Economistas de cuatro centros de pensamiento de Guatemala advirtieron que el proyecto de presupuesto para 2027, de 192,000 millones de quetzales, elevaría el gasto estatal a 17,1% del PIB, el mayor nivel de la historia del país y superior al registrado durante la pandemia de covid-19.

Los analistas cuestionaron que una parte sustancial del endeudamiento propuesto financie gastos de funcionamiento, una práctica prohibida por la legislación ordinaria.

La dimensión del gasto contrasta con el presupuesto de 2020, cuando Guatemala destinó el equivalente al 15.9% del producto interno bruto para atender los efectos de la emergencia sanitaria.

El debate se produjo el 1 de octubre durante el conversatorio “El presupuesto del Estado para 2027 y desafíos en el año electoral”, organizado por la Red de Centros de Pensamiento.

El Ejecutivo pidió al Congreso de la República autorización para emitir y colocar 43,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro. Más de la mitad de ese monto se usaría para gastos de funcionamiento, mientras solo una quinta parte financiaría inversión, según planteó Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Barrientos sostuvo que cerca de una cuarta parte de los bonos solicitados se destinaría a pagar el servicio de la deuda mediante nueva deuda. Para describir ese mecanismo, afirmó: “Estamos yendo al cajero automático a hacer un retiro con la tarjeta de crédito para luego ir al banco a pagar el pago mínimo de la tarjeta de crédito con el retiro”.

Bonos para funcionamiento y presión sobre el déficit

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe utilizar deuda pública para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que la propuesta incorpora una excepción para los bonos aprobados en 2027.

Antes de 2020, el máximo histórico de financiamiento de gastos de funcionamiento con bonos del Tesoro había sido de 4,5%. El proyecto llevaría esa proporción a 17,8%, una cifra cercana al 17,3% aplicado durante la pandemia.

Paul Boteo, economista de la Fundación Libertad y Desarrollo, afirmó que la magnitud del presupuesto no tiene justificación técnica. Las asignaciones para secretarías y otras dependencias del Ejecutivo crecerían 32,5%, principalmente por gasto corriente, e incluirían 2.000 nuevos puestos sin una función definida.

El Ministerio de Desarrollo Social, agregó Boteo, triplicaría sus recursos en cuatro años: pasaría de 1,746 millones de quetzales en 2023 a 5,500 millones en 2027. El economista alertó que el déficit fiscal promedio fue de 2.1% del PIB entre 2005 y 2023, pero la proyección para 2026 llega a 3.76% y la de 2027 alcanza 4.43%.

“Nos estamos endeudando a esos niveles con un Estado que es incapaz de hacer proyectos que nos permitan tener mayor productividad en el futuro y con unos niveles de corrupción altísimos”, dijo Boteo.

Erick Coyoy, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señaló que la carga tributaria recaudada por la Superintendencia de Administración Tributaria se mantiene desde hace años cerca de 12% del PIB. Esa recaudación permanece estancada mientras las obligaciones de gasto aumentan de manera sostenida.

Fondos para desarrollo en un año de elecciones

Los Consejos Departamentales de Desarrollo podrían concentrar entre 17,000 y 20,000 millones de quetzales en 2027, cuando Guatemala celebrará elecciones generales.

Barrientos consideró que ese esquema es la principal preocupación del panel por el volumen de recursos y el riesgo de que sean utilizados con fines electorales o capturados por estructuras de crimen organizado.

El presupuesto vigente para esos consejos en 2026 es de 15.425 millones de quetzales, aunque al 28 de septiembre apenas se había ejecutado 25%. Para 2027, el Ejecutivo solicitó 6.120 millones, pero los fondos no utilizados durante el ejercicio anterior, estimados en unos 7,000 millones, deberán trasladarse al siguiente año por los decretos 27-2024 y 7-2025.

A esa transferencia se añadiría un aporte extraordinario de entre 5,000 y 7,000 millones de quetzales, de acuerdo con información no oficial recogida en el Congreso. Barrientos afirmó que, en los hechos, los recursos son controlados por alcaldes, diputaciones distritales y financistas de campaña.

Lavarreda también cuestionó una partida de 2,600 millones de quetzales para cubrir pérdidas operacionales del Banco de Guatemala. La entidad reportó un excedente neto de 4,248,7 millones de quetzales en su último estado de operaciones de 2025.

Coyoy advirtió que Guatemala registra el porcentaje más bajo de América Latina de estudiantes con logro satisfactorio en lectura y matemática al terminar sexto grado de primaria y tercero básico. Entre 2009 y 2022, solo la lectura en primaria mostró una mejora sostenida; los demás indicadores permanecieron estancados.

La meta oficial para reducir la desnutrición crónica infantil prevé una baja de 0.4 puntos porcentuales anuales durante los próximos 15 años. Lavarreda comparó ese ritmo con el promedio de 1,5 puntos porcentuales anuales registrado entre 2002 y 2014.

Los especialistas pidieron a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso recuperar el análisis técnico del presupuesto, identificar la fuente de financiamiento de cada obligación aprobada y respetar las tres lecturas legislativas antes de una eventual aprobación. También propusieron exigir dictámenes favorables que certifiquen la viabilidad y el beneficio social de los proyectos de inversión.

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina es el único caso público conocido de revocación del beneficio previsto por la ley de aceptación de cargos, tras incumplir el pago de la reparación digna a las víctimas. La condena reducida quedó por debajo de cinco años, por lo que pudo conmutarla mediante un pago al Estado, una alternativa que resultó más conveniente que cumplir con la compensación ordenada.

La expansión del mecanismo coincidió con una reducción del 44% de la población en prisión preventiva entre 2020 y 2026: pasó de representar el 47% de las personas privadas de libertad a cerca de un tercio. Sin embargo, no existe certeza sobre cuánto de ese descenso responde a este procedimiento y cuánto a otros factores, incluida la baja registrada desde la pandemia en 2021.

La evaluación presentada por la economista Corinne Dedik para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) identifica dos vacíos centrales: no hay un sistema de apelación para discutir la reparación digna y tampoco existen registros que permitan establecer cuántas personas incumplieron esa obligación en otros procesos.

De 500 a casi 3,500 sentencias en tres años

La ley de aceptación de cargos fue aprobada mediante el decreto 10-2019 del Congreso de la República y modificó el Código Procesal Penal. Las acciones de inconstitucionalidad suspendieron la vigencia de la norma hasta junio de 2022, cuando la Corte de Constitucionalidad las declaró sin lugar. Desde entonces, las sentencias bajo este mecanismo pasaron de 500 en 2022 a casi 3,500 en 2025.

Una de cada tres condenas obtenidas actualmente por el Ministerio Público se resuelve mediante aceptación de cargos. El procedimiento se convirtió en el segundo más utilizado del sistema penal, por encima del proceso abreviado y solo detrás del procedimiento común, que se mantiene en unas 7,000 sentencias anuales.

La norma buscó reducir la duración de causas que, aunque legalmente deberían resolverse en 140 días, superan en promedio los 900 días. Esa demora equivale a más de dos años y medio, de acuerdo con un análisis de la CICIG citado durante la presentación.

El sistema permite una rebaja de 50% de la pena si la persona acepta los cargos durante la investigación, de 30% si lo hace en la etapa intermedia y de 20% una vez iniciado el debate oral, antes de que se reciban las pruebas. La decisión corresponde únicamente al sindicado y se formaliza ante un juez, sin una negociación con el Ministerio Público.

Ese diseño diferencia a Guatemala de otros países de la región y de Estados Unidos, donde el ente acusador interviene en los acuerdos. La ley excluye delitos como genocidio, homicidio, asesinato, violación, secuestro, robo agravado, extorsión y narcoactividad, además de los reincidentes por el mismo delito.

La violencia contra la mujer concentra 41% de las sentencias emitidas mediante este mecanismo. Le siguen la portación ilegal de armas, con 1.200 casos, y el lavado de dinero, con casi 400, mientras que más de 600 expedientes no consignaban el delito en las estadísticas disponibles.

Jutiapa, el departamento con mayor uso por habitante

El departamento de Guatemala acumula más de 4.000 sentencias por aceptación de cargos, el mayor volumen absoluto del país. Pero al medir la cantidad de casos por habitante, Jutiapa encabeza la aplicación de la norma con una tasa ocho veces superior a la de los departamentos de la región occidental, donde el mecanismo tiene un uso marginal.

Zacapa y Retalhuleu también registran una utilización frecuente. La concentración territorial se repite en las conmutas de pena, habilitadas cuando la condena reducida es inferior a cinco años.

En esos casos, el juez puede fijar un pago diario de entre cinco y cien quetzales para sustituir la prisión. La mitad de las conmutas se concentra en el departamento de Guatemala, mientras que la capital y la región oriental muestran las tasas más altas al ajustar los registros por población.

La reparación digna es una condición para acceder a la reducción de condena, pero los criterios para calcularla no son uniformes. El margen de decisión judicial es amplio y el mecanismo no contempla alternativas no monetarias para quienes no tienen capacidad económica.

En el caso de víctimas individuales, el Instituto de la Víctima calculó, a partir de casi 600 expedientes, una mediana de daño de 36.000 quetzales. La cifra sube a 40.000 quetzales en delitos contra el patrimonio y baja a 21.000 quetzales en hechos de violencia contra la mujer, aunque esos montos cuantifican el daño y no necesariamente lo que la víctima recibe.

Cuando el Estado es el agraviado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) representa sus intereses en causas patrimoniales, tributarias y de lavado de dinero. Los recursos recuperados variaron desde 28 millones de quetzales en 2021 hasta 73 millones de quetzales en 2023, antes de caer a 8 millones en 2024 y 1,6 millones en 2025.

Las recomendaciones incluyen un sistema estadístico interinstitucional para unificar los registros, un análisis específico de la concentración de casos de violencia contra la mujer, el fortalecimiento de la PGN y del Instituto de la Víctima, y un mayor control judicial sobre las recalificaciones de delitos.

Guatemala acumuló 125 bloqueos de carreteras entre enero y agosto de 2026, y 64 de esos cierres se concentraron solo en agosto, un salto que alteró la tendencia de baja del año y volvió a poner en el centro del debate el impacto de las protestas sobre el derecho de locomoción y la actividad económica.

El registro, elaborado por el CIEN con base en cifras del Ministerio de Gobernación, muestra además que el país venía de una secuencia mensual mucho más contenida: enero cerró sin bloqueos, febrero tuvo dos y marzo subió a 15. Entre abril y junio, el promedio se mantuvo entre seis y ocho casos, antes del quiebre de julio, con 22, y de la aceleración de agosto.

La principal consecuencia inmediata es económica. La Cámara de Industria de Guatemala calculó que cada jornada de bloqueos compromete alrededor de Q1.134 millones en mercancías que pasan por aduanas, equivalentes a USD 148,63 millones, entre importaciones y exportaciones.

La misma entidad estimó que la recaudación aduanera puede caer cerca de Q100 millones, unos USD 13 millones, por cada día de paralización. También advirtió efectos sobre el abastecimiento, la productividad, la movilidad de trabajadores y la operación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Agosto concentró más de la mitad de los cierres reportados en 2026

El dato central es que agosto reunió más de la mitad de todos los bloqueos contabilizados en los primeros ocho meses del año. Según el centro de estudios, ese comportamiento rompió la evolución descendente que había predominado desde comienzos de 2026 y desplazó el foco de conflictividad hacia el cierre del tercer trimestre.

La comparación con 2025 también muestra un cambio de patrón. El año pasado, marzo había sido el mes con más cierres del bienio, con 115, seguido de julio, con 78; en 2026, en cambio, los meses intermedios se mantuvieron relativamente estables y fue agosto el que concentró la mayor tensión vial.

El CIEN sostiene que el derecho a manifestarse no equivale a la facultad de bloquear rutas. En esa lectura, la interrupción de carreteras traslada costos al conjunto de la población al restringir la libre circulación de personas y mercancías durante ocho meses consecutivos.

La serie desde 2021 muestra una baja, pero agosto abrió la posibilidad de un repunte

La secuencia anual exhibe una trayectoria irregular. Los bloqueos pasaron de 680 casos en 2021 a 893 en 2022 y alcanzaron su máximo en 2023, con 1.241 registros, en un año atravesado por movilizaciones sociales de alcance nacional.

Después de ese pico, la cifra cayó con fuerza: 232 bloqueos en 2024 y 326 en 2025. El acumulado de 2026 sigue muy por debajo de los niveles observados entre 2021 y 2023, aunque el aumento del último mes disponible abre la posibilidad de que el año cierre con más presión que la prevista hasta julio si esa dinámica se mantiene.

El repunte coincidió con protestas por el precio de los combustibles que, a inicios de septiembre, completaban una segunda semana consecutiva de cierres en rutas estratégicas. En ese contexto, el sector privado endureció sus reclamos y pidió a las autoridades garantizar la liberación de las vías.

La Cámara de Comercio de Guatemala exigió una respuesta inmediata e instó a identificar a los responsables de los cierres para promover acciones penales contra quienes los organicen o ejecuten. La Asociación Guatemalteca de Exportadores rechazó además las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora y advirtió que una medida así afectaría la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo.

Entre los puntos de cierre reportados figuran el kilómetro 168 en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al suroccidente, y el kilómetro 126 en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, sobre la ruta al Atlántico. En la capital también hubo interrupciones en la Octava Avenida entre Novena y Décima calles de la zona 1, en la Séptima Avenida con Sexta Calle de la misma zona y en ambos sentidos del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.

El Ministerio de Energía y Minas estima que los Q2.500 millones aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior alcanzarían para cubrir al menos tres meses, aunque ese plazo dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo. Al mismo tiempo, sectores de transportistas buscan una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para pedirle que vete el decreto sobre precios máximos de los combustibles aprobado por el Congreso.

Guatemala registró 1,751 homicidios entre enero y julio de 2026, 121 (6%) menos que en el mismo período de 2025, aunque el repunte de junio y julio encendió una alerta sobre la evolución reciente de la violencia y llevó la tasa a 16.46 muertes por cada 100 mil habitantes.

El dato fue presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers, durante la exposición del Índice de Denuncias de Delitos y de la “Radiografía de la Narcoactividad”.

El índice general de denuncias bajó 1.04%, impulsado por una reducción de 2.06% en el subíndice de delitos contra la propiedad. Ese indicador reúne reportes de nueve delitos: homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones con mercadería y a viviendas.

David Casasola, investigador del CIEN encargado del índice, advirtió que la mejora agregada convive con una señal adversa en los asesinatos.

“Sin embargo, preocupa que el delito de homicidios muestra un comportamiento hacia el alza, puesto que julio de 2026 registró 40 homicidios más que el mismo mes del año anterior, rompiendo con la tendencia a la baja observada durante los primeros meses del año, que ya se había revertido en junio que fue el primer mes de 2026 donde se registraron más homicidios que el mismo mes de 2025”, manifestó.

Junio y julio rompieron la baja que había marcado el inicio del año

La reducción acumulada de homicidios se sostiene porque los primeros cinco meses de 2026 habían quedado por debajo de los registros de 2025. En enero hubo 204 casos frente a 252; en febrero, 174 contra 252; en marzo, 238 frente a 275; en abril, 259 contra 261; y en mayo, 298 frente a 305.

La tendencia cambió en junio, con 266 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año anterior. En julio se contabilizaron 312, frente a 272 de 2025, un aumento de 40 casos.

La baja interanual de los primeros siete meses equivale a cerca del 6%. En 2025 Guatemala cerró con 3,139 asesinatos, por encima de los 2,869 de 2024, de acuerdo con la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Casasola resumió el contraste entre el acumulado y el comportamiento más reciente con una advertencia sobre la estrechez de la diferencia frente al año pasado.

“Todavía se registran menos homicidios en los primeros siete meses, comparado con los primeros siete meses de 2025, pero la brecha es cada vez menor. La tasa subió a 16,46 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

La violencia homicida se concentra en jóvenes, departamentos y zonas específicas

El investigador precisó que el 59% de las víctimas de homicidio en lo que va del año tenía entre 18 y 35 años. También señaló una fuerte concentración territorial: 10 departamentos reúnen 17 de cada 20 homicidios y el departamento de Guatemala concentra cuatro de cada 10.

Dentro de ese departamento, seis de los 10 municipios con más homicidios pertenecen a su jurisdicción. Aun así, en el municipio de Guatemala se registraron 133 homicidios menos en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

Casasola agregó que la violencia letal también se concentra dentro de la capital. “La violencia homicida es un delito altamente concentrado, pues cinco zonas del municipio agrupan 61% de los homicidios, siendo éstas las Zonas 18, 6, 7, 1 y 12”.

La misma exposición incluyó datos sobre extorsiones. En julio de 2026 se reportaron 1.298 denuncias, por encima de las 1.264 de junio, pero 961 menos que en julio de 2025, lo que llevó la tasa interanual a 106,58 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Casasola afirmó además que las denuncias por extorsión acumuladas en los primeros siete meses del año bajaron de 16.427 en 2025 a 10.005 en 2026. Según diversas fuentes, los asesinatos y la violencia en Guatemala se asocian a las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Frente a la incidencia delictiva, la Policía Nacional Civil mantiene operativos preventivos y de control en distintos puntos del país.

Entre ellos figuran la Operación Centinela Escuintla en ese departamento, y en el departamento de Guatemala la Operación Centinela Metropolitano, el Plan Semáforo Seguro y la Operación Anillo de Contención, en coordinación con el Ejército de Guatemala.

El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos en el primer semestre de 2026, pero solo uno cumplió con los requisitos legales de estudios técnicos, documentos de justificación y análisis financieros, una señal de que el aumento de la actividad legislativa no se tradujo en mejor calidad normativa, según el informe presentado este 30 de julio por la Alianza por un Congreso Eficiente.

El reporte también registró un deterioro en controles clave: la asistencia al pleno cayó a 76% y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en la web del Legislativo bajó a 88%, el nivel más bajo de la actual legislatura.

La alianza está integrada por Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida–Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Entre enero y mayo, las sesiones plenarias pasaron de 21 a 35 frente al mismo periodo de 2025, las iniciativas presentadas subieron de 62 a 86 y los decretos aprobados crecieron de cuatro a 14.

María Isabel Bonilla de Anzueto, investigadora asociada del CIEN, resumió el hallazgo central: “Solamente uno de 14 decretos emitidos cumplió con los requisitos de ley para su aprobación, y seis fueron aprobados bajo la figura de urgencia nacional”.

Esa figura permite omitir el dictamen de comisión y aprobar una norma en un solo debate. El mecanismo elimina el análisis técnico que exige la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

De los 14 decretos aprobados, 13 carecieron de estudios técnicos y 13 no incluyeron documentos de justificación. Otros siete tampoco presentaron estudios financieros, pese a que su contenido sí tenía impacto sobre las finanzas públicas, una omisión que deja sin respuesta documentada el origen de los recursos para aplicarlos.

La asistencia cayó y el registro no verifica quién permanece en la sesión

La asistencia al pleno descendió de 89% en 2024 a 76% en 2026. Fabiola Rodríguez, investigadora del CIEN, indicó que solo dos de los 160 diputados asistieron al 100% de las 35 sesiones celebradas entre el 14 de enero y el 15 de mayo.

Los distritos con mayor asistencia fueron Jalapa y Jutiapa. Los niveles más bajos correspondieron a Retalhuleu y Chiquimula.

El informe señaló además una falla en el sistema de control de asistencia: el mecanismo actual registra el ingreso del diputado, pero no confirma si permanece durante toda la sesión.

Eso permite que un legislador marque presencia al inicio y se retire minutos después sin que el registro oficial refleje la ausencia, con efectos sobre el quórum real y el avance de la agenda.

En las comisiones de trabajo, 13 de las 14 monitoreadas entre febrero y mayo cumplieron con el mínimo legal de dos sesiones mensuales. El problema, según el informe, es que el 72% de las 117 sesiones registradas, es decir 84, se realizó de forma consecutiva el mismo día.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, explicó que esa práctica vacía el propósito de la norma, porque si las dos sesiones obligatorias ocurren una tras otra no existe margen para análisis, deliberación ni seguimiento de los asuntos tratados.

A eso se agregó que 17 de las 38 comisiones existentes no recibieron ninguna iniciativa de ley en el periodo, un dato que la alianza considera útil para revisar si la estructura actual responde a la carga legislativa real.

Las citaciones al Ejecutivo llegaron a 818 y el gasto siguió creciendo

En materia de fiscalización, entre enero y junio de 2026 se realizaron 818 citaciones a funcionarios del Organismo Ejecutivo, un promedio de 136 por mes, de acuerdo con Fernando Bon, director ejecutivo de la alianza. Los bloques UNE con 145 y VOS con 130 concentraron casi la mitad del total.

Hasta mayo, siete de los 14 ministros de Estado tenían una interpelación activa o pendiente de conocer. La organización advirtió que el uso excesivo de citaciones e interpelaciones puede convertirse en una forma de presión política y distraer a los funcionarios de sus responsabilidades.

El personal del Congreso pasó de 2.432 empleados en 2025 a 2.547 en el primer semestre de 2026. El renglón 022, destinado por ley a asesores temporales de diputados y bloques, acumuló un aumento del 93% entre 2016 y 2026.

La normativa permite un máximo de 576 empleados bajo ese renglón, pero los contratados superan los 1.100. De ellos, 580 estaban asignados a tareas administrativas, pese a que la ley no lo autoriza, con la mayor concentración en la Dirección Administrativa, que reunía 139 personas.

El presupuesto aprobado para 2026 fue de Q1.347,4 millones, un 8% menos que en 2025. A junio, la ejecución alcanzó Q530 millones, Q23,58 millones más que en el mismo periodo del año anterior, y el 65% del gasto total, equivalente a Q344,11 millones, correspondió a servicios personales.

El informe indicó también que la página web del Congreso cayó a 88% de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, diez puntos por debajo del 98% registrado en 2025. El retroceso se concentró en el artículo 10 de la ley y en la publicación de información sobre las comisiones de trabajo, cuyas agendas todavía no tienen un espacio específico en el portal institucional.

María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN, presentó siete recomendaciones. La alianza pidió orientar la producción legislativa a una agenda de país con objetivos claros, priorizar la calidad de iniciativas y dictámenes, evitar el uso injustificado de la urgencia nacional y de las enmiendas de curul, recuperar los niveles de asistencia, sancionar a diputados con presencia muy baja, impedir que las sesiones obligatorias de comisión se hagan de forma consecutiva, revisar la estructura de personal, vincular la gestión financiera a resultados y restablecer los niveles de transparencia alcanzados en años anteriores.

Diecinueve años después de que la ley ordenara crearla, la carrera penitenciaria sigue sin existir en Guatemala, y esa ausencia mantiene a cerca de 4,000 agentes a cargo de más de 23,000 personas privadas de libertad sin ascensos, sin escalas salariales y con un promedio de un custodio por cada 15 reclusos, según expuso el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

La relación operativa se explica por el esquema de trabajo vigente: los agentes cumplen turnos de ocho días continuos por ocho de descanso, lo que deja en servicio activo a unos 2,000 efectivos en cada momento.

Esa cifra baja aún más por vacaciones, licencias médicas y otros permisos, de acuerdo con la presentación de la investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN Corinne Dedik.

El diagnóstico fue presentado el martes 28 de julio durante la exposición del Índice de Denuncias de Delitos, organizada por el CIEN, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y Crime Stoppers en el marco de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

El análisis se concentró en el personal operativo, que representa más del 80% de la fuerza laboral de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Dedik sostuvo que la falta de la carrera penitenciaria ha impedido profesionalizar al personal de seguridad de las cárceles. También recordó que la Ley del Régimen Penitenciario fijó desde 2007 un plazo de cuatro años para implementarla, pero esa figura jurídica todavía no existe.

Todos los agentes permanecen en el mismo nivel y con el mismo salario

La investigadora explicó que el artículo 40 de la ley dispone que el personal debe regirse por un manual de clasificación de puestos y salarios, aunque ese instrumento nunca fue elaborado.

La misma omisión alcanza al artículo 88 del mismo cuerpo normativo, que también ordena ese esquema.

“Todos los agentes tienen el mismo grado y la misma remuneración; ingresan en el nivel uno y permanecen allí durante toda su carrera profesional porque no existe un mecanismo de ascenso”, afirmó. Más adelante insistió: “Todos los agentes penitenciarios tienen el mismo grado y salario y tampoco pueden ascender”.

Esa situación se refleja en la remuneración: los agentes están contratados en el renglón 011 y reciben un salario líquido de Q6,090 mensuales, equivalente a un salario bruto de Q6,975, sin diferencias por antigüedad, especialización o responsabilidad.

La falta de ascensos y mejoras salariales, citada por el centro de estudios, deja a todo el personal operativo en el mismo escalón durante toda su vida laboral.

La ausencia de ese marco regulatorio también afecta la asignación de funciones. Sin criterios objetivos, los agentes son rotados a discreción del jefe de seguridad, lo que, según Dedik, provoca pérdida del conocimiento acumulado en puestos que requieren especialización.

La capacitación dura tres meses y hubo años sin graduaciones

La formación inicial es otro de los puntos señalados. Guatemala aparece entre los países de la región con el período de capacitación más corto: tres meses, igual que El Salvador, frente a cerca de un año en Chile y Perú.

En Colombia, República Dominicana, Chile y Argentina, donde la carrera penitenciaria está institucionalizada, los agentes que aspiran a puestos de mando deben completar entre dos y tres años de formación.

En Guatemala, la graduación de nuevos agentes ha sido irregular: en 2017 egresaron más de 500, en 2024 apenas 100, y entre 2018 y 2020 no se graduó ninguno.

La Escuela de Estudios Penitenciarios, encargada de formar al personal, cuenta con 27 funcionarios: 14 agentes operativos en funciones de instrucción y 13 profesionales en tareas docentes.

Su actividad se limita a evaluar aspirantes, impartir la capacitación inicial y ofrecer cursos de actualización puntuales, sin formación continua ni programas de especialización.

Las condiciones materiales de descanso dentro de las cárceles también forman parte del diagnóstico. Las cuadras destinadas a los agentes presentan falta de espacio, escasez de literas y colchones, humedad y carencias en las áreas para preparar e ingerir alimentos.

Una mesa interinstitucional trabaja en el manual de puestos y salarios

Frente a ese panorama, el CIEN propuso mejorar las condiciones laborales del personal operativo, con énfasis en las cuadras y en las condiciones de contratación, en particular los descansos y la remuneración. También recomendó reforzar el reclutamiento y la formación para reducir el déficit de personal.

Entre las medidas planteadas figura entrenamiento especializado para los agentes que serán destinados al nuevo centro de máxima seguridad que se construye en Izabal.

El centro de estudios también pidió diseñar los currículos de los cursos de especialización y ascenso que requerirá la futura carrera penitenciaria, junto con una planificación presupuestaria para hacerla viable.

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El CIEN presentó este 28 de julio de 2026 su Índice de Denuncias de Delitos con datos al cierre de junio y advirtió un cambio en el mapa de la violencia en Guatemala: mientras el departamento de Guatemala reduce su peso relativo en los homicidios, territorios que históricamente registraban pocos casos empiezan a mostrar aumentos, en un escenario que, según el encargado del índice David Casasola, exigirá un mayor esfuerzo de las autoridades en el segundo semestre.

El informe indica que 10 departamentos concentraron el 85% de todos los homicidios registrados hasta junio.

El departamento de Guatemala encabezó esa lista con el 49% del total nacional, aunque acumuló 222 casos menos que en el mismo período de 2025.

El índice general subió 0.72% frente al mes anterior, impulsado sobre todo por el aumento del subíndice de delitos contra las personas, que creció 2.89%.

En junio de 2026 se contabilizaron 265 homicidios, 10 más que en el mismo mes del año pasado, con una tasa mensual de 16,3 por cada 100.000 habitantes.

Pese a ese repunte mensual, el acumulado del primer semestre mostró 162 homicidios menos que en igual período de 2025. Casasola sostuvo que esa diferencia tenderá a reducirse en los próximos meses porque la segunda mitad del año pasado ya había comenzado con una trayectoria descendente.

Diez departamentos concentran la mayoría de los homicidios, pero crecen zonas antes menos afectadas

El dato territorial más relevante del boletín es el desplazamiento de la violencia hacia departamentos que no figuraban entre los más golpeados.

El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango registraron los mayores incrementos proporcionales, una señal que el centro de análisis interpreta como una redistribución geográfica de los homicidios.

A escala municipal, 10 localidades reunieron el 42% de los homicidios del semestre. El municipio de Guatemala concentró el 16% del total, por debajo del 20% que había llegado a representar en períodos anteriores, y registró 115 casos menos que en el primer semestre de 2025.

Villa Nueva, Mixco y Amatitlán superaron los 50 homicidios cada uno en el período. Dentro de la capital, cinco zonas: la 18, la 6, la 7, la 1 y la 12, agruparon el 61% de los homicidios ocurridos en el municipio durante el semestre.

El perfil de las víctimas mantuvo una tendencia estructural. En junio, el 84% de los fallecidos fueron hombres y el 16% mujeres, con 44 víctimas femeninas, la cifra mensual más alta desde mayo de 2025, cuando se habían registrado 47.

En el acumulado semestral, el 59.1% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años. Casasola vinculó ese dato con la estructura demográfica del país y afirmó que la población joven está sobrerrepresentada entre quienes mueren por violencia.

Las lesiones suben mientras las denuncias por extorsión caen con fuerza

El boletín también sigue la evolución de las lesiones como indicador complementario de inseguridad. La tasa de personas lesionadas se ubicó en 21.3 por cada 100,000 habitantes y mantuvo una tendencia al alza; en números absolutos, los niveles de 2025 y 2026 se parecen a los de 2019 y casi duplican los observados entre 2021 y 2024.

Al cierre del semestre, la diferencia frente al mismo período de 2025 era de 113 casos menos. Esa brecha resultó menor que la observada en homicidios, según el reporte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Las extorsiones mostraron la trayectoria inversa. En junio de 2026 se denunciaron 1,264 casos y la tasa interanual cayó a 112.7 denuncias por cada 100.000 habitantes, frente a 151.4 en junio de 2025.

En el acumulado semestral, las denuncias sumaron 8,707, con 5,320 menos que en el mismo período del año anterior. El municipio de Guatemala concentró el 21% de esas denuncias, una proporción mayor que la que registra en homicidios.

Casasola señaló que esa caída puede responder a mejores resultados operativos, a una menor disposición de las víctimas a denunciar o a un perfil más acotado de quienes sufren este delito. Añadió que sin una encuesta de victimización no es posible determinar cuál de esas explicaciones pesa más

La transformación del sistema penitenciario en Guatemala se instaló como una condición para debilitar estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana durante un foro organizado por Fundesa este 22 de julio, donde expertos y centros de análisis coincidieron en que la crisis carcelaria combina déficit de personal, hacinamiento, escasa inversión y una rehabilitación social relegada.

El diagnóstico incluyó una de las cifras más duras del sistema: las prisiones guatemaltecas operan con una ocupación del 299.4 %, casi el doble del promedio regional de 157 %, pese a que el país registra la tasa de encarcelamiento más baja de América Latina. La capacidad instalada apenas llega a 7,922 espacios, mientras la población recluida se mantiene por encima de 22,000 personas.

Durante el primero de los foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de 2026, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala concentró la discusión en los “Retos y oportunidades del Sistema Penitenciario”.

El encuentro abordó la gestión de recursos humanos, el control interno, la seguridad en los centros y la rehabilitación como objetivo final del sistema.

Guatemala tiene la menor tasa de encarcelamiento de la región y la mayor sobreocupación carcelaria

La presentación central estuvo a cargo de la investigadora Corinne Dedik, con base en el estudio “Retos y Oportunidades del Sistema Penitenciario en Guatemala”, elaborado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana junto con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Crime Stoppers y Fundesa.

El documento sostiene que el crecimiento acelerado de la población privada de libertad no estuvo acompañado por una evolución equivalente del sistema.

Los datos expuestos muestran que la tasa promedio mundial de personas privadas de libertad es de 145 por cada 100 mil habitantes. Guatemala registra 123, la más baja de América Latina, mientras El Salvador alcanza 1,659, la más alta de la región.

Esa baja tasa de encarcelamiento convive con un hacinamiento extremo. Según el estudio, la causa principal es la falta de inversión en infraestructura durante los últimos 15 años.

Entre 2008 y 2020, la población reclusa prácticamente se triplicó hasta superar las 25,000 personas. Tras la pandemia de Covid-19, el número descendió, pero en 2025 quedó estancado y todavía se ubica por encima de los 22,000 reclusos.

Dedik señaló que otros países centroamericanos ampliaron su infraestructura penitenciaria con nuevos centros, incluidos complejos de máxima seguridad y megacárceles. En Guatemala, en cambio, la capacidad actual responde a ampliaciones menores y no a la construcción de nuevos recintos.

El sistema opera con déficit de custodios y mínima inversión en rehabilitación

El asesor del Ministerio de Gobernación Kane Matheu describió el problema como una deuda histórica del Estado con el sistema penitenciario. Según explicó, esa brecha se refleja en la falta de personal técnico y de guardias para el resguardo de los centros.

Matheu precisó que la relación de un guardia por cada 15 privados de libertad solo se cumple en un escenario ideal. “Se mencionaba una cifra preocupante, sí, de un guardia por cada quince privados de libertad, pero es en un día bueno, ideal, pero a veces, contemplando las faltas por suspensión, por salud, por llamadas de atención, llegan a ser incluso de un guardia por cada treinta privados de libertad, entonces la magnitud se amplía”.

De acuerdo con el CIEN, el Sistema Penitenciario dispone de cerca de 4,000 agentes, que trabajan en turnos de ocho días laborales por ocho de descanso y reciben una remuneración líquida aproximada de Q6.100 mensuales. El estudio también advierte un número limitado de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal especializado para atender a la población recluida.

La dimensión presupuestaria refuerza ese diagnóstico. El costo diario por privado de libertad asciende a Q118.41 y el presupuesto vigente del sistema para este año es de Q991 millones, equivalente al 0.08 % del Producto Interno Bruto, por debajo del promedio centroamericano de 0.17 %.

La rehabilitación social ocupa una porción mínima de esos recursos. El análisis presentado en el foro indica que solo el 0,4 % del presupuesto penitenciario se destina a servicios de rehabilitación y que la reincidencia ronda el 60 %.

Entre las conclusiones del estudio se remarcó que la falta de infraestructura y personal limita el control interno, que continúan ingresando objetos ilícitos a las cárceles, que la “talacha” sigue siendo un problema serio y que la rehabilitación no ha sido priorizada. Como salida, el documento propone una planificación institucional de largo plazo, una carrera penitenciaria con régimen disciplinario especializado, retomar proyectos como el bloqueo de señal telefónica y fortalecer los programas de rehabilitación.

A 41 años de la promulgación de la Constitución de 1985 en Guatemala, dos analistas coincidieron en que el texto sigue siendo una base democrática sólida, aunque arrastra desequilibrios en la distribución del poder y reformas pendientes, sobre todo en justicia, un debate que vuelve a instalarse ante el ciclo preelectoral y las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente.

La discusión no se limita a su origen histórico. Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, sostuvo que la Constitución ha resistido pruebas políticas de alto impacto, entre ellas el intento de autogolpe de 1993, el caso Rosenberg, las elecciones de 2023 y el marco que permitió la suscripción de los acuerdos de paz.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Economías Nacionales, afirmó que la Constitución de 1985 no surgió como un texto enteramente nuevo, sino como una continuidad de la tradición constitucional guatemalteca. En la entrevista, describió ese proceso como una “posconstitución”, porque integra normas heredadas de cartas anteriores y también negociaciones entre actores que buscaron preservar intereses y espacios de poder.

Según Quezada, uno de los cambios más visibles del texto de 1985 fue la incorporación más amplia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de pactos internacionales en la materia. También ubicó entre sus novedades institucionales la creación de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.

La Constitución incorporó derechos humanos y redistribuyó el poder del presidente

Quezada explicó que la Constitución asumió una transcripción más extensa de normas de derechos humanos que ya habían aparecido en constituciones previas. Añadió que el diseño guatemalteco estableció además un criterio dinámico: los tratados internacionales de derechos humanos a los que se adhiera Guatemala pasan a integrar el bloque constitucional.

Sobre la aparente tensión entre el derecho a la vida y la pena de muerte, Quezada dijo que ambas disposiciones derivan de tratados internacionales y no de una formulación original de los constituyentes. Señaló que la tendencia en derechos humanos es abolicionista respecto de la pena capital, aunque los tratados la reconocen bajo límites, entre ellos la existencia de indulto y la prohibición de extenderla a otros delitos.

El analista también sostuvo que la Constitución fue redactada como reacción a la alta concentración de poder que, a su juicio, existía en el presidente en la Constitución de 1965 y en etapas previas. Ese objetivo llevó a redistribuir atribuciones hacia otras instituciones, en especial el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

Para Quezada, ese rediseño produjo un efecto no previsto. Dijo que el Congreso de la República terminó acumulando demasiadas facultades porque los constituyentes consideraron que un órgano plural tendría menos posibilidades de abuso, y añadió que la Corte de Constitucionalidad adquirió un peso aún mayor sin que ese resultado hubiera sido plenamente anticipado al momento de redactar sus competencias.

Los expertos descartan una constituyente y plantean ajustes puntuales en justicia

La respuesta directa al debate sobre si Guatemala necesita una nueva Constitución fue negativa en ambos casos. Quezada afirmó que no convocaría una reforma constitucional general ni una Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que la Constitución actual “no se ha terminado de aplicar y no se ha terminado de entender”, y advirtió que una constituyente quedaría en manos de corrientes políticas capaces de movilizar votos, sin garantía de producir un mejor texto.

Hurtado coincidió en que la vía de una Asamblea Nacional Constituyente es la menos aconsejable. Según el analista de Asies, la debilidad del sistema de partidos hace difícil esperar un órgano constituyente con compromiso común, por lo que una elección de ese tipo “puede resultar cualquier cosa”.

Ambos sí señalaron ámbitos concretos de corrección. Quezada ubicó uno de los principales problemas en el poder del Congreso, especialmente en materia presupuestaria, y dijo que esa institución ha actuado como si no tuviera límites al aprobar el presupuesto. También mencionó abusos vinculados con los situados constitucionales y puso como ejemplos al deporte y a la Universidad de San Carlos, que, según su evaluación, recibieron fondos multimillonarios sin resultados proporcionales o terminaron en deterioro institucional.

Como antecedente de reformas parciales, Quezada recordó los cambios de 1993, cuando se modificó el tratamiento del antejuicio de los diputados. Explicó que antes el propio Congreso conocía esos casos y que, si un legislador cometía un delito, los demás diputados impedían el avance del proceso; tras la reforma, esa facultad pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Hurtado, por su parte, puso el foco en el sistema de justicia. Sostuvo que desde hace un par de décadas se discute la necesidad de una actualización constitucional en esa materia y que las crisis permanentes dificultan una reflexión serena, pese a que ese ámbito es el llamado a controlar que gobernantes y gobernados actúen conforme a la Constitución.

El analista de Asies dijo que el país no debe esperar un momento ideal para discutir cambios. Propuso una reforma “quirúrgica” y puntual en justicia, complementada por una revisión del sistema de partidos políticos y de la ley electoral, de modo que los partidos recuperen legitimidad, vínculos con la ciudadanía y mecanismos de democracia interna.

Hurtado añadió que desde sectores de sociedad civil, academia y sector privado ya existe un consenso más visible sobre algunos ajustes constitucionales en justicia. Planteó que el año electoral 2027 podría convertirse en una oportunidad para exigir a los candidatos compromisos explícitos con esas reformas y convertirlas en un criterio de voto.

En Guatemala, la incidencia de homicidios durante el primer trimestre de 2026 muestra un descenso notable respecto a periodos anteriores, aunque persisten focos críticos en determinadas zonas del país. De acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y presentado en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, marzo de 2026 registró una caída interanual de los delitos denunciados, impulsada principalmente por una disminución en los crímenes contra la propiedad y una leve baja en la tasa de homicidios, mientras crece la preocupación por la distribución geográfica y el perfil de las víctimas.

El CIEN, brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, informó que el acumulado de homicidios entre enero y marzo de 2026 fue de 615 casos, cifra que convierte a este periodo en el segundo más bajo desde 2019, únicamente superado por 2024, cuando se documentaron 589 homicidios. Así, el IDD permite rastrear la evolución de nueve delitos clave, diferenciando entre crímenes contra la propiedad (como robo de vehículos, motocicletas, furgones y viviendas, y extorsión) y aquellos contra la persona (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros), según el investigador del CIEN David Casasola, citado por el medio CIEN.

Disminución leve de la tasa interanual y énfasis territorial en los homicidios

La tasa de homicidios en Guatemala alcanzó 16.3 muertes por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026. El IDD destaca que, aunque ese mes marcó el mayor número de homicidios en lo que va del año —237 víctimas—, la cifra representa 38 casos menos que marzo de 2025, en el que ocurrieron 275 homicidios. Al comparar la evolución trimestral, en enero de 2026 se contabilizaron 204 homicidios (frente a 252 el año anterior) y en febrero 172 (en 2025 fueron 252), lo que consolidó una reducción de 166 muertes violentas en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025.

El comportamiento descendente en los homicidios mantiene a 2026 en el rango más bajo de la serie histórica reciente, solo superado por el desempeño de 2024 (cuando los registros mensuales fueron 227 en enero, 156 en febrero y 205 en marzo), de acuerdo con el informe del CIEN.

Según Casasola, “En marzo de 2026, fue el mes con mayor cantidad de homicidios del año, con 237, pero registró 38 menos que en el mismo mes del año anterior. Eso permitió que la tasa interanual de homicidios continuara levemente a la baja y se sitúe en 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Concentración de la violencia y perfil de las víctimas

El descenso nacional contrasta con la concentración territorial de la violencia homicida. Nueve de cada diez homicidios se producen en tan solo diez de los 22 departamentos del país, y el 44% de las muertes violentas se localizan en el departamento de Guatemala. El municipio de Guatemala capital reúne, por sí solo, el 17% del total nacional, y el 45% de los homicidios tienen lugar en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Escuintla, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula, Chimaltenango, Chinautla y San Miguel Petapa, según detalló Casasola al medio CIEN.

En el municipio de Guatemala capital, los homicidios aumentaron entre febrero y marzo de 2026, pasando de 28 a 33. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 concentraron el 63% de los asesinatos reportados a nivel local.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe advierte un aumento preocupante en los homicidios de mujeres, que pasaron de 19 en febrero a 33 en marzo, equivalentes al 14% de todas las víctimas homicidas del último mes analizado. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, lo que revela el impacto de la violencia sobre la población joven.

Crímenes contra la propiedad y extorsiones mantienen presión en áreas clave

Durante marzo de 2026, la disminución en la criminalidad denunciada estuvo marcada por un descenso de 2.72% en los delitos contra la propiedad. En el caso de las extorsiones, el 44% de las denuncias se concentraron en diez municipios y el 22% únicamente en la ciudad de Guatemala, según datos proporcionados por Casasola al medio CIEN.

El IDD sigue revelando así el comportamiento dispar de la inseguridad en el país: mientras la tendencia global de homicidios apunta a la baja, persisten zonas calientes y sectores específicos especialmente afectados, lo que requiere el seguimiento puntual de las políticas preventivas y de la dinámica criminal en los próximos meses.

El número de femicidios en Guatemala subió 14.4 % en 2025 respecto al año anterior, alcanzando 206 víctimas y consolidando la tendencia al alza tras la pandemia. Mientras los homicidios totales descendieron a 204 casos en enero 2026—48 menos que el mismo mes del año previo—el fenómeno específico de la violencia letal contra mujeres mantiene una evolución preocupante, superando el promedio regional latinoamericano e incrementando las exigencias a las instituciones del sistema de justicia, según la presentación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, en conjunto con FUNDESA y Crime Stoppers.

En 2024, la tasa de femicidios en Guatemala se ubicó en 1.9 por cada 100.000 mujeres, por encima del promedio regional de 1.3 —una diferencia que evidencia la magnitud del desafío local frente a los 16 países latinoamericanos con estadísticas comparables. El departamento de Chiquimula encabezó la lista departamental en 2025 con una tasa de 12.50, seguido por Escuintla con 8.49, ubicando a las regiones sur y sur-oriente como los territorios de mayor riesgo para las mujeres.

La investigadora de CIEN, Corinne Dedik, detalló: “respecto al año anterior, en 2025, los femicidios aumentaron 14.4% y las muertes violentas de mujeres aumentaron 6%”. El año pasado, cerca de una de cada tres muertes violentas de mujeres correspondió a un femicidio.

La legislación guatemalteca y el desempeño del sistema de justicia especializada

Desde la tipificación en 2008 hasta el cierre de 2025, 3.248 mujeres murieron víctimas de femicidio y 848 hombres fueron condenados por este delito. De acuerdo con CIEN, “entre 2021 y 2025, en promedio, 82% de las personas procesadas por femicidio resultó condenada y el 18% fue absuelta”. En 2025, las condenas llegaron al 84%, superando la media de los últimos cinco años.

El mismo reporte indica que, aunque el “archivo” sigue siendo la salida más frecuente en los casos de femicidio, las sentencias judiciales representan casi el 37% del total, y las resoluciones en estos procesos aumentaron 21% frente a 2024.

Guatemala integró el delito de femicidio a su Código Penal en 2008, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en hacerlo mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Esta norma, conforme a acuerdos internacionales, define el delito como la muerte de una mujer causada por un hombre motivado por una relación de desigualdad de poder y la condición de género de la víctima. Además, la legislación guatemalteca estipula la creación de órganos jurisdiccionales y fiscalías especializadas, sumando actualmente 49 tribunales distribuidos en los 22 departamentos y fiscalías completas en la capital y siete regiones más.

Reducción de homicidios brinda contraste, pero persiste la violencia de género letal

En materia de seguridad ciudadana, David Casasola, investigador de CIEN, informó que en enero 2026 se registraron 204 homicidios en todo el país, 48 menos que en enero 2025. Este descenso situó la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes en 17 para finales de enero 2026, respecto a la anterior de 17.3. Casasola precisó que “la cantidad de homicidios de víctimas mujeres (un 11.3% del total) bajó casi a la mitad, de 40 en diciembre 2025 a 23 para enero 2026 y que el 62.3% de las víctimas tenían entre 18 y 35 años”.

A pesar de la disminución en el número total de homicidios, las muertes violentas de mujeres se incrementan desde la pandemia, revirtiendo la tendencia a la baja sostenida desde 2013. Para 2025, el crecimiento fue de 6 % en muertes violentas de mujeres y 14.4 % en femicidios respecto a 2024.

El reporte recomienda profundizar en el estudio de los delitos basados en género para fortalecer la prevención y la respuesta institucional, intensificar medidas preventivas ante denuncias reiteradas o factores de riesgo detectados y fortalecer la profesionalización y calidad del servicio a víctimas y sus familias. También solicita asegurar una distribución equitativa de recursos entre todas las instituciones que intervienen en la persecución penal del femicidio.