que no hay un marco legal que lo permita.

Bogotá, 1 nov (EFE).- El Gobierno colombiano publicó este viernes el borrador del decreto con el que busca reglamentar el uso de la amapola y la coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales por las entidades públicas.

El Ministerio de Justicia publicó el borrador de la iniciativa para que los ciudadanos, instituciones y demás interesados participen "con sus comentarios y observaciones en el proceso de construcción normativa del proyecto de decreto reglamentario".

En ese sentido, la propuesta busca reglamentar estos usos de la amapola y la coca bajo un enfoque de "derechos humanos, justicia social y promoción al tránsito a economías lícitas".

Por ello, por ejemplo, el decreto permitirá a los ministerios de Justicia, Agricultura y Ciencia "recoger muestras de material vegetal y productos existentes obtenidos a partir de la planta de amapola y coca, para su correspondiente análisis y caracterización".

Igualmente, las entidades que deseen aplicar el decreto, deberán pedir una autorización al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

"Para el desarrollo de actividades por parte de entidades públicas que comprendan el uso de semillas, cultivo de plantas o uso de plantaciones preexistentes, las entidades deberán presentar los respectivos proyectos donde se especifique con claridad el alcance o finalidad que se persigue", reza el documento.

A partir de eso, el CNE podrá autorizar a estos organismos poseer semillas y cultivos o utilizar las plantaciones ya existentes.

En octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) informó que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

Adicionalmente, se precisó que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo hay cultivos de coca superiores a las 30.000 hectáreas. EFE

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, el mandatario ha puesto como uno de sus objetivos entablar políticas con las que se pueda regular de manera constante las siembras de hoja de coca, que además de ser la base de la cocaína como aspecto negativo, también tiene usos médicos y hasta es implementada para otro tipo de productos.

Es por ello que el Ministerio de Justicia propuso un borrador del decreto con el que se buscará concretar la regulación del cultivo de plantas de amapola y coca en el país.

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En contraste con esto, el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostuvo que en Colombia incrementaron en un 10% los cultivos ilícitos, lo que ha generado críticas al cumplimiento de las políticas que buscan mitigar esta problemática.

Como respuesta, el Ministerio de Justicia anunció que regresará la aspersión controlada con químicos (no glifosato), mientras que el presidente Gustavo Petro indicó que su Gobierno comenzará a comprar coca a quienes cultivan en más de 12.000 hectáreas en el cañón del Micay, en Cauca.

En medio de la contradicción por parte del Estado y las críticas por la poca intervención en la lucha antidrogas, el medio especializado Mongabay realizó un especial sobre las más de 250.000 hectáreas de hoja de coca que hay en Colombia, de las cuales, el 48% está en zonas de parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal.

“El aumento de la demanda a nivel mundial presiona el incremento del área cultivada en Colombia, Perú y Bolivia”, fueron las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que recordó el medio citado al respecto.

De la misma forma, destacaron que los consumidores de drogas en Colombia han aumentado en un 20%, por lo que cada vez es más indebido decir que el país solo es parte de la ruta para enviar cocaína al exterior, puesto que este porcentaje es similar al crecimiento de consumidores en el mundo según el Reporte Mundial de Drogas 2024.

“El monitoreo realizado en Colombia identificó que 16 de los 19 departamentos con cultivos de hoja coca muestran tendencia al incremento; Cauca y Nariño son los más afectados. En esos departamentos, así como en Putumayo, Norte de Santander, Bolívar y Antioquía, se mantienen los 15 enclaves productivos identificados desde hace tres años. Estos enclaves representan el 14 % del territorio nacional y en ellos se concentra el 39 % del área sembrada con hoja de coca”, recapituló Mongabay al respecto.

En ese aspecto, indican que la expansión del negocio ilícito ha puesto en peligro la conservación del territorio, ya que las cifras negativas hacen que se aumente la posibilidad de que se plantee la posibilidad de terminar con todo lo que gira en torno a la producción de la planta.

Sobre la presencia de grupos armados que buscan expandir el narcotráfico, mencionan que la elaboración de la cocaína también provoca que se tenga que transportar insumos, crear vías ilegales y también sistemas de seguridad por parte de las Fuerzas Militares, lo que “amenaza la biodiversidad en el sitio y la capacidad de proteger la biodiversidad”.

En diálogo con el medio citado, Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, indicó que también las comunidades han sido utilizadas en el negocio ilícito, recordando que parte de las rutas parten de puertos como el de Buenaventura.

“Es uno de los sitios más complejos del análisis”, indicó Correa sobre Tumaco, que describió como una ubicación pilar para el crecimiento del narcotráfico que se ha consolidado por el “abandono histórico”. Los resguardos indígenas enfrentan una situación similar. Ahí hay una fuerte presión sobre las comunidades y los líderes sociales y ambientales que quieren ejercer gobernanza en sus territorios.

“Cada vez estamos encontrando que se inventan nuevas formas, nuevos elementos que mejoran los rendimientos de la producción”, indicó Correa para hablar de la producción de hoja de coca, que en 2015 era de 4.800 kilos y actualmente supera los 8.000.

Por último, el experto recordó que entre 1994 y 2023 se erradicaron alrededor de tres millones de hectáreas de cultivos de hoja de coca, pero esto no ha terminado con la problemática, lo que hace que se destaque la postura de la ministra Buitrago, que afirmó que “las respuestas de orden represivo son insuficientes y sus resultados pasajeros”.

Es por ello que desde la Unodc han propuesto un mecanismo de coordinación y articulación que busca que las comunidades comiencen a trabajar en actividades legales, para lo que se requiere el apoyo constante del Estado.

El 18 de octubre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro en la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ que se llevó a cabo en Bogotá, anunció la compra de las cosechas de coca de los campesinos en el Cauca para apoyar a los agricultores mientras se desarrollan alternativas de economía lícita en la región.

“Al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia”, resaltó.

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La iniciativa tiene como objetivo romper con los procesos implementados durante décadas por las anteriores administraciones que no dieron los resultados esperados. “Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”.

Tras una semana de la polémica propuesta del jefe de Estado, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, volvió a arremeter contra Petro.

Según sus consideraciones, la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional solo logrará fomentar el narcotráfico y los cultivos de coca en todo el país. Asimismo, sostuvo que los únicos que se alegran de las declaraciones del mandatario son los líderes de los carteles de droga y los grupos armados ilegales que están involucrados en este negocio ilícito.

“Petro, el comprador de la hoja de coca, le salvará el negocio a los mafiosos que están tan llenos de coca que deben estar celebrando que les salió comprador”, escribió en su cuenta de X.

Así las cosas, la congresista de oposición afirmó que no permitirá bajo ningún concepto que tal propuesta llegue a ver la luz y amenazó con demandar cada intento del Estado colombiano de comprar cultivos de coca. “Demandaré cualquier acto administrativo que pretenda hacer del Estado parte de las mafias”, advirtió.

Para Cabal la propuesta del primer mandatario es insensata. “Petro es un irresponsable irremediable que disparará la coca como jamás en la historia de Colombia”, señaló en la misma red social.

A la par, destacó que la promesa del gobernante de los colombianos puede llegar a ser contraproducente en un escenario en el que los campesinos de otras regiones molestos de no formar parte de la estrategia empezarán a exigir al Estado colombiano el mismo beneficio que los agricultores del Cauca.

“Empieza con la promesa de comprarle la coca a los campesinos del Cauca, luego ¿qué hará cuando los del Meta, Catatumbo o Caquetá pretendan lo mismo?”, agregó.

Por lo que catalogó la propuesta de ‘absurda’, cuestionando la manera en la que el gobernante de los colombianos pretende acabar con el negocio de la producción de coca en el país, si al mismo tiempo fomenta la siembra de esta planta.

“Esto es sencillamente absurdo. Pretenden “acabar” con la coca estimulando su siembra con el anuncio de que Petro la comprará”, indicó.

Por otro lado, desaprobó el discurso del presidente Petro en la COP16, en el que criticó al alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, por su gestión con los cultivos en la capital del Valle del Cauca, que, en su opinión, impide el desarrollo económico de las familias campesinas de la zona.

“La violencia expulsó al campesinado de donde se podía sembrar, bien sembrado. Hay que decirlo aquí porque me atrevo: alcalde Éder, lo hemos discutido varias veces, si se concentra en un solo cultivo y, a veces, bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil –tema de un pacto con el que hemos conversado–, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir”, dijo Petro.

En contraposición, la congresista aseguró que “Petro y su resentimiento contra el desarrollo ataca la industria de la caña que ha hecho del Valle del Cauca un polo de desarrollo, pero guarda silencio ante las cientos de miles de hectáreas de coca. Respete Petro que mientras los ingenios generaban desarrollo, usted y otros del M-19 se dedicaban a sembrar terror”.

Bogotá, 18 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que el Gobierno "iniciará la compra estatal de cosecha de coca" a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales.

"Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (...) pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas", dijo el mandatario durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.

El Plateado, un pueblo del suroeste del país ubicado en la región del Micay, ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre el Ejército colombiano y el grupo armado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC.

En este contexto, el pasado sábado el Gobierno lanzó una operación para retomar el control que tiene en la zona el EMC, a la que las disidencias respondieron con ataques con drones, elevando la tensión del enfrentamiento.

Este pueblo, ubicado en el departamento del Cauca, está en una zona clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

Las declaraciones de Petro llegan el mismo día en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés) publicó su informe anual que indica que en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia y alcanzaron las 253.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

"Al campesino del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita", agregó Petro, que defendió que para sustituir las economías ilícitas se necesitan créditos "en todas las zonas más pobres y excluidas de Colombia (...) En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito ".

Esto porque, según el presidente, los campesinos "siembran hoja de coca porque no hay otra posibilidad en esa región, porque el Estado nunca ha estado allí para ayudar"

Según el informe de la Unodc, el área sembrada con coca "a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas".

Adicionalmente, precisó que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo hay cultivos de coca superiores a las 30.000 hectáreas. EFE

Bogotá, 18 oct (EFE).- Los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %, reveló este viernes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés).

El área sembrada con coca "a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas", detalló el informe anual del organismo divulgado hoy en Bogotá.

"A diferencia del incremento (de los cultivos) entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado", detalla el documento.

Las cifras indican que "16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento" y que los de "Cauca y Nariño fueron los más afectados".

También se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentraron el 39 % del área sembrada de coca en tan solo el 14 % de las regiones con cultivos en 2023.

"Solamente San Pablo-Taracué (en el departamento de Bolívar) redujo su área con coca en 3 % frente al 2022", añade el monitoreo.

El reporte alertó sobre las zonas de expansión, es decir, aquellas en las que empezaron a registrarse cultivos de coca en los tres últimos años.

"El 40 % de los territorios en esta categoría se ubican en la región Pacífico, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos pero no dispersos sino conformando núcleos con densidades de siembra incluso mayores a 12 hectáreas/kilómetros cuadrados, es decir condiciones similares a las reportadas en los enclaves productivos que son escenarios de alta complejidad para la intervención", añade el documento.

Adicionalmente, se precisó que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo hay cultivos de coca superiores a las 30.000 hectáreas.

En lo que hace referencia la producción potencial de cocaína, la Unodc señala que alcanzó las 2.664 toneladas en 2023, un 53 % más que en 2022, año en que fue de 1.738 toneladas, y a 2021 cuando fue de 1.400 toneladas.

"Esta medición se refiere a cocaína pura y se basa en el supuesto de que todas las hectáreas sembradas son cosechadas para producir cocaína; el dato no descuenta las 746 toneladas de cocaína (pureza desconocida) que fueron incautadas por las autoridades colombianas en 2023", aclara el informe.

La Unodc destaca que en distintas regiones, principalmente fuera de los sitios habituales a los que se cultiva la coca, los precios de venta de los derivados de la hoja de coca (pasta y base de cocaína) están "alcanzando niveles históricamente bajos y en otras incluso no existe mercado debido a la ausencia de compradores".

De todos modos, recalca que "el 89,5 % de la coca está en los mismos territorios donde ha estado en los últimos 10 años; sin embargo, la diferenciación entre zonas de concentración y desconcentración sigue ampliándose".

Al respecto, la Unodc puntualizó que el 48 % de la coca se localiza en zonas de manejo especial, como lo son parques nacionales naturales (4 %), resguardos indígenas (10 %), reservas forestales (14 %) y tierras de las comunidades negras (20 %). EFE

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Bogotá, 18 oct (EFE).- Los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 hectáreas más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %, reveló este viernes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés).

El área sembrada con coca "a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas", detalló el informe anual del organismo divulgado hoy en Bogotá.

"A diferencia del incremento (de los cultivos) entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado", detalla el documento. EFE

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“La violencia expulsó al campesinado de donde se podía sembrar, bien sembrado. Hay que decirlo aquí porque me atrevo: alcalde Éder, lo hemos discutido varias veces, si se concentra en un solo cultivo y, a veces, bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil –tema de un pacto con el que hemos conversado–, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir”, aseveró el jefe de Estado en el evento público.

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Aseguró, además, que estas personas pasan a vivir en condiciones sumamente precarias, en “barrios populares”, en casas elaboradas con cartón. En esos lugares, no hay posibilidades de empleo o de estudio para los jóvenes y, cuando buscan manifestarse y protestar contra situaciones que consideran injustas, les “disparan una granada de gas a los ojos”. En ese sentido, explicó que así no se hallarán soluciones para la crisis climática actual.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció al respecto, indicando que el primer mandatario está atacando a los responsables de la siembra de caña de azúcar en el departamento, considerado el cultivo más importante del Valle y el gran motor de la su economía, según la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña).

De igual manera, criticó su aparente “silencio” por el incremento de la siembra de coca en Colombia, teniendo en cuenta que en 2023 se detectaron 253.000 hectáreas sembradas de coca, lo que representa un aumento del 10% en comparación con 2022, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

“Petro y su resentimiento contra el desarrollo ataca la industria de la caña que ha hecho del Valle del Cauca un polo de desarrollo, pero guarda silencio ante las cientos de miles de hectáreas de coca. Respete Petro que mientras los ingenios generaban desarrollo, usted y otros del M-19 se dedicaban a sembrar terror”, escribió la congresista de la oposición.

La respuesta de Alejandro Éder: “No es nada nuevo”

El alcalde de Cali dio su opinión con respecto a las declaraciones del mandatario, afirmando que la industria azucarera es de suma importancia para el departamento y que, además, el gremio ha tomado medidas para proteger las cuencas de los ríos y la biodiversidad. De igual manera, informó que uno de cada cuatro vallecaucanos vive de las ganancias de este sector.

“Yo creo que el comentario del presidente anoche no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos, y yo creo que tristemente hay mucho desconocimiento a cerca de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe a la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia”, aclaró el mandatario local, en conversación con Blu Radio.

Asimismo, hizo un llamado a enfrentar las economías ilegales en Colombia, porque se constituyen como las principales destructoras del medio ambiente, entre ellas, el cultivo de coca y la producción de cocaína, que ha llegado a 3.000 toneladas listas para su comercialización cada año. Lo mismo está pasando con la minería ilegal y la tala de árboles.

“Cualquier discusión, cualquier debate, cualquier diálogo es posible, pero basado en el respeto y basado en la realidad”, añadió Alejandro Éder al medio citado.

Sin embargo, cabe resaltar que el Gobierno nacional ha puesto la lupa en la resolución de la problemática de la coca, optando por la sustitución de cultivos ilícitos, negociando con los campesinos. Además, Gustavo Petro informó que se va a empezar con un proceso de compra estatal de las cosechas de coca, para tener el control sobre ellas.

“Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos”, aseguró el presidente el 18 de octubre, en medio de la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá.

El presidente de la República, Gustavo Petro en la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ que se llevó a cabo en Bogotá, anunció la compra de las cosechas de coca de los campesinos en el Cauca para apoyar a los agricultores mientras se desarrollan alternativas de economía lícita en la región.

“Al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia”, resaltó.

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La iniciativa tiene como objetivo romper con los procesos implementados durante décadas por las anteriores administraciones que no dieron los resultados esperados. “Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”.

Las declaraciones del gobernante de los colombianos no sentaron bien entre los miembros de la bancada de oposición que mostraron su rechazo a la propuesta de compra de cultivos de coca. La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, vía redes sociales, opinó sobre las nefastas consecuencias que traería la medida para el país.

Para la congresista, la propuesta es de carácter irresponsable. “Petro es un irresponsable irremediable que disparará la coca como jamás en la historia de Colombia”, señaló en su cuenta de X.

A su vez, sostuvo que las promesas de Petro podrían llegar a molestar a los campesinos ubicados de otras regiones de Colombia que buscarán acceder al mismo beneficio.

“Empieza con la promesa de comprarle la coca a los campesinos del Cauca, luego ¿qué hará cuando los del Meta, Catatumbo o Caquetá pretendan lo mismo?”, se lee en la publicación.

Así las cosas, catálogo la propuesta de ‘absurda’, criticando la manera en la que el gobernante de los colombianos pretende acabar con el negocio de la producción de coca en el país, si al mismo tiempo fomenta la siembra de esta planta.

“Esto es sencillamente absurdo. Pretenden “acabar” con la coca estimulando su siembra con el anuncio de que Petro la comprará”, indicó.

Por otro lado, criticó al jefe de Estado por no pronunciarse sobre el secuestro de dos pelotones en El Tambo, Cauca, por estar hablando sobre propuestas que incentivan la producción de coca. “Mientras tanto, Petro anuncia con felicidad que dedicará plata de los impuestos de los colombianos para comprar coca a los cultivadores”, agregó.

Con una visión similar, el exfiscal Francisco Barbosa rechazó la iniciativa, advirtiendo sobre las consecuencias que tendría para el país. A propósito, dijo que si se ejecuta la propuesta a Petro le caerá todo el peso de la ley.

“Gustavo Petro, si se pone a comprar los mares de coca que inundan el Cauca, lo que le va a caer encima no son rayos y centellas, sino la Constitución y la ley. No puede haber negocios jurídicos con base en un objeto ilícito”, se lee en su cuenta de X.

A juicio del exfiscal, la posible compra de la producción de hoja de coca en el Cauca traerá consigo el aumento de las actividades terroristas y de los cultivos ilegales en todo el territorio nacional. “También le va a caer encima la realidad cuando los cultivos le aumenten más de lo que ya le aumentaron en estos 26 meses de desastre”, advirtió Barbosa.

Sobre los señalamientos de Petro de que él y la saliente procuradora Margarita Cabello intentaron obstaculizar sus medidas, dijo: “Usted se alegra porque yo me fui de la Fiscalía, pero le recuerdo que el Código Penal queda”.

Para el exfiscal Barbosa, el presidente de Colombia está mal aconsejado, puesto que su propuesta no tienen ningún tipo de viabilidad jurídica y se caerá en el momento en el que sea aplicada. “¿Usted consulta a sus asesores jurídicos?”, cuestionó.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que el país tuvo 253.000 hectáreas sembradas de coca en 2023, lo que significa un incremento del 10% en comparación al mismo periodo del año anterior. Este aumento ha ido de la mano con un crecimiento en la producción de clorhidrato de cocaína pura, que llegó a 2.664 toneladas métricas, un 53% más que en 2022.

La expansión de los cultivos de coca han contribuido a fortalecer la presencia y el poder de las bandas criminales en el territorio nacional. “Esto genera cambios estructurales en las relaciones de poder, lo que conduce a una alta disponibilidad de financiación y especialización productiva en áreas estratégicas”, señaló la Unodc en su más reciente informe.

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En este contexto, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para criticar la gestión de lucha contra las drogas del Gobierno nacional.

“Vea cómo está llevando a Colombia a un narco-Estado. Lo que revela estudio de la ONU es que en SU “desgobierno” aumentó el área sembrada 10% y producción 53% (2.664) toneladas métricas”.

A su vez, le refrescó la memoria al primer mandatario, destacando una publicación que hizo en la que cuestionó la gestión que tuvo contra los cultivos de coca su predecesor Iván Duque.

“La gráfica dice que en su gobierno, el de Duque, donde hicieron trizas la paz, aumentó el cultivo de la hoja de coca como nunca y la tasa de homicidios en el Cauca y en todo el país… hacer trenzas la paz, traer más narcotráfico y muerte. Eso fue lo que usted y su movimiento lograron”, escribió Petro.

Al respecto, la congresista de oposición dijo que la propuesta de la Paz Total del gobierno del cambio no ha dado buenos resultados. “¿De qué paz habla si no combate el narcotráfico que produce la guerra?”, explicó.

A propósito, envió un mensaje a las personas afines a la ideología del gobernante de los colombianos, que no se han pronunciado frente al aumento de las hectáreas de coca en el país para 2023.

“¿Dónde están los izquierdópatas petristas defendiendo su “lucha” contra la coca?. Estamos llenos de coca. El área sembrada en Colombia con Petro en 2023 aumentó un 10% y la producción potencial en 53%”, se lee en la publicación.

Así las cosas, sostuvo que las políticas de Petro para la erradicación de cultivo no funcionan, y las cifras lo demuestran “hay 253 mil hectáreas que alimentan el terrorismo en el país”.

Por otro lado, la congresista del Centro Democrático responsabilizó al presidente Petro de que Colombia encabece la lista de países latinoamericanos con mayores índices de incautación de cargamentos de cocaína.

“Colombia es el país que más cocaína produce en América Latina. Gracias al gobierno Petro que renunció a la persecución de la cadena de producción. Hoy debe haber más de 300.000 hectáreas sembradas con coca”, señaló en su cuenta de X.

¿Qué ha dicho Petro sobre el aumento de la producción de Coca?

Sobre el incremento de los cultivos y cargamentos de cocaína incautados por las autoridades de narcóticos, el presidente de la república, Gustavo Petro, afirmó que el panorama actual está ligado al fracaso de la clásica lucha contra las drogas.

En ese sentido, dijo que es necesario cambiar el enfoque de ir en contra de los cultivadores y trabajar en acciones que impidan los envíos de los estupefacientes.

“La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve. Si la continuamos, no vamos si no a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos. Vamos a tener, quizá, la muerte de la democracia en nuestro continente”, detalló el jefe de Estado.

Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas sembradas de coca en 2023, lo que representa un aumento del 10% con respecto de 2022, de acuerdo con el informe divulgado este 18 de octubre por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Este crecimiento en el área de cultivo ha ido acompañado de un incremento aún más significativo en la producción de clorhidrato de cocaína pura que llegó a 2.664 toneladas métricas, un aumento del 53% en comparación con 2022. Estos datos reflejan no solo la magnitud del desafío que enfrenta Colombia, sino también la complejidad de la situación relacionada con el narcotráfico en la región.

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El informe destaca que la expansión de los cultivos de coca en Colombia ha facilitado la diversificación de la oferta criminal, lo que a su vez ha mantenido la incidencia del crimen transnacional en el mercado de la cocaína. “Esto genera cambios estructurales en las relaciones de poder, lo que conduce a una alta disponibilidad de financiación y especialización productiva en áreas estratégicas”, señala el documento.

A pesar de que el 89,5% de la coca se concentra en los mismos territorios donde ha estado presente en la última década, la Unodc advierte que la diferencia entre zonas de concentración y desconcentración sigue ampliándose, lo que complicará aún más los esfuerzos para erradicar estos cultivos.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que aproximadamente el 48% del área de coca se encuentra en zonas de manejo especial, como parques nacionales y resguardos indígenas. Esto plantea un dilema significativo para las autoridades, que deben equilibrar la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades con la necesidad urgente de combatir el narcotráfico.

Crecimiento de cultivos de coca en áreas estratégicas

A diferencia del incremento registrado entre 2021 y 2022, que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en el periodo reciente el crecimiento de cultivos ha sido más generalizado. Casi 10.500 ha de coca se encuentran a menos de 42 kilómetros de un centro metropolitano de mercado, lo que resalta la relación crítica entre la coca y las economías lícitas.

“La relación entre la coca y los centros poblados más cercanos es importante no solo por la dependencia de las economías lícitas de los recursos generados por las ilícitas, sino por la diversificación de los bienes y servicios a los que se puede acceder con estos recursos ilícitos”, enfatiza el reporte.

Las Naciones Unidas han definido como centros metropolitanos a las 12 principales ciudades de Colombia, que incluyen Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Popayán, Santa Marta, Ibagué, Santiago de Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá. Según el informe, Popayán fue el centro metropolitano más cercano para el 53% de la coca cultivada en el país.

El análisis revela que 16 de los 19 departamentos con coca han mostrado una tendencia al incremento, siendo Cauca y Nariño los más afectados por esta expansión. En este contexto, el informe también alerta sobre el crecimiento de las zonas de expansión, donde la presencia de cultivos de coca se ha registrado en los últimos tres años. El 40% de estas áreas se ubica en la región Pacífica, específicamente en los departamentos de Cauca y Chocó, donde se han formado núcleos de cultivos con densidades de siembra superiores a 12 ha/km².

“Esto indica condiciones similares a las reportadas en los enclaves productivos, que son escenarios de alta complejidad para la intervención”, señala el documento de la Unodc, subrayando la dificultad de abordar estos problemas en territorios donde la economía ilícita se ha arraigado.

Un mercado de cocaína en crecimiento

La Unodc también advirtió que los mercados de cocaína a nivel mundial continúan creciendo tanto en términos de oferta como de demanda. En América, la región con más consumidores de cocaína, se contabilizan aproximadamente 11.680.000 personas que han utilizado esta droga, seguida por Europa con 5.710.000 consumidores, y Asia y Oceanía, ambos con 2.930.000. África, con 2.300.000 consumidores, también forma parte de esta alarmante estadística.

Aunque el porcentaje de personas que declaran haber consumido cocaína en el último año es mayor en Australia, las cifras de América y Europa occidental y central son igualmente preocupantes. A nivel global, la producción potencial de cocaína se mantiene en récords históricos, lo que refuerza la urgencia de abordar la situación del narcotráfico en Colombia de manera más efectiva y coordinada.

Quito, 14 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló este lunes que, gracias a información por satélite, se han descubierto 2.000 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca en el territorio nacional y que las Fuerzas Armadas han iniciado operaciones para destruirlas, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

"Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano", reveló Noboa en un mensaje a la nación sobre la presencia en Ecuador de los cultivos con los que se obtiene la materia prima para la elaboración de la cocaína.

El mandatario aseguró que, según estimaciones de expertos, esas plantaciones habrían sido sembradas desde hace aproximadamente tres años, cuando gobernaba el país su antecesor, el conservador Guillermo Lasso (2021-2023).

Ecuador, hasta ahora, no era considerado un país productor de coca, aunque en los últimos años se ha convertido en un puente para el envío al exterior (especialmente a Estados Unidos y Europa) de la droga que se procesaba en Colombia y Perú, los dos mayores productores en el mundo de cocaína.

Y aunque en el pasado se habían detectado pequeñas plantaciones de pocas hectáreas en el territorio nacional, mayormente en las inmediaciones de la frontera con Colombia, la producción era considerada muy marginal.

Por ello, el anuncio presidencial llama la atención, aunque la superficie descrita en Ecuador es muy pequeña comparada con las 230.000 hectáreas detectadas en Colombia y las 92.000 en Perú en 2023.

El presidente Noboa aseguró que, de forma paralela a la información sobre las plantaciones de coca en territorio nacional, también ha logrado obtener datos sobre zonas de minería ilegal, considerada otra de las fuentes de financiación de las bandas criminales en el país.

A través de las informaciones de satélites se ha logrado obtener "información de zonas de minería ilegal cerca de la frontera con alta contaminación de mercurio", añadió el gobernante.

Por ello, envió un mensaje a los que denominó "grupos narcoterroristas" que operan en el país. "No nos vamos a hacer de la vista gorda, el pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor, hoy estamos encargándonos de cerrárselas", remarcó.

"Vamos por su financiamiento", advirtió el jefe de Estado en referencia a la destrucción de las plantaciones de coca y a la intervención en las zonas de minería ilegal. Según el mismo gobernante, las Fuerzas Armadas han empezado el pasado viernes a realizar operaciones con esa misión, añadió.

Noboa aseguró que cada hectárea de coca cultivada equivale a 160.000 dólares en valor comercial, por lo que la destrucción de las 2.000 hectáreas supondría "un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales".

El gobernante dijo que pondrá todo el esfuerzo del Gobierno que dirige para que estas acciones sean como la eliminación de "las últimas facturas y daños" que han dejado los gobiernos anteriores al suyo, periodo al que denominó "el viejo Ecuador".

Ecuador está catalogado como el tercer país en el mundo que más droga decomisa -solo por detrás de Colombia y Estados Unidos-, con unas 200 toneladas de estupefacientes incautadas, según registros de los tres últimos años, mientras que este año ya ha superado esta cifra, con un volumen un 25 % superior al de 2023.

El anuncio del mandatario ecuatoriano sobre el hallazgo de plantaciones de coca se dio en un momento en que el país soporta problemas económicos, con una acentuada recesión, agravada por una crisis de electricidad que ha obligado a establecer apagones de hasta diez horas diarias.

Y pese a que las autoridades han anunciado que se ha reducido el nivel de violencia que se registró en el país en años pasados, Ecuador aún soporta una oleada de crímenes, extorsiones, robos y otros delitos atribuidos a bandas de delincuentes, a los que el Gobierno los ha calificado de "terroristas".

Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también en la extracción ilegal de minerales, según las autoridades.

A inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. EFE

A pesar de esto, ahora enfrenta un litigio legal en Colombia, en donde el pueblo indígena Nasa, que está ubicado en el suroccidente del país y donde funciona Coca Nasa, una empresa que realiza productos 100% a base de coca, busca quedarse con el término con el que se conoce a la planta.

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Debido al interés que se ha generado sobre este tema, Juan David Piñacue, también conocido como “El Cocalero”, que es uno de los voceros de la marca colombiana, explicó por qué comenzaron los problemas entre las empresas y que buscan los indígenas con ello.

En primer lugar, Piñacue explicó que Coca Nasa se fundó en 1998, se convirtió en la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca con permiso para el uso y registro sanitario de sus productos en Colombia y que su objetivo principal es “reivindicar el uso de la hoja de coca, haciéndole contrapeso a este gran estigma que existe”.

“El Cocalero” afirmó que la comunidad no había tenido ningún problema con la empresa norteamericana, mencionó varios productos de la compañía colombiana, como la Cocafest, Coca Sek o Coca Cure y reveló que los inconvenientes comenzaron cuando estrenaron Coca Pola, una cerveza a base de la planta.

“Estos productos llamaron la atención de este gigante multinacional productora de aguas un poco oscuras, quienes en dos ocasiones le han pedido a Coca Nasa cambiar el nombre o dejar de vender estos productos por considerar que ellos tienen derecho de usar la palabra coca, al ser parte de su marca registrada”, fueron las palabras de Piñacue.

Debido a esta situación, la comunidad Nasa comenzó a replantear nuevamente el debate sobre por qué la empresa extranjera puede utilizar la palabra coca, a pesar de que esta es una “planta sagrada usada por pueblos indígenas como parte de tradición y cultura”.

Es por ello que han solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele o no renueve la marca registrada como Coca Cola, “porque vulnera derechos de las comunidades indígenas, vinculadas ancestralmente a la hoja de coca”.

Piñacue destacó una entrevista que uno de los voceros de Coca Nasa entregó a Blu Radio para afirmar que la comunidad se siente indignada por la “ignorancia que persiste” sobre la coca, puesto que en ese diálogo cuestionaron que la hoja no tiene un dueño. De la misma forma, que una de las periodistas indicó que deberían de reclamar de la misma forma contra los narcotraficantes o grupos armados por la distribución de cocaína.

“Al parecer, a estos periodistas les parece que somos los pueblos indígenas quienes tenemos que enfrentar el narcotráfico, como si no fueran ya suficiente los miles de muertos, los miles de víctimas que deja esta guerra en nuestro territorio”.

Por último, indicó que a pesar de los cuestionamientos que han recibido, buscan reivindicar la dignidad de su comunidad y no un beneficio económico, recalcando que aunque la demanda no tendrá ningún resultado positivo para ellos, es el principio de una charla sobre el patrimonio colectivo de las comunidades.

“Es más un acto de dignidad, que más allá del resultado o la decisión de la Superintendencia, estamos hablando de que por primera vez un pueblo de manera libre, autónoma y soberana, se atreve a señalar y a demandar a esta empresa, que ha usurpado el nombre y los usos de una planta con el silencio cómplice del mundo

En una contundente operación llevada a cabo por hombres del Ejército Nacional se dio un fuerte golpe al Clan del Golfo. Los militares desmantelaron seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de pasta base de coca en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Las instalaciones destruidas por las autoridades generaban ingresos mensuales de más de cuatrocientos millones de pesos para esta organización criminal.

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Cuatro de los laboratorios de coca del Clan del Golfo fueron localizados en Córdoba, mientras que los otros dos estaban en Antioquia, de acuerdo con la información revelada desde el Ejército Nacional.

La operación se ejecutó en el desarrollo de una estrategia militar que implementaron las autoridades para atacar las finanzas de la estructuras criminales que tienen presencia en esas dos zonas del país.

Durante los operativos se incautaron más de dos mil kilogramos de hoja de coca raspada, 174 canecas y 730 galones de sustancias químicas para el procesamiento de la droga. Además, se encontraron 615 galones de gasolina, entre otros insumos necesarios para la elaboración de la pasta base de coca.

El Ejército Nacional destacó la importancia de esta operación en su esfuerzo por debilitar las capacidades operativas y financieras del grupo armado, señalando que las instalaciones destruidas una producción estimada de 140 kilogramos de pasta base de coca al mes.

Con el operativo se impactaron las finanzas del Clan del Golfo

Desde la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional, unidad que estuvo al frente de la operación, mencionaron que la destrucción de estos laboratorios representa un duro golpe para las operaciones del Clan del Golfo, reduciendo significativamente su flujo de efectivo y limitando su capacidad de acción en las áreas afectadas.

“Estamos comprometidos en cortar todas las fuentes de financiación de estas estructuras criminales para devolver la tranquilidad a las comunidades”, señalaron desde la institución, citada por diferentes medios de comunicación locales.

Esta operación se realizó en coordinación con unidades de la Policía Nacional y las autoridades judiciales, quienes ya están en el proceso de identificar a los responsables directos de las actividades ilegales en estas instalaciones.

Otro golpe al narcotráfico en Antioquia, por parte de la cuarta Brigada

En una operación conjunta contra el narcotráfico, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional junto con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional desarticularon un laboratorio de clorhidrato de cocaína en la vereda Salto Abajo, en el municipio de Marinilla.

Este laboratorio perteneciente al Clan del Golfo podía producir aproximadamente 120.000 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares.

La operación fue parte del Plan de Operaciones Ayacucho, consistente en un exhaustivo operativo de registro y allanamiento.

“El sitio del hallazgo funcionaba en una vivienda donde se encontraron numerosos equipos e insumos para procesar droga como hornos microondas, probetas, grameras, un secador industrial, una pipeta de gas, un fogón y una planta eléctrica”, aseguraron fuentes militares.

Se incautaron también 42 kilogramos de insumos líquidos, puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. “Con esta operación se logra dar cumplimiento a los lineamientos del mando superior, combatir los factores de inestabilidad y afectar sus finanzas en 513.750.000 pesos en cuanto a sus productos,” declararon desde la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Así mismo, el 18 de julio, otra intervención similar realizada por la misma brigada permitió desmantelar otro laboratorio de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Vicente, también relacionado con el Clan del Golfo. Aquel laboratorio operaba en una estructura de madera con techo de zinc, equipada con elementos para la producción de clorhidrato de cocaína, incluyendo varias toneladas de precursores químicos utilizados en el proceso de fabricación.

La operación también desmanteló un depósito logístico donde se almacenaba materia prima para la fabricación de cocaína y anotó un golpe significativo en la capacidad operativa del grupo criminal.

Un total de 739,5 toneladas de cocaína fueron incautadas en 2023 por las autoridades en Colombia, posicionando al país como el primero en toda América Latina con los mayores decomisos de esta droga, según detalló InSight Crime en un informe.

De igual manera, en el territorio nacional se han incrementado los cultivos de hoja de coca, utilizados para la fabricación del alcaloide. La Policía Nacional informó que en 2023 se contabilizaron 246.693 hectáreas de coca sembradas en todo el país. En ese sentido, tanto la siembra como las incautaciones han aumentado en Colombia.

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Desde el punto de vista de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el hecho de que Colombia se haya posicionado como el país latinoamericano con mayores índices de incautación es problemático. En su cuenta de X, la congresista de derecha resaltó el papel que cumple el país en la producción de cocaína, responsabilizando, de paso, al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Colombia es el país que más cocaína produce en América Latina. Gracias al gobierno Petro que renunció a la persecución de la cadena de producción. Hoy debe haber más de 300.000 hectáreas sembradas con coca”, señaló la congresista de la oposición.

La persecución de la cadena de producción mencionada por la senadora ha generado críticas por parte del actual Gobierno, que considera que esta clásica lucha contra las drogas ha resultado todo un fracaso. Por eso, desde un inicio el primer mandatario planteo la necesidad de no enfocarse en ir en contra de los cultivadores, sino de impedir los envíos de los estupefacientes.

“La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve. Si la continuamos, no vamos si no a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos. Vamos a tener, quizá, la muerte de la democracia en nuestro continente”, detalló el jefe de Estado en 2023, en una Asamblea de las Naciones Unidas.

No obstante, la manera como se está manejando la problemática bajo la dirección del primer mandatario ha provocado una ola de críticas, al evidenciar el incremento de los cultivos ilícitos. La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, citada por el Senado de la República, aseguró que la implementación del programa de sustitución de cultivos no ha sido fiel a los acuerdos establecidos en la materia, lo que ha implicado un aumento en la siembra.

Por su parte, el primer mandatario causó polémica por plantear otra posible solución para la problemática que desencadena la violencia en Colombia. Según aseguró en la Comisión de Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que asistió el 11 de julio de 2024, la legalización de la cocaína sería la opción más viable para que la guerra no persista en el territorio nacional.

“Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etc., dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etc., o no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene. Podríamos aligerarla, podríamos llevarla aún en el contexto internacional adverso, a una situación positiva de paz, si transformáramos económicamente los territorios que están junto al mar hacia economías prósperas lícitas. Un poco esa transformación de lo ilícito al lícito es lo que determina la paz”, explicó el jefe de Estado.

La senadora de la oposición María Fernanda Cabal también se pronunció al respecto, indicando que la postura del presidente de la República es “absurda”, toda vez que la comercialización de estupefacientes ha permitido la existencia y el sostenimiento de grupos armados como las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el M-19, que integró en su momento Gustavo Petro.

En mayo de 2021, en el diario oficial El Peruano se afirmaba que por ese entonces había un aumento en la demanda de hoja de coca para fines tradicionales. De acuerdo al Sistema de Información de Lucha contra las Drogas (Siscod) en 2019 habían 4.5 millones de consumidores de hoja de coca en nuestro país.

Los usos tradicionales de la hoja de coca se remontan a aproximadamente a 6.500 años, es decir, antes de la llegada de los conquistadores españoles, y son la masticación o chacchado, con efectos estimulantes; la aplicación medicinal para regular la presión arterial y tratar la gastritis y las úlceras; así como los rituales religiosos para agradecer a los dioses de la cultura andina.

Pero uno de los usos que ha traspasado fronteras alrededor del mundo es el consumo de esta planta sagrada de los incas como ingrediente principal para el mate de coca, una infusión energizante que ofrece varios beneficios para la salud.

Hoja de coca, la planta sagrada de los incas

El consumo de la hoja de coca se remonta a las primeras sociedades andinas, con evidencia en culturas que datan del 8.850 al 4.650 a.C. No obstante, fue durante el Imperio inca, a partir del siglo XIII, cuando adquirió una relevancia religiosa y socioeconómica notable.

Los incas consideraron la coca como una planta sagrada, utilizándola en ofrendas a las divinidades, ya sea en su estado natural, masticada o quemada. Esta planta también complementaba los sacrificios humanos y animales.

La hoja de coca se consumía en grandes ceremonias en Cusco, la capital del Imperio, y formaba parte de los ajuares funerarios que acompañaban a los muertos en su viaje al Más Allá. Además, se le atribuían propiedades mágicas.

Cristóbal de Molina, un sacerdote español que vivió en Cusco alrededor de 1565 y conocedor de las tradiciones incas, relata en su crónica que los incas soplaban coca en dirección al Sol, la principal deidad inca, y a otros dioses para curar a los enfermos. Existían también especialistas dedicados a interpretar augurios mediante las hojas de coca, ya que se le atribuían poderes adivinatorios.

Dado que la posesión de un cesto de coca solo era posible mediante donación del Estado, su consumo quedó restringido a las élites del Imperio. Los cronistas españoles de los siglos XVI y XVII destacan esta limitación en sus descripciones de la organización social inca. Juan de Matienzo señalaba que la hoja de coca “era manjar de los señores y caciques, y no de la gente común”.

Sin embargo, existieron algunas excepciones, como los coca-camayoqs, “sembradores de coca”, responsables de la ardua tarea de cultivar y procesar las hojas. Gracias a su labor, ellos también podían consumir la coca y beneficiarse de su poder vigorizante.

Hacia finales del Imperio, antes de la conquista española en 1533, la restricción sobre el consumo de coca comenzó a relajarse. Este cambio podría deberse a que, a diferencia de períodos anteriores, el Estado ya no podía garantizar la alimentación de toda la población. En este contexto, la coca pudo haberse utilizado como complemento nutricional e inhibidor del hambre.

Tras la conquista española, el consumo de coca se generalizó entre la población indígena, como indican numerosos testimonios de cronistas españoles. La explicación radica en el modelo económico impuesto por la Corona de Castilla, basado en el trabajo forzado de las poblaciones conquistadas. Las autoridades españolas alentaron el consumo de coca para aumentar el rendimiento de sus trabajadores.

Mate de coca, una infusión energizante

El mate de coca, también conocido como té de coca (del quechua kuka mat’i), es una infusión de hojas de coca originaria de las regiones andinas de Perú y Bolivia. Su presencia también se extiende a otros países andinos como Ecuador, el norte de Chile, zonas de Colombia y todo el norte de Argentina.

El mate de coca se consume tanto como estimulante como para aliviar el soroche o mal de montaña. Además, la bebida produce un efecto energizante similar al del café.

La venta y consumo de hojas de coca es legal en Perú, Colombia y Bolivia, así como común en el norte de Argentina. En los restaurantes, es habitual ofrecer un mate de coca en saquitos o bolsas filtrantes al finalizar la comida para favorecer la digestión.

Al estimular el sistema nervioso mediante la oxigenación, el mate de coca también contribuye a mejorar la memoria, la concentración y la atención. Además, la mejora en la oxigenación permite que todo el organismo funcione de manera más eficiente e incluso ayuda a aumentar la resistencia física debido a que combate la fatiga y suprime el apetito y la sed.

Si la coca tiene un impacto positivo en la stamina o resistencia, que es la capacidad para lograr un rendimiento óptimo tanto a nivel físico como mental, es porque contiene alcaloides naturales entre los que destacan los siguientes:

• Cocaína: tiene propiedades anestésicas y analgésicas.
• Pyridina: acelera la formación y funcionamiento del cerebro; y aumenta la irrigación sanguínea a la hipófisis y las glándulas.
• Conina: es un anestésico.
• Cocamina: es un analgésico.
  

Bogotá, 19 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este miércoles que cambiará la política de sustitución de cultivos ilícitos, para lo cual realizará "pactos regionales" que permitan al Ejecutivo emplear una estrategia más efectiva.

"Les propongo hacer unos pactos regionales con priorización del gasto, obligación del Gobierno de gastar prioritariamente (en los territorios más afectados por este tipo de cultivos)", afirmó el mandatario.

Petro, que habló durante un encuentro nacional con beneficiarios de 14 departamentos del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Bogotá, señaló que el objetivo es cumplir el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016, así como crear condiciones de vida digna para las familias campesinas beneficiarias.

"Hay que hacerlo territorio por territorio, en Catatumbo, en Tumaco, etcétera. No hay otra forma de cumplir el acuerdo de paz. Podemos desarrollar una política de sustitución mucho más seria que lo que hasta ahora se ha desarrollado", añadió.

En opinión del presidente, en Colombia "no hay sustitución en el territorio" y su Gobierno, en los dos años que le quedan en el cargo, busca "lograr es la sustitución del territorio".

"Si se trata de transformar el territorio no es un tema de la ART (Agencia de Renovación del Territorio). Eso es todo el Gobierno. Lo hemos denominado 'Gabinete de Paz', para llevar a los ministros y ministras a esta responsabilidad. Podemos hacer unas zonas específicas de zonas de cultivo de hoja de coca", detalló.

Por eso ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) elaborar un plan para titular terrenos con base en el mapa que hoy existe de zonas cocaleras, mientras que a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) le pidió estructurar "proyectos de industrialización, de producción lícita en las zonas cocaleras para apoyar a los campesinos en los territorios".

En cuanto al PNIS, que se implementa desde que se firmó el acuerdo de paz, Petro dijo que "es un fracaso por incumplimiento" y "por mal hecho".

"Deja la sensación de incumplimiento. Así incumplieron con el acuerdo de paz. Ahora creo que esto estuvo mal concebido, porque a esto le voy a poner una palabra política, esto se llama neoliberalismo", concluyó.

Actualmente, Colombia es el país con más hectáreas cultivadas de coca -230.000 en 2022 según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés)- y el que más cocaína produce, 1.738 toneladas en 2022, pero también uno de los que más incauta.

Este martes 18 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de una pareja que transportaba cientos de kilos de droga en una camioneta por el distrito limeño de La Victoria.

Estos datos fueron recogidos por El Popular, el cual detalla que fueron los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) El Agustino quienes lograron detener a los individuos.

Todo comenzó por la mañana, cuando los miembros de la PNP, mientras realizaban su patrullaje respectivo, divisaron en actitud sospechosa a un hombre y una mujer abordo de un vehículo Toyota modelo Hilu xde color blanco.

Cuando las autoridades exhortaron al conductor a detenerse para proceder con la identificación, este aceleró la camioneta para emprender la huída. Lamentablemente para sus intereses, tras avanzar unas cuantas cuadras, la pareja quedó atrapada en la congestión vehícular en la concurrida avenida Aviación.

Luego de alcanzarlos, los miembros de la PNP los exhortaron a descender de la camioneta. Como los ocupantes se negaron, el mencionado medio reveló que la autoridad tuvo que utilizar la fuerza para cumplir la labor policial.

Al requisar el vehículo, los agentes descubrieron que en la cabina de la Hilux había cinco paquetes rectangulares envueltos en una bolsa negra, la cual contenía hojas de coca prensadas.

La situación se complicó aún más para los implicados cuando, al continuar con la inspección en la tolva, descubrieron otros 18 paquetes rectangulares de marihuana empaquetada, aumentando así el total de paquetes a 23, con un peso conjunto de 345 kilos.

La pareja que viajaba en el carro no pudo ofrecer ninguna explicación sobre la procedencia de la droga. Además, carecían de la documentación requerida emitida por Empresa Nacional de la Coca S.A., que incluye permisos, autorizaciones y empadronamientos necesarios para el transporte y/o comercialización de tales sustancias.

Ante estas irregularidades, la policía procedió al decomiso inmediato de la mercancía, además del trasladado de la pareja a la sede del Depincri El Agustino para iniciar con las investigaciones de la procedencia y destino que iba a tener la ilegal mercancía.

700 kilos de cocaína en Piura

En Sullana, provincia de la región Piura, la PNP interceptó un cargamento de aproximadamente 700 kilos de clorhidrato de cocaína procedentes que iban a ser enviados a Europa por vía marítima en un contenedor.

Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) encontraron la droga en un contenedor de una empresa alemana de transporte. Las autoridades indicaron que se podría haber utilizado la técnica conocida como “preñado” para ocultar el cargamento.

Como resultado del operativo, al menos 14 personas fueron arrestadas por su presunta participación en actividades de narcotráfico. Según la Policía Nacional, la mayoría de los detenidos son peruanos, mientras que el resto son colombianos.

Además, las autoridades señalaron que durante la intervención también se incautaron otros artículos, como dinero en efectivo, un vehículo de carga, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y documentos relacionados con el caso.

La PNP informó que la droga habría intentado ser enviada por una mafia conformada por criminales peruanos y colombianos que pretendían camuflar el cargamento en el contenedor.

Las autoridades continúan investigando para determinar la totalidad de la red de tráfico y sus implicados, así como el destino final de la droga que podrían haber sido otros países.

La relación entre las organizaciones criminales de México y Colombia va más allá de la compra-venta de cocaína, pues los cárteles mexicanos estarían contratando a expertos en el cultivo de la planta de coca para sumarlos a sus filas y que les enseñen a cultivarla y manejarla en regiones como la sierra de Guerrero.

Infobae México platicó con Miguel Tunjano, analista de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia y comandante en retiro de la Policía Antinarcóticos de Colombia, quien precisó que tienen información de dos propósitos por los que los cárteles de la droga están recurriendo a exguerrilleros y exmilitares expertos, además, en el cultivo de la planta de coca.

El comandante en retiro recordó que en otras regiones de México se han reportado las detenciones de ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a organizaciones criminales, por citar algunos:

• El 9 de enero de 2024 un operativo de fuerzas federales en Zacatecas terminó con la detención de 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el aseguramiento de cocaína, metanfetamina, armas de fuego y chalecos tácticos; con ellos se encontraban dos colombianos identificados como Miguel Ángel “N” y Andrés “N”.
• A principios de marzo de 2024 la policía de la Ciudad de México capturó a en la alcaldía Miguel Hidalgo a Edison Adolfo Argüelles, presuntamente vinculado a una célula del Cártel de Sinaloa; portaba varias dosis de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
• El 30 de abril de 2024 las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos colombianos (Andrés Felipe “N” y Sebastián Andrés “N”) que transportaban armas de fuego y 6 kilos de cocaína por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De Colombia a los cárteles mexicanos

En el año 2022 una investigación de la organización InsightCrime reveló que los sembradíos de la planta de coca habían crecido en México, encontrando en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el epicentro del nuevo negocio criminal.

El primer plantío encontrado en México fue ubicado en 2019 en el poblado de Río Santiago, a unos 900 metros de altura, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Para 2023 el Ejército Mexicano exterminó 278 plantíos (98 ubicados Michoacán y 180 en Guerrero) extendidos en una zona de disputa entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Viagras y Los Tlacos.

El comandante Tunjano precisó que se requiere mucha base de coca para producir clorhidrato de cocaína, además químicos y una infraestructura para instalar laboratorios similares a los encontrados en varias regiones de México.