A 41 años de la promulgación de la Constitución de 1985 en Guatemala, dos analistas coincidieron en que el texto sigue siendo una base democrática sólida, aunque arrastra desequilibrios en la distribución del poder y reformas pendientes, sobre todo en justicia, un debate que vuelve a instalarse ante el ciclo preelectoral y las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente.

La discusión no se limita a su origen histórico. Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, sostuvo que la Constitución ha resistido pruebas políticas de alto impacto, entre ellas el intento de autogolpe de 1993, el caso Rosenberg, las elecciones de 2023 y el marco que permitió la suscripción de los acuerdos de paz.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Economías Nacionales, afirmó que la Constitución de 1985 no surgió como un texto enteramente nuevo, sino como una continuidad de la tradición constitucional guatemalteca. En la entrevista, describió ese proceso como una “posconstitución”, porque integra normas heredadas de cartas anteriores y también negociaciones entre actores que buscaron preservar intereses y espacios de poder.

Según Quezada, uno de los cambios más visibles del texto de 1985 fue la incorporación más amplia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de pactos internacionales en la materia. También ubicó entre sus novedades institucionales la creación de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.

La Constitución incorporó derechos humanos y redistribuyó el poder del presidente

Quezada explicó que la Constitución asumió una transcripción más extensa de normas de derechos humanos que ya habían aparecido en constituciones previas. Añadió que el diseño guatemalteco estableció además un criterio dinámico: los tratados internacionales de derechos humanos a los que se adhiera Guatemala pasan a integrar el bloque constitucional.

Sobre la aparente tensión entre el derecho a la vida y la pena de muerte, Quezada dijo que ambas disposiciones derivan de tratados internacionales y no de una formulación original de los constituyentes. Señaló que la tendencia en derechos humanos es abolicionista respecto de la pena capital, aunque los tratados la reconocen bajo límites, entre ellos la existencia de indulto y la prohibición de extenderla a otros delitos.

El analista también sostuvo que la Constitución fue redactada como reacción a la alta concentración de poder que, a su juicio, existía en el presidente en la Constitución de 1965 y en etapas previas. Ese objetivo llevó a redistribuir atribuciones hacia otras instituciones, en especial el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

Para Quezada, ese rediseño produjo un efecto no previsto. Dijo que el Congreso de la República terminó acumulando demasiadas facultades porque los constituyentes consideraron que un órgano plural tendría menos posibilidades de abuso, y añadió que la Corte de Constitucionalidad adquirió un peso aún mayor sin que ese resultado hubiera sido plenamente anticipado al momento de redactar sus competencias.

Los expertos descartan una constituyente y plantean ajustes puntuales en justicia

La respuesta directa al debate sobre si Guatemala necesita una nueva Constitución fue negativa en ambos casos. Quezada afirmó que no convocaría una reforma constitucional general ni una Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que la Constitución actual “no se ha terminado de aplicar y no se ha terminado de entender”, y advirtió que una constituyente quedaría en manos de corrientes políticas capaces de movilizar votos, sin garantía de producir un mejor texto.

Hurtado coincidió en que la vía de una Asamblea Nacional Constituyente es la menos aconsejable. Según el analista de Asies, la debilidad del sistema de partidos hace difícil esperar un órgano constituyente con compromiso común, por lo que una elección de ese tipo “puede resultar cualquier cosa”.

Ambos sí señalaron ámbitos concretos de corrección. Quezada ubicó uno de los principales problemas en el poder del Congreso, especialmente en materia presupuestaria, y dijo que esa institución ha actuado como si no tuviera límites al aprobar el presupuesto. También mencionó abusos vinculados con los situados constitucionales y puso como ejemplos al deporte y a la Universidad de San Carlos, que, según su evaluación, recibieron fondos multimillonarios sin resultados proporcionales o terminaron en deterioro institucional.

Como antecedente de reformas parciales, Quezada recordó los cambios de 1993, cuando se modificó el tratamiento del antejuicio de los diputados. Explicó que antes el propio Congreso conocía esos casos y que, si un legislador cometía un delito, los demás diputados impedían el avance del proceso; tras la reforma, esa facultad pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Hurtado, por su parte, puso el foco en el sistema de justicia. Sostuvo que desde hace un par de décadas se discute la necesidad de una actualización constitucional en esa materia y que las crisis permanentes dificultan una reflexión serena, pese a que ese ámbito es el llamado a controlar que gobernantes y gobernados actúen conforme a la Constitución.

El analista de Asies dijo que el país no debe esperar un momento ideal para discutir cambios. Propuso una reforma “quirúrgica” y puntual en justicia, complementada por una revisión del sistema de partidos políticos y de la ley electoral, de modo que los partidos recuperen legitimidad, vínculos con la ciudadanía y mecanismos de democracia interna.

Hurtado añadió que desde sectores de sociedad civil, academia y sector privado ya existe un consenso más visible sobre algunos ajustes constitucionales en justicia. Planteó que el año electoral 2027 podría convertirse en una oportunidad para exigir a los candidatos compromisos explícitos con esas reformas y convertirlas en un criterio de voto.

En Guatemala, la incidencia de homicidios durante el primer trimestre de 2026 muestra un descenso notable respecto a periodos anteriores, aunque persisten focos críticos en determinadas zonas del país. De acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y presentado en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, marzo de 2026 registró una caída interanual de los delitos denunciados, impulsada principalmente por una disminución en los crímenes contra la propiedad y una leve baja en la tasa de homicidios, mientras crece la preocupación por la distribución geográfica y el perfil de las víctimas.

El CIEN, brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, informó que el acumulado de homicidios entre enero y marzo de 2026 fue de 615 casos, cifra que convierte a este periodo en el segundo más bajo desde 2019, únicamente superado por 2024, cuando se documentaron 589 homicidios. Así, el IDD permite rastrear la evolución de nueve delitos clave, diferenciando entre crímenes contra la propiedad (como robo de vehículos, motocicletas, furgones y viviendas, y extorsión) y aquellos contra la persona (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros), según el investigador del CIEN David Casasola, citado por el medio CIEN.

Disminución leve de la tasa interanual y énfasis territorial en los homicidios

La tasa de homicidios en Guatemala alcanzó 16.3 muertes por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026. El IDD destaca que, aunque ese mes marcó el mayor número de homicidios en lo que va del año —237 víctimas—, la cifra representa 38 casos menos que marzo de 2025, en el que ocurrieron 275 homicidios. Al comparar la evolución trimestral, en enero de 2026 se contabilizaron 204 homicidios (frente a 252 el año anterior) y en febrero 172 (en 2025 fueron 252), lo que consolidó una reducción de 166 muertes violentas en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025.

El comportamiento descendente en los homicidios mantiene a 2026 en el rango más bajo de la serie histórica reciente, solo superado por el desempeño de 2024 (cuando los registros mensuales fueron 227 en enero, 156 en febrero y 205 en marzo), de acuerdo con el informe del CIEN.

Según Casasola, “En marzo de 2026, fue el mes con mayor cantidad de homicidios del año, con 237, pero registró 38 menos que en el mismo mes del año anterior. Eso permitió que la tasa interanual de homicidios continuara levemente a la baja y se sitúe en 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Concentración de la violencia y perfil de las víctimas

El descenso nacional contrasta con la concentración territorial de la violencia homicida. Nueve de cada diez homicidios se producen en tan solo diez de los 22 departamentos del país, y el 44% de las muertes violentas se localizan en el departamento de Guatemala. El municipio de Guatemala capital reúne, por sí solo, el 17% del total nacional, y el 45% de los homicidios tienen lugar en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Escuintla, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula, Chimaltenango, Chinautla y San Miguel Petapa, según detalló Casasola al medio CIEN.

En el municipio de Guatemala capital, los homicidios aumentaron entre febrero y marzo de 2026, pasando de 28 a 33. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 concentraron el 63% de los asesinatos reportados a nivel local.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe advierte un aumento preocupante en los homicidios de mujeres, que pasaron de 19 en febrero a 33 en marzo, equivalentes al 14% de todas las víctimas homicidas del último mes analizado. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, lo que revela el impacto de la violencia sobre la población joven.

Crímenes contra la propiedad y extorsiones mantienen presión en áreas clave

Durante marzo de 2026, la disminución en la criminalidad denunciada estuvo marcada por un descenso de 2.72% en los delitos contra la propiedad. En el caso de las extorsiones, el 44% de las denuncias se concentraron en diez municipios y el 22% únicamente en la ciudad de Guatemala, según datos proporcionados por Casasola al medio CIEN.

El IDD sigue revelando así el comportamiento dispar de la inseguridad en el país: mientras la tendencia global de homicidios apunta a la baja, persisten zonas calientes y sectores específicos especialmente afectados, lo que requiere el seguimiento puntual de las políticas preventivas y de la dinámica criminal en los próximos meses.

El número de femicidios en Guatemala subió 14.4 % en 2025 respecto al año anterior, alcanzando 206 víctimas y consolidando la tendencia al alza tras la pandemia. Mientras los homicidios totales descendieron a 204 casos en enero 2026—48 menos que el mismo mes del año previo—el fenómeno específico de la violencia letal contra mujeres mantiene una evolución preocupante, superando el promedio regional latinoamericano e incrementando las exigencias a las instituciones del sistema de justicia, según la presentación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, en conjunto con FUNDESA y Crime Stoppers.

En 2024, la tasa de femicidios en Guatemala se ubicó en 1.9 por cada 100.000 mujeres, por encima del promedio regional de 1.3 —una diferencia que evidencia la magnitud del desafío local frente a los 16 países latinoamericanos con estadísticas comparables. El departamento de Chiquimula encabezó la lista departamental en 2025 con una tasa de 12.50, seguido por Escuintla con 8.49, ubicando a las regiones sur y sur-oriente como los territorios de mayor riesgo para las mujeres.

La investigadora de CIEN, Corinne Dedik, detalló: “respecto al año anterior, en 2025, los femicidios aumentaron 14.4% y las muertes violentas de mujeres aumentaron 6%”. El año pasado, cerca de una de cada tres muertes violentas de mujeres correspondió a un femicidio.

La legislación guatemalteca y el desempeño del sistema de justicia especializada

Desde la tipificación en 2008 hasta el cierre de 2025, 3.248 mujeres murieron víctimas de femicidio y 848 hombres fueron condenados por este delito. De acuerdo con CIEN, “entre 2021 y 2025, en promedio, 82% de las personas procesadas por femicidio resultó condenada y el 18% fue absuelta”. En 2025, las condenas llegaron al 84%, superando la media de los últimos cinco años.

El mismo reporte indica que, aunque el “archivo” sigue siendo la salida más frecuente en los casos de femicidio, las sentencias judiciales representan casi el 37% del total, y las resoluciones en estos procesos aumentaron 21% frente a 2024.

Guatemala integró el delito de femicidio a su Código Penal en 2008, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en hacerlo mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Esta norma, conforme a acuerdos internacionales, define el delito como la muerte de una mujer causada por un hombre motivado por una relación de desigualdad de poder y la condición de género de la víctima. Además, la legislación guatemalteca estipula la creación de órganos jurisdiccionales y fiscalías especializadas, sumando actualmente 49 tribunales distribuidos en los 22 departamentos y fiscalías completas en la capital y siete regiones más.

Reducción de homicidios brinda contraste, pero persiste la violencia de género letal

En materia de seguridad ciudadana, David Casasola, investigador de CIEN, informó que en enero 2026 se registraron 204 homicidios en todo el país, 48 menos que en enero 2025. Este descenso situó la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes en 17 para finales de enero 2026, respecto a la anterior de 17.3. Casasola precisó que “la cantidad de homicidios de víctimas mujeres (un 11.3% del total) bajó casi a la mitad, de 40 en diciembre 2025 a 23 para enero 2026 y que el 62.3% de las víctimas tenían entre 18 y 35 años”.

A pesar de la disminución en el número total de homicidios, las muertes violentas de mujeres se incrementan desde la pandemia, revirtiendo la tendencia a la baja sostenida desde 2013. Para 2025, el crecimiento fue de 6 % en muertes violentas de mujeres y 14.4 % en femicidios respecto a 2024.

El reporte recomienda profundizar en el estudio de los delitos basados en género para fortalecer la prevención y la respuesta institucional, intensificar medidas preventivas ante denuncias reiteradas o factores de riesgo detectados y fortalecer la profesionalización y calidad del servicio a víctimas y sus familias. También solicita asegurar una distribución equitativa de recursos entre todas las instituciones que intervienen en la persecución penal del femicidio.