El Gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las movilizaciones en su contra, en medio de la escalada de conflictos sociales que atraviesa Bolivia desde hace un par de semanas.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa que las manifestaciones son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales en el centro del país. “Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento; es para que caiga el gobierno (…) viene del Trópico, están moviendo con plata a la gente”, afirmó Oviedo.

Morales no hizo referencia directa a estas acusaciones, pero junto a sus seguidores determinó iniciar este martes una marcha a La Paz desde la localidad andina de Caracollo, distante a 190 kilómetros de la sede de Gobierno, para protestar contra el gobierno al que acusan de pretender “entregar” los recursos naturales y “someter al país a los fondos buitre y las privatizaciones”, según escribió el expresidente en su cuenta de X.

Bolivia atraviesa un periodo de conflictividad social y la acumulación de varios frentes de conflicto por demandas sectoriales, entre ellas las de los indígenas de la región amazónica que realizan una vigilia en La Paz para exigir la abrogación de una ley de conversión de tierras y la de los maestros, que entraron en huelga para pedir incremento salarial e ítems laborales, y realizan bloqueos en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz.

A estos reclamos se suma el de los campesinos de La Paz, representados en la Federación Túpac Katari, que organizaron bloqueos “indefinidos” sin más demandas que exigir la renuncia del presidente y lograron el respaldo en su demanda de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, que tienen capacidad de movilización y que históricamente han ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales.

El lunes, estas dos organizaciones se comprometieron a no firmar acuerdos con el Gobierno y “estar al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”. De igual manera, expresaron su rechazo a un paquete de diez leyes que el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa —entre ellas la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería— orientadas a reactivar la economía y reducir el centralismo estatal.

En este marco de tensión, el lunes hubo movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba y se registraron más de 30 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los medios locales reportan pérdidas millonarias y escasez de algunos alimentos de la canasta básica.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Paz, Mauricio Zamora, calificó algunas movilizaciones como actos de “conspiración” contra el Gobierno y descartó la renuncia del primer mandatario.

“El Presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren, sacarlo por la fuerza? Una medida antidemocrática. Esto es conspiración”, afirmó el lunes ante los medios. “Estamos cansados de que unos pocos quieran bloquearnos y desestabilizar al Gobierno con fines políticos. (...) La solución no es una ley antibloqueo, la solución es que nos unamos la mayoría y no nos dejemos llevar por unos pocos que tienen intereses políticos”, agregó el funcionario.

El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en una jornada marcada por conflictos sociales y pedidos de renuncia. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra 15 puntos de bloqueo concentrados en los departamentos de La Paz y Beni, por organizaciones sociales que exigen su renuncia y demandan la abrogación de una ley de conversión de tierras.

En la zona andina del país, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, instruyó realizar un bloqueo de caminos indefinido, a partir del 6 de mayo, para exigir la renuncia del presidente Paz.

“La población ya está cansada, ya no quiere promesas, porque hemos tenido varios diálogos”, manifestó el dirigente de la federación campesina, Vicente Salazar. “Solamente es promesa, promesa, promesa”, agregó en referencia a los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas, que se manifestaban para exigir mejorar la calidad del combustible y la infraestructura vial, además de celeridad en el pago de un resarcimiento de daños vehiculares.

Por otro lado, campesinos de la región amazónica del Beni exigen la abrogación de una norma que autoriza la conversión voluntaria de tierras. La Ley 1720, promulgada el 8 de abril, permite cambiar la clasificación de pequeñas propiedades a medianas, lo que las habilita como garantía para acceder a créditos bancarios.

Algunos campesinos y organizaciones ambientales y de derechos humanos expresaron su preocupación al considerar que pone en vulnerabilidad los territorios indígenas y que puede dar lugar al despojo y la concentración de tierras. Tras una marcha campesina de 27 días, el Gobierno se comprometió a promover la anulación de la norma en la Asamblea Legislativa pese a la resistencia de sectores empresariales y agroindustriales que la defienden como un mecanismo para impulsar el desarrollo rural.

La abrogación de la ley ya fue aprobada en una comisión legislativa y será tratada este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados. “Tiene una base de ley buena, pero le faltó margen de diálogo en ciertos sectores”, manifestó el presidente Paz sobre la norma tras el acuerdo con los marchistas.

A estas protestas se suma la del magisterio, que anunció un paro de las labores educativas este lunes 11 de mayo para exigir incremento salarial y la dotación de más ítems, entre otras demandas.

En medio de esos frentes de conflicto, el Gobierno convocó a líderes políticos, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de varios sectores del país a participar en un encuentro nacional este sábado en la ciudad de Cochabamba (centro).

El objetivo principal de la reunión es sumar respaldo a las políticas del Gobierno y generar consensos para garantizar la aprobación de leyes que se consideran estratégicas para recuperar la estabilidad económica e impulsar el desarrollo del país.

Según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se han cursado cerca de 600 invitaciones para el evento en el que se prevé que el presidente exponga la visión del Ejecutivo y las iniciativas que serán puestas a consideración de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Algunos líderes políticos han confirmado su asistencia y otros, como el empresario y jefe de una bancada legislativa, Samuel Doria Medina, la han descartado al apuntar la imposibilidad de un generar un diálogo efectivo entre 600 personas. En ese marco, el encuentro también se convertirá en para medir el nivel de respaldo político al Gobierno en medio de la creciente conflictividad social.

La acumulación de conflictos sociales sube la tensión en Bolivia. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, se tiene prevista la realización de un cabildo de trabajadores en El Alto y el arribo de dos marchas a La Paz.

En una reunión gremial de trabajadores el 28 de mayo, la COB determinó rechazar la invitación al diálogo del Gobierno y convocar a organizaciones sociales y sectores afiliados a un cabildo nacional.

En la resolución del encuentro se establecen varios puntos sobre una diversidad de temas como el rechazo a la privatización de empresas públicas —algo que el Gobierno ha negado reiteradamente—, la declaración de persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la implementación de lo que consideran “políticas neoliberales” y la renuncia del ministro de Trabajo, entre otros puntos.

Los trabajadores también expresaron en el documento su rechazo a la respuesta del Gobierno sobre el pliego petitorio presentado el 1 de abril en el que solicitan un incremento salarial del 20%.

La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta propuesta como “inviable” y ha recordado que en diciembre se decretó un aumento de ese porcentaje en el salario mínimo, cuando se levantó el subsidio a los combustibles. “No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro”, manifestó el ministro de Economía y agregó que “la gran mayoría de las personas están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger”.

En ese sentido, el Gobierno cursó una invitación al diálogo a los dirigentes sindicales y a representantes de los empresarios privados para discutir la demanda del incremento salarial, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Economía.

Sin embargo, los trabajadores desistieron de participar y anunciaron que el viernes los asistentes al cabildo definirán el curso de la protesta. “Hemos dejado en manos del pueblo lo que se vaya a decidir de ahí en adelante”, manifestó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en una entrevista con el canal Unitel.

Los trabajadores determinaron respaldar otras dos movilizaciones, la marcha del magisterio y la de los campesinos, que partieron días atrás de los departamentos de Oruro (oeste) y Pando (norte) con demandas propias.

Según los dirigentes de los maestros, cerca de 3.000 personas participan en la marcha que partió el martes de la localidad de Calamarca, distante a 54 kilómetros de La Paz, en reclamo de aumento salarial, ítems laborales y una mayor inversión de recursos en la educación pública. Se tiene previsto que participen en el cabildo de la COB en El Alto y luego se dirijan al centro de La Paz.

Por otro lado, este viernes llegará a La Paz la marcha de campesinos de la región amazónica de Pando, y otras regiones que se sumaron progresivamente, en rechazo a la ley 1720 que autoriza la recategorización voluntaria de tierras. Con esta norma, las pequeñas propiedades podrán ser registradas como medianas, a solicitud de los propietarios, y de esa forma poder ser utilizadas como garantía para préstamos bancarios.

Mientras el Gobierno defiende la norma en aras de la libertad individual y el desarrollo de los agricultores, los críticos cuestionan que pueda dar lugar a la concentración de tierras, amenazar los territorios colectivos indígenas y poner en riesgo a pequeños productores.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme el aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió convocar a un cabildo nacional el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, con el propósito de debatir el rumbo del país y definir una agenda de carácter estructural. La determinación fue asumida durante un “ampliado nacional de emergencia” encabezado por el dirigente sindical Mario Argollo.

De acuerdo con Argollo, la iniciativa responde a la necesidad de que los sectores laborales participen en la definición de propuestas para el Gobierno. “Los compañeros pidieron realizar un gran cabildo nacional para el 1 de mayo (…) para que en este encuentro podamos tomar determinaciones sobre el rumbo que queremos para nuestro país”, afirmó.

Argollo también expresó críticas hacia la gestión de Rodrigo Paz, al señalar que, desde la perspectiva de la organización, no existen políticas orientadas a resolver problemas de carácter estructural. En ese contexto, la organización sindical plantea construir una agenda nacional que recoja las demandas de organizaciones sociales de los nueve departamentos del país.

Por otro lado, el dirigente descartó la participación de la COB en encuentros impulsados por actores políticos. “No queremos politizar ni que el gobierno piense que queremos hacer política”, sostuvo en referencia a iniciativas externas.

El cabildo busca consolidarse como un espacio de deliberación amplio, en el que se definan lineamientos y propuestas que, según la dirigencia sindical, apunten a lograr transformaciones de fondo en el país.

La COB es la principal organización sindical del país y una de las más influyentes en su historia política, aunque en el último tiempo fue cuestionada sobre su independencia frente a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Si bien protagonizaron demandas salariales y presiones sectoriales específicas, también fue percibida por algunos actores como un aliado político del oficialismo.

Con el cambio de gobierno en noviembre pasado, la relación entre la COB y el Ejecutivo ha dado señales de una mayor tensión especialmente tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, el 17 de diciembre de 2025, que derivó en movilizaciones, bloqueos y un endurecimiento del discurso sindical.

La norma eliminaba la subvención a los combustibles —vigente por más de dos décadas—, establecía nuevos precios para su comercialización, aumentaba el monto del salario mínimo y algunos bonos sociales, e incluía artículos destinados a incentivar la inversión, que fueron observados por varios sectores que ponían en duda su constitucionalidad. La COB interpretó estas medidas como parte de un ajuste económico que trasladaba el costo de la crisis a la población trabajadora y encabezó las protestas que se extendieron hasta mediados de enero en diferentes regiones del país.

A través de bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas, la COB consiguió en negociaciones con el Gobierno que se abrogara el decreto y se mantuviera, en una norma separada, la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento salarial, en lo que constituyó el primer conflicto social de la administración de Paz.

En los últimos días, la organización laboral también ha exigido un nuevo alza salarial, una práctica anual que se define a partir de negociaciones con el Ejecutivo en las semanas previas al 1 de mayo y que es de carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje del incremento se define en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales. Para esta gestión, los trabajadores demandan 20% de incremento.

En ese contexto y en vista del cabildo sindical, las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes de la COB serán decisivas para evitar un nuevo foco de tensión.

La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este martes una masiva marcha en el centro de La Paz con el objetivo de entregar al Gobierno su listado de demandas anuales que reúne las principales peticiones del movimiento sindical, entre ellas, de aumento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que el pedido de incremento salarial fue elaborado con base en datos oficiales y contempla dos componentes: el salario mínimo nacional y el salario básico, diferenciando ambos como aspectos clave dentro de la negociación.

“Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, es un planteamiento trabajado por profesionales y con información del propio Gobierno”, afirmó. El movimiento sindical fijó un plazo de diez días para recibir una respuesta oficial del Gobierno.

Argollo indicó que el pliego fue elaborado considerando el contexto actual del país y pidió a las autoridades que convoquen a los dirigentes para iniciar un proceso de diálogo sobre sus demandas. “Ha sido un pliego petitorio elaborado de manera responsable, viendo la coyuntura que vive nuestro país y también el Gobierno central está en la obligación, en un tiempo perentorio, de poder atender y convocarnos para poder trabajar el pliego petitorio”, afirmó el dirigente.

La marcha contó con la participación de delegaciones de diferentes regiones, en una convocatoria que buscó reflejar la presencia de trabajadores a nivel nacional. Argollo señaló que las organizaciones afiliadas decidieron llevar adelante la movilización con la participación de “compañeros de base de los nueve departamentos”, con el fin de formalizar la entrega del documento al Ejecutivo.

En Bolivia, el ajuste salarial anual es una práctica institucionalizada que se define a partir de negociaciones entre el Gobierno y la COB. Este proceso suele desarrollarse en las semanas previas al Día del Trabajo (1 de mayo) y culmina con el anuncio oficial de un incremento tanto al salario mínimo nacional como al salario básico. La medida tiene carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje de incremento se define principalmente en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales.

Mientras el Gobierno suele argumentar la necesidad de preservar la estabilidad económica y el empleo, los sindicatos presionan por aumentos que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

En los últimos años, el Ejecutivo ha optado por incrementos moderados, en un contexto marcado por la desaceleración económica y restricciones fiscales, lo que ha derivado en negociaciones más tensas entre ambas partes.

En diciembre pasado, el Gobierno de Rodrigo Paz realizó un ajuste salarial extraordinario que fijó la remuneración mínima en 3.300 bolivianos, lo que representó un incremento aproximado del 20% respecto al nivel anterior y entró en vigencia a partir de 2026.

La norma inicial sobre esta medida establecía que el salario sería “congelado” durante este año, pero tras su abrogación en medio de otros reclamos sindicales, se anuló esta condición, por lo que la posibilidad de un nuevo incremento está abierta.

Sin embargo, durante el acto de entrega del listado de demandas este martes, varios dirigentes expresaron su preocupación por la situación económica del país, el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar y problemas en el abastecimiento de combustible, lo que afectaría la economía de las familias.

En los últimos dos años, Bolivia ha experimentado un marcado repunte inflacionario que contrasta con la relativa estabilidad de precios observada durante más de una década. En 2024, el país registró una aceleración significativa, con una variación acumulada cercana al 10%, impulsada por el encarecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento y presiones externas. Esta tendencia se intensificó en 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 20,4%, el nivel más alto en lo que va del siglo XXI y muy por encima de las expectativas del Gobierno.

Aunque en 2026 se observa una leve desaceleración, la inflación continúa en niveles elevados en comparación con los estándares históricos recientes, consolidándose como uno de los principales desafíos del país.

En el segundo día de bloqueos, se registran al menos 13 cortes de ruta en Bolivia, la mayoría concentrados en el norte y el occidente del país. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza la medida de presión a la que se sumaron otros sectores que reclaman la abrogación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron una reunión con el Gobierno luego de protagonizar una marcha de tres días —a la que denominaron “Bolivia no se vende”— en rechazo a la negativa de abrogar la norma. A partir de entonces, advirtieron con radicalizar sus protestas y bloquear caminos a nivel nacional.

La propuesta de la COB busca separar el contenido de decreto promulgado por el presidente Rodrigo Paz el 17 de diciembre: por un lado establecer la subvención de los combustibles y el incremento de bonos sociales que ya están contenidos en la norma actual; y por otro, remitir a la Asamblea Legislativa otros artículos del decreto que según los dirigentes de los trabajadores merecen un tratamiento diferenciado.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo “fast track” de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

Mientras la COB persiste con las protestas y exige la eliminación de la norma y la liberación de afiliados detenidos en las protestas del lunes, el gobierno busca lograr consensos con otros sectores. El martes hubo una reunión entre dos ministros y representantes de más de 40 organizaciones sociales para explicar el contenido del decreto, aclarar observaciones y escuchar las preocupaciones en torno a las medidas.

“Todo lo que son bloqueos es el pasado, el pasado ya no puede estar dentro de los bolivianos, lo que nosotros hacemos es dialogar con todos los sectores. La COB está invitada a dialogar, es la idea tener este tipo de diálogo maduro, no podemos cerrarnos”, manifestó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Para este miércoles se tiene previsto otro encuentro entre el Gobierno y sectores sociales, pero no se ha confirmado la presencia de la Central Obrera. Félix Nina, dirigente del ente obrero en La Paz, condicionó la presencia del movimiento de los trabajadores a la liberación de al menos 20 detenidos el lunes, durante los enfrentamientos que hubo en La Paz al finalizar la marcha.

Si bien algunos ministros han manifestado que existe disposición para hacer ajustes al decreto, descartan la abrogación de la norma.

“Abrimos un espacio de diálogo, pero lamentablemente (la COB) venía sólo con una consigna: abrogación del 5503. Obviamente la respuesta es no, el 5503 no se va a abrogar”, manifestó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo en una entrevista con el medio El Deber. Sin embargo, señaló que están “abiertos a discutir artículo por artículo” para ver si hay “alguna corrección, mejora o contribución”.

En ese contexto, las negociaciones entre el movimiento obrero y la administración de Rodrigo Paz están en punto muerto: por un lado, la intransigencia de dialogar hasta que no se abrogue el decreto y, por otro, la negativa categórica del Gobierno a dar marcha atrás.

Tras una jornada violenta en La Paz con el arribo de una marcha en rechazo al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas en Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó iniciar este martes un bloqueo de caminos a nivel nacional para exigir la abrogación de la norma.

A primera hora de la mañana, los medios locales registraban al menos cuatro piquetes en la carretera que une a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, en el occidente y centro del país, lo que provocó la suspensión de la salida de buses de transporte interdepartamental.

El lunes, los dirigentes de la COB abandonaron un encuentro con el Gobierno y entregaron una propuesta escrita sobre la cual quieren iniciar las negociaciones. Entre tanto, Mario Argollo, máximo dirigente del ente obrero, señaló que radicalizarán las medidas de presión hasta que reciban una respuesta favorable de parte del Gobierno.

La propuesta de los trabajadores básicamente consiste en abrogar el decreto y reemplazarlo por una norma de alcance más limitado que incluya la reducción de la subvención a los combustibles y el incremento de los bonos sociales que han sido planteados por el Gobierno.

Para los dirigentes de la COB, el decreto actual tiene “artículos de contrabando” que facilitan el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos o litio. A través de un mecanismo “fast track”, la norma actual establece un proceso acelerado para la aprobación de contratos mediante decreto supremo.

La COB y las organizaciones afiliadas que participan en las protestas exigen que esos artículos sean eliminados y transferidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su debate y reglamentación.

La COB ha advertido que la implementación de un “decreto paralelo” es la única forma de desactivar las medidas de presión y espera una respuesta oficial sobre su planteamiento en las próximas horas.

En respuesta, la administración de Rodrigo Paz ha manifestado que está abierta al diálogo y ha convocado a una nueva reunión el miércoles en la que se instalarán mesas técnicas para discutir el alcance de la norma. Sin embargo, tanto el presidente Paz como sus ministros descartaron la abrogación del decreto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, manifestó en una entrevista que el “decreto es perfectible” y que el Gobierno está dispuesto a “mejorarlo y complementarlo”. Sin embargo, señaló que “eso no significa que el decreto deba ser derogado, todo lo contrario, hay que avanzar en esa línea hacia la estabilización de la economía”.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señaló que las protestas responden a intereses de los dirigentes para mantener sus privilegios y dijo que “no tienen moral” para hacer reclamos porque durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año) fueron beneficiados por el Estado.

“No tienen moral para hablar de reivindicación o de lucha social”, afirmó Barrientos en una entrevista en el canal Bolivisión. “¿Dónde estaba la CPB mientras nos saqueaban durante 20 años? Estaban recibiendo autos y `pegas’ (cargos públicos)”, manifestó.

Mientras crece la incertidumbre sobre la transitabilidad en el país y la masificación de los bloqueos, el conflicto entre el Gobierno y la COB se mantiene abierto, a la espera de definiciones que permitan avanzar en el diálogo o profundicen las medidas de presión en las próximas horas.

Afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron este lunes tres piquetes de huelga en La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal. Los piquetes están en la sede de la COB, en la del Magisterio Urbano y en la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia.

La medida de presión se inició tras una marcha de protesta en la sede de Gobierno que exige la abrogación del decreto que algunos sectores consideran perjudicial para la población, al aplicar ajustes económicos como la eliminación del subsidio a los combustibles y el encarecimiento del diésel y la gasolina.

“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente de los trabajadores en el séptimo día de protestas.

Los dirigentes de la COB se reunieron la semana pasada con el Gobierno de Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo. El ente sindical exige que se abrogue el decreto, mientras que en el Ejecutivo afirman que no darán marcha atrás en una medida que consideran “el punto de partida de un nuevo modelo de país”.

En los últimos días, la administración de Paz sostuvo reuniones con otros sectores —como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas— para sumar respaldo a la medida.

El Decreto Supremo 5503 rige desde el 17 de diciembre y los ajustes al precio del combustible están acompañados por otras medidas, como el incremento del 20% al salario mínimo y un mecanismo fast track para contratos sobre recursos naturales que podrán ser aprobados sin control parlamentario en 30 días.

Para Argollo, estas disposiciones “rifan” el país. “Lastimosamente, este decreto vende el país, rifa el país. Creo que hemos socializado y estamos llegando a la concientización (…), no estamos aquí por locos, ni por intereses políticos (…), no nos vamos a parcializar por ningún gobierno de turno”, señaló citado por el periódico La Razón.

En tanto, el Gobierno defiende la totalidad de las medidas, incluyendo la implementación de procedimientos administrativos acelerados para atraer inversiones.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Las movilizaciones de la COB se desarrollan en un escenario marcado por tensiones sociales y económicas. Bolivia enfrenta desde hace más de dos años, una crisis financiera marcada por la escasez de dólares y el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar.

Si bien el decreto incluye algunas medidas sociales, como el aumento del salario mínimo y de bonos que benefician a estudiantes y adultos mayores, hay sectores que las consideran insuficientes cuando el país alcanzó el 20% de inflación interanual y algunos economistas proyectan que seguirá en ascenso con el ajuste en el precio de los combustibles.

Los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron este domingo su adhesión a las manifestaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que dispone una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.

Wilma Colque, presidenta de las seis federaciones cocaleras, convocó a los afiliados a una reunión este martes 30 de diciembre en la que determinarán las acciones a seguir. “Vamos a participar en estas marchas y movilizaciones para abrogar el decreto. No se trata solamente del gasolinazo o la subvención, detrás de esto hay 121 artículos que perjudican y está rifando a Bolivia con todos sus recursos naturales”, manifestó Colque.

El decreto, promulgado el 17 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros, articula un paquete excepcional de ajustes para estabilizar la macroeconomía y asegurar el abastecimiento de combustibles.

Entre las medidas más visibles está el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos, que resultó en un incremento de los precios del diésel y la gasolina; además de un mecanismo “fast track” para acelerar inversiones y flexibilizaciones impositivas y aduaneras destinadas a atraer capital y favorecer la importación de bienes productivos.

La norma también incluye beneficios económicos como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el aumento de bonos sociales para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Para la dirigente cocalera, el decreto es “inconstitucional” porque diseña un mecanismo de aprobación de contratos sobre recursos naturales que omite algunas disposiciones constitucionales como la consulta previa en las comunidades afectadas y la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Rechazamos contundentemente”, finalizó Colque en un video difundido en redes sociales este domingo.

La semana pasada, la COB encabezó marchas para exigir la aprobación del decreto que terminaron en enfrentamientos con la Policía y una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos. En ese contexto, los dirigentes anunciaron que continuarán movilizados con el respaldo de trabajadores mineros, campesinos, fabriles y maestros rurales.

El decreto también ha profundizado la grieta entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado en “oposición constructiva” frente al Gobierno. El fin de semana, Lara expresó su apoyo a las protestas y arremetió contra la administración de Paz en un mensaje difundido en redes sociales: “Este Gobierno se ha puesto del lado de los ricos y ha lanzado un decreto que yo llamo del hambre, del desempleo”.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

Mientras algunos sectores se mantienen en pie de protesta, el Gobierno afirmó que no dará marcha atrás en la implementación de las medidas y busca sumar respaldo al paquete de reformas económicas mediante reuniones con diferentes sectores sociales.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, difundió un mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el Gobierno continuará trabajando “para sacar a Bolivia de la crisis” y llamó a los sectores sociales movilizados a dejar de lado la confrontación, los bloqueos y la violencia.

“Estamos aquí para dar la vuelta a la hoja, pasar de la cultura de la confrontación, los bloqueos y la violencia a la de la tolerancia, la convivencia y el diálogo para vivir y trabajar en paz y en libertad”, afirmó en un video.

Un encuentro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) este 25 de diciembre determinó realizar un paro de actividades indefinido en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que, entre otros aspectos, dispuso la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento de su precio en el mercado interno.

Los dirigentes de los trabajadores anunciaron la llegada de afiliados a la sede de Gobierno donde se concentrarán las protestas. “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”, anunció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al finalizar el encuentro.

El dirigente consideró que las otras medidas que incluye el decreto, como un mecanismo de aprobación expedita y en tiempo récord de contratos sobre recursos naturales, abren las puertas para que las empresas transnacionales tomen control de la riqueza natural. “El decreto es altamente perjudicial para los trabajadores, la economía nacional y la Madre Tierra, ya que implica la enajenación de nuestros recursos naturales”, afirmó Argollo, citado por el portal de noticias Visión 360.

En paralelo a la reunión de la COB, un encuentro de trabajadores mineros realizado acordó continuar con las protestas en La Paz e iniciar movilizaciones en otras regiones en reclamo contra el decreto.

El Gobierno minimizó los anuncios de masificación de protestas y aseguró que no constituye un “conflicto nacional”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, manifestó que las protestas de los obreros son aisladas y que otros sectores han apostado por el diálogo y la negociación.

“Esto ya no es un conflicto nacional, son algunos conflictos reducidos, aislados, que todavía persisten en el país. Hemos intentado acercamientos con la COB y ni siquiera están queriendo conversar. Creo que no es el ejemplo que se ha seguido acá en Santa Cruz y en otros sectores que han accedido al diálogo”, dijo el viceministro en entrevista con el canal Unitel.

Justiniano destacó otras medidas del decreto, como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional, condonación de impuestos hasta 2025, el diferimiento de créditos y otras. “El decreto llegó para quedarse”, afirmó Justiniano, descartando su anulación.

Este escenario de tensión surge tras la eliminación de la subvención a los carburantes que durante más de 20 años habían sido vendidos en el mercado local a un precio fijo significativamente más bajo que el internacional.

Esta política de subsidio suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de diésel y gasolina debido a la baja producción local. Adicionalmente se crearon redes de contrabando que vendían combustible en las fronteras generando una pérdida anual estimada en 600 millones de dólares, según datos oficiales.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la subvención se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que para los ciudadanos se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

En la primera semana en vigencia del decreto, Paz ha logrado el respaldo de algunos sectores y neutralizar las protestas, con dos días feriados de por medio, pero queda pendiente lograr consensos mayores con las organizaciones que consideran que la norma requiere ajustes o debe ser abrogada.

Al no haber logrado acuerdos con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que mantendrá las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503 que, entre otros aspectos, levantó el subsidio estatal de los combustibles, lo que provocó el incremento del precio del diésel y la gasolina.

Al salir del encuentro con el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó a los medios locales que la administración de Paz no está dispuesta a abrogar la norma, por lo que el ente convocará a sus afiliados para una reunión ampliada en la que definirán las acciones que van a asumir.

“Hay una negativa del Gobierno central, en ese marco, también nosotros responsablemente vamos a informar a nuestras bases. Hubo reunión, hemos escuchado la propuesta del Ejecutivo de manera puntual, no hay la intención de abrogar el DS 5503 y nosotros como COB vinimos con esa posición”, manifestó Argollo.

El secretario de la COB agregó que las movilizaciones podrían haberse evitado si el decreto hubiera sido socializado antes de su promulgación. “Le hemos hecho conocer la molestia que debería haberse socializado con anterioridad y tal vez nos hubiéramos evitado muchos problemas”, indicó.

En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, señaló que este tipo de medidas “no se consensúan” y que no hubo socialización “para evitar entrar en un proceso especulativo”.

Sin embargo, tras su promulgación el 17 de diciembre, algunos ministros iniciaron mesas de diálogo para informar el alcance de la norma y lograr el respaldo de diferentes sectores sociales.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que esperaran la reunión de los afiliados de la COB para que se apruebe un cuarto intermedio en las protestas que permita iniciar el diálogo con el Gobierno. “Varios de los sectores que la componen ya han establecido esta lógica de diálogo”, afirmó el viceministro y lamentó “la intransigencia de algunos dirigentes” que exigen la abrogación de la norma.

Este martes hubo enfrentamientos entre sectores afiliados a la COB —como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el Magisterio Urbano— y la Policía Boliviana durante una marcha en la sede de Gobierno.

Cuando los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y Legislativo, fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos y éstos respondieron con petardos y cachorros de dinamita, según el reporte de los medios locales. La refriega provocó al menos seis heridos y la aprehensión de un dirigente sindical.

El Decreto Supremo 5503 adopta un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis económica que atraviesa la nación desde hace más de dos años, marcada por una inflación reciente y la escasez de dólares y combustibles, a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

La disposición que generó mayor controversia tiene que ver con la eliminación del subsidio estatal a los combustibles que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel, que habían estado fijos a un precio significativamente más bajo que el internacional durante más de 20 años.

El decreto también incluye un mecanismo exprés de aprobación de contratos sobre los recursos naturales, privilegios para la inversión extranjera y algunas medidas de contención social como el aumento del Salario Mínimo Nacional en 20%, el incremento de algunos bonos sociales y la implementación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias de 450 bolivianos anuales (64 dólares) a los sectores más vulnerables.

El Gobierno de Bolivia anunció la noche de este domingo que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes con el que se suspendieron los bloqueos de caminos anunciados para este lunes en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, levanta la subvención de los combustibles y aumenta su precio en el mercado interno.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien destacó la predisposición al diálogo de ese sector de los transportistas. “Esta es la forma de hacer las cosas”, sostuvo Zamora en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, aseguró que durante la reunión se atendieron las demandas planteadas por los choferes y que en los próximos días se continuarán tratando los temas pendientes. Mientras tanto, afirmó: “No hay paro, vamos a trabajar para servir al pueblo”.

Si bien se logró frenar una de las principales protestas, otros sectores mantienen su rechazo al decreto como la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la realización de una marcha de El Alto a La Paz, para exigir la abrogación de la norma. “La COB no va a negociar al margen del pueblo ni va a decepcionar la confianza depositada”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la entidad.

Argollo hizo un llamado a organizaciones sociales, juntas vecinales y ciudadanía en general a sumarse a una movilización que calificó como reivindicativa y no política. “Con este decreto están atentando directamente contra la economía del pueblo”, arengó.

Algunos sindicatos de choferes también mantienen en pie su protesta. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada del país, los conductores de buses se replegaron este lunes dejando sin servicio de transporte público a la población, mientras que en Cochabamba los choferes del transporte libre realizan bloqueos.

En otras regiones, como en la ciudad sureña de Tarija, hay pocos buses en servicio y los que circulan duplicaron la tarifa del pasaje sin acuerdo previo con la Alcaldía.

Precisamente el punto central de la discusión con los choferes tiene que ver con el precio del pasaje que está regulado por los gobiernos locales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores este lunes para establecer, junto a los choferes, criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.

Estos encuentros se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes. Durante más de 20 años, el Estado subsidió el diésel y la gasolina vendiéndolos a un precio fijo significativamente más bajo que el precio internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de combustible debido a la baja producción local.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la política de subsidios se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

Si bien la norma incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas.

En los primeros cinco días de la medida, Paz parece capear parcialmente las manifestaciones a través de acuerdos sectoriales, pero queda pendiente lograr consensos mayores que devuelvan la normalidad del servicio sin generar un perjuicio económico mayor a una población ya golpeada por la crisis.

Como todos los años, la Central Obrera Boliviana entregó al Gobierno la solicitud de aumento al salario mínimo y el haber básico. En medio de la crisis económica que afecta el país, marcada por la escasez de dólares y el incremento sostenido de los precios de la canasta familiar, los trabajadores pidieron un incremento del 20% y 15% respectivamente.

El pedido se oficializó este jueves en una reunión entre los dirigentes de la COB y el presidente Luis Arce. “La propuesta está sujeta a discusión, como siempre lo hicimos, en la comisión económica, ya con estos antecedentes de un estudio en los diferentes mercados y la preocupación de los bolivianos de la pérdida adquisitiva del salario”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El presidente Arce informó que se conformarán cuatro comisiones para atender la demanda salarial y un listado de reclamos sindicales adicional. “(Vamos a) velar para que aquellos sectores que están siendo afectados puedan tener una compensación salarial justa en el marco de la economía nacional”, manifestó el mandatario a tiempo de señalar que la especulación de precios habría provocado un aumento de la inflación.

Bolivia atraviesa desde inicios de 2023 dificultades económicas marcadas por crisis cambiaria. A partir de entonces se restringieron las transacciones en dólares y se limitaron los giros y el uso de tarjetas bancarias en el extranjero. Si bien el Gobierno no ha devaluado la moneda, surgió un mercado paralelo de divisas en el que el boliviano se devaluó progresivamente hasta alcanzar el 70% de depreciación actual.

Esto ha limitado las importaciones de combustible provocando frecuentes periodos de escasez y el incremento constante de los precios. Bolivia cerró el 2024 con casi el 10% de inflación -el porcentaje más alto de los últimos 16 años- y este año apunta a dispararse aún más: los dos primeros meses de 2025, la inflación acumulada llegó a 3,24%, casi la mitad de lo proyectado por el Gobierno para todo el año, lo que marca una tendencia inflacionaria alta para los siguientes meses.

En ese marco, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Erland Rodríguez, calificó la demanda de los obreros como “porcentajes un poquito altos” y dijo que serán trabajados en mesas técnicas.

El sueldo mínimo de Bolivia es de 2.500 bolivianos, equivalentes a 360 dólares al tipo de cambio oficial y menos de 250 al cambio del mercado paralelo. En mayo de 2024, se subió en 5,85% el salario mínimo nacional y en 3% el haber básico, y la demanda de los trabajadores para ese año había sido del 8% y 7% respectivamente.

Ante el pedido de la COB, varios sectores empresariales e industriales han rechazado la propuesta que consideran “exorbitante” e “irreal”. En un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó que “la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema; que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados; y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”. En la misma nota, la entidad solicita al Gobierno escuchar los argumentos y propuestas del sector empresarial antes de tomar cualquier decisión.

De igual forma, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó que el aumento salarial demandado es “inviable” dada la coyuntura económica que atraviesa el país. Antelo reiteró en una rueda de prensa que se hicieron propuestas para paliar la crisis económica del país como reducir el aparato estatal y liberar las exportaciones para generar más divisas.

Diversas protestas en contra del Gobierno anticipan una semana de conflictos en Bolivia. Según ha manifestado el ex presidente Evo Morales, el 17 de septiembre iniciará una marcha desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz con el fin de que el Gobierno atienda las demandas de un pliego petitorio que incluye, entre otras cosas, aumentar la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del ala evista del partido de Gobierno, en el que se renovó el liderazgo de Evo Morales como dirigente máximo.

La marcha, que durará aproximadamente seis días, fue definida en un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) el pasado 3 de septiembre en el que también se dispuso el bloqueo de caminos a partir del mes de octubre si no se atienden las demandas.

Por otro lado, organizaciones indígenas del altiplano encabezadas por una facción de los Ponchos Rojos anunciaron un cerco en la sede de Gobierno para exigir “la renuncia del Presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca, así como el adelanto de las elecciones generales”, según publica el periódico La Patria.

Las medidas de presión en La Paz coinciden con el traslado del Gobierno a la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de comandar desde ahí los operativos contra los incendios. Según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el presidente, vicepresidente y los 17 ministros que integran el gabinete gobiernan desde la capital cruceña desde el jueves.

A estas movilizaciones se suman otras en varias ciudades del país motivadas por la crisis económica y ambiental que enfrenta Bolivia, ésta última debido a los incendios en el oriente del país que han consumido cuatro millones de hectáreas y que han dejado al país cubierto de humo y contaminación. En la semana que termina se registraron varias movilizaciones de ambientalistas, una de las cuales terminó con gasificación policial en La Paz.

Del otro lado, seguidores del Gobierno de Luis Arce encabezados por la Central Obrera Boliviana instalaron una vigilia en la Plaza Murillo para exigir la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa, una demanda del Órgano Ejecutivo para paliar la crisis económica marcada principalmente por la falta de dólares. De igual manera, los manifestantes piden la aprobación de “leyes sociales”, vinculadas a la ley de pensiones y a los derechos laborales.

La vigilia, instalada con carpas en la entrada de la Asamblea Legislativa es indefinida y no se descartan otras medidas de presión. El lunes pasado, el dirigente sindical Juan Carlos Huarachi advirtió incluso con tomar físicamente la Asamblea Legislativa para forzar la aprobación de los préstamos.

Una crisis “multidimensional”

En una entrevista con Infobae, el analista político Carlos Saavedra define el escenario político actual del país como una “crisis multidimensional” atravesada por la polarización y la electoralización de la política.

La crisis multidimensional a la que se refiere el analista consultado por Infobae está compuesta por tres elementos: la crisis económica, que moviliza actores importantes como los gremiales y transportistas; la crisis política, marcada por la división interna del MAS; y la crisis institucional, que tiene larga data y está relacionada a la falta de credibilidad en las instituciones del Estado.

A ese contexto se suma el descontento social por los incendios, ante lo cual el Gobierno ha determinado tomar acciones visibles para contener un frente más de conflicto que “se le estaba yendo de las manos”.

En ese escenario, Saavedra sostiene que el Gobierno está “atajando penales” y tratando de neutralizar uno a uno los conflictos que se presentan como estrategia para que la próxima semana la marcha anunciada por Evo Morales no se sobreponga a otras manifestaciones. “Lo peor que puede pasar es que se junten las protestas, ahí se le genera al Gobierno un escenario más complejo”, manifestó.

Los senadores y diputados de Bolivia legislan este jueves bajo amenaza de los seguidores del Gobierno, quienes instalaron una vigilia en la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales que ayuden a paliar la crisis económica que enfrenta el país.

Este miércoles estaba programada una sesión de la Cámara de Senadores, pero se decidió cambiar la sede a la localidad de Uyuni, en Potosí, ante la amenaza que en días pasados hizo el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de tomar el hemiciclo. Entre tanto, los diputados instalaron la sesión en medio de la vigilia a la Asamblea, pese a que varios consideraban que no hay garantías.

El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que dispuso de una cantidad significativa de efectivos policiales para resguardar el edificio y la integridad de los legisladores. La vigilia se instaló el martes luego de una “macha por la democracia”, que fue protagonizada por seguidores del Gobierno encabezados por la COB.

El orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados consigna siete puntos, dos de los cuales son proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos por una suma total de 140 millones de dólares.

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 100 millones de dólares.

“No vamos a aprobar nada, se tiene que priorizar las iniciativas que tienen que ver con abrogar las leyes incendiarias”, manifestó al inicio de la sesión la diputada Samantha Nogales. “Esta sesión debería estar dedicada exclusivamente a los incendios forestales, lastimosamente el Gobierno lo único que hace es politizar, y todos los masistas son cómplices”, agregó.

Consultada por Infobae, la diputada Luciana Campero indicó que, hasta la publicación de esta nota, no se habían registrado incidentes con los manifestantes y que la oposición estaba intentando modificar el orden del día y tratar otras normativas.

Créditos externos

Los dos proyectos de ley de aprobación de créditos internacionales que se pusieron en la agenda de hoy, no son los únicos que el Gobierno espera.

Según informó el presidente Luis Arce, se trata de doce créditos que suman 1.076.760.000 dólares. En un mensaje a la nación, el presidente calificó la falta de tratamiento de estas leyes como un “bloqueo” y “boicot” a su gestión, y manifestó que es una de las causas de la falta de dólares en el país.

Legisladores del evismo y la oposición consideran que no se puede aprobar créditos hasta que no se explique el manejo y destino de los recursos. “No vamos a aprobar leyes económicas si el presidente no rinde cuentas, no le explica al pueblo boliviano y a los representantes del pueblo qué destino han tenido estos recursos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando. Por ello debemos señalar de forma firme y clara: no nos van a obligar a levantar la mano”, manifestó el diputado Renán Cabezas.

Desde hace más de un año que Bolivia atraviesa una crisis económica marcada principalmente por la escasez de dólares que ha derivado en el desabastecimiento periódico de combustible, el mismo que es subsidiado por el Estado y que representa uno de los mayores gastos públicos.

La crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) está golpeando la institucionalidad en Bolivia. Este miércoles, la Asamblea Legislativa Plurinacional amaneció cercada con una vigilia de seguidores del presidente Luis Arce que exigen a los legisladores -de la oposición y el evismo- la aprobación de créditos internacionales que darían un respiro a la crisis económica que atraviesa el país.

Este martes una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB), cuya dirigencia es afín al Gobierno y no goza de la legitimidad unánime de las bases, llegó hasta la Plaza Murillo y terminó en golpes con seguidores de Evo Morales. En medio de la medida de presión, la Cámara de Diputados convocó a una sesión para este jueves 12 de septiembre y apuntó en la orden del día el tratamiento de dos créditos.

El primer proyecto de ley corresponde “a la aprobación del contrato de préstamo para el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable, suscrito el 23 de mayo de este año entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de 40.000.000 dólares”.

El segundo proyecto de ley es el referido al préstamo para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, suscrito el 10 de mayo de este año, entre el Estado boliviano y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por un monto de 100.000.000 dólares.

Sin embargo, no son los únicos créditos que están pendientes en la Asamblea. Arce informó que son doce por un valor total de 1.076.760.000 dólares y calificó la falta de tratamiento de estas leyes como un “boicot” a su gestión y dijo que es una de las causas de la falta de dólares en el país.

La madrugada de este miércoles se observó a varios grupos de trabajadores apostados en inmediaciones de la Asamblea Legislativa que tiraban petardos y mostraban pancartas en las que exigían la aprobación de las leyes. Uno de los voceros informó que la instrucción de la COB es permanecer en vigilia indefinida “hasta la aprobación de los créditos”. En la puerta de la Asamblea había resguardo policial de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

Legisladores de la oposición y el ala evista del MAS rechazaron la presión de los seguidores del presidente y han indicado que no darán curso a los proyectos. El diputado Renán Cabezas expresó que no aprobarán los créditos internacionales mientras no se aclare el manejo y destino de los recursos. “No vamos a aprobar leyes económicas si el presidente no rinde cuentas, no le explica al pueblo boliviano y a los representantes del pueblo qué destino han tenido estos recursos, cómo se están utilizando, dónde se están utilizando. Por ello debemos señalar de forma firme y clara: no nos van a obligar a levantar la mano”.

De igual manera, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi manifestó que no se aprobarán leyes que sigan endeudando al país y apuntó contra Juan Carlos Huarachi, dirigente de la COB: “a punta de carajazos aquí no nos van a manejar (…) aquí nos van a respetar, le guste o no, la Asamblea Legislativa es el corazón de la democracia”.

La tensión política se puede incrementar en los próximos días con una marcha a La Paz anunciada por el presidente del MAS, Evo Morales, el 17 de septiembre y un bloque de caminos para octubre.

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó este lunes con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene a la organización obrera dividida entre los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce.

“¡No vamos a parar compañeros, hoy más que nunca, mañana la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa, y si no quieren legislar, carajo que asuman sus suplentes! Así nomás es, y si los suplentes no quieren, ¡vamos a plantear cierre del Parlamento, carajo!, ¡Qué viva la Central Obrera!”, vociferó el dirigente afín al Gobierno.

El conflicto inició cuando el lunes por la tarde, un grupo de seguidores de Evo Morales entró a la sede sindical para protestar contra Huarachi, a quien acusan de estar alineado con Luis Arce y ocupar el cargo ilegalmente, porque estaría fuera del plazo para el que fue elegido.

Con cohetes y carteles en mano que decían “¡Huarachi traidor, COB vendida, Huarachi corrupto!”, cerca de 50 manifestantes entraron por la fuerza a la sede sindical para exigir que su líder “dé la cara”.

Según la prensa local, la protesta estaba encabezada por Humberto Claros y Enrique Mamani, dirigentes de organizaciones sociales cercanos a Evo Morales, quienes dieron una conferencia de prensa desde la oficina de Huarachi.

“Al señor Huarachi, al señor Arce Catacora, la siguiente (vez) que vengamos no vamos a venir solo a protestar, ¡los vamos a venir a sacar a patadas!, a todos esos dirigentes malandrines que ahora se han auto prorrogado en la Central Obrera Boliviana. Esta es nuestra rabia que queremos hacer conocer a Bolivia”, manifestó Claros.

En medio de las crecientes manifestaciones que enfrenta el Gobierno por la crisis económica, la escasez periódica de combustibles, los incendios y los resultados del censo, entre otros, la COB convocó para este martes una marcha “en defensa de la democracia” y tiene previsto llegar a la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de créditos internacionales. Sin embargo, para Claros, el dirigente evista, la movilización de la COB es “una pantomima” que, en vez de defender a los trabajadores defiende a quienes están en el poder.

“Lo que tiene que hacer (Huarachi) es salir a defender al pueblo y no al Gobierno corrupto”, manifestó Claros antes de abandonar el edificio de la sede sindical.

Tras el incidente en la COB, el presidente Luis Arce pidió sanciones contra los dirigentes evistas y dijo que se trató de un “golpe sindical” que “no puede quedar impune”. Sin embargo, no hizo referencia a la amenaza a la institucionalidad legislativa que hizo Huarachi.

La declaración causó rechazo unánime en la oposición. La diputada Luisa Nayar cuestionó en su cuenta de X: “¿Cómo es posible que un patán abusivo y descalificado como Huarachi, se atreva a amenazar así al primer poder del Estado y quede impune?” y luego agregó “venga, Huarachi, con sus huestes violentas. No le tenemos miedo. Lo estaremos esperando armados de nuestra verdad y nuestra pasión por la libertad y la democracia”.

Huarachi, en el vaivén del poder

El liderazgo de Juan Carlos Huarachi se forjó en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a través de la cual llegó a la dirección de la COB en febrero de 2018. Según el Estatuto Orgánico de la organización sindical, el mandato de la dirigencia tiene una duración de dos años con posibilidad de ser reelegido por un periodo adicional.

En entrevista en un programa televisivo, Humberto Claros manifestó que “Huarachi ya no es ejecutivo por norma estatutaria desde inicios del 2020. En ninguna parte del Estatuto dice que se puede auto prorrogar (…) ¿Qué Congreso lo ha elegido el señor Huarachi para estar ocho años ahí?”, manifestó.

La gestión de Huarachi es cuestionada, entre otras cosas, por la manera en la que se acomoda al poder de turno. Cuando fue electo dirigente de la COB, apoyó las políticas del entonces presidente Evo Morales y fue uno de sus principales aliados. Sin embargo, en medio de la crisis política de 2019 y horas antes de la caída del Gobierno, Huarachi le dio la espalda: en conferencia de prensa pidió su renuncia.

Luego fue acusado, sin pruebas, por el expresidente de haber recibido dinero del Gobierno interino de Jeanine Añez para promover “la pacificación del país”, algo que el aludido ha negado. Meses más tarde, Huarachi organizó marchas contra la postergación de las elecciones de 2020 y el Gobierno de Añez.

Una vez que Luis Arce asumió el poder, el dirigente sindical mostró afinidad con su Gobierno. Si bien ha manifestado varias veces que “no es masista”, en abril de este año, durante el aniversario de la COB, manifestó su apoyo al presidente: ˝Hoy ratificamos el compromiso de seguir acompañando a nuestro presidente y vicepresidente como institución obrera”, afirmó.

Opositores y afines al evismo, critican la politización de su liderazgo. Para el diputado Miguel Roca, la COB ya no existe y lo que hay en su lugar es “un sindicato prebendal y servil al Gobierno”.

Hay tensión en Bolivia por la propuesta de control de divisas que surgió tras un encuentro del presidente Luis Arce con movimientos sociales y obreros. Varios sectores empresariales se declararon en emergencia y advirtieron los efectos negativos que esta medida puede generar como el surgimiento de mercados paralelos, el colapso del aparato productivo y una caída abrupta de las exportaciones.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, evidente en la escasez de dólares y de combustibles, el Gobierno de Luis Arce convocó a dos reuniones, una con movimientos sociales -a la que se denominó Gabinete Social- y otra con empresarios para debatir la situación económica y escuchar propuestas.

Luego del primer encuentro, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, flanqueado por representantes de las organizaciones sociales, anunció las conclusiones del evento: “Una de las sugerencias que hemos planteado es el control de las divisas de las exportaciones, que es muy importante para que eso entre al Banco Central de Bolivia, entre al Estado boliviano y a través de ello se pueda garantizar la circulación del dólar”, informó en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

El anuncio generó una ola de protestas y varios sectores se declararon en estado de emergencia. La Cámara Nacional de Exportadores advirtió efectos negativos para la economía como el surgimiento de mercados cambiarios paralelos, ralentización de pagos al exterior, desabastecimiento de insumos y material prima y fuga de capitales, entre otros. “El sector exportador exhorta al gobierno nacional a enfrentar la actual crisis de balanza de pagos con seriedad y actuando con la debida cautela respecto al anuncio de medidas que no generarán más que una profundización y extensión de la crisis económica en la que se encuentra actualmente el país”, dice el comunicado emitido por esta organización.

De igual manera, la Cámara Nacional de Industrias vaticina un “colapso del aparato productivo” que derivaría en la pérdida de mercados extranjeros ante la imposibilidad de cumplir de contratos y pagos, cierre de fábricas y una escalada inflacionaria “sin precedentes”.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también se manifestó en contra y, a través de un comunicado pidió que las propuestas para enfrentar la crisis económica se hagan “en el marco de la seriedad que corresponde”.

En medio de la controversia, el Gobierno ha optado por la cautela. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que solo están escuchando propuestas de los todos sectores y que luego se tomarán decisiones. “Lo importante es escuchar a los actores y tomar acciones de manera conjunta”, indicó Alcón en el canal Unitel.

El economista y analista Gonzalo Chávez explicó en una entrevista en Radio Panamericana, que esta medida no funcionó en otros países donde fue aplicada y que en vez de resolver el problema, generará incertidumbre y complicará aún más la situación económica. “Estas medidas están condenadas a generar mayor incertidumbre, disparada del dólar y mercados paralelos (…) es una muy mala idea”, afirmó.

Este viernes por la tarde se reanuda la reunión del Gobierno con los empresarios privados que entró en cuarto intermedio el pasado miércoles. El encuentro estará marcado por la propuesta de control de divisas y las sugerencias de los empresarios privados y sectores productivos.

La Paz, 17 jul (EFE).- La ausencia de una política clara de Estado para el deporte en Bolivia y los escasos recursos para la formación de atletas son las principales deficiencias identificadas por dirigentes, entrenadores y deportistas por las que el país es el único en Suramérica sin haber logrado subir a un podio en los Juegos Olímpicos.

Desde su estreno en los Juegos de Berlín en 1936, Bolivia lleva 16 participaciones en la competición y casi todas sus intervenciones fueron con pocos deportistas y mediante las 'wild cards', las tarjetas de invitación.

Las excepciones fueron en 2016, cuando la mayoría de sus deportistas consiguieron las marcas mínimas para participar en los Juegos de Río, y ahora en los de París, a los que el atleta Héctor Garibay concurrirá por mérito propio junto a otros tres deportistas invitados.

Lo más cerca que el país estuvo de un 'top-ten' fue cuando en 2016 la atleta Ángela Castro quedó en el puesto 18 en la competencia femenina de marcha de 20 kilómetros.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, indicó a EFE que "hay muchos factores" por los que el país no ha logrado hasta ahora una medalla en los juegos, el principal: que "no hay una política de Estado clara con relación a los atletas", ni una inversión de recursos.

Arze citó el caso de Ecuador, donde el presupuesto para el deporte es de unos 60 millones de dólares, mientras que en Bolivia apenas ronda el millón y actualmente son los mismos deportistas, familias y clubes los que hacen "el mayor esfuerzo" para entrenar y costearse la participación en eventos internacionales.

Para que un atleta tenga buenos resultados se requiere un plan con un equipo multidisciplinario que acompañe sus entrenamientos, "alimentación, sobrealimentación" y respaldo económico para no tener que estar "vendiendo tortas en las calles para viajar", como se ha visto en los últimos años, explicó.

"A un atleta olímpico no se lo forma en un par de años. Necesitamos ocho años cuando menos de trabajo con todo lo que acabo de nombrar y podremos tener esperanzas de que las cosas puedan cambiar. Pero en tanto y en cuanto no se haga eso, no vamos a tener los resultados que esperamos", agregó.

En declaraciones a EFE, el exviceministro de Deportes Marcelo Ortubé coincidió con Arze en identificar como causas la falta de presupuesto para sostener programas deportivos, las carencias de infraestructura para la alta competencia y la ausencia de formación de entrenadores especializados.

A su juicio, hay otros problemas de fondo como la escasa planificación en la formación atlética en las escuelas y colegios que permitan identificar los "talentos deportivos" que en el futuro alcancen metas importantes para el país.

Ortubé lamentó que en Bolivia "no siempre se toma el deporte como una prioridad" y que socialmente no hay "una cultura que valore y promueva el deporte de alto rendimiento".

Para la exmaratonista Geovana Irusta, el problema son las deficientes políticas deportivas que "no dan el valor que requiere al deporte" y la organización deportiva que mantiene a "dirigentes perpetuos".

Irusta dijo a EFE que desde el exterior "llegan muchas ayudas", pero que muchas no son bien encaminadas por los dirigentes, puesto que no llegan a los deportistas que "realmente tienen talento y se sacrifican".

También identificó la falta de apoyo económico, puesto que son los propios atletas y sus familias los que tienen que costear su alimentación, suplementos alimenticios, indumentaria, viajes y tratamientos médicos.

En esto coincidió la exatleta Nemia Coca, la entrenadora de Héctor Garibay y con la que el maratonista consiguió en 2023 la marca para asistir a los Juegos de París, un logro gestionado por ellos mismos.

Coca sostuvo que se conseguirían medallas si hubiera apoyo económico oportuno del Gobierno y del COB para garantizar equipamiento y médicos especializados para los atletas.

"A lo último ya no se necesita tanto como al principio. Este trabajo es a largo plazo y al empezar ya tenemos que tener esta ayuda", precisó.

La entrenadora señaló que "hay elemento" para conseguir la presea, y mencionó el caso de la atleta Jhoselyn Camargo, que pudo llegar a los juegos, "pero no tiene ayuda" económica.

Para Coca, es importante que el Gobierno construya un centro de alto rendimiento para todas las disciplinas. EFE

Gabriel Romano y Gina Baldivieso