A pesar del recorte de casi un billón de dólares en fondos federales para Medicaid durante la próxima década, un nuevo programa de USD 50.000 millones destinado a la transformación de la salud rural genera dudas sobre la distribución real de los recursos y el impacto concreto en comunidades necesitadas.

El desafío central radica en que, aunque la dotación fue avalada por el Congreso de Estados Unidos en el marco de la ley One Big Beautiful Bill el verano pasado, la mayor parte de estos recursos se dirigirá a la modernización tecnológica de estados y grandes proveedores, dejando a clínicas comunitarias como Open Door Community Health Centers de California ante la incertidumbre, advierte CBS News.

La red Open Door, dirigida por el enfermero y director general Tory Starr, atiende a cerca de 60.000 personas en la costa norte de California. De ellas, aproximadamente el 50% depende de Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil. Starr advierte que si no acceden a una porción significativa de los fondos, estos pacientes —“el corazón y alma de la América rural”— podrían perder servicios esenciales.

El alcance y las reglas del nuevo programa permiten que solo el 15% del monto otorgado por estado se destine directamente a proveedores como hospitales y centros comunitarios, una limitación que, según Maya Sandalow, directora adjunta del Bipartisan Policy Center, restringe el impacto sobre la atención.

Las grandes corporaciones tecnológicas encabezan la transformación digital del sistema rural

Las primeras asignaciones anuales fueron anunciadas: Nueva Jersey recibirá USD 147 millones, Texas obtendrá USD 281 millones y California, USD 234 millones, según el reporte de CBS News.

Sin embargo, los planes estatales muestran que el grueso del gasto está prescrito para servicios tecnológicos, como el refuerzo de sistemas de registro electrónico de salud, ciberseguridad y plataformas digitales.

Indiana, Misuri y Nuevo México modernizarán sus registros médicos electrónicos; Maine y Utah invertirán en ciberseguridad; Oklahoma comprará equipos y dará soporte técnico a proveedores rurales; mientras Arizona, con un presupuesto de USD 167 millones, reservará hasta USD 30 millones para diagnósticos médicos y mejoras tecnológicas en sus centros.

El presupuesto aprobado de Arizona también incluye hasta USD 4 millones en subvenciones para trabajadores comunitarios de la salud en zonas rurales, según confirmó Theresa Cullen, directora de Salud Pública del condado de Pima.

Estados enfrentan plazos estrictos: deben presentar informes de avance a finales de agosto y comprometer la totalidad de los fondos del primer año antes del 30 de octubre. En caso de incumplimiento, las asignaciones podrían reducirse o ser canceladas, según la notificación de la agencia federal reguladora de salud Centros para Medicare y Medicaid Services (CMS) citada por CBS News.

En el ámbito de herramientas digitales, la normativa federal impide que más del 5% de los fondos de cada estado se utilicen para reemplazar sistemas de registros médicos que ya cumplen con estándares nacionales, por lo que la inversión se orienta a actualizaciones y mejoras, explica Sandalow en el informe del think tank bipartisan estadounidense Bipartisan Policy Center.

La carencia generalizada de infraestructura digital es identificada como uno de los mayores obstáculos para la atención rural y, hasta ahora, no existió presupuesto suficiente para implementar tecnologías como la telemedicina o el monitoreo remoto.

Ejecución de fondos y alianzas corporativas en el centro del nuevo programa

Además de los proveedores locales, al menos cuatro grandes coaliciones de compañías comenzaron a negociar con los estados la ejecución multipropósito de los recursos.

Entre ellas se encuentra la Alianza para el Avance de la Salud Rural, encabezada por Science Applications International Corp. (SAIC), una empresa de ingeniería y ciberseguridad del grupo Fortune 500 que agrupa a Walgreens y Mission Mobile Medical —compañía que convierte vehículos recreativos en clínicas móviles—, así como firmas de análisis de datos y telemedicina.

Suresh Soundararajan, jefe del Programa de Transformación de la Salud Rural en SAIC y ex director de información sanitaria de Virginia, afirma que el grupo proporciona “un ecosistema” para ejecutar los trabajos comprometidos en los planes estatales.

Por su parte, Gainwell Technologies, operador de sistemas de Medicaid en decenas de estados, conformó otra alianza. Maine, cuyo plan anual incluye cuatro contratos con Gainwell valorados en más de USD 16 millones a lo largo de cinco años, ya aprobó federalmente solo el primer año de gasto, incluyendo USD 250.000 para el sistema de reclamaciones de Medicaid, de acuerdo con datos recopilados por CBS News.

Representantes de organizaciones sociales como Dignity Alliance en Massachusetts, a través de James Lomastro, expresan preocupación por la posibilidad de que las grandes entidades y sistemas de salud se vean favorecidos en la distribución.

Lomastro enfatiza que los proveedores que sustentan la atención cotidiana —clínicas, agencias de cuidado domiciliario, residencias de ancianos— no se priorizan en la discusión estatal.

Desde el gobierno de Massachusetts, según la portavoz Olivia James, se anuncian incentivos financieros, capacitación e inversiones directas para garantizar la inclusión de todos los actores.

Alcance real y efectos del nuevo fondo rural tras los recortes

El nuevo fondo federal de USD 50.000 millones busca modernizar el sistema de salud rural de Estados Unidos mediante inversiones en tecnología, ciberseguridad y telemedicina, aunque la mayoría de los recursos beneficiarán sobre todo a grandes empresas y plataformas tecnológicas.

La aprobación de la ley One Big Beautiful Bill el año anterior representó el mayor recorte en una década de los fondos de Medicaid, por casi un billón de dólares, trasladando la presión presupuestaria a fondos exclusivos cuyo diseño restringe el apoyo directo a clínicas comunitarias y hospitales rurales.

El programa federal estipula que solo el 15% de los fondos estatales puede ir directamente a proveedores, mientras los grandes contratos se concentran en la digitalización y la contratación de empresas especializadas.

Plazos administrativos estrictos y procesos de licitación complejos generan un escenario en el que las necesidades directas de pacientes y pequeños centros rurales pueden quedar en segundo plano, mientras grandes consorcios tecnológicos encabezan la transformación estructural del sistema sanitario según lo dispuesto por CBS News.

El dictamen adiciona la fracción I al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual compete a las atribuciones de la SICT respecto a su injerencia en las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura de prestación de servicios hospitalarios. La propuesta fue enviada al Senado de la República para su efectos constitucionales.

Así quedó la reforma impulsada por Sheinbaum

Lo aprobado en San Lázaro incluye la construcción, rehabilitación y ampliación de establecimientos para servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Entre los puntos principales, la reforma establece:

• La SICT podrá participar en proyectos de construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas.
• La intervención de la Secretaría aplica para obras vinculadas a infraestructura, incluidas las destinadas a servicios de salud.
• Toda participación será en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

En el régimen transitorio, el decreto señala que los recursos para estas acciones saldrán del presupuesto ya aprobado para la SICT. No se requerirán fondos adicionales ni aumentos en el presupuesto regularizable para este ejercicio fiscal ni los siguientes.

El Ejecutivo Federal tendrá 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para ajustar el marco reglamentario y normativo necesario para aplicar la reforma.

Así fue el debate durante la sesión en la Cámara Baja

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, legisladores de todas las bancadas vertieron distintas opiniones sobre las adecuaciones propuestas para facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en proyectos de salud.

Sandra Patricia Palacios Medina, diputada de Morena, sostuvo que estos cambios permitirán a la SICT participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas a infraestructura para servicios de salud.

Desde el PAN, Gerardo Ponce de León Valdés advirtió que, aunque la coordinación y el aprovechamiento de capacidades suenan razonables, la propuesta no delimita responsabilidades entre dependencias, no asigna recursos adicionales y carece de criterios claros para la solicitud de apoyo.

“Acompaño el dictamen, pero sin fingir que es perfecto”, señaló, y pidió reglas claras para la participación de la SICT, definición de responsabilidades técnicas y garantías de que otras áreas no quedarán desprotegidas por falta de recursos.

Por el PVEM, Carlos Enrique Canturosas Villarreal destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura estatal para garantizar servicios médicos funcionales y seguros, acordes con las exigencias actuales del sistema de salud.

José Luis Sánchez González, diputado del PT, expuso que la iniciativa tiene como objetivo permitir que cualquier persona, tenga o no seguridad social, pueda acudir al IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar para recibir atención médica.

Detalló que la llamada “universalización del servicio de salud” inicia inscripciones este 13 de abril y se implementará en 24 entidades federativas, con la meta de hacer efectivo el acceso a cualquiera de las instituciones.

Miguel Alejandro Alonso Reyes, del PRI, señaló como riesgoso otorgar estas nuevas facultades a la SICT, pues su función principal es la infraestructura carretera y logística, no la salud pública. Advirtió que la SICT carece de conocimiento clínico para identificar necesidades en hospitales o equipamiento médico.

Del lado de MC, Miguel Ángel Sánchez Rivera afirmó que el país necesita más hospitales, mejores clínicas y espacios dignos. Sostuvo que hablar de infraestructura de salud implica pensar en personas, no solo en edificios, y que el dictamen busca sumar capacidades y coordinar mejor para avanzar con mayor rapidez.

Tal como detalló Europa Press, la profesora adjunta del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea, Sara Mogedano, y el catedrático de la misma institución, Carlos Romero, insistieron en que la presoterapia debe considerarse únicamente un complemento dentro de estrategias más amplias para el bienestar y la recuperación muscular. Ambos recalcaron que estos métodos no constituyen una solución auténtica para los trastornos vasculares ni un remedio definitivo para las cuestiones estéticas. El medio cita a los expertos explicando que la técnica consiste en la aplicación de compresiones neumáticas intermitentes diseñadas para facilitar el movimiento de la linfa y mejorar el retorno venoso.

Mogedano explicó que un equipo de calidad puede ayudar a trasladar los líquidos acumulados en los tejidos, ofreciendo una mejoría en la sensación de hinchazón y pesadez, aunque de manera transitoria. Añadió que la reducción de volumen observada tras las sesiones de presoterapia responde al desplazamiento de líquidos y no a una modificación de la cantidad de tejido adiposo. En consecuencia, no representa una solución para la causa subyacente de la retención de líquidos o el exceso de grasa, señaló Europa Press.

Según detalló el medio, los expertos pusieron énfasis en que el fenómeno del consumo de estos dispositivos se potencia a través de la promoción realizada en redes sociales, donde frecuentemente aparecen en el contexto de rutinas de recuperación física o cuidados estéticos. Romero consideró que los creadores de contenido deberían actuar con responsabilidad al presentar estos productos, ya que muchas veces omiten advertir sobre sus verdaderas indicaciones y contraindicaciones. En palabras del catedrático, “la promoción en redes sociales frecuentemente aparece asociada a rutinas de recuperación o cuidado estético, sin especificar adecuadamente sus indicaciones reales”.

Respecto a los riesgos, los especialistas citaron posibles complicaciones que pueden surgir de un uso inadecuado, especialmente cuando los aparatos se emplean sin la supervisión de un profesional sanitario. Según consignó Europa Press, Carlos Romero puntualizó que la aplicación de presión externa puede agravar cuadros como trombosis venosa profunda, infecciones activas y enfermedades cardiovasculares no controladas, con mayor probabilidad de efectos adversos en quienes desconocen si tienen contraindicaciones médicas.

Europa Press también apuntó que, frente a este escenario, los fisioterapeutas hacen hincapié en la necesidad de que las personas consulten a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento con presoterapia, sobre todo si padecen patologías previas. Los expertos insisten en que el uso seguro de estos dispositivos depende de una evaluación clínica individual que tenga en cuenta el historial y las condiciones particulares de cada usuario.

El medio recogió que la expansión del mercado de la presoterapia doméstica responde a la facilidad con la que se encuentran equipos de diferentes gamas en comercios y plataformas digitales, muchos de los cuales prometen beneficios que no siempre cuentan con un soporte científico robusto. Ante la popularidad de estos productos, los especialistas de la Universidad Europea reiteraron que su empleo debe mantenerse dentro de límites realistas y nunca reemplazar la intervención médica o fisioterapéutica profesional.

Las declaraciones de Mogedano y Romero, reportadas por Europa Press, destacan la importancia de un manejo adecuado de las expectativas al adquirir dispositivos de presoterapia y, especialmente, de consultarlo siempre con un fisioterapeuta o un médico si existen dudas sobre su uso o los posibles efectos adversos. Ambos concluyeron su posición con un llamado a la responsabilidad, dirigido tanto a los fabricantes como a quienes difunden información en redes sociales, instando a que la comunicación sea transparente y basada en criterios clínicos y científicos.

La Clínica Emmel de Arequipa deberá pagar más de S/ 59 mil tras ser sancionada por el Indecopi por difundir una campaña médica con información que inducía a error. La autoridad concluyó que la institución promocionó un despistaje de cáncer de próstata presentando a una profesional como “uróloga” sin contar con sustento que acreditara dicha especialidad.

La decisión fue adoptada en segunda instancia por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, que impuso una multa de 11,15 UIT (S/ 59 652,5) a Tecnologías Médicas Arequipa S.A., al determinar que incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, vulnerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1044.

Publicidad de campaña de próstata y la especialidad en cuestión

El caso se originó tras una supervisión realizada el 4 de octubre de 2022 por la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa. Durante la revisión del perfil de Facebook “Clínica Emmel Arequipa”, se detectó la difusión de una campaña gratuita de despistaje de cáncer de próstata.

En la pieza publicitaria se consignaba que una de las profesionales participantes era presentada como “Cirujana Oncóloga - Uróloga”. Sin embargo, tras verificar la información en los registros del Colegio Médico del Perú y de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu), la autoridad dejó constancia de que no figuraba registrada la especialidad de urología a nombre de la médica mencionada.

A lo largo del procedimiento, la clínica sostuvo que la profesional no mantenía vínculo laboral con la institución y que solo utilizaba sus instalaciones de forma esporádica. También alegó que la red social habría sido usada sin su autorización. No obstante, la Sala concluyó que el anuncio fue difundido desde un perfil identificado con el nombre comercial de la clínica, donde además se promocionaban regularmente sus propios servicios médicos y se consignaban sus números telefónicos para separar citas.

La autoridad determinó que el mensaje publicitario transmitía al consumidor promedio la idea de que la profesional contaba con la segunda especialidad en urología, una de las especialidades reconocidas en el sistema de residentado médico. En ese sentido, recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, cuando se hace referencia expresa a una especialidad médica oficialmente reconocida, el público entiende que el profesional posee el título correspondiente.

Sanción, medida correctiva y fundamentos legales

En primera instancia, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa había impuesto una multa mayor, de 17,84 UIT. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala reformuló el monto y fijó la sanción definitiva en 11,15 UIT.

Para la graduación de la multa se aplicó el método de valores preestablecidos contemplado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, considerando que la infracción tuvo una duración menor a dos años, no se acreditó afectación directa a la vida o salud de las personas y el alcance geográfico fue menor al nivel nacional. Asimismo, se tomó en cuenta la condición de pequeña empresa de la clínica y que no se verificaron circunstancias agravantes ni atenuantes.

Además de la sanción económica, se ordenó como medida correctiva el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio cuestionado y de cualquier otro de naturaleza similar que dé a entender que la profesional es “uróloga”, en tanto dicha información no sea cierta. El incumplimiento de esta disposición podría dar lugar a una nueva sanción administrativa.

La Sala también analizó la condición de “anunciante” de la clínica, punto central en la apelación. Según la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la responsabilidad administrativa recae en quien difunde publicidad con fines comerciales. En este caso, la autoridad concluyó que la clínica participó en el proceso de difusión del anuncio a través de su propio perfil institucional y que la campaña tenía como finalidad promover la contratación de servicios en sus instalaciones.

Al no haberse presentado documentación que acreditara la especialidad médica anunciada y tras verificarse la ausencia de dicho registro en fuentes oficiales, la Sala confirmó que se configuró un acto de engaño en publicidad de servicios de salud.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) detectó en mayo de 2025 que la empresa Proteos Biotech estaba fabricando y comercializando varios productos para usos indebidos y por vías de administración no permitidas, por lo que ha procedido al cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de las unidades adquiridas. No obstante, según ha informado la empresa a Infobae, esta situación ya ha quedado resuelta.

En concreto se trataba de los productos ‘HA Corrector’, ‘Pbserum Enzymatic Solution’ y ‘Pbserum HA’. La AEMPS señaló que los productos ‘HA Corrector’ se comercializan como productos cosméticos, sin embargo, aseguró que la empresa los publicita como productos para su aplicación mediante inyección destinados a la corrección de las complicaciones derivadas de los rellenos de ácido hialurónico, ya que incluyen hialuronidasa en su composición. “Esta finalidad y aplicación no están permitidas en productos cosméticos”, añadió la Agencia.

Por otro lado, la misma empresa promovía el uso conjunto mediante mezcla e inyección de los productos cosméticos ‘Pbserum Enzymatic Solution’ y los productos sanitarios ‘Pbserum HA’. “Esta aplicación por inyección y las funciones publicitadas no están permitidas para los productos cosméticos”, explicó la AEMPS, que añade que en el caso de los productos sanitarios para la aplicación conjunta con una indicación estética no está demostrada su seguridad, calidad y eficacia.

En consecuencia, la AEMPS adoptó las medidas cautelares de cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias de todos los productos cosméticos anteriormente indicados, así como, el cese de comercialización y retirada del mercado de los productos sanitarios anteriormente citados que se apliquen de forma conjunta con los productos cosméticos para una indicación estética para la que no esté certificada.

Todos los productos indicados se distribuyen principalmente en clínicas y su uso está destinado a profesionales. Sin embargo, no puede descartarse que hayan sido adquiridos por otras personas usuarias.

VIERNES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) --  Todos los que han recibido atención dental regular conocen el pesado delantal de plomo que se coloca sobre el cuerpo antes de hacer radiografías de los dientes.

Pero lo que ha sido un ritual anual de ponerse el delantal y hacerse radiografías orales puede parecer muy diferente la próxima vez que vayas al dentista, según las nuevas directrices de la Asociación Dental Americana (ADA).

Las radiografías dentales deben ordenarse solo cuando sea clínicamente necesario, para minimizar la exposición a la radiación tanto de pacientes como de personas que trabajan en la consulta dental, según las directrices publicadas en el Journal of the American Dental Association.

En otras palabras, una persona puede no necesitar radiografías de sus dientes cada año, basándose en su salud dental.

"Esto significa que no existe un 'talla única' en cuanto al intervalo entre radiografías dentales", dice la página web de la ADA sobre radiografías.

El delantal de plomo también podría quedar en el pasado, con esta guía actualizada y directrices anteriores que indican que ya no son necesarias debido a los bajos niveles de radiación de rayos X y a la mejor tecnología.

"Las radiografías dentales son seguras. En algunos casos, una radiografía dental administra menos radiación que un solo día de la radiación natural a la que todos estamos expuestos simplemente por vivir en el mundo", dijo la autora principal de la guía , la Dra. Erika Benavides, profesora clínica de periodoncia y medicina oral en la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan.

"Sin embargo", añadió en un comunicado de prensa, "es importante seguir el principio ALARA (Tan Bajo Lo Razonablemente Posible) reconocido tanto en odontología como en medicina para minimizar la exposición a lo largo de la vida del paciente y solo solicitar radiografías cuando sea clínicamente necesario."

Los dentistas deben tener en cuenta la salud bucal actual de la persona, su edad y cualquier signo o síntoma de caries u otra enfermedad antes de solicitar una radiografía, según indican las directrices de la ADA.

También se anima a los dentistas a hablar con los pacientes sobre la necesidad de radiografías como parte de la toma de decisiones compartida, según la ADA.

"La imagen dental es una herramienta diagnóstica importante que puede ayudar a mejorar los resultados bucodentales y de salud general cuando se utiliza adecuadamente", afirmó Benavides.

"No te harían una radiografía de otra parte del cuerpo a menos que el médico creyera que había motivo para pedirla tras un examen", dijo. "De manera similar, las radiografías dentales solo deben solicitarse tras examinar primero los historiales médicos y dentales del paciente, las imágenes radióticas previas y los hallazgos actuales del examen clínico."

Las directrices también detallan el uso de rayos X en situaciones como dientes agrietados, endodoncias, planificación de implantes dentales y problemas de salud relacionados con la mandíbula.

"Estas recomendaciones clínicas actualizadas honran lo que hemos utilizado y aprendido y trazan un camino claro para la atención al paciente y el uso efectivo de la radiación en odontología", dijo la Dra. Trishul Allareddy, presidenta inmediata de la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial, en un comunicado de prensa.

Más información

La Asociación Dental Americana tiene más información sobre las radiografías dentales.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Dental Americana, 5 de enero de 2026

La creación de un perímetro de seguridad en torno a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo figura entre las medidas que analiza el Ministerio de Igualdad para reforzar la protección a quienes acuden a estos centros, según información divulgada por varios integrantes del gobierno en una reciente sesión en el Congreso de los Diputados. El objetivo principal es evitar acciones de hostigamiento, coacción o presión psicológica contra mujeres que acceden a este derecho sanitario, implementando barreras legales y físicas en respuesta a distintos episodios que han puesto en cuestión la eficacia de las normas actuales, de acuerdo con los detalles recogidos por el medio.

Según informó la agencia EFE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confirmó durante la sesión de control celebrada este miércoles que tanto el Ministerio como el Instituto de las Mujeres estudian de manera activa la viabilidad de establecer dicho perímetro de seguridad en las inmediaciones de las clínicas acreditadas. Durante el intercambio parlamentario, la ministra sostuvo que el interés oficial reside en impedir la instalación o presencia de grupos opositores al aborto cuya única finalidad sería, según sus palabras, coaccionar y limitar la libertad de decisión de las mujeres que buscan acceder a una prestación sanitaria garantizada por ley. Redondo remarcó que el Ejecutivo se encuentra elaborando nuevas fórmulas de protección, además de subrayar la preocupación por los episodios recientes de hostigamiento reportados en distintos puntos del país.

El medio EFE detalló que este posicionamiento gubernamental se produce en un contexto en el que la diputada Isabel Pozueta, desde la bancada de EH Bildu, abordó en el hemiciclo el tema del reciente fallo judicial que absolvió en diciembre a 21 personas vinculadas a colectivos antiabortistas. Estas personas estaban acusadas de conductas de coacción y acoso hacia usuarias de una clínica en Vitoria, y la sentencia motivó preocupación por la efectividad de los mecanismos existentes para proteger el acceso libre y autónomo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante su intervención, Pozueta hizo hincapié en que recae sobre los poderes públicos la responsabilidad de asegurar una protección reforzada ante cualquier tentativa de presionar, intimidar, señalar, acosar o interferir, por vía directa o indirecta, en el ejercicio de un derecho reconocido. Además, apuntó a la importancia de garantizar que toda mujer pueda acceder a una atención sanitaria digna, confidencial y exenta de presiones externas, consignó EFE.

En la misma línea, la ministra de Igualdad expuso el compromiso de su cartera con la inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, citando que esta será una vía relevante para minimizar situaciones de acoso e impedir vulneraciones del derecho a decidir de las mujeres. Desde su perspectiva, blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales de titularidad pública contribuiría a reducir la exposición de las usuarias a escenarios de hostigamiento por parte de personas u organizaciones contrarias a la práctica.

Sumar, grupo parlamentario con representación en el Congreso, ha presentado en la Cámara Baja una iniciativa legislativa que propone modificar el artículo 172 quarter del Código Penal. Según reportó EFE, esta propuesta busca ampliar el alcance de la Ley Orgánica 10/1995 con el objetivo explícito de prohibir concentraciones, vigilias, manifestaciones, rezos colectivos y cualquier acto de presencia en un radio de 200 metros en torno a las clínicas que brindan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. La norma, si prospera en su tramitación, dotaría de carácter penal a toda acción organizada en ese espacio que tuviera la intención de obstaculizar la asistencia a estos centros.

La proposición registrada por Sumar agrega a la actual tipificación penal expresamente la prohibición de los actos mencionados en el perímetro ampliado, y, según subraya el texto, la finalidad reside en consolidar el marco legal frente al acoso a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. De acuerdo con la información aportada por EFE, este proyecto persigue dar respuesta a la insuficiencia de la regulación vigente, que en casos recientes no ha derivado en condenas efectivas por las acciones de grupos antiabortistas.

Las discusiones parlamentarias actuales giran en torno a cómo equilibrar el ejercicio de libertades públicas, como el derecho de manifestación y expresión, con la protección reforzada del acceso sin coacciones a la salud sexual y reproductiva. La última iniciativa legislativa y las declaraciones de la ministra reflejan el esfuerzo del Ejecutivo por avanzar hacia un entorno clínico donde el libre ejercicio del aborto esté garantizado por mecanismos adicionales de seguridad jurídica y física.

Las medidas en estudio y el proyecto de ley presentado por Sumar se encuentran en fase de análisis y debate, en los distintos grupos parlamentarios. La posible inclusión de un perímetro de seguridad representa una alternativa concreta al vacío que, según han señalado sectores oficialistas y asociaciones defensoras de los derechos reproductivos, permanece en el actual marco normativo. La evolución de esta iniciativa dependerá en los próximos meses de la resolución que adopte el Congreso sobre el texto legal, así como de la disposición del Ministerio de Igualdad a incorporar nuevas medidas que refuercen de forma efectiva el derecho al aborto protegido en la legislación española, de acuerdo con la información de EFE.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reveló que al menos 140.000 personas se encuentran afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, señalando que el impacto se extiende a 24 de los 30 municipios del territorio.

En atención de la emergencia invernal, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una nueva emergencia económica para acelerar la respuesta estatal, además de considerar medidas excepcionales.

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En este contexto, el Gobierno nacional anunció en un comunicado que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) priorizará la postulación de giros directos a las EPS para que puedan pagar a clínicas y hospitales en el departamento de Córdoba.

“La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud – ADRES, priorizará la postulación de los giros directos por las Entidades Promotoras de Salud - EPS, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y proveedores de tecnologías en salud presentes en el departamento de Córdoba”, se lee en el comunicado.

Para la actual administración, la medida “constituye una herramienta eficaz para fortalecer el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora, reducir riesgos de liquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales”.

“La ADRES gestionará con la mayor celeridad la postulación priorizada, por las Entidades Promotoras de Salud, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores de tecnologías en salud presentes en la región afectada”.

La administradora instó a las aseguradoras a atender a la mayor cantidad de afectados de manera oportuna y considerar la postulación de recursos por el mecanismo del giro directo.

“De manera complementaria, la entidad solicita a las EPS con presencia en el territorio afectado por las inundaciones y que no están obligadas a utilizar el mecanismo del giro directo, considerar la postulación de recursos por esta vía”.

Según el documento, la medida incluye los pagos de compesaciones a los damnificados que perdieron a familiares en las inundaciones.

“En el mismo contexto, agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones radicadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de la emergencia, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento catastrófico de origen natural”.

Detalles de la nueva emergencia económica del Gobierno Petro

La última declaración de emergencia económica y social realizada por el presidente Gustavo Petro busca enfrentar la crisis climática y humanitaria ocasionada por lluvias atípicas que afectan a los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira.

El gobierno colombiano planea recaudar $8 billones mediante nuevos impuestos, con el propósito de superar los daños provocados por un fenómeno meteorológico inédito para la temporada. Esta decisión llega en un contexto de debate sobre la efectividad y legitimidad del mecanismo, tras la suspensión de una emergencia económica previa por parte de la Corte Constitucional y la controversia en torno al uso de recursos alternativos.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), precisó a El Tiempo que los fondos estimados se destinarán específicamente a la recuperación de las áreas siniestradas, tomando como referencia antecedentes similares y los informes iniciales de daños.

Carrillo subrayó: “Los 8 billones de pesos corresponden a un estimado para la fase de recuperación de las zonas afectadas, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares.” Además, detalló la existencia de recursos asignados para la atención inmediata de la emergencia, que alcanzarían $190.000.000.000 provenientes de la vigencia 2026.

Las mayores afectaciones se reportan en Córdoba, pero la emergencia abarca todos los departamentos mencionados, con precipitaciones notablemente superiores a las habituales durante este periodo del año. La administración descartó la propuesta de los gobernadores de utilizar $6,5 billones en regalías congeladas, y optó por avanzar hacia la que sería la cuarta emergencia económica desde 2022.

El presidente Petro buscó explicar la magnitud del desastre responsabilizando parcialmente a sectores de la oposición, sugiriendo incluso un posible vínculo con los niveles de la represa de Urrá. Estas posiciones reavivaron el debate sobre la gestión política y técnica de emergencias en Colombia, considerando que en la anterior declaratoria, suspendida todavía por la Corte Constitucional, el mandatario había propuesto una suma de $16 billones para afrontar situaciones similares.

Hay una verdad incómoda que el sistema de salud argentino evita decir en voz alta, pero que ya resulta imposible de disimular: la enfermedad de los argentinos hoy no se puede pagar.

No se puede pagar con los mecanismos actuales. No se puede pagar con los valores vigentes. Y no se puede pagar sosteniendo el relato de que el problema es de gestión, de eficiencia o de vocación. El problema es más profundo: el modelo de financiamiento de la salud está agotado.

Durante años se sostuvo un relato funcional. Que el sistema era solidario. Que con esfuerzo y creatividad todo se resolvía. Que siempre había alguien que absorbía el costo. Ese alguien fue —y siguen siendo— las clínicas, los sanatorios y los profesionales que sostienen la atención cotidiana, acumulando atrasos, resignando inversiones y operando en condiciones cada vez más frágiles. Y la gran mayoría “amparados” en una emergencia sanitaria del año 2002 que acumula deudas previsionales e impositivas multimillonarias e impagables.

Los costos reales de la atención médica crecen de manera estructural. La tecnología, los medicamentos, los descartables, la complejidad de los tratamientos y la formación profesional avanzan, como corresponde en una medicina moderna. Pero los ingresos no acompañan. El financiamiento quedó congelado en una lógica que ya no existe.

El resultado es un sistema que funciona por inercia y por sacrificio. Atrasos crónicos en los pagos, incumplimientos normalizados, endeudamiento silencioso, deterioro progresivo de infraestructura y una presión creciente sobre quienes trabajan y gestionan en el sector. No es una crisis ruidosa, pero es una crisis profunda.

La paradoja es evidente: el sistema sigue funcionando, no porque sea sostenible, sino porque se lo está llevando al límite. Y ese límite existe. Cada clínica que se debilita, cada sanatorio que deja de invertir, cada profesional que se agota o se va, es capacidad sanitaria que se pierde.

En la Argentina, el sector privado de la salud ha absorbido durante años una porción creciente de la demanda asistencial, incluso supliendo déficits estructurales del sistema público. Si las clínicas y sanatorios se debilitan o cierran, el sistema en su conjunto no tiene hoy capacidad de absorción suficiente para reemplazarlos, como quedó en evidencia durante la pandemia.

La discusión pendiente no es ideológica ni técnica: es política y cultural. Cómo se financia la enfermedad en una sociedad que envejece, se medicaliza y exige cada vez más calidad. Negar el costo real de la salud es empujar al sistema a un colapso silencioso, cuyas consecuencias terminan pagando siempre los pacientes.

Llegó el momento en que nuestros diputados y senadores se pongan al frente del problema. Son ellos quienes representan a la población, a millones de empleos del sector salud, a miles de dueños y directores de clínicas y sanatorios de todo el país. Además, se atienden allí.

Hablar de números en salud no es deshumanizar. Es, por el contrario, la única forma responsable de proteger la atención y sostenerla en el tiempo.

El año 2025 quedará marcado en la cronología del sector salud argentino como un período de reordenamiento profundo. En un escenario definido por restricciones financieras y exigencias macroeconómicas, el mercado no se detuvo, sino que maduró: se volvió más selectivo y profesional. Ya no estamos ante un modelo de compras reactivas, sino frente a una lógica de priorización estratégica donde la eficiencia operativa de hospitales y clínicas es la variable que define la viabilidad del negocio. La eficiencia operativa de hospitales y clínicas es la variable que define la viabilidad del negocio.

Esta transformación impulsó una reconfiguración del financiamiento del sistema. Las instituciones de salud, presionadas por la necesidad de optimizar recursos, han modificado sus criterios de inversión. Hoy, la decisión de incorporar tecnología no se basa únicamente en el precio inicial de un equipo; el análisis se ha sofisticado para contemplar el retorno de la inversión, el ciclo de vida del equipamiento y los costos totales de operación.

Esta “disciplina financiera” combinada con una visión de largo plazo es lo que ha permitido a los actores del sector mantenerse relevantes y rentables en un entorno complejo.

La tecnología como estructura, no como complemento

La digitalización clínica experimentó una aceleración definitiva, dejando de ser un valor agregado para convertirse en un componente estructural del modelo asistencial. La demanda actual prioriza soluciones que impactan directamente en la productividad: diagnóstico por imágenes, intervencionismo y plataformas que centralizan la información operativa.

La demanda actual prioriza soluciones que impactan directamente en la productividad. En este sentido, la tecnología se ha convertido en la herramienta principal para reducir tiempos de atención y optimizar el capital humano, permitiendo a las instituciones “hacer más con los mismos recursos”.

En un escenario definido por restricciones financieras y exigencias macroeconómicas, el mercado no se detuvo, sino que maduró: se volvió más selectivo y profesional

Sin embargo, la adopción de estas innovaciones enfrenta barreras. El principal obstáculo para la modernización no es tecnológico, sino organizacional y financiero. Argentina no carece de talento ni de conocimiento médico, en eso no estamos rezagados frente a otros mercados; la brecha real reside en la infraestructura, la escala de implementación y la disponibilidad de crédito. La falta de previsibilidad económica a menudo posterga decisiones que tienen un claro beneficio clínico.

El rol de la Inteligencia Artificial y el talento humano

En este ecosistema, la Inteligencia Artificial comienza a redefinir los estándares. Su impacto más tangible para los próximos años no será el reemplazo del médico, sino su potenciación a través del diagnóstico asistido y el monitoreo continuo, reduciendo errores y agilizando la toma de decisiones.

No obstante, la integración de la IA avanza de manera heterogénea: mientras el sector privado consolida su infraestructura digital, el ámbito público progresa de forma más gradual, evidenciando la necesidad de marcos regulatorios claros y estándares éticos de interoperabilidad. Su impacto más tangible para los próximos años no será el reemplazo del médico, sino su potenciación.

Hacia 2026: crecer con orden

Mirando hacia el futuro, la lección que nos deja el último año es contundente: crecer sin orden no es crecer. Para 2026, el concepto rector debe ser la previsibilidad, financiera, operativa y tecnológica, como base para cualquier desarrollo sostenible.

El principal obstáculo para la modernización no es tecnológico, sino organizacional y financiero

El desafío será gestionar el crecimiento cuidando el capital de trabajo y acompañando a las instituciones en procesos de adopción tecnológica cada vez más complejos. Para los directivos de clínicas y hospitales, el mensaje es claro: la tecnología no es un gasto, es una inversión estratégica que requiere una mirada integral sobre procesos y personas.

Nuestra apuesta para el próximo ciclo se centra en invertir en talento, fortalecer el servicio de postventa y profundizar la integración de sistemas, entendiendo que la calidad asistencial del futuro depende tanto de la innovación de los equipos como de la confiabilidad del soporte que los sostiene.

El autor es CEO de CSH

En medio del debate por el nuevo presupuesto, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada y que hoy tratará hoy el Senado, la Unión Argentina de Salud (UAS) manifestó su preocupación que la ley de leyes sea votada sin la emergencia sanitaria, algo que, aseguraron, pondría en peligro a más de 1 millón empleados del sector y dejaría al borde del cierre a cientos de empresas del rubro.

La UAS está compuesta por 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otras prestadoras de servicios de salud privada del país.

La entidad manifestó su preocupación puntual por la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que incluía, entre otros temas, la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario , Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías. También la prórroga de la “Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive”.

Esa situación de emergencia está vigente desde 2001. Cuando se pregunta en el sector por que sigue ese contexto desde hace 25 años, lo explican de una manera concreta: “Ningún gobierno resolvió la situación de fondo de la industria y tampoco se sinceraron los precios y costos”.

De regreso al comunicado de la UAS, se advirtió que lo se votó en Diputados, “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026″.

También exigieron como “urgente” el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, y que asegure “que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales”.

“Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. En este escenario, resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema", destacó la entidad que preside Hugo Magonza, del Cemic.

“El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad”

— ¿Cómo está el sector?, le preguntó Infobae a Magonza.

— Hay preocupación ante la caída del Capítulo XI de la Ley de Presupuesto. Esas 5.000 instituciones mencionadas mantienen deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de prolongada crisis económica, atraso arancelario y aumento sostenido de los costos operativos. Esta situación compromete su continuidad, la estabilidad laboral en uno de los sectores con mayor empleo formal del país.

- ¿Qué es lo que más les preocupa?

— Resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema.

— ¿El pedido concreto es que continúe el esquema de emergencia?

— El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. Esta medida urgente debe ir acompañada de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente. En las circunstancias actuales —marcadas por aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral inherente a los servicios de salud—, el sistema se vuelve crecientemente inviable. A ello se suma la expansión de una litigiosidad laboral de magnitud, que incrementa la incertidumbre, distorsiona los incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Este conjunto de factores hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo.

El comunicado de la UAS finalizó diciendo que “la salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población".

En el corazón de la lucha global contra la mortalidad neonatal, Bill Gates ha puesto el foco en una innovación que podría transformar la atención médica en los lugares más remotos: un surfactante sintético administrado por nebulizador.

Esta tecnología, aún en desarrollo, promete llevar un tratamiento vital a millones de bebés prematuros que hoy no tienen acceso a cuidados intensivos.

“¿Qué pasaría si cualquier trabajador de la salud en cualquier parte del mundo pudiera simplemente sostener un pequeño nebulizador en la cara del bebé y administrar surfactante como un inhalante fácil de administrar?”, planteó Gates en su blog.

Qué problemas presentan los bebés que nacen de forma prematura

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es una de las principales amenazas para los recién nacidos prematuros, sobre todo en zonas rurales y países de bajos ingresos. “A menos que reciba tratamiento, los niveles de oxígeno del bebé prematuro se desplomarán y sus órganos comenzarán a dejar de funcionar”, explicó Gates.

La gravedad de la situación se refleja en los datos: “En Etiopía y Nigeria, el SDR es responsable de casi la mitad de las muertes neonatales”, afirmó Gates en la misma publicación.

En los hospitales de países con altos ingresos, el tratamiento estándar consiste en administrar un surfactante líquido de origen orgánico directamente a los pulmones del recién nacido, un procedimiento que requiere la intervención de un especialista y puede costar hasta 20.000 dólares. Sin embargo, en muchas regiones del mundo, este tipo de atención es inaccesible.

Por esta razón, el empresario subrayó el potencial de la nueva tecnología: “Su potencial es extraordinario: un tratamiento para el SDR más económico de fabricar, que no requiere la administración de un especialista y elimina la necesidad de intubación”.

Cuáles son los desafíos alrededor de la supervivencia de los bebés prematuros

La magnitud del desafío queda clara al observar las cifras globales. “Cada año, 2,3 millones de recién nacidos no sobreviven más allá de los primeros 28 días. Y el día que nace un bebé es el más peligroso de su vida”, advirtió Gates.

Además, la prematuridad es la principal causa de estas muertes: “Casi 900.000 bebés mueren al año por complicaciones relacionadas con nacer prematuramente, como infecciones, desarrollo insuficiente de órganos y síndrome de dificultad respiratoria (SDR)”, detalló Gates.

Asimismo, el impacto de un surfactante más accesible podría sentirse incluso en países desarrollados. “En Estados Unidos, donde el SDR aún afecta a 24.000 recién nacidos al año, podría reducir los riesgos asociados a la intubación de bebés que podrían pesar tan solo un kilo o un kilo y medio”, señaló Gates.

Qué otras innovaciones ve Gates para reducir la mortalidad neonatal

Gates destacó que existen otras intervenciones sencillas y asequibles para reducir la mortalidad neonatal: “En todo el mundo, ya existen intervenciones sencillas y asequibles para identificar precozmente los embarazos de riesgo, prevenir más partos prematuros y garantizar un parto saludable para las madres”.

El empresario agregó que “estas herramientas no solo están diseñadas para funcionar en las zonas más difíciles de alcanzar, sino que muchas de ellas empiezan a funcionar incluso antes de que el bebé respire por primera vez”. Entre ellas, mencionó “un nuevo tipo de ecografía que está cambiando quién puede detectar los riesgos del parto prematuro y dónde”.

Mientras que dos tercios de las mujeres en el mundo nunca acceden a una ecografía durante el embarazo, los nuevos dispositivos “del tamaño de un teléfono” pueden ser operados por enfermeras o matronas; además, pesan menos de medio kilo y procesan imágenes al instante.

Su interfaz de inteligencia artificial “detecta automáticamente afecciones de alto riesgo, como un cuello uterino acortado o signos de parto prematuro”, lo que permite derivar a las pacientes para recibir atención adicional. Estas ecografías con IA, según Gates, “brindan al personal sanitario más tiempo para actuar”.

En un reciente fallo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (TPI) de Indecopi resolvió un conflicto entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Clínica Cayetano Heredia S.A. -ubicada en Huancayo- sobre el registro de la marca “Clínica Cayetano Heredia” en productos como pinzas, tijeras y cortaúñas.

La universidad había solicitado la nulidad del registro de esta marca, alegando que su nombre comercial “Universidad Peruana Cayetano Heredia” ya era notoriamente conocido en las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial. Tras un exhaustivo análisis, Indecopi determinó varios aspectos clave que se detallan a continuación. Cabe precisar, la disputa del centro educativo no es con la Clínica Médica Cayetano Heredia.

Antecedentes del conflicto entre las Cayetano Heredia

La Universidad Peruana Cayetano Heredia solicitó la nulidad de la marca registrada “Clínica Cayetano Heredia”, argumentando que dicha marca se encontraba en conflicto con su nombre comercial, utilizado desde 1965 para identificar actividades educativas y de salud. La universidad alegó que el uso de la marca por parte de la clínica, bajo la denominación “Cayetano Heredia”, podía inducir a confusión en los consumidores y constituía un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Uno de los puntos clave en la resolución de Indecopi fue el reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial “Universidad Peruana Cayetano Heredia”. Se acreditó que este nombre comercial era conocido dentro de las clases 41 y 44, las cuales incluyen los servicios educativos y de salud. La universidad presentó diversas pruebas de su uso extendido en el mercado, lo que permitió que Indecopi validara la notoriedad de su marca en esos sectores.

Evaluación del riesgo de confusión y decisión de Indecopi

En cuanto a la evaluación del riesgo de confusión entre los signos en disputa, Indecopi concluyó que, aunque ambos comparten el término “Cayetano Heredia”, los productos y servicios que distinguen no están directamente vinculados. En este sentido, se consideró que no existía riesgo de confusión o asociación en el mercado, ya que los productos de la clase 8, como utensilios de higiene personal, no competían directamente con los servicios médicos y educativos de la universidad. No obstante, se detectó un riesgo de dilución del valor distintivo del nombre comercial de la universidad.

A pesar de que no se encontró evidencia de mala fe en la solicitud de la marca por parte de la Clínica Cayetano Heredia de Huancayo, el Tribunal determinó que la marca registrada en la clase 8 violaba la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que se declaró fundada la acción de nulidad en ese extremo. De esta manera, la marca “Clínica Cayetano Heredia” fue anulada parcialmente por contravenir los derechos de la universidad.

Aunque se rechazaron algunas alegaciones de confusión directa, se reconoció la posibilidad de un aprovechamiento injusto de la reputación de la universidad en el mercado. La Clínica Cayetano Heredia S.A. de Huancayo aún puede apelar esta resolución, lo que podría alargar la disputa en los tribunales.

La UPCH está cerca de cumplir 64 años

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), una institución privada sin fines de lucro, abrió sus puertas el 22 de setiembre de 1961 tras la separación de docentes y alumnos de la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM, liderados por Honorio Delgado y Alberto Hurtado Abadía. Inicialmente conocida como Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, adoptó su nombre actual el 24 de febrero de 1965. Su creación respondió a un conflicto con las autoridades universitarias, motivado por la intervención política en la educación.

Desde su fundación, Cayetano Heredia se ha destacado en medicina y ciencias de la salud. Cuenta con ocho facultades, tres institutos y dos escuelas, consolidándose como una de las universidades líderes en investigación científica del Perú. Su sede principal está en San Martín de Porres, complementada por campus en La Molina, Miraflores, San Isidro y Santa María del Mar. Reconocida por su enfoque basado en competencias y su compromiso social, la UPCH mantiene su prestigio entre las mejores del país, enfocándose en innovación, formación integral y salud pública.

Rectificación

Respecto al caso mencionado en esta nota, la Clínica Médica Cayetano Heredia aclaró a través de una carta a este medio que la demandada por la UPCH está ubicada en Huancayo y no está relacionada con la primera institución mencionada.

En la misma línea, precisaron que Universidad Peruana Cayetano Heredia es accionista de la Clínica Médica Cayetano Heredia.

Una nueva legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis en Florida obligará a hospitales, clínicas, laboratorios y profesionales de la salud a devolver pagos médicos cobrados en exceso dentro de un plazo de 30 días. La ley SB 1808, aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal y rubricada por el Ejecutivo el 20 de mayo de 2025, establece sanciones que pueden alcanzar los 5000 dólares en caso de incumplimiento.

La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, fue diseñada para evitar demoras en los reembolsos a pacientes cuando se detecten errores de facturación en servicios cubiertos por aseguradoras privadas, Medicare o Medicaid. La medida incluye modificaciones a los Estatutos de Florida e introduce nuevas disposiciones legales que rigen la conducta de proveedores institucionales y profesionales de salud.

Según el texto publicado oficialmente por el Senado de Florida, los artículos 408.12 y 456.0625 regularán la obligación de devolución de excedentes por parte de los centros médicos y de los profesionales de la salud que facturen a sistemas de reembolso. En tanto, el artículo 408.813 fija el marco sancionatorio aplicable a quienes incumplan con esta devolución en el plazo establecido de 30 días calendario.

¿Cuándo entra en vigencia la nueva ley sobre cobros médicos en Florida?

La ley SB 1808 comenzará a regir el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, todo proveedor de servicios médicos con licencia estatal en Florida que haya emitido una factura a una aseguradora o programa estatal de salud y detecte un pago adicional efectuado por el paciente estará legalmente obligado a reembolsar dicho monto en un plazo máximo de 30 días, según consta en el sitio oficial del Senado de Florida.

Esta disposición se aplica tanto a instituciones como a profesionales independientes, siempre que la detección del pago en exceso haya ocurrido tras una revisión del cobro realizado a una entidad aseguradora, sea pública o privada. La legislación excluye casos ya regulados por otros artículos del código de seguros del estado, como los artículos 627.6131 y 641.3155.

¿Qué establece la ley SB 1808 sobre la devolución de pagos en exceso?

El artículo 408.12, introducido por la ley SB 1808, estipula que todo establecimiento de salud con licencia en Florida deberá devolver al paciente cualquier monto pagado en exceso dentro del plazo de 30 días a partir del momento en que se detecte el error de facturación. Esta obligación aplica cuando se haya emitido una factura a una aseguradora y se verifique que el paciente asumió una parte no cubierta que no correspondía.

Por su parte, el artículo 456.0625 se refiere específicamente a los profesionales de la salud. El texto legal establece que estos, o sus representantes de facturación, también están obligados a restituir los montos cobrados de más dentro del mismo plazo. La responsabilidad se extiende al personal administrativo, empresas contratadas para la gestión de cobros o cualquier grupo médico asociado.

¿Qué sanciones contempla la nueva ley en caso de incumplimiento?

Las sanciones por no devolver los pagos en exceso dentro del plazo estipulado están contempladas en el artículo 408.813 del Código de Florida, que fue modificado por la SB 1808. Para las instituciones médicas, la omisión puede ser clasificada como una infracción administrativa, inicialmente sancionada con multas de hasta 500 dólares por cada caso detectado. Sin embargo, cuando se considera una infracción no clasificada, o si hay reincidencia, la multa puede escalar hasta los 5000 dólares.

En el caso de los profesionales de la salud, la omisión en el reintegro del dinero será considerada una falta disciplinaria conforme al artículo 456.072. Esto habilita a los colegios profesionales o al Departamento de Salud del estado a iniciar procedimientos que pueden derivar en sanciones que van desde advertencias hasta suspensiones o revocaciones de licencias, según lo previsto en los estatutos y regulaciones vigentes.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de esta ley en Florida?

La supervisión de la implementación de esta ley corresponde a distintos organismos según el tipo de proveedor. Para los centros médicos con licencia estatal, la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida (AHCA) será responsable de fiscalizar el cumplimiento del artículo 408.12. En cuanto a los profesionales de la salud, la vigilancia recaerá sobre los colegios profesionales o, en su defecto, el Departamento de Salud estatal.

Hasta el momento, no se han publicado lineamientos adicionales sobre los procedimientos para cumplir con esta normativa. No obstante, el Departamento de Salud y la AHCA podrían emitir reglamentos técnicos en los próximos meses, dado que la ley entra en vigencia recién en 2026, según la documentación legislativa disponible en el portal del Senado de Florida.

¿Cuáles son los límites y exclusiones de la ley SB 1808?

La nueva normativa no cubre todas las situaciones de pagos en exceso. El texto legal aclara que la obligación de devolución aplica únicamente cuando el cobro se haya realizado en el marco de una solicitud de reembolso a una aseguradora pública o privada. Además, están excluidos los casos regulados por otras disposiciones específicas del sistema de seguros, como aquellos regidos por los artículos 627.6131 y 641.3155 del Código de Florida.

Estos artículos regulan los plazos y condiciones en que las aseguradoras deben procesar reclamos y reembolsos, y establecen mecanismos distintos para el manejo de disputas entre aseguradoras y proveedores. Por tanto, la SB 1808 se limita a establecer una obligación específica para cuando el pago excedente es identificado directamente por el proveedor de servicios médicos y no está sujeto a disputa contractual con la entidad aseguradora.

En un análisis detallado de los principales responsables de las deudas, la asociación destacó a las empresas promotoras de salud (EPS) como las mayores deudoras. Las EPS del régimen contributivo concentran el 49% de la deuda total, equivalente a $9,9 billones, mientras que las EPS del régimen subsidiado representan el 26,5%, con una deuda aproximada de $5,4 billones.

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De acuerdo con el informe, las deudas de las EPS liquidadas siguen siendo alarmantes: “Las EPS liquidadas han dejado deudas superiores a $2,3 billones, reflejando el impacto económico negativo para las instituciones hospitalarias”, informó.

Nueva EPS: el principal deudor del sistema

El informe indica que Nueva EPS, que opera en ambos regímenes, es la mayor morosa con una deuda de $5 billones y una cartera en mora que asciende al 58,5% ($2,9 billones). “El comportamiento financiero negativo de esta entidad, con más de 11 millones de afiliados, genera alta preocupación en el gremio”, expresó el director general de la Achc, Juan Carlos Giraldo.

“Esto requiere de una atención especial del Gobierno; creemos que es necesario que la intervención a esa entidad se acompañe de una capitalización urgente para que la entidad equilibre su funcionamiento”, agregó Giraldo.

Por su parte, en el régimen contributivo, las principales EPS operativas deudoras son Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Compensar y Sura, que concentran el 70% del total de la deuda de este régimen. Mientras tanto, las deudas de EPS liquidadas como Medimás, Coomeva y Cafesalud también destacan por su elevado impacto financiero y por tener el 100% de sus carteras en mora .

Concentración de deuda en el régimen Subsidiado y medidas especiales

En el caso del régimen subsidiado, tres EPS activas lideran la lista de deudoras: Nueva EPS, Savia Salud y Emssanar, cuya suma de deuda asciende a $2,3 billones, un 55% de la deuda registrada en este régimen. Además, las liquidaciones en el régimen subsidiado revelan que 33 entidades adeudan un acumulado de $1,2 billones. Entre las más relevantes, Convida y Ecoopsos destacan con deudas superiores a $176.000 millones y $132.000 millones, respectivamente.

También se reportó sobre las EPS que están intervenidas para administrar o bajo vigilancia especial, que concentran el 77,4% de la deuda total de las EPS operativas. Estas entidades deben $10 billones, una cartera en mora que asciende al 83,8%. La Achc puntualizó que la Nueva EPS también encabeza esta lista, con un incremento de $808.000 millones en su cartera total entre junio y diciembre de 2024, lo que representa un 19,3% de aumento.

Propuestas para contrarrestar la crisis sanitaria

Ante este panorama, la Achc reiteró la necesidad de implementar un plan extraordinario de lIquidez para aliviar a los hospitales y clínicas afectadas. Juan Carlos Giraldo resaltó que, aunque se tiene avanzados en mecanismos como el giro directo, estos necesitan ajustes urgentes. “Requerimos aumentar el porcentaje mínimo del giro al 90% y establecer reglas claras para evitar la concentración de recursos en entidades de integración vertical”, explicó el directivo.

También señaló la importancia de avanzar en otros del plan, como “liberar un nuevo tramo de reservas técnicas” y fortalecer la línea de medidas de crédito de Findeter para financiar a las EPS y permitir el pago de la cartera vencida.

“Con el alto riesgo de nuevas liquidaciones de EPS, se necesita proteger a los prestadores de servicios de salud mediante la creación de un Fondo de Garantía, evitando que las acreencias actuales sufran el mismo destino que en procesos pasados”, afirmó Giraldo.

Por otro lado, el gremio insistió en la urgencia de una reforma estructural al sistema de salud. Según este, los artículos contenidos en el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Senado serán clave para inyectar liquidez al sistema en el corto plazo. “Se requiere un texto robusto que no solo atienda el presente, sino que prepare el camino hacia una transición estructural del modelo de salud”, concluyó el director de la Achc.

El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas sobre Productos y Servicios de Riesgo, ha informado acerca de una advertencia emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud. Esta alerta señala la posibilidad de reacciones adversas graves en un lote de cloruro de sodio (suero fisiológico) producido por la empresa Medifarma S.A. Como medida precautoria, se ha ordenado suspender su venta y uso en pacientes.

La Digemid ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades de este lote en particular y procederá a su evaluación. En caso de que se identifiquen efectos negativos relacionados con los productos mencionados, se solicita a los usuarios que los reporten mediante el portal NotiMed a través de ESTE LINK.

Clínica en la que falleció paciente en Cusco denuncia a Medifarma

La Clínica Oxigen Medical Network O2 ha emitido un comunicado en el que deslinda toda responsabilidad médica en relación al fallecimiento de una paciente tras la administración de un lote de suero fisiológico. En el texto, la clínica informa que “cuatro pacientes atendidos en nuestra clínica fueron afectados tras la administración del suero fisiológico al 0.9% inyectable (lote 2123 624), producto elaborado por el laboratorio y farmacéutica Medifarma”.

Una de las pacientes, lamentablemente, “falleció la madrugada de hoy, mientras que otra se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos”. La clínica aclara que el médico que atendió a la paciente “no forma parte del staff permanente de nuestra clínica, sino que fue contratado directamente por la propia paciente para la realización de un procedimiento específico”.

Además, se ha indicado que la clínica y el médico actuaron “conforme a los protocolos establecidos y sin conocimiento previo de que el medicamento suministrado presentaba posibles irregularidades en su composición”. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta sanitaria el 24 de marzo de 2025, ordenando la “inmovilización inmediata del lote 2123 624″ debido a una posible “reacción adversa grave vinculada a este lote del medicamento”.

La clínica, para aclarar la situación, ha procedido con varias acciones, como “inmovilizar de inmediato el lote afectado del medicamento” y “colaborar activamente con las autoridades competentes en todas las investigaciones que permitan esclarecer los hechos”. Además, anunció que han iniciado “las acciones legales correspondientes contra Medifarma y M&M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL”.

¿Cómo funcionan las alertas de productos de Indecopi?

El Indecopi ha implementado el Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos con el objetivo de salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores. Este sistema permite informar a la ciudadanía sobre productos o servicios que puedan representar riesgos, facilitando acciones correctivas por parte de proveedores y autoridades competentes. A continuación, te explicamos su funcionamiento:

• Detección de riesgos: Indecopi monitorea continuamente el mercado y las redes internacionales de alertas de seguridad, recopilando información de diversas fuentes, incluyendo entidades públicas y reportes directos de consumidores.
• Emisión de alertas: Una vez confirmado que un producto o servicio presenta un riesgo y está disponible en el mercado nacional, Indecopi emite una alerta pública detallando el nombre del producto, el proveedor, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas para mitigar o eliminar el peligro.
• Comunicación por parte de proveedores: Los proveedores identificados con productos o servicios riesgosos están obligados a informar a los consumidores afectados. Deben utilizar canales de comunicación directos y gratuitos, como correos electrónicos, redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajería y líneas telefónicas, para garantizar que la información llegue de manera efectiva.
• Acciones correctivas: Los proveedores deben tomar medidas inmediatas para corregir la situación, que pueden incluir la reparación, sustitución o retiro del producto del mercado. Estas acciones buscan eliminar o reducir el riesgo identificado.
• Seguimiento y supervisión: Indecopi supervisa que los proveedores cumplan con las medidas correctivas y verifica la eficacia de las acciones implementadas. Además, colabora con otras entidades públicas competentes para garantizar la seguridad de los consumidores.

El envejecimiento de la población japonesa y la falta de médicos jóvenes están empujando al país hacia una crisis sanitaria sin precedentes. Para 2040, se estima que 342 municipios, equivalentes al 18% del total, no contarán con ninguna clínica. Esta alarmante predicción, realizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW, por sus siglas en inglés), se basa en el envejecimiento acelerado de los médicos y la falta de sucesores que continúen con su labor en áreas rurales​.

A esto se suma un informe del Recruit Works Institute, que advierte que Japón sufrirá una escasez del 17,5% de los trabajadores sanitarios necesarios para cubrir la demanda en hospitales y centros de salud. Esta situación podría llevar a tiempos de espera aún más largos y dificultar el acceso a la atención de emergencias​.

El envejecimiento de los médicos y la falta de sucesores

La escasez de médicos en Japón no es un fenómeno reciente. El 53% de los doctores en clínicas tenían más de 60 años en 2022, lo que refleja la falta de profesionales jóvenes en el sector​. Actualmente, muchas clínicas son dirigidas por un solo médico y, al jubilarse, no hay reemplazos disponibles.

El estudio del MHLW establece dos escenarios:

• Si los médicos se retiran a los 75 años, habrá 342 municipios sin clínicas en 2040.
• Si la edad de retiro se extiende a 80 años, la cifra se reduciría, pero aún así 244 municipios quedarían sin servicios médicos​.

La problemática es especialmente grave en áreas rurales y con baja población. De los municipios que perderán sus clínicas, 109 tienen menos de 5.000 habitantes, lo que representa el 40% del total. Esto indica que las comunidades más pequeñas serán las primeras en quedar desatendidas​.

Impacto en el acceso a la salud y posibles soluciones

El informe del Recruit Works Institute expone que, de no tomarse medidas, Japón enfrentará una crisis sin precedentes en su sistema de salud. Se prevé que las ambulancias tendrán dificultades para encontrar hospitales que acepten pacientes y que las filas para consultas médicas sean aún más largas​.

Entre las posibles soluciones que se están considerando, se encuentran:

• Extender la edad laboral de los médicos con incentivos económicos y mejores condiciones de trabajo.
• Fomentar la automatización y la telemedicina para aliviar la carga sobre los profesionales sanitarios.
• Aumentar la inmigración de médicos extranjeros, una opción que ha generado debate en la sociedad japonesa​.

A pesar de estas propuestas, los expertos advierten que ninguna solución será suficiente si no se toman medidas urgentes. La combinación del envejecimiento de los médicos, la falta de sucesores y la creciente demanda de servicios médicos amenaza con desbordar el sistema de salud del país en las próximas dos décadas.

El impacto en la economía y el futuro de la salud en Japón

Más allá del acceso a la salud, la escasez de médicos y clínicas podría tener un impacto económico severo, especialmente en las zonas rurales. Municipios sin acceso a servicios médicos podrían experimentar una mayor despoblación, ya que las familias jóvenes y los adultos mayores preferirían mudarse a áreas con mejor infraestructura sanitaria​.

Además, el costo de la atención médica podría aumentar debido a la reducción de la oferta de profesionales. La falta de médicos en ciertas regiones haría que los pocos especialistas disponibles cobren tarifas más altas, lo que afectaría principalmente a los sectores de menores ingresos.

Los expertos también advierten sobre la posible sobrecarga del sistema de salud urbano, ya que muchas personas de municipios sin clínicas viajarán a las grandes ciudades para recibir atención médica. Esto generaría mayor presión sobre los hospitales metropolitanos, que ya enfrentan problemas de capacidad​.

La crisis sanitaria que se avecinaría en Japón no solo afecta a los pacientes y a los profesionales de la salud, sino que podría redibujar el mapa demográfico y económico del país. Si no se toman medidas estructurales, la brecha entre las regiones con acceso a la salud y aquellas que carecen de él seguirá creciendo, con consecuencias irreversibles.

Profesionales de la salud están en alerta por el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC) que estableció el Gobierno nacional para 2025. Pues, el aumento del 5,36% es considerado insuficiente, teniendo en cuenta las deudas que hay en el sistema de salud y el incremento de gastos que supone la atención de los usuarios.

No obstante, según el presidente Gustavo Petro, el incremento de los recursos girados a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema de salud es real, basado en la tasa de inflación esperada para 2025, que sería del 3%, y no en la de 2024, que fue del 5,4%. Esto, a pesar de que el Congreso de la República archivó el proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria), con el que se pretendía completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.

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“Fue el Congreso el que no discutió el presupuesto, y peor aún, no discutió la ley de financiamiento, obligándonos ya no a aumentar el gasto, sino a aplazarlo. En el decreto de aplazamiento encontrarán que entre todos los gastos aplazados, el que no sufre ningún aplazamiento es precisamente Salud”, precisó el jefe de Estado en X.

En medio de las voces críticas, surgió una a favor. Se trata de la exministra de Salud del Gobierno Petro Carolina Corcho, que aseguró que las EPS no tienen justificación para dejar de prestar sus servicios a los afiliados bajo el argumento de que no cuentan con el dinero suficiente para ello. Pues, por concepto de UPC, tendrán más de $95 billones para operar, a lo que se suman otras adiciones a los presupuestos máximos.

“Debo decir como médica y ciudadana, que no aceptamos mecanismos de presión y chantaje de los gremios de las EPS para negar servicios a los pacientes, presionando sin fundamento ni datos transparentes, que los colombianos debemos entregarles más recursos, sin que eso lo traduzcan en honrar sus deudas con clínicas y hospitales”, aclaró.

Ante las advertencias de que habrá un “impacto crítico” en los hospitales y clínicas, la exministra aseguró que, aunque el aumento de la UPC sí está por debajo de las expectativas de las EPS, supera la tasa de inflación, lo que representa una buena noticia para los prestadores de servicios de salud. El problema radica entonces en el manejo de los recursos, y no necesariamente en la cantidad que otorga el Gobierno.

“Un manejo discrecional, opaco, poco transparente”, aclaró, en conversación con W Radio.

Además de eso, hay injustos procesos de contratación en los que solo determinadas clínicas y hospitales son tenidos en cuenta. En 2023 se identificó que 309 clínicas y hospitales concentraron el 76% de la facturación del sistema de salud, cuando hay 11.000 entidades para contratar. “Discrecionalmente, se contratan a sí mismos”, precisó al medio.

La discusión sobre la UPC y la presunta falta de dinero para las EPS ya había sido abordada en 2024 y, según Corcho, en abril de ese año se pudo determinar que los estados financieros de las EPS no evidenciaban ningún déficit. “No es cierto que los recursos fueron insuficientes (...). $13,2 billones en cuatro años no aparecen claramente justificados en los estados financieros”, indicó.

Así las cosas, la exministra aseguró que la preocupación no debería estar en la falta de recursos, sino en el manejo que se le darán, teniendo en cuenta que aunque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) gira el dinero, no lo administra; eso es tarea de las EPS, que se han visto envueltas en escándalos de presunta corrupción. Justamente, esto es algo que busca modificar la reforma a la salud que cursa en el Congreso.

Instó entonces a las entidades promotoras a presentar los datos requeridos para solicitar un reajuste de la UPC. “Si se abren nuevas mesas técnicas para revisar el tema, estas deben hacerse sobre la base de datos e información transparente y clara. No sobre la base de especulaciones que buscan sembrar pánico, animadversión dentro del sector salud e infundir miedo a la ciudadanía”, añadió.

Durante la pandemia, la industria del ciberdelito descubrió un nuevo target: La salud. Un claro objetivo para convertirlo en víctima.

Clínicas, laboratorios, pharma, servicios de salud, prepagas, todo el ecosistema que contiene a una de las cuestiones más sensibles para los seres humanos. El efecto buscado es el impacto en la población, la imposibilidad fáctica de no poder atender acontecimientos tanto de emergencia como regulares, pero que implican la demanda del público ante situaciones que podrían poner en peligro sus vidas y las de sus familias.

El aumento en la cantidad de ataques de la modalidad de ransomware que afectan la infraestructura de atención médica en el planeta todo es inédito y superior a las tasas de evolución, respecto de otras industrias víctimas. Sus efectos: la seguridad de los pacientes, descontrol en los sistemas de salud del mundo, la pérdida de reputación y, definitivamente, el riesgo de vida de las personas.

Una de cada tres instituciones de salud sufrieron un ataque de ransomware durante los últimos años, en la post pandemia y un porcentaje relevante se vio obligada a pagar un rescate ante la indefensión de su situación.

El robo de credenciales de acceso es utilizado para lanzar ataques de ransomware dirigido a grandes y medianas empresas, incluidas las organizaciones gubernamentales. Para obtener esta información, los atacantes utilizan principalmente técnicas de phishing. En la misma galería de delitos se presentan como variantes para continuar confundiendo al mercado y sus víctimas, vishing, anuncios fraudulentos-Ad Words, cuento del tío digital.

En este 2024 50% es el aumento de grupos ransomware y 22% aumentó la cantidad de víctimas reportadas.

Lamentablemente comenzamos a observar campañas de phishing, malware y operaciones de ransomware que se ejecutan de forma totalmente automatizada mediante Inteligencia Artificial. Si bien, este año el malware fue la amenaza con mayor crecimiento, para el 2025 el ransomware será el principal problema para las empresas, con agresiones cada vez más frecuentes y sofisticadas.

Los ataques de ransomware son una forma de ciberataques en los que bandas organizadas de alcance internacional ejecutan la táctica conocida del triple efecto; hackea, secuestra y extorsiona. Esta modalidad ha crecido en escala y sofisticación a lo largo de los años, y su costo actual es de decenas de miles de millones cada año afectando a gran cantidad de países del mundo, Argentina no está exceptuada. No existen más fronteras para esta nueva modalidad de hostilidad digital.

El ransomware y otros ciberataques a hospitales, sanatorios, farmacéuticas, laboratorios e instalaciones sanitarias no son sólo cuestiones de seguridad y confidencialidad, pueden ser cuestiones de vida o muerte. Además, estos se han extendido más allá de los hospitales y están afectando a la cadena de suministro de la industria, proveedores y socios de negocios. Estos ataques buscan encriptar datos y sistemas informáticos, haciendo inaccesibles los registros médicos electrónicos y afectando servicios de diagnóstico clave. Incluidas los diagnósticos por imágenes, como resonancias magnéticas, tomografías computadas, afectando también la coordinación de equipos de cirugías, hasta el despacho de ambulancias ante casos de emergencias.

Otro aspecto, menos humano pero real, habla de las dificultades y el costo de la restauración, siempre que sea posible. Más allá del alto estrés, el promedio ronda los 21 días, con un incremento de costo económico significativo que sin dudas no suele estar previsto como contingencia en ningún presupuesto.

Es necesario un enfoque integral, con nuevas regulaciones y leyes, no se trata solo de cuestiones tecnológicas, capacitar y equipar al personal para reaccionar y responder a estos incidentes es cada vez más necesario, los humanos siguen siendo el eslabón más débil de esta cadena, tan ligera y frágil que pone en peligro la vida misma.

Estos resultados muestran un incremento en el valor de la cartera en mora y su concentración, que pasó de 54% a 55%; más de $1,3 billones entre un corte y otro.

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Al desagregar la deuda, se observa que las EPS del régimen contributivo concentran cerca del 50% de la deuda total, lo que corresponde a $9,4 billones, seguido por las EPS del régimen subsidiado con 25% del total de la deuda: $4,7 billones. En tercer lugar, se encuentran los deudores agrupados en la categoría Estado que reportan 9,2% del total de la deuda, que son $1,7 billones, incluyendo la deuda de los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga.

Principales deudores

Al ordenar los principales deudores respecto al volumen total de su deuda en mora, se puede observar que la Nueva EPS es el principal deudor que tienen los prestadores reportantes, acumulando una deuda total, en los dos regímenes en los que opera, de $4.2 billones aproximadamente y una cartera en mora de $2,2 billones (53,0% en mora).

En segundo lugar y tercer lugar, se encuentran Medimás (en liquidación) y la EPS Sanitas, cuyos registros de deuda en mora son de $579.000 millones (100% en mora) y $486.300 millones (39,3% en mora) respectivamente. A continuación, se encuentra la EPS Emssanar, que tiene una deuda morosa de $425.000 millones aproximadamente, lo que equivale al 65,0% del total de su deuda. La quinta mayor deuda corresponde a la Adres y al extinto Fosyga, que tienen una deuda total en mora conjunta de $415.000 millones con una morosidad del 69,3%.

Las diez principales entidades deudoras tienen una deuda total de $9,8 billones, aproximadamente, lo que representa el 51,5% del total de la deuda de $18, 9 billones que se registró en este estudio, y una cartera morosa de $5,8 billones, lo que representa el 55,9% del total de la deuda morosa registrada.

EPS del régimen contributivo

El volumen total de la deuda para este periodo de las EPS del régimen contributivo ascendió a $9,4 billones, con una morosidad del 53,1%.

Se observa que la principal deudora en ambos escenarios es Nueva EPS, con $3,6 billones, aproximadamente, y una morosidad del 53,3%, seguida por EPS Sanitas, con una deuda de $1,2 billones y una morosidad del 39,3%.

EPS del régimen subsidiado

El volumen total de la deuda, para este periodo, de las EPS del régimen subsidiado ascendió a $4,7 billones, con una morosidad del 65,1%. En cuanto a la deuda que tienen estas entidades en operación, se observa que la principal deudora es Emssanar, con $653.000 millones y una mora de $423.000 millones aproximados. Las siguientes con un mayor volumen de deuda total son Savia Salud, Nueva Eps y Asmet Salud, con $641.000 millones; $627.000 millones y $426.000 millones, respectivamente.

Cerrando las cinco principales EPS-S deudoras se encuentra Coosalud, que adeuda aproximadamente $286.000 millones, con una mora del 54,0%, equivalente a $155.000 millones. La suma de la cartera total de las cinco EPS mencionadas es de más de $2,6 billones, lo que representa el 73,9% del total de la deuda de las EPS-S que se encuentran en operación.

EPS intervenidas, en vigilancia especial o programa de recuperación

Respecto de la cartera que tienen nueve EPS que a la fecha de este estudio se encontraban con alguna medida de vigilancia especial o programa de recuperación, es importante mencionar que en conjunto adeudan más de $8 billones, lo que representa el 69,1% del total de la deuda que tienen las EPS que se encuentran en operación. Adicionalmente, este grupo de nueve EPS tiene una cartera mayor a 60 días de $4,2 billones, que representa un 76,1% del total de la cartera en mora de las EPS en operación.

En este grupo, las EPS con la concentración de cartera morosa más alta son: Capresoca y Asmet Salud, con el 76,2% y 74,8%, respectivamente. Les siguen Emssanar (65,0%), Dusakawi (62,5%) y Famisanar (53,4%). A continuación, se encuentran Nueva EPS y S.O.S, con una cartera morosa del 53,0% y 47,3%, respectivamente.

La EPS que tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre 2023 y junio de 2024, fue Nueva EPS, con más de $1 billón, lo que representa un incremento del 33,2%. La segunda y tercera EPS con mayor incremento absoluto en su cartera total fueron Sanitas, con un incremento de más de $253.000 millones (25,6%), y Emssanar, con un incremento de $107.000 millones (19,6%).

Cabe resaltar que, dentro del grupo de las EPS que se fue a liquidación, la deuda asciende a $2,6 billones, de los $1,4 billones corresponden a entidades del régimen contributivo y $1,2 billones al subsidiado.

(Por Dennis Thompson - HealthDay News) -- Los vendedores ambulantes que ofrecen tratamientos falsos con células madre pueden ser disuadidos mediante la acción del gobierno, señala un estudio reciente.

Alrededor del 60 por ciento de la publicidad directa al consumidor de las clínicas de células madre cesó después de que los reguladores de Canadá y Australia intervinieran, explicaron los investigadores en la revista Cell Stem Cell.

“Las acciones tomadas por los reguladores nacionales en Australia y Canadá son alentadoras. Sugieren que las acciones de cumplimiento específicas pueden conducir a una disminución significativa en el número de clínicas que comercializan intervenciones con células madre no probadas”, señaló en un comunicado de prensa el coautor Leigh Turner, director del Centro de Ética de la Salud de la Universidad de California-Irvine.

Las células madre pueden ser manipuladas por los médicos para convertirlas en muchos tipos diferentes de células, como células de la piel, musculares o sanguíneas. Debido a esto, se están probando como un medio para tratar muchos tipos diferentes de enfermedades y lesiones.

Los tratamientos con células madre están aprobados solo para un número limitado de afecciones, generalmente cánceres de la sangre y trastornos inmunológicos, según datos de la Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre.

A pesar de esto, han proliferado en todo el mundo operaciones que ofrecen supuestas “curas” con células madre para problemas tan variados como el dolor articular, COVID prolongado, los trastornos neurológicos, las enfermedades cardiacas y pulmonares, el autismo, la fatiga y la ceguera, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU.

En EEUU, el número de clínicas de células madre aumentó de unas 350 empresas en 2016 a casi 1500 en 2021, apuntaron los investigadores en las notas de respaldo. Gran parte de esta expansión se ha debido a empresas que afirman que extraen células madre de la sangre de un paciente y luego las reinyectan como una cura milagrosa. Desafortunadamente, este procedimiento a veces puede causar infecciones graves en las personas si las células se contaminan durante el procesamiento, sin una cura milagrosa.

"En algunos casos, las intervenciones comercializadas por estos centros han causado graves daños físicos y financieros a los pacientes, al tiempo que han perjudicado los esfuerzos por llevar a cabo una investigación clínica creíble", dijo Turner. "La falta de evidencia convincente de que estos productos son seguros y funcionan como se anuncian es alarmante".

Para este estudio, los investigadores monitorearon la publicidad en línea directa al consumidor en Canadá y Australia durante un período de cinco años. Durante ese tiempo, Australia prohibió la publicidad de los tratamientos con células madre y encargó a la agencia nacional reguladora de la atención médica que supervisara estos productos.

Canadá también tomó medidas, enviando cartas de “cese y desistimiento” a las clínicas que ofrecían tratamientos no probados. Como resultado, en 2023 solo 12 empresas en Australia y tres en Canadá seguían ofreciendo tratamientos con células madre, encontraron los investigadores.

En comparación, el mercado de células madre de EEUU ha seguido expandiéndose, a pesar de docenas de cartas de advertencia emitidas por la FDA, anotaron los investigadores.

“No sabemos si respuestas comparables de los reguladores de otros lugares podrían funcionar en otros países, o si se necesitarán acciones más contundentes, como sanciones financieras y enjuiciamientos penales, pero nos alienta lo que encontramos al estudiar las respuestas regulatorias en Canadá y Australia”, dijo Turner.

Más información: La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (International Society for Stem Cells) ofrece más información sobre los tratamientos con células madre aprobados frente a los apócrifos. FUENTE: Universidad de California-Irvine, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2024

* Dennis Thompson HealthDay Reporters ©The New York Times 2024

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la reactivación de las clínicas e IPS del país durante su Gobierno, generaron una fuerte reacción de la senadora del Partido de La U, Norma Hurtado, que en sus redes sociales lanzó críticas hacia lo dicho por el jefe de Estado y refutó sus afirmaciones; según las cuales el sector se había recuperado gracias al giro directo a estos centros asistenciales.

“Adivinen por qué se están reactivando algunas clínicas y hospitales: por el giro directo, que muchos aquí criticaron”, indicó Petro. “Por eso vamos a volver a presentar una reforma a la salud, que será ampliamente concertada”, añadió el mandatario, durante su discurso de instalación del Congreso, que se extendió por más de una hora y en el que se refirió, entre otras, a la reforma agraria.

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Al respecto, la senadora, en su perfil de X, indicó que la evidencia sobre la particular muestra justamente lo contrario. “La gestión del Gobierno en el sector salud ha provocado que las redes hospitalarias estén al borde de la quiebra por insuficiencia del cálculo de la UPC, lentitud en el pago de presupuestos máximos y demoras en el pago de deudas”, indicó la congresista, que le salió al debate.

La opinión de la senadora Hurtado adquiere especial relevancia, pues fue su voto, en la Comisión Séptima del Senado, de la que hace parte, la que desequilibró la balanza y llevó a que los opositores a la iniciativa votaran por su archivo; lo que se tradujo oficialmente en su hundimiento, el 4 de abril, en su tercer debate y tras haber superado su trámite en la Cámara de Representantes.

Las cifras de Norma Hurtado que dejarían mal parado a Gustavo Petro

De acuerdo con Hurtado, solo en el Valle del Cauca se han acumulado deudas de más de $1 billón, debido a las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud. Asimismo, la senadora cuestionó el impacto negativo que las demoras en los pagos y la falta de recursos están teniendo sobre la red pública no solo en su región, sino en todo el país. “¿Quién le entrega la información al presidente?”, preguntó.

Esta sería la segunda vez en que Petro insistiría en su reforma, pues cabe destacar que tras el primer fracaso con el texto de 134 artículos intentó impulsar a través de la bancada oficialista el curso, con mensaje de urgencia, de un articulado de 47 puntos; que finalmente no se radicó debido a que los tiempos no dieron para su discusión. Aunque en esta ocasión, lo presentado ya contaría con el consenso general.

Al respecto, la congresista fue enfática en señalar que una reforma a la salud en medio de afirmaciones de reactivación de la red prestadora y concertaciones con el sector, “parece seguir el mismo camino errático de la propuesta anterior”. Una afirmación que fue entendida como una advertencia al Ejecutivo, sobre la necesidad de reconocer la grave problemática que afronta el sistema actual.

Y es que el último proyecto que intentó tramitar el Gobierno en el legislativo buscaría una transformación profunda en el sistema general de seguridad social en salud en un sistema basado en el aseguramiento social, con atención primaria prioritaria y un enfoque territorial. Además, incluiría un modelo de salud basado en la prevención, a través de la atención primaria en salud (APS).

Del mismo modo y como reveló Semana, toda la gestión del sistema estaría dirigida desde el Ministerio de Salud, con autoridad delegada a mandatarios locales en los niveles departamental, distrital y municipal, al igual que la creación de un Consejo Nacional de Salud. Y las EPS se transformarán en gestoras de salud y vida, lo que significaría un cambio estructural en el sistema de salud colombiano.

En lo que respecta a la destinación de recursos, esta facultad se mantendría en el papel de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), que administrará los recursos del Fondo Único Público de Salud; que a su vez contará con subcuentas específicas, entre llas una cuenta de atención primaria en salud y una cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

Una de las entidades de salud más grandes del país, la Nueva EPS, que cuenta con más de diez millones de afiliados, anunció una convocatoria nacional dirigida a profesionales independientes, clínicas y hospitales (IPS) que deseen prestar servicios a todos sus usuarios.

Esta convocatoria se reveló durante el Congreso ‘Gobernar Salud’ 2024, donde Julio Rincón, interventor de Nueva EPS, indicó que la convocatoria se realizará a través de un estudio de mercado no vinculante.

“Necesitamos ampliar la red para nuestros afiliados y también estamos preparándolos para lo que pueda suceder en el país. Efectivamente, como otras EPS han pedido retiros voluntarios, la Nueva EPS es la protagonista del sistema de salud actual”, explicó Rincón.

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Si bien la prioridad de la entidad es garantizar que todos sus afiliados, que representan casi el 20% de los usuarios del sistema de salud en el país, puedan tener acceso a puntos de atención sanitaria cercanos. “Nos interesan mucho los profesionales independientes que están en los pequeños municipios colombianos, necesitamos especialistas que estén ubicados cerca de donde están nuestros afiliados”, agregó Rincón.

Inicia el XXI congreso Gobernar Salud 2024 de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales @Cosesam1, con la participación del Agente Interventor para la administración de NUEVA EPS, el Dr. Julio Rincón @JGobernanza pic.twitter.com/EoohXvVGVW

— GerCom NUEVA EPS (@DirComNuevaEps) June 27, 2024

Además, afirmó que no pueden permitir que sus afiliados tengan que largos trayectos para recibir atención médica. “No podemos permitir que nuestros afiliados tengan que viajar largos trechos en la ciudad para recibir servicios, queremos sitios de atención cercanos, queremos lograr también que cualquier prestador que cumpla la norma de que sea inscrito en el servicio pueda ser nuestro proveedor”.

No es la primera vez que se habla de los grandes retos que abarcan los servicios de salud en territorios periféricos de Colombia, como lo es la falta de clínicas y profesionales. De hecho, recientemente el Registro de Talento Humano en Salud del Sispro expuso que al menos nueve departamentos tienen una tasa de médicos por cada diez mil habitantes de entre 0,00 y 12,50, muy por debajo de la tasa más alta de entre 27,00 y 51,00.

Departamentos con las tasas más bajas en personal de la salud

• Arauca
• Amazonas
• Caquetá
• Chocó
• Cundinamarca
• Guainía
• Putumayo
• Vichada
• Vaupés
• Vichada

En qué va la intervención a las EPS

El pasado jueves 27 de junio de 2024, se cumplen 100 días desde la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional. Julio Rincón, se refirió a la situación financiera de esta entidad prestadora de salud, que actualmente cuenta con más de once millones de usuarios en todo el país.

Rincón reveló que durante la intervención, se hallaron facturas que suman más de $5 billones, que no habían ingresado en su contabilidad y que necesitan ser pagadas.

“Nosotros estamos presentando nuestra situación financiera, en la cual identificamos una cantidad de facturas no registradas. Unas facturas que ya habían radicado los proveedores y no habían sido contabilizadas”, afirmó Rincón durante una rueda de prensa, destacando que dicha represa de facturas, eran de $5,7 billones al día 31 de intervención. “Estamos aclarando cuentas para tener claridad con cada proveedor y negociar con ellos”, señaló.

Por otra parte, el reciente informe de Las Mil Más Grandes, reveló que la Nueva EPS tuvo ingresos por $20,2 billones, que de hecho, fueron 37% más altos que los de 2022. Sin embargo, este comportamiento, no evitó que continuara dando pérdidas, esta vez de $341.817 millones.

El análisis del ranking, también revela que en el segundo lugar está la EPS Sura, la cual tuvo ingresos por $11,4 billones, con un alza de 22,6%. (Con pérdidas por $221.506 millones), que como se supo en su momento, tuvo que solicitarle al Gobierno su retiro del sistema. En el tercer lugar está la EPS Sanitas, este año también intervenida con un alza en los ingresos, pero sin ser suficientes para evitar pérdidas por $146.385 millones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevó a cabo un nuevo operativo de cobranza coactiva enfocado en el sector de servicios médicos en Lima. Durante el operativo, que abarcó diversas clínicas en distintos distritos de la capital, se intervino a establecimientos que acumulan una deuda exigible superior a los 5 millones de soles.

El operativo incluyó embargos bajo la modalidad de intervención en recaudación, permitiendo a la Sunat tomar control de los ingresos de los contribuyentes en dichos establecimientos para asegurar el pago de la deuda pendiente. La intervención era necesaria debido a que, si bien estos contribuyentes declararon sus ventas, no pagaron sus obligaciones tributarias.

70 colaboradores de la Sunat, incluyendo ejecutores, auxiliares coactivos, interventores y personal de apoyo, participaron en la operación que se realizó de manera simultánea en 15 clínicas y centros médicos, los cuales en total poseen 20 locales en distritos como La Molina, San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, Cercado de Lima, Barranco, Comas, Breña, La Victoria y Lince.

El embargo en forma de intervención en recaudación está regulado por el Reglamento de Cobranza Coactiva y se aplica como último recurso para la gestión de cobro de deuda tributaria. Cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones, la SUNAT emite órdenes de pago, resoluciones de determinación o multas. Si estos valores no son cancelados, se inicia un procedimiento de cobro mediante una Resolución de Ejecución Coactiva (REC).

La REC ofrece a los contribuyentes un plazo de siete días hábiles para regularizar el pago de su deuda. De no hacerlo en este tiempo, la SUNAT puede adoptar medidas necesarias para recuperar la deuda, siendo el embargo en forma de intervención en recaudación una de las técnicas más efectivas.

Ranking de empresas deudoras a Sunat

Centro Liber ha revelado, a través de una solicitud de acceso a la información pública, la lista de Principales Contribuyentes Nacionales y las deudas tributarias significativas que mantienen con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Estas deudas alcanzan los 27,693 millones 532 mil 636 soles.

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT y actualizada a mayo de 2022, Centro Liber ha publicado un ranking de las 100 principales empresas con mayores deudas, totalizando 25,786 millones 430 mil 125 soles. Este monto representa el 93.11% del total de la deuda tributaria de los contribuyentes en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN), que agrupa a 570 compañías.

Las cinco empresas con mayores deudas son Telefónica del Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Minera Las Bambas, Scotiabank Perú y Compañía Minera Antapaccay. Telefónica del Perú, la empresa con la deuda más significativa, debe S/ 5,450,903,223. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston adeuda S/ 1,923,983,481, mientras que Minera Las Bambas tiene una deuda de S/ 1,465,649,926. Scotiabank y Minera Antapaccay adeudan S/ 1,465,649,926 y S/ 1,311,841,440 respectivamente.

Entre las compañías mencionadas en el informe también figuran empresas del conocido “Club de la Construcción”, como Gasoducto Sur Peruano S.A. con una deuda de S/ 837,739,465, Odebrecht Latinvest Peru Ductos S.A. con S/ 134,391,886, Constructora OAS S.A. con S/ 591,493,494, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. con S/ 446,703,413.

Por otro lado, en el sector educativo, las universidades con mayores deudas tributarias incluyen a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que debe S/ 159,809,288, seguida por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con una deuda de S/ 107,885,929. La Universidad San Martín de Porres y la Universidad San Ignacio de Loyola tienen deudas de S/ 66,285,933 y S/ 34,733,730 respectivamente.

Según el estudio, las EPS del régimen contributivo concentran un poco más del 50% de la deuda total, lo que corresponde a cerca de $8,4 billones, seguido por las EPS del régimen subsidiado, que concentran alrededor del 23,2% del total de la deuda, es decir, unos $3,8 billones.

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En tercer lugar, se encuentran los deudores agrupados en la categoría Estado, que concentran aproximadamente 8,8% del total de la deuda y por último, las aseguradoras por concepto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que concentran 3%, las empresas que ofrecen planes complementarios y medicina prepagada (2%) y las aseguradoras de riesgos laborales (0,3%) de la deuda total.

Entidades promotoras de salud del régimen contributivo

El volumen total de la deuda para este periodo de las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo ascendió aproximadamente a $8,4 billones, con una morosidad del 52,2%. El 81,1% de esta deuda, que corresponde a $6,8 billones aproximadamente, lo tienen 13 EPS que están en operación y el 18,9% que representan $1,6 billones, es de 16 EPS que fueron liquidadas y cuya cartera se encuentra 100% en mora.

Se observó que la lista de principales deudoras en este régimen con corte a diciembre de 2023 la encabeza la Nueva EPS, con aproximadamente $2,8 billones y una morosidad del 44,7%. Le siguen:

• EPS Sanitas: $985.900 millones y una morosidad del 43,3%.
• EPS Sura: $596.300 y una morosidad del 26,7%.

Por otro lado, en cuanto a las EPS del régimen contributivo que presentan una menor concentración de cartera en mora, se evidenció que Compensar es la que tiene un menor porcentaje de mora con el 22,3%. Luego están:

• Salud Mía: concentración de cartera morosa del 24,7%.
• Aliansalud: concentración de cartera morosa 24,8%.
• Sura: porcentaje de cartera mayor a 60 días del 26,7%.

Entidades promotoras de salud del régimen subsidiado (EPS-S)

El volumen total de la deuda para este periodo de las EPS del régimen subsidiado ascendió a $3,8 billones, con una morosidad del 63,7%. La deuda de este régimen está compuesta en aproximadamente el 71,7%, unos $2,8 billones, por deuda de 17 EPS activas y 28,3%, unos $1,1 billones, que corresponden a 34 EPS que fueron liquidadas o fusionadas.

En cuanto a la deuda que tienen estas entidades, se observa que la principal deudora es Savia Salud con aproximadamente $561.500 millones y una mora de 38,9%. Las siguientes EPS con un mayor volumen de deuda total a diciembre de 2023 son:

• Emssanar: $545.900 millones y tiene mora de 58, 3%.
• Asmet Salud: $387.900 millones y tiene mora de 61, 7%.
• Nueva EPS: adeuda $265.900 millones y tiene mora del 51,5%.

En cuanto a las EPS-S que presentan un mejor comportamiento de cartera en mora, se observa que Capital Salud (23,2%) y Mutual Ser (23,9%) son las que tienen una menor concentración.

Deudas de las EPS liquidadas

En total, las EPS liquidadas dejaron deudas al sector prestador de la Achc de aproximadamente $2,7 billones. En lo que tiene que ver con las EPS del régimen contributivo se reportan cerca de $1,6 billones que corresponden a 16 entidades, siendo las más relevantes por su volumen de deuda:

• Medimás: $573.700 millones.
• Coomeva: $457.200 millones.
• Cafesalud: $328.400 millones.

En el caso de las EPS del régimen subsidiado que fueron liquidadas, se reporta, aproximadamente, $1,1 billones como deuda que corresponde a 35 entidades, siendo las más relevantes por su volumen total:

• Ecoopsos: $178.700 millones.
• Salud Vida: $126.900 millones.
• Comfamiliar Huila: $122.700 millones.

Principales deudores

Al ordenar las entidades con mayor volumen de cartera en mora, la Nueva EPS es la mayor deudora que tienen los prestadores reportantes, al acumular una deuda total en los dos regímenes en los que opera de $3,1 billones y una cartera en mora de $1,4 billones, lo que representa una concentración de su cartera en mora de 45,3%.

Le siguen las siguientes:

• Medimás (liquidada): deuda de $669.700 millones (100% de esta cartera en mora).
• Coomeva (liquidada): deuda de $457.300 millones (100% de esta cartera en mora).
• EPS Sanitas: deuda de $985.900 millones y su cartera en mora a $427.200 millones, lo que equivale al 43,3% del total de su deuda.
• EPS Cafesalud EPS (liquidada): cartera total de $360.000 millones, con el 100% de mora por estar en proceso liquidatario.
• Coosalud (ambos regímenes): deuda total de $650.700 millones y una concentración de cartera morosa del 53%, lo que equivale a $345.000 millones.
• EPS Emssanar del régimen subsidiado: deudas por $545.900 millones y cartera en mora de $318.2 millones.
• La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y el extinto Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga - (deuda conjunta por concepto de reclamaciones Soat): $419.000 millones y una concentración de cartera en mora del 75,5% ($316.400).
• Famisanar: deuda total de $526.600 millones y en mora $271.800 millones.
• Asmet Salud: deuda total de $387.9 millones y en mora de $239.400 millones.

En total, estas diez entidades tienen una deuda total de $8,15 billones, lo que representa el 48,5% del total de la deuda que se registró en este estudio, y una cartera morosa de $4,8 billones, lo que representa cerca del 53% del total de la deuda morosa registrada en el mismo.

Deudas del Estado

En la categoría Estado para este corte, la deuda total ascendió a cerca de $1,47 billones, con una mora de $991.000 millones, aproximadamente el 67,2%. Al desagregar este valor por los deudores que componen esta categoría, se observa que los entes territoriales son los concentran un mayor porcentaje de esta cartera, con casi $662.000 millones.

Se destaca que Norte de Santander es el que más adeuda a las instituciones que reportaron a este estudio, con $150.900 millones y $134.000 millones aproximadamente en mora. Le siguen Bogotá D.C., con una deuda que supera los $100.000 millones y cerca de $77.000 millones en cartera morosa, y Valle del Cauca, que adeuda $63.000 millones y unos $51 millones por cartera morosa.

A continuación, se encuentran “Otras” -donde se agrupan la Rama Judicial, la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, inspecciones de Policía, la Rama Ejecutiva, entre otros- que en su conjunto adeudan aproximadamente $393.000 millones. En tercer lugar, se encuentra la Adres, que adeuda $325.000 millones, que corresponden de manera exclusiva al proceso relacionado con el reconocimiento y pago de reclamaciones por accidentes de tránsito y eventos catastróficos y terroristas, es decir, no se tienen en cuenta los demás procesos de reconocimiento, pago y giro de recursos a favor de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud (Sgsss).

Asunto crónico, creciente y de difícil resolución

Para el director de la Achc, Juan Carlos Giraldo, las cifras del estudio corroboran que el problema de cartera es un asunto crónico, creciente y de difícil resolución. “La morosidad se mantiene fluctuando en niveles altos, a pesar de muchas de las intervenciones normativas y reglamentarias”, precisó.

Desde 2023, la Achc le solicitó al Gobierno nacional la adopción de un plan extraordinario de liquidez, compuesto por varias medidas que en conjunto podrían mejorar la coyuntura del flujo de recursos y enfrentar los problemas acumulados, en especial, con carteras antiguas y el daño causado por EPS liquidadas que no respondieron por sus obligaciones.

De las propuestas del plan original, el Gobierno nacional ya amplió el alcance del giro directo, en especial, en el régimen contributivo, sin embargo, aún se debe aplicar el Decreto 489, por medio del cual se definieron las condiciones y porcentajes para el giro directo, con el fin de garantizar un óptimo flujo de recursos en el sistema de salud, para hacer que el 80% sea un mínimo y garantizar que los recursos lleguen a las IPS independientes y no se concentren en entidades de integración vertical. El restante 20% también debe fluir hacia la liquidez del sector, para honrar compromisos actuales y carteras antiguas.

Otros mecanismos como la liberación de reservas técnicas y los créditos de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) deben ser aplicados en el inmediato plazo.

Urge fondo de garantías

Por último, el gremio insiste en la urgencia de poner en marcha un fondo de garantías que coadyuve a la liquidez y permita responder por las deudas de las entidades en liquidación. Esta figura podría derivarse de cuentas como las del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) y la de apoyo financiero y fortalecimiento patrimonial a las entidades del sector salud, existentes en la Adres y nutrirse de fondos que podrían provenir de fuentes como el medio punto de IVA social creado en la reforma tributaria de 2016.

El gremio hospitalario ratifica su compromiso con la adecuada atención a la población y emite con este estudio un nuevo mensaje de urgencia. La liquidez en la prestación de servicios de salud es fundamental para responder de manera adecuada por las obligaciones con el talento humano en salud y los proveedores, aspectos esenciales para garantizar la continuidad de los servicios con calidad, seguridad y oportunidad debidas.