Barcelona, 22 ene. (EFE).- La Acadèmia del Cinema Català ha detallado este miércoles en un comunicado el proceso que han seguido sobre las denuncias al director y guionista Eduard Cortés, y ha concluido, tras una investigación, que se trata de un caso de "acoso sexual quid pro quo" y "ciberacoso sexual".

La entidad ha asegurado que, pese a tomar medidas cautelares, el caso se archivó provisionalmente porque Cortés solicitó la baja voluntaria de la entidad, y "no se puede actuar sobre personas que no sean socias de la Acadèmia", han indicado desde la organización, que también ha pedido disculpas por "las brechas comunicativas que se han producido entre las víctimas y la entidad, y por cualquier gestión que haya podido causar revictimización".

A partir de los testimonios de las víctimas, la comisión analizó los tipos de violencias sufridas por las denunciantes e identificó acoso sexual 'quid pro quo', un chantaje sexual por el cual se fuerza a la persona acosada a escoger entre someterse a ciertos requerimientos sexuales o perder o no tener acceso a ciertos beneficios o condiciones en el trabajo, hecho que implica un abuso de autoridad.

Entonces, la comisión concluyó que las víctimas sufrieron "ciberacoso sexual", un tipo de acoso sexual o por cuestiones de género a través del ámbito digital.

A finales del pasado mes de octubre, más de una veintena de mujeres denunciaron públicamente los abusos cometidos por parte de Eduard Cortés, entonces miembro de la Acadèmia, y la junta directiva aprobó de oficio el 30 de octubre la apertura de un proceso sancionador.

El primer paso del procedimiento iniciado fue la constitución de una comisión integrada por una abogada y una psicóloga especializadas en violencias machistas, y la coordinadora del departamento contra los abusos.

La Acadèmia añade en el comunicado que las conductas descritas por las actrices a través de las redes sociales visibilizan diferentes situaciones de desigualdad de poder, "como la edad y la trayectoria profesional, y la posición en la industria del cine".

Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de acuerdo con el artículo 6.4 del Reglamento interno de la Acadèmia, se determinaron dos medidas cautelares: por un lado, la suspensión de los derechos correspondientes a la condición de académico durante la vigencia del procedimiento sancionador, y por el otro, la descalificación para la participación en los Premios Gaudí o cualquier otro proyecto o actividad de la Acadèmia para la cual se haya establecido un procedimiento de inscripción, selección o similar.

"En el momento en que se iban a comunicar estas dos medidas cautelares a Eduard Cortés, la Acadèmia recibió su solicitud de baja voluntaria como académico", han explicado desde la organización.

Actualmente, la Acadèmia mantiene un canal de comunicación abierto con las víctimas con el objetivo de "continuar trabajando en la erradicación de las violencias machistas". EFE

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tiene fijado un juicio para este miércoles, contra un varón para el cual la Fiscalía reclama un total de 45 años y nueve meses de cárcel, por un total de once presuntos delitos sexuales sobre una menor de edad, algunos de ellos con las agravantes de parentesco y de género; incluyendo presuntos delitos de "sexting" con embaucamiento, agresión sexual, "childgrooming" o ciberacoso sexual o un delito contra la intimidad por la difusión no consentida de imágenes íntimas y en concurso también con un delito de pornografía infantil.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el Ministerio Público atribuye al inculpado hasta once presuntos delitos, algunos de ellos en concurso con otros tipos delictivos.

Se trata de un supuesto delito de "sexting" con embaucamiento de menor de 16 años de edad; un posible delito de creación de pornografía infantil de menor de edad con intimidación, un presunto delito de exhibicionismo, un supuesto delito de agresión sexual a menor de 16 años, un delito de "childgrooming" o ciberacoso sexual en concurso con un delito de abuso; un delito más de amenazas de violencia de género, un delito de acoso en concurso con un delito contra la intimidad por difusión no consentida de imágenes íntimas y en concurso también con un delito de pornografía infantil; un delito de coacciones con violencia de género, un supuesto delito adicional de malos tratos habituales de violencia de género, un delito más de posesión de pornografía infantil de menor de 16 años y, finalmente, un último y presunto delito de amenazas.

La Fiscalía precisa que en los supuestos delitos de "sexting" con embaucamiento de menor de 16 años de edad; de creación de pornografía infantil de menor de edad con intimidación, de exhibicionismo, de delito de agresión sexual a menor de 16 años y de "childgrooming" pesan las agravantes de parentesco y de género.

En ese sentido, la Fiscalía reclama para el acusado un total de 45 años y nueve meses de prisión, especialmente 13 años por el primer supuesto delito de "sexting" con embaucamiento de menor de 16 años de edad; diez años por posible agresión sexual a menor y seis por el presunto "childgrooming" en concurso con abusos sexuales.

Además, entre las penas principales reclamadas por la Fiscalía figuran un total de 70 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella, de cara al juicio promovido contra este varón y fijado para este miércoles 22 de enero en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Valladolid, 21 ene (EFE).- Un sacerdote, O.F.L., que fue condenado a tres años de prisión por un delito de ciberacoso sexual en concurso real con otro delito de abuso sexual a menor de 16 años, podrá ejercer el ministerio sacerdotal sin tratar con menores durante diez años, tras cumplir la pena impuesta.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha firmado el decreto que pone fin al proceso extrajudicial ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe contra el sacerdote, han informado este martes fuentes del Arzobispado.

"Habiendo sido juzgado por los tribunales del Estado y cumplida la pena de privación de libertad impuesta, era necesario terminar el proceso canónico que fue instruido por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura en España a petición del entonces arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez", han precisado dichas fuentes.

El proceso canónico estuvo interrumpido hasta conocer la sentencia del tribunal estatal y, concluido ese proceso, la situación canónica en la que a partir de ahora se encuentra el sacerdote ha cambiado.

En concreto, se levanta la suspensión para el ejercicio del ministerio sacerdotal decretada el 12 de enero de 2020, un ejercicio que se encuentra limitado, por lo que en su actividad pastoral no podrá tratar con menores de edad durante un plazo de 10 años, ha precisado el Arzobispado.

Además, deberá seguir un acompañamiento psícoafectivo y espiritual durante los próximos dos años.

La Audiencia Provincial de Valladolid impuso una pena de tres años de prisión al sacerdote por hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y enero de 2020. EFE