Las recientes inversiones de miles de millones de euros en materia de defensa no han generado un cambio en las condiciones salariales del personal civil del Ministerio de Defensa, según exponen sus representantes sindicales. El colectivo continúa exigiendo un ajuste retributivo que iguale sus salarios a los percibidos por los militares, planteando que su reivindicación representa una mínima parte del presupuesto destinado al sector. La protesta realizada este jueves frente al Arsenal Militar de Ferrol se inscribe en una serie de movilizaciones que se mantienen activas desde hace más de un año, y los sindicatos anuncian la intención de trasladar esta demanda a las próximas mesas de negociación con el Gobierno.

Según informó el medio, delegados sindicales de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Unión Sindical Obrera (USO) expresaron su rechazo al trato recibido por el personal civil en la comparación salarial con los militares. Carlos García Seoane, representante de la CIG, explicó que el origen del conflicto radica en la diferencia entre las recientes subidas salariales: el personal militar obtuvo en 2025 una mejora consolidada de 2.800 euros brutos anuales a través de un real decreto, mientras que a los trabajadores civiles únicamente se les concedió una gratificación de 2.400 euros por ese mismo año, sin carácter consolidable. García Seoane señaló que “el problema fundamental de la discriminación salarial no se solucionó” y recordó que la subida aplicada a finales del año pasado careció de continuidad y no se mejoró la situación de fondo.

El medio detalló que la intención del sindicato CIG es abordar esta problemática en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, prevista para abril, tras haber presentado una propuesta al Ministerio de Defensa en febrero. La iniciativa quedó sin responder, lo que ha llevado a los representantes sindicales a insistir en la búsqueda de soluciones. Además, García Seoane criticó la falta de posicionamiento de otras organizaciones sindicales como CSIF, CCOO y UGT, a las que instó a respaldar la propuesta de equiparación.

Pablo Morgade, delegado de USO, indicó a ese respecto que la discriminación salarial se ha agravado este mes de marzo, cuando los militares recibieron una nueva subida lineal de aproximadamente 40 euros, coincidente con los 59,33 millones de euros que supondría otorgar un aumento de 300 euros mensuales al colectivo civil. Morgade explicó que “el ejemplo claro es que en este mes de marzo acaban de tener una subida de los militares de alrededor de 40 euros lineales para todos. Esta discriminación continúa dentro del Ministerio”, y lamentó que se destinen recursos públicos a actos como desfiles mientras las demandas salariales del personal civil permanecen ignoradas.

El medio consignó que ambos representantes incidieron en la paradoja de destinar grandes sumas a la defensa nacional y, al mismo tiempo, mantener lo que consideran un conflicto laboral sin solución, afirmando que el coste total de su reivindicación es reducido en comparación con el presupuesto total de Defensa. García Seoane argumentó que la petición no busca fondos para actividades militares, sino para que los trabajadores civiles obtengan remuneraciones que les permitan afrontar el costo de vida incrementado por políticas y acciones del propio sector.

La solución, según informaron los sindicatos a través del medio, requiere la participación activa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de modificar las relaciones de puestos de trabajo y asegurar la consolidación de las mejoras retributivas. Los representantes sindicales ya han advertido que proseguirán con su calendario de protestas y mantendrán la presión social mientras continúe, a su juicio, esta desigualdad en materia salarial respecto del personal militar.

El colectivo civil de Defensa mantiene su agenda de movilizaciones desde el año anterior, y, mientras aguarda una respuesta oficial del Ejecutivo, insiste en que las acciones de presión continuarán hasta lograr una equiparación salarial acorde a sus demandas. Según lo publicado por el medio, las próximas negociaciones previstas serán decisivas para determinar si el Gobierno atenderá finalmente sus reivindicaciones.

La concentración está programada para las 12.00 horas y partirá de la Alameda compostelana. A lo largo del recorrido, los participantes expresarán su condena a lo que describen como “la agresión militar perpetuada por Estados Unidos contra Venezuela”. Tal como detalló Agabo, la manifestación recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Praza de Praterías, donde el cónsul general de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco Morillo, encabezará la lectura de un manifiesto en defensa de la paz y la soberanía de los pueblos. En el transcurso de la marcha, las organizaciones convocantes reiterarán su exigencia de un “alto a la agresión yanqui” y mostrarán su solidaridad con el pueblo venezolano.

La Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez subrayó que considera la intervención armada una “violación grave” del Derecho Internacional y del sistema multilateral, precisando que se trata de una “vulneración” de la Carta de las Naciones Unidas y de su principio de prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Según consignó el comunicado de Agabo, el ataque militar “carece de autorización” del Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, la asociación argumenta que es ilegal y sienta un precedente que “amenaza la seguridad global y regional”.

La Confederación Intersindical Galega (CIG), junto a otros sindicatos y asociaciones, ha confirmado su adhesión a la convocatoria. Según publicó el medio, el colectivo sindical y social gallego subraya que “Galicia es un país solidario e internacionalista, afirmamos con rotundidad: no a la guerra, no a la ingerencia, sí a la soberanía de los pueblos y a la paz. ¡Galicia con Venezuela!”. De este modo, los manifestantes buscan marcar su posición contraria a cualquier forma de injerencia o intervención militar en asuntos internos de otros Estados.

Entre los colectivos políticos que manifestaron su respaldo a la movilización destaca el Bloque Nacionalista Galego (BNG). De acuerdo con lo reportado por Agabo, Ana Miranda, coordinadora de Relacións Internacionais de esta formación política, confirmó su participación en el acto en Santiago. Distintas agrupaciones, como CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, Partido Comunista de Galicia (PCG), PCRG, Podemos Galicia y Unión do Povo Galego (UPG), se sumaron también tanto a la concentración anterior en Vigo como a la presente convocatoria en Compostela.

Agabo hizo un llamamiento a todos los colectivos políticos, sindicales, asociativos y sociales gallegos para que se sumen de forma masiva a la manifestación. Según publicó la organización en su nota de prensa, el objetivo pasa por “defender el derecho a la soberanía de los pueblos” y mostrar una “solidaridad firme” con los ciudadanos venezolanos, tras los acontecimientos recientes. El acto del sábado constituye la segunda de este tipo promovida por Agabo en menos de una semana, en respuesta a los hechos ocurridos el sábado pasado y al impacto global generado entre las comunidades internacionalistas gallegas.

Según detallaron los organizadores, durante la marcha se rechazará abiertamente el “secuestro” de los máximos representantes del ejecutivo venezolano y se destacará que, según su interpretación, esas acciones representan un atentado contra los valores y reglas jurídicas que rigen las relaciones internacionales. Así, Agabo subraya que la agresión no solo afecta a Venezuela, sino que representa “un precedente peligroso” para la estabilidad de toda la región y compromete el sistema de garantías establecido por la ONU.

En las movilizaciones previas, según recordaron desde Agabo y corroboró la cobertura de medios locales, diversos colectivos y partidos insistieron en sumar la “voz de todas las personas indignadas por el ataque brutal”. El contenido de los manifiestos leídos reiteró la demanda de “respeto a la soberanía nacional” y la condena de cualquier acción unilateral carente de respaldo internacional. Tanto Agabo como el resto de las entidades convocantes insisten en la necesidad de que Galicia mantenga una postura de solidaridad internacionalista y de defensa de la legalidad internacional.

La movilización de Santiago reunirá, una vez más, a representantes sindicales, políticos y de la sociedad civil gallega que, según sus convocantes, buscan canalizar la indignación causada por el ataque militar y abogar por soluciones pacíficas en el marco del respeto al Derecho Internacional. El acto contará con la intervención pública del cónsul venezolano, destinado a reiterar la posición de Venezuela frente a las recientes acciones armadas y a insistir en la importancia de la movilización internacional para exigir el cese de la violencia. Según reportó Agabo, la concentración de este sábado representa una continuidad en la respuesta de Galicia frente a la evolución de la situación en Venezuela.

“Expresamos nuestro rechazo total a la intervención militar desencadenada en las últimas horas en Venezuela y a cualquier forma de agresión armada externa contra un pueblo soberano”, señaló la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) en un comunicado difundido tras el ataque de Estados Unidos contra varios puntos en Venezuela. Así, agrupaciones defensoras de la soberanía venezolana y sindicatos han llevado a cabo un llamado para manifestarse en ciudades gallegas, de acuerdo con la información publicada por medios que reportaron la convocatoria de actos este sábado en Vigo y Lugo. La movilización en Vigo tiene como objetivo principal rechazar las acciones militares estadounidenses y denunciar cualquier justificación basada en intereses imperiales, mientras que la concentración de Lugo estará orientada a apoyar la “libertad” del país suramericano.

Según informó la fuente, la protesta en Vigo surgió con el impulso de la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) y cuenta con el respaldo de organizaciones como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Central Unitaria de Traballadores (CUT), Mar de Lumes, Movemento Arredista, el Partido Comunista de Galicia (PCG), el Partido Comunista Revolucionario de Galicia (PCRG), Podemos Galicia y la Unión do Povo Galego (UPG). La concentración está programada para las 20:00 frente al Consulado de la República de Venezuela en Vigo. El comunicado de Agabo sostiene que “ninguna narrativa imperialista justifica una intervención militar” y argumenta que “ningún interés geopolítico o económico puede estar por encima del derecho de los pueblos a decidir su futuro sin amenazas, sanciones ni imposiciones”.

Respecto a Lugo, la convocatoria fue difundida por la asociación VeneLugo a través de su perfil de Instagram. Dicho acto se realizará en la Praza Maior a las 18:30 y se define como una concentración “pacífica y organizada” para mostrar apoyo a la libertad y la autodeterminación venezolana. Distintos colectivos de la comunidad venezolana en Lugo también han impulsado la participación con mensajes de respaldo a la soberanía del país y en abierta expresión de rechazo a la intervención extranjera.

El impacto de los eventos recientes en Venezuela ha generado reacciones contrapuestas dentro de la comunidad venezolana residente en Galicia. Según reportó el medio, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, lanzó un mensaje en redes sociales, invitando a los venezolanos de la ciudad a reunirse en la Praza Maior a las 19:00 para “celebrar” el momento político que, en sus palabras, significa que “la democracia está a punto de volver a un gran país como es Venezuela”. Pérez Jácome detalló la instalación de una carroza musical en la plaza como punto de encuentro para la comunidad, hecho que sustituirá el planteamiento inicial de un acto itinerante. El alcalde calificó los acontecimientos como “un gran día para todos los venezolanos”, asegurando que “derrocar a un dictador siempre es una buena noticia”.

Distintas asociaciones y agrupaciones de venezolanos en Ourense también difundieron la convocatoria en redes sociales, incentivando a los ciudadanos a portar la bandera nacional y acudir masivamente al evento previsto, fomentando el encuentro y la unión de la comunidad mediante la expresión “darse un fuerte abrazo”.

El medio detalló que la jornada de movilización abarca desde expresiones de condena en Vigo y Lugo hasta escenarios de celebración en Ourense, reflejo de la diversidad de posturas ante la intervención estadounidense en Venezuela. Si bien algunos organizadores insisten en la defensa del derecho a la autodeterminación y en el rechazo a acciones armadas externas, otros sectores manifiestan su respaldo a los cambios políticos derivados del accionar militar, bajo el argumento de la recuperación democrática.

Las convocatorias y eventos anunciados en las ciudades gallegas responden a la preocupación de las comunidades migrantes y de la ciudadanía local respecto a los acontecimientos ocurridos en Venezuela, así como al impacto que estos sucesos generan en las familias residentes en Galicia. La variedad de organizaciones que participan en los llamados a la concentración, tanto de carácter político, sindical como asociativo, da cuenta de la transversalidad que adquiere el debate sobre la intervención y el destino de Venezuela entre los migrantes y simpatizantes gallegos.

En los mensajes compartidos por las organizaciones convocantes y por representantes políticos, resaltan los llamamientos a la participación, la reivindicación de la paz y el repudio a toda forma de violencia o intromisión militar extranjera en el país caribeño. Insisten en que el futuro de Venezuela debería quedar exclusivamente en manos de su población y rechazan las sanciones y presiones políticas internacionales. De acuerdo con el comunicado de Agabo citado por el medio, insisten en que “el derecho de los pueblos a decidir su futuro” constituye un principio irrenunciable para quienes se movilizan en rechazo a las acciones de Estados Unidos.

En este contexto, las iniciativas convocadas no solo buscan manifestar posturas políticas sobre la intervención en Venezuela, sino también convertirse en espacios de encuentro y expresión de las diferentes sensibilidades presentes en la comunidad venezolana radicada en Galicia.

Las organizaciones sindicales han considerado que la última propuesta relativa a la negociación del convenio colectivo en la industria conservera de pescado no representa avances significativos respecto a ofertas previas, excepto en lo que corresponde a una actualización salarial anual acorde al índice de precios al consumidor y un aumento provisional al inicio del acuerdo. Según informó CCOO a través de un comunicado, las centrales instan a la plantilla a iniciar un ciclo de paros laborales y movilizaciones en los meses de enero y febrero, reclamando condiciones salariales y laborales más equitativas y oponiéndose a la actitud de la patronal, a la que acusan de mantener posturas inmovilistas.

De acuerdo con información divulgada por CCOO, UGT FICA y la CIG, los paros convocados se celebrarán el 27 y el 28 de enero, así como el 24 y el 25 de febrero. El objetivo de estas huelgas es presionar para la firma de un convenio que los sindicatos califican como "justo y digno", en el marco de una negociación que, según detalló CCOO, se ha visto estancada tras la presentación por parte de la patronal de una oferta cuya estructura y contenido son "prácticamente los mismos" que los trasladados en rondas anteriores, salvo la inclusión de la referida subida de salarios ligada al IPC y una subida inicial.

Las organizaciones sindicales han planificado medidas adicionales con el fin de visibilizar el conflicto entre la plantilla y las empresas. Según reportó CCOO, la agenda contempla la organización de una manifestación el 24 de enero, con recorrido en Vilagarcía de Arousa, localidad donde se asienta una parte sustancial de las instalaciones de la industria. Además, los sindicatos consideran la convocatoria de otra movilización en Cantabria, en fechas próximas a los días de paro. El medio detalló que estas acciones buscan poner de relieve el desacuerdo existente respecto a las condiciones que impone el empresariado y sumar apoyos a la reivindicación de mejoras sustanciales en el convenio sectorial.

Según el comunicado de CCOO recogido por la prensa, las reivindicaciones centrales se centran en una demanda concreta: "salarios justos y dignos" que se traduzcan en incrementos tangibles en las nóminas del personal. En ese sentido, la organización sindical plantea como condición básica un crecimiento salarial anual del 5%, complementado con una cláusula de revisión alineada con el IPC, para que los sueldos no pierdan capacidad adquisitiva si se presenta una "inesperada" subida de la inflación.

Los sindicatos CCOO de Industria, UGT FICA y CIG han reiterado que la postura del empresariado no refleja una voluntad de resolver el conflicto, apreciando una falta de intención real de modificar los elementos clave del convenio colectivo. Según publicó CCOO, las centrales consideran la actual oferta insuficiente para garantizar mejoras laborales que respondan a las demandas de la plantilla, acentuadas por el reciente contexto inflacionario y el aumento del coste de la vida.

El sector conservero es uno de los principales motores económicos en comarcas como la de Arousa y Cantabria, con elevadas cifras de empleo y una relevancia estratégica tanto a nivel regional como nacional. Por ello, la rigidez mostrada en las conversaciones entre sindicatos y empresas genera preocupación entre los trabajadores, que interpretan la situación como un estancamiento que dificulta el avance hacia mejores condiciones y derechos en el ámbito laboral.

El medio CCOO subrayó la intención de mantener la defensa de lo que consideran reivindicaciones legítimas de la plantilla, advirtiendo de la posibilidad de prolongar las medidas de presión si la patronal no reconsidera su propuesta. La convocatoria de huelgas y manifestaciones contribuye a situar el debate en la agenda pública y refleja, según los sindicatos, un creciente descontento por parte del personal ante la negativa empresarial a abordar sus exigencias básicas.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) han anunciado que se levantan de la mesa de negociación del Estatuto Marco, como protesta por la agresión a una delegada de CCOO.

"Como muestra de protesta ante este gravísimo suceso, la CCOO, UGT, CSIF, FSES y CIG se levantan de la mesa de negociación de hoy, 6 de junio, como acto de denuncia frente a la agresión, la pasividad de la Administración y el bloqueo de los compromisos adquiridos. Esta decisión no supone una renuncia al diálogo, sino una llamada de atención urgente ante una situación límite que no puede prolongarse ni un día más", han señalado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Asimismo, han mostrado su "más firme condena" y "total rechazo" ante la agresión verbal y el hostigamiento físico perpetrados supuestamente por un grupo de Técnicos Superiores sanitarios en el Hospital Clínico de Valladolid, un hecho ocurrido el jueves y que provocó que la delegada sufriese una "intensa crisis de ansiedad" que requirió de "atención urgente" en el propio centro.

El suceso, relatado por "compañeros del propio hospital", suponen una vulneración "inadmisible" de los principios democráticos de respeto, convivencia y libertad sindical, y han recalcado que no se trata de un hecho "aislado", sino de una escalada de tensión "preocupante y sostenida", y que está "alentada por la inacción" de la Administración y su "reiterado incumplimiento" de los acuerdos alcanzados con los sindicatos.

"Esta situación se agrava por el estancamiento de la negociación del nuevo Estatuto Marco, que tras más de dos años sigue sin avanzar, mientras la Administración mantiene vías de negociación paralelas y excluyentes", han denunciado los sindicatos.

Tras ello, han exigido al Ministerio de Sanidad llevar las negociaciones "exclusivamente" en el ámbito correspondiente y con las organizaciones sindicales "legítimamente" representadas, de forma que se excluyan a aquellos actores "ajenos" al estatuto.

Del mismo modo, han reclamado el respeto "absoluto" a la labor sindical y a sus representantes; el cumplimiento "inmediato" de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales; y un entorno seguro y libre de violencia para el ejercicio de la representación de las y los trabajadores.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que declaró a Navantia responsable de vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a proporcionar información sobre las masas salariales autorizadas entre 2018 y 2021 a los sindicatos CC.OO., UGT-FICA y CIG.

La Sala de lo Social rechazó el recurso de casación de la empresa naval pública y mantuvo la condena a indemnizar con 7.501 euros a cada sindicato (22.503 euro en total) y a entregar los datos requeridos, tal y como estimaba una sentencia de la Audiencia Nacional.

La Justicia considera probado que la empresa naval no facilitó a los sindicatos información crucial sobre la masa salarial autorizada por el Ministerio de Hacienda para la negociación colectiva.

En este sentido, los sindicatos argumentaban que esta información era fundamental para poder negociar de buena fe las condiciones salariales y otros aspectos del convenio colectivo. La Audiencia Nacional y ahora el Supremo les dan la razón y ahora Navantia está obligada a poner a disposición de los sindicatos las masas salariales presentadas al Ministerio de Hacienda y las resoluciones que autorizan los incrementos salariales de los años 2018 a 2021.

El Tribunal Supremo desestima los argumentos de Navantia, que alegó, entre otras cosas, que sí había facilitado información de manera informal y que la información solicitada no era estrictamente necesaria para la negociación.

Sin embargo, esta nueva sentencia considera que la información solicitada era relevante para la negociación colectiva y que la forma en la que Navantia supuestamente facilitó cierta información (presentaciones en Power Point) no cumplía con la obligación de proporcionar la información oficial requerida.

La manifestación, que ha arrancado a las 12:00 horas en la Alameda de Santiago, ha estado amenizada por banderas, foliadas improvisadas y, sobre todo, panderetas, un elemento indiscutible de un día como hoy en el que se rinde homenaje a la poesía popular oral y a las cantareiras, que permitieron que el gallego, en forma de coplas, continuara siendo el vehículo y el transmisor de la identidad del pueblo gallego.

La comitiva ha variado su circuito habitual y se ha dirigido en esta ocasión por la avenida de Figueroa, para continuar por la avenida Rodrigo de Padrón, travesía de Fonseca y alcanzar la rúa do Franco hasta, finalmente, desembocar en la Plaza de Obradoiro.

Allí se han congregado más de 5.000 personas, que han enarbolado sus panderetas y banderas y han lanzado proclamas como "Galiza ten futuro en Galego" o "Na rúa e na escola, galego a toda hora".

En la manifestación han participado diversos colectivos que forman parte de Queremos Galego como A Mesa Pola Normalización Lingüística o partidos como el BNG, PSdeG o Sumar, además de sindicatos como la CIG o CCOO.

En declaraciones a los medios, la líder del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al Gobierno del PP que "respete el gran acuerdo sobre la lengua, el Plan de Normalización Lingüística" y "consensúe plazos y presupuesto" para ejecutarlo.

Además, ha exigido al presidente Alfonso Rueda que "deje de trabajar en contra del gallego y lo haga en favor de la mayoría que quiere hablar su lengua propia".

"Es necesario modificar el decreto de la vergüenza en la educación, que provocó que una generación educada bajo el mismo, sea la que menos gallego habla de la historia", ha expresado. EFE

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Madrid, 21 ene (EFECOM).- La patronal del sector de las conservas de pescado (Feicopesca) y los sindicatos han firmado esta semana las tablas salariales definitivas de 2024, que aplican un incremento anual del 2,80 % más los atrasos desde enero, según ha informado este martes UGT en su web.

La subida fue firmada en Vigo por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Sector de Conservas, Semiconservas y salazones de Pescados y Mariscos, formada por UGT FICA, CIG y la patronal Feicopesca.

Se trata de la aplicación de la revisión salarial contemplada en dicho convenio, y de la actualización de las tablas provisionales de 2024.

Junto con el incremento del 2,8 %, los atrasos equivalen al 1,3 %, que deberán ser percibidos por las plantillas en los próximos días.

Desde la aplicación del convenio colectivo (2021-2024), el incremento acumulado de los salarios se sitúa en el 18,1 % en cuatro años para los trabajadores de estas conserveras; para el grupo profesional "5º de Fabricación", el porcentaje llega al 19,3 %, de acuerdo con la misma fuente.

UGT ha mostrado su satisfacción por las mejoras introducidas en este convenio colectivo y los "muy notables incrementos salarios conseguidos con su aplicación".

Asimismo, ha detallado que una vez vencido el convenio del sector de conservas de pescados en diciembre de 2024, toca negociar el nuevo convenio en este 2025. EFECOM

FORO DAVOS

Davos (Suiza) -  El Foro Económico Mundial comienza este lunes su reunión anual en Davos, que sus organizadores creen que será "histórica" por el importante número de dignatarios y dirigentes de empresas que se reunirán allí para discutir sobre desafíos globales que van desde las tensiones geopolíticas a la inteligencia artificial y la economía digital.

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SALARIO MÍNIMO

Madrid - Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) lo han acercado al objetivo de que sea el 60 % del salario medio en España, pero continúan las brechas territoriales y de género.

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FITUR 2025
Madrid - La Inteligencia Artificial (IA) y la revolución que supone su aplicación en la mejora de la experiencia del viajero y en la gestión eficiente del negocio jugarán un papel protagonista en la 45 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid.

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SECTOR PORCINO

Madrid- Los productores españoles de cerdo blanco esperan que la nueva era de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que arranca mañana, sea más proteccionista que la anterior, lo que hará "más difícil" acceder a ese mercado.

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Agenda
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12:00h.- As Pontes (A Coruña).- MANIFESTACIÓN AS PONTES.- La CIG convoca una manifestación en As Pontes para exigir un plan industrial para la villa ante el cierre de la central térmica de Endesa. Plaza del Carmen.

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EFECOM

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Santiago de Compostela, 20 dic (EFECOM).- Representantes del sindicato gallego CIG han considerado "insuficiente" el acuerdo entre CCOO y UGT con el Ministerio de Trabajo para rebajar la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 y han recomendado reducirla a 35.

Así lo han indicado en una conferencia de prensa el secretario general de CIG, Paulo Carril, y el secretario de negociación colectiva de ese sindicto, Francisco González Sío.

Carril ha indicado que la propuesta es "escasa" y el compromiso anunciado supone solo un "avance parcial" porque 37,5 horas semanales es "poco significativo para ser real", por lo que ha considerado que para ser efectiva una reducción de la jornada laboral debería establecer en "35 o 32" horas semanales.

González Sío ha opinado que hay "cierta trampa" en dicho acuerdo, ya que contabiliza la "jornada media anual" y opinó que mucas empresas van a contabilizar en ello el "descanso de 15 minutos por cada jornada de seis horas".

El representante de CIG han opinado que la propuesta puede conllevar que "muchas empresas van a decir que ya cumplen" las condiciones y ha advertido de que puede comportar "un aumento de distribución irregular de la jornada laboral", hasta el punto de que incluso "será más difícil conciliar" la vida laboral con la profesional.

Además, ha señalado que la productividad en Galicia, donde hay muchas empresas de uno o pocos empleados, "no se puede medir en términos igualitarios" con otras de más personal de otros Estados europeos, y concluyó que la jornada laboral actual se asemeja más a la algunos países centrales u orientales del continente.

Carril ha reclamado, por otra parte, una subida salarial en Galicia y en el conjunto de España en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea, tratado ratificado por España en 2021, que preconiza que al menos un 60 % de los trabajadores cobren más del salario mínimo.

El líder de CIG ha indicado que, de acuerdo con datos relativos a ingresos de los trabajadores de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, el salario medio en España es de 28.333 euros anuales, relativamente por debajo de los 30.801 euros de media en el conjunto del Estado.

En ese ámbito, Carril ha reclamado un aumento salarial de un 5 % para equipararse a otros países europeos y ha considerado que el aumento del salario mínimo es clave para rebajar las disparidades.

Respecto a 2025, ha indicado que es necesario actualizar los convenios colectivos del sector metalúrgico y hostelero, dos sectores en los que la patronal se queja de falta de trabajadores, pero la CIG considera que obedece a una "falta de voluntad de pagar salarios dignos".EFECOM

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Vigo, 20 dic (EFECOM).- La Confederación Intersindical Galega (CIG) considera que el ERE que ha presentado la empresa de telecomunicaciones Circet tendrá una "afectación mínima" al haber propuesto finalmente la empresa que las salidas sean voluntarias tras concluir sin acuerdo el periodo de consultas.

El ERE de Circet, que se dedica a instalaciones de redes de fibra, afectaba inicialmente al 20 % de la plantilla en España, donde tiene 35 centros y 1.980 empleados (se preveían 377 despidos, 118 en Galicia).

Ante la falta de acuerdo en el periodo de consultas, la empresa de telecomunicaciones comunicó a las autoridades laborales su decisión de aplicar el expediente de regulación de empleo a aquellos trabajadores que lo realicen de manera voluntaria previa aceptación de su solicitud por parte de la compañía.

El sindicato gallego opina que la compañía intenta "salvar los muebles" al proponer únicamente salidas voluntarias y prevé que por eso la "afectación va a ser mínima".

En un comunicado, la CIG pronostica que "a partir de ahora el expediente va a decaer porque la empresa no presentó la documentación completa en el Ministerio de Trabajo, ya que no tiene ni las actas firmadas".

Señala, asimismo, que la aceptación o rechazo del ERE "no se llegó ni a votar, ya que la mayoría de la mesa se posicionó en contra de su aprobación".

La CIG espera que el Ministerio "lo anule por defectos de forma", aunque, en todo caso, sus servicios jurídicos estudian su impugnación.

La parte social da por finalizado el proceso para centrarse en asesorar a aquellas personas que opten por la salida voluntaria de la empresa.

Así, revela que en el caso de Galicia podrían ser entre 10 y 15 los trabajadores que se acojan a la salida voluntaria con una indemnización de 30 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. EFECOM

Madrid, 7 nov (EFE).- El Gobierno se reúne este jueves por la mañana con los sindicatos en el Consejo General de Muface para tratar de avanzar en una solución que garantice las condiciones del concierto sanitario para 2025 y 2026 de los funcionarios de Muface.

La reunión trimestral del Consejo General de Muface estará presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y estarán presentes los sindicatos CCOO, CIG, CSIF y UGT, además de la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y representantes de los Ministerios de Educación, de Inclusión y de Hacienda, así como de la Dirección General de la Policía.

Esta reunión se produce después de que el pasado martes quedara desierto el concurso para dar asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface, debido a que ninguna compañía, ni siquiera las tres que prestan el servicio en la actualidad (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV), se presentara.

Estas aseguradoras ya venían advirtiendo de la infradotación del concierto y de que el aumento de 303 millones de euros para el nuevo era insuficiente y les haría incurrir en pérdidas al proporcionar cobertura a un colectivo que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares (funcionarios) y beneficiarios (familiares).

Los sindicatos están preocupados por la continuidad y la calidad de la cobertura sanitaria que reciben los funcionarios de Muface y CSIF, en concreto, ha convocado movilizaciones el lunes 11 de noviembre en defensa del mutualismo administrativo.

El Gobierno esta trabajando ya en un nuevo pliego de condiciones del concierto sanitario para 2025 y 2026 de los funcionarios de Muface para poder llevarlo al Consejo de Ministros cuanto antes. EFE

Madrid, 6 nov (EFECOM).- El Gobierno analiza las nuevas condiciones del concierto sanitario para 2025 y 2026 de los funcionarios de Muface, que tendrán que ser aprobadas en Consejo de Ministros antes de lanzar una segunda licitación, después de que la primera haya quedado desierta.

La nueva licitación tendrá "condiciones distintas", afirman fuentes del Ministerio de Función Pública, que evitan hablar de mejora económica, aunque las aseguradoras que prestan servicio a Muface vienen denunciando desde hace meses que el presupuesto del concierto está infradotado.

El Ministerio ya trabaja en el nuevo pliego de condiciones para poder llevarlo al Consejo de Ministros cuanto antes.

Este martes terminaba el plazo para que las aseguradoras se presentasen al concurso para dar asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface, un colectivo que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares (funcionarios) y beneficiarios (familiares).

Ninguna compañía se ha presentado, ni siquiera las tres que prestan el servicio en la actualidad (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV), que ya venían advirtiendo de que el aumento de 303 millones de euros para el nuevo concierto era insuficiente y les haría incurrir en pérdidas.

De momento, la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales y con posterioridad a la fecha de finalización del concierto (31 de diciembre) se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias "con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público", asegura Muface.

La norma dice que si al vencimiento de un contrato aún no se ha formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio "se podrá prorrogar el contrato originario (...) por un periodo máximo de nueve meses", al existir "razones de interés público para no interrumpir la prestación".

Mañana tendrá lugar la reunión trimestral del Consejo General de Muface, que presidirá la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y en la que estarán presentes los sindicatos CCOO, CIG, CSIF y UGT, además de la directora general de Muface, Myriam Pallarés.

Esta reunión de carácter ordinario tocaba en octubre, pero se retrasó hasta que hubiera cumplido el plazo de la licitación del concierto sanitario, para poder analizar la situación.

El Consejo General de Muface incluye asimismo a representantes de los Ministerios de Educación, de Inclusión y de Hacienda, así como de la Dirección General de la Policía.

Los sindicatos están preocupados por la continuidad y la calidad de la cobertura sanitaria que reciben los funcionarios de Muface, en tanto que CSIF ha convocado movilizaciones el lunes 11 de noviembre en defensa del mutualismo administrativo. EFECOM

Santiago de Compostela, 7 oct (EFE).- Representantes de las asociaciones Plataforma Ulloa Viva y Plataforma en Defensa da Ría de Arousa han denunciado este lunes la estrategia de la Xunta, a la que acusan de usar "subterfugios legales", ante 23.000 alegaciones contra el proyecto de la multinacional portuguesa Altri de instalar una fábrica de celulosa en el municipio lucense de Palas de Reis.

En una rueda de prensa, un portavoz de la Plataforma en Defensa de la ría de Arousa, Xaquín Rubido 'Xocas', ha reprochado que la Xunta pretenda "utilizar subterfugios legales para eliminar la participación" ciudadana.

Ha añadido que la Consellería de Industria, encargada de gestionar la solicitud del proyecto de Altri, que ha suscitado contestación social, está recurriendo a una "estrategia" para "desprestigiar" a quienes se oponen a la iniciativa.

En ese sentido, ha lamentado que representantes de la Xunta acusen a las asociaciones contrarias al proyecto de ser "satélites del BNG", cuando están integradas por personas de diversos partidos, incluido el PPdeG, y ha opinado que la actitud de los mandatarios del Gobierno gallego es de ser "satélites de Altri".

Los representantes de las asociaciones han hecho un llamamiento a la población gallega a secundar su campaña bajo el lema 'La Xunta no puede acallar a todo un país. Altri no', en contra de esa iniciativa industrial, que aspira a culminar el 15 de diciembre con una amplia manifestación.

El líder del sindicato CIG, Paulo Carril, que también ha participado en la conferencia de prensa, ha reprochado al PPdeG, que gobierna en la Xunta, que quiera "desenfocar" la "lucha de todo un pueblo".

Por una parte, el PPdeG está "acusando a todo el mundo de estar politizado" y por otra pretende que "nadie esté afectado" por la iniciativa de Altri haciendo incluso "caricatura de quien está reclamando", ha dicho Carril, que lo ha calificado de "indigno".

Ha reprochado que la Xunta "no tuvo en cuenta la solicitud de ampliar el periodo de alegaciones, tanto del proceso de captación de aguas como del proceso de declaración de impacto ambiental", y ha advertido de que con esa postura puede estar "cercenando los derechos de participación democrática" ante un proyecto de "envergadura".

El proyecto de Altri de construir una factoría para producir celulosa en Galicia, que tramita la Xunta y cuyos promotores aspiran a recibir fondos europeos, ha suscitado amplia contestación social tanto en la zona predominantemente agrícola donde pretende asentarse como entre los pescadores y mariscadores de las comarcas en las que desemboca el río Ulla. EFE

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