Según pudo reconstruir Infobae, la investigación sobre la banda se inició la noche del 9 de junio último, tras una persecución que terminó con un choque fatal en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese día, cuatro delincuentes armados le robaron un Fiat Cronos a un conductor en el barrio porteño de Mataderos y escaparon en dirección a Ciudad Oculta. Personal de la Policía de la Ciudad detectó el auto y comenzó a seguirlo. El recorrido terminó en la avenida Eva Perón y Lisandro de la Torre, donde el vehículo robado chocó contra un patrullero y luego se subió a la vereda, impactando contra un poste y la pared de una casa.

Uno de los ocupantes, Marco Santino Viscomi, de 19 años, murió en el lugar. Otros tres se bajaron del auto y corrieron hacia el interior de la villa, disparando contra los policías para cubrir la huida.

Los policías continuaron la persecución a pie y lograron detener a uno de los sospechosos. Resultó ser Giuliano Caín Oscar Canteros, de 20 años, quien tenía heridas producto del choque y manchas de sangre en la ropa.

En tanto, los otros dos alcanzaron a escabullirse entre los pasillos del asentamiento.

En la investigación posterior, los detectives de la División Homicidios de la PFA sumaron a otras divisiones y desplegaron tareas de campo, también comenzaron a analizar registros fílmicos y a realizar rastreos en redes sociales. Así lograron identificar a todos los integrantes de la banda: al fallecido Viscomi y al detenido Canteros, se sumaron Almeida Silvero y un menor de 17 años, E.D.V.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, encabezado por el juez Cristian Von Leers, y avanzó el 9 de enero pasado, cuando el adolescente prófugo subió una foto junto a una mujer dentro del patio de comidas de un centro comercial.

Un agente reconoció el lugar como el Parque Avellaneda Shopping. Tras ello, fueron a buscarlo y lo detuvieron cuando se disponía a ingresar al cine.

Quedaba pendiente la captura de Almeida Silvero. El ciberpatrullaje, otra vez, resultó clave. Ayer, los investigadores advirtieron que la pareja de “El Ruso” había subido una foto a redes sociales en un albergue transitorio ubicado en la avenida Iriarte y Lafayette, cerca de la zona de la ribera de Quilmes.

En consecuencia, se instaló una vigilancia discreta afuera del hotel. Cuando Almeida Silvero salió, intentó escapar a pie, pero fue reducido tras una corta persecución de unos 30 metros. La escena fue registrada por una cámara de seguridad y se muestra en el video que encabeza esta nota.

El procedimiento concluyó con el traslado del detenido a la Comisaría Primera de Quilmes y luego a la Octava, donde quedó alojado por orden judicial.

De esta manera fue el golpe final para una banda que estaba compuesta por delincuentes oriundos de barrios vulnerables como Ciudad Oculta, Villa Itatí de Bernal y Villa Luján de Quilmes.

No será la primera vez que Almeida Silvero enfrente una causa judicial. Cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenía un expediente abierto por portación ilegal de arma de guerra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°20.

Ahora, al igual que sus cómplices, afronta cargos por robo calificado y homicidio agravado.

Los acusados, un hombre de 48 años y una mujer de 37, fueron apresados tras una serie de allanamientos en tres domicilios de las manzanas 2 y 6.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, ambos fueron señalados como integrantes principales de la organización familiar de tráfico de droga.

El operativo fue efectuado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en junio de 2025.

Según las fuentes consultadas por este medio, se incautaron 468 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso total de 142 gramos, 4.837.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una tablet, elementos de fraccionamiento, un cuchillo de cocina, anotaciones vinculadas a la actividad y un vehículo Peugeot 308 blanco.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales miembros de la red y ubicar los puntos de venta, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la estructura familiar operaba de manera continua a lo largo del día, alternando horarios para realizar la comercialización desde un kiosco que funcionaba como fachada y a través de un pasillo interno del Barrio 15. El flujo de compradores era constante y, en su mayoría, residían dentro del mismo barrio.

La caída del “Clan Mareco”

En octubre, personal de la Policía de la Ciudad llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio 1-11-14, que culminaron con el desmantelamiento de una banda narco familiar identificada como el “Clan Mareco”. El operativo permitió capturar a cinco personas, entre ellas tres familiares directos del jefe de la organización, quien se encuentra detenido desde hace algunos meses.

Durante la investigación, personal de la Brigada N°12 se abocó a reunir los elementos probatorios necesarios para determinar el modus operandi, identificar a los principales responsables de esta actividad ilícita y los lugares donde operaban los sospechosos.

De esta manera, los investigadores lograron establecer que el “Clan Mareco” operaba en distintos sectores de la Villa 1-11-14, bajo la modalidad de narcomenudeo. La operatoria principal consistía en la venta de estupefacientes sobre la calle Barros Paso, asistidos por un grupo de “satélites” y repartidores en inmediaciones, todos ellos catalogados como altamente peligrosos.

Los procedimientos, encabezados por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, se desplegaron en cuatro viviendas del asentamiento ubicado en la zona del Bajo Flores.

Según comunicaron desde la fuerza policial porteña, los efectivos secuestraron 1.860 gramos de cocaína y pasta base, además de dos pistolas 9mm, más de 60 municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma de dinero que alcanzó $140.000 y 1.500 dólares.

La investigación judicial estableció que las sustancias decomisadas equivalen a 4.000 dosis, con un valor estimado de 24 millones de pesos, y que los integrantes del clan operaban mediante una red de “satélites” y repartidores que distribuían estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en distintos puntos del barrio. La operación continuó pese a la detención previa de sus principales referentes, quienes delegaron la dirección del negocio a familiares.

Al cabo de uno de los allanamientos, llevado a cabo en un domicilio del barrio Illia, el personal policial aprehendió a cuatro mujeres, una de las cuales cursaba un embarazo de nueve semanas. En otro domicilio, además, detuvieron a un hombre de 30 años.

En mayo, durante una intervención previa en el mismo barrio, las fuerzas policiales detuvieron a uno de los cabecillas del clan, que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por delitos vinculados a drogas. En ese momento, el sospechoso fue sorprendido con más de un kilo de pasta base, cocaína y marihuana destinadas a la venta, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión.

Pese a las detenciones concretadas en mayo y otras en julio —cuando otro miembro del grupo fue aprehendido con 260 envoltorios de pasta base—, la actividad del clan persistió bajo el mando de otros familiares hasta el operativo realizado el pasado 4 de octubre, que significó el desmantelamiento de la organización.

Las órdenes fueron dispuestas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo del juez Rodolfo Ariza Clerici, Secretaría Nº2, con la intervención de la UFEIDE, bajo la órbita de la fiscal Cecilia Amil Martín, que avaló las detenciones y el secuestro de todos los elementos de interés incorporados a la causa.

Ese 6 de marzo de 2024, ella atravesaba el posoperatorio de una cesárea reciente. Ese día, sin embargo, quedó marcado por una secuencia violenta, donde hubo golpes, una violación, amenazas y hasta un rapto, que terminó en un juicio y una condena a 10 años de prisión contra su ex pareja, Miguel Alvidez. En el medio del calvario, una figura inesperada fue la que ayudó a escapar a la víctima, un hombre en situación de calle que, en lugar de sumarse al plan macabro para deshacerse de la mujer, la ayudó a escapar.

La víctima fue agredida brutalmente por Alvidez en la Villa 15 de Mataderos. Ella relató durante el debate oral que fue golpeada, asfixiada e insultada. Entre las amenazas que escuchó de su expareja se encuentran expresiones como “te voy a matar hija de puta” y “de acá no salís, así como estás, no vas a salir, vas a estar peor”.

El ataque escaló cuando, con una pistola suministrada por su hermano Juan Ramón, Alvidez la golpeó nuevamente y la encerró en un baño. Allí la violó, pese a sus pedidos de auxilio. Luego, fue llevada a la casa de otra de las hermanas del violento, Marta, donde la retuvieron amenazada con un cuchillo.

La víctima declaró que la vivienda se discutió qué hacer con ella. Según sus palabras, una opción era matarla y arrojarla a un pozo ciego de la villa, y otra, dejarla tirada en una plaza con droga en los bolsillos. Eligieron esta última.

Alvidez buscó el teléfono de la víctima y, junto a otra de sus hermanas que fue absuelta en el juicio, la llevó en un remis a la plaza Pirelli de Ciudad Oculta.

Durante el trayecto, Alvidez manejaba, que su cuñada iba en el asiento delantero y que ella permanecía en el asiento trasero. Al llegar al punto donde iban a descartarla a su suerte, le colocaron dos bolsitas de droga en los bolsillos y la bajaron a la fuerza del coche.

En ese punto, Alvidez se dirigió a un grupo de indigentes que se encontraba en la plaza y les dijo que la víctima “tenía droga” y que además “era amiga de la Policía”. Uno de ellos se le acercó con la intención de revisar, pero entonces intervino otro.

Ese hombre, al reconocerla por las publicaciones en redes sociales que circulaban en el barrio, ya que su familia la buscaba, cambió el rumbo de la vida de la víctima. Según contó la mujer en el juicio, le dijo: “Camina derecho por este pasillo y vas a encontrar la salida de la villa”. También le pidió que se mantuviera tranquila.

Gracias a esa indicación, la víctima logró salir del asentamiento y llegar a la casa de su madre. Allí pudo refugiarse y realizar la denuncia que derivó en la investigación.

La denuncia y la condena

Lo denuncia la hizo ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD). La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 (PCyF 33) intervino de inmediato con medidas de protección para la víctima y su familia y acompañamiento psicológico.

En el marco de la investigación también se identificó domicilios sospechosos en la zona de Ciudad Oculta y se realizaron allanamientos donde se secuestró el arma de fuego y más de 130 cartuchos. Durante esos operativos, los hermanos del principal acusado fueron detenidos, mientras que el imputado logró eludir a la Policía escapando por los techos.

Tras una serie de tareas de búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el prófugo fue capturado y quedó preso.

El caso avanzó en la justicia porteña. El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 condenó a Miguel Alvidez a diez años de prisión de cumplimiento efectivo. También fueron sentenciados sus hermanos: Marta Elizabeth recibió tres años y ocho meses de cárcel, y Juan Ramón, tres años y medio, ambos por delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad y suministro de armas.

El proceso incluyó peritajes médicos que constataron hematomas, excoriaciones y contusiones en diversas partes del cuerpo de la víctima, compatibles con la violencia ejercida. También se comprobó la existencia de un arma de fuego Bersa Thunder 9 milímetros, con 135 cartuchos, hallada en un allanamiento en la casa de Alvidez.

Durante el juicio, Brenda declaró en ausencia de los acusados, quienes siguieron la audiencia por videoconferencia desde otra sala. Los jueces destacaron la coherencia de su testimonio y su correspondencia con pruebas médicas y testimoniales.

El tribunal, integrado por Ricardo Baldomar y María Fernanda Botana, valoró especialmente el contexto de violencia de género. En la sentencia se cita: “La violencia contra la mujer incluye la física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

Ella estaba dolorida por la cesárea, pero ese dolor no fue nada comparado con el infierno que vivió el 6 de marzo de 2024. Miguel Alvidez, su ex pareja hoy, la agredió brutalmente pese a que recién había parido: la golpeó, la intentó asfixiar y la amenazó: “Te voy a matar hija de puta”, “de acá no salís, así como estás, no vas a salir, vas a estar peor” y “si voy a estar preso por esto, me voy por 25, te mato”.

Como si la violencia no tuviera final, Alvidez le pidió a su hermano Juan Ramón que le entregara un arma y con esa pistola la volvió a golpear. Luego, la metió en un baño minúsculo de la vivienda y la violó. Ella le decía que no y pedía auxilio.

Pero había más dolor. Alvidez logró llevarla hasta la casa de su hermana Marta y ahí fue retenida, amenazada con un cuchillo. Luego, la descartaron en una plaza de Ciudad Oculta. Allí finalmente pudo escapar y refugiarse en la casa de su madre.

Ahora el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia de 10 años de prisión de efectivo cumplimiento para Miguel Alvidez, tras hallarlo responsable de una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja.

La resolución también condenó a sus hermanos Marta Elizabeth Alvidez y Juan Ramón Alvidez a penas de prisión de 3 años y ocho meses y 3 años y medio de prisión, respectivamente.

El caso, que fue elevado a juicio por la Fiscalía 33, expuso una trama de violencia física, sexual, psicológica y simbólica ejercida por Alvidez sobre la mujer en el interior de una vivienda de la Villa 15, en el barrio porteño de Mataderos.

El calvario

Según la reconstrucción judicial, ese 6 de marzo ella se encontraba en pleno posoperatorio tras una cesárea. Pero a él nada lo frenó. Tras amenazarla, golpearla y violarla, la víctima logró enviar mensajes de socorro a su hermana a través de una aplicación en el televisor, lo que motivó la intervención policial.

Sin embargo, la familia Alvidez impidió el rescate y trasladó a la víctima a distintos ambientes de la casa y luego a otro domicilio, donde fue retenida bajo amenaza con un cuchillo por parte de la hermana del agresor.

Finalmente, Alvidez y otra de sus hermanas -que fue absuelta en el juicio- la abandonaron en una plaza, dejándola a merced de desconocidos en una villa de Ciudad Oculta. Le pusieron estupefacientes en sus bolsillos. Lo que él pensó que era el final de su víctima fue el principio de su final: ella logró llegar hasta su mamá y denunciarlo.

Lo hizo ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD). La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 (PCyF 33) intervino de inmediato con medidas de protección para la víctima y su familia y acompañamiento psicológico.

En el marco de la investigación también se identificó domicilios sospechosos en la zona de Ciudad Oculta y se realizaron allanamientos donde se secuestró el arma de fuego y más de 130 cartuchos. Durante esos operativos, los hermanos del principal acusado fueron detenidos, mientras que el imputado logró eludir a la Policía escapando por los techos.

Tras una serie de tareas de búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el prófugo fue capturado y quedó preso.

El juicio

El caso llegó a juicio. Y durante el debate oral la denunciante declaró en ausencia de los acusados para evitar su revictimización, mientras que los imputados presenciaron la audiencia por videoconferencia desde una sala aparte.

El fallo condenatorio detalla que las lesiones constatadas en el cuerpo de la víctima incluyeron hematomas de hasta 7 centímetros, excoriaciones y contusiones en la cabeza, rostro, brazos, muslo y glúteo, todas compatibles con golpes y agresiones recientes.

La víctima fue asistida en la Clínica Santa Isabel, donde se le aplicó el protocolo de atención integral para víctimas de violencia sexual.

La investigación también acreditó que Alvidez poseía una pistola Bersa Thunder 9 mm, con 135 municiones sin la debida autorización legal, la cual fue hallada tras un allanamiento en la vivienda. El peritaje balístico confirmó que el arma era apta para el disparo y la munición idónea para cumplir sus fines. Además, se comprobó que su hermana Juan Ramón le suministró la pistola.

El tribunal, integrado por Ricardo Baldomar y María Fernanda Botana, valoró especialmente el contexto de violencia de género. En la sentencia se cita: “La violencia contra la mujer incluye la física, sexual y psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

Durante el debate oral, la defensa intentó desacreditar el testimonio de la víctima, alegando contradicciones y motivaciones ajenas a los hechos, pero el tribunal consideró que la declaración de la mujer resultó coherente, persistente y verosímil, y que fue corroborada por pruebas médicas, periciales y testimonios de familiares y profesionales.

El fallo subraya: “No existe ningún impedimento de naturaleza legal, en la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable, sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales”.

El tribunal también analizó el ciclo de la violencia de género, describiendo cómo la víctima fue aislada de su entorno, privada de recursos económicos y sometida a un control emocional y físico sistemático.

Intimidaciones

Se incorporaron al expediente 29 grabaciones de llamadas en las que el acusado minimizaba los hechos y la presionaba para que desistiera de la denuncia. En una de ellas, Alvidez le dice: “No necesito que me digas todas las cosas malas que te hice”.

En cuanto a los hechos posteriores, se probó que en abril de 2024, Alvidez retomó el contacto con la víctima y la amenazó nuevamente, exhibiéndole un arma de fuego durante una videollamada y luego abordándola en la vía pública, donde le apoyó el arma en el cuerpo y le profirió amenazas de muerte.

El tribunal consideró que estas conductas configuraron los delitos de amenazas con armas y amenazas coactivas, agravadas por el uso de armas y el contexto de violencia de género.

Respecto a la participación de los otros acusados, Marta Alvidez fue condenada como coautora de privación ilegítima de la libertad agravada, mientras que Juan Ramón Alvidez fue hallado responsable del delito de suministro de arma de fuego cuya tenencia se reputa ilegítima.

En ambos casos, el tribunal revocó condenas condicionales previas y unificó las penas, imponiendo tres años y seis meses de prisión para Juan Ramón y tres años y ocho meses para Marta, ambas de cumplimiento efectivo.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó este jueves la condena a doce años de prisión contra Alejo Forgione, un joven acusado por el homicidio de Darío Romero, de 47 años, vecino y vendedor ambulante de la Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano. La víctima, ajena a una pelea barrial entre dos grupos enfrentados que derivó en el crimen, recibió un disparo en la vereda de su casa el 5 de marzo de 2023 y murió poco después, tras ser trasladado de urgencia por vecinos al Hospital Santojanni, en Liniers, donde llegó sin vida.

El caso llegó a máximo tribunal penal luego del recurso interpuesto por la defensa, que cuestionó la valoración de la prueba, la calificación legal de homicidio agravado y la aplicación de los agravantes aplicados en el caso. Los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse rechazaron los planteos y confirmaron lo resuelto en la instancia previa por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 en una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Según tuvieron por corroborado los camaristas, la secuencia comenzó en la madrugada del 5 de marzo de 2023, alrededor de las 02:30, cuando se produjo una violenta reyerta en la esquina de Simón Guerrero y De la Rosa del barrio de emergencia. De un lado estaban Carlos Benítez -cuñado del imputado- y Llano Romero; del otro, Damián Ávila, Yamila Ferreira, Estela Villalba y su hijo menor. Producto de esa pelea vecinal, Benítez resultó gravemente herido. Para los jueces, ese enfrentamiento fue el antecedente directo que motivaría el ataque posterior.

Esa misma noche, a las 22:30, un Peugeot 208 rojo -registrado a nombre de Alejo Forgione, de entonces 27 años- ingresó en Ciudad Oculta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El auto se detuvo frente a la casa 4 de la manzana 4, donde se encontraban en la vereda tres mujeres ligadas al conflicto previo y tres menores de edad. En el asiento de atrás viajaba Benítez, quien, herido, fue reconocido por una de las mujeres, quien le preguntó “¿qué pasa?”. El vehículo avanzó unos metros y volvió a detenerse.

Forgione descendió armado. Caminó hacia la finca y gritó: “¿qué pasa con qué? ¿Dónde está la rubia?”, en referencia a otra vecina involucrada en la pelea barrial. Las mujeres intentaron ingresar rápidamente en la vivienda. En ese instante, el joven sacó un arma y disparó. El proyectil impactó en Darío Romero, vecino de la casa 5, contigua al lugar, quien se encontraba en la vereda vendiendo comida. La bala ingresó por el brazo izquierdo, atravesó el tórax y órganos vitales, y quedó alojada en la “cavidad pericárdica”, según los peritajes de la causa. La muerte se produjo de inmediato.

Después del disparo, el agresor corrió hacia su auto y se dio a la fuga con sus acompañantes. Fue capturado un mes después en la localidad de Haedo, partido bonaerense de Morón, en manos de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 consideró acreditado que Forgione fue el autor del tiro. Su conclusión se basó en los testimonios de las mujeres presentes, en las imágenes de cámaras de seguridad y en pruebas materiales: el hallazgo en su domicilio de un arma calibre .380 -idéntico al proyectil extraído del cadáver de la víctima-, la titularidad del Peugeot rojo y el registro de su teléfono en antenas cercanas al asentamiento en el horario del ataque. También valoró las conversaciones telefónicas interceptadas a la familia de su cuñado Benítez, en las que hacía referencia a que “Alejo se está haciendo cargo”.

Los jueces descartaron el planteo de la defensa sobre un disparo intimidatorio o fortuito. Sostuvieron que Forgione dirigió su acción hacia un grupo de personas en la vía pública y que asumió la posibilidad de provocar la muerte de alguien, aunque no fuera su objetivo directo.

La defensa particular de Forgione, a su vez, cuestionó que las testigos no lo identificaron directamente como el autor del hecho, que las cámaras no permitían distinguir su cara ni la patente del vehículo, y que el arma secuestrada no pudo ser vinculada de manera concluyente con el proyectil que mató al vecino. También alegó que la trayectoria del disparo fue azarosa y que, en todo caso, el acusado incurrió en un error en el golpe (“aberratio ictus”) que excluía la intención de provocar la muerte y habilitaba a calificar el hecho como un homicidio culposo, reduciendo el monto de la pena aplicable.

El camarista Horacio Días, autor del voto principal de la Sala II, analizó los elementos recabados durante el proceso y sostuvo que la sentencia del tribunal oral había sido “fundada y razonable” y que la defensa no había aportado ninguna “explicación alternativa plausible” que permitiera absolver al acusado. Recordó también que el principio de in dubio pro reo no se activa frente a cualquier duda posible, sino solo cuando existe una hipótesis distinta y compatible con las pruebas, lo que no ocurrió en este caso.

“Aquí el acusado acometió contra las personas que estaban en la fachada de la casa 4, sin perjuicio de que erró en su disparó (o sus fallidas víctimas lograron esquivarlo) y éste impactó en el vecino de la casa contigua, que, como indicaron los testigos, se encontraba vendiendo comida en la puerta de su domicilio, en un sitio adyacente al de su objetivo pretendido", afirmó el votante.

Asimismo, con respecto al encuadre legal de los hechos, el magistrado entendió que el joven actuó con la intención producir el resultado, ya que disparó contra un grupo de personas en un espacio público, conociendo el riesgo de impactar en un tercero. Para Días, “Forgione disparó en una zona habitada, bajo el conocimiento de que había otros vecinos en la vía pública, en una dirección donde, de fallar, su línea de tiro todavía tenía recorrido sobre esa acera y a una altura donde el acierto ostenta alta probabilidad mortal".

“En efecto, sin perjuicio del error en la ejecución, el conocimiento de cada una de estas circunstancias es demostrativo de que la acción homicida desplegada por el imputado ciertamente comprende a título de dolo eventual la posibilidad de errar en el disparo y alcanzar a otra persona, lo que en definitiva sucedió“, precisó.

Por otra parte, a la hora de evaluar la mensuración de la pena fijada en el juicio, el líder del acuerdo recordó que el tribunal oral tomó como una circunstancia agravante el hecho de que “aun cuando no haya existido una planificación previa, fría y calculada, la motivación que habría guiado el comportamiento de Forgione pone en evidencia su notorio desprecio por la vida ajena”. “De otra parte -continuó el juez-, en carácter de atenuantes, los magistrados ponderaron ‘que el imputado es una persona joven; que se dedicaba a la compra venta de indumentaria y de vehículos automotores; que culminó su formación secundaria y que, ya en detención, inició estudios universitarios de abogacía; y que carece de antecedentes penales condenatorios’”.

Bajo ese contexto, consideró que la sentencia no había sido “arbitraria” respecto a la sanción penal, ya que los doce años de prisión propuestos por la fiscalía y adoptados por el tribunal de juicio se ajustaban “a los parámetros edificados en el precedente ‘Coniglio/Ausqui’”, donde destacó que “la medida de la culpabilidad por el hecho injusto ha de ser, justamente, la medida de la desaprobación jurídica de un ilícito culpable que la pena estatal implica (...)“.

De ese modo, por decisión de los camaristas Días y Sarrabayrouse, la Sala II resolvió rechazar el recurso de casación y confirmar la sentencia recaída sobre Forgione. El juez Daniel Morin no emitió voto, en aplicación del artículo 23 del CPPN, al alcanzarse ya la mayoría necesaria.

La investigación del caso se originó en abril, a partir de un operativo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizado sobre una empresa de mensajería de capitales europeos. Durante la revisión de la mercadería, los agentes secuestraron tres encomiendas con rumbo al mencionado país europeo, en cuyo interior había una docena de tablas de asado de madera. Dentro de esos envases, cuidadosamente sellados, se ocultaban 12,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

Posteriormente, se conformó un equipo integrado por la División Operaciones Federales de la PFA y la División Investigaciones Narcotráfico Metropolitana del ARCA. La colaboración entre ambos organismos permitió indagar sobre la identidad y el paradero de los sospechosos.

Tras la serie de tareas investigativas, se confirmó que el envío fue realizado por dos hombres: uno argentino y otro de nacionalidad boliviana.

Los datos relevados por los investigadores llevaron a dos domicilios: uno ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, y otro en la Villa 15 de la Ciudad de Buenos Aires, popularmente conocida como “Ciudad Oculta”. Durante el avance de las tareas, además, se logró constatar que el ciudadano boliviano manejaba un vehículo de alquiler, utilizado para la distribución de drogas en el AMBA.

Con las pruebas acumuladas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del magistrado Alejandro Javier Catania, ordenó los allanamientos para la detención de los implicados.

Los sospechosos fueron localizados y arrestados durante los procedimientos. Además, las autoridades incautaron 200 gramos de cocaína y 550 gramos de marihuana.

En los operativos también se halló una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y una serie de elementos empleados para el armado y camuflaje de la droga: fibra de vidrio, resina de poliéster, pinceles, pegamento, barniz, lijas y rodillos, todos ellos con restos de material compatible con las tablas secuestradas en la encomienda.

La operación fue coordinada bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Así, ambos sujetos permanecen ahora a disposición de la justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas, mientras el material secuestrado quedó bajo resguardo judicial para futuras pericias.

La caída de una banda narco

En el marco de una investigación que venía desarrollándose desde fines del año pasado, la PFA realizó recientemente otro procedimiento contra el narcotráfico en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde una banda fue capturada mientras efectuaba la venta de cocaína en las calles de Hurlingham.

Durante el operativo, agentes de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná a los implicados cuando despachaban estupefacientes en el lugar.

Los trabajos de inteligencia se centraron en las inmediaciones de las localidades de Villa Libertad y William Morris. Los movimientos de los sospechosos fueron monitoreados a través de drones, lo que permitió identificar con precisión el área de comercialización ubicada en la zona de las vías del Ferrocarril San Martín.

De acuerdo con los datos oficiales, el grupo delictivo operaba en las cercanías de un kiosco y utilizaba un inmueble aledaño como depósito y centro de abastecimiento de la cocaína.

Sobre la mecánica descubierta, dos integrantes del grupo se ocupaban de realizar las entregas directas en la esquina elegida, mientras que el tercero cumplía funciones de coordinación y articulación de las operaciones ilegales.

Durante la irrupción de los agentes, se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína de máxima pureza ya listas para su venta, una balanza de precisión, elementos de corte y más de 300 mil pesos en billetes de baja denominación.

En la inspección también se hallaron tres teléfonos celulares pertenecientes a los imputados, que serán peritados en busca de información sobre vínculos, comunicaciones y movimientos económicos relacionados. Y se sumaron documentos administrativos valorados como relevantes para la causa judicial.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal de Hurlingham que conduce Santiago Marquevich, y de la Secretaría de Eduardo Suárez, con intervención del Juzgado Federal N°3 de Morón. Están acusados por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Otro de los presuntos ladrones fue detenido cuando intentaba entrar a Ciudad Oculta, en el límite entre los barrios porteños de Mataderos y Villa Lugano.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 19, cuando efectivos de la Comisaría 9 A se desplazó calles Monte y Aldalgalá por un asalto a mano armada.

El víctima, de nacionalidad cubana, denunció que cuatro hombres con pistolas le sustrajeron su auto Fiat Cronos y se dieron a la fuga en dirección a Ciudad Oculta.

Efectivos de la Dirección de Investigaciones Comunales 9 detectaron el vehículo y lo persiguieron.

Como producto de la fuga, en la Avenida Eva Perón y la calle Lisandro de la Torre, los delincuentes chocaron con el móvil policial y se subieron a la vereda impactando contra un poste de tendido eléctrico y con un cartel indicador vial, que cayó sobre el móvil.

Luego, el vehículo chocó contra la pared de una casa del barrio de emergencia.

En ese momento, tres hombres que iban a bordo del Cronos salieron corriendo hacia el interior de Ciudad Oculta y le dispararon a los policías para cubrir su huida.

Uno de ellos, sin embargo, fue atrapado a los pocos metros. El detenido, de 19 años, tiene antecedentes por robo, detallaron las fuentes.

En cambio, sus cómplices lograron perderse entre los pasillos y ahora son intensamente buscados.

Mientras esto ocurría, el cuarto sospechoso yacía inconsciente en la parte trasera del vehículo.

En el lugar, se hizo presente una ambulancia del SAME solicitada por los agentes. La médica de la central de emergencias constató la muerte del delincuente. Los socorristas también asistieron a dos policías que resultaron con politraumatismos

En el caso interviene el Juzgado en lo Criminal Correccional número 22, a cargo del doctor Rongo ante la Secretaría número 122 de la doctora Rodríguez, quien dispuso que las actuaciones de rigor sean instruidas por personal de Policía Federal.

Alcoholizado, chocó y se incrustó en un local

Un accidente de tránsito entre un taxi y un auto particular ocurrió este martes por la mañana en el barrio porteño de Recoleta. Según informaron, el siniestro dejó un saldo de cinco personas heridas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el vehículo particular era conducido por un hombre alcoholizado, quien chocó contra el taxi, se subió a la vereda y terminó incrustado en el frente de un local. Ocurrió a la altura de Avenida Córdoba y Callao.

Cerca de las 3:20 de la madrugada, efectivos de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad se trasladaron al lugar y encontraron un taxi Renault Fluence con el frente destruido y un Toyota Etios incrustado en un negocio.

Tras realizarle un test de alcoholemia al conductor del Etios, un hombre de 32 años, personal del Gabinete Científico determinó que tenía 1,32 gramos por litro de alcohol en sangre.

En tanto, la fiscalía de Flagrancia Este dispuso labrar un acta contravencional, secuestró el Etios y dejó consigna policial en el local afectado.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a cinco personas: el conductor del taxi y cuatro ocupantes del auto. Estos se negaron a ser trasladados, por lo que fueron atendidos en el lugar.

Según comunicaron desde la fuerza porteña, el primero de los depósitos fue desbaratado cuando efectivos llevaron a cabo un operativo saturación en el interior del Barrio 1-11-14, en la zona de Flores. Una vez allí, detuvieron a un hombre de nacionalidad peruana que llevaba consigo envoltorios de marihuana, pasta base, cocaína y tusi en bajas cantidades.

Se trata de un hombre que tenía una identificación precaria emitida por Migraciones, motivo por el cual la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián, solicitó que fuera trasladado a la Oficina Central de Identificación (OCI) en calidad de detenido.

Asimismo, durante el control, se procedió a la clausura de dos viviendas que funcionaban como búnkeres para acopio y comercialización de drogas, en los cuales se soldó las puertas de ingreso.

Por otra parte, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación III de la Policía porteña detuvo a un hombre y una mujer con antecedentes, secuestró más de 200 dosis de pasta base y clausuró el búnker desde el cual operaban en el Barrio 15, también conocido como “Ciudad Oculta”.

Durante un recorrido preventivo realizado por el asentamiento, ubicado en Villa Lugano, los efectivos observaron una maniobra sospechosa: dos hombres intercambiaron dinero y envoltorios, lo cual llamó la atención de los investigadores.

Al notar la presencia policial, uno de ellos emprendió la fuga a pie por los pasillos del barrio y logró escapar, en tanto que el segundo, un joven de 24 años, intentó refugiarse en una vivienda, pero fue alcanzado, reducido y aprehendido.

Dentro del lugar también se hallaba una mujer de 45 años, sentada junto a una mesa en la que se encontraron 200 dosis listas para la venta y un trozo de pasta base con un pesaje total de 30,7 gramos, un filo para corte, dos tablets, una riñonera, $4.350 en efectivo y una cantidad sin determinar de bolsitas de nylon vacías.

Ambos detenidos poseen antecedentes penales, el hombre por daños, desobediencia y resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales, mientras que la mujer ya arrastraba causas por robo, hurto y encubrimiento.

Dado que el lugar no se trataba de una casa, sino que solo era utilizado como búnker para acopiar y distribuir droga, también fue clausurado con el aval del fiscal Rolero Santurián, quien también dispuso el secuestro de los estupefacientes y la detención de ambos implicados.

Desmantelaron dos búnkeres narco en Merlo

Un operativo policial desmanteló una organización dedicada al tráfico de drogas en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. La investigación, que comenzó a partir de varias denuncias anónimas realizadas a la línea de emergencias 911, culminó en la realización de cinco allanamientos simultáneos en el barrio Estrella. Los búnkeres estaban escondidos en un camón de cargas.

La operación fue liderada por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, y con la intervención de la Fiscalía N° 9 de Morón, encabezada por el fiscal Ezequiel Lovillo. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en José Pillado al 1000 y Mercedes al 3000, donde se confirmaron actividades ilícitas vinculadas con la venta de estupefacientes.

Uno de los puntos fuertes de la red de distribución era la utilización de “satélites”: jóvenes del barrio encargados de patrullar la zona para detectar posibles controles policiales o la presencia de personas ajenas al lugar. Esta estrategia permitía a los traficantes mantener un control constante sobre sus puntos de venta.

En los dos domicilios allanados, se incautaron 3,5 kilogramos de marihuana en cogollos y 214 gramos de cocaína distribuidos en 530 envoltorios, listos para ser vendidos. Además, se encontraron balanzas de precisión, elementos para el corte y fraccionamiento de las sustancias, recortes de nylon, dinero en efectivo y celulares, los cuales serán analizados para rastrear el origen de las drogas.

Durante el procedimiento, fueron detenidos M. L. (20 años), J. M. S. (47) y M. F, (24), quienes enfrentan cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Además de la policía de Morón, participaron del operativo efectivos de la comisaría 6ª de Mariano Acosta y de la Secretaría de Seguridad de Merlo, quienes aportaron imágenes clave para la investigación.

Tal como pudo saber Infobae, el crimen que se le imputa ocurrió en la madrugada del 18 de enero. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando el sobrino de la víctima —identificada como Eduardo Antonio Bustos, un martillero público— encontró el cuerpo de su tío en el domicilio en el que vivía, ubicado en la calle Rauch al 598, partido de Azul, provincia de Buenos Aires.

Bustos tenía una herida de bala en el cráneo. En consecuencia, la UFI N°13, a cargo de Adrián Peiretti, ordenó que se realicen las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como “homicidio”.

De esta manera, realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y pudieron establecer que la víctima recibió a un hombre durante la noche del 17, quien salió del domicilio cuatro horas después. Llevaba consigo un DVR faltante en el domicilio de la víctima. No solo eso, sino que tomó el Chevrolet S10, propiedad de Bustos, y se dio a la fuga. Hasta ese momento, se desconocía la identidad del asesino.

Días después, se logró establecer que el sospechoso se trasladaba en un Chevrolet Corsa y pudieron conocer que se trataba de Ramón Omar Vélez, con domicilio en José C. Paz. Así, confirmaron que poseía antecedentes penales por robo a mano armada.

A inicios de febrero, gracias al entrecruzamiento de los datos, se pudo identificar que el auto investigado estaba a nombre de una mujer, que reside en Ciudad Oculta. Con esa información, los oficiales de la Policía de la Ciudad hallaron el vehículo estacionado frente al domicilio de la mujer.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul, a cargo de la Dra. Adriana Raquel Bianco, ordenó el allanamiento del inmueble. Allí, se encontraba Vélez, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

En el marco de los procedimientos incautaron el vehículo, ocho teléfonos celulares, dos relojes pulsera, juegos de llaves, indumentaria diversa y anotaciones que lo vinculan con el crimen en cuestión. También secuestraron un pendrive, disco rígido, el estuche de una pistola Bersa, prendas de vestir y una SIM Card.

Cayó el asesino del kiosquero en Mar del Plata

A días del crimen de Cristian Velázquez, la Policía Bonaerense capturó el jueves al principal acusado por el homicidio. Se trata de Cristian Néstor Monje, de 35 años y conocido como “Guachín” y con varios antecedentes penales, quien era buscado desde este lunes, informaron fuentes oficiales a Infobae.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, estuvo presente en el lugar de la detención. El homicida permanecerá en la Unidad Penal 44 de Batán. Agentes de la DDI de Mar del Plata lo encontraron en la calle y lo apresaron en la intersección de República de Cuba y Benito Lynch.

Una cámara de seguridad del kiosco resultó clave para la identificación de los sospechosos, ya que registró el momento exacto en que los dos motochorros ingresaron al local de Velázquez y lo asesinaron de un disparo durante un intento de asalto. El presunto cómplice del detenido ya se encontraba en prisión.

A las 15:37 del lunes pasado, según el video, dos delincuentes ingresaron en menos de un minuto al negocio ubicado en la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700 para robar. Dentro del local, la víctima intentó defenderse y alcanzar un gas pimienta que guardaba debajo del mostrador.

Según la investigación, “Guachín” fue más rápido que la víctima y le disparó en la cabeza, causándole la muerte, mientras Velázquez intentaba defenderse.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del jueves durante un procedimiento en el Barrio 15 de Lugano, conocido como Ciudad Oculta, por un caso de violencia de género. Al llegar los agentes, la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular al hospital, con una herida de bala en su pierna derecha, aunque sin riesgo de muerte. Mientras los efectivos recababan más información en el lugar, observaron al presunto agresor, vestido con ropa deportiva.

El sospechoso intentó darse a la fuga por los techos, iniciando una persecución que culminó con el hallazgo de una pistola calibre 9mm en una vivienda cercana. Poco después, los efectivos policiales fueron agredidos con piedras por los vecinos del barrio. Fue por eso que los policías solicitaron un móvil de apoyo para repeler a los atacantes.

De inmediato, sus compañeros lo trasladaron al hospital Santojanni, donde debió ser operado y, horas después, se realizó su derivación al Hospital Italiano ante la gravedad del caso. Antes del traslado, Federico Charabona, director del establecimiento sanitario, habló del estado de salud del agente.

“La lesión es muy importante, recibió un proyectil que cortó la arteria carótida, ahora está alojado en partes bandas, pero fue un bazo tan relevante que generó una gran hemorragia. Su estado es muy delicado. La carótida es un bazo troncal, fue muy grave”, detalló en aquel momento.

Poco después del ataque, se dieron a conocer los audios de sus compañeros para pedir ayuda y avisar lo que ocurría. Las grabaciones dan cuenta de la desesperación que vivieron los uniformados que participaron del operativo, mientras trataban de refugiarse en medio de disparos y proyectiles que provenían del interior del asentamiento.

“Disparan arma de fuego en circunstancia que estaban reagrupándose, desde el interior del asentamiento, vuelven a efectuar detonaciones y uno de los proyectiles impacta en el cuello del señor subcomisario, de la Comisaría Vecinal 8″, informó un efectivo en la comunicación policial.

Entre gritos, un agente que realizaba el allanamiento, advirtió: “En el cuello, hay un arma de fuego. Personal policial, lo están trasladando al Santojanni”. “Vayan haciendo cortes de arteria, cordón sanitario. ¡Replieguen a la totalidad del personal!”, le ordenó de inmediato su colega, alertado por lo que estaba ocurriendo en Villa Lugano. Otros disparos en la secuencia impactaron en el patrullero.

Un día después del hecho, se dio a conocer un video que muestra el impactante momento en el que la víctima fue baleada. En la filmación se pueden ver varios efectivos mientras buscan al sospechoso del caso de violencia de género, al que identificaron como un hombre vestido con una camiseta de Boca juniors. Hasta ese momento todo transcurría con normalidad.

Sin embargo, todo cambió de manera abrupta. Se escucharon varios disparos, y uno de ellos impactó en el cuello de Mattiauda, lo que desató el caos y un momento de máxima tensión entre sus compañeros. “¡Ambulancia del SAME, policía herido!”, gritó uno de ellos.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60, subrogada por Cecilia Incardona, está a cargo de la investigación por el delito de tentativa de homicidio, que incluye el análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de declaraciones testimoniales.

Al llegar los agentes, la la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular al hospital, con una herida de bala en su pierna derecha, aunque sin riesgo de muerte. Mientras los efectivos recababan más información en el lugar, avistaron al presunto agresor, vestido con ropa deportiva.

El sospechoso intentó darse a la fuga por los techos, iniciando una persecución que culminó con el hallazgo de una pistola calibre .9mm en una vivienda cercana. Poco después, los efectivos policiales fueron agredidos a piedrazos por los vecinos del lugar. Los policías solicitaron un móvil de apoyo para repeler a los atacantes.

Los audios que encabezan esta nota dan cuenta de la desesperación que vivieron los uniformados que participaron del operativo, mientras trataban de refugiarse en medio de disparos y proyectiles que provenían del interior del asentamiento. “Disparan arma de fuego en circunstancia que estaban reagrupándose, desde el interior del asentamiento, vuelven a efectuar detonaciones y uno de los proyectiles impacta en el cuello del señor subcomisario, de la Comisaría Vecinal 8″, informó un efectivo en la comunicación policial.

Entre gritos, un agente que realizaba el allanamiento, advirtió: “En el cuello, hay un arma de fuego. Personal policial, lo están trasladando al Santojanni”.

“Vayan haciendo cortes de arteria, cordón sanitario. ¡Replieguen a la totalidad del personal!”, le ordenó de inmediato su colega, alertado por lo que estaba ocurriendo en Villa Lugano. Otros disparos en la secuencia impactaron en el patrullero.

El agente herido fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni, donde fue intervenido quirúrgicamente a causa de la grave herida sufrida. Durante la mañana de hoy jueves, un helicóptero del SAME Aéreo lo trasladará al hospital Italiano, donde continuará su recuperación.

Federico Charabora, director del hospital Santojanni, aseguró durante una entrevista televisiva que el estado del subcomisario herido “es muy delicado”, debido a que la lesión “fue muy importante”:

“Recibió un proyectil que cortó la arteria carótida, y ahora está alojado en partes blandas. Un vaso tan importante generó una fuerte hemorragia. Fue intervenido quirúrgicamente. Con el equipo de guardia se le hizo una anastomosis, para con una vena poder limpiar el vaso arterial que estaba cortado”, detalló el doctor Charabora, en diálogo con el canal de noticias TN.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60, subrogada por Cecilia Incardona, está a cargo de la investigación por el delito de tentativa de homicidio. el análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de declaraciones testimoniales.

Respecto a la mujer agredida, las fuentes consultadas por este medio indicaron que será dada de alta tras recibir atención médica, mientras que su pareja indicó que la agresión fue el resultado de un enfrentamiento entre bandas, aunque aseguró desconocer la identidad del atacante.

Ataque a un policía de la Ciudad en Villa Zavaleta

El 30 de septiembre pasado, el oficial de la Policía de la Ciudad Agustín Seia fue agredido por vecinos de la Villa Zavaleta de Barracas, luego de que este matara a un ladrón con tobillera que supuestamente le había robado a un taxista.

El incidente sucedió en la avenida Iriarte al 3500, donde Seia disparó su arma reglamentaria en un intento por detener el supuesto intento de robo, lo que resultó en la muerte de Matías Sebastián Lobos, de 33 años.

La secuencia comenzó cuando un taxista subió a su auto a dos pasajeros en un centro de compras en Pompeya. Sin embargo, en el transcurso del viaje, mientras el taxi circulaba por las calles del barrio, un hombre se puso delante del vehículo y le apuntó al chofer con un arma. En un rápido movimiento, el ladrón se puso del lado del conductor y le exigió “todo lo que tenía”, especialmente, su celular. En ese instante, además, un cómplice del asaltante se acercó a la ventanilla de la parte trasera, donde estaban los pasajeros.

El robo estaba a punto de concretarse, pero el taxista escuchó la voz de alto seguida de disparos. Quien había gritado e intervino en el hecho fue Seia.

Al observar la escena, el oficial decidió enfrentar a los ladrones con su Pietro Beretta PX4 Storm. Uno de los balazos impactó en el hombro izquierdo de Lobos y le provocó una hemorragia interna y le causó la muerte más tarde en el Hospital Penna, donde había sido trasladado de urgencia.

Pero la violencia no terminó allí. Tras los disparos, “se nos vino el barrio encima”, señaló a la Justicia el compañero de Seia, identificado como G.A.Z.

“Fue un descontrol, no podíamos parar a la gente, nos tiraban piedras, botellazos, lo que venía”, agregó sobre el episodio que se desató luego de las detonaciones. “Le empezaron a pegar todos a Seia y a romper el auto. Le sacaron el chaleco, el corretaje y ahí lo protegí porque los familiares -del ladrón que había sido baleado- se le vinieron encima”, relató.