Las universidades públicas volverán a movilizarse en todo el país el próximo martes 12 de mayo, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei. El reclamo está centrado en el financiamiento del sistema, con foco en la situación salarial de docentes y no docentes y en la recomposición de las becas estudiantiles. Reclaman que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, según denuncian desde el CIN, el organismo que nuclea a los rectores de todo el país. Los gremios docentes y no docentes advierten que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

“Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, señalaron en un comunicado conjunto el CIN, el Frente Sindical y la FUA. También reclamaron la convocatoria a paritarias: desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

Luego de que el veto presidencial de Milei fuera revertido por el Congreso, en octubre el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En diciembre, intentó derogarla por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos suficientes. A fines de febrero, el oficialismo anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales con el objetivo de “preservar” el equilibrio fiscal. La iniciativa –que es rechazada por las universidades– aún no avanzó en el Congreso.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 29% para este año.

“Hoy tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica del país. Pero lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas”, planteó Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en entrevista con Infobae.

Bartolacci, agregó: “Todos somos conscientes de la situación económica del país y de que hay muchos sectores que la están pasando muy mal. Pero sí estamos reclamando un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales que la Argentina necesita”. Los sueldos de docentes y no docentes representan el 90% del presupuesto universitario.

“Los salarios son los más bajos en 40 años”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, una de las confederaciones que integran el Frente Sindical. Chevalier planteó que existe “un ensañamiento especial” del Gobierno con las universidades. Desde el gremio docente enmarcaron la movilización del próximo 12 de mayo como parte de un plan de lucha más amplio “en defensa del sistema universitario argentino gratuito y federal”. En algunas universidades nacionales habrá paro durante toda la semana próxima, del 27 de abril al 2 de mayo.

La convocatoria de Conadu a la cuarta marcha federal universitaria, plantea: “Milei, no sos rey, ¡cumplí la ley!”. Las anteriores movilizaciones fueron el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2025.

“La Justicia ha sido clara: la ley está vigente y debe cumplirse. No hay margen para interpretaciones ni dilaciones cuando está en juego el funcionamiento de nuestras universidades”, afirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. Y agregó: “Estamos frente a un escenario límite. El Gobierno tiene la obligación de garantizar los recursos para que las universidades sigan abiertas”.

Franco Bartolacci es rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y, desde el viernes pasado, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas. De filiación radical, Bartolacci reemplazó a Oscar Alpa como titular del CIN y quedó al frente del reclamo universitario por los recortes en el presupuesto educativo nacional, la caída de los salarios de docentes y no docentes y el incumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en octubre de 2025.

Bartolacci es licenciado en Ciencia Política por la UNR, donde también da clases. En entrevista con Infobae, analizó la situación del conflicto por el presupuesto y reclamó el cumplimiento de la ley, ratificada esta semana por un fallo de la Justicia que volvió a exigir al Gobierno nacional la aplicación inmediata de los artículos referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. El nuevo titular del CIN planteó también la necesidad de una “segunda reforma universitaria”.

–¿Cuál es el punto más crítico hoy en el reclamo de las universidades?

–Estamos atravesando una situación extremadamente delicada. Venimos advirtiendo, con responsabilidad y también con firmeza, el estado de situación desde hace tiempo, para no llegar a este punto, que ya empieza a afectar el desarrollo normal de las actividades en el sistema universitario.

Hoy tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica del país. Pero lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas.

Todos somos conscientes de la situación económica del país y de que hay muchos sectores que la están pasando muy mal. Pero sí estamos reclamando un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales que la Argentina necesita.

Hoy mucha gente está percibiendo salarios que son una miseria. Es inexplicable que cerca del 60% del personal de nuestras universidades esté cobrando por debajo de los 300 mil pesos mensuales.

–¿Qué lectura hace del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que exigió al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?

–Es una gran noticia. En este tiempo hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere para funcionar.

El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos y ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior. Ahora el Gobierno nacional debe aportar las respuestas cumpliendo con lo que la ley dispone y la justicia ordenó.

–Desde el oficialismo suele señalarse que la situación de los bajos salarios universitarios es histórica.

–Muchas veces no estuvimos bien. Pero nunca estuvimos tan mal como ahora. Estamos perdiendo recursos humanos altamente calificados y, en todos los aspectos –particularmente en lo salarial–, lo que está ocurriendo empieza a lesionar la excelencia del sistema universitario.

Necesitaríamos cerca de un 47% de incremento salarial para recomponer el desfasaje acumulado en los últimos dos años. En ese período, los trabajadores de la educación superior perdieron más de siete salarios.

Esta semana estuvimos reunidos con el embajador chino para fortalecer los vínculos del sistema universitario con China. Ese país destina alrededor del 2,7% de su PBI a educación superior y ciencia: entienden que en la sociedad del conocimiento esa inversión es determinante para el desarrollo.

En Argentina estamos destinando alrededor del 0,4% del PBI a educación superior. Cuando se dice que hay que mirar lo que hacen los países desarrollados, hay que hacerlo también en este punto. Esos países invierten cinco, siete, ocho o diez veces más de lo que invierte la Argentina en educación superior y ciencia.

–El Gobierno justifica los recortes a partir del objetivo de eliminar el déficit fiscal para bajar la inflación. ¿Es lógico que la educación se vea afectada en ese proceso, o debería haber sido priorizada frente a otros ajustes?

–Todo presupuesto es una declaración de principios. Los recursos siempre son escasos y hay que decidir en qué se invierte y en qué no. Nosotros sostenemos que la educación pública y la ciencia son áreas que hay que cuidar, incluso en contextos de dificultad.

Es como en una economía familiar: en un momento de restricciones uno puede recortar muchas cosas, pero difícilmente deje de mandar a sus hijos a la escuela. Lo que decimos es: cuidemos esto, porque es de lo mejor que tiene la Argentina.

Hoy hay una sola institución pública que mantiene un alto nivel de reconocimiento social, según cualquier encuesta de opinión: el sistema universitario. En lugar de apoyarse en esa legitimidad para fortalecerlo y exigirle más, lo que se ha hecho es intentar socavar ese reconocimiento.

Uno podría entender que, en un contexto de restricciones, se discuta cómo asignar recursos. Pero cuando, al mismo tiempo que se niegan fondos para áreas como universidades, discapacidad o salud, se observan incrementos muy significativos en otros rubros -por ejemplo, en inteligencia-, eso también expresa una decisión.

Entonces, el problema no es solo la escasez de recursos, sino la falta de voluntad de priorizar determinadas áreas. Y ahí volvemos a la discusión de fondo: qué lugar le asigna la sociedad argentina a la educación pública, a la universidad pública y a la ciencia.

–¿Los efectos del ajuste se verán a largo plazo, o ya son palpables? El año pasado se dijo que habían renunciado 10.000 profesores, desde el Gobierno desmintieron esa cifra. ¿Cuál es el impacto hasta ahora?

–Yo trato de ser siempre muy cauteloso en las afirmaciones. ¿Están ocurriendo renuncias? Sí, hay muchas. En algunas áreas cuesta encontrar docentes que quieran asumir esas funciones. Es cierto que los cargos pueden cubrirse, pero no se vuelve automáticamente al punto anterior, porque muchas veces quienes se van son profesores con mucha experiencia y formación, y eso lleva años reconstruirlo.

El impacto es aún más grave en el sistema científico. Hay que recordar que el 70% de la ciencia nacional se produce en las universidades. Allí se están discontinuando proyectos de investigación, y lo que se pierde no se recupera con un trámite administrativo. En muchos casos son décadas de trabajo que se interrumpen.

Esto también afecta la autoestima de la comunidad universitaria, que no solo percibe salarios muy bajos, sino que además es injustamente desconsiderada. Es una comunidad que, aun en condiciones precarias, sigue haciendo un enorme esfuerzo para sostener el sistema y recibe un destrato inmerecido.

A esto se suman las dificultades para mantener la infraestructura –muchas universidades tienen edificios históricos y una gran extensión territorial–, y las limitaciones en la inversión tecnológica, que hoy es clave para el desarrollo.

El impacto se siente en la vida cotidiana. A medida que pasan los meses sin respuestas estructurales, la situación se vuelve cada vez más difícil. Si no aparecen soluciones de fondo, vamos a tener problemas para sostener el funcionamiento normal del sistema, y esas consecuencias no son de largo plazo: son presentes.

–Los sindicatos están impulsando un plan de lucha que incluye paros en varias universidades. ¿Qué piensa sobre esa medida, le preocupa que pueda restarle apoyo al reclamo?

–Hoy la responsabilidad central que tenemos es sostener en pie el sistema universitario y científico en un contexto extremadamente delicado y de enorme precariedad. Eso exige, a mi juicio, impulsar de manera simultánea tres líneas de acción.

La primera es reclamar, con firmeza pero también con responsabilidad y seriedad, los recursos mínimos indispensables para poder funcionar. En este momento, con un foco especial en la cuestión salarial, que es la más urgente.

La segunda es avanzar en la reforma del propio sistema universitario. Vivimos en un mundo que cambia de manera acelerada, y la Argentina también cambió. La universidad no puede seguir haciendo lo mismo que hacía hace veinte o treinta años. Parte de su defensa depende también de su capacidad de actualizarse y de ponerse en sintonía con los desafíos del presente.

Y la tercera es resguardar el reconocimiento que la sociedad argentina tiene hacia la universidad y el sistema científico. Eso se logra sosteniendo, incluso en condiciones adversas, el funcionamiento de la universidad pública: seguir enseñando, produciendo conocimiento, haciendo ciencia, manteniendo abiertas las instituciones.

El desafío es enorme. Requiere capacidad e inteligencia para hacer todo al mismo tiempo. Porque también hay sectores que aspiran a una universidad vacía. Y lo que nosotros no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es ser funcionales a ese objetivo.

Pero es importante hacer una aclaración: a medida que la situación se degrada, empiezan a aparecer tensiones y contradicciones dentro del propio sistema. Y este es un momento en el que hay que trabajar mucho en comunidad para poder procesarlas.

Es razonable que un estudiante se preocupe porque pierde clases o una mesa de examen. Eso debe interpelarnos a todos como comunidad universitaria. Pero también es razonable que un docente que está cobrando salarios muy bajos plantee que la situación es insostenible y que hacen falta medidas más contundentes. Ambas cuestiones deben ser atendidas.

–¿Cuáles son los puntos centrales que debería abordar una reforma del sistema universitario? ¿En qué están trabajando?

–Creo que el salto que tenemos que dar este año es avanzar hacia una “segunda reforma universitaria”. Hoy existe una distancia entre la universidad y la sociedad que, en algún punto, recuerda a la que había en 1918. En ese momento, la manera de resolverla fue transformar profundamente la universidad y ponerla en sintonía con su tiempo. Creo que hoy enfrentamos un desafío similar.

Eso exige reformas en múltiples dimensiones, pero especialmente una transformación –casi una revolución– académica, pedagógica y curricular. Digo “revolución” porque tiene que implicar ruptura, velocidad y capacidad de adaptación. Y la pienso organizada en tres ejes: los tipos de carreras, los planes de estudio y los modos de enseñar.

No hay mucho margen para postergar estas discusiones. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser un problema o una oportunidad, pero lo que no podemos hacer es ignorarla. Es un fenómeno que ya está transformando el conocimiento, el lenguaje y el perfil de los estudiantes.

También tenemos que repensar qué ocurre en las aulas para que la experiencia universitaria siga siendo relevante en este contexto, cómo mejorar el pasaje de la escuela secundaria a la universidad y cómo diversificar la oferta formativa para dar respuesta a nuevas expectativas y trayectorias juveniles. Esto implica revisar la duración de las carreras, la organización de los contenidos y las formas tradicionales de cursada.

–¿Cómo está avanzando la implementación del sistema de créditos académicos?

–El sistema de créditos está avanzando y, a mi entender, va a ser una de las reformas más importantes de las últimas décadas. Tiene varias virtudes: pone al estudiante en el centro, facilita la internacionalización, acerca nuestro sistema a lo que ocurre en otros países y permite una mayor movilidad dentro del propio sistema universitario.

Hoy todas las universidades están trabajando en esa dirección. El CIN tiene un rol clave en la coordinación, para que la implementación tenga criterios comunes y homologables. El punto de partida previsto es 2027, así que es un objetivo cercano. De todos modos, ya hay experiencias en marcha: algunas carreras empezaron a incorporar criterios de créditos en sus planes de estudio.

–En comparación con países vecinos, Argentina tiene buenos niveles de acceso a la universidad, pero baja graduación y alta deserción. ¿Cómo están abordando este tema?

–Se han desarrollado muchas políticas para acompañar a los estudiantes en términos económicos. Sin embargo, el desafío ahora es avanzar con igual fuerza en otras dimensiones que explican por qué los estudiantes abandonan.

La cuestión económica sigue siendo crítica. Los programas de asistencia, como las becas Progresar, no han tenido actualización en los últimos años. Hoy el monto, de 35.000 pesos, es muy bajo en relación con las exigencias que se les plantean a los estudiantes.

Pero más allá de eso, hay un conjunto de factores institucionales y académicos que también inciden en las trayectorias. Uno de los puntos centrales es el pasaje de la escuela secundaria a la universidad, que históricamente no hemos logrado resolver bien. Las dificultades de los ingresantes son cada vez más visibles.

En la provincia de Santa Fe estamos trabajando en una idea que llamo “quinto año compartido”, que apunta a construir una instancia de articulación más fuerte entre ambos niveles. La idea es que el último tramo de la secundaria no sea responsabilidad exclusiva de la escuela media, sino que también tenga participación la universidad. Eso debería implicar un trabajo coordinado con los ministerios provinciales, pero también una agenda común a nivel nacional.

Lo importante es que el tema se ponga en discusión, porque hoy es uno de los puntos donde se concentran muchas de las dificultades del sistema. Por eso digo que esta “segunda reforma universitaria” debería priorizar tanto las políticas de asistencia económica como aquellas orientadas a mejorar las trayectorias académicas.

–¿Cómo está hoy la relación con el Gobierno nacional? ¿Existen instancias donde estén discutiendo políticas para la educación superior?

–Hoy no hay una instancia formal de diálogo. Ha habido conversaciones informales, pero no una convocatoria institucional para discutir estos temas. Y eso se vuelve más complejo cuando tampoco se resuelven otras cuestiones de fondo.

Mi impresión es que, hasta ahora, no hay una voluntad clara de abordar estructuralmente el problema del sistema universitario y científico. Y eso es un error, porque en el mundo actual estas áreas son estratégicas.

Ojalá pudiéramos construir una agenda consolidada de educación superior en la Argentina. Creo que esa agenda tiene que ser el resultado de un proceso amplio, que involucre no solo a las autoridades, sino también a los distintos actores del sistema universitario y científico. Cuanto más horizontal y participativo sea ese proceso, más sostenibles van a ser las transformaciones en el tiempo.

Ahora bien, también es cierto que resulta difícil encarar esa discusión cuando hay problemas básicos sin resolver, como los que hoy afectan el funcionamiento del sistema. Es una cuestión de responsabilidad: primero hay que atender lo urgente.

La herramienta para empezar a resolver esta situación es la Ley de Financiamiento Universitario, que fue construida colectivamente. Desde el sistema hemos seguido todos los canales institucionales: diálogo con el Ejecutivo, trabajo con el Congreso, presentación en la Justicia y también el acompañamiento de la sociedad. La pregunta es qué más hay que hacer para obtener respuestas.

A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.

Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.

En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.

“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.

Un reclamo que persiste

Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.

Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.

El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.

“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.

El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.

Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.

“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.

Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.

Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.

Este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país coincidirá con una semana de protestas del Frente Sindical que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.

Será un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.

En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.

“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Gobierno contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.

Un reclamo que persiste

Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.

Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.

El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.

“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.

El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.

La mirada de los rectores

En diálogo con Infobae, varios rectores mencionaron como problemas el aumento del pluriempleo, la desarticulación de cátedras y equipos de trabajo, y la migración de profesionales altamente calificados a otros países –incluso vecinos– donde los sueldos son más altos. También advirtieron por el impacto en las obras sociales universitarias, cada vez más desfinanciadas por la caída salarial. Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano no respondieron la consulta de este medio.

“Se están yendo muchos docentes con dedicación simple que buscan otras alternativas laborales. Eso va deteriorando la calidad del sistema y también genera complicaciones para los estudiantes –señaló Oscar Alpa–. En vez de estar trabajando en cuestiones de calidad educativa o en desafíos como la inteligencia artificial, estamos concentrados en resolver problemas salariales”.

El panorama es especialmente crítico en las carreras cuyos profesores tienen un perfil profesional (y no exclusivamente académico): para ellos el salario docente resulta cada vez menos atractivo. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene 30 sedes distribuidas en 13 provincias.

“Argentina terminó los primeros dos años de la gestión de Javier Milei con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de la Educación Superior. Aun si se cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario, tendríamos un gasto en educación superior por debajo del promedio regional, con la tasa de matriculación más alta de la región y un sistema universitario que es el centro de la producción científica y tecnológica del país”, describió Rubén Soro, rector de la UTN.

En su última sesión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) también declaró la “emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles” y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En esa misma línea se expresó el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Las autoridades de la UNC señalaron que el recorte del presupuesto “compromete el normal funcionamiento de las instituciones”. También anticiparon que la universidad fortalecerá este año con fondos propios la inversión en ciencia y tecnología, tras la “desarticulación de los organismos nacionales” que financiaban esas actividades.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la tercera más grande en cantidad de estudiantes –después de la UBA y la UNC– el panorama es similar. “Estamos atravesando una situación límite y de alto estrés institucional que afecta el corazón mismo de la universidad pública: salarios bajos y desactualizados, y presupuestos insuficientes para poder llevar adelante nuestras actividades con normalidad”, dijo Martín López Armengol, presidente de la UNLP, a Infobae.

“Estamos en una situación angustiante para nuestros docentes, trabajadores universitarios y becarios”, planteó la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mónica Biasone. “La Ley N° 27.795 está vigente y debe cumplirse. No se trata de un reclamo corporativo, sino de garantizar que las universidades públicas puedan seguir funcionando con normalidad”, sostuvo Biasone. También aseguró que la falta de fondos impacta directamente en el desarrollo del calendario académico y en la planificación institucional.

En la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en Bahía Blanca, la situación es especialmente grave. En diciembre de 2023, un temporal de viento dejó 13 muertos en la ciudad y devastó parte del campus. Cuando la universidad todavía se estaba recuperando, la inundación de marzo de 2025 volvió a dañar las instalaciones. El rector de la UNS, Daniel Vega, explicó que la institución recibió dos partidas del Gobierno nacional para afrontar los daños: una inicial de $500 millones y otra posterior de $1.100 millones. “Estamos agradecidos, pero son insuficientes: necesitamos al menos ocho veces más para recuperar la infraestructura y el equipamiento perdido”, afirmó.

A esto se suma el impacto de la paralización de la obra pública, que dificulta la reconstrucción. “Hoy estamos en un esquema de emergencia, utilizando aulas que nos presta la UTN para poder sostener las actividades”, explicó Vega. Además, informó que el ajuste se traduce en menos insumos para las cátedras y en una reducción de las tareas de mantenimiento: “El impacto no se ve de un día para el otro, pero va generando un deterioro que se acumula con el tiempo”.

Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) también reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y rechazaron la modificación que impulsa el Gobierno nacional. “Es una ley sancionada por el conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso, de amplio consenso y que nos permite actuar con previsibilidad, mantener las aulas abiertas y a los chicos estudiando”, afirmó el rector, Tadeo Berenguer. Y agregó: “Es necesario que el Gobierno vea a la educación pública como una inversión para nuestro futuro, no como un gasto”.

Lo que viene

Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.

“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.

Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.

Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.

Para algunos jóvenes, estudiar implica un orgullo especial. No tiene que ver con las notas, sino con el recorrido y con la promesa que esa elección entraña. Sobre todo, no es un orgullo individual, sino una mezcla del mérito propio con la mirada satisfecha de madres, padres y abuelos que ven, en el camino de estos chicos y chicas, la realización de un sueño que ellos no pudieron concretar: el de ir a la universidad.

A nivel nacional, al menos 4 de cada 10 ingresantes (43%) a las universidades públicas tienen padres y madres que no alcanzaron un título universitario ni terciario, según los últimos datos oficiales, de 2023. Es muy probable que la cifra esté subestimada: de los 495.649 jóvenes que ingresaron a las universidades nacionales, el 34% no sabe o no informa el nivel educativo de sus padres, y solo el 22,7% proviene de familias que alcanzaron algún título de educación superior. Si se deja fuera de la ecuación el tercio de estudiantes que no responde sobre el nivel educativo de sus padres, se observa que 2 de cada 3 ingresantes a las universidades nacionales serán los primeros de su familia en acceder a un título.

En algunas casas de estudio, 8 de cada 10 nuevos inscriptos provienen de hogares en los que nadie tiene un diploma universitario ni terciario: es el caso de varias universidades nacionales del conurbano bonaerense, como la Arturo Jauretche (UNAJ), Guillermo Brown (UNaB), Hurlingham (UNAHUR), La Matanza (UNLaM) o Tres de Febrero (UNTREF), pero también de algunas del interior del país, como las universidades nacionales de Formosa (UNaF), La Pampa (UNLPam), Luján (UNLu) o Patagonia Austral (UNPA). Para estos jóvenes, la universidad estatal sigue representando una promesa de ascenso social.

Incluso en las casas de estudio más tradicionales y más grandes, la proporción de alumnos que vienen de hogares sin título universitario es significativa: representan alrededor de la mitad de los ingresantes en las universidades de Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), La Plata (UNLP) y Rosario (UNR). Los datos avalan la esperanza de progreso que moviliza a muchos de los jóvenes que se anotan en las universidades públicas, aun cuando lo hagan “tarde”, sin seguir un camino lineal desde la escuela secundaria: en Argentina la brecha salarial entre quienes terminan la escuela y quienes alcanzan un título terciario es del 63%, según datos de la OCDE.

¿Qué significa ser estudiante para los jóvenes que se encaminan a convertirse en los primeros de sus familias en conseguir un título de educación superior? Infobae entrevistó a alumnos de distintas universidades públicas que son primera generación universitaria para que cuenten qué representa para ellos la oportunidad de estudiar. Hablaron con orgullo, pero también con preocupación: la mayoría participó en las marchas del miércoles 17 en distintas ciudades del país en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. La principal motivación, según contaron, es que los chicos y chicas más jóvenes accedan en el futuro la misma oportunidad que tuvieron ellos.

Lucía Cantelle tiene 21 años y cursa el tercer año de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero es de Leones, en el sur de la provincia de Córdoba. Su papá es veterano de guerra de Malvinas, trabajó 40 años en el correo y ahora está jubilado, pero tiene un programa de radio. Su mamá es empleada de comercio.

Para poder estudiar, Lucía se mudó de Leones a Rosario; ella y su hermana son las primeras de la familia en acceder a la universidad. “Veo en mi mamá, que no pudo estudiar una carrera porque en su casa se esperaba otra cosa de las mujeres y porque había grandes limitaciones económicas, un modelo de esfuerzo: trabajó desde los 17 años. Mi papá terminó la primaria pero no siguió, aunque era muy capaz; eligió trabajar con su padre y hoy se arrepiente mucho”, explica.

“Ellos me dieron libertad y me apoyan. A mi mamá le hubiese encantado estudiar Psicología –como mi hermana–; a mi papá le atrae la comunicación –como a mí–. Entonces siento que mi hermana y yo cumplimos parte de sus sueños. Ellos se enorgullecen como si fueran sus logros, y realmente lo son, porque si estoy acá es gracias a los sacrificios que hicieron para darnos lo mejor”, cuenta.

Lucía cursa en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR: “Desde el primer día me hicieron sentir parte: no sos un número más. Para mí la facultad hoy es un hogar. En la universidad me construyo como profesional y como persona, con ideales, con conocimientos, con la posibilidad de debatir y pensar críticamente”, afirma. Y define: “Para mí la universidad pública es posibilidad, felicidad y, ante todo, agradecimiento: a mi país, a los docentes que, aun con los problemas salariales, están presentes, te forman y te acompañan”.

Florencia Curbela tiene 22 años y es compañera de Lucía en la UNR. Su mamá da clases de francés y su papá trabaja como guardia de seguridad. “Ser la primera universitaria de mi familia podría pensarse como una presión, pero yo no lo vivo así. Para mí es un orgullo y una emoción enorme poder contarles a mis papás todo lo que significa. Ellos lo ven a través de mí”, explica Florencia. Y continúa: “La universidad pública es una gran oportunidad que no quiero desaprovechar”.

Los estudiantes entrevistados expresaron su preocupación por la situación del financiamiento universitario, a la espera de lo que suceda el 2 de octubre, cuando el Senado nacional podría ratificar el rechazo al veto presidencial, como ya lo hizo la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Florencia sostiene: “Se nota el amor que tienen los docentes por enseñar, y la voluntad que ponen en su trabajo. Justamente por eso, creo que es necesario que tengan un salario digno. También me gustaría que las universidades estuvieran mejor equipadas. No me puedo quejar de lo que recibo, pero la idea tampoco es conformarse”.

Facundo Duran tiene 25 años y este lunes 22 de septiembre celebrará el Día del Estudiante recibiéndose de licenciado en Comunicación Social, también en la UNR. Su papá es contratista y durlero, a diferencia de su mamá, que sí pudo asistir a la universidad. Para Facundo, estudiar en la universidad pública representa a la vez un objetivo cumplido y un punto de partida.

“Creo que, para muchas familias, el principal orgullo es poder saldar una deuda. La deuda de un abuelo que trabajó en el campo, de un padre que fue obrero… y que ahora ven que su hijo puede estudiar. Eso para mí es sinónimo de realización”, dice Facundo.

A punto de graduarse, expresa: “Gran parte de este logro se lo debo a mi familia. Lamentablemente, son pocas las personas que pueden sostenerse en la educación superior. En mi caso, tengo la suerte de vivir en una ciudad universitaria y eso me dio facilidades que otras personas no tienen”.

Sobre su experiencia en la UNR, Facundo sintetiza: “Siempre miramos hacia afuera, cuando en Argentina tenemos motivos de sobra para valorarnos, y la universidad pública es uno de ellos. El hecho de que se haya sostenido como política de Estado a lo largo de distintos gobiernos habla de su resiliencia y del compromiso de quienes pasaron por ella, se recibieron y hoy la defienden y la hacen crecer. La universidad pública es la institución con mayor prestigio que tiene nuestro país. Así como nosotros no la vimos nacer, sé que tampoco la veremos morir”.

Unos 700 kilómetros al sur, las historias se parecen. Victoria Ibargüengoitia tiene 29 años y cursa el último año de la tecnicatura universitaria en Periodismo Digital en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Su mamá trabaja en un hotel como encargada de limpieza y su papá es carnicero. Para poder estudiar, ella tuvo que trabajar en paralelo, a veces con más de un empleo para llegar a fin de mes.

“Ser la primera universitaria de mi familia es un orgullo enorme. También lo vivo como una resignificación de todas esas charlas con mi vieja, cuando me contaba que en algún momento de su vida le hubiera gustado estudiar una carrera pero, por distintas circunstancias, no pudo hacerlo. Ella terminó la secundaria de grande y ahí empezaron a aparecer esas ganas de ir un poco más allá. Pero siempre con la idea de que la universidad no era para ella”, relata Victoria.

“Siento que esta posibilidad resignifica la historia de mi mamá y de muchos adultos que creen que la universidad no es para ellos. Esto también es un poco para mi vieja y para toda mi familia que siempre me bancó en este camino, especialmente para mi hermana, que me enseñó a leer y despertó en mí el amor por la comunicación”, afirma.

Victoria cuenta que sus papás estuvieron presentes en cada paso de su carrera y siempre entendieron el esfuerzo que implicaban los estudios: “La universidad pública para mí significa una de las decisiones más importantes de mi vida. Invertir tiempo en una carrera universitaria es una apuesta enorme, que no solo tiene que ver con formarse en lo técnico o en lo académico, sino con todo lo que la universidad te transforma como persona. La universidad me dio crecimiento personal y conciencia social; me enseñó a mirar más allá de mí misma”.

Dana Sacco también tiene 29 años; hace dos meses se recibió de técnica universitaria en Periodismo Digital en la UNMdP. Su papá es músico y su mamá es auxiliar de farmacia, pero desde marzo está desocupada. Ninguno de los dos completó la secundaria. Dana ingresó a la universidad en 2020: era una carrera nueva, que hasta entonces solo estaba disponible en instituciones privadas en Mar del Plata. Ella empezó “de grande”, con 24 años. Había terminado la secundaria con el plan Fines, donde descubrió su pasión por la comunicación a partir de una materia de la que ahora es profesora.

“Trabajo desde los 18 y sostuve la cursada con empleos en gastronomía; durante muchos años fui camarera. Es un rubro muy precarizado, con horarios largos. Fue exigente, pero valió la pena el esfuerzo”, asegura.

“Cuando me anoté en la carrera, era todo muy nuevo para mí. Con muchos miedos, me encontré en una institución enorme, imponente. Yo era un poco más grande que la mayoría de mis compañeros. Adaptarme me llevó un tiempo, aunque después se hizo más fácil y terminé amando estar ahí –relata–. Para mí, la universidad es un sueño materializado. Siempre les digo a mis estudiantes del Fines que sí es posible llegar a la universidad”.

El día que se recibió, sus papás la acompañaron: “Nunca los vi tan emocionados”, cuenta. Ahora solo le falta el acto de graduación: “Creo que ese día me va a caer la ficha de todo lo que fue este proceso. Estoy segura de que voy a llorar muchísimo y mis viejos también. La universidad pública para mí es prestigio, pertenencia, comunidad. Además de los contenidos académicos, me enseñó valores de solidaridad y compromiso, porque nuestra formación es posible gracias al aporte de toda la sociedad”.

Valentina Barth Rizzi tiene 27 años y le faltan dos finales para recibirse de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su mamá es ama de casa –ya jubilada– y su papá, que falleció hace tres años, era electricista. Ella y su hermana son la primera generación de universitarias en su familia.

“Siento que estoy abriendo un camino que demuestra que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar metas que parecían lejanas. Es una forma de honrar el sacrificio de mi familia y de demostrarme a mí misma que soy capaz de lograr lo que me propongo”, sostiene Valentina.

“Para mi familia significa mucho, porque ven reflejado en mí todo el esfuerzo que hicieron para que pudiera estudiar. Ellos siempre me acompañaron y apoyaron en este camino, y poder convertirme en la primera universitaria representa también la recompensa a todo ese esfuerzo compartido”, agrega.

Valentina sintetiza su mirada sobre la universidad pública en un concepto: igualdad de oportunidades: “Es la posibilidad real de que, sin importar el origen o la situación económica, cualquiera que se esfuerce pueda formarse y desarrollarse profesionalmente. Valoro mucho que en nuestro país exista este derecho, porque gracias a eso hoy estoy a punto de recibirme. La universidad pública es un espacio de crecimiento personal, de construcción colectiva y de compromiso con la sociedad”.

Martín Roel es estudiante de la licenciatura en Administración en la Universidad de Buenos Aires (UBA); le faltan cuatro materias para terminar la carrera. Vive en Lanús; su mamá es ama de casa y su papá es comerciante. “Ser el primer universitario de mi familia es un orgullo enorme –dice en medio de la movilización del 17 de septiembre–. La universidad pública para mí es sinónimo de igualdad de oportunidades, de sueños. Por eso tenemos que defenderla”.

Celeste Villalva tiene 26 años y cursa el último año de Abogacía en la UBA; es la presidenta de centro de estudiantes de Derecho. Su mamá es empleada en un comercio y su papá trabaja en una empresa de seguridad privada. “Desde siempre toda mi familia, en particular mi mamá, me insistió para que me formara –cuenta Celeste–. Estudiar implica un esfuerzo económico y personal. Es un sacrificio, pero siempre tengo la suerte que mi familia me acompaña y me apoya para que yo logre el sueño de recibirme y ser la primera profesional de la familia”.

Sus papás se alegran cada vez que aprueba una materia y con frecuencia le preguntan cuándo va a recibirse: “Para ellos, es como si también hubieran llegado a la universidad”.

Celeste está convencida de que el acceso a la educación es sinónimo de progreso: “Si no fuese por la universidad pública y no arancelada, no hubiese podido ni pensar en estudiar una carrera de grado. Creo que la universidad pública aporta un valor muy importante a toda la sociedad en su conjunto, no solo a quienes pasamos por ella”.

Agustina Viggiano cursa el segundo año de Psicología en la UBA y preside el centro de estudiantes de esa facultad. Vive en Adrogué; su papá es mecánico y su mamá trabaja limpiando casas de familia. “A ellos los llena de emoción y de orgullo que yo esté estudiando en la Universidad de Buenos Aires”, describe. Para Agustina, la universidad pública “representa la posibilidad de acceder a la educación superior sin importar el origen social o económico”, y por eso subraya: “Es un derecho que debemos defender”.

También la vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Alexia Robledo, es la primera de su familia en acceder a la universidad. Tiene 29 años y terminó de cursar la licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), ubicada en Florencio Varela; solo le falta entregar la tesis para recibirse.

Alexia vive con sus abuelos jubilados. Además del apoyo incondicional de ellos, menciona otros dos apoyos que le permitieron sostener la cursada: al principio, la beca Progresar; luego, más avanzada en la carrera, la beca de estímulo a las vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Ser primera generación universitaria es cumplir un sueño que no empezó conmigo, sino con mi familia. Significa luchar cada día por alcanzar un objetivo que lleva generaciones soñándose: por mis abuelos, por mis hermanos, por todos los que intentaron y no pudieron llegar, pero que siempre tuvieron claro que la educación es el camino”, dice Alexia.

Pasar por la educación superior no solo le abrió puertas a ella: “Me dio herramientas para motivar a otros miembros de mi familia a terminar la secundaria y animarse a continuar con estudios terciarios o universitarios”. De cara al futuro, imagina “que vengan segundas, terceras y muchas más generaciones que puedan graduarse”.

“Para mí, la universidad pública es sinónimo de oportunidades: para formarnos como profesionales, pero también para crecer como personas, para cambiar nuestra historia y la de nuestras familias –concluye Alexia–. Sobre todas las cosas, representa igualdad y esperanza: la certeza de que el conocimiento puede y debe estar al alcance de todos”.

“Los temas abordados fueron la necesidad de la actualización de los gastos de funcionamiento, las condiciones de continuidad del plan de inversiones, las paritarias docente y no docente, los programas y los proyectos de desarrollo, entre otros. Las autoridades gubernamentales comprometieron sus gestiones y respuestas en los próximos días”.

Así terminaba el comunicado que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las 61 universidades públicas argentinas, publicó el 14 de febrero de 2024. El texto se refería a la primera reunión que mantuvieron los responsables de las casas de estudio con los funcionarios del entonces nuevo gobierno nacional. Dieciséis meses después, las universidades denuncian que –tras una mejora inicial como consecuencia de la primera marcha federal– los gastos de funcionamiento volvieron a recortarse más del 30%, las obras de infraestructura siguen suspendidas en todo el país, los salarios docentes y no docentes perdieron al menos un 35% de su poder adquisitivo y el sistema científico se encuentra en proceso de desmantelamiento, con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y los programas nacionales paralizados.

En el medio hubo dos marchas federales, decenas de comunicados como el citado, paros docentes, una Ley de Financiamiento Universitario, un veto del presidente Javier Milei, una agenda de trabajo con algunos avances –como el sistema de créditos académicos–, incontables reuniones. La presión social dio alta visibilidad a los reclamos en 2024, pero se termina el primer cuatrimestre de 2025 y los problemas no se resolvieron, advierten desde las casas de estudio.

Este jueves, las universidades harán un nuevo intento por conseguir alguna respuesta oficial. En conjunto, los rectores –representados en el CIN–, el Frente Sindical –que nuclea a todos los gremios docentes y no docentes del sector– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a las agrupaciones estudiantiles– convocaron a una “manifestación federal” con el objetivo de exigir la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, tras el fracaso de la iniciativa aprobada el año pasado.

Durante la jornada habrá actividades en todas las ciudades del país que son sedes de universidades públicas, en apoyo al proyecto de ley que busca garantizar los fondos para el sistema universitario y científico. Desde las universidades aspiran a sumar un millón de firmas en apoyo al proyecto. Este jueves 26 y viernes 27 también hay paro de los principales gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“Tenemos la expectativa de que el proyecto de ley que presentamos en el Congreso pueda aprobarse. Es un proyecto razonable que resuelve el problema sin comprometer fiscalmente al Estado”, aseguró Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN.

“Es una convocatoria a la sociedad argentina a que nos acompañe una vez más, en este caso con su firma en adhesión al proyecto que presentamos”, dijo Bartolacci a Infobae. Y agregó que también “es un pedido a los diputados de todo el país para que den quorum en la sesión especial del próximo 2 de julio, de manera que se pueda emplazar a las comisiones de Presupuesto y Educación, para que tengamos en las próximas semanas dictamen y posterior tratamiento en el recinto”. Los rectores vienen realizando una serie de encuentros con legisladores nacionales para explicarles la iniciativa; este miércoles asistieron a la Comisión de Educación del Senado, presidida por Wado de Pedro.

El proyecto puede consultarse en el sitio web del CIN, donde también se puede sumar la firma en apoyo a la iniciativa. Además de actualizar los gastos de funcionamiento y los salarios de acuerdo con los índices oficiales de inflación, el proyecto crea una asignación específica de la recaudación impositiva nacional al sistema universitario, a la que denomina “Proporción Universitaria”. También se propone un incremento progresivo de la inversión en educación superior, con una meta que apunta al 1% del PBI en 2026 (actualmente ronda el 0,6%) y pretende llegar al 1,5% en 2031.

En 2024 el Gobierno redujo un 43,9% la inversión educativa nacional, según un cálculo del economista especializado Alejandro Morduchowicz a partir de los datos de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y el INDEC. La caída interanual en el presupuesto de la Secretaría de Educación no tiene precedentes en los últimos 30 años. El ajuste impactó con más fuerza en la educación básica –las escuelas– y la formación docente (-69%), pero también afectó de manera significativa al sistema universitario, con una caída del 23,9%: en 2024, las universidades perdieron 1 de cada 4 pesos de sus recursos. Según denuncian, el recorte se profundizó en 2025, dado que, al no haberse aprobado por segundo año consecutivo una Ley de Presupuesto, volvió a prorrogarse el presupuesto de 2023.

El deterioro salarial está impactando en el plantel docente, denuncian desde las universidades. Si bien no hay una cifra nacional oficial, desde Conadu estiman una reducción de alrededor del 5% de los puestos por renuncias o licencias de profesores. “Esa cifra continúa creciendo a medida que los aumentos salariales siguen siendo inferiores a la inflación. De hecho, este mes no se otorgó ningún aumento, pese a que la inflación continúa”, dijo Carlos De Feo, secretario general de Conadu, a Infobae.

“Muchos docentes están dejando el país hacia destinos donde su formación y experiencia son mejor valoradas. Se trata de profesionales altamente calificados, con posgrados, que están siendo contratados por universidades en Brasil –el destino más cercano y frecuente–, así como en Chile, México, Europa, Estados Unidos y Canadá”, continuó De Feo. Y añadió: “Otros docentes recurren al pluriempleo o directamente renuncian para manejar un Uber, ya que en muchos casos ganan más dinero, asumen menos responsabilidad y tienen mayor flexibilidad horaria”.

Ante la inminencia de la movilización del jueves, el Gobierno nacional anunció en el Boletín Oficial un aumento del 27% en el presupuesto universitario. Sin embargo, desde las casas de estudio sostienen que ese incremento sigue tomando como base los valores de 2023 y solo permite cubrir los salarios actuales hasta fin de año, además de gastos de funcionamiento básicos, como los servicios.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada del jueves comenzará a las 10 hs con un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, que depende de la UBA. A las 17 hs está prevista una marcha de antorchas desde Plaza Houssay al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. Bajo la consigna “Prendete a defender la universidad pública”, también habrá manifestaciones en La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche, Santa Fe, Tandil, Catamarca, Neuquén y Viedma, entre otras ciudades de todo el país.

“Será una jornada federal, con acciones en todo el país. La expectativa es alta: en las más de 60 universidades nacionales está prevista al menos una actividad concreta. En cuanto al 2 de julio, esperamos que se pueda convocar una sesión especial con quorum”, dijo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a Infobae.

“No es solo un tema presupuestario. Es una discusión dicotómica sobre si la universidad es prioritaria o no para un país”, afirmó Norberto Heyaca, secretario general de Fagdut, uno de los sindicatos que adhieren al paro docente de 48 hs, junto con Conadu, Conadu Histórica y CTERA. La Asociación Gremial Docente de la UBA, afiliada a Conadu Histórica, también participa de la medida de fuerza.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Capital Humano, dijeron a Infobae: “Esta manifestación se trata nuevamente de una instancia testimonial. Lo importante para nosotros es que los estudiantes y docentes puedan desarrollar el dictado de clases con normalidad”. El miércoles, el subsecretario Alejandro Álvarez se mostró en la red social X dando clases de Ciencia Política en el CBC de la UBA.

Hace unas semanas, desde el Gobierno nacional anticiparon su rechazo a una eventual sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que podría expresarse en un nuevo veto, tal como sucedió en octubre del año pasado, cuando el presidente Milei rechazó la medida y el Congreso convalidó esa decisión.

“Todos queremos la estabilidad macroeconómica. Pero la gran pregunta es: ¿a costa de qué?”, planteó Oscar Alpa, presidente del CIN, en una entrevista con Infobae. Sobre el proyecto de ley de financiamiento, definió: “No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse”.

Este jueves 26 de junio, el sistema universitario nacional protagonizará una jornada federal de movilización en todas las ciudades donde funcionan universidades públicas, con el objetivo de exigir la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y crisis salarial.

La medida contempla una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del día en cada sede universitaria del país, en simultáneo con un paro docente nacional de 48 horas, que se extenderá también al viernes 27. El reclamo central gira en torno a un proyecto de ley que fue presentado el pasado 28 de mayo ante el Congreso de la Nación, y que busca garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico argentino.

Durante la jornada del jueves, además, se espera reunir un millón de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa, tanto de forma presencial como a través del sitio del CIN.

“En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, declaró Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), durante una conferencia de prensa realizada el lunes. El dirigente explicó que las universidades enfrentan un “desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar”, lo que complica tanto la operatividad diaria como los salarios docentes y no docentes.

Además, detalló que no hubo respuestas respecto de obras paralizadas, pedidos de actualización de becas estudiantiles y que la situación del sistema científico “es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado”.

En ese contexto, Alpa reclamó “salarios dignos” para los trabajadores del sistema, actualización de las becas para estudiantes y la asignación de “recursos mínimos e indispensables” para garantizar el funcionamiento institucional. “Todas esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente”, sostuvo.

La movilización contará con expresiones públicas en diversas provincias. Desde Conadu adelantaron que la medida de fuerza tiene como eje la recuperación del poder adquisitivo, el aumento de las becas estudiantiles, el financiamiento para ciencia y tecnología, y la asignación de presupuesto suficiente para el funcionamiento de las universidades nacionales. En tanto, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, señaló que los salarios docentes universitarios perdieron un 35% de su poder adquisitivo en el último año y medio.

En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció su adhesión al paro nacional y comunicó que la jornada comenzará con un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, a las 10 de la mañana del jueves. Luego habrá una convocatoria a Plaza Houssay para marchar hasta el Palacio Pizzurno, donde está la Secretaría de Educación de la Nación.

A su vez, en Rosario, Córdoba y La Plata, se prevén marchas de antorchas, como parte de las manifestaciones locales que buscan visibilizar el reclamo.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN, también expresó su preocupación y convocó a la ciudadanía a participar. “Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley”, explicó. En esa línea, pidió que la sociedad se sume a la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública” como forma de respaldo al proyecto.

Desde la representación estudiantil, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, planteó que la responsabilidad ahora recae sobre los legisladores. “Ahora la pelota la tienen los diputados y las diputadas, que son ni más ni menos que los representantes de los pueblos de las provincias, y muchos de ellos egresados de la universidad pública”, afirmó.

Carvalho remarcó la necesidad de una participación masiva durante la jornada del jueves: “Este jueves tenemos que ser miles en todo el país, acompañando el millón de firmas que tenemos que alcanzar, para que toda la sociedad entienda que la universidad tiene que ser una prioridad”.

Las organizaciones que impulsan la jornada señalaron que el reclamo también está dirigido a que los diputados nacionales otorguen quórum en la sesión especial prevista para el 2 de julio, con el fin de que las comisiones correspondientes emitan un dictamen favorable sobre el proyecto de ley presentado por el CIN.

La norma, que ya había sido aprobada por el Congreso en 2023, fue posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

Durante la movilización, las consignas girarán en torno a los ejes de salario, presupuesto y becas, en un intento por recuperar las condiciones mínimas necesarias para el sostenimiento del sistema universitario público.

La jornada buscará instalar nuevamente el debate en el Congreso y recuperar la centralidad del financiamiento educativo en la agenda parlamentaria.

Todas las universidades nacionales convocaron a una “manifestación federal” este jueves 26 de junio, con el objetivo de exigir la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La medida se desarrollará en todas las ciudades del país que son sedes de universidades públicas, con el objetivo de sumar respaldo social al proyecto de ley que busca garantizar los fondos para el sistema universitario y científico, en un contexto de recortes presupuestarios.

La convocatoria es impulsada por los rectores de las 61 universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios del Frente Sindical y las agrupaciones estudiantiles representadas por la Federación Universitaria Argentina (FUA). El jueves 26 y el viernes 27 habrá paro de docentes.

Los principales actores del sistema universitario reclaman el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que presentaron ante el Congreso de la Nación el pasado 28 de mayo, con el objetivo de dar respuesta a la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades y el sistema científico. Durante la jornada del jueves 26, aspiran a juntar un millón de firmas en respaldo al proyecto. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/

En una conferencia de prensa realizada este lunes, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del CIN, subrayó la gravedad de la situación: “En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, afirmó. Alpa explicó que existe “un desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar, lo que genera muchas dificultades y una situación salarial angustiante de docentes y no docentes”.

“No tenemos respuestas respecto de obras paralizadas o pedidos de actualización de becas estudiantiles y la situación del sistema científico es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado. Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando, y por eso pedimos al Congreso una ley que nos dé una respuesta”, sostuvo el titular del CIN. El año pasado, el Congreso había aprobado una ley de financiamiento, que luego fue vetada por el presidente Javier Milei.

Alpa reclamó “salarios dignos” para los docentes y no docentes; actualización de las becas para los estudiantes, y “recursos mínimos e indispensables” para que el sistema universitario y científico pueda seguir funcionando: “Todas esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente”.

“Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley. Pedimos a la sociedad argentina que se sume a la campaña Un millón de firmas por la universidad pública y que adhiera así al proyecto de financiamiento presentado en el Congreso”, señaló Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN.

El pedido de las universidades se dirige también a los diputados nacionales, a quienes les reclamaron “que otorguen quorum en la sesión especial prevista para el 2 de julio, de manera de emplazar a las comisiones para que la ley pueda tener dictamen favorable”.

“Ahora la pelota la tienen los diputados y las diputadas, que son ni más ni menos que los representantes de los pueblos de las provincias, y muchos de ellos egresados de la universidad pública”, consideró Joaquín Carvalho, presidente de la FUA. “Este jueves tenemos que ser miles en todo el país, acompañando el millón de firmas que tenemos que alcanzar, para que toda la sociedad entienda que la universidad tiene que ser una prioridad”, afirmó Carvalho.

El paro docente del jueves 26 y viernes 27 es impulsado en todo el país por los principales gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) ya anunciaron su adhesión y el jueves 26 comenzarán la jornada con un abrazo al Hospital de Clínicas a las 10 de la mañana.

Desde Conadu informaron que la medida de fuerza es en reclamo de la recuperación de los salarios, el aumento de las becas estudiantiles, el presupuesto para ciencia y tecnología y el financiamiento de las universidades nacionales. Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, sostuvo que los sueldos de los docentes universitarios perdieron un 35% de su poder adquisitivo en el último año y medio.

Hay 7 universidades argentinas –todas públicas– entre las 2000 mejores del mundo, según la última medición del Center for World University Rankings (CWUR). La Universidad de Buenos Aires, en el puesto 409 a nivel global, se posiciona como la mejor del país, mientras que 6 de las 7 universidades argentinas clasificadas caen en la lista. Desde CWUR atribuyeron el descenso a las dificultades de las universidades argentinas para competir en investigación con instituciones mejor financiadas en otros países, en un contexto en el que el sistema universitario viene advirtiendo por los recortes en ciencia y tecnología.

Las universidades argentinas han perdido posiciones en los últimos años en la lista de CWUR, que tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos. A diferencia de otros rankings como el QS, esta medición otorga un peso mayor a la investigación, especialmente la publicada en revistas anglosajonas. En 2021 había 10 universidades argentinas en el top 2000; en 2025 quedan 7.

En esta nueva edición, la UBA retrocedió 19 puestos, del 390 al 409: cayó en los indicadores de empleabilidad e investigación, pero mejoró en el de calidad educativa. Detrás de la UBA aparece la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el puesto 752. En tercer lugar figura la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la única argentina que mejoró su posición: subió nada menos que 155 puestos, del 974 al 819.

En la segunda mitad de la tabla global figuran las universidades nacionales de Rosario (1576), el Litoral (1693), Cuyo (1793) y Mar del Plata (1841). En esta edición quedó fuera del ranking la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, que había clasificado en 2024. También las universidades nacionales de Tucumán y del Comahue habían ingresado a la lista en años anteriores.

“El principal factor del declive de las universidades argentinas es el rendimiento en investigación, en medio de una intensa competencia global por parte de instituciones con una sólida financiación. En el top 2000 global, todas las universidades argentinas tienen una clasificación inferior a la del año pasado en investigación”, advierte el comunicado de CWUR.

“Si bien Argentina cuenta con siete universidades entre las mejores del mundo, resulta alarmante el declive de las instituciones académicas del país debido al menor rendimiento de la investigación y al limitado apoyo financiero del Gobierno. En un momento en que varios países priorizan el desarrollo de la educación y la ciencia, Argentina lucha por mantenerse al día”, señaló Nadim Mahassen, presidente del CWUR.

“Sin una financiación más fuerte y una planificación estratégica más sólida, Argentina corre el riesgo de quedar aún más rezagada en el panorama académico mundial”, agregó Mahassen.

Las universidades de América Latina también quedan relativamente mal posicionadas en esta clasificación. La UBA ocupa el quinto puesto regional, superada por las universidades de São Paulo (118), Universidad Nacional Autónoma de México (282), Universidad Federal de Río de Janeiro (331) y Campinas (369). El top 10 regional se completa con la Pontificia Universidad Católica de Chile (415), Universidad de Chile (453), Universidad Estatal de São Paulo (454), Universidad Federal de Rio Grande do Sul (476) y Universidad Federal de Minas Gerais (497). Según el ranking CWUR, seis de las diez mejores universidades latinoamericanas están en Brasil.

En el ojo de la tormenta por los recortes en el financiamiento federal y por los ataques del gobierno de Donald Trump, Harvard continúa posicionada como la mejor universidad del mundo por 14° año consecutivo. La siguen otras dos instituciones privadas estadounidenses, el MIT (puesto 2) y Stanford (3), mientras que Cambridge (4) y Oxford (5) en el Reino Unido son las principales instituciones públicas de educación superior del mundo. Este año, por primera vez hay más universidades de China que de Estados Unidos en el top 2000.

“Si bien Estados Unidos aún cuenta con las mejores universidades del mundo, el declive de la gran mayoría de sus instituciones de educación superior debería ser motivo de preocupación para la secretaria de Educación, Linda McMahon, y para la administración Trump”, consideró Mahassen. Desde CWUR contrastaron el fuerte respaldo financiero que vienen recibiendo las universidades chinas con los recortes impulsados por el gobierno de Estados Unidos.

Para confeccionar este ranking global, CWUR considera cuatro indicadores: calidad de la educación (25%), empleabilidad (25%), calidad de los profesores (10%) e investigación (40%). Este año se clasificaron 21.462 universidades, pero solo las mejores 2000 ingresaron al ranking, que incluye instituciones de 94 países. A la hora de evaluar la investigación de las universidades, el ranking CWUR tiene en cuenta los papers publicados en revistas de primer nivel, así como la cantidad de citas que reciben.

La crisis de financiamiento

Las universidades públicas argentinas son responsables del 70% de la producción científica del país, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde el sistema universitario vienen denunciando desde el año pasado la situación crítica del financiamiento de la educación superior y, especialmente, la parálisis de la investigación por falta de fondos. Tras las dos marchas federales y el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario en 2024, ahora están impulsando un nuevo proyecto en el Congreso, aunque el Gobierno nacional ya anticipó que volverá a rechazarlo.

La semana pasada, miles de investigadores, científicos y becarios del Conicet se congregaron en el Polo Científico y Tecnológico de Palermo, en CABA, donde funciona la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para protestar contra el recorte presupuestario y la crisis que afecta a la comunidad científica en todo el país, con salarios atrasados, falta de recursos y recorte de becas. Los investigadores califican la situación actual como un “cientificidio”.

Desde el CIN denunciaron en un comunicado la “parálisis total” de casi todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la “ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país”.

“La totalidad de la formación doctoral de nuestros profesionales está a cargo de nuestras instituciones, que además contribuyen a financiar la mayoría de sus trabajos de investigación. Esta realidad posiciona a las universidades no solo como espacios de enseñanza, sino como motores fundamentales de la innovación, el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento. Sin embargo, el desfinanciamiento de la ciencia amenaza gravemente estas funciones, atentando contra el progreso de la Nación”, advirtieron desde el CIN.

Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, dijo a Infobae que la interrupción abrupta de todos los programas que dependían del Gobierno nacional dejó a las universidades “sin capacidad de acción” y sin poder planificar. Entre otras medidas que afectan directamente la posibilidad de investigar y publicar, Evelson explicó: “El Gobierno nacional canceló los contratos con todas las grandes editoriales científicas. Eso nos dejó sin acceso a las publicaciones más importantes del mundo”.

El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica señaló que incluso los subsidios ya aprobados se dejaron de pagar. También advirtió que Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el principal motor del sistema científico nacional –creada durante el gobierno de Carlos Menem–, está “virtualmente paralizada”, en paralelo al desfinanciamiento del Conicet.

Además, enumeró, “todos los programas de cooperación internacional fueron paralizados o recortados severamente”, se suspendió el programa Raíces para la repatriación de científicos, se cancelaron los programas para conseguir equipamiento científico, y se dejaron en suspenso los ingresos de nuevos investigadores al Conicet.

“No tenemos financiamiento y los investigadores han perdido entre un 30% y un 40% de su salario, tanto en las universidades como en el Conicet. Muchos están bajo la línea de pobreza, en una situación similar a la de los residentes del Hospital Garrahan. Esta situación solo invita a buscar otros horizontes”, describió Evelson. Y lamentó: “Estamos perdiendo gente que se formó acá durante 10 años, y que es muy difícil de reemplazar. Vamos a contramano de las políticas de cualquier país desarrollado del mundo”.

Desde el CIN denuncian que el sistema científico atraviesa “una crisis sin precedentes” y señalan que, de mantenerse la situación actual, el financiamiento para el sector representará apenas el 0,15% del PBI, “el nivel más bajo en toda nuestra historia”. Las universidades nacionales reclaman que “se restablezca el diálogo con el sistema universitario” y que “se defina un plan integral que garantice el financiamiento, la estabilidad y la continuidad de la producción científica en el país”.

Fue en 1985 —a partir de un decreto del entonces presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín— que se creó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Un organismo federal pensado para la coordinación y propuestas de políticas y estrategias para el sistema público de educación superior.

El CIN participó en el auditorio de Ticmas —en la jornada del sábado de educación superior— con la presencia de su nuevo presidente, el Rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa.

En la charla se pusieron sobre la mesa las urgencias y realidades de las universidades y la importancia de compartir conocimientos y experiencias a nivel federal.

Agenda

Alpa, que estuvo escuchando las mesa previa del auditorio de Ticmas en la que se conversó sobre el tsunami de la inteligencia artificial, comenzó hablando de cómo las realidades impactan en las altas casas de estudio, y puso el ejemplo de la virtualización que debieron enfrentar con la llegada de la COVID.

Entre los otros temas que destacó, el presidente del CIN remarcó la necesidad de seguir discutiendo “la acción teórica y la duración real de las carreras universitarias”. Y puso un ejemplo de que muchas veces los chicos, a la hora de ingresar a la universidad, actúan “como a veces uno en el restaurante y miras el precio y lo que miran es la duración de la carrera y después miran la carrera. Si bien algo está cambiando, hay cosas que tenemos que seguir analizando”.

Para Alpa es importante seguir discutiendo los tiempos universitarios y trabajando en los diversos pasos de títulos como bachilleratos y tecnicaturas para llegar a más estudiantes y ofrecer nuevas posibilidades.

“Recordemos que nuestro sistema universitario público cuenta con 2 millones y medio de estudiantes en pregrado y en posgrado más 200 mil. Esto tanto en sistema de gestión pública como en el sistema de gestión privado”, planteó Alpa para resaltar el volumen de estudiantes y realidades que deben considerar al pensar en políticas y estrategias.

Retomando el tema de los tiempos en la universidad, Alpa planteó: “Históricamente una carrera se piensa en horas de docente. Entonces, decir por qué no pensamos en ’horas del estudiante’, no solo cursando sino este haciendo el trabajo, estudiando y ahí empezamos a hablar de créditos”.

Estos debates de agenda atraviesan cada presidencia del CIN y marcan agendas de continuidades, transformaciones y debates. Además de pensar en cuestiones que aborden las perspectivas desde la experiencia de los estudiantes también se destacan los grandes debates sobre la calidad universitaria.

Desde el CIN trabajan para coordinar acciones junto al Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES)

Tensiones y urgencias

Alpa no perdió oportunidad para mencionar la espera de toma de decisiones por parte del ministerio de la Secretaría de Educación en cuanto a consensos y resoluciones que afectan no solo al presupuesto universitario sino también a la calidad y certificaciones de nuevas carreras.

El presidente del CIN además destacó el trabajo que realizan de internacionalización entre las altas casas de estudio nacionales con apertura al mundo.

Por último, Alpa habló de su doble rol presidiendo el CIN y la Universidad Nacional de La Pampa e incluso mostró a los presentes que poseía dos prendedores con los escudos correspondientes. Y destacó que en ambos roles “siempre sigo aprendiendo algo nuevo”; una continuidad en el aprendizaje que es el espíritu académico de quienes forman parte de la universidad pública argentina.

Esta semana se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó a una multitud contra el recorte del presupuesto educativo. Un año después, las universidades públicas advierten que su situación financiera empeoró y los sindicatos docentes y no docentes anunciaron un paro el miércoles en reclamo por la caída de los salarios.

Los rectores denuncian una “crisis profunda” en el sistema universitario y científico por la continuidad del ajuste definido por el Gobierno nacional. En este contexto, Infobae entrevistó a Oscar Alpa, el nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Alpa fue secretario de Políticas Universitarias durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández y pertenece al bloque peronista del CIN.

Al frente de los reclamos que impulsan los rectores de las 61 universidades públicas, Alpa señala que en 2025 se está profundizando el deterioro de los salarios docentes y el desfinanciamiento del sistema científico, y que volvieron a quedar desactualizados los gastos de funcionamiento. Por otro lado, también destaca el acuerdo entre las universidades públicas y privadas para avanzar con una reforma que organice los planes de estudio por créditos académicos, entre otros puntos.

–Un año después de la primera Marcha Federal Universitaria, ¿cómo sigue la situación de las universidades públicas?

–Estamos atravesando uno de los momentos más críticos del sistema universitario. Un año después de la marcha de abril, estamos peor. En términos salariales, la pérdida real del poder adquisitivo para docentes y no docentes ya supera los 80 puntos, lo que representa una caída del 33% en los ingresos. La situación se agrava porque llevamos dos años sin presupuesto, y algunas partidas siguen con los valores de 2023. Incluso en áreas como ciencia y técnica –que ya estaban mal financiadas–, no solo no se actualizaron los montos, sino que en 2023, en muchos casos, ni siquiera se ejecutaron los fondos asignados.

Con respecto a los gastos de funcionamiento, hubo una actualización parcial en 2024, después de la primera marcha, pero aún falta contemplar la inflación del 117% de ese año. Para calcular los montos de 2025, el Gobierno sumó lo transferido en 2024 y lo dividió por 12 meses, sin considerar el desfasaje de los primeros meses del año pasado. Por ejemplo, en nuestra universidad (la UNLPam) veníamos recibiendo unos 300 millones de pesos mensuales para gastos de funcionamiento; desde enero de 2025 empezamos a recibir solo 200 millones, sin ajuste por inflación. Hubo un recorte nominal del 33% en todas las universidades del país.

El sistema de becas también se vio muy afectado. La beca Progresar redujo a la mitad la cantidad de beneficiarios y el monto actual es de 50.000 pesos, muy lejos de su capacidad de sostén real. Esa ayuda antes llegaba al 20% de los alumnos de nuestras universidades. La beca Manuel Belgrano, para carreras estratégicas, mantiene la cantidad de destinatarios –36.000 estudiantes–, pero debería haberse actualizado en línea con el salario de un ayudante de segunda (unos 280.000 pesos) y permanece en solo 80.000 pesos. Es difícil que ese monto le sirva a un estudiante.

En cuanto a infraestructura, no se ejecutó ninguna obra en todo el año, a pesar de que muchas tenían financiamiento internacional, por ejemplo de la CAF. En el área de ciencia y técnica, la situación también es crítica: la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación ha sido prácticamente desarmada, y el año pasado ni siquiera se transfirieron los fondos de investigación correspondientes a las universidades. Como no se ejecutaron en 2024, esos recursos ahora tampoco están contemplados en el presupuesto prorrogado para este año.

–Ante este panorama, ¿qué evaluación hacen de las marchas y del apoyo social que recibieron durante el año pasado? ¿Cómo proyectan seguir?

–Vemos el respaldo de la sociedad. Todos queremos la estabilidad macroeconómica. Pero la gran pregunta es: ¿a costa de qué? En 2024, a partir de la masiva movilización en defensa del sistema universitario, logramos avances importantes como la actualización de los gastos de funcionamiento. En octubre obtuvimos un incremento adicional del 5,8% para salarios docentes y no docentes, y logramos una garantía salarial específica para el sector no docente.

Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras. El año pasado se sancionó una ley, pero fue vetada. Por eso ya comenzamos a trabajar en una nueva propuesta desde el CIN, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical. Tuvimos una primera reunión con el objetivo de pensar una ley que no sea solo una respuesta coyuntural, sino que nos permita mirar hacia el futuro.

Estamos evaluando alternativas, como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse. Estamos trabajando para poder reunirnos con legisladores a mediados de mayo y avanzar en una propuesta concreta.

Yo suelo comparar esta situación con una familia que, por estar endeudada, decide alimentar menos a sus hijos durante dos o tres años. Aunque luego mejore su situación, lo que no les dieron en esa etapa no se recupera más. Y eso es lo que pasa con el sistema universitario: aunque el ajuste fuera transitorio, el daño ya está hecho. Se nos están yendo científicos; países como Brasil, por ejemplo, hoy ofrecen condiciones más favorables. La calidad educativa también se ve afectada: recordemos que el 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple, y ante sueldos de 200 mil pesos, muchos deciden buscar otras alternativas laborales.

Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios son legítimas y necesarias desde el punto de vista sindical, pero desde nuestro lugar el enfoque está puesto en asegurar los recursos. Es evidente que, si entre el 90% y 95% del presupuesto universitario se destina a salarios, nuestra principal preocupación tiene que ser la defensa del trabajo de docentes y no docentes. Los recursos humanos son la esencia del sistema universitario.

En cuanto a la infraestructura, existe financiamiento internacional –como el de la CAF– que se había gestionado específicamente para obras en universidades, pero esas inversiones no se están ejecutando. No sé qué ocurrió con los fondos. Sabemos que el Gobierno actual ha decidido, como política general, cancelar todas las obras públicas.

–¿Cómo están pensando la ley de financiamiento? ¿Mantienen la idea de impulsar una consulta popular para intentar “blindarla”?

–Estamos trabajando para llevar una propuesta a los legisladores. La idea es incluir indicadores concretos y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar una base salarial y de funcionamiento mínima.

Queda claro que los recursos están. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, las transferencias a las universidades para salarios aumentaron un 103%, mientras que la inflación fue del 180%: hubo una pérdida de casi 80 puntos. Sin embargo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 221%, según datos oficiales. Eso demuestra que existía margen fiscal para financiar el sistema universitario.

Con respecto a la idea de impulsar la ley vía consulta popular, eso es algo que debería definir el Congreso. Más allá de las estrategias políticas, el Congreso debe ser el que garantice el financiamiento de las universidades. El Poder Legislativo las crea, las financia, las interviene y las audita.

Las universidades necesitamos poder planificar a mediano y largo plazo. Abrir una carrera implica una proyección mínima de cinco, seis, diez años. Necesitamos saber si vamos a tener presupuesto para sostenerla, si va a haber fondos para laboratorios y equipamiento. Estamos hablando del futuro del país. Si no tenemos universidades, ¿quiénes van a ser nuestros profesionales en cinco años, cuando –supongamos– estén estabilizadas las variables macroeconómicas y tengamos inversiones?

La calidad del sistema universitario argentino siempre fue reconocida, incluso con niveles de inversión muy por debajo de otros países. Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8% del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8%. Alemania llega al 1%. Nosotros hemos bajado al 0,6%, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.

El sistema argentino se sostiene por su gente. El 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple. Son profesionales que se formaron en la universidad pública y que quieren devolver parte de lo que recibieron. Pero hay un límite: si el salario cae a 200 mil pesos, como está ocurriendo, muchos buscarán otras tareas.

La universidad argentina es eficiente y es de excelencia. No lo decimos solo nosotros ni los rankings, sino las universidades extranjeras que reciben a nuestros estudiantes en intercambios o posgrados. Nuestros chicos y chicas se destacan adonde vayan. Eso es lo que estamos empezando a perder, y lo vamos a pagar caro en el futuro.

–¿Cómo continúa el diálogo con el Gobierno nacional?

–A principios del año pasado hubo una primera reunión de plenario con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con el subsecretario de Políticas Universitarias (Alejandro Álvarez) en la que quedó claro que no estábamos hablando el mismo idioma. Fue un encuentro tenso, donde se intentó instalar este discurso de la “casta” apuntando a los rectores. Pero hay que decirlo claramente: la motosierra está pasando por educación y por salud, no por la política.

De todos modos, el diálogo se ha mantenido. La semana pasada fuimos con el nuevo vicepresidente del CIN (Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario) a una reunión en la Subsecretaría y estuvimos hablando tres horas. El tema es que necesitamos respuestas.

Cuando se achican los ministerios, lo que se reduce no es solo el gasto público, sino el poder de decisión. Hoy, la Subsecretaría de Políticas Universitarias depende de la Secretaría de Educación, que a su vez depende del Ministerio de Capital Humano, y en todos los temas económicos hay que consultar con el Ministerio de Economía. Entonces, aunque el subsecretario nos atiende –más allá de las diferentes miradas, que intercambiamos con respeto–, el problema es que no tiene margen de acción real.

Incluso cuando el subsecretario quisiera convocar una paritaria, no tiene el poder económico para sentarse a negociar. Por eso ni siquiera se convocan las paritarias: directamente se envían los fondos que el Gobierno define sin discusión. Entonces, el diálogo existe, pero está vaciado de poder de decisión.

–El año pasado las universidades públicas y privadas acordaron avanzar con el sistema de créditos. ¿Qué otras reformas están pensando?

–En diciembre de 2021 acordamos una serie de puntos que venimos trabajando con el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP). Hoy el sistema universitario está conformado por 61 universidades públicas y una cantidad similar de privadas. De los 2,5 millones de estudiantes, 2 millones asisten al sistema público y 500.000 al privado.

Todos coincidimos en que el sistema tiene desafíos estructurales. Uno es la duración real de las carreras, que promedia los nueve años. Aunque la duración teórica suele ser de cinco, solo el 20% de los estudiantes logra recibirse en ese plazo. Mientras Europa hace tiempo implementó el modelo “3+2″ (3 años de grado y 2 de posgrado), en Argentina nuestra ley establece un mínimo de cuatro años, pero en la práctica eso se extiende más.

Muchos estudiantes hoy eligen su carrera en función de la duración. Por eso propusimos ampliar la oferta de tecnicaturas de tres años y planteamos que, así como hay un mínimo de carga horaria para garantizar la calidad, también debería haber un máximo, para evitar que los planes de estudio se vuelvan interminables.

En este contexto empezamos a trabajar sobre el sistema de créditos académicos. En vez de medir los planes de estudio en horas de clase presenciales, los créditos académicos se centran en el tiempo real de dedicación del estudiante, incluyendo horas de estudio, prácticas, exámenes, etc. Un sistema basado en créditos permitiría homologar trayectos formativos y facilitar la movilidad internacional. También permitiría ofrecer certificaciones intermedias, como tecnicaturas o bachilleratos universitarios, para quienes no completen toda la carrera.

Además, propusimos incorporar oficinas de calidad dentro de las universidades, que puedan evaluar las carreras que hoy no están alcanzadas por la acreditación obligatoria de la CONEAU.

Este paquete de propuestas –los llamados “siete puntos”– surge de un proceso de trabajo conjunto entre el CIN y el CRUP, bajo el paraguas del Consejo de Universidades (CU). En noviembre de 2023, tras dos años de discusión, el CU aprobó las resoluciones por unanimidad.

Al asumir el nuevo gobierno, el subsecretario Álvarez nos dijo que, si el CIN y el CRUP ratificaban el acuerdo, no tendría problema en avanzar. Durante 2024 revisamos los puntos y ajustamos detalles. En noviembre el secretario Torrendell convocó al Consejo de Universidades y logramos nuevamente la aprobación por unanimidad de todo el sistema, público y privado.

Agradecimos que esto se mantuviera como una política de Estado. Pero desde hace casi seis meses las resoluciones están esperando la firma del secretario de Educación. La información extraoficial es que hay resistencias o presiones internas. Lo cierto es que las resoluciones están emitidas y solo falta la firma. Esto no tiene que ver con financiamiento, sino con una visión académica y de futuro. No entendemos por qué no se está cumpliendo con lo acordado.

–La matrícula universitaria creció el año pasado, pese a la situación crítica. ¿Ese crecimiento puede sostenerse?

–Siempre reaparece el debate sobre si la educación universitaria debe entenderse como un derecho humano universal o como un servicio que debe pagarse. En América Latina, la posición está bastante clara: en la última Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, desde la región se reafirmó la idea de que la universidad debe ser gratuita, pública y garantizarse como un derecho.

Sin embargo, persisten miradas que sostienen que el sistema universitario debe funcionar como un servicio arancelado. Esta visión estuvo presente en otras épocas, promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Esperamos que el nuevo acuerdo con el FMI no se convierta en una excusa para seguir con la motosierra, sino que sea una palanca para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, que es lo que el país necesita.

En Argentina, alrededor del 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cursa estudios universitarios. Si sigue este proceso de ajuste en educación, en el mediano plazo vamos a tener menos alumnos en las universidades. En lugar de 2,5 millones de estudiantes, podríamos tener 1,5 millones o incluso menos. Esto significaría una pérdida de acceso y equidad, y también un deterioro en la calidad del sistema. Es el futuro del país lo que está en juego.

Los rectores de las universidades públicas renovaron este viernes las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional: como anticipó Infobae, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), fue elegido por sus pares como el nuevo presidente, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), como vice. Alpa es peronista y fue secretario de Políticas Universitarias durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández, mientras que Bartolacci pertenece al bloque reformista del CIN.

La reunión de las autoridades universitarias se realizó en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), cuyo rector, Víctor Moriñigo, finalizó su período al frente del CIN. Moriñigo agradeció el acompañamiento durante el año pasado, signado por las dos marchas federales: “Hoy vinimos a rendir cuentas de un año muy particular, a definir la hoja de ruta del futuro y a renovar el compromiso del sostenimiento de la universidad pública argentina”.

“Tendremos que proyectar, y rápidamente, un nuevo modelo de ley que nos permita financiar nuestras universidades y, en el camino, repensarnos. Iniciamos el trayecto hacia la segunda reforma universitaria”, señaló Alpa al asumir la presidencia. También Bartolacci –quien, según la dinámica habitual del CIN, será el próximo presidente del Consejo– planteó la idea de una “segunda reforma”, orientada a avanzar con la implementación del sistema de créditos, carreras más cortas y nuevos planes de estudio, entre otras prioridades.

“Me imagino una especie de gran congreso pedagógico universitario nacional con toda la docencia universitaria para pensar el aula, los talleres, enseñar la inteligencia artificial, temas que van muy rápido. Es tan importante reivindicar la universidad como avanzar en estas reformas”, explicó Bartolacci en un comunicado difundido por la UNR. De esa misma universidad también es Joaquín Carvalho, el nuevo presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Además de definir el recambio de autoridades, los rectores volvieron a denunciar que la situación financiera de las universidades públicas se sigue agravando: “Las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año”, señala el documento, titulado “La universidad pública y la ciencia, en crisis profunda”.

El reclamo abarca el deterioro de los salarios de docentes e investigadores, la reducción de las becas para estudiantes, la parálisis de las obras de infraestructura, el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico y la desactualización de los gastos de funcionamiento.

“Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario. Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga, hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación”, cuestionaron los rectores en su comunicado.

Incluso los fondos para gastos de funcionamiento, que se habían encaminado tras las marchas del año pasado, volvieron a quedar desactualizados, advirtieron desde el CIN: “A la pérdida acumulada a lo largo de 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado. Desde enero de 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%”.

El derrumbe de los salarios es otro punto crítico que ya motivó un paro nacional los pasados 17 y 18 de marzo, en coincidencia con el comienzo de clases en varias casas de estudio. En marzo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la “emergencia salarial” de sus trabajadores docentes y no docentes, como ya lo había hecho en 2024. “El desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80%, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza”, señaló el comunicado del CIN.

Las condiciones del sistema científico son las más dramáticas, según el panorama planteado por los rectores, que advirtieron por una situación “terminal” en caso de que continúe la desinversión: “No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse”. De cara al futuro, advirtieron que “lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse”.

“La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia”, afirmaron los rectores. Y agregaron: “Todo se va deteriorando de manera exponencial y, si no encontramos respuestas razonables a la situación salarial y presupuestaria, no habrá manera de continuar”.

Las autoridades universitarias reclamaron al Gobierno nacional “una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en el presupuesto reconducido para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio”.

También decidieron conformar una comisión que elaborará un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para presentar en el Congreso de la Nación, tras el fracaso del año pasado –cuando el Congreso aprobó la norma, pero luego terminó respaldando el veto presidencial–. Según pudo saber Infobae, los rectores evalúan la posibilidad de someter un eventual nuevo proyecto a una consulta popular vinculante, para que el presidente Javier Milei no pueda vetarla como lo hizo en 2024.

Pese a los múltiples reclamos, las autoridades del CIN ratificaron “la voluntad de diálogo del sistema universitario” y solicitaron a las autoridades educativas nacionales “un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta”.

El paro de este lunes 17 y martes 18 de marzo se perfila como el primer episodio de la segunda temporada del conflicto universitario, cuya trama quedó sin resolver en 2024. El deterioro de los salarios de docentes e investigadores, la reducción de las becas para estudiantes, la parálisis de las obras de infraestructura, el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico y la desactualización de los gastos de funcionamiento componen una agenda de reclamos que motivó el año pasado dos marchas federales masivas.

De estos cinco puntos, solo el último se había saldado tras la primera marcha del 23 de abril, cuando el Gobierno nacional otorgó una actualización del 270%, primero a la UBA y luego al resto de las universidades nacionales. Sin embargo, varios rectores denuncian que esa partida –que representa hasta un 10% del presupuesto universitario– volvió a quedar desactualizada en 2025, mientras las becas siguen congeladas desde agosto, las obras permanecen detenidas y los salarios de docentes y no docentes profundizaron su caída en enero y febrero.

A diferencia del año pasado, cuando el reclamo más urgente tenía que ver con la amenaza a la continuidad en el funcionamiento normal de las universidades, en este primer cuatrimestre de 2025 el principal foco está puesto en los salarios, que perdieron alrededor de un 30% de poder de compra desde que asumió el actual gobierno.

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales denuncian que los aumentos ofrecidos en enero (1,5%) y febrero (1,2%) quedaron por debajo de la inflación de esos meses (2,2% y 2,4%, respectivamente). Es decir que, en lo que va del año, la caída de los ingresos de los profesores se acentuó. Los sindicatos también piden que se los convoque a paritarias, dado que el Gobierno viene definiendo los aumentos de manera unilateral.

La pérdida salarial está provocando una progresiva migración de docentes e investigadores a universidades privadas o del exterior, advirtió Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Entre profesores, investigadores y personal de apoyo técnico, durante el año pasado se fueron unas 150 personas, que representan entre 6% y 7% del personal de la facultad. Hay universidades privadas que hoy les ofrecen el triple de lo que están ganando en la UBA por una dedicación full time. Otros se van afuera, a países vecinos, Europa o Estados Unidos”, explicó Durán a Infobae, y comparó la situación con una “asfixia paulatina”.

Junto con la cuestión salarial, otra preocupación crítica apunta al desfinanciamiento de la investigación, que en Argentina depende centralmente de las universidades. “Los subsidios de la Agencia de Promoción de la Investigación no se entregaron, las becas doctorales se recortaron. En estas condiciones, sostener la investigación se vuelve prácticamente imposible”, describió Durán.

“El sistema de investigación, ciencia y tecnología que, en su inmensa mayoría, reside en las universidades nacionales, es víctima de una drástica reducción de recursos que parece tener por objetivo abortar el desarrollo científico y tecnológico autónomo de nuestra Nación. Obras de ampliación, mejora y mantenimiento de la infraestructura universitaria están totalmente paralizadas, dejándolas libradas a las posibilidades económicas de cada institución”, denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) esta semana en un comunicado.

Los reclamos de las universidades

Desde el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dijeron a Infobae que el financiamiento de la investigación “es muy preocupante”. Explicaron que la universidad tuvo que apelar a un fondo de emergencia para garantizar “la continuidad de ciertos laboratorios experimentales y el funcionamiento de equipos”, con el objetivo de “no discontinuar los proyectos de investigación que se vienen desarrollando desde hace años”.

Sin embargo, aclararon que esos fondos “son cada vez más exiguos” y plantearon que resulta urgente recomponer el financiamiento. Sobre las obras edilicias, desde la UNC señalaron que están paralizadas incluso las que dependen de fondos internacionales: “Nuestra universidad tenía acordado un financiamiento internacional de la CAF para obras de infraestructura que ya estaban por iniciarse y que han sido discontinuadas. Sería importante que se pudiera destrabar eso, teniendo en cuenta que no afecta en forma inmediata el presupuesto nacional”.

Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también describió un escenario difícil: “Más allá de que los canales de diálogo institucional están abiertos, hay puntos importantes en los que no vemos avances. El principal pendiente sigue siendo la falta de una propuesta de recomposición salarial de lo que se perdió durante 2024 y en el presente año. En lo que refiere a gastos de funcionamiento, se consolidó lo acordado durante 2024, pero ya estamos necesitando nuevas actualizaciones presupuestarias que nos permitan programar el año con mayor claridad”.

En 2024, las universidades habían puesto sus esperanzas en que el Presupuesto 2025 diera previsibilidad para este año. Pero esa ley no se aprobó, se “recondujo” el presupuesto 2023 por segundo año consecutivo –tras dos años con inflación de tres dígitos– y, otra vez, este año la asignación de los fondos universitarios depende de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Por eso, la actualización de los gastos de funcionamiento, que parecía saldada el año pasado, volvió a generar preocupación en algunas universidades en estos meses. “Estamos con el presupuesto de 2024, que es mejor que el de 2023 pero no contempla la inflación de 120% del año pasado”, sostuvo Durán.

“Lo que conseguimos en las marchas del año pasado lo perdimos a partir de enero. Tuvimos una caída del 40% en los gastos de funcionamiento, porque para la asignación de los fondos se tomaron como referencia montos previos a los aumentos”, dijo Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN, a Infobae. Esta situación fue confirmada por otros rectores, quienes afirmaron que en el Ministerio de Capital Humano hay voluntad de resolverla. La definición, de todos modos, estará en el Ministerio de Economía.

“Este año va a ser más difícil que el año pasado. Con un presupuesto reconducido, dependemos totalmente de decisiones administrativas para los refuerzos presupuestarios. Los sueldos están muy bajos, los gastos de funcionamiento no alcanzan y las tarifas siguen aumentando. La inversión en investigación, becas, infraestructura y extensión está congelada, y se empieza a resentir el funcionamiento”, consideró Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene 30 sedes distribuidas en 13 provincias.

Un escenario incierto

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguraron a Infobae que el diálogo es permanente con todos los actores del sistema: rectores, docentes, sindicatos y autoridades estudiantiles. “Hemos trabajado para sacar el conflicto de la calle y traerlo de nuevo al ámbito donde las discusiones se tienen que dar. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí en algunas cosas mínimas pensando en los estudiantes, y el ámbito para ponerse de acuerdo es discutir en torno a una mesa”, señalaron fuentes de la Subsecretaría.

“Obviamente, por la alta politización dentro de las universidades, es imposible que las casas de altos estudios se mantengan aisladas del proceso político del país. Sin embargo, tenemos la esperanza de que podamos aislar los temas estratégicos y fundamentales para que no se vean implicados en la discusión electoral, que no debería afectar el proceso académico”, dijeron fuentes de la subsecretaría a cargo de Alejandro Álvarez.

Desde el CIN también afirmaron que “debe primar el diálogo y el consenso”. Y expresaron: “Consideramos imprescindible la unidad nacional por sobre la cultura de la provocación y el conflicto, para construir un proyecto de país independiente y solidario”. Además, sostuvieron que “en un mundo en el que el conocimiento es presente y futuro, es inconcebible e imperdonable no invertir en educación como país”.

¿Cómo será este 2025? Rectores, sindicatos y representantes estudiantiles coincidieron en plantear un escenario de incertidumbre. “Nuevo año, los mismos problemas”, se titula el comunicado que los rectores nucleados en el CIN difundieron esta semana, luego de anunciar que las 61 universidades públicas abrieron sus instalaciones como centros de acopio, logística y distribución de donaciones para Bahía Blanca.

En el comunicado, los rectores señalaron que la falta de un presupuesto para 2025 “significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino. De esta forma, el país no cuenta con una hoja de ruta que garantice el funcionamiento económico y financiero de las instituciones del país”.

Los rectores denunciaron que, en este contexto, “el sistema universitario público argentino atraviesa una seria situación de desfinanciamiento en todos los ámbitos de su desempeño institucional. Los problemas que señalamos en febrero de 2024 continúan e, incluso, en varios aspectos se han agravado”.

La magnitud del ajuste realizado en 2024 generó que los principales actores del sistema universitario –el CIN, que nuclea a los rectores de todo el país; el Frente Sindical, que reúne a todos los gremios; y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a todos los centros de estudiantes– coordinaran sus acciones y convocaran en conjunto a las dos marchas de abril y octubre. Este año apuntan a mantener esa coordinación.

“Los reclamos de la marcha federal de octubre se mantienen y se avizora un año complejo. No vemos que desde el Gobierno haya intención de resolver la cuestión de la actualización salarial y de los gastos de funcionamiento. También nos parece importante destacar la situación de las becas Progresar de nivel superior. No sabemos cuál va a ser el monto ni cómo será la inscripción. Tampoco existe un canal para comunicarse. Hay una política de vaciamiento”, planteó Joaquín Carvalho, presidente desde febrero de la FUA, de extracción radical.

Cómo siguen las medidas

“El año pasado fue clave discutir el plan de lucha en conjunto con todo el sistema universitario. Desde la FUA bregamos por sostener esa articulación”, dijo Carvalho a Infobae. El CIN también renovará sus autoridades en abril: el nuevo presidente será Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y exsecretario de Políticas Universitarias durante la segunda mitad del gobierno del Alberto Fernández. Como vice lo acompañará Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El paro de docentes y no docentes este lunes 17 y martes 18 afectará el inicio del primer cuatrimestre en varias universidades públicas, incluyendo la mayoría de facultades de la UBA (algunas, como Económicas, ya empezaron). También afectará a los colegios preuniversitarios. Desde el Frente Sindical (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA) anticiparon que el miércoles 19 se sumarán a la marcha de jubilados y repudiaron la represión policial del pasado 12 de marzo.

Si bien por ahora no prevén convocar a una tercera marcha federal, desde las universidades retomaron una discusión que había comenzado el año pasado: la posibilidad de insistir con una Ley de Financiamiento Universitario, pero esta vez avalada por una consulta popular vinculante, para que el presidente Javier Milei no pueda vetarla como lo hizo en 2024.

La idea se planteó a fines del año pasado en el Consejo Superior de la UBA y se debatió en el CIN. Si bien el año pasado fracasó el intento de garantizar el financiamiento por ley –y el Congreso terminó posibilitando que Milei vetara el proyecto aprobado–, desde las universidades estiman que este año la campaña electoral podría generar otra predisposición. Según el artículo 40 de la Constitución, un voto favorable en la consulta popular vinculante impediría el veto presidencial.

Desde el oficialismo, en tanto, no hubo avances concretos en el arancelamiento para estudiantes extranjeros no residentes, una medida que se anunció varias veces el año pasado. Desde el Gobierno nacional también acusaron a las universidades de falta de transparencia y de resistirse a ser auditadas. En diciembre, la Justicia avaló el pedido de la UBA en contra de la intervención de la Sindicatura General de la Nación (dependiente del Poder Ejecutivo), considerando que, según la Ley de Educación Superior, el control de las casas de estudio corresponde a la Auditoría General de la Nación (que depende del Poder Legislativo). De todas maneras, la mayoría de las universidades nacionales firmaron convenios con la SIGEN para impulsar “acciones de colaboración mutua”.

Otras propuestas que surgieron desde voces cercanas al oficialismo y que generaron preocupación en las universidades apuntan a la posibilidad de “provincializar” la educación superior –como ya se hizo en los setenta y en los noventa con la educación obligatoria– o de fusionar instituciones.

“Algunas voces han expresado estas ideas pero no sabemos qué va a pasar. Otros temas, como las auditorías, los supuestos ‘estudiantes fantasma’ y el arancelamiento a extranjeros han quedado en una etapa de silencio”, repasó Rubén Soro, de la UTN. Y concluyó: “El año pasado terminamos de pie. Este año haremos todo lo necesario para que suceda lo mismo”.

Las autoridades de las universidades públicas y privadas de todo el país acordaron con la Secretaría de Educación avanzar con la implementación de planes de estudios organizados por créditos y no por horas de cursada.

En la última reunión del Consejo de Universidades (CU), que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas y privadas, se definió avanzar con la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que se había aprobado en octubre de 2023. La medida llega luego de un año signado por el conflicto abierto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por los recortes en el presupuesto y la caída de los salarios docentes.

El sistema de créditos académicos (SACAU) se creó por medio de la resolución N° 2598/23, firmada por el exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Ahora las universidades tendrán tiempo hasta 2027 (con la opción de pedir hasta dos años más) para adaptar los planes de estudios de las carreras ya existentes y expresarlos en el sistema de créditos. En tanto, todas las nuevas carreras que se creen deberán estar formuladas según este sistema.

A diferencia del formato actual, el “crédito” expresa no solo las horas de cursada (en cualquier modalidad, presencial o virtual), sino también el tiempo de trabajo autónomo que se espera que el estudiante realice en su casa (por ejemplo, el tiempo de lectura, de preparación de trabajos prácticos y de estudio para los exámenes)

“Es un gran cambio académico, de esos que reforman profundamente el sistema universitario. Pasar del concepto de horas al de créditos tiene enormes ventajas. Primero, hace que la cursada sea más flexible. Segundo, es el sistema que usa el mundo, y por cuestiones inentendibles Argentina nunca lo había querido implementar”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

El nuevo sistema facilitará el intercambio entre carreras dentro y fuera el país, así como el reconocimiento de títulos en otros países, señalaron desde el CIN. “Ahora habrá una real movilidad interna de estudiantes, con equivalencias más inmediatas. También habrá una movilidad internacional más cómoda, porque tendremos un reconocimiento inmediato en créditos”, explicó Moriñigo a Infobae.

La resolución que crea el SACAU define que un crédito es “la unidad de tiempo total de trabajo académico que dedican los/as estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las unidades y/o actividades curriculares que componen el plan de estudios”. Según el nuevo esquema, un crédito equivale a 25 horas de trabajo total del estudiante.

Los cambios fueron aprobados por el CU, integrado por el CIN en representación de las universidades estatales y por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y encabezado por el titular de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell. También están representados en el CU los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y el Consejo Federal de Educación.

“Este es el resultado de un trabajo arduo y continuado que hace que la Argentina hoy esté liderando las transformaciones en el nivel superior, de la mano del compromiso por garantizar la libertad académica y la libertad de cátedra como pilares de la educación universitaria”, sostuvo el secretario Torrendell.

De la reunión también participó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Estamos dando un paso muy importante para la modernización del sistema universitario, en línea con los sistemas más actuales de Occidente, lo que nos va a permitir una gran flexibilidad para encarar los cambios tecnológicos que se vienen en el campo del conocimiento”, dijo Álvarez.

Además, el Consejo de Universidades definió avances en la implementación de los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), también en continuidad con una resolución (la 2597/2023) aprobada a fines de 2023 por la gestión educativa anterior.

La medida apunta a que cada institución cree un sistema de evaluación de la calidad para las carreras que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, las que no implican “riesgo público” –y por lo tanto no son acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)–. Según explicaron desde el CIN, la iniciativa requerirá entre otras cuestiones la creación de un banco de evaluadores.

¿Y el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas? Víctor Moriñigo, presidente del CIN, ratificó que los rectores están a la espera del presupuesto 2025. “Tener partidas para cada universidad sería una tranquilidad. Sería muy malo otro año de peregrinar al Gobierno (por los fondos)”, consideró Moriñigo. Sin embargo, no se mostró demasiado optimista: “Todo indica que, si no escuchan a los gobernadores, menos escucharán a los rectores”.

Víctor Moriñigo es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a las 61 universidades públicas de todo el país. Le tocó asumir el cargo en abril, unos días antes de la primera Marcha Federal Universitaria, en medio del conflicto abierto por los recortes en el presupuesto educativo. Se formó como contador en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); desde 2019 es rector de esa casa de estudios.

A 10 meses del inicio del conflicto por el financiamiento, Moriñigo conversó con Infobae sobre la situación de las universidades públicas, las acusaciones lanzadas por el Gobierno nacional, y la posibilidad de encauzar la discusión del presupuesto 2025. Además, anticipó algunos puntos de una posible agenda de políticas para el futuro del sistema universitario.

–Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, se agudizó el conflicto universitario en todo el país. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales?

–Después de la marcha del 2 de octubre y de la ratificación del veto presidencial blindado por los diputados, en las últimas semanas el conflicto universitario entró en una nueva etapa, con una dinámica que incluyó paros y tomas de edificios. Esas tomas y asambleas, con fuerte protagonismo de la izquierda –que en muchas universidades es minoritaria o no tiene la representación de los centros de estudiantes–, abrieron un panorama de cierto desgobierno durante un par de semanas.

Luego se fue tranquilizando la situación, fruto también de que los mismos estudiantes empezaron a hacer fuerza para poder culminar el cuatrimestre. Creo que hubo un recálculo de quienes llevaban adelante estas tomas; se dieron cuenta de que tenían que empatizar con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Ahora la situación va mejorando de cara a la finalización del cuatrimestre.

Por otro lado, está el discurso mediático que le ha rendido mucho al Gobierno, que busca que se hable de las auditorías y se deje de hablar del financiamiento y de los salarios docentes. Ahí hay una charla de sordos en la que el foco pasa a ser por qué las universidades “no se dejan auditar” o por qué la UBA rechaza la intervención de la SIGEN. Entonces son dos carriles paralelos: hablamos del desfinanciamiento, nos contestan con las auditorías.

Mientras tanto, creo que hay una enorme oportunidad en el presupuesto 2025 de llegar a un acuerdo y generar un triunfo colectivo del Gobierno, de los diputados, de los rectores y de los gremios. Ojalá por primera vez estemos de acuerdo estos cuatro actores y podamos darles a las universidades un presupuesto nacional que traiga tranquilidad.

–El proyecto oficial de presupuesto 2025 prevé 3,8 billones de pesos para las universidades: es la mitad de lo solicitado por el CIN. ¿Desde las universidades ven un margen para que esa cifra mejore?

–Tenemos la intención y las charlas avanzadas para que eso suceda. Creo que esos 3,8 billones de pesos, que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de discusión. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos. Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que los cuatro actores –gremios, rectores, diputados y el Gobierno– encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad.

–¿Desde el CIN tienen relevado cuántas universidades permanecen tomadas?

–No. Pero sí sabemos que hoy casi el 100% de las tomas están permitiendo clases, hasta las más duras empezaron a ceder y se abrieron en las últimas dos semanas. Personalmente, creo que hay que aggiornar un poco las formas de protesta a una sociedad que votó mayoritariamente a Milei. Es una mala estrategia ir con métodos antiguos en búsqueda de resultados nuevos. Me parece mucho más positivo salir a las plazas en las provincias y dar clases públicas, mostrar los proyectos de investigación. Todo eso sí genera una empatía con la sociedad, en vez de autoencerrarnos y no dejar que la comunidad universitaria termine sus estudios. Es una opinión personal. Yo respeto todas las formas de explicitación del enojo y la desesperanza, pero no creo que las tomas por tiempo indeterminado generen resultados positivos.

–El último comunicado del CIN, emitido esta semana, cuestionó la generación de “noticias falsas” y la “campaña de hostigamiento” por parte de las autoridades nacionales. ¿Por qué creen que el Gobierno apuesta a ese tipo de estrategias?

–Bienvenida la rendición de fondos públicos de acuerdo con la ley. Pero me parece que el Gobierno empezó por el final de la película: el presidente ya aseveró que son todos “chorros”. Entonces la auditoría es casi un proceso para dar fe de esta aseveración. Mientras tanto, ya hay un veredicto no solo del presidente, sino de la prensa afín.

Te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en San Juan, donde hubo un evento del Sistema de Información Universitaria (SIU). Ahí el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) me decía que había sido parodiado en un canal de noticias por la contratación de dos micros de San Juan a Buenos Aires el 17 de octubre. En ese programa lo acusaban de haber contratado los micros para que militantes peronistas fueran a Buenos Aires por el Día de la Lealtad. En efecto, había dos colectivos contratados por la UNSJ el 17 de octubre. Pero eran para trasladar a 80 estudiantes de Arquitectura que iban al congreso de Arquisur, el evento que organiza todos los años la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur.

El rector me decía que llamó muchas veces al canal, y que puso a disposición el expediente completo, no solo la última hoja donde salían las condiciones del colectivo, que era la que mostraban en pantalla. Pero cuando los medios ya dieron el golpe, no hay forma de ir contra esa aseveración. Queda instalado en el imaginario que se roba. Él lo pudo desmentir en un par de radios de San Juan y no mucho más.

Es muy difícil ir contra eso. Nos están ajusticiando en tiempo real. La bajada de martillo del Gobierno es esa, y nosotros corremos desde atrás tratando de explicar. Creo que hay que contestar con hechos, no con más palabras y comunicados de repudio. Tenemos que mostrar los egresados, los chicos investigando, los premios internacionales que ganamos. Ahí está la rendición. Y por supuesto, abrir todos los números de la universidad, en el marco de la ley.

–Esta semana el Ministerio de Capital Humano difundió un video de las autoridades de la SIGEN en la Universidad Nacional de La Matanza, mientras que la UBA hizo una presentación en la Justicia para evitar la intervención de ese organismo en las auditorías. ¿Cuál es la mirada del CIN? ¿La intervención de la SIGEN viola la autonomía universitaria?

–Sí. Es un tema legal de competencia. El otro día escuchaba al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Guillermo Durán), que en un programa de televisión dio un ejemplo muy figurativo. Si la UBA o cualquier universidad del país quisiera auditar los viajes del presidente al exterior, ¿qué se le contestaría? Que no es competencia de una universidad hacer eso. No porque haya algo que ocultar, sino porque no le corresponde a ese organismo.

En este caso es igual. La SIGEN audita el Poder Ejecutivo y las universidades no son el Poder Ejecutivo. Las universidades deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo establece la Ley de Educación Superior. Si la AGN no da abasto, habría que dotarla de financiamiento para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera. Creo que al final la Justicia le va a dar la razón a la UBA, porque esto es muy claro. Lo dice la jurisprudencia, incluso el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti) se ha pronunciado al respecto en el pasado. Desde Carlos Zannini hasta Daniel Sabsay, que no parecen muy afines, coinciden en esto.

Yo creo que, luego de que esto se resuelva a nivel judicial, seguramente muchas universidades le pidan a la SIGEN que, vía convenio –y no “a lo guapo”–, entre y audite. Porque no hay nada que ocultar. Pero las formas hacen al fondo.

Esta semana el Gobierno emitió un comunicado para echar a (la excanciller) Diana Mondino, donde dicen que iniciarán una “auditoría” del personal de la Cancillería para ver cómo piensan y poder identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Entonces, mirá si no vale la pena defender la autonomía constitucional de las universidades. Creo que hay que apoyar a la UBA porque lo que está pidiendo, más allá de la auditoría, es el respeto por la autonomía universitaria. Si hoy caen las auditorías por SIGEN, mañana nos van a decir qué carrera ofrecer, pasado nos van a decir qué materia dar, después nos van a exigir que no le demos el título a ningún sociólogo que lea a Marx, y así vamos a ir corriendo el arco sin saber dónde terminamos. Me parece que, al final, los que adoctrinaban estaban en otro lugar, no en las universidades.

–Desde el Gobierno han dicho que no saben exactamente cuántos estudiantes hay en las universidades. ¿Por qué afirman eso? ¿Por qué el SIU, el sistema donde las universidades cargan esos datos, está en manos del CIN y no de la Secretaría de Educación?

–El sistema SIU nace en la década de 1990, cuando Carlos Menem hace una gran transformación del Estado, que incluyó la digitalización. En ese momento, por medio de un crédito del Banco Mundial, se creó el SIU porque alguien tuvo la muy buena idea de generar un centro de cómputo que programara para todas las universidades de la Argentina. Hoy el SIU exporta a otros sistemas universitarios, y lo hace a un precio mucho menor que el que ofrecen Oracle, Microsoft o Google. Cuando el crédito se terminó, el Ministerio de Educación, que tenía el sistema bajo su órbita, empezó a ver qué universidad lo podía albergar. Durante muchos años estuvo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego en otras universidades, hasta que apareció la idea de que el SIU se fuera al CIN, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por eso los datos del sistema universitario están alojados allí.

Ahora bien, el Ministerio de Educación siempre tuvo una oficina muy potente de estadística, a la que el CIN le envía la información de las universidades. La sistematización de los datos es del SIU, pero la “curación” de los datos es del Ministerio. De ese trabajo surge la información que se publica en los Anuarios Estadísticos.

Todo ese circuito se rompió el 10 de diciembre porque en el Ministerio, ahora Secretaría, empezaron a despedir gente, y en el área de estadística no quedó casi nadie. Entonces hoy tenemos diferencias en los datos, pero no porque no sepamos cuántos alumnos tenemos, sino porque hay que ver que la información que da el Gobierno esté medida de la misma manera como la medimos nosotros. Te doy un ejemplo. Esta semana estuve en una reunión con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, y él me preguntó por qué la UNSL tenía solo 300 graduados este año. Yo sabía que esa no era la cifra. Hablé con mi secretaria académica y me mandó los datos del SIU: eran 800, no 300. Yo no sé qué corte hacen ellos en la información, pero es importante que todos estemos hablando de los mismos datos, construidos con la misma metodología.

–A lo largo de los meses de conflicto, desde el CIN y desde la Secretaría han resaltado que, pese a las diferencias, el diálogo se sostuvo. ¿Hoy ese diálogo continúa?

–Sí, tanto en lo personal como en lo institucional. El diálogo con Álvarez se mantiene de manera cordial. También he aprendido que los funcionarios del Gobierno, cuando están delante de un micrófono, tienen un cierto nivel de agresión que no sostienen en privado. Entiendo que reportan a un estilo de hacer política. Cuando uno se junta con ellos con un café de por medio, no existe ese nivel de vehemencia. Son más cordiales, y bienvenido que sea así, porque es la manera de construir acuerdos. El diálogo continúa y creo que será la manera de encontrarle alguna solución a este tema, por ejemplo, a través del presupuesto 2025. Ojalá el Gobierno vea que se pueden hacer más cosas acordando que peleando.

–¿Están evaluando una tercera marcha? ¿Perciben el respaldo de la sociedad, o hay cierto desgaste en el apoyo?

–Creo que la sociedad argentina apoya totalmente la educación pública. La valora, la quiere y la defiende. También creo que exige rendición de cuentas de todo lo que hacemos. Me parece que no debemos abusar de ciertas medidas que hacen que no empaticemos con la sociedad. Yo no creo que debamos hacer una tercera marcha como las del 23 de abril y el 2 de octubre; esa forma de protesta debe reservarse para los momentos en que no existen otros canales de diálogo.

Sí es cierto que desde el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN estamos pensando en algún cierre de año, un Festival de la Gratuidad Universitaria (el 22 de noviembre), para seguir explicitando que la situación no se ha corregido y que en 2024 el mayor ajuste lo recibieron los trabajadores universitarios.

–Este año toda la discusión giró en torno al desfinanciamiento y las acusaciones de falta de transparencia. Imaginando que el escenario pudiera recomponerse, ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de una agenda constructiva para el sistema universitario? Si no hubieran tenido que hacer frente a esta situación, ¿qué deberían estar discutiendo las universidades argentinas?

–Lo primero es subirnos a lo que discute el mundo. Está claro que las universidades ya no tenemos el monopolio de la formación de nuestros jóvenes. El mundo está discutiendo una nueva reforma universitaria, pero nosotros nos vamos quedando atrás porque la coyuntura nos come. Creo que las universidades nos debemos una mirada prospectiva; tenemos que repensar las carreras para los trabajos del futuro.

En un par de semanas podría haber una reunión del Consejo de Universidades (CU), que reúne a las públicas y a las privadas. La idea es avanzar con cuestiones muy importantes para el sistema universitario, como salir del sistema de horas para ir al sistema de créditos. Sería algo revolucionario, que nos pondría a tono con la discusión global. Tenemos un gran consenso construido con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Desde el Gobierno nos dijeron que, si había un acuerdo entre el CIN y el CRUP, esto puede salir.

También avanzamos con un sistema novedoso de certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público (es decir, las que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior). Hay una agenda de siete puntos que venimos trabajando en conjunto desde el gobierno anterior, y que hoy se está reorganizando. Si esa agenda pudiera aprobarse en un par de semanas, al menos terminaríamos un año muy difícil con una agenda propositiva en cuanto a la modernización, el acortamiento de las carreras y la innovación tecnológica en las universidades.

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.

El documento está firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores). Estos son sus 10 puntos principales.

1. La crisis del financiamiento universitario

“La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”, señala el texto.

2. El rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio

“Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas”, plantea, en referencia a las múltiples acusaciones que expresaron los funcionarios del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

3. La caída de los salarios

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, advierte el texto.

4. El desmantelamiento del sistema científico

“La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino”, señala el texto, y explica que el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. “La disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso”, continúa.

5. El deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes

“El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas; la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera, cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen”, afirma.

6. El pedido a Milei: que no vete la ley de financiamiento

“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, sostiene el documento en uno de los pasajes más enfáticos.

7. La advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025

“Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024″, plantea en relación con los fondos proyectados para el año que viene.

8. El rol estratégico de las universidades nacionales

“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos”, señala el texto. Y añade: “Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”.

9. El agradecimiento a la sociedad por el apoyo

“Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta. Somos herederos del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos reconocen en el mundo entero”, expresa el documento.

10. El valor de la educación pública

El texto leído en la Plaza del Congreso concluye con una definición sobre el rol crucial de la educación para el presente y el futuro del país: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.

Pasaron 162 días desde la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó en todo el país a estudiantes, egresados, docentes y familias en contra de los recortes al presupuesto para la educación superior. Aquella marcha consiguió que, en mayo, el Gobierno nacional aprobara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, así como un 300% en los fondos para los hospitales universitarios, en línea con la inflación acumulada desde 2023.

Pasaron 224 días desde que los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron públicamente sobre “la situación crítica en las universidades”. En un documento del 21 de febrero, expresaron su preocupación por cuatro puntos: los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura y becas, y los fondos para las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

De esos cuatro puntos, las universidades plantean que solo el primero se resolvió. La situación del segundo –la caída salarial– no encontró solución, pese a que la paritaria universitaria mantuvo reuniones periódicas. En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024, con foco en los salarios. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Javier Milei fue el catalizador de la nueva movilización que tendrá lugar hoy en todo el país, con epicentro en Plaza del Congreso.

¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué no pudo resolverse la situación del presupuesto universitario? A continuación, cinco puntos clave para entender la movilización de hoy, en el marco de un conflicto que signó los primeros diez meses del gobierno libertario.

1. La caída de los salarios docentes y no docentes

Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% de su poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios universitarios tuvieron un aumento del 89,5%, pero en ese período la inflación acumulada fue de 153,1%, informó Conadu. Desde el Gobierno reconocen la caída, pero explican que está en línea con el retroceso general del salario real de los asalariados desde fines de 2023. Los salarios representan más del 90% del presupuesto universitario.

Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y Fagdut) es que en 2024 los salarios universitarios evolucionaron 20 puntos por debajo del promedio de los empleados estatales. Según el Gobierno, esa brecha se resolvía con la propuesta oficial de la última paritaria, cuando las autoridades ofrecieron un 5,8% para octubre (que se sumaba al 1% ya otorgado), cifra que desde el Ministerio de Capital Humano calificaron como un “histórico ofrecimiento”.

Aquel aumento ubicaba los salarios universitarios en “niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, informó el ministerio. Pero los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente; la negociación se retomará el próximo lunes 7 de octubre. El diálogo entre las partes permanece abierto, pese a que las acusaciones cruzadas fueron subiendo de tono, especialmente en los días previos a la marcha.

Según cifras oficiales, en Argentina 7 de cada 10 (69,5%) docentes del sistema universitario público tienen una “dedicación simple”, en torno a las 10 horas semanales. Por eso, desde el Gobierno cuestionan que se consideren esos salarios como referencia para plantear que la mayoría de los profesores están “bajo la línea de pobreza”. Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobró $1.356.097 en septiembre (sueldo bruto básico), que ascienden a $1.695.122 con 10 años de antigüedad. Para un adjunto con dedicación exclusiva (es decir, 40 horas semanales), el salario bruto inicial es de $1.057.891 (y 1.322.364 con 10 años de antigüedad).

Al comparar el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región, se observa que los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú, según el informe de la UNSAM y la UNRN.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

2. Un reclamo federal con amplio apoyo social

Esta semana varios funcionarios del Gobierno nacional consideraron que la movilización será una marcha “opositora”. Desde distintos sectores de la oposición expresaron la adhesión a la marcha: legisladores nacionales de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, así como de Unión por la Patria, anticiparon que participarán de la movilización y llamaron a la ciudadanía a sumarse. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó la protesta, así como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta; a la marcha del pasado 23 de abril asistieron, entre otros líderes políticos, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Sin embargo, distintos relevamientos han mostrado que la preocupación por la situación de las universidades públicas trasciende ampliamente las banderas partidarias. La última Encuesta nacional de creencias sociales, elaborada en junio por el observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encontró que el 72% de los argentinos rechazan los recortes en educación (y otro 19% dice estar “poco de acuerdo”: apenas el 8% apoya el ajuste en este rubro). También es mayoritario el rechazo a los recortes en ciencia y tecnología (suma 85% entre quienes están “poco” y “nada” de acuerdo con recortar). En esa misma encuesta, el 88% se mostró a favor de reducir el gasto de la política.

Otro estudio de la consultora Escenarios realizado en agosto mostró que las universidades nacionales son, por lejos, la institución estatal más valorada por los argentinos: más de la mitad de los encuestados (52,7%) tiene una evaluación positiva de las casas de estudio públicas, con una diferencia del +35,4% entre imagen positiva y negativa. En segundo lugar queda la Anses, con un +7,1% de diferencia entre la imagen positiva (34,3%) y la negativa (27,2%). La Presidencia de la Nación tiene en un 36,2% de valoración positiva y un 46,1% de valoración negativa según este relevamiento hecho en agosto: el saldo es una diferencia negativa de -9,9%. Otras instituciones, como el Congreso (13,4%) o la Corte Suprema de Justicia (12,9%), no llegan al 15% de valoración positiva entre los encuestados.

El conflicto involucra a las 61 universidades nacionales. La semana pasada, los rectores nucleados en el CIN le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Argumentaron: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

También les solicitaron a los legisladores nacionales que, “de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. Además, agradecieron “a la sociedad argentina” por el apoyo y convocaron a la ciudadanía a manifestarse este miércoles.

3. Las críticas del Gobierno al sistema universitario

El Gobierno nacional ha ido ampliando el repertorio de críticas al sistema universitario público. Los cuestionamientos, orientados a erosionar la confianza social en el sistema, se agudizaron en los últimos días. El presidente Javier Milei expresó varias veces la idea de que las instituciones educativas estatales (incluidas las escuelas) son lugares de adoctrinamiento. De hecho, una de las primeras medidas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue habilitar una cuenta de correo electrónico para que los estudiantes denunciaran a sus profesores (o para denuncias entre colegas). Álvarez aseguró haber recibido muchas denuncias de “persecución ideológica” en las aulas.

Desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como “caro, inequitativo e ineficiente”. Durante todo el año han insistido sobre la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades; las instituciones responden que son auditadas anualmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La falta de transparencia ha sido uno de los argumentos recurrentes del Gobierno, que acusó a la UBA de adeudar “la rendición del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022″.

El Índice de Transparencia de organismos estatales que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública –que no se refiere a la rendición de gastos sino a la accesibilidad de la información– tiene 3 universidades públicas (las de San Martín, Lanús y Quilmes) entre los 6 organismos estatales considerados más transparentes. Esas tres universidades nacionales, con más de 95 puntos en el índice (calculado sobre 100), superan en transparencia al Ministerio de Economía (en el puesto 7) y al Ministerio de Capital Humano (en el puesto 11). La UBA tiene 38,6 puntos en ese índice: una cifra más bien baja, pero superior por ejemplo a la de la Secretaría de Prensa (24,3), según los resultados del 2° trimestre de 2024.

La cuestión de la “ineficiencia” se refiere sobre todo a las bajas tasas de graduación del sistema en comparación con la cantidad de ingresantes. Mientras que el cuestionamiento sobre la inequidad apunta a que en Argentina solo el 12,4% de los jóvenes entre 19 y 25 años pertenecientes al decil más bajo (los más pobres) acceden a estudios superiores, mientras que en el decil de mayores ingresos lo hace el 46%, según un dato del Observatorio de Argentinos por la Educación que el Ministerio de Capital Humano incluyó en un informe difundido esta semana. El informe oficial también señalaba, a partir de un dato del CEDLAS, que el sistema universitario chileno es más equitativo que el argentino: “No solo el sistema educativo de Chile presenta un mayor nivel de acceso a la educación superior en general, sino que incluso la brecha de acceso es significativamente mayor para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables de la población”.

En los últimos días, a estos cuestionamientos se sumó otro: desde la Secretaría de Educación acusaron a las universidades de “inventar alumnos” para abultar la matrícula y obtener más fondos. La acusación fue desmentida por las universidades, por exfuncionarios del área (como Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Cambiemos) y por especialistas del sector.

“En vez de hablar de alumnos fantasmas, hay que ponerse a trabajar en una mesa y ver qué posibilidades hay de arreglar esto con lo que puede el Gobierno y lo que sostienen los gremios”, afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

“Las universidades nacionales hace más de 10 años entregan la información nominal de estudiantes, con nombre y apellido, DNI, nota, acta, folio y fecha de cada asignatura, lo cual hace casi imposible su alteración y muy fácil su auditoría”, señaló el investigador Juan Ignacio Doberti en su cuenta de la red social X. Según explicó Doberti, desde hace 20 años el modelo de distribución de recursos para las universidades “se basa en indicadores objetivos (alumnos, docentes, investigadores, metros cuadrados)” y “no considera a los alumnos que no aprueban ninguna o solo una materia anual, por lo cual estos no inciden en la designación de cargos docentes”.

4. La dilatación de un conflicto anunciado

La crónica del conflicto universitario podría empezar hace poco más de un año, cuando los dos candidatos presidenciales que disputaron el ballotage acordaron postergar el debate del Presupuesto 2024. Ese acuerdo terminó implicando que se “recondujera” el presupuesto 2023 para 2024, tras una inflación récord de 211,4% el año pasado (la más alta desde 1990).

La situación de las universidades empezó a visibilizarse en febrero, cuando los rectores advirtieron por primera vez que peligraba el funcionamiento de las casas de estudio por el congelamiento de los recursos en medio de la espiral inflacionaria. La tensión creciente llevó a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, impulsada por las autoridades universitarias, los gremios docentes y los estudiantes –representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)–.

La magnitud de la movilización fue reconocida por algunos sectores del Gobierno, que la semana siguiente convocaron al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a una reunión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Las negociaciones llevaron al aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, primero para la UBA y luego –tras un reclamo del CIN– para todas las universidades nacionales.

Sin embargo, quedaron al menos dos puntos claves sin saldar. Por un lado, la cuestión de los salarios de docentes y no docentes. Por el otro, la situación crítica del sistema de ciencia y tecnología. Esos reclamos motivaron una serie de paros nacionales y otras medidas de fuerza en las universidades. En septiembre, cuando el presidente Milei anunció con un tuit su intención de avanzar con un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario para preservar el equilibrio fiscal, los principales actores del sistema anunciaron la movilización que se concretará hoy.

5. Un panorama incierto a futuro

Si bien las universidades públicas vienen pidiendo “previsibilidad”, el panorama de los próximos meses se perfila incierto. El inminente veto presidencial eliminaría de la escena una eventual recomposición de los salarios en 2024. Sin embargo, los cálculos políticos también sugieren que el Congreso podría tener los números suficientes para rechazar el veto.

De cara al año que viene, las universidades ya denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza el ajuste sobre el sector. Desde el propio Ministerio de Capital Humano reconocieron esta semana que el proyecto requerirá “reacomodamientos” en el Congreso. Los fondos proyectados para el año próximo ($3,8 billones) equivalen a la mitad del financiamiento que habían solicitado los rectores ($7,2 billones).

Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no están pensando en intentar transferir las universidades a las provincias –como circuló en los últimos días– ni con avanzar en propuestas de arancelamiento (aunque el Gobierno sí planea retomar, por ley, la propuesta de habilitar aranceles para los estudiantes extranjeros no residentes).

Desde las universidades advierten por un impacto de los recortes en el sistema científico, donde temen una nueva “fuga de cerebros”. Pero además, la preocupación por el financiamiento educativo alcanza no solo a la enseñanza en las universidades, sino también al sistema de educación obligatoria. Según un informe de CTERA, el Presupuesto 2025 implica que el recorte de los fondos nacionales será aún mayor en la educación básica que en el sistema universitario.

De concretarse ese ajuste, el año que viene se acelerará una tendencia que mostró hace unos días un informe de Argentinos por la Educación: desde 1980, la Nación fue retrayendo su aporte al sistema educativo, que es financiado cada vez en mayor proporción por las provincias. Según varios expertos, esa tendencia conduce a una profundización de las inequidades territoriales que caracterizan a la Argentina: si el Estado nacional continúa su retirada, el cumplimiento del derecho a una educación de calidad dependerá, cada vez más, del lugar de origen de cada estudiante.

Los rectores de las universidades públicas –nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) anunciaron hoy una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17 hs. La medida fue confirmada en una conferencia de prensa conjunta y se definió luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió un escenario de “tormenta perfecta” y advirtió que el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aun mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios. “Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades”, dijo Moriñigo.

“Pasaron cinco meses y estamos en el mismo punto de partida. Hay una mezcla explosiva de desconocimiento y de prejuicio por parte del Gobierno”, agregó, a la vez que subrayó la “voluntad de diálogo” por parte de los rectores.

Si bien la marcha tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso, el presidente del CIN anticipó que será “bien federal” y expresó: “Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país”. Al explicar las razones de la marcha, Moriñigo mencionó la desinversión en organismos científicos y tecnológicos como el Conicet, INTI, INTA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que en muchas provincias tienen sus sedes dentro de las universidades nacionales. Sobre los salarios, denunció: “Vamos perdiendo 50 puntos contra la inflación, 20 puntos contra los demás empleados estatales y seguimos perdiendo puntos mes a mes”.

La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

En cuanto se aprobó la norma, el presidente Javier Milei anticipó un “veto total” en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.

“Esta ley no distorsiona la economía ni impide tener una economía estable. Lo que estamos viendo es una distorsión de las prioridades”, dijo Oscar Alpa, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), durante la conferencia de prensa. “Se está desarmando nuestro sistema científico”, declaró. Y comentó que hoy los rectores de todo el país aprobaron un documento titulado “Para seguir siendo una Nación, sí al financiamiento universitario”.

En ese documento, los rectores le piden al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Y argumentan: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

También les solicitan a los legisladores nacionales que, “de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”.

Finalmente, los rectores se dirigen “a la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta” para expresar el agradecimiento por el apoyo y convocar a la ciudadanía a manifestarse nuevamente.

“La situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país”, expresó hoy el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, en una carta con motivo del abrazo al Hospital de Clínicas “José de San Martín” para visibilizar la situación crítica del sistema universitario público por los recortes presupuestarios y el atraso salarial que afecta a los trabajadores.

“Han pasado más de cinco meses desde la última vez que nos convocamos en este mismo lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno nacional”, afirmó Gelpi. El rector de la UBA agradeció el apoyo a la reciente Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso y le pidió al presidente Milei que no la vete: “Significaría vetar a la educación, la salud, la ciencia, y al futuro”.

También la FUA le pidió al presidente que reconsidere la decisión anticipada en sus redes y reclamó por las becas. “La comunidad universitaria se encuentra atravesando días de incertidumbre y preocupación en el marco del ahogamiento presupuestario al que se está sometiendo a las universidades públicas”, señaló la federación en una carta abierta a Milei.

“Hay un principio fundamental entre los países que crecen y se desarrollan: la educación no es un gasto, es una inversión. No es un dogma, un mantra o un eslogan, es un hecho objetivo de la realidad. La educación es un derecho humano fundamental, que permite brindar a un país una perspectiva de justicia y equidad, construir más y mejores oportunidades. Esto, en conjunto con la ciencia y la tecnología, es la llave del progreso”, afirma la carta.

Los gremios universitarios están desarrollando desde el lunes jornadas de “protesta y visibilización” de la situación presupuestaria, y anunciaron paros nacionales para este jueves 26 y viernes 27 de septiembre. “La ley de financiamiento universitario viene a poner un piso de recomposición para el presupuesto y para los salarios. El 2 de octubre saldremos a las calles en CABA y en todo el país para exigir su promulgación inmediata”, dijo Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, uno de los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Además de los actores del sistema universitario, la marcha del 2 de octubre ya fue respaldada por la CGT y por CTERA, que nuclea a los sindicatos docentes de los niveles educativos obligatorios. Desde CTERA respaldaron el reclamo universitario y sumaron a las reivindicaciones un mayor presupuesto para el sistema educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a las reformas jubilatorias en varias provincias.

En los primeros 7 meses del año, durante la gestión de Javier Milei se ejecutó un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período del año pasado a valores reales, según surge de un cálculo realizado por Infobae de las partidas de 2024 y 2023, considerando el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del período. Un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior muestra que el financiamiento asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas.

El conflicto por el presupuesto universitario comenzó a principio de año, con reclamos crecientes desde las universidades por los recortes en el financiamiento nacional. La Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, que implicó movilizaciones masivas en todo el país, tuvo como resultado concreto una mejora en los gastos de funcionamiento: el Gobierno nacional otorgó un 270% de incremento para esa partida, que representa entre un 5% y un 10% del presupuesto de las casas de estudio, y que las universidades están cobrando en cuotas, según informaron hoy en la conferencia de prensa.

Pero la cuestión salarial no se resolvió: los gremios estiman una pérdida de poder adquisitivo que ronda los 50 puntos. “El deterioro salarial atenta contra la calidad de nuestra educación pública”, afirmó Moriñigo.

Luciano Cagnacci, secretario general de la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), señaló: “Con el presupuesto que el Gobierno asignó para gastos de funcionamiento, tenemos los laboratorios abiertos, pero científicos en fuga; las aulas abiertas y alumnos que no pueden concurrir a la universidad porque sus becas han sido eliminadas por falta de presupuesto; una universidad abierta, pero con docentes y no docentes cuyos salarios no llegan a la línea de pobreza”.

En el documento que presentaron hoy, los rectores de las universidades públicas advierten: “Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”.

A la espera del anunciado veto presidencial al proyecto de ley de aumento del presupuesto universitario, la comunidad educativa y la oposición legislativa entraron en estado de alerta. La norma convertida en ley el 12 de septiembre por el Senado prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización salarial atada a la inflación.

Tanto integrantes de los bloques dialoguistas como de la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda, adelantaron que desafiarán la decisión presidencial cuando se concrete, y buscarán insistir con la norma sancionada por el Congreso. Más allá de que el Gobierno haya conseguido, hace 10 días, el número mágico de 87 voluntades en la Cámara de Diputados para sostener el veto, el tema de los fondos para la universidades le plantean un desafío mayor al oficialismo. Deberá enfrentar una masiva marcha prevista, en principio, para el 26 de septiembre y una convocatoria frente al Parlamento para el 2 de octubre, cuando podría tratarse la insistencia a la ley aprobada.

En los primeros 7 meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales. Así surge del cálculo realizado por Infobae de las partidas de 2024 y el año pasado, considerando el Índice del Precios del Consumidor (IPC) del período.

El año pasado, de enero a julio se desembolsaron, $2.305.053 millones ($2,3 billones) ajustados por inflación, mientras que en el mismo período de este año los giros fueron de $1.579.626 millones ($1,5 billones), según los datos de la cartera de Economía, y lo informado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a principios de mes.

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De hecho, un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior, muestra que el presupuesto asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas.

Para el año en curso, según la información del sitio de Presupuesto Abierto que depende del Ministerio de Economía, el crédito vigente al 11 de septiembre era de $3.037.428 millones (ligeramente superior a la cifra consignada el proyecto para 2025 enviado al Congreso el lunes pasado $3.002.770). Ante la prórroga del Presupuesto 2023 para este año, el Gobierno actualizó en distintos momentos del año partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, después el masivo reclamo en la calles de abril.

Un legislador del PRO advirtió que el veto presidencial y el magro presupuesto en 2025 para las universidades le puede generar un escenario adverso al Gobierno. “Al final del día, tenés que mantener las universidades abiertas porque es donde estudia la clase media y una gran parte de quienes votaron a este Gobierno. Es un sector que tiene gran capacidad de resistencia y de movilización”.

“No va a haber una marcha, sino todo un plan de lucha en un momento sensible, porque estamos justo en mitad del cuatrimestre, con los exámenes encima. El tema va a generar mucho ruido y el Gobierno tendrá que buscarle una salida. Pelearte con las universidades no es lo mismo que pelearte con los Moyano. Y no va poder dejarlas a pico seco”, agregó el diputado.

El Presupuesto 2025

El proyecto de Presupuesto que Milei envió el lunes al Congreso contempla $3.857.559 ($3,8 billones) en el año. “En 2025 se consolidarían estas caídas en la inversión educativa”, alertó el diputado radical Julio Cobos en su cuenta en X. En efecto, pese a que la proyección de la inflación del Gobierno para este año es de 104,4% y para todo 2025 de 18,3%, el texto de la ley de leyes contempla apenas un incremento del 28,5%, cuando solo la inflación acumulada en el primer semestre del año, según el INDEC, fue del 79,8%.

“El presupuesto en Educación tiene la misma lógica de austeridad espartana que prácticamente se ve en todas las áreas del Estado. Hay universidades a las que le asignaron en este Presupuesto lo que consumen en un bimestre. Es irreal”, advirtió un diputado del PRO en diálogo con Infobae.

Los $3,8 billones previstos en el mensaje del Ejecutivo son la mitad de los fondos que las universidades reclaman. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La cifra fue acordada por más de 70 autoridades universitarias en un plenario realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. En ese encuentro, se estableció que los fondos necesarios para el próximo año se estiman en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PBI).

El ítems donde surge la mayor diferencia entre lo previsto en el proyecto de Presupuesto y lo reclamado por el CIN es el de “Incrementos recomposición salarial diciembre 2023″, que los rectores previeron en $1,7 billones de pesos y no aparece en el texto oficial.

“Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, afirmó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis. También manifestó su preocupación porque dijo no ver en el Gobierno “voluntad de dialogar”.

La ejecución este año

Según el informe de Francos a la Cámara baja, hasta el 31 de julio pasado, se habían girado $1,5 billones a las casas de estudio, de los cuales el 89% eran sueldos. Para el 11 de septiembre, última fecha con información disponible en el sitio de Presupuesto Abierto consultada para la elaboración de esta nota, la ejecución había ascendido a $1.881.286 ($1,8 billones), el 62%.

Sin embargo, distintas fuentes consultadas por Infobae aseguraron que los $3 billones de crédito vigente para este año deberán ser ampliados para contemplar el aumento salarial pendiente. “Con esa cifra de $3 millones el Gobierno no termina de pagar la paritaria, que si bien no está firmada, prevé algún aumento, por lo que seguramente va a haber una ampliación presupuestaria en lo que queda del año. O sea que el aumento del presupuesto para universidades va a ser aún menor para el año que viene”, le dijo la diputada radical Danya Tavela a Infobae.

Legisladores de distintos sectores consultados por este medio coincidieron en que la cifra pedida por los rectores, muy por encima de lo contemplado en el Presupuesto 2025, es “para negociar”. Se trata de una dinámica que se repite todos los años con el presupuesto universitario y que incluye la discusión en los pasillos del Congreso y las autoridades de las casas de estudio.

“Ahora se abre la discusión con los rectores nacionales de ajustar el Presupuesto por inflación, por las paritarias con los gremios. En ese sentido, el Ejecutivo no está haciendo algo muy distinto de lo que sucedía todos los años con gobiernos de distinto color político. Lo distinto fue el acuerdo que Milei hizo con (Sergio) Massa de no tener Presupuesto en 2024, y ajustar esa partida por inflación este año”, advirtió la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. La paritaria podría llegar a implicar entre $300.000 y $400.000 millones más, según una fuente legislativa de la Comisión de Educación.

“Las universidades saben que tienen por delante un año de debate y discusión. Este es un presupuesto de alguna manera dibujado, porque queda sin contemplar la inflación del 2025 en gastos de funcionamiento y las paritarias. Igual, creo que los rectores ven como positivo que haya Presupuesto, porque se temía que no lo hubiera y eso realmente pone a las universidades otra vez en jaque”, agregó la ex secretaria de Políticas Universitarias durante la gestión de Mauricio Macri.

No obstante, un diputado del PRO no descartó que Milei busque “lo que hicieron todos: que le voten un Presupuesto subestimando el nivel de gastos y de ingresos para, después, repartir la diferencia discrecionalmente”.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, consultado por Infobae, defendió los números que envió el Ejecutivo: “El presupuesto propuesto para el Sistema Universitario se funda, en primera parte, en respetar el déficit cero como política. Es decir, para lograr un incremento de la asignación presupuestaria debe ir acompañado de un mayor ingreso en las arcas del Estado, como consigna la Ley de Administración Financiera (N°24156)”. Y recordó que “luego de un año completo sin actualización de los gastos de funcionamiento (2023), fue esta gestión la que acordó con el Consejo Interuniversitario Nacional el aumento de un 270%, que significó un gasto de $192.000 millones”.

El mensaje del Presupuesto enviado por el Gobierno incluye en el artículo 17 la exigencia de que las universidades presenten un informe detallado de sus gastos, en línea con la auditoría que desde el Ejecutivo quieren hacer para revisar el destino de los gastos. Así, las casas de estudios deberán “presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

Qué dice la ley que Milei va a vetar

La ley que Milei aseguró que vetará - tiene 10 días hábiles para hacerlo - instruye al Gobierno a recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley (12 de septiembre) por el índice de inflación acumulada que informa el INDEC. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior , estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Rectores de las universidades públicas de todo el país pidieron a los senadores que aprueben la Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y acordaron un proyecto de presupuesto 2025 que prevé una inversión del 1% del PBI en el sistema de educación superior. Lo hicieron en el marco del 92° Plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunió este viernes en Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Allí los miembros del CIN consensuaron un proyecto de presupuesto universitario de alrededor de 7.190 billones de pesos para 2025, una cifra que estimaron equivalente al 1% del PBI. En un comunicado, los rectores pidieron “aumentos razonables para el normal funcionamiento del sistema el próximo año”, mientras continúa el reclamo por los salarios de docentes y no docentes.

El Consejo aprobó este viernes un “acuerdo plenario” que propone que las autoridades universitarias avancen en gestiones con los senadores de cada provincia para explicarles la importancia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo tratamiento está previsto la semana que viene en la Cámara de Senadores.

El proyecto sobre financiamiento universitario establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo referido específicamente a salarios, en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”.

En los últimos meses las universidades vienen advirtiendo sobre el deterioro de los sueldos, y varias casas de estudio de todo el país –incluyendo la UBA– declararon la “emergencia salarial” de sus trabajadores. Un informe elaborado por las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN) estimó una pérdida del poder adquisitivo del 33,3% del salario de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, con una inflación acumulada del 134,5% y una recomposición salarial de apenas el 56,9% –una diferencia de 77,6% puntos porcentuales–.

El 70% de los docentes del sistema universitario público tiene una “dedicación simple”: un titular con esa carga horaria (en torno a las 10 horas semanales) cobró en julio $261.384 netos (y con diez años de antigüedad, $326.730). Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobra $1.045.535, que ascienden a $1.306.919 con 10 años de antigüedad, según el informe de la UNSAM y la UNRN. Los datos muestran que los salarios de más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de los no docentes se encuentran en esa situación.

El informe también comparó el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región. Según esa comparación, los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú.

“Creo que, cuando empezó este Gobierno, equivocamos el diagnóstico. Temíamos afrontar cierres, arancelamiento o vouchers. Pero lo que pasó fue un desmantelamiento en cuotas de las universidades. No talaron el árbol sino que dejaron de regarlo”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

Moriñigo recalcó que el sector mantiene un diálogo cordial con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y con la Secretaría de Educación, pero “no hay un normal funcionamiento por la política del Ministerio de Economía de blindar la caja”. El presidente del CIN lamentó “los enormes prejuicios del Gobierno nacional” y afirmó que “si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino, es el sistema universitario”.

Tras la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril las universidades lograron que el Gobierno actualizara un 270% los gastos de funcionamiento, que representan entre un 5% y un 10% del presupuesto de educación superior. Pero persiste el atraso en los salarios, mientras que “en el resto de los programas (fortalecimiento de ciencia y técnica, extensión, universidades nuevas, virtualización, doctorado, etcétera) la ejecución durante este año fue nula”, advirtió Moriñigo.

Distintas fuentes del sector universitario señalaron a Infobae que, por ahora, la idea de convocar a una nueva marcha federal está en suspenso, a la espera de lo que pase la semana que viene en el Senado. También coincidieron en que, si el Poder Ejecutivo decidiera vetar una eventual sanción de la ley, será inevitable que el conflicto escale.

“Pedimos a los senadores que acompañen este proyecto que asegura que la universidad pública siga siendo de calidad. Rectores, gremios docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina mantendrán reuniones con los legisladores de sus provincias para explicar la importancia de esta ley”, señaló Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, una de las federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Desde los sindicatos ya anticiparon que se concentrarán frente al Congreso el día que se trate la ley.

Durante el plenario de rectores también se aprobó una declaración que advierte sobre la situación de la ciencia a nivel nacional y menciona que el 60% de los investigadores en Argentina trabajan dentro de las universidades públicas: “Se trata de profesionales que, con mucho esfuerzo y apoyo del Estado, han construido trayectorias de excelencia reconocidas tanto a nivel nacional como internacional”.

El documento insta a que todas las agencias del gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son “pilares fundamentales para el desarrollo del país”.

La declaración, titulada “La ciencia es la universidad”, plantea que la falta de actualización salarial de los docentes investigadores, la reducción de la inversión en becas y el desfinanciamiento de programas científicos están generando un impacto negativo en la producción de conocimiento, obligando a jóvenes investigadores a abandonar el país y paralizando proyectos cruciales. Además, el comunicado cuestiona la interrupción de obras de infraestructura y la “desarticulación” de políticas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipamiento e insumos necesarios para investigar.

Los rectores advierten: “Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional”.

El paro universitario del próximo martes 4 y miércoles 5 de junio marcará un nuevo capítulo en la saga del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Las universidades públicas vienen advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

Esta semana, una parte de los reclamos expresados en esa marcha comenzó a resolverse con el acuerdo de actualización del 270% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, algo que hasta el lunes solo había conseguido la UBA. Sin embargo, el martes aquella noticia quedó eclipsada por otra: no hubo acuerdo entre los gremios universitarios y el Ministerio de Capital Humano en la paritaria universitaria, y los sindicatos convocaron a una medida de fuerza de 48 horas. La recomposición del salario de docentes y no docentes fue una de las principales demandas de la movilización de abril.

Cuál es la situación de los salarios

Si bien la actualización de los gastos de funcionamiento fue muy bien recibida por el sistema universitario, los datos indican que esa partida abarca el 10% del presupuesto de las universidades. “Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución”, denunció el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) en un comunicado.

Según explicaron desde Conadu, uno de los gremios que integran el frente, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado la semana pasada). Mientras tanto, la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). De acuerdo con datos difundidos por la UBA, desde enero los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció al Frente Sindical un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. La paritaria se viene reuniendo todos los meses, pero sin acuerdo: el FSUN rechazó las propuestas por considerarlas insuficientes. La reunión de mayo había pasado a un cuarto intermedio hasta el martes 28, cuando el Gobierno reiteró su propuesta y el Frente Sindical anunció el paro para la semana próxima.

Fuentes de la Secretaría de Educación reconocieron que este año el salario de los profesores universitarios tuvo una actualización inferior al aumento en los sueldos de los trabajadores estatales, tras las cifras récord de inflación en diciembre y en los primeros meses del año. Desde el FSUN –que nuclea a los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y Fatun– advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”, mientras “más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza”, una situación que “no sucedía hace más de 20 años”.

“Es inaudita la falta de seriedad y la irresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno en una negociación tan importante para el normal funcionamiento de las universidades nacionales, como la del salario de los trabajadores docentes. El paro de 48 horas, definido de manera masiva, demuestra el malestar y el enojo de la docencia universitaria de todo el país frente a esta repetida situación de destrato”, afirmó Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Qué dicen las universidades

Los rectores universitarios apoyan el reclamo por los sueldos docentes. La UBA lanzó en redes una campaña con la consigna “Vamos por lo que nos falta”, cuyo primer punto es la recomposición de los salarios. Otros puntos incluyen la actualización de las partidas congeladas (en especial, de ciencia y tecnología) y de los fondos necesarios para reiniciar las obras de infraestructura paralizadas. También piden una ley de financiamiento universitario.

El pasado 15 de mayo, el mismo día que suspendió la emergencia presupuestaria –tras acordar una actualización de 270% para los gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios–, el Consejo Superior de la UBA se declaró en “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial”.

En esa misma resolución, el Consejo Superior manifestó “la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidades Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes a un salario justo”.

“Desde el CIN estamos preocupados porque el conflicto salarial sigue sin resolverse. Si marchamos juntos, seguimos juntos en este pedido de solución. Ojalá encuentre un camino de encuentro rápido”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

Con respecto a los demás puntos planteados en la Marcha Federal y en las reuniones entre las universidades y el Gobierno, “el conflicto estará resuelto si todo marcha como lo empezamos a resolver el lunes pasado: si llega en tiempo y forma ese 270%, si se pagan las resoluciones de 2023, si se inicia un proceso de gestión de fondos bajo la línea 2024, si se reactivan algunas obras”, enumeró Moriñigo.

Para Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el aumento del 270% en gastos de funcionamiento fue “un avance importante”, pero ahora “la demanda prioritaria es conseguir que el Gobierno atienda el marcado retraso salarial de trabajadores docentes y no docentes para recomponer sus ingresos, que se han visto afectados por el proceso inflacionario”.

“Los rectores sostenemos los reclamos que dieron origen a la marcha y uno de ellos fue la necesaria e inmediata recomposición de los salarios de docentes y no docentes, que han perdido, en relación con la inflación, aproximadamente un 40%. Entendemos que deben tener una respuesta en el marco de una paritaria nacional y eso es responsabilidad del Gobierno”, opinó Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y miembro del comité ejecutivo del CIN.

“Esperamos que en la próxima reunión, como sucedió con los gastos de funcionamiento, haya una propuesta superadora que satisfaga la demanda de los gremios y permita a las universidades cumplir con todas sus funciones y previsibilidad presupuestaria”, agregó Domenichini.

A quiénes afecta el conflicto universitario

Aunque por su magnitud la UBA ha tenido más visibilidad, el conflicto por el presupuesto afecta a las 61 universidades nacionales distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. La caída del salario impacta de manera directa en las 220.660 personas que trabajan en las casas de estudio. De esta cifra, 147.821 (el 66,9%) son profesores, mientras que 56.424 (25,6%) son no docentes. El resto se completa con autoridades y personal preuniversitario. Más de la mitad de los docentes (51,2%) y no docentes (50,7%) son mujeres.

A diferencia de lo que pasa en las universidades de Estados Unidos y Europa que suelen encabezar los rankings internacionales, en Argentina la gran mayoría de los profesores universitarios debe combinar la docencia con otros trabajos. Solo el 10% de los cargos son de dedicación exclusiva, lo que limita drásticamente la posibilidad de hacer investigación. Un 17,4% de los cargos es de dedicación semiexclusiva, mientras que 7 de cada 10 (69,5%) tienen una dedicación simple (10 horas semanales).

La situación del presupuesto universitario también impacta en los 2.030.633 estudiantes que suman las universidades nacionales en las carreras de grado y pregrado, según las últimas cifras oficiales de la Síntesis de Información Universitaria. En ese nivel, solo el 3,9% de los alumnos son extranjeros.

Solo en 2022 ingresaron 543.041 estudiantes a las instituciones estatales, de los cuales 1 de cada 3 (32%) tienen entre 17 y 19 años. En las universidades estatales, 3 de cada 10 ingresantes (29,8%) se anotaron en carreras de ciencia y tecnología, estratégicas para el desarrollo del país (en las privadas, solo el 18,4% de los ingresantes se anotó en estas áreas).

Poco más de la mitad de los ingresantes al sistema universitario público (54%) lograron continuar sus estudios al año siguiente (en las privadas, el porcentaje de retención es 62,6%). Y solo el 23,2% termina la carrera en el tiempo “teórico”, es decir, en los plazos previstos por el plan de estudios (en las privadas, la cifra asciende al 38,3%).

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) anunció un paro nacional universitario de 48 horas para el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio, luego de reunirse hoy con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En el encuentro de hoy, realizado en el marco de la paritaria universitaria, los representantes del Gobierno nacional presentaron la misma oferta salarial que los gremios ya habían rechazado, según un comunicado del FSUN.

El anuncio de la medida de fuerza llega al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”, señaló en un comunicado el Frente Sindical, que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN.

“La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, señalaron los gremios universitarios. Y advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”, mientras “más de la mitad de trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza”.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril.

Como en los meses anteriores, el FSUN había rechazado la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se había pasado a un cuarto intermedio hasta la reunión de este martes. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.

Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado la semana pasada), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.

El atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. En la reunión del lunes con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de monitoreo de la situación salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.

Los gremios universitarios reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido, así como una “pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación” y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que afectó a los docentes de los colegios preuniversitarios.

“Este Frente motorizó en la histórica marcha universitaria del 23 de abril un pliego que incorporaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales que esta semana se encauzó. Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución”, denunció el FSUN en un comunicado.

Este lunes el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. “Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado”, señaló el comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Sin embargo, desde el CIN reconocieron que aún está pendiente la resolución de la situación salarial. De cara al año próximo, los rectores y los funcionarios del Gobierno acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta.

El pleno de la Cámara de Diputados emplazó (obligó) el pasado martes a las comisiones de Presupuesto y Educación a reunirse hoy en plenario para dictaminar uno o varios proyectos para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales. Una vez superada esta instancia, la oposición estará en condiciones de pedir una nueva sesión especial para avanzar con la media sanción.

El principio de acuerdo anunciado por el Gobierno con el Consejo Interuniversitario Nacional para aumentar cerca del 300% los gastos de funcionamiento -no incluye salarios- de todas las universidades nacionales no fue suficiente para desactivar la sesión especial de este martes.

La desconfianza de los rectores, que evitaron difundir cualquier tipo de comunicado hasta que se conozca la resolución oficial que garantice la ampliación de fondos, terminó influyendo en el bloque de la UCR, que se debatía entre sostener o levantar el pedido de sesión especial del martes. Para no correr riesgos, la oposición dialoguista desestimó las señales del oficialismo y bajó al recinto para dar quórum.

Esa decisión generó un fuerte malestar entre los libertarios y los diputados del PRO con Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada radical. En tanto, el peronismo aprovechó la oportunidad para incluir en el debate la restauración del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Como parte de un acuerdo político, Unión por la Patria también se llevó un emplazamiento para el martes que viene. Tanto los proyectos sobre el presupuesto universitario como los relacionados con el FONID tienen un considerable impacto fiscal y son seguidos con atención por la Casa Rosada.

“Ahora parece que empiezan a aparecer proyectos de subas del gasto: yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, advirtió el propio Javier Milei ante el foro empresarial de IAEF. Se refería a estos dos proyectos y la fórmula de actualización jubilatoria que también impulsa la oposición.

En el caso de las universidades, el reclamo nace de la reducción de facto que el Gobierno implementó al prorrogar el presupuesto del año pasado sin actualizarlo por inflación. La Casa Rosada se vio obligada a dar un primer paso atrás tras la masiva marcha universitaria del 23 de abril. Primero negoció con la Universidad de Buenos Aires, a la que le otorgó un aumento del 270% para gastos de funcionamiento y un 300% para los hospitales que funcionan bajo su órbita. Luego, anunció un acuerdo con las otras 60 universidades nacionales que salieron a denunciar “discriminación federal” por no haber recibido la misma oferta que la UBA.

Uno de los proyectos bajo análisis que reúne mayor consenso es del de la radical Danya Tavela, que entre otros puntos dispone que los gastos de funcionamiento (que no incluye salarios de docentes y no docentes) se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).

En general, la mayoría de los proyectos contempla el componente inflacionario para actualizar las partidas, por lo que el Gobierno perderá discrecionalidad para la asignación de recursos. La oposición argumenta que las universidades necesitan un mínimo de previsibilidad presupuestaria para planear los ciclos lectivos.

“Las diferencias entre los proyectos no son tan profundas, todos actualizan por inflación, nos vamos a poner de acuerdo”, adelantó un referente Unión por la Patria tras la sesión del martes. Sin embargo, desde el radicalismo dejaron trascender que si el lunes efectivamente se firma la resolución que amplía el presupuesto universitario, una eventual sesión dejaría de tener sentido: “Si les dan la plata a las universidades, objetivo cumplido”.

Horas antes de que la Cámara de Diputados empezara a debatir la situación del financiamiento universitario por iniciativa de la UCR, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se había llegado a un acuerdo con las universidades nacionales. Según el anuncio oficial, el Gobierno nacional se comprometió a actualizar un 270% los gastos de funcionamiento para todas las casas de estudio, como ya lo hizo con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, confirmaron que hubo conversaciones pero el acuerdo aún no está firmado: debería concretarse el lunes o martes de la semana próxima. En tanto, ayer no hubo acuerdo en la paritaria con docentes y no docentes, y el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó el paro nacional de este jueves 23, al que también adhieren los gremios docentes del sistema educativo obligatorio (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA).

Según pudo saber Infobae, la propuesta del Gobierno –que reconoce el reclamo de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril– fue realizada en el marco de una reunión informal y prevé el compromiso de equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270% para gastos de funcionamiento. Esa propuesta debería concretarse formalmente la semana que viene, en una reunión entre las autoridades del CIN y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En ese mismo encuentro “se concretaría el llamado a las mesas de trabajo de los temas salariales, becas estudiantiles, Ciencia y Tecnología, obras de infraestructura y resoluciones adeudadas”, dijeron desde el CIN, en referencia a las principales demandas de la Marcha Federal, en la que habían participado las universidades de todo el país. La propuesta oficial también prevé que se inicien “las reuniones para discutir técnicamente la confección del presupuesto 2025 en conjunto”, mencionaron desde el CIN.

“Si en los próximos días se confirma lo anunciado y se ratifica formalmente en una resolución de igual tenor a la que se emitió para la UBA, sería un paso importante que reconoce lo que las universidades públicas venimos planteando desde enero, y que da respuesta a lo que reclamamos desde que se tomó la decisión discrecional de actualizar el presupuesto de la UBA desconociendo a 60 universidades que a lo largo y a lo ancho del país representamos el 85% de los más de 2 millones de estudiantes que tiene el sistema universitario público de la Argentina”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a Infobae.

“Nos daría el oxígeno suficiente para poder llegar a fin de año sin lesionar las actividades básicas y el funcionamiento de la universidad”, planteó Bartolacci. “Si se confirma el lunes que es ese el aumento en materia de gastos de funcionamiento, la situación va a quedar acomodada para tener previsibilidad”, coincidieron desde otra universidad nacional.

La semana pasada la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios.

El CIN había denunciado que ese acuerdo discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”. En un comunicado, los rectores declararon: “No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”.

El salario, entre los principales reclamos pendientes

Más allá del nuevo anuncio oficial, Bartolacci enumeró varios ejes de discusión que continúan abiertos: “Queda pendiente resolver la cuestión salarial de los trabajadores de la educación, la continuidad del programa nacional de infraestructura universitaria –hoy todas las obras están paradas–, la actualización de los programas de asistencia y becas estudiantiles (que en un contexto de crisis económica son definitorios para garantizar la continuidad de los estudios) y la situación crítica del sistema científico”.

El atraso salarial de docentes y no docentes fue uno de los principales reclamos de la Marcha Federal Universitaria. Este lunes el Gobierno nacional ofreció un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a los gremios CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28.

Desde el Frente Sindical ratificaron el paro nacional del jueves 23 de mayo –a un mes de la masiva movilización de abril–, que será precedido por una jornada de “visibilización” del conflicto el miércoles 22 en las universidades públicas de todo el país.

Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada es de 61 puntos porcentuales.

La medida de fuerza del jueves tiene la adhesión de los gremios docentes de los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). Los reclamos de los gremios nacionales incluyen como primer punto la convocatoria a discutir el salario mínimo docente, que permanece congelado en 250.000 pesos desde diciembre de 2023, y que funciona como un piso para las negociaciones paritarias en cada provincia.

Los reclamos también incluyen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de recursos para infraestructura escolar y comedores, el financiamiento de programas educativos y el rechazo a una eventual modificación de los regímenes jubilatorios de docentes nacionales y provinciales, señaló CTERA en un comunicado.