La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima detuvo a Gilberto “N”, presunto integrante del Grupo TAI, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Manzanillo.

El hombre fue arrestado en posesión de una pistola presuntamente calibre 9 mm, metanfetamina y una pipa de cristal, y fue vinculado a proceso por un juez de control federal tras la presentación de pruebas por el Ministerio Público Federal. Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos en la entidad.

Operativo conjunto en Manzanillo

La acción fue ejecutada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, en el marco de las acciones permanentes para combatir los delitos contra la salud y la portación ilegal de armas de fuego.

Durante la intervención, los cuerpos de seguridad aseguraron la pistola con su cargador abastecido con cartuchos útiles.

También incautaron diversas dosis de material granulado con características de metanfetamina, conocida como “cristal”, y una pipa del mismo tipo, utilizada para el consumo de esa sustancia.

Vinculación al Grupo TAI y a homicidios

De acuerdo con información de inteligencia, Gilberto “N” presuntamente forma parte del Grupo TAI, identificado por las autoridades colimenses como la Tropa de Alto Impacto, estructura de sicarios del CJNG que opera en el estado con un sistema de identificación numérica interna para sus integrantes.

Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos registrados en la entidad.

El TAI opera bajo la Célula Cobra, cuya desarticulación fue anunciada por las autoridades estatales el 18 de abril de 2026. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, describió al grupo como uno de los más agresivos del CJNG en el país, integrado en su totalidad por sicarios de origen foráneo.

Entre los crímenes atribuidos a esa estructura figuran el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, José Alfredo Chávez González, el 9 de febrero de 2024; el homicidio del oficial estatal Edwin el 2 de enero de 2026; y el ataque a la panadería El Pichón, en la colonia Fátima, donde seis personas perdieron la vida en septiembre de 2025.

Cargos y resolución judicial

La carpeta de investigación fue iniciada por la probable responsabilidad de Gilberto “N” en dos delitos: posesión de droga con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal, un juez de control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, quien continuará sujeto al procedimiento penal correspondiente.

Colima, escenario de una ofensiva sostenida contra el CJNG

La detención de Gilberto “N” se produce en el contexto de una serie de golpes contra la estructura del CJNG en Colima que se intensificó desde finales de 2025.

En ese período, las fuerzas federales y estatales concretaron la captura de José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, operador del CJNG y familiar de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el 23 de agosto de 2025; y la de Rayberth “N”, alias El Rayo, presunto jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, el 30 de septiembre. En noviembre de ese año cayeron otros dos integrantes de la estructura: Yajaira Berenice “N”, La China, y Jaime Tonatiuh “N”, El Pilas.

Ya en 2026, el 26 de febrero fue detenido José Israel “N”, alias “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros del cartel en la costa del Pacífico. Su captura se concretó en la comunidad de Alcaraces, municipio de Cuauhtémoc, días después de la muerte de El Mencho.

Semanas después, el 13 de marzo, fue abatido Iván “N”, alias “El Joker”, presunto jefe de sicarios del CJNG en la entidad, durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la comunidad de El Alpuyequito.

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluirá un ejercicio de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos carreteros, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional ante escenarios de emergencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el ejercicio comenzará a las 13:00 horas y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante el simulacro se desplegarán unidades policiales, cuerpos de emergencia y personal operativo en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que las autoridades advirtieron que la presencia de estos elementos será mayor a la habitual.

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población, por lo que pidió a los habitantes mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales.

En el mismo sentido, la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información falsa durante el desarrollo del operativo, al señalar que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender situaciones de emergencia.

Estas serán las carreteras afectadas

La Policía de Guadalajara informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en siete accesos carreteros que conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara:

• Carretera a Zacatecas.
• Carretera a Saltillo.
• Carretera a Lagos de Moreno.
• Carretera a La Barca.
• Carretera a Chapala.
• Carretera a Colima.
• Carretera a Puerto Vallarta.

Las autoridades precisaron que estos puntos fueron seleccionados para poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación operativa ante un escenario hipotético de bloqueos en vías de comunicación.

Piden evitar rumores durante el ejercicio

Ante el despliegue previsto, las autoridades hicieron un llamado a la población para no generar ni difundir información sin verificar, ya que la movilización de vehículos oficiales y personal de seguridad forma parte exclusivamente del simulacro.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener la calma, consultar únicamente la información difundida por dependencias oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar confusión o alarma entre la población.

El Gobierno de Jalisco reiteró que este tipo de ejercicios busca evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes y reforzar los mecanismos de coordinación para atender de manera más eficiente posibles contingencias relacionadas con bloqueos carreteros o situaciones de alto impacto.

Narcobloqueos, una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado en Jalisco

El simulacro coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará en un estado donde los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado frente a operativos de las fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando un operativo militar contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desencadenó una jornada de violencia con decenas de bloqueos mediante vehículos incendiados en carreteras y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara, además de ataques contra gasolineras, sucursales bancarias y otros establecimientos. La magnitud de los hechos obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en distintos puntos del estado.

Ese episodio evidenció la capacidad de los grupos criminales para afectar las principales vías de comunicación en Jalisco y es uno de los antecedentes que explican la realización de ejercicios como el anunciado para este lunes.

Seis integrantes de la célula criminal autodenominada CJNG “Delta 4″ fueron sentenciados a 60 años de prisión cada uno por el delito de secuestro exprés con fines de robo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad ante una autoridad judicial.

Los hechos acreditados ocurrieron el 20 de marzo de 2025, según datos oficiales.

Los sentenciados fueron Arely Quetzal Estrada López, Jesús Omar Arellano Contreras, Carlos Eduardo Cedeño Jaimes, Luis Alan Hernández Martínez, Gustavo Aguilera Martínez y Ricardo Ismael Pacheco Cruz. Además de la pena de cárcel, el juez encargado del caso les impuso una multa de 565 mil 700 pesos a cada uno.

La Fiscalía los identificaba como objetivos prioritarios dentro de su estrategia para el combate al robo de vehículos.

Según información compartida por la fiscalía mexiquense, quien los reconozca como probables implicados en otro hecho delictivo puede denunciarlos al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al número 800 7028770.

Policías que pasaban por el lugar frustraron el secuestro en flagrancia

Las indagatorias revelaron que los seis integrantes de la célula del CJNG interceptaron a la víctima cuando circulaba en una motocicleta Bajaj Pulsar 250 por calles de Toluca.

Le cerraron el paso con una moto Italika y un vehículo Honda Civic, descendieron de los vehículos, lo amenazaron con un arma de fuego y lo privaron de la libertad con el fin de desapoderarlo de la unidad que conducía.

Una vez dentro del automóvil, lo amarraron de las manos y lo colocaron en los asientos traseros.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJEM que transitaban por el lugar notaron que el copiloto del vehículo usado en el crimen portaba un chaleco táctico, les marcaron el alto y descubrieron el delito, por lo que lograron su detención y la liberación de la víctima.

Los motociclistas fueron capturados al intentar ingresar a un inmueble en la colonia Miguel Hidalgo

Al percatarse de la detención, los tripulantes de la motocicleta emprendieron la huida. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía municipal los atraparon cuando intentaban ingresar a un inmueble en la colonia Miguel Hidalgo de Toluca, en cuyo interior se encontró el vehículo robado a la víctima, la motocicleta Pulsar.

Tras el desahogo del proceso penal y una vez que la FGJEM presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los seis imputados, la autoridad judicial determinó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, así como una multa de 565 mil 700 pesos para cada uno de ellos.

Días antes, la FGJEM obtuvo 150 años de prisión contra seis integrantes de “Los Jockes”, otra célula del CJNG en Toluca

El caso del CJNG “Delta 4″ no fue el único golpe judicial que la Fiscalía mexiquense asestó contra células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de Toluca.

El pasado de julio de 2026 las autoridades confirmaron que un juez condenó a 150 años de prisión a cada uno de los seis integrantes de la célula “Los Jockes” por el secuestro exprés de dos mujeres ocurrido en octubre de 2025.

En ese caso, los sentenciados interceptaron a sus víctimas, las despojaron de un vehículo, dinero y pertenencias personales, y las trasladaron a un hotel de la zona. La FGJEM reconstruyó los hechos mediante investigaciones de campo y de gabinete, obtuvo órdenes de aprehensión y presentó a los imputados ante el juez, quien determinó su culpabilidad tras el proceso legal.

La célula tenía presencia en Toluca, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc y Temoaya, y sus actividades abarcaban el robo violento de vehículos, el secuestro y el acopio de armas de fuego.

Con la sentencia del 8 de julio, 11 integrantes de “Los Jockes” se encontraban ya recluidos, ocho de ellos con resolución judicial firme en su contra.

Cinco policías de Nayarit resultaron lesionados tras una agresión de personas armadas cerca de Pachecos, en el municipio de Huajicori, un hecho que volvió a exhibir la presión del narco en la sierra, donde también se arrastraba el desplazamiento forzado de 33 comunidades y alrededor de 100 familias que habían dejado sus casas por la violencia.

Los agentes recibieron atención médica especializada y, hasta ese momento, su estado se reportó como estable. Las valoraciones médicas continuaron para determinar con precisión la evolución y la gravedad de las lesiones de cada uno.

El Gobierno estatal informó que, por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se brindó atención médica integral a los elementos heridos. La administración aseguró servicios y recursos para su recuperación.

De manera paralela, autoridades estatales y federales mantuvieron un operativo coordinado para localizar y detener a quienes habrían participado en la agresión. En esas acciones intervinieron la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En Huajicori ya se había registrado una jornada armada con 20 detenidos

La agresión contra los policías ocurrió en una zona donde días antes ya se había registrado una jornada de violencia. El martes 17 de marzo, la cabecera de Huajicori vivió enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con Los Chapitos, y la facción de Los Mayos por el control territorial.

Los tiroteos obligaron a alumnos y maestros del CBTA 248 a tirarse al suelo dentro de las aulas para resguardarse. Los grupos armados se movieron por el municipio y por la zona serrana del Cerro de la Cruz.

Después de horas de combate, un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con apoyo de un helicóptero artillado, cercó a los agresores. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 20 sicarios; uno de ellos quedó herido y fue trasladado bajo custodia.

En ese despliegue también aseguraron 12 armas largas, más de 3 mil 500 cartuchos, 75 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y equipo táctico. En ese episodio no se reportaron bajas entre fuerzas del orden ni civiles heridos.

El Gobierno de Nayarit relacionó esa violencia con la fragmentación del Cártel de Sinaloa después del secuestro de “El Mayo” Zambada. Ese señalamiento colocó el ataque a los policías dentro de una disputa criminal más amplia por el dominio de la sierra.

La violencia también había vaciado 33 comunidades de Huajicori y Acaponeta

La crisis de seguridad en esa franja serrana no solo se reflejó en ataques armados y operativos. Para el 15 de junio de 2026, el crimen organizado había desplazado 30 comunidades de Huajicori y otras tres de Acaponeta, por lo que sus habitantes abandonaron viviendas y actividades económicas sin fecha clara de regreso.

Anselmo Ramírez, integrante de la Unión Wixárika, advirtió que alrededor de 100 familias vivían esa condición. Expuso que recibieron apoyo con alimentos y, en algunos casos, con el pago de rentas, pero ese respaldo resultó insuficiente porque muchas personas ya no tenían empleo ni ingresos para sostenerse por sí solas.

El desplazamiento cortó de golpe la vida económica de esas comunidades. Al salir de sus pueblos, las familias dejaron atrás actividades como la ganadería, la agricultura y el comercio, y pasaron a depender de apoyos gubernamentales y de la ayuda de otras personas para cubrir necesidades básicas.

Aunque en la comunidad de Santa Cruz se inauguró un cuartel de seguridad, los desplazados se resistieron a volver. Consideraron que las condiciones seguían siendo escasas y señalaron que el destacamento todavía no estaba completamente terminado.

Ramírez sostuvo que los grupos delictivos continuaron operando a pocos kilómetros de distancia. Por esa razón, muchas familias prefirieron mantenerse fuera de sus comunidades antes que exponerse otra vez junto con sus seres queridos.

El activista pidió a autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar la estrategia de seguridad en la zona serrana. También exigió condiciones que permitieran un retorno seguro de la población desplazada a sus comunidades.

El Gobierno estatal, por su parte, pidió a la ciudadanía mantener la calma, informarse solo a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades competentes.

• Cinco elementos de la Policía Estatal de Nayarit resultaron lesionados tras una agresión armada cerca de Pachecos, en Huajicori, y se reportaron estables bajo atención médica especializada.
• En un operativo previo en Huajicori fueron detenidos 20 sicarios y se aseguraron 12 armas largas, más de 3 mil 500 cartuchos, 75 cargadores y ocho explosivos improvisados.
• La violencia del narco había desplazado 33 comunidades de Huajicori y Acaponeta; alrededor de 100 familias dejaron sus viviendas, su trabajo y sus actividades productivas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión contra el director y el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Zacapu, quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave y por su posible relación con la emboscada en la que cinco elementos de la Guardia Civil fueron asesinados el pasado 10 de junio en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

La dependencia informó que el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los dos mandos fueron detenidos en inmediaciones del municipio de Zacapu y puestos a disposición de un juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

Aunque el Ayuntamiento de Zacapu únicamente confirmó que el director de Seguridad Pública detenido es Raúl Fuerte Rodríguez, hasta el momento no ha revelado la identidad del subdirector capturado.

Fiscalía: investigación apunta a la emboscada de Nahuatzen

En un comunicado, la Fiscalía precisó que ambos funcionarios son requeridos por un juez por el delito de robo calificado grave y señaló que, de manera preliminar, las investigaciones guardan relación con los hechos registrados durante junio en La Mojonera, donde un grupo armado atacó a elementos de la Guardia Civil.

La institución no detalló cuál habría sido la participación específica de los dos mandos; sin embargo, indicó que las indagatorias continúan para lograr el esclarecimiento total de los acontecimientos.

La FGE reiteró que el caso se desarrolla en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y aseguró que continuará las investigaciones con apego a derecho para combatir la impunidad.

Fuentes apuntan al presunto robo de armas

Fuentes con conocimiento de la investigación informaron a Infobae México que una de las principales líneas de investigación relaciona a los dos mandos policiacos con el presunto robo de las armas de cargo de policías municipales de Nahuatzen.

De acuerdo con las fuentes, dichas armas habrían terminado en poder del grupo de sicarios que emboscó a los elementos de la Guardia Civil el pasado 10 de junio.

Las mismas fuentes señalaron que los agresores serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que las armas presuntamente sustraídas habrían sido utilizadas durante el ataque.

Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada públicamente por la Fiscalía General del Estado, por lo que forma parte de las líneas de investigación que continúan en curso.

El ataque dejó cinco policías muertos

La emboscada ocurrió alrededor de las 15:00 horas del 10 de junio sobre el camino Nahuatzen-Zacapu, a la altura del predio conocido como La Mojonera, cuando policías estatales realizaban patrullajes de vigilancia en la Meseta Purépecha.

Un grupo armado atacó con armas de grueso calibre la unidad oficial, provocando la muerte de Porfirio Rodríguez Briseño, Mateo Valdés Abarca, Brandon José Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín y Francisco Javier Otero. Otros cinco agentes resultaron lesionados.

Tras la agresión, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo con apoyo de policías municipales, guardias comunales de Cherán, Sevina, Paracho y Tingambato, además de fuerzas federales, para localizar a los responsables.

Un nuevo giro en la investigación

El ataque ocurrió menos de un mes después del asesinato de dos integrantes de la guardia comunal de Sevina, hecho que llevó al Gobierno de Michoacán a reforzar la presencia policial en la Meseta Purépecha, una región donde mantienen operaciones grupos delictivos como el CJNG, Los Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana.

La detención del director y del subdirector de Seguridad Pública de Zacapu representa uno de los avances más relevantes en la investigación de la emboscada de Nahuatzen, al tratarse de los primeros funcionarios públicos capturados por su presunta relación con el caso.

Ahora será un juez quien determine la situación jurídica de ambos, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer si el presunto robo de armamento y otros posibles actos de colaboración facilitaron el ataque que cobró la vida de cinco elementos de la Guardia Civil.

La “Estrategia Kingpin” en México acumula dos décadas de operaciones contra los principales capos del narco, y el resultado es un mapa criminal irreconocible: más de 100 redes fragmentadas operan hoy en casi todos los rincones del país. El golpe más reciente y contundente llegó el 22 de febrero de 2026, cuando el Ejército mexicano mató a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

La operación duró minutos y dejó un rastro de caos: cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar, tres soldados resultaron heridos y el propio Oseguera falleció durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Era el objetivo más buscado de México, con una recompensa de USD 15 millones ofrecida por Estados Unidos.

Veinte años de capos caídos: el recuento

La ofensiva militarizada arrancó en 2006, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a Francisco Javier Arellano Félix, cofundador del Cártel de Tijuana, frente a las costas de Baja California Sur. Sus hermanos Ramón y Benjamín ya habían caído antes: el primero fue asesinado en 2002 y el segundo, detenido ese mismo año.

En 2009, el Ejército mexicano mató a Arturo Beltrán Leyva en su domicilio de Cuernavaca. Ese mismo año, Vicente Carrillo Leyva, hijo del legendario líder del Cártel de Juárez, fue capturado por la policía; lo liberaron en 2018 y, según informes, ingresó al programa de protección de testigos de Estados Unidos.

El año 2010 concentró una cadena de golpes. Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, sicario de la Organización Beltrán Leyva, cayó en el Estado de México y fue extraditado a Estados Unidos en 2015. Ese año también murió Ignacio “Nacho” Coronel en Guadalajara: su muerte aceleró la escisión que daría origen al propio CJNG.

También en 2010 murió Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, en Matamoros. Era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y Los Zetas, quien había sido capturado en 2003, extraditado en 2007 y liberado en 2024.

En 2011, José Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, de la Familia Michoacana, fue detenido en Aguascalientes. Cumple una condena de 45 años en México.

El 2012 marcó el fin de Los Zetas como organización unificada. La Marina abatió a Heriberto Lazcano, “Z3”, en Coahuila, excomandante de fuerzas especiales convertido en jefe criminal. Ese mismo año capturaron a Iván Velázquez Caballero, “El Talibán”, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, extraditado a Estados Unidos en 2015, donde se declaró culpable de narcotráfico.

La vieja guardia se desmorona: 2013-2016

En 2013, la Marina mexicana capturó a Miguel Ángel Treviño, “Z40”, en Nuevo Laredo. Permaneció en prisión hasta su extradición a Estados Unidos en 2025. Ese año también cayó Mario Ramírez Treviño, “X20”, exlíder del Cártel del Golfo, quien murió en prisión en 2025.

El 2014 fue el año de las caídas múltiples. Nazario Moreno González, “El Chayo”, fundador de la Familia Michoacana y luego líder de los Caballeros Templarios, murió en Michoacán. Vicente Carrillo Fuentes, “Virrey”, heredero del Cártel de Juárez, fue arrestado en Coahuila y trasladado a Estados Unidos a principios de 2025, tras casi 11 años preso en México.

Héctor Beltrán Leyva, “El H”, jefe de la BLO tras la muerte de su hermano Arturo, fue arrestado en un restaurante de Guanajuato en 2014. Murió en prisión en 2018 por causas naturales.

En 2015 cayó Servando Gómez, “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, capturado en Michoacán. Fue extraditado a Estados Unidos en 2025. También ese año arrestaron a Alejandro Treviño Morales, “Z42”, heredero de una facción de Los Zetas, extraditado en 2025. Abigael González Valencia, uno de los principales líderes de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, fue capturado en Puerto Vallarta y extraditado a Estados Unidos en 2025, donde recibió una condena de 30 años.

El 2016 trajo la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en Los Mochis, Sinaloa. Había escapado de prisión en 2001 y nuevamente en 2015.

Los golpes de la última década

En 2017, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, mano derecha de El Chapo, fue arrestado en la Ciudad de México y extraditado al año siguiente. Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, alto dirigente de la Organización Beltrán Leyva, fue abatido por infantes de marina en Tepic, Nayarit.

En 2020, las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima. Dos años después, la Marina detuvo a Rafael Caro Quintero en Sinaloa, quien evadía la extradición desde 1985 por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En 2023, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo que lidera la facción de los Chapitos, fue capturado en Sinaloa, cuatro años después de que las fuerzas de seguridad no lograran arrestarlo. En 2024, su hermano Joaquín Guzmán López fue detenido en Estados Unidos tras orquestar el secuestro y entrega de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa.

2026: el año de los golpes encadenados

Además de la muerte de El Mencho en febrero, la Armada mexicana capturó en abril a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, máximo comandante regional del CJNG en Nayarit. La detención desató el levantamiento de barricadas y la quema de edificios en todo el estado.

Las fuerzas de seguridad también arrestaron a César Alejandro N, “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG en Zapopan, Jalisco. En Reynosa, cayó Alexander Benavides Flores, “R9”, alto líder de la facción Metros del Cártel del Golfo.

Como señala InSight Crime, la estrategia de los cabecillas ha creado vacíos de liderazgo que aceleran la atomización del crimen organizado. El número de grupos armados en México más que se duplicó durante la llamada “guerra contra las drogas”, de alrededor de 75 en 2009 a más de 200 en 2020.

Quién sigue en pie y qué viene después

El CJNG opera hoy bajo el mando del hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, “El 03”, quien asumió el liderazgo confirmado por el Wall Street Journal el 18 de marzo de 2026 y ratificado por El País en abril. También permanecen activos Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Abraham Jesús Ambriz, “Yogurt”; y Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”.

En el Cártel de Sinaloa, los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos, mantienen su facción con el apoyo de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, quien escapó de un operativo en abril de 2026. Su rival, Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de El Mayo, también permanece prófugo.

El conflicto entre las facciones Chapitos y Mayiza, iniciado en septiembre de 2024, elevó los homicidios en Sinaloa de 44 en agosto a 142 en septiembre de ese año. En 2025, el estado acumuló 1.657 muertos.

También opera en Sinaloa Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, líder de la Organización Meza Flores, antes vinculado a la BLO. Figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

InSight Crime advierte que la estrategia kingpin, lejos de desmantelar el crimen organizado, genera un efecto hidra: cada cabeza cortada produce varias más, más pequeñas y más violentas. Las recomendaciones que emergen del análisis de dos décadas de esta política son las siguientes:

1. Evaluar si la captura o eliminación de un líder reduce efectivamente la violencia o la redistribuye hacia nuevas facciones.
2. Priorizar el desmantelamiento de estructuras financieras y redes de lavado de dinero, no solo la persecución de figuras individuales.
3. Fortalecer las instituciones judiciales para evitar que tecnicismos legales anulen detenciones, como ocurrió en múltiples ocasiones con “El Contador”.
4. Diseñar estrategias de largo plazo que contemplen el vacío de poder posterior a cada golpe, antes de ejecutar la operación.
5. Profundizar la coordinación entre México y Estados Unidos en inteligencia, sin que ello implique intervención militar en territorio mexicano.

El panorama que dejan dos décadas de golpes al narco es claro: los capos caen, pero el crimen organizado se adapta, se fragmenta y regresa más difuso que antes.

Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 añosy el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Cinco días después de que Rusia comenzó la invasión a territorio ucraniano, el 22 de febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ordenó la creación de una unidad de resistencia multinacional denominada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la que se invitó a voluntarios del mundo para sumarse a la defensa de esta nación. Muchos latinoamericanos se alistaron, incluso mexicanos.

El periódico The Kyiv Independent resaltó que se trataban de un grupo proveniente de medio centenar de países, incluidos más de un centenar de mexicanos; 11 de ellos respondieron al primer llamado desde la creación de esta Fuerza Multinacional.

La participación de mexicanos como voluntarios en la guerra de Ucrania queda documentada en una publicación de The Kyiv Independent, que en mayo de 2022 difundió una fotografía en la que afirma que la Legión Internacional se integra por soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India.

De acuerdo con el mismo texto, al menos 20 mil voluntarios de 52 países se suman a actividades que van desde logística y redes de comunicación hasta operaciones de combate.

En esa convocatoria, The Kyiv Independent señala puestos como fusileros, médicos de combate, instructores, operadores de drones, ametralladores, infantes y lanzagranadas. También consigna salarios anunciados de hasta USD 3,300 al mes, con pagos en un rango de USD 550 a USD 4,800 mensuales según la tarea.

En ese contexto, la embajadora de México Olga García Guillen informa que un grupo de 30 mexicanos, junto con sus familias, decide por su propia voluntad quedarse.

Se reportó ya que al menos tres connacionales perdieron la vida en combate en sus primeras incursiones hasta 2025.

“Mis amigos fueron a la guerra en Ucrania”

Miguel Maldonado Galindo es un joven músico originario de Orizaba, Veracruz que vivía frente a una academia militar ubicada en Kiev; sin embargo, ante el clima de tensión que se vivía en Ucrania y los rumores de que el Gobierno de México preparaba una repatriación masiva de connacionales, sus padres decidieron que saliera el 15 de febrero por la frontera con Polonia.

Miguel ya estaba a salvo, cuando los bombardeos del 24 de febrero destruyeron la academia militar frente a la que fuera su casa en Ucrania: “Ha comenzado”, le dijo uno de sus amigos que lo llamó cuando la invasión inició.

Ya en México declaró que muchos de sus amigos mexicanos fueron enlistados para defender a Ucrania de las tropas rusas; no sólo interrumpió sus estudios, también dejó atrás a su mejor amigo, de quien poco se sabe pues desde agosto de 2021 Miguel dejó de publicar en sus redes sociales.

Luis

Cuando la invasión rusa a Ucrania apenas tenía dos meses de haber iniciado, un exfotógrafo y exmilitar mexicano decidió sumarse a los más de 20 mil extranjeros que se enlistaron en las tropas de Ucrania para defender la soberanía, informó el canciller Dmytro Kuleba.

A sus escasos 29 años, Luis ya era un veterano del Ejército Mexicano que ayudó a combatir al narcotráfico y que al ver en una fotografía el rostro de una mujer embarazada llevada en una camilla, decidió enlistarse; Luis dejó a su familia y su trabajo como fotógrafo en Chihuahua. Desde abril de 2022 no se sabe nada de él.

Salvador Brambila

En el frente de guerra, Salvador Brambila González, un exmilitar mexicano que en octubre pasado viajó a Europa para alistarse a las fuerzas armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia

Es exintegrante del Ejército mexicano yen octubre de 2022 viajó a Europa para enlistarse en las Fuerzas Armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia, a pesar de la negativa de su familia.

Salvador ingresó a Ucrania y después de constatar que tenía capacitación militar, el Ejército de ese país lo adiestró en una base secreta, junto a cientos de combatientes extranjeros.

Indicó que “son ejercicios que tienes que estar repitiendo una y otra, y otra, y otra vez para que se te cree algo que le llamamos memoria muscular, para poderlo realizar a pesar del miedo, a pesar del terror”.

Después del adiestramiento, el Ejército lo contrató, le comenzó a pagar un sueldo y le otorgó un pasaporte ucraniano. Se convirtió en un legionario de guerra.

Salvador señaló que ese pasaporte únicamente lo tienen los que cumplen un mínimo de tres meses y medio en la Legión. Agregó que ese documento es un certificado de doble nacionalidad.

Desde noviembre de ese 2022, lo enviaron al frente de guerra y tras cinco meses de combate, le otorgaron un periodo de vacaciones, que aprovechó para regresar a México a ver a su esposa e hija.

El Soldado Rodríguez

Pero como lo dijo el excanciller Marcelo Ebrard, hubo una serie de mexicanos que no salieron de Ucrania por diversas razones: uno de esos casos fue el de “El Soldado Rodríguez”, un connacional que decidió combatir en la guerra con Rusia y que se hizo viral en redes sociales por su cuenta de TikTok @UnMexicanoenUcrania.

En uno de sus últimos videos publicado el 12 de agosto de 2022, “El Soldado Rodríguez” graba mientras de fondo se escuchan bombardeos; en algunos de los comentarios, los usuarios se cuestionan sobre la veracidad de las hipótesis que apuntan a su presunto fallecimiento, mismo que no ha sido confirmado por sus familiares o por las autoridades mexicanas.

Los albañiles en Ucrania

Una historia peculiar fue la que protagonizaron los trabajadores de la construcción Armando Martínez, Jerónimo Pérez y Alfredo Gómez, quienes viajaron a Hungría para remodelar lujosas residencias, pero el destino los envió a Kiev justo en el momento de la invasión rusa.

Con ayuda de sus teléfonos celulares, del wifi gratis, del traductor de Google y de un grupo de estudiantes ecuatorianos, lograron comunicarse en inglés con las autoridades y pobladores ucranianos y dirigirse a un refugio en Budapest, Hungría, donde fueron recogidos por uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando les informaron a sus familias que estaban en un país en guerra, no les creyeron.

Pablo Ferrat

Es otro de los mexicanos que decidió quedarse en Ucrania a pesar de la guerra; en febrero de 2023 el originario de Veracruz dijo que no regresaría a México por la inseguridad. Pablo Ferrat habita desde hace más de 13 años en Kiev

Aquella noche yo me fui a dormir normal, de lo más tranquilo. Por lo general a las 5:00 de la mañana mi gato me despierta para comer. Va conmigo y yo lo acompaño a la cocina. Esa vez no fue la excepción. Cuando estaba frente a la mesa vi que el teléfono se encendió. Lo tomé y era un mensaje que decía: ‘Oye, Pablo, (Vladimir) Putin acaba de anunciar una operación militar. ¿Qué está pasando?’ Cuando terminé de leerlo, en ese momento escuché la primera explosión”.

Así recuerda Pablo Ferrat, un mexicano que se encontraba a más de 10 mil kilómetros de distancia de Veracruz -donde nació-, el inicio de la guerra en Ucrania. De una noche a otra, las circunstancias de su vida cambiaron radicalmente y, conforme ha transcurrido el tiempo, ha tenido que encontrar la manera de adaptarse a una situación donde asecha el peligro.

Karol Enrique Rodríguez León

Un joven que se formó como paramédico en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rescate y Salvamento de Michoacán. Acorde con una entrevista concedida a Azteca Noticias, se sumó a la milicia ucraniana con la intención de ayudar con sus conocimientos como rescatista. Estando allá, se integró al cuerpo de Infantería.

La familia de Karol Enrique está dividida en dos naciones. En México permanecen su madre, su padre y su hermana, mientras que en Ucrania se encuentra su pareja sentimental. (KaponMX)

“Me he sentido muy bien acogido, [han sido] personas muy buenas conmigo, es por eso que yo siento que esta lucha también ya pasó a ser mía y es por eso que me siento parte de aquí”, declaró el joven al equipo de Fuerza Informativa Azteca en septiembre de 2023. En ese entonces, advirtió que permanecería en Ucrania hasta que terminara la guerra.

Pedro Liazaola

Declaró haber formado parte de la Sedena. Llegó a Ucrania en el verano de 2022 y se convirtió en traductor para la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania en el cuartel de Járkov.

Se desconoce su edad, lugar de origen y estatus actual.

Mario Alberto Lover Martínez

El ex policía federal mexicano, Mario Alberto Lover Martínez, murió el 9 de junio de 2025 en Ucrania tras un ataque ruso con drones explosivos. Tras 8 meses de haber ingresado como voluntario a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, su familia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, .

El ex agente oaxaqueño perdió la vida en medio de la guerra frente a fuerzas rusas.

Lover Martínez era conocido por haber liderado las protestas en 2019 de elementos que intentaban evitar la desaparición de la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional. Al no aceptar su transferencia, dejó la corporación.

Era padre de dos hijas de 6 y 9 años y ya estaba separado de su ex pareja. Su hermana Julieta le mandó un mensaje el día que murió, le dijo que se cuidara, él respondió que sí, que siempre lo hacía pero que sabía desde un inicio que era un infierno y al llegar lo comprobó. Su madreno quería que se fuera pero él inistió en conocer cómo era la vida allá, señaló una entrevista con la familia por parte de Multimedios.

Carlos Jesús González Mendoza

Un joven de 20 años originario del estado de Guanajuato, murió como elemento voluntario del Ejército de Ucrania durante lo que se considera uno de los mayores ataques aéreos de la milicia rusa desde que estalló el conflicto en febrero de 2022.

La noticia de su muerte trascendió primero en un canal de Telegram dedicado a compartir información de los agentes abatidos por las Fuerzas Armadas de Rusia. En el reporte preliminar, se estableció que Carlos Mendoza arribó a Ucrania sólo un mes antes de su deceso.

El canal de difusión incluía enlaces a las distintas redes sociales del joven, en las que supuestamente se presentaba como un “asesino experimentado”.

Integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa

En otro episodio relacionado con el conflicto, Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien fue presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

“La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín”, es parte del mensaje del funcionario ruso.

“Este burdo intento de manipulación mediática no es más que una alarmante cortina de humo. Incapaces de responder con argumentos sólidos y verdades verificables ante las investigaciones periodísticas imparciales, como la reciente y rigurosa cobertura de la prensa mexicana que expone cómo la propia red transnacional rusa opera para proveer de armas de alto poder a organizaciones criminales en Jalisco y Sinaloa, las autoridades del Kremlin optan por fabricar cualquier narrativa fantástica, divorciada por completo de la realidad, con el único fin de desprestigiar a Ucrania y desviar la atención internacional de sus propios lazos ilícitos y crímenes de guerra”, respondió la embajada de Ucrania en México tras el señalamiento.

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos actualizó su guía sobre grupos terroristas y dejó al descubierto la nueva arquitectura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): tres hombres reparten hoy el poder que durante años concentró Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El primero es Juan Carlos Valencia González, alias El 03, señalado como líder máximo. Los otros dos son sus lugartenientes: Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro.

El documento del Centro Nacional Antiterrorismo estima que el CJNG cuenta hoy con entre 15,000 y 20,000 miembros distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México. La guía señala que líderes regionales “controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González”.

La publicación llega cuatro meses después de la muerte de El Mencho en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026. Su caída desató una ola de violencia: miembros del cártel bloquearon carreteras y quemaron vehículos en dos tercios del país.

En abril, las fuerzas mexicanas capturaron a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado entonces como posible sucesor y por quien Estados Unidos ofrecía 5,000,000 de dólares. La detención de El Jardinero no frenó la reorganización del grupo y la conducción ya recayó en El 03.

El Chorro: yerno, operador financiero y señor del Puerto de Manzanillo

Julio Alberto Castillo Rodríguez nació el 11 de octubre de 1976 en Apatzingán, Michoacán. Su ascenso dentro del CJNG no se explica únicamente por sus capacidades operativas: está casado con Jessica Johanna Oseguera González, alias La Negra, hija mayor de El Mencho y de Rosalinda González Valencia.

Esa unión lo instaló en el núcleo familiar del cártel cuando ella tenía 17 años y él ya fungía como operador del grupo, según documentó en noviembre de 2021 la periodista Anabel Hernández en DW.

La relación derivó en divorcio por supuesta violencia intrafamiliar, según la comunicadora, pero el distanciamiento conyugal no alteró la posición de El Chorro dentro de la estructura criminal.

Para 2022, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador un informe de seguridad sobre Colima, Castillo Rodríguez ya aparecía en los mapas del Ejército como uno de los principales líderes del CJNG en esa entidad.

En esa misma red opera su hermano Fernando Castillo Rodríguez, alias El Toro Valencia, también identificado como integrante del cártel.

Su especialidad es financiera y logística. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó por primera vez en 2016 al vincularlo con empresas que proveían apoyo económico al cártel. En octubre de 2021 volvió a aparecer en un reporte de la OFAC por sus operaciones en Colima.

La más reciente publicación de esa agencia, en junio de 2025, fue directa: “A Castillo se le considera un posible sucesor de Oseguera”, y detalló que su influencia en el Puerto de Manzanillo “ha facilitado la adquisición de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas ilícitas que son traficadas hacia Estados Unidos”.

Según informes militares mexicanos, la célula de El Chorro opera en al menos ocho de los 10 municipios de Colima: Manzanillo, Armería, Tecomán, Colima, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Minatitlán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. En varios de esos territorios disputa el control con el Cártel de Sinaloa, cuyos operadores locales incluyen a Rafael Guadalupe, alias El Changuito Ántrax.

Ha sido detenido dos veces

El historial judicial de Castillo Rodríguez es, en sí mismo, un retrato del sistema que permitió al CJNG consolidarse. Fue detenido por primera vez el 23 de junio de 2015 en la colonia Lomas de Altamira, en Zapopan, Jalisco, durante un operativo del Ejército y la Policía Federal.

Lo capturaron junto a su cuñado Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano.

Ocho días después, el 1 de julio, una jueza federal del Estado de México ordenó su liberación. Determinó que las pruebas eran insuficientes y que se habían violado garantías procesales durante el arresto. El Chorro salió del penal de máxima seguridad sin cargos.

Menos de un año después, el 6 de abril de 2016, fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la entonces Procuraduría General de la República lo recapturaron en Guadalajara. En esa ocasión portaba cuatro armas largas, un aditamento lanzagranadas y un cohete tipo RPG.

El gobierno federal celebró la captura y afirmó que “la estructura financiera, operativa y de relaciones públicas de ese grupo delictivo ha sido afectada significativamente”. Meses después, un juez federal determinó no vincularlo a proceso por insuficiencia de pruebas. Volvió a quedar libre.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses continuaron señalándolo como operador activo del CJNG. Para 2024, los reportes lo ubicaban dirigiendo operaciones de tráfico de cocaína, fentanilo y otras drogas sintéticas desde Colima.

El 03 y El Sapo: los otros dos vértices de la nueva cúpula

Juan Carlos Valencia González nació el 2 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Su linaje en el narcotráfico es doble: es hijo de Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, esposa de El Mencho, y su padre biológico fue Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio.

En 2020, autoridades mexicanas lo identificaron como fundador y líder del Grupo Élite, uno de los principales brazos armados del CJNG. Enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de cocaína y metanfetamina, y por uso de armas durante operaciones de narcotráfico. El Departamento de Estado ofrece 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su captura.

El tercer vértice de la cúpula es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, nacido el 2 de octubre de 1988 también en Apatzingán, Michoacán, la misma ciudad que vio crecer a El Chorro. Su familia entera quedó marcada por el expediente criminal: en enero de 2012, la Policía Federal detuvo en Zapopan a su hermano Abundio, alias El Güero Abundio, y a sus propios padres, Gonzalo Mendoza Torres y Josefina Caridad Gaytán, señalados de distribuir droga, proveer vehículos y armas al cártel, y almacenar cargamentos para la organización.

A lo largo de la década de 2010, El Sapo escaló dentro del CJNG como coordinador de células armadas y jefe de plaza en Puerto Vallarta. Las autoridades le atribuyen uno de los ataques más letales contra fuerzas del Estado en la historia reciente: la emboscada del 6 de abril de 2015 en San Sebastián del Oeste, Jalisco, donde murieron 15 policías estatales de la Fuerza Única. Las investigaciones señalan que Mendoza Gaytán ordenó el ataque en represalia por la muerte de un operador del cártel abatido días antes por fuerzas de seguridad.

Su nombre también aparece en la investigación por el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, y en las líneas de investigación sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno en agosto de 2023.

Las investigaciones también lo conectan con el Rancho Izaguirre, el predio en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en marzo de 2025 por un colectivo de buscadores, donde se hallaron restos óseos calcinados, casquillos de bala y cientos de objetos personales.

Autoridades federales identificaron el lugar como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. De acuerdo con reportes de seguridad, Mendoza Gaytán habría sido uno de los mandos que supervisaban la operación del sitio a través de José Gregorio Lastra Hermida, identificado como reclutador del cártel y colaborador cercano suyo.

En mayo de 2019, la OFAC lo incluyó en su lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, al identificarlo como jefe de plaza en Puerto Vallarta y responsabilizarlo de secuestros, homicidios y coordinación de operaciones de narcotráfico en esa región.

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC) actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificó a tres figuras al frente de la organización tras el abatimiento de su fundador, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y la posterior captura de Audias Flores, alias “El Jardinero”

De los tres cabecillas señalados, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″, es reconocido como el nuevo líder del cártel jalisciense. Actualmente enfrenta una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Los otros dos integrantes de la cúpula son Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, identificado como teniente mayor y yerno de “El Mencho”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, también teniente mayor y jefe de la célula Comando 90.

La guía describe al CJNG como uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, con entre 15 mil y 20 mil miembros activos y presencia en al menos cinco continentes. El NCTC es la principal organización del gobierno estadounidense para analizar e integrar información relativa al terrorismo internacional. Publica la Guía Internacional sobre Terrorismo, una herramienta de referencia dirigida a personal policial, de inteligencia, militar y de seguridad.

Por ley, su misión se concentra en amenazas que emanan del exterior, por lo que excluye a grupos terroristas de origen doméstico.

El 03 asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro

Según los datos presentes en la guía, Juan Carlos Valencia González tomó el mando del CJNG después de la muerte de “El Mencho”, quien era su padrastro. El presunto heredero criminal nació en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

Es hijo de Rosalinda González Valencia y sobrino de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, y de José González Valencia, exlíderes de la organización criminal Los Cuinis. Ambos están presos en cárceles de EEUU.

Es descrito como líder de una estructura jerárquica en la que líderes regionales gestionaban las operaciones diarias bajo sus órdenes. El reporte también afirma que el CJNG opera con un modelo de franquicia con cárteles locales para expandirse fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

También se le conoce con los apodos de “El 03″, “Pelón”, “El R-3″, “El JP” y “El Tricky Tres”.

En junio de este año fueron reveladas imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno día del padre. Al sitio llegaron arreglos presuntamente enviados y firmados por “El 03″

“El Chorro” está relacionado con una hija de “El Mencho” y señalado como operador Colima

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, figuró en la guía antiterrorismo como teniente mayor del CJNG. Está vinculado a Jessica Johanna Oseguera González, alias “La Negra”, hija de “El Mencho”, lo que lo situaba en el primer círculo de mando de la organización.

Un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México, publicado el 6 de octubre de 2021, lo identificó como el superior directo de cuatro miembros del cártel que operaban en el Puerto de Manzanillo. La OFAC lo había designado desde el 27 de octubre de 2016 y lo sancionó nuevamente en junio de 2025.

El Sapo ordenó ejecuciones en Jalisco

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, fue identificado como teniente mayor del CJNG y jefe de la célula Comando 90. Según reportes previos de este medio, coordinó campamentos de entrenamiento y ordenó ejecuciones y secuestros en Jalisco, entre ellos los del Rancho Izaguirre, donde en marzo de 2025 activistas hallaron indicios de cientos de reclutas del cártel.

El reporte de la Embajada de Estados Unidos antes mencionado lo identificó como jefe de plaza en Puerto Vallarta, designado por la OFAC desde el 17 de mayo de 2019, y lo vinculó con El Doble R y El Plumas en operaciones de violencia selectiva.

Autoridades estadounidenses lo señalaron también como uno de los principales responsables de la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno en 2023.

La muerte de “El Mencho” y la captura de “El Jardinero” modificaron la estructura del cártel

El abatimiento de Oseguera Cervantes en febrero de 2026 y la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, el 27 de abril de 2026 en Nayarit, dejaron vacantes dos de los mandos más altos del CJNG.

Audias había sido considerado uno de los posibles sucesores de "El Mencho" con operaciones en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Su captura fue ejecutada por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina y anunciada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La guía antiterrorista de Estados Unidos no incluyó a otros presuntos operadores del cártel que el gobierno de Argentina sí inscribió en marzo de 2026 en su registro de personas vinculadas al terrorismo.

Entre ellos figuran Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R", señalado como líder del Grupo Élite en Guadalajara, Michoacán y Zacatecas; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “El Plumas”, buscado por la DEA y con cargos en Estados Unidos por conspiración para distribuir metanfetamina y cocaína; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, originario de Colombia e identificado como enlace del CJNG con grupos criminales sudamericanos.

El Departamento de Estado formalizó este martes su designación como líder supremo del CJNG y anunció una recompensa millonaria por datos que lleven a su detención

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): un narcotraficante de 41 años, ciudadano estadounidense y prófugo, cuya historia personal condensa tres generaciones del crimen organizado en México.

Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga doble nacionalidad. Su madre, Rosalinda González Valencia, emigró indocumentada a ese estado a los 14 años y trabajó en campos agrícolas. Años después, la familia regresó a México y quedó enlazada de forma directa con la consolidación del narcotráfico.

El linaje: tres generaciones de crimen organizado

Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, apodado “El Maradona”, fue fundador del extinto Cártel del Milenio y uno de los grandes proveedores de cocaína hacia Estados Unidos. Trabajó como subordinado de Miguel Ángel Félix Gallardo y luego con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, de quien heredó las conexiones con Colombia. Fue detenido en 2003 en Jalisco cuando, según el gobierno mexicano, trasladaba al menos un tercio de la droga que ingresaba al país vecino.

Su madre pertenece al clan de Los Cuinis, los 18 hermanos González Valencia originarios de Aguililla, Michoacán, que funcionaron durante años como el cerebro financiero del CJNG. Uno de sus tíos, Abigael González Valencia, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como pieza clave de esa estructura.

Rosalinda conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando Juan Carlos tenía apenas dos años, en California. Oseguera, narcomenudista, exconvicto, deportado y expolicía, ascendió bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa y, tras el asesinato de Nacho Coronel en 2010, fundó el CJNG junto a Erick Valencia, “El 85”. El niño que creció en ese entorno se convertiría, décadas más tarde, en el sucesor de su padrastro.

Un operador discreto con un brazo armado de élite

Juan Carlos Valencia González pasó años construyendo poder desde las sombras. A diferencia de otros herederos del narco, mantuvo un perfil deliberadamente bajo: hasta la fecha, solo se conoce una fotografía pública suya.

En 2019 fundó el Grupo Élite, brazo armado del CJNG con entrenamiento militar especializado, tácticas de insurgencia, uso de explosivos improvisados y exmilitares colombianos como instructores. En julio de 2020, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, lo identificó públicamente durante una conferencia de prensa.

El video que motivó esa declaración mostraba una caravana de 22 vehículos blindados con torretas, ametralladoras, fusiles Barrett y lanzagranadas. Había sido grabado el 17 de julio de 2020, el día del cumpleaños de “El Mencho”, y se interpretó como una demostración de fuerza dedicada al patrón.

Los crímenes que se le atribuyen

El Grupo Élite fue señalado por informes militares como responsable de la masacre de siete policías en Villagrán, Guanajuato, al inicio de la disputa con el Cártel Santa Rosa de Lima.

A Valencia González también se le vincula con el secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, perpetrado el 15 de agosto de 2016 en Puerto Vallarta. Según los registros, ambos fueron liberados tras un ultimátum de Guzmán Loera que amenazaba con atentar contra “El Menchito”.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló como presunto autor intelectual del plagio de dos mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa en Puerto Vallarta en 2022, ordenado como represalia por la captura del lugarteniente Saúl Alejandro Rincón Godoy, “El Chopa”. Se le atribuyen, además, ataques contra el exfiscal de JaliscoLuis Carlos Nájera y el asesinato de agentes federales y funcionarios públicos.

En febrero de 2024, narcobloqueos y enfrentamientos armados en Zapotlán El Grande, Jalisco, fueron atribuidos a su grupo cuando circularon versiones sobre un posible operativo para detenerlo.

Las acusaciones en Estados Unidos y la recompensa

Desde 2007, la Administración para el Control de Drogas (DEA) rastreó su actividad. Las investigaciones documentaron que Valencia González conspiró para importar más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas a Estados Unidos desde México, además de portar armas de fuego para respaldar esas operaciones.

El 8 de octubre de 2020, la Corte de Distrito del Distrito de Columbia formalizó una acusación por conspiración para la distribución de drogas, posesión ilegal de armas y decomiso penal de bienes. En diciembre de 2021, el Departamento de Estado anunció una recompensa de USD 5 millones por información que condujera a su arresto y condena.

La sucesión: el camino al liderazgo del CJNG

Durante años, el sucesor natural de “El Mencho” fue su hijo biológico Rubén Oseguera González, “El Menchito”. Su detención en 2014 en Zapopan, su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020 y su condena a cadena perpetua en marzo de 2025 cerraron esa puerta.

“El Mencho” fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, y murió cuando era trasladado a la Ciudad de México.

En junio de 2026, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos actualizó su Guía Antiterrorista Internacional y lo confirmó como líder supremo de la organización, con Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Cochorro”, yerno de “El Mencho”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, como principales lugartenientes.

Un cártel de 20 mil hombres con un ciudadano americano al frente

La misma guía estimó que el CJNG opera con entre 15 mil y 20 mil integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. El documento lo describió como el principal rival del Cártel de Sinaloa en 2026 y como la organización responsable del tráfico de las mayores cantidades de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

El hecho de que un ciudadano estadounidense encabece uno de los principales cárteles mexicanos generó reacciones en Washington.

El subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, lo citó para cuestionar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

“No creo, por ejemplo, que El Pelón, aparente nuevo líder del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque, como se ha informado, nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”, dijo.

La cultura narco y su único rastro público

Su presencia ha sido retratada en narcocorridos de artistas como Junior H, Netón Vega, Luis R. Conríquez e Ian Córdova. Uno de los temas de Netón Vega incluye el verso: “Rutas, embarcos, camiones y aviones, del cártel estamos al mando. Un placer llevar el puesto de jefe, siempre respaldo a mi padre, nunca voy a defraudarle”.

En junio de 2026, fotografías difundidas en redes sociales mostraron la tumba de “El Mencho” en Zapopan cubierta de rosas, con una dedicatoria: “De tu hijo, JP”. Era la primera señal pública atribuida a Valencia González tras la muerte de su padrastro. “El 03” permanece prófugo de la justicia de ambos países.

La célula criminal Jalipa, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, operaba en el puerto de Manzanillo como uno de los grupos con mayor responsabilidad en los hechos de violencia registrados en Colima. Su desmantelamiento, confirmado la noche del 7 de julio de 2026, implicó la detención de seis presuntos integrantes y el decomiso de armamento de alto calibre en dos intervenciones simultáneas.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima atribuyó a este grupo una parte significativa de los hechos violentos registrados en la entidad. Las fuerzas de seguridad consideran que la desarticulación de Jalipa representa un debilitamiento directo a la capacidad operativa del CJNG en la región portuaria.

Los informes oficiales señalan que cada uno de los detenidos desempeñaba funciones como sicario dentro de la estructura del cártel. Las autoridades investigan su posible participación en diversos delitos y mantienen abiertas las diligencias para determinar el alcance real de sus operaciones en Colima.

El proceso legal para los seis capturados continúa en marcha, bajo la presunción de inocencia y conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las instituciones estatales subrayan que el combate a la delincuencia organizada en Colima seguirá como prioridad en la agenda de seguridad.

Los perfiles detrás de la célula Jalipa

Los seis detenidos durante el operativo contra el grupo criminal fueron identificados por las autoridades como presuntos sicarios activos dentro de la estructura del CJNG en Manzanillo. Entre ellos figuran hombres y una mujer jóvenes, con edades que van de los 19 a los 38 años, provenientes tanto de Colima como de Guadalajara.

En la primera intervención, la Policía Estatal Preventiva capturó a Pedro “N”, de 38 años, y a Diego “N”, de 29, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su presunta implicación en tentativa de homicidio y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos portaban armas cortas que quedaron como prueba en la investigación.

La segunda acción permitió arrestar a Carlos Alberto “N”, de 22 años; Efrén Alejandro “N”, de 20; Aylín Viridiana “N”, de 19; y Jesús Osvaldo “N”, de 22. Según las indagatorias, todos ellos tenían funciones operativas dentro de la célula, en especial labores de sicariato y vigilancia para el cártel en la zona portuaria.

Las autoridades subrayan que la célula Jalipa funcionaba como un brazo operativo esencial del CJNG en Manzanillo, encargándose de ejecutar actos violentos y resguardar cargamentos ilícitos. A pesar de estas detenciones, las investigaciones siguen su curso para identificar si existen más integrantes en libertad o conexiones con otras redes criminales en la región.

Qué sigue tras el desmantelamiento

La Marina, la Policía Estatal, la FGR y la FGE indicaron que continuarán con las acciones de combate a la delincuencia en Colima. El comunicado oficial describe el resultado como un golpe directo a la estructura del CJNG en la zona portuaria.

Manzanillo es uno de los puertos de mayor actividad comercial del país, lo que lo convierte en un punto estratégico para el crimen organizado. El control de esa plaza representa para los cárteles una vía de acceso a rutas de tráfico y distribución.

Ante la presencia de estructuras criminales en zonas urbanas y portuarias, Colima se ha posicionado como uno de los estados con mayor presencia del CJNG en México. Su ubicación geográfica, con salida al Pacífico a través de Manzanillo, lo convierte en un territorio de alto valor estratégico para el cartel.

La entidad ha registrado de forma recurrente índices elevados de violencia vinculados a disputas por el control de plazas entre grupos del crimen organizado. La desarticulación de células como Jalipa forma parte de la estrategia de las instituciones de seguridad para reducir esa presión sobre la población civil.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

La actualización de la Guía Antiterrorista Internacional señaló que el relevo ocurrió en febrero de 2026, tras la muerte de su padrastro durante un operativo del Ejército Mexicano en Jalisco que buscó arrestarlo.

El documento describió a Valencia González, alias “El 03”, como ciudadano estadounidense y fijó una recompensa de USD 5,000,000 por información que permitiera ubicarlo y detenerlo. La identificación lo colocó en la cúspide de la organización criminal en un momento en que Estados Unidos mantenía sanciones contra figuras asociadas al grupo y su red financiera.

La guía también enlistó a otros integrantes considerados parte de la cúpula del CJNG. Entre ellos figuró Julio Alberto Castillo Rodríguez “El Cochorro”, a quien se le atribuyó el papel de teniente del grupo criminal y la relación familiar como yerno de Oseguera. En el mismo nivel se incluyó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan “El Sapo”, quien había sido mencionado por analistas como uno de los posibles herederos tras la muerte de “El Mencho”.

En el desglose de mandos y situación operativa, el informe consignó que algunos miembros relevantes ya no se encontraban en libertad. Señaló como detenido a Audias Flores Silva “El Jardinero” y reportó como muerto a “El Mencho”, al que vinculó con el liderazgo previo del cártel. La actualización presentó esos cambios como parte del reacomodo interno posterior al operativo en territorio jalisciense.

Estados Unidos también estimó el tamaño de la estructura criminal y su despliegue territorial. Calculó que el CJNG contó con entre 15 mil y 20 mil integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. La cifra se presentó como una referencia del alcance operativo del grupo en distintos corredores del país.

El antecedente político y legal más cercano se ubicó en la administración de Donald Trump, cuando el gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Cuatro meses después, impuso sanciones contra activos en Estados Unidos ligados a “El Mencho”, “El Jardinero”, “El Cachorro” y “El Sapo”, de acuerdo con la misma guía.

Con esa designación y el paquete de sanciones, la identificación de “El 03” como presunto nuevo jefe se incorporó a un marco de presión financiera y de inteligencia sobre la organización. La actualización no solo señaló un cambio de mando, también dejó asentados los nombres de la estructura superior y el alcance estimado del cártel en México.

Juan Carlos Valencia González encabezó al CJNG desde el fallecimiento de “El Mencho”, de acuerdo con una actualización de autoridades de Estados Unidos que también lo señaló como el principal responsable de dirigir las operaciones del cártel y ofreció hasta USD 5 millones por información que llevara a su captura.

El documento también ubicó al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, responsable del tráfico de grandes cantidades de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y otros países. Para 2026, además, lo consideró el principal rival del Cártel de Sinaloa.

La actualización llegó 10 semanas después de la captura en Nayarit de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, a quien Estados Unidos ubicaba como jefe de amplias operaciones del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán. El ajuste en la estructura de mando reflejó así un cambio en la cúpula del grupo criminal.

Estados Unidos colocó a “El 03” como presunto sucesor de “El Mencho”

De acuerdo con el reporte, Juan Carlos Valencia González, identificado con el alias “El 03”, quedó al frente de la organización tras la muerte de “El Mencho”. El texto lo describió como el mando general de una estructura jerárquica en la que líderes regionales administraban las operaciones diarias.

Ese esquema incluía el respaldo de “El Chorro” y “El Sapo”, identificados como sus principales lugartenientes. La actualización marcó la primera confirmación pública de que Estados Unidos consideraba que uno de sus propios ciudadanos lideraba uno de los principales cárteles mexicanos.

“El 03” habría nacido presuntamente en la ciudad de Santa Ana en California el 12 de septiembre de 1984. También tenía abierto un proceso criminal por narcotráfico en Estados Unidos radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

El documento incluyó una línea inusual sobre su contenido: “Este producto contiene información sobre personas estadounidenses que se considera necesaria para que el destinatario comprenda o evalúe la información que se proporciona”. Esa precisión respondió al cumplimiento de leyes de Estados Unidos respecto de sus ciudadanos.

El CJNG operó con mandos regionales y un modelo de franquicia

La actualización sostuvo que el CJNG mantuvo una estructura jerárquica de mando y, al mismo tiempo, operó bajo un modelo de franquicia. Ese mecanismo consistió en acuerdos de afiliación entre cárteles locales más pequeños y la organización para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

Según la descripción oficial, ese modelo permitió al grupo extender su presencia territorial más allá de sus zonas de origen. El propio documento recordó que el CJNG surgió en 2010 a partir de remanentes del Cártel del Milenio, una antigua facción del Cártel de Sinaloa.

El reporte agregó que la organización había expandido su presencia por gran parte del territorio mexicano desde 2018. En esa ruta de crecimiento, “El Jardinero” aparecía como una pieza de mando regional con influencia en cinco estados.

La captura de ese operador, ocurrida en Nayarit, antecedió por 10 semanas a la actualización de la cúpula criminal. Con ese movimiento, autoridades de Estados Unidos colocaron a “El 03” como el presunto sucesor de “El Mencho” al frente del cártel.

• El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González “El 03” como nuevo líder del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”.
• La Guía Antiterrorista Internacional ubicó el relevo en febrero de 2026 y fijó una recompensa de USD 5,000,000 por información para arrestarlo.
• Estados Unidos estimó entre 15 mil y 20 mil integrantes del CJNG en ocho estados y recordó la designación como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó sobre la desarticulación de la célula criminal ‘Jalipa’, identificada como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo coordinado en el puerto de Manzanillo que resultó en la detención de seis presuntos sicarios y el aseguramiento de armamento de grueso calibre.

La estructura era señalada por las autoridades como un grupo generador de violencia en la entidad. Su desmantelamiento, según el comunicado oficial, representa un debilitamiento directo a la capacidad operativa del CJNG en la zona portuaria.

Dos acciones, seis detenidos

El operativo se ejecutó en dos intervenciones distintas dentro del puerto de Manzanillo. En ambas participaron elementos de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera acción derivó en la detención de Pedro “N”, de 38 años, y Diego “N”, de 29 años. Elementos de la Policía Estatal Preventiva los pusieron a disposición de la FGE con sede en Manzanillo por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En esa misma intervención fueron aseguradas una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .380, ambas piezas incorporadas a la carpeta de investigación ministerial.

Cuatro presuntos integrantes capturados en la segunda intervención

La segunda acción del operativo tuvo un alcance mayor. Fueron detenidos Carlos Alberto “N”, de 22 años, originario de Guadalajara; Efrén Alejandro “N”, de 20 años, también proveniente de Guadalajara; Aylín Viridiana “N”, de 19 años; y Jesús Osvaldo “N”, de 22 años.

Los cuatro eran identificados por las autoridades como presuntos integrantes activos de la célula ‘Jalipa’. De acuerdo con información de inteligencia, presuntamente se desempeñaban como sicarios dentro de la estructura criminal del CJNG en Manzanillo.

En esta segunda intervención el decomiso fue más amplio: dos armas largas, tres pistolas calibre 9 milímetros y cartuchos útiles calibre .223 y 9 milímetros quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Inteligencia previa y seguimiento permanente

El resultado del operativo no fue inmediato. Días antes del arresto, integrantes de la célula ‘Jalipa’ habían logrado escapar de un primer despliegue de las fuerzas de seguridad, según confirmaron las autoridades.

Lejos de abandonar el seguimiento, las instituciones coordinadas mantuvieron vigilancia permanente sobre los movimientos del grupo. Esa persistencia permitió localizarlos nuevamente y concretar las capturas que, según el comunicado, frenan de forma directa la actividad criminal y la violencia atribuida a esta estructura en la entidad.

La información de inteligencia disponible vincula a los seis detenidos con múltiples actividades delictivas y hechos de violencia ocurridos en Colima, aunque las investigaciones continúan para determinar el alcance preciso de sus operaciones.

Investigaciones en curso y presunción de inocencia

Las seis personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias para establecer la situación jurídica de cada implicado.

La Mesa de Coordinación recordó que, con fundamento en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), todos los detenidos se presumen inocentes y serán tratados como tales en cada etapa del proceso, hasta que una autoridad jurisdiccional competente emita una sentencia condenatoria.

Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal en Colima, entre ellas la Marina, la Policía Estatal, la FGR y la FGE, indicaron que continuarán con las acciones de combate a la delincuencia en la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.

Las investigaciones sobre una presunta red internacional de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México incorporaron el testimonio de Luis Rivera, un colaborador de la justicia estadounidense que describió el supuesto mecanismo utilizado para mover hidrocarburos de un lado a otro de la frontera mediante importaciones irregulares, documentación presuntamente alterada y maniobras para evadir impuestos.

La declaración forma parte del proceso que las autoridades estadounidenses siguen contra integrantes de la familia Jensen, señalados por su presunta participación en operaciones de tráfico de combustibles. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, Rivera explicó cómo funcionaba la red y el papel que desempeñaban empresas de transporte y logística para introducir combustible a México.

El caso se centra en el llamado huachicol fiscal, modalidad distinta al robo de combustible mediante tomas clandestinas. En este esquema, las investigaciones apuntan al uso de operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza de los hidrocarburos y reducir el pago de impuestos durante su importación.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación de El País, Rivera aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de combustibles. En su testimonio describió una estructura que coordinaba empresas de transporte y logística para trasladar hidrocarburos desde Texas hacia distintos puntos de México.

Según su versión, parte del combustible tenía origen en hidrocarburos robados previamente en territorio mexicano. Posteriormente era exportado a Estados Unidos y reingresado al país mediante operaciones comerciales en las que la mercancía era declarada con una clasificación distinta a su contenido real, una práctica que presuntamente permitía evadir impuestos y superar controles aduaneros.

La investigación también refiere que algunas de estas operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas ubicadas en Tamaulipas para ingresar el combustible al país.

¿Quiénes son los Jensen?

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales señalados a integrantes de la familia Jensen, investigados por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Según El País, la investigación busca determinar el papel que desempeñaron empresas y operadores vinculados con esa familia dentro de una red que habría movilizado hidrocarburos entre ambos países mediante operaciones comerciales presuntamente irregulares.

Hasta ahora, el proceso continúa abierto y corresponde a las autoridades estadounidenses determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que el medio digital Código Magenta publicó una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente algunos de sus hijos.

Hasta el momento, esos señalamientos forman parte de investigaciones periodísticas y no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades penales contra las personas mencionadas. Tampoco se han presentado imputaciones o sentencias derivadas de esas publicaciones.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de combustibles que difiere del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas. En lugar de extraer gasolina o diésel de ductos, el esquema consiste en introducir combustible al país mediante operaciones de importación fraudulentas.

Las investigaciones sobre este tipo de redes señalan prácticas como declarar una mercancía distinta a la que realmente transportan los cargamentos, utilizar documentación presuntamente alterada o recurrir a empresas intermediarias para reducir el pago de impuestos y dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico por la evasión fiscal, especialistas han advertido que estas operaciones pueden facilitar la participación de organizaciones criminales en la cadena de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, lo que convierte al huachicol fiscal en un fenómeno distinto y más complejo que el robo tradicional de gasolina.

El enfrentamiento político y jurídico entre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, volvió a escalar luego de que este último asegurara haber recibido amenazas del exmandatario.

En respuesta, García Cabeza de Vaca rechazó de manera categórica las acusaciones y afirmó que nunca ha amenazado a Santiago Nieto. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, calificó de falsas las declaraciones del exfuncionario y anunció que instruyó a su equipo jurídico para emprender nuevas acciones legales en su contra.

El exgobernador sostuvo que las afirmaciones de Nieto no solo carecen de sustento, sino que además fortalecen las denuncias e investigaciones que, según dijo, ya se desarrollan en Estados Unidos.

El mensaje de Cabeza de Vaca contra el extitular de la UIF

En su publicación, García Cabeza de Vaca lanzó fuertes críticas contra Santiago Nieto, a quien acusó de haber fabricado expedientes y documentos durante su gestión al frente de la UIF para impulsar una persecución política en su contra.

Asimismo, aseguró que fue Nieto quien presuntamente manipuló información y actuó por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para promover investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exgobernador también cuestionó que Santiago Nieto justificara el viaje a España para asistir a la graduación de su hija argumentando riesgos para su seguridad, y calificó esa explicación como una muestra de privilegios y falta de ética.

Finalmente, reiteró que las acusaciones sobre supuestas amenazas de muerte son falsas y aseguró que estos señalamientos serán incorporados a las acciones legales que prepara su defensa.

Las declaraciones de Santiago Nieto reavivaron el conflicto

La respuesta de García Cabeza de Vaca ocurrió después de que Santiago Nieto explicara por qué realizó en línea su registro para participar en el proceso interno de Morena rumbo a Querétaro.

El exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) explicó que se encontraba en España para asistir a la graduación de su hija, quien vive en ese país desde hace varios años debido, según afirmó, a amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante sus declaraciones también responsabilizó públicamente a Francisco García Cabeza de Vaca de haberlo amenazado, aunque no presentó detalles adicionales sobre esos señalamientos.

Nieto defendió su decisión de acompañar a su hija y sostuvo que su familia ha tenido que enfrentar consecuencias derivadas de su actividad en el servicio público, al asegurar que sus hijas no eligieron vivir bajo riesgos de seguridad.

Un conflicto que comenzó con las investigaciones por presunto lavado de dinero

La confrontación entre ambos personajes tiene su origen en las investigaciones financieras iniciadas cuando Santiago Nieto encabezaba la UIF.

Entre los principales antecedentes destacan:

La UIF investigó una presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita superior a 2,000 millones de pesos vinculada con Francisco García Cabeza de Vaca.

La defensa del exgobernador sostiene que esas investigaciones fueron producto de una persecución política y acusa a Santiago Nieto de fabricar pruebas.

Santiago Nieto ha señalado recientemente que tanto grupos del crimen organizado como el exmandatario representan riesgos para su seguridad y la de su familia.

García Cabeza de Vaca mantiene que todas las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia política impulsada durante el sexenio anterior.

Persisten los procesos judiciales contra el exgobernador de Tamaulipas

La nueva confrontación ocurre apenas semanas después de otra resolución judicial relacionada con la familia de García Cabeza de Vaca.

A finales de mayo, un juez federal negó el amparo promovido por María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador, así como por dos empresas vinculadas con su familia, con lo que se mantuvo vigente el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado originalmente por la UIF en 2021.

De acuerdo con la resolución judicial, el aseguramiento de las cuentas busca impedir el movimiento de recursos mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, la defensa del exgobernador rechazó el fallo y sostuvo que contradice criterios previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los requisitos para ordenar bloqueos financieros derivados de solicitudes de autoridades extranjeras.

En ese contexto, García Cabeza de Vaca acusó nuevamente una persecución política en su contra y afirmó que continuará utilizando las vías legales para responder tanto a las resoluciones judiciales como a las declaraciones públicas realizadas por Santiago Nieto, con quien mantiene uno de los enfrentamientos políticos y legales más prolongados de los últimos años.

Habitantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula del municipio de Aquila, en Michoacán, denunciaron una nueva incursión de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la localidad, así como el ataque armado contra un policía comunal que resultó gravemente lesionado.

Fue el Congreso Nacional Indígena (CNI) quien informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del sábado 4 de julio, específicamente en la Encargatura de la Mina de la Providencia, la cual fue atacada por sujetos armados, presuntamente integrantes del cártel.

Además, señalaron que los sujetos agredieron a balazos a un comunero que también se desempeña como empleado del Ayuntamiento de Aquila como encargado de los trabajos de fontanería y que se encontraba en su jornada de trabajo al momento del ataque.

Aunque la agresión fue repelida por la Guardia Comunal, el hombre fue lesionado de gravedad.

Presencia del cartel en la región desde 2020

De acuerdo con la denuncia, los presuntos miembros del CJNG operan desde la comunidad de Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, y desde diversos puntos del municipio de Coalcomán. Asimismo, continuarían con el abastecimiento de armamento y de integrantes del grupo criminal desde el estado de Colima.

El ataque del 4 de julio se produce semanas después de que, a finales de mayo, el mismo cártel ejecutara bombardeos y ataques contra la comunidad, de acuerdo con lo señalado por los habitantes.

El CNI acusó que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en la región costa-sierra de Michoacán al menos desde el año 2020, y que ha ocupado progresivamente poblaciones y cabeceras municipales. Como consecuencia, numerosas familias se han visto obligadas a desplazarse ante asesinatos y desapariciones atribuidos al grupo criminal.

La comunidad señaló que esta expansión de este grupo criminal se produjo “en medio de una insuficiente actuación por parte de las instituciones encargadas de la seguridad para desarticular a los criminales y proteger a la población civil”.

Desmantelar al CJNG y sus redes de protección: las exigencias de los habitantes

Ante los hechos de violencia, la comunidad exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tanto garantías para que su guardia comunal pueda operar, como el desmantelamiento del CJNG.

Una de ellas fue el establecimiento de una base de operaciones interinstitucional —integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil— en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, petición que, según el CNI, lleva más de dos años sin respuesta.

La comunidad también exigió el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que, a su juicio, funcionarios y mandos policiales corruptos otorgan al grupo criminal.

Demandan además, la presentación con vida de comuneros desaparecidos y el castigo a los responsables de 42 asesinatos de integrantes de Santa María Ostula.

Finalmente, solicitaron respeto a la Guardia Comunal, la garantía del ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad, así como el cese de lo que los habitantes denominan “la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México”.

Alcalde de Aquila aseguró que el CJNG lleva 10 años intentando ingresar al municipio

El alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, declaró en el año 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado durante 10 años ingresar a ese municipio, pero sus intentos han sido repelidos por las guardias comunales.

Ante medios de comunicación, el funcionario dijo que las incursiones del también llamado cártel de las cuatro letras se concentraban en los límites con la comunidad indígena de Ostula.

“Las zonas complicadas, la verdad, es la zona que colindamos con Chinicuila y con Coalcomán. Ahorita en estos momentos hay grupos que vienen a incursionar a nuestro municipio, en las fronteras de la comunidad indígena de Ostula, pero todo el tiempo se ha estado repeliendo. Tenemos 10 años con ese pleito, no es algo nuevo”, declaró.

Valencia Guillén atribuyó la contención de esos intentos al trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la policía comunal, instancias que, según el alcalde, lograron repeler de forma sostenida las incursiones del cartel a la región.

Mucho antes de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya había sido dado por muerto en múltiples ocasiones.

Durante varios años, versiones sobre presuntos enfrentamientos, enfermedades renales e incluso supuestos fallecimientos en hospitales circularon tanto en medios de comunicación como en mensajes atribuidos a grupos rivales del crimen organizado. Ninguna de esas versiones pudo ser comprobada por las autoridades, pero todas contribuyeron a alimentar el misterio en torno al hombre que encabezó la expansión de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

El bajo perfil que mantuvo durante gran parte de su liderazgo dificultó conocer su paradero y su verdadero estado de salud, situación que convirtió cualquier versión sobre su posible muerte en un tema de interés nacional e internacional.

Paradójicamente, aquellos rumores terminaron por hacerse realidad el 22 de febrero de 2026, cuando “El Mencho” murió durante una operación militar en México, poniendo fin a la carrera del hombre que durante más de una década encabezó el crecimiento del CJNG y se convirtió en uno de los criminales más buscados del continente.

De policía municipal a fundador del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes nació en la región de Tierra Caliente, Michoacán, y, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, participaba en actividades relacionadas con el narcotráfico desde la década de 1990.

En 1994 fue condenado por una corte del Distrito Norte de California a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Tras recuperar su libertad regresó a México, donde trabajó como policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco.

Poco tiempo después abandonó la corporación para integrarse al Cártel del Milenio, donde comenzó como integrante del grupo armado que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”.

Más adelante pasó a colaborar con la estructura encabezada por Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima.

Tras la muerte de Coronel en 2010 y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, el Cártel del Milenio se dividió entre La Resistencia y Los Torcidos.

Esta última facción terminó convirtiéndose en el Cártel Jalisco Nueva Generación, con “El Mencho” como su principal dirigente.

Bajo su liderazgo, el CJNG pasó de ser una organización regional a convertirse en una de las estructuras criminales con mayor presencia en México, enfrentándose tanto a grupos rivales como a las fuerzas federales mediante estrategias caracterizadas por altos niveles de violencia y capacidad operativa.

Ese crecimiento convirtió a Oseguera Cervantes en uno de los hombres más buscados del país. El gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las recompensas más altas para un narcotraficante mexicano.

Las veces que dieron por muerto a “El Mencho”

A medida que aumentaba el poder del CJNG, también crecían los rumores sobre el destino de su líder.

Uno de los primeros episodios ocurrió en agosto de 2012, cuando comenzaron a circular versiones sobre su supuesta captura durante un operativo federal en Guadalajara.

La información resultó falsa. Posteriormente se supo que “El Mencho” logró escapar mientras integrantes del CJNG incendiaban vehículos y bloqueaban avenidas para impedir el avance de las fuerzas de seguridad.

Años después, el foco cambió hacia su estado de salud.

En julio de 2020 diversos reportes señalaron que el líder criminal padecía insuficiencia renal y que el CJNG habría construido un centro médico clandestino en una zona rural de Jalisco para que pudiera recibir tratamiento sin exponerse a ser capturado.

Aunque nunca existieron pruebas que confirmaran esa información, la versión fue ampliamente difundida.

En febrero de 2022, nuevos reportes aseguraron que “El Mencho” había muerto durante un enfrentamiento entre integrantes del CJNG y grupos rivales.

Casi al mismo tiempo aparecieron narcomantas en distintos puntos de Guadalajara donde se afirmaba que el capo había fallecido por complicaciones derivadas de una enfermedad renal mientras permanecía internado en un hospital.

Las autoridades investigaron esas versiones, pero ninguna pudo ser corroborada.

Los rumores provocaron fracturas dentro del CJNG

La incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del líder del CJNG no solo alimentó especulaciones públicas, sino que también comenzó a generar consecuencias dentro de la propia organización criminal.

A principios de 2022, Los Mezcales, una célula con presencia en Colima que anteriormente operaba bajo el mando del CJNG, anunció públicamente que rompía relaciones con la organización al considerar que “El Mencho” ya había fallecido.

El gobierno mexicano revisó esa información, aunque no encontró evidencia que confirmara la muerte del capo.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantenían activa su búsqueda y, en diciembre de 2024, elevaron a 15 millones de dólares la recompensa por información que permitiera localizarlo.

Finalmente, después de años de especulaciones, rumores y versiones sin confirmar, Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar en México.

Su fallecimiento puso fin a una larga historia de incertidumbre sobre su estado de salud, pero también cerró el ciclo de uno de los líderes criminales más influyentes de las últimas décadas. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una facción derivada del Cártel del Milenio a consolidarse como una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas del país, dejando una huella que transformó el panorama del crimen organizado en México.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvo a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien vinculó con el incendio de un automóvil en el que se hallaron restos humanos en la entidad. La corporación informó que el arresto se realizó en la capital poblana y que el hombre tenía 30 años.

De acuerdo con la SSP, el detenido viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el lunes 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde un auto fue incendiado y en su interior se localizaron restos humanos.

La SSP detalló que, durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron al detenido un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con presunta droga: marihuana, cristal y piedra. La dependencia no precisó cantidades ni el tipo de arma.

En las labores operativas y de inteligencia participaron la Secretaría de Marina (Semar), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), según la autoridad estatal. La corporación señaló que la detención formó parte de acciones coordinadas para ubicar a posibles responsables relacionados con hechos de violencia en Puebla.

Tras el arresto, el probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y definir su situación jurídica. La SSP no informó si la detención derivó en cateos, órdenes de aprehensión adicionales o el aseguramiento de más personas.

Sobre el caso al que se le asoció, la autoridad reportó que el 22 de junio de 2026 se localizó un vehículo incendiado con restos humanos calcinados en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur, frente al Parque Centenario Chapulco, en Puebla. El reporte incluyó que se trató de un hecho registrado por la mañana.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio de un automóvil SEAT Ibiza. Después de apagar las llamas, se descubrieron los restos humanos al interior de la unidad, según la información oficial.

La SSP agregó que, junto al vehículo abandonado, se localizó una cartulina con un mensaje de amenazas firmado por el grupo criminal identificado como el CJNG. La autoridad no difundió el contenido del mensaje ni informó si fue incorporado como indicio en la carpeta de investigación.

La dependencia estatal sostuvo que, con acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia reafirmaron su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar la tranquilidad de la población en Puebla.

• Detuvieron a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, ligado al incendio de un auto con restos humanos en Puebla.
• La SSP aseguró un arma corta, cartuchos, efectivo y presunta droga; el detenido tenía 30 años.
• El hecho asociado ocurrió el 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde hallaron un SEAT Ibiza incendiado y una cartulina con amenazas firmadas por el CJNG.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Puebla principalmente a través de su brazo armado autodenominado “Operativa Barredora”.

Su presencia se centra en delitos como el narcomenudeo, el cobro de piso, la extorsión y la violencia de alto impacto, como ejecuciones y abandono de restos humanos.La presencia del grupo y las recientes acciones de seguridad incluyen:

Zonas de Operación: Sus actividades se concentran en la capital del estado (Área Metropolitana) y municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo, como Tecamachalco.

Actos de Violencia: El grupo ha sido vinculado a hechos violentos recientes en la zona metropolitana, incluyendo el hallazgo de vehículos calcinados con restos humanos en el Periférico Ecológico y atentados con explosivos.

Golpes de la Autoridad: En operativos recientes de fuerzas federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) han logrado capturar a presuntos operadores de alto nivel y sicarios vinculados a esta célula.

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Adrián “N” en Zapopan por su presunta participación en la desaparición y muerte de ocho jóvenes que trabajaban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara, un caso ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2023 que sigue bajo investigación para identificar al resto de los probables responsables.

La captura se realizó en la colonia Lomas de Zapopan, en cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Tras el operativo, agentes de la Policía de Investigación lo pusieron a disposición de un juez y fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

El expediente apunta a una operación coordinada. Las indagatorias señalan que, entre el 20 y el 22 de mayo de 2023, un grupo de personas habría participado en la privación de la libertad de varias víctimas, mientras otro grupo habría intervenido en la desaparición del resto de los jóvenes, lamentablemente fueron encontrados descuartizados en 45 bolsas en un barranco.

La captura ocurrió en Lomas de Zapopan tras una orden de aprehensión

La autoridad estatal informó que la localización del sospechoso fue resultado de labores de inteligencia, seguimiento e investigación. Con esos trabajos, los agentes lograron ubicarlo en esa zona del municipio de Zapopan y ejecutar el mandamiento judicial que ya estaba vigente.

Adrián “N” fue identificado conforme avanzaron las indagatorias como uno de los presuntos partícipes en el caso. A partir de esa línea, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión y después concretó su cumplimiento.

El detenido está señalado por su probable relación con uno de los hechos criminales que más atención concentraron en Jalisco durante 2023. El caso adquirió esa dimensión por el número de víctimas y por la forma en que ocurrió la desaparición de los ocho trabajadores.

El rastreo de celulares llevó a puntos de interés y al hallazgo de restos

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía realizó análisis de ubicación de los teléfonos móviles de las víctimas. Esos registros permitieron detectar zonas donde los aparatos fueron encendidos después de la desaparición, lo que abrió nuevas rutas de búsqueda.

Las labores posteriores llevaron a la localización de restos humanos en una barranca. En ese sitio también fueron encontrados indicios relacionados con las víctimas, de acuerdo con la información oficial.

Uno de los datos centrales del caso es que los ocho jóvenes laboraban en el mismo call center dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Las autoridades sostienen que la desaparición y el asesinato habrían sido cometidos por varias personas, distribuidas en tareas distintas dentro de una misma acción.

La investigación no está cerrada. La Fiscalía indicó que el proceso sigue en curso para esclarecer por completo lo ocurrido y avanzar en la identificación y detención de otros presuntos agresores.

El caso se cruza con otros centros telefónicos clandestinos en la entidad

La detención de Adrián “N” también se conoce en un contexto más amplio: en Jalisco se han documentado al menos tres episodios de call centers clandestinos intervenidos por las autoridades desde 2023. Esos sitios habrían estado ligados a actividades ilícitas que van del fraude bancario a la extorsión.

En el caso de los ocho jóvenes, Adrián “N” estaría vinculado a una célula de extorsiones y fraudes operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal al que las autoridades atribuyen la desaparición y asesinato de las víctimas en call centers de Zapopan y Guadalajara en mayo de 2023.

Los cuerpos de los ocho jóvenes trabajadores del call center fueron encontrados a finales de mayo y principios de junio de 2023, segmentados y distribuidos en más de 45 bolsas de plástico al fondo de un barranco de difícil acceso en la zona de Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan.

Los restos de las víctimas fueron hallados en una barranca de la colonia Mirador Escondido, otro punto que quedó incorporado al expediente. Ese hallazgo reforzó la línea de investigación sobre la suerte de los trabajadores desaparecidos después de que se perdiera contacto con ellos.

La autoridad estatal mantiene bajo proceso la reconstrucción de los hechos para determinar cómo se dividieron las acciones entre los distintos participantes y cuál habría sido el papel específico de cada uno. Por ahora, el detenido quedó a disposición del juzgado correspondiente por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.

El caso de los ocho jóvenes empleados del call center permanece como uno de los episodios criminales de mayor dimensión registrados en la entidad en 2023, con una investigación que todavía busca completar la ruta de la desaparición, el homicidio y la probable participación de más personas.

La revelación de que una funcionaria de la Aduana de Matamoros es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, ha reavivado las alertas sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas del comercio exterior mexicano.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del esquema de huachicol fiscal vinculado al CJNG, ocupa desde agosto de 2019 el cargo de Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.

La investigación, basada en registros de Nómina Transparente y Declaranet, señala que la funcionaria permanece activa en la administración aduanera en uno de los puntos fronterizos señalados por autoridades estadounidenses como estratégicos para el ingreso irregular de combustible hacia México.

Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como operador clave del CJNG

El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una red de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.

Según las autoridades estadounidenses, Juraidini operaba una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, mediante la cual se importaba combustible con documentación presuntamente falsificada para evadir impuestos y generar ganancias millonarias para la organización criminal.

El Departamento del Tesoro considera a Juraidini como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones financieras del grupo criminal.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros de combustible.

El mismo cargo que ocupó un exfuncionario extraditado

La investigación periodística también documenta que Analee de Jesús Juraidini Silva desempeña el mismo cargo que ocupó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes citadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la red encabezada por Juraidini.

Asimismo, las declaraciones patrimoniales de Analee Juraidini correspondientes a 2020 y 2021 revelan que tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada para el registro y seguimiento de mercancías aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria aparece en la nómina federal vigente correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.

Autoridades de EU advierten sobre infiltración institucional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sostenido que los recursos obtenidos mediante el huachicol fiscal permiten a organizaciones criminales financiar esquemas de corrupción orientados a colocar personas afines en posiciones estratégicas dentro de gobiernos y organismos públicos.

La investigación de MCCI recuerda que no sería la primera ocasión en que familiares de presuntos integrantes del crimen organizado ocupan cargos relevantes en el sistema aduanero mexicano. Entre los antecedentes destaca el nombramiento de Julio César Carmona Angulo, hermano del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019.

Las investigaciones y antecedentes judiciales de Óscar Juraidini

El nombre de Óscar Guillermo Juraidini Silva también aparece en expedientes judiciales mexicanos. El 15 de febrero de 2025, autoridades federales aseguraron dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible durante un operativo realizado en el municipio de China, Nuevo León.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos. Posteriormente, un juez calificó como ilegal la detención de dos personas involucradas y dictó el sobreseimiento del caso.

Tras acreditar la propiedad de las unidades aseguradas, Juraidini obtuvo un amparo para recuperar los vehículos y el combustible incautado.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó recientemente que identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias financieras relacionadas con los sujetos sancionados por Estados Unidos, por lo que fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

El caso judicial contra un ciudadano chino Wenshen Xu en Estados Unidos dejó al descubierto el alcance internacional de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba desde Colombia y se extendía por varios continentes.

Xu, de 52 años y residente en Honduras, fue capturado en Ciudad de Guatemala en julio de 2025 y extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos por conspirar para importar cocaína, lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más temidas y sanguinarias en México.

La investigación se desarrolló por parte de autoridades estadounidenses en coordinación con organismos de Colombia, Guatemala y Honduras, y reveló que Xu no solo era un enlace financiero clave, sino que articulaba operaciones que iban desde Cali hasta el mercado estadounidense, pasando por Centroamérica y Asia.

Colombia: punto de partida y centro logístico de la red

Uno de los elementos más destacados del expediente judicial es la referencia directa a la ciudad de Cali como punto estratégico de la organización, señaló un informe del Departamento de Justicia.

Según los documentos, el 17 de julio de 2025, Xu y otros integrantes de la estructura criminal coordinaron el transporte de varios kilogramos de cocaína desde esa ciudad colombiana.

La operación se realizó a nombre de un supuesto representante del CJNG, lo que refuerza la conexión entre los carteles mexicanos y los operadores internacionales.

La participación de Colombia, sin embargo, no se limitó al origen de uno de los cargamentos. La indagación detalló la existencia de una infraestructura logística compleja, compuesta por pistas de aterrizaje clandestinas, el uso de aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y contactos distribuidos en distintos países de América Latina.

Dicha red permitió, según la justicia de Estados Unidos, movilizar más de 450 kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano utilizando rutas ya establecidas y protegidas.

Más allá del narcotráfico: lavado de millones con criptomonedas

El alcance de la organización liderada por Xu iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes.

La estructura criminal también se encargó de coordinar el lavado de más de 22 millones de dólares generados por la venta de cocaína y fentanilo. Para enmascarar el origen ilícito de esos fondos, los miembros del grupo recurrieron a transferencias con criptomonedas, operaciones comerciales ficticias y plataformas de comunicación encriptadas.

Estos mecanismos —que incluyen tanto el uso de herramientas digitales como el movimiento de dinero a través de empresas fachada— representan, según los investigadores, una muestra de la evolución de las estrategias financieras empleadas por las organizaciones de narcotráfico.

Los niveles de sofisticación de los métodos utilizados por la red de Xu demuestra, de manera no tan alejada de lo que plantean algunas series y películas, la capacidad de adaptación de estos grupos frente a los controles internacionales y la vigilancia bancaria.

La operación internacional y cooperación policial

El caso Xu destaca también por la cooperación entre agencias de distintos países, destacó el mismo Departamento.

La Policía Nacional de Colombia desempeñó un papel central en el desarrollo de la investigación, trabajando de la mano con la DEA y sus oficinas en Guatemala y Colombia, así como con la Policía Nacional de Guatemala y otras dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió identificar y rastrear los movimientos de Xu y su red, lo que derivó en su captura el 17 de julio de 2025 en Ciudad de Guatemala y su posterior extradición a Estados Unidos el 30 de enero de este año.

De otro lado, las autoridades estadounidenses puntualizaron que la operación es un ejemplo de cómo los esfuerzos conjuntos pueden desarticular estructuras criminales con presencia multinacional.

Un nuevo modelo de crimen transnacional: alerta en el radar

Para el sistema judicial de Estados Unidos, la estructura liderada por Xu representa una nueva generación de redes criminales, en la que convergen operadores de distintos orígenes y especialidades.

En una misma operación puede encontrarse a un financiero chino, estructuras logísticas en Centroamérica, cargamentos que parten desde Colombia y carteles mexicanos encargados de la distribución final en Estados Unidos.

A raíz de esta articulación se evidenciaría el carácter multinacional y la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que aprovechan la globalización y las nuevas tecnologías para evadir controles y maximizar sus ganancias ilícitas.

Tras declararse culpable, Wenshen Xu deberá comparecer nuevamente ante la justicia estadounidense el jueves 15 de octubre de 2026, cuando un juez federal definirá su condena.

El hoy detenido enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una sanción máxima que podría alcanzar la cadena perpetua, según la legislación norteamericana.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este viernes la existencia de al menos dos grandes investigaciones sobre huachicol fiscal activas en la Fiscalía General de la República (FGR): una ligada a un buque que llegó a Tampico en marzo de 2025 y otra derivada de vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera terrestre desde Estados Unidos.

La mandataria respondió así, desde Michoacán, a una pregunta sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a dos mexicanos y nueve empresas por su presunto vínculo con el contrabando de combustible asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, la empresa Ahavat Logistics Solution transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana para la importación de hidrocarburos, según el reporte que originó la pregunta.

A raíz de los hechos, la mandataria precisó que la FGR lleva por lo menos tres carpetas de investigación sobre huachicol fiscal, además de expedientes menores derivados de pipas detenidas en carretera. Sin embargo, las dos principales son las que involucran al buque en Tampico y a los tanques en ferrocarriles que ingresaron por tierra.

Sobre el caso del buque, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la embarcación arribó a Tampico en marzo de 2025 con un cargamento de diésel, aunque contaba con permisos de importación para otras sustancias. “Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales”, afirmó durante la conferencia matutina.

Asimismo, señaló que entre los involucrados figuran empresarios que poseen doble nacionalidad mexicano-estadounidense y actualmente residen enEstados Unidos. “México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México porque están en Estados Unidos”, puntualizó.

Respecto al segundo expediente, Sheinbaum detalló que la pesquisa se origina en el ingreso de tanques de combustible a través de vagones de ferrocarril por la frontera norte. “Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, explicó, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado información detallada sobre el avance de esa carpeta.

Las nueve empresas sancionadas y sus vínculos con el CJNG

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dos mexicanos y nueve empresas fueron sancionados por operar un esquema de contrabando de combustible transfronterizo con falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México, a fin de generar millones de dólares anuales para el CJNG.

El primer sancionado es Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador identificado como figura clave en las operaciones financieras del cártel. Crea empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para transportar combustible de forma ilícita a través de la frontera.

Sus clientes principales son gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones. La OFAC vinculó a Juraidini con seis empresas en México —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y una en Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd.

El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin permisos. Las autoridades lo identifican como el responsable de pagar sobornos a cárteles y organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada fronterizos.

Ruiz Villagomez está vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y a Ahavat Logistics Solution, ambas también sancionadas. Hallazgos de la FGR, citados por Estados Unidos, indican que Jomadi se dedica a la importación y exportación con nexos al narcotráfico.

El patrón detectado por las autoridades muestra que los cárteles usan empresas comercializadoras mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a empresas estadounidenses, emitir facturas falsas y legitimar el hidrocarburo en México. El producto entra al país mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

Las ganancias se lavan a través de la compra de artículos de lujo, bienes raíces y activos de inversión. Según las autoridades estadounidenses, parte de ese dinero se destina a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos para colocar funcionarios corruptos en puestos administrativos clave.

De manera paralela a las sanciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por Estados Unidos, tras detectar discrepancias entre sus ingresos declarados y los movimientos observados en el sistema financiero.

El buque Challenge Procyon y la red descubierta en Tampico

El segundo caso tiene su origen en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico. El hallazgo no solo reveló un cargamento ilegal de diésel, sino también puertos, instalaciones y cadenas logísticas que las autoridades desconocían.

Los registros en poder de Infobae México establecen que entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la afectación económica por huachicol fiscal en ese circuito alcanzó 301 millones de pesos. Las investigaciones posteriores al aseguramiento del buque derivaron en al menos 10 detenciones documentadas, entre ellas la de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar).

El especialista en seguridad David Saucedo explicó a Infobae México que la complejidad del caso radica en la implicación de funcionarios de alto nivel. “No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno”, declaró Saucedo, y añadió que los grupos criminales tuvieron “exclusivamente” un papel de comercialización y distribución del producto.

Las investigaciones de la Marina determinaron que la red no opera solo con tomas clandestinas o trasiego directo de combustible, sino que articula una estructura financiera y logística que hace circular el hidrocarburo ilícito dentro de circuitos formales. Entre los detenidos figuran Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, con presuntos vínculos al CJNG; Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”; y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”, entre otros.

La estrategia para continuar el combate al huachicol fiscal incluye despliegues de aeronaves, uso de drones y acciones tácticas coordinadas. Sheinbaum atribuyó la reducción del contrabando de combustible tanto a la mayor vigilancia en aduanas como a las detenciones realizadas hasta la fecha.

Las narcominas que se han registrado en el estado de Michoacán, son producto de disputas entre grupos delictivos locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien quiere ingresar a ese estado para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Así lo aseguró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante la pregunta de un periodista sobre el tema, Trevilla Trejo dijo que el CJNG quiere ingresar a diversas zonas de Michoacán, como lo es Tepalcatepec o Coalcomán, y los grupos delictivos locales quieren proteger esas áreas, por lo que colocan estas llamadas narcominas.

“Esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales, Cártel Jalisco Nueva Generación que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, al área de Coalcomán, y también están más cerca, están adentro, en el área de Apatzingán, los grupos locales, ellos protegen esas áreas y ese es el motivo por el cuál están colocando las minas”, djo Trevilla Trejo.

Se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre

Antes de esto, el General Trevilla Trejo señaló que en la Secretaría de la Defensa Nacional había un organismo con personas capacitado al que se le ha dotado de equipo tecnológico de protección para la detección de minas.

Aseguró que se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre de 2025 hasta ahora. Señaló que, en estos, también se incluyen drones, aunque también se incluye a las llamadas narcominas.

“En este momento se está llevando a cabo una operación de desminado, principalmente las rutas de Guayabo hacia El Alcalde, en Tierra Caliente, Apatzingán, y están realizando esas actividades este grupo especializado, también tenemos un proyecto con la industria militar para fabricar vehículos especiales anti minas, y también estamos analizando la opción para adquirir drones que puedan detectar este tipo de artefactos”, dijo.

Narcominas, una constante en Tierra Caliente

Cabe destacar que, desde el año 2021, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha recurrido al uso de estas minas antipersona y explosivos caseros, como herramienta de control territorial, tanto para frenar a las fuerzas de seguridad como para bloquear el avance de grupos rivales. En respuesta a esto, autoridades han incrementado las labores de barrido en municipios clave como Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán y Buenavista.

El primer trimestre de 2022, el Ejército mexicano desactivó más de 150 minas en Tepalcatepec, y en los primeros 21 días de ese año, se reportaron 250 artefactos neutralizados, pero también hubo tragedias, pues el 13 de febrero de 2022, un padre y su hijo murieron al activar, de manera accidental, una mina mientras cruzaban una parcela entre Aguililla y El Aguaje.

Para 2023, la Defensa contabilizó la desactivación de 881 explosivos improvisados en Michoacán, incluyendo:

• 118 en Tepalcatepec
• 115 en Apatzingán
• 95 en Buenavista
• 53 en Coalcomán

Para marzo de 2024, seis detonaciones simultáneas obligaron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a crear un grupo antibombas.

En enero de 2025 se desactivaron 87 minas en la región, y en abril de ese mismo año, otras 68 fueron encontradas en Los Hornos, Apatzingán.

Explota narcomiona y hiere a dos militares

El pasado mes de enero, dos militares resultaron heridos en Tepalcatepec, Michoacán, luego de que explotara una narcomina mentras realizaban patrullajes en la zona.

Los hechos se registraron en la comunidad de La Ordeñita, donde un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional activó de manera accidental la mina colocada en una brecha de terracería.

Los militares, por la gravedad de sus heridas, fueron llevados vía aérea al hospital militar en Apatzingán para recibir atención médica especializada.

El nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue en el radar luego de los señalamientos que Estados Unidos ha hecho en su contra al relacionar al funcionario y otros nueve personajes más por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta vez se le estaría apuntando a posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que de acuerdo con una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un organismo público estatal ejecutor de obra pública habría transferido 678,900 pesos durante su administración —en abril de 2024— a Ahavat Logistics Solution, una comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 30 de junio como parte de una presunta red de huachicol fiscal y lavado de dinero vinculada al cártel que comandaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con MCCI, que consultó documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo descentralizado del gobierno estatal creado en 1987 como productor de materiales para la construcción y que desde hace quince años opera como ejecutor de obra pública, realizó tres transferencias entre el 4 y el 23 de abril de 2024. Los registros internos describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin precisar el bien o servicio adquirido.

La empresa receptora de esos pagos no aparece inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni en el sistema Compranet estatal. MCCI señala que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que respalden públicamente las transferencias.

¿Quién está detrás de Ahavat Logistics Solution?

Ahavat Logistics Solution fue constituida el 13 de febrero de 2017 en Toluca, Estado de México. Su objeto social abarca más de 40 actividades, entre ellas la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos, diésel y otros energéticos. En junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía el permiso H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos.

El administrador único de la empresa, con facultades plenas de representación legal, es José Refugio Ruiz Villagómez. Ese nombre aparece en las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN anunciaron el 30 de junio: las autoridades estadounidenses lo designaron bajo los decretos ejecutivos E.O. 14059 y E.O. 13224 por actuar en nombre del CJNG y por haber prestado apoyo financiero y material al cartel.

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Ruiz Villagómez habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y habría pagado cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre ambos países.

OFAC y FinCEN señalan que Ahavat y su empresa hermana Jomadi Logistics & Cargo habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG. Ruiz Villagómez figura como accionista mayoritario de ambas firmas.

Jomadi acumula además un historial internacional: durante el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo permiso para importar hasta 9,000 millones de litros de diésel, y en marzo de 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo crudo venezolano por gasolina en puertos de Turquía, operación que derivó en una investigación del FBI por tráfico de combustible, según reveló Reuters en mayo de 2020.

Rocha Moya: pagos a una empresa del CJNG en medio de señalamientos por vínculos con Los Chapitos

Los pagos de Preecasin a Ahavat cobran mayor peso por el contexto político y judicial que rodea al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Actualmente el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York lo señala de haber operado en beneficio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, antes y durante su gestión al frente del estado.

Según ese documento presentado por la fiscalía federal estadounidense, Rocha Moya se reunió antes de su elección de 2021 con mandos de Los Chapitos, quienes habrían ordenado a sicarios del cartel robar boletas electorales y secuestrar a candidatos opositores para asegurar su triunfo. A cambio, la acusación sostiene que Rocha Moya se comprometió a colocar funcionarios afines a Los Chapitos en cargos de seguridad del estado. Rocha Moya ha rechazado esos señalamientos.

La acusación describe además pagos mensuales en efectivo a funcionarios estatales y municipales, entre ellos el entonces vicefiscal general de Sinaloa, el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y el secretario de Seguridad Pública, a cambio de protección para las operaciones del cartel.

El vínculo entre el CJNG y Los Chapitos con el nombre de Rubén Rocha Moya agrega otra capa al caso. Desde 2025, reportes periodísticos y el propio gobierno federal mexicano han documentado una supuesta alianza entre ambas organizaciones criminales para enfrentar a “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa en guerra con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán desde la traición y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada.

El periodista Héctor de Mauleón alertó sobre una nueva modalidad de extorsión atribuida al crimen organizado, la cual estaría operando desde hoteles en distintas ciudades del país.

En su más reciente columna publicada en El Universal, titulada “Cuidado con los hoteles”, el comunicador expone el caso de un empleado de empresa que fue víctima de un secuestro virtual y extorsión mientras se hospedaba en un hotel del centro de Guadalajara.

De acuerdo con el relato difundido por el columnista, la víctima viajó a Guadalajara para realizar diversos trámites laborales y se hospedó en un hotel donde proporcionó sus datos personales, incluyendo identificación oficial, domicilio y número telefónico. Durante la primera noche no ocurrió nada extraño; sin embargo, al regresar al hotel la segunda noche notó movimientos inusuales en la recepción y la presencia de personas desconocidas.

Minutos después recibió una llamada a su habitación. Un supuesto “comandante Chávez”, quien dijo pertenecer a la fiscalía, le informó que se realizaba un operativo relacionado con armas y drogas cerca del hotel. Bajo el argumento de que el inmueble era utilizado como “casa de seguridad”, le pidió no salir de la habitación y seguir instrucciones.

Victimarios dijeron ser del CJNG

La situación escaló cuando un hombre encapuchado ingresó al cuarto asegurando formar parte de las autoridades. El sujeto tomó fotografías de los dispositivos electrónicos del huésped y posteriormente confesó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A partir de ese momento, la víctima quedó bajo vigilancia constante mediante videollamadas y amenazas psicológicas.

Según narra la columna, los delincuentes obligaron al hombre a transferir dinero desde sus cuentas bancarias y más tarde utilizaron su teléfono para contactar a familiares y compañeros de trabajo. Mediante amenazas violentas, exigieron depósitos económicos a cambio de supuestamente respetar su vida.

El modus operandi descrito por De Mauleón coincide con otros casos recientes documentados en hoteles de la Ciudad de México y otras entidades. La estrategia consiste en generar terror psicológico, aislar a la víctima y utilizar sus propios dispositivos para ampliar la red de extorsión hacia familiares, jefes y contactos cercanos.

Uno de los aspectos más alarmantes revelados en la publicación es que los delincuentes aparentemente operan habitación por habitación, replicando el mismo esquema con distintos huéspedes dentro del mismo hotel.

La víctima fue utilizada para despistar y engañar a otros huéspedes

La víctima relató que antes de ser liberado fue obligado a tocar puertas de otras habitaciones para avisar sobre un supuesto operativo de la fiscalía, momento en el que observó cómo otro grupo iniciaba el mismo proceso contra una familia hospedada.

El periodista advirtió que esta modalidad podría convertirse en una nueva fuente de ingresos para grupos criminales, aprovechando la vulnerabilidad de viajeros y huéspedes en hoteles con escasos controles de seguridad. La denuncia también pone sobre la mesa posibles complicidades internas o filtración de información dentro de algunos establecimientos.

Especialistas en seguridad han recomendado a los viajeros evitar proporcionar información innecesaria en hoteles, desconfiar de llamadas o supuestos operativos realizados sin identificación oficial verificable.

La publicación de Héctor de Mauleón ha generado preocupación en redes sociales debido al incremento de reportes relacionados con extorsiones telefónicas, secuestros virtuales y fraudes cometidos mediante intimidación psicológica.

Hasta el momento, autoridades de Guadalajara y de la Ciudad de México no han emitido un posicionamiento oficial sobre los casos relatados en la columna periodística.

Ricardo Monreal pidió este miércoles al gobierno de Estados Unidos presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas que respalden la acusación de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizó ganancias del huachicol fiscal para financiar campañas políticas en México, luego de que el Departamento del Tesoro sancionara el martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a esa red.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados descartó emitir un juicio mientras no existan elementos probatorios entregados a las autoridades mexicanas competentes y frenó cualquier acción inmediata: “Vamos a esperar”.

El Tesoro sanciona a dos mexicanos y nueve empresas

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, anunció el pasado martes 30 de junio sanciones contra Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, además de nueve empresas, por su presunta participación en un esquema de contrabando de combustible vinculado al CJNG.

Juraidini Silva es señalado como contador y cerebro de operaciones financieras del cartel. Según OFAC, crea y opera empresas fantasma, falsifica documentos aduaneros y mislabela el combustible importado desde Estados Unidos para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Las autoridades estiman que genera decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.

Entre las empresas de Juraidini figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, todas en México, más Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en el Reino Unido, lo que apunta a una ramificación internacional del esquema.

Por su parte, Refugio Ruiz Villagomez está vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según investigaciones de la FGR citadas por el Tesoro, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal que habría pagado sobornos a organizaciones criminales que controlan puertos de entrada entre ambos países.

El esquema opera mediante comercializadoras mexicanas que cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía pero carecen de los permisos de importación de la Secretaría de Energía. El combustible —gasolina, diésel y nafta— cruza la frontera en camiones cisterna, ferrocarriles y flotas fantasma de embarcaciones marítimas, con documentos aduaneros falsificados para evadir el IEPS.

Las ganancias se lavan en Estados Unidos mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor y destinos vacacionales exclusivos, además de bienes raíces e inversiones financieras.

En México, según la acusación, el dinero se destina a financiar campañas políticas, pagar espacios en medios de comunicación para proteger a candidatos aliados y colocar funcionarios afines en posiciones administrativas del gobierno. Una vez en el poder, esos funcionarios facilitan las operaciones de contrabando en aduanas y otorgan contratos estatales para lavar los ingresos ilícitos.

¿Qué dijo Monreal?

Ricardo Monreal respondió a la prensa ante los cuestionamientos y, aunque descartó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones hasta que existan elementos probatorios en manos de la FGR, sí lanzó un reto directo al Departamento del Tesoro.

“Si tuviese las pruebas, estos tipos de órganos financieros debe presentarlas en la Fiscalía General de la República”, declaró.

Al ser preguntado si las acusaciones eran graves, las encuadró de inmediato como retórica electoral. “Es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral rumbo a la elección de noviembre, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo. Se inscribe en un discurso retórico electoral”, sostuvo.

Sobre la colaboración de la UIF con las autoridades estadounidenses —dato que el propio Tesoro menciona en su comunicado—, Monreal la reencuadró como mérito directo de la presidenta. “Yo creo que el que la UIF esté colaborando con estas instituciones es por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la Presidenta. La Presidenta ha mostrado voluntad política para que todo este tipo de cosas pueda investigarse”, afirmó.

El legislador defendió el récord de la administración actual y aseguró que fue durante el gobierno de Sheinbaum donde se iniciaron las primeras investigaciones y detenciones por huachicol fiscal. “Nunca antes, en ningún gobierno antes del 2018, se persiguió con tanto ahínco y con tanta firmeza al crimen organizado”, sostuvo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció de manera paralela que la UIF bloqueó las cuentas de los 11 sujetos sancionados por OFAC, más nueve personas adicionales identificadas en el análisis nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó esa parte del informe. En su conferencia matutina del miércoles 2 de julio, la mandataria afirmó que la UIF ya colaboraba en la investigación de los sujetos sancionados, pero reprochó que Washington publicara el comunicado antes de una comunicación conjunta con México.

“Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene”, declaró Sheinbaum.

A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, la presidenta municipal de ese municipio, Grecia Quiroz, reiteró su exigencia de justicia y denunció presuntas inconsistencias en la carpeta de investigación, al asegurar que las autoridades no han esclarecido quiénes ordenaron el crimen.

Durante declaraciones a medios de comunicación y mediante un mensaje difundido en redes sociales, la alcaldesa afirmó que continuará alzando la voz hasta que se conozca toda la verdad sobre el caso, el cual volvió a calificar como un “crimen de Estado”.

Quiroz sostuvo que desde el inicio del proceso ha detectado irregularidades en las investigaciones y cuestionó que hayan sido llamados a declarar como testigos personajes que, según dijo, ni siquiera estuvieron presentes en Uruapan el día del atentado.

“La realidad es que hay muchas incongruencias dentro de la carpeta de Carlos, pero sé que en su momento se van a conocer muchas cosas”, afirmó.

Alcaldesa de Uruapan asegura que seguirá enfrentando al sistema

La presidenta municipal aseguró que no dejará de exigir respuestas, incluso si ello implica confrontar a las instituciones encargadas de impartir justicia.

Explicó que su lucha ya no se limita únicamente al caso de su esposo, sino que representa también a cientos de personas que, afirmó, se acercan diariamente para denunciar investigaciones estancadas o la falta de atención por parte de las autoridades ministeriales.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir alzando la voz aunque tengamos que ir en contra del sistema y del gobierno”, expresó.

Además, señaló que existen numerosos expedientes que permanecen sin avances y que, desde su perspectiva, reflejan problemas estructurales dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia.

¿Qué ha ocurrido en la investigación del caso Carlos Manzo?

Hasta el momento, las autoridades han informado diversos avances en las investigaciones relacionadas con el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante la inauguración del Festival de las Velas en Uruapan.

Entre los principales hechos reportados se encuentran:

• Detención de presuntos autores materiales y colaboradores del ataque.
• Captura de un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán y de un elemento de la Guardia Civil por presuntamente filtrar información a grupos criminales.
• Identificación de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionados con la agresión.
• Búsqueda del exjefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez Miranda, por quien existe una recompensa.
• Investigaciones para ubicar a quienes habrían ordenado el asesinato.

Grecia Quiroz cuestiona que no se investigue a los autores intelectuales

En su mensaje, la alcaldesa lamentó que, pese a las detenciones realizadas, no exista claridad sobre quién ordenó el crimen.

Afirmó que durante estos ocho meses únicamente se han presentado “cortinas de humo” que, a su juicio, buscan desviar la atención del verdadero objetivo de las investigaciones.

También recordó que en febrero pasado responsabilizó públicamente a diversos actores políticos del asesinato de su esposo, situación que derivó en comparecencias ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán de personajes como el senador Raúl Morón y Leonel Godoy, quienes rechazaron cualquier vínculo con el caso y aseguraron que no existen pruebas en su contra.

La alcaldesa vincula el caso con la exigencia nacional de justicia

Grecia Quiroz aseguró que el asesinato de Carlos Manzo representa una problemática que enfrentan miles de familias mexicanas afectadas por la violencia y la impunidad.

En su publicación expresó que, además de recordar diariamente a su esposo, piensa en las familias que han perdido a un ser querido, así como en las madres buscadoras y en todas aquellas personas cuyos expedientes permanecen archivados sin resultados.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen abierta la investigación.

De acuerdo con información oficial presentada previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el atentado habría sido coordinado por una célula del CJNG mediante un grupo de WhatsApp, además de que fue detenido Jorge Armando, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos responsables intelectuales del crimen.

Sin embargo, para Grecia Quiroz, los avances siguen siendo insuficientes y reiteró que continuará exigiendo que las investigaciones lleguen hasta quienes ordenaron el asesinato de Carlos Manzo y que el caso no quede impune.

Policías municipales de Tingüindín fueron atacados a balazos este 1 de julio por presuntos miembros del CJNG sobre la carretera Jacona-Los Reyes, una agresión que dejó a un oficial herido y elevó a ocho ataques el registro de embestidas armadas contra esa corporación en los últimos 16 meses.

El ataque ocurrió cerca de la entrada a la comunidad de Guáscaro, mientras los agentes realizaban patrullajes preventivos. Los agresores viajaban en varios vehículos, dispararon al pasar frente a la unidad policial y escaparon con rumbo a San Juanico.

La consecuencia inmediata no quedó limitada al punto de la agresión. Después del ataque, automovilistas y transportistas que circulaban hacia las regiones de Cotija y Jiquilpan informaron daños en sus vehículos por artefactos ponchallantas abandonados sobre las carreteras.

Uno de los policías municipales resultó lesionado por esquirlas de arma de fuego. Recibió atención en el lugar y las heridas no pusieron en riesgo su vida.

El ataque provocó ponchallantas y un bloqueo con camiones en el acceso a Jiquilpan

En las inmediaciones de la comunidad de Los Remedios, en el acceso a Jiquilpan, también se registró un bloqueo carretero. Conductores de camiones de carga fueron despojados de sus unidades y los vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, lo que impidió el paso.

La respuesta de seguridad incluyó el despliegue de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las fuerzas acudieron para auxiliar a los patrulleros, reforzar la presencia operativa y restablecer el tránsito vehicular en la zona afectada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que atendió de inmediato la agresión contra los elementos municipales. La dependencia precisó que el oficial lesionado presentó heridas por esquirlas y sostuvo presencia operativa en la región para preservar el orden y reforzar la seguridad de la población.

El hecho respondió de forma directa a la principal pregunta que dejó la agresión: qué pasó en Tingüindín y cuál fue el saldo. La respuesta fue un ataque armado contra policías municipales, un oficial herido fuera de peligro, carreteras afectadas por ponchallantas y un bloqueo con camiones de carga en el acceso a Jiquilpan.

El municipio acumuló 16 meses de agresiones con saldo de 4 policías y un civil asesinados

Con este caso, Tingüindín acumuló al menos ocho agresiones armadas contra su Policía Municipal en un periodo de 16 meses. El saldo total llegó a cuatro policías asesinados, un civil muerto y 8 lesionados.

El registro de hechos mostró una continuidad de ataques entre 2025 y 2026. El 22 de febrero de 2025, una agresión en Tingüindín y La Trasquila dejó un oficial muerto y cuatro heridos.

El 24 de mayo de 2025, otro ataque dejó dos policías municipales muertos. Menos de un mes después, el 16 de junio de 2025, una agresión armada en la Presidencia de Tingüindín causó la muerte de un policía y un civil.

La secuencia continuó el 11 de diciembre de 2025, cuando criminales atacaron una patrulla de municipales sin dejar víctimas. Después, el 10 de febrero de 2026, una embestida armada contra la corporación dejó a un oficial herido.

El 15 de junio de 2026, delincuentes rafaguearon una caseta policial y una patrulla en el municipio, con saldo de un policía levemente herido. Días después, el 7 de julio de 2026, se registró otro enfrentamiento entre delincuentes y la Policía de Tingüindín, también con un oficial lesionado.

La agresión de este miércoles repitió varios elementos observados en episodios previos: uso de vehículos por parte de civiles armados, disparos directos contra policías municipales, huida inmediata de los atacantes y acciones para obstaculizar la movilidad regional. En esta ocasión, esas maniobras incluyeron la dispersión de ponchallantas y el despojo de camiones de carga para bloquear el acceso a Jiquilpan.

La zona donde ocurrió el ataque conecta puntos sensibles del occidente de Michoacán, como Jacona, Los Reyes, Cotija y Jiquilpan. Por eso, los daños a automóviles y unidades de transporte se extendieron más allá del sitio donde comenzó la agresión contra los patrulleros.

Las autoridades mantuvieron el refuerzo operativo en carreteras y comunidades cercanas tras la huida de los agresores hacia San Juanico. El objetivo fue atender a los policías atacados, revisar la seguridad de las rutas afectadas y restablecer la circulación en los tramos con bloqueo y ponchallantas.

• Presuntos integrantes del CJNG atacaron a policías municipales de Tingüindín sobre la carretera Jacona-Los Reyes y dejaron a un oficial herido por esquirlas.
• La agresión derivó en ponchallantas sobre rutas hacia Cotija y Jiquilpan, además de un bloqueo con camiones de carga despojados en Los Remedios.
• En los últimos 16 meses, Tingüindín acumuló ocho ataques contra su Policía Municipal, con saldo de cuatro agentes y un civil asesinados, además de ocho lesionados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador mexicano identificado como el cerebro financiero de la red de robo de combustible del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanzó a un segundo operador y nueve entidades, en la ofensiva más amplia contra el llamado huachicol fiscal hasta la fecha.

Su función dentro del cartel va más allá de la contabilidad: Juraidini Silva diseña y opera el entramado societario que permite al CJNG evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tributo mexicano que grava la importación de combustible. Para sostener ese esquema, crea empresas fantasma y falsifica documentos aduaneros que reclasifican los cargamentos de gasolina y diésel antes de que crucen la frontera.

Con ese mecanismo, los cargamentos llegan a territorio mexicano sin que las autoridades detecten su verdadera naturaleza ni cobren el impuesto correspondiente. El resultado es una ventaja comercial artificial que el CJNG monetiza a través de una red de gasolineras afiliadas y expendios informales de carretera.

Bajo su control directo operan siete empresas distribuidas en sectores de apariencia legítima: seis con sede en México —en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario— y una séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, registrada en el Reino Unido. Esa ramificación internacional convierte a Juraidini Silva en el eslabón que conecta la operación fronteriza con el sistema financiero global.

Las siete empresas de Juraidini Silva

En su control operan seis firmas mexicanas en sectores de apariencia legítima: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes. La séptima, Cucumber Sweet Waves Ltd, tiene sede en el Reino Unido, lo que extiende el esquema más allá del corredor fronterizo entre México y Estados Unidos.

Dichas compañías operan en los rubros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, sectores que el Tesoro señala como vehículos habituales para disfrazar los flujos de dinero ilícito. La diversificación sectorial le permite a la red mezclar ingresos del combustible de contrabando con transacciones aparentemente ordinarias.

El segundo operador: J. Refugio Ruiz Villagomez

El segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a dos empresas de logística: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin los permisos que exige la Secretaría de Energía de México y, según las autoridades, pagaron sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

Las dos firmas de Ruiz Villagomez manejaron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. La OFAC las designó por proveer apoyo material al CJNG, la misma figura legal que se aplica a quienes financian organizaciones terroristas.

Facturas falsas y redes de fachada

Tanto las empresas de Juraidini Silva como las de Ruiz Villagomez emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible ante las autoridades mexicanas. Ese papel les permitía actuar como comercializadoras con permisos de la Comisión Nacional de Energía, aunque carecían de las autorizaciones de importación que la ley exige.

El combustible —gasolina, diésel y nafta comprados a distribuidoras estadounidenses— se desviaba hacia redes interconectadas de empresas fachada en los sectores de transporte y logística antes de cruzar la frontera en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o embarcaciones de flotas clandestinas. Los cargamentos llegaban a patios de almacenamiento bajo control del cartel y se vendían en gasolineras afiliadas o expendios informales de carretera.

Pagos y lavado de dinero

El Tesoro identificó dos métodos principales de pago entre las redes mexicanas y los distribuidores de combustible en Estados Unidos. El primero son transferencias internacionales y pagos en activos digitales canalizados a través de empresas pantalla; el segundo son depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias con ganancias del narcotráfico, una modalidad que las autoridades clasifican como lavado de dinero basado en comercio.

Los distribuidores estadounidenses cómplices ocultaban esas ganancias mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor, bienes raíces y activos de inversión. Esa capa adicional de opacidad dificultó durante años la detección de los flujos por parte de los organismos reguladores.

La investigación y las agencias detrás de las sanciones

Las sanciones surgieron de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), con participación de la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México colaboró en el desarrollo de las designaciones y bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por la OFAC más nueve personas adicionales detectadas en su propio análisis.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos” y que las acciones del Tesoro “avanzan la prioridad de la administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”.

Contexto: el huachicol como negocio paralelo al narco

El huachicol —término coloquial para el robo y contrabando de hidrocarburos en México— es hoy la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más cuantiosa para los cárteles mexicanos. El CJNG y otras organizaciones criminales obtienen decenas de miles de millones de dólares en pérdidas para el gobierno mexicano mediante el robo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el soborno a empleados, la perforación ilegal de ductos, el asalto a pipas y amenazas a trabajadores.

El combustible robado llega al mercado negro en todo México. Reportes públicos estiman que entre un cuarto y un tercio de todo el combustible que se vende en el país es de origen ilícito.

El CJNG recibió su primera designación del Tesoro el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Reyes de los Narcóticos Extranjeros. El Departamento de Estado lo catalogó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, lo que amplió el marco legal disponible para perseguir a sus financiadores y operadores en cualquier parte del mundo.

En los 12 meses posteriores a la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de mayo de 2025 sobre contrabando de crudo, esa agencia recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones irregulares entre Estados Unidos y México. Los estados con mayor presencia de sujetos investigados fueron Texas y Florida; dentro de Texas, las ciudades de Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen concentraron la mayoría de los casos, todos vinculados a las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte.

Se reportó la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, luego de que dos mujeres y una niña de cuatro años escaparon de sus captores y pidieron ayuda en San Pedro Tlaquepaque, mientras ocho hombres seguían sin ser localizados.

Las tres víctimas tienen 38, 18 y 4 años. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hecho ocurrió el lunes a las 22:00 horas en una vivienda de la colonia Los Olivos, en el municipio de Zapotlán el Grande. Hombres armados irrumpieron en el domicilio y se llevaron por la fuerza a ocho hombres, dos mujeres y una menor.

Las sobrevivientes declararon que entre las personas privadas de la libertad estaban sus esposos y hermanos. También señalaron que, después de sacarlas de la vivienda, sus captores las trasladaron a una finca o huerta aguacatera en las inmediaciones del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las víctimas escaparon por una zona aguacatera y llegaron a Tlaquepaque

Según su relato, las mujeres aprovecharon un descuido de los hombres armados para huir con la niña. Salieron corriendo entre cultivos, matorrales y maleza hasta llegar a la carretera Guadalajara-Zapotlanejo.

En ese punto pidieron ayuda y un conductor, identificado como conductor de un camión, las trasladó hasta la terminal camionera de Tlaquepaque. Ahí buscaron apoyo de la Policía Municipal.

Después fueron llevadas primero a un centro de salud municipal de Santa Rosalía y también al DIF Tlaquepaque para recibir resguardo y atención integral. Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque y de la Secretaría de Seguridad del estado permanecieron en la zona para custodiar a las víctimas.

Paramédicos y personal médico revisaron a las tres personas. Presentaban golpes, escoriaciones y lesiones menores en pies y piernas, ocasionadas durante la huida entre la maleza, pero no requirieron traslado a un hospital y fueron reportadas en buen estado de salud.

El dato central del caso era que las tres víctimas que escaparon ya estaban a salvo bajo protección oficial, pero los 8 hombres señalados por ellas continuaban desaparecidos. Las mujeres también dijeron que no sabían si ellos ya habían sido liberados.

La carpeta apenas comenzó y no se confirmó una denuncia previa

La Fiscalía estatal confirmó que integró una carpeta de investigación por la desaparición y la presunta privación ilegal de la libertad múltiple. Las diligencias comenzaron con la toma de declaraciones de las dos mujeres para reconstruir cómo ocurrió el ingreso de los hombres armados al domicilio, el traslado forzado y el sitio donde permanecieron cautivas.

Las pesquisas también quedaron enfocadas en ubicar a los ocho hombres que, según el testimonio de las víctimas, seguían retenidos. Hasta ese momento, la autoridad no había precisado si ya existía una denuncia formal o una ficha de desaparición previa por estos hechos en Ciudad Guzmán.

Otra línea de información recabada por policías locales indicó que los agresores llegaron en una camioneta blanca. Esa versión colocó el inicio del caso en la noche anterior a la localización de las víctimas en Tlaquepaque.

Las mujeres refirieron que fueron sacadas de una vecindad o vivienda donde se encontraban al momento de la irrupción armada. Después las llevaron a un terreno dentro de una zona de producción de aguacate, desde donde lograron escapar cuando sus captores se distrajeron.

El resguardo de las víctimas quedó a cargo de corporaciones municipales y estatales mientras avanzaban las entrevistas ministeriales. La indagatoria buscaba establecer el paradero del resto de la familia y confirmar cada tramo del recorrido desde la colonia Los Olivos hasta la zona donde las tres personas lograron ponerse a salvo.

• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta por la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán.

• Dos mujeres y una niña de 4 años escaparon de una huerta aguacatera, llegaron a Tlaquepaque y fueron atendidas por autoridades.

• Los 8 hombres mencionados por las víctimas seguían sin ser localizados y no se había confirmado una denuncia o ficha de desaparición previa.

¿Qué dijo la Fiscalía?

En un comunicado la Fiscalía de Jalisco informó:

Tras la denuncia por la desaparición de dos personas en la región sur de Jalisco, la Fiscalía del Estado inició de inmediato las investigaciones para lograr su localización.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos hombres cuya desaparición se denunció el día de hoy tras hechos ocurridos en la delegación de Huescalapa, del municipio de Zapotiltic.

Mujeres familiares de las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes acerca de la desaparición de dos masculinos. Agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación desplegaron los primeros actos de investigación para esclarecer el caso; las denunciantes acompañadas de una menor de edad, se encuentran bien de salud y no fueron víctimas de la comisión de algún delito.

Aunque de manera oficial esta representación social cuenta únicamente con la denuncia por la desaparición de los dos masculinos referidos, las líneas de investigación se mantienen abiertas para determinar si otras personas pudieron haber sido privadas de su libertad durante los mismos hechos.

La Fiscalía del Estado reitera que continuará con los trabajos de investigación e inteligencia para lograr la localización de las víctimas y dar certeza jurídica a los familiares.

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que el asesinato de su esposo y exalcalde Carlos Manzo continúa sin resolverse y calificó el caso como un “crimen de Estado”, al cumplirse ocho meses del ataque ocurrido durante un evento público en ese municipio.

A través de una publicación difundida en redes sociales, la alcaldesa sostuvo que las investigaciones no han logrado esclarecer quiénes ordenaron el homicidio y cuestionó los avances presentados hasta ahora por las autoridades.

“Han pasado ocho meses y únicamente han detenido a personas que tuvieron participación indirecta, pero a nadie le ha importado investigar verdaderamente quién mandó quitarle la vida”, escribió Quiroz en el mensaje, donde también acusó la existencia de “cortinas de humo” para desviar la atención del caso.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un festival público realizado en Uruapan. De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer tras el ataque, recibió varios disparos efectuados presuntamente por un joven de 17 años relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El homicidio generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad y colocó nuevamente a Uruapan en el centro de la atención pública debido a los problemas de violencia que afectan distintas regiones de Michoacán. Días después del atentado, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y se convirtió en la principal figura política del grupo que respaldaba a su esposo.

En su publicación, la alcaldesa sostuvo que Manzo fue asesinado por “decir la verdad” y por confrontar prácticas de corrupción dentro de las estructuras de poder. También afirmó que su caso forma parte de una problemática más amplia relacionada con la violencia y la impunidad en México.

Quiroz aprovechó el mensaje para expresar solidaridad con familiares de víctimas de delitos y con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Señaló que miles de familias enfrentan la pérdida de seres queridos sin obtener respuestas de las autoridades y denunció que numerosas investigaciones permanecen sin avances sustanciales.

La alcaldesa también hizo referencia a las madres buscadoras, al señalar que muchas de ellas enfrentan obstáculos y críticas mientras intentan localizar a familiares desaparecidos. Según expresó, existen múltiples casos que permanecen archivados en expedientes sin resultados concretos.

Investigación en curso

A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo, la investigación continúa abierta. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances relacionados con la identificación o captura de posibles autores intelectuales del crimen.

El mensaje de Grecia Quiroz concluyó con un llamado a la justicia y una crítica a la situación de violencia que enfrenta el país. “México hoy más que nunca tiene hambre y sed de justicia”, escribió la alcaldesa, quien reiteró su exigencia de que el caso sea esclarecido y se determine la responsabilidad de todos los involucrados en el atentado que terminó con la vida del entonces presidente municipal de Uruapan.

Quiroz ha mantenido vivo el recuerdo de Carlos Manzo

Desde que asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz ha utilizado distintos espacios públicos y sus redes sociales para recordar a quien fuera su esposo y antecesor en el cargo.

Uno de los mensajes más personales lo difundió con motivo del Día del Padre, el pasado 21 de junio, cuando compartió una publicación dedicada al exalcalde y al papel que desempeñó dentro de su familia. En el texto, Quiroz recordó el afecto que Manzo tenía por sus hijos y agradeció el tiempo que compartieron juntos.

“Feliz día hasta el cielo, Carlos; agradezco a Dios y la vida por haberte puesto en mi camino”, escribió la alcaldesa en un mensaje dirigido al exfuncionario.

La presidenta municipal también aseguró que mantendrá vivo el recuerdo de su esposo entre sus hijos y destacó el vínculo que, según expresó, mantenía con ellos. En la publicación señaló que continuará transmitiendo a su familia el legado personal que dejó Manzo.

Además de recordar al exalcalde, Quiroz aprovechó el mensaje para hacer una reflexión sobre la importancia de la convivencia familiar. Dirigió un llamado a los padres para dedicar tiempo a sus hijos y pidió a quienes aún tienen a sus seres queridos que valoren los momentos compartidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo “no entender” las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a que cárteles mexicanos financian campañas políticas para que faciliten sus actividades de tráfico de combustible, esto luego de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra 11 sujetos por huachicol fiscal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ser cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria dijo que nunca se les informó la parte de las campañas y cuestionó las pruebas con las cuenta Estados Unidos.

“Una parte de ello se trabaja con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas porque de eso nunca fuimos informados. Y además, ¿qué pruebas tienen también? porque es lo mismo, o sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba", afirmó.

Solicitud de pruebas es común, dice Sheinbaum

Sheinbaum comparó este caso con las sanciones realizadas por el Departamento del Tesoro en contra de tres bancos en México por riesgo de lavado de dinero ligado a al tráfico de fentanilo, las cuales fueron emitidas en junio de 2025 y provocaron su liquidación.

Al respecto, dijo que cuando se le solicitaron pruebas para acompañar el proceso, solo recibieron “dos páginas sin pruebas”, por lo que reiteró que cuando México pide a personas en extradición sí se exigen pruebas.

“Es una práctica común que se pidan pruebas de uno y de otro lado. En este caso, las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene, así lo digo muy francamente”, reconoció.

Defiende combate al huachicol fiscal durante su gobierno

Sobre el huachicol fiscal, la presidenta destacó que durante su gobierno se han realizado acciones para combatirlo que van desde lo administrativo, vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) e investigaciones para solicitar órdenes de aprehensión.

Es así que la presidenta afirmó que este delito “ha bajado” ante la realización de actividades para combatirlo. Como prueba, dijo, está el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex) e incluso de los privados.

“Se ha trabajado mucho, y también incluso en congelamiento de cuentas. Entonces se ha hecho muchísimo trabajo, y esto se estaba analizando conjuntamente, nada más que deciden adelantarse”, dijo.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre el presunto financiamiento de campañas políticas?

Como parte de la emisión de sanciones contra dos mexicanos, identificados como Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, así como en contra de nueve empresas por huachicol fiscal que estarían vinculadas con el CJNG, el Departamento del Tesoro dijo que estos esquemas de contrabando de combustible aprovechan a cómplices en Estados Unidos y México tanto para robar el hidrocarburo como para refinarlo e ingresarlo sin pagar impuestos mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

Como parte de estos esquemas, los cárteles estarían utilizando las ganancias para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, esto con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos dispuestos a colaborar con ellos para controlar puestos administrativos clave en el gobierno.

Con esto, facilitarían las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas tanto de esta como de otras actividades ilícitas.

Parte del patrón identificado detalla que como parte del esquema de contrabando de hidrocarburos, también se usan métodos de lavado de dinero en Estados Unidos, como lo es la compra de vehículos de alta gama, joyas de alto valor, destinos de viaje exclusivos, bienes raíces, entre otros.

Una extensa investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha revelado que el robo y contrabando de hidrocarburos ha dejado de ser un simple negocio secundario para convertirse en una amenaza directa a la democracia mexicana. El llamado “huachicol” y su sofisticada variante, el “huachicol fiscal”, se han consolidado como la principal fuente de ingresos no vinculada al narcotráfico del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), operando como un motor financiero ilícito diseñado para la infiltración política y la captura del Estado.

El engranaje del “huachicol fiscal” y la evasión multimillonaria

Para entender la magnitud de la infiltración, es necesario comprender la complejidad del esquema. Las actividades del cártel abarcan desde la extracción ilegal directa a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante sobornos y perforación de ductos, hasta operaciones de comercio internacional.

El informe detalla que el cártel utiliza empresas comercializadoras mexicanas cómplices que, si bien cuentan con permisos de distribución de la Comisión Nacional de Energía, carecen de las autorizaciones de la Secretaría de Energía para importar combustible. Mediante la falsificación de documentos aduaneros y el soborno sistemático de funcionarios en los puertos de entrada, los criminales evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Así, introducen gasolina, diésel y nafta desde Estados Unidos para venderla con altísimos márgenes de ganancia en el mercado negro y en gasolineras afiliadas al cártel.

La infiltración del Estado: campañas, medios y contratos

El ciclo de corrupción culmina en la arena política. El análisis de FinCEN sobre los reportes bancarios descubrió que las millonarias ganancias obtenidas por la venta de combustible no solo se lavan en bienes raíces o artículos de lujo en Estados Unidos. En México, una parte fundamental de este dinero en efectivo se destina directamente a alterar el sistema democrático.

Según la inteligencia estadounidense, el CJNG utiliza estas ganancias ilícitas para:

• Financiar campañas políticas a nivel local y regional.
• Comprar espacios en medios de comunicación para influir en la opinión pública y proteger a sus candidatos aliados.
• Colocar a políticos corruptos en puestos administrativos clave del gobierno.

Una vez en el poder, estos funcionarios devuelven el favor facilitando las operaciones de contrabando en las aduanas y otorgando lucrativos contratos estatales. Estos contratos, a su vez, permiten a la organización criminal lavar a gran escala los ingresos ilícitos disfrazados de negocios gubernamentales legítimos.

Los operadores de cuello blanco y la complicidad en aduanas

El éxito de esta maquinaria depende de figuras que operan lejos de la violencia armada. La OFAC sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, un contador señalado como el cerebro detrás de estas operaciones financieras. Juraidini crea empresas fantasma, falsifica documentación aduanera y genera decenas de millones de dólares anuales para el CJNG a través de entidades como Centro Cambiario La Peseta y OJ Living Trust.

A la par, operadores logísticos como J. Refugio Ruiz Villagómez (vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution) se encargan del trabajo sucio en las fronteras, pagando sobornos directamente a organizaciones criminales y autoridades para controlar los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

Un estado paralelo financiado por la gasolina

La magnitud económica de esta red transnacional es asombrosa. FinCEN reportó haber recibido en un solo año más de 160 Informes de Actividad Sospechosa (SAR) vinculados a este esquema, detallando más de 7 mil millones de dólares en movimientos irregulares, concentrados principalmente en la frontera de Texas (ciudades como Brownsville y McAllen) y Florida.

Como señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desmantelar estas fuentes de ingresos es una prioridad para garantizar la seguridad regional, ya que los cárteles están expandiendo su actividad más allá de las drogas. Con reportes públicos que sugieren que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito, las sanciones de Washington envían un mensaje inequívoco: el cártel ya no opera solo como una banda de narcotraficantes, sino como un conglomerado energético y político que amenaza con suplantar al propio Estado mexicano.

Sheinbaum exige pruebas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que las autoridades estadounidenses deben mostrar pruebas de las acusaciones que hacen referentes a que el crimen organizado ha financiado campañas políticas en el país.

La mandataria nacional exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas sobre las acusaciones de que mexicanos y empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal financiaron campañas políticas.

Sheinbaum cuestionó que las autoridades estadounidenses difundieran esos señalamientos sin compartir evidencia con el gobierno mexicano. “¿Qué pruebas tienen?“, cuestionó.

Sheinbaum señaló que varias de las personas mencionadas ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y reprochó que Estados Unidos se adelantara a una comunicación conjunta.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este 30 de junio las sanciones que el Departamento del Tesoro impuso contra dos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar una red transfronteriza de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Johnson afirmó que la acción bilateral “reafirma el compromiso” del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia de los cárteles.

La medida fue coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de los implicados e incorporó a 20 personas —entre físicas y morales— a la Lista de Personas Bloqueadas, nueve más de las que designó Washington.

OFAC señaló a dos operadores financieros del CJNG y a siete empresas de Juraidini

El principal designado en la red criminal fue Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, identificado por la OFAC como contador y líder de dicha estructura financiera para el contrabando de combustible.

Según los datos compartidos, Juraidini importaba gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México con documentación aduanera falsificada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En otros casos, las autoridades han señalado que los hidrocarburos son declarados como aceites o lubricantes, los cuales logran cruzar en complicidad con autoridades.

Según el informe de este 30 de junio, sus clientes eran, en su mayoría, empresas establecidas que comercializaban el combustible en gasolineras mexicanas.

Juraidini era propietario de seis empresas en México —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y de una filial en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.

La OFAC las sancionó a todas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, por presuntamente actuar en nombre del CJNG.

El segundo sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, señalado por introducir combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.

Ruiz Villagómez presuntamente pagaba cuotas a organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos. Sus empresas, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, habían transaccionado decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.

El esquema generaba decenas de millones de dólares anuales para el cartel

Según el Tesoro de EEUU, el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más relevante para los cárteles mexicanos. Lo que significaría que está por encima de delitos como el tráfico de personas o la extorsión.

El esquema revelado este 30 de junio presuntamente operaba mediante comercializadoras mexicanas con permisos de distribución de combustible que compraban gasolina y diésel a distribuidoras estadounidenses cómplices, emitían facturas falsas y trasladaban el producto en camiones cisterna, vagones de tren y embarcaciones clandestinas.

Las autoridades detallaron que en los 12 meses posteriores a una alerta previa de FinCEN, el sistema financiero estadounidense recibió más de 160 reportes de actividades sospechosas que documentaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones irregulares entre México y Estados Unidos vinculadas al contrabando de hidrocarburos.

Los estados con mayor actividad fueron Texas y Florida; en Texas, los sujetos se concentraban en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

Johnson subrayó el trabajo conjunto de Trump y Sheinbaum frente al crimen organizado

En su mensaje en X, el embajador Johnson destacó que la acción reflejaba el liderazgo conjunto del presidente Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos rendirán cuentas”, escribió el diplomático.

La investigación que derivó en las sanciones fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) e involucró a la DEA, el FBI, el HSI y el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que los cárteles mexicanos han expandido sus actividades más allá del narcotráfico para diversificar sus fuentes de financiamiento.

Es importante mencionar que el CJNG fue designado organización terrorista extranjera (FTO) y organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por Estados Unidos desde el pasado 20 de febrero de 2025. Además, el pasado 24 de junio la DEA afirmó que el CJNG y el Cártel de Sinaloa son los objetivos número uno de la administración, derivado de la crisis causada por el tráfico de fentanilo en aquel país.

Néstor Ignacio Silva Ontiveros y Yael Abraham García Arriazola fueron condenados a 40 años y nueve meses de prisión por el delito de extorsión contra un comerciante en Atizapán de Zaragoza, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México demostrara su culpabilidad ante un juez.

Los dos sentenciados ingresaron el 28 de enero de 2025 al establecimiento comercial de la víctima haciéndose pasar por clientes. Una vez dentro, la sometieron, se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la obligaron a tomar una llamada telefónica en la que un tercero le exigió 70 mil pesos para permitirle operar su negocio sin causarle daño a ella ni a su familia. Ante las amenazas, la víctima entregó una cantidad de dinero en efectivo.

La manera en que usaron la intimidación y el engaño fue fundamental para consumar la extorsión y obtener el pago exigido.

Cómo operaron los extorsionadores

El modus operandi de Silva Ontiveros y García Arriazola combinó el engaño con la intimidación directa. Primero se presentaron como compradores para no levantar sospechas al ingresar al local. Ya dentro, sometieron a la víctima y activaron la llamada de un tercer cómplice, quien formuló la exigencia económica.

La cuota de 70 mil pesos fue presentada como condición para que la víctima pudiera continuar con su actividad comercial. La amenaza incluyó a los familiares del comerciante, un elemento de presión para garantizar el pago y desalentar la denuncia.

La investigación de la FGJEM

Al tomar conocimiento del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes. A través de diligencias ministeriales, la institución identificó a los dos participantes directos en el hecho y solicitó ante el juez competente órdenes de aprehensión en su contra.

Elementos de la Fiscalía ejecutaron los mandamientos judiciales y detuvieron a Silva Ontiveros y a García Arriazola. Tras su captura, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para el inicio del proceso legal.

Durante las diligencias, las pruebas recabadas fueron determinantes para dictar la sentencia condenatoria y asegurar la impartición de justicia.

Durante el proceso, la FGJEM presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de los imputados en el delito de extorsión. El juez a cargo del caso valoró el material probatorio y emitió sentencia condenatoria.

40 años y nueve meses de condena

La pena impuesta a Silva Ontiveros y García Arriazola asciende a 40 años y nueve meses de prisión por el delito de extorsión. La resolución judicial pone fin a un proceso que inició con la denuncia del comerciante afectado y que derivó en la identificación, detención, procesamiento y condena de los responsables.

El Edomex frente a la extorsión por derecho de piso

La condena se produce en un contexto de ofensiva institucional contra este delito en la entidad. La estrategia antiextorsión coordinada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, evitó que víctimas realizaran pagos por un total de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Durante ese periodo, la SSEM registró 3 mil 457 reportes. De ese total, mil 275 correspondieron a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso, la misma modalidad bajo la cual operaron los dos sentenciados.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito admitió a trámite este 30 de junio el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo concedido a Abraham Oseguera Cervantes, "Don Rodo“, hermano del difunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho“.

Con ello, el tribunal de alzada deberá resolver si confirma, modifica o revoca la protección judicial que frenó la vinculación a proceso del presunto operador financiero del cartel.

El amparo en disputa fue otorgado semanas atrás por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México. Niño Jiménez determinó que el juez de control había reclasificado de manera indebida el delito de posesión de armas de fuego por el de portación, una distinción que, según el juez de amparo, violó la presunción de inocencia de Oseguera Cervantes y de tres de sus supuestos colaboradores.

La resolución no ordenó la libertad de "Don Rodo“, pero sí mandató al juez de control dejar sin efecto la vinculación a proceso y emitir una nueva resolución. Fue esa orden la que la FGR buscó revertir mediante el recurso admitido hoy.

Qué argumentó el juez de amparo

El amparo fue promovido por cuatro personas: Abraham Oseguera Cervantes, Arnulfo Toscano Quintero, Felipe Isidro Santos y Luis Enrique Flores Álvarez. En el documento, los quejosos alegaron violaciones a sus derechos fundamentales con base en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El juez Niño Jiménez acogió el argumento central: que la reclasificación del delito de posesión a portación de armas alteró de forma indebida los términos de la imputación original.

Al admitir el recurso de revisión de la FGR, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito abrió la puerta a que esa decisión sea reexaminada. El órgano colegiado tiene tres opciones: confirmar el amparo y sostener la protección a "Don Rodo“, modificar los términos de la resolución o revocarla por completo para que el proceso penal continúe.

La detención y el historial judicial de “Don Rodo”

Abraham Oseguera Cervantes fue recapturado el 27 de febrero de 2025 en el municipio de Tonaya, Jalisco, en un operativo que combinó vigilancia móvil e inteligencia de las Fuerzas Federales. Las autoridades lo localizaron en el poblado de Atarjeas de Covarrubias. Durante el arresto, elementos de la Guardia Nacional confiscaron armamento, dinero en efectivo y dosis de droga, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó las cantidades exactas.

No era su primera detención, pues el 21 de abril de 2024, la Guardia Nacional lo capturó en el fraccionamiento Hacienda Real, en Autlán de Navarro, Jalisco. Sin embargo, nueve días después, es decir, el 30 de abril, un juez federal ordenó su liberación del Penal del Altiplano al determinar que la FGR no había aportado pruebas suficientes para sostener la acusación ni acreditar la legalidad de la detención.

El 30 de junio de 2025, exactamente un año antes de la admisión del recurso de la FGR, Oseguera Cervantes también obtuvo una suspensión provisional para evitar ser entregado en extradición a Estados Unidos.

El papel de “Don Rodo” en el CJNG

De acuerdo con la SSPC, Abraham Oseguera fungía como el principal operador financiero del CJNG. Su función central era el lavado de dinero para su hermano "El Mencho" mediante la compra de ranchos, terrenos y propiedades en Jalisco.

Para concretar esas operaciones, se apoyaba en notarios públicos de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro con el fin de gestionar cambios de titularidad en inmuebles adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

La misma fuente señaló que Virginia León Osornio, esposa de Oseguera Cervantes, también estaría involucrada en actividades ilícitas: según esa información, invertiría dinero ilegal en minas de oro en Michoacán y Nayarit para fortalecer el patrimonio financiero del CJNG.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en el Estado de México admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Nayarit.

Con la admisión, el proceso de extradición hacia Estados Unidos que enfrenta el capo detenido en el penal del Altiplano sumó una nueva instancia judicial.

El recurso buscaría impugnar la resolución del juez primero de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, Alejandro Latorre Lozano, quien a comienzos de junio desechó el amparo en el que Flores Silva solicitó protección contra un posible destierro, expulsión, extradición o deportación.

En ocasiones previas, Flores Silva argumentó que existía un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretendieran desterrarlo del país mediante una expulsión exprés sustentada en la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de evadir los controles judiciales ordinarios.

La admisión del recurso por parte del Tribunal Colegiado no representó la concesión de un amparo para Flores Silva. El órgano únicamente abrió la revisión para determinar si el juez Latorre Lozano actuó correctamente al desechar su demanda; el fondo del asunto quedó pendiente de resolución.

La batalla legal de “El Jardinero” contra su extradición a Estados Unidos

Desde que Flores Silva fue recluido en el penal del Altiplano, su defensa ha intentado frenar por distintas vías el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

El mismo día que se le dictó prisión preventiva, el 30 de abril, los abogados presentaron una demanda en la que argumentaron que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento y que su cliente se encontraba incomunicado.

Posteriormente la jueza segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, concedió la suspensión de oficio y de plano: ordenó que ninguna autoridad federal ejecutara la entrega mientras no existiera sentencia ejecutoria, y exigió el cese inmediato de la incomunicación.

La FGR intentó revertir esa suspensión, pero el 14 de mayo un Tribunal Colegiado declaró improcedente su queja al determinar que el recurso no cumplía con los requisitos de la Ley de Amparo. La extradición siguió frenada.

A comienzos de junio, Flores Silva promovió un amparo adicional en el que alegó el riesgo de una expulsión exprés sustentada en la Ley de Seguridad Nacional. El juez primero de Distrito Alejandro Latorre Lozano lo desechó por improcedente: señaló que la orden de detención provisional ya había sido cumplimentada y que existía otro juicio de garantías en curso.

El 18 de junio, el juez cuarto de Distrito Daniel Marcelino Niño desechó otro amparo por falta de competencia. La defensa alegó que la audiencia del 1 de mayo, en la que se notificó la solicitud de extradición, se realizó sin abogado y en condiciones de incomunicación, y que el plazo de 60 días del proceso le fue comunicado de forma verbal.

Las entregas exprés: México ya envió a 92 criminales a Estados Unidos por esa vía

El recurso de queja podría estar relacionado con las tres entregas que el gobierno mexicano realizó entre febrero de 2025 y enero de 2026, en las que envió a un total de 92 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, sin agotar los procedimientos ordinarios de extradición.

La primera tanda se realizó el 27 de febrero de 2025, con 29 integrantes de organizaciones criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

La segunda ocurrió el 12 de agosto de ese año con 26 criminales, entre los que figuraron Abigael González Valencia, alias El Cuini, principal líder financiero del CJNG, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

La tercera y más grande se ejecutó el 20 de enero de 2026 con 37 personas, entre ellas operadores del CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los traslados se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, por lo que no se trata de una extradición.

Los 92 enviados enfrentan procesos penales en cortes federales de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, por cargos de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y delincuencia organizada. Como parte de los acuerdos, ninguno será sometido a pena de muerte.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por un esquema de contrabando de combustible que genera decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal. La acción, coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), expone con detalle inédito el funcionamiento del llamado huachicol fiscal.

De acuerdo con las autoridades, el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante que tienen los cárteles mexicanos en la actualidad. El esquema consiste en introducir gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el gravamen federal que México aplica a la importación de hidrocarburos.

¿Cómo funciona la cadena del fraude?

Los cárteles y sus operadores —conocidos como huachicoleros— adquieren el combustible a través de distribuidoras estadounidenses cómplices que tienen acceso directo a grandes refinerías. Esas distribuidoras desvían el producto hacia redes interconectadas de empresas fachada y empresas fantasma en los sectores de carga, logística y otras industrias antes de que el combustible cruce la frontera.

El transporte hacia México se realiza en camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas clandestinas de embarcaciones marítimas. Una vez en territorio mexicano, el combustible llega a patios de almacenamiento bajo control del cártel.

El papel de las comercializadoras mexicanas

Los cárteles utilizan empresas comercializadoras mexicanas —conocidas como comercializadoras— que cuentan con permisos de distribución de combustible otorgados por la Comisión Nacional de Energía de México. Esas empresas compran el combustible a las distribuidoras estadounidenses cómplices y emiten facturas falsas para darle apariencia legal al producto ilícito dentro del país.

El problema estructural del esquema radica en que esas comercializadoras carecen de los permisos de importación que exige la Secretaría de Energía de México. La brecha entre el permiso de distribución y el de importación es precisamente el hueco legal que el cártel explota para evadir el IEPS.

La falsificación documental en la aduana

Los huachicoleros evaden el IEPS mediante la clasificación errónea de la documentación aduanera, el soborno a funcionarios de gobierno o una combinación de ambos métodos. El combustible entra así a México sin el registro fiscal que correspondería a una importación legítima.

Según información pública citada por el Tesoro, entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible que se vende en México podría ser de origen ilícito. Esa proporción representa miles de millones de dólares en ingresos fiscales que el gobierno mexicano deja de recaudar cada año.

¿Quién mueve el dinero?

Los cárteles pagan a las distribuidoras estadounidenses cómplices principalmente mediante transferencias internacionales y pagos en activos digitales, ya sea de forma directa o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas de paso. En otros casos, los pagos llegan como depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias, con recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades criminales, lo que constituye una forma de lavado de dinero basado en el comercio.

Entre los sancionados hoy figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador del CJNG dentro de un esquema de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares al año para la organización.

¿Cómo se lava el dinero en Estados Unidos?

Las distribuidoras estadounidenses cómplices ocultan las ganancias ilícitas mediante la compra de bienes de lujo —vehículos de alta gama, joyería de alto valor y destinos vacacionales exclusivos—, bienes raíces y activos de inversión. Esas operaciones constituyen las tipologías de lavado más frecuentes detectadas por FinCEN en el análisis de reportes presentados bajo la Ley de Secreto Bancario.

En los 12 meses posteriores a la alerta que FinCEN emitió en mayo de 2025, la agencia recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa que documentaron más de USD 7.000 millones en transacciones sospechosas, enviadas principalmente entre Estados Unidos y México. Los estados más involucrados fueron Texas y Florida, con actividad concentrada en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

El huachicol como herramienta política

En México, los cárteles destinan las ganancias del mercado negro de combustible a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación. El objetivo es favorecer la elección de políticos corruptos dispuestos a otorgarles control sobre posiciones administrativas clave del gobierno, lo que a su vez facilita las operaciones de contrabando.

Ese circuito —combustible ilícito, evasión fiscal, lavado de dinero y captura política— convierte al huachicol fiscal en un mecanismo de financiamiento que va mucho más allá del crimen organizado convencional.

Las sanciones y la coordinación institucional

La acción del Tesoro fue coordinada con un grupo de trabajo de Seguridad Nacional del sur de Texas que integró a la DEA, el FBI, el HSI, el IRS-CI, la CBP y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Las sanciones también se desarrollaron de forma conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México.

“Las acciones del Tesoro contra estas fuentes de ingresos ilícitos avanzan la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en el comunicado oficial.

El contexto de las designaciones previas

El Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. El Tesoro ya lo había sancionado el 8 de abril de 2015 bajo la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros y nuevamente el 15 de diciembre de 2021 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas.

La alerta de hoy se suma a una serie de productos analíticos recientes de FinCEN sobre flujos financieros ilícitos asociados al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México, que abarcan desde el tráfico de precursores de fentanilo hasta el contrabando de personas en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reveló el entramado de empresas fantasma y fachada que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba para contrabandear combustible y lavar las ganancias del huachicol fiscal, en una acción coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

El operador financiero: seis empresas a nombre de un solo hombre

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, el señalado como pieza clave del esquema es Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y “cerebro” de operaciones financieras del CJNG. Su función consistía en crear y operar empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para que el combustible cruzara la frontera con etiquetas falsas y así evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Juraidini concentraba seis empresas mexicanas en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario:

• Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
• OJ Living Trust, SAPI de CV
• RK Real King, SA de CV
• Soma Transporte y Servicios, SA de CV
• Ogui Fletes
• OF Transportes

A esta lista se suma una séptima firma con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd, lo que apunta a una ramificación internacional del esquema más allá de la franja fronteriza.

Logística “de papel” para mover combustible robado

OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a otras dos empresas: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según las autoridades, ambas compañías introdujeron combustible de contrabando sin permisos y habrían pagado sobornos a grupos criminales que controlan puntos fronterizos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya había señalado previamente a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente vinculada al narcotráfico. Entre ambas firmas se rastrearon transacciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense.

El modus operandi: facturas falsas y permisos prestados

El comunicado del Tesoro detalla que estas empresas mexicanas, aunque contaban con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía, carecían de autorización de la Secretaría de Energía para importar producto desde Estados Unidos. Aun así, emitían facturas falsas para “legitimar” el combustible y lo desviaban hacia redes de empresas fachada estadounidenses y mexicanas en los rubros de transporte y logística antes de cruzarlo en camiones cisterna, vagones de ferrocarril o flotillas clandestinas.

Lavado a través de bienes de lujo

El Tesoro detectó que las ganancias se ocultaban mediante la compra de vehículos de alta gama, joyas, propiedades y destinos turísticos exclusivos, además de inversiones financieras, un patrón que —según FinCEN— se ha identificado en más de 160 reportes de actividad sospechosa equivalentes a 7 mil millones de dólares en el último año, concentrados principalmente entre Texas y Florida.

Esta designación se suma a las acciones recientes de la UIF mexicana, que bloqueó las cuentas de los 11 sujetos señalados por OFAC más nueve personas adicionales detectadas en el análisis nacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a dos mexicanos y nueve empresas por presuntamente estar relacionadas con un esquema de contrabando de combustible en la frontera sin pagar impuestos, también llamado huachicol fiscal, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, esta red está encargada del contrabando de combustible transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares anuales para el cártel, el cual era liderado -hasta el mes de febrero pasado- por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Estas actividades son identificadas como la fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, los cuales se desarrollan a través del robo de combustible y petróleo en México que posteriormente es enviado a Estados Unidos para refinarlo y, al terminar el proceso, es enviado de regreso al país como combustible mediante esquemas de evasión fiscal al declararse como aceites.

Los métodos para robar el combustible y petróleo crudo a Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido identificados por las autoridades, los cuales incluyen lo siguiente:

• Sobornos a empleados
• Perforación ilegal de oleoductos
• Robo en refinerías
• Secuestro de camiones cisterna
• Amenazas a empleados de Pemex

¿Quiénes son los sancionados?

Con base en acciones previas realizadas por la OFAC, fue sancionado el mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien es identificado como una figura clave en el mundo empresarial encargado de facilitar la red de robo de combustible del CJNG.

De acuerdo con los datos, el hombre se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del cártel, quien crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera.

Sus operaciones se basan en importar combustible de EEUU a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir impuestos. La mayoría de sus clientes serían empresas de gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio.

Con esto, también fueron sancionadas las seis empresas dedicadas al sector de transporte, financiero e inmobiliario (localizadas en México) que Juraidini posee, las cuales son:

• Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
• OJ Living Trust, SAPI de CV
• RK Real King, SA de CV

• Soma Transporte y Servicios, SA de CV
• Ogui Fletes
• OF Transportes

Además de una que tiene sede en Reino Unido, llamada Cucumber Sweet Waves Ltd. Con ellas estaría beneficiando al CJNG.

J. Refugio Ruiz Villagomez

El otro mexicano sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagomez, quien es identificado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se encarga de pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre EEUU y México. Ruiz Villagomez está relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV (ambas también sancionadas).

Hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR), citados por EEUU, refieren que la empresa Jomadi se dedica a la importación y exportación involucrada con el narcotráfico. Tanto esta como la segunda han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por millones de dólares a terceros vinculados con el CJNG.

Las redes de huachicol fiscal que operan en la frontera: el patrón detectado

De acuerdo con los datos, luego de obtener el combustible o petróleo crudo, este es introducido a Estados Unidos a través de intermediarios cómplices que de manera frecuente los etiqueta como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar pagar impuestos. Luego se entrega a importadores que lo venden con descuento a mercados energéticos antes de repatriar las ganancias a los cárteles.

Los patrones detectados indican que mediante estos esquemas, los cárteles usan empresas comercializadoras mexicanas (con permisos de distribución de combustible) para comprarlo a empresas estadounidenses y emitir facturas falsas y legitimar el hidrocarburo en México.

Como parte de la red, aprovechan a distribuidores de combustible en EEUU y sus relaciones con refinerías para comprar y desviar el hidrocarburo a través de empresas fachada y fantasma en los sectores de transporte de mercancías y logística, las cuales usan para ingresarlo a México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques.

El dinero generado es lavado a través de esquemas que incluyen la compra de:

• Artículos de lujo como vehículos de alta gama, joyas de alto valor o alquileres vacacionales, destinos de viaje exclusivos
• Bienes raíces
• Activos de inversión

De acuerdo con las autoridades de EEUU, los cárteles utilizan las ganancias en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, esto con el objetivo de elegir a funcionarios corruptos que colaboren con ellos en el control de puestos administrativos clave en el gobierno.

UIF también se sumó a bloquear las cuentas de los 11 sujetos señalados por EEUU

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tras la realización de diversos análisis, identificaron indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados y los observados en el sistema financiero.

Ante los hallazgos, la UIF incorporó a los 11 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

Los cárteles mexicanos extendieron su método de producción de metanfetamina a laboratorios clandestinos de Europa, África y el sur de Asia, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU donde se puede analizar la participación de los cárteles mexicanos en la distribución de metanfetamina quienes lideran el mercado norteamericano.

difundido este viernes en Viena, un documento que también advirtió que esa expansión coincidió con el avance del mercado más lucrativo de las drogas sintéticas y con un aumento de los daños sanitarios dentro de México.

El reporte señaló que los grupos criminales mexicanos siguieron como los principales proveedores de metanfetamina en América del Norte, una de sus plazas centrales, donde el consumo se estabilizó en niveles históricamente altos. Tan solo en 2024, 3.2 % de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina.

El documento describió que la expansión fuera del continente americano descansó en métodos químicos basados en el precursor P-2-P, considerado más eficiente y útil para esquivar controles internacionales tradicionales. Ese sistema se perfeccionó primero en América del Norte, pero después apareció en laboratorios detectados en África y Europa.

La ONU sostuvo que esos avances fueron facilitados por la exportación de experiencia desde México. El señalamiento no se limitó al traslado de recetas químicas o insumos, sino al movimiento de personas con conocimiento técnico para montar y operar instalaciones clandestinas.

La expansión incluyó cocineros mexicanos y formación especializada

Thomas Pietschmann, uno de los autores del informe, explicó que la presencia de ese método en otros continentes no significó necesariamente que los laboratorios quedaran bajo control directo de organizaciones criminales mexicanas. La precisión fue relevante porque distinguió entre la transferencia de saber técnico y el mando operativo de cada instalación.

El especialista indicó que, en muchos casos, quienes dirigieron esos laboratorios, conocidos como “cocineros” o químicos clandestinos, eran de origen mexicano o habían sido capacitados en ese procedimiento de síntesis. Esa formación permitió replicar un modelo de fabricación más eficiente fuera de los mercados donde se desarrolló originalmente.

En el sur de Asia, el informe registró de forma reciente la participación de ciudadanos mexicanos en la fabricación de metanfetamina. El documento agregó que esas personas habrían tenido presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México.

En Europa, el reporte destacó un aumento de decomisos hasta niveles récord en Países Bajos y España. En territorio español, las autoridades incautaron un cargamento de gran tamaño que habría estado vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México.

México resintió el efecto interno de su propia producción

La producción a gran escala de metanfetamina dentro del país provocó lo que el informe definió como un “efecto bumerán”. La misma capacidad industrial que sostuvo el abasto hacia mercados internacionales también multiplicó los problemas de salud relacionados con el consumo de esta droga sintética en territorio mexicano.

Las cifras oficiales citadas en el documento mostraron que entre 2015 y 2023 los tratamientos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México. Ese dato colocó al país no solo como centro de producción, sino también como una nación cada vez más afectada por el uso interno de la sustancia.

El informe ubicó a la metanfetamina como el mercado más grande y rentable entre las drogas sintéticas. Además, señaló que su expansión ya no se concentró únicamente en América del Norte y el sureste de Asia, sino que avanzó hacia nuevas regiones con estructuras de producción clandestina cada vez más sofisticadas.

El reporte también ofreció una fotografía del negocio global de otras drogas. Indicó que la producción potencial mundial de cocaína se cuadruplicó en la última década hasta rebasar las 4,000 toneladas de cocaína pura en 2024.

En ese mercado, los grupos criminales mexicanos mantuvieron un papel de peso en los dos espacios de mayor tamaño: Estados Unidos y Europa. El documento colocó así a esas organizaciones en una doble posición dentro del narcotráfico internacional: como proveedoras principales de metanfetamina en América del Norte y como actores de gran alcance en la circulación global de cocaína.

• Los cárteles mexicanos transfirieron conocimiento para fabricar metanfetamina a laboratorios clandestinos en Europa, África y el sur de Asia.
• En 2024, 3.2 % de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina, y México siguió como proveedor principal en América del Norte.
• Entre 2015 y 2023, los tratamientos por trastornos ligados al consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México.

1. El consumo y tráfico de drogas representa uno de los retos más complejos para la seguridad, la salud pública y la gobernanza a nivel global. En 2024, se estimaba que 331 millones de personas en el mundo usaban drogas, cifra que muestra un crecimiento de 34% respecto a hace una década. En paralelo, los mercados de drogas, como lo señala el World Drug Report 2026 de la UNODC, se vuelven cada vez más complejos, adaptándose a tendencias tecnológicas, cambios geopolíticos, y demandas de consumo diversificadas.

México es protagonista central en este panorama. El país, tradicionalmente productor y exportador de sustancias como la marihuana y la amapola, se ha transformado en un nodo esencial de producción, transformación y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y otras regiones; esta posición estratégica le otorga influencia internacional a sus organizaciones criminales.

Los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica, el informe señala que, aunque las incautaciones en la región disminuyeron entre 2021 y 2024, la producción se trasladó de Estados Unidos a México durante las últimas dos décadas. Ingresan principalmente por California y Texas.

Pese a los mayores controles en Asia Oriental sobre los precursores químicos, la pureza de la droga se mantiene en un 95% debido a innovaciones en laboratorios clandestinos mexicanos que reciclan residuos.

La ONU alerta sobre un aumento considerable en Estados Unidos de pastillas falsas de Adderall y MDMA que contienen esta sustancia.

2. Organizaciones criminales mexicanas en el escenario global

Los cárteles mexicanos se han consolidado como algunos de los actores más dinámicos y plenamente integrados al mercado global de drogas. Entre los más notorios figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, Los Zetas y otros grupos fragmentados. Su poder económico, logístico y militar iguala o excede el de muchas organizaciones delictivas extranjeras.

Estas organizaciones se distinguen por su capacidad de dominar toda la cadena de valor del narcotráfico: producción, tráfico internacional, distribución local y reciclaje de ganancias ilícitas a través de complejos esquemas de lavado de dinero. Por ejemplo, la influencia de estos cárteles se ha documentado en la presencia activa de redes mexicanas en decenas de países de América, Europa, Asia-Pacífico y África Occidental, empleando rutas novedosas y sofisticadas.

Un dato relevante es la diversificación criminal: los cárteles mexicanos no sólo trafican drogas ilegales, sino que también se involucran en delitos como trata de personas, extorsión, robo de combustibles, secuestro y más recientemente tráfico de precursores químicos, partes de la economía criminal global.

3. Sustancias: evolución, producción y tráfico

Históricamente, México fue conocido por la producción de amapola (para heroína), marihuana, y como país de tránsito de cocaína sudamericana rumbo a EE.UU. No obstante, la última década muestra tendencias más complejas:

• Sustancias sintéticas: México se ha posicionado como principal centro de producción y exportación de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos y Canadá. Estos opiáceos sintéticos han cambiado dramáticamente el escenario de la salud pública, ya que el fentanilo (altamente potente y letal) es responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica.
• Polvo blanco (cocaína): Los cárteles mexicanos ya no sólo facilitan el paso de cocaína colombiana y peruana, ahora gestionan también operaciones directas en Sudamérica, dominan rutas marítimas y aéreas alternativas, y participan en el incremento de la producción y exportación global hacia Europa, África y Asia.
• Precursores químicos: Aprovechando la debilidad de los sistemas regulatorios en algunos puntos del mundo (por ejemplo, Asia), México importa grandes volúmenes de precursores químicos esenciales para la manufactura local de drogas sintéticas.

Este protagonismo en la cadena global de las drogas significa que las decisiones o reacciones de los cárteles en México pueden modificar rápidamente los equilibrios regionales e internacionales del mercado ilícito.

4. Impacto en la seguridad, la violencia y la sociedad

La actividad de los cárteles mexicanos acarrea consecuencias multidimensionales. Según la UNODC, la relación entre drogas y violencia puede analizarse a través de tres vías principales:

• Psicofarmacológica: Los efectos directos del consumo de drogas están vinculados al aumento de conductas agresivas, violencia interpersonal, accidentes e incluso alteración de la percepción de riesgo tanto en México como en los países consumidores.
• Económico-compulsiva: El consumo problemático genera delitos patrimoniales para financiar la adicción (robos, asaltos, extorsión). En México, esto se refleja también en el “reclutamiento” de jóvenes y poblaciones vulnerables en actividades delictivas por la falta de alternativas y elevada exposición a contextos de pobreza y marginación.
• Sistémica: Es la vía más identificada con los cárteles mexicanos. La violencia generada por disputas territoriales, control de rutas, cobro de “derecho de piso”, ejecuciones, desapariciones, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y la corrupción sistémica que debilita el Estado de derecho. La batalla constante por el control de plazas y el mercado internacional coloca a México entre los países con mayores tasas de homicidio vinculadas al crimen organizado en el mundo.

A nivel comunitario, la presencia y control de los cárteles generan entornos inseguros. Los “narco-menudeos” erosionan el tejido social, los mercados laborales legales y provocan desplazamientos internos, estigmatización y orfandad social y económica. Las comunidades suelen desarrollar sistemas de “autodefensa” o quedan atrapadas en la cooptación criminal.

Un área de impacto particular es la feminización de la violencia. Las mujeres son empleadas cada vez en mayor número para actividades delictivas de bajo perfil, pero también sufren violencia sexual, trata y victimización múltiple derivada del control territorial de las bandas.

5. México como epicentro de crisis y respuestas internacionales

México representa un caso emblemático de la convergencia entre demanda global y oferta criminal. Su ubicación lo convierte en punto neurálgico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el mayor mercado consumidor. Las rutas mexicanas se adaptan ágilmente a las acciones de control, migrando a nuevos corredores (marítimos, aéreos, terrestres) y diversificando métodos como narco-túneles, drones y submarinos.

El impacto internacional es evidente: las organizaciones mexicanas han establecido alianzas con mafias de Europa (Italia, Balcanes, España) y Asia (China, por los precursores químicos) exportando modelos de operación “franquiciados”.

A nivel interno, México enfrenta un doble desafío: la presión internacional para controlar el flujo de drogas, armas y precursores, y la necesidad de reconstruir instituciones, fortalecer el Estado de derecho y mitigar la inequidad socioeconómica que alimenta la base social del narcotráfico.

6. Reflexión final

El informe de la UNODC subraya la urgencia de respuestas multidimensionales: es indispensable articular salud pública, justicia penal y desarrollo social para contener las consecuencias del narcotráfico mexicano en el mundo. México, por su posición en el mercado de drogas y la capacidad de sus organizaciones criminales, es hoy un epicentro de la crisis global de drogas, donde las soluciones sólo podrán surgir de la cooperación internacional y la acción integral del Estado junto con la sociedad civil

La ONU alerta sobre aumento en consumo de drogas y la proliferación de cócteles adulterados entre los jóvenes

La UNODC advirtió este 26 de junio que los mercados mundiales de drogas se transformaron con rapidez por el uso de tecnología, la aparición de sustancias nuevas y la inestabilidad internacional, un cambio que amplió rutas, métodos de comercio y mercados para el narcotráfico, y que además habría empujado un viraje duradero en el mercado de opioides desde drogas de origen vegetal hacia compuestos sintéticos más potentes y peligrosos.

El informe estimó que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, equivalente a 6.2% de la población mundial de 15 a 64 años. La cifra estuvo por encima del 5.2% registrado en 2014 y mostró una expansión sostenida del consumo en una década.

La droga más consumida siguió siendo el cannabis, con 256 millones de usuarios en 2024. Le siguieron los opioides, con 63 millones; las anfetaminas, con 32 millones; la cocaína, con 25 millones, y el éxtasis, con 21 millones.

Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, sostuvo que el mercado mostró un aumento sin precedente de nuevos tipos de drogas y alertó que varias de ellas resultaron más potentes o más peligrosas que las anteriores. Añadió que las consecuencias ya se reflejaron en millones de muertes prematuras, años de vida saludables perdidos, economías afectadas por redes de narcotráfico y un aumento de la violencia y la inseguridad.

Juma afirmó que la respuesta debía concentrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado. Planteó reforzar la disuasión, ampliar el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones conjuntas e invertir más en prevención y tratamiento.

En 2024 circularon 755 nuevas sustancias psicoactivas

Los fabricantes de drogas ilícitas continuaron modificando fórmulas para eludir regulaciones y evitar la detección. En 2024 se encontraron en decomisos cinco veces más tipos de drogas que las producidas antes del año 2000.

El número de nuevas sustancias psicoactivas que se sabía que circularon en los mercados alcanzó 755 en 2024. De ese total, 118 fueron reportadas por primera vez.

El informe ubicó un punto de quiebre en el mercado mundial de opioides a partir de la prohibición de drogas impuesta en Afganistán en 2022. Esa medida siguió limitando de forma severa la producción ilícita de opio y heroína.

Aunque Myanmar elevó su producción de 420 toneladas en 2021 a más de 1,000 toneladas en 2025, ese aumento no compensó la caída afgana. Afganistán produjo más de 6,000 toneladas de opio en 2022, una escala que mantuvo su peso decisivo en el abasto global.

La disponibilidad creciente de opioides sintéticos como el fentanilo, sus análogos, los nitazenos y las orfinas sugirió que los traficantes buscaron alternativas a la heroína. Ese desplazamiento habría modificado no solo la oferta, sino también la forma de consumo y los daños asociados a estas sustancias.

La metanfetamina abrió mercados en Medio Oriente, África y Europa

La expansión de nuevas rutas y de la producción de metanfetamina convirtió a esa droga en un mercado global. Los nuevos espacios de consumo se localizaron sobre todo en Oriente Próximo y Medio, África y partes de Europa.

Los decomisos crecieron 13% anual en promedio, impulsados principalmente por las cantidades registradas en Asia Oriental y Sudoriental. Myanmar se mantuvo como principal país de origen, pero la demanda atrajo también a proveedores de América del Norte, África Occidental y Meridional, y Asia Sudoccidental.

La metanfetamina procedente de América del Norte también cruzó el Océano Pacífico hacia países de la ribera occidental del Pacífico. Ese flujo elevó el tráfico y el consumo en las islas del Pacífico.

En Oriente Medio, las alteraciones del mercado del captagón tras la caída del régimen de Assad en Siria y la posterior duplicación del precio de una tableta en algunos lugares habrían empujado a parte de los usuarios hacia la metanfetamina. El documento señaló que su consumo aumentó en esa región.

El cannabis y la cocaína ampliaron su huella fuera de sus circuitos tradicionales

La producción, el tráfico y el consumo de cannabis cambiaron al mismo tiempo que se modificó la percepción sobre la droga en varias jurisdicciones, en especial en América del Norte, donde avanzaron políticas de legalización o despenalización. El número de consumidores creció 40% en la última década.

La prevalencia de consumo de cannabis pasó de 3.8% de la población de 15 a 64 años en 2014 a 4.8% en 2024. Los decomisos también alcanzaron niveles históricamente altos ese último año.

Aunque el tráfico de cannabis había sido principalmente intrarregional por la facilidad de cultivo en distintas zonas, el comercio interregional con suministro desde América del Norte aumentó con fuerza. Entre 2015 y 2024, 57 países o territorios fuera de esa región la identificaron como origen en decomisos de cannabis, frente a 11 en la década anterior.

La producción de cocaína también siguió al alza en 2024. En diez años se multiplicó por más de cuatro hasta superar las 4,000 toneladas en estado puro, impulsada por aumentos en productividad y superficie cultivada.

Los grupos del crimen organizado canalizaron volúmenes cada vez mayores hacia mercados consolidados y emergentes para maximizar ganancias y ampliar su base de clientes más allá de Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía. África y Asia registraron algunas de las mayores tasas de crecimiento en decomisos de cocaína a nivel mundial entre 2020 y 2024, aun con cantidades absolutas relativamente bajas.

El documento añadió que el consumo de drogas pudo asociarse con delitos patrimoniales, violencia dentro de familias y grupos sociales, y la victimización de quienes consumen. También precisó que esos resultados estuvieron influidos por pobreza, falta de vivienda, problemas de salud mental y carencias en acceso a tratamiento y servicios sociales.

• La UNODC estimó que 331 millones de personas consumieron drogas en 2024 y que el mercado global cambió por tecnología, nuevas sustancias e inestabilidad internacional.
• El informe detectó 755 nuevas sustancias psicoactivas en circulación y advirtió un viraje del mercado de opioides hacia compuestos sintéticos como fentanilo y nitazenos.
• La metanfetamina, el cannabis y la cocaína expandieron rutas y mercados, con aumentos en decomisos, producción y consumo fuera de sus zonas tradicionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el empresario Fernando Salgado Chávez, luego de concluir una investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y supuestos nexos con grupos criminales.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la indagatoria se inició a partir de una denuncia anónima enviada por correo electrónico a la FGR, en la que se atribuían al empresario diversas conductas ilícitas, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de armas, presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, así como supuestas influencias en aduanas y actividades relacionadas con huachicoleo.

Sin embargo, dicha denuncia carecía de nombre del denunciante, datos de contacto y elementos probatorios que sustentaran las imputaciones. Según lo informado por el propio Salgado Chávez, no se aportaron videos, fotografías ni documentos que respaldaran los señalamientos.

La FGR revisó información financiera, fiscal y patrimonial del empresario

El empresario, quien cuenta con empresas en Jalisco y desarrolla actividades en los sectores de energía y sustentabilidad, aseguró que colaboró con las autoridades federales desde el inicio del procedimiento.

Como parte de la investigación, entregó estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales correspondientes a los últimos cinco años, información sobre propiedades, ingresos, inversiones, domicilios, números telefónicos y datos de sus compañías.

“Presenté documentos, no dichos; me revisaron todo”, declaró Salgado Chávez al referirse al proceso, el cual calificó como desgastante por el impacto que tuvo en su prestigio y reputación.

La revisión de la carpeta incluyó información de distintas autoridades e instancias federales e internacionales. Entre ellas se mencionan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e Interpol, cuyos informes fueron incorporados al expediente.

De acuerdo con la resolución ministerial, la información financiera y patrimonial presentada por el empresario resultó consistente con sus ingresos, actividades económicas y capacidad patrimonial. Por ello, la FGR concluyó que no existían elementos suficientes para continuar con una acción penal en su contra.

La autoridad también descartó uno de los señalamientos incluidos en la denuncia anónima, relacionado con presuntos contratos de proveeduría con el Ayuntamiento de Tijuana. Según la investigación, ni Fernando Salgado Chávez ni las empresas vinculadas con él mantenían contratos con dicha administración municipal.

Fernando Salgado asegura que la investigación afectó su reputación

Tras darse a conocer el cierre de la carpeta de investigación, Salgado Chávez sostuvo que su intención es defender su nombre y aclarar públicamente las acusaciones difundidas en su momento.

Meses atrás, una plataforma de comunicación local publicó una lista en la que se mencionaba al empresario junto con diversos actores de la vida pública, a quienes se señalaba por presuntos vínculos con delitos de alto impacto.

Al ser cuestionado sobre las demás personas mencionadas en aquella denuncia anónima, el empresario dijo desconocer su estatus jurídico.

Salgado Chávez también atribuyó el origen de los señalamientos a intereses ajenos de actores del ámbito político con miras a obtener candidaturas, aunque esa afirmación corresponde a su postura personal y no forma parte de las conclusiones oficiales de la FGR.

Finalmente, el empresario informó que ya cuenta con el oficio emitido por la Fiscalía General de la República, con sellos y firmas de la autoridad ministerial, mediante el cual se le notificó formalmente el decreto de no ejercicio de la acción penal.

Con esta determinación, la FGR dio por concluida la investigación iniciada contra Fernando Salgado Chávez a partir de la denuncia anónima y cerró el procedimiento al no encontrar elementos para proceder penalmente.

Michael Anthony Rojas Naranjo estuvo cuatro meses prófugo tras escapar del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, el pasado 22 de febrero, cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron el reclusorio en medio de los disturbios que siguieron al abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El jalisciense de 41 años fue recapturado el pasado 23 de junio en Teúl de González Ortega, Zacatecas, en una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de ese estado.

También es identificado como Michel Naranjo Rojas y Miguel Ángel, según reportes oficiales. Se encontraba recluido por el delito de robo calificado.

Atentado del penal de Ixtapa: CJNG asesinó a un guardia penitenciario

La fuga del pasado 22 de febrero de 2026 ocurrió luego de que grupos armados irrumpieron en el penal, dispararon contra el inmueble y utilizaron un vehículo para derribar un portón, lo que generó disturbios internos y permitió la huida de 23 internos.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó en conferencia de prensa que elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

“La información que se tiene al pase de lista, son veintitrés personas privadas de la libertad que están evadidas y ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, declaró Hernández un día después de la fuga.

Vladimir Antonio Flores fue destituido de su puesto como director del penal luego de la fuga.

El operativo que abatió a “El Mencho”

La tarde del 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años, fue abatido tras un enfrentamiento en la zona serrana de Tapalpa, al sur de Jalisco.

El operativo, denominado Operación Jalisco, fue comandado por el Ejército Mexicano con apoyo de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y personal de inteligencia de la FGR. Las autoridades mexicanas contaron además con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos en la planificación de la misión.

Según el comunicado de la Defensa, mientras las tropas federales avanzaban hacia el complejo rural donde se encontraba “El Mencho”, sicarios del CJNG abrieron fuego y desencadenaron un intenso tiroteo. En medio del enfrentamiento, Oseguera Cervantes intentó escapar hacia el terreno montañoso con miembros de su equipo de seguridad.

Durante un segundo tiroteo en la zona cercana, resultó gravemente herido. Falleció durante el vuelo de traslado a la Ciudad de México, junto con dos de sus escoltas. Las autoridades incautaron vehículos blindados, armas pesadas y equipo táctico en el lugar, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

La muerte de “El Mencho” desencadenó una ola de violencia en Jalisco y otras entidades.

De acuerdo con información oficial, al menos 85 narcobloqueos se distribuyeron en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco ocurrieron 18 de ellos, lo que dificultó la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

Fue necesario enviar elementos de la policía estatal desde la zona metropolitana y desde Puerto Vallarta para restablecer el orden.

El perfil de los 23 fugados

De los 23 reos que escaparon el 22 de febrero del penal de Ixtapa, 21 ya contaban con sentencia firme y 2 se encontraban en proceso judicial al momento de la huida.

Según fichas difundidas por medios nacionales como N+ y la periodista Carolina Gómez Aguinaga, los fugados cumplían condenas por delitos que incluían homicidio calificado, desaparición forzada de personas, secuestro exprés, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo.

Michael Anthony Rojas Naranjo no es el único recapturado desde entonces; las autoridades han logrado detener a varios de los evadidos en distintas entidades del país.

Los cargos que enfrenta en Zacatecas

Tras su detención, Rojas Naranjo fue consignado ante las autoridades de Zacatecas por seis delitos:

• homicidio en grado de tentativa
• Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo
• Asociación delictuosa
• Atentados a la seguridad de la comunidad
• Posesión de armas de fuego
• Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Fiscalía de Jalisco señaló que el intercambio de información con su homóloga de Zacatecas fue lo que permitió identificarlo como uno de los evadidos del penal de Ixtapa y lograr su captura.

El jefe de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad número uno de la agencia, en un mensaje difundido este 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”

El funcionario federal advirtió que el fentanilo representa una amenaza nunca antes vista que ha destrozado familias y devastado comunidades.

Además, detalló que desde el inicio de la administración de Donald Trump, la DEA ha realizado el decomiso de más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, equivalentes a más de 478 millones de dosis letales.

La mención de los dos cárteles más peligrosos de México quedó enmarcada en el mensaje dirigido a los estadounidenses, sin mayor profundización.

La DEA cazó a facilitadores, distribuidores y a todo individuo que se benefició del fentanilo

En el video, compartido en los canales oficiales de la agencia federal, Cole afirmó que han rastreado a cada facilitador, distribuidor y cada individuo que se beneficia del fentanilo, descrito también por él como "veneno".

Señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, dijo, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global. Cole describió la labor contra el narco como “la base” de la agencia y el eje en el que se formó como agente especial de carrera.

Además, atribuyó al presidente Trump y al fiscal general en funciones Todd Blanche haber dado a la institución las condiciones para atacar esta crisis desde todos los ángulos posibles.

Cole prometió una América libre de fentanilo como compromiso institucional

Terry Cole rechazó que la frase “América libre de fentanilo” fuera un eslogan y señaló que es su promesa al pueblo estadounidense. Sostuvo que se está respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma inquebrantable resolución que ha definido a la agencia durante más de cinco décadas.

Subrayó que cada día al entrar a las oficinas centrales de la DEA ve “los rostros del fentanilo”, en referencia a los estadounidenses que perdieron la vida a manos de los cárteles. El video compartido muestra que diversos muros del inmueble han sido cubiertos con fotografías de víctimas, producto de la crisis que aqueja a la nación.

Afirmó que la agencia nunca estuvo más enfocada, más alineada ni más dedicada a combatir la crisis que en este momento, y que la se ha puesto todo el peso en la lucha contra los cárteles.

El mensaje cerró con una declaración de postura operativa dirigida a los hombres y mujeres de la DEA: “A todo gas, sin frenos”.

El fentanilo es un opioide sintético legal que los cárteles falsifican

El fentanilo es un fármaco opioide sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para uso como analgésico y anestésico. Al igual que el EEUU, en México también es legal con fines médicos y de forma controlada

Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, de acuerdo con una ficha informativa que la DEA publicó en diciembre de 2024.

A pesar de su uso médico legal, los cárteles lo falsifican en pastillas que imitan fármacos de prescripción como la oxicodona para su distribución ilegal. La propia DEA advirtió que cinco de cada diez pastillas analizadas contienen una dosis potencialmente letal.

El fentanilo se puede inyectar, inhalar, fumar, tomar en pastillas o comprimidos, en parches o añadido a papel secante. Los cárteles lo venden solo o mezclado con heroína, cocaína u otras sustancias.

Según EEUU, en el mercado ilegal se le conoce con los siguientes nombres para intentar pasar desapercibido de las autoridades:

• Apache
• China Girl
• China Town
• Dance Fever
• Friend
• Goodfellas
• Great Bear
• He-Man
• Jackpot
• King Ivory
• Murder 8
• Tango & Cash

Entre sus efectos figuran relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria y constricción de pupilas. Una sobredosis puede provocar coma, cianosis e insuficiencia respiratoria con resultado de muerte.

Los reportes de fentanilo aumentaron de casi 5 mil 400 en 2014 a más de 56 mil 500 en 2017, según el Sistema Nacional de Información de Laboratorios Forenses de EEUU.

El fentanilo y otros opioides sintéticos fueron responsables de aproximadamente 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2024 de la DEA.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de opioides sintéticos superaron las 260 mil en Estados Unidos entre 2013 y 2021, con más de 71 mil solo en 2021.

En Estados Unidos, un par de hermanos fueron sentenciados luego de que fue determinada su responsabilidad en los delitos de participar en una estructura dedicada al tráfico de personas.

Se trata de Edgar Daniel Guzmán y Jesika Guzmán García, de 32 y 35 años, respectivamente. El hombre fue identificado como líder y encargado de la organización que operaba en México y el sur de EEUU, de manera particular en Alabama, Luisiana, Oklahoma y Texas.

Ambos fueron sentenciados por su “participación en una organización de tráfico de personas a gran escala (ASO, por sus siglas en inglés) directamente vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG”.

Las operaciones de la estructura además fueron registradas en le periodo de 2021 a 2026, tiempo en el que el grupo realizó asesinatos, allanamientos y secuestros.

Daniel Guzmán se encargaba de coordinar intentos de trafico de personas. El 21 de julio del año pasado, el hombre se declaró culpable de un cargo de conspiración para tomar rehenes y para el 22 de junio fue sentenciado a cadena perpetua.

El papel de la mujer en la estructura criminal

Por su parte, Jesika Guzmán, fue identificada como una de las co conspiradoras dentro de la estructura criminal. La mujer estuvo relacionada con un caso de contrabando que derivó en la muerte del conductor del vehículo de contrabando y dos migrantes que no contaban con documentos.

Tanto ella como su hermano usaban la cuenta de CashApp de Guzmán García, la cual estuvo relacionada con intentos fallidos de tráfico de personas en el Distrito Oeste de Texas.

A través de la aplicación, Daniel Guzmán hizo pagos entre julio de 2018 y abril de 2023 que sumaron más de 84 mil dólares, según los registros oficiales.

La mujer se declaró culpable el 7 de agosto de 2025 de un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte. Fue sentenciada el 23 de junio a 405 meses (más de 33 años) de prisión .

Sentenciado mexicano ligado al CJNG

En otras acciones, el 4 de junio pasado Elián René Fabián Valladolid, un hombre de origen mexicano de 26 años identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una célula local vinculada al CJNG, fue sentenciado a 262 meses de prisión —más de 21 años— por un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte.

La pena corresponde a cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, en un reporte publicado el 4 de junio. Al término de su condena, Valladolid será deportado.

En la audiencia de sentencia, el gobierno solicitó y obtuvo un aumento de la pena con base en el rol de liderazgo que Valladolid ejerció dentro de la organización delictiva. Los documentos presentados ante el tribunal lo vinculan con una organización de narcotráfico multidrogas con base en México y conexiones directas con el CJNG, estructurada en células locales dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local de esa organización, supervisó las actividades de distribución y participó en el reclutamiento de nuevos miembros.

Durante la investigación, las autoridades identificaron escondites utilizados por integrantes de la red para almacenar drogas, entre ellos un almacén sobre el que obtuvieron y ejecutaron una orden de registro.

Como resultado del operativo, los agentes incautaron bolsas, maletas y cajas con drogas y artículos de contrabando, además de materiales de empaque, cuatro balanzas digitales, una prensa para drogas y un agente de corte empleado para adulterar los narcóticos y aumentar el volumen del producto destinado a la reventa.

Las autoridades de Guanajuato informaron el arresto de un hombre señalado como posible generador de violencia en Silao y León. Los reportes indican que se trata de un hombre ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Juan Carlos “N”, alias El Kili fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Paz el 24 de junio, institución que destacó que el arresto sucede como resultado de una investigación por delitos contra la salud iniciada en 2025.

En las acciones recientes, los uniformados incautaron 10 mil dosis de marihuana, así como un arma AR-15, vehículos, teléfonos, dinero en efectivo y una libreta que podría ser útil en las averiguaciones.

Las acciones fueron destacadas por el secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, quien señaló que el sujeto detenido estaría ligado con un grupo delictivo de Jalisco, al parecer el CJNG.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido es identificado como un presunto generador de violencia en León y Silao, así como presunto integrante de una organización delictiva con origen en el estado de Jalisco”, es parte de lo compartido por el funcionario en sus redes sociales.

El reporte de las autoridades estatales señala que la detención del hombre fue realizada en sobre la calle Molino del Bajío, colonia Paseos del Molino del municipio de León, en acciones que no requirieron disparos.

González Martínez agregó que una segunda persona, cuyo nombre no fue difundido, fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales. Como resultado de las revisiones en el sitio, los uniformados terminaron asegurando:

• Un inmueble
• Un arma de fuego larga tipo AR-15
• 25 cartuchos útiles
• Un cargador
• Nueve equipos telefónicos
• Una libreta con información de interés para la investigación
• Aproximadamente 10 mil dosis de marihuana
• 26 dosis de una sustancia con características del cristal (metanfetamina)
• 40 mil pesos en efectivo
• Dos vehículos

Tras su detención, Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso, mientras que fotografías difundidas por las autoridades permiten ver los indicios hallados en el inmueble.

Más de 20 presuntos integrantes del CJNG detenidos en Guanajuato

Cabe recordar que el 22 de mayo pasado fue informada la detención de 22 sujetos presuntamente ligados con el CJNG en Guanajuato. En dicha ocasión los hechos fueron resaltados como la desarticulación de una célula presuntamente vinculada al CJNG y dedicada al trasiego de hidrocarburo —conocido como huachicol— en el municipio de Silao.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, comentó. “Fue un operativo exitoso, se detienen a 22 personas que ya están vinculadas a proceso […] La detención de 22 personas que están vinculadas con temas de delincuencia organizada no es un tema menor”.

El presunto líder de la célula fue identificado como César Arturo “N”, alias El Tiki, sobre quien recaían órdenes de aprehensión por diversos homicidios. Junto a él fue capturado José Julián “N”, alias El Pato, quien también contaba con una orden de aprehensión por homicidio.

Mientras que los otros 20 detenidos fueron identificados como Antonia Adilene “N”, Juana Iris “N”, Luis Ernesto “N”, Paula Jazmín “N”, Leonardo Daniel “N”, Alexis Jared “N”, Miguel Ángel “N”, Erik Enrique “N”, Josue Yakairo “N”, Héctor Eduardo “N”, Juan Guadalupe “N”, Juan Pablo “N”, Julio Joaquín “N”, Kevin Santiago “N”, Juan Martín “N”, Juan Jesús “N”, Roberto Carlos “N”, Luis Dionicio “N”, José Octavio “N” y José Enrique “N”.

La totalidad de los arrestados quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que les imputó los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez determinó vincularlos a proceso penal por los mismos cargos.

Los Chapitos, los últimos grandes capos con nombre y apellido del Cártel de Sinaloa, llevan años operando en una paradoja: son los herederos más buscados del narco mexicano y, al mismo tiempo, los arquitectos de una alianza con su peor enemigo histórico.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, encabezan la facción más poderosa del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre en 2016. Ambos figuran en las listas de búsqueda de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y ninguno ha sido capturado pese a más de dos décadas de estrategia kingpin en México.

La guerra interna que los puso en el centro del tablero

El detonante de su ascenso fue la ruptura del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024. Los Chapitos culparon a Ismael “El Mayo” Zambada García de haber facilitado la captura de su padre, lo que llevó a Joaquín Guzmán López a atraer al Mayo a un vuelo privado con destino a El Paso, Texas, donde ambos fueron detenidos por el FBI. Zambada alegó secuestro. Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 por ese hecho, entre otros cargos.

Desde entonces, el Cártel de Sinaloa opera dividido en dos facciones en guerra abierta: los Chapitos, respaldados por Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de El Chapo, y la facción Mayiza, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo del Mayo, quien también permanece prófugo.

Del secuestro al pacto: la historia con el CJNG

La relación de los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene un origen violento. En agosto de 2016, un comando armado irrumpió en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, y secuestró a Iván Archivaldo y a Alfredo junto a otros cuatro hombres. El objetivo, según reveló Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, no era pedir rescate: “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”.

La operación fue atribuida a una coalición que incluía al entonces líder del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, y a sectores internos rivales del Cártel de Sinaloa encabezados por el propio Mini Lic y su padre, El Licenciado. La liberación llegó por presión directa de El Chapo desde prisión, quien logró que detuvieran al hijo de El Mencho, conocido como “El Menchito”, y envió un mensaje: “A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”.

Alfredillo en el rancho del enemigo

Décadas después de ese episodio, la lógica del narco mexicano produjo uno de sus giros más llamativos. Jesús Alfredo vivió durante semanas en una propiedad de El Mencho en Jalisco, sin escoltas propias y bajo resguardo de hombres del CJNG, como garantía de las negociaciones entre ambas organizaciones.

El acuerdo se selló en una reunión secreta en un rancho de Pachecos, Nayarit. Las negociaciones fueron intermediadas por enviados de Audias “El Jardinero” Flores Silva, uno de los hombres más cercanos a El Mencho, quien fue capturado por la Armada mexicana en ese mismo estado el 27 de abril de 2026. Un operativo de su captura desató barricadas y la quema de edificios en todo Nayarit.

¿Por qué El Mencho eligió a los Chapitos?

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, explicó a Infobae México la lógica detrás de esa alianza antes de la muerte de El Mencho. “El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra”, afirmó Vigil, y añadió que el CJNG calculaba que “él podía tomar control de todo” si ambas facciones de Sinaloa se desgastaban mutuamente.

El pacto distribuía territorios con precisión quirúrgica: el CJNG se comprometía a desalojar a las fuerzas del Mayo de Zacatecas, Nayarit y Chiapas, mientras los Chapitos buscaban consolidar su control en Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó públicamente esta alianza en junio de 2026.

La muerte de El Mencho y la sombra de una traición

El Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. Tras su muerte, surgió en círculos de inteligencia la hipótesis de que fueron los propios Chapitos quienes entregaron su ubicación. El patrón que señalan esas fuentes es consistente con el historial de la familia: en 2024 entregaron al Mayo, y a cambio 17 familiares del Chapo, incluida la madre de Ovidio y Joaquín, cruzaron a territorio estadounidense bajo custodia oficial.

El documento Reporte Krame: Decodificando la caída de El Mencho, citado por Infobae México, sostiene que operaciones encubiertas y el uso estratégico de información confidencial habrían trazado la ruta que llevó al capo a su fin tras más de una década de intentos fallidos.

¿Quién manda ahora en el CJNG?

Con El Mencho muerto y El Jardinero detenido, el CJNG opera hoy por una combinación de jefes regionales y miembros de la familia Oseguera. El hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, asumió un papel protagónico en la conducción del cártel. Otros objetivos de alto perfil que permanecen activos son Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Abraham Jesús Ambriz, alias “Yogurt”; y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”.

Los Chapitos, sin aliado y sin captura

La muerte de El Mencho deja a los Chapitos sin su principal respaldo externo en el momento en que la guerra contra Mayiza sigue sin resolverse. Las autoridades han arrestado a varios operativos y jefes de seguridad de ambas facciones desde el inicio del conflicto, pero Iván Archivaldo, Alfredo y Mayito Flaco permanecen libres.

También opera en ese tablero Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, un narcotraficante independiente que lidera la Organización Meza Flores o Cártel Guasave en Sinaloa. Figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, lo que añade otra variable al mapa criminal de la región.

Las autoridades de Baja California informaron sobre el arresto de dos elementos de la Policía Municipal de Tecate que habrían filtrado datos al crimen organizado, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila realizada el 23 de junio, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, habló sobre la captura de dos efectivos de seguridad.

Andrade Ramírez destacó que la detención de los agentes fue resultado de cateos, acciones que derivaron en la identificación de policías de Tecate que participaron de manera directa con grupos delictivos.

Hacíamos operativos pero no encontrábamos a los delincuentes

La fiscal destacó que fueron descubiertos mensajes con los que se puede ver que habría filtración de datos de seguridad a grupos criminales.

“Había mensajes donde, pues ellos ahora sí que de avanzada les avisaban a los grupos criminales dónde iban a hacer los operativos, quiénes íbamos en los operativos y dónde, a qué domicilios íbamos a llegar. Entonces, eso es terrible, porque imagínense, llegábamos a los domicilios y encontrábamos a veces drogas y armas, pero no encontrábamos a los delincuentes”, es parte de lo expresado por la mujer.

Lo anterior indica que los uniformados al parecer ya eran parte del grupo delictivo. La fiscal agregó que los policías serán investigados por por el homicidio de un efectivo de se seguridad estatal que fue asesinado de manera reciente.

“Es un grupo definitivamente de agentes municipales que trabajan con delincuencia organizada”, sentenció la fiscal.

Durante la conferencia de prensa, la Andrade Ramírez fue cuestionada sobre la cantidad de elementos de seguridad que han sido detenidos en la administración y la posible relación con “los jaliscos”, en referencia al CJNG, a lo que la funcionaria respondió de manera positiva.

La fiscal agregó que han identificado una forma de operar en la que tras la detención de integrantes del grupo delictivo hay policías que piden incapacidad en la corporación, lo cual será investigado.

Detenciones ligadas al CJNG en Baja California

Además, en la entidad gobernada por Marina del Pilar han sido capturados diversos sujetos relacionados con el CJNG. Fue a mediados de junio pasado que fueron informados los arrestos de Eduardo Antonio “N”, alias Makumba, de 31 años, y José Antonio “N”, alias El Tony, de 28, en Tecate.

Elementos de seguridad estatales detectaran un Jeep Grand Cherokee color gris, sin placas visibles, que circulaba a exceso de velocidad y de forma errática sobre la calle Familia Federico.

Pese a las instrucciones de los agentes para que detuvieran la marcha, los ocupantes ignoraron las señales y la unidad frenó de manera súbita en un camino de terracería. Varios de los sujetos descendieron del vehículo y se internaron en una zona agreste, logrando escapar, mientras que los que permanecieron en el auto —quienes vestían chalecos antibalas— fueron arrestados.

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que los capturados refirieron trabajar para CJNG.

Captura de “El 60”

Mientras que el 9 de junio pasado fue capturado, también en Tecate, otros dos hombres, entre ellos César Iván “N”, apodado El 60, identificado por las autoridades como presunto líder de un grupo de sicarios del CJNG.

César Iván “N” contaba además con dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio al momento de su detención. El otro sujeto asegurado fue identificado como David Alexander “N”, quien tiene 20 años y es conocido con el alias El Chapo.

“El conocido como ‘El 60’ se le vincula como miembro activo de una célula delictiva con presencia en el estado, donde se presume lidera un grupo encargado de sicarios para amedrentar a integrantes rivales”.

Una mujer identificada como Jenny “N” fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), presentada ante un juez y posteriormente vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de que se le vinculara con un crimen en el que dos sujetos se disfrazaron de encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para irrumpir en el negocio de un comerciante de 69 años en la alcaldía Tláhuac.

Según la información oficial, el pasado 3 de mayo de 2024 los criminales amenazaron al vendedor con un arma de fuego, lo despojaron de 42 mil pesos en efectivo y lo amarraron de pies y manos a una silla.

Posteriormente, utilizaron el teléfono celular de la víctima para comunicarlo con una persona que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien le exigió 500 mil pesos a cambio de no causarle daño a él ni a su familia.

Luego de la denuncia, la Fiscalía capitalina pudo obtener como dato de prueba que, ante la imposibilidad de reunir el monto completo, el comerciante recibió la instrucción de realizar depósitos parciales.

Después de que los agresores se fueron aquel día de 2024, el comerciante logró liberarse y realizó las transferencias, entre ellas a una cuenta vinculada con Jenny “N”.

Análisis financiero permitió identificar a la imputada

El análisis de los movimientos bancarios de las transferencias, junto con otras diligencias, permitió al agente del Ministerio Público de la FGJCDMX identificar que parte del dinero exigido habría sido depositado en una cuenta bancaria a nombre de Jenny “N”, dato que respaldó la obtención de una orden de aprehensión en su contra.

Mediante labores de inteligencia y seguimiento técnico, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Jenny “N” en la alcaldía Iztapalapa y fue aprehendida el pasado 19 de junio de 2026, más de dos años después de los hechos denunciados.

Vinculada a proceso con prisión preventiva

Información compartida por la Fiscalía capitalina reveló que en la audiencia inicial, celebrada el 20 de junio de 2026, fueron presentados los datos de prueba recabados durante la investigación.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Jenny “N” por el delito de extorsión agravada, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades afirmaron que las diligencias continuarán, orientadas a identificar y localizar a las demás personas que habrían participado en el robo y la extorsión.

En el comunicado, las autoridades recordaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Jenny “N” es inocente hasta que un juez declare lo contrario mediante sentencia.

Un caso similar: absolvieron a joven acusada de extorsionar a nombre del CJNG

El modus operandi de invocar al Cártel Jalisco Nueva Generación para sustentar acusaciones de extorsión tuvo un antecedente que derivó en absolución en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo, imputó y posteriormente retiró los cargos contra Dashia Rocío, una joven de 19 años señalada como presunta extorsionadora a nombre del CJNG

En el desarrollo de las investigaciones, la joven estuvo recluida en el penal de Barrientos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la Secretaría de las Mujeres y la presión pública documentaron múltiples irregularidades en el proceso.

La acusación contra ella habría surgido tras la denuncia que Dashia interpuso contra su padre biológico por abuso sexual, lo que llevó a familiares y defensores a sostener que la carpeta de investigación fue fabricada para silenciarla.

El 9 de marzo de 2026, la FGJEM retiró definitivamente los cargos. “Ya estoy muy feliz, es mucho mi sentimiento por todo lo que pasé y por todo lo que he vivido. Muchas gracias por todo. Estoy aquí con mi abuela y salí absuelta”, expresó Dashia en un mensaje de voz dirigido al periodista Ignacio Villaseñor, quien documentó las inconsistencias del caso desde su inicio.

Como en el reciente caso Jenny “N”, Dashia también fue acusada de recibir los pagos por el crimen en su cuenta bancaria.

Otro golpe a la estructura criminal de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se registró en Nayarit en días recientes.

Su sobrino, identificado como Carlos “N”, fue detenido en un operativo en el participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y de seguridad federal.

Aunque desde el pasado 18 de junio la fiscal del estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, anunció la captura de uno de los sobrinos del exlíder criminal sin brindar más detalles, fue hasta este lunes 22 de junio que la Fiscalía de Nayarit confirmó que Carlos “N” fue arrestado junto a dos hombres.

De acuerdo con los datos, el sujeto fue localizado junto a José Carlos “N” y Gabriel “N” durante la acción, en la que también les aseguraron municiones y cuatro vehículos.

Actualmente los tres hombres se encuentran en prisión justificada y vinculados a proceso por los delitos de violación a la ley de armas de fuego y explosivos; contra la salud; posesión con fines de venta y encubrimiento por receptación.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado para obtener mayor información sobre la detención del hombre, pero hasta el momento no ha respondido.

“El Jardinero” fue detenido en Nayarit, luego de que intentó tomar el control del CJNG

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero” y señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido el 27 de abril en el poblado de Trapiche, Nayarit, en una operación de la Secretaría de Marina (Semar).

Su detención se logró luego de 19 meses de vigilancia y análisis que permitió ubicarlo de manera precisa en el estado. Al confirmar su presencia en un vehículo Suburban cerca de Santa María de Oro, se desplegó un equipo que lo siguió y rodeó.

Al advertir la presencia de los marinos, el narcotraficante abandonó el vehículo e intentó huir, pero las condiciones físicas y el terreno limitaron su escape. Finalmente se ocultó en una tubería bajo la carretera, donde quedó encapsulado hasta que los efectivos descendieron en helicóptero y lo aprehendieron.

Pese a que “El Jardinero” contaba con un dispositivo de protección de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, la Marina informó que durante toda la operación no se disparó una sola bala.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, explicó en conferencia de prensa que el dispositivo implicó el estudio de rutas, puntos de entrada y salida, y tácticas de terreno. En el operativo participaron 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo.

El funcionario también reveló que Audias Flores Silva buscó el mando del CJNG a través del uso de las armas, esto luego de que Nemesio Oseguera fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Con la muerte del exlíder del cártel, el también exjefe de seguridad inició una movilización de personal, armamento y recursos para encabezar la organización criminal.

Las acciones contra “El Jardinero” también se han enfocado en sus redes de producción y en la detención de personas cercanas, tal y como fue la de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado como su principal operador financiero y hombre de confianza.

Marina golpea al CJNG con casi 3 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

De acuerdo con cifras obtenidas por Infobae México, la marina acumula 2 mil 911 detenciones vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en octubre de 2024.

Una de las capturas más destacadas fue la de “El Jardinero”, cuyo operativo fue encabezado por la Marina, pero las acciones se han extendido además a su red de producción.

Entre los golpes colaterales se encuentra el desmantelamiento de al menos cinco narcolaboratorios ligados a su red en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, todos vinculados con “El Jardinero”, quien ha intentado frenar su extradición a Estados Unidos con amparos.

Los decomisos acumulados por la Marina en el mismo periodo incluyen 118.391 kilogramos de metanfetaminas, 1,5 toneladas de fentanilo —equivalentes a 19.048 pastillas—, 6.199 armas de fuego, 3.143 granadas o explosivos, 115 laboratorios clandestinos y 9.370 vehículos, entre otros aseguramientos, de acuerdo con los datos obtenidos por esta casa editorial.

La interceptación de tres toneladas de un precursor químico capaz de producir hasta 3.3 toneladas de fentanilo —suficientes para generar cientos de millones de dosis letales— resume en una sola cifra la magnitud del fenómeno que Naciones Unidas documentó en su Informe 2025 sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ubicó a los cárteles mexicanos en operaciones activas en tres continentes.

El organismo publicó ese informe en febrero y trazó un mapa sin precedentes del crimen organizado de origen mexicano. Las redes identificadas no se limitan al tráfico fronterizo: producen drogas sintéticas, instalan laboratorios en el extranjero y tejen alianzas con estructuras criminales locales en América Central, América del Sur y Europa.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG, nombrados en Honduras

La JIFE identificó por nombre al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como actores directos en la desestabilización de Honduras. El informe señala que ambas organizaciones —con base de operaciones en México— colaboraron con pandillas locales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, además de operar junto al Tren de Aragua venezolano y el Clan del Golfo colombiano.

La presencia del CJNG en territorio hondureño dejó una huella concreta el 23 de mayo: cinco agentes de la División Antipandillas de Honduras murieron durante un operativo en el norte del país. Las autoridades atribuyeron el ataque a una estructura de narcotráfico encabezada por el hondureño Heber Argueta, señalado por sus presuntos vínculos con esa organización mexicana.

Un laboratorio de metanfetamina planeado en Chile

En el extremo sur del continente, Chile registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia: 844 kilogramos, junto con varios precursores. La operación desarticuló una organización criminal con base en México que ya había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala de metanfetamina cristalina.

La Fiscalía Nacional de Chile había advertido el problema meses antes. En noviembre de 2024, su Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas publicó un informe en el que señalaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había crecido de forma sostenida durante la última década en el país.

Laboratorios en Francia y Bélgica con conexión al Cártel de Sinaloa

Europa tampoco quedó al margen. En junio de 2024, las autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en esa región. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos directos entre la red responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos delictivos en Bélgica, España y los Países Bajos.

Diez meses después, en abril de 2025, Bélgica desarticuló otro laboratorio clandestino. Ese sitio llevaba más de un año en funcionamiento y tenía capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes.

El fentanilo: de México a Canadá

La DEA informó a la JIFE que todo el fentanilo disponible en Estados Unidos proviene de organizaciones delictivas transnacionales con sede en México. Las cifras de incautación en la frontera entre ambos países lo confirman: 9 mil 354 kilogramos decomisados hasta abril de 2025, frente a apenas 22.7 kilogramos capturados en la frontera con Canadá durante 2024.

El hallazgo en octubre de 2024 de una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá encendió una alerta distinta. La JIFE advirtió que esa capacidad productiva podría ampliarse si se interrumpe el flujo proveniente de México, con el fin de cubrir la demanda existente en el mercado estadounidense.

Precursores químicos: el eslabón más difícil de rastrear

La producción de fentanilo no ocurre sin insumos específicos. La JIFE documentó que las organizaciones criminales acceden a sustancias químicas especializadas a través de cadenas logísticas internacionales difíciles de detectar. Uno de los casos registrados fue la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, un precursor directo del fentanilo.

La Junta calculó que esa cantidad habría permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas de la sustancia. El volumen habría bastado para producir cientos de millones de dosis con potencial letal.

México reformó su Constitución dos veces en menos de un año

Ante ese panorama, el gobierno mexicano modificó el artículo 19 de su Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La reforma incluyó la extorsión y los delitos relacionados con la producción, distribución, importación, exportación y almacenamiento de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.

En enero de 2025, un segundo decreto constitucional reforzó las sanciones contra la fabricación, distribución y venta no autorizada de sustancias tóxicas. Esa reforma también amplió las medidas penales vinculadas al uso del fentanilo y otras drogas sintéticas.

La ONU cuestionó la prisión preventiva automática

La JIFE registró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la prisión preventiva automática antes de que México aprobara la reforma constitucional. El organismo afirmó que ese mecanismo contradice los principios internacionales de derechos humanos.

La tensión entre seguridad y garantías individuales quedó así documentada en el propio informe de Naciones Unidas. México avanzó con las reformas, pero la observación de la ONU permanece en el expediente.

Las urgencias por cannabis aumentaron 50 por ciento en diez años

Al margen de la producción y el tráfico, la JIFE incorporó un dato de consumo interno: el gobierno mexicano notificó que las urgencias médicas asociadas al cannabis pasaron de 935 personas en 2014 a mil 403 en 2024. El incremento equivale a cerca de 50 por ciento en una década.

El propio gobierno atribuyó esa tendencia al aumento en la disponibilidad de productos con mayor concentración de THC en el mercado. La JIFE tomó nota de esa explicación e introdujo así una dimensión de salud pública en un debate que suele centrarse en seguridad.

Una amenaza sin fronteras, según la ONU

El Informe 2025 de la JIFE concluyó que los grupos criminales mexicanos ya no operan únicamente como organizaciones de tráfico transfronterizo. Naciones Unidas los describe como parte de una estructura transnacional que conecta laboratorios clandestinos, rutas de distribución y mercados de consumo en distintas regiones del mundo.

La cooperación internacional, según el organismo, seguirá siendo el mecanismo central para enfrentar esa amenaza. El informe deja en claro que ningún país enfrenta este problema de forma aislada.

Miles de rosas rojas, figuras de gallos y listones con mensajes de amor habrían cubierto este domingo la tumba de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en lo que sería un homenaje familiar en el Día del Padre.

Las imágenes, difundidas este 21 de junio en redes sociales, mostraron el panteón donde fue sepultado el exlíder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en de febrero de 2026 tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Destacó el hecho de que algunos arreglos fueron firmados por “JP”, apodo con el que se le identifica a Juan Carlos Valencia, quien habría quedado como líder del cártel jalisciense.

La lápida negra que adorna el sitio donde fue enterrado el famoso ataúd dorado valuado en miles de pesos, registra el nombre completo de Oseguera Cervantes y las fechas 1966–2026. Su epitafio lo describe como “el mejor padre, esposo, abuelo y hermano”, sin ninguna referencia a su vida criminal, y cierra con una frase asociada a Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

La tumba habría recibido arreglos masivos de rosas rojas, gallos de flores y el escudo de Chivas

Los arreglos que habrían decorado el lugar en este Día del Padre incluyeron corazones y una cruz elaborados con miles de rosas rojas, así como gallos, elemento distintivo del criminal por uno de sus apodos más famosos: “El Señor de los Gallos”.

El piso alrededor de la tumba apareció cubierto de pétalos y se distinguió también una figura de San Judas Tadeo a la derecha de la lapida.

Además, el escudo del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como “Chivas”, fue colocado cerca de la fotografía del narcotraficante. Cabe señalar que no es la primera vez, debido a que imágenes previamente publicadas en redes sociales, tomadas semanas antes, ya mostraban el escudo de las Chivas sobre los arreglos florales del sepulcro.

Los restos de Oseguera Cervantes fueron sepultados el 2 de marzo de 2026 en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco. Se trata de un cementerio privado de estilo jardín en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los listones habrían sido firmados por Juan Carlos Valencia, hijastro de “El Mencho”

Los arreglos presentes cerca de la tumba de “El Mencho” incluyeron listones blancos con el mensaje “Para mi padre, de parte de tu hijo JP, te amo papá”.

Esas iniciales -JP- corresponderían a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia. Es identificado extraoficialmente como el hombre que quedó a cargo del CJNG luego de la muerte del fundador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el pasado 16 de junio en la conferencia mañanera que Valencia González es “uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene”. El funcionario señaló que el CJNG opera con líderes regionales de territorios bien definidos desde la muerte de “El Mencho”, lo que habría evitado un descontrol mayor al interior de la organización.

En diciembre de 2021, un gran jurado del Distrito de Columbia acusó formalmente a Valencia González por conspirar para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde al menos 2007. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto y sentencia.

EEUU lo identifica formalmente con los alias: “Pelón”, “Tricky Tres”, “O3”, “El 3”, “JP”, y “Pelacas”.

Junto a El Mencho está sepultado “El Tuli”, su operador más cercano abatido el mismo día

Por otra parte, previamente fue revelado que junto a la tumba de "El Mencho" se encuentra la de Hugo César Macías, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como operador logístico y financiero cercano al capo dentro del CJNG.

“El Tuli” fue abatido el mismo 22 de febrero de 2026 en El Grullo, Jalisco, tras coordinar desde esa zona bloqueos, incendios y ataques contra instalaciones militares en respuesta al operativo contra El Mencho.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que “El Tuli” ofrecía hasta 20 mil pesos a integrantes del CJNG por cada militar asesinado.

Una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas lo localizó y desplegó el operativo. Intentó huir en un vehículo y disparó contra el personal militar, por lo que los efectivos repelieron la agresión y lo abatieron.

La lápida blanca de “El Tuli” registra las fechas 1976–2026, junto a la descripción: “un gran hombre, valiente y fiel amigo”.

El texto incluye una frase que haría referencia directa a su muerte junto al capo: “Hoy descansan dos hombres que dejaron huella y su lealtad fue hasta la muerte”.

En las imágenes difundidas este 21 de junio, la tumba de “El Tuli” no apareció en el encuadre, por lo que se desconoce con qué arreglos habría sido decorada este Día del Padre.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el pasado mes de febrero luego de un operativo del Ejército Mexicano que buscaba su captura, realizado en Tapalpa, Jalisco.

Tras este hecho, comenzó una reestructuración dentro del grupo criminal, pues alguien tenía que ocupar el liderazgo del cártel.

Poco tiempo después de el asesinato de Oseguera Cervantes, se dieron a conocer varios nombres de delincuentes que destacaban como posibles sucesores de El Mencho. Uno de ellos era Audías Flores Silva, El Jardinero, quien fue detenido el pasado mes de abril, y quien era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México iformó que El Jardinero fue detenido en una operación “quirúrgica” realizada por agentes de las Fuerzas Especiales de la Marina en el estado de Nayarit.

Al momento de su detención, tenía un dispositivo de seguridad integrado por unas 30 camionetas y alrededor de 60 hombres que intentaron protegerlo, pero finalmente fue detenido.

Con esto, se descartó que él pudiera llegar a ser líder del CJNG.

El nombre que más ha sonado como nuevo líder del grupo delictivo, es el de Juan Carlos Valencia González, un ciudadano estadounidense que fue hijastro de El Mencho.

El medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), aseguró en marzo pasado que él había tomando las riendas del CJNG tras la muerte de El Mencho. El hijastro de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia (su madre biológica, con quien se casó El Mencho), es conocido como El Pelón o el 03. Él nació en California, según información disponible, y cuenta con 41 años de edad. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por su captura.

Juan Carlos Valencia, más sanguinario que El Mencho

En entrevista con Infobae México, el periodista especializado en narcotráfico y crimen organizado, Jesús Lemus, aseguró que el hijastro de El Mencho sería aún más sanguinario que él. Y explicó la razón de su hipótesis.

Según Lemus, esto se debe a un tema biológico y del ambiente en el que se desarrolló.

“Si tomamos en cuenta que el temperamento de las personas es lo que traes implícito genéticamente, y el carácter es lo que se te va formando en el medio, primero se le formó el carácter de El Mencho, porque de El Mencho absorbió mucho la personalidad, la fiereza, lo gritón, lo aguerrido, lo absorve de su padre putativo”, señaló el periodista.

Por otro lado, explicó, de su padre genético, Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, quien también fue un líder criminal del extinto Cártel del Milenio, recibió la parte violenta.

“De él mamó, pues la genética, y Valencia Cornelio era mucho muy violento. Entonces, si nos vamos desde la criminología, observas nada más que tiene una genética muy propensa a la violencia y que se desenvuelve en un entorno más violento, es mucho más violento, por supuesto que el propio Nemesio. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que también el carácter, y aquí ya lo vemos un poco desde el punto de vista, no me quiero meter en terrenos de la psicología criminal, pero vemos a un Juan Carlos Valencia que se quiere acreditar ante su propia mamá, Rosalinda Valencia, que es la que mantiene gran parte del orden dentro del cártel”, señaló Lemus.

“Y se quiere acreditar justamente con temas más violentos. Le ha bajado. La instrucción es no ser tan mediáticas las manifestaciones de violencia del (Cártel) Jalisco, pero él en lo particular sigue siendo muy violento. Entonces, es mucho más violento que sí, que su papá, Nemesio (Osegura)”, concluye.

Un sujeto identificado como posible integrante de una célula criminal que estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio cometido en contra de tres hombres.

Fernando “N” es señalado por las autoridades del Estado de México como integrante de la estructura conocida como Los Vallarta, se le acusa de participar en el homicidio de tres hombres y tentativa de homicidio en contra de una cuarta persona.

La situación de Fernando “N” fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 20 de junio, mientras que los hechos por los que fue procesado fueron registrados el 14 de mayo pasado en Ecatepec.

Ataque habría sido por pelea territorial entre grupos dedicado a la venta de drogas

En dicha ocasión, el ahora procesado llegó junto con otras tres personas, al lugar donde estaban la víctimas y los cuatro sujetos habrían accionado su arma de fuego para asesinar a los presentes.

Las averiguaciones señalan que el ataque armado habría sido realizado por una disputa territorial entre grupos dedicados a la venta de droga en la zona.

Tras realizar la agresión, los presuntos responsables habría dejado una cartulina con en mensaje que hacía referencia a Lic. Vallarta y a “una estructura criminal con orígenes en Jalisco”. Cabe recordar que el 3 de junio pasado fue informada la detención de dos mujeres señaladas como integrantes de Los Vallarta, una de ellas Jazmín “N”, alias La China, quien es señalada como hermana de Fernando “N”, alias El F1 y/o El Negro, y/o Lic. Vallarta.

El reporte de la Fiscalía mexiquense establece que Los Vallarta son una estructura criminal presuntamente relacionada con homicidios, distribución y venta de drogas y tendrían como zonas de operación los municipios de La Paz y Ecatepec.

Respecto al sujeto recientemente procesado, en caso de que sea hallado culpable podría ser sentenciado a 70 años de prisión por homicidio y 46 por tentativa de homicidio.

Detención de dos mujeres ligadas a la célula criminal

Además de La China, también fue detenida Leslie Elisa “N”, alias La Güera, ambas personas fueron imputadas por el delito de homicidio calificado.

Respecto a La Güera, las autoridades la identifican como pareja de El F1. Leslie Elisa “N” fue detenida por su presunta relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl. Al igual que en el caso de La China, la imputada habría ordenado a dos hombres el asesinato de una persona, crimen que se perpetró en un negocio de venta de pollo.

Otros detenidos ligados al CJNG

Por su pare, en abril pasado fueron detenidos presuntos integrantes del CJNG, entre ellos el líder de la célula criminal, identificado con el apodo El Fresa, por su presunta participación en delitos de extorsión, secuestros y un feminicidio.

Las personas fueron resultado de dos operativos distintos en el municipio de Tlalmanalco. En el primero, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron a un grupo de cinco individuos con actitud evasiva en la colonia Pueblo Nuevo.

Los sujetos manipulaban bolsas de plástico y, al advertir la presencia policial, intentaron huir a bordo de dos motocicletas, pero los uniformados les cerraron el paso y procedieron a una revisión física tanto de las personas como de los vehículos.

Durante la inspección, los agentes aseguraron 72 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características del cristal, así como dos teléfonos celulares.

Los cinco detenidos en ese primer operativo fueron identificados como Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20 años; Víctor “N”, de 19 años, y dos menores de edad, quienes declararon pertenecer a una célula del CJNG.

Mientras que Kevin “N”, alias El Fresa, fue localizado en la colonia Bella Vista de Tlalmanalco. El sujeto es señalado como probable líder de la célula delictiva. En el sitio también se logró la captura de Aline “N”, de 26 años, quien estaría relacionada con el grupo delictivo.

El pasado martes 16 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo en la conferencia de prensa matutina, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la alianza estratégica, financiera y operativa que mantenía el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa (CDS) terminó cuando el líder del primer grupo criminal, Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, fue asesinado por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, en Tapalpa, Jalisco, en un operativo que buscaba su detención.

De acuerdo con lo declarado por el funcionario federal, el vínculo delictivo dependía de manera directa del capo fallecido, por lo que en la actualidad, las fuerzas armadas y las instituciones de inteligencia no tenían indicios de que dicha alianza continúe.

Detalló que antes del deceso de Oseguera Cervantes, la coalición entre ambos grupos del narcotráfico generó alertas en el gabinete de seguridad, debido al flujo de recursos y combatientes detectado en el noroeste de México.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado era de este sujeto con la facción de Los Chapitos”. Interrogado sobre la naturaleza de la relación entre ambos cárteles, García Harfuch refirió que en algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal enviado por el CJNG al sur de Sinaloa. “Un refuerzo financiero y de personal del cártel de Jalisco a la facción del cártel de Sinaloa”, puntualizó Harfuch frente a medios de comunicación.

Sin embargo, contrario a lo que dice el funcionario federal, dicha alianza continúa. Esto, según el periodista, escritor y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus.

En entrevista con Infobae México, Lemus explicó que existe una “sencilla razón” por la que continúa la relación entre estos dos grupos del narcotráfico.

Por qué continuaría la alianza entre Los Chapitos y el CJNG

Y es que según Lemus, en la Sierra de Badiraguato, Sinaloa, siguen los laboratorios conjuntos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Chapitos produciendo “cantidades industriales de fentanilo”.

“Por esa razón yo te puedo asegurar que no ha terminado la relación y que Juan Carlos Valencia (González) está más que nunca entendiéndose con los Chapitos”, señala Lemus.

El especialista asegura que se trata, incluso, de un asunto generacional, pues si bien Nemesio Osegura Cervantes pudo entrar en contacto y tener puntos de interés en común con Los Chapitos, la edad de Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, y quien presuntamente tomó el mando del CJNG tras su muerte, es similar a la de los líderes de Los Chapitos.

“Si Nemesio pudo entrar en comunicación y estar en contacto y en puntos de interés común con los Chapos, la juventud de Juan Carlos, se entiende perfectamente con la juventud de los otros dos muchachos”, aseguró.

“Entonces, yo te puedo asegurar que la relación entre Chapos y Jalisco sigue vigente. Y te digo, prueba de ello son los centros de producción de fentanilo en la zona del Triángulo Dorado, que siguen al tope, siguen trabajando con todo, con utilidades para los dos. A grado tal que hoy justamente es el (Cártel) Jalisco y son los Chapos los que mantienen la preponderancia en la producción de fentanilo en México. No hay, no hay otro cártel que produzca fentanilo. No hay”, concluyó.

La violencia ligada al crimen organizado volvió a manifestarse en el municipio de Tecate luego de que la mañana de este jueves 18 de junio fuera localizado el cadáver de un hombre con múltiples huellas de violencia y acompañado de un mensaje amenazante dirigido a presuntos grupos rivales.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6:00 horas en la calle Silvestre y Diamante, en la colonia La Bondad. Tras recibir reportes a través de las líneas de emergencia, elementos de corporaciones policiacas se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia de un hombre sin vida, recargado sobre el portón de una vivienda.

La víctima fue descrita de manera preliminar como un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de tez morena y complexión delgada. Vestía una chamarra color café, un short gris y calcetines negros.

De acuerdo con información recabada por investigadores, el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, además de un cable de plástico colocado alrededor del cuello. En el abdomen tenía clavada una cartulina verde sostenida con un picahielo.

El mensaje, escrito con tinta negra, decía:

“Esto le va ah pasar A todos los que sigan la Cura al cacasfritas ATTE LOS DE LA CASA”, acompañado de la letra “C”.

La víctima habría sido secuestrada minutos antes

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre había sido privado de la libertad minutos antes en un predio que también ha sido escenario de hechos violentos.

En ese lugar fueron ejecutadas cinco personas el pasado 31 de mayo. Todas las víctimas se encontraban en situación de calle, en un multihomicidio que encendió las alertas de las autoridades por la brutalidad del ataque y la posible participación de grupos criminales con presencia en la región.

Investigadores consultados señalaron que, desde la detención de Sergio Ramos, alias “El Checo”, no se habían registrado homicidios atribuidos al grupo criminal identificado como responsable de aquella masacre. La organización también es conocida como “Los Volteados” y es considerada una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en Tecate.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial la autoría del homicidio ni el significado de las referencias contenidas en el mensaje, aunque la principal línea de investigación apunta a una disputa entre grupos delictivos que buscan mantener o ampliar su control en el municipio.

Narcomensajes y extrema violencia reaparecen en Baja California

El hallazgo en Tecate ocurre en un contexto de creciente preocupación por la reaparición de asesinatos acompañados de mensajes intimidatorios en distintas regiones de Baja California.

Apenas la noche del martes 16 de junio, un hombre fue localizado decapitado en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, en la comunidad portuaria de San Felipe.

Vecinos reportaron la presencia de un cuerpo abandonado sobre un camino de terracería, lo que movilizó a corporaciones preventivas y agentes de investigación. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cadáver junto a una hielera de una conocida cadena comercial.

Dentro del recipiente se encontraba la cabeza de la víctima.

Además, el cuerpo presentaba otras señales de violencia, entre ellas un cuchillo clavado en la espalda. A un costado fue localizada una cartulina blanca con amenazas atribuidas a una facción del Cártel de Sinaloa identificada como la Chapiza.

De acuerdo con información preliminar, el mensaje hacía referencia al control de la plaza y advertía sobre el destino de cualquier persona que intentara alterar la tranquilidad de la comunidad. La cartulina concluía con el dibujo de una porción de pizza, símbolo que en distintas ocasiones ha sido asociado con mensajes atribuidos a la facción ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima localizada en San Felipe ni han reportado personas detenidas por ese crimen.

Los dos casos, ocurridos con apenas dos días de diferencia, reflejan la persistencia de prácticas utilizadas por organizaciones criminales para enviar mensajes de intimidación a grupos rivales y mantener presencia territorial mediante actos de extrema violencia en distintas zonas de Baja California.

A Audias Flores Silva, alias El Jardinero, le fue negado un amparo que fue expuesto el pasado lunes 15 con el que se quejaba de que una diligencia sobre su proceso de extradición fue realizada en estado de indefensión, sin la presencia de su abogado y bajo circunstancias de incomunicación material.

Fu el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño, el que determinó desechar el amparo, este último que argumentaba presuntas irregularidades en la audiencia en la que Flores Silva se le notificó la solicitud de extradición.

Los hechos sobre la situación de quien fuera un hombre cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fueron dados a conocer el 18 de junio por el periodista Manuel Espino en el medio El Universal.

El motivo del rechazo del amparo es que el juez consideró que no cuenta con competencia para resolver el caso, es por ello que declinó el asunto y lo turnó a otra instancia.

Cabe recordar que por la captura del hombre Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que llevaran a su captura.

Espino detalla que la demanda de El Jardinero señalaba que le fue informado el plazo de 60 días sobre su proceso de extradición de forma verbal y no a través de documentos.

Las acusaciones contra “El Jardinero”, posible sucesor de El Mencho, en EEUU

A mediados de mayo pasado las autoridades de EEUU publicaron las acusaciones en contra de Flores Silva, quien es señalado como líder de alto rango del CJNG. Se trató de una ampliación de cargos respecto a los señalamientos de agosto de 2020, cunado dicho sujeto fue acusado de trasiego de cocaína y heroína a territorio estadounidense.

La modificación a las acusaciones ahora incluye tráfico de metanfetaminas y conspiración para lavado de dinero producto de actividades de narcotráfico.

“Antes de su captura el 27 de abril por las autoridades mexicanas, Flores Silva era considerado un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, el exlíder del CJNG que murió tras una operación militar para capturarlo en febrero de 2026″, se puede leer en el documento publicado en la página web del Departamento de Justicia.

Considerando los cargos en su contra en EEUU, en caso de que sea hallado culpable en el país de las barras y las estrellas enfrente una pena mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua.

“El Jardinero” y los laboratorios de drogas

Las averiguaciones de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), así como de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) indican que El Jardinero era el encargado de diversos laboratorios en la zona centro de Jalisco y al sur de Zacatecas.

Tras su detención en Nayarit 27 de abril pasado, el 17 de mayo agentes de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron cinco laboratorios clandestinos usados para la fabricación de metanfetamina como resultado de tres acciones en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Lo anterior representó una afectación económica de más de 650 millones de pesos resultado de la incautación de sustancias químicas. Información obtenida por Infobae México establecen que las instalaciones ubicadas en las tres entidades referidas estaban ligados con El Jardinero.

Audias Flores Silva fue capturado como resultado en un operativo de la Marina, el hombre estaba resguardado en una cabaña, sitio en el que contaba con un dispositivo de seguridad integrado por aproximadamente 30 camionetas y 60 sujetos armados. Es por ello que tanto el video como las fotografías muestran diversas personas y unidades en la zona.

Para despistar a los agentes, los sujetos armados corrieron hacia diversas direcciones, pero la vigilancia aérea permitió identificar las acciones del Jardinero, quien trató de ocultarse en un desagüe.

El especialista en seguridad, David Saucedo, aseguró que la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó el fin de la alianza que tenía ese grupo delictivo con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, para enfrentar a La Mayiza.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Saucedo señaló que desde el 2025, agencias de inteligencia de Estados Unidos documentaron la existencia de un acuerdo entre ambas organizaciones criminales, aunque esa información permaneció restringida a círculos de inteligencia hasta que fue mencionada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recientemente.

“Desde el año pasado el gobierno de los Estados Unidos, en distintos informes de inteligencia, dio a conocer que el Cártel Jalisco había establecido un pacto con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para enfrentar a El Mayo Zambada y a sus hijos, La Mayiza”, explicó Saucedo.

De acuerdo con el especialista, la alianza se consolidó una vez iniciada la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa detonada tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y que Los Chapitos buscaron respaldo externo debido a que enfrentaban una posición armamentística menos favorable frente a la facción rival.

Sostuvo que Audias Flores fungió como intermediario en las negociaciones entre ambos grupos y como parte del acuerdo, dijo, el Cártel Jalisco Nueva Generación habría proporcionado hombres armados, armas y municiones, para reforzar a Los Chapitos en los enfrentamientos contra La Mayiza.

A cambio, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían cedido espacios de operación y rutas para el tráfico de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, como la ruta que tiene en la costa oeste de los Estados Unidos en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Con esto, el CJNG aprovechó la guerra interna del Cártel de Sinaloa como una “jugada de ajedrez” para debilitar simultáneamente a Los Chapitos y a La Mayiza, expandir su presencia territorial, y ganar rutas para el tráfico de drogas, afirmó el especialista.

“El Mayito Flaco iba ganando posiciones, entra el Mencho a respaldar Los Chapitos para prolongar esta sangria en el Cartel de Sinaloa; lo que hizo el Cartel Jalisco es una jugada de ajedrez; es decir, aportar recursos para que las dos facciones del Cartel Sinaloa se autodestruyeran, evidentemente con el objeto después de apoderarse de los vastos territorios del imperio que ha construido a lo largo de décadas el cartel de Sinaloa”.

Señaló que el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, respondió construyendo una red de alianzas con organizaciones rivales del CJNG en distintas regiones del país.

Entre estos grupos enemigos del CJNG se mencionó al Cártel Nueva Plaza en Jalisco, el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Cárteles Unidos en Michoacán, el Cártel Chiapas-Guatemala en la frontera sur y La Unión Tepito en la Ciudad de México.

“Ahora que ya Los Chapitos no cuentan con el respaldo en armas, hombres y municiones que les estaba proporcionando el Cártel Jalisco, tienen una situación de fuerzas que les es desfavorable”, dijo Saucedo en la entrevista.

La detención de El Jardinero fortaleció la posición de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dentro de la sucesión dentro del CJNG.

“Después de la captura de El Jardinero, Valencia se convierte en el único e indiscutible líder del Cártel Jalisco”.

Tras estas situaciones, el especialista en seguridad dijo que en la actualidad existen en México tres grandes estructuras criminales con capacidad nacional: el Cártel de Sinaloa, que se encuentra en una guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza; el CJNG, que atraviesa un proceso de reacomodo en su liderazgo y La Nueva Familia Michoacana.

Por debajo de ellos, hay organizaciones regionales que aunque tienen menor presencia nacional, representan “un dolor de cabeza” para los gobiernos estatales. Entre estos están Los Tlacos o Los Ardillos en Guerrero; el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la Unión Tepito en la Ciudad de México.

Paz narca ha disminuido homicidios en el Mundial

Saucedo planteó que durante las últimas semanas se ha observado una disminución de homicidios y delitos de alto impacto en varios estados afectados por disputas entre organizaciones criminales.

Reconoció que no existen elementos públicos que permitan confirmar un acuerdo formal, pero consideró posible que los grupos criminales estén reduciendo temporalmente la confrontación durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol.

Sostuvo que la disminución de homicidios en distintas entidades del país podrían estar vinculadas a la tregua entre el CJNG y Los Chapitos, lo que habría contribuido a reducir los niveles de violencia en zonas de alta incidencia.

“Me parece que es una especie de acuerdo tácito de no hacer olas durante el Mundial, permitir que la Copa Mundial se realice sin delitos de alto impacto y sin acciones que generen represalias de los cárteles”, dijo.

Dijo que esta tregua solamente será durante la justa deportiva.

Autoridades de Colima informaron sobre la detención de tres sujetos, entre ellos uno identificado como objetivo prioritario, la Secretaría de Marina (Semar) mostró un video que documenta el traslado de un hombre señalado como miembro relevante del Cártel del Golfo y quien también formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de dicho hombre fue informado por el Gobierno de Colima el 16 de junio, mientras que la Marina compartió un video que documenta a agentes de seguridad custodiando a Valdemar “N”, un hombre apodado El Valdo.

La Marina destaca que el arresto de dicho sujeto fue resultado de operaciones navales de inteligencia y acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tras su captura, fue trasladado a la CDMX para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República”, es parte del breve informe de la Marina compartido en sus redes sociales.

El sujeto arrestado es considerado un presunto generador de violencia y cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición debido a que Estados Unidos lo señala como una persona encargada del envío de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense.

Fueron detenidas tres personas requeridas por EEUU en Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó la detención de tres presuntos generadores de violencia. El primero de los detenidos es Valdemar “N”, conocido con el alias Valdo. Dicho sujeto es identificado como presunto actor intelectual de múltiples homicidios cometidos tanto en territorio mexicano como en EEUU.

Las investigaciones indican que Valdemar “N” habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que abandonó tras desacuerdos internos para incorporarse al Cártel del Golfo, donde continuó con sus actividades de narcotráfico.

En el marco del mismo operativo, personal de la Marina, la SSPC Colima e Interpol localizó y detuvo a Ramón “N” y Cristina “N” en la localidad de La Presa, municipio de Ixtlahuacán. Ambos contaban con órdenes de aprehensión con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima.

Detenidos miembros de Los Mezcales en Colima

Mientras que el pasado 8 de junio fue informada la detención de de dos hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima.

Los arrestados fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias Blanco, y Héctor Miguel “N”, este último presunto encargado de tareas logísticas, comunicación y coordinación con integrantes de la organización delictiva en otras entidades del país.

Ambos sujetos contaban con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos registrados en el estado de Yucatán, donde la Secretaría de Seguridad mantiene una investigación activa en su contra.

Las autoridades los señalan como generadores de violencia, y de manera particular, Blanco habría escalado posiciones al interior de la estructura criminal tras la captura de José Luis “N”, alias Billyboy, cuyo arresto fue dado a conocer el pasado 13 de mayo.

Las detenciones fueron producto de trabajos de inteligencia que derivaron en una “intervención precisa” que, según el reporte oficial, no generó afectaciones a la población civil.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Semar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado de Colima.

El antecedente inmediato de estos arrestos es la captura de Billyboy, concretada el 13 de mayo en el marco de la operación conjunta denominada ‘Goya’, con la participación de efectivos de la Semar, la SSPC y la Secretaría de Seguridad estatal. Las autoridades señalaron en su momento que ese sujeto, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales, estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en Colima.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó este 17 de junio que obtuvo la vinculación a proceso contra dos hombres y una mujer por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la propietaria del Bazar de Gaby, en el municipio de Mexicali.

El juez de control dictó prisión preventiva justificada y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los imputados fueron identificados como:

• Antonio “N”
• Luis Carlos “N”
• Adriana “N”

Según información oficial, fueron detenidos en el marco del operativo “Fuerza Fiscalía de Alto Impacto”, como resultado del análisis de cámaras de seguridad particulares y del rastreo mediante los arcos lectores del C5, que permitió reconstruir su ruta de escape.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si las tres personas están vinculadas con el CJNG o era una mentira para intimidar a la dueña del Bazar de Gaby.

Un hombre simuló ser cliente para entregar la caja con la nota a nombre del CJNG

Los hechos vinculados con las tres personas ocurrieron el 1 de mayo en el establecimiento ubicado en la colonia Televisora. Uno de los imputados se acercó al área de cajas fingiendo ser cliente y entregó una caja blanca con moño decorativo.

Dentro había una nota con amenazas firmadas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La dueña del negocio, Gabriela Ponce Rodríguez, leyó el mensaje en vivo frente a sus seguidores en Facebook horas después de las amenazas.

“Hoy llegaron del Cártel Jalisco Nueva Generación a pedirnos dinero. Llegó una persona en moto con un casco, con esta caja, y envuelta en ella un mensaje que dice lo siguiente: ‘Comunícate o vamos a quemar tu negocio, y a matarte a ti, y a tu hijo. Ya sé que estás ubicada en Venecia. Atentamente Cártel Jalisco’, y un número de teléfono”, relató Gabriela.

Según el mismo testimonio, el criminal conocía los puntos ciegos de las 12 cámaras instaladas dentro y fuera del bazar y actuó desde el exterior para no quedar registrado. Un trabajador del Bazar, identificado como Ricardo, revisó las grabaciones tras el incidente y confirmó que el individuo no ingresó al local y evitó deliberadamente ser captado en video.

Para Ponce Rodríguez, ese detalle confirmó que el lugar había sido vigilado con anticipación.

Dueña activó el botón de emergencia tres veces sin respuesta inmediata

Durante la transmisión, la empresaria relató que presionó el botón de pánico al menos tres veces sin obtener respuesta. Los elementos policiacos llegaron al lugar después de 40 minutos.

Ponce Rodríguez pidió ayuda a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a la presidenta municipal, a la policía, a la Fiscalía Estatal y a la Fiscalía General de la República, y afirmó que su vida y la de su familia estaban en peligro.

Anunció el cierre del negocio —con 30 años de operación y empleados a cargo de varias familias— y separó a sus hijos de su domicilio. “A partir de hoy, mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy, voy a andar como tanta gente que va a ser un número rojo porque no tengo para darles y sé que me van a matar”, expresó.

La empresaria dijo que el negocio, ubicado en la Calzada Héctor Terán Terán #1109, no podría seguir operando bajo amenazas.

“Si me matan, quiero que sepan que soy una mujer hecha y derecha, que jamás he hecho algo chueco, que no participo ni tengo nexos con nadie. Si me van a quemar mi casa, pues ni modo. Si me van a quemar el negocio, ni modo”, afirmó.

Información consultada por Infobae México mediante los canales oficiales del Bazar de Gaby reveló que el negocio sigue en operación tras el episodio de extorsión.

El Mundial de Brasil 2014 dejó imágenes memorables para la afición mexicana, desde el triunfo sobre Camerún hasta el histórico empate sin goles ante la selección anfitriona gracias a la sobresaliente actuación del portero Guillermo Ochoa. Sin embargo, para un hombre identificado por las autoridades estadounidenses como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aquella Copa del Mundo terminó de una manera muy distinta: en una cárcel brasileña.

Se trataba de José Díaz Barajas, un mexicano de entonces 49 años de edad que había viajado a Brasil con la intención de disfrutar de la justa mundialista y acompañar a la Selección Mexicana en su segundo compromiso de la fase de grupos.

Entre sus pertenencias llevaba algo más que ropa y artículos personales. También tenía un boleto para ingresar al estadio Castelao, en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, donde se disputaría el partido entre México y Brasil.

Sin embargo, nunca llegó al inmueble deportivo.

Era buscado por tráfico de metanfetaminas

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, José Díaz Barajas era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en una red de tráfico de drogas.

El mexicano era buscado por el delito de tráfico de narcóticos y contaba con una ficha internacional de localización emitida por la Interpol, además de ser investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según las acusaciones, Díaz Barajas presuntamente estaba involucrado en el envío de metanfetaminas desde Guadalajara, Jalisco, hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones también señalaban que supuestamente participaba en la importación de materias primas procedentes de Asia, las cuales eran utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas que posteriormente eran comercializadas en Estados Unidos.

El presunto operador del CJNG había emprendido el viaje acompañado de su esposa y de sus dos hijos, uno de 29 años y otro de 17, y se hospedaba en un hotel del exclusivo barrio de Leblón, en Río de Janeiro.

No obstante, desde su llegada a Brasil, las autoridades federales ya seguían sus pasos.

La entrada al partido facilitó su ubicación

Las autoridades brasileñas tuvieron conocimiento de la presencia de Díaz Barajas después de que éste realizara un viaje desde México con destino a Paraguay y posteriormente cruzara por la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el 11 de junio de 2014.

Una vez identificado, la Policía Federal notificó a la Interpol y comenzó un operativo de vigilancia.

El comisario Luiz Cravo Dórea explicó posteriormente que las autoridades solicitaron al Supremo Tribunal Federal una orden de arresto con fines de extradición.

“Conseguimos vigilar los pasos de este mexicano en Brasil. Por medio del Ministerio de Justicia solicitamos una orden de prisión al Supremo Tribunal Federal, que fue expedida el sábado 14 de junio”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

Según las autoridades brasileñas, la captura era solo cuestión de tiempo.

La razón fue sencilla: los investigadores sabían exactamente dónde pretendía estar el mexicano en los siguientes días.

“Contábamos con equipos en Río de Janeiro y en Fortaleza, ya que también teníamos la copia de la entrada que él había comprado para el Mundial”, señaló el comisario.

El boleto para el partido entre México y Brasil se convirtió, paradójicamente, en una de las pistas que permitió a las autoridades anticipar los movimientos del presunto narcotraficante.

“Pensó que nadie lo buscaba”

Finalmente, agentes federales ejecutaron la orden de captura antes de que José Díaz Barajas pudiera asistir al encuentro entre el Tri y la selección anfitriona.

Tras su arresto fue trasladado al penal Ari Franco, en Río de Janeiro, mientras se desarrollaban los procedimientos relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

La captura llamó la atención de la prensa internacional debido a las circunstancias en que ocurrió y porque el sospechoso, lejos de intentar ocultar su identidad, ingresó al país utilizando documentación auténtica.

El propio comisario Luiz Cravo Dórea resumió así la situación:

“Usó documentos reales para entrar al país porque pensó que nadie lo buscaba”.

Mientras miles de aficionados mexicanos celebraban el empate sin goles frente a Brasil y la extraordinaria actuación de Guillermo Ochoa en el estadio Castelao, José Díaz Barajas permanecía bajo custodia de las autoridades brasileñas, poniendo fin a un viaje que había planeado para apoyar a la Selección Mexicana, pero que terminó convertido en uno de los episodios más peculiares relacionados con el Mundial de Brasil 2014 y la persecución internacional contra presuntos integrantes del CJNG.

Casi seis años después de una de las peores tragedias ocurridas en Veracruz, un juez federal declaró culpable a Edgar Zamora Martínez, alias “El Negro Zamora”, señalado como el autor intelectual del atentado perpetrado contra el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, donde murieron al menos 29 personas y otras diez resultaron heridas.

La resolución fue emitida por el juez de distrito Conrado Vallarta Esquivel durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Coatzacoalcos, donde se acreditó la responsabilidad de Zamora Martínez en la planeación y orden del ataque ocurrido la noche del 27 de agosto de 2019.

Aunque el fallo condenatorio ya fue emitido, será hasta este jueves 18 de junio cuando se dé a conocer la sentencia que deberá cumplir el acusado por estos hechos.

El caso del Caballo Blanco se convirtió en un símbolo de la violencia que azotó a Veracruz durante los últimos años y dejó una profunda herida en la sociedad veracruzana debido a la magnitud de la tragedia y la brutalidad del ataque.

El atentado habría sido planeado un día antes

Durante el juicio, uno de los elementos más relevantes fue el testimonio de un testigo protegido identificado como “Marcus”, quien señaló que Edgar Zamora Martínez ocupaba una posición de mando dentro de la organización criminal responsable del atentado.

De acuerdo con su declaración, dentro de la estructura delictiva también figuraban Adán “N”, alias “El Gato”, y Leonardo “N”, alias “El Verde”, quienes habrían recibido instrucciones directas para coordinar la agresión.

Las investigaciones establecieron que el atentado comenzó a planearse desde el 26 de agosto de 2019, en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Tatahuicapan.

Según la información presentada ante el juez, la orden consistía en realizar un “trabajo” en el bar El Caballo Blanco, presuntamente porque los responsables del establecimiento se habían negado a comercializar narcóticos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un día después, los participantes en la operación se reunieron en otra vivienda localizada en Coatzacoalcos, donde recibieron 40 mil pesos para financiar el ataque.

Parte del dinero habría sido destinado a la compra de gasolina y al pago de quienes participarían en el operativo, al que los propios involucrados llamaron “El Baile del Caballo Blanco”.

Una de las peores tragedias en la historia reciente de Veracruz

La noche del 27 de agosto de 2019, varios integrantes del grupo criminal arribaron al establecimiento, ubicado en la colonia Palma Sola, en Coatzacoalcos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada durante el proceso judicial, los agresores ingresaron armados al negocio y sometieron a los guardias de seguridad.

Posteriormente, rociaron gasolina en distintas áreas del inmueble y provocaron un incendio que rápidamente se extendió por el interior del lugar.

Al mismo tiempo, se realizaron detonaciones de armas de fuego, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el establecimiento.

Clientes, empleados, bailarinas y trabajadores del lugar quedaron atrapados entre las llamas y el humo, sin posibilidad de escapar.

El saldo oficial fue de 29 personas fallecidas y diez lesionadas, en una tragedia que conmocionó no solamente a Veracruz, sino a todo el país.

Entre las víctimas había trabajadores del establecimiento, clientes y bailarinas, cuyas familias emprendieron durante años una lucha para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Cada 27 de agosto, familiares y amigos de las víctimas realizaron marchas y actos de memoria en Coatzacoalcos para recordar a las personas que perdieron la vida y reclamar castigo para todos los responsables.

La condena contra Edgar Zamora Martínez representa uno de los avances más importantes en el proceso judicial relacionado con la tragedia del Caballo Blanco. Sin embargo, el caso aún no está completamente cerrado.

Las autoridades informaron que Adán “N”, alias “El Gato”, señalado también por su presunta participación en la organización y ejecución del atentado, permanece en espera de recibir sentencia.

A casi seis años del ataque, la resolución judicial contra el presunto autor intelectual del incendio marca un nuevo capítulo en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Veracruz y abre la puerta para que las familias de las víctimas encuentren, al menos en parte, una respuesta a su prolongada demanda de justicia.

Dos ciudadanos mexicanos comparecieron este martes ante la justicia australiana después de que las autoridades interceptaron en Sídney un cargamento de más de 200 kilogramos de metanfetamina oculto en pintura industrial, valuado en 185 millones de dólares australianos —unos 120 millones de dólares estadounidenses—.

El caso se remonta a inicios de junio, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaron un contenedor procedente de México que presentaba indicios de contener sustancias ilícitas. Tras una inspección especializada, las autoridades determinaron que la droga había sido impregnada en la pintura transportada dentro del cargamento, un método utilizado para dificultar su detección durante los controles aduaneros.

De acuerdo con la Policía Federal Australiana (AFP), el decomiso representó aproximadamente dos millones de dosis de metanfetamina que habrían llegado al mercado ilegal australiano. Después del hallazgo, los investigadores realizaron diversas diligencias para identificar a las personas vinculadas con el envío.

Las pesquisas condujeron a una vivienda ubicada en Box Hill, un suburbio de Sídney, donde fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos: un hombre de 49 años, su hijo de 25 años y una mujer de 25 años.

Posteriormente, los dos hombres comparecieron ante las autoridades judiciales australianas en el marco de la investigación. La mujer quedó en libertad mientras continúan las indagatorias.

Durante el cateo realizado en el inmueble, los agentes aseguraron dispositivos electrónicos y equipo industrial que presuntamente habría sido utilizado para procesar la sustancia contenida en la pintura.

Flujo de metanfetamina y grupos criminales mexicanos

La investigación ocurre en un contexto de creciente preocupación de las autoridades australianas y neozelandesas por el aumento de cargamentos de metanfetamina procedentes de México detectados en los últimos años.

Diversas investigaciones internacionales y reportes de inteligencia han vinculado parte de ese flujo con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por autoridades de distintos países como actores relevantes en el tráfico global de drogas sintéticas.

Sin embargo, las autoridades australianas no han informado públicamente que los mexicanos detenidos en este caso mantengan vínculos con alguna organización criminal específica, por lo que la investigación permanece centrada en las circunstancias del cargamento interceptado en Sídney.

Capacidad de producción de metanfetamina y mercados cada vez más atractivos

La capacidad de producción detrás de la metanfetamina mexicana ha sido un factor clave en su expansión internacional, de acuerdo con especialistas citados por InSight Crime, quienes señalan una transformación en los métodos utilizados por organizaciones criminales en México.

Durante años, estos grupos dependieron de precursores químicos importados para fabricar drogas sintéticas. Sin embargo, investigaciones recientes indican que han desarrollado la capacidad de producir parte de esos insumos a partir de sustancias de uso industrial y comercial disponibles en el mercado legal.

Este cambio ha reducido su dependencia de proveedores extranjeros, principalmente de Asia, y les ha permitido mantener altos niveles de producción incluso ante el endurecimiento de controles internacionales sobre químicos clave.

El ajuste en los métodos también ha impactado en la calidad del producto. Análisis retomados por InSight Crime señalan que operadores criminales han logrado sintetizar compuestos esenciales para la metanfetamina, lo que ha contribuido a la producción de droga de alta pureza.

En distintos decomisos internacionales se han registrado cargamentos con pureza superior al 90 por ciento, una característica que ha incrementado su competitividad frente a otras regiones productoras.

Esta combinación de producción constante, mayor sofisticación técnica y acceso parcial a insumos ha facilitado la llegada de cargamentos mexicanos a mercados de alto valor como Australia y Nueva Zelanda.

En esos países, la metanfetamina alcanza precios mucho más altos que en América del Norte, lo que ha incrementado el interés de organizaciones criminales por abastecer la demanda en la región.

Las investigaciones han documentado un aumento de decomisos vinculados a cargamentos procedentes de México desde al menos 2018. En varios casos, la droga ha sido hallada oculta en mercancías comerciales o transportada mediante rutas marítimas internacionales complejas.

Puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito

Los reportes también indican el uso de puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito antes de llegar a Oceanía, una estrategia diseñada para dificultar el rastreo del origen de los envíos.

En este contexto, especialistas en seguridad consideran que la capacidad de producción de metanfetamina de alta pureza ha favorecido la expansión de estos flujos hacia mercados cada vez más lejanos.

La detención de estos ciudadanos mexicanos en Sídney se suma a una serie de operativos y decomisos que han llevado a Australia y Nueva Zelanda a reforzar la vigilancia sobre cargamentos vinculados al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Tres sujetos requeridos por las autoridades de Estados Unidos fueron detenidos en Colima, entre los asegurados está un hombre que estaría un sujeto identificado como objetivo prioritario y relacionado con el Cártel del Golfo, además de que antes estuvo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Valdemar “N”, un hombre apodado El Valdo, quien estaría ligado con actividades de trasiego internacional de drogas y actividades violentas, según destaca el Gobierno de Colima.

La captura del hombre fue informada por la Mesa de Coordinación Estatal el 16 de junio y ocurrió en la ciudad de Colima. Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) los que encabezaron el operativo que resultó en cal captura del hombre mencionado.

Acusado de crímenes en México y en EEUU; ocupó una posición relevante e el CJNG

“De acuerdo con información de inteligencia, el “Valdo” es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos, motivo por el cual contaba con una orden de extradición emitida por autoridades de ese país", es parte del informe oficial.

De igual manera, el reporte de las autoridades indica que el sujeto recientemente capturado tenía una posición “relevante” dentro del CJNG, pero su relación con el grupo delictivo terminó por “desacuerdos”, lo que lo llevó al Cártel del Golfo.

Las otras personas detenidas

Como parte del mismo operativo fueron detenidos Ramón “N” y Cristina “N”, individuos que fueron ubicados en la localidad de La Presa del municipio de Ixtlahuacán.

Dichas personas contaban con órdenes de aprehensión con fines de extradición por delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas. Los sujetos fueron llevados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima.

En las acciones que derivaron en las tres detenciones, los elementos de la Marina actuaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval, la Interpol, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detenciones relevantes en Colima

En la entidad gobernada por Indira Vizcaíno Silva han sido asegurados sujetos relacionados con diversos grupos delictivos. El pasado 14 de junio fue informado el arresto de Fernando “N”, alias El Pollo, presunto operador del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información de inteligencia, el detenido tiene presuntos vínculos con el también denominado Cártel del Pacífico y podría estar relacionado con diversos homicidios y otros delitos cometidos en la región.

En el operativo, las corporaciones federales y estatales localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego, un cargador abastecido y cartuchos útiles, además de un recipiente de plástico transparente con presunta metanfetamina.

Bloqueos y detenciones en Colima dejan muertos y detenidos

Mientras que el 25 de mayo pasado hubo bloqueos en Colima que resultaron en la detención de cinco presuntos integrantes del CJNG, además de dos agresores muertos y una camioneta con blindaje artesanal asegurada, así como siete artefactos explosivos improvisados y equipo táctico con insignias del grupo delictivo.

El origen del operativo se remonta a un ataque armado contra agentes de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE). Integrantes de la Policía Investigadora de esa dependencia respondían a un reporte en la línea 911 en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, cuando ocupantes de un vehículo los atacaron a disparos. Dos elementos resultaron lesionados: uno recibió el alta médica y el otro permaneció bajo atención médica con reporte estable.

La agresión desencadenó un despliegue coordinado de múltiples fuerzas de seguridad en distintos puntos de Tecomán y zonas aledañas. En dicha ocasión, uno de los tráileres usados como bloqueo fue colocado sobre las vías del ferrocarril en Tecomán y fue impactado por una locomotora del tren intermodal Manzanillo-Mexicali.

Sinaloa ha vivido una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa iniciaron una disputa tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada -su exlíder- por su propio ahijado Joaquín Guzmán López.

Aunque la violencia en un inicio se enfocó en Culiacán y Mazatlán, poco a poco se extendió a gran parte de la entidad, provocando que desde el norte hasta el sur se registren enfrentamientos, ataques armados, desapariciones y asesinatos.

Entre los municipios afectados se encuentran Escuinapa, Badiraguato, El Fuerte, El Rosario, Choix, entre otros. Aunque cada uno ha registrado hechos violentos, el primero es uno de los que más destaca debido a que en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, un vehículo explotó en plena carretera y dejó daños materiales.

La violencia en el sur del estado empezó a visibilizarse a mediados de diciembre del año pasado, cuando se reportaron diversos ataques con explosivos en inmuebles del Ayuntamiento de Escuinapa, pero se recrudeció durante este año, cuando el norte también comenzó con enfrentamientos; sin embargo, esto ha implicado a otros grupos criminales aliados al Cártel de Sinaloa.

Del CJNG a Los Flechas: el asedio del sur de Sinaloa

David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló a esta casa editorial que la violencia en ambos frentes de la entidad no es casualidad, ya que se trata de un nuevo frente de guerra provocado por el quiebre de una especie de acuerdo que tenían ambas facciones para evitar que sus finanzas se vieran afectadas.

El especialista explicó que estos municipios son las principales zonas de producción de droga y reclutamiento de las células, por lo que su asedio se debería a que la dinámica criminal está evolucionando.

Además de intentar quebrar sus finanzas, Saucedo detalló que el ingreso de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el sur de Sinaloa para brindar apoyo a Los Chapitos es otra de las cusas por las que la violencia se recrudece.

La intervención del CJNG en Sinaloa fue finalmente reconocido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de junio, luego de que minimizaron los reportes sobre el ingreso de sicarios, mantas, pintas y hasta chalecos con siglas del también llamado cártel de las cuatro letras.

Al respecto, García Harfuch explicó que la alianza entre el CJNG y Los Chapitos se enfocaba en el financiamiento y envío de sicarios.

Marcos Vizcarra, reportero y periodista originario de Sinaloa, detalló en entrevista con Infobae México que la violencia en el sur del estado también ha sido provocada por el ingreso de sicarios de Los Flechas, una célula aliada a Los Mayos que les ha brindado apoyo en su guerra contra Los Chapitos.

De acuerdo con el comunicador, desde el mes de febrero pasado se han registrado hechos violentos en la franja que colinda con Nayarit, sitio donde opera el grupo criminal.

El área afectada abarca los municipios sinaloenses de Mazatlán, Concordia, Escuinapa y Rosario, y se extiende hacia la zona norte de Nayarit, incluyendo territorios de la región Huichólica, aunque sin llegar todavía a Tepic.

Cabe señalar que este grupo criminal es señalado como un brazo armado que mantiene operaciones en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

La violencia ha provocado, de acuerdo con los datos reconocidos por el propio gobierno del estado, un total de 3 mil desplazados. En el sur de la entidad, y específicamente en Escuinapa, aún no se tienen contabilizados los casos de familias que tuvieron que abandonar sus casas.

Al respecto, Vizcarra dijo que se ha tenido información de personas que se movilizaron hacia Chihuahua, Culiacán, Cosalá y San Ignacio para evitar la violencia.

Además, explicó que los hechos violentos no solo se han registrado a lo largo de la entidad, sino que desde hace al menos dos años también se han llevado a cabo en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California, pero no han sido visibilizados debido que son territorios sin periodistas ni activistas, donde las comunidades desplazadas no aparecen en ninguna estadística oficial.

La relación entre narcos contemporáneos en México ha sido de lo más insólita, contradictoria y en muchas ocasiones poco prevesible, ya que se han creado alianzas con los enemigos más acérrimos con tal de sobrevivir y mantener el poder.

El inicio de este último capítulo se dio con la fragmentación del poderoso Cártel de Sinaloa debido a la captura de El Chapo Guzmán, que sus hijos consideraron fue de parte de El Mayo Zambada, lo que originó que Joaquín Guzmán López engañara al poderoso creador del Cártel de Sinaloa y lo llevara con engaños a Estados Unidos para su captura.

De ahí quien captó todo el poder que ya rivalizaba era el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes alias El Mencho, abatido el 22 de febrero de este año.

El Mencho era aliado del Cártel de Sinaloa cuando era una sola organización, sin embargo con el quiebre quedaron dos facciones Los Mayos (encabezada por el hijo de El Mayo Ismael Zambada Sicairos) y Los Chapitos (con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán).

Pero esta relación de décadas se mantuvo por la lucha de poder entre los grandes líderes narcos y sus alianzas, sin embargo estuvieron llenos de controversias y episodios que parecerían sacados de una infame novela criminal.

Este martes Omar García Harfuch aceptó la relación que había entre Los Chapitos y El Mencho, por lo que oficialmente las autoridades confirmaron esta rara alianza.

“Cómo me entregues a mis hijos te entrego al tuyo: cuando El Mencho mandó matar a Los Chapitos

En agosto de 2016, el secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, conocidos como Los Chapitos e hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un punto de inflexión dentro del crimen organizado en México.

Un comando armado irrumpió en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, durante la celebración de un cumpleaños, y se llevó por la fuerza a seis hombres del grupo, entre ellos a los dos herederos del cártel de Sinaloa.

La acción fue atribuida a una coalición de intereses que incluía a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a sectores internos rivales del cártel fundado por El Chapo, como el círculo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y su hijo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”. La información filtrada por el propio Mini Lic indica que el objetivo no era pedir rescate ni infundir miedo, sino ejecutar a los Chapitos: “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”, declaró en entrevista para una revista nacional.

La liberación de los Chapitos fue resultado de una compleja negociación. Aún desde prisión, Joaquín Guzmán Loera movió sus influencias para presionar a sus rivales. Según el relato de Mini Lic, El Chapo logró que “agarraran al Menchito” (hijo de El Mencho, que estaba preso en ese momento) y transmitió un mensaje directo: “A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”. Esta maniobra de presión obligó a elevar las negociaciones a un nivel donde la supervivencia de los principales herederos del cártel dependía de la voluntad de sus enemigos.

La extraña estrategia de Alfredillo viviendo en el rancho de El Mencho

Jesús Alfredo Guzmán Salazar (“Alfredo”) vivió bajo la custodia de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) en una propiedad en Jalisco. Esto ocurrió como garantía en las negociaciones entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos, acordando que Alfredo permanecería sin sus escoltas y bajo el resguardo de los hombres de El Mencho.

Una alianza de gran relevancia entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó recientemente en una reunión secreta llevada a cabo en un rancho ubicado en Pachecos, Nayarit. Este encuentro marca un punto de inflexión en la lucha de poder contra un enemigo común: La Mayiza, actualmente liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

De acuerdo con información revelada por Illicit Investigations, las negociaciones fueron lideradas por un emisario de Audías Flores Silva, alias El Jardinero, una de las figuras más cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. Los enviados de El Jardinero, incluyendo un hombre de confianza conocido como H8, se reunieron con Alejandro López Guzmán, primo de Los Chapitos.

El acuerdo implica una colaboración estratégica que abarca recursos como hombres, armas, dinero y territorios.

El CJNG buscará desalojar a las fuerzas de Ismael “El Mayo” Zambada y sus aliados, como los hermanos Cabrera Sarabia, de Zacatecas, Nayarit y Chiapas; mientras que Los Chapitos buscan consolidar su poder en Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.

Por qué El Mencho apoyó a Los Chapitos en lugar de a Los Mayos

Antes de la caída de El Mencho, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en entrevista con Infobae México por qué Rubén Oseguera Cervantes apoyó a Los Chapitos en lugar de a Los Mayos frente a la guerra que mantienen con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Vigil, Los Chapitos trataron de obtener aún más apoyo por parte del CJNG para hacer frente a los enfrentamientos, ya que les podría permitir ganar la guerra; sin embargo, considera que “El Mencho” ha analizó bien los beneficios de apoyarlos.

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA señaló que el CJNG tendría como estrategia el posible control del territorio que le permitiría la caída del Cártel de Sinaloa ante la guerra.

“El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Si no, no hubiera durado por tanto tiempo como jefe del Cártel de Jalisco. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra, y él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo. El Cártel de Jalisco podría ser el más poderoso que existiera en México”, afirmó en entrevista.

Es así que Vigil consideró que el CJNG está brindando apoyo mínimo a Los Chapitos, ya que su organización podría beneficiarse con la caída de ambas facciones.

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura

Después de la muerte de El Mencho surgió la hipótesis de que habrían sido “Los Chapitos” quienes habrían dado a conocer detalles del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para su captura.

El desenlace, ocurrido en Tapalpa, Jalisco, sería el resultado de una serie de traiciones y alianzas entre los principales grupos criminales, en las que la familia Guzmán habría desempeñado un papel central como pieza de intercambio en las negociaciones con los organismos de seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con información de círculos de inteligencia que cita Ghaleb Krame y Tashiro Malekium.

De acuerdo con el documento, Reporte Krame Decodificando la caída de El Mencho: anatomía de un golpe de estado táctico, las operaciones encubiertas, el uso estratégico de información confidencial y la presión sobre los círculos íntimos del capo habrían permitido finalmente trazar la ruta que llevó a su caída, tras más de una década de intentos infructuosos.

La historia reciente de los acuerdos entre la familia Guzmán y las autoridades estadounidenses revelaría un patrón consistente. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López atrajo a Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, a un vuelo privado con destino a El Paso, Texas. Ambos fueron detenidos por el FBI. Zambada alegó secuestro, mientras que Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 por cargos que incluían el secuestro de su antiguo aliado. A cambio de esa entrega, diecisiete miembros de la familia del Chapo, incluida Griselda López Pérez, madre de Ovidio y Joaquín, cruzaron a territorio estadounidense bajo custodia oficial.

En conferencia de prensa la mañana de este martes en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch explicó cómo se ha reorganizado el el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió en un operativo el pasado 22 de febrero.

“Desde que lo mencionamos tras el operativo, ellos tienen líderes regionales bien identificados con territorios muy marcados. Eso permitió que no hubiera un descontrol o violencia desmedida. Posteriormente siguieron realizándose más detenciones por parte del gabinete de seguridad, Defensa y Marina”, dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

“Continúan (operando) los líderes regionales, sin embargo tenemos órdenes de aprehensión y con fines de extradición. La relación que tenían con el Cártel de Sinaloa, propiamente era el líder principal (El Mencho) que tenía una relación estrecha con una facción, específicamente con Los Chapos, eso lo hemos identificado ya al momento”.

García Harfuch especificó que la alianza principal consistía en el refuerzo financiero y de personal del Cártel Jalisco al de Sinaloa, en específico a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En el organigrama de liderazgo dentro del CJNG el sucesor natural y más fuerte se considera a Juan Carlos Valencia González hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Rubén Oseguera Cervantes el Mencho.

“Efectivamente es uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene y en el grupo delictivo”, asintió García Harfuch.

El secretario de Seguridad precisó que el vínculo que tenían detectado, entre Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y otras facciones criminales (previo a su abatimiento), era con una facción de Los Chapitos, donde había intercambio financiero y de personal.

García Harfuch dijo que al momento “no hay indicios” de que esta alianza continúe. El Gabinete de seguridad dio informes variados de las detenciones relevantes que han llevado a cabo en los últimos años.

Omar García Harfuch presenta las acciones relevantes en seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las detenciones realizadas el último mes de 2026:

• Detención de Homero ‘N’, generador de violencia en Morelos.
• Detención de tres personas que tenían ficha roja por la Interpol, entre ellas Dennis ‘N’, miembro de un grupo criminal trasnacional.
• Integrantes del cártel de Sinaloa fueron detenidos en Chiapas.
• Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar.
• Captura de David ‘N’, operador de la Choquiza en la Ciudad de México

Estos son los ocho estados con más homicidios en México

De acuerdo con información oficial hay ocho estados al corte del 31 de mayo de 2026 (considerandoque concentran el 54% total de casos de homicidio doloso:

• Guanajuato: 8%
• Baja California: 7.8%
• Chihuahua: 7.7%
• Sinaloa: 6.8%
• Morelos: 5.9%
• Estado de México: 5.9%
• Guerrero: 5.5%
• Veracruz: 5.3%

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de homicidio doloso:

• Reducción del 46% del promedio diario respecto a septiembre de 2024 con 47.3 homicidios dolosos reportados por día al corte del 31 de mayo del 2026.

“Es el mayo más bajo en los últimos 12 años”, destacó Figueroa Franco.

La jefa de Estado detalló que el informe de delitos de alto impacto sirve para identificar las entidades o colonias en las que hay prevalencia de delitos, ante esto, dijo Sheinbaum, visita la entidad afectada o los funcionarios se reúnen con la presidenta y se realiza una planeación para atender la situación.

Claudia Sheinbaum ve muchas áreas de oportunidad con este informe; planteó que incluso se puede implementar inteligencia artificial para analizar los datos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas que sustenten la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y aclaró que, bajo esas circunstancias, no existe un plazo legal para ejecutar una captura.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el estado que guarda la petición presentada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense y sobre los tiempos que tendría el gobierno mexicano para responder a dicha solicitud.

En respuesta, Sheinbaum explicó que el procedimiento actualmente planteado por las autoridades estadounidenses no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, una figura distinta dentro de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, Abraham Oseguera, alias Don Rodo, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso que le fue dictada por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos fueron informado el 15 de junio. Una imagen de la resolución fuer compartida a través de redes sociales por el periodista Jorge Sánchez Torres. Dicho documento muestra que el amparo se interpone contra actos del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

Las personas quejosas son identificadas como:

• Abraham Oseguera Cervantes
• Arnulfo Toscano Quintero
• Felipe Isidro Santos
• Luis Enrique Flores Álvarez

Dichas personas alegan posibles violaciones a sus derechos fundamentales, citando los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución (relativos a Derechos Humanos y garantías), así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Detención y vinculación a proceso

Cabe destacar que tras la captura de dicho hombre fue identificado por las autoridades como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente, fue procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de droga.

La recaptura de Abraham Oseguera fue realizada el 27 de febrero en el municipio de Tonaya, Jalisco, como resultado de un operativo que combinó vigilancia móvil y labores de inteligencia coordinadas en el estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades identificaron a “Don Rodo” en el poblado de Atajeas de Covarrubias, donde fue vinculado con actividades de lavado de dinero y adquisición de propiedades mediante recursos de procedencia ilícita.

El arresto fue realizada mientras elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes en la zona, ocasión en la que se confiscaron armamento, dinero en efectivo y dosis de droga, sin que se especificaran las cantidades exactas de los bienes asegurados.

Según la SSPC, Don Rodo fungía como una figura clave en las operaciones financieras del CJNG, con un rol principal centrado en el lavado de dinero para su hermano El Mencho, lo anterior a través de la compra de ranchos, terrenos y otras propiedades en el estado de Jalisco.

Fuentes federales consultadas por Infobae México precisaron que Oseguera Cervantes utilizaba los servicios de notarios públicos en localidades como Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco, para realizar cambios de titularidad en propiedades adquiridas con dinero ilícito, un esquema que le permitía ocultar el origen de los recursos y fortalecer la estructura financiera de la organización criminal.

Las mismas fuentes federales señalaron que Virginia León Osornio, esposa de Abraham Oseguera, también estaría involucrada en actividades ilícitas. De acuerdo con esa información, León Osornio invierte dinero de procedencia ilegal en minas de oro ubicadas en los estados de Michoacán y Nayarit, con el objetivo de incrementar el patrimonio financiero de su cuñado El Mencho y consolidar el poder económico del CJNG.

Esta no es la primera detención de “Don Rodo”. En abril de 2024, la Guardia Nacional lo capturó por primera vez en el fraccionamiento Hacienda Real, en Autlán de Navarro, Jalisco. Sin embargo, el 30 de ese mismo mes, un juez federal ordenó su liberación del Penal del Altiplano, lo que desembocó en su posterior recaptura y en el actual proceso judicial en su contra.

Mientras que el 30 de junio de 2025 Don Rodo obtuvo una suspensión provisional con la que aseguraba que no sería ser entregado en extradición a los Estados Unidos.

Con más de 2 mil detenciones, la Secretaría de Marina (Semar) ha realizado un cerco al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -desde octubre de 2024 hasta la fecha-.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, esta organización criminal ha sido de las más golpeadas por parte de elementos navales con un total de 2 mil 911 capturas, entre las que destaca la de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder regional que era considerado uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Operativo culminó sin un solo disparo pese a que “El Jardinero” contaba con más de 60 hombres armados

El arresto de Audias Flores ocurrió el pasado 27 de abril en el poblado de Trapiche, estado de Nayarit, como parte de una operación que requirió 19 meses de seguimiento e implicó el intercambio de información con agencias estadounidenses.

El titular de la Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló en conferencia de prensa que tras estudiar sus rutas, puntos estratégicos de entrada y salida, así como tácticas del terreno, desplegaron el operativo para lograr su detención.

Fue el 25 de abril que, tras meses de vigilancia y análisis, la Marina logró la ubicación precisa de “El Jardinero” en un vehículo Suburban cerca de Santa María de Oro, en Nayarit, quien fue discretamente seguido por un equipo que finalmente lo rodeó.

Al percatarse de la presencia de los elementos navales, el narcotraficante descendió del vehículo e intentó huir aprovechando el terreno, pero sus condiciones físicas y la orografía dificultaron que pudiera ocultarse.

En un intento por evadir a las autoridades, Audias Flores se escondió en una tubería bajo la carretera, pero fue encapsulado hasta que los efectivos navales descendieron de los helicópteros y realizaron su captura.

Las autoridades detallaron que el dispositivo de seguridad con el que contaba “El jardinero” era de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, pero durante la operación no fue necesario disparar una sola bala.

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”: sus redes de producción también han sido afectadas

El titular de la Marina también reveló que Audias Flores Silva buscó con el uso de las armas el mando del CJNG tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, ocurrido el 22 de febrero de este año en Tapalpa, Jalisco.

Con la muerte del exlíder del cártel, el también exjefe de seguridad inició una movilización de personal, armamento y recursos para encabezar la organización criminal.

Las acciones contra este narcotraficante también se han enfocado en sus redes de producción y en la detención de personas cercanas, tal y como fue la de César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, identificado como su principal operador financiero y hombre de confianza.

Otras acciones han sido el desmantelamiento por parte de la Marina de al menos cinco narcolaboratorios directamente vinculados con la red de producción de drogas de “El Jardinero” en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Decomisos de la Marina suman más de 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo y 115 laboratorios clandestinos: acciones también han afectado al Cártel de Sinaloa

Los datos obtenidos por esta casa editorial refieren que la Marina ha realizado el decomiso de varias toneladas de droga y el aseguramiento tanto de embarcaciones como de laboratorios clandestinos.

Las cifras van desde:

• 118,391 kilos de metanfetaminas
• 19 mil 765 litros de combustible
• 6 mil 199 armas de fuego
• 755 tomas clandestinas
• 1.5 toneladas de fentanilo (19 mil 048 pastillas)
• 9 mil 370 vehículos
• 115 laboratorios clandestinos
• 202 plantíos de marihuana
• 662 plantíos de amapola
• 3 mil 143 granadas o explosivos

La segunda organización criminal que ha sido golpeada por la Marina es el Cártel de Sinaloa con 873 detenciones, entre los que destacan Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, así como la de Pedro “N”, alias “El Pichón”, ligado al mismo narcotraficante, y quien fue neutralizado en septiembre de 2025 en Sinaloa.

China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes chinas de lavado de dinero que operan en América y su papel central en las finanzas de los carteles narcos mexicanos. El testimonio, presentado ante la Subcomisión de Servicios Financieros sobre Supervisión e Investigaciones, describe con detalle cómo estos esquemas permiten a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mover capitales ilícitos de manera ágil, barata y casi imposible de rastrear, fortaleciendo su capacidad para traficar drogas, armas y personas.

En palabras de Leland Lazarus, fundador de Lazarus Consulting y experto en temas relacionados al régimen de Beijing, “las redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un habilitador financiero central para los carteles de la droga de México y organizaciones criminales aliadas. Estas redes ayudan a los carteles a mover rápidamente grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos, transformándolas en valor utilizable en México y más allá”. Lazarus subrayó ante el Congreso norteamericano que el fortalecimiento de esta arquitectura financiera ha incrementado la capacidad de los carteles para traficar fentanilo, cocaína, metanfetamina y armas a través de la frontera, con consecuencias directas para la seguridad en ambos países.

El informe presentado el pasado 9 de junio ante esa comisión señala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó entre 2020 y 2024 operaciones sospechosas vinculadas a redes chinas por un valor total de unos 312.000 millones de dólares. Estos movimientos, registrados en más de 137.000 reportes de la Ley de Secreto Bancario, han llevado a las autoridades financieras a considerar estos esquemas como un “riesgo mayor” para el sistema de control antilavado de la región.

El sistema “flying money”: el corazón del lavado

La modalidad más utilizada por estas redes es conocida como “flying money” o transacciones espejo, una práctica con raíces históricas en comunidades chinas desde la dinastía Tang. El mecanismo, descripto por Lazarus en su informe, funciona así: “Un operador del cartel en Estados Unidos entrega grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas a un intermediario vinculado a la banca subterránea china. El socio de ese intermediario, en México, se encarga de entregar el equivalente en pesos a los operadores del cartel en ese país, a menudo en cuestión de horas. Los dólares nunca cruzan físicamente la frontera”.

Este sistema permite a los carteles evitar transferencias bancarias directas y aprovechar la demanda de dólares por parte de ciudadanos chinos que buscan acceder a divisas fuera de los estrictos controles de capital impuestos por la República Popular China. “Las redes prosperan porque se sitúan en la intersección de dos incentivos poderosos: la demanda de los carteles de liquidar rápidamente pesos en México y la demanda china de acceso no registrado a dólares estadounidenses fuera del alcance de los controles de capital de Pekín”, agregó Lazarus.

Globalización del fenómeno

A lo largo de su exposición, Lazarus detalló que estos esquemas dependen de una arquitectura financiera compleja, que incluye depósitos estructurados en ventanillas y cajeros automáticos, uso de cheques de caja, empresas fantasma, lavado basado en comercio, negocios de servicios financieros, compras de bienes de lujo y propiedades, transferencias informales de valor y, en algunos casos, criptomonedas. En Los Ángeles, por ejemplo, “operadores vinculados al Cártel de Sinaloa utilizaron documentos falsos y empresas fantasma para abrir cuentas, realizar depósitos repetidos en efectivo y convertir fondos en cheques de caja o criptomonedas, mientras las fuerzas del orden rastreaban cientos de movimientos de efectivo por el sur de California”.

El fenómeno ha trascendido la frontera entre Estados Unidos y México. La investigación presentada en el Congreso documenta casos similares en Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y el Caribe. En Brasil, por ejemplo, la policía desmanteló en 2026 una red de distribución de electrónicos gestionada por ciudadanos chinos, presuntamente vinculada al Primer Comando Capital (PCC), acusada de lavar más de 190 millones de dólares en solo siete meses. En Chile, la operación “Hora Zero” permitió allanar 53 oficinas y casas de cambio en la zona franca de Iquique, donde se investiga el uso de 112 empresas fantasma para lavar fondos ilícitos.

En Canadá, el Proyecto Athena de la agencia FINTRAC analizó casi 48.000 transacciones vinculadas a esquemas de banca clandestina, hallando una dinámica similar: transferencias desde China —especialmente Hong Kong— seguidas de movimientos rápidos de fondos a través de instituciones financieras y sectores de alto valor, utilizando compradores ficticios, compras de lujo y transacciones inmobiliarias.

Métodos de operación

Entre los casos más emblemáticos presentados ante el Congreso destaca la “Operación Fortune Runner”, desmantelada en 2024. El Departamento de Justicia norteamericano acusó a 24 personas de formar parte de un grupo californiano asociado con la banca subterránea china, que habría lavado más de 50 millones de dólares en ganancias del Cártel de Sinaloa. Las autoridades de México y China colaboraron en la detención de fugitivos, lo que refuerza la dimensión internacional de estos esquemas.

Otro caso relevante es el de Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, extraditado a Estados Unidos tras ser arrestado en México, escapar de arresto domiciliario y ser recapturado en Cuba. Su red habría lavado más de 77 millones de dólares a través de más de 100 empresas fantasma en EstadosUnidos y mantenía vínculos con el tráfico de precursores de fentanilo, cocaína y metanfetamina para ambos carteles principales de México.

La investigación también menciona la designación en 2025 de bancos mexicanos como CIBanco, IntercamBanco y Vector Casa de Bolsa como instituciones preocupantes por facilitar transacciones vinculadas tanto a carteles como a pagos de precursores químicos desde China, lo que demuestra la capacidad de estos canales para penetrar instituciones financieras formales.

Cooperación internacional

El testimonio de Lazarus matiza que “el registro público no establece de manera concluyente un control directo del Partido Comunista Chino sobre las operaciones de lavado asociadas a los carteles”. Las redes actúan esquivando los controles de capital chinos, lo que implica que no son simples instrumentos formales del régimen. Sin embargo, “el Estado chino posee una capacidad significativa de aplicación de la ley y vigilancia para desmantelar estas redes de manera efectiva”. Como ejemplo, en junio de 2024, la policía china abrió una investigación sobre una operación de lavado tras recibir una alerta de Estados Unidos relacionada con el Cártel de Sinaloa, lo que demuestra que “Beijing puede actuar sobre estas redes cuando lo decide”.

Lazarus recomendó elevar estas denuncias a niveles más altos de decisión. “El lavado de dinero chino y las actividades criminales globales chinas deben tratarse con la misma urgencia que el comercio, los aranceles, los minerales críticos y la inteligencia artificial”. Recomendó exigir resultados medibles a China en la persecución de banquerosclandestinos, corredores de divisas ilegales y facilitadorescomerciales vinculados al financiamiento de los carteles. “Las redes de lavado suelen depender de intermediarios sociales y lingüísticos de confianza. Analistas, investigadores y traductores con dominio del mandarín y el fujianés son críticos para la misión”, advirtió Lazarus en el informe al que tuvo acceso Infobae.

Destacó además el desarrollo de Dragon Tracker, una plataforma de inteligenciaartificial que permite mapear la actividad criminal vinculada a China, identificar rutas y patrones, y fusionar datos de inteligencia financiera y policial a escala internacional. “Una herramienta como Dragon Tracker puede multiplicar la eficacia de los investigadores, fiscales y equipos de cumplimiento bancario”, señaló Lazarus.

Una amenaza sistémica

La comparecencia concluyó con una advertencia sobre el riesgo sistémico que representa esta convergencia para la integridad financiera y la seguridad regional. “Nuestra nación enfrenta una nueva y peligrosa convergencia: carteles mexicanos que envenenan comunidades estadounidenses y redes chinas de lavado de dinero que explotan nuestros bancos, corredores de comercio, zonas francas, empresas fantasma y redes de confianza de la diáspora más rápido de lo que nuestras instituciones pueden responder”.

Añadió que “cada pastilla de fentanilo que llega a un adolescente estadounidense, cada envío de carteles que cruza nuestra frontera, cada traficante que puede convertir instantáneamente dólares sucios en valor utilizable y cada empresa fantasma que oculta al verdadero dueño de las ganancias criminales forma parte del mismo ecosistema. Los carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero. La debilidad de las normas de transparencia, la fragmentación de la aplicación de la ley y la falta de recursos permiten que el sistema siga operando”.

Frente a este escenario, Lazarus pidió al Congreso exigir reportes regulares de amenaza, restaurar la transparencia sobre los beneficiarios reales, reforzar el control de los corredores comerciales y financieros de alto riesgo y apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas y de inteligencia para desmantelar estas redes a gran escala. Recalcó que “el costo de la inacción se medirá en muertes por fentanilo, violencia de carteles, instituciones corruptas, integridad financiera debilitada y comunidades de todo el hemisferio expuestas a la depredación criminal”.

Tiene un doctorado en ingeniería energética, se levanta a las 4 de la mañana para enviar mensajes a funcionarios de todos los rangos y nunca se hace pruebas de vestuario, ni siquiera para el vestido de su boda. Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde 2024, es descrita por la revista The Guardian como una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo, con un índice de aprobación que ronda el 70%.

Pero el extenso perfil publicado esta semana por la periodista Rachel Nolan revela las tensiones profundas que definen su gobierno: la misma mujer que a los 15 años pasó su primera noche fuera de casa acompañando a madres de desaparecidos políticos, hoy encabeza un Estado al que organizaciones de derechos humanos acusan de obstaculizar la búsqueda de más de 130,000 personas desaparecidas.

De activista universitaria a comandante en jefe

El recorrido de Sheinbaum no es el de una política tradicional. Nieta de inmigrantes judíos que huyeron de Europa, creció en una familia donde, según ella misma relató a su biógrafo autorizado, “se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena”. Su padre escondía ejemplares de Karl Marx ante posibles registros de la inteligencia del Estado.

Durante sus años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), protestó contra la privatización y la austeridad. Más tarde completó un doctorado en Berkeley y regresó a México para incorporarse al profesorado universitario, donde recuerda aquella época como una lucha constante: trabajo extra, tráfico, recoger a los hijos a tiempo. “Así es la vida de las mujeres”, declaró con una sonrisa que, según The Guardian, “se asemeja más a una mueca”.

Su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a través de reuniones políticas en su propia casa. En 2000, él la invitó a un desayuno en Sanborns y le preguntó si podría resolver la contaminación de la Ciudad de México. Ella aceptó. El resto es historia conocida.

La grieta entre el pasado y el presente

El punto más incómodo del perfil de The Guardian llega durante la rueda de prensa diaria —la mañanera— que la periodista Nolan cubrió en marzo. Al ser interrogada sobre las desapariciones forzadas y el papel de las fuerzas de seguridad, Sheinbaum estableció una distinción que generó reacciones encontradas: las desapariciones de los años 70, afirmó, eran “muy diferentes” a las actuales, que atribuyó principalmente al crimen organizado y, en menor medida, a lo que denominó “crímenes pasionales”.

La publicación señala que ese argumento históricamente fue utilizado por regímenes militares en América Latina para minimizar las búsquedas de desaparecidos. Las familias de víctimas que marchan cada 26 de cada mes por el Paseo de la Reforma —herederas de las mismas protestas a las que Sheinbaum asistía de adolescente— lo tienen claro: “¡Ahora Claudia Sheinbaum encubre el pasado!”, corearon en febrero.

Trump, los cárteles y la soberanía como bandera

En el plano internacional, The Guardian retrata a una presidenta que ha debido gestionar simultáneamente las amenazas de intervención militar de Donald Trump y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, en una operación que desató bloqueos en 20 estados y dejó más de 70 muertos.

La militarización creciente del país —incluyendo la integración de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en 2025— es señalada por la ONU y organizaciones de derechos humanos como un riesgo para las libertades civiles. Sheinbaum lo rechaza: “Soy el comandante en jefe, y soy yo quien toma las decisiones”, afirmó ante los periodistas.

De activista universitaria a comandante en jefe

El recorrido de Sheinbaum no es el de una política tradicional. Nieta de inmigrantes judíos que huyeron de Europa, creció en una familia donde, según ella misma relató a su biógrafo autorizado, “se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena”. Su padre escondía ejemplares de Karl Marx ante posibles registros de la inteligencia del Estado.

Durante sus años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), protestó contra la privatización y la austeridad. Más tarde completó un doctorado en Berkeley y regresó a México para incorporarse al profesorado universitario, donde recuerda aquella época como una lucha constante: trabajo extra, tráfico, recoger a los hijos a tiempo. “Así es la vida de las mujeres”, declaró con una sonrisa que, según The Guardian, “se asemeja más a una mueca”.

Su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a través de reuniones políticas en su propia casa. En 2000, él la invitó a un desayuno en Sanborns y le preguntó si podría resolver la contaminación de la Ciudad de México. Ella aceptó. El resto es historia conocida.

La grieta entre el pasado y el presente

El punto más incómodo del perfil de The Guardian llega durante la rueda de prensa diaria —la mañanera— que la periodista Nolan cubrió en marzo. Al ser interrogada sobre las desapariciones forzadas y el papel de las fuerzas de seguridad, Sheinbaum estableció una distinción que generó reacciones encontradas: las desapariciones de los años 70, afirmó, eran “muy diferentes” a las actuales, que atribuyó principalmente al crimen organizado y, en menor medida, a lo que denominó “crímenes pasionales”.

La publicación señala que ese argumento históricamente fue utilizado por regímenes militares en América Latina para minimizar las búsquedas de desaparecidos. Las familias de víctimas que marchan cada 26 de cada mes por el Paseo de la Reforma —herederas de las mismas protestas a las que Sheinbaum asistía de adolescente— lo tienen claro: “¡Ahora Claudia Sheinbaum encubre el pasado!”, corearon en febrero.

Trump, los cárteles y la soberanía como bandera

En el plano internacional, The Guardian retrata a una presidenta que ha debido gestionar simultáneamente las amenazas de intervención militar de Donald Trump y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, en una operación que desató bloqueos en 20 estados y dejó más de 70 muertos.

La militarización creciente del país —incluyendo la integración de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en 2025— es señalada por la ONU y organizaciones de derechos humanos como un riesgo para las libertades civiles. Sheinbaum lo rechaza: “Soy el comandante en jefe, y soy yo quien toma las decisiones”, afirmó ante los periodistas.

La pregunta que queda abierta

Con una ropa hecha por una modista de barrio obrero, presentaciones de PowerPoint en sus ruedas de prensa y un estilo que combina austeridad académica con pragmatismo político, Sheinbaum ha construido una imagen coherente. Lo que permanece en disputa, según el perfil de The Guardian, es si esa coherencia alcanza también a sus convicciones más tempranas.

“Uno no llega al poder por el poder mismo”, dijo ella misma en un documental. “Hay que saber seguir siendo una persona sencilla”.

Las madres que marchan cada mes en La Reforma esperan ver si esa persona sencilla todavía recuerda por qué salió a la calle por primera vez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas y tentativa de homicidio contra una víctima más, hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el ahora detenido habría participado junto con otros tres individuos en un ataque armado perpetrado en contra de varias personas que se encontraban reunidas en la zona. Presuntamente, los agresores accionaron armas de fuego contra las víctimas, provocando la muerte de tres hombres y lesiones a una cuarta persona.

Buscan control territorial

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que esta agresión estaría relacionada con una disputa por el control territorial entre grupos antagónicos dedicados a la comercialización y distribución de narcóticos en la región.

Como parte de la mecánica de los hechos, las autoridades establecieron que, antes de abandonar el lugar, los probables responsables dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio en el que hacían referencia al “Lic. Vallarta” y a una estructura criminal presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el análisis de pruebas y trabajos de inteligencia, agentes del Ministerio Público lograron identificar a los probables responsables y solicitaron ante un juez la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y trasladaron a Fernando “N” al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM precisó que, en caso de ser encontrado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio, así como una sentencia adicional de hasta 46 años por tentativa de homicidio.

Detención de otros presuntos integrantes

No obstante, las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

La Fiscalía estatal también reveló que, derivado de diversas acciones de investigación, hasta el momento han sido detenidos ocho presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada “Los Vallarta”, quienes son investigados por distintos delitos de alto impacto.

Entre los detenidos figura Fernando “N”, alias “El Lic. Vallarta”, identificado por las autoridades como probable líder de esta organización delictiva. Los implicados se encuentran actualmente en diferentes etapas procesales.

De acuerdo con las líneas de investigación, esta agrupación criminal estaría vinculada con actividades ilícitas como homicidios, venta y distribución de narcóticos, principalmente en los municipios de Ecatepec y La Paz.

Las autoridades mexiquenses mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con esta organización y determinar la participación de más personas en la estructura criminal.

Elementos del Grupo Proteo “4-25” de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron el pasado 12 de junio en la colonia Hacienda San Pablo, en Tecate, Baja California, a Juan José “N”, de 27 años.

Tras realizarle una revisión, le fue encontrada con una pistola Smith & Wesson calibre 9mm, abastecida con cinco cartuchos útiles.

El detenido y el arma fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la supuesta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego que representó el hallazgo entre sus pertenencias.

La intervención ocurrió alrededor de las 15:42 horas sobre la calle Robles, durante recorridos de la FESC en un sector identificado como de atención prioritaria.

Así fue el arresto de Juan José “N”

Según datos compartidos por autoridades estatales, los agentes detectaron al individuo cuando, al percatarse de la presencia de una patrulla, intentó alejarse del lugar de manera apresurada.

Los oficiales le dieron alcance metros más adelante y, durante la entrevista, localizaron el arma corta entre sus pertenencias.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México vincularon a Juan José “N” con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no fue revelado el papel especifico que tendría en la organización.

La pistola asegurada, color gris con negro, estaba equipada con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles. Autoridades detallaron que tras el hallazgo, los oficiales informaron al hombre la razón de su detención y le leyeron sus derechos antes de trasladarlo ante la FGR.

La ley mexicana prohíbe a civiles portar calibre 9mm y reserva su uso al Ejército

El artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permite a los civiles poseer pistolas semiautomáticas de calibre no superior al .380 y sus equivalentes 9x17mm o 9mm Short.

La norma excluye expresamente “los otros modelos y marcas del calibre 9mm”, que es precisamente el calibre de la pistola asegurada a Juan José “N”.

El artículo 11 de la misma ley reserva para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente una lista de armas y municiones entre las que figuran pistolas calibre 9mm en sus distintas variantes. Portar alguna de estas armas sin autorización constituye un delito federal bajo competencia de la FGR.

La ley contempla excepciones únicamente para deportistas de tiro y cacería inscritos en clubes acreditados ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes pueden obtener permiso para pistolas calibre .38″ con fines de competencia olímpica o para calibre .380″ equivalente. El 9mm estándar queda fuera de esas excepciones en todos los casos.

Días antes cayó “El 60”, presunto líder de sicarios del CJNG en Tecate

El pasado 8 de junio, autoridades estatales arrestaron en Tecate a César Iván “N”, apodado “El 60”, a quien fuentes consultadas por Infobae México también vincularon con el CJNG.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California lo identificó como presunto líder de un grupo de sicarios encargado de amedrentar a integrantes de organizaciones rivales. Contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio.

“El 60” es originario de Sinaloa. Fue detenido junto a David Alexander “N”, de 20 años, apodado “El Chapo”, luego de que agentes les ordenaron detenerse y realizaron una inspección que derivó en el hallazgo de dos armas: una pistola calibre .45mm con siete cartuchos útiles y una 9mm con 15 cartuchos útiles.

Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Fuerza Estatal y quedaron a disposición de la FGR con sede en Tijuana. Las averiguaciones preliminares establecieron que César Iván “N” habría tenido una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal. Su situación jurídica quedó pendiente de resolución por parte de la fiscalía federal.

Un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Los trabajos fueron efectuados mediante una orden de cateo en la colonia Mesa Colorada. El resultado del operativo fue revelado este 13 de junio por la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad Nacional en la red social X.

Durante el cateo se aseguró aproximadamente un kilogramo de fentanilo, un arma de fuego, un vehículo, equipos de comunicación y diversas sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

La FGR fue la instancia que cumplimentó la orden de cateo en el domicilio intervenido.

Precursores químicos fueron neutralizados y destruidos en el lugar

Según el reporte oficial, una vez localizados los materiales, las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes para la neutralización y destrucción en sitio de los precursores químicos.

La medida tuvo como fin impedir que los insumos fueran utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

El Gabinete de Seguridad informó el resultado del operativo este 13 de junio a través de sus redes sociales, donde destacó que la acción afectó la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos que operan en la entidad.

Por la ubicación del decomiso, en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el laboratorio estaría vinculado a esa organización criminal, aunque autoridades no confirmaron dicho vinculo.

Con el aseguramiento se evitó la producción de 625 mil dosis

De acuerdo con los datos revelados por las autoridades, con el desmantelamiento del laboratorio se evitó la producción de alrededor de 625 mil dosis de droga.

La SSPC precisó que la afectación económica a las organizaciones criminales que operan en la entidad superó los 714 mil pesos, cifra que refleja el golpe a la capacidad financiera de los grupos delictivos.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.

México ha desmantelando más de 2 mil 300 narcolaboratorios

El operativo en Zapopan se inscribe en un esfuerzo bilateral más amplio. Según datos del embajador estadounidense Ronald Johnson, México desmanteló más de 2 mil 300 laboratorios ilegales y aseguró más de 400 toneladas métricas de drogas en el periodo reciente, lo que contribuyó a una reducción de 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

En ese contexto, Donald Trump anunció el 10 de junio un giro en su estrategia antifentanilo: tras presumir una caída del 97% en el ingreso de la droga por vía marítima, adelantó que los operativos se concentrarán ahora en la frontera terrestre con México.

“Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, señaló Trump desde la Casa Blanca.

Además, el pasado 12 de junio, el embajador Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, anunciaron la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo que reunirá a 15 agencias del gobierno estadounidense con sus contrapartes mexicanas para coordinar acciones contra el tráfico de drogas sintéticas, entre otras amenazas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo, enumerando avances en seguridad fronteriza, combate al fentanilo y cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Afirmó que actualmente se tiene la frontera más segura en toda la historia.

El diplomático señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, Johnson también destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, y que un acuerdo sobre la crisis de aguas residuales del Río Tijuana avanza hacia una solución permanente sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

Aprehensiones en frontera México-EEUU caen a nivel más bajo en 55 años

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, según el comunicado de la embajada. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Johnson atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por casi 3 mil 200 kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y conecta cuatro estados estadounidenses —California, Arizona, Nuevo México y Texas— con seis estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Johnson afirmó que esas acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y sostuvo que en este momento se tiene la frontera más segura de toda la historia.

Muertes por sobredosis de fentanilo bajaron

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025, de acuerdo con el balance de Johnson. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron de forma significativa, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en Estados Unidos.

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

México realizó 96 extradiciones y la ATF decomisó más de 36 mil armas ilegales en un año

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Además, entre los operativos bilaterales destacados Johnson figuró el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la captura de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero” y el arresto de Samuel Ramírez Jr, buscado por asesinatos en EEUU.

La cooperación bilateral también se extendió al tráfico ilegal de armas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU (ATF) incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125% respecto al periodo anterior.

El programa Mission Firewall fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.

Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado también formaron parte del balance, como mecanismo para proteger al sector pecuario y evitar afectaciones al comercio fronterizo.

Un juez federal dictó vinculación a proceso contra José Elías Celis, alias “El Chipo”, y Jorge “N”, dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en flagrancia en la colonia Jardines de Santa Isabel, en Guadalajara, Jalisco, el pasado 19 de mayo.

La decisión judicial derivó de que un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó suficientes datos de prueba.

Medios nacionales los identifican como operadores de la célula de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, también detenido -antes que ellos- y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México.

Ambos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa en la Comisaría Estatal de Puente Grande, con dos meses de plazo para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso fue confirmada este 12 de junio mediante un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia refirió que Jorge “N” y “El Chipo” fueron detenidos durante cateos en dos inmuebles de la colonia Jardines de Santa Isabel. Sin embargo, el operativo del 19 de mayo abarcó cinco domicilios en total, distribuidos en la colonia antes mencionada, La Esperanza y El Salvador.

Los sujetos también son vinculados extraoficialmente con César Alejandro, alias El Güero Conta, presunto operador financiero y hombre de confianza de “El Jardinero”. César fue detenido el mismo día que Audias, el 17 de abril de 2026.

Una denuncia anónima originó la investigación en tres estados

La FGR inició el proceso a partir de una denuncia anónima sobre la posible existencia de un grupo criminal dedicado a la fabricación y tráfico de drogas con operaciones en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Los cateos fueron ejecutados por la Secretaría de Marina y la Policía Federal Ministerial, bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con apoyo de peritos institucionales.

En los inmuebles, la Agencia de Investigación Criminal aseguró clorhidrato de cocaína, un arma corta, cargadores, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y cinco vehículos.

Entre los vehículos decomisados había una Ford Raptor y una Cadillac Escalade, ambas blancas, además de insumos químicos y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

La FEMDO presentó cargos distintos para cada imputado

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba que sustentaron la vinculación.

A José Elías Celis se le imputaron delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta, posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

A Jorge “N” se le imputaron delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

A ambos se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, según el comunicado de la FGR.

Juez desechó el amparo de “El Jardinero” contra una posible expulsión exprés

El supuesto jefe de los hoy procesados, Audias Flores, enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos desde el penal del “Altiplano”, donde permanece recluido desde abril.

Su defensa promovió un juicio de amparo al argumentar que las autoridades mexicanas pretendían expulsarlo del país mediante la Ley de Seguridad Nacional, sin concluir el procedimiento formal de extradición.

En su demanda, El Jardinero sostuvo que enfrentaba un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado a Estados Unidos por una vía distinta al procedimiento ordinario.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó el recurso, según un reporte previo realizado por Infobae México.

El juez Alejandro Latorre Lozano, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó el recurso el 9 de junio al considerar que la orden de extradición ya surtió efectos y que el procedimiento formal está en curso.

El juzgador descartó los argumentos de la defensa sobre una posible entrega acelerada al señalar que el temor y el peligro alegados no constituyen por sí mismos una violación demostrable a los derechos del imputado.

Este viernes 12 de junio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE Michoacán) informó la detención de 8 personas en el municipio de Coeneo. La autoridad reveló la aprehensión mediante un breve mensaje en sus canales oficiales, el cual detalló que son señalados por delitos de narcomenudeo y cohecho.

Según el mismo informe, su captura fue realizada tras un operativo interinstitucional, el cual habría contado con apoyo de fuerzas federales.

Infobae México pudo confirmar mediante fuentes de seguridad que se trata de 8 elementos de Seguridad Pública del municipio de Coeneo. Asimismo, a través del Registro Nacional de Detenciones, este medio constató que entre los detenidos se encuentra la Directora de Seguridad municipal, Celia Vargas Torres.

Reportes extraoficiales han vinculado a las ocho personas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque ese dato no ha sido afirmado por las autoridades hasta el momento.

Asimismo, medios nacionales han relacionado la detención de los servidores públicos con las investigaciones derivadas de la emboscada contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen, la cual dejó un saldo de cinco elementos asesinados y cinco más con heridas.

Esto se sabe sobre las detenciones: un helicóptero estuvo involucrado

El ayuntamiento de Coeneo, encabezado por la alcaldesa Valeria Aguilar Juárez, publicó la noche del pasado 11 de junio un comunicado oficial en el que describe el operativo como una acción de “patrullaje y vigilancia” en coordinación con el gobierno del estado.

El documento señala que se desplegó una unidad de helicóptero como parte del mismo y afirma que no se registraron incidentes, altercados ni enfrentamientos. El municipio no mencionó las detenciones y llamó a la población a informarse únicamente por vías oficiales estatales y municipales, y a no caer en “información errónea o inexacta”.

Por otra parte, el Registro Nacional de Detenciones reveló una historia distinta. La ficha de Celia Vargas Torres, consultada este viernes 12 de junio por Infobae México, consigna que fue detenida el jueves 11 de junio a las 7:00 p.m.

La aprehensión ocurrió por fuera de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Coeneo de la Libertad, en la colonia Libertad, sobre la calle 10 de Marzo, entre calles José Ma. Morelos y calle Pueblita.

La ejecutó la Policía Ministerial de Investigación, adscrita a la FGE Michoacán.

Al momento de la consulta, Vargas Torres se encontraba en traslado bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

El RND la describe como una femenina de tez clara y pelo corto, que vestía ropa táctica color azul -similar a los uniformes de la dependencia de seguridad-.

La emboscada en Nahuatzen, el hecho presuntamente vinculado a los detenidos

El pasado miércoles 10 de junio, elementos de la Guardia Civil de Michoacán fueron víctimas de una emboscada en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

El ataque dejó cinco policías muertos y cinco más con heridas. Los fallecidos fueron identificados como Porfirio Rodríguez Briseño, Brandon Josué Zamora Torres, Francisco Javier Otero Damas, Jonatán Mondragón Servín y Mateo Valdez Abarca.

Tras el ataque, el titular de la FGE, Carlos Torres Piña, informó que mantenía coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y elementos estatales. “Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

El fiscal también difundió un video en el que se observan labores de búsqueda desde un vehículo aéreo.

En el marco de ese operativo, elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército, aseguraron dos camionetas —una roja y una gris— además de armamento y municiones.

Reportes periodísticos señalaron que los responsables de la emboscada serían integrantes del CJNG.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien en vida fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está a punto de convertirse en el segundo integrante de la familia Oseguera en declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos.

La decisión representa un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el entorno familiar del líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y considerada por autoridades estadounidenses como una de las principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia ese país.

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa de Antonio Oseguera y la fiscalía federal alcanzaron un entendimiento que evitará la realización de un juicio. La audiencia para formalizar el cambio de declaración fue programada para finales de julio.

Aunque todavía no se conocen los términos específicos del acuerdo ni los delitos que aceptará formalmente, el caso ha vuelto a poner bajo los reflectores a otros integrantes de la familia Oseguera que han enfrentado procesos penales en Estados Unidos.

Jessica Oseguera, la primera familiar que pactó con la justicia estadounidense

Antes de que “Tony Montana” decidiera declararse culpable, otra integrante de la familia ya había seguido una ruta similar: Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”.

Conocida también como “La Negra”, Jessica fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2020 y posteriormente procesada por su participación en operaciones financieras relacionadas con empresas vinculadas al CJNG.

Las investigaciones estadounidenses señalaron que la hija del líder criminal mantenía nexos con negocios que habrían servido para apoyar financieramente a la organización criminal. Sin embargo, en lugar de enfrentar un juicio prolongado, optó por alcanzar un acuerdo con las autoridades federales.

Tras reconocer su responsabilidad en los cargos imputados, Jessica Oseguera recibió una sentencia considerablemente menor a las penas que inicialmente enfrentaba. El acuerdo permitió cerrar el caso sin llegar a una confrontación judicial de gran escala y se convirtió en el primer antecedente de colaboración dentro del círculo familiar más cercano de “El Mencho”.

Su caso fue interpretado como una muestra de la estrategia que suelen utilizar las fiscalías estadounidenses para obtener información y evitar procesos largos y costosos.

El contraste con “El Menchito”

La historia judicial de la familia Oseguera presenta un marcado contraste con la de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera y considerado durante años el segundo hombre más importante dentro del CJNG.

A diferencia de Jessica Oseguera y ahora de Antonio Oseguera, “El Menchito” decidió enfrentar un juicio federal en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron como uno de los principales operadores de la organización criminal y lo acusaron de coordinar actividades de narcotráfico y participar en operaciones armadas para proteger los intereses del cártel.

Tras un largo proceso judicial, fue declarado culpable de diversos delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas. Como consecuencia, recibió una sentencia de cadena perpetua, además de una condena adicional de varias décadas de prisión.

El resultado de ese juicio evidenció los riesgos que implica para los líderes criminales rechazar acuerdos con la fiscalía estadounidense y optar por litigar los cargos hasta el final.

¿Quién es “Tony Montana”?

Antonio Oseguera Cervantes ha sido identificado durante años como uno de los operadores de confianza dentro de la estructura del CJNG.

Autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como responsable de actividades relacionadas con la logística, el abastecimiento y la coordinación de operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas.

En Estados Unidos enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de cargos relacionados con armas de fuego. Según los expedientes judiciales, habría participado durante años en el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Su próxima declaración de culpabilidad evitará que el caso llegue a juicio y lo convertirá en el segundo integrante de la familia Oseguera que acepta responsabilidades ante la justicia estadounidense, después de Jessica Johanna Oseguera González.

Con ello, la atención vuelve a centrarse en el entorno familiar de “El Mencho”, cuyos integrantes han seguido caminos distintos frente a los tribunales estadounidenses: algunos han optado por negociar, mientras otros han enfrentado condenas ejemplares.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de “El Mencho”, se declarará culpable en Estados Unidos de los cargos en su contra relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con un documento de la Corte de Distrito de Columbia, compartido por el periodista Keegan Hamilton, tanto su defensa como las autoridades solicitaron al Tribunal reprogramar la audiencia que tenía establecida para este 18 de junio con el fin de que puedan finalizar las negociaciones para cambiar su declaración.

Con esto, pidieron que se realice la audiencia durante la semana del 27 de julio de 2026 “o tan pronto como el Tribunal esté disponible”, luego de que comenzaron las negociaciones desde abril con el objetivo de no ir a juicio, pero requieren tiempo adicional.

“Desde el último aplazamiento, las partes han llegado a un acuerdo sobre los términos de la declaración y necesitan tiempo adicional para finalizar la documentación correspondiente y preparar el cambio de declaración”, detalla la presentación judicial presentada la mañana de este jueves.

En la solicitud también se establece que el Tribunal suspenda el tiempo de la Ley de Juicio Rápido desde el 18 de junio de 2026 y hasta la próxima audiencia, ya que es necesario para prepararse, ya que en caso de no hacerlo “podría resultar en injusticia”.

La defensa, encabezada por el abogado Frank Pérez Pérez (que también es de Ismael “El Mayo” Zambada), firmó el documento junto a otros juristas de la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cabe señalar que Antonio Oseguera Cervantes fue enviado a Estados Unidos junto a 28 individuos ligados con actividades de narcotráfico en febrero de 2025, es decir, a casi tres años de su detención en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

¿De qué acusan al hermano del exlíder del CJNG?

En enero de 2023, “Tony Montana” fue acusado por un gran jurado federal del Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas.

De acuerdo con documentos judiciales, Oseguera Cervantes está acusado de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a los Estados Unidos, lo cual habría hecho desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022.

Además, lo acusan de posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico desde enero de 2000 hasta diciembre de 2022. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

Con la búsqueda de un acuerdo de culpabilidad, podría recibir beneficios como una sentencia reducida al convertirse en testigo para sustentar otras acusaciones contra individuos en Estados Unidos.

Antonio Oseguera Cervantes es identificado como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido el 22 de febrero pasado en Tapalpa, Jalisco.

Oseguera Cervantes es requerido por autoridades estadounidenses desde junio de 2013 por delitos ligados al tráfico de drogas y posesión de armas, según informes de la Corte del Distrito de Columbia. Más tarde, en enero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspirar para traficar metanfetamina y cocaína hacia ese país desde 1998.

De manera previa, “Tony Montana” había sido detenido en 2015 y después recuperó su libertad al realizar pagos a autoridades competentes.

En septiembre de 2022, una resolución judicial anuló los cargos por posesión de armamento de uso militar que enfrentaba en México. La jueza Abigail Ocampo Álvarez determinó entonces que no había prueba suficiente para sostener esa acusación.

Pese a ese revés, la Defensa lo ha descrito como un posible operador logístico del cártel, presuntamente encargado de adquirir armas y coordinar acciones violentas contra grupos rivales.

Las autoridades de Michoacán informaron de manera preliminar sobre la muerte de cinco elementos de seguridad, además de otros cinco lesionados, como resultado de un ataque armado en Nahuatzen. Reporte periodísticos señalan que los responsables de la agresión serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ataque realizado el 10 de junio generó el despliegue de un operativo en la zona. Asimismo, a través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran parte de lo ocurrido en el lugar, una de ellas muestra vehículos oficiales con múltiples impactos de bala.

“Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada”, es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas y el operativo en la zona continúa para poder ubicar a los responsables, según compartió la Secretaría de Seguridad estatal en sus canales oficiales.

Implementan operativos por tierra y aire para hallar a los responsables

Asimismo, el titular de la Fiscala General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, compartió un mensaje en el que asegura que mantiene coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y elementos estatales

“Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias y a toda la corporación”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

El fiscal también compartió un video en el que puede verse parte de las labores desde un vehículo aéreo por parte de elementos de la Fiscalía de Michoacán.

Aseguran dos camionetas

Alrededor de las 6:15 de la tarde, la Secretaría de Seguridad estatal informó sobre los primeros avances tras el despliegue operativo en la zona por la agresión armada.

El reporte de las autoridades detalla que elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército, hallaron dos camionetas (una color rojo y la segunda de color gris), armamento y municiones.

Los nombres de los policías asesinados

Poco después de las 9:00 de la noche, la Secretaría de Seguridad estatal publicó los nombres de los agentes fallecidos, se trata de:

• Porfirio Rodríguez Briseño
• Brandon Josué Zamora Torres
• Francisco Javier Otero Damas
• Jonatán Mondragón Servín
• Mateo Valdez Abarca

Ayuntamiento de Uruapan condena agresión

Poco después de las 6:30 de la tarde, las autoridades de Uruapan compartieron un mensaje en el que condenan el ataque armado en contra de los elementos de la Guardia Civil y solicitó averiguaciones para aclarar lo sucedido.

“Este lamentable hecho atenta contra la seguridad, el orden y la paz social, por lo que no debe quedar impune. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y se investigue este lamentable hecho”.

De igual manera, el Ayuntamiento de Uruapan externó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la corporación de seguridad.

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco muertos en Zamora

Cabe recordar que el pasado 3 de junio fue registrado otro ataque en el municipio de Zamora, en dicha ocasión los responsables fueron identificados como integrante del grupo delictivo los Caballeros Templarios.

Además, la Fiscalía de Michoacán confirmó a esta casa editorial que los cinco cuerpos hallados en el lugar correspondían a cuatro hombres y una mujer. Además de que dos personas más fueron localizadas con lesiones.

Fuentes de seguridad informaron a Infobae México que detrás del ataque se encuentran integrantes de los Caballeros Templarios, señalamiento que las autoridades confirmaron de manera posterior.

El fiscal estatal ofreció una conferencia de prensa en la que precisó que el lugar donde ocurrieron las detonaciones está en los límites de Zamora y Jacona, una región con un conflicto armado entre el Cártel de Los Reyes —con su célula conocida como La Venada—, el CJNG y los Caballeros Templarios.

La historia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, está estrechamente ligada a un acontecimiento ocurrido hace más de una década: la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal.

Considerado uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y hombre de confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Coronel fue abatido por fuerzas federales el 29 de julio de 2010 en Guadalajara, Jalisco. Su caída no sólo representó un golpe para la organización sinaloense, sino que también provocó una reconfiguración criminal que terminaría dando origen al CJNG.

Antes de su muerte, Coronel mantenía el control de importantes rutas de tráfico de drogas en el occidente del país y operaba mediante una red de aliados que incluía al Cártel del Milenio, organización encabezada por Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”.

El grupo tenía presencia principalmente en Jalisco y Colima, aunque con el paso del tiempo extendió sus operaciones hacia Michoacán y el entonces Distrito Federal.

El vacío de poder que desencadenó una guerra interna

Cuando Nacho Coronel fue abatido, el panorama criminal en la región ya atravesaba un momento de inestabilidad.

Meses antes había sido capturado Óscar Orlando Nava Valencia, uno de los principales líderes del Cártel del Milenio. Sin sus dos figuras más importantes, la organización comenzó a fragmentarse rápidamente.

De aquella ruptura surgieron dos facciones rivales: La Resistencia y Los Torcidos.

La disputa entre ambos grupos estuvo marcada por acusaciones de traición. Integrantes de La Resistencia responsabilizaban a Los Torcidos de haber facilitado la captura de El Lobo, lo que detonó una lucha por el control de las rutas de narcotráfico, los centros de operación y las redes de protección que anteriormente respondían a Coronel.

Especialistas en seguridad consideran que fue precisamente este vacío de liderazgo el que permitió el nacimiento de una nueva organización criminal.

Los Torcidos lograron imponerse sobre sus rivales y comenzaron a consolidarse como los herederos de la estructura que había dejado Nacho Coronel en Jalisco. Con el tiempo, ese grupo adoptaría el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ascenso de El Mencho y la expansión del CJNG

Entre los principales integrantes de Los Torcidos se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un ex policía que había formado parte del Cártel del Milenio y que posteriormente sería identificado como fundador y máximo líder del CJNG.

Junto con operadores como Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85”, y Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, Oseguera comenzó a construir una organización que rápidamente amplió su presencia territorial.

Una de las primeras misiones atribuidas al grupo fue combatir a Los Zetas en Veracruz bajo la denominación de Los Matazetas. Aquella estrategia permitió al CJNG ganar notoriedad nacional y proyectarse como una organización capaz de disputar territorios a otros grupos criminales.

La organización también desarrolló una estrategia de propaganda en la que buscaba presentarse como una fuerza destinada a expulsar a otros grupos delictivos de determinadas regiones.

De organización emergente a uno de los cárteles más poderosos

Tras su surgimiento, el CJNG protagonizó algunos de los episodios de violencia más significativos de los últimos años en México.

Autoridades federales han vinculado a la organización con emboscadas, enfrentamientos armados y ataques directos contra funcionarios públicos.

Entre los casos más notorios se encuentra la emboscada contra elementos policiales en Jalisco en abril de 2015, que dejó 15 agentes muertos. Un mes después, integrantes del grupo derribaron un helicóptero militar durante un operativo de captura.

Posteriormente, el CJNG fue señalado por las autoridades como responsable de atentados contra figuras públicas, entre ellas el ex fiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera y el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Además de su capacidad armada, el grupo desarrolló mecanismos para obtener respaldo social en algunas comunidades mediante la distribución de despensas, juguetes y apoyos durante la pandemia de COVID-19, una práctica que analistas han identificado como parte de estrategias de legitimación territorial.

Actualmente, tras la muerte de Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026, la organización enfrenta una nueva etapa de reacomodo interno. El origen del CJNG no puede entenderse sin el vacío de poder que dejó la muerte de Nacho Coronel en 2010, un acontecimiento que transformó para siempre el mapa criminal de México.

La captura de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, el pasado 6 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, volvió a traer a la memoria una fotografía tomada en Yautepec, Morelos, en 2018, cuando tres líderes criminales posaron junto al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Hoy, ocho años después, uno a uno han ido cayendo. Uno murió asesinado en prisión, otro purga una condena de 28 años y el tercero acaba de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La imagen no salió a la luz pública sino hasta enero de 2022. En ella aparecen cuatro hombres posando juntos en lo que parece el interior de un recinto en Yautepec. De izquierda a derecha: Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”; Figueroa Meza, “La Tripa”; Blanco; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”. Para ese momento, dos de los tres ya habían caído. Solo “La Tripa” seguía libre.

La respuesta de Cuauhtémoc Blanco, entonces gobernador de Morelos fue: “Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar”. Desde entonces no volvió a retomar el tema.

“El Ray”: del futbol en Yecapixtla al motín de Atlacholoaya

Raymundo Isidro Castro, “El Ray”, fue el primero en caer. Originario de Acapulco, Guerrero, heredó la plaza de Cesáreo Adrián Alias, “La Guajolota”, quien había recuperado territorio para el Cártel del Pacífico Sur antes de ser detenido en 2013.

“La Guajolota” permaneció en prisión siete años hasta su muerte por paro respiratorio en el penal de Atlacholoaya en septiembre de 2020. Desde 2014, el Ray era identificado como uno de los principales generadores de violencia en el oriente y norte de Morelos, donde el CJNG comenzó su expansión. Operaba directamente para Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Aficionado al futbol desde pequeño, el Ray patrocinó equipos en el oriente de Morelos y ganó varios torneos regionales. Según reportes, habría adquirido junto con el exalcalde de Yecapixtla, José Refugio Amaro Luna, al equipo Guerreros de Yecapixtla, en la Tercera División del balompié mexicano.

Las investigaciones que lo llevaron a prisión se intensificaron en abril de 2019, tras un enfrentamiento armado en el restaurante Los Estanques, en Cuautla, donde seis personas murieron, entre ellas tres menores de edad. El objetivo de los atacantes habría sido el propio Ray, quien logró escapar. Cayó detenido el 7 de mayo de 2019 en Puebla y fue trasladado al Centro de Reinserción Social “Morelos”, en Atlacholoaya, Xochitepec.

No duró seis meses en prisión. El 29 de octubre de 2019 estalló una riña en el penal que dejó un muerto y seis heridos. Al día siguiente, el 30 de octubre, un motín de aproximadamente 200 reos de los dormitorios cuatro y nueve terminó con la vida de seis internos, entre ellos el Ray. La necropsia determinó que murió por “laceración cerebral por contusión encefálica hemisférica derecha, secundaria a traumatismo craneoencefálico”. Las heridas provenían de armas blancas y objetos punzocortantes.

Cuauhtémoc Blanco había celebrado la detención del Ray con estas palabras: “Delincuente que causó mucho daño a las familias”. Para ese entonces, la fotografía que los mostraba juntos aún no era pública.

“El Profe”: de agente ministerial a jefe del CJNG en Morelos

Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, es Originario de Cuautla. Ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos el 27 de julio de 2000 como policía del Grupo de Investigación de Homicidios. Permaneció en la corporación hasta noviembre de 2003, reingresó en enero de 2005 y operó como agente ministerial hasta enrolarse formalmente en el mundo criminal de la mano de la Barbie.

Fue en esa etapa cuando conoció a Salvador Pintado, compañero en la procuraduría estatal, quien lo introdujo al sicariato. Pintado fue detenido en mayo de 2009. El Profe siguió activo.

Fue detenido por primera vez en 2010 bajo cargos de narcotráfico, pero volvió a las calles. El detonador que intensificó su búsqueda fue el hallazgo de una mina en Taxco, Guerrero, usada como fosa clandestina: las autoridades exhumaron 55 cadáveres a 150 metros de profundidad.

Para julio de 2015, registros de prensa lo ubicaban ya con el alias de “El Gato”, ligado a una banda de secuestradores en Morelos. Según reportes de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Solano Vera era investigado por el asesinato de al menos 30 personas.

En ese periodo también se recrudeció su pugna con Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, líder de los Rojos, quien disputaba el territorio de Morelos antes de ser detenido en 2019 y condenado posteriormente a 20 años de prisión. Tras la muerte del Ray en el penal, el Profe quedó como principal cabecilla del CJNG en Morelos.

La madrugada del 16 al 17 de febrero de 2021 elementos del Ejército y la Policía Federal Ministerial lo localizaron en la colonia Santa Rosa de Cuautla. Intentó huir en motocicleta al percatarse del operativo, pero soldados le bloquearon el paso. Lo encontraron en pijama, con más de 1,100 pastillas de fentanilo empaquetadas en 12 bolsas, una pistola con 28 cartuchos y un cargador adicional con 26 municiones.

Blanco también celebró esa captura y la difundió en sus redes.

En julio de 2024, la FGR obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años de prisión para Solano Vera por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Siete meses después de la detención del Profe, en enero de 2022,la fotografía de los tres criminales junto al exfutbolista del América salió a la luz.

“La Tripa” cobró 70,000 pesos al mes en el gobierno de Blanco

Antes de consolidarse como presunto jefe del Comando Tlahuica, Homero Figueroa Meza ocupó un cargo dentro de la administración municipal de Cuernavaca. Durante la alcaldía de Blanco, entre 2016 y 2019, se desempeñó como asesor jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), organismo cuya Junta de Gobierno presidía el propio alcalde.

El periódico Reforma reveló que hasta septiembre de 2018, “La Tripa” cobraba 70,000 pesos mensuales en esa posición. Una investigación periodística de 2023 lo ubicó como generador de violencia de alta relevancia en Morelos y señaló que habría asumido el control operativo del propio SAPAC durante esa misma alcaldía.

Su detención ocurrió el 6 de junio en San Pedro Cholula. Agentes de la SSPC y la FGR interceptaron a Figueroa Meza, de 47 años, en compañía de Sandra León Varo, de 33. Llevaban consigo un arma corta, identificaciones apócrifas, dosis de marihuana y cristal, y se trasladaban en un vehículo que fue asegurado.

Las autoridades lo señalan como líder del Comando Tlahuica, célula con presencia en Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, en el oriente de Morelos.

A ese grupo se le atribuyen homicidios, extorsiones, secuestros y posibles vínculos con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, perpetrado en febrero de 2019. Fuentes federales también lo vinculan con el Cártel Independiente de Acapulco como antecedente y con una alianza con Guerreros Unidos-Los Acapulco.

En Tecate, Baja California, fueron detenidos dos hombres, entre ellos un sujeto identificado como posible líder de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según información obtenida por Infobae México.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado (SSC-BC) informa sobre la detención de César Iván “N”, quien es apodado El 60, y quien es identificado por las autoridades como presunto integrante de un grupo criminal.

Dicho hombre contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio. Agentes de seguridad ordenaron a dos personas detenerse, lo que permitió una inspección a los sujetos, quienes llevaban armas de fuego.

Estaría relacionado con el CJNG

Las primeras averiguaciones de las autoridades establecen que César Iván “N” tendría una posición de liderazgo dentro de una estructura criminal.

“De acuerdo con información preliminar el conocido como “El 60” se le vincula como miembro activo de una célula delictivas con presencia en el estado, donde se presume lidera un grupo encargado de sicarios para amedrentar a integrantes rivales", establece el reporte.

Datos obtenidos por esta casa editorial señalan que dicho hombre estaría ligado con el CJNG.

También fue detenido “El Chapo”

El 60 es originario de Sinaloa, mientras que el segundo sujeto capturado fue identificado como David Alexander “N”, quien tiene 20 años y es apodado El Chapo.

Como resultado de las revisiones a los sujetos mencionados, los uniformados hallaron una pistola calibre .45 mm, equipada con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles. Asimismo, se localizó una segunda pistola calibre 9 mm, con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles. Ambas armas fueron aseguradas con el objetivo de que formen parte de las averiguaciones.

Luego de los arrestos realizados la tarde del 8 de junio, los hombres fueron llevados a las instalaciones de Fuerza Estatal para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tijuana para que sea determinada su situación jurídica.

El CJNG en Baja California

En la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila han sido registrados diversas detenciones de personas presuntamente ligadas al CJNG.

Fue en mayo pasado que hubo al menos tres capturas. Las autoridades federales informaron el 19 de mayo la detención de José Paulino “N”, un sujeto con buscado por las autoridades por su presunta relación con un homicidio y quien fue arrestado en la colonia Chihuahua de Tijuana.

Según datos conseguidos por esta casa editorial, el hombre asegurado sería líder de un brazo armado identificado como Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), una estructura ligada al CJNG.

Otros dos sujetos ligados al grupo criminal detenidos

Días antes de la detención, el 14 de mayo las autoridades de Baja California informaron sobre la captura de dos sujetos identificados como: Eduardo Antonio “N”, alias Makumba y José Antonio “N”, alias El Tony. Los dos estarían relacionados con el también llamado cártel de las cuatro letras.

Dichos individuos fueron capturados luego de que impactaron con su auto una patrulla en la colonia Las Torres de Tecate. En un primer momento los policías exigieron que los sujetos, quienes viajaban en un auto, detuvieran su marcha, pero los sospechosos ignoraron tal indicación, lo que derivó en una persecución.

Durante la revisión, los agentes de seguridad encontraron un arma de fuego tipo fusil calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un segundo fusil con la leyenda “MFT” calibre 7.62 x 39 mm, con cargador abastecido con 20 cartuchos útiles; un arma larga calibre .223 con cargador y 20 cartuchos útiles; así como un fusil con la leyenda “BCM” calibre 7.62 x 39 mm, igualmente abastecido con 20 cartuchos útiles.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló este 9 de junio mediante una publicación en su cuenta oficial de X que en conjunto con diversas agencias de Estados Unidos han arrestado a mil 343 miembros de cárteles mexicanos en la frontera sur del país entre abril y junio de 2026, en el marco de las operaciones del Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y el Centro Nacional de Coordinación.

Las detenciones, según las cifras compartidas, se produjeron en 423 operaciones que incluyeron 47 mil 971 inspecciones fronterizas, el decomiso de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, la confiscación de 421 armas y el aseguramiento de más de 700 mil dólares en efectivo.

El operativo para desmantelar a los cárteles involucra diversas dependencias federales, como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A nivel nacional, la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) acumula más de 3 mil arrestos y el decomiso de más de 150 mil libras de narcóticos desde su creación.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por más de 3 mil 100 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Del lado estadounidense, cuatro estados comparten esa línea: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Del lado mexicano, la frontera abarca Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A lo largo de ese tramo operan más de 50 puntos de cruce terrestres oficiales, entre los que destacan San Ysidro, Otay Mesa, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

Cárteles mexicanos y su designación como organizaciones terroristas

En acciones previas contra el crimen organizado, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a seis cárteles mexicanos.

El primero fue el Cártel de Sinaloa, con sede en el estado homónimo, señalado como uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. El segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente operan en casi todo el territorio mexicano y tiene presencia en el continente americano, Australia, China y el sudeste asiático.

El tercero, el Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocido como los Zetas, quienes tienen base en el noreste de México.

El cuarto, la Nueva Familia Michoacana (LNFM), sucesora de la Familia Michoacana, opera en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México bajo el mandato de los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.

El quinto, el Cártel del Golfo (CDG), quienes también operan en el noreste del país. El sexto, los Cárteles Unidos (CU),organización formada a partir de una alianza de múltiples grupos en Michoacán y comandada por el Abuelo Farías.

La designación bloqueó todos los bienes e intereses de estas organizaciones en territorio estadounidense y prohibió a ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Golpes recientes contra el narco en la frontera

Entre los operativos documentados, el HSTF desmanteló a finales del mes de mayo un narcotúnel subterráneo que conectaba Tijuana con una bodega camuflada como tienda de descuento —llamada “Buy 4 Less”— cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego.

El pasaje medía casi mil 933 pies de largo, tenía hasta 55 pies de profundidad y contaba con paredes reforzadas, sistema de riel, ventilación y electricidad.

Las autoridades incautaron mil 29 kilogramos de cocaína con valor estimado de $45 millones de dólares, repartidos en 851 paquetes hallados en dos camiones y una camioneta.

Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos. Se les identificó como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando el Tunnel Task Force de HSI detectó actividad sospechosa en el local. El operativo culminó el 29 de mayo de 2026, cuando agentes observaron el traslado coordinado de congeladores y paquetes entre varios vehículos.

Guadalajara tiene historia mundialista. En 1970, el Brasil de Pelé jugó ahí. En 1986, Zico y Sócrates hicieron magia en esa misma tierra. “Hay un amor real entre Guadalajara y el futbol. Espero que sea una fiesta maravillosa”, dijo el periodista mexicano León Krauze en el podcast Today in Focus de The Guardian. El problema es que el 2026 es diferente.

Guadalajara no solo es la segunda ciudad de México. Es también la capital operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa —y violenta— de la historia reciente del país.

El cartel que derribó helicópteros y ahora “recibe” el Mundial

Fundado en 2009 como desprendimiento del Cártel Milenio, el CJNG construyó su dominio a través de violencia extrema: despliega drones armados, granadas propulsadas por cohetes y hasta sistemas antiaéreos. Las desapariciones forzadas, la tortura y la exhibición pública de cuerpos mutilados son sus herramientas de terror.

Krauze lo describió en el podcast sin eufemismos: el CJNG “militarizó más agresivamente y más abiertamente que casi cualquier cartel antes que él”. Derribó un helicóptero del ejército con un RPG, usa rifles Barrett calibre 50 y opera una red de tráfico humano y fentanilo con presencia global.

Jalisco registra además el mayor número de personas desaparecidas en todo México: alrededor de 16,000 casos reportados.

Febrero de 2026: el ensayo del caos

A solo cuatro meses del arranque del torneo, México vivió su peor pesadilla de seguridad. En febrero, las autoridades de Jalisco declararon emergencia tras la muerte del líder del CJNG, “El Mencho”, a manos de fuerzas federales. La respuesta fue devastadora: en dos días murieron 30 agentes del gobierno y un número similar de integrantes del cartel.

En horas, operativos del CJNG lanzaron una campaña de represalias coordinada: en al menos 20 estados se levantaron alrededor de 250 bloqueos en llamas. Autobuses, camiones, bancos y supermercados fueron incendiados. Un lugarteniente del cartel ofreció 20 mil pesos por cada soldado mexicano muerto.

Para Krauze, esa demostración fue un mensaje calculado: “No fue caos aleatorio. Fue el cartel diciendo: ‘Quizás mataron al jefe, pero la estructura sigue en pie y puede paralizar parte del país cuando quiera’”.

¿Los cárteles van a “respetar” el Mundial?

La señal más reciente apunta a una tregua tácita. Según el periodista Ioan Grillo, altos mandos de grupos criminales habrían ordenado a sus operadores no cometer actos violentos durante el torneo para no atraer mayor presión de las autoridades. Una fuente dentro del crimen organizado le dijo que los cárteles “no quieren meterse en más problemas”.

Los propios datos lo respaldan: en los primeros cinco meses de 2026, los incidentes de violencia criminal organizada en Guadalajara cayeron 30% respecto al periodo anterior.

Pero Krauze advierte que no hay que confiarse: “Deberíamos tener cuidado al caracterizar a estas organizaciones criminales como actores puramente racionales, porque no lo son. Son criminales”.

Sheinbaum y la apuesta más alta

México desplegará 100 mil elementos de seguridad, vehículos militares, aeronaves y drones para el torneo. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que el riesgo no es solo futbolístico.

“Estamos a un incidente internacional de darle al gobierno de Trump una excusa para tomar un camino diferente”, advirtió Krauze en el podcast. Ese “camino diferente” tiene nombre: acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.

La Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia explícita: “En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Tiroteos han herido o matado a civiles. Ciudadanos estadounidenses han sido secuestrados”.

Para Sheinbaum, que el Mundial transcurra sin incidentes no es solo una cuestión de imagen. Es, literalmente, una cuestión de soberanía.

Cuando el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, confirmó el lunes que el senador Enrique Inzunza Cázarez seguirá cobrando su dieta legislativa en cheque físico porque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas, la pregunta inevitable surgió sola: ¿Quién más está en esa lista y cómo llegaron ahí?

La respuesta lleva al Acuerdo 156/2026, la orden que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió el 6 de mayo de 2026 y que instruyó a todo el sistema financiero mexicano, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a suspender cualquier operación bancaria y congelar los activos de 10 Personas Políticamente Expuestas (PEP) vinculadas al gobierno de Sinaloa.

Los 10 nombres del Acuerdo 156/2026

El comunicado oficial de la UIF no publicó los nombres de los bloqueados, pero el contexto de las investigaciones y reportes periodísticos los identificaron con claridad. La lista incluye:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
• Sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz
• El senador Enrique Inzunza Cázarez
• El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil
• Cuatro funcionarios y exfuncionarios de la administración estatal sinaloense

Todos comparten denominador común: el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los incluyó en una acusación por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, cargos que van desde conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetaminas hasta esquemas de protección política al crimen organizado.

La UIF llegó tarde — y jalada por los bancos

Aquí está el detalle que más incomoda al gobierno federal: el bloqueo no nació de una investigación iniciada en México. La UIF actuó casi tres semanas después de que EU difundiera públicamente las acusaciones, y lo hizo porque los bancos comerciales mexicanos le pusieron el foco encima.

Al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, la banca privada en México activó de manera inmediata sus mecanismos internos de cumplimiento y emitió alertas sobre sus clientes identificados como PEP. Solo entonces la UIF reaccionó e incorporó a los señalados a su Lista de Personas Bloqueadas.

Esa secuencia no pasó desapercibida. El analista Raymundo Riva Palacio señaló que la UIF tardó ocho días en ejecutar el bloqueo desde que las acusaciones se volvieron públicas, un retraso que fue leído como señal de la tensión política que el caso generaba al interior del gobierno.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum contribuyó a esa lectura: cuando fue cuestionada sobre el congelamiento, afirmó que no tenía conocimiento del tema y pidió que la UIF informara “en su momento”. “No es que la UIF esté investigando al gobernador”, precisó la mandataria.

¿Qué significa estar en la lista negra?

La Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento administrativo, no penal. La propia UIF lo subrayó en su comunicado: la medida no constituye una determinación definitiva ni implica responsabilidad penal acreditada en México. Es, en sus palabras, una “acción preventiva de carácter administrativo”.

En la práctica, sin embargo, sus efectos son inmediatos y totales: suspensión de todas las operaciones bancarias, congelamiento de activos dentro del sistema financiero nacional e impacto en cualquier empresa o entidad con vínculos contractuales con los bloqueados.

Los afectados tienen 10 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF desde que toman conocimiento del bloqueo, y otros 10 días para presentar pruebas y alegatos. La UIF tiene 15 días hábiles para emitir resolución.

Cuentas bloqueadas, pero el erario sigue pagando

El caso de Inzunza ilustra una contradicción que el propio sistema genera: sus cuentas están congeladas por una medida administrativa del gobierno federal, pero ese mismo gobierno —a través del Senado— está legalmente obligado a seguir pagándole. Sin una resolución judicial que suspenda sus derechos legislativos, la dieta llega. Solo cambia el canal: en lugar de transferencia electrónica, un cheque físico que puede recoger él o un representante.

Dos de los otros imputados, los exfuncionarios Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega —exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración del gobierno de Rocha Moya— ya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses. Para ellos, el debate sobre cuentas y pagos quedó superado por una realidad más concreta.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un nuevo juicio de amparo para intentar frenar una posible entrega acelerada a Estados Unidos, al considerar que existe el riesgo de que el gobierno federal lo expulse del país sin concluir el procedimiento formal de extradición.

El presunto líder criminal, recluido desde abril pasado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, aseguró ante autoridades judiciales que enfrenta un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado al vecino país del norte mediante un mecanismo extraordinario sustentado en la Ley de Seguridad Nacional.

Según el recurso promovido por su defensa, Flores Silva sostuvo que las autoridades administrativas pretenden utilizar una vía distinta al procedimiento de extradición para concretar su entrega a Estados Unidos.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó en su demanda.

Sin embargo, el recurso no prosperó.

Juez considera improcedente la demanda

El asunto fue analizado por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, quien resolvió que el amparo era improcedente debido a que la orden de extradición reclamada ya había sido ejecutada en la etapa correspondiente y actualmente existe un procedimiento formal en marcha.

En su resolución, el juzgador destacó que el propio quejoso reconoció encontrarse bajo un proceso de extradición internacional, por lo que la actuación inicial de las autoridades ya produjo sus efectos legales.

“Conforme a lo narrado por el promovente, el directo quejoso fue materialmente detenido e ingresado en el Cefereso Número 1 Altiplano, en donde según su propio dicho se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición”, señaló el juez.

Asimismo, indicó que los señalamientos relacionados con un supuesto riesgo de entrega “fast track”, así como los conceptos de temor y peligro invocados por la defensa, corresponden a apreciaciones subjetivas que no acreditan por sí mismas una violación concreta e inmediata a sus derechos.

La resolución enfatiza que, al encontrarse ya sometido al procedimiento de extradición, no es posible restituirlo al estado previo a la ejecución de la orden reclamada, por lo que se actualiza una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más importantes del CJNG durante los últimos años.

Originario de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, habría escalado posiciones dentro de la estructura criminal encabezada por el capo Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder histórico de la organización, abatido el pasado mes de febrero por autoridades mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

Diversos reportes oficiales lo ubican como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en entidades estratégicas para el tráfico de drogas, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Guerrero.

Su influencia dentro del CJNG lo convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades federales debido a su presunta participación en operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y control territorial en diversas regiones del país.

Tras la captura de varios mandos relevantes del cártel, Flores Silva llegó a ser señalado por analistas de seguridad como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura operativa de la organización criminal.

La bancada de Morena en el Senado decidió no convocar al senador Enrique Inzunza a las sesiones de la Comisión Permanente durante el resto del periodo de receso legislativo.

La medida fue confirmada por el coordinador parlamentario Ignacio Mier, quien aseguró que busca evitar que el Senado se convierta en un espacio de confrontación política derivada de las acusaciones que enfrenta el legislador sinaloense en Estados Unidos.

Aunque Inzunza quedará fuera de las actividades de la Permanente, continuará recibiendo íntegramente su dieta legislativa y los apoyos económicos correspondientes, ya que no existe una resolución judicial o administrativa que suspenda sus derechos como senador.

Morena justifica la exclusión para evitar un “show mediático”

Ignacio Mier explicó que la decisión responde a criterios de “inteligencia y prudencia”, con el objetivo de privilegiar el debate legislativo y evitar que las sesiones se centren en la polémica que rodea al legislador.

El coordinador de Morena sostuvo que, desde su posición, buscará impedir que el Senado se convierta en un escenario de confrontaciones mediáticas o actos protagónicos.

Por ello, adelantó que Inzunza no será convocado a las reuniones de la Comisión Permanente durante el resto del receso parlamentario.

No obstante, enfatizó que la determinación no representa una sanción formal ni implica la pérdida de derechos políticos o legislativos.

Enrique Inzunza seguirá cobrando su dieta como senador

Mier aclaró que el Senado mantiene la obligación legal de cubrir las percepciones económicas del legislador mientras no exista una orden judicial que establezca lo contrario.

Debido al bloqueo de cuentas bancarias atribuido a medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se realiza mediante cheque y no por transferencia electrónica.

El senador puede recogerlo personalmente o designar a un representante para realizar el trámite correspondiente.

La decisión busca mantener el cumplimiento de las obligaciones administrativas de la Cámara Alta sin afectar el debido proceso.

Las acusaciones que enfrenta el senador de Sinaloa

La controversia en torno a Enrique Inzunza surgió después de que autoridades estadounidenses lo incluyeran entre los funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Principales señalamientos en su contra:

• Presunta participación en una red de protección política al Cártel de Sinaloa.
• Supuestos vínculos con la facción conocida como Los Chapitos.
• Inclusión en documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
• Señalamientos relacionados con un esquema de presunta colaboración entre funcionarios y grupos criminales.
• Acusaciones que también alcanzan a otros actores políticos de Sinaloa.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha emitido una resolución judicial en su contra y el senador ha rechazado categóricamente todas las imputaciones.

El paradero de Inzunza y su defensa pública

Desde que estalló la polémica, Enrique Inzunza ha mantenido una presencia limitada en la vida pública.

De acuerdo con declaraciones del senador morenista Óscar Cantón, el legislador se encuentra en Sinaloa, específicamente en su localidad de origen.

Además, el propio Inzunza ha utilizado sus redes sociales para rechazar las acusaciones.

Recientemente reapareció compartiendo textos del filósofo y estadista griego Solón de Atenas, una publicación que fue interpretada como una referencia indirecta a su situación política y jurídica.

El senador también ha negado tener contacto con autoridades extranjeras y aseguró que no contratará abogados para enfrentar los señalamientos, argumentando que él mismo asumirá su defensa.

Periodo extraordinario podría marcar el regreso del senador

Pese a su exclusión temporal de la Comisión Permanente, la situación de Enrique Inzunza podría cambiar en las próximas semanas.

Legisladores de Morena han señalado que, en caso de celebrarse un periodo extraordinario, el senador deberá acudir a desempeñar sus funciones como integrante titular de la Cámara Alta o, en su defecto, solicitar licencia para que su suplente ocupe el escaño.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate político debido a las acusaciones provenientes de Estados Unidos y a las implicaciones que podrían tener para uno de los legisladores más cercanos al grupo político gobernante en Sinaloa.

El Colegio de México documentó más de 100 cuentas activas en TikTok que el crimen organizado usa para reclutar jóvenes en México. El hallazgo, publicado en abril de 2025 por el Seminario sobre Violencia y Paz —fundado por el académico Sergio Aguayo—, revela una infraestructura digital que va mucho más allá de las simples ofertas de trabajo falsas que las autoridades ya conocían.

El estudio fue elaborado en colaboración con el Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern, que aportó acceso a la API de TikTok para medir el comportamiento de las cuentas. La investigación combinó una etnografía digital con un análisis cuantitativo de métricas de interacción, seguidores y lenguaje utilizado.

El detonante: el Rancho Izaguirre

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Ese predio habría funcionado como campo de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal con mayor presencia detectada en la investigación.

El hallazgo puso en primer plano un problema que los medios venían advirtiendo desde meses antes: los cárteles publicaban ofertas de trabajo en plataformas como Facebook y TikTok. Múltiples desapariciones de jóvenes en el Valle de México ya se vinculaban con esas convocatorias fraudulentas.

El 24 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó ese modus operandi en la conferencia mañanera. Identificó a José Gregorio, alias “el Lastra” y “Comandante Lastra”, como uno de los principales responsables del reclutamiento del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. La Secretaría también reportó la identificación de 39 cuentas en distintas plataformas dedicadas a esas actividades, aunque el Colegio de México documentó más del doble.

¿Qué encontró la investigación?

De las 100 cuentas que conformaron la muestra, el 47% realizaba reclutamiento explícito. El 31% correspondía a propaganda, es decir, cuentas que promocionaban el nombre de una organización criminal mediante música y símbolos sin llamar abiertamente al reclutamiento. El resto se distribuía entre cuentas que ofrecían dinero fácil sin aludir al crimen organizado (invitación a negocios sospechosos), venta de armas (3%) y facilitación de cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos (6%).

El CJNG lideró la presencia en la plataforma, seguido por contenido sin alusión a una organización específica como segunda categoría más numerosa. El Cártel de Sinaloa (CDS) —tanto la facción de los Chapos como la de los Mayos— y el Cártel del Noreste (CDN) tuvieron una actividad menor. En el caso del CDS, los investigadores detectaron videos de reclutamiento orientados a armar equipos dentro del videojuego Roblox, lo que abre la interrogante sobre si esa vía se ha convertido en un canal dirigido a audiencias aún más jóvenes.

El lenguaje cifrado: emojis, hashtags y canciones

Uno de los elementos más sistemáticos que la etnografía digital identificó fue el uso de emojis como códigos de identificación. El emoji del ninja (🥷) representaba a operadores encapuchados de los cárteles.

En tanto, el del gallo y las siglas NG eran marcas del CJNG, vinculadas a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Mientras el emoji de la pizza aparecía en cuentas asociadas al CDS, específicamente a la facción del Chapo, formando la palabra “chapizza”.

Los hashtags completaban el sistema de señalización. Los de mayor presencia en TikTok eran #nuevageneración, #4letras, #4l y #mencho, todos vinculados al CJNG y utilizados sobre todo en publicaciones de reclutamiento. El hashtag #trabajoparalamaña operaba de forma transversal entre distintas organizaciones.

La música fue el tercer pilar del ecosistema. La investigación catalogó más de 30 canciones presentes en el contenido criminal de TikTok. Entre las más recurrentes vinculadas al CJNG figuran Pura Gente del Mencho de Revolver Cannabis, El 03 de Fuerza Regida y SU CASA de Peso Pluma. Para el Cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada de Los Tucanes de Tijuana y JGL de La Adictiva eran las más frecuentes.

Los investigadores aclaran que no todos los usuarios que emplean esos audios pertenecen a alguna organización criminal. Existe un volumen considerable de videos donde personas simplemente disfrutan esa música sin referencias adicionales al crimen.

¿Cómo se construye el mensaje de reclutamiento?

El informe describe cuatro modalidades de captación. La primera es el reclutamiento directo: mensajes con referencias explícitas a la adhesión a un grupo criminal, ya sea en diálogos, textos sobrepuestos en pantalla o en los comentarios. La segunda es el scrolling, que no menciona el reclutamiento pero exalta la cultura criminal mediante estética y narrativa.

La tercera modalidad apela a la aspiración: símbolos y mensajes que presentan la vida criminal como un proyecto de vida deseable. La cuarta usa el audio como vector principal, con canciones de temática delictiva como fondo de videos aparentemente cotidianos.

“Los contenidos construyen una narrativa en la que el crimen organizado no aparece como un mundo ajeno, sino como una extensión de la vida cotidiana”, señala el informe. La exaltación de vehículos, armas y paisajes asociados al trasiego de drogas “se presenta como algo normalizado, incluso aspiracional”.

¿A quién apuntan las cuentas?

Casi el 80% de los videos de la muestra apelaba a audiencias mixtas, sin distinción de género. Alrededor del 16% se dirigía explícitamente a hombres. El reclutamiento orientado a mujeres fue minoritario pero diferenciado: lo manejaban cuentas administradas por mujeres que ofrecían apoyos a “madres solteras y estudiantes” para que pudieran “salir adelante”.

Los datos cuantitativos mostraron que las cuentas que ofrecían hospedaje, pago y entrenamiento de forma conjunta tenían correlaciones muy altas entre sí (todas iguales o superiores a 0.7), lo que sugiere un modelo de captación empaquetado. La correlación entre el número de seguidores y los likes fue de 0.94, lo que indica que el tamaño de la audiencia determina en gran medida el nivel de interacción.

¿Por qué TikTok y no otras plataformas?

El informe señala que TikTok tiene menor moderación de contenidos respecto a otras plataformas digitales, lo que facilitó que el crimen organizado construya identidades en ese espacio. La promesa que se les extiende a los jóvenes es la de pertenecer a un grupo donde serán aceptados y donde recibirán, según la narrativa criminal, “mejores oportunidades para su desarrollo futuro”.

El Seminario sobre Violencia y Paz decidió no publicar la lista de las cuentas analizadas. La decisión responde a tres criterios: algunas cuentas pertenecían a menores de edad, cuya exposición generaría riesgos adicionales; la difusión de esos perfiles contribuiría a normalizar el contenido violento; y la publicación podría vulnerar las políticas de privacidad de TikTok.

Las limitaciones del estudio y los próximos pasos

Los investigadores reconocen que la muestra no fue aleatoria, ya que la recopilación manual por distintas personas introduce sesgo. Muchas de las cuentas analizadas solo estuvieron activas por periodos cortos, porque la plataforma las eliminó o los propios usuarios las dieron de baja, lo que impidió un muestreo retrospectivo. Por esas razones, los autores advierten que los resultados no permiten hacer inferencias sobre el universo total de cuentas con ese tipo de actividad.

El uso del lenguaje del hampa —términos como “la maña” o “belikon”— mostró una correlación negativa con el engagement (-0.22 con likes, -0.25 con seguidores), lo que sugiere que ese vocabulario no es efectivo para atraer audiencias masivas. El reclutamiento explícito, en cambio, tuvo su correlación más alta con ese mismo lenguaje (0.35), lo que indica que las cuentas que reclutan abiertamente sí lo usan con más frecuencia.

¿Qué hace falta para contener el fenómeno?

El Laboratorio de Odio y Concordia del Colegio de México plantea que el entorno familiar y escolar son los espacios más adecuados para hablar con los jóvenes sobre los riesgos del uso irresponsable de las redes sociales. El laboratorio continuará el estudio del fenómeno con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas.

Los investigadores también piden que una siguiente etapa identifique qué factores hacen a un joven vulnerable frente al crimen organizado. Esa información, señalan, es necesaria para pasar de diagnósticos generales a intervenciones concretas.

Las cámaras de Google Street View registraron en junio de 2025 un retén armado en la comunidad de Los Algodones, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa.

En las imágenes, viralizadas este junio de 2026 y tomadas de las coordenadas 25°00′44.9″N 107°19′33.5″W de Google Maps, se observa a seis hombres, algunos armados con rifles de alto poder.

Los sujetos portaban armas tipo AK-47 y AR-15, chalecos tácticos y cascos; sin embargo, destaca el hecho de que uno de ellos vestía un chaleco con las siglas del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG).

Según reportes periodísticos, la sindicatura de Tepuche era, al momento de la captura de imágenes, una zona de disputa entre Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y la facción rival conocida como “Los Mayos”, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”.

Por lo tanto, usar las siglas del cártel jalisciense en territorio de Sinaloa sería una prueba de su alianza con Los Chapitos, la cual ha sido documentada desde finales del 2024 bajo el nombre “Fuerzas Especiales Unión”.

Un chaleco con las siglas CJNG en zona de Los Chapitos

Tres de los seis hombres visibles en las imágenes aparecieron en primer plano frente al vehículo de Google. Los otros tres se observaron al fondo.

El que portaba el chaleco con la leyenda “CJNG” tenía lo que parece ser un casco antibalas y un rifle similar a los llamados cuerno de chivo. Los rostros de todos aparecieron pixelados por el sistema automático de Google.

El vehículo circulaba por el camino hacia Bagrecitos cuando los hombres armados lo detuvieron. Presuntamente revisaron el sistema de cámaras en el techo y lo dejaron continuar.

Las imágenes quedaron incorporadas a Street View de forma automática y permanecieron visibles en la plataforma hasta que usuarios las encontraron casi un año después.

Hasta el corte de esta nota, las imágenes ya no se encontraban disponibles por un posible bloqueo de la plataforma.

Fuerzas Especiales Unión, la célula que unió a Los Chapitos con el CJNG

A finales de 2024 circuló en redes sociales un video donde un grupo armado se presentó como las Fuerzas Especiales Unión y juró lealtad simultánea a “El Mencho” —Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder histórico del CJNG abatido en febrero de 2026— y a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.

Parker Asmann, investigador senior de InSight Crime, describió la alianza como regional y de carácter transaccional en un análisis publicado el 8 de octubre de 2025.

Asmann señaló que el operador que habría facilitado el acuerdo fue Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, descrito como hombre de confianza de El Mencho y figura de alto rango dentro del CJNG.

Su papel, según el investigador, fue proteger el liderazgo restante de Los Chapitos —Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar— y proveer apoyo militar en Sinaloa para frenar el avance de Los Mayos en la guerra que comenzó desde septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de EEUU.

Flores Silva fue detenido el 27 de abril de 2026 por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina en El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento, y trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

La detención de El Jardinero habría dejado en entredicho el futuro de la alianza. Su caída se sumó a la muerte de "El Mencho" en febrero de 2026, lo que habría abierto una disputa interna por la sucesión del liderazgo del cártel jalisciense y pondría en duda la continuidad operativa de las Fuerzas Especiales Unión.

El CJNG apoyó a Los Chapitos con la mira puesta en sus territorios

La alianza no habría sido un pacto entre iguales. El analista en seguridad pública, David Saucedo, explicó previamente que el CJNG brindó un apoyo “fogonero” —limitado— con una lógica de fondo: “Lo que busca el Cártel Jalisco es que Los Chapitos sí sufran una merma importante para que todos estos vacíos de poder territorial sean ocupados por ellos”.

Saucedo señaló que el CJNG evitó enfrentamientos directos con Los Mayos por el poder militar de esa facción, que integró en su brazo armado a exmilitares mexicanos, colombianos, guatemaltecos y, según testimonios recogidos por el analista, veteranos de élite del ejército estadounidense.

“El CJNG no se va a lanzar contra El Mayo. Sabe que puede sufrir mermas importantes”, sostuvo.

La DEA avaló la existencia del pacto en su informe National Drug Threat Assessment 2025 y advirtió que “tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso a funcionarios corruptos de ambos grupos”.

Cabe señalar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó en agosto de 2025 la existencia de una alianza estructural y atribuyó las narcomantas y los chalecos con siglas del CJNG a una estrategia de intimidación de los propios grupos locales.

En marzo de 2022, los habitantes de Achichipico, comunidad del municipio de Yecapixtla, Morelos, hicieron algo que no debería ser extraordinario: pusieron por escrito lo que llevaban siete años viviendo. Más de 2 mil 622 personas —en su mayoría agricultores— sin acceso regular a agua potable para beber, cocinar ni asearse, incluso durante la pandemia de COVID-19.

Cuatro años después, la Operación Enjambre les daría la razón de una forma que ninguna institución había querido darles. Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció las detenciones del pasado 20 de mayo, uno de los cargos llamó especialmente la atención: Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, fue investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Según las investigaciones de las autoridades, el presunto desabasto provocado no se limitó a una sola localidad, sino que habría impactado a varias comunidades del municipio.

Pero hay un matiz que lo cambia todo: los vecinos de Achichipico no denunciaron a Irving, sino a su hermano Heladio Rafael Sánchez Zavala, el presidente municipal que recibió sus quejas en 2022, las mismas que ignoró y que hoy, mientras su hermano enfrenta cargos por delincuencia organizada, sigue en el cargo con mandato vigente hasta 2027.

El pozo desapareció presuntamente con Irving, pero el modus operandi continuó con Heladio.

Una familia, tres alcaldes, quince años de poder

Para entender cómo fue posible, hay que ver quién ha gobernado Yecapixtla desde 2009:

• Irving Sánchez Zavala — 2009–2012, hoy detenido.
• Francisco Erik Sánchez Zavala — 2016–2018 y 2019-2021, dos periodos consecutivos
• Heladio Rafael Sánchez Zavala — 2022–2024 y 2025-2027 (actualmente en funciones)

Los tres son hermanos. Su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, también fue alcalde en los noventa y posteriormente diputado local. Quince años del mismo apellido en el Palacio Municipal, con el PAN como vehículo electoral y el agua como moneda de cambio: los vecinos documentaron que el municipio solo suministraba el líquido durante las campañas, y lo cortaba una vez que el candidato ganaba. Cuando fueron a exigir explicaciones, la respuesta del Ayuntamiento de Heladio fue directa: seguirían sin agua porque Achichipico no había votado por él.

La denuncia que rebotó por todas las instancias

Ante la negativa municipal, los pobladores no se rindieron: escalaron su queja a todas las instancias posibles. En marzo de 2022 enviaron su denuncia formal a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, con copia al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a dependencias federales como la CONAGUA. Lo hicieron de forma anónima —así lo indicaron en el escrito— por miedo a represalias de las autoridades municipales.

Lo que siguió fue un circuito burocrático que duró meses y no resolvió nada.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos respondió en mayo de 2022 que, si bien el desabasto podía constituir una violación a derechos humanos, su competencia no le permitía intervenir directamente en asuntos municipales. En lugar de archivar el caso, lo canalizó a tres instancias: giró una recomendación a la Comisión Estatal del Agua, ordenó dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se ordena informar del presente asunto a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla.

Infobae México tuvo acceso a estos escritos, donde se destaca que la CEAGUA (Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos) respondió en dos ocasiones con el mismo argumento: el agua potable es una atribución constitucional de los municipios, no del estado, por lo que no tenía facultades para intervenir. Su oficio cerró con una frase que resumía el espíritu de toda la gestión institucional: que los vecinos podían acudir a sus oficinas en Cuernavaca si tenían dudas.

La CDHM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos) fue la única instancia que actuó con formalidad. La Visitaduría Regional Oriente radicó el expediente el 17 de mayo de 2022 y giró oficios simultáneos a todas las autoridades señaladas como responsables —La CEAGUA, el presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla (Heladio Rafael Sánchez Zavala), Sistema Operador de Agua Potable y saneamiento del municipio de Yecapixtla y la Contraloría Municipal— requiriéndoles rendir un informe preliminar sobre los hechos denunciados.

La defensa del Ayuntamiento de Heladio ante la CDHM fue puntual: negó toda responsabilidad argumentando que su administración había iniciado apenas el 1 de enero de 2022, por lo que no podía responder por violaciones a derechos ocurridas en años anteriores. Sobre el desabasto, sostuvo que desde 2016 era el comité de agua de la propia comunidad —no el municipio— el responsable del servicio, respaldándose en un acta de cabildo de febrero de ese año.

Lo que el informe no menciona es que entre 2016 y 2021, el municipio de Yecapixtla estuvo encabezado por Francisco Erik Sánchez Zavala, hermano de Heladio.

El expediente quedó abierto. El agua nunca llegó por la vía institucional. Los pobladores lo habían escrito con una claridad que ningún funcionario quiso leer: “No buscamos sanción para los responsables. Buscamos que nos den agua.”

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Y es que este grupo delictivo tiene una organización jerárquica como la tiene cualquier empresa bien estructurada.

El lado financiero es uno de los elementos más importantes dentro de las empresas legales. Pues también lo es para esta organización, que fue liderada por Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido el pasado mes de febrero por elementos del Ejército Mexicano, luego de un operativo en el que se buscaba su detención, en Tapalpa, Jalisco.

Los Cuinis, en brazo financiero del CJNG

El cerebro financiero dentro del CJNG es otro grupo criminal denominado Los Cuinis, quienes controlan el dinero de la organización.

Su función es financiar operaciones, lavar dinero ilícito y expandir el imperio criminal. Estados Unidos ha señalado a Los Cuinis como una de las organizaciones criminales más ricas del mundo, y su fortaleza no es la violencia, sino el control financiero. De acuerdo con el país vecino del norte, son capaces de infiltrar la economía legal para sostener el imperio del CJNG.

Ellos se encargan de convertir el dinero ilegal en legal. Esto lo hacen utilizando empresas como fachada, en centros comerciales, hoteles de lujo, restaurantes, inmobiliarias y clínicas médicas.

Cuando las autoridades detectan alguno de sus negocios, cambian el nombre del mismo y siguen operando. Esta estrategia les ha permitido operar durante años.

Cabe señalar que uno de sus líderes, José González Valencia, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos.

Los Cuinis son liderados por la familia González Valencia, que estaban ligados a El Mencho por lazos familiares.

Más ricos que cualquie banco del país

De acuerdo con el periodista y escritor Jesús Lemus, esta organización criminal es tan rica, que tiene más dinero que cualquier banco que opere en México.

En un capítulo del podcast Narco Mundo, que dirige con el también periodista y escritos José Luis Montenegro, así lo explica Lemus.

En dicho capítulo, el escritor señala que en la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, Los Cunis financían a los primeros.

“Los Cuinis pueden tener más dinero que cualquier banco asentado en México, más que Banamex, más que HSBC, más que cualquier banco, Los Cuinis tienen mayor cantidad de dinero. Y con ese dinero inagotable, ellos están financiando la guerra de Los Chapitos. Pueden durar 10 años de guerra, Los Mayitos no van a aguantar”, señala en ese capítulo el escritor.

El Cuini, ex líder de la organización

Abigael González Valencia, El Cuini, es hermano de Rosalinda González Valencia, quien fue esposa de El Mencho, y fue el líder de Los Cuinis, sin embargo ahora se encuentra detenido en Estados Unidos tratando de negociar con autoridades estadounidenses su sentencia.

El pasado mes de mayo, la defensa de El Cuini pidió aplazar una audiencia que estaba programada para el día 8 de ese mes, para el mes de julio, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite el juicio.

El Cuini presenta cargos por temas de crimen organizado, narcotráfico, y uso de armas de fuego, y es señalado como líder de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG.

González Valencia fue extraditado a EEUU el 12 de agosto de 2025. Fue detenido el 28 de febrero de 2015, en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Marina.

Elián René Fabián Valladolid, un hombre de origen mexicano y de 26 años de edad, quien es identificado por las autoridades estadounidenses como líder de una célula local vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a 262 meses (más de 21 años) de prisión por un tribunal federal en Charlotte, Carolina del Norte.

La pena corresponde a los cargos de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, heroína y metanfetamina, según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Al término de su condena, Valladolid será deportado de Estados Unidos, según el reporte publicado el 4 de junio.

En la audiencia de sentencia, el gobierno solicitó y obtuvo un aumento de la pena con base en el rol de liderazgo que Valladolid ejerció dentro de la organización delictiva.

Los documentos presentados ante el tribunal señalan que el hombre estaba relacionado con una organización de narcotráfico multidrogas con base en México y vínculos directos con el CJNG, estructurada en células locales dedicadas a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Usaban escondites para guardar los narcóticos

Entre 2022 y 2023, Valladolid dirigió la célula local de esa organización, supervisó las actividades de distribución y participó en el reclutamiento de nuevos miembros.

Durante la investigación, las autoridades identificaron escondites utilizados por integrantes de la red para almacenar drogas, entre ellos un almacén sobre el que obtuvieron y ejecutaron una orden de registro.

Como resultado, los agentes incautaron bolsas, maletas y cajas con drogas y artículos de contrabando, además de materiales de empaque, cuatro balanzas digitales, una prensa para drogas y un agente de corte empleado para adulterar los narcóticos y aumentar el volumen del producto destinado a la reventa.

En total, la conspiración involucró 9,6 kilogramos de metanfetamina pura; 5,9 kilos de una mezcla o sustancia con metanfetamina; 2,7 kilos de fentanilo; 1,9 kilogramos de heroína; y 648,11 gramos de cocaína.

“Este caso es solo un ejemplo de los muchos que demuestran que nuestro enfoque en los cárteles y sus organizaciones de narcotráfico asociadas está dando resultados”, afirmó el fiscal federal Ferguson. “Estamos infiltrándonos en estas organizaciones y desmantelándolas desde la cúpula”, agregó.

Por su parte, Mark M. Zito, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Carolina del Norte y Carolina del Sur, señaló que “las organizaciones de narcotráfico explotan las vulnerabilidades de nuestras comunidades, introduciendo narcóticos peligrosos en nuestras calles y alimentando la delincuencia que amenaza la seguridad de las familias y los vecindarios”.

Valladolid permanece bajo custodia federal en espera de su traslado a la Oficina Federal de Prisiones, una vez que se le asigne un centro penitenciario federal. El caso fue llevado por el fiscal adjunto Nick J. Miller, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte.

Túnel transfronterizo fue elaborado por el CJNG

Cabe recordar que el pasado 1 de junio las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la desarticulación de un túnel entre México y la nación de las barras y las estrellas. Además, fueron detenidas cuatro personas y las averiguaciones indican que la estructura fue construida por el CJNG.

“HSI y los demás socios del grupo de trabajo de Seguridad Nacional llevaron a cabo una compleja investigación a largo plazo dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros fueron responsables de la construcción de un túnel subterráneo utilizado para el contrabando de narcóticos", es parte de lo compartido.

Los sujetos detenidos fueron identificados como:

Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego, California, quien está acusado de conspirar para usar un túnel transfronterizo y de conspirar para importar y distribuir cocaína.

José Jiménez, de San Diego

Brandon Escalante Sandoval, de México

Antonio Cortez, también de México. Los tres sujetos son acusados de conspirar para distribuir cocaína importada a través del túnel.

Al menos 10 gobernadores y altos funcionarios mexicanos han enfrentado acusaciones formales de vínculos con el crimen organizado en las últimas tres décadas, según un análisis de InSight Crime. El patrón se repite con una regularidad que trasciende partidos, regiones y épocas: el cargo público se convierte en escudo y en herramienta al servicio de los cárteles.

La corrupción entre funcionarios de alto rango ha sido, durante mucho tiempo, un componente estructural de las operaciones del crimen organizado en México. La impunidad resultante fue un factor determinante en el auge de los grupos más poderosos del país, desde el Cártel de Juárez hasta los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Una historia que precede en décadas al caso Sinaloa

El caso Rocha Moya no es una anomalía: es el eslabón más reciente de una cadena de corrupción que, según documenta InSight Crime, ha unido a gobernadores, fiscales y ministros de seguridad con el crimen organizado en los últimos sexenios. La impunidad acumulada en ese período fue un factor central en el crecimiento de los grupos criminales más poderosos del país.

El primer precedente de extradición lo estableció Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999. Fue declarado culpable de recibir entre 400 mil y500 mil dólares por cada cargamento de cocaína del Cártel de Juárez que atravesaba su estado, y de lavar más de 11 millones de dólares en sobornos a través del sistema financiero estadounidense.

Villanueva Madrid huyó antes de concluir su mandato y evadió la justicia hasta mayo de 2001, cuando el ejército mexicano lo capturó. El 8 de mayo de 2010 se convirtió en el primer exgobernador extraditado de México a Estados Unidos, y fue condenado a 131 meses de prisión. Su delicado estado de salud motivó su repatriación a México en diciembre de 2016.

Tamaulipas: el estado con más gobernadores acusados

Tamaulipas concentra el mayor número de mandatarios estatales con vínculos comprobados o acusados ante la justicia. El exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999–2005) fue acusado en Texas de aceptar millones de dólares del Cártel del Golfo y de Los Zetas, presuntamente desde su etapa como alcalde de Matamoros. La acusación lo señaló por facilitar el contrabando de cocaína a través del puerto de Veracruz e invertir las ganancias en inmuebles y empresas de construcción en Texas, según el FBI.

Yarrington huyó en 2012 y fue detenido en Italia cinco años después. En 2021 admitió haber aceptado más de USD 3,5 millones en sobornos; fue liberado en noviembre de 2024 y extraditado a México en abril de 2025 para cumplir una segunda condena por lavado de dinero.

Su sucesor en el cargo, Eugenio Hernández Flores (2005–2010), también fue acusado en Texas —en 2015— de aceptar sobornos de Los Zetas a cambio de dejar al grupo operar sin interferencia en Tamaulipas y de lavar ese dinero en bancos estadounidenses. La policía de Tamaulipas lo arrestó en Ciudad Victoria en octubre de 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó su extradición en marzo de 2018, pero un juez mexicano la bloqueó. Las autoridades mexicanas retiraron todos los cargos y lo pusieron en libertad en 2023.

El quinto gobernador de Tamaulipas en ser acusado fue el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016–2022). La Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto en su contra un año antes de que concluyera su mandato, por crimen organizado, transacciones con fondos ilícitos y fraude fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera lo señaló además por malversar fondos públicos y facilitar el contrabando de combustible. Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos en 2022 y continúa negando los cargos, alegando persecución política. La Suprema Corte de Justicia emitió una solicitud de extradición en mayo de 2026, pero el proceso no ha concluido.

El hombre que custodió la guerra contra las drogas y trabajaba para el cártel

El caso más emblemático de traición institucional lo protagoniza Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012. García Luna dirigió la estrategia de seguridad del país durante el sexenio de Felipe Calderón y fue, al mismo tiempo, uno de los funcionarios de más alto rango en recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de garantizar el paso libre de cargamentos de cocaína de varias toneladas, según la acusación presentada en Nueva York en 2019.

En el juicio de 2018 contra Joaquín Guzmán Loera, Jesús “El Rey” Zambada García testificó haber pagado directamente a García Luna para proteger las operaciones del cártel. Tras su juicio en 2023, García Luna fue declarado culpable y sentenciado a 38 años de prisión. Reside actualmente en una prisión federal estadounidense y apela su condena.

Ministro de Defensa: el caso que terminó sin condena

Otro caso que sacudió al Estado mexicano fue el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ministro de Defensa entre 2012 y 2018. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusó en 2019 de narcotráfico y lavado de dinero por presuntos vínculos con el Cártel H-2, una rama de la Organización Beltrán Leyva. Lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre de 2020, mientras vacacionaba con su familia.

El caso se cerró de forma abrupta: el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todos los cargos y extraditó a Cienfuegos a México, aduciendo “consideraciones importantes de política exterior”. La fiscalía mexicana lo exoneró tras revisar sus registros financieros y no encontrar irregularidades.

Fiscales y secretarios de seguridad en el banquillo

InSight Crime también documenta el caso de Edgar Veytia, fiscal general de Nayarit entre 2013 y 2017, condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en 2019. Durante su gestión, funcionarios estatales liberaron a miembros del Cártel H-2 detenidos por delitos relacionados con drogas, interceptaron comunicaciones para beneficiar al grupo e instruyeron a agentes corruptos para cometer asesinatos contra rivales, según el Departamento de Justicia.

El caso más reciente a nivel subnacional lo protagoniza Hernán Bermúdez Requena, exjefe de seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024. Las autoridades paraguayas lo arrestaron en septiembre de 2025 por asociación ilícita, extorsión y secuestro, acusado además de liderar “La Barredora”, una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue extraditado a México tras su detención y su juicio está programado para el 1 de junio de 2026.

Gobernadores que saquearon y pactaron

Javier Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, fue condenado por asociación delictiva y lavado de dinero. Renunció en octubre de 2016 en medio de acusaciones de malversación de más de USD 26 millones de fondos estatales y vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado en Guatemala, extraditado a México y condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable. Actualmente enfrenta nuevos cargos por presuntas irregularidades en el manejo de 5 millones de pesos (unos 290 mil dólares) de fondos públicos, según InSight Crime.

El patrón estructural que señala InSight Crime

Según el análisis de InSight Crime, la corrupción de alto nivel en México no opera como un fenómeno aislado de individuos deshonestos, sino como un componente estructural del modelo de negocios del crimen organizado. Los grupos criminales invierten en funcionarios electos y en cuerpos de seguridad para blindar sus operaciones, obtener inteligencia sobre sus rivales y garantizar impunidad ante la ley.

El patrón se repite con independencia del partido político: el PRI aportó a Villanueva Madrid, Yarrington y Hernández Flores; el PAN a Cabeza de Vaca; y Morena figura en la acusación más reciente, con Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez entre los 10 imputados del caso de Sinaloa. La pertenencia ideológica no ha sido un factor determinante en la penetración del crimen organizado dentro del Estado.

La escala de la acusación de abril de 2026 marca un punto de inflexión. Desde 2023, el Distrito Sur de Nueva York ha acusado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa. El caso de Rocha Moya representa la primera vez que Estados Unidos apunta directamente a un gobernador en funciones, una señal de que Washington ha desplazado su estrategia: ya no persigue solo a los capos, sino a los políticos que los sostienen.

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de dos mujeres por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, amabas son identificadas como posibles integrantes del grupo criminal conocido como Los Vallarta, este último presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de Jazmín “N”, alias La China y Leslie Elisa “N”, alias La Güera, fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 3 de junio.

Las averiguaciones de las autoridades establecen que la mujer apodada La China, el 26 de abril pasado, habría ordenado a dos sujetos asesinar a una persona que estaba al interior de un bar en el municipio de La Paz, hechos para los que les facilitó un arma de fuego.

Tras lo anterior, los sujetos acudieron al sitio y dispararon contra la víctima, quien murió en el sitio. Además, antes de huir del sitio los agresores dejaron una cartulina firmada por “Lic. Vallarta”.

Una célula presuntamente ligada al CJNG

Posterior a su detención, Jazmín “N” fue ingresada al penal de Nezahualcóyotl, además de que fue vinculada a proceso y se le determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones.

Las autoridades también señalan que La China es hermana de un sujeto identificado como líder de una estructura criminal al parecer ligada con el CJNG.

“De acuerdo con información de esta Fiscalía, alias “La China” es hermana de Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, y quien era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos", es parte del reporte.

Es importante señalar que Fernando “N” ya fue capturado y actualmente está recluido en el penal de Nezahualcóyotl, incluso ya fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el homicidio de dos policías municipales.

Detenida pareja de “Lic. Vallarta”

Ahora bien, respecto a la otra persona detenida, La Güera es señalada por las autoridades como pareja de El F1. La mujer fue detenida por su posible relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl.

de manera similar que con La China, Leslie Elisa habría sido la encargada de ordenar a dos hombres el asesinato de una persona, acciones que fueron realizadas en un negocio de venta de pollo.

En otras acciones, el pasado 1 de junio fue detenido Omar “N”, quien es señalado como supuesto autor material del asesinato de Francisco Rojas Cano, este último un exdiputado local atacado en inmediaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ene enero de 2025.

Rosalinda González Valencia nació en Michoacán entre 1963 y 1966, según diversas fuentes. De adolescente, a los 14 años, emigró a Estados Unidos, donde trabajó en los campos agrícolas de California, además de emplearse como niñera y afanadora, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández.

En Santa Ana, California, dio a luz a su primer hijo, Juan Carlos Valencia González, quien después sería identificado en el mundo criminal como El 03 o El Pelón. Algunas versiones atribuyen la paternidad a Armando Valencia Cornelio, conocido como "El Maradona".

Sin embargo, la trayectoria de Rosalinda va mucho más allá de su maternidad. Su historia y su rol en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la convirtieron en una figura clave dentro del crimen organizado mexicano.

El linaje criminal de los Valencia

En territorio estadounidense, Rosalinda inició una relación sentimental con un joven Rubén Oseguera Cervantes, quien durante los años ochenta ya acumulaba antecedentes por tráfico de drogas. Esas actividades le valieron breves estadías en prisiones de Estados Unidos, hasta que decidió regresar a Michoacán para sumarse a las filas del Cártel del Milenio.

El regreso de El Mencho no fue en solitario; volvió con Rosalinda, con quien tuvo tres hijos más: Jessica Johanna, Rubén y Laisha Oseguera González. El vínculo entre ambos no era únicamente sentimental, sino también estratégico para los planes de quien terminaría por liderar el CJNG, según las investigaciones de InSignt Crime.

El apellido Valencia llevaba al menos una década siendo uno de los más notorios en Michoacán. Los más de 10 hermanos de Rosalinda, conocidos colectivamente como Los Cuinis, trasladaron los conocimientos logísticos de su negocio aguacatero al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

Abigael González Valencia, alias El Cuini, se convirtió en el socio financiero de mayor peso para Oseguera Cervantes. Tras el abatimiento de Ignacio Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, El Mencho conformó su propia escisión del Cártel del Milenio con el respaldo económico de Los Cuinis.

El matrimonio que selló una alianza criminal

El CJNG nació con una división de roles precisa: El Mencho aportó el músculo operativo y Los Cuinis, el cerebro financiero. La alianza entre ambas familias se formalizó con el matrimonio de Rubén Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia.

Más allá de ser el puente entre su esposo y sus hermanos, Rosalinda asumió un papel activo dentro de la estructura del cártel. Las autoridades mexicanas la identificaron como parte de la estructura financiera tanto del CJNG como de Los Cuinis, y Estados Unidos incluyó a los hermanos González Valencia, entre ellos a Rosalinda, en su lista negra del narcotráfico.

La red de lavado de dinero y el autolavado de Puerto Vallarta

Autoridades mexicanas acusaron a “La Jefa” de ser la principal operadora financiera del CJNG, al frente de una red de empresas fachada que lavó aproximadamente mil 100 millones de pesos entre 2015 y 2016, de acuerdo con información de InSight Crime.

El caso judicial que derivó en su condena se centró en una cuenta bancaria vinculada a un negocio de lavado de autos en Puerto Vallarta, Jalisco. La jueza Guillermina Matías Garduño, del Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, determinó que Rosalinda ocultó movimientos financieros en esa cuenta durante ese mismo periodo.

La sentencia giró específicamente en torno a 75 mil pesos depositados en una cuenta a nombre de su hija Jessica Johana Oseguera González, cuya procedencia legal no pudo acreditarse. El abogado defensor Víctor Francisco Beltrán impugnó la resolución ante un Tribunal de Apelación de Morelos.

Beltrán argumentó que la Fiscalía General de la República no señalaba a su cliente por ocultar esos recursos, sino únicamente por adquirirlos y transferirlos. También sostuvo que en el proceso no se acreditó la pertenencia a delincuencia organizada ni el manejo directo de recursos ilícitos, según Infobae.

La red de blanqueo de activos de Rosalinda fue más amplia que una sola cuenta bancaria. Los periodistas Rubén Mosso, Gaspar Vela y Jannet López Ponce documentaron para Milenio que su nómina incluyó a sicarios, familiares, restauranteros, empresarios y presidentes municipales para facilitar el lavado del dinero del cártel.

Detenciones, condena y liberación anticipada

La primera detención de Rosalinda González Valencia ocurrió en mayo de 2018, cuando personal de la Secretaría de Marina la capturó en Zapopan, Jalisco. Fue absuelta del delito de delincuencia organizada, pero se le vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita; pagó una fianza de 1.5 millones de pesos y continuó su proceso en libertad.

El incumplimiento de su obligación de presentarse periódicamente a firmar motivó su reaprehensión en noviembre de 2021, también en Jalisco. Ese arresto desató una represalia directa del grupo criminal, según fuentes de la Marina citadas por el periodista Rubén Mosso en Milenio.

Las mismas fuentes revelaron que Laisha Michelle Oseguera González, hija de Rosalinda, y su novio Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, fueron los autores materiales del secuestro de dos elementos navales en Zapopan. El móvil fue vengar el arresto de La Jefa.

A finales de diciembre de 2023, el tribunal federal en Xochitepec dictó la sentencia formal de cinco años de prisión. Rosalinda quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16, en Coatlán del Río, Morelos.

En agosto de 2023, antes de la sentencia, presentó un amparo ante el juez noveno de distrito de Morelos, Guillermo Amaro Correa, que fue desechado. También envió un escrito a la FGR el 19 de julio de ese año para solicitar una evaluación de riesgos procesales y buscar que le retiraran la prisión preventiva justificada.

El 27 de febrero de 2025, Rosalinda González Valencia obtuvo libertad anticipada tras cumplir más del 60 por ciento de su condena y acreditar buena conducta, con base en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Como medida cautelar, debe presentarse cada mes a firmar ante una unidad de supervisión judicial.

La caída de El Mencho y el nuevo mapa del CJNG

El 22 de febrero de 2026, autoridades federales localizaron a Rubén Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. Resultó herido en el enfrentamiento que se desató entre sus hombres y agentes del orden; falleció durante el traslado y dejó al CJNG ante una disputa por la sucesión, de acuerdo con medios locales.

Entre los candidatos al liderazgo del cártel figuraron Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro de El Mencho. Tras el arresto posterior del Jardinero, diversos reportes ubican a El 03 como el nuevo líder del CJNG.

Juan Carlos Valencia González cuenta con un activo que ningún otro aspirante al liderazgo posee: Rosalinda González Valencia. Su linaje criminal, su trayectoria como operadora financiera y su posición como nexo entre Los Cuinis y el cártel la mantienen como una pieza activa en la estructura de la organización, donde sigue siendo conocida como La Jefa.

El asesinato de un hombre en la colonia 10 de Mayo de Culiacán este martes 2 de junio elevó a cinco el número de homicidios en los que los agresores dejaron un cerdito de peluche rosa junto a la víctima, un patrón que hasta ahora carece de explicación oficial por parte de las autoridades sinaloenses.

El cuerpo fue localizado al interior de un domicilio sobre la calle 22 de Diciembre, casi esquina con Geranio, alrededor de las 18:10 horas. El muñeco apareció en el exterior de la vivienda, sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado llegó al lugar a bordo de un vehículo de modelo reciente y abrió fuego con fusiles de asalto. La víctima, conocida extraoficialmente como “Sam” o como Aníbal —de entre 30 y 35 años—, intentó refugiarse dentro del inmueble, pero los proyectiles lo alcanzaron.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en llegar tras el reporte al 911. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso al no detectar signos vitales; el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la víctima no ha sido identificada de manera oficial. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial procesó la escena y recabó los indicios balísticos.

La vivienda ya acumulaba al menos dos ataques previos relacionados con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. En uno de ellos, hombres armados que se encontraban dentro del inmueble respondieron el fuego; en el otro, las ráfagas dejaron daños visibles en la fachada y en el parabrisas de un vehículo negro estacionado frente al domicilio.

El cuarto caso: un hombre en el centro de la ciudad

Días antes, el 28 de mayo, un hombre fue atacado a balazos en las escaleras de un hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Benito Juárez, frente al Mercado Rafael Buelna —conocido como “El Mercadito”—, en el primer cuadro de Culiacán.

El presunto responsable llegó en motocicleta, abrió fuego de forma directa y huyó en la misma unidad. La víctima vestía una playera azul y un pantalón negro, y no portaba documentos de identificación.

Junto al cuerpo fue asegurado otro cerdito de peluche rosa. Hasta el cierre de esa información, no había detenidos ni un móvil confirmado para el ataque.

Los dos adolescentes asesinados en mayo

El patrón se registró por primera vez 10 días antes del caso del hotel, con dos homicidios en el norte de Culiacán en menos de 48 horas. El 15 de mayo, Carlos René, de 17 años, fue atacado a tiros cerca del bulevar Helbert, en la colonia Infonavit Solidaridad.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado hallaron el peluche rosa junto al cuerpo del joven. En un primer momento, algunas versiones señalaron que el adolescente podría haberlo llevado como obsequio para su novia, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

El segundo homicidio ocurrió el 17 de mayo, a las 15:00 horas, en la calle Venus, entre Galaxia y Estrella, en la colonia Rubén Jaramillo. Cristian Emanuel, también de 17 años y residente de la zona, fue interceptado y atacado por sujetos armados que huyeron de inmediato.

Sus familiares lo trasladaron en vehículo particular a un hospital antes de que llegaran los primeros respondientes. Cuando la Guardia Nacional llegó al lugar, solo encontró un charco de sangre, casquillos percutidos y el mismo tipo de peluche. Cristian Emanuel murió alrededor de las 18:00 horas de ese día, sin resistir las heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El significado del cerdito y el contexto del conflicto

Ninguna institución —ni la Fiscalía General del Estado ni las corporaciones policiales— ha confirmado formalmente una relación entre los cinco crímenes ni el posible significado del muñeco. Fuentes extraoficiales apuntan a que el objeto podría funcionar como una firma o mensaje entre grupos delictivos enfrentados.

El uso de objetos como señales en escenas del crimen no es nuevo en Culiacán. En 2019, cinco cadáveres aparecieron con carritos de juguete pegados al cuerpo, presuntamente como señal de que las víctimas eran robachoches; desde septiembre de 2024, pizzas y sombreros también funcionaron como firmas en distintas escenas.

Los cinco homicidios vinculados por el peluche se enmarcan en el conflicto que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y La Mayiza abrieron una disputa que convirtió a Culiacán en escenario de combates, narcobloqueos y ejecuciones. Desde entonces, el estado acumula alrededor de tres mil homicidios relacionados con esa confrontación.

El despliegue de más de 13 mil militares en Sinaloa no ha detenido la violencia. Según estimaciones de COPARMEX, el conflicto dejó además 77 policías municipales asesinados, colonias sitiadas y pérdidas económicas superiores a 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos.

Un exmilitar colombiano relató cómo una falsa oferta laboral lo llevó a formar parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México.

El testimonio, brindado bajo condición de anonimato por razones de seguridad a Telemundo, expuso la cruda realidad a la que se enfrenta el connacional y el modo en que el crimen organizado mexicano ha llegado a tal nivel en medio de las confrontaciones entre grupos criminales (cuyas disputas son por el control del territorio en pro de la venta de drogas, además del narcotráfico) recluta a exmilitares sudamericanos para nutrir y adiestrar sus filas.

“Yo, yo soy colombiano. Me trajeron engañado prácticamente. Vengo del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuando estaba allá, pues en Colombia, me dijeron que venía a trabajar en empresas de seguridad y ya prácticamente cuando estábamos con la realidad fue diferente todo”, explicó el exmilitar.

El colombiano precisó en la charla que aceptó la propuesta porque le prometieron un salario de 2.500 dólares mensuales, que al cambio serían más de 8.900.000 de pesos colombianos.

La experiencia del exmilitar comenzó con una promesa de empleo legítimo en el área de seguridad privada, una situación que se suele repetir en casos como los que han llevado a decenas de colombianos a luchar como mercenarios en conflictos bélicos alrededor del mundo, como en Sudán (Africa); o Ucrania y Rusia (Europa).

“Cuando llegué, prácticamente me metieron a una casa a la Ciudad de México y de ahí me recogió un Uber y me llevó a una casa sicaria”, narró el connacional al describir los primeros momentos tras arribar al país norteamericano.

Según los informes recientes del gobierno de Michoacán, las organizaciones criminales mexicanas han intensificado la captación de desertores de milicias colombianas, aprovechando su experiencia militar para instruir a nuevos integrantes.

El exmilitar colombiano relató que en poco tiempo se le asignó un grupo de jóvenes a su cargo. “Me dejaron un puño de mexicanos a cargo mío. Mira, manejaba prácticamente ciento y pico de muchachos a una sola parte, gente sin experiencia, niños de 15-16 años”, señaló el hombre, que hizo hincapié en la responsabilidad que le impusieron y la presencia de menores de edad en estas estructuras criminales.

La dimensión de lo que ocurre en México quedó evidenciado gracias a imágenes aéreas exclusivas mostradas por el mismo noticiero, y que dan cuenta de la magnitud de los enfrentamientos armados en la sierra purépecha michoacana, donde hombres con equipo táctico y armamento de alto calibre se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

Del lado de las autoridades y defensas comunales indígenas de la región han denunciado la presencia significativa de extranjeros, especialmente colombianos, entre los operativos del crimen organizado.

A su vez, un defensor comunal entrevistado por la misma cadena ejemplificó la disparidad de recursos: “Por ejemplo, míreme a mí, yo tengo un arma que para ellos no es nada, un equipo que para ellos no es nada. Ellos traen el mejor equipo, el mejor armamento”, expresó el hombre que también mantuvo bajo reserva su identidad, en medio de la muestra de desventaja con la que se enfrentan a los grupos armados.

Los pobladores de más de diez localidades indígenas de la zona han reclamado a las autoridades mayor protección y una respuesta efectiva frente al avance del crimen organizado, que continúa reclutando personal capacitado y fortaleciendo sus brazos armados en las comunidades.

Exmilitar colombiano rescatado en México contó lo que padeció allí

El exsargento colombiano Andrés Mauricio Cáceres rescatado en México el 24 de marzo de 2024, tras haber viajado el 12 de marzo con una oferta de trabajo en seguridad por $7 millones, terminó secuestrado después de descubrir que la labor prometida no coincidía con lo que le habían ofrecido.

Antes de su rescate, Cáceres Arciniegas pasó cinco días a la intemperie en el sur de México, huyendo de las personas que le habían ofrecido el empleo y que lo buscaban, reveló El Tiempo.

El exmilitar fue hallado con un cuadro de deshidratación grave y quedó internado en un centro médico cercano al lugar donde lo encontraron, de acuerdo con el mismo medio.

El caso comenzó cuando el suboficial retirado del Ejército Nacional viajó con la expectativa de lograr estabilidad económica para él y su familia. Según el texto fuente, la propuesta consistía en prestar servicios de seguridad y, por su formación militar, su experiencia en comandos especiales del Ejército y en grupos contraguerrilla, la oferta parecía compatible con su trayectoria.

Su esposa, Jelen Marulanda, relató en un video difundido en redes sociales durante la desaparición que el contacto surgió a través de un conocido de su esposo.

“Un amigo de él que estaba allá lo invitó y le dijo que allá iban a trabajar en seguridad y que les pagaban muy bien, y que a los seis meses ellos podían sacar el pasaporte mexicano para poder venir a su casa cada seis meses”, dijo Marulanda.

Las tareas que le describieron a Cáceres Arciniegas eran custodiar una plantación de limones y acompañar en calidad de escolta las camionetas que transportaban las cosechas.

Esa fue la actividad presentada como el núcleo del empleo por el que había aceptado viajar.

La versión de su esposa indica que el exmilitar advirtió muy pronto que la realidad era distinta.

“Me dijo que no era lo que le habían dicho y que había escapado porque sus principios no le permitían estar en ese lugar. Posterior a eso fue que escapó al monte del sur de México, huyendo de las personas con las que se encontraba”, agregó Marulanda en el video difundido en redes.

Tras perder contacto con él, Marulanda se comunicó con la embajada de Colombia en México y la representación diplomática puso el caso en conocimiento de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y de Migración México.

A partir de esa alerta, se activó un protocolo de búsqueda en Michoacán, donde había sido reportada la llegada del colombiano. En medio de ese proceso, autoridades mexicanas advirtieron que la documentación con la que había ingresado al país correspondía a una visa de turismo y no a una autorización de trabajo.