A 11 meses del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la carpeta de investigación.

“Le pido de manera respetuosa a la presidenta de México que, por favor, la carpeta de investigación sea atraída por la FGR. Todos merecemos una verdadera justicia”, escribió en Facebook este 1 de octubre.

El mensaje se dio un día después de que Quiroz respondiera a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por el requerimiento de los teléfonos celulares de Manzo. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez había advertido que las medidas podían escalar “hasta el arresto o en todo caso abrir carpeta de investigación por obstrucción de la justicia” si la alcaldesa no entregaba los dispositivos de la víctima.

Quiroz dedicó un mensaje a Manzo por los 11 meses de su asesinato

En la publicación de este 1 de octubre, además de la solicitud a la presidenta, Quiroz se dirigió directamente a su esposo. “Te quitaron todas esas ganas de dejarles un mejor futuro a nuestros hijos y a las familias de tu bello estado; te arrebataron las ganas de sonreír, de ver a nuestros hijos crecer, de compartir nuestras vidas juntos hasta envejecer”, escribió.

La alcaldesa acusó a quienes en vida despreciaron a Manzo y dudaron de su capacidad política de buscar ahora “matar su legado” y “matar su movimiento”, en referencia al Movimiento del Sombrero. “Lo único que puedo decirte es que mientras siga viva y no se atrevan a matarme o encarcelarme, no permitiré que eso suceda. Tu vida y tu muerte, Carlos Manzo, van más allá de la política, y eso no lo han entendido”, agregó.

Quiroz cerró el mensaje con la frase distintiva de Manzo: advirtió que no daría “ni un paso atrás” y prometió seguir “tope donde tope”.

Quiroz respondió un día antes al requerimiento de los celulares de Manzo

Quiroz publicó un mensaje el 30 de septiembre en el que aclaró que el requerimiento de la fiscalía se refería a un solo teléfono celular, que ya había sido revisado por las autoridades, y afirmó que de su parte no existía inconveniente en colaborar con la justicia.

En el mismo mensaje, cuestionó la manera en que se había conducido la investigación por el homicidio de su esposo. Habló de inconsistencias, omisiones y decisiones que, dijo, generaban dudas sobre el manejo de la carpeta, y señaló que mientras las líneas capaces de esclarecer responsabilidades más amplias no avanzaban, los esfuerzos se concentraban de forma reiterada en personas vinculadas al Movimiento del Sombrero, la agrupación política que encabezaba junto con Manzo.

Por esa razón insistió en que la FGR debía atraer la carpeta, con el fin de garantizar una investigación imparcial, profesional y transparente que alcanzara a todos los involucrados sin excepción. Anticipó además que las autoridades podrían buscar su inhabilitación o intentar involucrarla directamente en la causa penal.

Frente a ese escenario, Quiroz sostuvo que estaba dispuesta a ser investigada conforme a derecho, pero que no guardaría silencio por miedo. Afirmó que ninguna acción en su contra lograría detener una causa que, según dijo, ya había dejado de pertenecer a una sola persona.

Las autoridades señalaron al CJNG como responsable del crimen tras más de 30 detenciones

El 1 de noviembre de 2025, en la plaza Morelos de Uruapan, un agresor atacó a balazos a Carlos Manzo durante un acto público. El entonces alcalde fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

El personal de seguridad abatió al agresor en el lugar, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, menor de edad, quien había llegado acompañado de otros dos sujetos, Ramiro y Fernando, cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El 18 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, en la colonia Centro de Morelia. Las autoridades lo señalaron como líder de la célula criminal que operó para la planeación y ejecución del crimen, con vínculos directos con el CJNG.

El 30 de julio fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto jefe de la célula criminal afín al CJNG conocida como “Los R’s”. Un juez de control lo vinculó a proceso el 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Manzo, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Las autoridades sostuvieron que el “R1” ordenó el crimen, con base en análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó el 31 de julio, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, que el CJNG interpretó como una “provocación” las acciones de Manzo contra el crimen organizado, entre ellas operativos y detenciones.

Un mes después de la captura del “R1”, el 9 de septiembre, fue detenido Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, ahijado de Manzo, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con autoridades, tomó el control de la célula criminal tras la detención de “El Licenciado” y formó parte del grupo de mensajería que planeó y monitoreó el atentado contra el exalcalde. Un juez lo vinculó a proceso el 18 de septiembre por homicidio calificado y lesiones calificadas, con prisión preventiva oficiosa, y fue trasladado el 28 de septiembre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

Entre los más de 30 detenidos relacionados con el caso figuran también Gerardo Rodríguez Guizar, alias “El Congo” o “King Kong”, operador regional del CJNG que coordinaba extorsiones a productores de aguacate y limón; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador encargado de contratar a los menores que ejecutaron el ataque; Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, identificado como jefe de una célula generadora de violencia en Uruapan vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga; y Christian Martín, alias “el Vikingo”, hermano de “El Brilloso”, detenido el 7 de agosto con un arma corta, municiones y dosis de metanfetamina.

Además, permanece recluido el círculo de seguridad que protegía a Manzo el día del crimen, con excepción de su jefe de escoltas, José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano. La Fiscalía de Michoacán lo mantiene prófugo y ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que permita su localización.

La detención de “El Brilloso” abrió una nueva línea de investigación sobre un posible financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero. La Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca determinar si existieron recursos del crimen organizado canalizados hacia la organización política, aunque hasta el momento no ha acreditado públicamente dicha conexión.

El Gobierno de Jalisco aclaró que las sanciones por apología del delito continúan vigentes en el estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La administración estatal precisó que el Pleno de la Corte únicamente invalidó las expresiones relacionadas con la apología de “algún tipo de vicio”, al considerar que se trataba de un concepto ambiguo que podía permitir sanciones sobre conductas que no necesariamente están prohibidas por la ley.

En contraste, la resolución no eliminó las disposiciones que sancionan la inducción pública a cometer delitos ni la apología de éstos, por lo que el Gobierno de Jalisco sostuvo que los contenidos que encuadren en esas conductas pueden continuar sujetos a las sanciones previstas en la legislación.

La decisión fue tomada por la SCJN el 28 de septiembre de 2026 y modificó dos disposiciones: eliminó del artículo 142 del Código Penal de Jalisco la expresión “o de algún tipo de vicio” y retiró una referencia similar de la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre los narcocorridos?

El punto central de la resolución fue la diferencia entre apología de un delito y apología de un supuesto “vicio”.

La Corte consideró que el término “vicio” carecía de la precisión necesaria para justificar una sanción penal, debido a que una conducta puede ser cuestionada desde perspectivas sociales o morales sin que por ello constituya un delito.

En cambio, el artículo 142 conserva las disposiciones que sancionan a quien públicamente induzca a cometer un delito o haga apología de éste. Por ello, el fallo no eliminó la figura jurídica de apología del delito del Código Penal estatal.

Antes de la resolución, la reforma establecía penas de seis meses a un año de prisión y multas de 30 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las conductas contempladas en el artículo 142.

De esta manera, la sentencia no estableció una prohibición específica contra un género musical, sino que invalidó una parte de la redacción legal que permitía sancionar la apología de un concepto considerado demasiado ambiguo.

Ayuntamientos todavía pueden regular espectáculos

El Gobierno de Jalisco también señaló que la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte no impugnó la reforma a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal que establece obligaciones para los ayuntamientos en materia de espectáculos.

Esa modificación obliga a los gobiernos municipales a expedir reglamentos para regular la reproducción de música, videos y otros contenidos que induzcan a la violencia o enaltezcan a autores de hechos delictivos durante espectáculos públicos.

Por ello, el Ejecutivo estatal sostuvo que las disposiciones municipales permanecen fuera del alcance de la sentencia y continúan formando parte del marco regulatorio de los espectáculos en la entidad.

El alcance concreto de las sanciones administrativas, sin embargo, depende de los reglamentos aprobados por cada ayuntamiento y de las conductas que efectivamente puedan acreditarse conforme a la legislación vigente.

La controversia comenzó con la regulación de narcocorridos

La discusión sobre los límites para los narcocorridos y otros contenidos relacionados con el crimen organizado cobró fuerza en Jalisco durante 2025, particularmente después de un concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El episodio derivó en investigaciones por posibles conductas relacionadas con la apología del delito y posteriormente se impulsaron modificaciones legales para establecer mayores restricciones en espectáculos públicos.

El Congreso de Jalisco aprobó el Decreto 30134/LXIV/26 el 28 de enero de 2026, mediante el cual se modificaron distintas disposiciones estatales relacionadas con la apología del delito y la regulación de contenidos en espectáculos.

La CNDH llevó posteriormente el caso ante la Suprema Corte mediante la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026. En el expediente se encontraba precisamente la redacción que permitía dar aviso a las autoridades cuando en un espectáculo se indujera a cometer un delito, se hiciera apología de éste o de algún “vicio”.

Con su resolución, la SCJN eliminó la referencia al “vicio”, pero mantuvo vigente la parte relacionada con los delitos.

Así, el fallo modifica el alcance de las normas que Jalisco utilizaba para regular determinados contenidos, pero no elimina las sanciones previstas para conductas que jurídicamente constituyan inducción pública a cometer delitos o apología del delito.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga un posible financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al Movimiento Independiente del Sombrero, organización fundada por Carlos Alberto Manzo Rodríguez, como parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato del exalcalde de Uruapan.

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, confirmó que la institución indaga la posible existencia de vínculos financieros entre integrantes de la organización criminal y el movimiento político. La pesquisa surgió a partir de las diligencias realizadas después de la detención de Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, señalado por la Fiscalía como presunto integrante de una célula del CJNG relacionada con el homicidio de Manzo.

De acuerdo con la investigación, El Brilloso habría tenido una relación cercana con Carlos Manzo, a quien identificaba como su “padrino”, mientras que la Fiscalía lo ubica como presunto integrante de una estructura criminal junto con su hermano, Christian Martín “N”, alias “El Vikingo”. Ambos se encuentran vinculados a distintas líneas de investigación relacionadas con el caso.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas realizado en Uruapan, en el marco de las celebraciones por la Noche de Muertos.

Fiscalía rastrea la posible ruta del dinero

Vega Rodríguez explicó que las autoridades están agotando las distintas líneas de investigación y que, a partir de las detenciones relacionadas con el caso, se abrió una vertiente enfocada en el aspecto financiero.

“Estamos agotando todas y cada una de las líneas de investigación. Dentro de esta está efectivamente lo que es la parte financiera”, señaló el vicefiscal.

La investigación financiera se realiza en coordinación con otras corporaciones y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha acreditado una conexión directa entre posibles flujos de dinero del CJNG y el asesinato del exalcalde.

La pesquisa busca determinar, entre otros aspectos, si existieron recursos provenientes de integrantes del grupo criminal que hubieran sido destinados al Movimiento del Sombrero y cuál habría sido, en su caso, el alcance de esos posibles vínculos.

Las indagatorias se desarrollan mientras la Fiscalía continúa incorporando información derivada de las detenciones y declaraciones de personas relacionadas con el homicidio.

Grecia Quiroz podría enfrentar medidas de apremio por celulares

En paralelo, la FGE mantiene un requerimiento dirigido a Grecia Itzel Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, para que entregue los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde.

El vicefiscal informó que ya fue enviado un nuevo requerimiento y advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta un arresto. La Fiscalía también ha señalado que podría abrir una carpeta por el probable delito de obstrucción de la justicia.

Los dispositivos son considerados elementos relevantes para realizar peritajes y determinar, entre otros aspectos, si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp de Manzo. Para ello, la autoridad necesita tener los teléfonos bajo su resguardo y realizar los análisis correspondientes con autorización judicial.

No obstante, Vega Rodríguez aclaró que hasta el momento no existen elementos para investigar directamente a Grecia Quiroz por su participación en el asesinato. La Fiscalía ha señalado que podría requerirla para ampliar su declaración si las diligencias lo consideran necesario.

La nueva investigación financiera se suma así a las distintas líneas que permanecen abiertas por el homicidio de Manzo, mientras las autoridades buscan establecer tanto la participación de personas detenidas como las posibles conexiones entre actores políticos, operadores cercanos al exalcalde y estructuras del crimen organizado.

El Brilloso y El Vikingo, trasladados al Altiplano

El 28 de septiembre también trascendió el traslado de El Brilloso y El Vikingo desde Michoacán al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

Junto con ellos habría sido trasladado Alejandro “F.”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Carlos Manzo y fue detenido después del homicidio junto con otros integrantes de su equipo de seguridad.

Reportes sobre el traslado señalan que los tres quedaron bajo custodia federal, aunque en el caso de Alejandro “F.” existen investigaciones relacionadas con su actuación como integrante del círculo de seguridad del exalcalde.

La detención de El Brilloso también aportó nuevos elementos a la investigación. Durante su audiencia, el Ministerio Público presentó mensajes extraídos de su teléfono que, según la acusación, mostraban su relación con Manzo y presunta información sobre el dispositivo de seguridad del entonces alcalde.

La Fiscalía deberá determinar ahora si los indicios obtenidos permiten acreditar la existencia de financiamiento criminal hacia el Movimiento del Sombrero o si se trata únicamente de una línea de investigación derivada de los vínculos personales y criminales detectados durante las indagatorias.

Un juez de control vinculó a proceso este 29 de septiembre a Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la resolución tras concluir la audiencia y precisó que permanecerán en prisión preventiva en centros federales de reinserción social.

Ambos procesados son señalados por presuntos vínculos con Los Cromos, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el Istmo de Tehuantepec.

Los dos imputados fueron capturados el 23 de septiembre de 2026 en el marco del Operativo Enjambre, con acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

En estos penales quedaron internados El Quetu y La Parka

Según datos oficiales compartidos por la FGEO, durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los hechos atribuidos. Con base en ello, el juez determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

“El Quetu” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que “La Parka” permanecerá en el Cefereso de Perote, Veracruz.

El fiscal Rodríguez Alamilla informó a través de su cuenta de X que la resolución permite “avanzar en los procesos de procuración de justicia al existir elementos que sustenten su probable participación en los delitos que se les atribuyen”.

Cabe señalar que la vinculación a proceso no implica que sean culpables. Se trata de una etapa procesal en la que el juez reconoce que existen indicios suficientes para continuar la investigación formal contra los imputados, quienes conservan su derecho a una defensa y a que se resuelva su situación jurídica conforme al debido proceso. Las autoridades no revelaron el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones apuntan a un posible encubrimiento desde el cargo público

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal desarrollados por la FGEO, existen líneas de investigación sobre la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sobre sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”. Las primeras indagatorias establecen que, desde su posición como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización.

Las investigaciones identifican a “Los Cromos” como una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a la que se atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

La Fiscalía refrendó su compromiso de fortalecer las investigaciones mediante inteligencia criminal y coordinación interinstitucional para combatir la extorsión y desarticular las estructuras delictivas que afectan la seguridad del Istmo de Tehuantepec, “con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, según el comunicado de la FGEO.

El vacío de “El Quetu” derivó en la desaparición de poderes en Juchitán

La detención de “El Quetu” dejó sin titular al Ayuntamiento de Juchitán, luego de que el suplente Mariano Rosado López no se presentara a asumir el cargo y días antes denunciara cateos en su domicilio. Ante ese vacío, el gobernador Salomón Jara Cruz instruyó al secretario de Gobierno estatal tramitar ante el Congreso local la desaparición formal del ayuntamiento.

El Congreso de Oaxaca aprobó la medida el 25 de septiembre con 35 votos a favor, en una sesión que se tornó confrontativa por las críticas de Movimiento Ciudadano hacia el gobierno estatal. La diputada Dulce Alejandra García Morlan cuestionó la falta de reacción previa del gobierno de Jara, pese a que el edil detenido participaba en las mesas de seguridad municipal, y señaló que Juchitán era el tercer municipio más grande del estado y el más violento.

El mismo 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal retiró el armamento completo de la Policía Municipal de Juchitán por falta de condiciones jurídicas para su resguardo. La corporación resguardó 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles, trasladados al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, de acuerdo con lo informado previamente por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

La familia de “El Quetu” pidió investigar a “los verdaderos criminales” el día de su detención

El mismo 23 de septiembre, día de la captura, la esposa de Sánchez Altamirano, Reyna Alonso Carrasco, pidió en conferencia de prensa a la presidenta Sheinbaum que investigara a “los verdaderos criminales” responsables de la violencia en Juchitán. “Que se hagan las investigaciones correspondientes, que se aclare esta situación y que busque a los verdaderos criminales, a los responsables de esta situación en Juchitán, que los investiguen”, declaró.

Reyna Alonso reconoció que hubo omisiones desde el gobierno municipal para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales contra la extorsión, y pidió protección al gobernador Salomón Jara Cruz para ella y su familia, sin haber recibido respuesta hasta ese momento.

Higinia Altamirano, madre del edil, denunció que la detención se realizó “con tanta brutalidad” y exigió al gobernador una explicación de los “atropellos” que presuntamente se hicieron con su hijo. Por su parte, Amable Altamirano, hermana de “El Quetu”, acusó al gobierno estatal de buscar un responsable político para la crisis de seguridad en la región y aseguró que la familia acompañará al edil “hasta el último momento” en su proceso legal.

Varios de los criminales que hoy encabezan las estructuras de mando del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) nacieron en Estados Unidos y poseen nacionalidad estadounidense, según documentos judiciales, indictments federales y sanciones del Departamento del Tesoro. El patrón no es nuevo: figuras históricas del narcotráfico mexicano, como Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, también nacieron en territorio estadounidense.

La coincidencia volvió a quedar en evidencia luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la red del actual líder de la facción Los Mayos, un ciudadano nacido en California.

Mayito Flaco, al frente de Los Mayos en Sinaloa

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, nació en Anaheim, California, en 1982 y posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Según el Departamento del Tesoro, es hoy el “líder indiscutible” de Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que antes encabezaba su padre.

Es el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, y asumió el control de la facción Los Mayos tras la detención de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024. Permanece prófugo en México pese a un indictment federal de 2014.

Zambada Sicairos fue indagado en 2014 en un tribunal federal de California por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el Tesoro, más tarde tramitó en Estados Unidos un cambio legal de nombre a Fernando Sicairos Aispuro.

El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas a su red, entre ellas familiares, socios financieros y jefes de plaza en Tijuana y Mexicali. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “ningún capo de cártel, funcionario corrupto del Gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance” de las autoridades estadounidenses.

Entre los sancionados también figuran los hermanos Alfonso y René Arzate García, señalados como responsables de la plaza de Tijuana, y Lorenzo Castillo Maldonado, acusado de contratar sicarios por órdenes de Zambada Sicairos para asesinar a rivales en el sur de California.

El Pelón, el nuevo mando del CJNG

Juan Carlos Valencia González, apodado “El Pelón”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG. Nació en California y, al igual que Zambada Sicairos, tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Valencia González habría asumido el control operativo del cártel luego de la muerte de Oseguera Cervantes. El Departamento de Justicia elevó en agosto de 2026 la recompensa por información que lleve a la captura de “El Pelón” a 25 millones de dólares.

La designación del CJNG como organización terrorista extranjera se dio en febrero de 2025, junto con el Cártel de Sinaloa. El grupo opera en 21 de los 32 estados de México y ha expandido su presencia a más de 40 países, según la DEA.

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, exlíder del CJNG

Rubén Oseguera González, apodado “El Menchito”, es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y de Rosalinda González Valencia. Nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California, lo que le otorgó doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Oseguera González ocupó una posición de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue arrestado por primera vez en enero de 2014, y quedó en libertad meses después por falta de pruebas.

Fue detenido nuevamente en junio de 2015 y finalmente extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero de 2020. El 7 de marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico y otros cargos relacionados.

Actualmente cumple su condena en la prisión federal de máxima seguridad USP Florence High.

La Barbie, el histórico jefe de sicarios de los Beltrán Leyva

Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, nació en Laredo, Texas, en 1973 y es ciudadano estadounidense. Antes de sumarse al narcotráfico fue jugador de fútbol americano en su preparatoria.

Comenzó como distribuidor de marihuana en Laredo a comienzos de la década de 2000 y luego se vinculó con Arturo Beltrán Leyva, entonces asociado al Cártel de Sinaloa. Con el tiempo se convirtió en el lugarteniente de mayor confianza de Arturo Beltrán Leyva y lideró las Fuerzas Armadas de Arturo, un grupo de sicarios responsable de buena parte de los homicidios atribuidos a la organización.

Valdez Villarreal fue detenido por autoridades mexicanas en agosto de 2010 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. En enero de 2016 se declaró culpable de cargos de importación y distribución de cocaína, y de lavado de dinero. En 2018, un tribunal federal en Atlanta lo condenó a 49 años de prisión y le ordenó pagar 192 millones de dólares.

Zeta 39, el ex marine convertido en narco

Ángel Domínguez Ramírez Jr., conocido como “Zeta 39”, es un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con doble ciudadanía estadounidense y mexicana. Según documentos judiciales, utilizó su entrenamiento militar como miembro original de Los Zetas, el grupo paramilitar que operó como brazo armado del Cártel del Golfo.

Con el tiempo fundó su propia organización, llamada “El Seguimiento 39”, y construyó alianzas de cooperación con el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Zetas y la organización de los Beltrán Leyva, de acuerdo con fiscales estadounidenses.

Domínguez fue arrestado en México en 2016 y figura en un indictment por narcotráfico masivo de cocaína presentado en un tribunal federal de San Diego.

Juan García Ábrego, el histórico jefe del Cártel del Golfo

Juan García Ábrego nació el 13 de septiembre de 1944 en el condado de Cameron, Texas, donde obtuvo el certificado de nacimiento estadounidense número 100741-ND. En su fe de bautismo, sin embargo, figuraba un nacimiento en México.

El Departamento de Salud de Texas no notificó la existencia de un acta de nacimiento mexicana a su nombre hasta 1993. Ese doble registro civil generó una controversia que resultó determinante en su caso judicial.

Al momento de su captura, las autoridades estadounidenses lo consideraron legalmente ciudadano de Estados Unidos, lo que facilitó su extradición. García Ábrego permanece preso en una cárcel estadounidense.

Bajo su liderazgo, el Cártel del Golfo se consolidó como la primera organización mexicana dedicada al tráfico de drogas a gran escala, sumando marihuana y luego cocaína a sus operaciones.

Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”, del Cártel del Noreste

Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como “El Huevo”, es ciudadano estadounidense nacido en Laredo, Texas, sin nacionalidad mexicana. Fue señalado como líder del Cártel del Noreste y de su brazo armado, Tropa del Infierno.

El Ejército mexicano lo detuvo en marzo de 2022 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras una operación de inteligencia de tres meses con un despliegue de 30 agentes. El Gobierno mexicano presumió la captura como “el gran golpe de la década”.

Como Treviño Chávez había ingresado a México de forma irregular, las autoridades lo deportaron a Estados Unidos por violación a la ley migratoria, donde lo esperaban órdenes de arresto por conspiración, posesión de armas de fuego y distribución de cocaína y marihuana.

En noviembre de 2024, se declaró culpable ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, de 15 acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Un juez de control vinculó a proceso a Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre en Ecatepec, Estado de México. La decisión se tomó después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara los datos de prueba correspondientes.

Los tres detenidos pertenecerían a la célula delictiva autodenominada “Los Vallarta”, según informó la propia Fiscalía. Esta organización estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su zona de influencia se concentra en el Valle de México.

Cómo ocurrió el homicidio, según la Fiscalía

De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, el 24 de agosto de este año Irving “N” se encontraba en un inmueble ubicado en la cerrada Emiliano Zapata, en la colonia Ejidos de Tulpetlac, Ecatepec. Poco después, Pablo Alberto “N”, Fernando “N” y la víctima llegaron al lugar a bordo de un vehículo blanco.

Al descender del auto, los investigados habrían obligado a la víctima a ingresar al inmueble. Pablo Alberto “N” y Fernando “N” portaban un machete cada uno y comenzaron a agredirla físicamente hasta causarle la muerte. Después, los tres abandonaron el cuerpo en diferentes calles del municipio.

Al tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron identificar a los probables responsables. Con esos elementos, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Detención y situación judicial

La Fiscalía estatal cumplimentó las órdenes de aprehensión contra los tres hombres, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Ahí quedaron a disposición de una autoridad judicial.

Tras analizar los datos recabados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlos a proceso. Como medida cautelar, impuso la prisión preventiva y otorgó dos meses para la investigación complementaria.

La FGJEM señaló que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

Una ofensiva más amplia contra la célula

Además de los tres hombres vinculados a proceso, la Fiscalía mexiquense atribuye a “Los Vallarta” un total de 14 personas detenidas por su probable participación en distintos hechos delictivos.

La vinculación a proceso de Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N” no es un hecho aislado. La Fiscalía mexiquense reportó, el 9 de agosto de este año, la vinculación a proceso de otros cinco integrantes de la misma célula por el homicidio de un hombre en Tecámac, ocurrido el 23 de julio.

Ese caso involucró a Daniel “N”, alias “Padrino”; Melina Arely “N”; Esbeydi Areli “N”; Irvin Javier “N”, alias “Pocholo”; y Juan Manuel “N”, capturados el 27 de julio en dos operativos simultáneos con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Según la Fiscalía mexiquense, “Los Vallarta” acumula al menos cuatro homicidios documentados durante 2026 en Ecatepec, además de un caso en Tecámac.

Las investigaciones de la FGJEM señalan a Daniel “N”, alias “Padrino”, como líder de la célula, quien operaría presuntamente bajo las órdenes de Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”. Este último ya se encontraba detenido al momento de la captura del grupo de Tecámac.

La Fiscalía también investiga los vínculos de la célula con grupos delictivos activos en Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl.

Actividades atribuidas a la organización criminal

Según información de la Fiscalía, “Los Vallarta” estaría vinculada con una organización criminal con orígenes en Jalisco. El grupo se dedicaría principalmente a delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro.

La célula tendría presencia en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl, dentro del Valle de México. La FGJEM mantiene bajo investigación permanente a esta estructura y ha identificado a varios de sus integrantes como objetivos prioritarios.

La Fiscalía no reveló la identidad de la víctima del caso vinculado a proceso ni ofreció detalles adicionales sobre el móvil del ataque más allá de la presunta pertenencia de los agresores a esta célula delictiva.

Con la vinculación a proceso de Pablo Alberto “N”, Irving “N” y Fernando “N”, la autoridad judicial abrió un periodo de dos meses para que el Ministerio Público integre la investigación complementaria antes de definir los siguientes pasos del proceso penal.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa concentran miles de las cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la estrategia del gobierno federal para seguir la ruta del dinero y detectar las estructuras financieras que permiten operar a las organizaciones criminales.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias, relacionadas con recursos por más de 8 mil 670 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia a El Sol de México.

Del total, 7 mil 861 cuentas están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México. El grupo con mayor número de cuentas identificadas es el CJNG, con 4 mil 439, seguido del Cártel de Sinaloa, con 2 mil 289.

Además, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, informó su titular, Omar Reyes.

La estrategia consiste en analizar las operaciones financieras para determinar quién mueve los recursos, quién los recibe, qué empresas aparecen relacionadas con las transacciones y quién podría estar detrás del control o beneficio de esos fondos.

“Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una operación inusual. Ahí comienza el análisis”, explicó Reyes, al señalar que el objetivo es reconstruir las relaciones financieras que permitan identificar las estructuras detrás de los movimientos de dinero.

CJNG y Cártel de Sinaloa, en la mira financiera

El congelamiento de cuentas constituye una de las herramientas utilizadas por la UIF para impedir que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que los vinculan con actividades consideradas ilícitas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la dependencia, cerca de una de cada tres cuentas inmovilizadas durante el periodo analizado está relacionada con integrantes de organizaciones criminales.

El CJNG concentra poco más de la mitad de las cuentas vinculadas a estos grupos, con 4 mil 439 registros, mientras que el Cártel de Sinaloa suma 2 mil 289.

La UIF también ha utilizado el análisis financiero para investigaciones relacionadas con extorsión. En este rubro se contabilizan mil 443 cuentas inmovilizadas, equivalentes a 5.9 por ciento del total.

La dependencia busca reconstruir el recorrido de los recursos obtenidos mediante amenazas y cobros, identificar las cuentas receptoras y establecer conexiones entre distintas operaciones para localizar las redes financieras relacionadas con este delito.

Sin embargo, la propia UIF subraya que una inmovilización no equivale a una sentencia ni determina por sí misma responsabilidad penal. Las personas afectadas cuentan con mecanismos para ejercer su defensa.

Robo de hidrocarburos y cooperación internacional

Otro de los frentes identificados por la UIF es el robo de hidrocarburos. El trabajo coordinado con otras instituciones permitió detectar casos considerados prioritarios que derivaron en investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En este ámbito, la dependencia reportó 144 denuncias ante la FGR, 163 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y más de 218 millones de pesos inmovilizados.

La intención, explicó Reyes, es que la información financiera permita generar inteligencia, aportar elementos a las investigaciones y, cuando existan pruebas suficientes, contribuir a procesos de judicialización y recuperación de activos.

El bloqueo de una cuenta, insistió la UIF, no significa que su titular haya sido declarado culpable. Se trata de una medida financiera que busca impedir temporalmente que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que justifican la intervención.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas pueden solicitar una garantía de audiencia dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. En ese procedimiento pueden presentar pruebas y formular alegatos. Posteriormente, la UIF debe analizar los argumentos y emitir una resolución administrativa fundada y motivada.

Además, existen mecanismos legales para impugnar las determinaciones de la autoridad.

La estrategia financiera también tiene una dimensión internacional. Debido a que los recursos vinculados con organizaciones criminales pueden trasladarse entre países mediante transferencias, empresas y adquisición de bienes, México mantiene intercambio de información con otras unidades de inteligencia financiera y organismos como el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC.

La cooperación internacional, de acuerdo con la UIF, no implica ceder facultades. Las decisiones relacionadas con personas y cuentas dentro de México corresponden a las autoridades mexicanas y deben realizarse conforme al marco jurídico nacional.

Mientras las organizaciones criminales modifican sus mecanismos para ocultar y mover recursos, la UIF también ha incrementado su capacidad operativa. Su plantilla pasó de 183 servidores públicos en 2024 a 293 actualmente, un crecimiento superior a 60 por ciento.

La dependencia trabaja además en la modernización de sus sistemas, modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de información, con el objetivo de detectar operaciones financieras sospechosas y establecer conexiones entre personas, empresas y recursos.

La apuesta de la UIF es que el análisis financiero permita pasar de la detección de operaciones inusuales a investigaciones y, cuando existan elementos suficientes, a judicializaciones y recuperación de activos.

“Lo que hacemos desde la UIF es utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, siempre con sustento jurídico y respeto al debido proceso”, señaló Reyes.

Eduardo Manuel “N”, alias “El Flaco de Colima” o “Lalo”, fue detenido este lunes en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales al detectar su presunta implicación en actividades delictivas para un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto operaba como presunto brazo ejecutor de una red de extorsión que Oswaldo Rafael “N”, alias “El Baldo”, comandaba desde Jalisco. Su detención se ejecutó en el municipio de Cuauhtémoc derivado de investigaciones relacionadas con estructuras relacionadas con el cobro de piso.

Las investigaciones documentan que el detenido combinaba su actividad pública como jinete de jaripeos con funciones de operador en cobros ilegales como parte de la célula criminal en el municipio, esto bajo las órdenes de “El Baldo”, quien fue identificado como operador regional del CJNG en Cuauhtémoc y que fue arrestado el pasado 6 de septiembre.

La Fiscalía de Colima informó que la estructura por la que “El Baldo” enfrenta cargos puede derivar en una pena superior a 30 años de prisión de acreditarse su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada, por el cual se le ejecutó una orden de aprehensión este lunes.

La cadena de mando arrancaba en Jalisco con “El Baldo”

Oswaldo Rafael “N” fue detenido tres semanas atrás en Jalisco mediante un operativo que combinó a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima y la Secretaría de Marina. Su captura abrió la línea de investigación que derivó en la detención de su presunto operador.

Los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación contra “El Baldo” señalan que el imputado habría dirigido amenazas e intimidaciones contra una víctima y su entorno familiar con fines de lucro económico. La Fiscalía de Colima cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por extorsión agravada luego de su captura.

El operador en Cuauhtémoc replicaba el esquema de cobros ilegales

Las líneas de investigación indican que Eduardo Manuel “N”, alias “El Flaco de Colima”, ejecutaba en Cuauhtémoc el mismo tipo de operación que su jefe desplegaba: amenazas dirigidas a víctimas para exigir pagos bajo coacción. Su rol como operador conectaba a la célula local con la estructura mayor encabezada por “El Baldo”.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima refirió que ambas detenciones forman parte de una misma línea de trabajo dirigida a desarticular la red completa, no solo a sus mandos visibles.

Con la caída de ambos objetivos, las autoridades colimenses reportan haber golpeado tanto el mando como la operación local de una célula dedicada a la extorsión, mientras que la Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar alcances adicionales de la red.

Colima acumula golpes contra el CJNG

Diversas acciones en contra del CJNG se han efectuado en los últimos meses en Colima, uno de ellos se registró el 8 de julio, cuando un operativo simultáneo desarticuló la célula “Jalipa” en Manzanillo con la detención de seis de sus presuntos integrantes.

De acuerdo con los datos, se trata de un brazo del CJNG dedicado al sicariato y resguardo de cargamentos ilícitos. El 21 de julio, un enfrentamiento en Manzanillo derivó en la muerte de Miguel “N”, alias “El Topo”, señalado como jefe de sicarios de una célula del cártel, junto con su escolta, así como en la detención de una mujer.

En septiembre, las capturas se centraron en los municipios de Cuauhtémoc y Manzanillo, donde fueron arrestados Bernardo Alexander “N” y José Roberto “N”, además de dos presuntos integrantes del CJNG a quienes se les aseguró un lanzagranadas calibre 40 milímetros.

Aproximadamente el 70% de los 957 homicidios dolosos registrados en el Istmo de Tehuantepec durante los últimos cuatro años están relacionados con Los Cromos, la estructura delictiva aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región, informó el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

El dato se dio a conocer en el marco de la Operación Sable, el operativo de inteligencia e investigación criminal que en once meses ha permitido la detención de más de 250 personas en el Istmo, entre ellas el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza. La conferencia fue encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, en Oaxaca de Juárez.

La cifra que explica la violencia en el Istmo

El Istmo de Tehuantepec ha sido una de las regiones con mayor incidencia delictiva de Oaxaca. En los últimos cuatro años se registraron 957 homicidios dolosos, y de acuerdo con las estimaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), siete de cada diez de esos casos tiene relación con la organización delictiva Los Cromos.

La violencia atribuida a este grupo responde a su control territorial sobre el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en al menos siete municipios de la región. Las autoridades estatales señalan que la mayoría de los homicidios dolosos cometidos en los últimos cuatro años está vinculada a las disputas y operaciones de esta estructura criminal, aliada del CJNG.

Rodríguez Alamilla precisó que las acciones de seguridad, junto con las estrategias de atención a las causas implementadas por el Gobierno del Estado, han contribuido a la disminución de los homicidios en la región. Sin embargo, advirtió que la extorsión, en particular en Juchitán de Zaragoza, constituye actualmente uno de los principales objetivos de la estrategia de seguridad y procuración de justicia.

Quienes son Los Cromos y su vínculo con el CJNG

De acuerdo con las investigaciones de la FGEO, Los Cromos surgió como una organización delictiva local que después estableció una alianza con el CJNG, del que opera como brazo criminal en municipios como Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

Las investigaciones vinculan a esta organización con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas. El Fiscal General señaló que, pese al fortalecimiento del grupo en los últimos años, las detenciones realizadas durante la Operación Sable han provocado una erosión en su estructura.

“Hubo un fortalecimiento de este grupo, pero también hay que señalar una erosión a partir de las detenciones que se han hecho a lo largo de este tiempo”, afirmó Rodríguez Alamilla.

Once meses de operativo y más de 250 detenciones

La Operación Sable combina inteligencia criminal, investigaciones ministeriales, cateos, filtros de revisión y ejecución de órdenes de aprehensión. En su desarrollo participan la FGEO, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Policía Estatal.

“Es un trabajo que se realiza de manera conjunta con la Federación, con el respaldo de grupos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y de Marina”, destacó el Fiscal.

Entre los resultados del operativo también se cuenta la detención de presuntos operadores financieros, familiares y personas de confianza relacionadas con el líder identificado como “Comandante Cromo”.

El alcalde de Juchitán entre los detenidos

Como parte de los resultados de la Operación Sable, fueron detenidos M.S.A., alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán; C.A.P.L., alias “Parka”, y J.K.M.S., excomisionado de Seguridad del mismo municipio, por su probable participación en delitos relacionados con la extorsión agravada y conductas contra la investigación y seguridad del Estado.

Ambos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el primero en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano y el segundo en el Cefereso de Perote, Veracruz. Ambos solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que este 29 de septiembre, a las 11.00 horas, se celebrará la audiencia en la que la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para dictar su vinculación a proceso.

J.K.M.S., también bajo prisión preventiva oficiosa, tendrá su audiencia el próximo 30 de septiembre.

Sustento legal de las detenciones

Respecto a las recientes detenciones de autoridades municipales, Rodríguez Alamilla enfatizó que las acciones de la Fiscalía se sustentan en investigaciones ministeriales y elementos probatorios que permiten solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Para llevar a cabo estas detenciones tenemos que acreditar ante el juez una carga probatoria. Si esa carga no existiera, no se otorgarían las órdenes de aprehensión”, subrayó.

El Fiscal confirmó que las investigaciones relacionadas con las detenciones en Juchitán continúan abiertas, ya que la información obtenida ha permitido identificar nuevas líneas de investigación que podrían derivar en otras acciones ministeriales.

“La carpeta sigue abierta. De las detenciones surge nueva información, se generan nuevas líneas, y eso puede dar origen a nuevas detenciones”, explicó.

Seis investigaciones más contra autoridades municipales

De manera paralela a las acciones desplegadas en el Istmo, la FGEO integra al menos seis carpetas de investigación adicionales contra autoridades municipales de distintas regiones de Oaxaca, por posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Rodríguez Alamilla explicó que estas investigaciones se desarrollan bajo criterios técnicos y científicos, con el propósito de reunir los elementos probatorios necesarios para sustentar las solicitudes de órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial.

“Tenemos que acreditar las carpetas en términos técnicos y científicos. Hasta que la información está confirmada se solicitan las órdenes, y si el juez determina que es válida, seria y objetiva, se puede intervenir de manera directa”, puntualizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán, Oaxaca, luego de la desaparición del Ayuntamiento, y que la Secretaría de Gobernación se mantuvo en contacto con ciudadanos del municipio para definir quién podría asumir temporalmente la conducción de la administración.

Durante La Mañanera de este lunes, la mandataria explicó que, ante la decisión del Gobierno de Oaxaca de desaparecer el Ayuntamiento, pidió a la secretaria de Gobernación mantenerse pendiente de la situación y establecer comunicación con habitantes de Juchitán. A partir de esa consulta, señaló, se identificó a Francisco Vásquez Jiménez, jefe de Bomberos del municipio, como la persona que actualmente ocupa el cargo de presidente municipal sustituto.

“Hubo una consulta con diversos ciudadanos, eh, de Juchitán”, explicó Sheinbaum al detallar el proceso mediante el cual se definió al nuevo responsable de la administración municipal. La presidenta agregó que en distintos momentos surgió el nombre de Vásquez Jiménez y destacó que no pertenece a ningún partido político.

“Quien queda es el jefe de bomberos de Juchitán, en este momento como presidente municipal sustituto. No pertenece a ningún partido político. Es un ciudadano que fue muy reconocido hace algunos meses por un problema que hubo, bueno, justamente con el gobierno del Estado, en donde él defendió a los bomberos y el trabajo que había venido haciendo”, señaló.

Sheinbaum añadió que Vásquez Jiménez es una persona reconocida en el municipio y que, tras asumir temporalmente la conducción de Juchitán, sus primeras palabras estuvieron dirigidas a convocar a distintos sectores de la población a mantener la unidad y las actividades económicas y sociales de la localidad.

“Es una persona muy reconocida en el municipio. Entonces, se hizo una consulta junto con el gobierno del Estado para ver quién podría ser y en varios momentos surgió el nombre del presidente municipal”, explicó la presidenta. Posteriormente, señaló que las primeras palabras del nuevo funcionario fueron “de unidad para el municipio de Juchitán” y una convocatoria a los sectores económicos y ciudadanos para fortalecer las actividades en el municipio.

El gobierno federal mantendrá coordinación con Juchitán

Además del relevo temporal en la administración municipal, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Juchitán y que se mantendrá una coordinación permanente con las autoridades estatales y con quien actualmente encabeza el gobierno municipal.

“Se va a estar en coordinación, en comunicación, tanto con el gobierno del Estado como particularmente con el hoy presidente municipal sustituto”, afirmó la presidenta al explicar las acciones que se mantendrán después de la desaparición del Ayuntamiento.

La presencia federal también fue planteada como parte de las medidas de seguridad para el municipio. Ante la pregunta sobre las acciones que se tomarán para evitar que continúe la extorsión, Sheinbaum señaló que se trabajará directamente con la nueva autoridad y que se contempla el fortalecimiento de las policías municipales.

“Se está trabajando con el actual presidente municipal y el fortalecimiento que se tenga que hacer con las policías municipales”, respondió la mandataria.

La explicación de Sheinbaum se dio después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, y de la posterior decisión del Gobierno de Oaxaca respecto al Ayuntamiento. Con el relevo temporal, Francisco Vásquez Jiménez quedó encargado de la conducción municipal, mientras el Gobierno federal mantiene el despliegue de la Guardia Nacional y la coordinación con las autoridades estatales y locales.

La presidenta señaló que la participación de Gobernación continuará enfocada en mantener el contacto con los habitantes de Juchitán y en acompañar la coordinación con la autoridad municipal que quedó al frente del municipio.

Prisión preventiva contra “Quetu” y “La Parka”

El domingo 27 de septiembre, un juez del Poder Judicial de Oaxaca impuso prisión preventiva al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y a Carlos Alberto, alias “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, de acuerdo con la FGEO.

Ambos permanecen en centros penitenciarios federales mientras se resuelve su situación jurídica. La Fiscalía solicitó que fueran vinculados a proceso, pero las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional, por lo que el juez resolverá el próximo 29 de septiembre a las 11:00 horas si existen elementos suficientes para que ambos enfrenten formalmente el proceso penal.

La audiencia inicial se realizó por videoconferencia y se prolongó durante más de diez horas. Sánchez Altamirano compareció desde El Altiplano, donde permanece recluido. La FGEO señaló que durante la audiencia el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que busca sustentar la imputación contra ambos.

La dependencia informó que las investigaciones continuarán mediante labores de inteligencia y coordinación con otras instituciones para determinar el grado de responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno.

Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, durante un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales. Tras su captura, el entonces alcalde fue trasladado fuera de Oaxaca bajo un dispositivo de seguridad.

En el mismo operativo fue detenido Carlos Alberto, alias “La Parka”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos por los que ahora enfrentan el proceso penal, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Las investigaciones también contemplan líneas relacionadas con la posible participación de Sánchez Altamirano en actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec y con sus presuntos vínculos con integrantes de una célula identificada por las autoridades como “Los Cromos”.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, esa estructura estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y deberán ser acreditados dentro del proceso penal. La audiencia del 29 de septiembre determinará si el juez considera que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Sánchez Altamirano y a “La Parka”.

Joaquín “El Chapo” Guzmán ofreció entregar información sobre la operación del Cártel de Sinaloa al Gobierno mexicano a cambio de ayuda para rescatar a sus hijos, secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2016, según reveló Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sales narró el episodio en entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia. Según su relato, la petición llegó hasta el gabinete de seguridad y el propio presidente Peña Nieto, quienes determinaron que cualquier información debía recabarse por la vía legal, sin comprometer el proceso judicial que Guzmán enfrentaba antes de su extradición a Estados Unidos.

“Angustiadísimo”: la reacción de El Chapo al saber que sus hijos estaban secuestrados

Sales relató que fue el propio Guzmán quien le pidió hacer llegar el mensaje al secretario de Gobernación y al Presidente: sus hijos habían sido privados de la libertad y él estaba dispuesto a dar información a cambio de que el Gobierno lo ayudara a rescatarlos.

Cuando Niño de Rivera le preguntó cómo reaccionó el capo al enterarse del secuestro, Sales respondió con una sola palabra: “Angustiadísimo”.

El excomisionado explicó que la respuesta institucional no podía ser inmediata ni informal. Llevó la petición al secretario de Gobernación, al presidente y al gabinete de seguridad, donde planteó la única vía que consideraba viable: que la información se recabara a través del Ministerio Público, bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y con resguardo de identidad para Guzmán como informante.

“Podemos hacer esto, pero conforme a la ley”, explicó Sales sobre el planteamiento que llevó al gabinete. “Si da información y nosotros la usamos sin respaldo legal, al rato estamos declarando nosotros allá en Estados Unidos”, dijo, en referencia al riesgo de que un procedimiento irregular en México comprometiera después el caso ante la justicia estadounidense.

Sales precisó que, finalmente, Guzmán no llegó a declarar de manera formal ante el Ministerio Público sobre el tema.

En su lectura de los hechos, fue Ismael “El Mayo” Zambada quien intervino para desactivar el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el grupo de “El Mencho” antes de que escalara a una guerra abierta.

El secuestro en un restaurante de Puerto Vallarta que detonó la crisis

El episodio que Sales conecta con esa oferta de información ocurrió el 15 de agosto de 2016, cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños en el restaurante Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según la información, un grupo armado de aproximadamente 20 personas irrumpió en el lugar y privó de la libertad a Iván Archivaldo y a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de otros cuatro acompañantes.

Según el relato de Dámaso López Serrano “El Mini Lic”,en una entrevista con Luis Chaparro, el objetivo del secuestro no era económico: la consigna era asesinar a los hijos de Guzmán. “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa relató que su padre, Dámaso López Núñez, recibió una llamada de “El Mayo” Zambada, quien le pidió ayuda para establecer contacto con integrantes del CJNG y negociar la liberación. “Mi papá me dijo: ‘Me habló El Mayo y estaba muy preocupado y que si les podíamos ayudar’”, narró López Serrano.

La amenaza que Guzmán envió desde prisión a El Mencho

De acuerdo con el testimonio de López Serrano, la intervención decisiva provino directamente de Guzmán, entonces preso en el penal del Altiplano y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

El capo envió un mensaje en el que planteó una represalia directa contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, que en ese momento estaba recluido en el mismo penal.

“A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”, habría sido el mensaje que Guzmán envió a “El Mencho”, según relató López Serrano. Esa amenaza, de acuerdo con su versión, elevó la negociación a otro nivel y terminó por facilitar la liberación de los hermanos Guzmán Salazar.

Una reconstrucción del episodio publicada por Milenio, con información del periodista Carlos Jiménez, señaló que “El Mayo” Zambada habría llegado a un acuerdo directo con “El Mencho” que incluía, además de la amenaza contra “El Menchito”, el pago de 2,000,000 de dólares y un cargamento de droga como condición adicional para la liberación.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) anunció el pasado 24 de septiembre el arresto de Chukwu Obumneme Christopher, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, de 60, señalados de operar un laboratorio de metanfetamina en la ciudad de Obeagu, estado de Enugu. Es el cuarto desmantelamiento de este tipo desde mayo en el país africano y vuelve a apuntar a los cárteles mexicanos.

Según la NDLEA, los detenidos trabajaban junto con un hombre identificado como Rodríguez Villanueva, descrito como “un conocido miembro de un cártel mexicano de la droga”. El sospechoso abandonó Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades.

El vocero de la NDLEA, Femi Babafemi, confirmó a la agencia AFP que al menos cinco mexicanos han sido detenidos en Nigeria desde mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetamina.

Las dos razones detrás de la expansión, según un experto

El periodista e investigador Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó en entrevista con Radio Fórmula que la llegada de los cárteles mexicanos a África responde a dos objetivos centrales, con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como protagonistas de esta expansión.

“Su objetivo no es llegar a África, sino llegar a Europa”, sostiene Sánchez. Los puertos de África occidental tienen menor capacidad de revisión y menos medidas de seguridad, lo que facilita el tránsito de droga.

Según el investigador, la ruta que utilizan los cárteles atraviesa el Sáhara y luego usa lanchas rápidas en el Mediterráneo hasta España, Portugal, Francia e Italia.

La segunda razón, la que Sánchez califica como “la más importante” y la que “ha estado en boga en los últimos meses”, consiste en aliarse con mafias locales para instalar narcolaboratorios directamente en territorio africano. Menciona alianzas con los Area Boys en Nigeria, los Mungiki en Kenia y la Banda de los Números en Sudáfrica.

“En lugar de producir la droga sintética en México, lo hace en países que están más cercanos a Europa y eso reduce sus gastos operativos”, explica el investigador. Pone el caso de Kenia, cuya cercanía con el mar Arábigo permite además abastecer a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, mercados con alto poder adquisitivo.

Sánchez agrega que el mercado de drogas sintéticas ya no depende de una sola sustancia. Habla de más de 50,000 variedades registradas y de una lógica de “drogas de autor” que le ha permitido, sobre todo al CJNG, diversificar mercados con bajo costo de producción.

Sudáfrica, el nodo con conexión a Australia y Nueva Zelanda

Una investigación de AFP documenta que el laboratorio más grande localizado en el sur de África se descubrió en mayo en el pueblo de Swartruggens, provincia de North West. Formaba parte de una red del Cártel de Sinaloa para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, donde el precio de la metanfetamina es entre 65 y 100 veces más alto que en Estados Unidos.

Los operadores habían llegado a Johannesburgo como supuestos turistas en marzo de 2025, con visas de tres meses. Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, señaló a AFP que la instalación tenía capacidad de producir cinco toneladas de droga al mes, con un valor de más de mil millones de dólares en el mercado australiano.

Cinco de los 13 detenidos en el operativo eran mexicanos, todos con formación en química. Desde 2024 suman 16 los ciudadanos mexicanos arrestados en Sudáfrica en este tipo de operativos; el primer hallazgo con estas características en el país data de 2020, en Marble Hall.

La producción emplea el método P2P, basado en fenil-2-propanona, con insumos importados de China e India. En agosto, la policía sudafricana incautó cinco toneladas de disolventes y reactivos en la frontera con Zimbabue, y a principios de septiembre desmanteló otro laboratorio en Klipvoor que Naicker describió como una “instalación mexicana”.

La conexión con Oceanía no es solo marítima: en enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney con 39 kilos de metanfetamina en polvo, en un vuelo procedente de Sudáfrica.

El laboratorio de Ogun y la alerta de Estados Unidos sobre 12 laboratorios en África

En mayo, la NDLEA desarticuló en la zona rural del estado de Ogun el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en Nigeria, valuado en 362 millones de dólares. Los tres mexicanos detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix, Jesús López Valles y Juan Carlos Torrero, junto con siete nigerianos.

El presunto líder, Anochili Innocent, fue detenido en una residencia de lujo en Lagos, donde los agentes recuperaron los pasaportes y celulares de los tres mexicanos. Otro mexicano fue detenido en junio en una redada similar en el estado de Oyo. Cinco de los 28 laboratorios desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían mexicanos implicados, según Babafemi.

El general Dagvin Anderson, del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado que en los últimos 14 a 18 meses se desmantelaron 12 laboratorios clandestinos en el continente, con miembros de cárteles mexicanos presentes en 11 de ellos.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, afirmó Anderson ante el Congreso. Precisó que desde 2024 el tráfico de cocaína desde América hacia Europa a través de África se ha sextuplicado, y que la expansión ya impacta en Angola y Namibia.

En abril, la policía de Mozambique detuvo a dos mexicanos identificados como miembros del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto de Maputo. Posteriormente se hallaron químicos precursores en el domicilio de su presunto cómplice local.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la UNODC señala a Nigeria y Sudáfrica como los principales países africanos reportados como puntos de salida de metanfetamina entre 2021 y 2024.

Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de Brookings Institution, advierte que África es “un entorno operativo propicio para los mexicanos”, con una capacidad de corromper autoridades locales que facilita el modelo de expansión.

Un presunto integrante de la organización criminal “Los Vallarta” fue capturado en Ecatepec por su probable participación en un homicidio, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Con esta detención, la institución contabiliza ya 14 integrantes de esa estructura delictiva aprehendidos.

El detenido, identificado como Irving “N”, era considerado un objetivo prioritario para la dependencia. Su captura se dio en cumplimiento de un mandamiento judicial girado en su contra.

Los hechos del homicidio ocurrido en mayo

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 24 de mayo de este año en Ecatepec, Estado de México. Ese día, Irving “N” y ocho personas más habrían agredido físicamente a la víctima, un hombre cuya identidad no fue revelada.

El móvil, según la FGJEM, habría sido una disputa por la venta y distribución de narcóticos. El grupo de agresores habría inmovilizado a la víctima antes de lesionarla con un objeto punzocortante, lo que le provocó la muerte.

Tras el crimen, los restos de la víctima fueron abandonados en distintos puntos del municipio. La Fiscalía inició la investigación al tener conocimiento del hecho, lo que permitió identificar a los probables responsables, entre ellos a Irving “N”, contra quien se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ante un juez. La Fiscalía mexiquense atribuye el crimen a integrantes de “Los Vallarta”.

El proceso judicial contra el detenido

Elementos de la Fiscalía mexiquense cumplimentaron el mandamiento judicial y aprehendieron a Irving “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El detenido quedó a disposición de un juez, quien resolverá su situación legal en las próximas etapas del proceso. En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión.

La Fiscalía subrayó que se le debe considerar inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

Otras detenciones vinculadas al grupo delictivo

La captura de Irving “N” se suma a otras aprehensiones recientes relacionadas con “Los Vallarta”. Según un reporte de La Jornada, la FGJEM también informó la detención en reclusión de Pablo Alberto “N” y Fernando “N”, señalados como probables integrantes de esta misma organización por hechos ocurridos igualmente el 24 de mayo en Ecatepec.

Ambos sujetos ya se encontraban recluidos por hechos diversos, por lo que la orden de aprehensión en su contra se cumplimentó al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. También quedaron a disposición de un juez.

El perfil de “Los Vallarta” en el Valle de México

La organización criminal “Los Vallarta” se dedica principalmente a los delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro. Su zona de influencia se concentra en el Valle de México.

La Fiscalía mexiquense identificó a Irving “N” como parte de esta estructura y lo mantenía como objetivo prioritario dentro de sus investigaciones contra el grupo.

Con la detención más reciente, la dependencia estatal contabiliza 14 integrantes de “Los Vallarta” aprehendidos por su probable participación en diferentes actos ilícitos atribuidos a la organización.

Origen y expansión de “Los Vallarta” en el Valle de México

La organización criminal “Los Vallarta” tiene sus orígenes en Jalisco, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Desde ese punto de partida, el grupo extendió su operación hacia el Valle de México, donde actualmente concentra su zona de influencia.

La célula está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El grupo se convirtió en un brazo que mueve droga dentro de los centros penitenciarios del Estado de México, particularmente en Nezahualcóyotl y Texcoco.

La célula tendría como líder a un hombre identificado como Fernando “N”, alias “El F1” o “Lic. Vallarta”, quien operaba como el principal enlace entre las cárceles y el exterior para extorsionar y vender narcóticos.

La célula se dedica principalmente a los delitos de homicidio, venta y distribución de narcóticos, despojo y secuestro, con presencia documentada en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl. La FGJEM la mantiene bajo investigación permanente y ha identificado a varios de sus integrantes como objetivos prioritarios.

Con la detención de Irving “N”, la dependencia estatal contabiliza ya 14 integrantes de esta organización aprehendidos por su probable participación en distintos actos ilícitos atribuidos al grupo.

La declaración original

Durante su visita a la capital chihuahuense, el pasado 25 de septiembre, Cárdenas sostuvo: “si llega Andrea Chávez a Chihuahua, va a llegar el Cártel Jalisco Nueva Generación a Chihuahua. Lo creo firmemente”. El comunicador reconoció que se trataba de una opinión personal y no de una acusación con soporte documental. En la misma gira, ofreció una conferencia sobre periodismo y criticó las políticas de transparencia del Gobierno federal.

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la declaración, circularon en X diversos mensajes críticos hacia el periodista. De acuerdo con lo publicado en la plataforma, varios usuarios lo acusaron de realizar señalamientos graves sin evidencia que los sustentara y cuestionaron su labor analítica. Otros mensajes hicieron referencia a su reciente salida de MVS Noticias, sugiriendo que la declaración buscaría generar visibilidad mediática.

Entre los comentarios también circularon llamados a que Andrea Chávez o su equipo legal evalúen acciones por la vía judicial, bajo el argumento de que las declaraciones podrían constituir una acusación sin sustento probatorio. Hasta el momento no existe confirmación de que la senadora o su equipo hayan iniciado algún procedimiento legal, ni un pronunciamiento oficial de su parte sobre el tema.

Es importante señalar que esta información corresponde a comentarios difundidos en redes sociales, por lo que no representa necesariamente una postura generalizada ni ha sido verificada de forma independiente más allá de lo publicado en dichas plataformas.

El contexto político

La disputa se da en el marco de la sucesión de la gubernatura de Chihuahua, actualmente encabezada por la panista Maru Campos, cuyo mandato concluye en 2027. Andrea Chávez, senadora con licencia, cuenta con el respaldo de Morena y del PT para competir por el cargo, en un estado históricamente gobernado por el PAN.

En ese mismo contexto, Maru Campos se ha pronunciado en meses recientes a favor de la libertad de expresión y en contra de mecanismos que, según ella, podrían usarse para sancionar a periodistas y medios críticos del Gobierno federal. En agosto pasado, la gobernadora advirtió que ciertas iniciativas normativas “podrían utilizarse para sancionar a medios de comunicación y periodistas críticos”, al tiempo que llamó a “defender la prensa libre”, aun cuando las opiniones “incomoden”. Ese antecedente cobra relevancia frente a los llamados, surgidos en redes, para que se emprendan acciones legales contra Cárdenas por sus declaraciones sobre Chávez.

¿Quién es Luis Cárdenas?

El comunicador tiene una trayectoria de 16 años en MVS Noticias, medio en el que condujo durante una década el programa matutino “Primera Emisión”. Su salida se concretó el 7 de agosto de 2026; en su despedida, Cárdenas negó que respondiera a censura o presiones (“nadie pidió mi cabeza”), aunque el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott, señaló como “más creíble” la versión de que la salida fue pactada por críticas constantes del periodista. Actualmente colabora como columnista en El Universal y ha recibido una invitación pública de TV Azteca.

Sin evidencia presentada hasta el momento

No se ha dado a conocer investigación, denuncia formal o evidencia documental que vincule a Andrea Chávez con el CJNG o algún otro grupo delictivo. La declaración de Cárdenas se mantiene, según lo expresado por él mismo, en el terreno de la opinión personal.

• Quién: periodista Luis Cárdenas López
• Qué dijo: una gubernatura de Andrea Chávez “abriría la puerta” al CJNG en Chihuahua
• Cuándo: 25 de septiembre de 2026
• Reacción: críticas en redes sociales; llamados no oficiales a explorar acciones legales
• Respuesta de Chávez: sin pronunciamiento hasta el momento
• Respaldo probatorio de la acusación: ninguno presentado hasta el momento.

Este 26 de septiembre de 2026, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que un hombre identificado como Freddy Chacón, alias “El Mexicano”, quedó a disposición de Migración Colombia, señalado como presunto enlace en aquel país del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerido por autoridades de Estados Unidos.

Durante el operativo se incautaron computadoras, celulares, discos duros, memorias USB y documentos que serán analizados como parte de la investigación. Gutiérrez, quien fue candidato presidencial en 2022 en la elección que ganó Gustavo Petro, publicó las imágenes del arresto en las que el hombre aparece esposado y custodiado por un agente de Migración Colombia y un policía, en instalaciones de esa entidad.

El anuncio oficial dejó abierta una pregunta: quién es en realidad “El Mexicano” y por qué su detención es relevante más allá de Colombia. De acuerdo con una columna del periodista Ricardo Ravelo, publicada el 11 de noviembre de 2022 en el medio SinEmbargo, Chacón, de origen mexicano y radicado en Tijuana, Baja California, ya arrastraba desde ese año señalamientos de empresarios locales por presunto fraude, secuestro y lavado de dinero en favor del CJNG.

Un tatuaje en la mano izquierda coincidió con fotografías previas de Chacón

En la fotografía de la detención distribuida por el alcalde colombiano se observó un tatuaje en la mano izquierda del detenido. Ese tatuaje coincidió con el que aparece en la mano izquierda de Freddy Chacón en la portada de la revista M Magazine, edición Baja California, en la que el empresario posó sosteniendo bastantes auriculares, equipo utilizado en las operaciones de call center de su empresa.

La coincidencia entre ambas imágenes sirve como uno de los elementos de identificación visual del detenido en Medellín, al comparar el rasgo físico documentado en material oficial con fotografías previas de Chacón en su actividad empresarial en Tijuana.

Enfrentó cadena perpetua en Estados Unidos por secuestro, según Ravelo

De acuerdo con la columna de Ravelo, Chacón habría estado preso en Estados Unidos, donde enfrentó una condena de cadena perpetua por el delito de secuestro. El periodista señaló dos versiones sobre su salida de prisión: que escapó de la cárcel o que negoció con las autoridades estadounidenses para recuperar la libertad.

Tras cruzar la frontera, Chacón se instaló en Tijuana. Ahí, según las denuncias recogidas por Ravelo, desplegó una red de negocios que empresarios afectados señalaron como fachada para el presunto lavado de dinero en favor del CJNG. Los denunciantes, que pidieron el anonimato por temor a represalias, presentaron sus quejas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, el FBI, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Baja California.

Las denuncias citadas por Ravelo señalaron a Chacón como responsable de fraude a través de servicios de nómina, además de secuestro y extorsión. El esquema, de acuerdo con los denunciantes, incluyó préstamos forzados de entre 250 mil y 500 mil dólares que después no fueron pagados, y estructuras piramidales en efectivo con una lista de víctimas que ascendió a 42 personas.

Fast Hunt Recruitment Services operó en Tijuana desde 2020

Para sus operaciones, Chacón utilizó call centers ubicados en la avenida 20 de Noviembre y en Rancho Alegre 3470, en Tijuana, según la denuncia recogida por Ravelo. Como empresas fachada operaron BPO Centers Callcast S.A. de C.V. y Fast Hunt Recruitment Services, esta última presentada como una firma de reclutamiento de personal. La denuncia señaló que a estas compañías estarían ligadas al menos 100 empresas estadounidenses utilizadas para el lavado de dinero.

Fast Hunt Services anunció el 28 de septiembre de 2020, en Boulevard Paseo de los Héroes, Zona Río, Tijuana, la apertura de su cuarta ubicación en la ciudad, según una publicación de la propia empresa en Instagram. Días después, el 21 de octubre de 2020, la compañía inauguró oficialmente lo que describió como su propio “Campus”.

El 21 de junio de 2021, la empresa publicó que recibió la visita del cónsul de El Salvador para explorar oportunidades de empleo destinadas a connacionales salvadoreños, encuentro en el que se exhibió de forma física un ejemplar de M Magazine con Chacón en portada.

En su perfil de LinkedIn, Chacón se identificó como Chief Executive Officer de Fast Hunt Recruitment Services, con una descripción de la empresa como un servicio integral de reclutamiento y filtrado de personal basado en perfil.

La actividad digital de la empresa se detuvo en agosto de 2022

Entre el material publicado en el perfil de LinkedIn de la empresa figuró una imagen del equipo de Fast Hunt Recruitment Services, en la que Chacón apareció identificado como CEO junto a otras cuatro personas señaladas como especialistas en reclutamiento. La descripción de la empresa en ese material indicó que ofrecía apoyo a compañías extranjeras para establecer operaciones en Tijuana, “desde la búsqueda de ubicación hasta el lanzamiento”.

La cuenta de Instagram de Fast Hunt Services, bajo el usuario fasthuntservices, mostró publicaciones de ofertas laborales para agentes bilingües de call center con sueldos de 3 mil 300 pesos semanales, además de fotografías del personal y actividades corporativas. La última publicación de esa cuenta se registró el 2 de agosto de 2022, tres meses antes de que Ravelo diera a conocer las denuncias en su contra.

El sitio web de la empresa, fasthuntservice.com, dejó de estar disponible, de acuerdo con la revisión más reciente hecha por Infobae México. La cuenta de Instagram, con 385 seguidores y 706 seguidos al momento de la última consulta, tampoco registró actividad posterior a agosto de 2022, mismo periodo en que comenzaron a circular las primeras denuncias contra Chacón entre la comunidad empresarial de Tijuana.

Pagaba a estructuras del Clan del Golfo por protección en Medellín

De acuerdo con información de Infobae Colombia, la operación de captura contra “El Mexicano” se realizó en una lujosa vivienda de Medellín y participaron la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades vinculan a Chacón, además del CJNG, con la organización criminal estadounidense Mexican Mafia, conocida como La Eme, a la que la DEA lo relaciona desde 2015.

Según la Fiscalía colombiana, Chacón habría pagado entre 10 mil y 15 mil dólares mensuales a integrantes de La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo. Esos recursos, de acuerdo con la investigación, tenían como fin garantizar seguridad territorial, custodiar cargamentos de estupefacientes y proteger al señalado enlace criminal durante sus desplazamientos por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades detallaron que el detenido contaba con un esquema de seguridad conformado en parte por policías retirados y se movilizaba en al menos dos vehículos blindados de alta gama.

Además, reportes de medios colombianos señalaron que Chacón tiene antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con arma de fuego, infracciones a la normativa sobre armas y secuestro extorsivo de adultos, de acuerdo con información compartida por el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la oficina de la DEA en México. Ese antecedente conecta con las denuncias expuestas en 2022 por el periodista mexicano Ricardo Ravelo, quien ya señalaba a Chacón por presunto secuestro y extorsión en Tijuana antes de su captura en Medellín.

La Semar detuvo a Irving Hernández Nonato, de 38 años, el 21 de septiembre de 2026 en Ecatepec, Estado de México (Edomex). Las autoridades lo identificaron como presunto integrante del CJNG y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el probable delito de homicidio calificado.

El mandamiento judicial estuvo relacionado con un caso en el que la víctima habría sido privada de la vida y decapitada. Después del homicidio, presuntamente se dejó un mensaje intimidatorio dirigido a la población.

La captura ocurrió en la colonia Panorámica durante un operativo coordinado por elementos de la Región Naval Central, personal de la Fuerza de Tarea Ecatepec y autoridades municipales. En las acciones también participaron agentes de la Policía Municipal de Ecatepec y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El seguimiento comenzó con el intercambio y análisis de información en mesas de inteligencia interinstitucionales, en las que participaron autoridades ministeriales. Después de ubicar al sospechoso, los agentes verificaron sus datos en plataformas institucionales y confirmaron la vigencia de la orden judicial.

Las acusaciones contra Irving

Las investigaciones relacionaron a este sujeto con actividades de delincuencia organizada, extorsión en distintas modalidades y narcotráfico. Entre las prácticas que se le atribuyeron estuvo el esquema de cobro conocido como “gota a gota”.

Las autoridades también lo vincularon de manera presunta con el tráfico y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, despojo y robo a transporte de carga. La indagatoria lo ubicó como un presunto generador de violencia de tercer nivel en municipios del Valle de México.

El señalamiento incluyó una posible relación con una estructura criminal con presencia en Ecatepec, Coacalco y otros puntos de la zona metropolitana. La detención formó parte de los operativos federales, estatales y municipales para localizar a objetivos prioritarios presuntamente ligados con grupos delictivos que operaban en esa región.

Tras su aseguramiento, elementos de la Semar y de la Policía Municipal de Ecatepec, en coordinación con personal de la FGJEM, cumplimentaron la orden de aprehensión. Hernández Nonato quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El órgano jurisdiccional determinaría su situación jurídica conforme avanzara el proceso penal y las investigaciones relacionadas con los delitos que se le atribuyeron. La detención no implicó una sentencia y las acusaciones tendrían que ser acreditadas durante el procedimiento.

CJNG en Ecatepec

Las autoridades federales y estatales han registrado operaciones, mensajes de propaganda y detenciones de presuntos integrantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Se han difundido comunicados y videos atribuibles a presuntos miembros del grupo criminal en los que advierten su presencia e intento de operar en la región.

Aseguramientos previos: en mayo de 2026, la Marina detuvo a siete personas armadas vinculadas a una célula operativa de este cártel durante el Operativo Baluarte en el municipio.

Registros de su presencia desde 2018

Jorge de Jesús “N” y Juan Gabriel “N”, presuntos integrantes de un célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos el 1 de octubre de 2018 en calles del municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los dos hombres de 21 y 29 años, respectivamente, quienes se encontraban a bordo de un Chevrolet Corsa en la calle Emiliano Zapata, colonia Luis Donaldo Colosio.La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que al momento de la captura les aseguraron armas de grueso calibre.

Precisó: “Al hacer la inspección a la unidad, los policías mexiquenses hallaron dos armas largas: una marca Norinco, calibre 7.62 × 39, con tres cargadores sin cartuchos, y la otra, marca Colt, con un cargador abastecido con 23 cartuchos útiles”.

La dependencia agregó que les fueron asegurados tres teléfonos celulares, “ocho envoltorios que en su interior contenían hierba verde con las características de la mariguana, y siete dosis de cristal”.

A los detenidos se les relaciona con delitos como venta de drogas, privación ilegal de la libertad y extorsión.Las autoridades señalan que operaban en los municipios mexiquenses de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan.

Un cuerpo y una cabeza fueron hallados en agosto

El pasado 25 de agosto una cabeza humana fue encontrada este martes en Tecámac, en la primera puerta del fraccionamiento Real del Cid. Un cuerpo decapitado se localizó horas después en la comunidad de Santo Tomás Chiconautla, municipio de Ecatepec.

Vecinos de Real del Cid alertaron sobre el descubrimiento de la cabeza, que se hallaba dentro de una mochila.

Más tarde, en Santo Tomás Chiconautla, habitantes de la zona reportaron la presencia de un cuerpo sin cabeza.

Elementos de seguridad se trasladaron a ambos puntos y esperaron la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las diligencias correspondientes.

La periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que resulta más sencillo detener alcaldes que arrestar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La conductora hizo la afirmación el 24 de septiembre, en el episodio 113 de su programa, después de que Estados Unidos presionara a México para capturar a José Ángel Rivera Zazueta, un operador señalado del Cártel de Sinaloa.

Hernández explicó que las detenciones de presidentes municipales funcionan como una cortina que distrae a la opinión pública. “Que no nos vengan con distractores”, dijo la comunicadora en su programa.

Anabel Hernández señala a alcaldes de Morena como jefes del crimen organizado

La periodista mencionó en el mismo episodio los casos de Rocha Moya, del exsecretario Alfonso Durazo y de varios alcaldes morenistas bajo sospecha. Según Hernández, estos ediles son los jefes de la criminalidad organizada en sus municipios.

Hernández insistió en que el gobierno federal golpea a mandos locales, pero protege a figuras de mayor peso político. La conductora sostuvo que ese patrón se repite en distintos estados gobernados por Morena.

La autora de Narcocracia recordó que en 2024 expuso los mismos señalamientos en su libro La historia secreta, sin que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera pruebas en contra. López Obrador calificó entonces a la periodista de mitómana y exigió pruebas del financiamiento del narcotráfico a su campaña.

Hernández replicó que su libro Narcocracia constituye la prueba que el expresidente reclamaba desde la tribuna. Agregó que López Obrador, tras la publicación, no ha desmentido las acusaciones ni ha aclarado su paradero en el asunto.

La periodista añadió que la detención de alcaldes no equivale a combatir a la narcocracia si no alcanza a los gobernadores señalados. Sostuvo que solo la captura y extradición de Rocha Moya permitiría pensar que el gobierno mexicano actúa contra el crimen organizado.

La detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, en Oaxaca

El 23 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron en Ciudad Ixtepec al alcalde de Juchitán de Zaragoza Miguel Sánchez Altamirano. El edil, conocido como Quetu, es señalado por extorsión agravada y por delitos contra la seguridad del Estado, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán? Las autoridades federales lo señalan por presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec, y lo capturaron junto a un presunto líder criminal de la misma zona.

Junto con Sánchez Altamirano, las autoridades capturaron a Carlos Alberto, alias La Parca, presunto líder criminal de la zona. Ambos hombres contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con la misma investigación, de acuerdo con Infobae.

Las indagatorias, difundidas por El Financiero, vinculan a Sánchez Altamirano con Los Cromos, un grupo que opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec. La célula se dedica al cobro de piso, al narcomenudeo, al tráfico de personas y a homicidios, de acuerdo con el reporte.

Tras el arresto, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara solicitó al Congreso estatal la desaparición del ayuntamiento de Juchitán. La medida, reportada por el medio, busca nombrar a un encargado mientras avanza el proceso judicial contra el exalcalde.

Rubén Rocha Moya, acusado en Nueva York, sin detención en México

La periodista Anabel Hernández advirtió que el caso del alcalde de Juchitán no constituye un hecho aislado dentro de la estructura política de Morena. La comunicadora situó a Rocha Moya como la figura central de ese entramado, al frente del gobierno de Sinaloa.

Rocha Moya solicitó licencia indefinida el 22 de agosto, luego de que el Congreso estatal aprobara su separación del cargo un día después. La medida se produjo meses después de la acusación formal que Estados Unidos presentó en su contra.

El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de conspirar con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

Los fiscales estadounidenses atribuyen a los acusados delitos de narcotráfico y posesión de armas, además de una alianza con la organización criminal a cambio de apoyo político. Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha ejecutado una orden de detención contra Rocha Moya.

Hernández sostuvo que, mientras el gobierno captura alcaldes y operadores de menor rango, el gobernador con licencia permanece libre en territorio mexicano. La periodista cuestionó por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no aplica contra Rocha Moya la misma presión que ejerció contra los ediles morenistas.

El antecedente más reciente de esa presión ocurrió el 22 de septiembre, cuando un operativo con apoyo del FBI y la DEA detuvo en Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta. Hernández documentó desde 2024, en La historia secreta, que Rivera Zazueta operaba en la capital con protección del gobierno que encabezaba entonces Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Según un expediente judicial italiano citado por la periodista, Rivera Zazueta pagaba sobornos a la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional por cada kilo de cocaína que ingresaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El expediente corresponde a una causa abierta en Catania, Sicilia, desde 2020.

Hernández relató que un testigo colaborador de la DEA le describió, en 2023, que Rivera Zazueta debía negociar directamente con representantes de Sheinbaum cuando la droga era decomisada. El testigo afirmó que, en esos casos, se exigía la entrega de la mitad del cargamento a cambio de liberar el resto.

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a México ante la Asamblea General de la ONU de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga. Trump calificó de inaceptable compartir frontera con un territorio bajo control de esos grupos criminales, según citó Hernández en su podcast.

La periodista interpretó ese señalamiento como una presión directa de Washington para que Sheinbaum rompa pactos con el crimen organizado. Advirtió que Estados Unidos ya obtuvo la entrega de operadores vinculados al Cártel de Sinaloa y que ahora exige avanzar hacia mandos estatales.

Hernández recordó que un mecanismo similar operó durante el sexenio de López Obrador, cuando la presión estadounidense forzó la detención de narcotraficantes protegidos por el propio gobierno. Comparó ese mecanismo con el que, según su lectura, opera hoy contra la administración de Sheinbaum.

Hasta el cierre de esta nota, Rocha Moya permanece con licencia indefinida y sin una orden de detención ejecutada en México. El caso del alcalde de Juchitán y la acusación contra el gobernador sinaloense quedaron activos ante las autoridades mexicanas y estadounidenses.

García Harfuch informó que las investigaciones sobre la célula de Juchitán continúan abiertas para detener a otros implicados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, no ha informado una fecha para el eventual traslado de Rocha Moya a territorio estadounidense.

El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, identificado como John Kenny ‘N’, fue detenido este 24 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó la captura durante la segunda fase de un operativo interinstitucional contra estructuras criminales de la región.

Las autoridades lo señalan por brindar protección desde su cargo a la célula Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo. La imputación en su contra corresponde al delito contra la investigación y seguridad del Estado, según reportó Infobae México.

En el operativo participaron, además de la FGEO, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. También intervinieron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

Las autoridades trasladaron de inmediato al exmando bajo un dispositivo especial de seguridad. Después de la aprehensión, John Kenny ‘N’ quedó a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

Quién es John Kenny ‘N’ y su historial al frente de la policía de Juchitán

John Kenny ‘N’ no llegó a la Policía Municipal de Juchitán en 2026. El exfuncionario ya había ocupado ese cargo en 2022, cuando decidió separarse de sus funciones ante la muerte de un migrante en los separos de la Comandancia.

Durante ese periodo de investigación, Amado Vicente Gómez Urbieta lo sustituyó al frente de la corporación. La determinación oficial concluyó entonces que no existían responsabilidades atribuibles a John Kenny ‘N’ en ese caso.

Con ese resultado, el exmando regresó a sus funciones en junio de 2023. Desde ese momento y hasta su detención, mantuvo la responsabilidad de dirigir la estrategia de seguridad municipal en Juchitán, según reconstruyó Milenio.

La Fiscalía sostiene que, en paralelo a esa gestión, John Kenny ‘N’ utilizó su posición estratégica para brindar cobertura a Los Cromos. La célula funciona, de acuerdo con la institución, como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

Infobae México identificó al detenido también con el nombre de John Keny Moreno Segura, aunque la Fiscalía difundió el caso bajo las iniciales J.K.M.S. Esa reserva de identidad corresponde al protocolo habitual de la institución en investigaciones en curso.

Las autoridades atribuyen a Los Cromos actividades de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la región. La Fiscalía también investiga a la célula por presunto tráfico de personas y homicidio, según reportó El Financiero.

Cómo se ejecutó el operativo interinstitucional en el Istmo de Tehuantepec

La detención de John Kenny ‘N’ se produjo un día después de que fuerzas estatales y federales capturaran al presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu. Junto al edil también cayó Carlos Alberto “N”, conocido como La Parka, en la primera fase de la intervención del 23 de septiembre.

“De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de Los Cromos”, señaló la Fiscalía de Oaxaca en el comunicado citado por Infobae México. El texto oficial se refería al alcalde y a La Parka, aunque la misma línea de investigación derivó luego en la aprehensión del exmando policial.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que el alcalde y su acompañante contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Con la captura de John Kenny ‘N’, el saldo del operativo sumó un tercer objetivo de alto impacto.

Para afectar la capacidad financiera de los implicados, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas relacionadas con la investigación. La medida buscó limitar el flujo de dinero vinculado al presunto esquema de protección.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que el objetivo de la segunda fase del operativo es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo. La institución afirmó que buscará llevar ante la justicia a las personas relacionadas con los hechos, sin distinción de cargos públicos.

La caída del alcalde Miguel Sánchez Altamirano y las secuelas en Juchitán

El alcalde Miguel Sánchez Altamirano fue trasladado primero desde Juchitán hacia la Ciudad de México. Posteriormente ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.

Tras la detención del edil, un grupo de policías municipales bloqueó accesos carreteros y salidas del municipio para impedir su traslado. Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México indicaron que esos bloqueos no representarían un impedimento para la puesta a disposición del alcalde.

En el momento, se reportó además movilizaciones de habitantes que exigieron la liberación de Sánchez Altamirano, junto con quema de neumáticos en puntos carreteros de la zona. Esas acciones generaron afectaciones temporales a la circulación en Juchitán.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que existen indagatorias abiertas sobre otros servidores públicos del ayuntamiento. El mandatario estatal precisó que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.

El Gobierno de Oaxaca informó que la seguridad pública de Juchitán quedará bajo responsabilidad de la Policía Estatal mientras continúan las pesquisas. La disposición sustituye de manera temporal a la corporación municipal que encabezaba John Kenny ‘N’.

El caso de John Kenny ‘N’ quedará sujeto ahora al proceso judicial correspondiente ante un juez de control. Su situación legal se sumará a la de Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto “N” dentro de la misma causa penal en Oaxaca.

La tarde de este 25 de septiembre de 2026 ha trascendido en medios de corte nacional y local la renuncia del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, quien fue el antecesor del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y con quien tendría una relación cercana tras haberse lanzado como funcionario en el gobierno de Salomón Jara Cruz.

El exfuncionario llevaba ejerciendo el cargo desde 2022, cuando decidió dejar la alcaldía de Juchitán y trabajar en la administración de Salomón Cruz. Su salida se da en medio del escándalo que ha roto la confianza ciudadana en el gobierno local, ya que Sánchez Altamirano es acusado por extorsión agravada y el delito contra la Seguridad del Estado.

Emilio Montero, un perfil cercano a Miguel Sánchez y Salomón Jara

Montero Pérez solicitó licencia al cargo como edil de Juchitán de Zaragoza tras aceptar incorporarse a la dependencia de Educación Pública de Oaxaca, su última aparición en funciones fue el pasado 23 de septiembre, cuando encabezó un evento en la Secundaria Técnica No. 252 de Santa María Coyotepec, frente a decenas de estudiantes y padres de familia.

Cabe recordar que, la mañana de ese miércoles fue detenido el alcalde Miguel Sánchez Altamirano cuando se encontraba en un evento para entregar una obra de la Secretaría de Marina. El político acusado fue quien sucedió a Montero Pérez en 2022, posteriormente, contendió para el periodo de 2025-2027, donde ganó la elección y continuó su mandato.

Medios locales y la agencia Quadratín Oaxaca precisaron que la renuncia llegó este viernes, tras la presión generada al interior del gobierno de Salomón Jara, ya que los señalamientos de corrupción, alcanzan a Emilio Montero, quien es identificado como el operador político del alcalde recluido en el Altiplano.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por la dependencia educativa, sin embargo, periodistas de la región citaron un mensaje de despedida enviado por Montero Pérez tras presentar el documento que lo deja fuera de la administración estatal.

Montero Pérez dobletea en la administración pública

El 24 de septiembre se dio a conocer que el funcionario del IEEPO también tenía nómina activa en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, el monto cobrado supera los 18 mil pesos.

Lo anterior, también habría sumado presión a Montero Pérez, razón por la que decidió presentar su renuncia. Al cierre de esta nota ninguna dependencia ha señalado al exalcalde de estar coludido con Miguel Sánchez Altamirano, sin embargo, sí lo pone en al centro del escrutinio público debido a su cercanía.

En 2025, medios locales calificaban el actuar del extitular del Instituto de Educación como “si fuera el presidente municipal”, además, ya pesaban los señalamientos de “desestabilización del gobierno local” contra el “Quetu”.

Gobierno de Juchitán podría desaparecer tras solicitud de Salomón Jara

Ante la desestabilización que ha generado el actuar de el Quetu, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, instruyó al secretario de Gobierno estatal para que solicite al Congreso local la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. La medida busca abrir paso al nombramiento de un encargado de la administración municipal que conduzca temporalmente los asuntos públicos del municipio.

El vacío de poder se agravó porque el suplente Mariano Rosado López no se presentó a asumir el cargo tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, capturado el 23 de septiembre por presuntos nexos con Los Cromos, célula del CJNG. Un juez le dictó prisión preventiva en el penal del Altiplano, junto con Carlos Alberto de la Paz, alias “La Parka”, tras calificar de legal su detención.

La crisis institucional también derivó en la aprehensión del excomisionado de seguridad municipal, John Keny Moreno, y en el retiro de 28 armas largas, 27 cortas y más de 2 mil cartuchos de la Policía Municipal por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ante la falta de condiciones jurídicas para su resguardo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Oaxaca retiró el armamento de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza este 25 de septiembre, el mismo día que un juez dictó prisión preventiva, a cumplir en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, a su alcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido el 23 de septiembre por presuntos nexos con Los Cromos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El retiro del armamento se realizó por protocolo, según informó la dependencia estatal en un comunicado.

El arsenal retirado consistió en 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres, de acuerdo con el detalle proporcionado por la SSPC de Oaxaca en sus redes sociales. El equipo fue trasladado al Depósito General de Armamento de la corporación, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec.

El gobierno estatal argumentó la ausencia del alcalde y un vacío jurídico interno

La SSPC de Oaxaca explicó que la medida tuvo carácter preventivo y respondió a dos causas. La primera fue la ausencia de la figura del presidente municipal, tras la detención de Sánchez Altamirano, también conocido como “Quetu”, el 23 de septiembre. La segunda fue la inexistencia, en ese momento, de las condiciones jurídicas necesarias al interior del Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento, según el comunicado oficial de la dependencia.

El retiro se sumó a otras medidas tomadas por las autoridades estatales y federales en el municipio tras la detención del alcalde. Un día después de la caída de Sánchez Altamirano, las autoridades aprehendieron al excomisionado de seguridad municipal, John Keny Moreno, y fuerzas federales tomaron el control de la comisaría municipal, según informaron medios locales.

La SSPC de Oaxaca no es la dependencia encabezada por Harfuch

La secretaría que ejecutó el retiro de armamento correspondió al gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la cual es titular Omar García Harfuch. Ambas dependencias comparten nombre y siglas, pero operan en niveles distintos de gobierno: una estatal y otra federal.

La corporación estatal fue la que llevó a cabo la revisión y el traslado del armamento municipal, en coordinación con las instrucciones del gobernador Jara Cruz tras la crisis institucional desatada en Juchitán.

Jara pidió al Congreso local declarar la desaparición del Ayuntamiento

Ante el vacío de poder en Juchitán, debido a que el suplente Mariano Rosado López no se presentó para asumir el cargo, el gobernador Salomón Jara ordenó al secretario de Gobierno estatal tramitar ante el Congreso de Oaxaca la desaparición formal del Ayuntamiento de Juchitán. La medida abriría paso a que el Ejecutivo estatal designara a un encargado de la administración municipal para conducir temporalmente los asuntos públicos del municipio.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, declaró Jara Cruz este 25 de septiembre, en un mensaje difundido en video a través de sus redes sociales. El mandatario adelantó también un refuerzo en la presencia territorial de las corporaciones de seguridad durante los próximos días.

El gobernador prometió una transición ordenada que no interrumpiera el funcionamiento del municipio. “La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, sostuvo, al precisar que los servicios públicos, las labores de seguridad, la atención social y las obras en marcha debían seguir llegando a colonias, agencias y comunidades.

Miguel Sánchez Altamirano, mejor conocido como “Quetu”, cayó el 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, en el marco del Operativo Enjambre, con el despliegue de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). En el mismo operativo cayó Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parka”.

Las autoridades atribuyeron a ambos detenidos vínculos con “Los Cromos”, célula del CJNG activa en el Istmo de Tehuantepec en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y tráfico de personas. El juez calificó a los dos imputados de alta peligrosidad y ordenó su reclusión en prisión preventiva.

La continuación de la audiencia de vinculación a proceso del edil quedó reprogramada para el 29 de septiembre, por videoconferencia, luego de que un juez dictara prisión preventiva contra él y su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional. Mientras tanto, el Congreso de Oaxaca tiene pendiente resolver la solicitud del gobernador Jara para declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.

Un juez de Oaxaca impuso prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano a Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, imputado por presuntamente liderar una red de extorsión relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El juez dictó la misma medida cautelar a Carlos Alberto de la Paz, conocido como La Parka, a quien las autoridades estatales acusan de ser integrante de la estructura delictiva del presidente Municipal.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer, por medio de un comunicado, que durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención del Edil y su presunto cómplice, además de que acordó que ambos deben permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.

Permanecerán en prisión por los delitos de extorsión y contra la Seguridad del estado

La dependencia señaló que en la diligencia el Ministerio Público estatal pidió la vinculación a proceso de los imputados por extorsión agravada y el delito contra la Seguridad del Estado, el primero de ellos contemplando la prisión preventiva de oficio.

La Fiscalía dijo que la solicitud de vinculación a proceso fue presentada durante la audiencia en la que el juez de la causa calificó como legal la detención de ambas personas, quienes fueron capturadas la mañana del 23 de septiembre, como resultado de un operativo.

“Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, la FGEO solicitó la vinculación a proceso de los imputados, quienes permanecerán internados en centros federales de reinserción social”, se lee.

Audiencia de vinculación será el 29 de septiembre

La defensa del edil emanado de Morena solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se tiene prevista para el próximo 29 de septiembre, nuevamente, por videoconferencia.

Mientras que la audiencia inicial o de imputación se llevó a cabo ayer, en la que Sánchez Altamirano compareció desde el penal de máxima seguridad del Altiplano y duró más de 10 horas.

Al concluir dicha audiencia, como ya es sabido por todos, el juez determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva al considerarlo de alta peligrosidad.

Gobernador de Oaxaca ordena desaparición de poderes en Juchitán

Tras la detención del presidente municipal y evitar una crisis de gobernabilidad, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la desaparición de poderes en Juchitán.

Con la decisión del mandatario estatal, éste tomará el control del municipio a través de un funcionario designado por por su administración y, con ello, garantizar la seguridad en el territorio.

“La situación requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal; por esa razón, he instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del ayuntamiento de Juchitán”, dijo el gobernador la mañana de hoy a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Salomón Jara toma distancia de uno de sus operadores políticos

Con la decisión antes descrita, el gobernador termina de marcar distancia con el morenista ‘Quetu’ Sánchez, detenido el pasado 23 de septiembre por fuerzas federales, y quien --de acuerdo con reportes periodísticos-- se desempeñó como uno de sus principales operadores políticos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Jara solicitó al Congreso dar trámite a la brevedad a su solicitud de desaparición de poderes, porque el secretario del Ayuntamiento, Mariano Rosado López, no se ha presentado a asumir como presidente municipal suplente.

Sin dejar de mencionar que la crisis de institucional incluye la aprehensión del coordinador de seguridad municipal, John Keny Moreno, llevada a cabo al día siguiente de la caída del alcalde, y la toma de la comisaria municipal por parte de fuerzas federales, informaron medios locales.

Senador morenista también se desmarca de ‘Quetu’ Sánchez

Momentos después de que Jara Cruz compartió su mensaje, el senador Antonio Morales Toledo, también de Morena, expresidente municipal de San Blas Atempa y líder regional del Istmo, sobre quien también recaen fuertes señalamientos en la entidad, salió a respaldar la decisión y desmarcarse del exalcalde preso en el Altiplano.

“Juchitán necesita orden, paz y certeza. Con el liderazgo del gobernador Salomón Jara, Juchitán tiene una ruta clara: más seguridad, servicios que no se detienen y atención que sigue llegando a las colonias, agencias y comunidades. Desde el Senado seguiré apoyando la estrategia del gobernador en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, publicó el legislador.

Sheinbaum descarta que detención de Sánchez Altamirano esté ligada a ataque contra Elvis Guerra

Durante su conferencia mañanera de este viernes, en Tabasco, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aclaró que la detención de Miguel ‘N’ fuera resultado de una investigación que ya se encontraba en curso y no se originó por la denuncia de extorsión presentada por el artista y diseñador muxe Elvis Guerra.

La primera mandataria también explicó que las indagatorias contra el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza se desarrollaban antes del ataque armado contra la vivienda de Guerra, caso que tomó relevancia porque fue quien diseñó el vestido que la presidenta uso durante la ceremonia del Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre en Palacio Nacional.

La detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano abrió una nueva investigación sobre la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, señalada por pobladores y autoridades de mantener presuntos vínculos con Los Cromos, grupo criminal identificado por las autoridades como una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vecinos consultados por el medio El Universal aseguran que algunos agentes municipales no sólo conocían las actividades de integrantes de esa organización, sino que presuntamente colaboraban con ellos como “halcones”, mandaderos y encargados de brindar protección.

“Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del Cromo”, relató uno de los habitantes, quien describió un episodio en el que un sujeto señalado por los vecinos como integrante del grupo criminal subió a una patrulla después de permanecer en un establecimiento comercial.

Las acusaciones también alcanzan al cobro de piso. José, nombre utilizado para proteger su identidad, tiene un negocio en Juchitán y asegura que desde hace años entrega mil pesos semanales a integrantes de Los Cromos.

De acuerdo con su testimonio, quienes acuden por el dinero suelen trasladarse en mototaxi y, en algunas ocasiones, son acompañados por una patrulla municipal. El comerciante afirma que las amenazas incluyen la posibilidad de incendiar su establecimiento y posteriormente atentar contra su familia.

El hombre asegura que no ha denunciado por temor a represalias y porque, según su versión, también existirían funcionarios de la Vicefiscalía relacionados con los criminales. Estas acusaciones forman parte de los testimonios recogidos y no implican, por sí mismas, responsabilidad penal de los funcionarios señalados.

Fiscalía investiga a policías por bloqueos

La sospecha sobre la corporación tomó fuerza después de la detención de Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Las autoridades los relacionan con una estructura dedicada, entre otras actividades, a la extorsión y el cobro de piso.

Tras el arresto del edil, policías municipales y civiles realizaron bloqueos carreteros para impedir el traslado del convoy de las autoridades hacia el aeropuerto.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta para investigar a quienes participaron en esas acciones y señaló que entre los manifestantes habría policías municipales, aunque precisó que esa participación debe ser corroborada.

Rodríguez Alamilla también reconoció que existen indicios de que algunos elementos municipales actúan o colaboran con Los Cromos y les brindan protección. Explicó que las autoridades investigan, entre otros aspectos, la presencia aparentemente inmediata de determinados policías en algunos lugares donde se registraban hechos delictivos.

La investigación ocurre mientras el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que la seguridad de Juchitán quedaría bajo responsabilidad de la Policía Estatal, después de la detención del alcalde.

Un problema que ya había sido detectado

Los señalamientos contra la Policía Municipal no son nuevos. En junio de 2025, autoridades estatales y federales tomaron el control de la corporación y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán mediante la llamada Operación Sable, en un despliegue que involucró a más de mil elementos. El gobierno estatal informó entonces que las acciones respondían a investigaciones relacionadas con extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de piso.

La intervención incluyó revisiones a los integrantes de la corporación y exámenes de control y confianza. Posteriormente, las autoridades también reportaron la detención de personas presuntamente relacionadas con la célula del denominado “Comandante Cromo”.

Además, investigaciones difundidas en 2025 señalaron que Los Cromos habían logrado infiltrarse en corporaciones de seguridad y aprovechar infraestructura de videovigilancia municipal.

Ahora, un nuevo arresto vuelve a colocar a la Policía Municipal en el centro de las investigaciones. El 24 de septiembre, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, señalado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección a Los Cromos.

Su captura ocurrió un día después de la del alcalde y “La Parca”, como parte de una segunda fase del operativo desplegado en el Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía sostiene que busca desarticular las redes de complicidad que, presuntamente, permitieron a la organización criminal operar en la región.

Fuerzas federales y estatales tomaron este jueves las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juchitán de Zaragoza, donde realizan una inspección y revisan a los agentes de la corporación, en una nueva intervención de las autoridades en el municipio del Istmo de Tehuantepec.

El operativo comenzó durante la mañana y se extendió por varias calles alrededor de las oficinas de la Policía Municipal. En la acción participan elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Los policías municipales fueron citados en la Comisaría y se les pidió acudir con sus respectivas patrullas y armas de fuego, como parte de la revisión de la corporación. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas durante este despliegue.

La intervención ocurre dos días después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, quien fue arrestado junto con otras personas durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales.

Revisan a la Policía Municipal

El despliegue de este jueves representa un nuevo episodio en la intervención de las instituciones de seguridad en Juchitán.

El gobierno de Oaxaca ya había anunciado que, tras la detención del alcalde, la seguridad pública del municipio quedaría a cargo de la Policía Estatal. El gobernador Salomón Jara Cruz también informó que existen investigaciones contra otros servidores públicos del Ayuntamiento.

La presencia de las fuerzas estatales y federales se reforzó desde el miércoles, cuando policías municipales y civiles realizaron bloqueos en accesos carreteros para intentar impedir el traslado de Sánchez Altamirano después de su captura. La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta para investigar esos hechos y, de acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, busca determinar quiénes participaron.

El contexto es relevante porque el propio fiscal reconoció que existen indicios de que algunos policías municipales habrían colaborado con Los Cromos, grupo que las autoridades identifican como una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un día después de la detención del alcalde también fue arrestado John Keny Moreno Segura, excomisario de la Policía Municipal de Juchitán. Según la Fiscalía estatal, el exmando forma parte de la estructura criminal identificada como Los Cromos.

La intervención de la corporación tiene además un antecedente. En junio de 2025, autoridades estatales y federales ya habían tomado el control de la Policía Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán mediante la denominada Operación Sable.

En aquella ocasión participaron más de mil elementos y se realizaron inspecciones a las instalaciones policiales, además de aplicar evaluaciones de control y confianza a los integrantes de la corporación. El gobierno estatal explicó entonces que las acciones estaban relacionadas con investigaciones por delitos como extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso.

Jara pide desaparecer el Ayuntamiento

El operativo de este jueves ocurre mientras el gobernador Salomón Jara Cruz anunció una medida adicional para modificar temporalmente la conducción del gobierno municipal.

Jara informó que instruyó al secretario de Gobierno estatal para solicitar formalmente al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

La petición busca que, conforme al procedimiento establecido por la legislación estatal, sea designado un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo, quien conduciría temporalmente el gobierno y los asuntos públicos de Juchitán.

El gobernador argumentó que la situación que atraviesa el municipio requiere decisiones para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y mantener los servicios públicos.

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando”, afirmó Jara, quien añadió que las actividades del municipio, los servicios públicos y la atención a las colonias, agencias y comunidades no pueden detenerse.

El mandatario también aseguró que durante los próximos días se reforzará la presencia de las fuerzas de seguridad y que continuará la coordinación con el gobierno federal. El gobierno estatal informó previamente que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en Juchitán, en coordinación con Defensa, Marina y autoridades federales.

La solicitud de desaparición del Ayuntamiento todavía requiere ser procesada por el Congreso estatal. Mientras tanto, las fuerzas estatales y federales mantienen presencia en Juchitán.

Un municipio bajo investigación

La detención de Sánchez Altamirano y la intervención de la Policía Municipal forman parte de una operación más amplia contra una estructura criminal que, según las autoridades, opera en el Istmo.

El gobierno de Oaxaca señaló que el alcalde fue detenido dentro de una investigación federal y estatal, mientras que la Fiscalía de Oaxaca lo relaciona con Los Cromos, identificados como un grupo operativo del CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que a Sánchez Altamirano se le atribuyen investigaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, mientras que las autoridades han señalado posibles vínculos con actividades como cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones dirigidas a afectar la estructura financiera de la organización.

Con la toma de la Comisaría, la revisión de los agentes y la solicitud para desaparecer el Ayuntamiento, Juchitán enfrenta ahora una intervención institucional que abarca tanto la seguridad pública municipal como la conducción de su gobierno.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Jara dijo que el municipio de Juchitán de Zaragoza atravesaba por una situación que requería de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal, por lo que instruyó al secretario de Gobierno del estado que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento del municipio, para dar paso, conforme lo establece la ley, al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal.

“A efecto de que conduzca temporalmente el gobierno municipal y los asuntos públicos de Juchitán. Mi responsabilidad como Gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, dijo Jara.

Además, aseguró que durante los últimos meses “hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad”, y que los próximos días se incrementará y reforzará su presencia territorial, y seguirá trabajando de manera coordinada con el gobierno federal.

Jara dijo que el Gobierno del estado había asumido las responsabilidades que le correspondían y lo seguirá haciendo, pero las circunstancias actuales requerían dar un paso más, por lo que confiaba que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará la solicitud a la brevedad posible.

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando, la vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco, los servicios públicos deben mantenerse las tareas de seguridad, fortalecerse y la atención social, las obras y las acciones de gobierno deben seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades”.

Aseguró que en ese municipio había paz y seguridad, y aseguró que “Juchitán no está solo, y no lo vamos a dejar solo”.

Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán, por nexos con el crimen organizado

El anuncio de Jara se da días después de que el pasado miércoles 23 de septiembre, Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fuera detenido durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Seguridad federal y estatal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que Sánchez Altamirano fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región.

Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras darse a conocer la detención, Salomón Jara posteó un mensaje en sus redes sociales, en donde dijo que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado ese día por la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.

El diario estadounidense señaló que funcionarios de ambas administraciones han profundizado la cooperación en materia de seguridad durante los últimos meses y que el gobierno de Trump se encuentra más cerca de alcanzar un acuerdo comercial directamente con México.

La información cita a un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos, quienes señalaron que los planes para emplear ataques aéreos en suelo mexicano han quedado efectivamente archivados por el momento.

La decisión no significa que Washington haya abandonado su presión contra los grupos criminales mexicanos. De hecho, el gobierno estadounidense ha incrementado durante el segundo mandato de Trump las medidas contra organizaciones del narcotráfico y ha utilizado la designación de grupos criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” para ampliar las herramientas con las que pretende combatirlas.

Trump mantiene presión contra México pese a pausa militar

La suspensión de los planes ocurre en contraste con las declaraciones que Trump realizó esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acusó a México de ser el “epicentro” de la violencia de los cárteles.

El presidente estadounidense afirmó que era “inaceptable” que Estados Unidos compartiera una frontera de unas 2 mil millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió al gobierno mexicano “recuperar el control” de su territorio. Al mismo tiempo, Trump aseguró que mantiene una buena relación con México y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó entrar en una confrontación directa con Trump. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su elevado consumo de drogas y por la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría debido a la relación que mantienen ambos gobiernos.

La postura mexicana frente a una eventual intervención militar estadounidense ha sido consistente: Sheinbaum ha rechazado operaciones de Washington en territorio nacional y ha planteado que la cooperación debe realizarse respetando la soberanía mexicana.

La posibilidad de ataques dentro de México había adquirido mayor relevancia después de que la administración Trump intensificara sus operaciones contra presuntos grupos de narcotráfico en aguas internacionales. Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos en los que murieron ciudadanos mexicanos.

México concentra la mayor cantidad de grupos designados por EU

La presión de Washington también se refleja en la ampliación de su lista de organizaciones criminales consideradas terroristas.

A principios de septiembre, el gobierno de Trump había elevado a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. México concentra ocho organizaciones, la mayor cantidad correspondiente a un solo país.

Entre las organizaciones mexicanas señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados por autoridades estadounidenses como organizaciones multinacionales involucradas en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. La designación forma parte de una estrategia de la administración Trump que comenzó en 2025 y que ha ampliado el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región.

La presión sobre México también aumentó después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los acusados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. Las acusaciones corresponden a una imputación federal y no constituyen por sí mismas una condena.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los 10 acusados fueron señalados de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

En este contexto, la pausa de los planes de ataques aéreos representa, por ahora, un cambio en la presión militar directa sobre territorio mexicano, mientras los gobiernos de Trump y Sheinbaum mantienen abiertas las negociaciones comerciales y una coordinación más estrecha en materia de seguridad.

Un juez de control en Michoacán vinculó a proceso a 18 personas detenidas durante el operativo de seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Bajío michoacano.

La resolución judicial se dictó por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Como medida cautelar, la autoridad impuso a los 18 implicados prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El operativo que derivó en las detenciones

Las 18 personas fueron capturadas el pasado 17 de septiembre, en el marco de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales realizado en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro. Durante la acción se intervinieron 28 inmuebles.

Entre los detenidos figuran cuatro elementos de la policía municipal, entre los que destaca José Armando H., director de la Policía Municipal de Angamacutiro, contra quien se

Durante las diligencias en ambos municipios, las autoridades aseguraron narcóticos, teléfonos celulares, equipo táctico y de cómputo, además de diversos dispositivos electrónicos considerados indicios relevantes para las investigaciones. Además se reportó el hallazgo de ocho vehículos con reporte de robo, 13 armas de fuego, cartuchos, básculas y sustancias con características de droga.

La captura original de “El Señor de la T”

Manuel Alejandro Rendón Aguilar es señalado como operador regional del CJNG y generador de violencia en la región del Bajío michoacano. Su detención, junto con la de tres presuntos colaboradores identificados como Daniel “N.”, Luis Fernando “N.” y Gladis Yareli “N.”, se concretó el 17 de septiembre en Morelia.

El Registro Nacional de Detenciones documentó, sin embargo, que la captura ocurrió el martes 15 de septiembre, a las 16.25, en la capital del estado.

El arresto se enmarcó en la estrategia nacional contra la extorsión, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia.

Durante la captura, las autoridades aseguraron un rifle calibre .223, cuatro cargadores, aproximadamente 100 cartuchos útiles y 33 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina. También se decomisaron cuatro teléfonos celulares que serán analizados para establecer posibles vínculos y comunicaciones con el grupo criminal.

Los cargos y el alcance territorial de la célula

En la audiencia inicial contra Rendón Aguilar y sus tres colaboradores, el juez de control calificó de legal la detención de los cuatro imputados y les impuso prisión preventiva justificada para los delitos del fuero común, y prisión preventiva oficiosa para los correspondientes al fuero federal.

Los cargos que enfrentan abarcan delitos contra la salud, receptación, portación de arma de fuego, portación de cartuchos y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las líneas de investigación, “El Señor de la T” mantenía presencia y operación en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Se le relaciona con actividades delictivas que incluyen extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo que las líneas de investigación en torno a los cuatro imputados continúan abiertas mediante distintos actos de investigación.

La postura de la Fiscalía michoacana

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la FGE, afirmó en rueda de prensa que las detenciones relacionadas con la estructura criminal encabezada por Rendón Aguilar representan un golpe importante para ese grupo delictivo.

“Los actos de investigación continúan y van a ser permanentes en la región en donde se iniciaron estas detenciones y donde se llevaron a cabo estos actos de investigación”, declaró Vega Rodríguez.

El funcionario confirmó además que las autoridades investigan una posible relación entre la célula de “El Señor de la T” y la encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como jefe de plaza del CJNG en la zona.

“Se mencionaba el vínculo probable que se tiene con la célula de este personaje identificado como Tío Lako. Ya va a corresponder a nuestras autoridades federales para poder determinar esta situación”, agregó el encargado de despacho de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, detuvo a J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, en la segunda fase de un operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec.

Se le señala por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”. La captura se ejecutó este 24 de septiembre en el marco del operativo que se desarrolla en Juchitán de Zaragoza.

Segunda fase del operativo y la detención del excomisionado

La aprehensión estuvo a cargo de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, mediante un despliegue táctico basado en labores de inteligencia coordinadas con varias corporaciones. Además de la SEMAR y la SSPC, participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El excomisionado fue trasladado de inmediato bajo un dispositivo especial de seguridad tras su detención, realizada con apego a derecho según lo informado por la FGEO. Quedó a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

La captura ocurrió porque la Fiscalía de Oaxaca lo señala de haber protegido, desde su cargo como comisionado policial en Juchitán, las operaciones del grupo delictivo “Los Cromos” en el Istmo de Tehuantepec.

“De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”, célula que funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región", señalo la Fiscalía de Michoacán en el comunicado sobre la detención del ex funcionario.

Cronología de la primera a la segunda fase con detención del alcalde

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue arrestado en Ciudad Ixtepec durante el operativo del 23 de septiembre, según informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC. La detención se realizó junto con la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Esta seria la primera fase del operativo.

García Harfuch precisó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones señalan a Sánchez Altamirano por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de “Los Cromos” en la región.

Para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Tras la captura, un grupo de policías municipales de Juchitán bloqueó accesos carreteros y salidas del municipio para evitar el traslado del alcalde a un penal federal, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México. Extraoficialmente, se indicó que estos bloqueos no representarían un impedimento para su puesta a disposición.

“Los Cromos” y su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Según las investigaciones de la FGEO, tanto el alcalde “Quetu” como “La Parka” actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”. Esta célula funciona, de acuerdo con la Fiscalía, como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención del excomisionado de la Policía Municipal se enmarca en esta misma línea de investigación. Las autoridades lo vinculan con el presunto esquema de protección institucional que habría permitido la operación del grupo criminal en el municipio.

Cargos diferenciados para cada detenido

Los delitos imputados varían según el rol atribuido a cada persona dentro de la presunta red de complicidad. El alcalde “Quetu”, fue aprehendido por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

En el caso del excomisionado J.K.M.S., la imputación se concentra en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, derivado de la protección que habría otorgado a “Los Cromos” desde su función como mando policial municipal.

Postura institucional del Gabinete de Seguridad

Con esta segunda etapa del operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas contra los delitos de alto impacto en la entidad.

El objetivo declarado es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo de Tehuantepec. Las autoridades señalaron que buscan garantizar que las personas relacionadas con estos hechos sean llevadas ante la justicia, sin distinción de cargos o funciones públicas que ocupen.

Cabe destacar que, el municipio ha sido azotado por la violencia y la inseguridad que no permite el desarrollo de la vida cotidiana de las familias, debido a que la extorsión y ataques armados para quienes no pagan lo exigido por el crimen organizado se ha convertido en una constante. El tema en Juchitán cobró mayor interés público tras la denuncia de la diseñadora Elvis Guerra, quien bordó parte del atuendo de la presidenta Claudia Sheinbaum para las fiestas patrias.

Esto fue lo que denunció Alejandro Murat en 2022

El político, quien actualmente se encuentra en las filas de Morena, denunció presunta colusión con el crimen organizado en el gobierno municipal de Juchitán, sus señalamientos se dieron durante una reunión política-electoral con delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la grabación que circula en redes sociales, se puede escuchar al exgobernador exclamar: “Como Juchitán, en su Cabido, tienen nombres de capos de la mafia, hoy les pregunto, ¿Queremos más experimentos?”.

Las palabras emitidas el 10 de febrero de 2022 por Alejandro Murat, han cobrado mayor relevancia cuatro años después, cuando un presidente de ese municipio fue aprehendido por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, un tema que vuelve a generar polémica por tratarse de un perfil impulsado por Morena, el partido en el poder a nivel estatal y federal.

Una realidad que golpea la tranquilidad de la ciudadanía

Las y los juchitecos han vivido en carne propia los estragos de la falta de atención en materia de seguridad en el municipio, situación que orilla a la ciudadanía a dejar su casa y familia, para no ser una víctima mortal de la violencia que a diario les asedia.

Medios locales han documentado la escalada de violencia en Juchitán de Zaragoza, al grado de que alcanza a políticos de la localidad, tal fue el caso de un regidor del ayuntamiento, a quien en abril de este año intentaron extorsionar, por lo que exigió a las autoridades a pedir medidas de protección para él y otros servidores públicos.

La extorsión se ha vuelto parte de la cotidianidad de los comerciantes. En julio, una mujer denunció a través de redes sociales la amenaza que recibió por medio de un mensaje en una cartulina, donde le exigían el pago de 50 mil pesos a cambio de darle permiso para seguir trabajando.

A través de la publicación en Facebook, la comerciante detalló que hizo público el mensaje debido al temor que sentía por la falta de seguridad para su familia, ya que no cuenta con los recursos para pagar lo solicitado, como medida de prevención, la señora tuvo que cerrar su local.

“Tendrás que pagar 50 para poder seguir trabajando en Juchitán. 50K o quemamos y sin pretextos. Si no, quemaremos tu local”, el mensaje del crimen organizado contra la comerciante.

Cuando Alejandro Murat realizó los señalamientos contra el gobierno del municipio, el entonces alcalde, Emilio Montero Pérez, lo invitó a denunciar ante las autoridades los actos denunciados frente a la militancia priista, sin que haya trascendido mayor acción por parte del exgobernador.

Las acusaciones que pesan sobre Miguel Sánchez Altamirano

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, cayó bajo el peso de una carpeta que lo señala como pieza operativa del crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec, las autoridades federales lo relacionan con Los Cromos, célula que funciona como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.

El gobernador Salomón Jara Cruz vinculó la captura con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra. “Fue el vaso que derramó el agua, porque ahí fue donde se comentó de parte del propio diseñador todo lo que ocurría en Juchitán”, declaró el mandatario, quien reconoció que las autoridades ya tenían conocimiento de extorsiones contra empresarios y ciudadanos en el municipio.

Horas después de la detención, Elvis Guerra se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario Omar García Harfuch en Palacio Nacional, tras la denuncia de un ataque armado a su vivienda, después de negarse a pagar una extorsión de 200 mil pesos, advirtiendo que las víctimas de este delito se ven obligadas a irse de la región para no ser víctimas de un crimen que atente contra su vida.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el miércoles 23 de septiembre por elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Policía estatal en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dentro del Operativo Enjambre. Tras la captura, salieron a la luz los datos de violencia que colocan a Juchitán como el municipio más golpeado de Oaxaca: 23 homicidios durante el primer trimestre de este año, la cifra más alta del estado, según la Fiscalía General de Oaxaca.

El municipio también registró ataques armados y amenazas de extorsión. Entre esos hechos figura el asesinato de tres jóvenes el 18 de abril, uno de los cuales, David López, era hijo y sobrino de funcionarios del gobierno estatal.

Sin embargo, la detención del edil se ejecutó por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Una investigación federal lo señaló de brindar protección política y económica a Los Cromos, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec.

23 homicidios colocaron a Juchitán como el municipio más violento de Oaxaca en 2026

El incremento de la violencia en Juchitán se dio en paralelo a un repunte estatal. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentaron 230 víctimas de homicidio doloso en Oaxaca durante el primer trimestre de este año, frente a 197 casos en el mismo periodo de 2025, un aumento del 17%.

Un estudio sobre la percepción de inseguridad entre jóvenes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca, documentó el aumento de delitos como abuso sexual, despojo, feminicidio, secuestro y violencia familiar. El profesor Heriberto Ruiz Ponce, uno de los autores, explicó a Latinus: “Oaxaca es bien conocido, desde hace algunos años, de mostrar baja incidencia delictiva en general. Era muy difícil estar en los primeros lugares de incidencia delictiva, dentro de los registros oficiales”.

Ruiz Ponce planteó ante el medio que el problema excede lo policial. “El tejido social ha sido desgastado durante mucho tiempo, y hoy los poderes están actuando desde el punto de vista policial, pero me parece que hay que poner mucho más atención sobre todo en el desgarramiento social que ha habido”, señaló el investigador.

Diversos colectivos denunciaron que entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, durante la administración del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, se registraron 32 asesinatos de defensores de derechos humanos en Oaxaca. El informe “Avanza o no el respeto a los derechos humanos en Oaxaca” documentó además más de 70 agresiones contra colectivos, comunidades y movimientos sociales en la entidad.

La violencia también alcanzó a figuras públicas del municipio. La artesana muxe Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Grito de Independencia, sufrió un ataque armado contra su casa después de recibir amenazas de extorsión y una exigencia de pago de 200 mil pesos en agosto.

El Operativo Enjambre y la detención de Miguel Sánchez Altamirano en Ciudad Ixtepec

La captura de Sánchez Altamirano se realizó junto a la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien también contaba con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó el arresto conjunto y detalló los delitos que se le imputan al edil.

De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas vinculadas con la investigación. La medida buscó afectar la capacidad financiera de la red que operaba desde el ayuntamiento.

Sánchez Altamirano, conocido con el alias de “Quetu”, gobernó Juchitán en un primer periodo entre 2022 y 2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, coalición con la que obtuvo un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

Carlos Alberto “N”, por su parte, estaba encargado del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, además del traslado y extorsión de migrantes mediante una red de mototaxis. El detenido también realizaba acciones de presión social para exigir la liberación de integrantes de Los Cromos que ya estaban presos.

Tras la detención, policías municipales de Juchitán bloquearon los accesos carreteros y las salidas del municipio para intentar evitar el traslado del alcalde a un penal federal. A los bloqueos se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio, aunque las autoridades federales indicaron que la movilización no impediría la puesta a disposición de Sánchez Altamirano.

El gobierno estatal había presentado en abril el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” para recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La estrategia incluyó senderos seguros, botones de auxilio, cámaras de videovigilancia y la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al municipio.

Los Cromos, la célula del CJNG que Sánchez Altamirano protegía desde la alcaldía

Las investigaciones establecieron que Sánchez Altamirano brindaba cobertura política y económica a Los Cromos desde la infraestructura municipal. El alcalde facilitaba el acceso del grupo a las cámaras del C2 y alertaba a sus integrantes sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

El edil también controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes establecidos en Juchitán. Las autoridades documentaron que compraba armas para la organización y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el líder de Los Cromos es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” o “Comandante Renco”. El diario identificó como subalternos a Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo, a su hermana Yesenia Sánchez Santiago y a José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”.

Desde noviembre de 2025, la Secretaría de Marina encabeza el Operativo Sable en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para frenar la expansión de la célula. Ese mes, las autoridades detuvieron a 53 integrantes del grupo criminal en la región.

En febrero de este año, elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, señalado como jefe de plaza de Los Cromos. El detenido estaba encargado de distribuir armamento y se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de las fuerzas federales.

Las autoridades federales informaron que las acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y sus redes de protección política en la región. García Harfuch precisó que el despliegue en el estado busca localizar y arrestar a otras personas que forman parte de los objetivos de la investigación.

La detención de Miguel Sánchez Altamirano ocurrió, en conclusión, como parte del Operativo Enjambre ejecutado por fuerzas federales y estatales en Ciudad Ixtepec, con la participación coordinada de la Semar, la SSPC y la UIF. El proceso derivó de una investigación que documentó protección política, cobro de piso, tráfico de armas y control de casas de seguridad desde el propio ayuntamiento.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza pertenece, según las indagatorias de las autoridades federales, a Los Cromos, el brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación que domina la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec. Su arresto se suma a la captura de otros integrantes de la célula, entre ellos “La Parca” y “Macanannu”, dentro de la ofensiva contra esa estructura criminal en Oaxaca.

Una red criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue desmantelada en Ecuador por parte de elementos de la Policía Nacional de ese país, en coordinación con Estados Unidos, que culminó con la detención de más de 30 personas.

La acción se llevó a cabo este miércoles en un despliegue realizado en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, donde participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la organización desarticulada “no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG”, en una investigación que les tomó cerca de ocho meses.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacó que se trató de una operación en contra del grupo delictivo ecuatoriano de Los Choneros, el cual ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como una célula con vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Red estaba relacionada con el tráfico de drogas a nivel internacional

De acuerdo con Reimberg, la estructura criminal se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Además, destacó que para poder identificar las operaciones de esta red criminal se llevaron a cabo decomisos de cargamento de droga a lo largo del 2026 que derivaron en una afectación al crimen organizado de 322 millones de dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente, Daniel Noboa Azin, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Por su parte, Noboa destacó las más de 30 detenciones relacionadas con un grupo criminal vinculado al CJNG y celebró las acciones realizadas en coordinación con Estados Unidos en su país.

¿Quiénes son Los Choneros y cuáles son sus vínculos con cárteles mexicanos?

Los Choneros nacieron en Ecuador como una organización dedicada al narcotráfico y, tras años de expansión, se convirtieron en la estructura criminal más grande del país hasta que la muerte de su líder en 2020, Jorge Luis Zambrano, provocó su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fallecimiento de su líder desató disputas internas que terminaron en su fragmentación en tres organizaciones: Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones. Los Lobos se consolidó como el desprendimiento más grande y comenzó a disputarle el control territorial a la organización de origen.

De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó en entrevista con Infobae México que el CJNG, que ya buscaba insertarse en el mercado ecuatoriano de cocaína, aprovechó la crisis para acercarse a las tres facciones desprendidas.

Esta guerra entre Los Choneros y Los Lobos por el control de las actividades delictivas, convirtió al Cártel de Sinaloa y al CJNG en proveedores de armamento para cada bando, aseguró el especialista.

“El de Sinaloa suministraba armas a Los Choneros y el Cártel Jalisco a Los Lobos”, detalló Sánchez Valdés.

El 4 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Además, destacó que ambos grupos están vinculados tanto al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a Los Lobos como proveedor de servicios de seguridad para el CJNG en sus operaciones en los puertos ecuatorianos, desde donde el cártel habría garantizado un suministro constante de cocaína hacia territorio estadounidense

La captura de Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, en Tepalcatepec, Michoacán, volvió a colocar bajo los reflectores a Cárteles Unidos, una alianza criminal que nació de la unión de distintas organizaciones de la entidad con un objetivo común: frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Kamoni” fue detenido el 23 de septiembre de 2026 durante un operativo en Tepalcatepec, donde las autoridades lo identificaron como jefe regional del Cartel de Tepalcatepec, con presencia en Tepalcatepec y Buenavista. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que existía además una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

El detenido era buscado por autoridades estadounidenses, que habían ofrecido hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra “El Kamoni” y otros cuatro presuntos dirigentes de Cárteles Unidos.

Una alianza nacida en medio de la expansión del CJNG

El origen de Cárteles Unidos se encuentra en 2019, cuando el avance del CJNG hacia el occidente de Michoacán generó una reacción entre organizaciones criminales y grupos armados que hasta entonces operaban de manera independiente.

Uno de los principales puntos de esa resistencia fue Tepalcatepec, donde operaba el grupo encabezado por Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, conocido como Cartel de Tepalcatepec o Cartel del Abuelo.

El grupo tenía antecedentes en movimientos de autodefensa de la región, pero posteriormente fue relacionado con actividades delictivas. En agosto de 2019, después de enfrentamientos con el CJNG, el Cartel de Tepalcatepec declaró públicamente la guerra a la organización jalisciense.

La confrontación llevó al acercamiento con Los Viagras, una organización surgida de escisiones de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. De esa unión comenzó a consolidarse la estructura conocida como Cárteles Unidos.

Posteriormente se incorporaron o fueron asociados con la coalición remanentes de los Caballeros Templarios, facciones de la Familia Michoacana y los Blancos de Troya, entre otros grupos. Sin embargo, su composición nunca fue completamente fija.

La propia naturaleza de Cárteles Unidos explica por qué distintas organizaciones pueden aparecer bajo su paraguas en diferentes momentos. Se trata de una alianza de grupos con liderazgos y territorios propios, más que de una organización vertical con una sola cadena de mando.

“El Kamoni”, de una detención en 2016 a operador de alto nivel

Dentro de esa estructura se desarrolló la trayectoria criminal de “El Kamoni”, quien ya había sido detenido en 2016, cuando era identificado con el nombre de Édgar Cabadas Torres y señalado como integrante del grupo H-3.

Aquella captura ocurrió después del homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores desaparecidos en La Ruana, Buenavista. Años después, el nombre de “El Kamoni” volvió a aparecer relacionado con la violencia de Tierra Caliente.

Para 2025, el Departamento de Justicia estadounidense ya lo identificaba como uno de los cinco dirigentes de alto nivel de Cárteles Unidos acusados de delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la acusación, Orozco Cabadas y Luis Enrique Barragán Chávez encabezaban facciones armadas de la alianza.

La acusación estadounidense también señaló el uso de armas de asalto, vehículos blindados, drones con capacidad explosiva y artefactos explosivos improvisados por parte de las facciones dirigidas por ambos hombres.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Orozco Cabadas en su lista de sancionados. La ficha de la OFAC lo identifica como vinculado con Cárteles Unidos y registra como alias “El Kamoni” y “El 50”.

La investigación estadounidense contra la organización también relacionó a sus integrantes con el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

Una organización marcada por la guerra territorial

Desde su formación, Cárteles Unidos ha mantenido una disputa con el CJNG por el control de Tierra Caliente y otras zonas estratégicas de Michoacán.

Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Chinicuila y otros municipios han formado parte de los escenarios de confrontación. La disputa también involucra corredores utilizados para el tráfico de drogas y actividades de extorsión contra sectores productivos.

En septiembre de 2020, integrantes de la alianza exhibieron un tanque de guerra en Aguililla, en una demostración de fuerza dirigida contra el entonces líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El episodio se convirtió en una de las imágenes más conocidas del poder de fuego alcanzado por la coalición.

La confrontación continuó durante los años siguientes. En diciembre de 2024, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional atribuyó a Cárteles Unidos un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra militares en Cotija, donde murieron dos soldados y cinco resultaron heridos.

La composición de la alianza, entretanto, siguió modificándose. Los Viagras fueron señalados como parte de Cárteles Unidos durante años, aunque posteriormente se reportaron rupturas y acercamientos con el CJNG. A su vez, el Cartel de Los Reyes fue identificado por el Departamento de Justicia estadounidense como una organización que opera bajo el paraguas de Cárteles Unidos.

Cárteles Unidos, bajo presión de México y Estados Unidos

La ofensiva contra sus principales integrantes se intensificó en los últimos años. En febrero de 2025, Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

En agosto de ese mismo año, Washington presentó cargos contra cinco presuntos dirigentes: “El Abuelo”, “Poncho”, “Wicho” o “R5”, “El Kamoni” y “El Gordo”. También anunció recompensas por información que condujera a sus capturas.

El pasado miércoles, “El Kamoni” dejó de ser un prófugo. Su detención en Tepalcatepec, precisamente uno de los territorios donde se originó la alianza, representa la caída de uno de los operadores que Estados Unidos había colocado entre los principales objetivos de Cárteles Unidos.

La captura, sin embargo, ocurre dentro de una estructura cuya principal característica ha sido precisamente su capacidad para reacomodarse, incorporar grupos y modificar sus alianzas en función de la disputa territorial que mantiene en Michoacán.

La detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el miércoles 23 de septiembre, se suma a una lista de al menos 13 presidentes municipales que fueron arrestados en funciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, señalados por vínculos con el crimen organizado, extorsión, secuestro y homicidio.

El primero de la lista, María Elena Martínez Robles, cayó apenas un mes después de que la mandataria asumiera el cargo como Presidenta de México.

La cronología documenta una constante: desde noviembre de 2024, alcaldes de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y partidos locales han sido detenidos por presuntos nexos delictivos, la mayoría en el marco de la Operación Enjambre, aunque otros casos corresponden a investigaciones independientes o casos específicos como el del Rancho Izaguirre en Jalisco.

Los 13 alcaldes detenidos en funciones

El primer caso del sexenio ocurrió en Amanalco, Estado de México, donde María Elena Martínez Robles fue detenida el 29 de noviembre de 2024 durante la primera fase de la Operación Enjambre.

Las autoridades la vincularon con La Familia Michoacana y la señalaron como responsable de ordenar el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer.

Un tribunal la sentenció el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por homicidio calificado. Es, hasta ahora, la única sentencia condenatoria firme entre los alcaldes detenidos en funciones durante la administración de Sheinbaum.

Días después del primer operativo, la fiscalía mexiquense detuvo a María del Rosario Matías Esquivel, expresidenta municipal saliente de Santo Tomás de los Plátanos, el 23 de enero de 2025, señalada por extorsión y presuntos nexos con La Familia Michoacana. Un juez la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva, medida que se mantiene sin que exista sentencia hasta la fecha.

Su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, alias “El Wicho”, resultó electo alcalde para el periodo 2025-2027, pero huyó durante su toma de protesta con apoyo de policías municipales y colaboradores. Fue detenido el 10 de febrero de 2025 tras 50 días prófugo. Un juez lo vinculó a proceso por extorsión y le impuso prisión preventiva, situación en la que permanece.

En Bella Vista, Chiapas, el alcalde Rosember López Roblero, del partido local Chiapas Unido, fue detenido el 30 de enero de 2025 por abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado. Había asumido el cargo apenas el 1 de octubre de 2024.

El Congreso de Chiapas declaró la ausencia definitiva del edil el 5 de febrero de 2025 y nombró en su lugar a la segunda regidora, Annette Aylin Velázquez Zunun. Su situación jurídica permanece en proceso, sin que se haya reportado sentencia.

El 7 de marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo del Ejército, detuvo simultáneamente a dos de tres hermanos que gobernaban municipios vecinos del Valle de Serdán bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano: Uruviel González Vieyra, alcalde de Ciudad Serdán, y Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca. Su hermano Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, evadió la captura ese día gracias a la intervención de pobladores.

El caso derivó en una cadena de amparos, liberaciones y reaprehensiones. Ramiro fue finalmente detenido el 29 de mayo de 2025 y, desde entonces, ha sido liberado y vuelto a capturar en al menos dos ocasiones más, la última el 18 de septiembre de 2026 por abuso de autoridad. Giovanni obtuvo una salida del penal de Tepexi en diciembre de 2025, pero fue reaprehendido al momento de abandonar el centro penitenciario. Uruviel logró un amparo federal en enero de 2026 y también fue reaprehendido de inmediato.

Por otro lado, el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 5 de marzo de 2025, como centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en la detención del entonces alcalde José Ascensión Murguía Santiago, militante de Movimiento Ciudadano, el 3 de mayo de 2025.

Un juez lo vinculó a proceso el 9 de mayo de 2025 por delincuencia organizada agravada y desaparición forzada, al acreditar que utilizó patrullas, armas y policías municipales para resguardar el predio. Un tribunal colegiado le negó el amparo en 2026, por lo que su proceso continúa. Permanece en prisión preventiva en el penal de Puente Grande.

Otro de los casos más sonados fue el de Diego Rivera Navarro, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, militante de Morena, detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo de la Operación Enjambre. La Fiscalía de Jalisco lo señaló por encabezar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes de la región tequilera, entre ellos José Cuervo, a quienes cobraba cuotas de entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales para no cerrar sus negocios.

Un juez lo vinculó a proceso el 10 de febrero de 2026 por delincuencia organizada y secuestro agravado, luego de que la FGR documentó que en 2021 mandó levantar a dos precandidatos de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para forzarlos a renunciar a la contienda por la alcaldía. Según el expediente de la FGR, Rivera Navarro pactó su llegada al cargo con el CJNG y operó desde la presidencia municipal una estructura dedicada a secuestrar y extorsionar con un compromiso de entregar 40 millones de pesos anuales al cártel de las cuatro letras.

Permanece en prisión preventiva en el Cefereso número 1, El Altiplano, luego de que un amparo frenó temporalmente la apertura a juicio oral, sin que exista sentencia hasta el momento.

El primer alcalde detenido en 2026 fue Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal reelecto de Cintalapa, Chiapas, militante de Morena, capturado el 5 de enero por corrupción, abuso de autoridad y presuntos nexos con el Cártel de Chiapas y Guatemala, aliado del CJNG. Las autoridades lo señalan por avisar a ese grupo criminal sobre operativos de seguridad.

El 20 de mayo de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó cuatro órdenes de aprehensión en Morelos que derivaron en la detención de Agustín Toledano Amaro, alcalde en funciones de Atlatlahucan, militante del PAN, señalado por vínculos con una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.

Un juez lo vinculó a proceso el 28 de mayo por delincuencia organizada con fines de narcotráfico y extorsión agravada. Permanece en prisión preventiva en el Cefereso de Hermosillo, sin sentencia.

Ese mismo día, las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, también señalado por nexos con el operador de “El Barbas”. Corona Damián evadió el operativo y promovió un amparo que solo le garantizó ser puesto ante un juez en caso de ser detenido, sin frenar la orden de captura. Fue finalmente arrestado el 30 de mayo de 2026 y su proceso continúa abierto.

El 7 de septiembre de 2026, un operativo con 23 órdenes de cateo en Esperanza, Puebla, terminó con la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa, militante de Morena, junto a su hermano y siete personas más, señalados por integrar una organización dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Un juez federal lo vinculó a proceso el 16 de septiembre de 2026 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

El caso más reciente es el de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, militante de Morena, detenido el 23 de septiembre de 2026 en un operativo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales. Enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, con presuntos vínculos con la célula “Los Cromos”, brazo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.

Su detención se relaciona extraoficialmente con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra, quien confeccionó el vestido que Sheinbaum portó durante el Grito de Independencia y que sufrió un ataque armado en su vivienda tras negarse a pagar una extorsión.

Los exalcaldes

Un grupo distinto de políticos fue detenido ya sin estar en el cargo, por hechos ocurridos durante gestiones anteriores. Ari Patrick Mendiola Mondragón, presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Edomex, entre 2019 y 2021, fue capturado el 9 de abril de 2025 por extorsión contra propietarios de tortillerías, con presuntos nexos con La Familia Michoacana.

Vilma Senorina Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, Oaxaca, fue detenida en marzo de 2025 por tráfico de permisos de transporte público durante su periodo de gobierno.

Marco Antonio Pluma Meléndez, expresidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, militante del PVEM, cayó en septiembre de 2025 acusado de distraer más de cuatro millones de pesos durante 2023.

Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan, Puebla, había solicitado licencia por motivos de salud antes de huir en mayo de 2025; permaneció prófugo nueve meses hasta su captura en Tlaxcala el 3 de febrero de 2026.

Irving Sánchez Zavala, quien gobernó Yecapixtla, Morelos, entre 2009 y 2012, fue detenido el 20 de mayo de 2026 por despojo de un predio destinado a un pozo de agua, en el mismo operativo que capturó al alcalde en funciones de Atlatlahucan.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que la gobernabilidad, la paz y la estabilidad en Juchitán de Zaragoza “están garantizadas”, horas después de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje dirigido a las familias del municipio, el mandatario admitió además que le “duele” cuando algún funcionario del movimiento (Morena) “cae en la tentación y cambia su misión por ambición”.

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) respaldó ese mensaje con un comunicado en el que informó que en Juchitán se mantiene la libre circulación y que las actividades económicas, comerciales y cotidianas se desarrollan con normalidad, ello luego de que la tarde de este 23 de septiembre se registraran bloqueos de mototaxistas en apoyo al alcalde detenido.

Jara pide calma y descarta que la detención altere el orden público

En el video difundido en sus redes sociales, el gobernador reconoció que Oaxaca vive “días muy sensibles” que pueden generar “preocupación e incertidumbre” entre la población. “Juchitán no está sola”, afirmó, y sostuvo que las instituciones estatales trabajan de manera coordinada para “cuidarles, mantener la tranquilidad y asegurar que Juchitán siga adelante”.

El mandatario describió al municipio como “tierra de gente trabajadora, fuerte y solidaria” y pidió a la ciudadanía “mantener la calma y atender únicamente la información oficial”. Advirtió que, pese a la tensión generada por el operativo, “no vamos a bajar la guardia”.

La Sego reforzó ese mensaje institucional al señalar que el Gobierno de Oaxaca mantiene comunicación y coordinación con el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad para preservar la gobernabilidad. La dependencia estatal subraya que “la aplicación de la ley está por encima de cualquier interés particular, siempre con pleno respeto al Estado de Derecho”.

“Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación”

El segundo eje del mensaje del gobernador apuntó de manera directa a Morena, el partido tanto de Jara como del alcalde detenido. “Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su misión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, declaró.

El mandatario matizó el señalamiento al sostener que “la gran mayoría de los servidores públicos de nuestro movimiento son gente buena y de bien, que quieren lo mejor para el pueblo”. Agregó que, por respeto a ellos, “no vamos a permitir la impunidad”.

Jara afirmó que “Oaxaca es la cuna de la transformación y tenemos que predicar con el ejemplo” y cerró su mensaje con una advertencia directa: “Mi compromiso es con el pueblo y no habrá tregua contra quienes atenten contra la seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas”.

La detención de Sánchez Altamirano provoca suspensión de clases

Las palabras del gobernador llegan en medio de la tensión que generó la captura del alcalde, ocurrida la madrugada de este miércoles mediante un operativo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales.

Pese al comunicado de las autoridades, se ha reportado que la Escuela Secundaria Técnica número 50 de Juchitán, a la que asisten 600 alumnos, suspendió las clases presenciales este jueves ante la falta de condiciones de seguridad para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil.

El plantel informó además que el viernes 25 tampoco habrá clases oficiales en Oaxaca por la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que las actividades se reanudarán hasta el lunes 28 de septiembre.

El cabildo de Juchitán busca sustituto

Por otro lado, el cabildo de Juchitán sesionaría durante la noche del miércoles para llamar a Mariano Rosado, suplente de Sánchez Altamirano, a ocupar la presidencia municipal.

Sin embargo, Rosado también cuenta con orden de aprehensión y su vivienda fue cateada durante el mismo operativo policiaco, tras lo cual se dio a la fuga.

Ante ese escenario, la siguiente opción para el cabildo es convocar al síndico municipal. Si este rechaza ocupar la vacante, la determinación quedaría en manos del Congreso del Estado de Oaxaca.

El operativo que derivó en la captura de Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, grupo de élite presentado el pasado 21 de septiembre e integrado por 100 policías especializados. Ambos detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, vinculados a la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

De manera extraoficial, se ha dicho que dichas detenciones estarían relacionadas con un caso de extorsión y atentado a la casa de la diseñadora Elvis Guerra, quien hace apenas unos días vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum en los festejos del 15 de septiembre.

En entrevista con Milenio Televisión, el gobernador Salomón Jara dijo que la denuncia de la artesana muxe fue “el vaso que derramó el agua” para destapar el esquema de extorsión que operaba en Juchitán, aunque las autoridades federales no han confirmado que la orden de aprehensión contra el alcalde derive específicamente de ese ataque.

Un juez de Control vinculó a proceso este 23 de septiembre a Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Bajío michoacano, junto con Daniel “N”, Luis Fernando “N” y Gladis Yareli “N”, señalados como presuntos colaboradores. El juzgador calificó de legal la detención de los cuatro imputados y les impuso prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó en un comunicado que el juez estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria por delitos que incluyen portación de arma de fuego, receptación y delitos contra la salud, sin precisar la duración de dicho plazo. La dependencia estatal sostuvo que las líneas de investigación en torno a los cuatro imputados continúan abiertas mediante distintos actos de investigación.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura el 15 de septiembre, no el 17

Los reportes oficiales difundidos por la FGE luego de la vinculación a proceso señalaron el 17 de septiembre como fecha de la detención de “El Señor de la T”. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentó que la captura ocurrió el martes 15 de septiembre de 2026, a las 4:25 de la tarde en la capital del estado.

De acuerdo con el registro consultado este 23 de septiembre por Infobae México, la detención se llevó a cabo en la colonia Juan Pablo II, también identificada como colonia Altozano. La autoridad que ejecutó la aprehensión fue la Policía Estatal, y el detenido quedó descrito como una persona de complexión media, tez morena clara, con calvicie, que vestía una playera tipo polo azul, pantalón de mezclilla azul y tenis azul con blanco.

El RND precisó que Rendón Aguilar quedó a disposición del Centro Penitenciario de Alto Impacto Número 1 de Michoacán, con estatus de imputado. La discrepancia entre la fecha oficial difundida en los comunicados de seguridad y el registro nacional no fue explicada por las autoridades estatales ni federales. El documento oficial tampoco detalló el alias del detenido, en un campo marcado como “sin dato”.

La vinculación a proceso incluyó prisión preventiva justificada y oficiosa

Durante la audiencia, el juez impuso prisión preventiva justificada para los delitos del fuero común y prisión preventiva oficiosa para los correspondientes al fuero federal. Los cuatro imputados enfrentaron cargos que abarcaron portación de cartuchos y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de los delitos contra la salud y receptación ya mencionados.

La FGE indicó que la operación que derivó en la captura de Rendón Aguilar se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El detenido contaba, además, con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó a Rendón Aguilar, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del CJNG. La FGE reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes resulten probables responsables de hechos delictivos en la entidad, bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Fuentes de seguridad vincularon al Señor de la T con el “Tío Lako”

Según datos obtenidos por Infobae México a través de fuentes de seguridad, “El Señor de la T” mantenía una relación operativa con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado también como líder regional del CJNG en Michoacán. Las mismas fuentes señalaron que el detenido operaba en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

De acuerdo con esta información, a Rendón Aguilar se le relaciona con el homicidio del síndico municipal de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025, así como con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que ambos casos figuran entre los más graves atribuidos a su célula, además de una parte importante de las desapariciones documentadas en esa región.

El seguimiento a la captura dejó 18 detenidos, entre ellos un director de Seguridad Pública municipal

Como parte del seguimiento a la captura de El Señor de la T, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en Angamacutiro y Puruándiro que dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles. Entre los arrestados figuraron cuatro policías municipales, incluido el director de Seguridad Pública de Angamacutiro, identificado como Timoteo “N”.

Durante las intervenciones se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal. La Guardia Civil de Michoacán informó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía estatal, la Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

Un civil que portaba la insignia de la corporación policial sin formar parte de ella también fue localizado durante el operativo, según reportó la Guardia Civil de Michoacán. Las autoridades señalaron que ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba “El Señor de la T”, en lo que representa un presunto vínculo entre la célula del CJNG y la corporación municipal de Angamacutiro.

Reyna Alonso Carrasco, esposa de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena conocido en la región como “Quetu”, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que investigara a “los verdaderos criminales” responsables de la violencia en el municipio, tras la detención de su esposo este 23 de septiembre.

La petición ocurrió durante una conferencia de prensa realizada por la familia del edil después del operativo. En ese momento, Alonso dijo desconocer el paradero de su esposo, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó después que había sido trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante un juez. Versiones preliminares indican que sería recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Sánchez Altamirano fue detenido junto con Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, en el marco del Operativo Enjambre, con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGEO. Las autoridades lo señalaron por su presunto vínculo con la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

La esposa del edil pidió a Sheinbaum investigar a los responsables “reales” de la violencia

Durante la conferencia, Reyna Alonso reconoció que hubo omisiones desde el propio gobierno municipal para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales contra la extorsión en Juchitán. Dijo que la detención de su esposo la llevó a levantar la voz por su familia y por Juchitán, algo que, según ella, “quizá en su momento Miguel no se atrevió a hacer”.

Un reportero le preguntó por qué, ante episodios de violencia ocurridos desde hace más de un año en Juchitán, el cabildo nunca exigió públicamente la intervención del gobernador, y si esa omisión respondía a una intención de preservar la relación institucional con el gobierno estatal.

Alonso respondió: “Quizá ese es el detonante que estamos viviendo esta situación, por no levantar la voz a tiempo, por no exigirle al gobierno estatal y al gobierno federal que se hicieran presentes en Juchitán, que se hicieran presentes para acabar con toda esta situación de extorsión, cobro de piso, todo esto que se está viviendo en Juchitán. Quizá eso fue el problema, no levantar la voz a tiempo”.

Fue en ese contexto que la esposa de “Quetu” y directora del DIF municipal dirigió su petición directa a Sheinbaum. “A la presidenta le pido que se hagan las investigaciones correspondientes, que se aclare esta situación y que busque a los verdaderos criminales, a los responsables de esta situación en Juchitán, que los investiguen”, declaró.

Además, insistió en que las autoridades federales ya cuentan con la información necesaria para actuar: “Creo que ya saben quiénes son y no han podido hacer nada en tanto tiempo”.

Un reportero le preguntó directamente a quién creía que estaban encubriendo al relacionar a su esposo con “Los Cromos”. Alonso evitó pronunciarse sobre el señalamiento oficial contra su esposo. “No lo sé, porque esa información que circula en redes no es certera. Es cada quien da su opinión y dice lo que piensa”, respondió.

Cuando el reportero precisó que el señalamiento provenía de un comunicado oficial de la fiscalía y no de redes sociales, Alonso insistió: “No lo he leído, no lo he revisado. Estoy tratando de no guiarme de la información que hay en redes, estoy tratando de guiarme con mi realidad, porque las redes en este momento es una explosión y no quiero saber de eso”.

Las autoridades lo acusaron de encubrir y fomentar actividades delictivas

De acuerdo con el comunicado de la FGEO, “Quetu” “participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec” debido a su relación con la célula criminal. La fiscalía precisó que ambos detenidos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el alcalde controlaba el cobro de piso a comerciantes y cadenas comerciales, compraba armas y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas y congeló recursos de personas relacionadas con la investigación.

Tras su captura en Ciudad Ixtepec, el edil fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Primeros reportes indican que Sánchez Altamirano habría sido llevado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado de máxima seguridad, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

“Los Cromos” opera principalmente en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y tráfico de personas en la región del Istmo, de acuerdo con información oficial.

Reyna Alonso pidió protección para su familia

En la misma conferencia de prensa, Reyna Alonso pidió al gobernador Salomón Jara Cruz que la ayudara ante lo ocurrido. “No nos deje solos. Conoce a Miguel y a la gente que conoce a Miguel. Saben de su persona, saben de su integridad”, declaró al inicio de la conferencia. Al cierre, reiteró la petición: “Yo le pedí al señor gobernador protección para mí y para mi familia”.

Dijo no contar con ningún número de contacto del gobierno estatal ni haber recibido llamada alguna desde la detención. “Yo no tengo un número telefónico de alguien, del gobernador, de su secretario... no tengo. Esperaba que alguien me llamara y me dijera: ‘Te marco de parte del gobierno del estado y así está la situación’, pero hasta este momento, nada”, explicó.

Añadió que su abogado se encuentra en la misma situación de desconocimiento sobre el paradero del edil y que aún no sabe hacia dónde dirigirse. Sobre una posible movilización política de la estructura de su esposo, dijo no tener información y afirmó que la familia optó por “mantenernos en calma” para no alterar el orden en Juchitán.

La madre del edil denunció “brutalidad” en el operativo de detención

Higinia Altamirano, madre de “Quetu”, denunció ante los medios reunidos que la detención de su hijo se realizó sin previo aviso y “con tanta brutalidad”. “Namás se lo llevaron como cualquier persona que quedara en las calles”, dijo entre llanto durante la conferencia.

Además, la madre del presunto operador de “Los Cromos” exigió al gobernador Salomón Jara una explicación directa sobre lo ocurrido. “Exijo al gobernador Salomón Jara Cruz que me dé una explicación de los atropellos que se hicieron con mi hijo, porque mi hijo no es cualquier persona, es una figura pública al cual también se le debe respeto”, declaró.

En sus redes sociales, antes de la conferencia de la familia de “Quetu”, Jara Cruz se pronunció sobre la detención del alcalde. “En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió el gobernador, quien reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Sheinbaum y por Omar García Harfuch.

El gobernador sostuvo que Juchitán se mantenía en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad pese al operativo. Afirmó que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley estaban por encima de cualquier interés, y advirtió que no habría impunidad ni excepciones para quien se apartara del estado de derecho. Cerró su mensaje asegurando que su gobierno predicaría con el ejemplo.

La hermana del alcalde acusó abandono del gobierno estatal

Amable Altamirano, hermana del edil, quien se presentó como “Amable Quetu”, acusó al gobierno estatal de buscar un responsable político para la crisis de seguridad en la región. Explicó que hubo problemas que “no competían meramente a una sola autoridad” y que requerían acompañamiento de los tres niveles de gobierno, algo que el gobernador “sabe perfectamente bien”. “Hoy sí vinieron a buscar un culpable a Juchitán, cuando perfectamente saben y conocen lo que está pasando”, afirmó ante los reporteros.

La hermana del edil dijo que su hermano llegaba “angustiado” cada noche a contarles lo que ocurría en el municipio, y que la familia fue testigo directo de esas conversaciones.

Amable Altamirano cerró su intervención afirmando que la familia acompañará al edil detenido “hasta el último momento” en el proceso legal que enfrenta. “Vamos a caminar con Miguel este proceso que le tocó vivir y vamos a caminar con él con la frente en alto, porque sabemos que Miguel es un hombre íntegro”, declaró.

Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.

FGEO vincula al alcalde con “Los Cromos”

La reacción del gobernador ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmara el operativo mediante el cual fue detenido el presidente municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal participaron en el despliegue realizado este 23 de septiembre.

La dependencia identificó al edil mediante las iniciales M.S.A. y el alias “Quetu”, y señaló que los trabajos de inteligencia establecieron un probable vínculo con la célula denominada “Los Cromos”.

Según la FGEO, el alcalde habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, debido a sus presuntos nexos con dicha organización.

La Fiscalía precisó que la detención se realizó para cumplir una orden de aprehensión por la presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

Durante el mismo operativo también fue detenido C.A.P.L., alias “La Parka”, cuya situación jurídica deberá determinarse conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía sostuvo que “Los Cromos” funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca y que la célula estaría relacionada con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

Tras su captura, “Quetu” fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a Ciudad Ixtepec, donde abordó una aeronave oficial con destino a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca, según la información difundida por la FGEO.

De acuerdo con datos proporcionados por fuentes consultadas por Infobae México, las investigaciones apuntan a que Miguel Sánchez Altamirano habría utilizado parte de la infraestructura del municipio de Juchitán para favorecer las actividades de “Los Cromos”.

Las fuentes señalan que el edil presuntamente habría facilitado información de las cámaras del sistema C2 y alertado sobre la presencia de corporaciones estatales y federales.

También, según estas fuentes, habría participado en esquemas relacionados con el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y comerciantes, además de que se habría identificado la presunta compra de armas destinadas al grupo criminal.

Las mismas fuentes señalan una posible red de protección para el tráfico de migrantes, mediante casas de seguridad vinculadas con organizaciones criminales.

En el caso de Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, las fuentes consultadas por Infobae México lo ubican presuntamente dentro de una estructura relacionada con una red de mototaxis mediante la cual se controlarían actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios.

También lo señalan por el supuesto uso de estos vehículos para el traslado y extorsión de migrantes, así como por realizar actos de presión social para exigir la liberación de personas detenidas y presuntamente vinculadas con “Los Cromos”.

Estas acusaciones corresponden a líneas de investigación atribuidas a fuentes cercanas al caso y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. La FGEO, por ahora, ha confirmado oficialmente la detención del alcalde y la existencia de la orden de aprehensión por los delitos señalados.

La detención ocurre mientras continúan los operativos de seguridad en el Istmo de Tehuantepec contra estructuras criminales que, de acuerdo con las autoridades, mantienen presencia en la región.

De acuerdo con información compartida por fuentes a Infobae México, se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidad del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal del lugar, quien fue detenido este miércoles.

Los elementos policiacos, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, intentan detener el traslado del edil, montando un cerco en la carretera transismica, en espera de noticias o indicaciones ante la detención del presidente municipal.

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue llevado a la base área de Ciudad Ixtepec para su posible trasladado.

En una fotografía que circula en redes sociales, presuntamente del hecho, se ve a varias patrullas y a los policías municipales bloqueando el paso en la carretera.

Fuentes cercanas al caso señalaron a Infobae México que pese a estos bloqueos, el edil puede ser trasladado por medio de helicóptero.

Detienen a Miguel Sánchez Altamirano

Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles durante un operativo, en medio de las investigaciones que autoridades estatales y federales mantienen contra grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec.

La detención la habría llevado a cabo la denominada Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el pasado 21 de septiembre y está integrado por 100 policías especializados, 50 de la Fiscalía estatal, y 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para labores de inteligencia, investigación y operaciones contra homicidio, extorsión y estructuras delictivas.

La detención del edil se da luego de más de un año de operativos e investigaciones por la infiltración de grupos criminales en estructuras de seguridad de Juchitán.

Cabe destacar que en junio de 2025, como parte de la Operación Sable, autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el C2 de Juchitán. La Fiscalía informó entonces que investigaciones de inteligencia habían detectado a integrantes de la Policía Municipal y del centro de videovigilancia que eran utilizados para favorecer actividades delincuenciales.

Los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza, mientras la seguridad del municipio quedó temporalmente bajo responsabilidad de la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. El C2 también fue intervenido y pasó al control del C4 estatal.

Dicha investigación se dirigió contra integrantes de la corporación municipal y no significó, por sí misma, una acusación penal contra Sánchez Altamirano, sin embargo, a partir de esos operativos su nombre comenzó a aparecer de manera recurrente en publicaciones y mensajes que pretendían vincularlo con grupos criminales de la región.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió luego del asesinato de una pareja y su hija de seis años, ocurrido el 27 de marzo pasado en La Venta, agencia de Juchitán. El 8 de abril, la Fiscalía de Oaxaca detuvo a tres hombres por el multihomicidio y señaló que las investigaciones los relacionaban además con una red de extorsión y otros delitos.

Luego de las capturas circularon publicaciones que aseguraban que los detenidos habían mencionado presuntos vínculos y protección del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Moreno Pérez, según información difundida por el medio Quadratín Oaxaca.

Sánchez Altamirano rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que se trataba de una narrativa fabricada con intención política.

Harfuch confirma detención

Por medio de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, así como a Carlos Alberto N, alias La Parca.

Ambos, señaló Harfuch, cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que facilitaron la operación de grupos delictivos en la región.

Para afectar también su capacidad financiera, informó Harfuch, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

El titular de la SSPC agradeció al Gobierno de Oaxaca y al gobernador Salomón Jara por su colaboración y coordinación permanente. Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y detener a todos los involucrados. Harfuch dijo que, conforme se concreten nuevas detenciones, se informará.

Salomón Jara se pronuncia

Luego de que autoridades estatales y federales detuvieran este miércoles al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado durante la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Aquí predicaremos con el ejemplo”, concluyó el gobernador.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de seguridad federal en el marco del Operativo Enjambre.

Las investigaciones refieren que el edil está ligado a la célula delictiva de Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual está relacionada con extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Su captura se llevó a cabo junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, al contar con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con el grupo criminal.

Alcalde controlaba casas de seguridad para el tráfico de migrantes y daba acceso a cámaras a Los Cromos

Trabajos de inteligencia permitieron identificar que Miguel Sánchez, conocido como “Quetu”, participaba, fomentaba y encubría las actividades delictivas de la célula en el Istmo de Tehuantepec debido a la estrecha relación y nexos que mantenían.

Dentro de la infraestructura del municipio, el alcalde brindaba cobertura política y económica al grupo de Los Cromos al facilitar su acceso a las cámaras del C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Además, Sánchez Altamirano controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes con operaciones en el municipio.

Sus actividades delictivas también incluían la compra de armas para el grupo criminal, así como el control de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Luego buscó la reelección con respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM) y Fuerza por México, con quienes logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

En tanto, Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, estaba encargado del control del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, así como el traslado y extorsión de migrantes mediante el uso de mototaxis. Además, el sujeto llevaba a cabo acciones de presión social para la liberación de integrantes de Los Cromos detenidos.

Las autoridades informaron que las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección en la región.

Policías municipales y mototaxistas bloquean carreteras de Juchitán por la detención del alcalde

Luego de la detención del alcalde de Juchitán y de “La Parca”, se registraron bloqueos en diversos puntos carreteros del municipio que pretendían la liberación de Miguel Sánchez.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que se trataba de elementos de la Policía Municipal que bloquearon las entradas y salidas de Juchitán para evitar el traslado de Sánchez Altamirano, luego de que lo trasladaron a Ciudad Ixtepec para su posterior puesta a disposición.

Actualmente los bloqueos se mantienen activos, aunque no se conoce con certeza cuáles son las carreteras afectadas; sin embargo, se reporta que a los despliegues se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio oaxaqueño.

Autoridades apuntan a Los Cromos desde finales de 2025

Desde noviembre de 2025 se informó la implementación del Operativo Sable en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para disminuir la comisión de delitos, con especial foco en la principal célula criminal que mantiene este sitio como su zona de operaciones: Los Cromos.

En ese mes, fueron detenidos 53 integrantes de la célula criminal, por lo que se implementó el despliegue en la región, encabezado por la Secretaría de Marina, con el objetivo de frenar su expansión.

De acuerdo con un informe revelado por El Universal, el líder de la célula es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” y/o “Comandante Renco”, quien dirige a subalternos identificados como Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo; Yesenia Sánchez Santiago, hermana de Cromo; y José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”, entre otros.

Una de las últimas acciones en contra de este grupo criminal ocurrió en febrero de 2026, cuando elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, presunto jefe de plaza de Los Cromos.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que el sujeto estaba encargado de distribuir armamento, se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de autoridades federales en contra del grupo criminal.

Colectivos de búsqueda y autoridades de Baja California localizaron restos humanos en al menos 12 puntos de Ensenada entre junio y septiembre de 2026. Las diligencias ocurrieron en los sectores de El Roble y Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, con apoyo de oficiales federales, estatales y un equipo canino especializado.

Las jornadas se intensificaron después de que el colectivo Rastreadores del Silencio recibiera información sobre posibles fosas. Especialistas de la Comisión Estatal de Búsqueda participaron en la remoción de tierra y escombro para confirmar la existencia de material óseo fragmentado y cuerpos completos.

El hallazgo se produce en una ciudad donde distintas organizaciones criminales disputan el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos, según reportó Infobae. Esa disputa, documentada por autoridades estatales, atraviesa buena parte del contexto en el que los colectivos realizan sus recorridos.

El Roble y Rancho Santa Anita concentran los hallazgos en Ensenada

El fraccionamiento El Roble, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera a Ojos Negros, acumuló siete hallazgos entre julio y agosto de 2026. Se trata de un área suburbana donde ya existían antecedentes de restos humanos localizados en años anteriores, según documentó Zeta.

El Rancho Santa Anita, en la delegación El Sauzal, sumó cinco hallazgos adicionales durante el mismo periodo. El sitio se ubica cerca del fraccionamiento Cibolas del Mar y de la caseta de cobro de San Miguel, dos referencias que los colectivos usan para delimitar la zona de búsqueda.

Los integrantes de los colectivos trabajaron sobre caminos vecinales y cerros con apoyo de oficiales federales y estatales. El equipo K9 participó en la localización de los puntos exactos donde después se realizaron las excavaciones.

En el camino vecinal entre las calles Isla Azteca e Isla Ángel de la Guarda, dentro de El Roble, los buscadores hallaron una excavación de aproximadamente 60 centímetros de profundidad. Ahí recuperaron dos osamentas fragmentadas, una con características preliminares masculinas y otra aparentemente femenina.

Junto a las osamentas, los colectivos encontraron cinchos y abrazaderas de plástico de colores negro y blanco. Ese hallazgo llevó a suponer que los cuerpos habían sido sometidos con esos materiales antes de su disposición final.

La cronología de los restos localizados entre junio y septiembre de 2026

El primer hallazgo relevante del periodo ocurrió el 20 de julio, cuando integrantes de los colectivos se movilizaron hacia El Roble tras un reporte. Ese día localizaron restos humanos esparcidos que, según las diligencias, corresponden a una sola persona.

El 7 y el 11 de agosto, los buscadores hallaron dos cuerpos en estado de descomposición cerca de un basurero contiguo a un rancho turístico. Los reportes de las diligencias señalan que en ese punto se recuperó material óseo con indicios de tres cadáveres distintos.

En Rancho Santa Anita, el 28 de junio, los colectivos localizaron restos humanos enterrados durante una jornada de búsqueda. Veinte metros más adelante encontraron otros restos semienterrados, en un hallazgo que las diligencias atribuyeron a dos personas.

El 14 de agosto, nuevamente en el camino vecinal de Rancho Santa Anita, los buscadores localizaron restos a una profundidad aproximada de medio metro. Otro punto del mismo sector arrojó restos a una profundidad similar, de hasta 60 centímetros, según los reportes oficiales.

El hallazgo más reciente ocurrió el 7 de septiembre en El Sauzal, durante una jornada con tres puntos identificados previamente por los colectivos. Los buscadores habían señalado esos sitios por la alta probabilidad de que contuvieran más cadáveres.

Karina Méndez, líder del colectivo Rastreadores del Silencio, pidió centrar la atención en las cifras de personas desaparecidas en Ensenada, según declaró a Zeta. “Estamos hablando de personas que tienen una familia detrás, de madres que esperan a sus hijos, de esposas, hijos, hermanos y hermanas que todos los días se levantan con la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido”, mencionó la activista.

Méndez cuestionó ante el medio por qué son las familias y no las autoridades quienes salen al campo a buscar. “Nosotras no somos investigadoras, no somos peritos, no somos policías. Somos madres, hermanas y familiares buscando a quienes amamos”, indicó.

La líder del colectivo amplió ante la publicación que gran parte del trabajo termina recayendo sobre las madres buscadoras. “Somos nosotras quienes recibimos información anónima, quienes caminamos entre cerros, removemos tierra, soportamos el sol, el cansancio y el miedo”, reiteró.

Rastreadores del Silencio pidió acompañamiento, atención y mayor compromiso de las autoridades de Baja California. “No queremos hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Queremos que las autoridades hagan su trabajo y que nosotras podamos ser acompañadas, escuchadas y protegidas mientras buscamos”, comentó Méndez a Zeta.

La activista aclaró que el colectivo no busca culpables sino traer de vuelta a sus desaparecidos. “En Rastreadores del Silencio tenemos algo muy claro, no buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos y queremos traerlos a casa”, afirmó.

El Cártel de Sinaloa y Los Rusos disputan el control de Ensenada

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, identificó a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, como la organización con mayor control en Ensenada. El funcionario declaró a Infobae que ese grupo mantiene la plaza pese a la presión de otras células criminales.

Carrillo Rodríguez señaló que el grupo conocido como Los Rusos intenta ingresar por el Valle de la Trinidad como ruta estratégica hacia el norte del estado. El funcionario vinculó ese intento con cuatro homicidios registrados semanas antes en la zona, de acuerdo con su declaración al medio.

El funcionario añadió que en Ensenada también se disputan territorio una fracción de Los Mayos y otra de Los Chapitos. Esa disputa responde al valor de la ruta por donde circula cocaína proveniente de Baja California Sur, transportada por ferri y lancha hacia el norte del estado.

El Cártel Arellano Félix, también conocido como Cártel de Tijuana, mantiene presencia documentada en Ensenada según el análisis publicado por Infobae con base en un perfil de InSight Crime. Esa organización cobra piso a otros grupos que trasladan droga por su zona de influencia en Baja California.

Baja California figura entre las entidades con mayor número de multihomicidios del país, con Tijuana y Ensenada como los municipios que concentran la mayoría de esos casos, según un reporte de Infobae. La disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células regionales explica parte de esa violencia.

Los liderazgos criminales en Baja California permanecen en un proceso de definición, de acuerdo con las autoridades estatales citadas por Infobae. Las alianzas entre células delictivas continúan modificándose en distintos puntos de la frontera norte, un factor que las autoridades vinculan con la aparición de nuevos puntos de disposición de cuerpos como los detectados en Ensenada.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Miguel Sánchez fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región.

Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Los Cromo del CJNG, la célula en la que estaría involucrado el edil

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones refieren que desde el gobierno municipal brinda cobertura política y económica al grupo criminal, facilitándoles las cámaras de C2 y alertándolos de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Además, el alcalde se encargaba de controlar el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, así como a pequeños y medianos comerciantes establecidos en el municipio.

Sus actividades delictivas para la organización criminal no terminan ahí, ya que las indagatorias de las autoridades también permitieron identificar que Sánchez Altamirano compraba armas y controlaba casas de seguridad de Los Cromo para el tráfico de migrantes.

Por su parte, “La Parca” es señalado por controlar el narcomenudeo, extorsión, homicidios, traslado y extorsión de migrantes a través de una red de mototaxis.

Fuentes federales consultadas por Infobae México detallaron en el estado se mantiene un despliegue para localizar y arrestar a otras personas que tienen como objetivos.

Dicho despliegue fue confirmado por el titular de la SSPC, quien refirió que las acciones operativas continúan para desarticular “por completo” a la estructura criminal a la que pertenecería el alcalde y detener a todas las personas involucradas.

Policías municipales bloquean accesos y salidas para evitar traslado del alcalde

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refirieron que un grupo de policías municipales de Juchitán de Zaragoza se encuentran bloqueando tanto los accesos carreteros como las salidas del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez a un penal federal.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de uniformados que se mantienen desplegados en las carreteras, pero se tienen datos de que los bloqueos permanecen activos, aunque extraoficialmente se dice que no serían un impedimento para la puesta a disposición del alcalde.

Inseguridad en Juchitán provocó la implementación de un plan para recuperar la paz, pero la violencia continúa

En el mes de abril pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” con el objetivo de recuperar los espacios públicos y “fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno”.

Dicho plan contempló un trabajo interinstitucional con fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad en la región mediante la implementación de senderos seguros, la instalación de botones de auxilio y cámaras de videovigilancia.

Además, implementó el “Plan Juchitán por la paz, la justicia y el bienestar” que contempló la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al identificar al municipio como uno de los prioritarios para el estado.

Sin embargo, las actividades delictivas continúan en el municipio. Uno de los hechos más recientes fue el ataque armado contra la casa de Elvis Guerra, la artesana muxe que diseñó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Grito de Independencia.

La diseñadora reveló que había recibido amenazas de manera previa, las cuales aumentaron en el mes de agosto con la exigencia de un pago de 200 mil pesos.

Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido la madrugada del miércoles por Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto luego de salir de un evento cultural en la Escuela Secundaria General Símbolos Patrios.

A raíz de su detención, el edil enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de estar vinculado con el grupo crimina “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca, dedicado al cobro de piso, el narcomenudeo y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec.

A continuación el perfil del caso.

Miguel Sánchez Altamirano es licenciado en Derecho por la UABJO

Miguel Sánchez Altamirano estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su acercamiento a la política juchiteca inició en la infancia, cuando acompañaba a su padre, del mismo nombre, en marchas de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo.

El político es conocido popularmente como Quetu, apodo con el que se le identifica en Juchitán y con el cual destacó como presidente municipal constitucional de una de las demarcaciones más relevantes del Istmo por su peso político, comercial y estratégico.

Sánchez Altamirano gobernó el municipio en un primer periodo entre 2022 y 2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena y logró un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

El edil tomó protesta para su segundo periodo en enero de 2025. En ese acto afirmó que su gobierno impulsaría la continuidad de los proyectos iniciados, según consignó el portal entidadoaxaca.mx.

Durante su primera gestión, Sánchez Altamirano aseguró haber concretado más de 300 obras públicas en el municipio y sus agencias. El funcionario prometió entonces mantener un gobierno de puertas abiertas y continuar el trabajo en materia de seguridad.

El alcalde participó en junio de este año en la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, estrategia impulsada por el Gobierno de Oaxaca. La iniciativa buscaba atender la problemática de inseguridad que afecta al municipio.

En agosto de 2025, Sánchez Altamirano fue denunciado penalmente tras un incidente en un restaurante de Juchitán, luego de amenazar a un ciudadano durante ese episodio.

Semar y FGR detienen al alcalde en Ciudad Ixtepec

La captura se ejecutó en el municipio vecino de Ciudad Ixtepec, según precisó Milenio. El operativo combinó a efectivos de la Semar con agentes de corporaciones federales y de la policía estatal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Sánchez Altamirano fue arrestado junto con Carlos Alberto “N”, alias La Parca. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por los mismos delitos, según reportó Infobae.

Las investigaciones señalan al alcalde por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región. El funcionario también es investigado por su presunta relación con homicidios registrados en el Istmo.

Para afectar la capacidad financiera del grupo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas ligadas a la investigación. García Harfuch precisó que las acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal.

Fuentes federales y estatales consultadas por Infobae detallaron que el edil se encuentra en traslado hacia un penal federal. El despliegue busca además localizar y detener a otras personas señaladas en la misma carpeta de investigación.

La detención estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el 21 de septiembre. La unidad está integrada por 100 policías especializados, 50 elementos de la Fiscalía estatal y 50 de la SSPC.

Tras el arresto, policías municipales de Juchitán de Zaragoza bloquearon las entradas y salidas del municipio. Los uniformados, al mando de David Vázquez Gualberto, director de la corporación, montaron un cerco en la carretera transístmica en espera de instrucciones.

Sánchez Altamirano fue trasladado a la base aérea de Ciudad Ixtepec para su posible traslado posterior. Fuentes cercanas al caso indicaron a Infobae que, pese a los bloqueos carreteros, el edil podría ser trasladado por vía aérea.

Operación Sable intervino la policía municipal en junio de 2025

La detención se produjo luego de más de un año de operativos e investigaciones por la infiltración de grupos criminales en las estructuras de seguridad de Juchitán. En junio de 2025, autoridades estatales y federales ejecutaron la Operación Sable en el municipio.

Ese operativo intervino la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el centro de videovigilancia C2 de Juchitán. La Fiscalía informó en ese momento que la inteligencia había detectado a integrantes de la policía y del centro de monitoreo utilizados para favorecer actividades delictivas.

Los 218 policías municipales de Juchitán fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control y confianza. Mientras se realizaban esas pruebas, la seguridad del municipio quedó bajo responsabilidad temporal de la Policía Estatal.

El operativo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. El centro de videovigilancia C2 pasó entonces al control del C4 estatal.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente todos los delitos específicos que motivaron la orden de aprehensión contra el alcalde. Las autoridades mantienen el operativo activo en la región del Istmo de Tehuantepec para completar las capturas pendientes.

México registró más de 450 multihomicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, según un conteo del semanario ZETA que documentó los hechos en 12 estados del país. Los ataques masivos derivaron de disputas territoriales entre estructuras del crimen organizado y de confrontaciones directas contra autoridades de los tres niveles de gobierno.

El fenómeno se desarrolló durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un periodo en el que las autoridades federales anunciaron de manera constante la reducción de los delitos violentos en el territorio nacional. Los datos recopilados por el semanario evidenciaron una concentración de episodios mortales en regiones específicas donde operan cárteles y células delictivas.

Guanajuato, Sinaloa y Michoacán encabezan la lista de multihomicidios

Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco, el Estado de México, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Veracruz y Jalisco concentraron la mayor densidad de eventos violentos durante el periodo analizado. Campeche, Coahuila, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo, en contraste, registraron la menor cantidad de episodios multihomicidas en los 24 meses revisados.

La violencia en las zonas de mayor incidencia se originó en disputas territoriales entre organizaciones armadas por el control de corredores de transporte, plazas de distribución de estupefacientes y la extracción ilegal de recursos naturales. En Sinaloa, la fractura interna del Cártel de Sinaloa (CDS) enfrentó a la facción de Los Chapitos contra la de La Mayiza y detonó buena parte de los ataques masivos registrados en la entidad.

Las agresiones masivas registradas en el país respondieron principalmente a la disputa entre cárteles por el control de corredores de transporte, plazas de narcomenudeo y recursos naturales en 12 estados. El conflicto también incluyó enfrentamientos directos entre estas organizaciones y fuerzas de seguridad federales y estatales desplegadas en las zonas de mayor violencia.

En la región del Bajío, integrada principalmente por Guanajuato y zonas limítrofes de Querétaro, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) mantuvo una confrontación constante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el dominio de vialidades y expendios de bebidas. En Michoacán, el CJNG combatió contra células regionales agrupadas en Los Viagras y el Cártel de Los Reyes, y extendió sus ataques contra mandos y patrullas de las fuerzas de seguridad pública.

En Guerrero, las agrupaciones Los Tlacos y Los Ardillos protagonizaron choques violentos por el asedio a poblados rurales de la Montaña Alta. En Tabasco, células del CJNG se enfrentaron al grupo local La Barredora en zonas urbanas y establecimientos nocturnos de la entidad.

En la frontera sur de Chiapas, el Cártel de Sinaloa y el CJNG disputaron rutas de paso en municipios agrícolas y ejidales. En la Ciudad de México, la violencia homicida respondió a operaciones de La Unión Tepito y de bandas dedicadas a la extorsión y el narcomenudeo, mientras que en Veracruz, Tamaulipas y Sonora se reportaron incursiones violentas del Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

La masacre del 22 de febrero de 2026 tras el abatimiento de El Mencho fue la más letal

El episodio de mayor letalidad registrado en el periodo ocurrió el 22 de febrero de 2026 en los estados de Jalisco y Michoacán, tras el operativo de abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG. Las acciones armadas iniciaron en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a diversas zonas de ambas entidades.

El saldo total del hecho ascendió a 88 personas muertas, entre ellas 42 integrantes de fuerzas de seguridad y 46 miembros abatidos de la organización criminal, además de un civil ajeno a los hechos. Entre las víctimas de las corporaciones se contabilizaron 25 elementos de la Guardia Nacional, 15 policías de Michoacán, un agente de la Fiscalía de Jalisco y un custodio penitenciario.

En el poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, las autoridades desenterraron 14 cuerpos de una fosa clandestina el 5 de febrero de 2026. Entre los fallecidos identificaron a nueve de los 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., privados de la libertad en enero previo.

El 24 de junio de 2025, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, 12 personas murieron y 20 resultaron heridas por disparos de arma larga durante las festividades de la Natividad de San Juan Bautista. Las autoridades atribuyeron la agresión a la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG.

Cinco eventos violentos adicionales registraron un saldo individual de 11 personas fallecidas cada uno. El 12 de septiembre de 2024, en Huajicori, Nayarit, 11 jóvenes con indumentaria táctica murieron en un enfrentamiento entre el CJNG y La Mayiza, mientras que el 20 de septiembre siguiente, en Ojinaga, Chihuahua, 11 cuerpos con marcas de violencia física aparecieron cerca de instalaciones eléctricas.

El 7 de noviembre de 2024, en Chilpancingo, Guerrero, 11 integrantes de una familia, entre ellos cuatro menores de edad y dos mujeres, aparecieron sin vida dentro de una camioneta en el Bulevar Vicente Guerrero. El 8 de abril de 2025, en Tecoanapa, Guerrero, otras 11 personas perdieron la vida en un ataque armado que incluyó el incendio de vehículos.

El 25 de enero de 2026, en Salamanca, Guanajuato, 11 personas fallecieron y 12 resultaron heridas en una cancha de fútbol de la colonia Loma de Flores tras recibir más de 100 disparos. El hecho se sumó a la lista de agresiones con saldo de 11 víctimas registradas en el periodo.

Otros cinco episodios sumaron 10 víctimas mortales cada uno en distintas entidades del país. El 9 de noviembre de 2024, un ataque contra un presunto líder del CJNG en el bar Los Cantaritos, en la ciudad de Querétaro, dejó 10 personas muertas y 13 heridas.

En enero de 2025, un enfrentamiento entre cárteles en la sierra de Chicomuselo, Chiapas, provocó más de 10 fallecimientos, y el 17 de mayo de 2026, en Tehuitzingo, Puebla, 10 integrantes de una familia, incluida una bebé de un mes, fueron ejecutados en un rancho de la localidad de Texcalapa. El 18 de julio de 2026, 10 personas murieron suspendidas en puentes y sitios públicos de Pánuco, Morelos, y de Saín Alto, Zacatecas.

El 21 de julio de 2026, las autoridades localizaron de manera simultánea 10 cuerpos con signos de violencia, principalmente colgados, en diversos municipios de Zacatecas. El hallazgo cerró la lista de los episodios con mayor número de víctimas documentados por el semanario en el periodo de 24 meses.

Tijuana y Ensenada concentran los multihomicidios registrados en Baja California

En el estado de Baja California, los ataques mortales se concentraron en sectores urbanos y periurbanos de los municipios de Tijuana y Ensenada entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El primer hecho documentado en la entidad ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en Tijuana, cuando elementos policiales hallaron tres hombres sin vida en un paraje desértico junto al Bulevar 2000.

Las periciales determinaron que las víctimas recibieron impactos de arma de fuego en un contexto de disputas entre células locales por la venta al menudeo de drogas y el control de accesos hacia la frontera con Estados Unidos. Dos meses después, en noviembre de 2025, un grupo armado ingresó a una vivienda del fraccionamiento Playas de Tijuana y disparó contra los ocupantes, con un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas.

El 18 de marzo de 2026, en la delegación de Maneadero, del municipio de Ensenada, cuatro personas murieron a balazos en un terreno rústico cercano a dos planteles de educación básica. Las carpetas de investigación señalaron como posible causa un desacuerdo legal vinculado con la propiedad del terreno donde ocurrieron los hechos.

En abril de 2026, la violencia volvió a Tijuana dentro de una frutería de la colonia Castillo, donde tres personas murieron atacadas de forma directa con arma de fuego. Los informes de las corporaciones de seguridad atribuyeron el atentado a la rivalidad entre células armadas por el dominio de calles para el expendio de drogas.

El 17 de agosto de 2026, en las inmediaciones del Estadio Caliente, en Tijuana, aparecieron los cuerpos de cuatro personas ejecutadas a bordo de vehículos en un lapso de ocho horas. Un quinto cuerpo apareció al día siguiente dentro de otro automóvil, y el 20 de agosto un sexto hombre fue asesinado dentro de una camioneta en el mismo cuadrante.

Las líneas de investigación iniciales vincularon estos crímenes con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control de actividades ilícitas en la frontera. A escala nacional, el semanario documentó además la colocación de minas terrestres en caminos de Michoacán, el uso de explosivos lanzados con drones en Guerrero y la detonación de coches bomba contra corporaciones policiales.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales como la Fuerza Civil de Nuevo León para contener la violencia. La persistencia de ataques contra trabajadores agrícolas, mineros y comunidades indígenas evidenció, según la publicación, la insuficiencia de los esquemas locales de prevención frente al conflicto territorial.

Un juez de Jalisco vinculó a proceso a Pedro Simón “N” y Obed Adonaí “N”, señalados como presuntos reclutadores al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, luego de que presuntamente intentaran trasladar a un adolescente a Zacatecas para incorporarlo a actividades de la delincuencia organizada.

Los dos hombres fueron detenidos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, después de que autoridades recibieran una alerta sobre un adolescente que había sido citado en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, donde supuestamente acudiría para una entrevista de trabajo.

De acuerdo con la investigación, el joven había encontrado en TikTok una oferta laboral en la que supuestamente sería contratado como elemento de seguridad privada en Tlajomulco de Zúñiga, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, cuando acudió al punto acordado, los individuos que lo contactaron presuntamente le informaron que el trabajo consistía en incorporarse a actividades de la delincuencia organizada.

Ante su negativa, habría sido obligado a subir a un vehículo de alquiler con la intención de trasladarlo hacia Zacatecas. Durante el trayecto, el adolescente habría recibido amenazas de que sus familiares serían perjudicados si se resistía o rechazaba la propuesta.

Adolescente envió su ubicación y policías localizaron el vehículo

Mientras se encontraba dentro del vehículo, el adolescente logró enviar a su padre su ubicación en tiempo real. El familiar se encontraba cerca de la Central Camionera y, al conocer lo que estaba ocurriendo, solicitó inmediatamente apoyo a través de los números de emergencia.

La alerta fue difundida entre los elementos de seguridad que vigilaban la zona, quienes recibieron el reporte de que un adolescente habría sido reclutado de manera involuntaria y se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones del Módulo 1 de la terminal.

Agentes de la Comisaría de Tlaquepaque desplegaron entonces un operativo de búsqueda para localizar el automóvil.

El vehículo fue ubicado dentro del mismo circuito de la Central Camionera, frente al Módulo 6, donde los policías intervinieron y ordenaron el descenso de sus tripulantes.

El adolescente fue auxiliado y puesto a salvo, mientras que los dos hombres que se encontraban con él fueron detenidos.

Uno de los señalados, identificado como Pedro Simón “N”, tenía 27 años, mientras que Obed Adonaí “N”, de 25 años, fue detenido en el mismo operativo. De acuerdo con la información del caso, este último habría manifestado a los policías que sabía que tanto él como el adolescente serían trasladados para ser reclutados.

El vehículo de alquiler también fue asegurado y enviado al depósito vehicular correspondiente, como parte de las investigaciones para determinar si habría sido utilizado en otros casos de reclutamiento.

Dictan prisión preventiva y amplían investigación

Después de la detención, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La representación social integró la carpeta de investigación y posteriormente puso a los detenidos a disposición de un juez de control en el Complejo Carcelario de Puente Grande.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas.

Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que la Fiscalía de Jalisco obtuvo un plazo de seis meses para realizar las investigaciones complementarias.

El caso se suma a otros expedientes relacionados con el presunto reclutamiento de jóvenes en Jalisco. De acuerdo con investigaciones judiciales y recientes detenciones, Zacatecas aparece como uno de los destinos a los que habrían sido trasladados jóvenes reclutados, mientras que también se han documentado referencias a posibles campamentos en entidades como Michoacán y Nayarit.

Las autoridades han señalado que estos traslados buscarían evitar que los jóvenes permanezcan en el área metropolitana de Guadalajara y sean identificados en la zona donde fueron contactados.

Con el rescate de este adolescente, autoridades reportaron que suman 94 personas localizadas y resguardadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque mediante acciones de vigilancia y atención implementadas por corporaciones de seguridad.

La investigación continuará durante los próximos seis meses para determinar las circunstancias del caso y establecer si los dos detenidos estarían relacionados con otros posibles hechos de reclutamiento.

Localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo

Apenas el pasado martes se dio a conocer un hecho similar en el estado de Aguacalientes. Ahí, un operativo de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado terminó con la detención de un chofer que trasladaba a un grupo de jóvenes hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes aseguraron que viajaban por un supuesto trabajo con un sueldo de 15 mil pesos.

El hecho provocó alarma a las autoridades, tras identificar una actitud sospechosa del chofer de la unidad, perteneciente a la línea Futura y que no ofrecía un servicio común.

De acuerdo con las autoridades, los elementos de la policía estatal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un joven con actitud sospechosa afuera de una tienda Oxxo, por lo que los oficiales se detuvieron para prevenir un posible robo en el establecimiento.

Al cuestionarlo, el joven respondió que solo estaba esperando un camión y que se dirigía a Nuevo Laredo para trabajar. Minutos después llegó al lugar la unidad de Futura para recogerlo.

El chofer se bajó del autobús y le dijo al joven, con un tono de molestia, que subiera de inmediato a la unidad. Esa actitud despertó las sospechas de los oficiales, quienes decidieron interrogar al operador para conocer el servicio que ofrecía.

Al respecto, el conductor explicó que lo habían contratado para trasladar al joven a Nuevo Laredo, sin dar mayores detalles sobre quién lo había enviado. Los policías optaron entonces por hacer descender a todos los jóvenes que se encontraban dentro del camión para entrevistarlos de manera individual.

Las autoridades detallaron a Infobae México que entre los pasajeros bajados del autobús fueron ubicados cuatro jóvenes originarios de Pinos, Zacatecas, y a otros originarios de Aguascalientes. Todos tenían entre 20 y 25 años.

Al ser cuestionados sobre su destino, los jóvenes explicaron que iban a trabajar a Nuevo Laredo y que les pagarían 15 mil pesos, por lo que cada uno sabía la razón por la que era trasladado a bordo de esa unidad, así como el objetivo que era trabajar.

Ninguno mostraba signos de haber sido coaccionado para emprender el viaje. Ninguno iba amenazado, asustado y todos se encontraban tranquilos, por lo que no advirtieron la comisión de un posible delito.

El chofer, por su parte, fue detenido únicamente por las agresiones que cometió en contra de los oficiales durante el operativo, no por su participación en el traslado de los jóvenes hacia la frontera, ya que no había delito qué perseguir debido a que ninguno contaba con ficha de desaparición.

El medio JLM Noticias reportó que los policías estatales revisaron mensajes en el teléfono del chófer, quien los enviaba de manera previa a su detención, y descubrieron una conversación con un presunto reclutador del Cártel del Noreste. El medio también afirmó que tres de los jóvenes confesaron haber sido contratados por esa organización criminal.

Sin embargo, la SSP negó a esta casa editorial que los jóvenes hubieran mencionado haber sido reclutados por el Cártel del Noreste, sino que ellos solo refirieron que les habían ofrecido un trabajo en Nuevo Laredo y por eso iban en el camión.

La corporación explicó que no existía ningún indicio de que los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo criminal ni reporte alguno que respaldara esa hipótesis, por lo que se procedió solo con su resguardo.

Los cuatro jóvenes de Pinos, Zacatecas, regresaron a su lugar de origen tras el operativo, así como los originarios de Aguascalientes que fueron trasladados a su domicilio.

Nueve cuerpos de presuntos migrantes aparecieron en Rancho La Uva, municipio de Tecate, entre el 5 y el 10 de septiembre de 2026. Colectivos de búsqueda los localizaron tras recibir un aviso anónimo, y las autoridades atribuyen los hallazgos al control que ejercen los cárteles sobre las rutas de cruce fronterizo, según reportó Zeta.

El primer hallazgo ocurrió el sábado 5 de septiembre, cuando los buscadores recuperaron cuatro cuerpos. El segundo se produjo el jueves 10 de septiembre, día en que localizaron cinco cadáveres adicionales sobre el mismo camino que conduce a la línea fronteriza.

Colectivos de Tecate hallan nueve cuerpos sin apoyo de la Fiscalía

Los colectivos Madres Hasta Encontrarte y Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, ambos de Tecate, encabezaron la búsqueda. Se sumaron el Colectivo de Búsqueda de Baja California, Buscando a Tolano y Armadillos Tijuana, en lo que definieron como una mega jornada.

Ningún denunciante confió en las autoridades para reportar los cuerpos. En su lugar, contactaron de forma anónima al colectivo Madres Hasta Encontrarte y enviaron coordenadas y fotografías como evidencia.

Mónica Madrigal, presidenta y fundadora de ese colectivo, solicitó apoyo a las demás agrupaciones tras recibir el aviso. La primera jornada, el 5 de septiembre, se extendió por más de cinco horas bajo temperaturas extremas en un terreno serrano de difícil acceso.

Los buscadores encontraron cuerpos en dos condiciones distintas. Algunos aún vestidos indicaban una muerte reciente, mientras otros presentaban huesos carcomidos por animales de rapiña.

La jornada del 10 de septiembre resultó todavía más extenuante. Los participantes caminaron mayores distancias bajo una temperatura de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit).

Integrantes de los colectivos y agentes de la Guardia Nacional que los acompañaron sufrieron golpes de calor. Varios terminaron deshidratados, mareados y desorientados, y abandonaron temporalmente la búsqueda.

Bomberos y paramédicos atendieron a los afectados a kilómetros del punto de búsqueda. El difícil acceso a la zona impidió que los servicios de emergencia llegaran hasta el lugar de los hallazgos.

Los buscadores más resistentes continuaron y localizaron los cinco cuerpos restantes. La Guardia Nacional reportó el hallazgo por radiofrecuencia policiaca, según documentó Zeta.

La Fiscalía General del Estado recibió el reporte pero decidió no acudir a la escena. En su lugar, pidió a los buscadores y a la Guardia Nacional que trasladaran los restos hasta el acceso principal para su registro.

Sin equipo ni capacitación forense, los familiares de desaparecidos trasladaron los cadáveres en mantas. El traslado por terreno escarpado tomó más de tres horas hasta llegar al punto donde esperaban las autoridades.

Los cuerpos y restos óseos fueron enviados al Semefo de Tijuana. Ahí, peritos intentarán identificarlos mediante pruebas genéticas para localizar a sus familias.

“Va a ser difícil, sí, porque algunos de ellos ya no traían ninguna pertenencia, o estaban incompletos”, dijo uno de los buscadores al diario. El mismo buscador expresó su confianza en que los cuerpos regresen algún día con sus familias.

Elementos de la fiscalía consultados por la publicación señalaron que las pruebas periciales determinarán la causa de muerte. Uno de ellos explicó que algunas víctimas no presentaban huellas visibles de violencia y que pudieron morir de deshidratación tras ser abandonadas por sus guías.

Al menos dos de los cuerpos mostraban características que apuntan a heridas de arma de fuego. “Hay ocasiones que por falta de dinero no logran concretar un acuerdo con los traficantes, y se adentran a intentarlo solos”, dijo un investigador estatal al medio, y agregó que quienes controlan los caminos asesinan a los migrantes que no pagan la cuota.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan el corredor migrante de Tecate

Tecate conecta por vía terrestre a Mexicali con Tijuana, condición que convierte al municipio en corredor estratégico para el narcotráfico. Los grupos criminales trafican droga, personas, dinero en efectivo y armas por esa misma ruta, de acuerdo con la investigación de Zeta.

Personal de inteligencia de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California confirmó la presencia de células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco en el tráfico de personas por el corredor. Los antiguos “polleros” de la zona se integraron a esas estructuras o fueron desplazados.

Los migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica y del sur de México, pagan entre USD 20.000 y USD 40.000 a los traficantes por el traslado desde Tecate hasta una ciudad específica en Estados Unidos. Un agente estatal detalló al diario que, ante el asedio de las patrullas fronterizas, los guías abandonan a los migrantes sin agua ni orientación.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó en 2021 que entre 600 y 800 personas mueren cada año al intentar cruzar la frontera por Baja California. Activistas locales consideran que la cifra real es mayor, porque decenas de cuerpos nunca son recuperados del desierto, los cerros o los ríos, según la publicación.

¿Por qué mueren migrantes en Tecate? El área montañosa y desértica del municipio es usada de forma sistemática por el crimen organizado para el cruce clandestino: los traficantes cobran miles de dólares y prometen un paso seguro, pero abandonan a quienes no resisten el trayecto o no completan el pago, sin agua ni orientación en terreno hostil.

Fosas clandestinas se acumulan en Tecate desde 2025

En junio de 2026, un mensaje anónimo guio a los buscadores hacia dos fosas en la zona residencial Del Bosque. Ahí recuperaron los cuerpos de tres adolescentes de 15 y 16 años, desaparecidos en abril e identificados posteriormente por sus familiares.

En marzo de 2026, el colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos localizó una fosa en las faldas del Cerro del Cuchumá. Un mes más tarde se confirmó que las dos osamentas correspondían a dos jóvenes de Durango, desaparecidos el 26 de diciembre de 2025 en la carretera Tijuana-Tecate mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

El 28 de abril de 2025, en un paraje de La Rumorosa, apareció el cuerpo de Elena Ríos, desaparecida catorce días antes. En mayo de ese año, buscadores hallaron seis cuerpos en una fosa del mismo poblado y dos cadáveres más en una fosa contigua.

Una de las víctimas de mayo de 2025 fue identificada como José Luis Ríos Solís, de 47 años, propietario del rancho Four Season en Tecate y creador del canal Explorando la Rumorosa. Un grupo armado lo había privado de su libertad días antes de que apareciera su cuerpo.

En enero de 2026, cerca del panteón de La Rumorosa, los colectivos desenterraron cuatro cuerpos masculinos en avanzado estado de descomposición. Los cuatro contaban con reporte de desaparición previo, según documentó Zeta.

Mónica Madrigal no descartó regresar a la zona para una nueva jornada de rastreo. La complejidad del terreno reduce el tiempo disponible para cada búsqueda, explicó la fundadora del colectivo al medio.

La propia Madrigal reportó la desaparición de su hijo David en julio de 2019 y localizó su cuerpo casi seis años después en una fosa común resguardada por el gobierno. Su búsqueda continúa porque otro de sus hijos, Francisco Javier, desapareció en mayo de 2026 en medio de la violencia que persiste en Tecate.

Los cárteles de la droga en México están incrementando el uso de drones para vigilancia, contrabando y ataques, mientras buscan aprovechar la experiencia adquirida por combatientes latinoamericanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post.

El diario estadounidense consultó a cinco funcionarios de Estados Unidos y uno de México, quienes describieron bajo condición de anonimato una evaluación interna del gobierno estadounidense sobre la evolución de esta amenaza.

Según los funcionarios, una de las principales preocupaciones es que personas con experiencia reciente en el campo de batalla ucraniano estén regresando a América Latina con conocimientos sobre pilotaje de drones, explosivos, frecuencias de radio y tácticas para evadir sistemas antidrones.

La evaluación gubernamental citada por The Washington Post advierte que las autoridades antidrogas de Estados Unidos y México podrían enfrentar dificultades para responder a la evolución tecnológica de las organizaciones criminales.

Cárteles buscan experiencia adquirida en Ucrania

De acuerdo con los funcionarios citados por el diario, organizaciones criminales mexicanas han utilizado dinero y amenazas para reclutar principalmente a colombianos que regresaron de Ucrania después de combatir en ese conflicto.

Uno de los funcionarios estadounidenses aseguró que los cárteles incluso están enviando a sus propios afiliados a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante contratos de aproximadamente un año. En algunos casos, dijo, las organizaciones amenazan a familiares de los reclutados para garantizar su regreso.

La preocupación estadounidense se centra en que esos combatientes podrían regresar con conocimientos sobre las tácticas utilizadas en uno de los conflictos donde el empleo de drones ha evolucionado con mayor rapidez.

El Departamento de Estado confirmó al Post que mantiene cooperación con autoridades estadounidenses y ucranianas para mitigar la transferencia de conocimientos adquiridos en el campo de batalla y aprovechar las lecciones de Ucrania para combatir los drones utilizados por organizaciones criminales.

Autoridades ucranianas, por su parte, han restado importancia a la posibilidad de que sus fuerzas estén siendo utilizadas para capacitar deliberadamente a integrantes de organizaciones criminales. Taras Palianytsia, funcionario de la oficina de reclutamiento extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, señaló que los voluntarios internacionales son sometidos a controles de antecedentes.

Drones más grandes y difíciles de detectar

Los funcionarios consultados por The Washington Post también describieron una evolución en las capacidades de los drones utilizados por los grupos criminales.

Según un documento de inteligencia mexicano revisado por el diario, al menos un cártel posee aeronaves de entre seis y ocho hélices, capaces de permanecer en el aire durante varias horas y transportar más de 68 kilogramos de carga.

Un funcionario mexicano también aseguró que una organización envió personal a China para adquirir drones que pueden ser equipados con fusiles. De acuerdo con el funcionario, el grupo estaría aprendiendo a operar esas aeronaves y esperando una oportunidad para utilizarlas.

Los cárteles también estarían estudiando frecuencias de radio alternativas y otras técnicas para evadir los sistemas de interferencia utilizados por las autoridades para neutralizar drones.

El fenómeno ya tiene antecedentes en México. Grupos criminales han utilizado aeronaves no tripuladas para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad, detectar rutas y realizar ataques con explosivos. En Guerrero, por ejemplo, The Washington Post documentó en julio ataques con drones atribuidos a La Nueva Familia Michoacana contra comunidades rurales.

Estados Unidos ha respondido aumentando sus capacidades contra estas aeronaves. Según la información publicada por el diario, sistemas estadounidenses de láser de alta energía derribaron 11 drones vinculados con cárteles entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre.

El general retirado Glen D. VanHerck, quien encabezó el Comando Norte y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, dijo al Post que los grupos criminales podrían buscar técnicas para contrarrestar los drones utilizados por las autoridades e incluso atacarlos de manera similar a las tácticas observadas en los campos de batalla.

El riesgo, de acuerdo con VanHerck, no se limitaría a la frontera entre México y Estados Unidos. Los drones cargados con explosivos podrían ser utilizados principalmente contra fuerzas de seguridad mexicanas y organizaciones criminales rivales.

Colombia, otro punto de conexión

La investigación también señala la creciente participación de colombianos con experiencia en el uso militar de drones.

En Colombia, grupos armados han incrementado el uso de estas aeronaves dentro de los conflictos que mantienen por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), los incidentes de violencia con drones armados pasaron de 38 en 2024 a 149 en 2025. Para principios de septiembre de 2026, el número de incidentes ya había superado los 200.

Un funcionario mexicano dijo al Post que, después de regresar de Ucrania, especialistas colombianos en drones reciben grandes cantidades de dinero y, en algunos casos, son trasladados a México para capacitar a grupos de operadores de drones.

Colombia también mantiene vínculos con organizaciones criminales mexicanas. El Post señala, por ejemplo, que el Clan del Golfo ha mantenido una alianza con el Cártel de Sinaloa.

La evolución ocurre mientras Washington intensifica su estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En julio, The Washington Post reportó que evaluaciones de la DEA y del Pentágono indicaban que los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas no habían reducido el suministro de cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los traficantes a modificar sus rutas y métodos de transporte.

Ahora, funcionarios estadounidenses y mexicanos anticipan otro escenario de adaptación: cárteles con drones más grandes, mayor capacidad de carga, nuevas técnicas de evasión y operadores con experiencia adquirida en conflictos armados.

Uno de los funcionarios estadounidenses consultados por The Washington Post resumió la preocupación en una frase: después de los cambios en las rutas marítimas y aéreas, el siguiente gran desafío para las autoridades podría estar en los drones.

Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

Uno de los casos documentados por Washington es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien OFAC señaló por su participación en el robo de combustible en Veracruz y Jalisco. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Cazarín utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de estaciones que aparentaban ser negocios legítimos.

‘El Tanque’: una red de gasolineras en Veracruz

Según la OFAC, “El Tanque” obtenía combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenaba los hidrocarburos en instalaciones con capacidad para millones de litros.

El combustible era vendido a través de una red de 11 gasolineras, que de acuerdo con el gobierno estadounidense operaban aparentemente como establecimientos legales. La propia OFAC señaló que Cazarín administraba estas estaciones mediante familiares y asociados que fungían como propietarios o representantes formales.

Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentra Etanofuel, S.A. de C.V., que comercialmente se anunciaba como G Energy, además de otras razones sociales relacionadas con estaciones de servicio.

La acusación de Washington no implica que cualquier persona que haya cargado combustible en esos establecimientos tuviera conocimiento del origen del producto. El señalamiento estadounidense se dirige contra quienes, según su investigación, controlaban o utilizaban las empresas para comercializar combustible robado.

‘El Jardinero’ y la gasolinera Petrocoda

Otro de los casos señalados por el Departamento del Tesoro involucra a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los operadores de alto nivel del CJNG.

En una acción posterior, OFAC identificó a Petrocoda S.A. de C.V. como una compañía de gas vinculada con Flores Silva. De acuerdo con la dependencia estadounidense, “El Jardinero” mantenía el control de la empresa mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La empresa fue incluida directamente en las sanciones de OFAC, que sostuvo que Petrocoda era propiedad, estaba controlada o era dirigida, directa o indirectamente, por Flores Silva.

El señalamiento forma parte de una estrategia estadounidense para identificar no solamente a integrantes armados de organizaciones criminales, sino también a empresas y personas que presuntamente facilitan sus operaciones financieras.

Familiares y empresas alrededor del CJNG

El patrón señalado por las autoridades estadounidenses aparece también en otras actividades empresariales relacionadas con operadores del CJNG.

OFAC ha documentado el uso de familiares, subordinados, prestanombres y empresas aparentemente legítimas para ocultar intereses económicos de integrantes del grupo criminal. En junio de 2026, por ejemplo, el Tesoro informó de nuevas sanciones contra personas y compañías relacionadas con esquemas de robo y contrabando de combustible, además de empresas utilizadas para facilitar esas operaciones.

En el caso de “El Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, investigaciones periodísticas identificaron a familiares del presunto operador del CJNG como propietarias de Gasolineras HG, cuyo nombre coincide con las iniciales de Guerrero.

Sin embargo, existe una diferencia importante: hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, por lo que el caso debe distinguirse de empresas como Petrocoda, que sí fue incluida directamente en una designación de OFAC.

El Departamento del Tesoro ha ampliado en los últimos años sus investigaciones sobre las fuentes de ingresos del CJNG. Además del narcotráfico, Estados Unidos ha señalado al robo y contrabando de combustible como una fuente importante de recursos para la organización.

Así, detrás de algunas estaciones que funcionan aparentemente como negocios convencionales, las autoridades estadounidenses han identificado estructuras empresariales que, según sus investigaciones, pueden servir para almacenar, comercializar o introducir al mercado combustible obtenido mediante actividades ilícitas.

Para el consumidor, una carga de gasolina puede parecer una operación cotidiana. La investigación estadounidense, sin embargo, muestra que detrás de algunas estaciones señaladas existen redes que involucran a operadores criminales, familiares, subordinados y empresas utilizadas para ocultar el control o el origen de los recursos.

Con la llegada de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han crecido las incógnitas sobre el hombre que durante años mantuvo un perfil mucho más discreto que el de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Una de las mayores dudas gira en torno a su vida familiar. En redes sociales y foros especializados circulan organigramas y fotografías que le atribuyen al menos cuatro hijos y una exesposa.

La información circula en plataformas como Reddit y cuentas de X dedicadas al seguimiento de figuras del narcotráfico, sin confirmación de autoridades mexicanas o estadounidenses. Un organigrama familiar difundido en esos espacios identifica a los hijos de “El Pelón” como Juan Carlos González Cabrera, alias “Bruce”; Jimena González Cabrera, alias “Jime”, y dos hijas menores cuyos nombres de pila se desconoce.

Además, se dice que estuvo casado con Hilda Yuridia Cabrera Valencia, un nombre con historial dentro de las filas de las cuatro letras.

Los alias y el círculo familiar directo de El 03

Valencia González es identificado bajo distintos apodos como El Pelón, El 03, El R-3, El Pelacas, El JP y Tricky Tres. Su medio hermano, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo biológico de El Mencho, fue originalmente designado como heredero del cártel antes de su detención, extradición a Estados Unidos y sentencia a cadena perpetua en marzo de 2025.

Por línea materna, Valencia González es sobrino de Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, organización descrita por la DEA como la de mayor poder económico dentro del crimen organizado mexicano. Otro tío materno, José María González Valencia, administra actualmente el rancho de Hemet, California, adquirido por el propio capo en 2011 bajo el nombre de “Juan Carlos González”, omitiendo el apellido Valencia.

El padre biológico de Valencia González, Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, fundó el extinto Cártel del Milenio y llegó a controlar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba a ese país.

Su madre, Rosalinda González Valencia, conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando Juan Carlos tenía apenas dos años, en California. De acuerdo con relatos extraoficiales, Rosalinda migró de forma indocumentada a Estados Unidos, donde trabajó en campos agrícolas antes de que la familia se trasladara a México y se vinculara de forma directa con la consolidación del CJNG.

¿Qué se sabe de la esposa y sus hijos?

El nombre de Hilda Yuridia Cabrera Valencia, señalada en los organigramas de redes como pareja o exesposa de El 03, figuró en un expediente judicial de 2022 contra Rosalinda González Valencia, donde Cabrera Valencia era identificada como socia de la madre de El 03 en la empresa JJGON S.P.R. de R.L. de C.V., parte de una red de 73 personas físicas y morales que El Mencho presuntamente utilizó para lavar activos.

Rosalinda tiene un historial judicial propio. La Marina la detuvo el 26 de mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, por lavado de dinero, y obtuvo libertad provisional bajo caución tras pagar una garantía de 1.5 millones de pesos. Incumplió las condiciones de presentación periódica y prohibición de salida del país, lo que derivó en su reaprehensión el 15 de noviembre de ese año, también en Zapopan.

En 2022, un tribunal federal excluyó las declaraciones de tres testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de tres agentes de la Policía Federal Ministerial en el juicio por lavado de dinero contra Rosalinda. El magistrado Fernando Issac Ibarra Gómez determinó que la Fiscalía no sujetó a control judicial la reserva de identidad de los declarantes, un requisito indispensable para su validez como prueba. Esas declaraciones, de acuerdo con el expediente, trataban sobre la vigilancia realizada en domicilios vinculados a Jessica Johana Oseguera González, hija de El Mencho, y a las socias de Rosalinda en JJGON, entre ellas la propia Cabrera Valencia, María Isabel Valencia Torres y Mayra Marín Gutiérrez Ochoa.

Una hija con estilo de vida de lujo

Por otro lado, una de las hijas de “El 03″ que más ha quedado al descubierto sería Jimena González Cabrera, identificada como “Jime”. En imágenes compartidas en páginas de Reddit se le puede ser en salidas de rafting, rodeada de bolsas de las marcas Chanel y Hermès, así como en escuelas aparentemente prestigiosas. Incluso se rumora que tendría una leona como mascota.

Publicaciones en X agregan que Jimena González Cabrera habría nacido en Jalisco, contaría con nacionalidad mexicana y estadounidense por nacimiento, y con un pasaporte de Chipre obtenido a través del programa de “pasaporte dorado” antes de su cancelación el 1 de noviembre de 2020. Esa misma fuente afirma que estudió en un internado privado en el extranjero.

Su hijo en imágenes con artistas urbanos

El otro hijo señalado en los organigramas difundidos en redes es Juan Carlos González Cabrera, identificado supuestamente con el alias “Bruce”.

En la mayoría de imágenes disponibles de su persona se le ubica con el rostro cubierto por un pañuelo, codeándose con figuras del medio del espectáculo como Tito Doble P, Óscar Maydon, Víctor Mendivil y Anuel AA.

Publicaciones anteriores de otras cuentas especializadas como la de @crux1469 ha señalado a este mismo joven como propietario de un Lamborghini decomisado por la FGR en noviembre de 2021 durante un cateo realizado en una residencia de Rosalinda González Valencia, abuela paterna del joven, en Zapopan, Jalisco. Mismo que le sería devuelto en agosto de 2024.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, denunció que un tribunal otorgó un amparo a 13 personas señaladas como presuntos asociados al CJNG para recuperar 13 vehículos de lujo y un inmueble adicional en Zapopan. “Tenemos este caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, declaró en una de las mañaneras.

A sus 42 años, Juan Carlos Valencia González encabeza la nueva etapa del CJNG con una recompensa de hasta 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que conduzca a su captura. Sin embargo, mientras las autoridades han documentado su presunta estructura criminal y financiera, buena parte de su vida familiar permanece envuelta en versiones que circulan en redes sociales, organigramas no oficiales y fotografías cuya autenticidad no ha sido confirmada, alimentando el misterio alrededor del hombre conocido como “El 03”.

Dos ataques armados ocurridos en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12 días de diferencia dejaron tres personas asesinadas y cinco heridas. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Granjas y 27 de Febrero, donde entre las víctimas hay menores y adolescentes.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Las Granjas. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio; tres murieron y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por La Jornada. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó posteriormente sobre la detención de presuntos responsables.

La agresión ocurrió en un espacio utilizado para actividades deportivas y, según reportes periodísticos, el menor lesionado se encontraba participando en un torneo infantil. Se identificó al niño como un jugador de 11 años que se desempeñaba como portero y recibió un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó inicialmente la detención de seis personas identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con la dependencia, durante su captura habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el número de detenidos relacionados con el caso había aumentado a 13.

Las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión. Tampoco han informado que la cancha, el torneo o los jugadores fueran el objetivo del ataque. Testimonios citados por La Jornada ofrecieron versiones distintas sobre la ubicación de las personas contra las que se realizaron los disparos, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias y el objetivo de la agresión.

Doce días antes, dos adolescentes fueron baleados

El primer episodio ocurrió el 6 de septiembre en una cancha de la colonia 27 de Febrero. Dos adolescentes, de 14 y 19 años, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en el lugar.

El joven de 14 años recibió cuatro impactos de bala y fue localizado en un área de pastizal; su estado fue reportado como crítico. El de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Testigos señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon y escaparon del lugar. Las familias de ambos jóvenes dijeron desconocer el motivo de la agresión.

En ese caso tampoco se estableció públicamente que el ataque estuviera relacionado con la actividad deportiva. La coincidencia con el episodio de Las Granjas está en que ambos ocurrieron en espacios utilizados para jugar futbol y que en los reportes sobre los dos hechos aparecen motocicletas, pero no existe información que permita atribuirlos a los mismos responsables.

La violencia armada alcanza espacios deportivos

Los dos hechos permiten documentar la presencia de violencia armada en espacios deportivos de la capital chiapaneca. Hasta el cierre de esta nota informativa, en Las Granjas todavía no se ha informado de manera oficial cuál fue el móvil ni quiénes eran exactamente los objetivos de los disparos.

La presencia de menores entre las víctimas sí muestra el riesgo que representa una agresión armada en espacios donde se concentran niños, adolescentes y familias. En el caso del 18 de septiembre, además, existe una versión periodística que ubica al menor lesionado como participante de un torneo infantil.

Hasta ahora tampoco existe una relación acreditada entre los dos episodios. La similitud en el uso de motocicletas constituye un elemento coincidente de las narraciones sobre ambos hechos, pero no permite determinar que hayan sido ejecutados por la misma célula o dentro de una misma disputa criminal.

Las Granjas arrastra antecedentes de violencia

El ataque del 18 de septiembre ocurrió en Las Granjas, una colonia de Tuxtla Gutiérrez que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos años.

Aristegui Noticias ha documentado que Las Granjas y Patria Nueva han concentrado distintos hechos relacionados con violencia criminal y recordó episodios anteriores en los que también hubo menores entre las víctimas. La zona ha aparecido además en reportes sobre disputas entre grupos delictivos que operan en Chiapas.

En abril de 2026, por ejemplo, un enfrentamiento registrado en la colonia Xamaipac involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y presuntos integrantes de un grupo criminal. Un vehículo utilizado durante la huida fue localizado posteriormente en Las Granjas.

Ese antecedente sirve para ubicar el contexto de seguridad de la colonia, pero no permite vincularlo de manera directa con el ataque ocurrido en la cancha ni establecer que las dos agresiones de septiembre formen parte de una misma disputa.

CJNG y Cártel de Chiapas y Guatemala tienen presencia documentada en Tuxtla

El contexto criminal de Tuxtla Gutiérrez incluye la presencia documentada de al menos dos organizaciones. En agosto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos personas detenidas en la colonia Las Granjas por delitos contra la salud manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia aseguró 47 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Un mes antes, la misma corporación reportó la detención de Rudy “N” en el barrio San Francisco, a quien identificó como presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala. En su poder fueron aseguradas dosis de presunta metanfetamina y marihuana.

El Cártel de Sinaloa también tiene actividad documentada en la entidad. En junio, la Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como líder de esa organización en Chiapas, durante un operativo realizado en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. El hecho acredita actividad del grupo en el estado y en el corredor carretero, pero no permite afirmar que mantenga el mismo nivel de presencia dentro de la capital.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha identificado a esas tres organizaciones —Cártel de Sinaloa, Cártel de Chiapas y Guatemala y CJNG— como grupos que han participado en disputas territoriales en Chiapas. Sus declaraciones se refieren al contexto estatal, particularmente a regiones de la frontera y la Sierra, por lo que no permiten atribuir a alguno de ellos los ataques registrados en las canchas de Tuxtla.

Chiapas reporta una reducción de homicidios

Los ataques ocurrieron pocos días después de que el Gobierno federal informara una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas.

El 11 de septiembre, el Gobierno federal señaló que el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. La cifra corresponde al comportamiento estatal y fue presentada como el promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Ese indicador corresponde al conjunto de Chiapas y no permite medir por sí mismo la incidencia de episodios específicos en Tuxtla Gutiérrez. Los dos casos registrados en septiembre muestran, en cambio, que persisten agresiones armadas localizadas capaces de alcanzar espacios de convivencia deportiva.

Las investigaciones de ambos hechos deberán determinar si existe alguna relación entre ellos, quiénes fueron los objetivos de las agresiones y cuáles fueron sus motivos.

El Cártel del Golfo dejó de ser una organización criminal unificada, pero la fragmentación de su estructura no significó su desaparición. Por el contrario, sus principales facciones mantienen disputas internas y, al mismo tiempo, han establecido alianzas que le han permitido conservar y ampliar sus redes fuera de su histórico bastión en Tamaulipas.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) documentó en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 que el grupo mantiene una presencia significativa en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de registrar presencia en otras zonas del país, incluidas entidades del occidente y el centro. El mapa elaborado por la agencia también identifica actividad en torno a Ciudad de México.

El reporte estadounidense ubica además presencia del Cártel del Golfo en Jalisco, Nayarit y Michoacán, estados asociados históricamente con la operación de otros grupos criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

La expansión descrita por la DEA no implica que el Cártel del Golfo tenga el mismo nivel de control en todas esas entidades. El propio mapa distingue entre presencia significativa, presencia y zonas con presencia limitada o nula.

La fragmentación que no acabó con el Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales con mayor antigüedad en México. Su principal bastión histórico se encuentra en Tamaulipas, desde donde durante décadas construyó rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La organización alcanzó uno de sus periodos de mayor poder bajo figuras como Juan García Ábrego y posteriormente Osiel Cárdenas Guillén. Su estructura comenzó a fracturarse con las detenciones de sus principales dirigentes y, especialmente, después de la ruptura con Los Zetas, grupo que surgió originalmente como brazo armado del Cártel del Golfo.

La DEA señala que, para 2025, el grupo ya no funcionaba como una organización unificada. Sus dos principales facciones eran identificadas como Los Metros y Los Escorpiones, enfrentados por rutas de tráfico, territorio y el control general de la estructura criminal. La disputa incluye puntos estratégicos como el puerto de Altamira, en Tamaulipas.

Los Escorpiones mantienen además una confrontación con el Cártel del Noreste (CDN) y otras facciones del propio Cártel del Golfo por el control de Reynosa, mientras que Los Ciclones aparecen como una tercera facción de menor peso que también mantiene enfrentamientos con grupos rivales.

La alianza con el CJNG abrió nuevas rutas

Uno de los elementos que explican la expansión señalada por la DEA es la alianza entre Los Metros y el CJNG.

Según la agencia estadounidense, esta alianza proporciona protección a Los Metros frente a Los Mayos, el Cártel del Noreste y otras facciones del propio Cártel del Golfo. A cambio, la relación facilita el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permite al CJNG obtener acceso a puntos de entrada fronterizos y al puerto de Altamira, utilizado para la importación de precursores químicos.

Esta relación también ayuda a explicar la presencia registrada en entidades del occidente del país. El mapa de la DEA identifica presencia del Cártel del Golfo en Jalisco y Nayarit, territorios donde el CJNG tiene una posición histórica de mayor relevancia.

Así, la estructura actual del Cártel del Golfo combina fragmentación, disputas internas y alianzas con otras organizaciones, en lugar de reproducir el modelo de un cártel centralizado bajo un solo liderazgo.

Drogas, migrantes y huachicol fiscal

Las actividades atribuidas al Cártel del Golfo tampoco se limitan al tráfico de drogas.

La DEA señala que sus redes participan en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. La organización también utiliza rutas para el tráfico de personas, particularmente de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

En territorio estadounidense, la DEA identifica socios, facilitadores y afiliados del grupo en aproximadamente 16 estados, principalmente Texas, Oklahoma, California y zonas del sureste, aunque también menciona presencia en estados como Nebraska, Virginia, Pensilvania y Nueva York.

El Valle del Río Grande, en Texas, constituye una de las zonas relevantes para sus operaciones de tráfico de drogas. Parte de los recursos obtenidos serían enviados posteriormente a México en efectivo, mientras que la DEA también documenta mecanismos de lavado mediante casas de cambio en el área de Brownsville.

A estas actividades se suma el llamado “huachicol fiscal”, mediante el cual redes criminales participan en el contrabando de hidrocarburos. La DEA vincula al Cártel del Golfo con el robo de petróleo y su traslado hacia Estados Unidos para su comercialización, dentro de esquemas financieros basados en operaciones comerciales.

EEUU endurece la persecución contra sus integrantes

El nuevo señalamiento sobre las redes del Cártel del Golfo ocurre mientras Estados Unidos utiliza la designación del grupo como organización terrorista extranjera para ampliar las herramientas legales contra sus integrantes y colaboradores.

El 16 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre la acusación contra José Flores-Flores, un ciudadano mexicano de 21 años originario de Reynosa, a quien señala de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Flores-Flores permanecía bajo custodia tras su arresto.

El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas como parte de las acciones contra las estructuras del Cártel del Golfo.

De esta manera, el mapa presentado por la DEA muestra una organización distinta a la que dominó amplias zonas del noreste mexicano décadas atrás: fragmentada en facciones, enfrentada internamente, pero capaz de mantener alianzas y redes que alcanzan otras regiones de México y Estados Unidos.

Un juez vinculó a proceso a Alexis Jesús, alias “El Brilloso”, por el homicidio de Carlos Manzo, quien fue alcalde de Uruapan, Michoacán, y por lesiones calificadas relacionadas con el ataque del 1 de noviembre de 2025. La audiencia expuso mensajes que apuntaron a una presunta traición desde el círculo cercano del político, pues el imputado se habría referido a él como “mi padrino”.

La diligencia se realizó el martes en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. El juzgador consideró suficientes los datos presentados por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra el presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a Alexis Jesús “N”, quien permaneció encarcelado mientras se desarrollaba la investigación complementaria. El plazo fijado para esa etapa fue de dos meses.

La vinculación a proceso no implicó una declaración de culpabilidad, sino que permitió continuar la indagatoria judicial por su posible participación en el atentado. La investigación sostuvo que “El Brilloso” habría asumido funciones de liderazgo dentro de la estructura criminal después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Los mensajes describieron una presunta operación desde Uruapan

Entre los elementos expuestos en audiencia figuraron conversaciones obtenidas del teléfono celular de Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”, hermano de Alexis Jesús y también imputado. En ese dispositivo se localizó una fotografía en la que aparecían Carlos Manzo y su esposa, Grecia Quiroz.

Los mensajes atribuidos a “El Brilloso” describieron la formación de un grupo para ejecutar una operación y su intención de ascender dentro de la organización criminal. En una de las conversaciones, el imputado expresó: “Ya se hizo el equipo que va a operar. El patrón me eligió a mí y la neta me pone chido, qué chingón”.

El mismo intercambio incluyó una referencia directa a la relación que habría mantenido con el alcalde de Uruapan. “Si se hace esto, nos vamos mi hermano Vikingo y yo para arriba con los jefes. La neta no tengo nada qué agradecerle a ese caga palos, aunque sea mi padrino, él se lo buscó”, escribió.

La conversación también mencionó el uso de Threema, una aplicación de mensajería que el imputado comparó con WhatsApp. “Ya nos dijeron que tengo que estar en un grupo de Threema o algo así, que es como el wats, pero más chingón”, señaló el mensaje presentado ante el juez.

Un colaborador del alcalde fue mencionado en las conversaciones

Las comunicaciones incorporadas a la carpeta de investigación aludieron a una persona que presuntamente se encontraba dentro de la Presidencia Municipal. Alexis Jesús “N” escribió que había “un vato adentro de la Presidencia” que sería colocado en un sitio y que él tendría que vigilarlo.

El mensaje agregó que no conocía personalmente a ese hombre, pero que sabía que se llamaba o le apodaban Samuel o Manuel. Las indagatorias identificaron a Samuel “N” como director de relaciones públicas del equipo de Carlos Manzo; el colaborador tenía antecedentes penales y fue detenido por su presunta implicación.

También permaneció bajo investigación Yesenia “N”, secretaria particular del alcalde asesinado. Las autoridades ministeriales la requirieron para rendir declaraciones y esclarecer líneas de investigación relacionadas con los movimientos y la administración interna del equipo municipal.

Siete escoltas encargados de la seguridad personal de Manzo durante la conmemoración de Noche de Muertos fueron incorporados formalmente a las indagatorias. Su participación fue revisada por una posible omisión o presunta complicidad en los protocolos de protección del entonces alcalde.

Grecia Quiroz denunció la traición de una persona cercana

Tras la vinculación a proceso, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, publicó un mensaje en el que afirmó que Alexis Jesús “N” había sido una persona cercana a la familia. Según su versión, el alcalde le brindó apoyo y oportunidades con la intención de apartarlo del crimen organizado.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió Quiroz. La viuda sostuvo que Manzo apostó por el futuro del joven porque creyó que podía quitarle integrantes al crimen.

“Pero al parecer ‘Alexis N’ traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, añadió. La esposa del alcalde cuestionó cómo alguien podía convivir con una familia que le tendió la mano y después contribuir a destruirla.

Quiroz pidió que todos los responsables recibieran castigo y exigió una pena ejemplar para quienes habrían traicionado el apoyo de Manzo. “No podemos acostumbrarnos a vivir en un México donde la solidaridad deja de ser virtud y se convierte en la desventaja que te lleva a la muerte”, expuso.

El ataque contra Carlos Manzo ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos. Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue identificado como el presunto autor material que se acercó al alcalde con el pretexto de tomarse una fotografía y le disparó; los escoltas lo abatieron en el lugar.

Las indagatorias también señalaron que otros jóvenes reclutados para la célula criminal y relacionados con el atentado fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho. Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales, mientras que Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue considerado uno de los detenidos de mayor jerarquía dentro de la estructura investigada.

Las autoridades reportaron 32 personas detenidas por su posible vínculo con la red criminal que habría planeado y ejecutado el asesinato de Carlos Manzo.

La noche del 15 de septiembre de 2026, el parque central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue el escenario de una actuación que generó controversia horas después de concluir. Panter Bélico subió al escenario frente al Museo de San Cristóbal minutos después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia en un evento organizado por el ayuntamiento local.

El repertorio del cantante incluyó cuatro narcorridos con letras que aluden a figuras del crimen organizado ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa: “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael”. El público cantó junto al artista las letras de los temas, y videos del momento se viralizaron en TikTok horas después del concierto.

La actuación no fue un hecho aislado ni marginal dentro de la celebración: el propio municipio la documentó como parte de sus festejos patrios. La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó un video titulado “Grito de Independencia desde el balcón del Museo de San Cristóbal” que incluyó imágenes de la presentación de Panter Bélico.

Esa inclusión en la cobertura oficial convirtió el concierto en un acto respaldado institucionalmente, al menos en apariencia. La presidenta municipal Ricci no se pronunció sobre el contenido de las canciones interpretadas esa noche, y hasta la publicación de este artículo el ayuntamiento tampoco emitió declaración alguna al respecto.

La ausencia de reacción oficial tiene un sustento legal: a diferencia de estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit o Chihuahua, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Esa condición convirtió la presentación en un acto formalmente legal dentro del territorio chiapaneco, aunque políticamente incómodo para las autoridades locales.

La Protección Civil municipal informó que la jornada de celebración registró saldo blanco. La dependencia detalló que se implementaron operativos preventivos antes, durante y después de la actividad para salvaguardar la integridad de los asistentes.

El concierto ocurrió además en un contexto territorial específico: Chiapas es una de las entidades donde se ha documentado disputa entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa por el control de territorio, los mismos grupos a los que aluden las canciones que Panter Bélico interpretó esa noche ante el público reunido para celebrar la Independencia de México.

“El primero” y “El dueño del palenque” describen la estructura y el poder territorial del CJNG

El corrido “El primero” detalla la cadena de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. La letra menciona a los “alfas”, “deltas” y “élites” como células armadas y ubica el control del cártel en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima y Michoacán.

El verso central de esa canción señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”, en referencia directa a el Mencho, líder del CJNG. La letra nombra al capo con su nombre completo, sin eufemismos.

“El dueño del palenque” retoma la figura de Oseguera Cervantes desde otro ángulo: el control de espacios como peleas de gallos y fiestas patronales. La canción asocia esas actividades al dominio territorial del CJNG en Jalisco y a la venta de alcohol en esos entornos.

Ese mismo tema llevó en 2025 a Los Alegres del Barranco —agrupación que grabó la versión original— a comparecer por apología del delito en Michoacán. Panter Bélico la interpretó en un evento oficial sin que mediara ninguna restricción legal en Chiapas.

“La 701” e “Ismael” retratan a El Chapo Guzmán y a El Mayo Zambada tras rejas y extradiciones

El corrido “La 701” narra la vida de Joaquín el Chapo Guzmán después de su extradición a Estados Unidos en 2017. La letra nombra a sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López como los encargados del negocio familiar.

El tema también menciona a Iván Gastélum Cruz, el Cholo Iván, jefe de seguridad de Guzmán, y a Rafael Caro Quintero como el socio que “cambió de bando” tras salir de prisión. La canción traza así una genealogía del poder dentro del Cártel de Sinaloa.

“Ismael” está dedicada a Ismael el Mayo Zambada y describe valores atribuidos al capo: seriedad, honestidad y lealtad hacia sus allegados. La letra incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra” y alude a sus gustos por las mujeres, los caballos y las apuestas.

Las cuatro canciones del repertorio esa noche mencionan a líderes de dos organizaciones que disputan el control territorial de Chiapas. El concierto ocurrió en ese contexto geográfico y político.

Chiapas no tiene ley que prohíba los narcocorridos en espacios públicos

A diferencia de otras entidades del país, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México sí tienen decretos o reformas al código penal que sancionan ese tipo de espectáculos.

Esa ausencia de marco legal explica que el ayuntamiento de San Cristóbal no enfrentara una restricción formal para contratar al artista. La presentación fue, en consecuencia, legal dentro del territorio chiapaneco.

En Chihuahua, el municipio capital aplicó una multa a Panter Bélico y a Grupo Arriesgado en septiembre de 2023 por interpretar canciones con apología del delito en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600,000 pesos.

Arturo González López: el cantante amenazado por el CJNG que siguió adelante en solitario

Panter Bélico es el nombre artístico de Arturo González López, quien fue vocalista de Grupo Arriesgado entre 2020 y 2023. Su salida de esa agrupación estuvo marcada por un episodio de violencia directa.

En febrero de 2023, hombres armados dispararon durante una firma de autógrafos en Plaza Paseo, Tijuana, previa a un concierto en el Estadio Chevron. Horas después, una narcomanta firmada por el CJNG advirtió a González que no podía cantar en Baja California.

“Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”, decía parte del mensaje atribuido al cártel. El cantante confirmó su salida de Grupo Arriesgado en abril de 2023 y continuó su carrera en solitario bajo el nombre Panter Bélico.

La periodista Anabel Hernández informó en abril de 2025 que González habría sido uno de los artistas a quienes Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Esa información fue retomada por Infobae en su cobertura del caso.

La misma noche en que Panter Bélico actuó en San Cristóbal de Las Casas, la Banda MS se presentó de manera paralela en Tuxtla Gutiérrez como parte de los festejos patrios en la capital de Chiapas. Ambos eventos formaron parte de la programación oficial del 15 de septiembre en el estado.

Un cantante nacido en Estados Unidos, criado en Culiacán y apodado Panter Bélico por vestir siempre de negro llegó al escenario del Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026 con un repertorio que nadie esperaba en un evento oficial: corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. La multitud no guardó silencio: los coreó de principio a fin.

Su nombre real es Arturo González López, nació en 2002 en el seno de una familia sinaloense y creció en Culiacán, donde aprendió a tocar el acordeón por cuenta propia desde la infancia. Sus compañeros del CBTIS 224 le pusieron el apodo en la preparatoria, cuando lo veían llegar siempre de negro con el instrumento al hombro.

Desde esos pasillos escolares hasta el escenario frente al Museo de San Cristóbal, González López construyó una carrera sobre los corridos sinaloenses que aprendió a cantar antes de cumplir 20 años. El ayuntamiento municipal lo contrató para la noche patria más importante del año sin prever —o sin importarle— lo que iba a cantar.

Panter Bélico se formó tocando en marisquerías de Culiacán antes de unirse a Grupo Arriesgado

Antes de pisar un escenario de verdad, Arturo González López tocaba el acordeón en marisquerías de Culiacán para ganarse la propina junto a bandas y grupos norteños. Sin embargo, la pandemia de 2020 cambió ese rumbo al integrarse a Grupo Arriesgado, agrupación con la que grabó sus primeros éxitos: “Enloquecido”, “El Fugitivo” y “Los Mitotes”.

Sus influencias declaradas van de Chalino Sánchez a Los Canelos de Durango y Los Alegres del Barranco. Esa raíz sinaloense, combinada con una forma cruda de narrar historias, lo posicionó como una de las voces del corrido bélico más escuchadas en plataformas digitales de México.

Durante su etapa con Grupo Arriesgado, González también acumuló colaboraciones con Grupo Firme, Codiciado y Los Titanes de Durango. La agrupación lo llevó a escenarios de todo el país y lo colocó entre los artistas jóvenes más sonados del regional mexicano.

La amenaza del CJNG en Tijuana en febrero de 2023 fracturó a Grupo Arriesgado

El rumbo de su carrera cambió el 11 de febrero de 2023, cuando Grupo Arriesgado asistió a una firma de autógrafos en Plaza Paseo 2000, en Tijuana para un concierto en el Estadio Chevron. Durante el encuentro con fanáticos, una persona detonó un arma de fuego hacia donde estaba el público y la firma se canceló de inmediato.

Más tarde, la madrugada del 12 de febrero apareció una narcomanta firmada por el CJNG con una amenaza directa contra González. El mensaje advertía que no podía actuar en Baja California y decía: “Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”.

Mientras los demás integrantes del grupo regresaron a Sinaloa, González decidió permanecer en Tijuana con la intención de realizar el concierto. La decisión generó una ruptura interna que, según la periodista Jaqueline Martínez, conocida como Chamonic, derivó en roces graves entre los miembros de la agrupación.

En su cuenta de Instagram, González publicó un video en el que arremetió contra sus compañeros. “Si son compañeros, si son amigos y lo dejan solo a uno, pa’ mí valen verg*”, sentenció ante la cámara.

En abril de 2023, González confirmó su salida de Grupo Arriesgado mediante otro video en Instagram. Aclaró que no participaría en los conciertos programados y que continuaría su carrera en solitario bajo el nombre artístico Panter Bélico, con el que ya preparaba su marca desde semanas antes.

La carrera solista de Panter Bélico acumuló multas, un posible veto de visa y cinco álbumes de estudio

Ese mismo año lanzó de forma simultánea sus dos primeros álbumes solistas: Punto y Aparte y De Buena Cepa. Le siguieron El Mexicano y La Amanecida En Vivo Desde “El Carrizal” en 2024, Corazón Errante en 2024 y Travesía en 2025.

En septiembre de 2023, el municipio de Chihuahua le impuso una multa a él y a Grupo Arriesgado por interpretar canciones con apología del delito en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600.000 pesos.

En abril de 2025, la periodista Anabel Hernández informó que Panter Bélico habría sido uno de los artistas a quienes Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El cantante no se pronunció públicamente sobre ese señalamiento.

El 15 de septiembre de 2026, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo incluyó en su Grito oficial

La presentación de Panter Bélico en San Cristóbal de Las Casas se realizó frente al Museo de San Cristóbal (Musac), minutos después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia. La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó imágenes de la actuación como parte de la cobertura institucional del evento.

El repertorio de esa noche incluyó cuatro corridos: “El primero”, que describe la cadena de mando del CJNG y señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”; “El dueño del palenque”, que retoma la figura de El Mencho desde el control de peleas de gallos y fiestas patronales; “La 701”, que narra la vida de El Chapo Guzmán tras su extradición a Estados Unidos en 2017 y nombra a sus hijos y a Rafael Caro Quintero; e “Ismael”, dedicada a El Mayo Zambada, que incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra”.

El público cantó junto al artista las letras de los cuatro temas. Los videos del concierto se viralizaron en TikTok horas después de que concluyó la ceremonia.

Chiapas no tiene prohibición de narcocorridos y las autoridades municipales no se pronunciaron

A diferencia de 10 estados del país —Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México—, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Esa ausencia legal habilitó la presentación sin que mediara ninguna sanción antes del evento.

Chiapas es, además, una de las entidades donde se ha documentado disputa territorial entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa. Los corridos que Panter Bélico interpretó esa noche aluden precisamente a las dos organizaciones con presencia en la entidad.

Hasta el 18 de septiembre de 2026, las autoridades municipales de San Cristóbal de Las Casas no se pronunciaron sobre el contenido de las canciones interpretadas en el evento patrio. Protección Civil municipal informó únicamente que la jornada registró saldo blanco tras la aplicación de operativos preventivos.

Panter Bélico interpretó corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026.

El público presente cantó junto al artista las letras de los temas, y videos del momento se viralizaron en TikTok horas después.

El repertorio incluyó “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael”, canciones que hablan de figuras y grupos armados ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

La presentación se realizó en el parque central, frente al Museo de San Cristóbal (Musac), después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia. Panter Bélico salió al escenario minutos después ante una multitud que ya esperaba el espectáculo musical.

La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó un video con el título “Grito de Independencia desde el balcón del Museo de San Cristóbal”, en el que se incluyeron imágenes de la actuación de Panter Bélico como parte de la cobertura oficial del evento patrio.

Las canciones narran el ascenso de “el Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada

El corrido de “El primero” describe la estructura del CJNG y su cadena de mando. La letra menciona a los “alfas”, “deltas” y “élites” como células armadas, y ubica el control del Cártel en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima y Michoacán. El verso central señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”.

“El dueño del palenque” retoma la figura de “El Mencho” desde otro ángulo: el control de espacios como peleas de gallos y fiestas patronales, actividades que el CJNG ha vinculado a la venta de alcohol y al dominio territorial en Jalisco. La canción fue la misma que en 2025 llevó a la agrupación Los Alegres del Barranco, intérpretes originales de la canción, a comparecer por apología del delito en Michoacán.

El corrido “La 701” narra la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su extradición a Estados Unidos en 2017. La letra menciona a sus hijos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo como encargados del negocio familiar, además de Ovidio y Joaquín Guzmán López. El tema también nombra a Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de seguridad de Guzmán, y a Rafael Caro Quintero como el socio que “cambió de bando” tras salir de prisión.

“Ismael” está dedicada a Ismael “El Mayo” Zambada y describe valores atribuidos al capo: seriedad, honestidad y lealtad hacia sus allegados. La letra incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra” y habla de sus gustos por las mujeres, los caballos y las apuestas.

Chiapas no cuenta con ley que prohíba los narcocorridos

A diferencia de otras entidades del país, Chiapas no tiene una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos.

Estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México sí cuentan con decretos o reformas al código penal que sancionan este tipo de espectáculos.

En Chihuahua, el municipio capital impuso una multa a Panter Bélico y a Grupo Arriesgado en septiembre de 2023 por interpretar canciones con apología del delito durante un evento en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600,000 pesos.

Panter Bélico, cuyo nombre real es Arturo González López, habría sido uno de los artistas a los que Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según Anabel Hernández en abril de 2025.

Arturo González fue vocalista de Grupo Arriesgado entre 2020 y 2023. Salió de la agrupación después de que, en febrero de 2023, hombres armados dispararon durante una firma de autógrafos en Plaza Paseo, Tijuana, previo a un concierto en el Estadio Chevron.

Horas después, apareció una narcomanta firmada por el CJNG que advertía a González que no podía cantar en Baja California. “Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”, decía parte del mensaje. El cantante confirmó su salida de Grupo Arriesgado en abril de 2023 y continuó su carrera en solitario bajo el nombre Panter Bélico.

Chiapas registra disputa entre células del CJNG y el Cártel de Sinaloa

El estado de Chiapas es una de las entidades donde se ha documentado disputa entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa por el control de territorio. El concierto de Panter Bélico ocurrió en ese contexto, la misma noche en que la Banda MS se presentó de manera paralela en Tuxtla Gutiérrez como parte de los festejos patrios en la capital del estado.

Protección Civil municipal de San Cristóbal informó que la jornada de celebración registró saldo blanco. La dependencia detalló que se implementaron operativos preventivos antes, durante y después de la actividad para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre las canciones interpretadas esa noche de fiestas patrias.

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La Embajada de Estados Unidos en México aseguró que el gobierno de Donald Trump utiliza “todas las herramientas disponibles” para combatir a los cárteles y advirtió que quienes los apoyen enfrentarán consecuencias. El mensaje fue difundido tras una acusación presentada en Texas contra un inmigrante indocumentado señalado por presuntamente brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

Información ampliada:

/mexico/2026/09/17/embajada-de-eeuu-en-mexico-asegura-que-utiliza-todas-las-herramientas-para-combatir-carteles-apoyar-a-los-narcoterroristas-tiene-consecuencias/

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Muchos de los corridos en México son prácticamente la historia de la vida de los narcos adornada y por supuesto, validada por ellos mismos, incluso escrita por encargo como una forma de ser una especie de “leyenda”, claro está que no narrarán los atroces eventos que han dejado millones de muertos por décadas y más de 135 mil desaparecidos. Muestra de ello es el corrido del narco más poderoso de México líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actualmente y el más buscado por Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González alias “El Pelón” o “El 03″, el grupo FN le escribió un tema en su álbum Billetes Verdes en 2020 donde ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” como el 01 y a Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, su hermanastro, como el “02″.

La canción se llama “El Número 3” y la letra lo describe como “decidido”, hijo de “un hombre de honor”, y alude al encarcelamiento de “El Menchito”, su medio hermano. También presentó a Nemesio Oseguera como “su padre” el cual era el jefe máximo del CJNG (hasta que murió abatido el 22 de febrero) y atribuyó a “El 03” gusto por los autos, las metralletas y las mujeres, aunque el personaje afirmó: “No me gusta usar violencia, pero hay veces que, la neta, lo amerita la ocasión”.

El corrido también relató un supuesto operativo gubernamental en el que murieron cuatro integrantes del grupo y “El Mencho” logró escapar antes de 2020 que se hizo la canción. En otra estrofa, el narrador dedicó palabras a Rosalinda González Valencia, madre de “El 03”, a quien llamó “señora de hierro” y “mi razón de ser”.

Describe en este tema su relación paternal de admiración y respeto con El Mencho llamándolo “padre” aunque en realidad fue su padrastro, aunque lo crió desde muy pequeño. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, apodado “el Maradona”, fundador del extinto Cártel del Milenio.

A diferencia de los homenajes públicos que durante años rodearon a “El Mencho” en comunidades de Jalisco y Michoacán, no existieron registros de celebraciones, mensajes o manifestaciones relacionadas con el cumpleaños 42 de Valencia González, el pasado 12 de septiembre. Su bajo perfil siguió el modelo de su padrastro, conocido durante años por la escasez de fotografías y datos confirmados sobre su vida personal.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Estados Unidos elevó a USD 25 millones la recompensa por información que condujera a su captura. El hombre, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, llegó a la cúpula del cártel con doble nacionalidad, una red familiar ligada a tres organizaciones criminales y un perfil público casi inexistente.

La recompensa fue anunciada el 5 de agosto de 2026 junto con cargos penales contra ocho mandos de la organización y un paquete de hasta USD 102 millones repartido entre fugitivos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos, sostuvo: “El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”.

El monto ofrecido por Valencia González superó los USD 15 millones que se llegaron a ofrecer por “El Mencho” cuando permanecía prófugo. También fue equiparado con la recompensa que Estados Unidos fijó en su momento contra Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda.

La designación ocurrió después de que el Ejército mexicano abatió a “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. La baja del fundador abrió una disputa por el control de una estructura que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera y una de las agrupaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas.

Tres grupos criminales confluyeron en la trayectoria de Valencia González

La primera estructura que rodeó a “El 03” fue el extinto Cártel del Milenio, fundado por su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, “El Maradona” o “El Juanito”. Ese grupo y el Cártel de los Valencia llegaron a traficar hasta una tercera parte de la cocaína que salía de México hacia California y Chicago, mientras utilizaban negocios legales, incluida la agricultura, como fachada.

Valencia Cornelio fue jefe directo de “El Mencho” durante los primeros años de su carrera criminal. El 15 de agosto de 2003 fue capturado en Jalisco durante un operativo conjunto del Ejército mexicano y autoridades federales; enfrentó acusaciones por delincuencia organizada, tráfico de cocaína y lavado de dinero, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

La detención debilitó al Cártel del Milenio y provocó su fragmentación en facciones que pelearon por plazas criminales. De ese proceso surgió la organización que después se consolidó como el CJNG bajo el mando de Oseguera Cervantes, quien había sido uno de los hombres de confianza de Valencia Cornelio.

En 2020, “El Maradona” salió del Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, después de 17 años detenido. Padecía cáncer linfático y obtuvo una reducción de sentencia por buen comportamiento y razones de salud; no hubo información oficial sobre su paradero tras la liberación.

El segundo eje familiar fueron Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de “El 03”. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, migró de manera indocumentada a Estados Unidos durante su infancia y trabajó en campos agrícolas antes de que la familia regresara a México.

De manera extraoficial se indicó que Rosalinda conoció a “El Mencho” en California cuando Juan Carlos tenía dos años. La relación unió al Cártel del Milenio, a los Valencia, a Los Cuinis y, posteriormente, al CJNG; esa red convirtió a Los Cuinis en brazo financiero y logístico de la organización jalisciense.

El tercer componente fue el propio CJNG, donde Valencia González fue formado desde joven y recibió el mando de células armadas. El heredero inicialmente previsto habría sido “El Menchito”, hijo biológico de “El Mencho”, pero fue detenido el 30 de enero de 2014 en Zapopan, extraditado el 21 de febrero de 2020 y condenado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025.

Grupo Delta y Grupo Élite fueron atribuidos a “El Pelón”

Antes del aumento de la recompensa, Estados Unidos ofrecía USD 5 millones por datos que llevaran a su captura. Valencia González también fue identificado con los alias “R3” y “Tricky Tres”, mientras documentos judiciales y reportes de la Sedena lo ubicaron como fundador de Grupo Delta y Grupo Élite.

Esas células recibieron entrenamiento militar y participaron en disputas territoriales contra el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana. La Sedena documentó tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y presencia de exmilitares colombianos como instructores de los grupos armados.

La FGR lo habría relacionado con el secuestro de dos mujeres de la Defensa en Puerto Vallarta durante 2022, como represalia por la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, lugarteniente del CJNG. También se le habría vinculado con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar en 2016, el ataque contra el exfiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos.

Una acusación en la Corte Federal del Distrito de Columbia, presentada desde octubre de 2020, lo señaló por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y opioides sintéticos, además de delitos relacionados con armas de fuego durante operaciones de narcóticos. Informes oficiales lo ubicaron además detrás de narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, en febrero de 2024.

La presión contra “El 03” también alcanzó sus bienes. En julio de 2026, el Departamento de Justicia promovió el decomiso civil de un rancho de 1.9 hectáreas (4.8 acres) en Hemet, California, comprado en marzo de 2011 por USD 250,000 bajo el nombre de Juan Carlos González; el valor catastral era de USD 326,692 y estimaciones inmobiliarias lo ubicaron hasta en USD 841,000.

El Departamento del Tesoro designó el 23 de julio de 2026 a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el CJNG. Desde junio de 2025, Estados Unidos revocó 93 visas de familiares y asociados de narcotraficantes ligados a cárteles con designación terrorista, incluidas 26 canceladas el 5 de agosto a personas relacionadas con el grupo jalisciense.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos estimó que el CJNG tenía entre 15,000 y 20,000 integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Bajo el mando de “El 03” quedaron Grupo Delta y Grupo Élite, las células armadas que fundó antes de tomar el control total del cártel.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo simultáneo en los municipios de Angamacutiro y Puruándiro, Michoacán, como parte del seguimiento a la captura de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”. Según informó la Guardia Civil de Michoacán, la acción dejó 18 personas detenidas y la intervención de 28 inmuebles.

Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales, incluido Timoteo “N”, quien funge como director de Seguridad Pública de Angamacutiro.

Qué se aseguró en el operativo

Según el reporte de la Guardia Civil de Michoacán, en Angamacutiro y Puruándiro se intervinieron 28 inmuebles y se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico vinculados a la estructura criminal.

La Guardia Civil indicó que mantiene labores coordinadas con la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para avanzar en la desarticulación de estructuras generadoras de violencia en la entidad.

La infiltración en la policía municipal

Uno de los hallazgos del operativo fue la detención de cuatro elementos de la policía municipal de Angamacutiro, entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio.

El funcionario detenido fue identificado como Timoteo N. Presuntamente en el momento en que intervinieron las autoridades federales, fue localizado entre los policías un civil que portaba la insignia de la corporación sin formar parte de ella. Ese civil sería parte de la estructura criminal que lideraba Rendón Aguilar.

El origen del operativo: la captura de “El Señor de la T”

El despliegue en Angamacutiro y Puruándiro se produjo como seguimiento a la detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias “El Señor de la T”, capturado el 17 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó al detenido, de 51 años, como presunto coordinador regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, Rendón Aguilar mantenía presencia y operación criminal en cinco municipios del Bajío michoacano: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. Las autoridades lo relacionan con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

El detenido contaba además con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y desaparición cometida por particulares. Fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Casos de violencia atribuidos a la célula

Las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con dos hechos graves registrados en la región. En Penjamillo, se le relaciona con el homicidio del síndico municipal Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025.

En Angamacutiro, las autoridades lo señalan como probable responsable de la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024.

Ambos casos figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la zona del Bajío michoacano. El detenido también aparece mencionado en otras investigaciones de desapariciones registradas en la región, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.

Rendón Aguilar mantenía además una relación operativa cercana con Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado como otro líder regional de la misma organización criminal en la zona.

Marco institucional del despliegue

La captura de “El Señor de la T” y el posterior operativo en Angamacutiro y Puruándiro se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal para combatir a grupos delictivos señalados por afectar a familias y sectores productivos.

En las acciones participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Guardia Civil de Michoacán señaló que mantiene acciones operativas en coordinación con instancias federales para combatir la extorsión y detener a objetivos generadores de violencia en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este jueves 17 de septiembre la detención de Mario Iván Policarpo Valenzuela, alias “El Fiera”, y Juvenal García González, alias “El Coreano”, operadores de una célula que extorsionaba al sector cárnico en el estado de Tabasco. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, y fueron capturados en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las investigaciones permitieron identificar que la organización criminal realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico, y utilizaba plataformas de internet para dificultar su localización. Con las detenciones de “El Fiera” y “El Coreano”, la cifra de integrantes de esta organización delictiva capturados hasta el momento se elevó a ocho.

Dos ataques armados dejaron tres trabajadores muertos en carnicerías de Tabasco

Las investigaciones previas vincularon a la célula con dos homicidios ocurridos en carnicerías de Tabasco durante abril y mayo pasados. El 21 de abril fue asesinado Giovanni Moisés, gerente de 24 años, en la sucursal de la carnicería “El Jarocho” ubicada en la colonia El Espejo I, en Villahermosa, municipio de Centro.

El 4 de mayo, un ataque armado contra la supercarnicería Grijalva, en Jalpa de Méndez, dejó sin vida a una cajera identificada como Jessica Ávalos y a otro trabajador del establecimiento. La empresa Grijalva difundió después un comunicado en el que agradeció a la FGET y a las corporaciones federales su actuación en el esclarecimiento de los hechos.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, vinculó de forma explícita ambos crímenes con la estrategia de presión que ejercía la organización contra comerciantes que se negaban a someterse a las exigencias de los extorsionadores.

La célula fue vinculada al CJNG desde la detención de “El Kilos”

La organización quedó expuesta el 24 de junio de 2026, cuando la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó la captura de a Salvador “N”, alias “El Kilos”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El operativo se realizó el 30 de mayo de 2026 en Altamira, Tamaulipas, mediante elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, desde donde el detenido presuntamente coordinaba las actividades ilícitas de la célula.

Además fueron detenidos otros tres presuntos integrantes en Villahermosa, quienes realizaban labores de vigilancia, seguimiento de víctimas y obtención de información sobre los establecimientos afectados.

Según reportes, “El Kilos” había sido condenado en 2018 en Estados Unidos a 39 meses de prisión por su participación en una conspiración para el contrabando de armas de fuego y municiones hacia México.

Las investigaciones ministeriales establecieron que el grupo delictivo empleaba herramientas digitales y números telefónicos virtuales adquiridos mediante plataformas en línea para ocultar la identidad de sus integrantes, e incluso simular que las llamadas de extorsión provenían del extranjero. Ese mismo esquema tecnológico fue el que dificultó la localización de “El Fiera” y “El Coreano” hasta su captura este jueves.

La cifra de sucursales extorsionadas pasó de 61 a 77

El 17 de agosto, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonathiuh Vázquez Landeros, informó durante la conferencia del gobernador Javier May Rodríguez que la célula extorsionaba a 61 carnicerías en la entidad mediante el uso de líneas telefónicas extranjeras. El anuncio de Omar García Harfuch de este jueves elevó la cifra a 77 sucursales afectadas por las comunicaciones extorsivas.

Vázquez Landeros había adelantado en esa misma conferencia que estaban por emitirse nuevas recompensas para localizar a cuatro prófugos restantes, sin precisar entonces el monto ni la fecha de la convocatoria. Esa medida derivó en las capturas de “El Fiera” y “El Coreano” confirmadas este jueves por el titular de la SSPC federal.

La FGET ofreció un millón de pesos por “El Fiera” y “El Coreano”

Tras el anuncio del fiscal, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) emitió cuatro fichas de recompensa por un millón de pesos para cada uno de cuatro integrantes prófugos de la organización: Mario Iván Policarpo Valenzuela Díaz, alias “El Fiera”; Juvenal García González, alias “El Coreano”; Valentín Zeuz Valenzuela Díaz, y Juan Carlos Mejía Fajardo. Los cuatro contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, salvo Valenzuela Díaz, señalado por extorsión simple.

Con las detenciones de “El Fiera” y “El Coreano” anunciadas este jueves por Harfuch, Valentín Zeuz Valenzuela Díaz y Juan Carlos Mejía Fajardo son los únicos dos integrantes de esa lista que permanecen prófugos. La Fiscalía mantiene vigente la recompensa de un millón de pesos por cada uno de ellos.

Valenzuela Díaz es descrito en la ficha oficial como un hombre de aproximadamente 27 años, complexión media, tez blanca, cara ovalada, cejas pobladas, ojos medianos color café oscuro y cabello corto color negro. Mejía Fajardo tiene aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión media, piel blanca, cabello negro lacio y barba cerrada.

La Fiscalía exhortó previamente a la población a proporcionar información que permita la localización de ambos a través del número (993) 313-6550, extensión 4340, del correo daipc@fiscaliatabasco.gob.mx, o vía WhatsApp al 993 277 2050, con la garantía de confidencialidad para los denunciantes.

Diversas corporaciones participaron en el operativo de Guadalajara

En la detención de “El Fiera” y “El Coreano” participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad.

El operativo se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y se logró mediante trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a los dos objetivos en Guadalajara, Jalisco, y cumplimentar las órdenes de captura pendientes en su contra.

Con estas dos capturas, la cifra de integrantes detenidos de la organización se elevó a ocho desde que las autoridades iniciaron las acciones en su contra en junio pasado. Las investigaciones permanecen abiertas para localizar a los dos presuntos operadores que aún continúan prófugos, así como para determinar la participación de todos los detenidos en los homicidios registrados en abril y mayo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión contra Irving Adán Altamirano Moreno, alias “El Henry”, declarado responsable del homicidio de cinco hombres en el municipio de Temoaya. El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2025 en la comunidad de San Lucas.

El ataque contra cinco hombres en un vehículo en Temoaya

El 23 de septiembre de 2025, cinco hombres viajaban en un vehículo Chevrolet gris, identificado como un modelo Sonic según Milenio, cuando quedó estacionado en un camino de la comunidad de San Lucas, en Temoaya. Sujetos armados dispararon contra ellos por orden de Altamirano Moreno.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Altamirano Moreno se encontraba en compañía de otro hombre cuando ambos sacaron de un automóvil dos armas de fuego: una larga y otra corta. Las entregaron a otros dos individuos.

El sentenciado ordenó entonces a los sujetos armados que dispararan contra las víctimas. Tras ejecutar la agresión, los agresores huyeron del lugar.

Cuatro personas murieron de forma inmediata a causa de las heridas de bala.

Una quinta víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica, pero no logró sobrevivir a las lesiones. El delito se tipificó como homicidio en agravio de cinco hombres.

Un segundo detenido y la vinculación a proceso en 2025

Junto con Altamirano Moreno fue detenido Óscar David “N”, alias “El Bellako”, señalado también por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos fueron vinculados a proceso el 3 de noviembre de 2025.

Según la autoridad ministerial, los dos acusados habrían actuado en compañía de otras personas y recibido instrucciones telefónicas para ejecutar la agresión, lo que apunta a la posible participación de responsables adicionales en el crimen.

Tras la vinculación a proceso, un juez impuso a ambos la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó plazos de tres y seis meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación que llevó a la detención de “El Henry”

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación que permitió identificar a Irving Adán Altamirano Moreno como probable responsable del multihomicidio. Con esa información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron posteriormente a Altamirano Moreno. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación legal.

Cómo se determinó la responsabilidad penal

La Autoridad Judicial, después de revisar la información presentada por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad de Altamirano Moreno en el homicidio de las cinco víctimas. Con base en esa determinación, dictó la sentencia de 125 años de prisión, resultado de sumar 25 años por cada persona asesinada.

La resolución también estableció el pago de una indemnización de 247 mil 776 pesos por cada uno de los cinco agraviados, además de una multa de 395 mil 990 pesos a cargo del sentenciado.

Un antecedente penal previo por secuestro exprés vinculado al CJNG

Altamirano Moreno ya contaba con otra condena registrada meses antes de esta sentencia. En julio de 2026, la FGJEM obtuvo un fallo de 150 años de prisión contra seis integrantes de una célula criminal autodenominada “Los Jockes”, entre ellos Altamirano Moreno, por un caso de secuestro exprés cometido en el municipio de Toluca.

Presuntamente, Los Jockes forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operan en los municipios de Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, donde se les atribuían actividades de robo de vehículos con violencia, secuestro, tráfico, portación y acopio de armas.

La FGJEM señaló que, hasta ese momento, 11 integrantes de la organización permanecían en prisión, de los cuales ocho ya habían sido sentenciados por distintos delitos.

Temoaya, un municipio con violencia armada recurrente en 2025

Los registros de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) muestran que Temoaya fue escenario de varios hechos violentos durante 2025, en paralelo al caso que derivó en la condena de Altamirano Moreno.

Un comunicado de la SSEM, fechado el 13 de octubre de 2025, señala que el 24 de septiembre de ese año se registró un cuádruple homicidio en la localidad de Cinco Palos, en Temoaya, luego de que sujetos armados dispararan contra los ocupantes de un vehículo. Ese caso derivó en la detención de nueve personas por delitos de homicidio, secuestro, portación de arma de fuego y contra la salud, señaladas como posibles integrantes de una organización delictiva.

Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señodetenr de la T, fue detenido la tarde de este jueves en Morelia, Michoacán, luego de mantener operaciones en cinco municipios del Bajío michoacano para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido, de 51 años, es identificado como generador de violencia y es investigado por su probable relación con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo. También contaba con órdenes de aprehensión por homicidio y desaparición cometida por particulares, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los cinco municipios del Bajío michoacano donde operaba El Señor de la T

El Secretario de Seguridad detalló que la red criminal de Rendón Aguilar abarcaba cinco municipios del Bajío de Michoacán, donde extorsionaba a familias y a sectores productivos. Entre ellos se encuentran:

• Angamacutiro.
• Penjamillo.
• Panindícuaro.
• José Sixto Verduzco.
• Puruándiro.

Las autoridades señalaron que los extorsionadores vinculados al CJNG en Michoacán acumulan ganancias de hasta 15 mil pesos por ese delito, y que los sectores más afectados son los productores de aguacate, limón y frutos rojos. El mismo pronunciamiento apuntó que los líderes del campo son especialmente vulnerables por denunciar las amenazas en su contra.

En Penjamillo, las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con el asesinato del síndico Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025. El caso del funcionario municipal forma parte de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre el detenido al momento de su captura.

En Angamacutiro, las autoridades lo relacionan con la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024. Ambos casos —el del síndico y el de la exalcaldesa— figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la región, según la información publicada por Infobae México.

El detenido también aparece en las investigaciones de otros casos de desaparición registrados en la zona del Bajío michoacano, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que determinará su situación jurídica.

El Señor de la T y su vínculo con Tío Lako, líder regional del CJNG

Las investigaciones establecen que Rendón Aguilar mantenía una relación estrecha con Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, identificado como líder regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco. El Economista consignó que esa relación es una de las líneas centrales de la investigación en su contra.

Tío Lako fue el objetivo de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional el 19 de agosto pasado en Tinaja de Vargas, Michoacán. En esa acción no se logró su captura, pero las autoridades detuvieron a 12 integrantes de su célula, entre ellos su hija Marisol y su pareja sentimental Lourdes.

La reacción del CJNG ante ese operativo fue la realización de narcobloqueos en más de 20 puntos de Michoacán, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro. La captura de Rendón Aguilar se produce en ese contexto de presión sostenida sobre la estructura regional del cártel.

El operativo del 17 de septiembre reunió a elementos de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la FGR. García Harfuch subrayó que ese trabajo articulado entre instancias federales y locales fue determinante para la detención.

Rendón Aguilar fue informado de sus derechos al momento de la detención y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad ministerial es la que debe determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, escribió García Harfuch en sus redes sociales tras confirmar la captura. La declaración refuerza el enfoque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión como eje del operativo.

La detención de Rendón Aguilar se suma a una cadena de golpes que el Gabinete de Seguridad ha propinado al CJNG desde el abatimiento de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el 22 de febrero de 2026 en un enfrentamiento con elementos de la Sedena. En esa misma acción murió Rubén Guerrero Valadez, alias R1, hijo de Tío Lako.

Horas después de la muerte de El Mencho, la Sedena abatió en El Grullo, Jalisco, a Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli, operador logístico y financiero del cártel. En el lugar se aseguraron 7,2 millones de pesos en efectivo y 965.000 dólares.

El 27 de abril, la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento. Flores Silva era uno de los cuatro candidatos a suceder a El Mencho y fue hallado oculto en una tubería de drenaje; no se disparó un solo tiro durante la operación.

El 30 de julio, un operativo conjunto detuvo en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula Los Rs del CJNG. Las autoridades lo acusan de ordenar el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La investigación de Álvarez Ayala también fortaleció las pesquisas del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan: las autoridades señalan que un hijo del detenido habría solicitado a su padre que ordenara el crimen. La captura de El Señor de la T representa el golpe más reciente en esa cadena de operativos.

El Gobierno de Estados Unidos elevó recientemente las recompensas por información contra ocho líderes del CJNG, entre ellos el actual jefe de la organización, Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California. La presión bilateral sobre el cártel se mantiene activa en múltiples frentes.

La captura simultánea de El Señor de la T en Michoacán y de Víctor Alfonso, alias El Ciego, en Mexicali, Baja California —este último señalado como integrante de Los Rusos, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa—, fue anunciada el mismo día por García Harfuch. Ambas detenciones se presentaron como resultado de operativos de inteligencia independientes pero coordinados.

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, es identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a quien las autoridades señalan como generador de violencia en el Bajío de Michoacán.

El líder criminal fue detenido en la ciudad de Morelia por elementos de seguridad federal y de las fuerzas armadas, como parte de un operativo en contra de la extorsión. Y es que a “El Señor de la T” se le relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la zona de operaciones del sujeto contempla los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Aunque poco se sabe del líder criminal, datos obtenidos por Infobae México de fuentes de seguridad refieren que Manuel Alejandro “N” mantenía estrecha relación con Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en los límites de Jalisco y Michoacán.

Además, se le vincula con el homicidio de Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando un grupo de sujetos armados lo atacó cuando circulaba sobre la carretera Numarán-Penjamillo; así como con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, registrada el 3 de agosto de 2024 junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales.

El corrido atribuido a “El Señor de la T” que revela sus actividades delictivas

El narcocorrido llamado “El Señor de la T” de El Lirikario es uno de los materiales que revelaría el perfil de Manuel Alejandro “N” dentro del CJNG. De acuerdo con el periodista especialista en crimen organizado, Óscar Balderas, esta canción hace referencia al líder criminal.

Con el uso del rap, este corrido habla de un hombre que desde pequeño se involucró en actos delictivos que lo llevaron a la cárcel durante varios años. Asimismo, lo describe como una persona sin temores, acostumbrado a la violencia y que cree en la santería, ya que hace referencia a al menos una de sus deidades.

“Si me ven en el convoy

Es que endemoniado voy

Sin miedo a lo que suceda.

Mi Elegua me ha de cuidar

A él me le he de encomendar

Antes de irme pa’ la guerra", dice el corrido.

“Ya tengo rato en esto

Son varias las almas que

He mandando al infierno.

Son 4 las letras

Pertenezco al cártel

Y a aquel señor le agradezco", son algunas de las letras.

Además, el corrido señala que “siempre fui de sangre fría” que le permitió ingresar al CJNG y ser respetado en Michoacán por su posición dentro del cártel.

En la canción también se refiere que el líder criminal cuenta con varios sicarios bajo su mando, quienes se movilizan con radios y fuertemente armados.

“Le sirvo a la maña

Hazañas son varias

Traigo a varios a mi mando con pasamontañas

Radios y granadas

Armas cortas, largas

Y con poderes que nos da el patas de cabra", señala el corrido.

En otra parte del material se dice que el líder criminal no tendrá remordimiento de cometer homicidios de miembros de grupos criminales contrarios, asegurando que “son varias las calacas que ando cargando”.

“Mi vida se ha vuelto demoniaca y peligrosa

Ahora gozo ver sus caras de agonía cuando los trozan

No nomás’ ordeno

También les tiro verg*zos

Limpiando la plaza

A la orden de aquel viejazo", dice la canción.

Además, menciona a una persona de alias “El Licenciado”, el cual se desconoce con certeza de quien se trata, pues uno de los detenidos con este apodo en Michoacán fue Jorge Armando Gómez Sánchez, presunto miembro del CJNG a quien las autoridades señalan como uno de los autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“El licenciado mi confianza se ha ganado

Por ser un buen elemento

Aquí estamos apalabrados

Al millón con él, haciendo la contra arder

No bajen la bandera puro CJNG".

El corrido también señala que defenderá con “sangre el puesto que se me asignó. Asimismo, refiere que ”El Señor de la T" suele llevar un rifle y un lanza granadas, así como de movilizarse en vehículos con blindaje artesanal.

“No dejaré de avanzar

Mato si ocupo matar

Tengo el entrenamiento pa’ los enfrentamientos

El Señor de la T

Belicista y bien violento", menciona el material.

Juan Carlos Valencia González, conocido como “R3”, nació en California en 1984 y cuatro décadas después se convirtió en el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Su acta de nacimiento revela detalles inéditos sobre sus primeros años y muestra cómo quedó oculto el nombre de su padre.

Una copia del documento, obtenida por el medio El País, establece que el ahora capo nació a las 00:15 horas del 12 de septiembre de 1984 en el Mercy General Hospital, un centro médico privado ubicado en Santa Ana, California, unos 50 kilómetros al sur de Los Ángeles.

En los espacios destinados a registrar los datos del padre aparece la abreviatura “N/A”, correspondiente a “No aplica”. De esta manera, el documento no consigna el nombre de Armando Valencia Cornelio, señalado como uno de los fundadores del Cártel del Milenio y padre biológico de Juan Carlos.

La madre del recién nacido, Rosalinda González Valencia, tenía entonces 21 años y registró a su primer hijo como madre soltera.

Un acta con errores que alteraron su identidad

El documento también contiene una peculiaridad en el nombre de Rosalinda. De acuerdo con la investigación de El País, un error en el registro civil terminó colocando “Valencia” como si fuera su segundo nombre y “González” como apellido paterno.

La familia dejó el registro tal como había quedado, una anomalía que posteriormente habría complicado la localización de Rosalinda en archivos públicos.

El acta registró al niño como Juan Carlos Gonzalez, sin tilde y únicamente con el apellido materno. Con los años, las autoridades estadounidenses y mexicanas le atribuirían diversos alias, entre ellos “R3”, “El Pelón”, “El JP”, “03”, “Tricky Tres” y “Pelacas”.

El documento representa, además, uno de los pocos rastros públicos localizados sobre los primeros años del hombre que actualmente encabeza al CJNG.

Después de su nacimiento, Rosalinda tuvo otros tres hijos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien posteriormente fundaría el CJNG. La familia habría pasado parte de esos años entre California y México, aunque la infancia del “R3” permanece en buena medida sin registros públicos.

Durante esa época, “El Mencho” comenzaba su trayectoria criminal en California como vendedor de heroína y cumplió condenas de prisión por ese delito antes de ser deportado a México.

Del rancho en Hemet al mando del CJNG

El siguiente rastro documental encontrado por El País aparece en marzo de 2011, cuando Juan Carlos Valencia González tenía 26 años.

Ese año adquirió por 250 mil dólares un rancho de 19 mil 468 metros cuadrados en Hemet, en el condado de Riverside. En los documentos de propiedad volvió a aparecer utilizando únicamente el apellido de su madre, tal como había quedado registrado en su acta de nacimiento.

La propiedad tiene actualmente un valor estimado de 695 mil dólares, de acuerdo con la investigación periodística.

En julio pasado, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso para intentar decomisar el inmueble, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impusiera sanciones contra Valencia González.

Además, una acusación presentada ante una corte federal de Washington lo señala por conspiración para producir y distribuir cocaína y metanfetamina, así como por un cargo relacionado con el uso de armas de fuego. El Departamento de Justicia estadounidense busca también decomisar otros bienes que considere adquiridos con ganancias provenientes del narcotráfico.

El “R3” habría dejado prácticamente abandonado el rancho de Hemet para concentrarse en las actividades criminales en México. Primero encabezó un grupo de sicarios conocido como Grupo Élite y posteriormente escaló posiciones dentro de la estructura del CJNG.

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026, Valencia González asumió el liderazgo de la organización, de acuerdo con la información publicada por El País.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el pasado 4 de septiembre que el “R3” es quien “más resalta” entre los líderes regionales del Cártel Jalisco.

Sobre Juan Carlos Valencia González pesa actualmente una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Para la DEA se trata de uno de sus principales objetivos de captura.

Así, el acta de un nacimiento ocurrido hace más de cuatro décadas en un hospital de Santa Ana se convirtió en una pieza documental para reconstruir el origen del hombre que ahora aparece en el centro de la estructura del CJNG.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta otro golpe a su estructura en Michoacán con la detención de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como presunto coordinador regional de la organización criminal y generador de violencia.

Su captura se llevó a cabo en la ciudad de Morelia como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en un operativo en el que participaron elementos de seguridad estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades vinculan a “El Señor de la T” con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo.

Su principal zona de operación era la región del Bajío michoacano, en municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde se enfocaba en la comisión de los delitos antes referidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Del asesinato a la desaparición de dos funcionarios

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Señor de la T” era colaborador de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

La célula del “Tío Lako” ha sido recientemente asediada por las autoridades luego de que el pasado 19 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo con el objetivo de lograr su captura.

El despliegue provocó más de 20 narcobloqueos en distintos puntos del estado para evitar los arrestos; sin embargo, en la acción fueron detenidos 12 presuntos integrantes de su célula criminal, entre ellos la hija y la pareja sentimental del líder criminal.

En las últimas semanas las autoridades han continuado las acciones en contra de la célula del “Tío Lako”, como lo fue la captura de 20 de sus integrantes en los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán con animales exóticos.

Información obtenida por esta casa editorial también señala que “El Señor de la T” está relacionado con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando se encontraba circulando sobre la carretera Numarán-Penjamillo.

El funcionario fue atacado a balazos por un grupo de sujetos que lo interceptó entre los poblados de La Angostura y El Palmito, municipio de Numarán.

En ese entonces, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, refirió en conferencia de prensa que la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez Ruiz, le refirió que no tenían conocimientos de amenazas en contra del síndico.

Además, a “El Señor de la T” se le relaciona con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, ocurrido desde el 3 de agosto de 2024, junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, quien la acompañaba.

De acuerdo con los reportes, la exfuncionaria salió de su domicilio poco después de las 09:00 horas para llevar a su hija menor de edad a la ciudad de Morelia porque tenía una cita médica. En su trayecto la acompañaba su colaboradora, quienes abordaron un vehículo Toyota.

Más tarde, la unidad fue localizada abandonada en la carretera Miravalle Angamacutiro, y al interior solo estaba su hija.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades desplegaron un dispositivo por tierra y aire para dar con la exalcaldesa y su colaboradora, a las que se sumaron las del estado de Guanajuato al registrarse los hechos en los límites con esa entidad.

Tres años antes de su desaparición, cuando era alcaldesa con licencia y candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para reelegirse al frente de Angamacutiro, Juárez Blanquet denunció haber recibido amenazas que le requirieron mantener escoltas.

En ese entonces, fueron localizados mensajes en los baños de la alcaldía en al menos tres ocasiones, en los que la amenazaban de muerte. Pero las intimidaciones no comenzaron ahí, denunció que en el año 2019 fue alertada por el arribo de un grupo de sujetos armados a su hogar para agredirla a ella y a su padre.

Juárez Blanquet dijo que pudo observar a lo lejos varias camionetas que se acercaban, lo que provocó un enfrentamiento con autoridades. En entrevista con N+, denunció que se trataba de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Señor de la T” es señalado por su relación con otra parte importante de las desapariciones registradas en la región de Michoacán.

Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades federales en un operativo desplegado en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades identifican a “El Señor de la T”, de 51 años de edad, como coordinador regional del CJNG y generador de violencia relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Harfuch detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el sujeto mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Además, Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares. Información obtenida por Infobae México refiere que “El Señor de la T” mantenía una relación estrecha con Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, líder regional del CJNG.

El sujeto también está relacionado con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025; la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, en agosto de 2024; y con otros reportes de desapariciones registrados en la región.

En la operación participaron elementos de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

El CJNG ha sido golpeado en los últimos meses luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, su exlíder y fundador.

El 22 de febrero, el líder delincuencial murió en un enfrentamiento con elementos de la Defensa, en el que también falleció Rubén Guerrero Valadez, alias “R1″, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

La caída de otros mandos del cártel en seis meses

Horas después de la muerte de “El Mencho”, Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, operador logístico y financiero cercano al fundador del CJNG, fue abatido por elementos de la Defensa en El Grullo, Jalisco, luego de un enfrentamiento.

En el sitio de la agresión, las autoridades aseguraron 7.2 millones de pesos en efectivo y 965 mil dólares. Las autoridades detallaron que “El Tuli” ofrecía recompensas de hasta por 20 mil pesos por cada militar que fuera asesinado tras el abatimiento de “El Mencho”.

Otro golpe ocurrió el 27 de abril, cuando la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en la comunidad de El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento e inteligencia.

Más de 500 elementos navales y cuatro helicópteros participaron en el operativo; Flores Silva intentó ocultarse en una tubería de drenaje, donde fue detenido sin que se disparara un solo tiro.

“El jardinero” era uno de los cuatro candidatos a suceder a “El Mencho”, y quien según las autoridades tomó las armas para obtener el control del CJNG. Aunque ya está detenido en el penal de El Altiplano, la recompensa por su captura ofrecida por Estados Unidos ascendió de 5 a 15 millones de dólares.

Horas después de esa captura, la Guardia Nacional (GN) detuvo en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como el principal operador financiero de “El Jardinero”.

Las autoridades lo señalaron por presuntamente administrar y lavar recursos ilícitos mediante empresas fachada, familiares y socios, con inversiones que incluían aeronaves, embarcaciones y una empresa tequilera.

El “R1″, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El 30 de julio, un operativo conjunto entre fuerzas federales y de la Defensa llevó a cabo en Atotonilco el Alto, Jalisco, la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de la célula “Los Rs” del CJNG, la cual cuenta con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán y Jalisco.

En la captura murió un integrante de su círculo de seguridad y fue detenido también Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Las autoridades lo acusan por presuntamente ordenar y financiar el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La detención también fortaleció la investigación del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan: según las pesquisas, un hijo de Álvarez Ayala habría pedido a su padre que ordenara el crimen tras amenazarla en reiteradas ocasiones.

Un operativo fallido contra “El Tío Lako”

El 19 de agosto, tres días antes de cumplirse seis meses del abatimiento de “El Mencho”, elementos de la Defensa llevaron a cabo un operativo en Tinaja de Vargas, Michoacán, con el objetivo de capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG señalado por controlar rutas de droga, extorsionar a productores agrícolas y robar combustible en la frontera entre Michoacán y Jalisco.

Sin embargo, en el operativo se detuvo a nueve integrantes de su célula, cifra que luego se aumentó a 12, entre ellos se encontraba su hija, Marisol “N”, y su pareja sentimental, Lourdes “N”.

La reacción del CJNG fue la realización de narcobloqueos en más de 20 puntos de Michoacán, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro.

De manera reciente, las autoridades de Estados Unidos anunciaron el incremento de recompensas en contra de ocho líderes del CJNG, entre los que se encuentra su actual líder, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California.

Las recompensas contemplan:

• 25 millones de dólares por Valencia González.
• 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”. 15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, yerno de “El Mencho”.

• 10 millones por Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa”
• 10 millones por Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.
• 10 millones por el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.
• 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Luego de los operativos, detenciones y anuncios del aumento de la recompensa por información que permita la captura de líderes del CJNG, esta organización criminal continúa registrando bajas.

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Policías detienen a mujer junto con un menor por el robo de un auto de lujo en hotel de la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 18 años y a un menor de edad por su posible participación en el robo de un BMW de alta gama, hecho ocurrido en un hotel de la alcaldía Gustavo A. Madero. El automóvil fue localizado gracias al sistema de geolocalización GPS instalado en la unidad.

El reporte llegó a los uniformados a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, que alertaron sobre el robo de un vehículo de la marca BMW estacionado en un hotel ubicado en la esquina de las calles Noé y Otilia, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Con esa información, los policías acudieron de inmediato al sitio señalado.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con el denunciante, de 26 años, quien relató que horas antes había asistido a una reunión con varias personas en ese establecimiento de hospedaje. Después de la convivencia, se retiró a descansar y, al despertar, notó que su BMW color negro ya no estaba en el estacionamiento.

El propietario del vehículo activó el sistema de geolocalización GPS y logró ubicar la unidad en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la misma demarcación. Con ese dato, los policías se trasladaron al punto exacto y localizaron a los dos sospechosos a bordo del automóvil sustraído.

Al ser cuestionados, la mujer y el menor no acreditaron la legal propiedad de la unidad, por lo que fueron detenidos en el sitio. El propietario reconoció su vehículo y solicitó proceder legalmente contra ambos, quienes fueron trasladados junto con el BMW recuperado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien determinará su situación jurídica.

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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Dos presuntos integrantes de la banda capitalina conocida como Los Chivos fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de asesinar a dos miembros de un grupo rival llamado Los Cuetos, en la alcaldía Iztacalco. Los sospechosos, identificados como Leonardo Arias y Fernando Rodríguez, se disfrazaron con mochilas y uniformes de repartidores de DiDi para acercarse a sus víctimas el 15 de septiembre de 2026.

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, señaló este miércoles 16 de septiembre, en el contexto del 216 aniversario de la Independencia de México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada este miércoles.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

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Tres años después de su extradición a Estados Unidos, Ovidio Guzmán permanece bajo custodia federal, pero ya no aparece en los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Su ubicación exacta tampoco ha sido revelada y, hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva el lugar donde se encuentra.

La situación de Guzmán López cambió después de que se declaró culpable, en julio de 2025, de cargos federales relacionados con narcotráfico y aceptó cooperar con el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia confirmó entonces que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán había permanecido detenido sin derecho a fianza desde su extradición en 2023.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo este miércoles una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos, con un arma blanca en lo que se investiga como un intento de robo.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar confirmó la medida ante medios de comunicación en Cuernavaca y anunció que en las próximas horas se publicará la ficha de búsqueda del sospechoso.

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La madrugada del miércoles 16 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que hombres armados les dispararon desde una motocicleta mientras convivían en la zona de mercados de Tepito, en la conocida comercial popular del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las víctimas tenían entre 25 y 30 años aproximadamente y se encontraban cerca del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de las calles Rinconada y Toltecas. El ataque ocurrió en el corazón de la colonia Morelos, donde los vecinos reportaron alarma por las detonaciones y la violencia registrada en el área dispitada por la Unión Tepito y la Anti Unión.

/mexico/2026/09/16/ataque-directo-en-tepito-deja-dos-mujeres-muertas-durante-el-grito-de-independencia-en-cdmx/

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

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Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia en el mercado de La Merced durante el operativo “Cero Pirotecnia”, implementado con motivo de los festejos patrios. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) participaron en el dispositivo, realizado en las naves mayor y menor del mercado, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El decomiso se dio en el marco de las actividades por el 216° Aniversario del Grito de Independencia. El operativo buscó contribuir a la seguridad y el bienestar de las y los capitalinos durante los festejos patrios, según informó un comunicado conjunto de ambas dependencias.

Personal de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM) Fuerza de Tarea, adscrita a la SSC, coordinó las acciones con la SGIRPC. Los oficiales realizaron recorridos de supervisión tanto al interior como al exterior de los comercios del mercado, con el objetivo de detectar y retirar los artefactos pirotécnicos que representaban un riesgo.

Según datos compartidos la tarde de este 15 de septiembre, durante los recorridos, el personal de ambas instituciones estableció pláticas con la ciudadanía para concientizar sobre los riesgos relacionados con el uso y la comercialización de pirotecnia. Las autoridades explicaron que estos artefactos pueden generar distintos tipos de accidentes entre la población.

La zona de La Merced concentra uno de los mercados más grandes de la capital, con una tradición histórica de comercio de productos diversos, entre ellos pirotecnia, pese a las restricciones vigentes.

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Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Elías “N” por el homicidio del vidente V.M.S.V., conocido en redes sociales como Farath Coronel, El Brujo Mexicano y La Diabla, luego de encontrar pruebas contundentes en su contra.

A raíz de los hechos, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la vinculación este 15 de septiembre.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

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El Cártel Arellano Félix —también conocido como el Cártel de Tijuana o CAF— opera desde hace décadas en la franja fronteriza de Baja California, con Tijuana como su plaza histórica y estratégica para el tráfico de drogas hacia el sur de California.

La organización, fundada por los hermanos Arellano Félix a finales de los años ochenta tras la fragmentación del Cartel de Guadalajara, consolidó su poder mediante el control de rutas de cocaína, marihuana y heroína, y en su etapa de mayor expansión tejió alianzas en Sonora, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca.

/mexico/2026/09/15/del-control-fronterizo-a-las-alianzas-el-territorio-actual-del-cartel-arellano-felix/

Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

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Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

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El asesinato de Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda de música regional mexicana Alto Exceso, ocurrió días antes del tradicional Grito de Independencia durante un ataque armado en Chichimequillas, comunidad del municipio de Silao, Guanajuato. La agresión dejó a otro músico herido de la misma agrupación, quien fue trasladado a un hospital.

Rodríguez González tenía 20 años y era vocalista de la agrupación, mientras que Muñoz Gómez tocaba el bajo. Ambos se encontraban en una fiesta cuando hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

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La Secretaría de Marina (Semar) incrementó un 47.2% los aseguramientos de cocaína en sus operaciones marítimas durante 2026, asestando más golpes en contra de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

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Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

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La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

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México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

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El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, se suma a los cometidos de manera previa en contra de tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sumando un total de 4 en lo que va del 2026.

Los hechos violentos en el estado han sido una tendencia desde hace meses, tan solo de enero a julio de este año se han contabilizado 21 víctimas de feminicidio -colocando en el sexto lugar a nivel nacional a Morelos-, y en el mismo tiempo se han registrado 563 homicidios dolosos, entre otros delitos que afectan a sus habitantes.

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Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 14 de septiembre de 2026 frente a su domicilio en la colonia Centro de Escuinapa, Sinaloa, cuando presuntamente volvía tras dejar a su hija en la escuela. Su muerte elevó a 16 el número de mujeres asesinadas en el municipio desde junio y a seis los casos registrados durante septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 horas en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional. Personas que transitaban por el sitio alertaron a la Policía Municipal tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

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Los 19 estudiantes extranjeros del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) decidieron permanecer en México tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, el sábado 13 de septiembre de 2026 en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio, luego de que la joven sufriera un ataque con arma punzocortante durante lo que las autoridades describen como un presunto asalto violento.

Claudia cursaba una licenciatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM y había llegado a Morelos el 17 de agosto, apenas tres semanas antes de su muerte, como parte de un programa de intercambio de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba el grado de Educación Infantil en sus últimos años de carrera.

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Elementos de Fuerza Civil y del Ejército abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo criminal y detuvieron a dos personas más, luego de que civiles armados atacaran a las corporaciones de seguridad en el municipio de General Treviño, Nuevo León, ubicado en la frontera con Tamaulipas.

El enfrentamiento se registró la tarde del lunes 14 de septiembre y derivó en la activación del Operativo Muralla, la estrategia de seguridad en la que participan la policía estatal, la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad.

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Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La determinación se dio en una audiencia privada, donde también se le impuso prisión preventiva oficiosa.

El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas. Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Alexis Jesús “N” formaba parte del grupo de mensajería desde donde se orquestó el atentado contra Manzo.

Qué determinó el juez sobre El Brilloso

Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, tras considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan. Le dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía de Michoacán continuará reuniendo elementos para sostener la acusación.

Mientras dure ese periodo, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, con sede en Charo, Michoacán. La resolución judicial se dictó en audiencia privada, según se informó.

El presunto rol en el atentado contra Manzo

La FGE de Michoacán vincula a “El Brilloso” con el grupo de mensajería de la aplicación Threema desde donde, según la investigación, se planeó el ataque contra el exalcalde de Uruapan. Las autoridades sostienen que, tras la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, Alexis Jesús “N” habría asumido el control de esa célula.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fungió como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que “a él se le cumplimentó la orden de aprehensión como tal por su participación activa en lo que fue la planeación del homicidio del alcalde Carlos Manzo”.

El operativo de detención

La orden de aprehensión contra Alexis Jesús “N” se cumplimentó en el municipio de Zapopan, Jalisco. El operativo se realizó en coordinación entre autoridades estatales y federales, según se informó a través de un comunicado oficial.

Las autoridades lo señalaron como investigado por su probable participación en el homicidio de Manzo desde el momento de su captura. Con la vinculación a proceso, ahora deberá responder formalmente ante la justicia por los delitos que se le imputan.

El vínculo familiar con otro detenido

Alexis Jesús “N” es señalado, además, como hermano de Cristian Martín, alias “El Vikingo”, otra persona relacionada con la causa por el asesinato del exalcalde de Uruapan. El parentesco fue consignado por la Fiscalía como parte del expediente del caso.

Esta relación familiar se suma a los elementos que las autoridades han presentado para sostener la estructura del grupo criminal que, según la investigación, operó bajo el mando de “El Licenciado” antes de su detención.

El lugar que ocupa en la causa por el caso Manzo

Con la resolución judicial de este martes, Alexis Jesús “N” se convirtió en el último detenido relacionado con el homicidio de Carlos Manzo en enfrentar formalmente un proceso penal. El caso ha derivado en la detención de varias personas señaladas como integrantes de la célula del CJNG presuntamente responsable del atentado.

La investigación complementaria, con un plazo de dos meses, continuará bajo la conducción de la Fiscalía de Michoacán, que deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación formal contra el imputado antes de que se defina la siguiente etapa del proceso.

El homicidio de Carlos Manzo: antecedentes del caso

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, al término del Festival de las Velas por el Día de Muertos en la plaza principal del municipio. El edil, de 40 años, cargaba a su hijo minutos antes de recibir el ataque por la espalda.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Manzo recibió múltiples impactos de bala alrededor de las 20:10 horas y falleció media hora después en el hospital Fray Juan de San Miguel. Uno de los agresores, un joven de entre 17 y 19 años sin identificación, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad.

Manzo había asumido el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras ganar las elecciones como candidato independiente con el 66% de los votos. Su administración se caracterizó por una postura de mano dura contra el crimen organizado, sin negociar con grupos delictivos que operan en la región.

Uruapan es uno de los principales municipios productores de aguacate y limón de México, sectores que enfrentan desde hace años extorsiones de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el arma utilizada en el ataque estaba vinculada a otros dos incidentes de violencia entre grupos delictivos en la región. También señaló que el homicidio fue planeado y coordinado a través de un grupo de mensajería.

El 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen y líder de la célula del CJNG que ejecutó el atentado. En agosto de 2026, la Fiscalía capturó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como el autor intelectual que ordenó y financió el ataque, lo que llevó el caso a su etapa judicial definitiva.

Harfuch explicó que el grupo criminal interpretó las acciones de Manzo contra sus operaciones de extorsión como una provocación, lo que derivó en la decisión de asesinarlo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una estructura que, por número de integrantes, puede compararse con las fuerzas armadas de algunos países. Una estimación del gobierno de Estados Unidos ubica entre 15 mil y 20 mil a los miembros de la organización criminal, actualmente encabezada, según Washington, por Juan Carlos Valencia González, “El 03”.

La cifra aparece en la evaluación del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC) sobre el CJNG. El organismo lo identifica como uno de los cárteles más poderosos y violentos de México y como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

Aunque la comparación con ejércitos nacionales permite dimensionar el tamaño de la organización, el dato debe entenderse como una estimación del número de integrantes del cártel, no como una cifra equivalente a militares desplegados o combatientes armados.

Una fuerza criminal comparable con ejércitos nacionales

Con entre 15 mil y 20 mil integrantes, el CJNG alcanza una dimensión similar a la de las fuerzas armadas de Paraguay, estimadas en alrededor de 20 mil efectivos, y supera las cifras atribuidas a las fuerzas militares de Suecia y Dinamarca, alrededor de 16 mil, de acuerdo con la comparación retomada de datos internacionales.

La diferencia es todavía mayor frente a países como Irlanda, cuyas fuerzas armadas cuentan con unos 8 mil 500 elementos.

El dato adquiere relevancia por tratarse de una organización criminal cuya estructura no se limita al narcotráfico. De acuerdo con el NCTC, el CJNG también obtiene recursos mediante extorsión, robo de combustible, secuestro, tala y minería ilegales, tráfico de migrantes y fraude relacionado con tiempos compartidos.

La estimación tampoco es nueva. La DEA había calculado anteriormente que el CJNG tenía alrededor de 18 mil 800 integrantes, mientras que la actualización estadounidense de 2026 mantiene el rango de entre 15 mil y 20 mil miembros.

‘El 03’ quedó al frente tras la muerte de ‘El Mencho’

El tamaño de la organización contrasta con el cambio ocurrido en su cúpula durante 2026. Después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Estados Unidos identificó a su hijastro Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “El Pelón”, como el nuevo líder del CJNG.

La DEA y otras agencias estadounidenses mantienen acciones contra Valencia González. En agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció cargos contra integrantes de alto nivel del CJNG y elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto y/o condena.

El relevo en la dirigencia, sin embargo, no significó la desaparición de la estructura. La evaluación estadounidense sostiene que el CJNG conserva una organización jerárquica en la que líderes regionales administran las operaciones cotidianas bajo una estructura central.

De México a una red criminal internacional

El NCTC ubica al CJNG como un actor criminal dominante particularmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Pero su radio de operación no se limita a México. La evaluación estadounidense señala actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, además de presencia o vínculos en países de Europa, Asia, África y América Latina.

Uno de los puntos estratégicos mencionados por Estados Unidos es el puerto de Manzanillo, Colima, debido a su importancia para la entrada de precursores químicos utilizados en la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina.

El organismo también atribuye al CJNG el uso de violencia extrema y mecanismos de intimidación para controlar territorios y enfrentar a grupos rivales y autoridades.

Además, Estados Unidos sostiene que la organización busca coaccionar o incentivar a funcionarios, jueces, fiscales y elementos de seguridad para facilitar sus actividades y evitar acciones en su contra.

Así, la estimación de 15 mil a 20 mil integrantes ofrece una dimensión del tamaño que conserva el CJNG después de la caída de su fundador. Para Washington, la permanencia de esa estructura explica por qué la organización continúa siendo considerada una de las principales amenazas criminales transnacionales y el principal rival del Cártel de Sinaloa.

Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

El Inegi confirma: 134 mil 275 policías ganan menos que un pistolero del CJNG

La nómina criminal incautada tras la caída de Oseguera Cervantes registra pagos de 16 mil pesos mensuales a 26 pistoleros del cártel. Esa cifra supera el salario que perciben 134 mil 275 agentes estatales y municipales en todo el país, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal publicados en 2026.

¿Cuánto gana un policía en México?

De ese universo, 90 mil 425 son policías municipales y 43 mil733 son agentes estatales con ingresos inferiores a 15 mil pesos brutos mensuales. En términos netos, sus sueldos oscilan entre seis mil 800 y 12 mil 400 pesos, según información de Milenio

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, correspondiente al primer trimestre de 2026, sitúa el salario promedio mensual de policías y agentes de tránsito en ocho mil 640 pesos, una caída de 4,23% frente al trimestre anterior. Ese promedio equivale a poco más de la mitad del pago que el CJNG destinaba a sus operadores de base.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estableció que el salario mensual ideal para un policía en 2026 es de 19 mil 167 pesos. La brecha entre ese piso propuesto y la realidad de decenas de miles de agentes supera los 10 mil pesos en los casos más extremos.

El Estado de México y Michoacán concentran el mayor número de policías mal pagados

El Estado de México acumula 17 mil 549 policías con salarios precarios, cifra que representa 66% de los agentes municipales de esa entidad. La misma entidad registra el mayor número de extorsiones del país: 3 de cada 10 casos nacionales ocurren ahí, según los datos del Inegi citados por Milenio.

Michoacán suma 11 mil 957 policías con ingresos por debajo del pago de un sicario del CJNG. En ese estado, la mayoría de los afectados pertenece a corporaciones estatales — siete mil 001 casos— y no municipales, una distribución inversa a la del resto del país.

La lista continúa con Tabasco (9.728), Chiapas (9.700), Veracruz (9.243), Hidalgo (8.333), Guerrero (8.080) y Puebla (7.301). Todos atraviesan crisis de violencia activa por la disputa territorial entre grupos criminales.

Los informes semestrales de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, entregados a la Cámara de Diputados, muestran que el promedio salarial nacional no llegó a 16 mil pesos en ninguno de los períodos revisados entre 2023 y 2026. En el último informe, del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, el gobierno redujo el piso salarial “digno” propuesto a 15 mil pesos, por debajo de las metas anteriores, al reconocer que la mayoría de los estados no podía cumplir montos más altos.

Solo una entidad del país cumple con las 13 prestaciones de ley para sus policías. Veinticuatro estados tienen cobertura intermedia y siete registran, en palabras del propio informe oficial, “rezagos significativos”.

El Sindicato Nacional de Policías exige reforma salarial ante el Senado

Edgard, policía municipal de Xonacatlán, Estado de México, describe su situación a Milenio: “La cuestión económica la tenemos que mejorar teniendo otro trabajo, haciendo otro tipo de actividades; incluso vendiendo dulces, vendiendo paletas, ayudándole a algún albañil”. Su municipio opera con 17 policías por turno cuando lo recomendable son 67, y algunos agentes trabajan sin armamento de fuego.

El líder del Sindicato Nacional de Policías (SNP), Rodolfo Basurto, califica la situación como “precaria” y señala que los salarios no han tenido aumentos reales desde hace años. El sindicato impulsa un Frente Nacional por el Salario Digno Policial para exigir al Senado que apruebe una reforma —promovida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— que fijaría un salario mínimo de 20.000 pesos para policías, maestros y enfermeros.

Los municipios perdieron los apoyos federales en materia de seguridad desde el sexenio anterior y no generan recursos propios suficientes para competir con las remuneraciones del crimen organizado. El analista identificado como Saucedo en la investigación de Milenio sostiene que la falta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales responde a intereses vinculados con organizaciones criminales.

La desconfianza ciudadana agrava el cuadro. El Inegi registra que 61,4% de los mexicanos no confía en los policías municipales y 54,3% desconfía de los estatales. Esa percepción coexiste con una realidad que los propios agentes describen como invisible para la población.

Edgard lo formula ante el diario con una pregunta que resume el dilema de miles de uniformados: “Con el sueldo tan precario, nadie se va a arriesgar a recibir un impacto, una agresión, a ser lesionado, porque todos tenemos familia. Es bien fácil decirlo, pero nadie se atreve a decir: ‘Yo quiero ser policía, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero defender a alguien que no es de mi familia’”.

Las cifras de Causa en Común, organización que analiza datos del Inegi, añaden otra dimensión al problema: solo 32% de los policías municipales dispone de chaleco antibalas y únicamente 24% cuenta con arma de fuego. En 21 estados, el número total de policías se redujo de 98.413 a 94.396 entre enero y diciembre de 2024, una caída de 4,06%. Entre enero y junio de 2026 se registraron al menos 41 movilizaciones policiales en 15 entidades por bajos salarios, falta de prestaciones y carencias de equipo.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, analizado por El Economista, prevé una reducción de 48,14% en las plazas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): de 55.578 a 28.825 puestos. El presupuesto promedio anual por plaza de esa dependencia bajaría de 38.492 a 28.122 pesos, una caída real estimada de 26.94%.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

De acuerdo la Armada de México, en ese tiempo fueron asegurados 37,855.48 kilogramos de presunta cocaína, es decir, casi 38 toneladas. Esta cifra supera en 12,142.48 kilogramos a los 25,713 asegurados durante todo el 2025, lo que representa un incremento de 47.2 % en un año.

Con los aseguramientos de ambos años, destacó la Marina, se han evitado que un total de 63 mil 568 toneladas no sean distribuidas entre la población.

Cabe señalar que estas cifras corresponden solo a las operaciones desarrolladas por unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, orientadas a la detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas en aguas nacionales.

Más de 80 detenciones y el aseguramiento de embarcaciones usadas para el tráfico de drogas

Además del volumen de droga, la Marina ha llevado a cabo el aseguramiento de un total de 26 embarcaciones y una de bajo perfil (LPV, por sus siglas en inglés), así como de 54 motores fuera de borda.

En paralelo, las operaciones derivaron en la detención de 86 presuntos infractores de la ley durante el mismo periodo reportado, entre enero y el 10 de septiembre de 2026.

El Pacífico, epicentro del tráfico marítimo de droga

El aumento en los aseguramientos realizados por la corporación se produce en un contexto donde la mayor parte de la droga que se traslada por vía marítima se concentra en las costas del océano Pacífico.

Fue el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien informó desde el mes de julio que estas costas han sido el centro de los decomisos de cocaína en lo que va del año.

Además, identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos que ingresan por esa región. El funcionario detalló que el despliegue naval se concentró en el Pacífico Sur y Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, frente a las costas de Colima y Jalisco.

El almirante también describió un cambio de táctica de las organizaciones criminales recientemente implementado: la incorporación de polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía, para que embarcaciones menores la recolecten después. Esa modalidad, según el funcionario, obligó a la Marina a reforzar la vigilancia directa en los puertos.

De manera reciente se han detectado casos vinculados a esta dinámica en el Pacífico, entre ellos decomisos frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca ocurridos entre marzo y julio de 2026, con afectaciones económicas de cientos de millones de pesos y procesos judiciales abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra tripulantes extranjeros detenidos.

Al respecto, la Marina detalló que el aseguramiento de drogas contribuye a reducir su disponibilidad y circulación, y a prevenir que lleguen a las comunidades, con un enfoque particular en la protección de niñas, niños y jóvenes.

Uno de los últimos decomisos se registró el pasado 15 de agosto, cuando la corporación interceptó 1.9 toneladas de presunta cocaína en el océano Pacífico que eran transportadas en una lancha a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Los elementos navales localizaron un total de 53 bultos y dos tripulantes, quienes fueron detenidos durante el operativo. El cargamento representó una afectación económica estimada en 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos, y su decomiso evitó la distribución de más de tres millones de dosis, de acuerdo con las autoridades.

La embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo y posteriormente interceptada en la zona correspondiente a la Octava Región Naval. Contaba con dos motores fuera de borda y no se reportó resistencia por parte de los tripulantes.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones navales en Acapulco, Guerrero, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que integre la carpeta de investigación y determine el peso exacto de la sustancia.

Las estructuras vinculadas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación modificaron su presencia en Costa Rica: se fragmentan en grupos más pequeños y recurren a servicios locales para limitar su exposición ante las autoridades, según explicó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. El funcionario sostuvo que las investigaciones ya no pueden analizarse solo con la idea de organizaciones centralizadas que trasladan sus estructuras completas de un país a otro.

De acuerdo con Soto, esta modalidad podría permitir que las actividades criminales continúen mediante facciones, alianzas puntuales y denominaciones distintas. También obliga a determinar, en cada expediente, si una persona pertenece directamente a una organización internacional o si tuvo una participación limitada a una tarea concreta dentro de una operación.

“Lo que estamos viendo son estructuras fraccionadas”, dijo Soto a El Observador. El director interino señaló que la salida de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa derivó en facciones con liderazgos diferenciados, entre ellas las relacionadas con Los Chapitos y La Mayiza.

Servicios locales para operaciones internacionales

Según la explicación del jefe judicial, las organizaciones internacionales pueden buscar en Costa Rica grupos que aporten transporte, seguridad, combustible y apoyo logístico. Esa relación funciona como una subcontratación de actividades o servicios y no implica necesariamente que quienes colaboran integren el cártel ni que mantengan un vínculo exclusivo con una única estructura criminal.

La diferencia resulta relevante para las autoridades porque un proveedor local puede tener una función específica sin formar parte de la organización extranjera. Soto indicó ante el diario que algunos extranjeros detectados en estas investigaciones pueden ingresar al país para negociar, supervisar o desarrollar operaciones, y que en ciertos casos se comprobó que ya habían viajado a Costa Rica en varias oportunidades.

El esquema buscaría reducir la visibilidad de las redes frente a las fuerzas policiales. Para el director interino, incluso podría ocurrir que la denominación Cártel de Sinaloa dejara de utilizarse o fuera reemplazada, aunque las facciones surgidas de esa estructura mantuvieran sus actividades.

Los vínculos de esa organización con Costa Rica comenzaron a documentarse en la prensa hace 20 años y su nombre aún aparece en investigaciones y capturas por narcotráfico. La semana pasada, la Policía de Control de Drogas detuvo a cinco personas que estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa: cuatro costarricenses, un mexicano y un peruano, según información de El Observador.

Los operativos se realizaron en Sabana Sur, Alajuela centro y Esparza, en Puntarenas. Las autoridades incautaron tres kilos de cocaína, armas y dinero en efectivo, como parte de una investigación ejecutada por la Policía de Control de Drogas con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y de la Fiscalía de Narcotráfico.

Las actuaciones incluyeron allanamientos en una torre de apartamentos de Sabana Sur y en inmuebles ubicados en Alajuela y Esparza. El 27 de marzo, el OIJ también detuvo a un ciudadano mexicano identificado por los apellidos Lafarga Lerna, investigado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y requerido para un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Una tonelada de cocaína y una red vinculada al CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación también fue vinculado este año con una causa por un cargamento de una tonelada de cocaína localizado en La Guácima de Alajuela. En agosto, las autoridades detuvieron a un venezolano de apellido Ramírez y a un nicaragüense de apellido Vidaurre, a quienes relacionaron con la operación investigada.

La Policía de Control de Drogas informó que el cargamento tenía como destino al CJNG. Más tarde, en un allanamiento realizado en Escazú, los agentes hallaron un vehículo todo terreno con un compartimiento oculto para trasladar drogas y USD 20,100 en efectivo.

Soto señaló ante la publicación que el CJNG también refleja los cambios que pueden producirse en las organizaciones criminales después de las acciones contra sus liderazgos. El funcionario citó antecedentes en México, como Los Zetas, el Cártel de Juárez y Los Caballeros Templarios, que perdieron relevancia luego de la detención de sus dirigentes.

El director interino agregó que Colombia atravesó una dinámica similar, donde las grandes estructuras identificadas durante décadas como cárteles dieron paso a organizaciones y grupos más fragmentados. Según su planteamiento, los nombres conocidos pueden cambiar, mientras las investigaciones deben concentrarse en los vínculos, las funciones y los recursos que sostienen las operaciones.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, cumplió 42 años el pasado sábado 12 de septiembre y, a diferencia de hace un año, llega con un vuelco de 180 grados: siendo el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como uno de los más buscados en Estados Unidos, con una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, el monto más alto ofrecido en la historia por un narcotraficante mexicano.

Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, y asumió el mando del cártel tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido por el Ejército mexicano el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Un cumpleaños sin registro público... por ahora

Durante años, la figura de El Mencho estuvo acompañada de manifestaciones públicas de lealtad dentro de su territorio de control. En comunidades de Jalisco y Michoacán se documentaron fiestas y ferias organizadas en su honor, con presencia de bandas musicales y despliegues que buscaban proyectar arraigo popular hacia el fundador del CJNG.

En contraste, no existe hasta el momento ningún registro público de celebraciones, mensajes o manifestaciones asociadas al cumpleaños de El 03, hecho que coincide con el bajo perfil que ha mantenido por años el hijo de Rosalinda González Valencia y Armando Valencia Cornelio, alias Maradonna.

Esa invisibilidad no es casual, sino una estrategia aprendida de su propio padrastro, quien durante años fue conocido como “el gran fantasma del narco mexicano” por la escasez de fotografías y datos verificados sobre su vida personal. El 03 replica ese modelo con mayor disciplina: solo existen tres fotografías oficiales conocidas de su rostro, todas de origen institucional, entre carteles de recompensa y fichas policiales.

La primera es una imagen pixelada, de baja resolución, que circula en redes desde hace años y cuyo origen se desconoce. La segunda corresponde al cartel de “se busca” emitido en diciembre de 2021, cuando el Departamento de Estado anunció la recompensa inicial de 5 millones de dólares.

La tercera, la más nítida, es la que usa actualmente la DEA en su ficha oficial: retrato frontal con fondo azul claro uniforme, cabello castaño oscuro y chamarra con cuello. La descripción física registrada por la agencia lo ubica en 1.75 metros de estatura, 77 kilogramos, cabello castaño y ojos cafés; en el campo destinado a cicatrices o tatuajes, el documento consigna una sola palabra: desconocidos.

Tres estructuras criminales convergen en su ascenso

El liderazgo de El 03 no se explica únicamente por su parentesco con El Mencho, sino por la intersección de tres estructuras criminales que durante décadas construyeron el narcotráfico mexicano moderno.

Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a controlar hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba a ese país. Valencia Cornelio fue además jefe directo de El Mencho durante la etapa inicial de este en el narcotráfico.

El segundo pilar son Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de El 03 y descrito por la DEA como la organización mexicana con mayor poder económico en el mundo. Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael y madre de Valencia González, fue esposa de El Mencho, unión que convirtió a Los Cuinis en el brazo financiero y logístico del CJNG.

El tercer eje es el propio CJNG de “El Mencho”, que lo formó desde su juventud y le confió la jefatura de células armadas.

El liderazgo no recayó en él de forma automática. El heredero originalmente designado era su medio hermano, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo biológico de El Mencho, detenido el 30 de enero de 2014 en Zapopan, extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero de 2020 y sentenciado a cadena perpetua el 7 de marzo de 2025, lo que dejó el camino libre para que su medio hermano asumiera el control tras la muerte del fundador.

Los señalamientos que la FGR y Estados Unidos mantienen contra El 03

Valencia González ha sido relacionado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el secuestro de dos mujeres militares en Puerto Vallarta en 2022, ordenado presuntamente como represalia tras la captura de Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”, lugarteniente del CJNG. También se le vincula con el plagio de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”, ocurrido en 2016.

Las autoridades mexicanas lo señalan además por el atentado contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, y por narcobloqueos y enfrentamientos armados registrados en febrero de 2024 en Zapotlán El Grande, cuando su grupo de pistoleros se activó ante la posibilidad de su detención.

EEUU lo identifica como la prioridad número uno de la DEA

El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa por Valencia González de 5 a 25 millones de dólares, la cifra más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano y equivalente a la que en su momento se fijó por Osama Bin Laden.

El monto supera incluso el que se llegó a ofrecer por El Mencho en vida, que alcanzó los 15 millones de dólares. El anuncio se dio en el marco de un paquete de recompensas por 102 millones de dólares distribuidos entre ocho fugitivos ligados al CJNG.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, declaró Terrance Cole, administrador de la agencia, durante la conferencia de prensa en la que se presentaron cargos adicionales contra la cúpula del cártel. Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Valencia González enfrenta una acusación desde octubre de 2020 ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego durante transacciones de narcóticos.

El resto de la cúpula bajo recompensa incluye a Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, con 15 millones de dólares cada uno. Con 10 millones figuran Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada por un presunto fraude de tiempos compartidos, tiene una recompensa de 2 millones de dólares, monto que el FBI reiteró esta semana en un nuevo anuncio.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha reforzado la advertencia contra el líder del CJNG a través de su cuenta de X: “Ningún líder de cártel está fuera del alcance de Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales. Ya no hay dónde esconderse. Los encontraremos y rendirán cuentas”.

El decomiso de su rancho en California y la presión financiera del Tesoro

La ofensiva contra Valencia González no se limita al terreno judicial y policial. El Departamento de Justicia presentó en julio pasado una demanda de decomiso civil contra un rancho de 4.8 acres ubicado en Hemet, California, adquirido por el propio capo en marzo de 2011 bajo el nombre de “Juan Carlos González”, sin usar el apellido Valencia vinculado a Los Cuinis.

De acuerdo con el portal Borderland Beat, la propiedad fue comprada por 250,000 dólares y su valor catastral actual es de 326,692 dólares, mientras que plataformas inmobiliarias estiman su valor de mercado en hasta 841,000 dólares. El inmueble es administrado por José María González Valencia, tío materno de Valencia González, residente del condado de Orange.

El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó la sanción más amplia de su historia contra el CJNG, con la designación de más de 50 individuos y entidades mexicanas. Ese paquete incluyó, por primera vez, la designación directa de Valencia González como nuevo líder del cártel, junto con redes familiares y empresariales utilizadas para ocultar bienes de otros mandos como El Jardinero y Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”.

Desde junio de 2025, el gobierno estadounidense ha revocado 93 visas a familiares y asociados de narcotraficantes vinculados a cárteles con designación terrorista, entre ellos 26 canceladas en un solo anuncio del 5 de agosto dirigido a personas relacionadas con el CJNG.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos estimó en julio de 2026 que el CJNG cuenta con entre 15,000 y 20,000 integrantes distribuidos en ocho estados: Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. El mismo documento describió un modelo de expansión por “franquicia”, basado en acuerdos de afiliación con cárteles locales más pequeños que permitieron al grupo crecer fuera de sus bastiones originales desde 2018.

Bajo el mando de El 03 operan Grupo Delta y Grupo Élite, las células armadas que él mismo fundó antes de asumir el liderazgo total del cártel.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lograron la captura de un objetivo prioritario señalado como presunto colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como José Ernesto “N”, alias “El Neto”, también conocido como “El Gordo”, de 32 años. El hombre está vinculado con el homicidio de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

La detención se registró en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por la corporación estatal.

El operativo y la persecución

Efectivos policiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Pintores, entre las calles Niños Héroes y Constitución de 1857, cuando observaron a un individuo que sostenía un objeto en una de sus manos. Ante esta situación, y de manera precautoria, los agentes procedieron a intervenirlo para verificar qué portaba.

Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto reaccionó de forma inmediata: emprendió la huida y arrojó al suelo lo que llevaba en las manos, en un intento por deshacerse del objeto antes de ser alcanzado.

Los agentes reaccionaron de inmediato e iniciaron una persecución que se extendió por unos metros, hasta que lograron darle alcance y controlarlo sin que se registraran incidentes adicionales durante la aprehensión.

Una vez controlada la situación, los oficiales realizaron una inspección precautoria al detenido, aplicando los protocolos establecidos para descartar que portara sustancias ilícitas u otros objetos de riesgo. Tras la revisión, no se localizó nada entre sus prendas de vestir.

El arma durante la intervención

En la zona donde se llevó a cabo la intervención, los agentes localizaron y aseguraron un arma de fuego corta con la leyenda “TAURUS DA/SA DS”, de calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada en el lugar donde el detenido la arrojó al momento de iniciar la huida.

Con las medidas de seguridad correspondientes, los agentes desinsertaron de la pistola un cargador de metal abastecido con 11 cartuchos útiles del mismo calibre. El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar obtenida en labores de inteligencia, “El Neto” es investigado por su probable participación en actividades relacionadas con el tráfico de armas, además del señalamiento por su presunta vinculación con el homicidio del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Vínculos delictivos atribuidos al detenido

Las autoridades estatales lo identificaron como un objetivo prioritario dentro de las labores de inteligencia que realiza la corporación, lo que llevó a intensificar la vigilancia en la zona donde finalmente se concretó la detención.

Además del señalamiento por tráfico de armas y su presunta relación con el homicidio del oficial de seguridad, el detenido es investigado por su probable colaboración con el CJNG, uno de los grupos delictivos generadores de violencia que operan en la región.

El aseguramiento del arma y las municiones forma parte de los elementos que serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Procedimiento legal y puesta a disposición

Una vez concluida la intervención y el aseguramiento de los indicios, los agentes informaron al presunto delincuente la razón de su detención, así como los derechos constitucionales que lo asisten conforme a la normatividad vigente.

Posteriormente, José Ernesto “N”, alias “El Gordo” fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de determinar su situación jurídica con base en las carpetas de investigación relacionadas con los delitos que se le atribuyen.

El arma de fuego, el cargador y los cartuchos útiles asegurados durante la intervención quedaron igualmente a disposición de la autoridad ministerial, como parte de los indicios que integrarán la investigación en curso.

Origen y estructura del CJNG en Baja California

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene presencia consolidada en Baja California desde 2014, cuando estableció una alianza con el Cártel de Tijuana para disputar al Cártel de Sinaloa el control de la ruta fronteriza hacia Estados Unidos. Esa fusión operativa derivó en la estructura conocida como Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG).

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS; y Tecate, donde a partir de 2016 armó un brazo local. En Ensenada, Rosarito y Mexicali, la presencia del CJNG es descrita como marginal o de “operadores menores”.

La organización tiene presencia preponderante en dos municipios: Tijuana, donde se instaló desde 2015 reclutando narcomenudistas locales y exoperadores del CAF y del CDS.

De acuerdo con organigramas manejados por la mesa de seguridad estatal, la mayor operatividad del CJNG en Baja California la controla José Antonio Soto Gastélum, alias “el Tigre”. En un segundo nivel operan Javier Adrián Beltrán Cabrera, alias “Pedrito” o “R4”, y su medio hermano Isaac Alhiu Chávez Cabrera, entre otros.

Disputas territoriales y escalada de violencia

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó indicios de colaboración entre el CJNG, el Cártel Arellano Félix (CAF) y la facción de Los Chapitos, en el marco de disputas territoriales.

Esa alianza CJNG-Chapitos se rompió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

La disolución del liderazgo provocó reacomodos violentos de células criminales en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Quintín.

Según el Índice de Paz México 2026, la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa dejó cerca de 30 mil muertes violentas en el país durante la última década, y Baja California concentra el 55% de ese total nacional, siendo Tijuana, Mexicali y Ensenada las ciudades más afectadas.

En mayo de 2026, autoridades capturaron a José Paulino “N.”, señalado como líder operativo de las Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), brazo armado del CJNG en la entidad, y a Sergio Serrano, “el Checo”, identificado como cabecilla del CJNG en Tecate. Tras esas detenciones, la célula reforzó sus filas con al menos 25 sicarios provenientes de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Jalisco.

La liberación provisional de Serrano, el 23 de agosto de 2026, detonó una nueva ola de violencia en Tecate entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre: seis ejecutados, 11 privados de la libertad y ataques contra policías municipales.

Un joven de 20 años aceptó una supuesta oferta de empleo para trabajar en un rancho, abordó un vehículo de plataforma en San Pedro Tlaquepaque y desapareció. Su búsqueda, iniciada el 21 de julio, terminó semanas después en una finca de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Ahí, dentro de un inmueble, el joven fue localizado junto con otros siete hombres privados de la libertad, algunos de ellos con lesiones y dificultades para caminar. La revisión de la finca reveló medicamentos, muletas, botas y otros aparatos ortopédicos que llevaron a identificar el lugar como un hospital clandestino vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La historia comenzó el martes 21 de julio, cuando el joven de 20 años salió para acudir a un supuesto empleo en un rancho: abordó un vehículo de aplicación en San Pedro Tlaquepaque para dirigirse al lugar, pero después del trayecto su familia perdió comunicación con él. La desaparición dio origen a una investigación que, semanas más tarde, permitió obtener información sobre su posible ubicación en Tecalitlán.

El seguimiento del caso llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca del municipio. El operativo se realizó con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando los agentes ingresaron al inmueble localizaron al joven buscado y descubrieron que otras siete personas permanecían en el mismo lugar.

Las personas retenidas eran originarias de Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa

Los ocho rescatados eran hombres de entre 16 y 43 años. Había personas originarias de Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

El seguimiento del joven de 20 años, cuya desaparición originó la investigación, llevó a las autoridades hasta la finca y permitió descubrir que otras personas también permanecían privadas de la libertad.

Los hombres fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo habían llegado al inmueble y cuál era la función de cada una de las personas detenidas durante el operativo.

En la finca fueron arrestados cinco hombres y una mujer, señalados como probables responsables de mantener retenidas a las víctimas.

Medicamentos, muletas y botas ortopédicas: lo que encontraron en la finca

La revisión del inmueble permitió conocer por qué el caso fue identificado inicialmente como el hallazgo de un hospital clandestino.

Las autoridades encontraron medicamentos, aparatos de asistencia motriz, botas ortopédicas y tres pares de muletas. También localizaron indumentaria táctica, una báscula gramera, material con características de droga y alrededor de un centenar de cartuchos.

Algunas de las personas rescatadas presentaban lesiones y dificultades para caminar. Los indicios recabados durante la investigación apuntaron a que el sitio era utilizado para resguardar a personas reclutadas por el crimen organizado que resultaban heridas y requerían recuperación física.

La Fiscalía de Jalisco también abrió una línea de investigación para determinar quién proporcionaba la atención a las personas lesionadas y si existía personal especializado involucrado en el funcionamiento del lugar.

Así funcionaba el sitio de recuperación vinculado al CJNG

El inmueble fue vinculado desde las primeras investigaciones con el CJNG y su función estaba relacionada con personas reclutadas por la organización criminal.

La hipótesis de las autoridades era que quienes resultaban lesionados durante las actividades que realizaban eran llevados a la finca para recuperarse. Los objetos ortopédicos, medicamentos y las condiciones físicas de algunas de las víctimas formaron parte de los indicios localizados durante el operativo.

El caso fue conocido públicamente como el hallazgo de un hospital clandestino del CJNG. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó posteriormente que el inmueble funcionaba más como un sitio de recuperación.

“Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, explicó el funcionario.

La precisión delimitó la función de la finca, pero no modificó el vínculo establecido con la organización criminal: se trataba de un inmueble utilizado para mantener y atender a personas heridas relacionadas con la estructura delictiva.

Seis personas fueron vinculadas a proceso

La investigación continuó después del rescate de las ocho víctimas. Los cinco hombres y la mujer detenidos en la finca fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y trata de personas. Un juez también ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

Esta resolución judicial, informada el 12 de septiembre, es la actualización más reciente del caso después del hallazgo de la finca.

Un documento interno atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos anticipa la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump adopte acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, a los que Washington considera un peligro para su seguridad nacional y una amenaza directa para el país.

La información fue revelada por el medio estadounidense NewsNation en un reporte firmado por los periodistas Ali Bradley y Jeff Arnold, quienes obtuvieron una ficha informativa que expone la visión de Washington sobre la presencia y capacidad operativa de las organizaciones criminales mexicanas.

De acuerdo con el documento filtrado, los cárteles representan un problema que trasciende la frontera y justificaría un endurecimiento de las medidas estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones que operan desde territorio mexicano.

El reporte también cita una encuesta realizada entre mil residentes mexicanos mayores de 18 años, según fuentes consultadas por NewsNation. De acuerdo con la información difundida, la mayoría de los participantes respaldaría distintas acciones directas de Estados Unidos contra los grupos criminales.

Sin embargo, el reporte no difundió el documento completo ni identificó públicamente a la empresa que realizó la encuesta, además de que no se dieron a conocer todos los detalles sobre la metodología y las preguntas aplicadas a los participantes.

EEUU contempla acciones directas contra laboratorios y miembros de cárteles

Entre las medidas mencionadas en la ficha informativa se encuentran posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

El documento ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra autoridades mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellas el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

Según el reporte de NewsNation, la encuesta también indicaría que una mayoría de los mexicanos consultados respaldaría los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La ficha va todavía más lejos al plantear respaldo a acciones encabezadas por Estados Unidos contra laboratorios de drogas, así como al arresto de líderes y operadores de los cárteles que se encuentren en México sin que necesariamente exista una notificación previa a las autoridades mexicanas.

“Las encuestas también muestran que la mayoría de los entrevistados apoya los ataques liderados por Estados Unidos contra los laboratorios de drogas y el arresto de los líderes y operativos de los cárteles que operan en México sin notificar a las autoridades gubernamentales”, señala el documento citado por el medio estadounidense.

La posibilidad de acciones directas dentro del territorio mexicano representa uno de los puntos más sensibles del reporte, debido a las implicaciones que tendría para la relación bilateral y la soberanía nacional.

Zacatecas y los drones del CJNG aparecen en el documento

La ficha informativa también destaca la expansión territorial de las organizaciones criminales y utiliza episodios recientes de violencia para sustentar la gravedad de la amenaza.

Entre ellos se encuentra un atentado con vehículo explosivo ocurrido el 30 de agosto frente a una instalación policial en Zacatecas, además de otros hechos relacionados con el uso de tecnología y violencia por parte de los grupos criminales.

El documento cita, además, videos que supuestamente muestran a integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima interrogando y asesinando a dos presuntos vigías del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro material mencionado mostraría a una unidad de drones del CJNG desplegando uno de estos aparatos mientras sus integrantes se encuentran armados con fusiles de asalto.

La referencia a estas imágenes coincide con las crecientes preocupaciones de Washington por la capacidad militar y tecnológica adquirida por los cárteles mexicanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró recientemente que México ha realizado más esfuerzos que antes contra el narcotráfico, aunque consideró que estos todavía están lejos de ser suficientes y advirtió sobre extensas zonas del país bajo influencia de organizaciones criminales.

México responde: cooperación sí, pero sin subordinación

Ante la información difundida por NewsNation, la postura del gobierno mexicano ha sido insistir en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse dentro del respeto a la soberanía nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló al medio estadounidense que los principios de la cooperación con Washington son claros: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Además, recordó que, de acuerdo con la Constitución y las leyes mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en territorio nacional.

La filtración, por lo tanto, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales puntos de tensión entre México y Estados Unidos: hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump en su ofensiva contra los cárteles y si Washington intentará ampliar sus operaciones más allá de sus fronteras.

El endurecimiento del discurso ocurre mientras la administración estadounidense mantiene una estrategia regional más agresiva contra organizaciones que ha vinculado con el narcotráfico y el terrorismo, y mientras la cooperación con México enfrenta nuevamente el límite marcado por la soberanía nacional.

Un agente de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido después de que un grupo de elementos de seguridad fuera emboscado por civiles armados en una zona marcada por la violencia y la disputa entre organizaciones criminales, en los límites de Michoacán y Jalisco.

El ataque ocurrió este jueves cuando los agentes se dirigían hacia la zona de la presa de Chilatán, luego de recibir el reporte de un supuesto enfrentamiento a balazos entre grupos criminales antagónicos.

Sin embargo, el despliegue de seguridad terminó en una emboscada.

De acuerdo con la información disponible, los elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados mientras avanzaban por la región ubicada entre el municipio michoacano de Tepalcatepec y el poblado jalisciense de Jilotlán.

La agresión dejó como saldo la muerte del agente Humberto Meza, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

Otro integrante de la corporación, el sargento primero Germán Fuentes, resultó gravemente herido durante el ataque.

Acudieron por el reporte de una balacera y fueron atacados

El grupo de agentes se movilizó hacia la presa de Chilatán después de recibir información sobre un supuesto enfrentamiento armado entre células criminales que operan en esta región.

La zona se encuentra en uno de los corredores más complejos de la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde durante años se han registrado enfrentamientos, bloqueos, ataques contra autoridades y disputas por el control territorial.

Cuando los elementos de la Guardia Nacional se dirigían al sitio, fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.

Humberto Meza perdió la vida durante la agresión, mientras que el sargento primero Germán Fuentes tuvo que ser trasladado de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones.

El militar fue evacuado a bordo de un helicóptero del Ejército Mexicano y trasladado al Hospital de la 43 Zona Militar, ubicado en el municipio de Apatzingán, donde recibió atención médica.

Tras consumar el ataque, los presuntos agresores escaparon de la zona a bordo de varios vehículos.

La agresión provocó una nueva movilización de fuerzas federales en esta región de Tierra Caliente.

Operativo militar tras la emboscada en territorio disputado

Luego del ataque, grupos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron operativos para localizar a los responsables de la emboscada.

Las corporaciones se desplegaron en distintos puntos de la región mientras continúan las labores de búsqueda de los civiles armados que participaron en la agresión.

Cerca del lugar donde ocurrió la emboscada, fue localizado un vehículo completamente calcinado.

De manera preliminar, se considera que la unidad pudo haber estado relacionada con los enfrentamientos registrados entre grupos criminales antagónicos que disputan el control de esta zona.

El ataque ocurrió en una región donde operan organizaciones criminales y células armadas que mantienen una disputa por territorios estratégicos entre Michoacán y Jalisco.

Entre los grupos señalados por su presencia en esta zona se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país, así como estructuras criminales con presencia histórica en Tepalcatepec.

La franja que conecta municipios de Tierra Caliente con comunidades del sur de Jalisco ha sido escenario de múltiples episodios de violencia debido a su importancia para las organizaciones criminales y las rutas que atraviesan ambos estados.

La muerte del agente Humberto Meza representa un nuevo ataque contra fuerzas federales en una región donde las autoridades mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por la emboscada.

Los operativos de la Guardia Nacional y del Ejército se llevaron a cabo en los límites de Michoacán y Jalisco, mientras se busca a los responsables del ataque que dejó a un agente muerto y a otro gravemente herido después de acudir al reporte de un supuesto enfrentamiento armado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que las autoridades investigan un hospital clandestino presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

El lugar fue cateado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y sirvió para atender a integrantes heridos del crimen organizado, según precisó el funcionario durante la conferencia mañanera desde Chiapas.

El hallazgo surgió de una investigación iniciada el 21 de julio, cuando la familia de un joven de 20 años de San Pedro Tlaquepaque denunció su desaparición tras abordar un vehículo de plataforma con destino a un supuesto empleo en un rancho. Ese hilo condujo a las autoridades hasta la finca de Tecalitlán, donde encontraron ocho hombres privados de la libertad, entre ellos un menor de edad.

“Fue un cateo con FGR, donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio”, declaró el secretario.

El funcionario aclaró que las investigaciones continúan y que se ejecutaron acciones adicionales en paralelo. “Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, precisó ante los medios presentes en la conferencia.

Harfuch no ofreció cifras sobre detenidos ni confirmó públicamente la identidad del grupo delictivo, aunque la Fiscalía de Jalisco ya había señalado el vínculo presunto con el CJNG en sus comunicados del día anterior.

La Fiscalía de Jalisco rescató a ocho hombres, uno con ficha de desaparecido

El operativo fue ejecutado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, presentó los resultados en conferencia de prensa el 10 de septiembre.

Los ocho hombres rescatados tenían entre 16 y 43 años. Solo uno de ellos, el joven de 20 años cuya desaparición originó la investigación, contaba con una ficha formal ante las autoridades; los otros siete no habían sido reportados por sus familias.

Entre las víctimas había personas de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. “Estaban ahí en contra de su voluntad”, afirmó González de los Santos durante la rueda de prensa, según consignó Infobae.

Al menos dos de los liberados usaban aparatos de apoyo para caminar y otros habían recibido intervenciones quirúrgicas con clavos para tratar sus lesiones. El fiscal señaló que las atenciones médicas parecían especializadas y que la investigación busca determinar quién proporcionaba esos servicios.

Seis detenidos, altares a la Santa Muerte y equipo de georradar en el predio

El cateo derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, procedentes de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

Dentro del inmueble, las autoridades aseguraron material vegetal con características de droga, medicamentos, material ortopédico, tres pares de muletas, botas tácticas y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros. También decomisaron una báscula gramera.

Las fotografías del cateo, difundidas por la Fiscalía de Jalisco y documentadas por Infobae, muestran colchones rotos en el piso, garrafones de agua alineados sobre las camas y altares con figuras de la Santa Muerte de distintos tamaños. En las paredes, un mural pintado a mano representa un esqueleto con sombrero vaquero acompañado de un gallo, símbolo asociado a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, exlíder del CJNG.

En el patio trasero, personal de la Fiscalía utilizó un equipo de georradar modelo OKM Gepard GPR 3D sobre una excavación rectangular de tierra oscura, delimitada con placas negras. La zona fue marcada como “Zona 10”, aunque el objetivo específico de esa prospección no fue confirmado públicamente por la autoridad.

El fiscal González de los Santos indicó que el grupo reclutado “operaba principalmente hacia Jalisco y Michoacán, que es donde opera el grupo que ustedes ya conocen en esta zona”, una referencia indirecta al CJNG sin nombrarlo de forma textual en el contexto de las indagatorias.

González de los Santos destacó el trabajo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y subrayó la relevancia del resultado. “No solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, declaró ante el medio.

El hallazgo de Tecalitlán no es el primero de este tipo vinculado al CJNG. En 2019, inteligencia federal identificó un hospital construido por órdenes de El Mencho en la comunidad El Acíhuatl, municipio de Villa Purificación, a menos de 50 kilómetros de esa localidad, destinado a atender al capo, su familia y su círculo de seguridad.

Las víctimas rescatadas en Tecalitlán fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y ser reincorporadas con sus familias. La Fiscalía de Jalisco informó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó este viernes que el 95 por ciento de las personas desplazadas por grupos delictivos en el estado ya regresó a sus comunidades de origen. La declaración llegó en respuesta a una pregunta periodística sobre el estado actual del desplazamiento forzado, fenómeno que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó en 24 mil 290 víctimas entre enero de 2021 y octubre de 2025.

Bajo este parámetro, el mandatario atribuyó el retorno a la aplicación de la ley “sin miramientos” contra los tres grupos criminales que operan en la entidad: el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Eduardo Ramírez Aguilar: “Cuando la ley se aplica parejo, la delincuencia respeta”

Ramírez Aguilar explicó en conferencia matutina que el desplazamiento forzado en Chiapas cambió de naturaleza con el tiempo. Antes respondía a conflictos religiosos; después se convirtió en consecuencia directa de la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El gobernador detalló que muchas familias se establecieron en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez durante los peores momentos de la crisis. Otras, dijo, ya retornaron a sus comunidades de origen en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera.

Sobre Amatenango de la Frontera, Ramírez Aguilar precisó que quienes habían cruzado hacia el lado guatemalteco ya están de regreso, en particular en la comunidad de Escobillal. El funcionario afirmó que la cabecera municipal, que prácticamente quedó vacía, recibió a todos sus habitantes.

En cuanto a Pantelhó, el gobernador señaló que la zona recuperó gobernabilidad tras la aplicación de la ley contra dos grupos de tipo político-social conocidos como Los Herrera y El Machete. Ambas organizaciones, indicó, recibieron el mismo tratamiento legal sin distinción.

“El cero impunidad ha permitido que regresen todas las familias”, afirmó Ramírez Aguilar ante la conferencia matutina. Reconoció que alguna comunidad aislada podría tener casos pendientes, pero sostuvo que la inmensa mayoría retornó de manera pacífica.

El mandatario también informó que la actividad económica se reactivó en los municipios más afectados. Mencionó el cultivo del café en Pantelhó, el comercio en Amatenango de la Frontera y la dinámica productiva en Chicomuselo como señales concretas de normalización.

Los tres cárteles que operaron en la región Sierra Frontera de Chiapas

La disputa territorial en la frontera sur de México involucra a tres organizaciones criminales que el propio gobernador identificó por nombre. El Cártel del Pacífico —también conocido como Cártel de Sinaloa—, el CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala se enfrentaron por el control de rutas estratégicas de tráfico de drogas y personas desde Centroamérica.

Según información del Frayba, el 35 por ciento de los desplazamientos forzados en Chiapas se originó en la disputa entre estas tres organizaciones. El corredor La Mesilla–Frontera Comalapa, en la frontera con Guatemala, fue uno de los puntos más disputados.

Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo de 2023, cuando enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa obligaron a cuatro mil personas a abandonar sus hogares en Frontera Comalapa en el lapso de cinco días. El evento fue uno de los de mayor escala documentados en el periodo.

El Cártel de Chiapas y Guatemala fue fundado en 2022 y operó principalmente en municipios como Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, según registros de inteligencia. Su líder, Baldemar Calderón Carrillo, conocido como Don Balde, murió en julio de 2025.

Frayba y organismos civiles cuestionan las condiciones reales del retorno

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas publicó en mayo de 2026 su segundo informe Chiapas, la paz pendiente, en el que advirtió que los retornos no siempre representan una solución duradera. El organismo señaló que muchas familias regresan “en condiciones de inseguridad”, lo que genera ciclos de expulsión, retorno precario y nuevo desplazamiento.

El Frayba, junto con otras organizaciones civiles como Serapaz, afirmó que “la violencia vinculada con grupos armados fue y sigue siendo el principal factor de expulsión, en un contexto de debilidad institucional o de respuestas limitadas de parte del Estado”. La declaración contrasta con el diagnóstico oficial presentado en la conferencia matutina.

El informe también destacó que en 2025 la región Sierra Frontera enfrentó la persistencia de desaparición forzada y desplazamiento interno. El Frayba documentó 416 personas desaparecidas en ese año y registró retornos que calificó como “circulares”, es decir, sin condiciones de seguridad reales garantizadas.

Un dato adicional del informe refiere que Chiapas no ha reglamentado la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, vigente desde 2012. A 14 años de su promulgación, el gobierno estatal no ha implementado protocolos ni asignado presupuesto, pese a un amparo judicial que lo obliga a hacerlo.

Pantelhó, el caso más complejo: dos décadas de conflicto armado sin elecciones

El municipio de Pantelhó acumula una crisis de gobernabilidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación situó en sus orígenes desde el año 2000, cuando el clan conocido como Los Herrera comenzó a imponer su control. La situación se agudizó en julio de 2021, cuando surgió el grupo de autodefensas El Machete para expulsarlos.

Ambas organizaciones protagonizaron enfrentamientos armados y desplazamientos forzados durante años. En 2024, la violencia impidió la celebración de elecciones ordinarias y extraordinarias, lo que llevó al Congreso de Chiapas a designar un Concejo Municipal mediante el Decreto 467 para el periodo 2024-2027.

El gobernador Ramírez Aguilar describió el conflicto de Pantelhó como “muy matizado” entre dos grupos de tipo político o social. La aplicación de la ley contra ambas facciones, dijo, permitió restablecer la gobernabilidad y el retorno de las familias a la cabecera municipal.

El informe de la Universidad Iberoamericana Travesías Forzadas, publicado en diciembre de 2025, registró 28.900 personas en situación de desplazamiento interno en México durante 2024, de las cuales el 61,8% correspondía a Chiapas. El estado concentró, junto con Michoacán y Zacatecas, el 90% del total nacional de desplazados ese año.

México se convirtió en el país con mayor número de organizaciones criminales latinoamericanas designadas como “organizaciones terroristas extranjeras” por Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump elevara a 21 los grupos de América Latina y el Caribe incluidos en esta clasificación.

De ese total, ocho organizaciones operan en territorio mexicano: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

La expansión de la lista coincidió esta semana con la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, países considerados aliados estratégicos de Washington en su nueva ofensiva regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La estrategia comenzó en febrero de 2025 y representa un cambio en la política estadounidense. Durante décadas, la designación de organización terrorista extranjera estuvo reservada principalmente para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, organizaciones que empleaban la violencia con objetivos políticos o ideológicos.

Ahora, Washington ha utilizado esa clasificación contra cárteles y redes criminales cuya principal actividad está relacionada con el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas y otras economías ilícitas.

México, el principal objetivo de la ofensiva estadounidense

Los principales objetivos de la estrategia son el Cártel de Sinaloa y el CJNG, dos de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor presencia internacional.

El Cártel de Sinaloa, surgido durante la década de 1970, construyó una extensa estructura para transportar drogas mediante embarcaciones, aeronaves, túneles y rutas terrestres. Su presencia ha sido especialmente relevante en la frontera occidental con Estados Unidos.

Sin embargo, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada provocó una disputa interna por el control de la organización, debilitando su estructura y abriendo una nueva etapa de violencia entre facciones.

El CJNG, por su parte, se consolidó desde inicios de la década de 2010 como uno de los grupos criminales más violentos del país. La organización ha utilizado drones con explosivos, minas artesanales y armamento de alto poder en enfrentamientos contra autoridades y grupos rivales.

Su capacidad operativa quedó también evidenciada en 2020, cuando realizó un atentado contra el entonces jefe de la policía de Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad federal.

La presión estadounidense también alcanza a organizaciones que controlan puntos estratégicos de la frontera con Texas. El Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste mantienen operaciones en rutas utilizadas para mover drogas, migrantes, armas y dinero.

El Cártel del Noreste, heredero de estructuras surgidas tras la fragmentación de Los Zetas, tiene una presencia relevante en Nuevo Laredo, uno de los principales puntos comerciales de la frontera entre México y Estados Unidos.

Michoacán y la disputa por las economías regionales

La lista estadounidense también incluye a tres organizaciones con fuerte presencia en Michoacán: la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

Estos grupos han consolidado estructuras regionales mediante la producción y tráfico de drogas sintéticas, pero también a través de la extorsión de sectores económicos, incluidos productores vinculados a uno de los principales productos mexicanos de exportación hacia Estados Unidos: el aguacate.

Mientras México concentra ocho de las 21 designaciones, la lista se extiende por prácticamente toda América Latina y el Caribe.

En Centroamérica aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, pandillas originadas en Los Ángeles que posteriormente se expandieron por El Salvador, Guatemala y Honduras.

Colombia figura con el Clan del Golfo, mientras Venezuela aparece representada por el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, una estructura cuya existencia y composición han sido objeto de controversia, pero que Washington vincula con altos funcionarios venezolanos.

Ecuador concentra cuatro organizaciones: Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones, grupos señalados por las autoridades de ese país como responsables de buena parte de la escalada de violencia y las disputas por rutas del narcotráfico.

Brasil aparece con el Commando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, mientras que Haití figura con las pandillas Viv Ansanm y Gran Grif.

La ofensiva estadounidense ha incrementado la presión sobre gobiernos latinoamericanos para adoptar medidas similares y colaborar con Washington. Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos y contradicciones.

Uno de los casos más llamativos es el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y acusado durante su proceso de proteger al Cártel de Sinaloa, pero posteriormente indultado por Trump y liberado.

Para México, la nueva clasificación coloca al país en el centro de la política estadounidense contra el llamado “narcoterrorismo”, mientras el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión de Washington y busca evitar cualquier acción militar unilateral estadounidense contra los cárteles.

Colchones tirados en el piso, garrafones de agua alineados sobre las camas y altares con figuras de la Santa Muerte de distintos tamaños conforman el retrato visual del inmueble en Tecalitlán donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía recluidos al menos ocho hombres reclutados por la fuerza, varios de ellos con lesiones físicas evidentes. De acuerdo con las autoridades, esta finca servía como un hospital clandestino para la organización.

Las fotografías del cateo, difundidas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, documentan un espacio dividido entre cuartos de reclusión, una bodega de víveres, una zona doméstica con cocina y un patio donde personal ministerial realizó trabajos de excavación con equipo de georradar. Cada habitación cuenta una parte distinta de la rutina que ahí presuntamente se imponía.

Altares de diversos santos y veladoras de “destierro”

En el primer cuarto revisado, un mueble oscuro sostiene una figura de la Santa Muerte de gran tamaño, vestida con una túnica multicolor en rojo, verde y azul, con una hoz en una mano y un rosario en la otra. A su lado, otra figura completamente negra, con capa y guadaña, carga un globo terráqueo pintado en verde y azul entre las manos óseas.

El altar se completa con piezas más pequeñas: figuras doradas, blancas y una con capa a lunares, además de un cráneo decorativo y un camión de juguete colocado entre las veladoras encendidas.

Dos cajas de cartón abiertas y una manta con estampado de leopardo y cebra cubren parte del mueble, mientras un ventilador de pie permanece a un costado, como parte del mobiliario cotidiano de la habitación.

En otro punto del inmueble, sobre un estante distinto, tres veladoras llevan etiquetas específicas: “Santa Muerte”, “Destierro” y “Muerte Ciega-Sordo-Muda”. Junto a ellas, dos figuras hechizas construidas con botellas recicladas y decoradas a mano —una en tonos amarillo y azul con una figura tipo búho, otra en dorado y rosa adornada con billetes y monedas— sugieren un altar armado con materiales improvisados.

En una tercera habitación, un pequeño altar distinto se instala en la esquina superior de un cuarto con paredes de madera. Una Santa Muerte rodeada por al menos diez veladoras encendidas sobre un mantel floreado, ilumina dos colchones colocados justo debajo. Sobre uno de los colchones descansa un teléfono celular.

Una imagen religiosa distinta, un retrato enmarcado de un San Judas Tadeo, cuelga en otro cuarto sobre un tendedero improvisado con toallas y una playera azul.

Jesús Malverde, el santo patrono del narco en Sinaloa, también tiene presencia en el inmueble: una figura suya estaba estampada en una gorra en el piso.

En un pasillo distinto, un cuadro pintado directamente sobre la pared muestra un esqueleto con sombrero vaquero acompañado de un gallo, uno de los símbolos que suelen asociarse con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del CJNG conocido también como “El Señor de los Gallos”. El grabado incluye además hojas de marihuana y aves de colores, con un texto que resulta parcialmente ilegible en la fotografía disponible.

Muletas, botas ortopédicas y colchones rotos

La escena médica del inmueble aparece dispersa entre las habitaciones. En una de ellas, una bota ortopédica negra reposa sobre una mesa plegable de madera, junto a un rollo de papel higiénico y una botella de agua. A pocos metros, muletas metálicas se apoyan contra un sillón cubierto de ropa y bolsas negras.

Las fotografías de los detenidos, tomadas de espaldas durante la presentación ante medios, muestran a un hombre con una bota inmovilizadora negra en el pie, alineado junto a otros seis hombres esposados frente al mural de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Otra imagen, enfocada en las piernas de los presentados, exhibe esa misma bota ortopédica junto a sandalias, tenis blancos y botas tácticas color arena; una segunda bota ortopédica, con un detalle azul, aparece en otro de los detenidos, lo que indica que las lesiones no se limitaban a una sola persona entre los señalados como captores.

El fiscal Salvador González de los Santos explicó en conferencia de prensa que al menos dos de los liberados usaban aparatos para caminar, mientras otros habían sido intervenidos quirúrgicamente con clavos para tratar sus lesiones.

“Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, declaró el funcionario.

Los colchones donde dormían los reclutados aparecen rotos, con las costuras abiertas y las telas a rayas desgastadas por el uso. En una de las habitaciones más oscuras, tres colchones alineados en el piso, cubiertos con cobijas de flores en tonos morado y gris, quedan frente a una televisión apagada cuya única señal de vida es una luz roja indicadora. Dos ventiladores de pie, uno a cada extremo del cuarto, completan el mobiliario de un espacio sin ventanas visibles.

Cajas de verduras y garrafones de agua

La bodega contigua a las habitaciones almacena huacales de plástico con jitomates, chiles serranos, zanahorias, un nabo, mallas de cebolla y papa, además de costales de sal o arroz y latas de conserva apiladas. Las paredes de ladrillo, ennegrecidas por el humo en una de sus secciones, sugieren el uso constante del espacio como área de cocina o almacenamiento de alimentos.

En medio de esos huacales de alimentos, una casa de juguete en tonos azul y blanco aparece recargada contra la pared, y en otra imagen del predio se distinguen piezas de mobiliario infantil de color rosa, detalles que no encajan con el resto del inventario adulto del inmueble y que abren la duda sobre la presencia previa de menores o de una familia en la propiedad.

En una habitación distinta, una cama individual aparece cubierta no por ropa de cama, sino por una fila de garrafones de agua vacíos alineados de cabecera a pie de cama.

El patio trasero del inmueble, techado con una lona improvisada entre muros de ladrillo sin aplanar, concentra más huacales de madera y plástico, cubetas y bolsas negras, junto a un lavadero de concreto donde descansan garrafones azules adicionales. Ropa tendida —toallas, playeras y una prenda rosa— cuelga de cuerdas atadas entre los postes del techo improvisado.

Una zona distinta del inmueble, con aspecto de cocina o sala, alberga un refrigerador y un dispensador de agua. En esa misma habitación cuelga un cuadro con la imagen de un bebé o una muñeca, un objeto que contrasta con el resto del entorno.

Entre los detalles menores registrados durante la diligencia: un plato rojo con una manzana, un tubo de pasta dental y una cajetilla de cigarros marca “Económicos” quedaron esparcidos sobre un colchón a cuadros.

Mochilas tácticas en verde olivo, bolsas de dormir azules y ropa amontonada sobre las camas completan el inventario visual de un inmueble que, según la Fiscalía de Jalisco, operaba como sitio de resguardo y recuperación para reclutados heridos del crimen organizado.

Un equipo de georradar exploró el subsuelo del predio

En el patio principal, personal de la Fiscalía utilizó un equipo identificado como OKM Gepard GPR 3D sobre una excavación rectangular de tierra oscura, delimitada con placas negras dispuestas en forma de rejilla. Un letrero colocado en el suelo marcaba la zona como “Zona 10”.

Un agente con chaleco táctico remueve tierra con una barra metálica mientras otro opera el dispositivo conectado a una antena. Fragmentos de cemento, ladrillo y botellas de plástico quedan visibles entre la tierra removida, en lo que las fotografías documentan como un trabajo de prospección de suelo cuyo objetivo específico no ha sido confirmado públicamente por la autoridad.

Solo uno de los nueve rescatados tenía ficha de desaparición

De las nueve personas encontradas en la finca, únicamente un joven de 20 años originario de San Pedro Tlaquepaque contaba con una ficha de desaparición registrada ante las autoridades.

Los otros ocho hombres, aunque también permanecían privados de su libertad, no habían sido reportados formalmente como desaparecidos por sus familias, de acuerdo con la Fiscalía.

González de los Santos señaló además que el grupo reclutado “operaba principalmente hacia Jalisco y Michoacán, que es donde opera el grupo que ustedes ya conocen en esta zona”, una forma indirecta de referirse al Cártel Jalisco Nueva Generación sin nombrarlo de manera textual dentro de las indagatorias.

Además de lo documentado en las fotografías, la Fiscalía reportó formalmente el aseguramiento de material vegetal verde con características de droga, una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45, junto con los medicamentos y el material ortopédico hallado en el inmueble.

El hallazgo de Tecalitlán no es el primer centro de atención médica vinculado al CJNG identificado por las autoridades. En 2019, información de inteligencia federal ubicó, en la comunidad El Acíhuatl, municipio de Villa Purificación, un hospital construido por órdenes de “El Mencho”.

Ese inmueble, un edificio blanco de grandes dimensiones ubicado a no más de 50 kilómetros de Villa Purificación, fue equipado para atender al capo, su familia y su círculo de seguridad, de acuerdo con información de inteligencia obtenida en su momento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra José Eduardo “N”, señalado como probable operador financiero de la célula delictiva “Los Vallarta”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunto partícipe en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de La Paz. El detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona oriente mexiquense.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, este opera en municipios del oriente del Estado de México, donde se le atribuyen homicidios, venta y distribución de narcóticos, despojos y secuestros.

El homicidio en el bar “La Malquerida D’Oro”

El hecho por el que se investiga a José Eduardo “N” ocurrió el 1 de agosto en un inmueble habilitado como bar, identificado como “La Malquerida D’Oro”, en el municipio de La Paz. Al lugar llegaron cinco sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil.

Dos de ellos descendieron de los vehículos y uno ingresó al establecimiento con un arma de fuego, con la que disparó contra la víctima hasta privarla de la vida. Antes de huir, el grupo dejó en el sitio una cartulina con un mensaje intimidatorio.

Los actos de investigación de la Fiscalía permitieron establecer como hipótesis principal que el homicidio estuvo relacionado con el cobro de una extorsión hacia la víctima. Con base en esa línea de investigación, la institución identificó a los probables intervinientes y solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes.

Por este mismo hecho, dos sujetos más ya habían sido vinculados a proceso con anterioridad, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía estatal.

Detención y cargos contra José Eduardo “N”

Elementos de la FGJEM detuvieron a José Eduardo “N” tras el cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de las investigaciones por el homicidio ocurrido el 1 de agosto en La Paz. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez que definirá su situación jurídica.

Según la información difundida por la institución, José Eduardo “N” es investigado además por su vínculo financiero con “Los Vallarta”.

En caso de ser declarado culpable, el imputado podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía subrayó que debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme.

Origen y vínculo de “Los Vallarta” con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La Fiscalía identifica a “Los Vallarta” como una célula delictiva dedicada al homicidio, la venta y distribución de narcóticos, los despojos y los secuestros, con zona de operación concentrada en el oriente del Estado de México. La organización estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Los Vallarta” tienen presencia en municipios como La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Investigaciones previas de la FGJEM han señalado como líder de esta estructura a Fernando “N”, conocido con los alias “El F1”, “El Negro” o “Lic. Vallarta”, quien permanece recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales. De acuerdo con esas mismas indagatorias, Fernando “N” habría operado como el principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos.

Detenciones previas y balance de la Fiscalía

La FGJEM ha reportado con anterioridad la captura de otros presuntos integrantes de esta red. Entre ellos figuran Jazmín “N”, alias “La China”, y Leslie Elisa “N”, alias “La Güera”, detenidas en junio por su probable participación en distintos homicidios registrados en La Paz y Nezahualcóyotl.

También se ha informado sobre la vinculación a proceso de Geisler “N” y de Moisés “N”, este último señalado por un doble homicidio registrado en julio en el municipio de Chimalhuacán, ambos identificados como probables integrantes de “Los Vallarta”.

Con la detención de José Eduardo “N”, la FGJEM ha logrado la aprehensión de 13 probables miembros de esta célula por hechos diversos, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales ante el sistema de justicia mexiquense.

Los ataques con coches bomba utilizados por organizaciones criminales en México pueden encuadrarse como actos de terrorismo, de acuerdo con Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad, quien consideró que el objetivo de esta táctica no es necesariamente provocar el mayor número de muertes, sino generar miedo, demostrar capacidad operativa y producir un impacto social y mediático.

En entrevista con Infobae México, Sánchez analizó el regreso de los coches bomba en medio de la tercera oleada de este tipo de ataques registrada en el país y sostuvo que la explosión de vehículos cargados con explosivos cumple con características que han llevado a especialistas a considerar estas acciones como terrorismo.

“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. Es por ello que mucha gente habla de que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.

Su análisis parte del ataque registrado el 30 de agosto en Ojocaliente, Zacatecas, donde un vehículo cargado con alrededor de 200 kilos de explosivos fue detonado frente a instalaciones policiales. La explosión dejó 11 personas heridas y provocó daños en decenas de viviendas y vehículos.

El atentado ocurrió en medio de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción conocida como La Mayiza, que mantiene presencia y busca ampliar su control en distintas zonas de Zacatecas, según el análisis publicado por Insight Crime.

Para Sánchez, el caso ilustra una de las principales características de esta modalidad: la capacidad de generar un efecto que trasciende el número de víctimas.

¿Qué tendría que cambiar para que México investigue los coches bomba como terrorismo?

México ya contempla el delito de terrorismo en su legislación federal. El artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión para quien utilice explosivos u otros medios violentos para realizar actos contra bienes, servicios o personas que produzcan alarma, temor o terror entre la población, con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o particular.

A partir de esa definición, Sánchez considera que los ataques con coches bomba utilizados por organizaciones criminales pueden cumplir con los elementos establecidos en el tipo penal.

En el artículo de su autoría, “Las tres oleadas de coches bomba en México” —publicado el 7 de septiembre—, el especialista recordó que la mayoría de los atentados registrados en México con esta modalidad no han tenido como principal resultado un alto número de muertes.

De los 28 ataques con coches bomba que identificó desde 1992, señaló, en 20 no hubo víctimas mortales, aunque sí heridos y daños materiales.

“Esto nos indica que estos actos son más simbólicos que enfocados en causar bajas, ya que lo que se busca es sembrar miedo entre la población, las autoridades y las organizaciones rivales”, escribió.

Sánchez consideró que este elemento resulta fundamental para el debate sobre terrorismo: un ataque puede producir un impacto criminal y social incluso cuando no deja un elevado número de víctimas mortales.

Sin embargo, aclaró durante la entrevista que investigar un ataque bajo la figura de terrorismo no resolvería automáticamente las dificultades para identificar y detener a sus responsables.

“El proceso no cambia el hecho de las investigaciones. Es igual de complicado a lo mejor dar con el paradero de alguien que perpetra actos terroristas que alguien que trasiega drogas o que tiene un enfrentamiento armado”, explicó.

Lo que sí podría cambiar, según su análisis, serían las consecuencias jurídicas de una eventual sentencia.

“Las penas agravadas por terrorismo pueden incrementarse de forma importante”, señaló.

El Código Penal Federal establece que la pena por terrorismo se aplica sin perjuicio de las sanciones correspondientes por otros delitos que resulten de los hechos, lo que permite perseguir de manera concurrente otras conductas relacionadas con un atentado. Además, la legislación mexicana contempla figuras específicas relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

Sánchez también consideró que una acusación de este tipo podría tener implicaciones adicionales en la cooperación con Estados Unidos, particularmente cuando los involucrados pertenezcan a organizaciones que Washington ya clasificó como terroristas.

Ocho cárteles mexicanos ya fueron designados como terroristas por Estados Unidos

El debate en México ocurre mientras Estados Unidos ya ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras a ocho organizaciones criminales mexicanas. Las primeras seis fueron incorporadas a la lista el 20 de febrero de 2025: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

A esa lista se sumaron el Cártel de Juárez y Los Viagras, designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras el 16 de julio de 2026. Con ello, Washington elevó a ocho el número de grupos criminales mexicanos incluidos bajo esa categoría.

Para Sánchez, esta situación añade otra dimensión al análisis sobre los ataques con explosivos.

“Facilitaría la extradición a los Estados Unidos, precisamente porque ya se designó a ocho organizaciones como organizaciones terroristas”, dijo para Infobae México, en referencia al paquete de designaciones realizado por Washington.

No obstante, la designación estadounidense de una organización como FTO y la eventual aplicación del delito de terrorismo en México son procesos jurídicos distintos y dependen de las legislaciones de cada país y de las circunstancias específicas de cada caso.

La tercera oleada de coches bomba y el riesgo de “contagio”

En su artículo, el especialista identificó tres oleadas de ataques con coches bomba en México: la primera entre 1992 y 1994, la segunda entre 2010 y 2012 y una tercera que comenzó en 2024 y permanece activa.

La primera estuvo relacionada con la reconfiguración criminal posterior a la caída de los principales líderes del Cártel de Guadalajara y las disputas entre grupos que posteriormente consolidaron sus estructuras en Tijuana, Sinaloa y otras regiones.

La segunda comenzó con ataques atribuidos a La Línea, vinculada con el Cártel de Juárez, contra la entonces Policía Federal. Posteriormente, Los Zetas utilizaron esta modalidad en su confrontación con el Cártel del Golfo.

La actual oleada, explicó Sánchez, presenta características distintas porque el uso de coches bomba se ha concentrado principalmente en territorios disputados donde organizaciones criminales buscan ampliar o defender su presencia. Guanajuato, Michoacán y Zacatecas son algunos de los principales escenarios.

“Lo que distingue a esta tercera ola es su uso, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó.

Los explosivos no están dirigidos únicamente contra organizaciones rivales. También pueden convertirse en una demostración de fuerza frente a las autoridades.

“Demostrar este músculo para amedrentar a las autoridades y evitar que autoridades tanto locales como estatales ayuden a sus rivales”, señaló Sánchez.

En el caso de Ojocaliente, la capacidad de conseguir alrededor de 200 kilos de explosivos, colocarlos dentro de un vehículo y activarlos a distancia representa, para el especialista, parte del mensaje que buscan transmitir este tipo de organizaciones.

La tercera oleada también coincide con la expansión de otras tácticas explosivas, como drones cargados con artefactos y minas terrestres improvisadas.

Por ello, Sánchez advirtió que el principal riesgo no sólo es que aumenten los ataques con coches bomba, sino que otras organizaciones criminales adopten la misma estrategia.

“(El peligro es) que haya una especie de contagio, como pasó con el tema de los drones explosivos, como pasó con el tema de las minas terrestres antipersonales, que se den estos procesos de contagio y entonces que los imiten”, afirmó.

El especialista advirtió que todavía no es posible determinar si la actual oleada llegó a su fin o continuará durante el resto de 2026 y los próximos años.

“Ha habido importantes periodos sin ataques de coche bomba, pero no tenemos garantía de que vaya a haber otro periodo largo”, explicó.

Para Sánchez, el peligro es que esta modalidad deje de aparecer de manera esporádica y se convierta en una práctica continua dentro de las disputas criminales.

El caso de Zacatecas muestra el escenario en el que podría desarrollarse esa expansión. De acuerdo con Insight Crime, el aumento de la violencia en el estado coincide con la disputa entre el CJNG y La Mayiza y con una mayor utilización de coches bomba, drones explosivos y minas terrestres.

Así, mientras continúa el debate político y jurídico sobre si estos atentados deben ser reconocidos como terrorismo, Sánchez sostiene que el elemento central ya está presente: el uso de explosivos para generar miedo y demostrar capacidad frente a la población, las autoridades y los grupos rivales.

La comunidad wixárika de Tateikie, San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, denunció un agravamiento de la violencia y las amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una situación que, aseguran sus habitantes, ha provocado temor, restricciones a la libre movilidad, suspensión de actividades y el aislamiento de parte de la población.

Ante esta situación, los comuneros iniciaron movilizaciones y un plantón para exigir justicia y una estrategia de seguridad que permita recuperar la tranquilidad en su territorio.

Bajo la consigna “Si el miedo avanza, el pueblo se levanta”, representantes de la comunidad viajaron a Guadalajara para buscar un diálogo con autoridades estatales y exigir la intervención coordinada de los tres niveles de gobierno.

Los habitantes sostienen que la problemática no es reciente. De acuerdo con sus denuncias, la presencia del crimen organizado en la región se remonta al menos a 2020, aunque en las últimas semanas la situación alcanzó uno de sus puntos más críticos por las agresiones contra dirigentes y autoridades tradicionales.

San Andrés Cohamiata se encuentra en una región estratégica de la sierra, cercana a los límites de Jalisco con Nayarit, Durango y Zacatecas, una ubicación que ha incrementado la preocupación de los habitantes ante la presencia y movilidad de grupos criminales.

“Sólo ellos eran dueños del territorio”

Uno de los episodios que detonó las recientes movilizaciones ocurrió después de que autoridades de bienes comunales denunciaron haber sido privadas ilegalmente de la libertad.

Los representantes fueron liberados y regresaron a la comunidad el pasado 4 de septiembre, donde relataron que durante su retención fueron amenazados por presuntos integrantes del CJNG.

Según el testimonio difundido por los habitantes, los hombres les advirtieron que ellos eran los únicos dueños del territorio y exigieron que la población trabajara bajo sus órdenes.

La denuncia provocó una nueva reacción de la comunidad, que decidió instalar un plantón permanente en el paraje El Bajío del Carrizal para exigir garantías de seguridad y una respuesta inmediata de las autoridades.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, acudió al lugar; sin embargo, los comuneros acusaron que su visita no produjo una solución concreta.

De acuerdo con la versión de los habitantes, el funcionario permaneció alrededor de dos horas y abandonó la zona antes de que llegaran representantes de autoridades federales y municipales que participarían en una mesa de diálogo.

La situación generó molestia entre los manifestantes, quienes intentaron impedir la salida del funcionario para exigir atención a sus demandas.

Denuncian disparos y falta de respuesta

El momento de mayor tensión ocurrió cuando, según la denuncia de los comuneros, un elemento de la Policía Estatal habría realizado disparos al aire para dispersar a la población y permitir la salida del funcionario hacia un helicóptero.

Los habitantes aseguraron haber recuperado un casquillo percutido y exigieron una investigación para determinar lo ocurrido.

Además de las amenazas del crimen organizado, integrantes de la comunidad han denunciado una presunta falta de coordinación de las corporaciones de seguridad y han señalado posibles vínculos o complicidades que, según su versión, permiten la permanencia de grupos criminales en la región.

En un comunicado difundido por la página WixarikaMx, los afectados señalaron que su intención era establecer un diálogo “directo, respetuoso y resolutivo” con las autoridades para alcanzar acuerdos y acciones concretas que garantizaran la seguridad de quienes viven en el territorio comunitario.

La violencia, aseguran, ha impactado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

Los pobladores denunciaron que han enfrentado problemas de comunicación y suministro eléctrico, mientras que la falta de condiciones de seguridad ha obligado a suspender actividades comunitarias, educativas y hasta la organización de festividades patronales.

También señalaron que docentes y personal médico han tenido dificultades para ingresar a la comunidad, lo que representa una afectación directa al acceso a la educación y la atención a la salud.

Seis años de alertas por la violencia

Las advertencias sobre la inseguridad en esta zona se han acumulado durante los últimos años.

En marzo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió alertas después de registrarse enfrentamientos entre grupos criminales en regiones cercanas.

Posteriormente, en junio de 2022, el organismo volvió a advertir sobre un contexto de “persistente inseguridad” y pidió reforzar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, particularmente en rutas estratégicas como la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata.

La violencia volvió a escalar en 2024, cuando cuatro integrantes de la comunidad fueron privados de la libertad, hecho que provocó bloqueos, movilizaciones y un plantón permanente para exigir su localización.

En abril pasado, la comunidad wixárika declaró incluso un estado de alerta máxima, tras denunciar la incursión de presuntas células criminales procedentes de Nayarit que, según los habitantes, buscaban establecerse en puntos estratégicos del territorio.

Finalmente, el pasado 8 de septiembre se realizó una mesa de diálogo con representantes de la comunidad y autoridades de los tres niveles de gobierno, con mediación de la CEDHJ.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el despliegue de elementos policiacos y personal militar para realizar patrullajes de vigilancia y reforzar la protección de los habitantes de San Andrés Cohamiata.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) montó durante más de una década una red de fraude contra propietarios de tiempos compartidos en México que generó pérdidas de aproximadamente USD 350 millones entre 2019 y 2024, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acusación formal, presentada en un tribunal federal de Brooklyn, revela que cerca de seis mil ciudadanos estadounidenses cayeron en la trampa en ese período. El dinero no financiaba únicamente el enriquecimiento personal de sus operadores: iba directo a las arcas del CJNG para sostener sus actividades de narcotráfico y violencia.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la cara de los call centers

En el centro del esquema aparece Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, identificado como mando de alto rango del cartel. Ella supervisaba desde una oficina central la captación de fondos en los centros de llamadas instalados en Jalisco.

Su hermano, por su parte, gestionaba la red financiera que blanqueaba ese dinero para comprar y distribuir narcóticos en territorio estadounidense.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Montero Pinzón acumula además una acusación adicional: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, categoría que Washington le asignó al CJNG en febrero de 2025.

La mecánica del engaño: llamadas, documentos falsos y doble victimización

La operación arrancó al menos desde 2012 bajo un esquema de pago por adelantado. Los estafadores contactaban por teléfono a propietarios de tiempos compartidos en México y les ofrecían lo que parecía una salida sencilla: alquilar o revender su propiedad sin complicaciones.

Con documentos falsificados y sitios web fraudulentos, los convencían de transferir dinero por presuntas tarifas administrativas e impuestos. La promesa era que recibirían sumas mayores a cambio. Los fondos prometidos nunca llegaron.

El mecanismo tenía una segunda vuelta. Cuando la víctima ya había perdido su dinero, los mismos operadores volvían a comunicarse haciéndose pasar por abogados o funcionarios gubernamentales. El argumento era que podían recuperar lo perdido, pero a cambio de una nueva cuota por adelantado.

Lejos de ser una estafa aislada, la red funcionaba como una división corporativa del cartel, diseñada con precisión para convertir el fraude en financiamiento criminal.

La investigación conjunta del FBI, la DEA y el IRS

El caso fue impulsado por el FBI, la DEA y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). La coordinación entre las tres agencias permitió reconstruir el flujo del dinero desde los call centers de Jalisco hasta las redes de distribución de drogas en Estados Unidos.

“Montero Pinzón y Arredondo Pinzón engrosaron las arcas de una violenta organización extranjera de terrorismo y narcotráfico”, señaló Joseph Nocella Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

La fiscal general Pam Bondi fue más directa al describir el alcance de la persecución: “Este alto dirigente presuntamente estafó a ciudadanos inocentes para financiar el terrorismo contra el pueblo estadounidense”, y advirtió que la justicia irá tras las finanzas del cartel en cualquier frente.

Ninguno está detenido y la condena podría llegar a 20 años

Tanto Arredondo Pinzón como Montero Pinzón son ciudadanos mexicanos y no se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Se los presume inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en juicio.

De ser condenados, cada cargo prevé una pena de hasta 20 años de prisión.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ya sancionó y procesó a más de 70 personas y entidades vinculadas al esquema del CJNG. El objetivo es asfixiar los recursos de una estructura criminal que hace tiempo extendió sus tentáculos mucho más allá del tráfico de drogas.

La cuenta de Los Más Buscados del FBI en X recordó este miércoles que Washington ofrece hasta USD 2 millones por información que conduzca al arresto y condena de Arredondo Pinzón. La cifra no está sola: su medio hermano El Tarjetas tiene asignados hasta USD 10 millones por separado, lo que suma USD 12 millones por ambos.

Esas recompensas individuales se inscriben en un paquete más amplio. El 5 de agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció hasta USD 100 millones en total por ocho integrantes del CJNG, una señal de la prioridad que Washington asigna al desmantelamiento financiero del cartel.

Que una contadora de Puerto Vallarta figure entre los ocho objetivos más buscados no es casualidad. Arredondo Pinzón, nacida el 1 de junio de 1990 en esa ciudad costera de Jalisco, usó su formación profesional para posicionarse como supervisora del flujo de dinero en los call centers: recibía los fondos de las víctimas y coordinaba su lavado hacia las estructuras del cartel, según los documentos judiciales citados por Infobae.

El esquema que administraba tampoco fue una invención del CJNG. La investigación identificó a Omar Aguirre Barragán, un abogado y empresario mexicano ya fallecido, como el hombre que introdujo el modelo de fraude de tiempos compartidos al cartel alrededor de 2012. Aguirre buscó el respaldo de la organización para desplazar a rivales que ya operaban ese negocio en Puerto Vallarta. Con el tiempo, el CJNG tomó control directo y eliminó al intermediario.

Lo que el cartel heredó y perfeccionó fue una maquinaria de doble victimización que el FBI calcula mucho más grande de lo que reflejan las denuncias formales. La agencia estima que el 80% de las víctimas nunca reporta el fraude por vergüenza u otros motivos, lo que significa que las pérdidas reales superan con amplitud la cifra documentada.

Ninguno de los dos acusados está detenido. Mientras tanto, el caso sigue abierto en el tribunal federal de Brooklyn y la recompensa por Arredondo Pinzón permanece vigente, a la espera de que alguien la cobre, según informó Infobae.

La cuenta de Los Más Buscados del FBI en la red social X recordó este miércoles la recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de la mexicana Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada como operadora financiera de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mensaje describe a Arredondo Pinzón como presunta “alta ejecutiva financiera de un potente cártel transnacional y organización terrorista extranjera designada en México”. La cuenta añadió que es buscada por dirigir un esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México.

¿Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón nació el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, Jalisco. Es contadora de profesión y, según documentos judiciales, participó en el esquema de fraude desde aproximadamente 2012.

Arredondo Pinzón trabajaba en la oficina central del CJNG que coordinaba y supervisaba las operaciones de los call centers dedicados a estafar a propietarios de tiempos compartidos. Desde ahí supervisaba la recepción y el lavado de los fondos obtenidos de las víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.

Arredondo Pinzón forma parte de una lista de ocho integrantes del CJNG por los cuales Estados Unidos ofrece en conjunto hasta 100 millones de dólares en recompensas, anunciado el 5 de agosto de 2026.

Es media hermana de El Tarjetas

Arredondo Pinzón es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, identificado como cofundador y líder del Grupo Elite, el brazo armado del CJNG. El Departamento de Justicia acusó también a Montero Pinzón de fraude electrónico en tiempos compartidos y lavado de dinero, en el mismo expediente presentado en Brooklyn.

Montero Pinzón tiene 44 años y fue sancionado por primera vez por la OFAC en junio de 2022, redesignado en agosto de 2025 y acusado formalmente en septiembre de ese mismo año. El organigrama que la OFAC publicó el 23 de julio de 2026 lo ubica en el tercer nivel de mando del CJNG, junto a Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”.

Montero Pinzón cofundó el Grupo Elite junto con Rivera Varela; ambos habrían tenido más de 1,000 personas bajo su mando y controlado la plaza de Guadalajara, una de las más estratégicas del cártel. Las autoridades mexicanas lo señalan también como presunto autor intelectual del ataque contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido el 26 de junio de 2020 en Lomas de Chapultepec.

En ese ataque murieron dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar; García Harfuch recibió impactos de armas Barrett .50, AK-47 y R-15. Montero Pinzón también fue vinculado al ataque en la Plaza Artz Pedregal en julio de 2019, donde murieron dos ciudadanos extranjeros. Por su captura, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares, monto que sumado a la recompensa por Arredondo Pinzón alcanza los 12 millones de dólares por ambos hermanos.

Así opera su esquema de fraudes

El esquema de fraudes que sigue la operadora financiera del CJNG no nació con ella. Fue un abogado y empresario mexicano, Omar Aguirre Barragán, ya fallecido, quien lo enseñó al cártel alrededor de 2012 y buscó su apoyo para desplazar a rivales que ya lo practicaban en Puerto Vallarta. Con el tiempo, la organización tomó control directo del negocio y eliminó a Aguirre como intermediario.

Los operadores, que dominaban el inglés, contactaban desde call centers en Jalisco a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México. Se presentaban como corredores inmobiliarios, abogados o representantes de ventas y ofrecían comprar o rentar las propiedades a precios de mercado o superiores. Las víctimas más frecuentes eran adultos mayores con propiedades de lujo que ya no usaban.

Para concretar la operación, las víctimas debían pagar por adelantado impuestos, costos de cierre, honorarios de abogados o tarifas de depósito. Una vez realizados los pagos, los estafadores desaparecían o exigían más dinero bajo nuevos pretextos. Las propiedades nunca se vendían ni se rentaban.

Quienes caían en el esquema inicial no quedaban a salvo. El cártel volvía a contactarlos meses o años después, ahora haciéndose pasar por abogados estadounidenses o funcionarios de gobierno que ofrecían recuperar el dinero perdido, siempre a cambio de nuevos pagos. Los estafadores llegaban a suplantar la identidad de la propia OFAC y de autoridades internacionales como Interpol para presionar con amenazas de arresto.

El dinero de las víctimas se transfería mediante depósitos electrónicos a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa, desde donde se movía a otros fideicomisos controlados por el cártel para financiar tráfico de drogas, pagar a miembros de la organización o adquirir bienes raíces de lujo en ciudades turísticas.

Entre 2019 y 2024, cerca de 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares vinculadas a este esquema. Según el FBI, el 80% de las víctimas nunca lo reporta por vergüenza u otras razones, por lo que las pérdidas reales superarían con amplitud esa cifra.

Alexis Medina, de 31 años y originario de Uruapan, fue detenido la mañana del miércoles en Zapopan, Jalisco, y trasladado horas después a instalaciones de la Fiscalía de Michoacán.

Es hermano de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido el 7 de agosto pasado por su presunta participación en extorsiones en la región de Uruapan.

Cabe señalar que detrás del homicidio de Carlos Manzo ha estado la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades federales señalaron que Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder de la organización y abatido en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, habría tenido conocimiento del crimen, aunque no habría emitido la orden directa, atribuida a “El R1”, líder de la célula de los “R´s".

“El Brilloso” habría formado parte del grupo de mensajería que planeó el crimen

La Fiscalía reveló que existen indicios que relacionan a “El Brilloso” con el grupo de una aplicación de mensajería cifrada donde se planeó y coordinó el ataque contra Carlos Manzo. Según reportes previos, ese chat era comandado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque, sin importar si estaba acompañado de su familia.

El hallazgo del grupo derivó del análisis de los teléfonos celulares de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, dos presuntos implicados que aparecieron sin vida el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho. Ramiro “N” fungía como coordinador de campo: de acuerdo con lo revelado en conferencia de prensa por Omar García Harfuch y el entonces fiscal Carlos Torres Piña, a las 18:06 horas del 1 de noviembre de 2025, Ramiro “N” compartió un video de la jardinera donde ocurriría el atentado, y a las 19:45 horas informó que el alcalde asistía al Festival de las Velas y transmitía en vivo por redes sociales.

A las 20:00 horas, ya consumado el ataque, Ramiro “N” comunicó al grupo que las autoridades tenían sometido al tirador. Los indicios que vinculan a “El Brilloso” con esa red de comunicación forman parte de la carpeta de investigación que sostiene la orden de aprehensión ejecutada en su contra.

La Fiscalía imputa a “El Brilloso” homicidio calificado y lesiones calificadas

La FGE cumplimentó la orden de aprehensión contra “El Brilloso” con base en su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, con el apoyo de las autoridades de Jalisco.

Según la fiscalía de Michoacán, “El Brilloso” también es investigado por su probable relación con actividades delictivas en los municipios de Uruapan, Zapopan y Atotonilco, entre ellas delitos contra la salud, extorsión, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada.

La Fiscalía lo identificó como presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en la zona, que habría asumido funciones dentro de esa estructura después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los probables autores intelectuales del homicidio.

La célula criminal comandada primero por “El Licenciado” y después por Alexis Medina es la señalada como responsable de ejecutar el ataque contra Manzo. “El R1”, en cambio, es identificado como quien ordenó y financió el crimen desde la estructura de “Los R’s”, una célula distinta dentro del organigrama del CJNG en Michoacán y Jalisco.

“El Brilloso” es hermano de “El Vikingo”, exboxeador detenido por extorsión

En el mismo comunicado compartido este 9 de septiembre tras el arresto, la Fiscalía de Michoacán confirmó que Alexis Jesús Medina García es hermano de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido el 7 de agosto pasado en la localidad de Tiamba, municipio de Uruapan. En ese operativo, las autoridades le aseguraron un arma de fuego, cartuchos para arma corta y bolsas con sustancia granulosa con características de metanfetamina.

Cristian Medina García desarrolló su carrera en el boxeo profesional bajo la tutela de Rigoberto “El Español” Álvarez, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, y acumuló un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate entre 2021 y 2025.

Tras su detención, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, señaló que “El Vikingo” reconoció mantener comunicación directa con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, integrante de la célula “Los R’s” y hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, ya detenido e identificado como la persona que ordenó y financió el asesinato de Carlos Manzo.

Con esta detención suman 32 personas capturadas por el caso Carlos Manzo

La captura de Alexis Medina llevó a 32 el número de personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo. La aprehensión número 31 había sido la de “El R1”.

El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan. El autor material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, Michoacán, quien fue abatido en el sitio del ataque; las pruebas periciales de rodizonato de sodio confirmaron que él disparó el arma.

Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, los dos jóvenes que acompañaron al agresor durante el ataque, fueron localizados sin vida el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del municipio de Capácuaro. Uno de ellos tenía 16 años, de acuerdo con la confirmación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Siete escoltas de Carlos Manzo también enfrentan proceso por su presunta implicación en el homicidio, situación que se formalizó el 22 de noviembre de 2025 durante la primera audiencia contra “El Licenciado” dentro del penal del Altiplano. El jefe de seguridad del alcalde, José Manuel Jiménez, continúa prófugo; existe una recompensa de 100 mil pesos por información que derive en su captura.

Dentro de los detenidos también figuran Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación; Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto líder regional del CJNG y otro de los señalados como autor intelectual; y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, jefe de plaza bajo el mando de “El Licenciado”.

Las autoridades identificaron además a Samuel “N”, extrabajador del Ayuntamiento de Uruapan, como el informante que habría entregado a la célula criminal los movimientos del alcalde a cambio de drogas. Ya fue detenido y en semanas recientes ha sido vinculado directamente con la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

La FGE informó este 9 de septiembre que “El Brilloso” será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente una vez cumplimentado el mandato judicial en su contra, por lo que se espera que en los próximos días se lleve a cabo su audiencia inicial.

Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, y Christian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, son hermanos, este vínculo fue expuesto por la Fiscalía de Michoacán. Ambos quedaron vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Uruapan, Michoacán. El dato surgió a raíz de la más reciente detención dentro de la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Los hermanos se habrían enlistado juntos en el CJNG meses antes del atentado en contra del edil de Uruapan, Carlos Manzo. Ambos realizaban labores delictivas bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, líder regional de la organización criminal en la entidad.

Dos caminos dentro de la misma estructura criminal

Christian Martín Medina García, “El Vikingo”, construyó su carrera como boxeador profesional, con un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, y llegó a entrenar en el entorno del Canelo Team, siendo entrenado por Rigoberto Álvarez, hermano del Canelo Álvarez. Ese pasado deportivo contrasta con el señalamiento que hoy pesa sobre él: haber operado una célula de extorsión contra productores de aguacate en Uruapan.

Su hermano, Alexis, siguió una ruta distinta dentro de la misma organización. Se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan tras la detención de “El Licenciado”, ocurrida en noviembre de 2025 en la ciudad de Morelia. Alexis asumió las funciones que dejó vacantes ese líder regional.

La captura de “El Vikingo” en Tiamba

La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido es hermano de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, capturado el pasado 7 de agosto en ese municipio. Según el organismo, a “El Vikingo” le fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos para arma corta y bolsas con sustancia granulosa con características de metanfetamina.

Las autoridades de Michoacán lo vincularon con una célula identificada como “Los R’s”, brazo armado del CJNG en la región. Según esa versión, durante su entrevista con elementos de la Guardia Civil, “El Vikingo” reconoció que recibía órdenes directas de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R-2”.

“El R-2” es señalado como hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, jefe regional del CJNG en Michoacán y que fue detenido el 30 de julio en Atotonilco El Grande, Jalisco. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán. “El Vikingo” se encuentra vinculado a proceso por extorsión y en prisión preventiva oficiosa.

La detención de Alexis Medina en Zapopan

Alexis Medina García fue detenido este miércoles en el municipio de Zapopan, Jalisco, por el delito de homicidio calificado. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración de las autoridades de Jalisco para localizar al detenido, quien organizaba desde esa entidad las actividades delictivas del CJNG en Uruapan.

El expediente por el asesinato de Manzo

Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”, es considerado por la fiscalía uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan. Fue detenido en noviembre de 2025, días después del atentado, y era descrito como el enlace directo entre la estructura operativa local y la jerarquía criminal encabezada por “El R-1”.

La causa por el asesinato de Manzo suma ya 32 personas detenidas. Entre ellas figuran Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, jefe de plaza del CJNG y subordinado de “El Licenciado”; el taxista Rafael “N”, alias “La Aurora”; Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”; Héctor Hugo, alias “Manuel”, agente de la Policía de Investigación; y Juan Luis “N”, alias “El Comandante Gary”, elemento de la Guardia Civil estatal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la tarde de este miércoles 9 de septiembre la captura de Alexis Medina, señalado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan, Michoacán, el cual estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención se realizó en Zapopan, Jalisco, como parte de las investigaciones por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Según datos oficiales, la aprehensión fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con base en una orden de aprehensión emitida por un juez. Harfuch agradeció además en su mensaje la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar la captura.

Información obtenida por Infobae México tras una consulta con fuentes de seguridad reveló que Alexis Medina es identificado con los alias “Brilloso” y/o “Vikingo”.

Con esta detención suman 32 personas vinculadas al homicidio bajo resguardo de las autoridades. La aprehensión número 31 en la misma investigación fue la de Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, considerado hasta el momento el detenido de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal señalada por el crimen.

El Brilloso asumió el control de una célula criminal tras la detención de “El Licenciado”

Según la información revelada por Harfuch, Alexis Medina asumió funciones dentro de una estructura criminal con sede en Uruapan, Michoacán, después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo.

Jorge Armando “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en la zona centro de Morelia, en un operativo coordinado entre la SSPC, la Defensa, la Semar, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Michoacán. Desde entonces permanece recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde espera juicio oral tras el fracaso de negociaciones para un acuerdo abreviado con la Fiscalía.

Jorge Armando “N” fue vinculado a proceso con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, término que ya venció. La Fiscalía sostiene que la carpeta está consolidada y en condiciones de sostenerse en juicio, sin que el proceso dependa de la aprehensión de otros implicados.

Las autoridades lo señalan como presunto líder del CJNG en la región, y como el enlace directo entre la célula que ejecutó el crimen y Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco detenido el pasado 30 de julio de 2026.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó en diciembre de 2025 que Jorge Armando “N” también habría operado para el CJNG en Guanajuato.

Jorge Armando “N” habría operado como coordinador de los hombres que llevaron a cabo el crimen contra el alcalde de Uruapan el pasado 1 de noviembre de 2025. Desde un grupo de mensajería cifrada habría emitido órdenes de vigilancia, rutas y movimientos del alcalde, e instruido a los ejecutores a disparar sin importar si Manzo estaba acompañado de su familia. Tras el atentado, habría presionado a los integrantes de la célula para que borraran mensajes y se dispersaran.

Para dificultar su localización, Jorge Armando “N” cambiaba de chip telefónico con frecuencia. El rastreo de los celulares de sus cómplices fue lo que permitió ubicarlo en Morelia. El propio implicado denunció ante autoridades judiciales haber sido víctima de tortura durante su detención y negó pertenecer al CJNG, versión que la Fiscalía rechazó al sostener que fue sorprendido en flagrancia con droga y un arma de fuego, y que intentó sobornar a los elementos que lo interceptaron.

“El R1” fue el detenido número 31 en el caso Manzo

Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue vinculado a proceso el 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Manzo, tras haber sido detenido el 30 de julio en Jalisco. Ese arresto representó, en su momento, el detenido número 31 dentro de las investigaciones del caso, y hasta el momento es considerado el de mayor jerarquía dentro de la estructura criminal señalada por el crimen.

Un juez de control con sede en Michoacán impuso a “El R1” prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Las autoridades lo señalan como quien ordenó y financió el crimen, respaldado por análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Ramón Álvarez Ayala es identificado como jefe de la célula del CJNG conocida como “Los R’s”, con operaciones en Michoacán y Jalisco. Cabe señalar que no es la misma célula criminal identificada como ejecutora del crimen, esa sería la comandada antes por “El Licenciado” y después bajo el control del hoy detenido Alexis Medina, organización a la cual no se le conoce con algún nombre concreto.

Por hechos distintos al homicidio de Carlos Manzo, la Fiscalía General de la República también obtuvo la vinculación a proceso de “El R1″ junto con Jesús Salvador Vela Salazar por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína, tras lo encontrado el 30 de julio en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

Esto se sabe sobre el crimen contra Carlos Manzo

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan. Los autores materiales fueron dos menores de edad reclutados desde una clínica de rehabilitación, a quienes se les habría pagado 2 millones de pesos por el crimen.

En la primera audiencia contra “El Licenciado”, celebrada dentro del penal del Altiplano el 22 de noviembre de 2025, también se formalizó la situación jurídica de siete escoltas de Manzo presuntamente implicados en el homicidio. El jefe de seguridad, José Manuel Jiménez, permanece prófugo, con una recompensa activa de 100 mil pesos por información que derive en su arresto.

Las investigaciones ubicaron además a un informante dentro del círculo de Manzo: Samuel “N”, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Uruapan y habría entregado información sobre los movimientos del alcalde a integrantes de la célula encargada de ejecutar el homicidio a cambio de drogas.

Harfuch explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la captura de “El R1″ que el crimen organizado habría matado a Manzo porque interpretó sus acciones como una “provocación”: los operativos, las detenciones y la presencia del alcalde en acciones contra los grupos delincuenciales.

Entre los otros detenidos en el caso destacan Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de jóvenes desde centros de rehabilitación para integrarlos a células delictivas, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado también como uno de los autores intelectuales del homicidio y presunto líder regional del CJNG en la zona.

También figura Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, jefe de plaza del CJNG bajo el mando de “El Licenciado”, así como Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, identificada como operadora directa de “El Congo”.

Los jóvenes reclutados para ejecutar el crimen contra Carlos Manzo fueron asesinados. Uno de ellos, autor material del ataque, fue abatido en el sitio; los otros dos aparecieron muertos días después en la carretera Uruapan-Paracho.

La explosión de un coche bomba frente a una comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto dejó 11 personas heridas y daños en viviendas, vehículos e instalaciones policiales. En el automóvil fueron utilizados aproximadamente 200 kilos de material explosivo.

El ataque ocurrió en uno de los territorios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una disputa con grupos rivales. Zacatecas comparte esa condición con Guanajuato y Michoacán, entidades donde la organización ha buscado ampliar su presencia frente a estructuras criminales que conservan posiciones en corredores y municipios estratégicos.

Para Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, los ataques registrados en esas entidades tienen un elemento común: ocurren en zonas donde el CJNG intenta avanzar sobre territorios bajo control o influencia de otras organizaciones. El uso de vehículos explosivos, explicó, puede entenderse dentro de esa disputa territorial y no únicamente como una forma de atacar un objetivo específico.

“Lo que distingue a esta ola —de ataques— es el uso, por parte del Cártel Jalisco, de estos explosivos en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó Sánchez Valdés en entrevista con Infobae México.

Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, las fronteras criminales

Guanajuato es uno de los principales escenarios de esa disputa. El CJNG mantiene una rivalidad con el Cártel Santa Rosa de Lima por el control de distintas zonas de la entidad, una confrontación que ha tenido consecuencias en municipios donde ambas organizaciones buscan conservar o ampliar su presencia.

“Hay que recordar que Guanajuato es una entidad que, desde hace varios años, tiene más homicidios a nivel nacional. Es una entidad que vienen peleando el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Y que, por tanto, se puede decir que es una de las fronteras criminales que hoy sigue disputando el Cártel Jalisco”, señaló el investigador.

Michoacán representa otro de esos espacios de confrontación. La frontera con Jalisco concentra zonas donde el CJNG se ha enfrentado con organizaciones locales y facciones que buscan conservar áreas de influencia. Para Sánchez Valdés, el uso de explosivos se inscribe en ese intento de modificar el equilibrio territorial.

Zacatecas presenta una configuración distinta. El investigador explicó que el CJNG mantiene presencia en la parte sur de la entidad, mientras que en el norte operan grupos vinculados con Los Cabrera Sarabia, aliados de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

En ese escenario ocurrió el ataque de Ojocaliente. García Harfuch señaló el 4 de septiembre que una de las principales líneas de investigación relacionaba el atentado con la disputa entre células del CJNG y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas. El funcionario también informó que tres personas habían sido detenidas por su presunta participación en el ataque.

La ubicación del municipio resulta relevante por su posición en el sureste de Zacatecas y por su conexión con zonas limítrofes con Aguascalientes. El ataque contra la comandancia ocurrió en una región donde también se habían registrado otros hechos con explosivos días antes, de acuerdo con el reporte presentado por las autoridades federales.

El coche bomba también busca condicionar a las autoridades

La utilidad del explosivo no se limita al enfrentamiento entre grupos criminales. Sánchez Valdés explicó que estos ataques también pueden funcionar como una advertencia dirigida a corporaciones locales y estatales para dificultar su colaboración con organizaciones rivales, es decir, para que no establezcan alianzas con sus grupos antagonistas.

“Estos artefactos no sólo están enfocados en los rivales. O sea, sirven para demostrar este músculo, amedrentar a las autoridades, y evitar que estas, tanto locales como estatales, ayuden a sus rivales”, explicó.

En esa lógica, una comandancia policial adquiere un doble valor como objetivo: representa a la autoridad que interviene en un territorio disputado y permite exhibir ante los grupos rivales la capacidad de una organización para atacar una instalación oficial.

El especialista señaló que esa capacidad implica disponer de recursos, logística y personal capaz de trasladar un volumen considerable de explosivos, colocarlo dentro de un vehículo y hacerlo detonar sin que los responsables permanezcan en el lugar.

“Es la lógica criminal es el hecho de decir: yo tengo la capacidad operativa de conseguir, como en Ojocaliente, 200 kilos de explosivos, ponerlos en un auto, detonarlos a distancia y tronarlo frente de una estación de policía”, señaló Sánchez Valdés.

El ataque del 30 de agosto dejó 11 personas lesionadas y provocó daños en viviendas, vehículos e instalaciones de la corporación. García Harfuch detalló que diez viviendas sufrieron daños severos y otras 53 afectaciones menores, además de daños en 15 vehículos.

Atacar a distancia reduce el riesgo para los integrantes del grupo

Otra de las ventajas de esta modalidad, de acuerdo con Sánchez Valdés, está en la posibilidad de activar el artefacto sin que quienes participan directamente en el ataque tengan que permanecer junto al vehículo.

“El poder activarlo a distancia, el no poner en peligro a su propia gente. Obviamente, el tamaño de la explosión es muy grande y causa miedo”, explicó.

Esa característica modifica también el propósito del ataque. Para el investigador, el efecto buscado no necesariamente depende de provocar el mayor número posible de víctimas mortales, sino de generar una respuesta social y mediática que permita transmitir la capacidad de la organización.

“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. O sea, es por ello, pues que mucha gente habla que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.

La elección de instalaciones policiales refuerza ese efecto. El objetivo no es únicamente el daño material provocado por la detonación, sino mostrar que una organización criminal puede llevar un artefacto explosivo hasta una zona vigilada y utilizarlo contra una corporación que forma parte de la estructura de seguridad local.

Zacatecas y Michoacán enfrentan un escenario político adicional en 2027

Para Sánchez Valdés, la disputa territorial adquiere una dimensión adicional en entidades que tendrán procesos electorales locales en 2027. El especialista no plantea que los ataques tengan necesariamente un origen electoral, sino que la transición política puede aumentar el interés de las organizaciones criminales por influir en las autoridades locales.

En ese contexto, los ataques pueden convertirse también en mecanismos de presión sobre funcionarios y corporaciones que intervienen en zonas donde los grupos criminales buscan consolidar posiciones.

“También se convierten en mecanismos para presionar a las autoridades locales. En el caso de Zacatecas y Michoacán, tendrán elecciones a la gubernatura el siguiente año. Entonces, eso tiene una implicación o un grado más de interés: ir condicionando esta transición”, señaló.

Insight Crime: la disputa por Zacatecas se extiende a rutas y municipios estratégicos

El contexto territorial descrito por Sánchez Valdés coincide con un análisis reciente publicado por Insight Crime sobre el repunte de la violencia en Zacatecas.

El portal especializado en crimen organizado señaló que la confrontación entre el CJNG y La Mayiza se desarrolla alrededor del control de territorios y corredores utilizados para actividades criminales.

De acuerdo con Insight Crime, Ojocaliente se encuentra dentro de una zona estratégica del sureste de Zacatecas, cercana a las rutas que conectan con Aguascalientes. El medio ubicó la violencia reciente dentro de la disputa entre estructuras relacionadas con el CJNG y La Mayiza, particularmente por el control de esa franja del estado.

Insight Crime también señaló que el aumento de los enfrentamientos ha estado acompañado por el uso de distintas modalidades de explosivos, entre ellas vehículos y motocicletas cargados con artefactos, drones y minas. El medio identificó ese cambio táctico como parte de la evolución de la confrontación entre los grupos que buscan ampliar sus posiciones en Zacatecas.

Según la investigación de Insight Crime, el incremento de los ataques con explosivos se ha producido junto con una mayor presión sobre autoridades y comunidades de las zonas donde se desarrolla la disputa. El medio también documentó mensajes atribuidos a integrantes del CJNG en los que se dirigían amenazas contra integrantes de La Mayiza y funcionarios de Zacatecas.

El contexto descrito por Insight Crime permite dimensionar el ataque de Ojocaliente más allá de la detonación frente a una comandancia. La agresión ocurrió dentro de una zona donde dos estructuras criminales disputan posiciones, rutas y capacidad de influencia, mientras que la instalación policial funcionó como un objetivo que permitió trasladar esa confrontación al espacio de las autoridades.

La entrevista con Sánchez Valdés apunta a la misma dirección desde otra perspectiva: el valor de un coche bomba dentro de una disputa criminal no depende únicamente de las víctimas que pueda provocar, sino también de la capacidad que exhibe para penetrar un territorio rival, presionar a las autoridades y comunicar que el grupo cuenta con recursos para disputar una zona.

Elvia Ludmila Heredia, fiscal de Nayarit, reveló que frustraron un atentado planeado por un grupo criminal para ejecutarla a ella y al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero. El ataque estaba previsto a realizarse en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit.

Durante entrevista con medios de comunicación, la funcionaria declaró que mediante labores de inteligencia pudieron detectar el plan de ataque y las rutas que utilizarían para cometer el doble homicidio.

Además, detalló que 10 personas se encuentra detenidas al estar presuntamente relacionadas con la colocación de narcomantas en el estado -firmadas tanto por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como por el Cártel de Sinaloa- y con un homicidio, también vinculados a este hecho.

En uno de los mensajes, atribuido al CJNG, fueron amenazados tanto el gobernador como la fiscal al acusarlos de que “nunca han querido a Nayarit”.

El atentado que frustraron en contra de la fiscal y el gobernador

Elvia Ludmila reveló el plan de ataque luego de ser cuestionada por un periodista sobre si había recibido amenazas en su contra, a lo que dijo: “Totalmente. Tenían, tenían listo un atentado contra mí y contra el gobernador (...) Estaban ya en las rutas por las que nos iban a ejecutar”, detalló.

De acuerdo con sus declaraciones, estos hechos fueron detectados luego de la colocación de narcomantas durante el mes de agosto en San Cayetano y en el Puente Los Lobos, así como del hallazgo de los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic.

Al respecto, dijo que existen grupos criminales que se encuentran peleando entre ellos, simulando una “intromisión ajena” que detectaron en un patrón gráfico localizado en dos narcomantas.

Sin embargo, dijo que será después de las vinculaciones a proceso en contra de las diez personas que brindará mayor información para ser respetuosa de la acción penal.

La fiscal adelantó que parte del material probatorio será presentado directamente ante el juez y permanecerá reservado. “Algunos datos de prueba serán reservados”, explicó, sin precisar cuáles.

Narcomantas y cuerpos colgados: el antecedente en Tepic

El pasado 12 de agosto aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron un aparente desafío entre dos organizaciones criminales. La primera fue atribuida a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y se localizó en San Cayetano, sobre la carretera Federal 15.

El mensaje anunciaba la llegada del grupo sinaloense a la entidad: “A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos y que aiga paz para los trabajadores y para todas las personas de Nayarit (sic)”.

Horas después, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió con una segunda manta colgada en el Puente Los Lobos en el que advertía: “Nayarit tiene dueño y se respeta. Aquí entran por la Verg*”.

Cabe señalar que la disputa entre Los Mayos y el CJNG no solo ocurriría en Nayarit, sino que también se extiende a Sinaloa y Zacatecas luego de la fractura del Cártel de Sinaloa provocada por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, su exlíder, la cual provocó la ruptura de sus dos facciones.

Al día siguiente, el gobernador cuestionó la autenticidad de las narcomantas y sugirió que el material difundido podría haber sido creado de forma artificial. Sin negar la actividad de grupos delictivos en distintas zonas del estado, el mandatario afirmó que no existía confirmación sobre la llegada de una nueva organización a Nayarit.

El fin de semana posterior a la aparición de las mantas, se encontraron los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic, hecho que se sumó a la escalada de violencia en la capital.

Tras el hallazgo de los cuerpos, Miguel Ángel Navarro atribuyó los hechos a un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado. “Son personas que en un momento dado pudieran tener una confronta entre ellos”, afirmó.

Además, advirtió que “Nayarit no puede ser una plaza en disputa, es un territorio garantizado constitucionalmente por la autoridad”.

En esos días también fueron detenidos ocho policías del municipio de Bahía de Banderas y un elemento estatal por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La detención derivó en un paro policial de cerca de 10 horas en la zona.

Al respecto, la fiscal del estado afirmó que el problema de filtración de la delincuencia organizada dentro de las corporaciones policiales no es exclusivo de Bahía de Banderas, sino que también lo enfrentan otros municipios de la entidad.

Como parte de las acciones de seguridad, el gobernador Miguel Ángel Navarro, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia, se reunieron el pasado 24 de agosto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para analizar el plan de seguridad y contención del delito.

La liberación de un líder del CJNG detonó en Tecate una espiral de violencia que en menos de 72 horas dejó seis hombres ejecutados, 11 privados de la libertad, narcomantas con amenazas directas a policías municipales y un ataque a tiros contra la vivienda de uno de los agentes señalados. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa disputan el control territorial del municipio, y la confrontación escaló entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 con una intensidad que el propio presidente municipal reconoció como inédita.

El detonante fue la liberación provisional de Sergio Serrano, el Checo, el 23 de agosto de 2026. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, René Octavio Cardona González, firmó la orden tres meses después de su captura, ocurrida el 13 de mayo sobre la carretera Tecate–Ensenada.

Sergio Serrano, el Checo: captura, liberación y ajuste de cuentas del CJNG

La detención de Serrano fue el resultado de un operativo por aire y tierra. Durante más de 30 kilómetros intentó escapar a bordo de un Jeep gris con placas extranjeras, y utilizó disparos de arma de fuego y “ponchallantas” para frenar a las patrullas que lo seguían.

Las autoridades lo identifican como uno de los principales cabecillas del CJNG con operatividad en Tecate. A pesar de sus constantes entradas y salidas de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado, el juez Cardona González le concedió la libertad provisional.

El mismo día y a la misma hora, el juez liberó también a Arturo Zedillo Pulido, el Pelucas, detenido en abril con un arsenal y dosis de metanfetamina mientras operaba para el Cártel de Sinaloa con la facción de Los Mayos. Tres minutos después de salir del Centro de Reinserción Social La Mesa, a unos metros de la puerta principal, el Pelucas fue ejecutado.

Tras la liberación de Serrano, los investigadores alertaron de un “ajuste de cuentas” interno del CJNG. La organización acusó de traición a varios de sus operadores que, tras la captura de Serrano y de Salomón Barragán, el Salo, vieron debilitada la estructura y pasaron a delinquir para los sinaloenses.

La madrugada del 31 de agosto en la Nueva Colonia Hindú

El ruido de camionetas a alta velocidad despertó a varios vecinos de la calle Rubén Adame, en el poblado rural de Nueva Colonia Hindú, en la madrugada del lunes 31 de agosto. Un residente del lugar relató a Zeta que vio el convoy y optó por no encender las luces: “Me quedé hasta quieto para evitar ser visto, porque atestigua uno algo y luego vienen las represalias”.

Las cámaras de seguridad captaron pickups Chevrolet Silverado de reciente modelo que avanzaban a toda velocidad por la calle principal con música a todo volumen. El convoy se detuvo frente al portón de una hacienda; los ocupantes derribaron la puerta con una cadena, rociaron combustible en muebles y paredes, prendieron fuego a la vivienda e incendiaron un vehículo estacionado en el patio.

Los atacantes fueron identificados por las autoridades como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa. Buscaban a Serrano, quien residió en esa propiedad hasta mayo de 2026 y ya había recibido otras tres visitas de convoyes de sicarios sinaloenses con el mismo objetivo.

Narcomantas con nombres de policías y el ataque al agente Madrigal

El martes 1 de septiembre, en las primeras horas de la mañana, presuntos sicarios del CJNG lanzaron bombas molotov en el domicilio donde fue ejecutado el agente Cristhian Alfredo Sandoval Aguilar, entonces jefe de la Unidad de Robos comisionado en Tecate. Huyeron a bordo de una camioneta negra.

A las seis de la mañana del mismo martes, sicarios ejecutaron a un hombre sobre las calles Manganeso y Diamante, en la colonia Bondad, mientras circulaba en un Nissan color guinda utilizado para transporte privado a través de un grupo denominado G4. Horas después, ese grupo anunció un cambio de nombre y pasó a llamarse Transporte Baja.

Casi doce horas más tarde se alcanzó el punto crítico de la jornada. Minutos antes de las 19:00 horas, las autoridades recibieron el primer aviso: una cartulina verde fosforescente firmada con las siglas CJNG apareció en la colonia El Descanso, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El mensaje, reproducido por Zeta, estaba dirigido al gobierno municipal y nombraba a cuatro agentes: “TU OFICIAL JERRY, CABRITA, ALVAREZ Y MADRIGAL. SABEMOS QUE PASAN INFORMACION A LOS CONTRAS YA LOS TENEMOS UBICADOS DEJENSE DE MAMADAS O LES VAMOS A PARTIR SU MADRE” [sic].

A las 19:52 horas, el agente Madrigal alertó de un ataque armado en su vivienda, también en la Nueva Colonia Hindú. Una camioneta Suburban azul con hombres armados con rifles detonó en contra de su casa y huyó hacia el Cañón Manteca; no hubo detenciones.

El semanario informó que apenas el viernes 28 de agosto Madrigal había sido reportado como “levantado”, al no presentarse a laborar por varios días. Reapareció el domingo 30 con visibles huellas de violencia, aunque hasta el cierre de esa edición no existía denuncia oficial sobre lo ocurrido.

Casi de inmediato, una hielera con la leyenda OXXO y una cartulina verde fosforescente fueron abandonadas en el parque central de Tecate, frente al Palacio Municipal. Una segunda hielera con el mismo mensaje apareció en el parque Bicentenario, también a una calle del Palacio. Ambas contenían piedras en su interior.

El parque central cuenta con más de 12 cámaras de vigilancia, la mitad del sistema C5, y otras cinco cubren la ruta por donde huyeron los responsables. Aun así, ninguna alerta llegó a tiempo y no se realizó detención alguna.

Entre los policías amenazados, la publicación identificó al agente Álvarez como Enrique Álvarez, blanco de al menos tres ataques armados en años recientes y presente en narcomensajes desde los gobiernos de Olga Zulema Adams y Darío Benítez. Al mencionado como Cabrita lo identificaron como Ángel Delgado, policía municipal en activo vinculado al Cártel de Sinaloa.

El miércoles 2 de septiembre, el presidente municipal Román Cota Muñoz reconoció ante Zeta la gravedad de la situación: “Hay una pugna entre células delictivas, se acusan unos a otros de colaborar con ellos, ellos buscan el control territorial”. Cota también confirmó que la depuración policial continúa y que dos elementos fueron suspendidos y detenidos un mes antes.

Tres horas después de esas declaraciones, un hombre identificado como Carlos, de 30 años, fue ejecutado a tiros en la Colonia Militar mientras circulaba en una camioneta Ford Super Duty con placas de Baja California.

El operativo Cóndor 4 y los 125 homicidios de 2026

Ante la escalada, el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Pública en Baja California, anunció la activación inmediata del operativo Cóndor 4 en Tecate. El dispositivo reúne a más de 200 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y los grupos conocidos como “Harfuch”, distribuidos en 40 patrullas y unidades K-9.

Uno de los mandos del operativo advirtió: “Tecate no está solo, y si los criminales, sean del grupo que sean, piensan que no va a haber una respuesta, vamos a dejarles en claro que a partir de hoy la tendrán”. El mensaje fue directo para ambas organizaciones en disputa.

El municipio acumula 125 homicidios en lo que va de 2026, uno de los índices más altos de su historia. La cifra refleja la profundidad de una crisis que arrancó con la disputa territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa y que, con la liberación de Serrano, encontró un nuevo detonante.

Los días previos al operativo, en la delegación vecina de Valle de Las Palmas, también perteneciente a Tecate, se detectó actividad de los mismos elementos del Cártel de Sinaloa identificados en el ataque a la hacienda de la Nueva Colonia Hindú. La violencia no se circunscribe al casco urbano: abarca toda la geografía del municipio.

Los grupos criminales han utilizado drones para realizar ataques en 17 de los 32 estados de México durante los últimos cinco años y medio, principalmente en Sinaloa, Guerrero y Michoacán, donde los conflictos entre organizaciones y facciones armadas se han mantenido entre los más violentos del país, de acuerdo con un informe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

El análisis advierte que los vehículos aéreos no tripulados están transformando la forma en que operan los grupos armados y organizaciones criminales en América Latina.

Su bajo costo, facilidad de adquisición y posibilidad de modificación han permitido que estos dispositivos pasen de ser herramientas de vigilancia o transporte a convertirse en instrumentos utilizados para realizar ataques y transportar explosivos.

El recuento de ACLED para México comenzó en enero de 2021 y abarca hasta el 21 de agosto de 2026. De acuerdo con los datos presentados por la organización, los incidentes relacionados con ataques mediante drones se han registrado en más de la mitad del territorio nacional.

La mayor cantidad de casos se concentró en 2024, según el mapa elaborado por la organización especializada en el monitoreo de conflictos armados y violencia política.

Sinaloa, Guerrero y Michoacán concentran los ataques

ACLED identificó a Michoacán, Guerrero y Sinaloa como los estados donde se ha registrado la mayor utilización de drones en el contexto de enfrentamientos entre grupos criminales.

La organización señaló que estas entidades se caracterizan por mantener conflictos particularmente violentos entre facciones armadas que buscan controlar territorios, rutas y actividades ilícitas.

Además de esas tres entidades, se han contabilizado ataques o incidentes relacionados con drones en Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Colima, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Morelos.

Tamaulipas y Chiapas presentan una incidencia menor en comparación con Michoacán, Guerrero y Sinaloa, pero su inclusión en el recuento muestra la expansión territorial de una tecnología que hace apenas una década era utilizada por las organizaciones criminales mexicanas principalmente con otros fines.

ACLED recordó que los grupos del narcotráfico en México estuvieron entre las primeras organizaciones delictivas del continente en utilizar aeronaves no tripuladas.

Hace alrededor de 10 años, su empleo estaba enfocado especialmente en diversificar el contrabando transfronterizo de drogas.

Tan solo durante 2025, el organismo detectó cerca de 35 mil vuelos de drones cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, una muestra del crecimiento de este tipo de tecnología en la región.

Sin embargo, el uso de estos dispositivos ha evolucionado de manera significativa.

De herramienta de vigilancia a arma para atacar

Actualmente, los drones son empleados por organizaciones criminales para vigilar movimientos de grupos rivales, monitorear territorios, transportar explosivos y realizar ofensivas.

ACLED comparó la evolución del fenómeno mexicano con el caso de Colombia, país que identifica como un “laboratorio regional” para la innovación y expansión del uso de drones armados.

Sin embargo, existen diferencias entre ambos escenarios.

Mientras en Colombia el uso de drones por parte de organizaciones armadas se ha dirigido principalmente contra las fuerzas de seguridad, en México grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Viagras los han utilizado principalmente para atacar poblaciones ubicadas en territorios disputados.

El informe también señala que, en zonas de Michoacán y otras regiones del país, organizaciones armadas han desarrollado espacios para fabricar explosivos y adaptar aeronaves comerciales para transportar estos artefactos.

La utilización de drones con cargas explosivas ha representado uno de los cambios más importantes en las tácticas de confrontación de los grupos criminales.

Autoridades mexicanas comenzaron a advertir sobre el uso de aeronaves no tripuladas por parte del narcotráfico desde 2010, según recordó en febrero pasado Small Wars Journal.

Por su parte, el gobierno estadounidense detectó alrededor de 150 aeronaves de este tipo cruzando la frontera entre México y Estados Unidos entre 2012 y 2014.

Con el paso de los años, la tecnología se volvió más accesible y los grupos criminales encontraron nuevas formas de adaptarla a sus operaciones.

Drones comerciales y FPV, el siguiente desafío

Los grupos criminales utilizan principalmente drones comerciales de tipo cuadricóptero, muchos de ellos fabricados por la empresa china DJI.

Sin embargo, también se ha documentado el empleo de drones FPV o de vista en primera persona, que pueden ser operados con mayor precisión.

Entre los modelos mencionados en análisis especializados se encuentra el DJI Avata 2, cuyo uso ha sido atribuido al CJNG.

ACLED advirtió que la expansión de esta tecnología podría continuar e incluso intensificarse durante los próximos meses y años.

La organización estima que en un periodo de 12 a 24 meses el uso de drones por parte de grupos criminales e insurgentes en América Latina podría aumentar tanto en escala como en sofisticación.

Por ahora, las capacidades de los Estados para enfrentar estos dispositivos se concentran principalmente en la detección, reconocimiento e interferencia de señales.

No obstante, el desarrollo y expansión de nuevas tecnologías, como los drones conectados mediante fibra óptica, podría representar un desafío adicional para las autoridades, debido a que dificultan algunos de los métodos tradicionales de interferencia.

La amenaza ya ha obligado a reforzar las estrategias de seguridad en la frontera.

Apenas un día antes de la publicación del informe, México y Estados Unidos informaron sobre el despliegue del operativo antidrones “Águila Alta” en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego, con el objetivo de detectar y neutralizar drones comerciales presuntamente utilizados por organizaciones criminales para vigilar los movimientos de las autoridades.

El operativo combina tecnologías de detección, incluidos radares avanzados, con sistemas diseñados para neutralizar aeronaves no tripuladas.

La creciente preocupación no se limita a México.

A nivel mundial, los incidentes aéreos relacionados con drones han registrado un crecimiento acelerado. De acuerdo con datos de ACLED citados por el especialista Steven Feldstein, estos pasaron de 6 mil 380 incidentes en 2020 a 58 mil 272 en 2025, lo que representa un incremento de más de nueve veces en apenas cinco años.

En México, la presencia de ataques con drones en 17 estados muestra cómo una tecnología comercial, relativamente accesible, ha sido incorporada progresivamente a las estrategias de vigilancia, control territorial y confrontación del crimen organizado.

La expansión de estos dispositivos plantea ahora un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad, en medio de conflictos criminales que cada vez incorporan herramientas más sofisticadas para atacar, vigilar y mantener el control sobre territorios disputados.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidaron como las principales organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, según explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en entrevista con Infobae México.

De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, ambas estructuras utilizan estos activos digitales para mover miles de millones de dólares y evitar el sistema bancario tradicional con el objetivo de enviar el dinero de regreso a México.

TRM Labs, una firma de EEUU de análisis de criptomonedas, describió que estos activos favorecen a las organizaciones criminales debido a que ya no usan el establecimiento de empresas fachada u otras técnicas más costosas.

“Las criptomonedas facilitan de manera más eficiente el funcionamiento de las redes criminales internacionales que antes dependían de complejas y costosas empresas pantalla”, refirió.

Cómo el Cártel de Sinaloa convertiría efectivo en activos digitales

Vigil explicó que el Cártel de Sinaloa recauda el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos y lo transforma en criptomonedas con apoyo de intermediarios internacionales.

La organización criminal, que desde septiembre de 2024 se encuentra en una disputa interna entre sus facciones, evitaría depositar fondos en cuentas bancarias porque eso representa el mayor riesgo de exposición ante las autoridades estadounidenses.

“Ellos no ponen dinero en cuentas bancarias, ellos mueven en efectivo, compran criptomonedas”, detalló Vigil.

El proceso de conversión del dinero en efectivo también se apoya en el uso de mulas: personas contratadas para realizar múltiples transacciones pequeñas en cajeros automáticos de criptomonedas con el objetivo de no llamar la atención de los sistemas de vigilancia financiera.

El blanqueo de activos a través de criptomonedas

El exfuncionario de la DEA explicó que el lavado de dinero a través de criptomonedas se realiza en tres etapas sucesivas. La primera consiste en la colocación: convertir el efectivo en moneda digital mediante intermediarios y cajeros automáticos de activos digitales.

La segunda fase implica el uso de “mulas” o personas especializadas que realizan compras fraccionadas para no dejar rastro de las operaciones. La tercera etapa consiste en ejecutar transacciones rápidas entre distintas cadenas de bloques (que forman parte del llamado blockchain de las criptomonedas) para “confundir a analistas”, antes de retirar el dinero como si proviniera de una fuente legítima.

Vigil explicó que el mecanismo resulta eficaz porque el registro público de blockchain no permite identificar con facilidad quién compra o vende las monedas.

El CJNG y la compra de precursores químicos

El exagente de la DEA explicó que el CJNG estaría colaborando con redes chinas para mover fondos ilícitos y adquirir precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Este esquema conecta el dinero generado en el mercado estadounidense con proveedores en mercados extranjeros a través de circuitos que operan al margen del sistema financiero regulado.

Sus operaciones también se realizarían a través de la recaudación del efectivo de la venta de drogas en diversas ciudades estadounidenses, para luego convertirlo en moneda digital, que puede ser bitcoins, ethereum, entre otras, que finalmente les permite pagar los suministros de precursores químicos.

Las dificultades para rastrear las operaciones con criptomonedas

Vigil explicó que las agencias de seguridad necesitarían desarrollar redes de informantes, inteligencia específica e intercepciones telefónicas para detectar operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas, dado que el análisis de transacciones del registro público del blockchain no resulta suficiente por sí solo.

Además de las criptomonedas, dijo, los cárteles lavan el dinero a través del comercio, ya sea comprando en Estados Unidos electrónicos, textiles, diamantes u oro para luego venderlo en México.

“Siempre nos hemos ido en contra de la infraestructura financiera, pero la cosa es que no ponen el dinero aquí en cuentas bancarias, que es un riesgo muy grande para ellos. Entrando a México pueden comprar, terrenos, negocios, centros comerciales, restaurantes, ganado... El dinero se lava muy, muy fácil”, afirmó.

Cabe señalar que un caso reciente se publicó el pasado 4 de septiembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano mexicano se declaró culpable de lavar aproximadamente 4 millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos para regresarlo a México a través de criptomonedas.