El modelo económico de China llega a 2026 con una tensión cada vez más visible: mientras el país se encamina a otro superávit comercial de más de USD 1 billón, su mercado interno muestra señales de debilidad prolongada y empuja a Pekín a sostener el crecimiento con exportaciones subsidiadas, una fórmula que traslada sus desequilibrios al resto del mundo, según el análisis publicado por The Washington Post.

“La economía de China es estructuralmente más débil de lo que parece y depende en exceso de las exportaciones subvencionadas por el gobierno”, señala la columna de opinión firmada por la Dirección Editorial del diario.

La fragilidad doméstica aparece en varios frentes a la vez. En el segundo trimestre de 2026, el crecimiento cayó a 4,3%, su nivel más bajo en tres años, al tiempo que el desempleo juvenil se mantuvo cerca de 15%, los precios de la vivienda siguieron en retroceso y desarrolladores inmobiliarios y gobiernos locales afrontaron fuertes cargas de deuda.

El deterioro no se limita a la actividad general. Las ventas minoristas cayeron en mayo por primera vez desde los confinamientos de la pandemia, y la inversión en activos fijos, que incluye compras de fábricas, edificios y maquinaria, retrocedió 4,1% entre enero y mayo.

“Esto no es nuevo. Entre 2005 y 2024, las empresas chinas en 15 sectores recibieron entre tres y ocho veces más apoyo gubernamental que las empresas de otras grandes economías, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, indica el periódico.

China combina así dos movimientos en apariencia contradictorios: una economía interna debilitada y un sector externo en expansión acelerada. El mes pasado, las exportaciones crecieron 24% interanual, de acuerdo con los datos oficiales publicados el viernes.

El auge exportador descansa sobre subsidios y crédito estatal

El argumento central del texto es que el empuje exportador no responde solo a competitividad industrial, sino a una red de apoyos públicos que abarata artificialmente la producción. Fabricantes de vehículos eléctricos, empresas siderúrgicas y otras industrias reciben acceso a préstamos baratos, exenciones fiscales, tierra gratuita o de bajo costo en parques industriales estatales y, en algunos casos, subvenciones directas.

Ese patrón, plantea la publicación, no es reciente. Entre 2005 y 2024, las firmas chinas de 15 sectores recibieron entre tres y ocho veces más respaldo gubernamental que las compañías de otras grandes economías, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La consecuencia es doble: China compensa la debilidad de su demanda interna con ventas al exterior y, al mismo tiempo, amplifica la presión competitiva sobre otras economías. El superávit comercial superior al billón de dólares deja de ser solo una señal de fortaleza externa y pasa a leerse como el reflejo de un desequilibrio interno persistente.

El consumo no despega y el freno tiene una raíz política

La explicación de fondo no se agota en la cautela de los hogares. El texto sostiene que los ciudadanos chinos ahorran más porque las pensiones respaldadas por el Estado, los seguros de salud, los fondos para educación y los ingresos básicos resultan insuficientes, lo que obliga a mantener ahorros preventivos.

China, afirma el análisis, no logra reorientar su economía hacia el consumo porque esa transición exigiría trasladar riqueza desde el sector estatal y los productores respaldados por el gobierno hacia los individuos. Ese movimiento, añade, choca con una barrera política: un gobierno totalitario difícilmente acepte una redistribución que pueda erosionar su poder.

Esa lectura ayuda a explicar por qué una discusión de décadas apenas produjo cambios. En 2007, el entonces primer ministro Wen Jiabao describió el desarrollo económico del país como “inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible”, pero en los casi 20 años posteriores la estructura general se modificó poco.

Xi Jinping rechazó reformas

El texto identifica al jefe del régimen Xi Jinping como un actor central en esa continuidad. Según el análisis, Xi resistió múltiples reformas que economistas consideran aptas para alentar un mayor gasto de los hogares y reducir la necesidad de ahorro, y además cuestionó lo que denomina “asistencialismo”, entendido como una red de protección estatal demasiado amplia.

“Xi Jinping se ha resistido a numerosas reformas que, según los economistas, en realidad incentivarían a las personas a gastar más y ahorrar menos. Xi también critica lo que él llama ‘asistencialismo’, es decir, que el Estado proporcione a las personas una red de seguridad demasiado amplia”, indica The Washington Post.

La idea de una economía más apoyada en el consumo, por lo tanto, no tropieza solo con inercias productivas o problemas coyunturales. También se enfrenta a una decisión política: preservar un esquema en el que el Estado y los productores favorecidos retienen recursos que no pasan a las familias.

Esa definición condicionó incluso los intentos de presión externa. Durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos Donald Trump incorporó la “reforma estructural” de la economía china al acuerdo comercial de “Fase Uno”, que buscaba aliviar la guerra comercial, pero la exigencia principal, que China limitara los subsidios estatales, quedó postergada para una etapa posterior que nunca se concretó.

El resultado, según el análisis, fue que el régimen no mostró disposición a cumplir ese punto. La discusión sobre los subsidios quedó sin resolver, mientras el patrón exportador se mantuvo.

La visita de Xi a Washington abre una nueva negociación comercial

Xi Jinping tiene previsto visitar Washington el 24 de septiembre, y el texto sostiene que la dependencia china de las exportaciones puede dar a Estados Unidos una herramienta de presión en futuras conversaciones comerciales. La lectura es que la relación no es de dependencia unilateral, pese a que Washington necesita tierras raras y minerales críticos procedentes de China.

La publicación resume esa relación como “una calle de doble sentido”. En ese marco, la debilidad de la demanda interna china y la necesidad de sostener el crecimiento mediante ventas externas aparecen como el punto donde Estados Unidos puede intentar ganar margen en la negociación.

El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) publicó este 10 de agosto su resolución preliminar en la investigación antidumping contra las nueces pecanas mexicanas, con la que fijó cuotas compensatorias de entre 17.8% y 51.6% para los exportadores de México. La medida, informó la Secretaría de Economía (SE) mediante el Comunicado No. 70, comenzará a aplicarse este martes.

¿Qué determinó China y por qué?

Según explicó un portavoz del MOFCOM citado por la agencia EFE, la investigación —iniciada el 25 de septiembre de 2025— concluyó que la nuez pecana mexicana y estadounidense se vendía en el mercado chino “a precios artificialmente bajos”, lo que habría causado un “daño sustancial” a la industria nacional china.

El trato no fue igual para ambos países:

• Las empresas mexicanas que comparecieron en el proceso de investigación recibieron tasas de entre 17.8% y 51.6%.
• Ninguna empresa estadounidense participó en las pesquisas, por lo que, conforme a la legislación china, se les aplicó automáticamente el margen más alto: 54.3%.

Esa diferencia —haber comparecido ante la autoridad china— es lo que le permitió a los exportadores mexicanos obtener, en el mejor de los casos, una tasa varios puntos por debajo de la que enfrenta Estados Unidos.

El peso comercial de la nuez pecana mexicana

De acuerdo con datos de la propia investigación china, las exportaciones directas de México a China sumaron 21.9 millones de dólares en 2024. Sin embargo, la Secretaría de Economía advirtió que esa cifra podría no reflejar el impacto real, ya que “se tiene conocimiento de que un volumen importante se exporta a Estados Unidos y, desde ese país, se reexporta a China”, por lo que el comercio afectado sería mayor al reportado oficialmente.

México es, además, el segundo productor mundial de nuez pecana, un dato que explica por qué el mercado chino resulta relevante para el sector.

La respuesta del Gobierno de México

En su comunicado, la Secretaría de Economía señaló que, si bien “respeta el procedimiento de investigación antidumping llevado a cabo por el Gobierno chino”, también “manifiesta su preocupación por la determinación preliminar”.

La dependencia detalló que, desde el inicio de la investigación, ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Embajada de México en China para defender los intereses de los productores nacionales.

Las empresas mexicanas afectadas tienen un plazo de 10 días para responder a la determinación preliminar, ventana en la que el Gobierno mexicano buscará influir sobre la resolución definitiva. La SE reiteró su objetivo de “obtener una resolución final sin la imposición de cuotas compensatorias para los productores mexicanos”.

El contexto: un caso que agrupa a México y Estados Unidos

Un elemento que distingue este proceso es que China decidió investigar a México y Estados Unidos en la misma indagatoria, pese a tratarse de exportadores con relaciones comerciales distintas con Beijing. Especialistas citados por medios especializados han señalado que ese formato podría, en teoría, permitirle a México negociar condiciones más favorables que las de su vecino del norte si logra una resolución diferenciada.

De acuerdo con el cronograma del MOFCOM, la investigación —que formalmente inició en septiembre de 2025— tiene fecha límite de conclusión el 25 de septiembre de 2026, aunque contempla una posible prórroga de hasta seis meses en circunstancias especiales.

La resolución preliminar se da, además, en un momento de intensa actividad diplomática entre Beijing y Washington: está prevista para el 24 de septiembre la primera visita de Estado de un mandatario chino a la Casa Blanca desde 2015, cuando Xi Jinping se reunió con Barack Obama. El encuentro entre Xi y Donald Trump buscará atender las tensiones comerciales que han marcado la relación bilateral, pese a la distensión mostrada en su encuentro de mayo en Pekín.

La Royal Navy detectó que cámaras instaladas en drones de vigilancia K3 Scout usados por fuerzas especiales británicas enviaron datos a China, después de que una evaluación rutinaria halló comunicaciones hacia una dirección IP en ese país. Según The Telegraph, el Ministerio de Defensa retiró toda conectividad a internet de esos sistemas tras descubrir la brecha en una flota valorada en 12 millones de libras y en uso desde marzo.

El hallazgo golpeó un punto sensible de la política de seguridad británica porque se produjo después de varios avisos oficiales y medidas previas contra tecnología china. En 2020, el Gobierno conservador prohibió a Huawei en la red británica de 5G por temores de espionaje, después de revertir una aprobación inicial por advertencias de funcionarios de seguridad de Washington sobre el riesgo derivado de las leyes de seguridad nacional chinas.

La publicación señaló que los drones integraban parte de un futuro paquete de defensa ofrecido por el Reino Unido para resguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Una fuente de defensa familiarizada con el caso dijo al diario británico que en esas plataformas ya se habían realizado preparativos para los planes británicos en el Golfo y resumió el episodio como un “gran fallo” en la verificación del origen de los componentes.

Las cámaras emitieron señales hacia una IP china

The Telegraph informó que el proveedor de los drones fue Kraken Technology Group, un contratista de defensa británico que obtuvo las cámaras de un tercero que había dado garantías sobre su seguridad. Un portavoz de la empresa dijo que sabían que algunas cámaras de terceros compatibles con la NDAA contenían un pequeño número de componentes originados fuera del Reino Unido.

La investigación citada por el diario concluyó que las cámaras enviaban “comunicaciones de latido”: datos que confirmaban que estaban en línea y funcionaban con normalidad. El Ministerio de Defensa sostuvo que no existían pruebas de que datos sensibles o sistemas oficiales hubieran sido accedidos, comprometidos o transmitidos al exterior.

La brecha activó temores de seguridad nacional por una posible exposición de personal con autorización de seguridad en la sede del Special Boat Service en Poole, Dorset. También surgieron inquietudes porque los drones de vigilancia estuvieron cerca de reuniones muy sensibles de altos mandos de fuerzas especiales y porque las cámaras siguieron activas incluso cuando las embarcaciones no tripuladas estaban apagadas.

Un portavoz del ministerio dijo que una evaluación rutinaria de vulnerabilidad cibernética identificó un problema que afectaba un subsistema de una embarcación no tripulada de Kraken usada por la Royal Navy. Añadió que una investigación exhaustiva no encontró pruebas de acceso, compromiso o transmisión externa de datos o sistemas del ministerio.

La marina adquirió los K3 Scout para su flotilla de superficie dentro del Project Beehive, un programa que busca combinar buques no tripulados y buques de guerra tradicionales. Las embarcaciones, operadas por el Coastal Forces Squadron y la unidad 47 Commando de los Royal Marines, debían modernizar la capacidad de combate británica y mantener el ritmo frente a sus adversarios.

El modelo K3 Scout fue diseñado para transportar una carga útil de 600 kg y operar de forma continua durante 30 días. También fue adquirido por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y participó en pruebas de la OTAN en el Báltico.

El caso golpeó el giro diplomático hacia Beijing

La revelación apareció mientras el Gobierno laborista intentó recomponer la relación con Beijing mediante visitas de alto perfil y con la expectativa de acuerdos comerciales. A comienzos de este año, el Gobierno aprobó además los planes para una superembajada china en Royal Mint Court, en el centro de Londres, pese a las preocupaciones por la cercanía del predio con líneas de comunicación sensibles.

El año pasado, MI5 emitió una alerta de seguridad a los diputados y advirtió que los servicios de inteligencia chinos eran “implacables” en sus intentos de interferir e influir en el Parlamento mediante sitios de empleo como LinkedIn para recolectar información sensible. Ese aviso llegó semanas después del colapso del caso contra dos hombres acusados de espiar para China, entre ellos un investigador parlamentario.

La ministra de seguridad en la sombra Alicia Kearns pidió una auditoría urgente del equipamiento para detectar “huellas chinas” ocultas. Dijo que si el Reino Unido no podía afirmar con confianza qué había dentro de su propio equipo militar, tampoco podía decir que ese equipo le pertenecía ni que era soberano.

China consolidó una influencia más profunda y menos visible en América Latina al pasar de los megaproyectos a contratos locales de seguridad, energía, transporte y litio, una estrategia que, según Foreign Affairs, reduce costos, evita el escrutinio político y crea dependencias difíciles de revertir para gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

La magnitud del cambio aparece en los números. Los préstamos tradicionales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para la región cayeron de casi USD 25 mil millones en 2010 a un promedio anual de USD 1.300 millones, pero las empresas chinas todavía invirtieron USD 8.500 millones en América Latina en 2024, apenas un 10% menos que el año anterior.

La diferencia, explicó la publicación, es que ese dinero ya no fluye principalmente como crédito soberano para represas, puertos o ferrocarriles, sino como compras de activos existentes, ventas de equipos, programas de capacitación, donaciones y contratos de mantenimiento. Ese formato suele pasar más inadvertido porque muchas de esas operaciones no aparecen en las estadísticas convencionales de inversión y, a veces, quedan cubiertas por cláusulas de confidencialidad.

Contratos pequeños y redes subnacionales

Durante gran parte de la década de 2010, Beijing apostó por obras de gran escala en América Latina: puertos, represas y hasta un ferrocarril transcontinental pensado para unir la costa pacífica de Perú con el Atlántico brasileño. Ese plan buscaba asegurar materias primas, abrir mercados para compañías chinas y traducir peso económico en alineamiento diplomático, incluido el cambio de reconocimiento de Taiwán hacia China continental.

A comienzos de la década de 2020, ese enfoque cambió. De acuerdo con Foreign Affairs, las grandes obras se volvieron más costosas para una economía china bajo presión y también más expuestas al rechazo geopolítico, por lo que Beijing empezó a privilegiar iniciativas que define como “pequeñas pero hermosas”, con presencia física menor y dirigidas a sistemas nacionales y subnacionales más acotados.

Ese viraje ya se ve en varios sectores. Firmas chinas desarrollan proyectos de litio en provincias argentinas, operan todos los distribuidores eléctricos que abastecen a Lima y suministran equipos policiales y sistemas de videovigilancia a municipios de distintos países de la región.

La lógica es acumulativa. Un contrato municipal por cámaras, un memorando provincial o un acuerdo de mantenimiento pueden parecer decisiones aisladas, pero juntos crean una infraestructura de dependencia que luego Beijing puede integrar en acuerdos formales de cooperación con los Estados.

En la provincia argentina de Jujuy, por ejemplo, un intercambio técnico entre agencias geológicas de ambos países derivó en una asociación estatal explícita para estudiar salares de la provincia. Más tarde, una empresa china tomó una participación mayoritaria en un proyecto local de litio.

Seguridad, vigilancia y entrenamiento

Uno de los espacios donde ese avance resulta más visible es la seguridad interna. América Latina tiene una tasa de homicidios de alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, tres veces el promedio mundial, y esa presión empuja a muchos dirigentes a buscar soluciones rápidas frente a la violencia de carteles y pandillas, el robo de cargas y los ataques informáticos.

China se presentó allí como proveedor accesible. Los primeros pasos suelen ser modestos: equipos antidisturbios donados, vehículos blindados para las fuerzas armadas de Bolivia o motocicletas para policías del Caribe. Después llegan sistemas más complejos.

En abril de 2025, el gobernador de Río de Janeiro viajó a China y firmó acuerdos con Hikvision y Dahua por más de 27.000 cámaras corporales y vehiculares. En Ciudad Juárez, autoridades locales compraron 1.000 cámaras de reconocimiento facial a las mismas compañías, que entonces figuraban en la lista de proveedores prohibidos de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

La presencia china en este rubro ya tenía peso años antes. Para 2018, el 62% de las importaciones argentinas de equipos de vigilancia provenía de China, frente al 5% de Estados Unidos, y al menos 35 ciudades latinoamericanas usan hoy sistemas de vigilancia chinos.

La cooperación no se limita al hardware. Delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba y Panamá estudiaron en la Universidad de la Policía de Investigación Criminal de China, en Shenyang. En septiembre de 2024, el ministro de seguridad pública chino firmó con la policía de Nicaragua un acuerdo de formación sobre narcóticos, ciberdelito y terrorismo, después de que Beijing ya hubiera entregado equipo antidisturbios al país.

Cómo un contrato puede convertirse en una dependencia estructural

El caso más claro de esa expansión es ECU-911, el sistema nacional de respuesta de emergencias de Ecuador. Todo comenzó en 2011, cuando el gobierno ecuatoriano contrató a la empresa estatal china CEIEC para crear una red de vigilancia basada en cámaras de Huawei.

El sistema fue financiado con un préstamo de USD 240 millones del Banco de Desarrollo de China, respaldado no por garantía soberana sino por un contrato de venta de petróleo que obligaba a PetroEcuador a enviar 72.000 barriles diarios a PetroChina durante la vida operativa del proyecto. En 2016, Xi Jinping inauguró personalmente un laboratorio conjunto de seguridad en la sede del sistema durante una visita a Ecuador.

Después llegaron nuevos escalones de integración. Beijing donó 10.000 fusiles AK-47 a las fuerzas armadas ecuatorianas, a comienzos de 2018 ya se usaba reconocimiento facial chino en los centros de ECU-911 y en 2024 las cámaras municipales y privadas independientes del país fueron conectadas a esa red.

Lo que empezó como un contrato puntual terminó convertido en la columna vertebral del aparato de seguridad interna de Ecuador. El problema, sostuvo la revista, es que ese entramado no redujo de forma mensurable el delito: los homicidios pasaron de alrededor de 1.000 en 2016 a más de 4.800 en 2022.

La fragilidad técnica agravó la dependencia. Para 2022, unas 1.100 de sus 6.500 cámaras estaban fuera de servicio y hoy el sistema apenas funciona, pero reemplazarlo sería tan costoso y complejo que el país sigue atado a Beijing para sostener un mecanismo de emergencias deteriorado.

Esa dificultad para salir no es accidental. Las plataformas chinas integradas son baratas al inicio, pero costosas de sustituir; además, muchos diseños son propietarios y requieren asistencia continua de las empresas chinas para reparaciones, repuestos y actualizaciones de software.

Un estudio de 2020, citado por el medio, no encontró un solo gobierno que hubiera adoptado una plataforma china de vigilancia y control policial y luego la hubiera eliminado por completo. Los gobiernos, en cambio, tendían a restringir funciones específicas antes que desmontar todo el sistema.

Efectos políticos y diplomáticos

La estrategia china no depende de un único proyecto visible y por eso resulta más resistente. Beijing ya construyó vínculos estables con gobiernos municipales, provinciales y nacionales, incluidas casi 180 alianzas de ciudades hermanas con 17 países latinoamericanos.

Ese despliegue también puede traducirse en concesiones políticas. En marzo de 2023, Honduras rompió relaciones formales con Taiwán y estableció vínculos con Beijing. Tres meses después firmó 17 acuerdos de cooperación con China, entre ellos uno sobre ciudades inteligentes, expresó su apoyo a la Iniciativa de Seguridad Global china y, dentro del año siguiente, su sistema 911 adjudicó sin competencia un contrato para un sistema chino de gestión de video e instaló 3.500 cámaras fabricadas por Huawei.

La presión no siempre se manifiesta como coerción abierta, pero la posibilidad existe. Si un Estado adopta una posición contraria a los intereses de Beijing, China puede retener repuestos, actualizaciones o técnicos, y convertir una relación comercial en una herramienta de presión.

La autora también señaló costos internos. Cuando comunidades indígenas bloquearon salares de Argentina por el impacto ambiental de proyectos de litio respaldados por China y por no haber sido consultadas antes de la entrada en vigor de los acuerdos, el gobernador de Jujuy aceleró una reforma constitucional para prohibir los cortes de ruta. Grupos de derechos humanos denunciaron además agresiones y detenciones ilegales por parte de la policía provincial.

El modelo no se limita a América Latina. En Lahore, en Pakistán, la Autoridad de Ciudades Seguras de Punjab instaló centros de comando construidos por Huawei y 10.000 cámaras de vigilancia mediante un contrato de USD 84,7 millones; el sistema de vigilancia de Kenia funciona con tecnología china; y el Ministerio de Seguridad Pública de China firmó acuerdos policiales o de seguridad con unos 74 países, con más de 200 convenios en total, además de haber entrenado de manera verificable a más de 12.000 agentes extranjeros desde 2000.

China avanza mediante oficinas de compras municipales, academias policiales y contratos de bajo perfil que cubren necesidades cotidianas de alcaldes, gobernadores y agencias provinciales.

El Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han activado sus alertas ante la decisión de SAIC Motor, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China y dueño de la marca MG, de instalar su primera planta en Europa en el puerto exterior de Ferrol, a apenas cinco kilómetros en línea recta del arsenal de la Armada española y del astillero de Navantia. La empresa, propiedad del régimen chino, descartó otras ubicaciones con acceso portuario que no comprometían intereses militares, como Vigo o Gijón, y eligió una ría en cuya entrada se concentran algunos de los activos navales más sensibles de España.

Según informa El País, la ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladó recientemente su preocupación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aunque este mantiene un fuerte compromiso con el proyecto, al que el Gobierno gallego ha otorgado el carácter de “proyecto industrial estratégico” para agilizar trámites. La Xunta ha creado incluso una oficina específica para facilitar las gestiones de la empresa china con los ayuntamientos afectados y el resto de administraciones.

El arsenal de Ferrol es la principal instalación de la Armada en el norte de España. Alberga las cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100) -‘Álvaro de Bazán’, ‘Almirante Juan de Borbón’, ‘Blas de Lezo’, ‘Méndez Núñez’ y ‘Cristóbal Colón’-, los dos buques de aprovisionamiento en combate BAC Cantabria y Patiño, y dependencias de apoyo logístico de alta sensibilidad, entre ellas el centro de certificación y mantenimiento de misiles y torpedos en Mougá, instalado en naves y polvorines subterráneos. Contiguo al arsenal se encuentra el astillero de Navantia, donde se construyen las fragatas F-110 -la última generación de buques escolta de la Armada- y está prevista la modernización de las F-100.

“Una amenaza”

Ambas clases de buques llevan integrado el sistema de combate Aegis, desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin y considerado el más avanzado del mundo para la detección e interceptación de misiles desde plataformas navales. El Mundo publica que el Ministerio de Defensa cuenta ya con informes internos que califican la presencia china en la entrada de la ría como “una amenaza”, y que fuentes castrenses advierten del riesgo de que la OTAN y la Unión Europea (UE) dejen de considerar a Ferrol como un puerto seguro.

“Basta con sentarse en el puerto exterior de Ferrol para tomar nota de todos los buques que entran y salen de la base naval y el astillero”, señala a El País un militar con conocimiento directo de la zona. La preocupación no se limita a la vigilancia visual: los servicios de inteligencia apuntan al riesgo de ciberataques y, sobre todo, al espionaje humano -conocido en el ámbito de la inteligencia como Humint-.

El patrón de ubicación de SAIC Motor refuerza los recelos. Según El País, la compañía planea levantar otra planta en México y la localización contemplada sería Tijuana, a 25 kilómetros de la base naval de San Diego, la mayor de la US Navy en el Pacífico.

Deterioro para Navantia

Navantia genera más de 2.500 empleos indirectos en la comarca, además de sus 1.885 trabajadores directos, y las mismas pequeñas y medianas empresas que subcontratan para el astillero y la base naval trabajarán también para SAIC Motor. La posibilidad de que algún empleado sea captado por los servicios de inteligencia chinos es, según las fuentes consultadas por ambos diarios, la mayor fuente de inquietud.

Las implicaciones van más allá del riesgo directo de intrusión. La sola percepción de una vulnerabilidad puede deteriorar la reputación de Navantia ante sus clientes extranjeros -entre ellos Australia, Noruega y el Reino Unido- y la credibilidad de la Armada ante sus proveedores estadounidenses. Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones que su mayor preocupación respecto a la política exterior española son sus vínculos con China, a quien Washington considera su rival estratégico. El precedente de la compra de servidores Huawei para el sistema de escuchas judiciales SITEL por parte del Ministerio del Interior dejó una huella de desconfianza que aún no se ha disipado del todo, según las fuentes consultadas.

En el plano político, la situación genera una paradoja llamativa. El PP, que criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por el contrato de Huawei y su acercamiento a Pekín, guarda ahora silencio ante un proyecto impulsado por su propio presidente autonómico. Tanto Rueda como Sánchez viajaron a China en abril: el presidente del Gobierno estuvo del 13 al 15 de ese mes, cuando se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang con el objetivo declarado de reducir el déficit comercial y atraer inversiones; Rueda le siguió entre el 22 y el 26, acompañado por la conselleira de Economía, Marísa Jesús Lorenzana, y visitó la planta de SAIC Motor en Zhengzhou.

200 millones, 1.000 empleos

El proyecto contempla una inversión inicial de 200 millones de euros y la creación de 1.000 empleos directos, con una producción anual prevista de 120.000 vehículos. Las obras podrían arrancar en 2027 y la planta estar operativa antes de que concluya 2028. El polígono de Mandiá, a 13 kilómetros del puerto exterior, acogerá a las industrias auxiliares, y un centro logístico en As Pontes podría generar otros 300 puestos de trabajo. Ferrol registra una tasa de desempleo del 12,1%, casi el doble que la media provincial (6,4%), lo que explica el entusiasmo de las autoridades gallegas ante una inversión que la conselleira Lorenzana califica como “el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”.

Los críticos del proyecto advierten, no obstante, que en su fase inicial SAIC Motor se limitará a ensamblar vehículos desmontados llegados en contenedores desde China, con una planta altamente robotizada, lo que reduciría de forma sustancial el impacto real en el empleo local. La aprobación definitiva depende del Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión directa extranjera que requiere autorización del Gobierno central.

La expansión global de Huawei como punta de lanza de la estrategia tecnológica y militar del régimen chino ha modificado el tablero geopolítico y de seguridad internacional. La empresa, fundada en 1987 por Ren Zhengfei, se erige hoy como símbolo de la simbiosis entre el desarrollo tecnológico, el poder estatal y la influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Esta relación excede lo meramente comercial y plantea interrogantes de fondo sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía de los países que adoptan los servicios y productos de la compañía.

Las advertencias surgen desde los países desarrollados que temen que Beijing interfiera en sus comunicaciones y sus servicios: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Alemania, Rumania, Japón y Taiwán. En las últimas horas, fue el Departamento de Estado norteamericano el que advirtió a la empresa Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica, y analiza revocarles las visas a las autoridades de la compañía encargada de la distribución de energía en la provincia patagónica. Fuentes confiables fueron más allá en conversación telefónica con Infobae: esas sanciones o restricciones de visa podrían ampliarse a otras corporaciones y miembros de sus directorios que multipliquen su colaboración o contratos con el gigante tecnomilitar chino.

El vínculo entre Huawei y el aparato estatal de China nunca fue secreto. Las leyes chinas exigen que las grandes compañías incorporen a miembros del Partido Comunista Chino (PCC) en sus directorios. Esta obligación transforma a cada empresa relevante en un eslabón de la estructura de poder del Estado. La penetración de Huawei en la red 5G global —un sistema que permitirá la transmisión inmediata de datos en todo el planeta— representa mucho más que un salto tecnológico: implica la posibilidad de que el régimen comandado por Xi Jinping acceda a información estratégica de usuarios, empresas y gobiernos de decenas de países. Un desembarco encriptado. Estados Unidos y los países europeos más relevantes toman nota de aquellas naciones que se entregan sin restricciones a Huawei.

La protección que otorga el Estado chino a Huawei es visible tanto en la diplomacia como en la economía. Xi Jinping utiliza a la firma como un activo central en su política exterior, defendiendo sus intereses en organismos multilaterales y enfrentando a potencias como Estados Unidos cuando la empresa se ve amenazada.

La estrategia china no se limita a la defensa retórica o a la presión diplomática. El modelo de préstamos y financiación que despliega en América Latina, África y Asia tiene como contrapartida la cesión de recursos naturales y la autorización para instalar infraestructuras críticas, como bases militares y redes de telecomunicaciones. En países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los créditos chinos abrieron la puerta a la influencia tecnológica de Huawei, que busca controlar el despliegue de la red 5G en mercados emergentes. Y mantenerlos bajo su paraguas financiero y tecnológico.

Ejecutivos e ingenieros de Huawei colaboraron durante años con órganos del EPL en proyectos de investigación avanzados. Las áreas varían desde la inteligencia artificial hasta el procesamiento de imágenes satelitales y la clasificación de emociones en videos publicados en línea. La empresa tecnomilitar niega la existencia de un vínculo institucional permanente, pero las coincidencias en los perfiles de los participantes y la naturaleza de las investigaciones refuerzan las sospechas de una colaboración estructural.

El avance de la red 5G ha encendido las alarmas en varias democracias, especialmente en India, Japón, Australia, Estados Unidos y países europeos. Las autoridades de India bloquearon la entrada de Huawei y ZTE al sector tras un incidente fronterizo con China y la revelación de que aplicaciones chinas transmitían datos sensibles a Beijing. El gobierno de Australia también prohibió el acceso de la compañía a sus redes, citando riesgos para la seguridad nacional y la confidencialidad de las comunicaciones.

En este contexto de control y vigilancia sobre personas y empresas chinas, el régimen promulgó recientemente tres normas que refuerzan de manera explícita la subordinación de todas las entidades y ciudadanos al diseño estratégico del Estado. Huawei podría actuar como una herramienta de seguimiento y control esencial para ese objetivo de represión transnacional. La llamada Ley de Unidad Nacional tiene como objetivo integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad, mientras el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad y permite incluso desconocer las leyes de otros países cuando afecten intereses chinos. El Decreto 837 establece un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Todas las inversiones fuera de China deben alinearse con lo que el régimen denomina “seguridad del régimen” y someterse a revisiones estatales. El concepto de seguridad nacional, lejos de limitarse a la defensa o el terrorismo, abarca tecnología, datos, finanzas, cadenas de suministro, cultura, energía y estabilidad política. ¿Qué mejor que tener una corporación que controle a las otras empresas chinas -y extranjeras- en sus comunicaciones para ejercer esa autoridad fuera del territorio chino?

Uno de los aspectos más polémicos de estas normas es la discrecionalidad del Consejo de Estado y los ministerios competentes para permitir, restringir o incluso obligar a desinvertir en operaciones en el extranjero. El Decreto 837 prohíbe exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías y datos sin autorización, e impone un sistema de revisión de seguridad para toda inversión externa. Las empresas chinas, incluyendo Huawei, y sus empleados están obligados a colaborar plenamente, incluso cuando deban responder ante autoridades extranjeras, y deben dar prioridad a la protección de los intereses del Estado chino por encima de legislaciones locales.

La política de “diplomacia del Wolf Warrior”, impulsada desde Beijing, acompaña estas disputas tecnológicas con campañas mediáticas y presiones económicas. Medios oficiales advierten sobre supuestas represalias para los países que rechacen a Huawei, mientras se presenta al régimen como víctima de una tendencia “anti-China”.

Empresa tecnomilitar

La dimensión militar del fenómeno se acentúa al analizar el perfil de Ren Zhengfei, fundador de la empresa y ex miembro del Ejército Popular de Liberación. Su experiencia en innovación y ciencia militar marcó la orientación de Huawei desde los inicios. El crecimiento de la empresa se apoyó en la transferencia de conocimiento y tecnología lograda a través de la colaboración —y en ocasiones el espionaje industrial— con actores estatales. Las denuncias de robo de información confidencial a competidores internacionales forman parte del historial de la compañía. Este modelo de articulación entre tecnología, Estado y fuerzas armadas no solo responde a una lógica interna china. La exportación de este esquema a otras regiones, mediante préstamos, inversiones y convenios de cooperación, amplía la presencia de Huawei mucho más allá de los límites del mercado. América Latina es uno de los escenarios donde la influencia se despliega con mayor claridad.

El deterioro económico de varias naciones de la región facilita el avance de la empresa. Gobiernos latinoamericanos utilizan al yuan como moneda de intercambio y la cesión de contratos estratégicos a Huawei como parte de un acuerdo más amplio con China. Sus bancos centrales también reciben ayudas temprarias, cuyos contratos no conocen ni los miembros de los congresos locales. Este tipo de pactos coloca a la empresa en el centro de la agenda política, económica y de defensa de los Estados involucrados.

La obligatoriedad de incorporar miembros del Partido Comunista Chino en las empresas y la colaboración documentada con el ejército convierten a Huawei en un actor híbrido, a medio camino entre la corporación y el brazo extendido del Estado y sus fuerzas armadas. Esta característica la diferencia de otras multinacionales tecnológicas y alimenta la desconfianza de gobiernos y agencias de inteligencia en todo el mundo.

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El ejército de Taiwán simuló el lunes el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu, un enclave de importancia estratégica en el estrecho de Taiwán, como parte del ejercicio militar Han Kuang, mientras el Gobierno prepara para ese mismo día una prueba que limitará por primera vez la velocidad de internet móvil durante los simulacros anuales de defensa civil.

El ejercicio Han Kuang tiene una duración de diez días y comenzó la semana pasada con distintos escenarios ante una eventual acción militar de China contra Taiwán. Beijing considera a la isla, gobernada de forma democrática, parte de su territorio y mantiene la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr su control.

En las horas previas al amanecer, tropas del Primer Comando de Teatro abrieron fuego en una playa de Penghu con tanques M60A3, piezas de artillería y cañones antiaéreos. Las fuerzas desplegadas formaron una defensa que los militares definieron como “multicapa” frente a un enemigo simulado que intentaba ejecutar un desembarco rápido en la costa.

Penghu está situada en el estrecho de Taiwán y se encuentra más cerca de la isla principal que de China. Los estrategas taiwaneses consideran que las islas podrían constituir un primer objetivo para Beijing en un eventual conflicto, con la posibilidad de que China intente utilizarlas como base para ataques con misiles y drones contra Taiwán.

Los reservistas de Penghu también participaron en las maniobras como parte de su programa de entrenamiento de 14 días. El ejército taiwanés busca con estos ejercicios una mayor integración de las fuerzas de reserva en su planificación operativa y una preparación que refleje de forma más realista los escenarios de conflicto.

Primera prueba de limitación de internet móvil

Más tarde el lunes, en el centro de Taiwán, el Gobierno reducirá de forma deliberada la velocidad de internet móvil durante la fase de defensa civil de los ejercicios. La prueba busca evaluar cómo podrían comunicarse los ciudadanos si el ancho de banda disponible disminuyera durante una emergencia.

El escenario contempla situaciones que van desde desastres hasta una eventual invasión china. La medida constituye la primera prueba de este tipo durante los ejercicios militares anuales de Taiwán.

Los servicios considerados esenciales no quedarán afectados por la reducción de velocidad. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, los semáforos y las llamadas de ambulancia de emergencia. Las líneas telefónicas fijas y los servicios de internet fijo tampoco sufrirán restricciones.

El Gobierno difundió información sobre el ejercicio antes de su puesta en marcha. El viernes por la tarde envió una alerta por mensaje de texto a los teléfonos móviles de todo Taiwán, tanto en chino como en inglés. Durante el fin de semana también publicó un mensaje de vídeo en redes sociales para informar sobre el simulacro.

La capital, Taipéi, y otras zonas del norte de Taiwán serán escenario del mismo ejercicio el jueves.

El Gobierno taiwanés rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing sobre la isla y sostiene que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Los ejercicios Han Kuang forman parte de la preparación militar de Taiwán ante distintos escenarios de conflicto. Las maniobras de este año incluyen la participación de tropas regulares y reservistas, así como pruebas destinadas a evaluar la respuesta militar y civil ante situaciones de emergencia.

(Con información de REUTERS)

La competencia china amenaza el tejido industrial europeo de una forma que los aranceles no logran contener. Se trata de un aviso reciente de Funcas que llega en un momento en que los datos del mercado del automóvil dan la razón a ese diagnóstico: las marcas chinas ya representan casi uno de cada cinco vehículos eléctricos de batería (BEV) vendidos en la Unión Europea, frente a poco más de uno de cada seis un año antes, según cifras de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

El avance se produce a pesar de los aranceles antisubvención que la UE impuso en octubre de 2024, y que en algunos casos superan el 35%. Para Funcas, el dato del automóvil no es una anomalía, al revés, es una evidencia de que se está produciendo un desplazamiento industrial: China ha pasado a dominar sectores que Europa consideraba estratégicos, desde los paneles solares —donde concentra más del 80% de la capacidad mundial de fabricación— hasta las baterías y los vehículos eléctricos, donde su escala productiva y el respaldo estatal le dan una ventaja que los aranceles no neutralizan.

La paradoja de los aranceles queda expuesta en los números de las principales marcas chinas. BYD, que soporta un gravamen adicional del 17% sobre el 10% estándar de importación, más que duplicó sus matriculaciones en la UE en el último año disponible, con un alza del 152,9% hasta superar las 71.850 unidades, según la ACEA. Chery Automobile —a través de sus marcas Omoda, Jaecoo y Jetour— creció un 267,1%, y Leapmotor, marca china distribuida en Europa mediante su alianza con Stellantis, disparó sus ventas un 558,8%.

Las marcas chinas son un 21% más baratas

La organización independiente Transport & Environment (T&E) concluye en un análisis reciente que los vehículos eléctricos de marcas chinas siguen siendo un 21% más baratos que los europeos, pese a los gravámenes. Los fabricantes absorbieron los costes arancelarios para no perder presencia en el mercado, en lugar de trasladarlos al precio final. T&E también detectó un giro estratégico: ante los aranceles sobre los vehículos eléctricos de batería, los fabricantes chinos aceleraron sus exportaciones de híbridos enchufables (PHEV), que no estaban sujetos a los mismos gravámenes. Las marcas chinas pasaron del 3% al 13% del mercado europeo de PHEV en apenas dos años.

Ese giro entre los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables se refleja en los datos globales de exportación. Según el instituto Gasgoo, las exportaciones chinas de automóviles a Europa registraron un crecimiento del 84,7% interanual en los últimos datos disponibles, con los híbridos enchufables liderando el avance con un alza del 152,4%, frente al 94,6% de los eléctricos puros. Las marcas chinas han alcanzado cerca del 10% del mercado europeo total —incluyendo todos los tipos de propulsión—, un máximo histórico, según Gasgoo.

La presión comercial va más allá del sector del automóvil. T&E señala que las importaciones de baterías chinas a la UE —que apenas tienen aranceles— se multiplicaron por siete en los últimos cinco años. De los packs de baterías fabricados en Europa, menos de una cuarta parte procede de fabricantes europeos. El superávit comercial de China con la UE alcanzó 83.000 millones de dólares en un solo trimestre, según un análisis del Instituto Mercator de Estudios sobre China (Merics) recogido por The Guardian, con los vehículos eléctricos e híbridos como principal motor de ese desequilibrio.

La UE reconoce la relación “desequilibrada” con China

La respuesta política europea refleja las mismas divisiones que frenan una estrategia industrial común. Los líderes de la UE han reconocido que la relación comercial con Pekín se ha vuelto más desequilibrada, pero no han respaldado una escalada de medidas, según recoge Funcas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene la vía del diálogo constructivo con Pekín. Alemania, cuyo sector del automóvil depende de sus ventas en el mercado chino, ha sido uno de los Estados miembros más reticentes a endurecer las medidas comerciales.

Funcas sitúa el problema en un plano estructural que va más allá de los aranceles. Europa carece de un mercado de capitales integrado capaz de financiar la innovación industrial a la escala que lo hace Estados Unidos, y no dispone de las herramientas políticas con las que China canaliza la inversión hacia sectores estratégicos de forma ágil. El informe advierte de que la preocupación de Bruselas ha dejado de centrarse en el acceso al mercado chino para concentrarse en la competencia industrial que China ejerce dentro del propio mercado europeo.

La consultora AlixPartners prevé que los vehículos de marcas chinas alcancen el 16% del mercado europeo total en 2030, según datos recogidos por Forbes. Al margen de las exportaciones, T&E contabiliza diez instalaciones productivas chinas anunciadas en Europa desde que la Comisión Europea abrió su investigación antisubvención en septiembre de 2023.

El tifón Dolphin tocó tierra este domingo en el densamente poblado este de China, informaron las autoridades meteorológicas, después de que la tormenta provocara más de 1.000 cancelaciones de vuelos, evacuaciones y una alerta de máximo nivel.

La costa este de China venía preparándose para la llegada de la tormenta en los últimos días, con la suspensión del trabajo y los servicios de transporte en algunas áreas a lo largo de su trayectoria prevista.

El centro del tifón se desplazó sobre la costa cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 17:30 hora local (0930 GMT), según informó el Centro Meteorológico Nacional de China (NMC) en una publicación en línea. Los vientos máximos cerca del centro superaban los 150 kilómetros por hora (94 millas por hora) en el momento del impacto.

Casi 1.400 vuelos de entrada y salida de los dos principales aeropuertos de pasajeros de Shanghái fueron cancelados el domingo, según informó la cadena estatal CCTV. El aeropuerto de Hangzhou, en la vecina provincia de Zhejiang, registró la cancelación de 270 vuelos de entrada y salida, según el mismo reporte.

Alerta roja y evacuaciones en varias provincias

El NMC emitió el domingo por la mañana una alerta roja por tifón —su advertencia más severa—, pronosticando “lluvias torrenciales extraordinarias” en algunas zonas del centro y este de Zhejiang. También se esperaban precipitaciones intensas en Shanghái y partes de las provincias de Fujian, Anhui y Jiangsu hasta la tarde del lunes.

Se preveía que el tifón Dolphin se debilitara tras tocar tierra mientras se desplazaba en dirección noroeste sobre el este de China.

En Fujian, casi 99.000 personas fueron reubicadas desde “zonas de riesgo” el sábado por la noche antes de la llegada de la tormenta, informó la agencia estatal Xinhua. Los servicios en más de 200 rutas de ferry fueron suspendidos en Zhejiang y Fujian, según la misma agencia.

El trabajo en proyectos costa afuera fue detenido, mientras que 474 embarcaciones de construcción habían sido convocadas a puerto hacia la mañana del viernes, indicó Xinhua. Algunos servicios ferroviarios en las áreas afectadas también fueron suspendidos el domingo para garantizar la seguridad de los pasajeros, según medios estatales.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por la actividad humana está haciendo que los eventos de calor extremo sean más frecuentes e intensos en todo el mundo.

La llegada del tifón Dolphin a China se produce dos semanas después de que el tifón Noul azotara la provincia sureña de Guangdong, declarado en su momento por las autoridades como la tormenta más fuerte en tocar China este año. Tres personas murieron y cientos de viviendas resultaron dañadas por el tifón Noul en Filipinas antes de que este llegara a China.

Calor récord en Hong Kong y daños en Japón y Taiwán

Los efectos se sintieron incluso hasta Hong Kong, en la costa sur de China, donde el observatorio meteorológico registró una temperatura récord de 36,9°C, causada por el aire cálido empujado sobre la ciudad por el tifón Dolphin. Con la tormenta “moviéndose hacia las cercanías de Zhejiang y avanzando tierra adentro, su aire descendente periférico seguirá trayendo un clima extremadamente caluroso al territorio desde hoy hasta el martes”, indicó el Observatorio de Hong Kong.

El tifón Dolphin ya había dejado lluvias intensas y fuertes vientos en Okinawa, Japón, antes de llegar a China. Siete personas en Okinawa sufrieron heridas leves, entre ellas un hombre de más de 100 años que fue derribado por las ráfagas, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, según el gobierno de la isla. Hacia la tarde del domingo, 5.290 hogares en Okinawa se encontraban sin electricidad, según la empresa regional Okinawa Electric Power.

En Taiwán, decenas de servicios de ferry fueron suspendidos y más de 180 vuelos fueron cancelados mientras la tormenta traía lluvias torrenciales y fuertes vientos al norte de la isla el domingo.

Dieciséis meses después del denominado “Día de la Liberación”, la política comercial impulsada por Estados Unidos en abril de 2025 aparece como uno de los factores centrales de la transformación del escenario económico y geopolítico global. El incremento unilateral de aranceles y la posterior firma de acuerdos bilaterales modificaron las reglas del intercambio internacional y profundizaron la competencia entre Washington y Beijing. Sin embargo, contra las primeras previsiones, el comercio mundial no se contrajo: por el contrario, creció a un ritmo significativamente superior al del año anterior.

El giro se produjo el 2 de abril de 2025, cuando Donald Trump anunció una profunda modificación de la política comercial estadounidense, bajo el argumento de que el sistema vigente era “injusto” y perjudicaba a Estados Unidos, estableciendo sobretasas de entre 10% y 50%, determinadas en función del déficit comercial bilateral y de los aranceles aplicados por cada socio a los productos estadounidenses.

Más allá del objetivo estrictamente comercial, el nuevo esquema también tuvo un fuerte componente geopolítico, en un contexto marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China. Beijing fue el único país que respondió inicialmente con una escalada abierta de represalias, mientras que buena parte de los demás socios optó por negociar nuevos acuerdos con Washington. El resultado fue un debilitamiento del sistema multilateral de reglas y una mayor tendencia hacia relaciones comerciales de carácter bilateral.

Pero la guerra arancelaria no logró frenar el comercio global. Según las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio citadas en el informe elaborado por la Fundación INAI, el intercambio mundial de bienes alcanzó en 2025 los US$26,3 billones, con un crecimiento del 6,7% frente a 2024, cuando había aumentado 2,2%. Tanto Estados Unidos como China continuaron integrados a las cadenas globales, aunque con una marcada modificación en sus relaciones bilaterales.

El comercio internacional se reconfiguró

El principal cambio se produjo precisamente entre las dos grandes potencias. Las exportaciones estadounidenses hacia China disminuyeron 26%, mientras que las ventas chinas a Estados Unidos cayeron 29%. Al mismo tiempo, Estados Unidos incrementó sus importaciones totales 4,4% y su déficit comercial 2%, mientras que las exportaciones chinas al mundo crecieron 5,5% y su superávit comercial aumentó 20%. De acuerdo con el análisis, la política arancelaria terminó mostrando mayor eficacia para impulsar objetivos geopolíticos que para corregir los desequilibrios comerciales que buscaba modificar.

El desacople entre Washington y Beijing, además, abrió espacios para terceros países. En ese nuevo tablero, Argentina logró mantener una trayectoria de mayor integración comercial. Durante 2025, las exportaciones nacionales crecieron 9,3%, por encima del promedio mundial de 6,7%, mientras que las importaciones aumentaron 24,7%. El comportamiento permitió avanzar en la recuperación de los niveles de apertura comercial de la economía argentina, en un escenario internacional que, lejos de cerrarse completamente, comenzó a redistribuir oportunidades entre distintos proveedores.

Uno de los datos más significativos fue el salto de casi 54% en las exportaciones argentinas hacia China. El análisis plantea que parte de ese crecimiento podría estar relacionado con el desacople entre Beijing y Washington y con potenciales desvíos de comercio en favor de Argentina. En particular, se observa una relación entre el incremento de las principales exportaciones argentinas al mercado chino y la caída de las ventas estadounidenses de esos mismos productos.

El Gobierno de Japón atraviesa una etapa de fuerte debate sobre el futuro de sus políticas nucleares, en un contexto marcado por el 81 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la creciente presión del régimen chino. La inquietud por la seguridad regional y la fiabilidad de la alianza con Estados Unidos llevó a líderes japoneses a plantear, por primera vez en décadas, la revisión de los “tres principios no nucleares”.

Hoy, el país vive una contradicción: mientras honra a las víctimas y reafirma su memoria histórica, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi impulsa una actualización de la estrategia nacional de defensa y levanta restricciones como la prohibición de exportar armamento. Esta nueva línea fue criticada por Beijing, que acusa a Tokio de “nuevo militarismo”.

Hasta ahora, la constitución japonesa prohíbe el uso de armas ofensivas y mantiene, desde 1967, el compromiso de no poseer, producir ni permitir la entrada de armas nucleares en su territorio. Sin embargo, los recientes movimientos militares de China y las tensiones regionales provocaron un giro en el discurso político de Tokio.

La primera ministra Sanae Takaichi evitó pronunciarse claramente sobre si mantendría la política antinuclear, mientras que el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, instó a un “diálogo sin tabúes” sobre la cuestión. Esta ambigüedad ha preocupado tanto a la sociedad japonesa como a los sobrevivientes de los ataques de 1945.

Durante una reunión informal, un alto funcionario de la administración sugirió que Japón debería considerar la posibilidad de poseer armas nucleares, según publicaron medios como NHK y Asahi Shimbun. El comentario desató indignación pública y puso en primer plano la discusión sobre el rumbo del país en materia de defensa.

El jueves, Japón recordó el bombardeo de Hiroshima y se prepara para conmemorar el de Nagasaki este domingo. Ambos ataques estadounidenses en agosto de 1945 provocaron la muerte de más de 210.000 personas, la mayoría a causa de la radiación, y marcan la única vez en que se han utilizado armas nucleares en una guerra.

Quienes sobrevivieron a los bombardeos fueron históricamente una voz influyente en la cultura política pacifista de Japón. Satoshi Tanaka, de 82 años y superviviente de Hiroshima, expresó su escepticismo: “Si lo miro con cinismo, no puedo evitar pensar que tal vez ella realmente quiera cambiar” el compromiso antinuclear japonés, escribió para la AFP.

Tanaka manifestó su frustración por el giro de los líderes políticos hacia la seguridad militar, preguntando: “Se habla mucho de seguridad nacional. ¿Qué hay de construir la paz a través de la diplomacia?”. A pesar de que los supervivientes recibieron el Premio Nobel de la Paz 2024, el futuro de su asociación se ve amenazado por el envejecimiento de sus miembros: hasta marzo, solo quedaban reconocidos poco más de 91.000 supervivientes, con una edad media de 86,7 años.

El centro del debate está en la posible revisión de los principios no nucleares, en particular el que prohíbe permitir la entrada de armas nucleares extranjeras. Los partidarios del gobierno argumentan que esta modificación fortalecería la disuasión frente a las amenazas del régimen chino, mientras que voces como la de Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, abogan por “trabajar para construir un mundo sin armas nucleares”, pero abren el debate en el marco de la alianza con Estados Unidos.

Según Yoshimura, “al considerar cómo garantizar la eficacia de la disuasión nuclear extendida en el marco de nuestra alianza con Estados Unidos, creo que deberíamos... seguir adhiriéndonos al principio de ‘no poseer ni producir’ armas nucleares”. Sin embargo, añadió que “en cuanto a ‘no permitir su entrada’, creo que hay margen para el debate sobre ese punto”.

Tras la ceremonia en Hiroshima, Takaichi se reunió con los hibakusha (sobrevivientes) y se limitó a reiterar: “Nuestra nación se adhiere actualmente a los ‘tres principios no nucleares’”, sin aclarar si cambiaría la política en el futuro.

Tanaka resumió su preocupación tras el encuentro: “Eso solo explica la situación actual. No dice nada sobre el futuro. Eso solo me preocupa más. Estoy inquieto”.

En este contexto, el debate sobre el futuro nuclear de Japón se ha convertido en un tema central de la agenda nacional, enfrentando la memoria del pasado con las incertidumbres del presente y la presión de un entorno geopolítico cada vez más tenso.

(Con información de AFP)

China entregó al régimen cubano un segundo lote de 5.000 sistema fotovoltaico, con el objetivo de asegurar energía solar en centros de salud, círculos infantiles y sucursales bancarias distribuidos en los 169 municipios del país. La iniciativa forma parte de la cooperación bilateral entre La Habana y Beijing para fortalecer la infraestructura energética cubana mediante fuentes renovables, en un contexto marcado por los reiterados apagones a nivel nacional.

La ceremonia de entrega de nuevos equipos de energía renovable se realizó en la sede del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en la capital cubana, con la presencia de directivos del organismo, representantes de la Unión Eléctrica de Cuba y miembros de la Embajada China, según informó el propio ministerio a través de Facebook.

Los sistemas, gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, ofrecen una mejora técnica respecto al primer lote donado en noviembre de 2025. Los nuevos equipos alcanzan una potencia de 3,6 KWh y duplican la capacidad de almacenamiento hasta 14,3 KWh.

Durante la ceremonia, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga agradeció el respaldo de Beijing y destacó “su especial significado en el muy complejo escenario que vive el país”. Por su parte, el embajador chino Hua Xin enmarcó la entrega en las vísperas del centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemora el 13 de agosto, y la calificó como “un regalo del pueblo chino para ayudar de forma práctica a mejorar el bienestar de la población cubana”.

La donación se produce días después de que Cuba experimentara dos colapsos totales del sistema eléctrico nacional en menos de 48 horas, el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, sumando así el sexto y séptimo apagón general del año.

El primer envío, compuesto por 5.000 sistemas y entregado a finales de 2025, tuvo un valor superior a USD 114 millones y generó críticas contra el régimen, ya que parte de esos equipos fue reasignada al monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, para mantener servicios de telefonía fija y Nauta Hogar en Matanzas, en vez de destinarse directamente a aliviar los apagones en los hogares cubanos.

El régimen de Cuba aprobó nuevas regulaciones para el uso de energías renovables, con exenciones fiscales para la importación de equipos y cambios en la compraventa de electricidad producida a partir de biomasa y energía eólica, en un contexto donde también es crítica la generación eléctrica en toda la isla.

Las resoluciones 179 y 180 de 2026 entraron en vigor el sábado, anunció la prensa estatal, y buscan ampliar los incentivos a personas y empresas que inviertan en fuentes renovables en medio de una de las etapas más críticas del sistema eléctrico cubano.

La Resolución 180 eximió del pago de impuestos aduaneros a quienes importen sistemas solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. La medida también alcanza calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, sistemas de aire acondicionado solar y cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables. Además, incluye equipos para el procesamiento de biomasa destinados a la producción de energía y sus partes fundamentales.

Por su parte, la Resolución 179 modificó una regulación previa de mayo y amplió el alcance de la compraventa de energía entregada al Sistema Electroenergético Nacional. Hasta ahora, la normativa priorizaba la generación solar fotovoltaica. Con la nueva disposición, la red nacional podrá incorporar en mayor medida la energía producida a partir de biomasa vegetal y de fuentes eólicas.

Para el sábado, la estatal Unión Eléctrica anticipó que el mayor apagón del día dejaría sin servicio al 69 % del país durante el horario de máxima demanda. La capacidad disponible permanece en 1.050 megavatios, frente a una demanda estimada de 3.300 megavatios, lo que obligó a desconectar 2.280 megavatios para evitar interrupciones desordenadas en el sistema.

De acuerdo con los datos oficiales, los 9,4 millones de cubanos dispondrán en promedio de apenas dos o tres horas de electricidad en la jornada. La situación provocó manifestaciones pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de La Habana, mientras persiste el deterioro en el suministro eléctrico y se agravan las protestas ciudadanas ante los prolongados cortes de luz.

(Con información de EFE)

Estados Unidos acusó este sábado al régimen de China de llevar a cabo acciones “desestabilizadoras” cerca del arrecife de Scarborough para reforzar sus reclamos en el Mar de China Meridional e impedir el acceso de pescadores filipinos a una zona que Washington consideró parte de sus derechos tradicionales.

La reacción llegó después de que Beijing difundió normas de gestión para la reserva natural que creó el año pasado alrededor del atolón, un enclave bajo su control que también reclama Filipinas. Para el gobierno estadounidense, esa decisión constituyó una medida unilateral con la que China buscó afianzar su presencia sobre un área en disputa a partir de argumentos ambientales y legales.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que Washington rechazó la aplicación de esa reserva en Scarborough porque, según afirmó, apuntó a negarles a los pescadores filipinos el acceso a su caladero habitual. También señaló que China apeló a pretextos que Estados Unidos consideró dudosos para sostener sus reclamaciones marítimas en la zona.

“Estados Unidos rechaza los intentos continuos de China de imponer su ‘reserva nacional de la naturaleza’ desestabilizadora en el Arrecife de Scarborough y negar a los pescadores filipinos el acceso a sus tradicionales zonas de pesca”, declaró Pigott.

Y agregó: “Este es otro intento unilateral de China de utilizar pretextos medioambientales y legales dudosos, respaldados por la coerción, para avanzar en sus amplios reclamos territoriales y marítimos en el Mar de China Meridional a expensas de sus vecinos”.

El banco de Scarborough está situado a unos 240 kilómetros de la isla filipina de Luzón y a varios cientos de kilómetros del territorio continental chino. La formación coralina cuenta con recursos pesqueros y forma parte de uno de los puntos de mayor fricción dentro del Mar de China Meridional, donde Beijing reclama la mayor parte de las aguas pese a objeciones de otros países de la región.

La declaración estadounidense retomó además el laudo arbitral de 2016, que reconoció derechos de pesca tradicionales de los filipinos en esa zona y concluyó que las pretensiones chinas sobre gran parte del Mar de China Meridional carecían de base legal. Pekín rechazó ese fallo y mantuvo su posición sobre el área.

La disputa en torno a Scarborough arrastra años de tensión entre China y Filipinas. Los desacuerdos por la soberanía del atolón derivaron en incidentes marítimos recurrentes y en protestas diplomáticas entre ambos Estados. El mes pasado se registraron nuevos episodios en territorios en disputa, en una secuencia que mantuvo la fricción entre las dos partes.

La posición de Washington volvió a colocar el foco sobre el uso de instrumentos administrativos para consolidar control territorial en aguas controvertidas. Para Estados Unidos, la reserva nacional establecida por China no respondió solo a criterios de protección ambiental, sino también a un objetivo de afirmación política sobre el arrecife.

El pronunciamiento cerró con un apoyo directo a Filipinas y con la ratificación de la postura estadounidense a favor de un Indo-Pacífico libre y abierto.

(Con información de AFP y EFE)

El gobierno de Javier Milei, que este lunes cumplirá 32 meses como presidente de la Nación, dos tercios de un mandato que buscará revalidar dentro de poco más de 14 meses, disfruta de los mejores términos de intercambio de los últimos 125 años de historia económica de la Argentina.

Se trata de la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país y es uno de los indicadores más relevantes para medir cuán favorable o desfavorable es el contexto internacional para una economía, además de ser el más apto para la comparación a través del tiempo.

Otras variables, como el ciclo económico mundial o regional, la tasa de interés internacional y el índice de riesgo país, la intensidad de las corrientes globales de inversión, los cambios tecnológicos o la evolución de las economías vecinas (en particular, si se trata de economías grandes) son menos reductibles a una serie histórica.

El gráfico de abajo, en base al último informe del estudio de Miguel Ángel Broda, consultor económico que hace 39 años mantiene su ciclo mensual, muestra que los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio de 1900 hasta el presente.

Los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio desde 1900 al presente (Broda)

El gráfico también permite observar que el anterior pico, levemente inferior al actual y ubicado un 47% por sobre el promedio histórico, ocurrió en 2012, primer año completo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). También muestra que de 2003 a 2012 los términos de intercambio subieron casi sin pausa, testimonio de la extraordinaria y sostenida oportunidad histórica que el país tuvo y desperdició entonces para sentar sobre bases firmes un proceso de desarrollo que trascienda el crecimiento de algunos años.

Otros picos, como los de 1909, cuando Argentina transitaba una etapa de rápida expansión, o 1948, el cenit de la primera economía peronista, o 1973, cuando el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas que exportaba el país se adelantó al primer shock petrolero, que luego desbarrancó el breve crecimiento de la economía camporista, al inicio del tercer peronismo, muestran el extraordinario peso de los términos de intercambio.

También lo evidencian los momentos bajos, como el de 1922, al final del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyo sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, disfrutó del repunte posterior, que llegó hasta la depresión económica mundial, el derrumbe del indicador y, en ese contexto, la creación del BCRA, así como las circunstancias comerciales muy desfavorables en que asumieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958) y Fernando de la Rúa (1999).

Contexto favorable, resultados desiguales

Lo cierto es que hoy el conflicto en Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y la demanda de petróleo, gas y minerales críticos derivada del vector de crecimiento que constituyen las demandas de infraestructura y energía de la Inteligencia Artificial, juegan muy a favor de la economía.

Lo refleja un superávit comercial de casi USD 14.000 millones en el primer semestre del año (400% más que en igual período de 2025), del que el saldo energético proveyó la mitad (casi USD 7.000 millones). El saldo total sería más que el doble a fin de año, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas.

El saldo total sería a fin de año más del doble del registrado en el primer semestre, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas

Esas fuerzas traccionaron a su vez un boom de inversiones muy localizadas en torno a Vaca Muerta, como el oleoducto Duplicar Plus y el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que podría estar listo a fin de año, mientras avanzan, además, las inversiones mineras (por ahora más focalizadas en la infraestructura) en el NOA y Cuyo.

Economía a dos velocidades

Las extraordinarias condiciones externas a favor, sin embargo, no se terminan de reflejar en el conjunto de la economía. Si se toman los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador más cercano a la evolución del PBI, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 solo cuatro sectores crecieron más del 10% (Agricultura, Ganadería y Pesca, Intermediación financiera, Energía y Minería) y Transporte y Comunicaciones lo hizo levemente. En tanto, registraron caídas: Construcción (15%), Industria manufacturera (9,1%), Comercio (4,8%), amén de Administración Pública y Defensa y Servicios sociales.

Los sectores que crecieron explican cerca del 18% del empleo (directo) formal total y los que cayeron el 82%. He ahí un motivo de las crecientes dificultades políticas que enfrenta el gobierno, cuyos principales logros -como la reducción de la inflación y del índice de riesgo país y también del desorden callejero- encuentran límites.

Muestras de eso son el 2,9% de inflación minorista de julio en CABA, la caída en los índices de confianza en el gobierno y los magros resultados legislativos del gobierno en el Congreso, donde una agenda que el arco político no oficialista considera extrema e ideologizada, sirve más para aglutinar fracciones opositoras que para sumar votos y voluntades a favor de la agenda oficial.

Brasil, conflicto político y peso económico

En ese contexto, además, el propio Milei generó un choque con Brasil, principal socio económico y comercial de la Argentina.

Viene al caso recordar que entre 2000 y 2010 el PBI nominal en dólares de Brasil pasó de USD 660.000 millones a USD 2,2 billones, un aumento de casi 240%, que ejerció una fenomenal tracción sobre la economía argentina, como resultado del crecimiento real de Brasil y de la sobrevaluación en que desde 2003 incursionó su moneda, efecto inverso al de la devaluación que en enero de 1999 selló la larga agonía de la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar que entonces sostenía Argentina.

Por eso tantas voces, desde Domingo Cavallo hasta Roberto Frenkel y Carlos Melconian, pasando por el propio Broda, difieren en distintos grados con la política cambiaria oficial, que según el Índice Big Mac sobrevalúa en 19% el peso respecto del dólar si se tiene en cuenta el nivel de ingresos locales.

En ese marco, incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, incurrió en exabruptos, como tratar de “tarados” a quienes piden defender a la industria pero reivindican políticas que llevaron a que muchos bienes costasen en la Argentina entre dos y diez veces mas que su precio internacional, lo que a su vez despertó la reacción del presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más aun: el viernes, tras conocerse los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), Diego Coatz, hasta marzo pasado director del Centro de Estudios de la UIA y hoy al frente de “Industria & Desarrollo”, señaló que en el primer semestre el PBI industrial se contrajo 2,2%y que desde enero de 2024, mientras los precios fabriles aumentaron 144%, el IPC aumentó 235% y los servicios 400 por ciento. Siete de las 12 principales cadenas industriales, enumeró, están entre 30% y 40% debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan con cerca de 40% de capacidad ociosa, y desde diciembre de 2023 hasta abril pasado se perdieron 3.759 empresas industriales. Solo en los primeros 4 meses de este año, precisó, cerraron 1.070 empresas.

¿Cuán importante es, en este contexto, el conflicto con Brasil, que de los insultos de Milei al presidente brasileño, Luiz Inaçio “Lula” da Silva, pasó a la decisión de este de retirar a su embajador en la Argentina?

Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales, representante en la Argentina de la Cámara de Comercio Internacional, director de la Maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destacó a Infobae la diferencia de enfoque entre ambos gobiernos.

Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur (Elizondo)

“Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur. Si Brasil se atiene al mismo, no puede imponer sanciones unilaterales”.

Por ejemplo, explicó Elizondo, el Tratado prevé que una restricción de un país a otro tiene que estar fundada y que las causas de esas sanciones deben estar previstas en el Tratado y no está previsto que un entredicho entre presidentes sea una causal. En segundo lugar, siguió el experto, eso tendría que ser aplicado por un Tribunal de Solución de Controversias formado por técnicos de los cuatro países del bloque.

“Es complejo. No es como cuando dos países tienen dificultades entre sí. Acá hay una cobertura institucional, el Tratado del Mercosur y algunos otros, como el Tratado Bilateral de la Industria Automotriz, que también limitan la posibilidad de sanciones. Y está el tema de la conveniencia. A ninguno de los dos les conviene escalar el conflicto. Para Brasil, Argentina es el tercer mercado externo más importante y el primer destino para sus exportaciones industriales. No creo que tenga ganas de meterse en algo que vaya más allá de esta protesta diplomática”, afirmó el Elizondo.

En cuanto al futuro, consideró Marcelo Elizondo que el conflicto tendrá cierta intensidad hasta las elecciones de Brasil (primera vuelta en octubre, segunda en noviembre) y allí se detendrá.

“La tensión ha llegado a un nivel en el que creo que a Argentina no le conviene que esto siga escalando. Después del proceso electoral, si gana Lula nuevamente la relación no volvería a los niveles de confianza y amistad de antes, seguirá como ahora, con dos presidentes que no hablan entre sí, pero con países que sí actúan entre sí”.

Al respecto, Elizondo destacó que en los últimos años hubo avances bilaterales. Los gobiernos de Lula y Milei firmaron un acuerdo de cielos abiertos, otro para vender gas de Argentina a Brasil y se eliminaron restricciones al comercio del anterior gobierno argentino.

Si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos (Elizondo)

”Imagino que, si gana Lula, la relación seguirá en esos términos. Y si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos y Donald Trump podría darle a Bolsonaro la preeminencia que hoy tiene Milei como ideólogo regional”, alertó.

“La convergencia por orientación ideológica de los gobiernos se está viendo en todo el mundo. Incluso dentro de la Unión Europea uno ve que los gobiernos de derecha se acercan entre sí y los de izquierda entre sí y entre ambos hay críticas públicas, como pasa con Trump y sus diferencias con los gobiernos de Canadá y México, países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Eso antes no pasaba. La globalización de la discusión política ha llevado a que algunos presidentes actúen como líderes políticos más que como jefes de gobierno. Si ganara Bolsonaro sería el presidente de un país que es tres veces la Argentina. Le quitaría a Milei el rol de primus inter pares entre los gobiernos de derecha de la región pero, por otro lado, le daría un aliado muy grande y además le permitiría cambiar el Mercosur, algo que quiere hace rato: abrirlo, flexibilizarlo, internacionalizarlo”.

Las autoridades de Taiwán calificaron de “ridículos” los controles a la navegación de buques anunciados por China desde la entrada sur del estrecho de Taiwán ante el paso del tifón Dolphin. Según Taipéi, Beijing utiliza la tormenta como “pretexto” para atribuirse la gestión de aguas que la isla considera propias.

En un comunicado difundido en la red social WeChat (el WhatsApp chino), la Administración de Seguridad Marítima de la provincia de Cantón informó que implementaría controles de navegación para buques que transiten hacia el norte por el estrecho. El texto instó a todos los navíos a cumplir estrictamente los requisitos, buscar zonas seguras para resguardarse de la tormenta y seguir las órdenes emitidas por la administración marítima en tiempo real.

Ante este escenario, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán, organismo encargado de las relaciones con China, respondió el viernes mediante una denuncia pública en su sitio web.

El organismo describió la declaración del gigante asiático como “una violación de las leyes internacionales” y sostuvo: “Esta declaración irracional y grosera (…) constituye una muestra de ignorancia, indiferencia y pisoteo del orden y las normas internacionales. ¡Es sumamente ridículo! (…) El Partido Comunista de China no tiene derecho alguno a ejercer ningún tipo de ‘control’ o ‘jurisdicción’ sobre las aguas territoriales de nuestro país”.

Las autoridades de la isla reclamaron a Beijing que actúe con moderación, respete las normas internacionales y se limite a atender los daños del tifón en su territorio, sin intervenir en asuntos ajenos.

A pesar del cruce de declaraciones, la Guardia Costera de Taiwán informó el viernes que no se ha detectado ningún “movimiento fuera de lo normal” por parte de buques chinos ni se han recibido denuncias de “interferencias” a compañías de transporte marítimo en la zona.

La institución, citada por la agencia noticiosa CNA, consideró las acciones de Pekín como un intento de “guerra cognitiva” y reiteró que China no tiene derecho a controlar aguas internacionales. Además, instó a todos los cargueros que naveguen por el área a ignorar cualquier transmisión proveniente de autoridades chinas y a denunciar estos incidentes.

Las autoridades de Beijing mantienen su postura de que Taiwán constituye una “parte inalienable” del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para incorporarla bajo su control, una posición rechazada por el gobierno taiwanés, que afirma que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Tras cruzar este viernes las islas Ryukyu en el sur de Japón, el tifón Dolphin avanza con vientos de hasta 150 km/h al norte de Taiwán y, según la plataforma Zoom.earth, podría tocar tierra hacia las 20.00 hora local (12.00 GMT) del próximo domingo en la provincia oriental china de Zhejiang, donde las autoridades han elevado los niveles de alerta.

China mantiene la alerta amarilla por la proximidad del tifón Dolphin. El Centro Meteorológico Nacional reportó que a las 05:00 hora local del viernes, el centro del sistema se ubicaba a unos 900 kilómetros al este de Wenzhou, en Zhejiang. Dolphin, clasificado como tifón fuerte, presentaba vientos máximos de 42 metros por segundo cerca de su núcleo.

Se esperan vientos intensos en amplias zonas marítimas, incluyendo el mar de China Oriental, el sur del mar Amarillo, el estuario del Yangtsé y la costa de Zhejiang, con ráfagas especialmente fuertes en las áreas próximas al centro del tifón. Zhejiang activó medidas de emergencia contra tifones desde el jueves, con la suspensión de 21 rutas marítimas de pasajeros en la ciudad costera de Zhoushan, el cierre de obras marítimas, el envío de embarcaciones a refugio y la evacuación de más de 10.000 residentes de islas cercanas a la costa. Fujian implementó una respuesta de emergencia de cuarto nivel, mientras Cantón anunció controles al tráfico naval hacia el norte por la entrada sur del estrecho de Taiwán.

El tifón Dolphin se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, crecidas, deslizamientos y ciclones, fenómenos que dejaron decenas de muertos y provocado evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.

(Con información de EFE)

Los ejercicios Han Kuang comenzaron el miércoles y se extenderán durante diez días, enfocados en fortalecer la preparación de Taiwán para un eventual combate. China considera a la isla como parte de su territorio y ha reiterado su intención de someterla a su control, incluyendo la opción del uso de la fuerza. El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing y busca dialogar con el régimen para frenar su ambición imperialista.

“El objetivo del ejercicio Han Kuang es utilizar tropas reales, terreno real y equipo real para poner a prueba la coordinación del mando, la capacidad de respuesta en combate y las capacidades de defensa del territorio nacional”, afirmó Lai Ching-te al dirigirse a los marineros participantes.

Frente a las “amenazas y desafíos externos”, Taipéi continuará fortaleciendo las capacidades de defensa y brindando el mayor apoyo posible a las fuerzas armadas y la Guardia Costera, aseguró el presidente durante las maniobras, sin mencionar de manera directa a China.

Lai instó a los participantes a responder activamente a lo largo del ejercicio y a fortalecer la coordinación y el entendimiento mutuo, con el fin de “responder a todo tipo de situaciones y salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad del pueblo con una sólida capacidad de combate”. El mandatario observó el despliegue de pequeños drones de ataque volando a baja altura sobre la playa y el mar como parte de las simulaciones.

En las maniobras también intervino uno de los nuevos catamaranes de la clase Anping de la Guardia Costera, dado que este cuerpo será movilizado en apoyo a la Armada en caso de guerra. Los buques de la clase Anping, basados en los rápidos buques de guerra Tuo Chiang de la armada, cuentan con alta maniobrabilidad y han sido apodados por el ejército taiwanés como “asesino de portaaviones” debido a su equipamiento con misiles antibuque.

El jueves, Lai Ching-te presenció la instalación de lanzadores de misiles en uno de estos buques de la clase Anping. China mantiene su postura de rechazar las reiteradas ofertas de diálogo de Lai, a quien considera un “separatista”.

Taiwán desplegó el viernes sus aviones de combate Mirage de fabricación francesa durante las maniobras militares anuales, con el objetivo de demostrar la capacidad de rearmar y devolver rápidamente estas aeronaves al servicio en caso de conflicto con China.

Durante una visita organizada por el Ministerio de Defensa a la base aérea de Hsinchu, en el norte de la isla, el personal técnico mostró el procedimiento para acoplar misiles aire-aire Magic II y MICA, ambos de origen francés, a los cazas Mirage.

Además, la fuerza aérea exhibió sus métodos para reparar daños en pistas de aterrizaje y calles de rodaje provocados por bombas o misiles, rellenando los cráteres con piedras y arena antes de cubrirlos con una estera de fibra de vidrio.

William Yang, analista sénior del noreste de Asia en el International Crisis Group, indicó, en diálogo con la agencia Associated Press, que “la novedad más importante de la edición de este año del ejercicio Han Kuang es la incorporación de métodos de entrenamiento militar al estilo estadounidense, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y la preparación para el combate del ejército taiwanés”.

Yang explicó que estos ejercicios “se alejan de las tareas principalmente performativas de exhibición de potencia de fuego” de ediciones anteriores y ahora se enfocan en desarrollar capacidades de combate reales.

(Con información de Reuters y Associated Press)

Trump firmó una proclamación que impone un arancel del 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio y sus derivados, en un movimiento directo contra la cadena de suministro solar y de semiconductores dominada por China.

La medida, anunciada el 6 de agosto desde Washington, se ampara en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Su objetivo declarado es garantizar que la producción estadounidense de polisilicio —material ultrapuro esencial para chips y paneles solares— sea viable desde el punto de vista comercial, según el texto de la orden presidencial citado por Reuters.

Qué ocurrió y por qué se tomó la decisión

El presidente de Estados Unidos invocó poderes de seguridad nacional para proteger dos cadenas de suministro estratégicas: la de paneles solares y la de semiconductores. Ambas dependen del polisilicio, un material que China produce de forma mayoritaria.

La proclamación busca que Estados Unidos pueda competir con Pekín en inteligencia artificial y energía sin depender de importaciones que, según la administración, llegan a precios artificialmente bajos gracias a subsidios del gobierno chino. Las fábricas solares estadounidenses llevan más de una década denunciando esas prácticas ante las autoridades comerciales.

Qué es el polisilicio y por qué China lo controla

El polisilicio es una forma ultrapura del silicio. Es la materia prima con la que se fabrican las obleas que luego se convierten en celdas solares y, finalmente, en los paneles que alimentan proyectos de energía. También es un insumo en la fabricación de chips.

La industria de los semiconductores representa apenas el 2,4% de la demanda global de este compuesto, según la Asociación de la Industria de Semiconductores. Aunque ese porcentaje resulta reducido, el sector de chips necesita del mercado solar para que la fabricación de este insumo sea rentable a gran escala: sin la demanda proveniente de los paneles, producir la materia prima para chips resultaría económicamente inviable.

El impacto en la industria solar de Estados Unidos

Desde que el Congreso creó incentivos fiscales en 2022, la manufactura solar en Estados Unidos creció con fuerza. Ese crecimiento, sin embargo, se concentró en el ensamblaje de paneles terminados, no en la fabricación de celdas y obleas, que exige inversiones de mayor plazo.

Esa brecha dejó a los fabricantes locales con una dependencia estructural de insumos importados. Las empresas con fábricas solares en el país recibieron la medida con entusiasmo. T1 Energy, First Solar y Qcells —brazo solar de la surcoreana Hanwha— aplaudieron la decisión.

“Esta es una victoria decisiva para la manufactura avanzada estadounidense y la inversión en cadenas de suministro energético domésticas”, dijo Dan Barcelo, CEO de T1 Energy, en un comunicado citado por Reuters. La compañía destina USD 510 millones a la construcción de una fábrica de celdas en Texas, además de su planta de paneles ya operativa en ese estado.

Los precios mínimos que fijó la Casa Blanca

La proclamación estableció pisos de precio para las importaciones de toda la cadena productiva, según un documento de la Casa Blanca:

• Polisilicio: USD 21 por kilogramo.
• Lingotes y obleas de polisilicio: USD 100 por kilogramo.
• Celdas solares: USD 0,22 por vatio.
• Módulos solares (paneles): USD 0,38 por vatio.

Las dos únicas fábricas de polisilicio en el país

Estados Unidos cuenta con solo dos plantas de producción de polisilicio. La primera es Hemlock Semiconductor, con sede en Michigan, una empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai. La segunda pertenece a Wacker Chemie, con sede en Múnich, que opera una fábrica en Tennessee.

Corning celebró la medida. “La decisión de hoy alienta la inversión continua en la capacidad de Estados Unidos y apoya la competitividad del país a largo plazo”, dijo un vocero de la compañía a Reuters. Wacker, por su parte, indicó que aún analiza el alcance de las acciones y agradeció el “compromiso continuo de la administración” con el tema, dada su relevancia para la cadena de suministro de semiconductores y la defensa nacional.

La entrada en vigor diferida y sus riesgos

Las medidas no entrarán en vigor de inmediato. La Casa Blanca fijó el 4 de diciembre de 2026 como fecha de implementación.

Tim Brightbill, abogado comercial de Wiley Rein con experiencia en casos contra empresas solares chinas, advirtió a Reuters que ese plazo podría desatar un aluvión de importaciones en los meses previos. Las empresas compradoras de paneles, en cambio, defienden la demora: argumentan que necesitan ese tiempo para renegociar sus contratos de suministro y adaptarlos a los nuevos precios mínimos.

La proclamación también autoriza al Departamento de Comercio a diseñar un programa de incentivos para las empresas que inviertan en fábricas de polisilicio o de sus productos derivados dentro del territorio nacional.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó ayer el Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre de 2026 e identificó cinco riesgos externos que podrían complicar el escenario macroeconómico del país en los próximos meses. En la presentación, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, enumeró los riesgos que van desde la prolongación del conflicto en Medio Oriente hasta la acumulación de vulnerabilidades fiscales en las principales economías del mundo.

El primero y más desarrollado de esos riesgos es la extensión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El BCRA advierte en el documento que el amortiguador que contuvo el shock energético inicial está próximo a agotarse: “los stocks globales se ubican cerca de mínimos plurianuales” y la reducción de las compras de petróleo por parte de China —uno de los factores que frenó la escalada de precios— no puede sostenerse indefinidamente. Ante un nuevo episodio de tensión, señala el informe, “la ausencia de ese colchón podría traducirse en alzas de precios”.

Según advirtió recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis, entre marzo y mayo de este año más de 1.100 millones de barriles de crudo no llegaron al mercado como consecuencia del bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo—, un déficit que superó al registrado durante el shock petrolero de 1973, la guerra Irán-Irak y la Guerra del Golfo. El petróleo Brent llegó a cotizar a USD 118 por barril a fines de marzo, un 52% por encima del promedio de 2025, antes de retroceder hacia los USD 84 en junio y julio. El organismo subrayó que los mecanismos que evitaron una catástrofe energética “están prácticamente agotados” y que el punto de partida ante un próximo shock “será considerablemente más débil”.

Para la Argentina, el canal de contagio de ese riesgo sería doble: una mayor debilidad de la demanda externa —los principales socios comerciales del país ya proyectan un crecimiento promedio de 2,5% para 2026, por debajo del 2,7% de 2025— y condiciones financieras globales más restrictivas. El menor dinamismo esperado se explica por la desaceleración de China (4,6%), Brasil (2,2%) y la zona del euro (0,8%).

Nuevas barreras comerciales

El segundo riesgo que señala el BCRA es la implementación de nuevas barreras comerciales, una amenaza que ya comenzó a materializarse. El pasado 24 de julio, la administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en vigor aranceles de entre 10% y 12,5% sobre importaciones provenientes de 60 países, bajo el argumento de que esas economías no aplican con eficacia prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso.

La Argentina figura en esa lista con una tasa del 10%, junto a países como Canadá, México, India y el Reino Unido. La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alcanza a países que concentran el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

La amenaza de un nuevo frente de guerra

El tercer punto de atención es el surgimiento de conflictos geopolíticos en otras regiones. El BCRA no especifica zonas concretas, pero el razonamiento es directo: un nuevo foco de tensión podría desencadenar una huida hacia activos de refugio —dólar y bonos del Tesoro estadounidense—, lo que endurecería las condiciones financieras para las economías emergentes.

Ese patrón ya se verificó con el conflicto en Medio Oriente: el índice de acciones de mercados emergentes retrocedió cerca de 7,6% desde su máximo del 22 de junio, y el de América Latina opera cerca de 9% por debajo de su pico de abril. El informe advierte que “un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales por nuevos focos de tensión o movimientos hacia activos de refugio continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina”.

El riesgo tecnológico

El cuarto riesgo apunta a los mercados tecnológicos. El IPOM alerta sobre posibles correcciones abruptas en los mercados asociadas a las expectativas sobre la inteligencia artificial (IA). El ciclo tecnológico vinculado a ese sector es actualmente uno de los motores que sostiene la actividad global y, al mismo tiempo, uno de los factores que mantiene la presión inflacionaria: la inversión en IA genera demanda y le quita margen a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para bajar tasas. Los mercados de futuros ya descuentan un aumento de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de la Fed en lo que resta de 2026, y el tramo largo de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro supera el 5,25 por ciento.

El BCRA subraya que los principales socios comerciales de la Argentina están “mayormente ajenos” a las cadenas de valor de la IA, por lo que no se benefician del impulso tecnológico pero sí quedarían expuestos a un ajuste abrupto de esos mercados.

Tasas altas y deuda elevada

El quinto y último riesgo identificado en el informe tiene un componente fiscal. El BCRA advierte sobre “las vulnerabilidades fiscales globales que, ante presiones de gasto y elevados niveles de deuda pública, podrían elevar los rendimientos soberanos y restringir el crédito internacional”. Para una economía en proceso de reinserción en los mercados de capitales como la Argentina, ese canal de contagio tiene consecuencias directas sobre el costo y la disponibilidad del financiamiento externo.

Frente a ese panorama de riesgos externos, Bausili subrayó durante la conferencia que el BCRA llega a este escenario con más herramientas que en episodios anteriores. “La acumulación de reservas y la recuperación de herramientas de política ofrecen un mayor margen de maniobra para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, dijo. Desde enero y hasta el 31 de julio, el BCRA compró USD 13.337 millones en el mercado de cambios, por encima de los USD 10.000 millones previstos como meta para todo el año.

Los cinco riesgos que advierte el BCRA

• Prolongación del conflicto en Medio Oriente
• Implementación de nuevas barreras comerciales
• Surgimiento de conflictos en otras regiones
• Correcciones abruptas en los mercados de IA
• Aumento de vulnerabilidades fiscales y de deuda pública a nivel global

La Casa Blanca anunció este jueves la imposición de un arancel del 15% y una serie de precios mínimos de importación para los productos fabricados con polisilicio, la materia prima utilizada en la fabricación de semiconductores y paneles solares. La medida, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump al amparo del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, busca fortalecer las cadenas de suministro nacionales de chips y energía solar frente al predominio de China en esos sectores estratégicos.

La proclamación presidencial sostiene que las nuevas medidas responden a razones económicas y de seguridad nacional. “El plan de acción que figura en esta proclamación contribuirá, entre otras cosas, a garantizar la viabilidad comercial de la producción estadounidense de polisilicio y sus derivados, necesaria para satisfacer las necesidades económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos”, señala la orden difundida por la Casa Blanca.

El polisilicio constituye una forma ultrapura de silicio que se ubica al inicio de la cadena de producción de semiconductores y paneles solares. A partir de este material, los fabricantes producen obleas de silicio que luego se transforman en células solares y finalmente en paneles destinados a proyectos de generación de energía.

La decisión llega después de años de reclamos de la industria estadounidense de paneles solares contra fabricantes chinos. Las empresas norteamericanas sostienen que sus competidores venden productos por debajo de los precios de mercado, reciben subsidios estatales y trasladan parte de su producción a terceros países para evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con dos plantas productoras de polisilicio. Una pertenece a Hemlock Semiconductor, empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai, ubicada en el estado de Michigan. La otra corresponde a Wacker Chemie, con una fábrica instalada en Tennessee.

Tras el anuncio oficial, Corning respaldó la decisión del gobierno estadounidense. “La decisión de hoy fomenta la inversión continua en la capacidad de producción estadounidense y respalda la competitividad de Estados Unidos a largo plazo”, expresó un portavoz de la compañía.

Por su parte, Wacker informó que analiza el alcance de las medidas antes de evaluar sus efectos. “Agradecemos el continuo compromiso de la Administración con este tema, dadas las repercusiones para la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores, la infraestructura informática avanzada y los intereses más amplios de defensa y seguridad de Estados Unidos”, indicó la empresa en un comunicado.

La producción nacional de semiconductores mantiene una estrecha relación con la expansión de la industria solar. La mayor demanda de polisilicio por parte de los fabricantes de paneles incrementa la producción del material que también utilizan los fabricantes de chips. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, este sector representa el 2,4% de la demanda mundial de polisilicio.

La fabricación de paneles solares en Estados Unidos registró un crecimiento desde que el Congreso aprobó incentivos fiscales en 2022. Sin embargo, gran parte de esa expansión se concentró en el ensamblaje final de los paneles, mientras que la producción de obleas y células solares continuó con una fuerte dependencia de las importaciones, debido a los mayores plazos y costos que requiere desarrollar esa capacidad industrial.

Varias empresas del sector celebraron la decisión de la Casa Blanca. Entre ellas figuran T1 Energy, First Solar y Qcells, filial estadounidense de energía solar de la empresa surcoreana Hanwha.

El director ejecutivo de T1 Energy, Dan Barcelo, calificó la medida como un respaldo a la industria nacional. “Esta es una victoria decisiva para la manufactura estadounidense avanzada y la inversión en las cadenas de suministro de energía nacionales”, afirmó en un comunicado. La compañía opera una planta de paneles solares en Texas y además destina 510 millones de dólares a la construcción de una fábrica de células solares.

Las nuevas medidas comerciales entrarán en vigor el 4 de diciembre, según confirmó la Casa Blanca.

De acuerdo con el documento oficial, el gobierno estableció un precio mínimo de importación de 21 dólares por kilogramo para el polisilicio, 100 dólares por kilogramo para lingotes y obleas de polisilicio, 0,22 dólares por vatio para las células solares y 0,38 dólares por vatio para los módulos o paneles solares.

(Con información de REUTERS)

La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas que, al parecer, hacían parte de una organización transnacional dedicada al contrabando y al lavado de activos por $71.500 millones en Colombia. El caso avanza hacia el juicio, donde el reto clave será lograr sentencias condenatorias.

Las autoridades informaron sobre la captura de seis ciudadanos chinos y dos colombianos, señalados de integrar una presunta red criminal que operaba entre China y Bogotá. La Fiscalía especializada para el contrabando, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, lideró el operativo en el marco de la llamada Operación San Marcos.

Según información oficial del ente investigador, el procedimiento fue uno de los golpes más importantes contra el contrabando en los últimos años.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a los ocho procesados los delitos de facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Según el informe presentado, todos los investigados negaron los cargos, por lo que aclararon que el proceso continuará bajo las etapas ordinarias del sistema penal colombiano.

Alcance de la investigación: ‘modus operandi’ y cifras

De acuerdo con la investigación, la organización habría ingresado mercancía al país de manera irregular por un valor que supera los $9.100 millones. Las autoridades sostienen que la red empleaba siete sociedades comerciales para importar productos a través del puerto de Buenaventura, con destino final en la capital del país colombiano. La presunta estructura, además, habría lavado más de $71.500 millones utilizando esas empresas como fachada para legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.

El caso fue asumido por un grupo interinstitucional ante el carácter transnacional de la organización, subrayó la Fiscalía. De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, la coordinación entre diferentes agencias resultó clave para documentar los movimientos financieros y la ruta del contrabando.

Etapas judiciales y retos para la Fiscalía

Cabe aclarar que con la imputación de cargos concluyó la primera fase del proceso. A continuación, la Fiscalía deberá presentar y sustentar el material probatorio para demostrar tanto la existencia de la organización como la responsabilidad individual de cada uno de los procesados. El avance hacia una eventual condena requerirá la valoración de pruebas, la resolución de solicitudes de las partes y la práctica de nuevas evidencias en juicio.

La defensa de los investigados dispondrá de las garantías procesales previstas, incluyendo la presentación de sus propios elementos probatorios y la posibilidad de controvertir la tesis de la Fiscalía. La decisión final dependerá de la suficiencia de la evidencia recaudada, en línea con los parámetros del sistema judicial colombiano.

Contexto y relevancia del operativo

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación subrayó que la investigación y las capturas marcan solo el inicio de un proceso judicial complejo. Las autoridades recalcaron la importancia de la articulación institucional para atacar las redes de contrabando y lavado de activos con alcance internacional.

Es preciso mencionar que el impacto financiero de la operación, así como la dimensión transnacional de la red, llevan a las autoridades a considerar este caso como un referente en la lucha contra el crimen económico en Colombia. El proceso judicial determinará si la evidencia permite establecer la existencia de la organización y la responsabilidad penal de los procesados.

La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas y la coordinación con la Dian y la Dijín, mientras la justicia colombiana define los pasos siguientes en este proceso relevante para la lucha contra la criminalidad organizada.

En un comunicado difundido este jueves, la portavoz presidencial, Karen Kuo, afirmó que el mandatario y los miembros de su equipo llevaron a cabo un “simulacro de mando de operaciones de defensa y de continuidad del funcionamiento del Estado en situaciones de emergencia”, denominado “Wan Jun” —que significa “un peso tremendo”—. Fue la primera vez que Lai, quien asumió en 2024, participa como presidente en este ejercicio.

Tres convoyes para “despistar al enemigo”

Imágenes difundidas por la Oficina Presidencial muestran a Lai y a otros altos cargos de su gabinete subiendo a vehículos blindados y siendo trasladados de noche por las calles de Taipéi hacia el lugar del ejercicio, donde también se encontraba el ministro de Defensa, Wellington Koo. Según la televisión local TVBS, la operación movilizó hasta tres convoyes de blindados y vehículos tácticos de apoyo, que partieron en distintos momentos de la noche del miércoles y tomaron rutas diferentes para “despistar” al enemigo.

El mandatario fue trasladado desde la Oficina Presidencial hasta el Puesto de Mando de Hengshan, un complejo fortificado excavado en el interior de una montaña del barrio de Dazhi, junto a la sede del Ministerio de Defensa Nacional.

El ejercicio está concebido para prevenir una operación de “decapitación” por parte del Ejército chino —es decir, un ataque dirigido expresamente contra el presidente taiwanés u otros altos cargos— y asegurar la continuidad de las funciones gubernamentales durante un eventual conflicto.

Misiles Tien-Kung III y Patriot en pleno centro de Taipéi

El mismo jueves, Taiwán desplegó sistemas de misiles antiaéreos Tien-Kung III, de desarrollo local y diseñados para derribar tanto misiles como aeronaves, cerca del aeropuerto de la ciudad —que funciona también como base aérea— y a poca distancia del Ministerio de Defensa. En paralelo, un sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense fue desplegado en un parque de Nueva Taipéi, según constató Reuters.

“Creo que es algo bueno. Realizar este tipo de ejercicios militares de forma regular le da a nuestras fuerzas armadas una experiencia valiosa y las ayuda a estar mejor preparadas”, dijo a Reuters un vecino de la zona, Chen Chun-wei, de 50 años, que frecuenta el parque junto al río donde se emplazó parte del despliegue.

Diez días de maniobras, las más largas hasta la fecha

El simulacro forma parte de las maniobras Han Kuang, iniciadas el miércoles y que se extenderán durante 10 días —su edición más larga hasta el momento—, destinadas a verificar el estado de preparación de las tropas taiwanesas frente a una eventual agresión de China, que reclama la isla como propia y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Durante la fase de fuego real, iniciada el miércoles, la Armada y la Guardia Costera taiwanesas coordinaron operaciones de “contrabloqueo” marítimo para salvaguardar las líneas de comunicación y garantizar la entrega de suministros esenciales. “Taiwán es un país insular y depende de la importación de numerosos suministros, de modo que, para poder sostener una guerra, es imprescindible mantener la entrada de alimentos y energía”, señalaron fuentes militares a la agencia taiwanesa CNA.

Los guardacostas de la isla han denunciado que, desde junio, buques de la Guardia Costera china y de otros organismos públicos vienen operando en aguas al este de Taiwán, una zona considerada clave tanto para el comercio mundial como para una eventual operación de socorro liderada por Estados Unidos y Japón en caso de invasión o bloqueo. Expertos en defensa consideran que el despliegue chino podría ser la antesala de una “cuarentena” destinada a detener, inspeccionar o abordar buques comerciales con destino a la isla.

Entre los escenarios que se recrearán durante los ejercicios figuran además la reubicación de líneas de producción de armas en tiempos de guerra y el cierre de pasos estratégicos, como el recién inaugurado puente Danjiang, que da acceso a Taipéi.

El respaldo de Washington

El ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo, aseguró que la cooperación militar con Estados Unidos es “incluso mayor” de lo que parece, en un contexto de incertidumbre sobre el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, con la defensa de la isla: Taipéi aún espera la aprobación de un paquete de armamento valorado en 14.000 millones de dólares, en medio del acercamiento entre Beijing y Washington tras el reciente viaje de Trump a China.

China ve un giro hacia la “resistencia prolongada”

Mientras tanto, analistas militares chinos, citados este miércoles por medios oficialistas, interpretan que las maniobras reflejan un giro de la estrategia defensiva taiwanesa hacia una resistencia prolongada.

El diario Global Times sostiene que la edición de este año evidencia un cambio doctrinal hacia una “defensa de toda la sociedad”, con mayor participación de administraciones civiles e infraestructuras en la preparación para un eventual conflicto, aunque considera que esa estrategia seguiría siendo insuficiente frente a la superioridad militar del Ejército Popular de Liberación.

Beijing acusa además a Taipéi de utilizar los ejercicios con fines políticos, mientras las autoridades taiwanesas sostienen que buscan reforzar su capacidad de respuesta ante un eventual ataque o bloqueo chino.

Las autoridades de Taiwán realizaron redadas en decenas de ubicaciones como parte de una investigación sobre 17 empresas financiadas por China, sospechosas de captar talento local del sector de alta tecnología de forma ilegal. El objetivo sería socavar la ventaja competitiva de la isla, según informó el miércoles la Oficina de Investigaciones del Ministerio de Justicia taiwanés.

Taipéi produce casi todos los chips más avanzados utilizados por compañías como Nvidia y Apple, consolidándose como una potencia en la industria mundial de semiconductores. El régimen chino, por su parte, impulsa el desarrollo propio de este tipo de tecnología para sortear las restricciones de exportación que le impone la administración estadounidense del presidente Donald Trump.

La investigación movilizó a más de 300 agentes, quienes registraron 64 locales y entrevistaron a 114 personas durante las últimas semanas. Según el comunicado oficial, las empresas intentaron ocultar la identidad de sus financiadores chinos y establecieron operaciones no autorizadas o reclutaron talento de manera ilegal.

El comunicado advierte que, frente a la creciente competencia en inteligencia artificial, las compañías taiwanesas enfrentan el “desafío de que su talento clave en alta tecnología” sea reclutado por empresas chinas, lo que provocaría la pérdida de sus principales ventajas competitivas.

El mes pasado, la Fiscalía de Taiwán acusó formalmente a un ex directivo de TSMC, mayor fabricante de chips avanzados del mundo, por intentar filtrar secretos comerciales de “tecnologías clave” para su utilización en China, en el primer caso de este tipo registrado en la isla. El acusado, identificado como Chen y actualmente en prisión preventiva, es un antiguo subdirector de la compañía, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo.

Según el comunicado de la Fiscalía de Propiedad Intelectual, Chen habría vulnerado la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Secretos Comerciales. El organismo indicó que el ex directivo reprodujo y obtuvo sin autorización elementos considerados secretos comerciales de seguridad nacional y ordinarios, “con la intención de utilizarlos en la zona continental”, en referencia a China, por lo que solicitó una condena de siete años de prisión.

El caso surgió a partir de una investigación sobre una presunta red de espionaje china en Taiwán y está relacionada con el ciudadano hongkonés Ding Xiaohu, ya fallecido. Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Chen y Ding habrían conspirado para crear en China la empresa CSMAC, dedicada al análisis de materiales semiconductores, con el objetivo de captar talento de la industria taiwanesa de chips, lo que habría “erosionado” la competitividad internacional del territorio.

“Durante el periodo indicado (...), Chen reprodujo sin autorización y sin derecho un total de 21 elementos de secretos comerciales de seguridad nacional y secretos comerciales ordinarios de TSMC, y los llevó a su domicilio para estudiarlos, con la intención de utilizarlos en la zona continental”, detalló la Fiscalía. El texto señaló que Chen desatendió la “ética industrial” y el “orden competitivo” al reproducir de forma masiva esos secretos para “fomentar el desarrollo de la tecnología de semiconductores en la zona continental”.

“La línea de fondo tecnológica no admite que se cruce; la línea roja de la ley no admite desafíos”, subrayó el comunicado. El caso se enmarca en los esfuerzos de Taiwán por proteger su industria de semiconductores, especialmente los chips fabricados con tecnologías avanzadas, fundamentales para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial.

El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán impuso en abril penas de hasta 10 años de prisión por el robo y la filtración de secretos comerciales de TSMC, así como una multa millonaria a la filial local de Tokyo Electron, empresa japonesa de equipos para la producción de semiconductores.

(Con información de AFP Y EFE)

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, logró su objetivo: renovó el swap con el Banco Popular de China y lo extendió por cinco años (hasta agosto de 2031) cuando anteriormente había sido por tres. Con esto se confirmó una parte del poder de fuego por hasta USD 70.000 millones del que habló el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del 2027.

La extensión del swap entre el BCRA y su contraparte china marca un hito para la relación financiera entre ambos países. El acuerdo bilateral, que ambas instituciones sostienen desde 2009, involucra un monto total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente USD 19.000 millones, y pasa a consolidarse como una herramienta central para la estrategia de reservas internacionales de la Argentina.

El swap funciona como una disponibilidad contingente de divisas. Mientras los fondos permanecen sin utilizarse, el intercambio contable entre ambas instituciones no genera intereses. Pero cuando si se utilizan si, el mecanismo contempla dos modalidades de uso: la onshore, bajo los controles de capitales impuestos por China, y la offshore, sin esos controles. Esta estructura habilita al BCRA a operar con yuanes tanto en el mercado local como en plazas internacionales, lo que otorga margen de maniobra ante escenarios de tensión cambiaria o necesidades comerciales.

“La activación por RMB 35 mil millones (USD 5.000 millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países”, destacaron en el comunicado del BCRA. Además, agregaron que la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que mantuvieron en los últimos 17 años.

Tramo activado: cuánto se devolvió

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el BCRA y el PBoC activaron un tramo de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 5.000 millones, que permanece habilitado bajo el nuevo acuerdo. Esa porción del swap representa liquidez en divisas disponible para uso inmediato, sin necesidad de pedir autorización previa. En palabras de Bausili, el componente activado “permite operar sin pedir autorización”.

Pero en el ejercicio 2025, el BCRA redujo de manera considerable el tramo activado del swap. Los fondos en uso descendieron de 21.000 millones de yuanes —unos USD 3.097 millones— al cierre de 2024, a 7.000 millones de yuanes —aproximadamente USD 1.032 millones— al 31 de diciembre de 2025, según los Estados Contables publicados por la entidad.

Y esa tendencia siguió en los primeros días de 2026: al 14 de enero, el saldo en uso en el acuerdo bilateral bajó a 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 679 millones, con vencimientos pautados a lo largo del año. Por lo que se proyecta que esa cifra haya seguido descendiendo, aunque recién se conocerá de manera oficial el próximo año.

Poder de fuego

La renovación del swap con China resultaba fundamental para Bausili, incluso tras la compra de más de USD 13.000 millones dentro y fuera del mercado cambiario en lo que va de 2026. Buena parte de esas divisas fortalecieron las reservas internacionales brutas, que superaron los USD 50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019.

Es que el Gobierno contempla el swap con China dentro del poder de fuego ante una eventual corrida cambiaria. En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei explicó que el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una acumulación de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero el BCRA ya alcanzó casi 14.000 millones de dólares. Milei proyectó que, si se sostiene el ritmo de compras, el stock de reservas adquiridas llegaría a USD 20.000 millones antes de fin de año.

A la vez, el jefe de Estado remarcó que su administración cerró todas las líneas de financiamiento para 2026-2027, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario. En tal sentido, precisó que el paquete financiero incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y confirmó negociaciones para la extensión del intercambio de monedas con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, sintetizó Milei en diálogo con LN+.

El swap con China, desde su creación en 2009, sirvió como un respaldo clave para la Argentina ante escenarios de volatilidad cambiaria y dificultades para acceder a créditos internacionales. La herramienta se apoyó en la confianza mutua entre el BCRA y el Banco Popular de China, y permitió al país contar con una fuente alternativa de liquidez en yuanes, divisa con creciente peso en el comercio internacional y en las reservas de varios países emergentes.

La extensión a cinco años representa un cambio de magnitud frente a los acuerdos previos, que tenían vencimientos a tres años. Esta modificación aporta previsibilidad a la política monetaria local y facilita la planificación de pagos y obligaciones externas. El acuerdo renovado ofrece un marco ampliado para la gestión de reservas, en un contexto de desafíos macroeconómicos y volatilidad global.

China activó una cacería fiscal global sobre fortunas en el exterior y reclamó impuestos impagos de hasta 25 años atrás, en una ofensiva lanzada desde Beijing para cubrir un deterioro de sus ingresos públicos y reforzar el control sobre la salida de capitales.

La campaña alcanzó ganancias obtenidas en inversiones y activos fuera del país, en algunos casos desde 2000, según Financial Times, que citó a funcionarios extranjeros, banqueros chinos y gestores de patrimonios familiares. El giro coincidió con una caída de la recaudación y con el derrumbe de otra fuente clave de recursos estatales: las ventas de tierras, que pasaron de 8,7 billones de yuanes en 2021 a 4,15 billones de yuanes tras la crisis inmobiliaria.

Bancos e instituciones financieras recibieron instrucciones para revisar inversiones en el exterior de ciudadanos chinos con grandes patrimonios y verificar si esos ingresos fueron declarados ante las autoridades tributarias. La revisión incluyó bienes raíces, acciones, metales preciosos y criptomonedas, además de estructuras en fideicomisos offshore.

Beijing congeló cuentas hasta cobrar tributos atrasados

En el sur de China, un banquero dijo al diario que en los últimos meses varias entidades coordinaron con la administración tributaria el congelamiento de cuentas de depositantes adinerados hasta comprobar el pago de impuestos sobre ganancias de capital ligadas a activos, cuentas y fideicomisos en el exterior. Añadió que la práctica habitual fue que esos clientes pagaran de inmediato multas y tributos en efectivo para reactivar sus fondos.

La ofensiva no tuvo un período uniforme. El jefe de una oficina patrimonial con sede en Shenzhen afirmó que a sus clientes les exigieron pagos por ganancias offshore acumuladas entre 2017 y 2022, sin que hubiera una explicación oficial sobre ese recorte temporal.

China persiguió a sus contribuyentes más ricos por rentas obtenidas fuera del país y endureció el cerco sobre los canales financieros usados para mover patrimonio al exterior. La consecuencia inmediata fue doble: más presión recaudatoria para el Estado y menos margen para que las grandes fortunas mantuvieran activos offshore fuera del radar fiscal.

Victor Shih, profesor de economía política china en la Universidad de California en San Diego, dijo que la motivación de la nueva campaña fue “claramente fiscal”. Los ingresos presupuestarios, muy dependientes de los impuestos, se estancaron tras la pandemia y cayeron 1,7% hasta 21,6 billones de yuanes en 2025.

Los fideicomisos offshore perdieron una ventaja fiscal

El mes pasado, el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria Nacional introdujeron nuevas reglas para los activos transferidos a fideicomisos en el exterior y cerraron un vacío que los individuos ricos usaban desde hace años para resguardar patrimonio fuera de China. Bajo ese esquema, los ingresos generados por esos vehículos quedaron sujetos a un impuesto de 20% en múltiples etapas.

Un banquero con base en Singapur que administra activos offshore de clientes chinos dijo que la medida “sorprendió” a esos patrimonios. Explicó que, durante los años de auge de las salidas a bolsa, una estructura fiduciaria adecuada permitía proteger ingresos de la carga tributaria, pero que la nueva norma eliminó esa ventaja.

Expertos citados por la publicación señalaron que algunos esquemas complejos podrían eludir parcialmente las nuevas reglas, aunque muchos titulares de fideicomisos enfrentarían obligaciones tributarias extraordinarias y algunos probablemente venderían activos para afrontarlas. Medios chinos informaron el miércoles que las autoridades empezaron a cobrar también un 20% sobre dividendos e intereses generados por pólizas offshore.

Ese reporte golpeó a grupos financieros expuestos al negocio patrimonial asiático. Las acciones de Prudential llegaron a caer 13% en Londres y las de HSBC bajaron más de 6% antes de recortar pérdidas.

Ye Yongqing, abogado tributario en Shanghái y socio de Anli Partners, afirmó que los reguladores reforzaron de forma constante el control sobre flujos transfronterizos de capital, la declaración de ingresos en el exterior y el mercado cambiario. Dijo que Beijing adoptó una aproximación restrictiva hacia los fideicomisos offshore, similar a la del código fiscal de Estados Unidos, al rechazar en términos amplios su uso para diferir o eliminar obligaciones de residentes fiscales.

Los datos oficiales mostraron que la estrategia ya produjo resultados para el fisco. La recaudación del impuesto sobre la renta personal subió 11,5% en 2025, muy por encima del crecimiento general de la recaudación, que fue de 0,8%.

La directora de una firma de inmigración con oficinas en China y Nueva York dijo que las autoridades empezaron por los ciudadanos ricos que operan acciones estadounidenses a través de Hong Kong u otros canales offshore. Añadió que la revisión avanzaría después sobre cuentas bancarias en el exterior, sobre todo en Hong Kong, y luego sobre otras formas de riqueza offshore, incluida la propiedad inmobiliaria.

A esa presión se sumó la confusión sobre la definición de residencia fiscal de Beijing. Quienes pasan menos de 183 días al año en China todavía pueden ser considerados residentes fiscales chinos, sin importar su pasaporte extranjero o estatus migratorio, salvo que renuncien formalmente a la nacionalidad china y dejen de vivir en el país la mayor parte del año.

David Lesperance, abogado radicado en Asia que asesora a familias ricas de Hong Kong y China, atribuyó parte de la aceleración de los controles al uso de inteligencia artificial para analizar registros de inversión con más rapidez y menor costo. Añadió que este año al menos seis de sus clientes chinos con patrimonios ultraaltos activaron sus planes para irse de la segunda economía del mundo.

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, acusó este miércoles a Japón de una “transformación en un Estado de guerra”, en momentos en que Tokio refuerza su postura militar en el Pacífico.

Japón se ha ido alejando gradualmente de su condición pacifista de posguerra —adoptada tras la Segunda Guerra Mundial—, aumentando el gasto militar, ampliando sus pactos de defensa y desplegando lanzadores de misiles en sus islas periféricas. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, dijo el martes que las fuerzas armadas del país necesitan reforzarse “con sentido de urgencia y crisis”, luego de que una nueva evaluación gubernamental —el Libro Blanco de Defensa, aprobado ese mismo día— advirtiera sobre las crecientes amenazas de China, Rusia y Corea del Norte.

En un comunicado difundido por los medios estatales norcoreanos, Kim Yo-jong afirmó que el liderazgo de Pyongyang “establecerá opciones militares adicionales, que obviamente se deben a la transformación de Japón”. “Japón, un Estado criminal de guerra, está acelerando su transformación en un Estado de guerra”, sostuvo en el comunicado publicado por la agencia estatal KCNA.

Kim citó como evidencia el reciente ensayo de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk por parte de Tokio, así como su participación en mayo en ejercicios liderados por Estados Unidos en Filipinas, como prueba del respaldo de Washington a “movimientos militares peligrosos” en el Pacífico. Según ella, Tokio avanza “hacia la formulación de la posesión de capacidad de ataque preventivo”.

“Nunca seremos un observador pasivo de la evolución militar de Japón, que puede representar una amenaza grave”, advirtió.

La respuesta de Tokio: “Una defensa para prevenir guerras”

El Ministerio de Defensa japonés se negó a comentar directamente las declaraciones de Kim, pero dijo a la agencia AFP que las capacidades de defensa del país “siguen siendo mínimas” y “no están destinadas a amenazar a otros países”.

“La nuestra no es una defensa para librar guerras, sino para prevenir nuevas guerras, estrictamente limitada a la autodefensa y dentro del marco de nuestra Constitución (pacifista) y del derecho internacional”, señaló en un comunicado.

El ministerio confirmó además que el ensayo del Tomahawk de la semana pasada fue el primero de Japón, y agregó que el país busca adquirir hasta 400 misiles Tomahawk para fines del año fiscal 2027.

Una herida colonial que persiste

Japón ocupó la totalidad de Corea antes de su rendición en 1945, tras la cual la península quedó dividida en dos estados a lo largo del paralelo 38.

El legado de ese violento período colonial sigue pesando en la política exterior de ambas Coreas.

“Si los descendientes del militarismo, que heredaron los genes de la astucia y la agresión, han tomado armas letales en sus manos, algo desagradable va a suceder”, advirtió Kim en su comunicado.

El contexto: rearme japonés y tensiones con China y Rusia

Japón alberga bases militares estadounidenses desde su rendición en la Segunda Guerra Mundial. El país aumentó su gasto militar un 9,7%, hasta los 62.200 millones de dólares en 2025 —equivalente al 1,4% de su PBI, la proporción más alta desde 1958.

China, aliado clave de Corea del Norte, también expresó recientemente alarma ante lo que considera un “nuevo militarismo” japonés. Las relaciones se deterioraron desde que la primera ministra japonesa, la halcón Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que una eventual acción china para tomar Taiwán podría justificar una reacción de las fuerzas armadas de Japón. Beijing reclama desde hace tiempo que Taiwán es parte de su territorio y no ha descartado tomarlo por la fuerza.

El propio Libro Blanco de Defensa japonés, aprobado el martes, ya había descrito a Corea del Norte como una “amenaza inminente” para la seguridad del archipiélago, citando los avances de Pyongyang en tecnología de misiles y su creciente cooperación militar con Rusia —una caracterización que la reacción de Kim Yo-jong pareció venir a confirmar.

Pyongyang, por su parte, se ha declarado en reiteradas ocasiones un Estado nuclear “irreversible” desde que la cumbre de 2019 entre el líder Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump colapsó por desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de sanciones.

(Con información de AFP)

El Gobierno de Taiwán inició este miércoles las maniobras militares Han Kuang, los mayores ejercicios castrenses del año, con el objetivo de preparar a sus fuerzas armadas y a la población civil ante una eventual invasión del régimen chino. Las prácticas, que se extenderán hasta el 14 de agosto, incluyen escenarios de combate, despliegues de reservistas, simulacros de ataque aéreo, pruebas sobre la infraestructura de comunicaciones y ejercicios destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de toda la sociedad.

Las maniobras comenzaron en un contexto de creciente presión militar de Beijing sobre la isla, que China considera parte de su territorio y cuya incorporación no descarta lograr por la fuerza. En los últimos años, el Ejército chino incrementó el despliegue de aviones de combate y buques de guerra alrededor de Taiwán, además de ampliar las operaciones de la guardia costera en la denominada “zona gris”, con acciones de presión que no alcanzan el nivel de un conflicto armado.

Durante la primera jornada del ejercicio, decenas de reservistas se desplegaron sobre una playa frente al estrecho de Taiwán y realizaron prácticas de tiro con fusiles de asalto fabricados en la isla. El entrenamiento recreó la defensa de un sector costero considerado como uno de los posibles puntos de desembarco de fuerzas chinas en caso de una invasión.

Un alto funcionario de Defensa, que habló bajo condición de anonimato con AFP, explicó que el propósito de las maniobras consiste en acercar el entrenamiento a situaciones reales de combate.

“En los últimos años, hemos insistido constantemente en que el ejercicio Han Kuang debe asemejarse lo más posible a escenarios de combate reales, para que, incluso sin experimentar la guerra directamente, nuestras unidades puedan poner a prueba sus capacidades operativas reales”, afirmó.

Una de las principales novedades del ejercicio consiste en la descentralización del mando y control. Las autoridades militares buscan que los comandantes desplegados sobre el terreno puedan adoptar decisiones operativas sin depender de instrucciones provenientes de la cadena superior de mando, con el objetivo de acelerar la respuesta frente a una situación de combate.

El programa también incorpora operaciones conocidas como “cadena de ataque” mediante el uso coordinado de drones. Según el funcionario de Defensa, el esquema contempla “drones de reconocimiento y drones de ataque que operan conjuntamente con otros medios de ataque”, como parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas taiwanesas.

Taiwán impulsó en los últimos años una modernización de su estrategia militar basada en una guerra asimétrica. Esa política prioriza la adquisición de sistemas de menor tamaño y mayor movilidad, entre ellos drones, con la intención de compensar la superioridad numérica y material del Ejército chino.

En paralelo a las operaciones militares, el Gobierno organizó simulacros de resiliencia urbana dirigidos a preparar a la población frente a una guerra o un desastre natural. Como parte de esas actividades, la velocidad de internet móvil se reducirá durante treinta minutos en varias regiones del centro y norte de la isla durante los ejercicios de ataque aéreo, con el propósito de exponer a los ciudadanos a posibles interrupciones de las comunicaciones.

Las maniobras también contemplan el despliegue conjunto de la Armada y de la Guardia Costera para escoltar suministros esenciales durante una simulación de bloqueo marítimo chino en aguas ubicadas al este de Taiwán. Además, las autoridades evaluarán la capacidad de fábricas movilizadas para sostener la producción durante un conflicto y pondrán a prueba planes para la reubicación de instalaciones industriales militares y civiles.

El presidente Lai Ching-te sostuvo el martes que el fortalecimiento de la defensa constituye una prioridad frente al escenario regional. “A medida que el autoritarismo del PCCh (Partido Comunista Chino) continúa expandiéndose, el terror rojo también se está extendiendo a todos los rincones del mundo”, declaró durante un foro de seguridad.

El mandatario agregó que “seguiremos mejorando nuestra defensa nacional y construyendo una defensa y resiliencia que involucre a toda la sociedad”.

La política de defensa también ocupa un lugar central en el debate interno. Bajo una fuerte presión de Estados Unidos para elevar el gasto militar, el Gobierno de Lai se comprometió a incrementar el presupuesto de defensa hasta el equivalente al cinco por ciento del producto interno bruto para 2030.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene diferencias con la oposición, que controla el Parlamento, respecto del monto destinado al fortalecimiento de las capacidades militares. En mayo, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán aprobaron un presupuesto especial de defensa por 25.000 millones de dólares, cifra que representó un recorte de aproximadamente un tercio respecto del proyecto presentado por el gobernante Partido Democrático Progresista.

La reducción también afectó recursos que el Gobierno pretendía destinar a la producción nacional de drones y a otros programas orientados a reforzar la defensa de la isla. Mientras tanto, los legisladores continúan analizando nuevas iniciativas para financiar inversiones multimillonarias en sistemas aéreos no tripulados.

El ministro de Defensa, Wellington Koo, aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán perfeccionando su preparación. “El entrenamiento siempre se puede mejorar”, afirmó.

El funcionario concluyó: “Por lo tanto, continuaremos entrenando con diligencia e intensidad, para estar plenamente preparados en tiempos de paz y ser capaces de llevar a cabo nuestras misiones en tiempos de guerra”.

(Con información de AFP)

Japón está aumentando su capacidad de defensa con drones e inteligencia artificial (IA), sacando lecciones de las guerras de Ucrania y Oriente Medio, y reforzando su capacidad de producción militar ante una región cada vez más hostil, según el nuevo Libro Blanco de Defensa aprobado este martes.

“Como parte del fortalecimiento de sus capacidades de defensa no tripulada, Japón adquirirá un gran número de vehículos no tripulados aéreos, de superficie y submarinos" en el presente año fiscal, afirma el Ministerio de Defensa japonés en el documento.

El texto, de más de 600 páginas, incluye por primera vez un capítulo sobre "nuevas formas de combate" en relación con los drones y la inteligencia artificial, donde menciona su uso destructivo en la invasión rusa de Ucrania. En él, Defensa subraya que los equipos y tácticas se actualizan en “ciclos extremadamente cortos“.

Asimismo, Tokio señala que los ámbitos tecnológicos se han convertido en facilitadores de nuevas formas de guerra y las tecnologías avanzadas que los sustentan, como la IA, son campos que avanzan con rapidez, lo que supone una "amenaza cada vez más grave" en la guerra de la información, con el uso de vídeos e imágenes falsas.

El informe anual publicado por el Ministerio de Defensa japonés señala que la producción de equipos militares en el propio archipiélago es una parte “prácticamente integral de la propia capacidad de defensa”, y defiende que aprovechar las tecnologías locales es "un elemento clave" para la seguridad del archipiélago.

China, Corea del Norte y Rusia

El Libro Blanco alerta de que es "imperativo" que el fortalecimiento de la capacidad de defensa del archipiélago se lleve a cabo “con un sentido de urgencia y crisis mayor que nunca”.

Las actividades militares de China se intensificaron durante el periodo analizado, que comprende desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, y cita operaciones de portaaviones en el Pacífico, aproximaciones de cazas chinos a aeronaves japonesas y un incidente de bloqueo de radar.

Para las autoridades japonesas, las actividades militares de Beijing son "motivo de grave preocupación" y representan “un desafío estratégico sin precedentes y el mayor al que Japón debe responder con todo su poderío, en cooperación y colaboración con aliados".

En cuanto a Corea del Norte, el informe describe al país como una "amenaza inminente" para la seguridad del archipiélago, debido a los avances en tecnología de misiles, la ampliación de capacidades navales y no tripuladas, y una mayor cooperación militar con Rusia.

También indica que las actividades militares rusas en la región, sumadas a su asociación estratégica con China, plantean una "seria preocupación en materia de seguridad" para el archipiélago. En este sentido, el documento menciona la construcción en curso de instalaciones para sus tropas en la región, despliegue de equipamiento y la realización de maniobras a gran escala.

Reforma de su política de Defensa

Poco después de la llegada al poder el pasado octubre de la primera ministra, Sanae Takaichi, Japón comenzó a debatir una revisión de los tres documentos clave de su estrategia de seguridad nacional, con un posible giro en materia de armas nucleares en el punto de mira.

El Ministerio de Defensa afirma en el texto aprobado hoy que los desafíos a la seguridad han cambiado desde que fueron revisados por última vez en 2022, cuando el archipiélago emprendió un giro sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial al contemplar su mayor rearme desde entonces, y destaca las deliberaciones internas en marcha para volver a reformarlos este mismo año.

(Con información de EFE)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, llamó a la comunidad internacional a resistir de forma colectiva la expansión autoritaria del régimen chino y a defender la democracia global durante el décimo aniversario del Foro Ketagalan, celebrado en Taipéi. En su discurso ante líderes y ex funcionarios de varios países, el mandatario cuestionó una reciente ley china y reafirmó el compromiso de su gobierno con la paz, la tecnología y la libertad.

Lai abrió su intervención con un reconocimiento a las personalidades invitadas al encuentro. Entre ellas estuvieron el primer ministro del Reino de Esuatini, Russell Dlamini; el presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; el copresidente del Grupo Interparlamentario para China (IPAC) de Japón, Nakatani Nariaki; y el director ejecutivo de IPAC, Luke de Pulford.

El eje central del discurso fue la condena a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, promulgada el mes pasado por el régimen chino. Según Lai, esa norma afecta directamente a Taiwán y también extiende sus efectos fuera del territorio chino.

“Esta ley infringe la soberanía de Taiwán y persigue religiones y grupos minoritarios, pero va más allá de eso. A través de formas de represión transnacional, impone censura política en todas partes del mundo”, afirmó el presidente durante su intervención.

En el mismo sentido, el Grupo Interparlamentario para China (IPAC) emitió una declaración en la que calificó la legislación como “una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos”.

Lai pidió una respuesta conjunta frente a esa ley y sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada. “Toda la comunidad internacional debería unirse y oponerse firmemente a esta ley maliciosa”, subrayó.

Durante su exposición, Lai presentó tres compromisos que definió como los ejes de la política de su gobierno. El primero correspondió a la defensa de la democracia y la libertad. El presidente recordó que hace 30 años los ciudadanos de Taiwán participaron en la primera elección presidencial directa del país pese a las amenazas militares procedentes de China.

“Los votantes anunciaron al mundo que Taiwán es un país democrático y que el futuro del país será decidido por el pueblo taiwanés”, afirmó.

Lai también advirtió que su gobierno no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el “terror rojo”. Además, señaló que construirá sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas.

El segundo compromiso se centró en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. El mandatario citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo, que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y expresaron su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo.

“Responderemos con acción basada en los principios de la defensa colectiva y la responsabilidad compartida”, sostuvo Lai. El presidente anticipó que su gobierno continuará fortaleciendo la defensa nacional y extendiendo la cooperación global para asegurar la estabilidad en el Indo-Pacífico.

El tercer compromiso estuvo relacionado con el desarrollo tecnológico y la prosperidad global. Lai señaló que Taiwán ocupará un papel relevante en la transición hacia la tecnología inteligente y destacó tres áreas prioritarias: la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica. “Taiwán será más que un centro de infraestructura de IA. Continuaremos liderando el desarrollo tecnológico a nivel mundial”, afirmó.

El mandatario también indicó que el gobierno aprovechará la experiencia de Taiwán en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para profundizar los lazos industriales y comerciales con socios democráticos. El objetivo, según explicó, consiste en construir cadenas de suministro de largo alcance.

Un legislador japonés advirtió en Taiwán que la reciente Ley de Unidad Étnica de China —que entró en vigor cinco días antes de que el periodista japonés Akio Yaita fuera atacado en Taipéi tras dar una conferencia— establece jurisdicción criminal extraterritorial sobre lo que se dice en Tokio, en Taiwán y en cualquier sala del mundo.

Gen Nakatani, diputado de la Cámara de Representantes de Japón y copresidente fundador de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC de sus siglas en inglés), pronunció el discurso en el Ketagalan Forum de Taiwán en el que situó la represión transnacional del Partido Comunista Chino (PCCh) como un asunto de seguridad nacional, no solo de orden público.

“La investigación continúa y no afirmaré nada como definitivo. Diré únicamente esto: la Ley de Unidad Étnica entró en vigor cinco días antes”, señaló Nakatani en referencia al ataque contra Yaita.

El legislador identificó el artículo 63 de esa norma como el mecanismo legal que permite al régimen chino perseguir penalmente a organizaciones e individuos fuera de China. "El gobierno chino afirma jurisdicción penal sobre lo que se dice en Tokio, lo que se dice en Taiwán y lo que se dice en esta sala“, advirtió.

Nakatani, que ocupó el cargo de ministro de Defensa de Japón, trazó una analogía con la defensa aérea para ilustrar el vacío institucional ante la represión transnacional: “Cuando se viola nuestro espacio aéreo, el radar lo detecta y nuestros cazas despegan de inmediato. Pero cuando un ciudadano en nuestro propio suelo ya no puede hablar, por temor a una potencia extranjera, en ningún lado suena una alarma”.

El diputado describió casos concretos que llegaron a su conocimiento como legislador. Detalló que personas provenientes de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong reciben presiones a través de los familiares que dejaron en China, y que fueron fotografiadas al asistir a reuniones en Japón. También refirió el caso de un hombre de 60 años, condenado a tres años y medio de prisión por el gobierno chino: "Hasta hoy, ni él, ni su familia, ni su gobierno han sido informados de cuál se supone que fue su delito“.

Ante ese panorama, Nakatani reclamó una estrategia de respuesta integrada que combine el intercambio de inteligencia, la exposición diplomática, las contramedidas económicas y redes transfronterizas de protección. Sostuvo que tratar la represión transnacional como delitos aislados o como excesos ocasionales de política de seguridad conduce a un callejón sin salida.

“La interferencia extranjera, la coerción económica, los ciberataques: no son eventos sin relación entre sí. Deben entenderse como un único curso de acción organizado que descansa en una estrategia integral“, afirmó el copresidente de IPAC.

El legislador también valoró el rol de Taiwán frente a esta amenaza. "Taiwán, aunque el más expuesto a esta amenaza, forma parte de la comunidad internacional con la voluntad más resuelta y la mayor capacidad“, expresó, al tiempo que subrayó que Japón seguirá junto a Taiwán en los próximos años.

Nakatani recordó que en la cumbre de IPAC celebrada en Taipéi hace dos años, la represión transnacional ya figuraba en la agenda, y que desde entonces la alianza logró llevar ese tema desde los márgenes del trabajo en derechos humanos al centro del debate sobre seguridad nacional. “Las palabras ‘represión transnacional’ han entrado por fin en el uso internacional. Pero el fenómeno en sí no es nuevo. Es un dolor que cargan desde hace tiempo quienes fueron expulsados de sus patrias y que siguen luchando por ellas y por los valores universales”, expresó.

Un grupo de cosplayers generó controversia durante la convención de cómics Firefly, celebrada en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, después de instalar un puesto en el que ofrecían una bebida promocionada como “jugo de pies”.

La actividad, que se volvió viral en redes sociales, provocó críticas relacionadas con la higiene y las normas de comportamiento en espacios públicos.

El hecho ocurrió durante el evento realizado entre el 17 y el 20 de julio, cuando varias cosplayers colocaron sus puestos cerca de la entrada del festival.

En el lugar, las participantes permanecían sentadas con los pies descalzos dentro de grandes recipientes de plástico que contenían agua con rodajas de limón y, en algunos casos, refresco de cola.

Los asistentes que adquirían la bebida recibían vasos desechables servidos por ayudantes, quienes tomaban el líquido directamente de los recipientes donde se encontraban los pies de las cosplayers. El producto tenía un precio aproximado de 50 yuanes, equivalente a unos siete dólares estadounidenses por vaso.

Cerca del puesto se colocó un aviso. “Esto es solo para entretenimiento. No pretendemos dar consejos inapropiados”.

La propuesta atrajo la atención de numerosos visitantes. De acuerdo con reportes sobre el evento, decenas de personas hicieron fila para adquirir la bebida y la disponibilidad se agotó rápidamente.

Algunos videos difundidos en plataformas digitales mostraron a asistentes interactuando directamente con el contenido de los recipientes, incluyendo personas que bebieron el líquido desde las tinas o se colocaron debajo de las cosplayers para recoger el agua que caía de sus pies.

La difusión de las imágenes generó una amplia respuesta en redes sociales chinas. Diversos usuarios cuestionaron la actividad por motivos relacionados con la seguridad sanitaria y el uso de espacios públicos.

Entre los comentarios publicados, algunos calificaron la iniciativa como inapropiada y expresaron preocupación por las condiciones de preparación de la bebida.

Sin embargo, las reacciones negativas llevaron a los organizadores de la convención a intervenir. Los responsables de Firefly Comic Convention expulsaron a los participantes involucrados y anunciaron que este tipo de actividades no estarán permitidas en futuras ediciones del festival.

La organización señaló que los llamados “puntos de intercambio” de este tipo quedarían prohibidos dentro del evento.

Cabe destacar que la tendencia del denominado “jugo de pies” no surgió en China. El concepto había llamado la atención meses antes en Estados Unidos, durante un evento relacionado con la comunidad del anime.

En mayo de 2026, vendedores ubicados cerca de una convención en California ofrecieron bebidas similares con precios que oscilaban entre 10 y 30 dólares por vaso.

En aquella ocasión, una cosplayer caracterizada como Hatsune Miku vendió una bebida con esta temática durante el evento Parkcon, realizado de manera paralela a FanimeCon en San José. Según reportes, el producto se agotó en menos de una hora pese a las reacciones divididas que generó en internet.

La práctica llegó posteriormente a Asia y fue replicada en Guangzhou durante la convención Firefly. Además de la limonada, los participantes también ofrecieron versiones con refresco de cola utilizando el mismo método de preparación.

El fuerte crecimiento de las importaciones de carne vacuna por parte de China durante el primer semestre de 2026 abre un escenario de alta incertidumbre para el comercio internacional. Un informe elaborado por María Julia Aiassa, analista de Rosgan, sostiene que el inminente agotamiento del cupo asignado a Brasil podría desencadenar cambios de gran relevancia para el resto de los países exportadores, entre ellos la Argentina.

De acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas de China, el gigante asiático importó 1,53 millones de toneladas de carne vacuna entre enero y junio, un volumen 17,5% superior al registrado en igual período de 2025. Sin embargo, este ritmo de compras supera ampliamente el límite anual fijado por el propio gobierno chino mediante el sistema de cupos por salvaguardia, que para este año asciende a 2,69 millones de toneladas, por debajo de las 2,80 millones importadas durante el año pasado.

El trabajo señala que, tras un comienzo de año muy dinámico, las compras chinas se moderaron entre marzo y mayo, aunque en junio volvieron a acelerarse con importaciones de 246.000 toneladas, un 19% más que el mes anterior. Para Aiassa, aún resta determinar si este repunte marca el inicio de una nueva etapa de mayor demanda o si responde a un comportamiento puntual ante el inminente agotamiento del cupo brasileño.

Un año comercial signado por cupos y regulaciones

En este contexto, el informe advierte que el desbalance entre el ritmo de importaciones y el límite anual habilitado anticipa dos posibles escenarios para la segunda mitad del año:

• una fuerte desaceleración de las compras externas
• o el agotamiento prematuro del cupo global, con la consecuente demanda insatisfecha, mayores precios y posibles modificaciones en las condiciones comerciales vigentes.

Brasil y Australia aparecen como los países con mayor grado de utilización de sus cuotas. Australia ya completó el total de las 205.000 toneladas asignadas para 2026, mientras que Brasil, con un cupo de 1.106.000 toneladas, había ejecutado al cierre del primer semestre 872.214 toneladas, equivalente al 80% del total. Esta situación llevó a las autoridades chinas a emitir una alerta oficial sobre el elevado nivel de utilización de la cuota brasileña.

En contraste, Argentina mantiene un nivel de ejecución considerado equilibrado respecto del cupo asignado de 511.000 toneladas anuales. Durante los primeros seis meses del año exportó 239.500 toneladas hacia China, un volumen 12% superior al del mismo período de 2025. Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos, en cambio, muestran un uso inferior al esperado de sus respectivas cuotas, siendo este último el caso más extremo, con exportaciones prácticamente nulas hacia ese destino.

Una cuestión de estrategias

El informe también destaca que la expectativa de una menor disponibilidad de carne comenzó a reflejarse en los precios. Los valores promedio pagados por la carne vacuna importada pasaron de incrementos interanuales cercanos al 10% a comienzos del año a superar el 30% al cierre del primer semestre. En el caso argentino, los valores FOB mejoraron entre 200 y 300 dólares por tonelada durante las últimas semanas.

El informe del Rosgan sostiene que gran parte del desenlace dependerá de la estrategia que adopte Brasil. Según explica, es altamente probable que el país vecino ya haya comprometido comercialmente la totalidad del saldo disponible de su cupo. Dado que el tránsito marítimo hacia China demanda alrededor de 45 días, parte de los embarques realizados durante julio podrían arribar cuando la cuota ya se encuentre agotada, generando la necesidad de encontrar mecanismos alternativos para su ingreso.

En ese escenario, Brasil estaría negociando con las autoridades chinas la habilitación de depósitos aduaneros para diferir el ingreso formal de la mercadería hasta la apertura de nuevos cupos. Paralelamente, también trascendieron conversaciones con Uruguay para un eventual intercambio de cuotas comerciales. Para la analista de Rosgan, el resultado de estas negociaciones será determinante, ya que podría marcar el inicio de una nueva configuración del comercio internacional de carne vacuna, basada en un sistema cada vez más condicionado por cupos y regulaciones aduaneras.

Taiwán aseguró que los intercambios militares con Estados Unidos son “estrechos” y se desarrollan en “todos los niveles”, a pocos días del inicio de la fase con fuego real de las maniobras Han Kuang, los ejercicios anuales de las Fuerzas Armadas taiwanesas destinados a evaluar la preparación de la isla ante un eventual intento de invasión por parte del régimen de China. Las declaraciones pertenecen al ministro de Defensa, Wellington Koo, y fueron publicadas este lunes por la agencia oficial CNA.

Koo sostuvo que la cooperación entre Taipéi y Washington supera la percepción pública. “(La cooperación militar con EEUU) es incluso mayor de lo que ustedes imaginan”, afirmó el ministro durante la entrevista. Además, expresó su reconocimiento al Comando del Pacífico de Estados Unidos por su aporte al fortalecimiento de las capacidades defensivas de las fuerzas taiwanesas.

El funcionario también destacó el papel estratégico que Estados Unidos asigna a Taiwán dentro de la denominada primera cadena de islas del Pacífico, una franja geográfica que se extiende desde Japón hasta Borneo, con paso por Taiwán y Filipinas, y que constituye un elemento central de la estrategia de contención frente al régimen chino.

Según Koo, la estrategia estadounidense para el Indopacífico promueve los principios de “defensa colectiva y responsabilidad compartida”, por lo que consideró necesario que los países de la región incrementen sus presupuestos de defensa y fortalezcan sus capacidades militares para consolidar una capacidad de disuasión conjunta.

En ese contexto, el ministro planteó que un mayor nivel de preparación regional modificaría los cálculos estratégicos de Beijing. “Una vez que se consolide esa postura de disuasión colectiva, cuando el líder del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, quiera adoptar medidas que socaven la paz en el estrecho, los cálculos que deberá sopesar se volverán extremadamente complejos”, sostuvo.

Las declaraciones también incluyeron referencias al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de Taiwán. El jefe del Departamento de Planificación Estratégica del Ministerio de Defensa, Huang Wen-chi, explicó que buena parte de la cooperación bilateral permanece bajo reserva, aunque aseguró que sus resultados pueden apreciarse en la preparación de las tropas.

“Si bien los intercambios entre ambas partes no pueden hacerse públicos, basta con observar cómo adiestraban las tropas taiwanesas hace cinco años y cómo lo hacen ahora para hacerse una idea de todo lo que han aprendido”, señaló Huang.

El funcionario agregó que las modificaciones implementadas en la preparación militar responden a objetivos concretos. “Todos ellos son cambios concretos fruto del entrenamiento orientado al combate real”, afirmó.

Las manifestaciones de ambos funcionarios se conocieron dos días antes del comienzo de la etapa con fuego real de las maniobras Han Kuang, consideradas los principales ejercicios militares anuales de Taiwán. Los simulacros buscan comprobar la capacidad operativa de las fuerzas de la isla frente a distintos escenarios de conflicto, incluido un eventual intento de invasión por parte del régimen chino.

En los últimos años, el Gobierno taiwanés incrementó el presupuesto destinado a Defensa como respuesta a la creciente presión militar de Beijing. La dictadura china considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y sostiene que la reunificación constituye un objetivo irrenunciable. Las autoridades chinas tampoco descartan el uso de la fuerza para asumir el control de la isla.

La relación entre Washington y Taipéi constituye uno de los principales factores de tensión entre Estados Unidos y China. Aunque Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, permanece como el principal proveedor de armamento de la isla y conserva una política que contempla la posibilidad de asistirla en caso de un conflicto con China.

(Con información de EFE)

El exrepresentante comercial de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, planteó en una entrevista con la revista Foreign Affairs que el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería dar paso a “dos acuerdos nuevos”, en el marco de la revisión del tratado prevista para este año. Lighthizer, considerado el principal arquitecto de la renegociación que sustituyó al TLCAN, sostuvo que eliminar por completo el acuerdo “sería un error” y que resultaría “demasiado costoso políticamente”.

Un déficit “que no se puede sostener”

Según el exfuncionario, aunque el T-MEC introdujo mejoras respecto al TLCAN, el déficit comercial de Estados Unidos con México “ha crecido sustancialmente” en los últimos años. Lighthizer afirmó que, si bien México es “un socio comercial enorme” para Washington, ese nivel de déficit “no se puede sostener”.

El exrepresentante comercial situó este problema dentro de un panorama más amplio: dijo que Estados Unidos mantiene un déficit comercial global superior a un billón de dólares anuales en bienes y servicios, lo que —según su análisis— ha generado una posición de inversión internacional neta negativa de -27 billones de dólares.

La “triangulación” con contenido chino

Uno de los señalamientos centrales de Lighthizer fue el fenómeno de la triangulación comercial: explicó que cuando una planta se traslada de China a México, “el déficit con México se ve más grande y el déficit con China se ve más chico”. Por ello, planteó la necesidad de elevar las reglas de origen y exigir mayor contenido mexicano en los productos que llegan a territorio estadounidense, al considerar que en la actualidad “hay demasiado contenido chino” en las exportaciones que salen de México.

Aranceles como parte de la negociación, no como ruptura

Lighthizer adelantó que los aranceles “van a ser parte” de las herramientas para reducir el déficit con México, aunque matizó que ese ajuste debe hacerse “sin paralizar” la economía mexicana, ya que —dijo— eso también sería negativo para Estados Unidos.

El exfuncionario destacó como uno de los mayores aciertos del T-MEC la inclusión de una cláusula de revisión periódica (sunset clause), mecanismo que, según explicó, permite hoy abrir esta renegociación sin necesidad de desechar el tratado completo.

Un vínculo “distinto” con México

En la entrevista, Lighthizer subrayó que, a diferencia de otros socios comerciales, Estados Unidos tiene “un interés en la prosperidad de México”, y viceversa, por razones que calificó de culturales, migratorias y fronterizas. Sobre los negociadores designados para la revisión, se refirió en términos positivos al canciller mexicano Marcelo Ebrard y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una de las líderes mundiales más inteligentes” en la actualidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente un calendario definitivo ni el contenido específico de los dos acuerdos que Lighthizer propone, por lo que el proceso de renegociación permanece sujeto a las conversaciones entre ambos gobiernos.

Zhan Qiao Lin es cirujano plástico reconstructivo en el Hospital La Paz de Madrid y uno de los entrevistados en el videopódcast Un chino y medio, donde habla sin filtros sobre lo que significa crecer entre dos culturas. El médico reveló una paradoja que resuena entre muchos hijos de inmigrantes chinos en España que es que sus padres no le hacen caso cuando les hace recomendaciones médicas cuando tienen un achaque, sino que confían en la medicina milenaria oriental.

“Es que les digo alguna recomendación médica y no me hacen ni p*** caso, macho. Se van al médico de China a que le digan una sopa de no sé qué con frutos rojos y tal, que eso te va a bajar la tensión”, relató Zhan en el pódcast. La anécdota no se queda ahí: su tía y su tío le argumentan que “los occidentales no tenéis el mismo cuerpo que los chinos” y que, al haber estudiado medicina occidental, él no puede entender la fisiología de los orientales. “¿Cómo no voy a entenderlo, hombre? Pero si es igual, un cuerpo es un cuerpo”, respondió el cirujano quitándole hierro al asunto.

La brecha entre dos medicinas

Esa desconfianza hacia la medicina occidental no es un fenómeno aislado ni exclusivo de su familia. Un estudio publicado en Gaceta Sanitaria sobre inmigrantes chinos en Sevilla reveló que el 20% de los encuestados nunca había visitado a un médico desde su llegada a España, y que la mayoría prefería acudir a la medicina tradicional china como primera opción ante cualquier dolencia. Las principales barreras identificadas fueron las dificultades con el idioma, los largos tiempos de espera y la incompatibilidad con sus obligaciones laborales.

Estos puntos coinciden con lo que dice Lin, ya que, aparte de que explica que hay un rechazo por la medicina occidental, la primera barrera que encuentra, según su experiencia, es el idioma. Además, el cirujano incide en que los tiempos de espera en hospitales españoles son mayores que en los de China, lo que les obliga a tener el negocio que regenten cerrado durante más tiempo. El cirujano atribuye esa conducta al modelo económico de la comunidad china en el país, donde una parte muy significativa trabaja como autónoma o en negocios familiares. Parar implica perder ingresos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 residían más de 230.000 personas de nacionalidad china en España, frente a las apenas 35.000 registradas a principios de los años 2000.

La regla no escrita en urgencias

Entre los médicos existe incluso una especie de regla no escrita, según explicó Zhan, si un paciente chino llega a urgencias, es porque realmente “está jodido”. Nadie de esa comunidad cerraría su negocio por una dolencia menor. La investigación de Gaceta Sanitaria corrobora ese patrón, cuando los inmigrantes chinos acuden al sistema sanitario español, tienden a hacerlo en servicios de urgencias, no en atención primaria ni en revisiones preventivas.

El vídeo también abordó la falta de reconocimiento familiar. Zhan admitió que sus padres nunca le dijeron explícitamente que estaban orgullosos de él por terminar la carrera de medicina. “Se lo noto, pero decírmelo no”, señaló. Y cuando regresó de China con una Biblia y una cruz, la reacción de su familia fue reírse y pedirle que “dejase de hacer cosas raras”.

China realizó nuevas maniobras conjuntas navales y aéreas en las proximidades del atolón de Scarborough, área en disputa con Filipinas, luego de haber reforzado las patrullas militares y policiales en la región.

El incremento de la actividad ocurre en un contexto de tensiones constantes entre ambos países en el mar de China Meridional.

El Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) comunicó que los ejercicios se desarrollaron en aguas territoriales, espacio aéreo y zonas adyacentes al arrecife, denominado por China como Huangyan y por Filipinas como Bajo de Masinloc.

De acuerdo con el mando militar, estas maniobras representan una “acción necesaria” frente a la situación actual en el mar de China Meridional y ante las acciones de “determinados países” que, según su postura, ponen en riesgo la paz y la estabilidad regional.

El propósito de los ejercicios fue evaluar y fortalecer la capacidad de combate de las fuerzas para defender la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China.

El jueves, el Ejército y la Guardia Costera china informaron sobre el aumento de patrullas militares y de “aplicación de la ley” cerca del atolón. Pekín sostiene que incrementó su presencia en la zona desde julio y adoptó medidas para expulsar embarcaciones consideradas incursiones ilegales.

En los días recientes, tanto China como Filipinas se han acusado de provocar incidentes en las cercanías de Scarborough y del arrecife Second Thomas, otro punto central de conflicto entre ambos países en el mar de China Meridional.

China mantiene el control efectivo de Scarborough desde 2012 y reclama soberanía sobre la mayor parte del mar de China Meridional, abarcando áreas que también son reclamadas por Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

China reforzó sus “patrullas” al este de Taiwán

En otro orden, la Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo este viernes una nueva ronda de “patrullas rutinarias de aplicación de la ley” en aguas situadas al este de Taiwán, justo un día después de que Taipéi reportase un incremento de la actividad militar china en los alrededores de este territorio.

En un comunicado, Jiang Lue, portavoz de la CCG, declaró que el grupo de tareas liderado por el buque Xiushan realizó “patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán”, que se gobierna de forma autónoma, pero que Pekín considera parte de su territorio.

Desde principios de julio, la formación encabezada por el Xiushan ha reforzado el “control” sobre estas aguas “con el fin de garantizar de manera efectiva la navegación y las actividades ordenadas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos y conformes a la ley, así como las vidas y los bienes de los pescadores de ambos lados del Estrecho”.

“La Guardia Costera de China continuará reforzando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo jurisdicción china y salvaguardará con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China”, señaló el comunicado.

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, un área que se extiende frente a la costa oriental de la isla.

Estados Unidos prohibió el viernes las importaciones procedentes de otras 43 empresas por presuntas violaciones de los derechos humanos de los uigures y otros grupos minoritarios, entre ellas Hunan Aihua Group, una de las mayores fabricantes de condensadores de China.

Las empresas se han añadido a la Lista de Entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que restringe la importación de productos vinculados a lo que Estados Unidos ha determinado que son abusos contra los derechos humanos y un genocidio en curso por parte de China en la región de Xinjiang.

Las últimas incorporaciones incluyen también empresas de los sectores farmacéutico, metalúrgico, algodonero, alimentario y de producción de litio.

Esta publicación supone la primera vez que se añaden empresas a la lista bajo la administración Trump, y eleva el número de entidades incluidas de 144 a 187. Se trata, además, del mayor número de entidades añadidas de una sola vez desde que la ley entró en vigor en diciembre de 2021.

Las empresas incluidas en la lista se abastecen de materias primas procedentes de la región de Xinjiang o colaboran con el Gobierno de dicha región para reclutar y trasladar a uigures y otros grupos perseguidos fuera de la región.

Estados Unidos ha afirmado que las autoridades chinas han establecido campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental china de Xinjiang. Beijing niega cualquier tipo de abuso.

“La acusación de que existe ‘trabajo forzoso’ en Xinjiang no es más que una mentira”, afirmó el viernes en un comunicado un portavoz de la embajada china en Washington.

“La legislación china prohíbe explícitamente el trabajo forzoso. Los trabajadores de todos los grupos étnicos de Xinjiang disfrutan, de conformidad con la ley, del derecho a elegir su ocupación por voluntad propia, a recibir un trato igualitario en el empleo y a obtener una remuneración por su trabajo”.

El Grupo Hunan Aihua fue incluido en la lista porque Estados Unidos considera que la empresa se abastece de láminas químicas y otros materiales procedentes de Xinjiang, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en la publicación del Registro Federal de Estados Unidos.

La empresa, que abastece a los mercados de electrónica de consumo, industrial, automovilístico y de energías renovables, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chacha Food Co, cuyos productos se exportan a casi 50 países y regiones, también fue incluida en la lista, según la publicación. Otras empresas añadidas son Xinjiang Tianhongji Technology Co, Tefeng Pharmaceutical Co, Tianshan Aluminum Group y Henan Guorong Electronic Technology Co

Reuters

La decisión del máximo tribunal de Panamá de retirar a una empresa hongkonesa de dos puertos estratégicos desencadenó una represalia coordinada del régimen de China contra el país centroamericano. La medida judicial afectó la presencia de CK Hutchison Holdings en los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del canal.

De acuerdo con el informe de The Wall Street Journal, Beijing respondió con una serie de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos. Casi 500 barcos fueron retenidos desde enero, 146 de ellos solo en mayo, en contraste con los 23 registrados en enero. Las autoridades chinas alegaron que las detenciones respondieron a cuestiones de seguridad, aunque funcionarios panameños y estadounidenses sostienen que se trató de un castigo político.

Warren Stephens, representante de Estados Unidos ante la Organización Marítima Internacional (OMI), afirmó que las acciones de China buscaron “socavar la soberanía panameña, interrumpir las cadenas globales de suministro y minar la confianza en el comercio internacional”, según recogió el medio estadounidense.

La industria marítima panameña, una de las más grandes del mundo por volumen de barcos registrados, sufrió consecuencias inmediatas. Algunos armadores optaron por cambiar la bandera de sus navíos para evitar las inspecciones, lo que impactó los ingresos que el país obtiene por registrar embarcaciones extranjeras. Panamá administra un registro de alrededor de 8.500 barcos.

Las represalias chinas también se extendieron al ámbito logístico. El gigante estatal Cosco suspendió el transporte de carga hacia el puerto de Balboa, pieza clave en la infraestructura panameña. El canal, que mueve aproximadamente el 6% del comercio marítimo global, experimentó un aumento de tráfico superior al 5% anual en los últimos meses, lo que acentuó la importancia de mantener la estabilidad logística, según el reporte.

Las tensiones escalaron hasta el plano diplomático y comercial. Xie Feng, embajador chino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusó a Panamá de ceder ante la presión de Estados Unidos y advirtió sobre el riesgo que implica para la confianza empresarial internacional. “Si los contratos pueden ser ignorados, los principios de mercado desatendidos y los operadores expulsados en cualquier momento, ¿quién confiaría en invertir o cooperar?”, preguntó el diplomático en una reunión regional citada por el medio.

En paralelo, CK Hutchison inició un proceso de arbitraje internacional para reclamar 2.000 millones de dólares en compensación, alegando que la decisión panameña dañó la reputación del país como destino confiable para la inversión extranjera.

Por su parte, el canciller panameño Javier Martínez-Acha defendió el derecho soberano de su país a regular sus puertos y respaldó la independencia del poder judicial. Martínez-Acha y otros altos funcionarios buscaron reducir la tensión bilateral a través de negociaciones con sus pares chinos, especialmente ante la inminente renovación de un acuerdo marítimo que otorga condiciones preferenciales a los barcos panameños en puertos chinos.

En las últimas semanas, funcionarios panameños reportaron una disminución significativa en la cantidad de inspecciones a barcos con su bandera en puertos de China. No obstante, el gobierno chino aún no ha confirmado si renovará el acuerdo marítimo ni ha aclarado cómo espera que Panamá subsane las preocupaciones sobre los intereses de las empresas chinas, según consigna The Wall Street Journal.

El futuro de la relación bilateral sigue en vilo. El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, adelantó que el país prevé licitar la administración de nuevos terminales portuarios, aunque la participación de empresas chinas podría reavivar las diferencias con Estados Unidos.

La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán expresó este viernes su “enérgica condena” tras el anuncio de China sobre una nueva ronda de “patrullas rutinarias de aplicación de la ley” en aguas al este de la isla, operación que, según Taipéi, forma parte de las tácticas de “guerra cognitiva” de Beijing.

En un comunicado, la CGA indicó que mantiene un “estrecho seguimiento” de los buques ‘Xiushan’ y ‘Chongming’ de la Guardia Costera de China (CCG), localizados a las 08:00 horas de este viernes (00:00 GMT) a unas 151 millas náuticas al este de la isla Orquídea y 43 millas náuticas al noreste de la misma, respectivamente.

Ambas ubicaciones se encuentran fuera de los límites de las aguas territoriales y de la zona contigua de Taiwán, aunque dentro de la zona económica exclusiva que la isla reclama hasta las 200 millas náuticas.

“Actualmente, el buque ‘Taipéi’ y otras embarcaciones de la Administración de la Guardia Costera continúan monitorizando (los barcos chinos) en la zona”, señaló la CGA, subrayando que la Taiwán es un “Estado soberano e independiente” no subordinado a la República Popular China.

El comunicado denunció que “China, de forma malintencionada y mediante manipulación política, difunde informaciones falsas como las expresiones ‘isla china de Taiwán’ y ‘patrullas de aplicación de la ley’” y condenó que la parte china “se aparte de la realidad”.

La reacción de Taipéi se produjo luego de que la CCG informara sobre “patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán” ese mismo día.

China incrementó su presencia marítima al este de Taiwán después del anuncio, el 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales frente a la costa oriental del territorio autogobernado.

Esta área es estratégica por albergar rutas marítimas clave para el comercio global y por ser la vía que usarían países como Estados Unidos y Japón para asistir a la isla en caso de invasión o bloqueo marítimo por China, según analistas de defensa. Expertos advierten que el despliegue chino podría anticipar una cuarentena destinada a detener, inspeccionar o abordar buques comerciales rumbo a Taiwán y cortar el suministro de recursos esenciales, como el gas natural licuado, principal fuente de energía eléctrica de la isla.

Un funcionario de seguridad de Taiwán advirtió recientemente que el “expansionismo autoritario” de China en aguas regionales persistirá si la comunidad internacional no toma medidas. “China está superando constantemente los límites mediante un enfoque gradual de avance progresivo”, declaró Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, durante un foro internacional.

Taiwán desplegará su arsenal marítimo en un simulacro de bloqueo chino

Taiwán desplegará buques de la armada y de la guardia costera para escoltar suministros esenciales durante una simulación de bloqueo militar chino en aguas al este de la isla, según informaron este martes funcionarios de defensa. El ejercicio se integrará en las maniobras militares anuales “Han Kuang”, que comenzarán la próxima semana con el objetivo de preparar a las fuerzas armadas y a la población civil para un posible ataque de China.

Beijing sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con el uso de la fuerza para anexionar la isla, que cuenta con más de 23 millones de habitantes. China despliega buques de guerra, aviones de combate y patrulleras de la guardia costera alrededor de Taiwán casi a diario para reafirmar su reivindicación de soberanía, postura que Taipéi rechaza.

Las autoridades taiwanesas han advertido que, además de la amenaza de invasión, Beijing podría optar por una cuarentena o bloqueo para impedir el arribo de energía y suministros esenciales. Como parte de las operaciones “contra el bloqueo”, las fuerzas navales y la guardia costera de Taiwán realizarán labores de vigilancia marítima, patrullas en zonas marítimas, protección de rutas y escoltas de convoyes en el Pacífico Occidental, según explicó el general de división Lu Wen-yuan, funcionario del Ministerio de Defensa encargado de la planificación.

“Estos ejercicios se llevarán a cabo con fuego real, involucrando tropas y equipos reales, con el fin de fortalecer diversas capacidades de respuesta y mejorar la eficacia de las operaciones defensivas”, señaló Lu.

La edición de este año de la Han Kuang también evaluará la capacidad de las fábricas movilizadas para mantener la producción en tiempos de guerra y pondrá a prueba la reubicación de instalaciones militares y civiles. Entre el 5 y el 14 de agosto se efectuarán además simulacros de resiliencia urbana, como parte de los esfuerzos gubernamentales para preparar a la isla ante un eventual conflicto o desastre natural.

(Con información de EFE)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este jueves su ofensiva económica contra las estructuras que sostienen las operaciones internacionales de la aerolínea iraní Mahan Air y de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La medida incluye sanciones contra seis personas y entidades radicadas en China, India, Rusia e Irán, acusadas de proporcionar servicios comerciales, logísticos y financieros que permitían el funcionamiento de la compañía aérea, señalada desde hace años por el Gobierno estadounidense como un instrumento de apoyo a actividades militares iraníes.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar los programas de sanciones económicas de Estados Unidos. De acuerdo con el Tesoro, varias de las empresas afectadas actuaban como agentes generales de ventas de Mahan Air, una función que comprende la comercialización de vuelos, la atención a clientes y la coordinación con operadores de carga y transporte en representación de una aerolínea.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a quienes colaboren con la estructura económica de la Guardia Revolucionaria.

“Quienes prestan servicios financieros, logísticos o de apoyo comercial al IRGC o a Mahan Air están contribuyendo a sostener una organización terrorista”, declaró, al tiempo que agregó que el Tesoro seguirá identificando a esas redes, exponiéndolas públicamente y bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense.

Según el comunicado, Washington sostiene que, pese a presentarse como una empresa de aviación civil, Mahan Air ha desempeñado durante años un papel relevante en el respaldo operativo de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Las autoridades estadounidenses aseguran que la aerolínea facilitó desplazamientos de personal militar, colaboró con actividades de entrenamiento y participó en el transporte de sistemas de vehículos aéreos no tripulados, además de armamento y otros equipos relacionados con la industria de defensa iraní.

Entre los sancionados figura la empresa china Shanghai Wings International Logistics Co., identificada por el Tesoro como agente de ventas de Mahan Air y responsable de coordinar envíos de componentes electrónicos desde China hacia Irán. También fue incluido Tang Xin, director ejecutivo de esa compañía, a quien Estados Unidos atribuye la organización de viajes para la aerolínea iraní.

La lista incorpora además a Shanghai Elite International Travel Co., otra empresa china vinculada con Tang Xin y que, según el Gobierno estadounidense, también representaba comercialmente a Mahan Air. A ellas se suman la firma india Skiez Travels and Logistics Private Limited y la compañía rusa Air Cargo Pro Limited, señaladas por desempeñar funciones similares como agentes de ventas de la aerolínea en sus respectivos mercados.

El Tesoro explicó que estas designaciones buscan afectar la infraestructura internacional que permite a Mahan Air mantener sus operaciones fuera de Irán.

Para Washington, limitar esas capacidades forma parte de la estrategia de incrementar la presión económica sobre el régimen iraní y sobre la Guardia Revolucionaria, especialmente después de los ataques atribuidos a Teherán contra países de la región y embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

La nueva ronda de sanciones también alcanzó a DadeNegar Startup Studio, una empresa que Estados Unidos describe como una fachada vinculada a la Guardia Revolucionaria. De acuerdo con OFAC, la compañía administraba una plataforma digital utilizada para recopilar información sobre la ubicación de equipos estadounidenses e israelíes con el propósito de facilitar la selección de objetivos militares. Asimismo, habría recibido solicitudes de ataques contra intereses de Estados Unidos en Medio Oriente en coordinación con la organización militar iraní.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos salvo autorización expresa de OFAC. El Tesoro advirtió además que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas con los designados podrían quedar expuestas a sanciones secundarias, incluida la restricción o prohibición para mantener cuentas corresponsales dentro del sistema bancario estadounidense.

Las sanciones fueron impuestas al amparo de la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Washington para actuar contra organizaciones terroristas y quienes les brinden apoyo material, financiero o tecnológico.

El Consejo de Seguridad de la ONU dio este jueves el primer paso en la elección de su próximo secretario general con una votación exploratoria destinada a evaluar el nivel de respaldo de los siete candidatos que aspiran a reemplazar a António Guterres a partir del 1 de enero de 2027.

Aunque la consulta no define el resultado, marca el inicio formal de un proceso que suele extenderse durante varios meses y en el que los cinco miembros permanentes del órgano tienen un papel determinante. En paralelo, Estados Unidos dejó clara su expectativa de que el futuro líder impulse una transformación estructural de la organización.

La primera ronda se desarrolló a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York. Los 15 integrantes del Consejo recibieron una papeleta para expresar, de manera confidencial, si recomiendan, desaconsejan o no tienen opinión sobre cada uno de los postulantes. El mecanismo, conocido como straw poll, sirve para identificar qué candidaturas reúnen mayores posibilidades antes de las votaciones decisivas.

A diferencia de las etapas finales del proceso, esta consulta no es vinculante y sus resultados permanecen reservados. Los candidatos conocerán posteriormente la evaluación obtenida a través de los gobiernos que presentaron oficialmente sus nominaciones.

Tras finalizar la reunión, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que el comienzo de la selección representa un momento relevante para la organización, aunque evitó revelar cualquier dato sobre el desarrollo de la votación. “Creo que es notable y bueno que el proceso ya esté en marcha”, declaró ante los periodistas.

El representante estadounidense aprovechó además la ocasión para fijar la posición de Washington respecto al perfil que considera necesario para dirigir la ONU durante los próximos años. Según explicó, el organismo necesita modernizar su funcionamiento y concentrar más recursos en las operaciones sobre el terreno.

“Necesitamos menos sede central, más presencia sobre el terreno (...) Menos gente aquí y más gente allá, sobre el terreno”, sostuvo Waltz, al reclamar una institución “más ágil y adecuada a su propósito”.

Las declaraciones reflejan una de las prioridades de Estados Unidos en el debate sobre el futuro de la organización: reducir la burocracia administrativa y fortalecer la capacidad de respuesta en los países donde Naciones Unidas desarrolla misiones humanitarias, de paz o de asistencia.

En esta primera fase participan varios candidatos procedentes de distintas regiones, aunque América Latina concentra la mayoría de las postulaciones. Compiten la ex presidenta chilena Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la costarricense Rebeca Grynspan; la canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett; el ex presidente de Senegal Macky Sall; y el diplomático ugandés Olara Otunnu.

El mandato de Guterres concluirá el 31 de diciembre de 2026, después de completar dos períodos consecutivos de cinco años al frente de la organización.

Aunque en los círculos diplomáticos el nombre de Rafael Grossi aparece con frecuencia entre los aspirantes más mencionados, hasta ahora no existe un favorito indiscutido. Las negociaciones suelen evolucionar a medida que avanzan las rondas de consulta y dependen, en gran medida, de la posición que adopten Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto sobre la candidatura final.

Durante esta primera jornada, ninguno de esos países dio señales públicas sobre sus preferencias. Los representantes de Rusia y Colombia se limitaron a señalar que la reunión se desarrolló de manera satisfactoria, sin ofrecer detalles sobre el contenido de la votación.

La presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, ejercida este mes por la República Democrática del Congo, confirmó que el resultado permanecerá confidencial por decisión de los propios miembros del órgano. Tampoco se anunció la fecha de la siguiente votación informal, que previsiblemente se celebrará en agosto bajo la presidencia de Dinamarca.

Además del equilibrio geográfico que tradicionalmente influye en la designación del secretario general, numerosos Estados sostienen que esta elección representa una nueva oportunidad para que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer asuma la máxima responsabilidad del organismo.

Mientras continúan las consultas diplomáticas, el proceso entra ahora en una etapa de negociaciones reservadas que definirá quién llegará con mayores opciones a las votaciones finales del Consejo de Seguridad.

Al menos una persona murió este jueves durante un ataque atribuido a Irán contra una empresa china en el norte de Kuwait, según informó el Ministerio de Defensa del país del golfo Pérsico. El hecho ocurre en medio de una escalada de ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

“La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble”, declaró el portavoz del ministerio, Saud al Atwan, en un comunicado.

El funcionario añadió que “las autoridades competentes comenzaron de inmediato a tomar las medidas necesarias y a abordar la situación en coordinación con las partes involucradas”.

Al Atwan afirmó que las Fuerzas Armadas de Kuwait “reafirman su compromiso de cumplir con sus responsabilidades con la máxima eficiencia y de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y salvaguardar su seguridad y estabilidad a fin de preservar la seguridad de los ciudadanos y residentes”.

Las declaraciones del portavoz, quien no especificó si el ataque se realizó con drones o misiles ni identificó a la empresa afectada, se conocieron pocas horas después de que el Ejército de Jordania informara sobre la interceptación y derribo de cinco misiles dirigidos a su territorio, acción que también atribuyó a Irán.

Hasta el momento, la Guardia Revolucionaria iraní no ha reivindicado estos ataques, aunque en las últimas semanas ha enfrentado acusaciones por lanzar múltiples agresiones con misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellos Baréin, Jordania y Kuwait.

Los ataques registrados este jueves se suman a las acciones anunciadas por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que confirmó la realización de una nueva oleada de ataques contra Irán, impactando decenas de objetivos militares. Estas operaciones se presentaron como respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en la región.

La ofensiva estadounidense tuvo lugar un día después de que la Guardia Revolucionaria lanzara varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Medio Oriente. Según el mando militar estadounidense, todos los misiles fueron interceptados.

Compartir habitación e incluso la misma cama para reducir el alquiler se convirtió en una alternativa para algunos jóvenes chinos que enfrentan salarios estancados, empleo inestable y un aumento del costo de vida, una práctica que abrió un intenso debate en las redes sociales y reflejó las dificultades económicas que atraviesa parte de la población urbana del país.

Uno de los casos que ganó notoriedad es el de Winnie Zeng, una agente de ventas de 25 años residente en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Preocupada por la posibilidad de perder su empleo y sin perspectivas de un aumento salarial, decidió invitar a otra mujer de su misma edad a instalarse en la habitación que alquila para dividir los gastos.

La decisión redujo su alquiler mensual en 450 yuanes (66 dólares) y le permitió conservar cerca de tres cuartas partes de su ingreso mensual de 4.000 yuanes.

“Es una cuestión de supervivencia”, afirmó Zeng, quien dedica largas jornadas laborales a realizar transmisiones en vivo en redes sociales para promocionar los productos de consumo que vende su empresa.

La joven explicó que su preocupación principal consiste en mantener un margen económico que le permita afrontar una eventual pérdida del empleo. “Si no tienes dinero, tu capacidad para afrontar riesgos es extremadamente débil en el momento en que dejas de trabajar”, sostuvo.

Lo que hasta hace poco resultaba poco habitual en China —que dos adultos sin parentesco compartan una habitación e incluso una cama para ahorrar dinero— comenzó a aparecer con mayor frecuencia en anuncios publicados en plataformas digitales.

El fenómeno generó una amplia conversación en las redes sociales chinas. A finales de junio, el hashtag “compartir cama es una dificultad que escapa a mi comprensión” superó los 14 millones de visualizaciones en Weibo, mientras que contenidos relacionados alcanzaron casi 40 millones de visualizaciones en Douyin, la aplicación hermana de TikTok.

En Xiaohongshu, una plataforma similar a Instagram, las búsquedas de “compartir cama” arrojaron más de 37.000 publicaciones, entre ellas anuncios de personas interesadas en encontrar compañeros de piso dispuestos a compartir una habitación y, en algunos casos, la misma cama.

Aunque la práctica continúa como un fenómeno minoritario dentro de los aproximadamente 260 millones de inquilinos que existen en China, especialistas consideran que constituye un indicador de las dificultades económicas que enfrentan numerosos jóvenes trabajadores.

Mingwei Liu, director del Centro para el Trabajo y el Empleo Global de la Universidad de Rutgers, señaló que esta situación refleja cambios más profundos en el mercado laboral y en las expectativas económicas de una parte de la población.

“Refleja una realidad creciente en la que un segmento de jóvenes carece de un sentido de pertenencia urbana, de un empleo estable a largo plazo y de perspectivas de ingresos claras”, explicó.

Según Liu, si esa percepción termina por extenderse, podría afectar el gasto de los hogares, reducir la demanda de viviendas y retrasar decisiones personales como el matrimonio, con consecuencias para la economía china en el largo plazo.

Los datos económicos publicados este mes por el régimen de Xi Jinping mostraron que el crecimiento del país se desaceleró hasta su nivel más bajo en más de tres años. Las exportaciones y la producción industrial mantuvieron un desempeño sólido, aunque el consumo interno permaneció estancado. Al mismo tiempo, los ingresos de los trabajadores crecieron a un ritmo inferior al del producto interno bruto, mientras el estancamiento salarial reforzó la dependencia de las exportaciones como motor de crecimiento.

En Wuhan, Zeng y su nueva compañera de piso ocupan una de las cinco habitaciones de un apartamento cuyos dormitorios se alquilan por separado. La habitación cuenta con un armario empotrado, una cama grande, una mesa de noche y un pequeño escritorio. Un tendedero instalado en el interior cubre parcialmente una pequeña ventana protegida por barrotes metálicos.

Antes de acordar la convivencia permanente, ambas establecieron un período de prueba de ocho días. Según Zeng, la experiencia resultó positiva. “Es reconfortante volver a casa y saber que alguien te está esperando allí”, afirmó.

Sin embargo, otras personas que recurrieron a esta modalidad aseguran que la necesidad económica pesa mucho más que la búsqueda de compañía.

Es el caso de Morgan Pan, un residente de Beijing de 39 años que actualmente percibe menos de la mitad de los 30.000 a 40.000 yuanes anuales que obtenía cuando trabajaba para una empresa emergente de inteligencia artificial, hoy en proceso de quiebra.

Pan comenzó recientemente a compartir su habitación para reducir el costo conjunto del alquiler y los servicios públicos hasta unos 1.200 yuanes mensuales. Su compañero de piso también enfrenta problemas financieros después de una inversión fallida en un restaurante que le dejó una importante deuda.

Según Pan, su situación no tiene “nada de conmovedor”, sino únicamente “la presión de la vida”.

Otro vecino de Beijing, identificado únicamente por su apellido, Wang, también busca a alguien con quien compartir habitación para dividir un alquiler mensual de 1.750 yuanes, después de perder su empleo cuando la empresa de ingeniería civil para la que trabajaba quebró en diciembre.

“Por el momento no he podido encontrar un trabajo adecuado”, expresó Wang. “Solo puedo intentar aliviar mi presión económica”, agregó.

Mientras tanto, Zeng mantuvo un estilo de vida austero. Cocina en su casa, evita comprar ropa costosa y procura aumentar sus ahorros para afrontar cualquier imprevisto laboral.

La repercusión de su historia en internet no modificó su postura. Incluso considera que podría mantener este sistema de convivencia aunque su situación económica mejorara.

“Los salarios iniciales son bastante bajos, el costo de vida es bastante alto; simplemente hay que hacer algunas concesiones”, señaló. Luego concluyó: “Cuando la gente dice que la sociedad ha llegado a este punto, es la pura verdad”.

(Con información de REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que estaría “muy decepcionado” si China suministra sistemas portátiles de defensa aérea a Irán, después de reportes que apuntan a una posible transferencia de armamento entre Beijing y Teherán.

Trump señaló que la posibilidad de una asistencia militar desde China hacia Irán sería inesperada y recordó que el presidente Xi Jinping le aseguró durante una reunión en mayo que Beijing no participaría en el suministro de apoyo militar a Teherán.

“Eso sería sorprendente. Cosas así suceden, pero eso sería sorprendente. Me dijo muy claramente que no participaría [en brindar asistencia militar a Irán], pero sabe que me sentiría bastante decepcionado”, declaró Trump al referirse a las versiones sobre la entrega de sistemas de defensa aérea iraníes. El mandatario agregó que Xi “le dijo con mucha firmeza” que China no intervendría en ese tipo de asistencia, aunque advirtió que una acción contraria generaría su rechazo.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de informaciones sobre una posible compra iraní de sistemas portátiles de defensa aérea conocidos como MANPADS, equipos diseñados para ser operados por pequeñas unidades y utilizados contra aeronaves, helicópteros y drones que vuelan a baja altura.

Según los reportes, el supuesto acuerdo contemplaría la adquisición de entre 300 y 400 sistemas fabricados en China, incluyendo los modelos QW-12 y FN-16. Estas armas permitirían a Irán ampliar su capacidad de defensa de corto alcance frente a ataques aéreos.

El Ministerio de Defensa de China negó previamente que Beijing esté suministrando sistemas de defensa aérea o drones a Irán. El portavoz militar Zhang Xiaogang afirmó a finales de abril que las acusaciones sobre ese tipo de cooperación no correspondían con la realidad.

El régimen chino rechazó las versiones sobre una transferencia de armamento y afirmó que los reportes eran “completamente infundados”. Beijing sostuvo que mantiene una postura enfocada en promover la estabilidad regional y la solución diplomática de los conflictos.

La posible búsqueda de nuevos sistemas defensivos por parte de Irán ocurre después de meses de enfrentamientos con Estados Unidos e Israel, durante los cuales fueron atacadas instalaciones relacionadas con sus programas militares. Teherán respondió con ataques utilizando misiles balísticos y drones contra objetivos vinculados con sus adversarios.

Los sistemas MANPADS tienen importancia militar debido a su capacidad de despliegue rápido. A diferencia de las plataformas de defensa aérea instaladas en ubicaciones fijas, estos equipos pueden ser trasladados con facilidad y utilizados desde diferentes posiciones, lo que dificulta su detección y destrucción.

Los modelos QW-12 y FN-16 funcionan mediante tecnología de guiado infrarrojo y están diseñados para interceptar objetivos aéreos de baja altura. Su incorporación permitiría reforzar la protección alrededor de bases militares, instalaciones estratégicas y otros puntos considerados vulnerables.

Los reportes sobre la operación también señalaron que los envíos podrían realizarse mediante rutas desde China hacia Irán con tránsito por Pakistán. Sin embargo, las autoridades paquistaníes negaron cualquier participación en un eventual traslado de armas entre ambos países.

El área de comunicación del Ejército de Pakistán calificó como “absolutamente falsas” las versiones que involucraban al país en el suministro de sistemas de defensa aérea chinos a Irán.

El posible acuerdo se analiza en un contexto de creciente cooperación entre Beijing y Teherán, mientras Estados Unidos mantiene una política de presión sobre el régimen iraní por sus actividades militares y sus vínculos con grupos aliados en Medio Oriente.

Trump afirmó que cualquier participación china en el fortalecimiento militar iraní sería observada con atención por Washington. La Casa Blanca no informó de medidas concretas ante un eventual envío de armas, pero el presidente estadounidense dejó clara su posición sobre una posible intervención de Beijing en favor de Teherán.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha buscado navegar un delicado balance entre cooperar con los Estados Unidos, el mayor exportador comercial de México -fuente de remesas y socio en seguridad-, y la República Popular de China, una importante potencia fuente de inversión y comercio en México, particularmente porque la relación comercial y política con EEUU se ha vuelto cada vez más impredecible y, en ocasiones, tensa.

En el contexto de negociaciones preliminares con la administración de Donald Trump sobre el futuro del Tratado de libre comercio México-EEUU-Canadá (conocido como T-MEC) en diciembre de 2025, México impuso nuevos significativos aranceles en una variedad de productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio vigente. Estos incluían una tarifa de hasta 50% en automóviles de China.

Sin embargo, y como contraparte, el gobierno de Sheinbaum también mantuvo conversaciones de alto nivel con sus homólogos chinos para explicar las acciones de México, y anunció que ella asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Pekín en noviembre de 2026, estableciendo el terreno para una cumbre bilateral entre Sheinbaum y Xi de la que podría surgir una cooperación más profunda en los ámbitos económico, político y otros.

Los actos de equilibrio de la presidenta Sheinbaum entre China y los Estados Unidos toman una importancia particular a la luz de la declaración del gobierno estadounidense en julio de 2026, de que no renovará automáticamente el T-MEC, removiendo un incentivo clave para la contención de México en su relación con la República Popular China.

Este artículo examina el estado actual de la relación de China con México y la dirección que podría tomar basado en conversaciones del autor con expertos en Ciudad de México a finales de julio de 2026 e investigación.

Aspecto político

Durante el último cuarto de siglo, a medida que China ha expandido su presencia comercial y de otro tipo en la región, los sucesivos gobiernos mexicanos -tanto de izquierda como derecha- han buscado construir una relación estratégica con ese país, aunque sin alinear a México en contra de Estados Unidos.

Para el 2003, el gobierno de centro-derecha del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Vicente Fox Quesada, acordó una Asociación Estratégica con la República Popular China, siendo uno de los primeros países de la región en hacerlo. En 2013, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto elevó la relación a una Asociación Estratégica Integral.

En mayo de 2014, México fue sede de la primera reunión entre China y la reciente formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el presidente Xi viajando a México, incluida una visita de Estado con su homólogo, Peña Nieto, para esa importante ocasión.

Como se señaló anteriormente, en medio de las tensiones con Estados Unidos por cuestiones comerciales y de seguridad, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará China en noviembre de 2026 para la cumbre de líderes de APEC, con una probable reunión con su homólogo en la que profundizará la cooperación entre China y México.

Aspecto comercial

El comercio entre México y China, que se ha expandido exponencialmente desde la aceptación de la República Popular China en la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) en 2001, siempre ha estado fuertemente inclinado a favor de China.

En 2024, México importó 114.500 millones de dólares en bienes desde China, principalmente teléfonos, productos electrónicos y otros artículos de alto valor agregado. En el mismo período, México exportó solamente 5.800 millones de dólares a China, de los cuales el 40.5% correspondió a cobre y sus derivados.

Más allá de los bienes y servicios, México es un destino clave en Latinoamérica para el turismo en China, con alrededor de 224 mil chinos que arribaron vía aérea para visitar México solo en el 2025, y que representa un incremento del 15% respecto al año pasado.

En materia de inversión

Desde el año 2000 hasta 2024, el “Monitor de la Inversión Extranjera Directa China en Latinoamérica” estima que las empresas con sede en la República Popular China invirtieron 24.800 millones de dólares en México, con 186 transacciones registradas, lo que representa más del 12% de toda la inversión de este tipo realizada por empresas con sede en China en la región.

Las empresas chinas han estado activas en México desde principios de la década de los 2000 en sectores que van desde puertos hasta telecomunicaciones, automóviles y otras manufacturas. La expansión de la presencia comercial de la República Popular China en México aceleró particularmente en 2020 con el enfoque global en el “nearshoring”, ya que las empresas con sede en la República Popular China invirtieron en operaciones de almacenamiento, distribución y ensamblaje en el norte del país, buscando mantener o ampliar el acceso comercial a Estados Unidos. En el punto máximo de las inversiones de nearshoring en 2023, las empresas con sede en China anunciaron casi 4.000 millones de dólares en inversiones en México.

Con el creciente comercio y la inversión de la República Popular China en México, la comunidad de empresarios centrados en el comercio entre China y México también se ha expandido. Dos de los principales grupos públicos que representan a esa comunidad son actualmente la Cámara de Comercio Mexicana en China (MEXCHAM), con sede en Pekín y encabezada actualmente por Efre Calvo Adame, y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, con sede en la Ciudad de México.

Sector petrolero

El sector petrolero en México fue una de las primeras áreas de interés por parte de la República Popular China. Durante el viaje del presidente Xi a México en noviembre de 2014 para la cumbre China-CELAC, su gobierno ofreció un fondo de inversiones centrado en el petróleo por 2.400 millones de dólares.

Inicialmente, empresas chinas ayudaron a financiar y participaron en la enorme refinería Olmeca (“Dos Bocas”) de México, valorada en 20.000 millones de dólares. En 2016, CNOOC adquirió y posteriormente firmó un contrato para explorar y desarrollar dos bloques petroleros en la Cuenca de Perdido en México.

Ninguna de esas iniciativas ha prosperado. Los 2.400 millones de dólares del fondo de inversiones nunca fue activado, la refinería Dos Bocas tuvo numerosos problemas de costos, cronograma y desempeño, y la exploración de CNOOC en la cuenca de Perdido no arrojó los resultados esperados, lo que llevó a CNOOC a retirarse anticipadamente de esos yacimientos petroleros.

Minería

En el sector minero, las compañías con sede en la República Popular China han tenido durante mucho tiempo proyectos a pequeña escala, incluida la mina Los Vasitos en Sinaloa, así como proyectos propiedad de China Unified Mining Development en Guerrero, Michoacán y Colima.

En 2021, la empresa china Ganfeng pagó 391 millones de dólares para adquirir Bacanora Lithium, que posee un campo mineral en el desierto de Sonora en México, donde planeaba una inversión de mil millones de dólares; sin embargo, la iniciativa del gobierno de AMLO en 2022 para nacionalizar el sector llevó a Ganfeng a suspender sus planes de inversión, lo que llevó al gobierno de AMLO a revocar la licencia de Ganfeng, enviando la disputa a arbitraje internacional en junio de 2024.

Construcción

En años recientes, las empresas chinas, lideradas por China Railway Road Corporation (CRRC) han ganado múltiples proyectos en el sector de infraestructura de transporte de México, casi todos ellos relacionados con contratos para la construcción ferroviaria y de vehículos. Estos incluyeron la adjudicación a CRRC para mejorar la Línea 1 del metro de la Ciudad de México y suministrar 17 convoyes para usarlos en ella, así como trabajos en las Líneas 1, 2 y 3 del metro de Monterrey y 18 trenes para este sistema. Además, se contrató a CRRC para construir la Línea 4 del metro de Guadalajara, así como para construir la línea de Tren Ligero Xochimilco–Taxqueña y de 17 vagones para esa línea.

Mas recientemente, CRRC también adquirió un contrato para construir una línea del metro para el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en México, aunque el proyecto experimentó múltiples retrasos y problemas, lo que llevó al gobierno mexicano a imponer multas.

A pesar de los problemas en el contrato con el AIFA, en septiembre de 2025 la administración de Sheinbaum otorgó de nueva cuenta otro contrato a CRRC, este por 15 unidades eléctricas para la nueva ruta del tren Ciudad de México-Pachuca.

Más allá de CRRC, la empresa Mota-Engil con base en Portugal y cuyo 32.1% pertenece a China Communications Construction Corporation (CCCC), también ha ganado numerosos proyectos en el país. Estos incluyen trabajos en 2024 en las líneas 4, 5 y 6 del metro de Monterrey, y el proyecto del tren ligero DRT Campeche. De manera más significativa, el gobierno de AMLO adjudicó a esta empresa los contratos para los tramos 1 y 5 de su proyecto emblemático, el Tren Maya turístico. En 2025, Mota-Engil también recibió un contrato de 860 millones de euros para la línea ferroviaria de Querétaro a Irapuato.

Más allá de la infraestructura ferroviaria, en 2024, Mota Engil ganó un proyecto de 1.200 millones de dólares para construir la Planta de Fertilizantes Escolín en Veracruz.

Sector portuario

La República Popular China ha tenido un rol importante en el sector portuario en México durante más de un cuarto de siglo, principalmente a través de la empresa Hutchinson, con sede en Hong Kong. La compañía actualmente opera instalaciones a lo largo de la costa del Pacífico mexicano en Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y en la costa del Golfo de México, en Veracruz.

En 2024, esta empresa realizó importantes inversiones en sus operaciones en México. Estas incluyeron una expansión de 2.300 millones de pesos en sus operaciones en Ensenada, además de una expansión más modesta de 25 millones de pesos en Manzanillo.

Hutchinson tiene una tendencia en usar equipo digital chino para sus operaciones portuarias, incluidos escáneres en las grúas del puerto y otras automatizaciones, posiblemente genera riesgos digitales debido a la considerable cantidad de metadatos en los chips contenidos en cada contenedor que pasa por esos puertos, que podrían ser potencialmente accesibles por el gobierno de la República Popular China.

Más allá de los propios puertos, el gigante naviero chino COSCO aprovecha las operaciones de la empresa en México mientras compite con las compañías logísticas occidentales, con el objetivo de captar el valor agregado de las rutas marítimas transpacíficas. En 2024, por ejemplo, COSCO anunció un nuevo servicio directo desde Dalian, China, hacia los puertos de Hutchinson en Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como un nuevo servicio expreso entre China y Ensenada.

Sector eléctrico

Las empresas con sede en China realizan mayores avances en la transmisión y distribución eléctrica en los últimos años en México, particularmente en en fuentes renovables. Estas empresas han pasado de suministrar componentes para, y participar en, proyectos individuales de energía eólica, solar y otros encabezados por integradores occidentales, a poseer y operar su propia infraestructura de generación y transmisión, aprovechando esa presencia para competir por nuevos proyectos en el país.

El mayor avance de la República Popular China en este sentido fue, probablemente, la adquisición de Zuma Energy por parte de China Power en noviembre de 2020. Con adquisiciones chinas adicionales en los años siguientes, a través de Zuma solamente, China controlaba más de 1.3 Gigawatts de generación eléctrica instalada en México.

Más allá de China Power, las empresa Triana Solar y Longi (con base en China) actualmente operan 12 proyectos eólicos en el país. Además, en 2024, el Group Gezhouba adquirió el contrato para construir las instalaciones solares de Casa de Sol y El Ciero.

Telecomunicaciones

Como en el sector portuario, las compañías con sede en China han tenido presencia en la industria de telecomunicaciones en México desde 2021.

Actualmente los proveedores del servicio digital en México usan equipo chino, incluido Telcel (America Movil), ATT México y Movistar de España. La empresa china Huawei es un proveedor dominante de teléfonos inteligentes y otros equipos para los tres mencionados, pero también opera la nube en la computación y otros sectores digitales, como se discute más adelante.

ZTE, que ha operado en México desde 2003, es un importante proveedor de dos teléfonos e infraestructura en el mercado mexicano, así como de componentes para centros de datos. Actualmente cuenta con más de 200 empleados en el país.

Oppo, que entró a México después, en 2020, ha tenido un notable éxito capturando el 15% del mercado de teléfonos inteligentes del país.

Honor, una marca de descuento que se separó de Huawei, ha ampliado de manera similar su presencia en el mercado mexicano tanto para teléfonos inteligentes como para productos electrónicos de consumo.

Xiaomi no solo opera bajo su propio nombre en el mercado mexicano, sino que también lo hace a través de sus marcas de descuento Redmi y Poco.

Sistemas de vigilancia

Como en otras partes de la región, las compañías con sede en China como Hikvision y Dahua han capturado una parte importante del mercado de sistemas de vigilancia residenciales y comerciales, lo que ha generado preocupación respecto al destino final de los datos de video, audio, biométricos y otros recolectados por dichos sistemas y transmitidos a través de internet.

La principal empresa de sistemas de vigilancia con sede en la República Popular China que se encuentran en México es Hikvision, que expandió significativamente su posición en el país en 2021 mediante la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa mexicana de sistemas de vigilancia Syscom. Actualmente, Hikvision cuenta con distribuidores de sus productos en todo México, incluyendo oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Servicios de transporte y entrega

En 2021, cuando el gobierno chino obligó a la empresa de transporte compartido con sede en la República Popular China, Didi Chuxing, a entregar sus datos a Westone Information Industry Co., una empresa de servicios de datos afiliada al gobierno, se puso de relieve el riesgo de que el gobierno de ese país accediera a la ubicación, los viajes y otros datos de los usuarios de Didi en todo el mundo.

México es el mercado de hispanohablantes en Latinoamérica en el que Didi ha tenido el mayor éxito. Didi entró al país en 2018, y actualmente opera en 50 estados con 30 millones de usuarios activos. De hecho, no solo ofrece servicios de taxi y entregas allí, sino también productos financieros a través de su aplicación.

Sector bancario

Los bancos chinos tienen una presencia establecida desde hace mucho tiempo en México, incluyendo el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que comenzó operaciones bancarias de sucursal en el país en 2016, y el Banco de China, que comenzó a operar allí en 2018.

Vehículos eléctricos

Al igual que en otras partes de la región, los vehículos eléctricos de la República Popular China, encabezados por Build Your Dreams (BYD), han dominado rápidamente el mercado mexicano. Para 2025, las marcas chinas de vehículos eléctricos, incluyendo BYD, Chirey, JAC, MG, GWM/Haval, BAIC y Changan, habían capturado el 85% del mercado en México, un aumento desde el 60% registrado apenas un año antes. Es notable que ese avance se haya dado a pesar de la suspensión por parte de BYD de los planes para construir una gran planta de vehículos híbridos en México, y continúa a pesar de la imposición por parte del gobierno de Sheinbaum de aranceles de hasta un 50% a los vehículos chinos.

Comercio minoristas

Como en otros países en Latinoamérica, la significante y creciente penetración de los productos chinos en el comercio minorista ha venido acompañado de la expansión de tiendas minoristas especializadas en sus productos, algunas algunas con capital chino.

Los primeros intentos de establecer comercios minoristas y mayoristas de gran escala para productos chinos, como Dragon Mart en Quintana Roo en 2013, encontraron una resistencia significativa por parte de los productores y minoristas locales, quienes se percibieron amenazados comercialmente.

Hoy en día, sin embargo, las tiendas especializadas en productos chinos son omnipresentes en México. La cadena de este tipo más grande y conocida en México, Miniso, ingresó al mercado en 2016 y creció un 15% solo en 2024. Otras cadenas de este tipo en México incluyen Casa Serena, Panda Home, Plaza China, Hogar China y Joinet.

Como en otras partes de la región, centros comerciales especializados en productos chinos han sido objeto de acusaciones e incluso de investigaciones por mercancía de contrabando, fraude fiscal y el incumplimiento de normas laborales y otras regulaciones. El caso más emblemático en México fue la acción del gobierno contra el centro “Mexico Mart” en Plaza Izizaga 89, en diciembre de 2024.

Servicios de la Nube, inteligencia artificial y robóticos

Como una economía grande, diversificada y tecnológicamente avanzada que ya alberga numerosas empresas con sede en la República Popular China, no sorprende que México haya sido un país líder para el trabajo chino en servicios en la nube, inteligencia artificial (IA) y robótica en la región.

Huawei, operando en México por más de un cuarto de siglo, es la principal empresa china en centros de datos e inteligencia artificial en el país. Desde 2019, ha invertido más de 74 millones de dólares en centros de datos en México, incluyendo la construcción de la primera infraestructura de nube a hiperescala del país. Huawei afirma ser “la nube de más rápido crecimiento en México”, con un negocio en aumento multiplicado por cinco desde 2022.

Para no quedarse atrás, en mayo de 2024, el gigante tecnológico chino Alibaba anunció planes para lanzar servicios en la nube en México, su primera oferta de este tipo en Latinoamérica.

Huawei ha anunciado planes para desplegar modelos chinos de IA abierta, como DeepSeek, en su infraestructura en México, y ha estado trabajando con el gobierno mexicano para promover su enfoque particular a través del programa de asociación Mexico AI Pioneer. Como complemento, también está colaborando con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México, mediante el programa “Semillas para el Futuro” de Huawei, para capacitar a jóvenes mexicanos en inteligencia artificial.

La combinación del papel cada vez mayor de China como proveedor de infraestructura en la nube, su trabajo con el gobierno mexicano y la competitividad de los modelos de inteligencia artificial chinos que emplean sus empresas, crea el riesgo de una sinergia en la que la República Popular China domine la inteligencia artificial y la infraestructura asociada en México, consolidando ese dominio mediante el establecimiento de estándares.

Al igual que ocurre con los servicios en la nube y la inteligencia artificial, México es el principal país de habla hispana en Latinoamérica para las aplicaciones chinas en robótica. Hasta la fecha, esto se ha centrado principalmente en aplicaciones industriales, aunque México podría convertirse en el país en el que las empresas con sede en la República Popular China sean pioneras en el despliegue de robots humanoides en la región. En un ejemplo de esta convergencia, se ha reportado que Chery está considerando emplear sus robots humanoides AiMoga habilitados con inteligencia artificial en una futura planta automotriz en México, basándose en su exitosa experiencia desplegando dichos robots en su planta de Wuhu, China.

Espacio

China ha elegido durante mucho tiempo a México para colaborar en sus actividades espaciales, como parte de su esfuerzo más amplio de implicación espacial con socios de toda Latinoamérica. En julio de 2016, la República Popular China otorgó a la Agencia Espacial Mexicana (AEM) estatus de observador en la Organización de Cooperación Espacial Asia-Pacífico (APSCO), liderada por China, en la que Perú también es miembro. En 2024, México participó en el Foro de Cooperación Espacial China-CELAC en Wuhan, China. En 2025, la República Popular China lanzó el primer satélite para la MSA.

En el ámbito de la cooperación espacial entre China y México, la República Popular China ha patrocinado a mexicanos con becas académicas sobre temas relacionados con el espacio en China, incluyendo la cooperación académica en materia espacial con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Infraestructura intelectual

México actualmente lidera la región en el número de sedes del Instituto Confucio (IC) para la enseñanza del chino y cultura por parte de personal del gobierno de la República Popular China en el territorio del país asociado.

El país actualmente es sede siete de estos institutos, incluido el de la UNAM -donde el número de estudiantes mexicanos ha aumentado de 85 cuando se estableció en 2008 a más de 700 para 2024-, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Yucatán.

Sector militar

Así como la República Popular China ha expandido sus relaciones comerciales y políticas con México durante las dos décadas pasadas, el gobierno mexicano de derecha e izquierda han limitado la dimensión de esa cooperación militar.

El fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sobre crimen organizado transnacional, migración y otros temas durante ese período, así como la sensibilidad de Estados Unidos respecto a la cooperación militar entre su mayor rival geopolítico y el país con el que comparte una frontera terrestre de 3.145 kilómetros, probablemente contribuyó a que el gobierno mexicano optara por limitar dicha cooperación con la República Popular China.

Pese a dichas limitaciones, la cooperación en materia de seguridad entre México y la República Popular China merece atención. Uno de los más importantes instrumentos y facilitadores de dicha cooperación en la actualidad es un Memorando de Entendimiento firmado con China en octubre de 2016 por el entonces secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, antes de su arresto en Estados Unidos en 2020 por su implicación en actividades de delincuencia organizada transnacional.

México ha enviado personal de manera constante a China para que participen en educación militar y cursos de entrenamiento con la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación de China en Changping, entre otros lugares, ha recibido regularmente delegaciones visitantes del este grupo en instituciones militares mexicanas. Dichos grupos militares de China participan de manera regular, junto con otros ejércitos como el de Rusia, en el Desfile del Día de la Independencia del país cada 16 de septiembre.

Aunque los barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación rara vez hacen escalas en puertos de México, su barco hospital Silk Road Ark publicó planes para visitar el país a finales de 2025; sin embargo, posiblemente debido a preocupaciones de Estados Unidos, la visita no se llevó a cabo.

En contraste con gobiernos más populistas y antiestadounidenses de la región, como los de Venezuela y anteriormente los de Bolivia y Ecuador, ni el Ejército ni la Marina de México han adquirido sistemas de armas de empresas de la República Popular China, aunque tales empresas han estado presentes en eventos militares públicos como la exhibición aérea de México, FAMEX.

La compra militar más significativa de México a la República Popular China se produjo en noviembre de 2023, cuando su Ejército (Defensa) adjudicó un contrato por 2.340 millones de dólares para la compra de 1.309 camiones militares Chinee First Auto Works (FAW, por sus siglas en inglés) de 6.5 toneladas, que serán ensamblados en México por un socio local, la Esambladora Latinoamericana de Motores (ELAM).

Conclusión

La relación de México con la República Popular China es significativa, de larga data y multifacética. El gobierno de Claudia Sheinbaum está, posiblemente, navegando con destreza entre las oportunidades de inversión de empresas con sede en ese país, el interés de empresarios mexicanos políticamente bien conectados con otros socios en China, ciudadanos mexicanos perjudicados por la competencia china y las preocupaciones de Estados Unidos sobre las dimensiones estratégicas comerciales, digitales y de otro tipo de esa relación.

Como ocurre con otros aspectos de la asociación entre Estados Unidos y México, el grado en que las decisiones de cada uno afectan al otro se da dentro del marco de la soberanía de ambos países. Esto hace que sea imperativo que la interacción de México con China continúe siendo parte de un diálogo informado y respetuoso con su vecino del norte.

En un foro realizado por Ecoanalítica este martes 28 de julio sobre el proceso de reconstrucción que debe seguir a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, el director de la firma consultora, Alejandro Grisanti, analizó la importancia de la cooperación extranjera.

“Si bien el apoyo internacional ha sido espectacular en términos asistencialistas y de rescatistas, en términos de ayuda financiera ha sido muy pobre”, señaló el economista, que dijo tener “mapeados” unos 720 millones de dólares hasta la fecha y se refirió luego en particular a los aportes de un viejo socio de la revolución chavista.

“China está ofreciendo algo menos de 15 millones de dólares para ayudar en la tragedia, de los cuales 10 millones son asistencialistas”, comentó Grisanti, quien recordó que en su momento el llamado Fondo Chino-Venezolano “llegó a manejar más de 40 mil millones de dólares” y agregó: “Venezuela aún le debe a China alrededor de 18 mil millones de dólares”.

El Fondo Chino es un mecanismo de cooperación bilateral que firmaron en 2007 los presidentes Hugo Chávez y Hu Jintao, donde Caracas se comprometía a pagar con petróleo el financiamiento otorgado por Beijing para desarrollar distintos proyectos. Desde un principio fue cuestionado por su opacidad, así como por hipotecar la producción de crudo venezolano y por asignar montos exorbitantes a obras que en algunos casos jamás se ejecutaron.

Hace dos décadas, la revolución chavista estrechaba los lazos con su “hermana mayor” china y se convertía en la punta de lanza del gigante asiático en Sudamérica.

Hoy las cosas han cambiado drásticamente y eso también se ve reflejado en la lista de donantes para atender la emergencia de los terremotos, que es encabezada por Estados Unidos con más de 300 millones de dólares.

En todo caso, Grisanti insiste en que “la ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”.

Frío

Este martes 28 de julio la Cancillería de Venezuela informó algo que hubiera sido impensable hasta la madrugada del 3 de enero de este año, cuando tropas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó “una nota de protesta” al embajador de Irán “por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela”.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez le exige a Teherán “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

La reacción de Caracas obedece a una declaración del canciller Abbas Araghchi, quien en medio de su conflicto con Estados Unidos espetó: “Esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todos los demás se asustan y retroceden”.

La embajada iraní afirmó posteriormente que las expresiones de Araghchi habían sido tergiversadas por los medios. “Las palabras del Canciller en ningún modo conllevan una falta de respeto o un juicio negativo hacia el digno e ilustre pueblo de Venezuela, sus autoridades, sus instituciones legítimas o su soberanía nacional”, aclararon.

Aunque no figura en la lista de contribuyentes financieros presentada por Econalítica, Irán sí envió 160 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas 40 toneladas de alimentos para los afectados por el doblete sísmico.

Si la relación con China e Irán no atraviesa por su mejor momento, los vínculos con Washington se siguen estrechando. La presidenta encargada Rodríguez anunció este miércoles 29 de julio que sostuvo una “reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, donde conversamos sobre el balance de respuesta ante el doble terremoto, la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad”.

China no quiere una solución a corto plazo en Irán. El régimen conducido por Xi Jinping apuesta a que su principal rival militar, económico, comercial, tecnológico y estratégico se empantane una larga temporada negociando y gastando su arsenal en Medio Oriente. Busca evitar que Washington se enfoque definitivamente en el Indo-Pacífico. Pero Beijing juega con fuego y la última de sus maniobras podría destrabar la venta de armas a Taiwán aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que por ahora la Casa Blanca mantiene en stand by.

De acuerdo a una investigación de la agencia internacional Reuters, Irán recibirá de China, en las próximas semanas, 400 lanzadores de misiles antiaéreos de uso sencillo y difíciles de detectar: se disparan desde el hombro. El contrato -por 70 millones de dólares y que involucra a la empresa Zhongqing Baoshang International Investment, con sede en Hong Kong- es para adquirir 400 sistemas de defensa aérea portátiles, incluidos misiles QW-12 y FN-16 de fabricación china.

En diciembre pasado, Estados Unidos aprobó la venta por 11 mil millones de dólares de un paquete de armamento para Taiwán. La isla se arma contrarreloj para prepararse para repeler un posible intento de invasión por parte de China. La operación incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos. Pero aún el gobierno de Donald Trump no transfirió ese material a Taipei. ¿Lo hará ahora que China vendió armas al país que continúa prometiendo dar “muerte a Estados Unidos”?

Pero esta no es la primera vez que China se involucra de lleno en el conflicto que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Irán e Israel.

El régimen de Xi reforzó la capacidad de su socio iraní para golpear activos de Estados Unidos en Medio Oriente al facilitarle datos de satélites para selección de blancos, una asistencia que, según un informe del think tank Hudson Institute, permitió a Teherán pasar de ataques que parecían fortuitos a una campaña más precisa contra radares, aviones de apoyo y sistemas de comunicaciones durante la Operación Epic Fury.

En mayo de 2026, la administración Trump sancionó a varias empresas radicadas en China por suministrar imágenes satelitales que facilitaron los ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses. De acuerdo con la explicación oficial citada en el reporte, MizarVision difundió imágenes de código abierto sobre actividad norteamericana durante la campaña militar, Earth Eye entregó imágenes directamente a Teherán y Chang Guang Satellite Technology recopiló y proveyó material sobre instalaciones militares estadounidenses y aliadas.

El informe sitúa el origen de esa cooperación varios años antes. En 2024, la Guardia Revolucionaria Islámica habría establecido vínculos con Chang Guang y con MinoSpace Technology para asegurarse respaldo de inteligencia espacial. Ambas compañías operan dentro del ecosistema comercial chino vinculado al Estado y fabrican satélites avanzados de observación remota alineados con las prioridades estratégicas de Beijing.

Chang Guang produce pequeños cube-sats equipados con imágenes de alta resolución. La firma MinoSpace fabrica los satélites de observación terrestre de la serie Taijing. De acuerdo con el Hudson Institute, esa cooperación podía mejorar la capacidad iraní para vigilar instalaciones militares de Estados Unidos y acelerar el desarrollo de sus blancos.

El patrón de ayuda entre ambos regímenes se profundiza ahora con la venta de armas para derribar vehículos aéreos norteamericanos.

Pero no sólo Estados Unidos toma nota sobre esta asistencia militar. Los países árabes que sufren a diario las agresiones iraníes también ven cómo desde Beijing -un socio comercial importante para muchos de ellos- se refuerza la capacidad de quien a diario dispara misiles contra instalaciones militares, edificios, infraestructura civil y aeropuertos. Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita sufren a diario estos ataques aéreos. ¿Tomarán nota de los socios de su enemigo o continuarán priorizando los negocios?

Mientras tanto, la tensión en Ormuz no se detiene. Irán continúa intentando mantener como rehén a los buques petroleros que intenten pasar por allí. La Guardia Revolucionaria Islámica interceptó y forzó la detención de tres petroleros en el estrecho. Muchos de esos busques también llevan banderas árabes. China también sabe eso. Y alimenta la maquinaria de guerra que lo hace posible.

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Irán prevé recibir en cuestión de semanas un primer envío de hasta 400 lanzadores chinos de misiles antiaéreos que se disparan desde el hombro, dijeron a Reuters tres fuentes conocedoras del acuerdo, mientras reconstruye sus defensas en el contexto de la guerra con Estados Unidos.

La compra, valorada entre 60 y 70 millones de dólares, es uno de los mayores esfuerzos conocidos de Teherán para reforzar sus defensas aéreas de corto alcance desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel, que dejó al descubierto brechas en la capacidad iraní para proteger emplazamientos militares e infraestructura estratégica.

El contrato cubre la compra de entre 300 y 400 sistemas de defensa aérea portátiles (MANPADS, por sus siglas en inglés), incluidos misiles QW-12 y FN-16 de fabricación china, dijeron las fuentes.

El acuerdo fue firmado con Zhongqing Baoshang International Investment, una empresa con sede en Hong Kong que, según las fuentes, actuaba como intermediaria entre la parte iraní y el proveedor chino.

Irán necesita rearmarse tras meses de guerra

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: “‘Los informes pertinentes carecen completamente de fundamento. China ha desempeñado de forma constante un papel en la promoción de la paz y el fin del conflicto’”.

Zhong Qing Bao Shang Group, con sede en Beijing y matriz de Zhongqing Baoshang International Investment, no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Irán necesita rearmarse después de meses de combates en los que Estados Unidos e Israel han atacado instalaciones vinculadas a sus programas de misiles, drones y defensa aérea, a lo que Teherán respondió con andanadas de misiles balísticos y drones.

El conflicto ha puesto de relieve el desafío de defender emplazamientos militares y estratégicos fijos frente a aeronaves avanzadas y armas guiadas de precisión.

Washington suspendió abruptamente el sábado dos semanas de bombardeos, pero el presidente Donald Trump dijo que los ataques se reanudarían si las negociaciones no lograban poner fin al conflicto, que ya dura cinco meses y que, en teoría, se encuentra en estado de alto el fuego desde abril.

La entrega de cientos de MANPADS ampliaría significativamente el inventario iraní de armas de defensa aérea de corto alcance y subrayaría la profundización de los lazos militares con China.

Las fuentes advirtieron que, aunque el acuerdo había sido firmado, los calendarios de entrega, las cantidades y otros detalles de implementación aún podrían cambiar.

Según un plan acordado por las partes, las entregas se realizarán inicialmente por vía aérea desde Urumqi, en el oeste de China, y luego transitarán por Pakistán hacia Irán, de acuerdo con las fuentes, que no aclararon si los traslados se efectuarían por aire o por carretera.

El ala de relaciones públicas del ejército paquistaní, ISPR, dijo: “‘Las especulaciones sobre la participación de Pakistán en el suministro de armas de defensa aérea a Irán desde China son absolutamente inventadas y falsas’”. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los QW-12 y FN-16 son sistemas de misiles tierra-aire disparados desde el hombro y guiados por infrarrojos, diseñados para atacar aeronaves que vuelan a baja altura, helicópteros y drones. Su movilidad permite desplegarlos rápidamente alrededor de instalaciones militares, infraestructura energética y otros sitios sensibles.

Reuters informó anteriormente de que Irán estaba cerca de cerrar un acuerdo separado con China para adquirir misiles de crucero antibuque, según personas familiarizadas con esas negociaciones. Reuters no pudo determinar si el acuerdo llegó a concretarse.

Reuters.-

El Gobierno de Donald Trump prohibió este martes la importación de nuevos robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en China, al incluirlos en la lista de equipos vetados por motivos de seguridad nacional que mantiene la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La medida, anunciada por el organismo regulador, se extiende también a los inversores de potencia conectados a internet, dispositivos que convierten la energía de paneles solares y baterías en corriente utilizable por la red eléctrica.

La decisión responde a las conclusiones de un grupo de trabajo interagencial convocado por la Casa Blanca, que determinó que estos dispositivos podrían crear vulnerabilidades en la cadena de suministro capaces de amenazar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, según el comunicado difundido por la FCC. El organismo advirtió que los robots avanzados recopilan datos que actores maliciosos podrían aprovechar para vigilar a los ciudadanos estadounidenses, reforzar las capacidades de servicios de inteligencia extranjeros o tomar el control remoto de los equipos.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, defendió la medida como parte de un esfuerzo más amplio por asegurar las cadenas de suministro críticas del país. La agencia citó como antecedente la detección de puertas traseras documentadas en robots de la firma china Unitree, ya desplegados en centros de investigación de universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Princeton y Carnegie Mellon.

La inclusión en la llamada Covered List no requiere el proceso habitual de consulta pública y permite a la FCC actuar con rapidez cuando una determinación interagencial identifica un riesgo para la seguridad nacional. El mecanismo fue utilizado por primera vez en marzo de 2021 contra Huawei, ZTE y Hangzhou Hikvision, y se ha ampliado progresivamente: a los drones en diciembre de 2025, a los routers domésticos en marzo de 2026 y ahora a las plataformas robóticas con capacidad de navegación autónoma y conectividad persistente.

El congresista republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, celebró la decisión de la FCC y pidió al Congreso que la convierta en ley federal. Según recogió la agencia Reuters, Moolenaar declaró que la tecnología robótica llegará algún día a los hogares y lugares de trabajo estadounidenses, y que su país debe protegerse manteniendo fuera a los robots chinos con puertas traseras que comparten datos con el Partido Comunista Chino.

Moolenaar había impulsado en junio, junto a los representantes Jay Obernolte y Jennifer McClellan, un proyecto de ley bipartidista para someter a revisión de seguridad a los robots humanoides fabricados por potencias adversarias. La acción de la FCC se adelanta a esa iniciativa legislativa, que aún no ha sido aprobada, y aplica la restricción de forma inmediata a toda la categoría de robots humanoides y cuadrúpedos de origen chino.

La prohibición alcanza a los robots ensamblados íntegramente en China, así como a aquellos montados en territorio estadounidense cuando más del 35% de sus componentes provienen del país asiático, según precisó un funcionario de la Administración. La restricción rige únicamente para nuevos modelos: los equipos ya vendidos o autorizados previamente no quedan afectados, aunque la FCC conserva la facultad de revocar autorizaciones ya concedidas.

China concentra buena parte de la producción mundial de robots humanoides y también lidera la fabricación de inversores de potencia, con empresas como Sungrow Power Supply y Huawei a la cabeza. La medida se produce en paralelo a un impulso de la industria robótica estadounidense: Hyundai, que adquirió este mes la compañía Boston Dynamics, prevé construir en Estados Unidos una planta con capacidad para fabricar hasta 30.000 unidades anuales. Tesla, por su parte, apunta a iniciar pronto la producción industrial de su robot Optimus en sus fábricas de Fremont, California, y Austin, Texas, aunque su proceso se limitará al ensamblaje. Figure AI ya opera una planta en San José, California, y Agility Robotics fabrica hasta 10.000 robots al año en Salem, Oregón.

La restricción se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Blanca para reducir la dependencia tecnológica de China en sectores considerados críticos para la seguridad nacional, desde las telecomunicaciones hasta la inteligencia artificial. El precedente de los semiconductores y las telecomunicaciones sugiere que este tipo de vetos tiende a intensificarse con el tiempo, en lugar de revertirse, a medida que la robótica avanzada se convierte en terreno de disputa geopolítica entre Washington y Pekín.

En la mayoría de las bodas en las que trabaja la maquilladora Chen Xue, los invitados ya no brindan con alcohol por los recién casados.

“Es perfectamente normal”, dijo Chen, de 27 años. “¿Quién quiere champán cuando puede tomar té de burbujas?”.

El alcohol ha sido un elemento fundamental de la vida profesional y social en China durante décadas. Pero ahora, según ejecutivos y analistas del sector, los jóvenes rechazan la presión de beber en exceso, o incluso de no beber en absoluto, lo que forma parte de una tendencia global que mejora la salud, pero que supone un desafío para un negocio multimillonario.

En Estados Unidos, el movimiento que busca alternativas sin alcohol impulsa la demanda de bebidas y bares sin alcohol. Alemania, cuna del Oktoberfest, lidera ahora el mundo en consumo de bebidas sin alcohol. En Corea del Sur, las “fiestas matutinas” —fiestas con baile y café en lugar de cócteles— se han vuelto comunes.

En China, el alcohol ha desempeñado tradicionalmente un papel clave en la construcción de relaciones, y los brindis son habituales en cenas de negocios, celebraciones familiares y otras reuniones. Para muchos, la presión de beber —o al menos de demostrar su participación con una copa en la mano— ha sido difícil de resistir.

Como gerente de cuentas de un parque industrial en Xi’an, Xu Changpeng, de 32 años, pasó un año viajando por el país para conseguir negocios de funcionarios locales. El alcohol, según él, era esencial para romper el hielo. Las reuniones iniciales a menudo consistían únicamente en brindis, sin que se permitiera ninguna conversación sustancial sobre negocios.

“Por el ambiente que se respiraba al beber, podíamos saber más o menos si íbamos a cerrar un trato”, dijo Xu. “Algunos... obligaban a la gente a beber para poner a prueba nuestra disposición a cooperar”.

Pero un número creciente de jóvenes chinos está reduciendo su consumo de alcohol por motivos de salud, bienestar físico y económicos.

La producción de baijiu, el potente licor nacional, ha disminuido durante nueve años consecutivos hasta alcanzar una cuarta parte de su máximo de 2016, según la Oficina Nacional de Estadística, lo que representa una crisis para esta industria de 170 mil millones de dólares. Solo una quinta parte de los encuestados de entre 25 y 35 años mencionó el baijiu, un licor transparente que generalmente se destila del sorgo, como su bebida alcohólica preferida, según una encuesta encargada el año pasado por la destilería Wuliangye.

Beber menos “reduce el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el alcohol y, sin duda, es una buena noticia para la salud pública”, afirmó Pan Xiongfei, epidemiólogo de la Universidad de Sichuan.

Investigadores que realizaron un seguimiento a más de 500.000 adultos chinos informaron en 2023 que el consumo de alcohol estaba asociado con un mayor riesgo de padecer más de 60 enfermedades.

“A medida que se acumula la evidencia, es inevitable que más personas reconozcan los peligros del consumo excesivo de alcohol”, concluyó Pan. Las directrices más recientes del gobierno chino recomiendan a los adultos limitar el consumo de alcohol a no más de 15 gramos, lo que equivale aproximadamente a un chupito de baijiu o una copa de vino.

Pan afirmó que el consumo en la población china debería ser menor que en las poblaciones occidentales, ya que un porcentaje relativamente alto de asiáticos orientales porta una variante genética asociada con la reacción de rubor facial por alcohol, también conocida como “rubor asiático”, que dificulta la metabolización del alcohol por parte del organismo.

La disminución del consumo refleja un cambio significativo en la cultura.

“En los banquetes tradicionales chinos, el baijiu es mucho más que una bebida alcohólica: es un catalizador de nuevas conexiones y una muestra de lealtad”, declaró el analista del sector Cai Xuefei. “Su sabor intenso y su alto contenido alcohólico han contribuido a que el consumo en comunidad se convierta en un ritual, mediante el cual las personas generan confianza y liberan emociones”.

Pero los jóvenes no se lo creen.

Una campaña anticorrupción lanzada por el presidente chino Xi Jinping en 2012 impuso límites estrictos a los banquetes oficiales ostentosos, el entretenimiento financiado por el gobierno y el consumo de alcohol caro por parte de los funcionarios. A finales de la década de 2010, las muertes, ampliamente difundidas, de varias personas tras reuniones laborales con consumo excesivo de alcohol desataron un debate sobre las prácticas coercitivas relacionadas con el consumo de alcohol.

En 2020, un nuevo empleado del Banco Internacional de Xiamen publicó en redes sociales que un supervisor lo había abofeteado por negarse a brindar.

La publicación generó un amplio debate en línea; en la plataforma de microblogging Weibo, el hashtag #NewHireSlappedForRefusingToast (Nuevo empleado abofeteado por negarse a brindar) obtuvo más de 870 millones de visualizaciones. Amplificada por los medios estatales y comentaristas públicos, reavivó el escrutinio sobre el consumo de alcohol en entornos profesionales.

Xu, el gerente de cuentas del parque industrial, describió haber llegado a una cena en Shandong donde le sirvieron vino y baijiu.

El anfitrión, un funcionario del condado encargado de atraer inversiones, se bebió tres copas de baijiu y animó a los invitados a hacer lo mismo. Xu, que se consideraba un bebedor empedernido, bebió varias rondas y vomitó. Se vio obligado a regresar a la mesa y terminar sus bebidas. Continuó hasta que se desmayó.

“Quema la garganta y apesta. Y el regusto persistente es insoportable, peor que una mezcla de queso rancio y jugo fermentado”, dijo. Desde entonces, dejó su trabajo y la bebida para emprender su propio negocio de informática.

La disminución del consumo ha sido un duro golpe para los productores y destiladores. “Nuestro mercado se está reduciendo”, dijo Chai Jia, propietaria de una pequeña destilería de baijiu en Harbin. “Los jóvenes no compran baijiu y todos los productores de la ciudad están reduciendo la producción”.

Chai propuso elaborar bebidas más ligeras para los jóvenes, pero su padre, maestro cervecero, vetó la idea.

Sin embargo, las destilerías más grandes se esfuerzan por recuperar a los clientes jóvenes. Algunas han ofrecido productos con menor graduación alcohólica y botellas más pequeñas. Otras se han asociado con bares para experimentar con cócteles a base de baijiu.

En 2022 y 2023, Moutai anunció lanzamientos de productos derivados, como lattes, helados y chocolates con sabor a baijiu, pero pronto los retiró. Si bien estos productos hicieron que la marca fuera más accesible para los jóvenes, según declaró el gerente general interino Wang Li el mes pasado, no aportaron nada a su imagen de lujo.

Para los jóvenes consumidores, el desafío del baijiu no reside solo en su sabor, sino también en su asociación con las tradiciones y la generación anterior, afirmó Xiao Ling, crítico gastronómico de Guangzhou.

“Los jóvenes no rechazan el alcohol: rechazan la forma de beber de la generación anterior”, explicó. “Beben cuando les apetece, no por obligación”.

Chen, la maquilladora, regresó a su hogar rural en Henan en febrero para celebrar el Año Nuevo Lunar con su familia. Cuando su madre y su abuela brindaron, ella alzó una taza de té.

“El alcohol es reemplazable”, dijo. “Y lo que bebes no es tan importante”.

© 2026, The Washington Post.

Un informe del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital advierte que la creciente dependencia mundial de la tecnología china podría exportar dinámicas de autoritarismo digital, en momentos en que Estados Unidos y China concentran el liderazgo mundial en infraestructura tecnológica y Rusia se consolida como una potencia capaz de disputar las reglas del orden digital internacional.

El estudio, titulado “Infraestructura crítica y ciberpoder: el nuevo mapa de influencia internacional” y al que tuvo acceso Infobae, sostiene que las principales Big Tech son de capitales estadounidenses o chinos y representan modelos de gobernanza opuestos: las alineadas con Estados Unidos —Google, Meta, Microsoft, Amazon— refuerzan la interdependencia global y facilitan la vigilancia y el poder estructural estadounidense, mientras que las alineadas con China —Alibaba, Tencent, ByteDance, China Mobile— amplifican el control estatal chino.

“Aquellas empresas transnacionales originalmente de Estados Unidos se manejan con valores democráticos, mientras que aquellas provenientes de China, donde no hay en la praxis distinción entre el sector privado y público, exportan finalmente dinámicas de autoritarismo digital“, sostiene el documento. El centro de estudios es un espacio de análisis creado por la consultora en ciberseguridad BTR Consulting dedicado a investigar los desafíos que surgen de la interacción entre tecnología, ciberseguridad y sociedad.

Un rápido aumento de la dependencia tecnológica de China

El informe detalla que, tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, China incrementó de forma acelerada su participación en el comercio global de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): entre 2000 y 2019, la dependencia de numerosos países respecto de los bienes tecnológicos chinos creció en promedio un 50%, impulsada por su liderazgo en cadenas de suministro y manufactura. En paralelo, el estudio señala un descenso relativo de la centralidad de Estados Unidos en ese mismo comercio, por procesos de desindustrialización y externalización de la producción, aunque aclara que esto no implica una pérdida de poder global sino una reducción de su influencia específicamente en la manufactura, ya que mantiene su liderazgo en software, innovación y servicios digitales.

Un sistema bipolar con Rusia como potencia “revisionista”

Según el informe, Estados Unidos y China tienen control clave en poder tecnológico y militar, capacidad de regular parcialmente a las grandes plataformas digitales y capacidad de militarización de la tecnología. En tercer lugar aparece Rusia, definida como una “ciberpotencia revisionista” que busca influir más en las reglas del orden digital global que en la infraestructura y el mercado.

Detrás se ubica un grupo de potencias tecnológicas intermedias —Reino Unido, Australia, Países Bajos, Corea del Sur, Vietnam, Francia e Irán— con influencia desigual sobre puntos críticos, pero sin gran autonomía real. Otros estudios citados agregan a esa lista a Alemania, India, Ucrania, Canadá, Japón, Taiwán, Singapur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Brasil, mientras que casi todos los países del Sur Global presentan alta dependencia y vulnerabilidad tecnológica.

El estudio también señala una doble dependencia —de EEUU y China a la vez— en países como México, Brasil, Reino Unido, India y Alemania, lo que “rigidiza cada vez más el sistema tecnológico global” y hace que abandonar esos niveles de dependencia implique más riesgos que quedarse. En contraste, Corea del Sur, Taiwán y Singapur muestran autonomía relativa respecto de China gracias a su capacidad industrial propia en TIC.

Los cables submarinos, la columna invisible de internet

El informe destaca además un componente poco visibilizado de la infraestructura crítica: los cables submarinos, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU transportan alrededor del 99% del tráfico mundial de internet, habilitando transacciones financieras, la operación de la nube y comunicaciones gubernamentales. El estudio remarca una fuerte correlación entre este tipo de capacidades y el nivel de conocimiento científico y técnico de los países.

“La competencia ya no se limita a los Estados. Las empresas tecnológicas administran infraestructura crítica y participan activamente de la configuración del ecosistema digital global”, sostuvo Ludmila Gonzalez Cerulli, coordinadora del Observatorio en Geopolítica Tecnológica del centro. Para Patricio Degiorgis, director del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital, ese cruce entre poder estatal y poder corporativo redefine hoy la influencia internacional: “Hoy el poder también se mide por la capacidad de desarrollar, administrar y proteger infraestructura digital”, afirmó.

La Fiscalía de Keelung, Taiwán, detuvo a un empleado de Nvidia Corp. en el marco de una investigación sobre el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China, lo que ha sumido a la empresa estadounidense en un caso de gran repercusión relacionado con el mercado negro de sus productos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los investigadores locales registraron el domicilio del empleado y su puesto de trabajo en la oficina de Nvidia en Taipéi el pasado 24 de julio.

Los tribunales accedieron a la solicitud de la Fiscalía de detener a la persona por presuntos delitos de falsificación y abuso de confianza, según indicaron dichas fuentes a Bloomberg, que pidieron no ser identificadas, ya que la identidad del empleado no es pública.

La Fiscalía de Keelung informó que los investigadores registraron la semana pasada el domicilio y la oficina de un hombre de apellido Chang en relación con la investigación. Chang se encuentra detenido, según indicaron los fiscales, sin revelar su nombre completo ni identificar su afiliación a la empresa.

Esta medida podría constituir el primer caso conocido en el que las autoridades gubernamentales emprenden acciones legales contra un empleado de Nvidia, tras una serie de detenciones en Taiwán que incluyeron a empleados de Super Micro Computer Inc. (SMCI), un distribuidor de servidores de inteligencia artificial y un operador de centros de datos. La Fiscalía no ha acusado a ninguna de las empresas de haber cometido irregularidades.

El caso forma parte de al menos ocho investigaciones sobre el contrabando de chips de Nvidia en cuatro jurisdicciones, en un contexto en el que las autoridades, desde Washington hasta Taipéi, toman medidas contra un problema de mercado negro cuya existencia negó en su momento el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Las autoridades taiwanesas llevaron a cabo su primera ronda de detenciones en mayo, acusando a tres personas de falsificar documentos con el fin de exportar a China servidores de Super Micro que contienen chips de IA de Nvidia, en infracción de las restricciones comerciales de EEUU. Se incautaron de unas 50 unidades de dicho hardware antes de que salieran de Taiwán, aunque los investigadores sospechan que los acusados ya habían logrado introducir de contrabando al menos un lote de servidores en China a través de Japón.

Un portavoz de Nvidia se negó a comentar los últimos acontecimientos. Huang, al ser preguntado en mayo si había algo que su empresa pudiera hacer para evitar situaciones como esta, afirmó que Nvidia es “muy rigurosa a la hora de explicar a todos nuestros socios todas las leyes y normativas del mundo”. Instó a Super Micro a redoblar sus esfuerzos en materia de diligencia debida, a lo que el fabricante de servidores respondió que sus políticas de cumplimiento están en consonancia con las de otras empresas, incluida Nvidia.

Washington ha prohibido la venta de la mayoría de los chips de IA de Nvidia a China sin autorización estadounidense, ante la preocupación de que dicho hardware pudiera proporcionar a Pekín una ventaja militar.

Funcionarios estadounidenses han alegado que se han desviado a China servidores equipados con tecnología de Nvidia por valor de miles de millones de dólares, en infracción de los controles de exportación, mientras que Singapur, Taiwán y Malasia también examinan más de cerca los envíos de chips de IA.

El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes dos nuevas concesiones de minería a cielo abierto a la empresa china Norther Mining Company S.A. y elevó a 19 los permisos entregados después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, según el Diario Oficial La Gaceta.

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron USD 2,009,2 millones en 2025, un alza de 44.4% frente a 2024, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Dentro de ese total, el oro en bruto aportó USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% de todo lo exportado por el país, con un volumen de 19.9 toneladas métricas.

La primera de las nuevas concesiones fue concedida a Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino Bao Jiang, con residencia nicaragüense. La certificación de la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indica que el permiso corresponde al lote La Alforja.

Ubicación y superficie de los nuevos lotes

Ese lote tiene una superficie de 48.238,62 hectáreas y está ubicado en los municipios de Laguna de Perlas, El Rama y Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La segunda concesión para la misma firma corresponde al lote El Pijibaye, con 9,118 hectáreas, en el municipio de Nueva Guinea, en esa misma región.

La decisión amplía la presencia de capital chino en una actividad que se consolidó como una de las principales fuentes de divisas del país.

El alcance de las concesiones a empresas chinas

Entre 2021 y junio de 2026, el Gobierno sandinista otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas. Esa extensión representa el 10% del territorio nicaragüense e incluye áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

De acuerdo con esa organización, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas”. La ONG sostuvo además que esos cambios buscaron sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las sanciones de abril al sector

A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras. Todos fueron señalados por su participación en la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

El peso del oro explica la relevancia del sector en la economía nicaragüense. Según los datos oficiales, el metal se convirtió en el principal producto de exportación del país y marcó un récord histórico tanto por ingresos como por volumen comercializado.

Vale recordar que China y Nicaragua consolidan un modelo de cooperación autoritaria basado en control, vigilancia y formación de élites, de acuerdo al informe “Autoritarismo con características chinas: cooperación y control en Nicaragua” de Expediente Abierto.

El esquema combina asistencia técnica, transferencia de equipos y acuerdos de Estado a Estado. Organizaciones que monitorean la región señalan que este tipo de cooperación puede fortalecer capacidades de gestión pública, pero también ampliar herramientas de control social cuando opera con baja supervisión y sin estándares de transparencia.

A pesar de la ofensiva arancelaria de la segunda administración de Donald Trump, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicado el 30 de junio de 2026.

Según el organismo, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares. En ese contexto, México fue origen del 17% de esas importaciones en 2025, frente a 16% en 2024. Además, por primera vez en un año calendario, el país se convirtió en el principal comprador de exportaciones estadounidenses, al concentrar 15% del total.

México paga menos aranceles que sus competidores

El IMCO utilizó el llamado “arancel implícito” —la tasa real que enfrentan las importaciones de cada país para acceder al mercado de Estados Unidos— para comparar la posición de México frente a otros socios comerciales.

De acuerdo con los datos, México cerró marzo de 2026 con un arancel implícito de 3.4%, muy por debajo de:

• Alemania: 9.8%
• Japón: 9.7%
• Corea del Sur: 8.0%
• Vietnam: 6.8%

Esta ventaja también se replica por sector. En electrónica, México registró 0.2%, cifra cercana a Taiwán (0.3%). En maquinaria, el arancel mexicano fue de 5.4%, frente a 31% de China y 12% de Alemania.

El T-MEC, “herramienta efectiva” para blindar exportaciones

El análisis de IMCO señala que, en lo que va de 2026, cerca del 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos del T-MEC. Esto ha permitido que la base gravable de las exportaciones —es decir, la proporción sujeta a arancel— sea de apenas 16%, frente a:

• China: 83%
• Japón: 79%
• Alemania: 67%
• Vietnam: 45%

Según el organismo, esto significa que casi 84% del valor exportado por México queda protegido del pago de aranceles gracias al tratado.

Un déficit comercial distinto al de otros países

IMCO también recurrió a un indicador denominado “cociente de reciprocidad comercial”, que compara el déficit que Estados Unidos tiene con un país frente a lo que ese mismo país le compra a Estados Unidos en el mismo sector. Un cociente cercano a uno sugiere producción conjunta; uno muy superior a uno, una cadena comercial unilateral.

De acuerdo con el análisis, México es el único país con un cociente por debajo de uno en el total de bienes (0.51 en 2024 y 0.58 en 2025), mientras que Vietnam registró 9.46 y 11.38 en esos mismos años, cifra que en el sector de equipo eléctrico llega hasta 47.50.

Para IMCO, esto confirma que el déficit comercial entre México y Estados Unidos responde a cadenas de valor compartidas, y no a una relación de competencia directa.

Lo que viene con la revisión del T-MEC

El organismo concluyó que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos y mantuvo ventajas frente a sus competidores, aunque reconoció que sectores como acero, aluminio y el automotriz enfrentan condiciones “más adversas”.

De cara a la revisión del tratado prevista para el 1 de julio, IMCO señaló que la evidencia sugiere que México llega en una posición relativamente favorable.

La producción nacional de pisco alcanzó 3.345.416,89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28 % respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El dato coincide con la celebración del Día Nacional del Pisco, que se conmemora el cuarto domingo de julio. El avance productivo se tradujo en una cifra adicional de 653.550,46 litros en comparación con el año anterior.

Repunte productivo desde marzo y récord en mayo

Aunque los dos primeros meses del año mostraron cifras inferiores a las de 2025, el sector experimentó un repunte desde marzo. Mayo de 2026 se consolidó como el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969.706,51 litros, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

Este volumen no solo superó los 900 mil litros por primera vez en el año, sino que casi duplicó el registro de mayo de 2025, cuando la producción fue de 505.605,15 litros.

El acumulado entre enero y mayo reflejó una recuperación significativa, atribuido a factores de estacionalidad y a la mayor demanda interna por la temporada festiva y turística asociada al pisco.

Exportaciones caen en valor y volumen durante el primer semestre

En contraste con el dinamismo productivo, las exportaciones de pisco retrocedieron durante el primer semestre de 2026.

Según el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI, los envíos al exterior sumaron USD 3,72 millones, una caída de 23,68 % frente a los USD 4,87 millones del mismo periodo de 2025. El volumen exportado también disminuyó 24,6 %, pasando de 602.270 litros a 453.978 litros.

La reducción de los despachos afectó principalmente a los principales mercados: Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, destinos que registraron menores compras respecto al año anterior.

Estados Unidos sigue liderando el mercado, China muestra avance

En términos de valor FOB, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del pisco peruano, concentrando el 38,6 % del valor exportado entre enero y junio, aunque sus compras disminuyeron 24,7 %. Le siguieron España (14,05 %), Países Bajos (14,02 %) y Japón (4,39 %).

A pesar del contexto general de descenso, China destacó como uno de los pocos mercados con desempeño positivo, representando el 2,5 % de los envíos y mostrando un crecimiento de 23,02 % en el valor de sus importaciones respecto al primer semestre de 2025.

El dato

• El consumo interno de pisco en Perú registra una tendencia a la baja: entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado nacional llegó a cerca de 5 millones de litros, una caída de 3,61 % frente al mismo periodo de 2024. El descenso se viene acumulando desde años anteriores.
• Las variedades de pisco más reconocidas en concursos nacionales e internacionales incluyen Italia, Quebranta, Torontel, Moscatel y Negra Criolla, producidas principalmente en las regiones de Ica y Arequipa.
• El precio promedio por litro exportado descendió levemente, pasando de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas sobre los derechos antidumping aplicados al calzado de origen chino, según la Resolución N° 146-2026/CDB-INDECOPI.

La decisión responde a una solicitud presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, junto a varias empresas del sector, en busca de evaluar si la supresión de estas medidas podría afectar a la producción nacional.

Solicitud y antecedentes del procedimiento

La petición fue presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, Wellco Peruana S.A., Juan Leng Delgado S.A.C., Industria Procesadora del Plástico S.A.C., Segurindustria S.A., Industria Manrique S.A.C. y American Sport S.A.C..

Estas empresas solicitaron un examen de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado —excepto chalas y sandalias— con la parte superior de caucho, plástico o cuero natural procedente de la República Popular China.

La Comisión fundamentó la admisión de la solicitud en el cumplimiento de los requisitos del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el artículo 60 del Reglamento Antidumping nacional.

Según el documento, existen indicios razonables de que eliminar los derechos antidumping podría provocar la continuación o repetición tanto del dumping como del daño a la industria local.

Crecimiento de las importaciones y condiciones de mercado

El informe técnico señala que, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, las importaciones de calzado de origen chino sujetas a derechos antidumping aumentaron 123,5 %.

Durante el mismo periodo, China concentró el 56,9 % del volumen total importado, consolidándose como el principal proveedor externo del mercado peruano, muy por delante de Vietnam, que representó el 14,3 %.

Además, el precio promedio ponderado de las importaciones chinas se ubicó en niveles 54,3 % y 52,0 % inferiores al de los productos vietnamitas en valores FOB y nacionalizados respectivamente.

El informe atribuido a la autoridad destaca que China mantiene una amplia capacidad exportadora, representando el 68,5 % del volumen mundial de exportaciones de calzado durante el período analizado.

Comparación internacional y reacción de otros países

Durante el mismo periodo, otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y México han resuelto mantener o aplicar derechos antidumping definitivos sobre el calzado chino.

El documento oficial señala que, entre 2022 y 2025, las autoridades de Argentina y Brasil prorrogaron estos derechos, mientras que México los implementó de forma definitiva en 2025.

Los precios de exportación del calzado chino muestran amplias diferencias entre mercados, con una brecha media del 201,3 % para productos de caucho o plástico y del 119,4 % para los de cuero natural.

Impacto en la industria nacional y proyecciones

El estudio del periodo 2022-2025 subraya que, aunque las ventas internas de los productores nacionales aumentaron 35,5 %, la demanda interna creció 84,3 %, impulsada principalmente por las importaciones desde China, que subieron 123,5 %. Este fenómeno redujo la participación de mercado de los productores peruanos a menos del 13 % en 2025.

El margen de beneficios conjunto de los productores mejoró en 6,8 puntos porcentuales, aunque el promedio se mantuvo por debajo del 1 % en el período, en un contexto donde la mayor parte del mercado fue abastecida por importaciones chinas.

El informe advierte que la eliminación de los derechos antidumping podría llevar a que el calzado importado desde China ingrese a precios inferiores a los de venta interna y al costo de producción local, generando riesgos para la sostenibilidad de la industria nacional.

El tifón ‘Noul’ tocó tierra este domingo en el sur de China, dejando fuertes lluvias y vientos huracanados en la provincia de Guangdong, donde las autoridades evacuaron a más de 750.000 personas y se cancelaron vuelos en el aeropuerto de Hong Kong. El Centro Meteorológico Nacional (NMC) emitió una alerta roja durante la madrugada, que pasó a amarilla tras el debilitamiento del fenómeno al llegar a tierra en Pinghai, condado de Huidong, hacia las 3.50 horas (hora local).

Las previsiones oficiales indican que el tifón se desplazará hacia el nornoroeste a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora, atravesando el centro de Guangdong y entrando en el sur de Hunan durante la madrugada del 27 de julio, con tendencia a perder intensidad. Según el NMC, algunas zonas del centro y este de Guangdong, el sur de Jiangxi y el sureste de Hunan experimentarán precipitaciones “extremadamente intensas”, de entre 250 y 500 milímetros.

El fenómeno, considerado el más potente en China en lo que va de 2026, obligó a desalojar a cerca de 800.700 personas en Guangdong ante la previsión de crecidas de ríos de entre tres y ocho metros, con riesgo de desbordamientos e inundaciones, según informó la agencia Xinhua. Las autoridades reubicaron preventivamente a más de 715.000 personas, resguardaron cientos de buques y reforzaron el monitoreo de posibles inundaciones en siete provincias hasta la mañana del lunes.

En la región semiautónoma de Hong Kong, el observatorio meteorológico local activó el segundo mayor nivel de alerta. El paso del tifón dejó al menos nueve heridos y provocó la cancelación de unos 700 vuelos y cerca de 200 trenes. El presupuesto de emergencia destinado a la recuperación tras el tifón asciende a 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares/13 millones de euros), con prioridad en la reparación de infraestructuras dañadas y servicios públicos como hospitales y escuelas.

Precedentes y fenómenos asociados

La temporada de tifones en el Pacífico ha sido especialmente activa. ‘Noul’, el duodécimo tifón del año en la nomenclatura china, llegó menos de dos semanas después del tifón Bavi, que dejó 135 heridos en Taiwán y obligó a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia china de Zhejiang.

En la provincia de Gansu, al noroeste de China y fuera de la trayectoria del tifón, unas lluvias intensas provocaron una crecida repentina en un paraje turístico del condado de Weiyuan, en la ciudad de Dingxi, causando la muerte de 10 personas y 23 heridos, según medios estatales. Shuangshimen, conocido por sus arcos de piedra natural, fue escenario del incidente, que dejó atrapados a varios campistas. Otras 174 personas fueron rescatadas, según la cadena CCTV.

La recurrencia de tifones y lluvias torrenciales afecta cada verano al sureste de China y Taiwán, con frecuentes daños materiales e interrupciones en el transporte y la economía. A principios de julio, un corrimiento de tierra en la localidad de Renzang, Gansu, causado por el tifón Maysak, dejó cerca de 40 víctimas mortales. Las autoridades mantienen la alerta máxima en varias regiones por el riesgo de nuevas inundaciones, mientras ‘Noul’ se degrada progresivamente a tormenta tropical grave con vientos de unos 110 kilómetros por hora.

Se prevé que el tifón ‘Noul’ continúe debilitándose mientras avanza hacia el interior, pero las precipitaciones extremas y el riesgo de crecidas persistirán en amplias zonas del sur y centro de China, según los pronósticos oficiales.

Las autoridades de China evacuaron a más de 340.000 personas en la provincia de Guangdong ante la inminente llegada del tifón Noul, un fenómeno que se desplazará sobre el sur del país con vientos superiores a 170 kilómetros por hora y provocó la suspensión de servicios esenciales, la cancelación de vuelos y la activación de alertas máximas en varias regiones.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió el sábado por la noche la alerta roja, el nivel más alto de su sistema, cuando el tifón Noul se aproxima a la costa comprendida entre Shenzhen y Haifeng. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el ciclón presenta características inusuales: una trayectoria capaz de internarse profundamente en tierra firme, lluvias acumuladas de gran magnitud y potencial para causar desastres importantes. El pronóstico indicó que el tifón tocaría tierra en las primeras horas del domingo con vientos sostenidos entre 151 y 173 kilómetros por hora (94-107 millas por hora).

La reacción de los gobiernos provinciales y municipales fue inmediata: 12 ciudades, entre ellas Guangzhou, Dongguan y Shantou, suspendieron total o parcialmente actividades escolares, laborales, comerciales y de transporte. La medida incluyó todos los servicios ferroviarios en la provincia para el domingo, mientras que el aeropuerto internacional de Shenzhen anunció una adaptación dinámica de los horarios de vuelo según la evolución de las condiciones meteorológicas.

La llegada de Noul también impacta a la región administrativa especial de Hong Kong, donde las autoridades activaron la tercera señal más alta de alerta por tifón y abrieron 28 refugios temporales para la población vulnerable. El observatorio local anticipó un aumento considerable de los vientos durante la noche y contempló elevar el nivel de alarma al segundo más alto durante la madrugada del domingo.

El aeropuerto internacional de Hong Kong registró la cancelación de al menos 49 vuelos y el retraso de otros 238, mientras que la aerolínea Cathay Pacific suspendió todas las operaciones de llegada y salida entre la 1:15 y las 18:00 del domingo. El emblemático puente Hong Kong-Zhuhai-Macao cerró sus accesos durante la jornada.

Paralelamente, las provincias de Jiangxi, Fujian y Hunan recibieron advertencias de lluvias torrenciales y ráfagas de viento intenso, con la activación de protocolos de emergencia adicionales y más de 23.000 personas evacuadas en Fujian.

En esta zona del sur de China, la infraestructura de transporte sufrió afectaciones: las operaciones ferroviarias, tanto de alta velocidad como convencionales, se suspendieron desde el sábado y se mantuvo la incertidumbre sobre la reanudación de los servicios.

El avance de Noul coincidió con una serie de fenómenos meteorológicos extremos que golpearon el sur y centro de China durante el mes. El tifón Maysak, ocurrido semanas antes, provocó la muerte de 39 personas en la región autónoma de Guangxi tras desencadenar inundaciones masivas. En la provincia de Hubei, tormentas graves con vientos huracanados causaron 11 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, ya que el impacto de Noul amenaza con repetir patrones de destrucción recientes.

(Con información de AFP)

Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.

La información fue difundida por la agencia EFE. Una de las concesiones recayó en Norther Mining Company S.A., representada por el ciudadano chino Bao Jiang, residente en Nicaragua.

El lote, denominado La Minita, abarca 18,666 hectáreas distribuidas entre los municipios de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

La segunda concesión fue para Nicaragua Jia Run S.A., cuyo representante es el ciudadano chino Mingshan Ding. El lote Nueva Esperanza comprende 4,442 hectáreas en los municipios de Somotillo y Villanueva, en la provincia noroccidental de Chinandega.

El trasfondo: sanciones de Washington y respuesta de Managua

Las dos adjudicaciones se producen en un contexto de escalada de presión estadounidense sobre el sector aurífero nicaragüense.

A mediados de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro.

La respuesta del régimen fue acelerar la entrega de concesiones a capitales chinos. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las restricciones del Tesoro estadounidense.

Esas reformas alcanzaron no solo la Ley de Minas, sino también la legislación fronteriza, ambiental y el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Más de un millón de hectáreas bajo control chino

Entre 2021 y junio de 2026, el gobierno sandinista otorgó concesiones en 84 lotes a 22 empresas chinas sobre una superficie total de 1,277,389 hectáreas, equivalente al 10% del territorio de Nicaragua, de acuerdo con los registros de Fundación del Río.

Esas áreas incluyen zonas protegidas y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, a quienes no se les consultó previamente, en violación de estándares internacionales.

La investigación de la ONG también advierte sobre tráfico ilegal de mercurio proveniente de México y China —calculado en más de 35 toneladas de consumo anual— y sobre posibles conflictos transfronterizos con Honduras y Costa Rica.

Los intereses de las empresas chinas no se limitan al oro y la plata. Fundación del Río identificó que los lotes concesionados contienen minerales considerados estratégicos para la transición energética: cobre, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel, entre otros.

El oro, motor de divisas del régimen

Las exportaciones mineras de Nicaragua sumaron USD 2,009.2 millones en 2025, un 44.4% más que en 2024. El oro en bruto concentró la mayor parte de ese ingreso: USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, según datos oficiales.

Esa dependencia del oro como principal fuente de divisas explica la urgencia del régimen por blindar el sector frente a las sanciones.

Analistas y medios internacionales señalan que Washington evalúa ampliar las restricciones a funcionarios, bancos y operadores logísticos vinculados a la industria, así como penalidades secundarias a entidades financieras extranjeras con nexos en el mercado aurífero nicaragüense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que si Rusia y China le venden armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”.

“El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, China, me dijo que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas. Considerando nuestra relación, le creo y, además, le estoy haciendo un gran favor", expresó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y siguió: “De igual manera, el presidente Putin, a pesar de la terrible guerra que se libra en Ucrania (la relación se mantiene, al igual que con el presidente Zelensky), me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo, y desconozco cómo se distribuyen esas armas".

“Por lo tanto, dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría", completó.

Los dichos de Trump se producen luego de otra jornada de ataques cruzados entre EEUU e Irán. El Ejército iraní lanzó una nueva ola de ataques este viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra.

Las fuerzas estadounidenses confirmaron que la ofensiva fue dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó como un “precedente incendiario” la idea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). “Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, afirmó.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico.

“Pido a todos los Estados y los actores pertinentes garantizar urgentemente la protección de los marinos varados, lo que incluye asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones”, ha afirmado la portavoz de Turk, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Así, ha lamentado que la cifra podría ser superior dado que muchos otros trabajadores se encuentran desaparecidos. “Se cree que están atrapados en el golfo Pérsico en diversos buques de menor tamaño o que no han sido localizados de momento”, ha afirmado, según un comunicado.

La portavoz de Turk ha denunciado que algunos de ellos han sido “abandonados” en alta mar “sin apoyo ni posibilidad de repatriación e incluso sin el pago de los salarios adeudados”. “Tenemos conocimiento de al menos nueve buques, con 93 tripulantes a bordo, abandonados en la zona desde el inicio de la guerra”, ha añadido.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) fijó el 10 por ciento de arancel para la mayoria de las exportaciones argentinas, un barrera impositiva que se basa en la decisión del Gobierno de haber aprobado normas que prohiben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La medida de la USTR está basada en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Para implementar las nuevas tarifas, Estados Unidos recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta jurídica que permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo Jamieson Greer, titular de la USTR

Como la Argentina adecúa su legislación vigente, el arancel impuesto fue del 10 por ciento, en lugar del 12,5% que Estados Unidos aplicará a bienes producidos en la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, por ejemplo.

Es distinta la situación del acero y el aluminio que se exporta a los Estados Unidos.

Trump considera que la fabricación del aluminio y el acero es estratégica para la economía americana, y esa mirada geopolítica implica que -por ahora- los aranceles a esos productos quedarán en un 50 por ciento.

Junto a la decisión geopolítica de Washington de imponer el 10% a las exportaciones nacionales, Argentina también se benefició por el acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco, que firmaron el canciller Pablo Quirno y Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

Ese acuerdo bilateral establece que Estados Unidos suprimirá aranceles para 1.675 productos de origen argentino pertenecientes a diversos sectores, una medida que posibilitará la reactivación de exportaciones por un valor de 1.013 millones de dólares.

Ahora, en esta nueva etapa de ofensiva comercial contra Beijing, la Casa Blanca mantendrá intacto ese beneficio a las exportaciones de la Argentina.

A su vez, Balcarce 50 suprimirá los aranceles para 221 posiciones arancelarias que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Y reducirá al 2% las tasas para otras 20 posiciones, en su mayoría autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.

Hay un aspecto importantes que continúa vigente en la relación bilateral, al margen de las decisiones comerciales anunciadas ayer por la administración Trump.

Argentina mantiene para este año una alicuota de exportación de carne bovina de 100.000 toneladas: 20.000 del cupo tradicional, mas las 80.000 que Trump le anunció a Milei durante el almuerzo oficial que compartieron en la Casa Blanca.

Esto permitirá incrementar en cerca de 800 millones de dólares las exportaciones de carne bovina a los Estados Unidos. Fue una decisión política de Trump, que privilegia su alianza regional con la Argentina.

Las autoridades de Taiwán acusaron este viernes a China de intentar “vulnerar la soberanía” de la isla después de que un buque científico chino concluyera un estudio en aguas al este del territorio insular. La maniobra fue calificada por Taipéi como un acto de “guerra cognitiva”.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino informó, a través de la agencia oficial Xinhua, que el barco de investigación ‘Lanhai 201’, dependiente de la Academia China de Ciencias Pesqueras, realizó entre el 17 y el 23 de julio una prospección de recursos pesqueros en la zona.

El comunicado oficial chino precisó que los trabajos se desarrollaron en “aguas jurisdiccionales” de China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los espacios marítimos aledaños. En contraste, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que “siguió de cerca” los movimientos del ‘Lanhai 201’, que el 23 de julio a las 14:30 hora local se encontraba a unas 53 millas náuticas (98 kilómetros) al este-noreste de la isla Orquídea. “En la actualidad permanece bajo vigilancia constante del patrullero ‘Lanyu’”, señaló la autoridad marítima taiwanesa, sin precisar si el buque chino fue expulsado de la zona.

La CGA subrayó que Taiwán es un “país soberano e independiente” y no mantiene relación de subordinación con China. El organismo sostuvo que Beijing “no tiene derecho a reclamar soberanía ni potestad de gobierno sobre las aguas del este de Taiwán”.

Según la autoridad taiwanesa, bajo el pretexto de una investigación pesquera, China busca materializar una “expansión hegemónica” en la zona, por lo que instó a las autoridades chinas a cesar de inmediato estas actividades, a las que atribuyó el potencial de dañar la paz y socavar la estabilidad regional.

De acuerdo con la agencia taiwanesa CNA, se trata de la segunda vez desde junio que China envía un barco científico al este de la isla. El buque oceanográfico ‘Xiang Yang Hong 22’ realizó un sondeo similar entre el 16 y el 18 de junio, llegando a penetrar en la “zona contigua” taiwanesa, a 24 millas náuticas (44 kilómetros) de la costa. Estos episodios siguieron a una “operación especial de control del tráfico marítimo” realizada por Beijing entre el 6 y el 10 de junio, en coincidencia con el anuncio de Japón y Filipinas sobre el inicio de negociaciones para delimitar fronteras marítimas en la zona.

En las últimas semanas, la Guardia Costera china y otros buques oficiales incrementaron sus actividades en torno a Taiwán. El Ministerio de Defensa Nacional taiwanés registró 97 avistamientos de embarcaciones chinas en julio y 111 en junio, cifras que superan ampliamente los 44 reportados en mayo y 40 en abril.

A su vez, Taipéi condenó el anuncio de China sobre la realización de dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y solicitó a Beijing “actuar con racionalidad y contención”, así como “poner fin de inmediato a sus provocaciones militares y a sus actos de hostigamiento en la zona gris”.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán calificó las maniobras, que se desarrollan en las inmediaciones de la isla de Dongshan, en la provincia china de Fujian, como una “flagrante vulneración de las prácticas internacionales” y advirtió que representan un “elevado riesgo” para el tráfico aéreo y marítimo.

El texto oficial denunció que “China hace caso omiso de la aspiración compartida de la comunidad internacional a la seguridad regional y recurre unilateralmente a la amenaza del uso de la fuerza en las aguas circundantes al estrecho de Taiwán, generando tensión en la región y confirmando de nuevo su condición de causante de problemas”.

(Con información de EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder chino, Xi Jinping, visitará Washington el próximo 24 de septiembre, en una reunión que incluirá conversaciones sobre Inteligencia Artificial (IA) y otros asuntos de la relación bilateral. El anuncio llegó durante un discurso en el que el mandatario estadounidense presentó un plan destinado a proteger a los consumidores del aumento del costo de la electricidad asociado a los centros de datos que sustentan esta tecnología.

"El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Ya hablamos de ello (sobre Inteligencia Artificial) cuando estuve en Pekín y volveremos a hablar de ello“, afirmó Trump al confirmar la fecha de la visita oficial del mandatario chino a la capital estadounidense.

El presidente estadounidense realizó el anuncio al presentar una iniciativa vinculada al impacto energético de la expansión de la IA, un sector que exige una capacidad creciente de procesamiento de datos y un mayor consumo eléctrico. En ese contexto, sostuvo que el diálogo con Xi también incluirá este tema, al que ambos ya dedicaron parte de sus conversaciones durante el viaje del mandatario estadounidense a China.

La visita de Xi a Washington se concretará después de una serie de contactos diplomáticos entre ambos gobiernos destinados a preparar el encuentro presidencial.

En ese marco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, mantuvieron una reunión al margen del encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrado en Manila.

Según explicó Trump, ese intercambio tuvo como principal objetivo establecer las bases para el viaje del presidente chino a Washington y facilitar un resultado positivo en la reunión bilateral.

"Hablamos mucho sobre la visita de septiembre y eso fue lo principal. Fue sólo para sentar las bases de otra visita positiva. Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington“, expresó el mandatario estadounidense ante la prensa.

Las declaraciones de Trump vincularon directamente la reunión entre Rubio y Wang con los preparativos diplomáticos del encuentro entre ambos presidentes, previsto para finales de septiembre.

El viaje de Xi también dará continuidad a los contactos iniciados durante la visita que Trump realizó a Pekín en mayo, cuando ambos mandatarios mantuvieron una reunión oficial. Ese desplazamiento representó la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años y permitió reanudar el diálogo directo entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.

Trump ya había mantenido un encuentro con Xi en territorio chino durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca. La reunión prevista para septiembre marcará ahora un nuevo capítulo de los contactos al más alto nivel entre ambos gobiernos.

(Con información de EP)

Suecia presentó una estrategia nacional para impulsar su industria minera y reducir la dependencia europea de China en el acceso a metales críticos y tierras raras, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad del suministro en sectores estratégicos como la energía, la defensa y la tecnología.

El Gobierno declaró la extracción de minerales clave como un asunto de interés para la seguridad nacional y fijó como prioridad agilizar los permisos y la planificación de nuevos proyectos, con el objetivo de convertir al país en un referente minero dentro de Europa y fortalecer su autonomía frente a riesgos sistémicos asociados a la hegemonía china en el mercado global.

El Ejecutivo sueco sostuvo que el acceso a metales y minerales dejó de ser solo una cuestión económica y pasó a incidir en la seguridad nacional y en la capacidad de defensa tanto de Suecia como de la Unión Europea y la OTAN.

Entre las principales medidas, la estrategia prevé facilitar la asignación de terrenos para actividades extractivas y simplificar los procesos administrativos, con la intención de acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, planteó la creación de una sociedad estatal de inversión dedicada a dinamizar el sector y atraer capital hacia iniciativas consideradas estratégicas.

Suecia, reconocida históricamente por su riqueza mineral y su tradición minera que se remonta al siglo X, concentra en la actualidad el 60% de las reservas de hierro conocidas en Europa y produce aproximadamente el 90% del hierro extraído en el continente.

El yacimiento de Per Geijer, situado en la región ártica cerca de la mina de Kiruna de la empresa LKAB, se perfila como uno de los proyectos emblemáticos para reducir la dependencia del mercado chino, con recursos estimados en 1.200 millones de toneladas de minerales totales y 2,2 millones de toneladas de óxidos de tierras raras.

El Gobierno destacó que Suecia ofrece condiciones para la extracción responsable de minerales necesarios para la electrificación, la digitalización y la modernización de la defensa, y destacó el compromiso de combinar el crecimiento del sector con exigencias elevadas en materia ambiental y de reciclaje. La ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, remarcó que el país puede proporcionar materias primas esenciales de manera sostenible, en línea con los objetivos de transición climática y resiliencia industrial.

Por su parte, la ministra de Energía e Industria, Ebba Busch, recalcó que solo el 1% de la inversión minera global llega actualmente a Suecia, a pesar de su potencial, y señaló que la estrategia nacional busca revertir esa tendencia mediante la simplificación de trámites y la promoción de la competitividad.

Busch advirtió que la dependencia de Europa respecto a China representa un riesgo sistémico y afirmó que facilitar la explotación de recursos propios contribuirá a las capacidades de defensa y al suministro seguro de materiales estratégicos para la industria europea.

En la práctica, la declaración de la minería como interés nacional permitirá al Estado intervenir con mayor agilidad en la asignación de terrenos para proyectos extractivos, aunque esta medida generó tensiones con la comunidad sami, dedicada al pastoreo de renos en la región de Norrland, donde se concentran la mayoría de las minas del país. El pueblo sami advirtió que la expansión de la minería podría poner en peligro su forma de vida tradicional, y señaló que los permisos para explotar nuevas reservas en territorios indígenas podrían demorar hasta una década.

El sector minero representa el 3,5% del PIB sueco y el 8% de sus exportaciones, y el Gobierno espera que, de cara a 2030, el país avance en la extracción de al menos 13 metales y minerales estratégicos adicionales a los ya explotados. Cuatro de los 47 proyectos estratégicos de la Unión Europea para reducir la dependencia de China en minerales críticos se ubican en Suecia, lo que consolidó al país como un pilar en la estrategia continental de autonomía en materias primas para la transición energética y tecnológica.

(Con información de Europa Press)

China inició este jueves dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, concretamente en un área frente a la costa de la provincia suroriental de Fujian, según un aviso de navegación publicado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) provincial.

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla china de Dongshan, la segunda mayor de la provincia, donde las maniobras se desarrollarán entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán el viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

Taiwán: “sin impacto” en la navegación

Las autoridades taiwanesas afirmaron este jueves que, en una primera evaluación, los ejercicios con fuego real no afectan por ahora a la navegación de los buques que transitan por aguas de la isla.

La Administración de Puertos y Navegación de Taiwán indicó, en declaraciones recogidas por el Economic Daily News, que las coordenadas difundidas por las autoridades chinas se sitúan en aguas próximas a la isla de Dongshan y que, de momento, “no tienen impacto” sobre las embarcaciones que navegan en aguas taiwanesas.

La autoridad portuaria añadió que las operaciones de entrada y salida en los puertos comerciales de Taiwán se desarrollan “con normalidad”.

Antecedentes: de “Misión Justicia-2025” a hoy

Las fuerzas chinas han llevado a cabo múltiples ejercicios en la isla de Dongshan y sus aguas circundantes, incluidos simulacros de desembarco anfibio.

En diciembre del año pasado, Beijing lanzó unas maniobras militares a gran escala en torno a Taiwán, denominadas ‘Misión Justicia-2025’, en las que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes.

Durante la segunda jornada de aquellos ejercicios, China lanzó 27 proyectiles hacia aguas al norte y al sur de Taiwán, con diez de ellos cayendo sobre la “zona contigua” taiwanesa, que se extiende a 24 millas náuticas (unos 44,5 kilómetros) de sus costas.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, afirmó en ese entonces que estos simulacros eran “plenamente legítimos y necesarios” y prometió que Beijing derrotaría con “firmeza” todos los intentos de “injerencia externa” en Taiwán, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Desde entonces, China no ha anunciado maniobras militares de envergadura en torno a la isla, pero ha reforzado la presencia de su Guardia Costera y de otros barcos oficiales en los alrededores de Taiwán, especialmente frente a su costa oriental, donde el mes pasado lanzó una “operación de control del tráfico marítimo”.

Las autoridades de Beijing consideran a Taiwán como “parte inalienable” del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

(Con información de EFE)

La Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley para endurecer la prohibición del Gobierno a los fabricantes de automóviles chinos de entrar en el mercado local, lo que podría impedir que el fabricante alemán Mercedes-Benz venda vehículos en la mayor economía mundial.

El senador republicano Ted Cruz, presidente de la comisión, advirtió que la disposición del proyecto de ley que prohibiría a las empresas con más del 15% de participación de entidades chinas impediría a Mercedes-Benz MBGn.DE vender vehículos en Estados Unidos debido a su inversión china pasiva de casi el 20%. Afirmó que el proyecto debía modificarse antes de convertirse en ley.

El republicano Bernie Moreno señaló que Mercedes-Benz tendría hasta 2030 para cumplir con la normativa y que, en caso necesario, podría obtener exenciones del requisito de propiedad.

Cruz señaló que General Motors estaba presionando para que se aprobara dicha disposición con el fin de expulsar a Mercedes-Benz del mercado y hacer más competitiva su marca Cadillac. Afirmó que “nunca consideraríamos” prohibir las ventas de Mercedes-Benz en Estados Unidos.

Ni Mercedes-Benz ni General Motors respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Moreno y la senadora demócrata Elissa Slotkin propusieron una ley para codificar una normativa impuesta por el Gobierno de Joe Biden que, en la práctica, prohíbe a todos los fabricantes de automóviles chinos vender vehículos de pasajeros en Estados Unidos y adopta otras medidas para impedir que China entre en el mercado estadounidense de vehículos ligeros.

“Estamos evitando una destrucción absoluta, total y completa de nuestra base industrial”, afirmó Moreno, que señaló que GM tiene previsto trasladar a Estados Unidos la producción de su Buick Envision, fabricado en China, para el modelo año 2028, y afirmó que Ford ha acordado trasladar a Estados Unidos la producción de los Lincoln fabricados en China.

Añadió que Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Google —que había estado negociando con el fabricante chino Geely sobre plataformas procedentes de China—, “se ha comprometido a buscar un fabricante con sede en Detroit para sus futuras plataformas”.

Cruz señaló que otra disposición del proyecto de ley, respaldada por GM, que obligaría a los fabricantes de automóviles a comprar baterías más caras a GM, supondría un incremento de 5.000 dólares en el costo de los vehículos. Una enmienda para revisar los requisitos del software de gestión de baterías no prosperó.

Moreno señaló que dicha enmienda había sido solicitada por Rivian RIVN.O, que no hizo comentarios de inmediato.

El mes pasado, Polestar PSNY.O afirmó que el Gobierno de Donald Trump estaba obligando al fabricante de vehículos eléctricos a dejar de vender autos en Estados Unidos a partir del modelo año 2027. La empresa, con sede en Suecia, es propiedad mayoritaria de la china Geely Holding.

La marca hermana de Polestar y su cofundadora, Volvo Cars, dijo en mayo que había recibido una autorización, aunque señaló que aún debe cumplir las especificaciones de la normativa en toda su gama de modelos vendidos en Estados Unidos.

El Bluetooth, el Wi-Fi, la conectividad móvil y algunas tecnologías de comunicaciones por satélite están incluidas en la normativa debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la capacidad de los vehículos para recopilar datos sensibles sobre los propietarios estadounidenses.

(Reuters)

El seitán y la proteína vegetal recuperan espacio como alimento elaborado con gluten de trigo, con un aporte aproximado de 20-25 g de proteína por cada 100 g. Según Elle, a partir de las declaraciones de la farmacéutica y nutricionista Clara Aguado, estos alimentos destacan por su capacidad saciante, su textura y un perfil distinto al del tofu y el tempeh.

Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, las proteínas vegetales como las que aporta el seitán pueden cubrir las necesidades diarias de personas adultas sanas siempre que se combinen fuentes variadas a lo largo del día.

La entidad subraya que, aunque la proteína del trigo carece de algunos aminoácidos esenciales como la lisina, su combinación con legumbres y cereales permite alcanzar un perfil proteico adecuado para la mayoría de las dietas vegetarianas o veganas.

Se diferencia del tofu, que se obtiene de bebida de soja, y del tempeh, que se prepara con habas de soja fermentadas. Además de aportar mucha proteína, tiene poca grasa y pocos hidratos de carbono, aunque no es apto para personas con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo.

Aguado explicó que el seitán “es un alimento de origen vegetal elaborado a partir del gluten del trigo, que es la parte proteica de este cereal y que queda cuando se elimina el almidón de la harina”.

La experta situó su origen en la cocina tradicional asiática, sobre todo en China y Japón, donde se consume desde hace siglos. Añadió que era habitual en la alimentación de monjes budistas, que lo usaban como sustituto de la carne por su textura fibrosa y elástica.

Este producto ya ocupaba un lugar destacado en la cocina vegetal antes de la expansión de otros alimentos vegetales más procesados. Aguado vinculó su renovado interés a un cambio más amplio en la forma de comer, al aumento de personas flexitarianas y a una mayor preocupación por la salud, la sostenibilidad y el impacto ambiental de la dieta.

La nutricionista también señaló una mayor presencia del producto en supermercados, restaurantes y redes sociales. Además, matizó la etiqueta de “carne vegetal”: “Etiquetarlo como ‘carne vegetal’ puede ser útil para que muchas personas lo ubiquen rápidamente y entiendan cómo emplearlo en la cocina. Sin embargo, también puede limitar su identidad”.

En qué se diferencia del tofu y el tempeh

Aguado sostuvo que no existe una única opción superior entre estos tres alimentos. “Entre tofu, seitán y tempeh no hay uno mejor que otro. La elección depende de las necesidades de cada persona, la digestibilidad y el tipo de preparación que se busque”.

Según detalló, el tofu se elabora a partir de bebida de soja y es una opción versátil y ligera. De los tres, aporta menos proteínas, pero también es bajo en calorías y grasa. Además, suele aportar calcio.

Sobre el tempeh, indicó que se prepara con habas de soja enteras fermentadas, lo que mejora su digestibilidad. Añadió que aporta fibra, hierro y una cantidad de proteína similar a la del seitán, y que puede tener un efecto beneficioso sobre la microbiota intestinal.

En el caso del seitán, Aguado señaló que se obtiene del gluten del trigo y que ofrece la mayor densidad proteica. También remarcó su textura similar a la carne y su capacidad para saciar, aunque precisó que su perfil de aminoácidos es menos completo.

Beneficios y precauciones del seitán

“El seitán destaca por su alto contenido en proteínas, aproximadamente 20-25 g de proteína por cada 100 g de alimento, con muy poca grasa y pocos hidratos de carbono”, dijo Aguado.

La especialista añadió que también aporta hierro no hemo. Según explicó, ese mineral puede aprovecharse mejor si se combina con alimentos ricos en vitamina C.

La Clínica Mayo advierte que la ingesta de seitán puede resultar problemática en personas con celiaquía, alergia al trigo o sensibilidad al gluten no celíaca, ya que su ingrediente principal es el gluten.

Recomienda a quienes presentan esas condiciones evitar completamente productos como el seitán para prevenir síntomas digestivos y complicaciones asociadas. Además, señala que, fuera de esos casos, el consumo moderado de seitán puede ser seguro en adultos sanos.

Aguado advirtió que la proteína del seitán no tiene un perfil completo porque es baja en lisina. Por eso recomendó combinarlo con legumbres, como lentejas o guisantes, u otras fuentes vegetales de proteína.

También precisó quiénes deben evitarlo. “Al estar elaborado a partir de gluten de trigo, debe evitarse en personas con enfermedad celíaca, sensibilidad esta proteína o alergia al trigo”, afirmó la nutricionista.

Cómo cocinarlo para aprovechar su textura

El seitán tiene un sabor neutro, lo que amplía sus usos en la cocina. Aguado recomendó marinarlo con salsa de soja, miso, ajo, jengibre, especias y hierbas aromáticas para que absorba mejor los sabores.

La especialista explicó que también es habitual encontrarlo en supermercados ya marinado en salsa de soja o cocido en caldo vegetal. Entre las técnicas de preparación citó el salteado, el horno, la plancha en cortes finos tipo filete y los guisos.

Un análisis publicado en Nutrients resalta que la inclusión de seitán en una dieta equilibrada puede contribuir a la variedad y calidad de la alimentación vegetariana, siempre que se mantenga la diversidad de fuentes proteicas y se preste atención al consumo de micronutrientes como el hierro y la vitamina B12. El estudio sugiere que la rotación de alimentos vegetales ricos en proteínas ayuda a mantener una dieta completa y a reducir riesgos de deficiencias nutricionales.

El producto aparece como una opción que puede convivir con tofu y tempeh dentro de una dieta vegetal variada, según el uso y las necesidades de cada persona.

China advirtió este miércoles sobre posibles represalias contra una ley francesa destinada a frenar el auge de la llamada moda ultrarrápida, tachando la normativa de “discriminatoria” y contraria a los principios comerciales.

La ley, aprobada por el Parlamento francés a finales del mes pasado y que entrará en vigor el 1 de septiembre, aplicará penalizaciones financieras a algunos artículos y afecta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress.

Estas empresas de ‘fast fashion’ son conocidas por vender grandes volúmenes de ropa de baja calidad a precios muy bajos, lo que también contribuye a la contaminación de la industria textil, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.

Un portavoz no identificado del Ministerio de Comercio de Beijing afirmó que la ley, “bajo la excusa de establecer los llamados estándares de ‘protección ambiental’ y ‘sostenibilidad’, en realidad implementa medidas excluyentes”.

La normativa podría violar el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz, y “constituye una barrera comercial contra China“.

Las sanciones francesas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplicarán a ciertos productos textiles y aumentarán con el tiempo.

La nueva ley también prohibirá la publicidad de marcas de ropa barata y fabricada en serie, incluyendo a los influencers en redes sociales.

El ministro de Comercio francés, Serge Papin, declaró el mes pasado que las tres empresas asiáticas eran los principales objetivos de la ley, a las que acusó de impulsar el auge de la moda ultrarrápida.

“China se opone rotundamente a que la parte europea establezca barreras digitales bajo el pretexto de la regulación de plataformas y adopte medidas discriminatorias para restringir y reprimir el funcionamiento normal de las empresas chinas de comercio electrónico en Europa”, señaló un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

El vocero instó a la parte europea a “dejar de abusar de su margen de discrecionalidad aprovechando la ambigüedad de los textos legales” y a tratar a las empresas chinas “de forma justa e imparcial”.

Asimismo, aseguró que Beijing respaldará a sus empresas en el uso de herramientas legales para defender sus derechos y que adoptará “medidas contundentes” para salvaguardar con determinación los intereses de las compañías.

La CE anunció este lunes la multa récord de 550 millones de euros a AliExpress bajo la acusación de no combatir de forma “eficaz” la venta de productos ilegales, como bienes falsificados, acusándola asimismo de “sobrestimar” la capacidad de sus sistemas informáticos para detectar y eliminar ese tipo de anuncios.

La firma china respondió que “ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones para con los consumidores” y aseguró que recurrirá la “desproporcionada” sanción.

La condena por parte del régimen chino se produce al tiempo que una delegación de eurodiputados se encuentra de visita en el país para dialogar sobre las crecientes fricciones entre Beijing y Bruselas en cuestiones como el desequilibrio comercial, la guerra en Ucrania o la dependencia tecnológica.

Entre marzo y abril ya viajó al gigante asiático una delegación de eurodiputados de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor para trasladar a plataformas como Shein, Temu y AliExpress que las normas europeas de seguridad y competencia deben cumplirse en el comercio digital.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada.

Con 200 millones de euros multó la Comisión Europea a la también china Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales, y de 120 millones de euros fue la multa para la red social X impuesta en diciembre del año pasado, por falta de transparencia.

(Con información de AFP y EFE)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump diseñó una hoja de ruta para contener la profunda influencia económica, financiera y comercial que había impulsado China en América Latina y el Caribe.

Trump estableció nuevos aranceles para las importaciones, cerró un acuerdo multilateral para proteger la cadena de suministros -Pax Silica-, fijó un programa común en la región para los minerales críticos y estableció el Escudo de las Américas para evitar que los crímenes trasnacionales afecten la seguridad de Estados Unidos.

Estas decisiones geopolíticas del presidente republicano apuntan a un sólo objetivo: contener la ofensiva de China en América Latina y el Caribe, a través de créditos blandos, inversiones de rápida ejecución, exportación de bienes producidos con trabajo esclavo y el tráfico de fentanilo.

En este contexto, el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council publicó hoy un informe de 29 páginas, que elaboraron José Antonio Gonzalez Anaya -ex ministro de Finanzas de México- y Martin Cassinelli, director asistente del Atlantic Council.

El informe del Atlantic Council sostiene

-La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 identifica la asociación económica hemisférica como una prioridad estratégica. (...) El capital privado de EEUU ya está realizando un trabajo significativo hacia esos objetivos, y que la acción gubernamental orientada puede amplificar considerablemente su alcance.

-Estados Unidos es y sigue siendo el mayor inversor extranjero de América Latina y el Caribe por cualquier medida significativa.

-A lo largo de las últimas dos décadas, ningún otro país se ha acercado a igualar la escala, amplitud o consistencia del compromiso del sector privado de EEUU en la región, promediando $28.7 mil millones por año en energía, infraestructura digital, manufactura y servicios.

-La IED de Greenfield de EEUU genera un 65 por ciento más de empleos por mil millones de dólares que la inversión china y un 22 por ciento más que la inversión europea, lo que la convierte en el capital más productivo en empleo disponible para la región.

-Las empresas de EEUU lideran a todos los demás inversores extranjeros en intensidad de I+D en ALC, concentran sus inversiones en sectores intensivos en conocimiento y generan derrames de innovación a través de las economías receptoras que ningún inversor competidor replica.

-La brecha de minerales críticos es la oportunidad más clara: la inversión greenfield de EEUU en la minería de ALC promedia sólo $0.2 mil millones por año, mientras que China invierte veinte veces más en el sector.

-ALC posee algunas de las reservas de litio, cobre y níquel más grandes del mundo. Redirigir el capital y los instrumentos de financiamiento gubernamental de EEUU hacia estas reservas promovería simultáneamente la seguridad de la cadena de suministro en el país y profundizaría los lazos comerciales con socios estratégicos en el hemisferio.

-La geografía es una segunda frontera: aproximadamente el 70 por ciento de la IED Greenfield de EEUU desde 2020 ha fluido hacia México, Brasil y Guyana, mientras que socios estratégicamente importantes, incluidos Argentina, Chile, Perú y las economías de América Central, permanecen desatendidos.

Estados Unidos aún tiene una dependencia estructural sobre los minerales críticos, que son esenciales para fabricar chips, autos eléctricos, baterías, misiles, aviones, submarinos y barcos.

China, en cambio, controla reservas por encima del 70% de todos los minerales críticos que se utilizan en el mundo. Esa ventaja preocupó a Trump, y por eso definió una estrategia omnicomprensiva de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, el informe del Atlantic Council alerta sobre los mecanismos aceitados que tiene China para acceder a las reservas de minerales críticos que existen en América Latina.

“La urgencia es real. China ha triplicado su IED Greenfield en ALC desde 2020 y está ganando terreno en la manufactura automotriz, la infraestructura logística y la minería”, advierte el Atlantic Council en su dossier.

Y concluye: “Estados Unidos conserva ventajas decisivas en los sectores que más importan, pero mantener esas ventajas requiere una acción deliberada. El gobierno de EEUU tiene los instrumentos de financiamiento, las relaciones diplomáticas y la justificación estratégica para profundizar la huella de inversión de EEUU en el hemisferio".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.

Durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, Hegseth explicó que el Pentágono necesita nuevos recursos para mantener las operaciones militares y respaldó la solicitud presupuestaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El funcionario calificó el financiamiento adicional como una necesidad inmediata y advirtió que la continuidad de la campaña depende de esos fondos.

“Sin estos fondos, enfrentamos carencias críticas”, declaró Hegseth al defender la petición de un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, al que se suman casi 70.000 millones de dólares destinados específicamente a financiar la guerra contra Irán.

El secretario compareció en una sesión marcada por preguntas de legisladores de ambos partidos y por interrupciones de manifestantes que protestaban contra la continuidad de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

La nueva estimación del Pentágono supone un incremento significativo frente a los 29.000 millones de dólares calculados poco más de dos meses atrás. El aumento coincide con la prolongación del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva militar contra objetivos vinculados al régimen iraní.

Durante la audiencia, Hegseth también aseguró que China y Rusia están prestando apoyo a Irán. Según explicó, ambos países colaboran “en diferentes niveles” y facilitan parte de las actividades desarrolladas por Teherán durante la guerra, aunque no detalló el alcance específico de esa cooperación.

Otro de los temas centrales del debate fue la autoridad legal del Gobierno para continuar las operaciones militares sin una nueva autorización del Congreso. La senadora republicana Lisa Murkowski preguntó si la Casa Blanca considera necesario un nuevo aval legislativo para mantener la campaña militar.

Hegseth respondió que la administración entiende que dispone de la autoridad necesaria para continuar las acciones en curso.

El jefe del Pentágono también reveló que la Marina estadounidense mantiene desde mayo una operación discreta para garantizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Según explicó, ese esfuerzo ha permitido facilitar el tránsito de hasta 500 millones de barriles de petróleo, reduciendo el impacto que la guerra podría tener sobre el comercio internacional de hidrocarburos.

La comparecencia se produjo pocos días después de que el Pentágono confirmara nuevas bajas estadounidenses tras la reanudación de los combates. El Departamento de Defensa identificó al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar fallecido después de la explosión de un dron iraní en Irak.

Su muerte se sumó a las del primer teniente Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, quienes perdieron la vida en Jordania.

Con estos casos, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva del 28 de febrero asciende a 17, mientras que cerca de 100 efectivos resultaron heridos durante las dos últimas semanas de enfrentamientos, según cifras oficiales del Departamento de Defensa.

La escalada comenzó después de que el presidente Trump anunciara el 8 de julio el fin del alto el fuego entre Washington y Teherán, decisión que dio paso a una nueva fase de hostilidades.

Hegseth insistió en que el financiamiento solicitado constituye una inversión imprescindible para mantener las operaciones estadounidenses y evitar limitaciones en la capacidad militar desplegada contra el régimen iraní.

La estudiante mexicana Andrea Sarahí Cascante Duarte puso el nombre de México en alto al obtener el Premio Maryam Mirzakhani durante la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas (International Mathematical Olympiad, IMO), realizada en Shanghái, China, convirtiéndose en una de las participantes más sobresalientes del continente americano.

La joven, originaria del estado de Morelos y alumna de nivel medio superior, también obtuvo una mención honorífica en la competencia, considerada la más importante del mundo para estudiantes preuniversitarios de matemáticas. Su desempeño fue clave para que la delegación mexicana lograra una destacada participación frente a representantes de 117 países.

El reconocimiento ha sido celebrado por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), académicos y diversas instituciones educativas, al representar un nuevo logro para el talento científico juvenil mexicano en uno de los escenarios internacionales más exigentes.

¿Quién es Andrea Sarahí Cascante?

Andrea Sarahí Cascante Duarte es una estudiante de preparatoria originaria de Morelos que integró el equipo mexicano participante en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada del 10 al 20 de julio en Shanghái.

Además de conseguir una mención honorífica, Andrea fue distinguida con el Premio Maryam Mirzakhani, un reconocimiento especial que la organización de la IMO entrega a las mujeres que obtienen el mayor puntaje o registran uno de los desempeños más sobresalientes en cada continente.

El galardón lleva el nombre de la matemática iraní Maryam Mirzakhani, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en recibir la Medalla Fields, considerada el máximo reconocimiento internacional en matemáticas. Antes de ello, también destacó como competidora de la propia Olimpiada Internacional de Matemáticas al conquistar múltiples medallas de oro representando a Irán.

La distinción busca incentivar la participación femenina en una disciplina donde históricamente la representación de mujeres ha sido menor, además de reconocer el talento excepcional de jóvenes matemáticas alrededor del mundo.

México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2026

La delegación mexicana estuvo conformada por seis estudiantes:

• Andrea Sarahí Cascante Duarte (Morelos), mención honorífica y Premio Maryam Mirzakhani.
• Takumi Higashida Martínez (Ciudad de México), medalla de bronce.
• Javier Caram Quirós (Ciudad de México), medalla de bronce.
• Juan Luis Manríquez Sequera (Baja California Sur), medalla de bronce.
• Sebastián Montemayor Trujillo (Nuevo León), medalla de bronce.
• Iker Torres Terrazas (Chihuahua), medalla de bronce.

Gracias al puntaje acumulado por sus integrantes, México terminó como el tercer mejor país de Iberoamérica, únicamente por detrás de Brasil y Perú, además de ubicarse en el lugar 40 del medallero general.

El equipo nacional fue acompañado por los profesores Luis Eduardo García Hernández, Eric Ransom Treviño y Víctor Antonio Domínguez Silva, quienes participaron en la revisión de los exámenes y en las deliberaciones del jurado internacional para la asignación definitiva de los puntajes.

¿Qué es la Olimpiada Internacional de Matemáticas?

La Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) es el concurso de matemáticas para estudiantes preuniversitarios más prestigioso del mundo y uno de los certámenes científicos juveniles de mayor tradición.

La edición 2026 reunió a 606 estudiantes provenientes de 117 países, quienes enfrentaron problemas avanzados de álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria, disciplinas que requieren un razonamiento matemático de muy alto nivel.

De acuerdo con los organizadores, la competencia no solo busca reconocer a los mejores talentos matemáticos del planeta, sino también fomentar la cooperación internacional entre jóvenes de distintas culturas y nacionalidades mediante el intercambio académico.

Morelos suma un nuevo referente para las jóvenes científicas mexicanas

El reconocimiento obtenido por Andrea Sarahí Cascante Duarte también representa un logro importante para Morelos, estado que históricamente ha figurado entre las entidades con mejor desempeño dentro de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas gracias a la formación de jóvenes talentos en ciencias exactas.

Especialistas consideran que este tipo de resultados contribuyen a inspirar a nuevas generaciones de estudiantes, especialmente mujeres, a incursionar en carreras relacionadas con las matemáticas, la ingeniería, la computación y otras áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El caso de Andrea se suma a una lista creciente de jóvenes mexicanos que demuestran que, con entrenamiento especializado y apoyo académico, es posible competir al más alto nivel internacional y obtener reconocimientos en una de las competencias intelectuales más exigentes del mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá el miércoles una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital filipina de Manila, en una jornada marcada por un clima de tensión regional y expectativas internacionales.

“Siempre habrá motivos de fricción, siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero creo que corresponde a países poderosos e importantes como el nuestro seguir dialogando y mantener una relación”, dijo Rubio a periodistas sobre la relación entre China y Estados Unidos.

Rubio y Wang Yi se reunirán en el marco de las conversaciones de los jefes de la diplomacia de los once países del bloque y sus socios estratégicos, que debaten en la capital filipina sobre seguridad regional y estabilidad económica en un contexto de incertidumbre.

El arribo de Rubio a Manila coincidió con recientes enfrentamientos entre marinos filipinos y la Guardia Costera china en el banco de arena Second Thomas Shoal, un episodio que reavivó la disputa por la soberanía de esa zona marítima clave para el comercio internacional.

Washington condenó las maniobras chinas, a las que calificó de peligrosas y agresivas, y reclamó el cese inmediato de las acciones que consideró desestabilizadoras. El jefe de la diplomacia estadounidense ratificó el compromiso de su país con la libertad de navegación en el Sudeste Asiático y alertó sobre los riesgos que implicaría el control de esas aguas por parte de una potencia que utilice el comercio como arma geopolítica.

Rubio sostuvo que la soberanía, la seguridad y el futuro económico tanto de Estados Unidos como de los Estados de la ASEAN dependen de preservar ese principio, mientras Beijing mantiene sus reclamos sobre casi la totalidad del mar de China Meridional, pese a fallos internacionales que niegan la legalidad de esas aspiraciones.

La posibilidad de un diálogo directo con Wang Yi adquiere relevancia después de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a China de haber accedido de manera ilícita a información de votantes durante las elecciones de 2020, una denuncia que el régimen chino rechazó como infundada. Rubio evitó adelantar si pondrá ese tema sobre la mesa durante el encuentro y se limitó a afirmar que abordará las cuestiones importantes para la relación bilateral.

La reunión entre ambos representantes también podría servir para avanzar en la organización de un segundo encuentro entre Trump y su par chino, Xi Jinping, previsto para septiembre en Estados Unidos, después de la visita del mandatario norteamericano a China en la primavera pasada.

Rubio aseguró que la cumbre sigue en agenda y que no existen señales de que vaya a suspenderse, aunque reconoció que persisten motivos de fricción y consideró necesario sostener el diálogo entre ambas potencias.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

China dio un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar las sanciones y medidas extraterritoriales impuestas por otros países. Mediante un reglamento aprobado por el Consejo de Estado, el régimen estableció un marco legal que prohíbe a empresas y ciudadanos cumplir determinadas disposiciones extranjeras cuando estas sean consideradas “injustificadas” por Beijing, además de habilitar sanciones y represalias contra quienes las acaten.

La norma, vigente desde su promulgación en abril de 2026, busca proteger los intereses del Estado chino y de sus empresas frente a medidas adoptadas principalmente por potencias occidentales. Sin embargo, especialistas advierten que también podría tener efectos fuera de China, especialmente en economías estrechamente vinculadas al país asiático, como Perú, donde existen importantes inversiones chinas en sectores estratégicos.

Un reglamento para responder a sanciones extranjeras

El denominado Reglamento sobre la Oposición a la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada Extranjera establece que fue creado con el objetivo de “salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China, además de proteger los derechos de sus ciudadanos y organizaciones.

El texto sostiene que, si un país extranjero aplica medidas de jurisdicción extraterritorial que Beijing considere contrarias al derecho internacional o perjudiciales para sus intereses, “el gobierno chino tiene el derecho de tomar las medidas correspondientes”. Asimismo, indica que China podrá ejercer jurisdicción sobre actos vinculados con su territorio cuando considere que existe una conexión suficiente para hacerlo.

Empresas no podrán acatar determinadas medidas extranjeras

Uno de los puntos más relevantes del reglamento establece que, tras identificar una medida extranjera como una jurisdicción extraterritorial injustificada, “ninguna organización o individuo podrá ejecutar o ayudar en la ejecución de medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada extranjera”.

Solo en circunstancias especiales, y previa autorización del Consejo de Estado mediante el mecanismo previsto en la norma, las empresas o personas podrán cumplir esas disposiciones. Para ello deberán presentar una solicitud formal explicando las razones y el alcance de la autorización requerida.

Además, el reglamento faculta a las autoridades chinas a investigar a organizaciones o individuos sospechosos de colaborar con la aplicación de esas medidas extranjeras, incluyendo inspecciones, revisión de documentación y entrevistas para exigir correcciones cuando corresponda.

Lista negra y sanciones para quienes colaboren

La normativa también crea una “lista de entidades maliciosas”, en la que podrán ser incluidos individuos u organizaciones extranjeras que promuevan o participen en la implementación de medidas consideradas injustificadas por China.

Quienes sean incorporados a esa lista podrán enfrentar una amplia gama de contramedidas. Entre ellas figuran la negativa o cancelación de visas, la deportación, la congelación de bienes ubicados en China, restricciones para invertir o comerciar con el país, limitaciones para importar y exportar productos, prohibiciones para realizar transacciones con entidades chinas e incluso la imposición de multas.

El reglamento también prevé que estas restricciones puedan extenderse a organizaciones controladas por las entidades sancionadas o en cuya operación participen.

Empresas podrán demandar por daños

Otro aspecto relevante aparece en el artículo 14, que reconoce el derecho de ciudadanos y empresas chinas a acudir a los tribunales del país cuando consideren que otra organización ejecutó medidas extranjeras que afectaron sus intereses.

La disposición señala que, si una empresa o individuo “ejecuta o ayuda a ejecutar medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada extranjera” y con ello perjudica a ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán presentar demandas para exigir “el cese de la infracción y la compensación por los daños”.

En la práctica, esta disposición abre la posibilidad de que empresas extranjeras que decidan cumplir sanciones impuestas por otros gobiernos enfrenten procesos judiciales en China si esas decisiones generan pérdidas a compañías chinas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Manila para participar en la reunión anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una cita marcada por el impacto económico y político de la guerra en Irán, la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente, las tensiones entre Washington y Beijing en el mar de China Meridional y la situación de Myanmar.

Los ministros de Exteriores y representantes de los once países del bloque iniciaron la reunión con una sesión plenaria en la capital filipina, donde abordarán asuntos relacionados con la seguridad regional, la interconexión energética y la estabilidad económica de una región con unos 700 millones de habitantes.

La crisis energética ocupa un lugar central en la agenda de los países del Sudeste Asiático debido a la dependencia de las importaciones de combustible procedentes de Medio Oriente. La interrupción de la navegación por el estrecho de Ormuz, tras los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, generó preocupación por el abastecimiento de petróleo y otros recursos energéticos.

Los recientes ataques iraníes contra barcos que intentaron atravesar Ormuz volvieron a elevar las alertas en la región, después de un periodo de estabilidad alcanzado en junio tras un acuerdo de cese al fuego entre Washington y Teherán que Estados Unidos dio por terminado hace dos semanas.

La llegada de Rubio a Manila coincidió con nuevas advertencias de Washington contra acciones de China en el mar de China Meridional, una zona disputada por varios países del Sudeste Asiático y considerada clave para el comercio internacional.

Antes del viaje, el Departamento de Estado señaló que el objetivo de Rubio es impulsar “un Indo-Pacífico libre y abierto que brinde seguridad y prosperidad para la región y para el pueblo estadounidense”.

En un artículo publicado en Filipinas antes de la reunión, el secretario de Estado destacó el compromiso de Estados Unidos con “la libertad de navegación en el Sudeste Asiático” y afirmó que esa condición enfrenta riesgos.

“Esta libertad no está garantizada de ninguna manera. Si estas aguas quedaran bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como un arma geopolítica, tanto Estados Unidos como los Estados de la ASEAN enfrentarían nuevas amenazas graves para su soberanía, seguridad y futuro económico”, escribió Rubio.

El funcionario estadounidense no confirmó si mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino, Wang Yi, quien también participa de la cita en Manila. La posibilidad de una reunión ocurre después de las tensiones entre Washington y Beijing por distintos asuntos políticos y estratégicos.

La disputa marítima volvió a ocupar espacio tras un enfrentamiento entre embarcaciones filipinas y chinas en el banco de arena Second Thomas Shoal, en el mar de China Meridional. Manila afirmó que personal de la Guardia Costera china atacó a marineros filipinos cerca de un buque encallado que funciona como puesto militar en la zona disputada. Beijing acusó a Filipinas de provocar el incidente al enviar personas en pequeñas embarcaciones hacia su nave.

El episodio generó nuevas dudas sobre las negociaciones para alcanzar un Código de Conducta entre la ASEAN y China para el mar de China Meridional, un mecanismo destinado a establecer reglas sobre las actividades en esas aguas.

La seguridad energética también será uno de los principales temas durante la semana. Filipinas declaró una emergencia energética en marzo y amplió sus fuentes de abastecimiento, incluida la compra de petróleo procedente de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también tiene previsto llegar a Manila.

Los países del bloque impulsan además la ratificación del acuerdo marco sobre seguridad petrolera de la ASEAN, un mecanismo destinado al intercambio de combustibles entre sus miembros.

Otro eje de la reunión será Myanmar, país apartado de las reuniones de líderes y ministros de Exteriores de la ASEAN desde el golpe de Estado militar de 2021. El bloque analizará los recientes contactos con el gobierno castrense y las propuestas para una posible reincorporación del país a los espacios regionales.

La sublevación militar terminó con una década de transición democrática, profundizó los conflictos internos con grupos rebeldes y provocó la detención de dirigentes civiles, incluida la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Tailandia impulsó el acercamiento con Myanmar y planteó recuperar su participación en las actividades de la ASEAN. El ministro de Exteriores tailandés, Sihasak Phuangketkeow, afirmó: “Es mejor traer a Myanmar de vuelta al grupo”. Además, agregó: “Creemos que después de cinco años necesitamos hablar, necesitamos escuchar y ellos necesitan explicar”.

Sin embargo, algunos países mantienen reservas sobre una mayor integración del gobierno militar. El analista político tailandés Thitinan Pongsudhirak advirtió a EFE que “ceder demasiado pronto ante el gobierno militar birmano pone en riesgo la credibilidad de la ASEAN”.

La ASEAN fue creada en 1967 y está integrada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

(Con información de EFE y AP)

Japón presentó una protesta diplomática ante China después de detectar un ejercicio con fuego real realizado por un buque de la armada china dentro de su zona económica exclusiva (ZEE), durante unas maniobras navales conjuntas con Rusia cerca de la isla de Okinotori. El Ministerio de Defensa japonés informó que el simulacro ocurrió el domingo y movilizó un destructor para vigilar la zona tras el incidente, que también contó con la presencia de una fragata rusa.

El portavoz principal del Gobierno japonés, Minoru Kihara, confirmó que Tokio trasladó su reclamo por canales diplomáticos. “El Gobierno japonés presentó una protesta a China por canales diplomáticos, sobre la base de que este tipo de actividades podrían representar un peligro para la navegación de los buques cercanos”, afirmó ante la prensa.

Según el Ministerio de Defensa, el destructor chino de misiles guiados de la clase Luyang III efectuó el ejercicio con fuego real a unos 180 kilómetros al suroeste de la isla de Okinotori, el territorio más meridional administrado por Japón. Horas antes, alrededor de las 2:00 de la madrugada del domingo, las Fuerzas de Autodefensa detectaron una formación integrada por tres buques chinos y una fragata de la armada rusa que navegaba a unos 330 kilómetros al suroeste de la isla con rumbo noreste.

La cadena pública NHK informó que la fragata rusa permaneció cerca del destructor chino cuando comenzó el ejercicio con fuego real. Tras el simulacro, el Ministerio de Defensa japonés ordenó el despliegue de un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa para supervisar la situación y mantener el seguimiento de las embarcaciones.

Las autoridades japonesas señalaron que la formación estaba integrada por un destructor chino de la clase Renhai, un destructor de la clase Luyang III, un buque de reabastecimiento de la clase Fuchi y una fragata rusa de la clase Steregushchiy. De acuerdo con Kihara, los barcos cercanos recibieron una comunicación por radio antes del inicio del ejercicio para advertir que se efectuarían disparos reales.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas japonesas precisó que esta fue la primera ocasión en que Tokio divulgó públicamente un ejercicio con fuego real realizado por China dentro de su zona económica exclusiva. No obstante, también aclaró que esa actividad no infringió las normas internacionales.

El incidente vuelve a exponer la disputa sobre la condición jurídica de Okinotori. Japón considera que se trata de una isla y sostiene que las aguas que la rodean forman parte de su zona económica exclusiva. China mantiene una posición distinta y argumenta que Okinotori es una roca, por lo que, a su juicio, Japón no tiene derecho a reclamar una ZEE en esa área.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no emitió una respuesta inmediata al reclamo japonés. La falta de comentarios oficiales se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales.

Las tensiones entre Tokio y Beijing aumentaron desde noviembre del año pasado, cuando declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán provocaron fuertes críticas de China y derivaron en medidas económicas de represalia. Desde entonces, ambos países mantienen diferencias sobre asuntos de seguridad y política regional.

En paralelo, China y Rusia intensificaron sus operaciones navales y aéreas conjuntas en las proximidades de Japón. Esa situación llevó a Tokio a ampliar las tareas de vigilancia y a reforzar sus capacidades defensivas en la cadena de islas del suroeste ante las preocupaciones por la seguridad regional.

El episodio también se suma a otros incidentes recientes entre ambos países. A principios de este mes, embarcaciones de las guardias costeras de Japón y China protagonizaron un enfrentamiento cerca de las islas Senkaku, como las denomina Japón, o Diaoyu, según China. Cada parte sostuvo que expulsó a los buques de la otra después de que ingresaran en lo que considera sus aguas territoriales.

Esas islas deshabitadas, ubicadas entre Taiwán y Okinawa, constituyen uno de los principales focos de fricción entre ambos países desde hace décadas. En diciembre, Japón también denunció que aviones de combate chinos dirigieron sus radares contra aeronaves militares japonesas cerca de Okinawa, una versión que Beijing rechazó. El nuevo ejercicio con fuego real dentro de la zona económica exclusiva reclamada por Tokio añade un nuevo elemento de tensión a una relación bilateral marcada por disputas territoriales y una creciente actividad militar en el mar de China Oriental.

(Con información de Reuters y AFP)

Las exportaciones del Perú alcanzaron un récord histórico de US$ 93,078 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 21,8 % respecto del año anterior, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales de metales como el cobre y el oro.

Para 2026, se proyecta que las exportaciones peruanas superen por primera vez la barrera de los US$ 120,000 millones. Esta expectativa se sustenta en el dinamismo observado entre enero y mayo del presente año, periodo durante el cual las exportaciones superaron los US$ 45,000 millones, impulsadas principalmente por el alza internacional de los precios de los minerales, especialmente el cobre y el oro.

Es importante considerar que China y Estados Unidos constituyen los dos principales socios comerciales del Perú, concentrando cerca de la mitad del comercio exterior total del país.

El Perú exporta a China, su principal socio comercial, principalmente cobre, hierro, zinc y oro, productos que representan el mayor volumen de envíos. En los últimos años, además, ha diversificado su oferta hacia la agroindustria y la pesca, aprovechando la infraestructura del Puerto de Chancay y el Tratado de Libre Comercio vigente con el país asiático.

Las exportaciones peruanas hacia China alcanzaron la cifra récord de US$ 32,628 millones en 2025, lo que representó un incremento interanual del 30,1 % respecto de 2024. Con este resultado, el mercado asiático se consolidó como el principal socio comercial del Perú, concentrando el 36,2 % del total de las exportaciones nacionales. El sector minero continúa siendo el principal motor de estos envíos, al representar aproximadamente el 90 % del total exportado a dicho mercado, equivalente a US$ 29,324 millones.

Por otro lado, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, segundo socio comercial del país, totalizaron US$ 10,148 millones al cierre de 2025. Este resultado representó un crecimiento interanual del 6,4 % y consolidó al mercado estadounidense como el principal destino de los productos con mayor valor agregado o no tradicionales. El Perú exporta principalmente frutas frescas —como arándanos, uvas, paltas, mangos y mandarinas—, además de minerales (oro, cobre y plata), café, cacao, prendas de vestir y productos pesqueros.

De acuerdo con lo anterior, la competencia estratégica y comercial entre China y Estados Unidos sitúa al Perú en una posición geográfica y geopolítica privilegiada.

El país se ha convertido en una pieza clave para el comercio global. Con la consolidación del megapuerto de Chancay y la ampliación del puerto del Callao, el Perú se posiciona como una de las principales puertas de salida de Sudamérica hacia la región Asia-Pacífico, reduciendo significativamente los tiempos de navegación.

Ante las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de China, muchas empresas multinacionales buscan diversificar sus proveedores y reubicar sus cadenas de suministro. En este contexto, el Perú destaca por contar con Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con ambas potencias. Asimismo, el Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre y de otros metales indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

Sin embargo, para atraer mayores flujos de inversión, la infraestructura no lo es todo. La predictibilidad económica e institucional resulta igualmente fundamental. A pesar del ruido político, la autonomía y la credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han permitido mantener la inflación bajo control y al sol peruano como una de las monedas más estables de América Latina.

El país cuenta, además, con un portafolio importante de proyectos en minería, irrigación agrícola y energía. Por ello, las autoridades buscan mantener abiertas las puertas a inversiones provenientes de cualquier origen, promoviendo incluso nuevos proyectos portuarios para inversionistas estadounidenses como un contrapeso saludable a la creciente presencia china en infraestructura y energía. No obstante, para atraer más inversiones, el Perú debe resolver varios problemas estructurales:

De poco sirve contar con un puerto de última generación en la costa si las carreteras, las vías ferroviarias y los accesos desde las zonas mineras y agrícolas del interior del país continúan siendo deficientes o vulnerables a bloqueos.

La demora en la obtención de permisos ambientales, licencias de construcción y procedimientos regulatorios ágiles retrasa la ejecución de proyectos de inversión.

Las industrias de alta tecnología, como la fabricación de semiconductores o la industria automotriz, requieren un suministro eléctrico masivo, estable y, cada vez más, proveniente de fuentes limpias.

Finalmente, la manufactura moderna depende cada vez más de la robótica, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Por ello, el país necesita técnicos e ingenieros altamente capacitados para operar, mantener y programar estos sistemas.

La certidumbre constituye el activo más valioso para un inversionista de largo plazo. Reglas de juego claras, respeto por los contratos y una menor burocracia para el desarrollo de nuevas inversiones permitirán generar más empleo y mayores oportunidades para los peruanos que buscan salir de la pobreza.

Estados Unidos dio un nuevo paso en su política comercial al aprobar un incremento de los aranceles sobre la mayoría de los bienes importados desde Canadá. El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que fija un gravamen del 50% para esos productos, una decisión que comenzará a aplicarse dentro de 30 días y que endurece aún más las restricciones comerciales entre ambos países.

La disposición se suma al esquema arancelario vigente desde febrero, cuando Washington estableció un impuesto general del 10% sobre las importaciones canadienses tras la suspensión judicial de otras medidas comerciales adoptadas bajo legislación de emergencia. Con la nueva orden, la carga tributaria aumenta para una amplia gama de mercancías procedentes del país vecino.

Pese al endurecimiento de las tarifas, la Casa Blanca mantuvo fuera del nuevo régimen algunos sectores considerados estratégicos. Entre los productos exentos figuran la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Sin embargo, la medida alcanza a determinadas mercancías que hasta ahora conservaban beneficios comerciales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La administración estadounidense justificó la decisión al sostener que Ottawa mantiene políticas que perjudican a las empresas estadounidenses. Según la Casa Blanca, entre esas prácticas figuran las restricciones al ingreso de productos lácteos de Estados Unidos, elevados aranceles sobre ciertos bienes agrícolas, impuestos aplicados a servicios digitales y las represalias comerciales adoptadas por Canadá frente a medidas anteriores de Washington.

La orden ejecutiva también incorpora nuevas sanciones para evitar que las empresas eludan los gravámenes mediante el desvío de mercancías a través de terceros países. El texto establece que los bienes que sean reexportados con ese objetivo enfrentarán un arancel adicional del 40%.

Días antes de firmar el decreto, Trump había anticipado nuevas acciones contra Canadá en un mensaje publicado en Truth Social. El mandatario vinculó la posibilidad de imponer más aranceles con el humo generado por los incendios forestales registrados este verano en territorio canadiense, que afectó la calidad del aire en varios estados del norte y el este de Estados Unidos.

En esa publicación, el presidente acusó al gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y aseguró que el impacto del humo sobre ciudades estadounidenses había provocado un costo “incalculable”.

Los incendios registrados en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario originaron extensas columnas de humo que cruzaron la frontera y llevaron a las autoridades estadounidenses a emitir alertas por la calidad del aire en distintas zonas del Medio Oeste y el noreste del país.

Estados Unidos endurece las condiciones para adquirir materiales procedentes de China

En paralelo a las nuevas medidas contra Canadá, Trump firmó otro decreto dirigido a reforzar los controles sobre las cadenas de suministro vinculadas con la industria de defensa estadounidense.

La nueva normativa endurece los requisitos para que los contratistas militares obtengan autorizaciones destinadas a comprar minerales críticos y otros materiales sensibles procedentes de China y de otros países considerados adversarios por Washington.

A partir de enero de 2027, las empresas que soliciten excepciones deberán demostrar que realizaron una búsqueda exhaustiva de proveedores que cumplan con los estándares estadounidenses o acreditar que no existen alternativas disponibles. La disposición también alcanza a materiales originarios de Rusia, Irán y Corea del Norte.

Además, el decreto ordena al Departamento de Defensa exigir a contratistas y subcontratistas que identifiquen y documenten todas las cadenas de suministro que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, explicó que las empresas también deberán presentar un plan para sustituir progresivamente los materiales que no cumplan con los nuevos requisitos, junto con un calendario para completar ese proceso.

China concentra actualmente una parte significativa de la producción y refinación mundial de tierras raras, insumos considerados esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos avanzados, vehículos eléctricos y sistemas utilizados por la industria de defensa. Las directrices para implementar las nuevas exigencias deberán estar listas en un plazo de seis meses.

La decisión de Estados Unidos de avanzar en la construcción de ocho nuevos buques anfibios para la Infantería de Marina puede parecer, a primera vista, una adquisición más dentro del enorme presupuesto del Pentágono. Sin embargo, detrás de ese contrato se esconde una transformación mucho más profunda: Washington está redefiniendo la manera en que se prepara para un eventual conflicto con China en el Indo-Pacífico. Para el analista internacional Andrei Serbin Pont, se trata de una de las señales más claras de que el foco estratégico estadounidense está puesto en contener el crecimiento militar chino mediante una doctrina completamente distinta a la que predominó durante las últimas décadas.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, Serbin Pont sostuvo que la preocupación de Washington por Beijing atraviesa hoy prácticamente todas las decisiones vinculadas a defensa. “La obsesión de Estados Unidos con China es real. Hay un operativo cerrojo sobre el avance chino en la región”, resumió. Esa idea, explicó, ayuda a entender por qué el Pentágono comenzó a priorizar nuevas capacidades militares orientadas a controlar los principales corredores marítimos del Pacífico antes que a proyectar fuerza mediante grandes grupos de combate.

Un contrato que revela un cambio de doctrina

El punto de partida de ese cambio fue la adjudicación de un contrato para construir ocho buques de desembarco anfibio de la nueva clase McClung, bautizada en homenaje a la mayor Megan McClung, la primera oficial de la Infantería de Marina estadounidense fallecida en combate durante la guerra de Irak en 2006. Aunque pueda parecer una incorporación más dentro del programa de modernización de las Fuerzas Armadas, Serbin Pont consideró que el verdadero significado del anuncio radica en el cambio doctrinario que representa.

“Hubo una noticia la semana pasada que es importante y tiene que ver con un nuevo contrato de la Infantería de Marina norteamericana para la adquisición de buques de desembarco anfibio. Estados Unidos compra equipamiento militar todo el tiempo, pero estos ocho buques anfibios livianos representan un cambio doctrinario”, afirmó.

Según explicó, estas embarcaciones fueron diseñadas específicamente para transportar tropas, vehículos y equipamiento hacia costas donde no existe infraestructura portuaria. Esa característica les permite operar sobre pequeñas islas y establecer posiciones avanzadas con rapidez, una capacidad que hoy resulta central para el escenario que proyecta el Pentágono. “Esta clase de buques está diseñada específicamente para operaciones anfibias y permite transportar tropas y equipamiento hacia costas no preparadas. Eso es crucial para el tipo de operaciones que Estados Unidos imagina en el Pacífico”, señaló.

El especialista remarcó que la lógica ya no consiste en concentrar la capacidad militar en unas pocas plataformas de gran tamaño. Por el contrario, la nueva doctrina apuesta por multiplicar los puntos de despliegue y distribuir las fuerzas en un entramado de pequeñas bases avanzadas capaces de sostener operaciones durante un conflicto de alta intensidad.

El “operativo cerrojo” sobre China

Ese cambio doctrinario responde directamente a la geografía del Indo-Pacífico. Frente al litoral chino se extienden dos grandes cadenas de islas que, desde hace años, ocupan un lugar central en la planificación militar tanto de Washington como de Beijing. Para Serbin Pont, comprender esa configuración geográfica es fundamental para entender la estrategia estadounidense.

“Como ven, en rojo está China y aparecen dos cadenas de islas. La primera va desde Japón, pasa por Taiwán y Filipinas, y es fundamental porque permite restringir la capacidad de proyección de la Armada china hacia el Pacífico”, explicó.

La denominada primera cadena de islas constituye la principal línea de contención. Desde la perspectiva estadounidense, controlar ese corredor permitiría limitar la salida de la flota china hacia el océano Pacífico y, al mismo tiempo, reforzar la defensa de aliados estratégicos como Japón y Filipinas. La segunda cadena funciona como una profundidad defensiva adicional, desde donde Estados Unidos puede sostener operaciones militares, garantizar el abastecimiento logístico y proyectar fuerza si el conflicto escala.

En ese contexto, Serbin Pont definió toda esa arquitectura militar como un operativo cerrojo. “La expectativa es que, en caso de conflicto, China busque ejercer control sobre estas islas, especialmente Taiwán. Lo que intenta hacer Estados Unidos es exactamente lo contrario: impedir que esa proyección naval se consolide”, explicó. Según su análisis, no se trata de rodear físicamente a China, sino de controlar los pasos marítimos que necesita para proyectar poder más allá de su costa.

Menos portaaviones y más movilidad

La transformación también supone un cambio profundo en la forma en que Estados Unidos concibe una guerra naval. Durante décadas, la superioridad estadounidense descansó sobre grandes grupos de combate encabezados por portaaviones capaces de operar prácticamente sin restricciones en cualquier océano. Sin embargo, el crecimiento del poder militar chino obligó al Pentágono a revisar ese modelo.

“La idea es desembarcar pequeñas unidades con armamento que pueda negar el acceso a los buques chinos. Es una reformulación de la doctrina militar estadounidense, que ahora prioriza bases avanzadas y equipamiento mucho más ágil y menos vulnerable”, explicó Serbin Pont.

A juicio del analista, esa decisión responde directamente al desarrollo de capacidades militares por parte de Beijing durante los últimos años. “China produce enormes cantidades de misiles, aviones de combate y misiles balísticos antibuque para impedir que Estados Unidos y sus aliados puedan acercarse”, sostuvo. Frente a ese escenario, Washington busca desplegar fuerzas más dispersas y difíciles de neutralizar, capaces de operar desde múltiples puntos del Pacífico y sostener una estrategia de negación del acceso similar a la que China desarrolló para proteger su propio litoral.

Taiwán, el centro del tablero estratégico

Gran parte de esta planificación tiene como telón de fondo un eventual conflicto por Taiwán. La isla no solo ocupa una posición estratégica dentro de la primera cadena de islas, sino que además concentra buena parte de la producción mundial de semiconductores avanzados, indispensables para industrias como la inteligencia artificial, la electrónica y la defensa.

“La expectativa es que, en caso de conflicto, China busque ejercer control sobre estas islas, especialmente Taiwán, por toda la capacidad tecnológica que concentra”, afirmó Serbin Pont. En ese sentido, consideró que cualquier intento de modificar el equilibrio militar en torno a la isla tendría consecuencias que irían mucho más allá del plano regional y afectarían directamente a la economía global.

La otra batalla: la capacidad de producir

Más allá del plano estrictamente militar, Serbin Pont advirtió que la principal ventaja china hoy no pasa únicamente por la cantidad de misiles o de buques que puede desplegar, sino por una capacidad industrial que Estados Unidos perdió parcialmente después de décadas de deslocalización productiva.

“China sigue apostando a la producción porque ahí está su ventaja. Hoy produce 250 veces más buques por tonelaje que Estados Unidos”, afirmó. Según explicó, esa diferencia tampoco se limita a los astilleros militares. “Incluso los buques civiles se fabrican bajo estándares militares, lo que les da capacidad de uso dual. China apuesta a ganar la guerra produciendo más que nadie. Así como produce buena parte de los bienes que consume el mundo, también fabrica misiles, buques y armamento a una escala muy superior”.

Para el analista, esa realidad obliga a Washington a pensar el desafío chino desde una perspectiva mucho más amplia que la puramente militar. “Estados Unidos enfrenta el desafío de haber tercerizado durante décadas su capacidad industrial, mientras China se consolidó como una potencia manufacturera. Por eso, la competencia ya no es solamente tecnológica o militar, sino también una disputa por la capacidad de producir a gran escala”, concluyó.

La incorporación de estos ocho nuevos buques anfibios representa, así, mucho más que una compra de equipamiento. Detrás del contrato aparece una transformación estratégica que redefine la forma en que Estados Unidos planea un eventual conflicto en el Indo-Pacífico. Para Serbin Pont, el verdadero cambio no está en los barcos en sí mismos, sino en la lógica que los explica: una doctrina pensada para contener la expansión china mediante fuerzas más móviles, una red de posiciones avanzadas sobre las cadenas de islas y una competencia que, además de disputarse en el mar, también dependerá de cuál de las dos potencias sea capaz de sostener su esfuerzo industrial a largo plazo.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exigió que el Puerto de Chancay revise a la baja las tarifas de manipulación de contenedores, con el objetivo de lograr una mayor competitividad frente a otros terminales de la región.

El gremio empresarial remarcó que los costos actuales, que igualan a los registrados en el puerto del Callao y duplican los valores de países vecinos como Chile y Ecuador, no cumplen con las expectativas generadas por la nueva infraestructura portuaria.

En una reunión con medios especializados, el presidente gremial Raúl Barrios Fernández-Concha supeditó el respaldo institucional de la CCL ante la actual controversia judicial entre el operador Cosco Shipping y Ositrán a la implementación de una política tarifaria más accesible.

“El embajador [Song Yang] nos dijo que sí había un beneficio porque los barcos llegan 10 días antes a China y viceversa, y que eso ya era un ahorro. Pero le dijimos: ‘No, nosotros esperábamos que bajaran los precios’“, indicó.

Cámara de Comercio de Lima: competitividad en jaque por Chancay

Barrios recordó que la promesa inicial con la construcción del puerto de Chancay —especialmente en la primera etapa, que implicó una inversión de aproximadamente 1.300 a 1.500 millones de dólares— fue que el nuevo terminal permitiría tarifas más competitivas y reduciría los costos logísticos para los exportadores e importadores peruanos.

“Tenemos otra reunión pendiente con el embajador porque estamos haciendo un estudio de cuánto valen [en materia de tarifas] los puertos en China y en la región. Y sí le exigimos al embajador que tenían que bajar los precios porque, si no, la CCL no los iba a defender más”, afirmó.

De acuerdo con estimaciones del frente gremial, el costo por la manipulación de un contenedor en Chancay asciende a 800 dólares, mientras que en puertos de la región, como Chile y Ecuador, las tarifas se ubican entre 400 y 450 dólares.

El Terminal Portuario de Chancay es operado y administrado por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., un consorcio privado de uso público conformado por la naviera estatal china Cosco Shipping Ports Limited (que posee el 60% de las acciones) y la empresa minera peruana Volcan Compañía Minera (con el 40% restante). El horizonte total de inversiones en Chancay supera los 3.500 millones de dólares.

“La esperanza nuestra era que como iba a haber competencia, Chancay iba a ser más barato porque todo es automatizado. (…) Pensábamos que iban a bajar las tarifas. No lo han hecho“, remarcó.

Más allá de Chancay: la agenda empresarial para el próximo gobierno

La CCL presentó un pliego de propuestas dirigido al próximo gobierno, que reúne las demandas de más de 10.000 empresas asociadas y 16 gremios.

El documento reclama priorizar la ejecución de obras y la perfección de los marcos regulatorios vigentes, advirtiendo que la economía peruana solo crecerá si se culminan proyectos pendientes y se eliminan trabas que frenan la inversión.

La CCL plantea una meta de crecimiento económico anual de entre 5% y 6%, así como mantener la deuda pública por debajo del 30% del PBI. Entre sus principales exigencias, el gremio solicita cerrar la brecha de infraestructura con inversiones efectivas en transporte, energía, agua y conectividad digital.

El gremio denuncia que el 86% del presupuesto nacional se destina actualmente a sueldos y gastos corrientes, mientras que la ejecución de obras como la Carretera Central y el viaducto Santa Rosa permanece pendiente pese a que existían fondos por 22.000 millones de soles para la reconstrucción.

Además, advierte que el Estado invierte 16.000 millones de soles al año en consultorías, cifra que consideran excesiva y poco eficiente.

Burocracia, informalidad y trabas para emprender en el Perú

El gremio también exige simplificar y destrabar proyectos productivos, reducir los tiempos de trámites y eliminar barreras burocráticas. Según la CCL, abrir un negocio en Perú puede costar hasta 23 años de trámites en sectores como el petróleo, mientras que en países vecinos el proceso demora solo cuatro años.

El costo de la formalidad sigue siendo una de las principales causas del 70% de informalidad laboral en el país. Por ello, la CCL propone una amnistía tributaria temporal para facilitar la regularización de capitales fuera del sistema y promover la formalización de pequeñas empresas.

El pliego también resalta la urgencia de que el Estado honre sus obligaciones de pago. En el sector salud, la deuda con proveedores supera los 400 millones de soles, lo que ha generado desabastecimiento de medicamentos. Petroperú, por su parte, mantiene una deuda estimada en 300 millones de dólares con empresas locales.

Finalmente, la CCL advierte que la morosidad estatal afecta la cadena de pagos y limita la capacidad de crecimiento de micro y pequeñas empresas, reclamando mecanismos efectivos para garantizar el pago puntual de todos los compromisos asumidos.

El crecimiento veloz de empresas de defensa como Anduril y los nuevos contratos multimillonarios reflejan el cambio en la industria militar. Estados Unidos busca responder a la expansión del arsenal iraní, que incorpora tecnología china y amenaza con replicar el escenario de disuasión que representa Corea del Norte. La preocupación central radica en la posibilidad de que Irán desarrolle un arsenal de misiles balísticos de difícil neutralización, lo que complicaría cualquier intervención futura.

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que estos desarrollos obligan a Estados Unidos a replantear su modelo de defensa. El país se enfrenta al desafío de evitar que Irán alcance una capacidad de disuasión similar a la norcoreana, donde la acumulación de armamento y la amenaza de daños masivos restringen la acción militar.

Transferencia tecnológica y el rol de China en el avance militar iraní

Serbin Pont detalló que China proporcionó a Irán infraestructura y conocimientos clave para aumentar de manera significativa su capacidad de producción de misiles balísticos.

La comparación con Corea del Norte resulta directa. Serbin Pont describió cómo la acumulación de artillería norcoreana impidió cualquier acción militar estadounidense, debido al riesgo de causar hasta doscientas mil bajas civiles y militares en un solo día.

Según precisó el analista, Irán busca replicar ese modelo, pero con misiles balísticos de mayor alcance y capacidad destructiva, lo que supondría un riesgo mayor para la región.

El avance de Irán genera inquietud en Estados Unidos, sobre todo ante la posibilidad de que China transfiera tecnología similar a otros países. Serbin Pont advirtió que “China hoy en día lo que está dando a entender, y está demostrando por conflictos como este, es que las guerras del futuro van a ser guerras de capacidad de producción”.

Motivaciones detrás del ataque estadounidense a Irán

La hipótesis planteada en la entrevista de Palmer Luckey, citada por Andrei Serbin Pont, sostiene que el ataque estadounidense del 28 de febrero buscó impedir que Irán adquiera una capacidad de disuasión irreversible. Este objetivo superaría preocupaciones tradicionales sobre el programa nuclear iraní o el impacto en el mercado internacional de energía.

Serbin Pont subrayó que la estrategia estadounidense pretende evitar que Irán alcance el nivel de Corea del Norte, donde la acumulación de armamento limita las opciones militares.

La capacidad de producción masiva de armas y la transferencia de tecnología militar se convierten en factores clave para el equilibrio internacional.

Consumo de munición y transformación de la industria de defensa

Bryan Schmitt, director ejecutivo de Anduril, sostuvo que durante los primeros treinta días de recientes conflictos, se consumió una cantidad de munición diez veces mayor que en toda la guerra del Golfo de 1991. “Estamos disparando cerca de una década de producción de misiles Tomahawk en una semana”, afirmó Schmitt.

Esta situación llevó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a replantear la necesidad de incrementar la capacidad productiva y reducir los costos de armamento. Anduril, junto con otras empresas, busca ofrecer alternativas más económicas frente a sistemas tradicionales y acelerar la fabricación mediante técnicas como la impresión 3D.

Serbin Pont remarcó que el modelo de inventarios heredado de la Guerra Fría quedó obsoleto. “Estados Unidos recién firmó un contrato inicial, doce mil, eh, nueve mil misiles así de una”, señaló. El cambio implica adoptar métodos de producción más ágiles que permitan responder a escenarios en los que el consumo de munición resulta extremadamente alto.

Innovación y disputa interna en el sector militar estadounidense

El auge de empresas como Anduril desafía el predominio de la industria tradicional de defensa en Estados Unidos. Serbin Pont explicó que el sector innovador intenta desplazar a los “viejos jugadores” y captar contratos millonarios con propuestas de producción más eficiente y rápida. La impresión 3D y la fabricación aditiva permiten reducir costos y acelerar el desarrollo de sistemas de armas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a aceptar la necesidad de opciones más baratas y técnicas de producción renovadas. Serbin Pont sostuvo que la administración Trump inició este proceso al firmar contratos para la provisión de misiles con empresas emergentes y tradicionales.

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La Unión Europea impuso este lunes una multa de 550 millones de euros (629 millones de dólares) a la plataforma de comercio en línea china AliExpress, filial del gigante Alibaba, por permitir la venta de productos ilegales en el bloque, como juguetes prohibidos y ropa falsificada.

AliExpress fue sancionada por incumplir el reglamento europeo sobre los servicios digitales “que le impone evaluar y mitigar con diligencia los riesgos vinculados a la venta en su plataforma de productos ilegales, peligrosos o falsificados”, anunció la Comisión Europea, tras una investigación de más de dos años.

Se trata de la multa más alta impuesta por Bruselas desde la adopción de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en 2022.

“No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que pusimos en marcha", indicó la empresa en una declaración a la AFP, sin precisar de momento si apelará esta sanción.

El Ejecutivo europeo considera que el sistema de detección de productos prohibidos implementado por AliExpress no funcionaba en absoluto cuando inició su investigación en marzo de 2024.

“Detectamos una gran cantidad de productos falsificados, pero también juguetes y cosméticos peligrosos, que permanecieron mucho tiempo en venta”, explicó a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Además explicó que las sanciones que la plataforma aplicaba a los vendedores que infringían las normas “no eran efectivas”, ya que sus tiendas seguían activas mucho tiempo después. Los vendedores con malas intenciones podían también eludir fácilmente los sistemas de verificación de los productos porque los equipos carecían de personal suficiente.

La sanción obliga al sitio a presentar en un plazo de tres meses medidas destinadas a cumplir con la DSA, bajo pena de multas periódicas.

El año pasado, la Comisión Europea aceptó las iniciativas propuestas por AliExpress para resolver de manera amistosa infracciones detectadas durante sus investigaciones, pero le había advertido que se exponía a una sanción por esos otros motivos.

“Desde la entrada en vigor de la DSA, AliExpress se ha comprometido firmemente a cumplir con sus obligaciones y sigue haciéndolo”, aseguró la plataforma china.

“Respetar las mismas reglas”

En el marco de una investigación paralela, Bruselas impuso en mayo una multa de 200 millones de euros a Temu, otra plataforma china muy popular en Europa, por los mismos motivos, una sanción que la empresa ha impugnado.

También la red social X, del multimillonario Elon Musk, recibió una multa de 120 millones de euros a finales de 2025, pero por incumplir las obligaciones de transparencia previstas por la DSA.

La UE intensifica desde hace meses las normas para proteger su mercado frente a una competencia china que a menudo se considera desleal. Principalmente, mediante un impuesto mínimo de tres euros sobre los paquetes pequeños importados al bloque.

Sin embargo, la Comisión negó haber apuntado a AliExpress por su origen. “Estamos realizando investigaciones sobre varias plataformas en línea, muchas de las cuales tienen su sede en Estados Unidos, y muchas otras en China, pero también en Europa” y “no tomamos en cuenta su origen porque todos los que quieran operar en Europa deben cumplir con las mismas reglas”, subrayó Virkkunen.

Otra plataforma de ventas de origen asiático, Shein, también está en la mira de Bruselas.

(Con información de AFP)

El ejército de Filipinas acusó el lunes a la guardia costera china de golpear con una porra de madera a un marino filipino en el disputado Second Thomas Shoal (Ayungin, en chino), en el mar de China Meridional, causándole heridas y dañando su embarcación. El ataque quedó registrado en video por otros marinos filipinos y desató condenas de funcionarios del país, que destacaron que el personal naval no realizó ninguna acción que pudiera haber derivado en una escalada.

Según el ejército filipino, una lancha inflable de la guardia costera china con ocho tripulantes se acercó al BRP Sierra Madre —el buque encallado que sirve como puesto de avanzada filipino en el arrecife— y maniobró a corta distancia mientras sus ocupantes tomaban fotos y videos. Dos botes de goma filipinos se acercaron para pedirles, de manera no confrontativa, que se retiraran.

“El personal de la guardia costera china reaccionó de manera violenta y agresiva, golpeando en la cabeza a un integrante de la Marina filipina con una porra de madera, causándole heridas y dañando el bote de goma naval”, indicó el comunicado militar. La gravedad de la lesión del marino aún estaba siendo evaluada para determinar si requería una evacuación médica.

“Un claro patrón de comportamiento hostil”, según Manila

El Departamento de Defensa Nacional filipino calificó el hecho como parte de "un claro patrón de comportamiento provocador y hostil" por parte de la guardia costera china, que —afirmó— “contribuye al déficit de confianza y credibilidad” de Beijing.

El ejército filipino remarcó además que “ningún acto de coerción o agresión” los disuadirá de ejercer sus “derechos legítimos” en lo que Manila denomina el mar de Filipinas Occidental. Las autoridades chinas no emitieron de inmediato una declaración sobre el episodio, aunque reiteraron en el pasado su reclamo sobre el atolón y sobre prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, y han exigido a Manila que retire el Sierra Madre, un buque oxidado y deliberadamente encallado en 1999 para reforzar el reclamo territorial filipino.

Un conflicto de larga data en la agenda regional

China reclama casi la totalidad de esta vía marítima estratégica pese a un fallo internacional que determinó que su reclamo carece de sustento legal, y ha protagonizado choques recurrentes con embarcaciones filipinas en la zona. En junio de 2024, personal chino armado con cuchillos, palos y un hacha había atacado a tropas filipinas durante una misión de reabastecimiento al Sierra Madre; un mes después, ambos países habían alcanzado un acuerdo provisorio para este tipo de misiones.

El incidente del lunes se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas: el viernes, Manila había presentado una protesta formal por un video “racista” difundido por medios estatales chinos que representaba a Filipinas como un mono de caricatura.

El episodio ocurre además horas después de que la cancillería filipina confirmara que los cancilleres de ambos países se reunirán esta semana en Manila, en el marco de la cumbre anual de la ASEAN, donde el litigio territorial —que también involucra a Brunéi, Malasia, Vietnam y Taiwán— es uno de los temas centrales de la agenda.

Ambas partes negocian actualmente un pacto de no agresión destinado a evitar un conflicto armado de mayor escala que podría involucrar a Estados Unidos, que se comprometió a ayudar a contener la creciente presión china y a defender la libertad de navegación en la disputada vía marítima.

El Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en el escenario para destacar dos de los mayores emblemas del país: la carne vacuna y la Selección Argentina, con dos mercados estratégicos como China y Estados Unidos en la mira.

Más allá de los alcances de cualquier campaña tradicional, el mensaje implícito es la asociación entre la calidad de la carne argentina con los valores que llevaron a la Selección a la cima del fútbol mundial: trabajo en equipo, esfuerzo, liderazgo, pasión, excelencia y reconocimiento internacional.

Capitalizar la enorme visibilidad del evento deportivo más importante del planeta, permitiría trasladar al consumidor la idea de que detrás de cada corte argentino existe una cadena productiva capaz de competir al máximo nivel, del mismo modo que lo hace el fútbol nacional.

Goles que abren mercados

China continúa siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y concentra actualmente entre el 35% y el 40% del valor exportado por Argentina durante los primeros meses de 2026. En la última década, además, el consumo chino de carne bovina se duplicó y el país llegó a representar cerca del 70% del volumen de las exportaciones argentinas, consolidándose como un mercado imprescindible para toda la cadena cárnica.

Incluso en un contexto de mayores regulaciones comerciales, China mantiene una demanda históricamente elevada. Durante el primer trimestre de 2026 importó alrededor de 869.000 toneladas de carne vacuna, un 27,5% más que en igual período del año anterior, por un valor cercano a los 4.870 millones de dólares. Aunque Beijing implementó este año un nuevo sistema de cuotas y mayores aranceles para proteger a su producción local, la Argentina recibió un cupo de unas 510.000 toneladas, un volumen considerado suficiente para sostener su presencia en ese mercado estratégico.

En Estados Unidos, el consumo de carne vacuna permanece firme pese a los elevados precios internos generados por la escasez de oferta, lo que abrió una oportunidad inédita para las exportaciones argentinas. Las ventas al mercado estadounidense alcanzaron recientemente registros históricos superiores a las 11.000 toneladas en un solo mes, mientras que entre enero y mayo de este año crecieron un 369% interanual, reflejando la creciente demanda por carne de alta calidad.

En ese contexto, y tras el éxito de la primera Semana de la Carne Argentina realizada este año en distintas ciudades estadounidenses, ya fue confirmada una segunda edición para septiembre, con actividades previstas en Miami, Atlanta y Houston. La iniciativa buscará ampliar la presencia de la carne argentina, generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar el crecimiento exportador hacia uno de los mercados más exigentes del mundo.

El Mundial también se juega en las góndolas

La promoción internacional ya no depende exclusivamente de exhibir atributos productivos o comerciales. Asociar la carne argentina con la imagen de una Selección admirada en todo el planeta representa una forma de construir valor agregado, a partir de un fenómeno deportivo capaz de despertar emociones y reconocimiento inmediato en millones de consumidores.

En un escenario global cada vez más competitivo, en el que el fútbol convirtió al país en una referencia mundial de talento y pasión, la carne vacuna busca recorrer ese mismo camino, demostrando que también puede jugar en la primera división del comercio internacional.

La presente nota, publicada el 17 de julio de 2026, sufrió modificaciones, a partir de la recepción de un mail aclaratorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en el que se indica que “las imágenes incluidas en la nota no corresponden a piezas oficiales de campañas del IPCVA”. Asimismo, detallan que “el IPCVA no mantiene ni ha mantenido relación contractual con el Señor Lionel Messi para las campañas mencionadas, ni contó con la participación o autorización de la Selección Argentina, sus jugadores o la Asociación del Fútbol Argentino”

La caída de Zhang Zhidong, alias Brother Wang, alteró la ruta que llevaba precursores químicos desde China hasta laboratorios clandestinos en México, una cadena que, según testimonios recogidos por BBC Mundo y expedientes de Estados Unidos, sostuvo durante años la producción de fentanilo para el mercado estadounidense. Las investigaciones lo situaron desde 2016 como jefe de una red de narcotráfico y lavado de dinero, y su captura, fuga, recaptura y extradición expusieron el peso de un intermediario que, para integrantes del Cártel de Sinaloa, era “el número uno”.

El efecto se reflejó en la operación del negocio. Integrantes del cártel dijeron al medio que, tras su detención, conseguir precursores “se volvió realmente difícil”, mientras la DEA detectó una baja en la pureza del fentanilo que consideró consistente con problemas de abastecimiento entre fabricantes instalados en México.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Zhang habría estado ligado a la exportación y distribución de 1,800 kg de fentanilo, 1,000 kg de cocaína y 600 kg de metanfetamina. También le atribuyeron el manejo de más de USD 150 millones al año en ganancias derivadas del narcotráfico.

La ruta de precursores unió fabricantes chinos con laboratorios del narco en México

Miembros del Cártel de Sinaloa entrevistados bajo condición de anonimato atribuyeron a Zhang la creación de la ruta de suministro entre fabricantes chinos de químicos y operadores del crimen organizado mexicano. Según esos testimonios, su dominio del español, sus vínculos con proveedores en China y su capacidad para relacionarse con distintos actores lo volvieron un enlace estratégico.

La publicación recogió el testimonio de Enrique, nombre ficticio de un coordinador de alto nivel dentro del cártel, quien resumió su peso con una frase: “El hermano Wang era muy importante. Era el número uno”. Desde un coche estacionado en las afueras de Culiacán, explicó cómo los ingredientes para fabricar fentanilo cruzaban miles de kilómetros desde fábricas chinas hasta laboratorios clandestinos en México.

Para las autoridades de Estados Unidos, Zhang no solo conectaba el suministro químico. El Departamento de Justicia lo acusó de coordinar una estructura financiera apoyada en empresas fantasma para ocultar el origen ilícito del dinero y de introducir cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos.

Cuando compareció ante un tribunal de Nueva York en 2025, el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche lo describió como uno de “los traficantes más peligrosos del mundo”. Zhang se declaró inocente y quedó a la espera de juicio; su abogado rechazó comentar el caso mientras seguía abierto.

El expediente estadounidense sostuvo que, desde junio de 2016, Zhang dirigía una organización de gran escala dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Según la DEA, su estructura habría operado principalmente desde Los Ángeles, California, y Atlanta, Georgia, con extensión hacia América Latina, Europa y Asia, además de vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Su perfil era poco común, según especialistas y personas que lo conocieron

Especialistas consultados por BBC Mundo consideraron que perfiles como el de Zhang eran escasos dentro de esta cadena criminal. Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime, explicó que estos intermediarios ocupaban un punto de enlace entre productores químicos en Asia, organizaciones criminales en México y redes de distribución en Estados Unidos.

Dittmar dijo que las personas con el alcance que se le atribuía eran “bastante singulares” y “son clave para la cadena de suministro”. También señaló que no era frecuente encontrar a alguien capaz de conectar tres regiones en una misma operación.

La reconstrucción del medio ubicó el origen de esa trayectoria fuera del narco. Zhang se graduó en 2010 en la Universidad de Pekín con una licenciatura en Filología Hispánica, y un año después viajó a México para trabajar en una empresa minera de capital chino dedicada a la extracción de hierro.

Alex, nombre ficticio de un excompañero de universidad y de trabajo, lo recordó como un joven con facilidad para negociar, ingenio y capacidad de adaptación. También afirmó que hablaba un español sobresaliente, con dominio del lenguaje coloquial y un marcado acento de Pekín.

Ese mismo testigo aseguró que hacer negocios en México implicaba en ocasiones tratar con grupos criminales que controlaban zonas del país, y sostuvo que Zhang estableció relaciones con personas influyentes tanto del lado oficial como del no oficial. Según su versión, le atraían el riesgo y la imprudencia.

Alex relató que, tras la quiebra de la minera en 2013 y su regreso a China, Zhang decidió permanecer en México. Uno o dos años después comenzó a ofrecer en un grupo de exalumnos de WeChat el cambio de dólares a tasas preferenciales, una actividad que su excompañero interpretó como posible lavado de dinero.

La detención, la fuga y la extradición exhibieron su peso en el negocio

Otro integrante del cártel, identificado como Luis, recordó una reunión en 2019 en la que sus jefes le pidieron vigilar mientras Zhang “vino a ofrecer sus productos”. Dijo que esos productos eran precursores químicos para fabricar fentanilo y que, en los hechos, fue quien introdujo esa rama del negocio en el grupo.

Luis contó que después se convirtió en “cocinero” de fentanilo dentro de un laboratorio clandestino. Afirmó haber visto morir al menos a cinco cocineros y atribuyó esas muertes a filtraciones de sustancias químicas a través de la ropa de protección.

Las autoridades mexicanas detuvieron a Zhang en octubre de 2024 en CDMX tras trabajos de inteligencia y cooperación internacional. Aunque enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, un juez le concedió prisión domiciliaria.

El 11 de julio de 2025 escapó de la vivienda donde permanecía bajo resguardo mediante un túnel, en una evasión que recordó las fugas atribuidas a Joaquín “El Chapo” Guzmán. El caso activó una ficha roja de Interpol y un operativo de búsqueda internacional.

Las autoridades sostuvieron que intentó entrar a Rusia con documentación falsa, pero su ingreso fue rechazado. Después viajó a Cuba con un pasaporte falso y ahí fue recapturado; este jueves se informó que ya había sido extraditado a Estados Unidos.

La propia detención alteró el suministro, según los testimonios recogidos por el diario. Enrique dijo que Zhang era “el que tenía los contactos” en China y que, tras su salida, los cárteles tuvieron que “empezar de cero y construir una nueva ruta”.

Ese vacío no significó el fin de la operación. El mismo Enrique afirmó que ya había otro ciudadano chino en la mira para ocupar ese espacio, aunque evitó dar detalles por seguridad.

Otro miembro del cártel, encargado del traslado de mercancías y personal, sostuvo que Zhang dejó conexiones que permitieron seguir adelante. Su conclusión fue directa: “Si él se va, alguien más tomará su lugar... el negocio no se detendrá.”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió este sábado que adoptará medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas ante la nacionalización de British Steel por parte del Reino Unido, decisión que Pekín calificó de “apoderamiento por la fuerza” y que, según el régimen chino, socava la confianza de los inversores del país asiático en el mercado británico.

La advertencia se produce dos días después de que el gobierno del primer ministro Keir Starmer formalizara la transferencia de la siderúrgica a manos públicas, con efecto inmediato, tras la aprobación real de la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero. La empresa era propiedad de la gigante siderúrgica privada china Jingye, que adquirió British Steel después de años de pérdidas acumuladas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló en un comunicado, recogido por la agencia de noticias Reuters, que “el asunto ha suscitado una gran atención en China”. El texto advirtió que “la forma en que Reino Unido gestione este asunto afectará de forma directa a la confianza de los inversores chinos en el clima de inversión del país y determinará la percepción que tiene la opinión pública china sobre la credibilidad del Gobierno británico".

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Comercio chino fue más explícito al rechazar los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por Londres. Según informó Reuters, el funcionario afirmó que Jingye había inyectado “fondos sustanciales” en la siderúrgica y que su gestión permitió mantener la operación y preservar los puestos de trabajo. En ese marco, acusó al ejecutivo británico de ignorar “las importantes contribuciones de Jingye” a la economía del Reino Unido.

Pekín instó al gobierno de Starmer a cumplir con el Acuerdo de Protección de Inversiones China-Reino Unido y a tratar a las empresas chinas “de manera justa y equitativa”. El Ministerio de Relaciones Exteriores también reclamó que se busque una solución mutuamente aceptable que incluya acuerdos de indemnización, en línea con la posición expresada la semana pasada por la propia Jingye, que exigió compensación por las pérdidas derivadas de su inversión.

La nacionalización de British Steel revierte una privatización que data de 1988, durante el gobierno de Margaret Thatcher. El proceso se aceleró en abril de 2025, cuando el ejecutivo británico asumió el control operativo de la compañía ante el riesgo de que Jingye cerrara la planta de Scunthorpe, lo que habría puesto en peligro cerca de 3.000 empleos. La medida fue bienvenida por los sindicatos británicos, que destacaron que aportará mayor estabilidad a una industria que atravesó numerosas dificultades en los últimos años.

El gobierno británico explicó que “años de exceso de capacidad mundial, competencia desleal y elevados costes operativos” dificultaron la competitividad del sector siderúrgico en el país. Tras no alcanzar un acuerdo con Jingye que fuera “beneficioso para el contribuyente”, según detalló Reuters, el ejecutivo optó por la nacionalización. La ley aprobada contempla el nombramiento de un tasador independiente para determinar si corresponde alguna indemnización a la empresa china.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Reino Unido para fortalecer la industria del acero: en marzo se fijó el objetivo de que hasta el 50% del acero utilizado en el país sea producido localmente, los contingentes de importación exentos de aranceles se redujeron en un 51% y se otorgó una ayuda de 500 millones de libras (585 millones de euros) a la multinacional india Tata Steel para la transformación ecológica de su planta de Port Talbot, en Gales.

La guerra tecnológica marca la prioridad que John Ratcliffe, director de la CIA, dijo haber fijado en la agencia de inteligencia norteamericano, con China como rival principal. En una conversación en el Army War College, sostuvo que la agencia reorganizó su estructura para incorporar antes herramientas de inteligencia artificial (IA), capacidades cibernéticas y otros sistemas emergentes.

Las recientes operaciones encubiertas lideradas por la CIA demuestran el impacto directo de la tecnología avanzada en el éxito de las misiones estadounidenses. Al respecto, Ratcliffe recordó la Operación Martillo de Medianoche en Irán y la intervención en Venezuela para capturar el ex dictador Nicolás Maduro.

“Operaciones como Martillo de Medianoche, donde logramos introducir 120 aviones en Irán para atacar instalaciones nucleares sin que el régimen pudiera responder, son posibles solo si contamos con una imagen de inteligencia perfecta”, explicó.

“Logramos insertar doscientos operadores especiales en el mayor complejo militar de Venezuela para capturar a Maduro en tres minutos y medio, y en la Operación Furia Épica recuperamos a un piloto de F-15 derribado”, agregó Ratcliffe, quien aseguró que estas acciones son resultado directo de “desplegar tecnologías de punta mejor que nuestros adversarios”.

En ese sentido, planteó la rivalidad en términos amplios y diferenció al régimen chino de Rusia: “Rusia compite con nosotros en el frente tecnológico, pero China es distinta. Somos la mayor economía del mundo y China la segunda. Rusia tiene una economía comparable al tamaño de mi estado natal, Texas, por lo que debe elegir dónde competir. China, en cambio, compite en todos los frentes”.

La preocupación por el avance tecnológico chino volvió a quedar patente en el análisis de Ratcliffe, quien advirtió sobre el impacto de la supremacía en áreas como la inteligencia artificial (IA) y las telecomunicaciones: “Si China obtiene una ventaja tecnológica, como ocurrió con el caso de Huawei y el 5G, enfrentamos un problema real. No podemos permitir que eso suceda”.

La CIA ha llevado a cabo una transformación profunda en su estructura tecnológica interna. El propio Ratcliffe relató que elevó el área de ciberseguridad a misión central y creó la Dirección de Sistemas de Misión para adaptar la arquitectura tecnológica de la agencia. Según su relato, esa reforma buscó que la agencia pudiera incorporar nuevas herramientas sin quedar rezagada. “Queremos estar en una posición en la que nuestros oficiales estén siempre en la vanguardia”.

Ratcliffe también vinculó esa transformación con una relación más estable con empresas y universidades. “Lo primero que hice fue crear una Oficina de Alianzas Corporativas para que hubiera un punto único de acceso y no un enfoque improvisado”.

El jefe de la CIA puso como ejemplo una frase que dijo en su audiencia de confirmación. “Estados Unidos es el único país del mundo que puede estacionar en paralelo un cohete de 60,96 metros”, afirmó, en alusión a alianzas con compañías como SpaceX.

A partir de ahí, cargó contra los tiempos anteriores para incorporar tecnología. “Cuando llegué, nuestro proceso de adquisiciones era de 24 meses para una adquisición de alcance empresarial, seguido de nueve meses de evaluación de seguridad”: “Tres años para incorporar tecnología: cuando la incorporas, ya está anticuada”. Ratcliffe sostuvo que, tras cambiar el marco de adquisiciones y sumar un ejecutivo de compras, la agencia completó 400 adquisiciones de alcance empresarial en seis meses.

Por su parte, Ratcliffe también se refirió al conflicto en Ucrania, que describió como una muestra de cómo la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y el ámbito cibernético alteran la economía y la guerra. “Está reescribiendo las reglas en todos los frentes”.

Luego se detuvo en el campo de batalla. “La esperanza de vida media de un recluta ruso que llega ahora mismo al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 30 minutos”, aseguró, y atribuyó esa situación al peso de sistemas baratos y precisos. “Los drones impulsados por inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar especializadas y de bajo costo”.

Ratcliffe defendió que esa evolución explica la resistencia ucraniana: “Cuatro años y medio después, una fuerza inferior ha frenado a la fuerza superior de Rusia contra Ucrania”.

También citó un dato territorial para reforzar su argumento. Cuando llegó a la CIA, hace 18 meses, Rusia ocupaba el 19% de Ucrania; ahora ocupa el 20%, afirmó. Presentó ese avance limitado como señal de que la guerra asimétrica y los drones actúan como un gran igualador.

En el tramo final de la conversación, Ratcliffe vinculó la competencia tecnológica con la captación de personal. “La mayor ventaja, cuando hablamos de talento, son los principios fundacionales y democráticos del país en el que vivimos”.

Desde esa base, contrapuso el sistema estadounidense al chino. “El modelo chino es robar, replicar y reemplazar”, dijo, y añadió que el Estado chino toma innovaciones occidentales, las reproduce y las subvenciona.

Frente a eso, Ratcliffe defendió una lógica interna de mérito en la CIA. “Somos una meritocracia. Llegarás tan alto y tan lejos como te lleven tu trabajo, tu determinación y tus capacidades”.

El director sostuvo que la exposición pública de ciertas operaciones también tiene efecto sobre el reclutamiento. Remarcó que las cifras de captación están “fuera de serie” porque, cuando la gente ve resultados en operaciones como Resolución Absoluta o Martillo de Medianoche, quiere formar parte de ese trabajo. Bajo esa lógica, el mensaje final de Ratcliffe fue que los resultados operativos no solo sirven para medir capacidad frente a los adversarios. También refuerzan el atractivo de la agencia ante perfiles técnicos que buscan un lugar donde su desempeño tenga recompensa.

“Estamos abiertos a recibir talento, siempre buscamos a los mejores. La innovación, la creatividad y el mérito seguirán siendo nuestro mayor diferencial”, concluyó.

La Cumbre de la OTAN realizada en Turquía arrojó un resultado ambivalente. En su fase inicial Donald Trump insistió en sus críticas: repitió calificativos, como “tigres de papel” para referirse a los socios europeos de la Alianza militar occidental. También recriminó la falta de solidaridad con Estados Unidos en la guerra contra Irán.

Planteó críticas a las demoras en el aumento del gasto militar de algunos países acordado el año pasado y no negó el retiro de fuerzas estadounidenses del territorio europeo que ya había sido anunciado. Pero después buscó atenuar esta posición. Lo hizo fundamentalmente con la coincidencia con los socios europeos en mantener por ahora el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. Esto permitió que la Cumbre finalizara sin que se produjera una ruptura ni formal ni anímica. Es decir, se evitó el peor escenario, pero sin lograr una coincidencia de fondo ni obtener ninguna garantía del comportamiento de Trump en los próximos meses.

Para el presidente estadounidense, sus socios europeos no están cumpliendo el artículo 5° de la carta de la OTAN que exige que si un país es atacado, los demás deben concurrir en su defensa. Para los integrantes europeos, este artículo sólo rige cuando es atacado, no cuando agrede. No es una divergencia menor frente a posibles choques aislados que se produzcan entre Rusia y los países de Europa Central y Oriental, lo que podría intensificarse en los próximos meses.

La actitud europea posterior a la Cumbre fue parcial y quizás precipitada. Doce de los treinta miembros europeos de la OTAN constituyeron una “comunidad” para unificar industrias y proyectos militares. Se trata del Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia y Turquía. Los antecedentes de esta política no son buenos, ya que un mes atrás Francia y Alemania suspendieron el proyecto de industria militar binacional más importante de Europa: el caza franco-alemán.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por instrucción de Trump, convocó a ministros de más de sesenta países a un encuentro en Washington el 16 de julio, para coordinar estrategias contra lo que la Casa Blanca califica como un resurgimiento del “terrorismo transnacional de extrema izquierda”. No es un acuerdo fácil. Ya la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha sido fuertemente criticada por aceptar que su país concurra a la reunión inicial. Los objetivos del encuentro son fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la coordinación entre agencias de seguridad frente a organizaciones que Washington considera violentas o anarquistas, como el movimiento “Antifa” y las organizaciones pro-palestinas. El criterio para incluir a una organización dentro de la lista de terroristas en estos términos ya ha generado polémica.

En Medio Oriente, Estados Unidos ha reanudado la guerra, rompiendo definitivamente la tregua de sesenta días alcanzada el 17 de junio. Esto implica que las negociaciones mantenidas durante una guerra de “baja intensidad” se interrumpen. Pakistán, Egipto y Qatar han hecho un llamado a la prudencia a Irán frente a la decisión estadounidense. Cabe señalar que el régimen iraní respondió a los ataques estadounidenses a las bases iraníes en torno a Ormuz lanzando centenares de misiles y drones.

Irán, a su vez, atacó con el mismo tipo de armamento a cuatro monarquías del Golfo: Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Lo hizo a las bases militares estadounidenses desplegadas en estos países. No lo hizo sobre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita comenzó a ser parte del conflicto militar. Los drones yemeníes fueron disparados sobre el principal país del Golfo Pérsico, el que está enfrentado política y religiosamente con Irán. A eso se agrega que la minoría chiíta de Irak va estrechando sus lazos con Hamas, Hezbollah y Teherán.

La ocupación de un sector de El Líbano por parte de Israel es otro elemento del conflicto. Trump había dicho que ocuparía el estrecho de Ormuz e iba a cobrar “peaje” a los barcos petroleros que lo crucen, pero ante los múltiples rechazos -incluso entre sus propios aliados políticos-, el presidente estadounidense decidió suspender esta decisión. Sin embargo, la sola posibilidad de hacerlo ha generado un drástico aumento en el precio del petróleo y una percepción de que la guerra puede continuar e incluso amplificarse.

Trump dio precisiones sobre sus pasos previstos en la escalada militar. De acuerdo a información periodística, dijo: “Vamos a destruir Picaxe Mountain. Díganles a los iraníes que estén preparados”. La frase volvió a poner el foco en Kuh-e Kolang Gaz La, una montaña ubicada en el ya castigado complejo nuclear de Natanz, y que es conocida por Washington bajo el nombre de Picaxe Mountain (Montaña Pico). Se trata de una de las instalaciones subterráneas más misteriosas, profundas y fortificadas de Irán. No es claro que las bombas anti-búnkeres como las estadounidenses -las más potentes del mundo- tengan la capacidad de destruir este complejo nuclear subterráneo, que se encuentra a un kilómetro y medio al sur de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Hay indicios de que las construcciones más profundas en esta montaña se están ampliando. La OIEA, por su parte, no ha pedido inspeccionar el lugar. Cabe señalar que un eventual ataque a Picaxe Mountain presenta varias complicaciones. La más importante es que, en el caso de que el bombardeo tenga éxito, esto podría desperdigar por la zona el uranio enriquecido al 60% que tendría Irán. En términos militares, el desafío más importante para la operación son los túneles, que están protegidos por una enorme masa de roca granítica. Según las últimas estimaciones, sus sectores más profundos podrían quedar fuera del alcance incluso de las bombas anti-búnkeres estadounidenses.

Probablemente el presidente Trump se encuentre frente a su decisión más arriesgada en lo que va de un conflicto que ha decidido continuar e incluso ampliar, provocando respuestas de Irán en el plano militar.

En medio del choque diplomático entre Bruselas y Pekín, el gigante asiático ha encontrado en España la puerta para expandir su mercado en el Viejo Continente. La guerra comercial iniciada en 2024 entre la Unión Europea, Estados Unidos y China obligó a Pekín a sortear los aranceles deslocalizando algunas fases del proceso de producción en el propio territorio de la Unión Europea. Las buenas migas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder chino, Xi Jinping, se han traducido en el futuro aterrizaje de los gigantes empresariales asiáticos en suelo español.

SAIC Motor, propietaria de la marca de coches MG —que en su día fue la responsable de que por primera vez un coche chino fuera el vehículo más vendido de España—, escogió la localidad gallega de Ferrol para desplegar su primera fábrica en Europa. También lo hizo en 2024 la automovilística Chery (propietaria de Omoda y Jaecoo), que colocó la primera ficha en el tablero de Europa en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat, donde abrió su primer centro de operaciones europeas y un instituto de I+D.

La ‘mancha roja’ se extiende también a Zaragoza, donde uno de los proyectos exhibidos durante la campaña electoral autonómica del popular Jorge Azcón ha sido el acuerdo entre el grupo Stellantis y la compañía china CATL para construir allí una planta de baterías, que debería empezar a producir de aquí a finales de 2026, con una inversión de hasta 4.100 millones de euros. Otras marcas aumentarán su presencia, como Hunan Yuneng New Energy Battery, que levantará en Mérida otra planta para materiales catódicos. Y en España también aterrizará Hithium, que invertirá 400 millones en una gigafactoría de baterías después del acuerdo alcanzado con el Gobierno el pasado mes de abril.

El país con más sol, viento y agua

Diego Sande es uno de los pocos economistas españoles que ha conseguido descifrar el hermético mercado chino. Cuenta en una conversación con Infobae que el “desconocimiento generalizado” sobre la cultura empresarial china le llevó a crear hace dos años un posgrado especializado en política y comercio en la Universidad de Santiago de Compostela. “Son dos asuntos inseparables para China”, explica.

El profesor destaca que hay varios factores que han condicionado el acercamiento entre Pekín y España. “Es una relación win-win”, explica. Por un lado, España necesita inversión, sobre todo industrial, que le acerque al objetivo del 20% que marca Bruselas.

Por otro lado, Sande señala que España es interesante porque cuenta con conocimientos en sectores estratégicos en los que participa productivamente, además de jugar un rol importante como puente de comunicación con América Central y Latinoamérica. Y no hay que dejar de lado, subraya Sande, que la mano de obra es más barata que en el resto de países de Europa que son potencias industriales.

Uno de los sectores que genera más interés mutuo es el de las renovables. La guerra en Ucrania y el cierre del estrecho de Ormuz han destapado las vulnerabilidades de una Europa que ha dependido en exceso de los combustibles fósiles. En este contexto, la apuesta española por la energía verde ha posicionado al país como la gran referencia europea en este sector. Y la consecuencia es clara: producir en España resulta hoy energéticamente más barato que en otros grandes países europeos, y esa diferencia le coloca como la oportunidad perfecta para convertirse en la gran fábrica europea de IA, el santo grial de las tecnologías del futuro.

Pero una excesiva dependencia de los productos chinos también conlleva riesgos inherentes, reconoce el experto. España y el conjunto de Europa presentan un importante déficit comercial con el régimen de Pekín porque China exporta mucho y consume poco. Es por eso que Europa ha acelerado acuerdos con países más allá de los gigantes chino y estadounidense, entre ellos la India, el bloque del Mercosur, Australia o Canadá. “La dependencia china es un asunto que también hay que abordar en un futuro”, advierte.

Un deslizamiento de tierra en las afueras de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, dejó al menos ocho muertos y 34 desaparecidos este viernes tras sepultar cerca de diez edificios residenciales.

El corrimiento se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana (hora local) en la localidad de Hanjia, condado de Pengshui, al pie de una ladera montañosa. Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV mostraron una masa de tierra y rocas desplomándose sobre una calle con viviendas y comercios, mientras vecinos huían entre una densa nube de polvo. Más de 1.100 residentes fueron evacuados de la zona, informaron autoridades locales y los medios oficiales.

De las 18 personas extraídas con vida de entre los escombros, ocho fallecieron posteriormente; otras dos quedaron con heridas graves. El alcalde del condado, Ren Xujiang, confirmó el balance en rueda de prensa y precisó que los equipos de rescate accedieron al lugar con excavadoras para retirar los restos de estructuras derrumbadas que bloqueaban una calzada principal. Dos edificios de aproximadamente cinco y 15 pisos resultaron dañados pero permanecían en pie.

Un funcionario local advirtió que el relieve escarpado e inestable de la zona, sumado a la amenaza de corrimientos adicionales, dificultó el avance de los trabajos. Para reducir riesgos, las autoridades cortaron el suministro de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro del área afectada.

El Ministerio de Gestión de Emergencias activó el nivel 2 de respuesta nacional ante desastres geológicos —el segundo más alto del sistema chino— y desplegó más de 800 efectivos en el terreno. El gobierno envió también más de 8.000 artículos de ayuda, entre tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para las familias desplazadas.

El presidente Xi Jinping ordenó investigar las causas del desastre, extraer lecciones y eliminar otros peligros geológicos latentes en el país. El Ministerio de Hacienda, en coordinación con el de Gestión de Emergencias, destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para sostener las operaciones de búsqueda y brindar asistencia a los damnificados.

El condado de Pengshui, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou, está atravesado por el río Wujiang entre montañas kársticas, un tipo de paisaje propenso a la inestabilidad del suelo tras períodos de lluvia intensa. El siniestro ocurrió menos de dos semanas después de otro corrimiento en la provincia noroccidental de Gansu, que dejó 21 muertos y 12 desaparecidos.

(Con información de AP, AFP y Europa Press)

La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China ha colocado a México en una encrucijada geopolítica. Sin embargo, asumir que el país debe elegir alinearse solo con una de estas potencias sería un error estratégico, según advierte el Dr. Juan Carlos Angulo, académico de la Universidad Iberoamericana.

El especialista aseguró que la mejor ruta para la nación es diseñar una política exterior que le permita fortalecer sus lazos económicos con EEUU y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que surgen en Asia.

En su análisis titulado “Entre la marea rosa y la ola azul del Pacífico”, difundido por el Departamento de Economía de la IBERO, Angulo examina los cambios globales que impactan a América Latina y, en particular, a México. El investigador señaló que el epicentro financiero mundial se está desplazando hacia el Indo-Pacífico, una región que lidera en comercio, innovación y competencia tecnológica.

Este panorama representa tanto desafíos como oportunidades para la economía mexicana, que necesita respuestas flexibles y una visión pragmática para no perder relevancia en un entorno internacional cada vez más competitivo.

Limitaciones de México en su política internacional con América del Norte

El contexto actual exige que México no limite su política internacional exclusivamente a América del Norte, aun cuando la relación con Estados Unidos sigue siendo vital gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Enfocarse solo en este vínculo podría implicar dejar pasar opciones valiosas de cooperación e inversión que provienen del dinamismo asiático.

El análisis destaca que China ha ampliado su presencia en América Latina mediante financiamiento en infraestructura y comercio, mientras que el gobierno estadounidense busca recuperar su peso en la región. Frente a este panorama, el académico sostiene que el país puede beneficiarse de una estrategia basada en la diversificación y el pragmatismo, evitando caer en una lógica de confrontación o exclusividad.

En respuesta directa a la cuestión sobre qué actitud debe adoptar México ante la competencia entre las dos principales economías del mundo, el planteamiento es claro: debe desarrollar una estrategia que saque provecho de las fortalezas de ambos vínculos globales. Así, podría impulsar su desarrollo nacional y reducir la vulnerabilidad ante cambios externos.

El rol estratégico de la Alianza del Pacífico

Entre los mecanismos disponibles para fortalecer la posición nacional, destaca la relevancia de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Colombia y Perú. Pese a las dificultades políticas recientes, la colaboración mantiene un potencial considerable para fomentar la integración económica, diversificar las exportaciones y facilitar la entrada de los países latinoamericanos en las cadenas globales de valor, especialmente aquellas que se concentran en el Indo-Pacífico.

Según el especialista, la región debe cuidar su autonomía y evitar quedar atrapada en la confrontación entre Estados Unidos y China. Para ello, resulta indispensable fortalecer la cooperación regional y negociar con diferentes actores internacionales, priorizando los intereses propios de desarrollo y crecimiento.

En el caso específico de México, la posición geográfica privilegiada facilita la cercanía con el mercado estadounidense y, a la vez, proporciona una plataforma para expandir los vínculos con Asia. Adoptar una visión de largo plazo permitirá al país aprovechar tanto la estabilidad que ofrece Norteamérica como el dinamismo económico del Pacífico, donde se prevé que se concentrará el crecimiento mundial durante los próximos años.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un duro discurso este jueves por la noche, donde denunció injerencias del régimen de Beijing en las elecciones norteamericanas desde 2020. “Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó Trump. Según indicó, la documentación desclasificada muestra que la autocracia comandada por Xi Jinping obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.

Sin embargo, no es la primera vez que se acusa a Beijing de intentar influir en los procesos democráticos de otros países. Tal como hace Rusia -su socio en diversas arenas internacionales, como Ucrania-, el régimen intenta colocar candidatos afines en naciones distantes o generar caos y desconfianza popular en el sistema electoral.

Diversos informes y análisis, entre ellos el documento “Interferencia electoral extranjera de China: una visión general de su impacto global” del think tank sueco Swedish National China Centre, advierten sobre una estrategia sistemática de intervención electoral desplegada por el régimen chino en múltiples países. Este fenómeno involucra una combinación de métodos tradicionales, tácticas de inteligencia y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, con el objetivo de favorecer a partidos y candidatos alineados a los intereses de Beijing o debilitar posturas críticas.

Según el documento, la piedra angular de la injerencia china es el trabajo del Frente Unido, una estructura político-ideológica del Partido Comunista Chino (PCC) orientada a influir en actores fuera del partido y, especialmente, fuera de las fronteras nacionales. El Frente Unido moviliza a la diáspora china, establece redes entre empresarios, académicos y asociaciones culturales, y mantiene canales fluidos con cámaras de comercio y grupos comunitarios. Estos actores operan como vehículos para transmitir mensajes, canalizar recursos y presionar a figuras políticas en los países anfitriones.

El caso de Taiwán se describe como el laboratorio principal de la injerencia electoral china, donde se ha aplicado casi la totalidad del repertorio de tácticas, incluyendo amenazas militares, financiamiento ilegal, manipulación mediática y uso de empresas y crimen organizado local. Ejemplos concretos incluyen la coordinación para influir en alianzas electorales, la apertura de cientos de miles de cuentas falsas para atacar a candidatos rivales y la presión directa sobre empresarios como el fundador de la gigante Foxconn, Terry Gou Tai Ming. La experiencia taiwanesa demuestra que la interferencia china puede llegar a definir el terreno político y polarizar a la sociedad, aunque no siempre logra su objetivo de favorecer a candidatos pro-Beijing.

Fuera de Taiwán, el informe documenta casos relevantes en Canadá y Australia, donde se han detectado donaciones electorales a candidatos específicos, campañas de intimidación y esquemas de compra de votos dentro de la diáspora china. En el caso canadiense, la interferencia buscó favorecer al Partido Liberal, mientras que en Australia se han registrado intentos de financiación ilícita y ciberataques dirigidos a partidos y parlamento. En ambos países, estas acciones han generado debates públicos sobre la integridad democrática y la necesidad de mayor vigilancia y regulación ante la sofisticación y persistencia de la injerencia china.

Un ejemplo paradigmático se observa en Australia, donde las investigaciones de The Sydney Morning Herald y ABC News han documentado cómo empresarios vinculados al Frente Unido realizaron donaciones millonarias a partidos políticos, generando alertas sobre la influencia de intereses chinos en la agenda nacional. En 2017, el caso del senador Sam Dastyari llevó a su dimisión tras revelarse que había aceptado fondos de empresarios conectados a Beijing y había adoptado posiciones favorables a China en temas sensibles, como el Mar de China Meridional.

Un ejercicio práctico e interesante para cada país: ¿cuáles son los políticos y dirigentes que más aplauden o se preocupan por abrir más puertas a China? Quizás allí se encuentren vínculos llamativos.

Donaciones, presión y cooptación política

El financiamiento encubierto de campañas y la cooptación de figuras políticas constituyen otra táctica frecuente. La inteligencia australiana advirtió que China intentó “comprar” influencia a través de donaciones políticas no declaradas y esquemas de lavado de dinero. En Nueva Zelanda, un informe de inteligencia de 2023 señaló: "Existe un pequeño número de estados que llevan a cabo injerencia extranjera en Nueva Zelanda, pero su capacidad para causar daño es significativa“, señaló el informe, citando a China, Rusia e Irán como los principales responsables. "Lo más notable es el continuo objetivo sobre las diversas comunidades chinas étnicas de Nueva Zelanda. Observamos que estas actividades son realizadas por grupos e individuos vinculados al brazo de inteligencia de la República Popular China“.

En Canadá, The Globe and Mail publicó informes de organismos de inteligencia que habían detectado intentos de manipulación electoral en distritos con alta densidad de votantes de origen chino, incluyendo campañas de presión para orientar el voto hacia candidatos prorrégimen y el uso de incentivos económicos. Según el documento analizado, la movilización de la diáspora es un componente central: líderes comunitarios transmiten directrices sobre a quién apoyar y, en ocasiones, operan esquemas de compra de votos. La investigación del Canadian Security Intelligence Service (CSIS) identificó que el consulado chino en Vancouver utilizó donaciones en efectivo no declaradas, campañas de desinformación y coacción de inmigrantes chinos vulnerables para influir en las elecciones de 2021.

Amenazas, intimidación y represión transnacional

El régimen chino recurre también a la intimidación directa contra candidatos, activistas y familiares, tanto en el país objetivo como en China. El caso de Taiwán es ilustrativo: en cada ciclo electoral, Beijing despliega campañas de hostigamiento público y privado contra políticos críticos, acompañadas de amenazas a familiares residentes en territorio chino. El documento destaca que esta táctica busca disuadir la participación o forzar la moderación de discursos incómodos para los intereses del PCC.

En Estados Unidos, el FBI ha reportado casos en los que agentes chinos intentaron presionar a disidentes y activistas a través de amenazas telefónicas y vigilancia, incluso organizando “visitas” de funcionarios chinos para advertir sobre las consecuencias de mantener ciertas posturas políticas. La denuncia de Trump parecería dar volumen a esa investigación y las hechas en otras latitudes.

Campañas de información, desinformación y manipulación mediática

La manipulación del flujo informativo es otro pilar de la injerencia electoral china. El PCC utiliza una combinación de medios estatales, portales digitales, redes sociales y “granjas de contenido” para difundir mensajes favorables, desacreditar a rivales y sembrar confusión. Plataformas como WeChat, muy popular entre la diáspora china, han sido empleadas para propagar noticias falsas y orientar la opinión pública.

Un caso documentado ocurrió durante las elecciones presidenciales de Taiwán en 2020. Según el informe “Interferencia electoral extranjera de China”, Beijing promovió campañas de desinformación que incluían la difusión de rumores sobre la salud de la expresidenta Tsai Ing-wen y teorías conspirativas sobre supuestos complots occidentales. Reuters informó que estas maniobras estuvieron acompañadas de una intensa actividad en redes sociales y la circulación de videos manipulados para erosionar la confianza en el proceso democrático.

"Las campañas de información en línea, incluidas las de desinformación, han aumentado exponencialmente en importancia a nivel mundial en los últimos años. En la última década, la manipulación de información en las redes sociales se ha convertido en un método estándar de injerencia política extranjera. En China, tales acciones se consideran una rama de la actividad militar, conocidas de diversas maneras como ‘guerra de la opinión pública’, ‘guerra psicológica’ o ‘guerra cognitiva‘”, señala el informe elaborado por Alexis von Sydow para la Swedish National China Centre.

Ciberataques y sabotaje digital

El uso de ciberataques constituye una herramienta cada vez más sofisticada en el arsenal de injerencia china. El documento analizado señala que actores vinculados al Ejército Popular de Liberación y al Ministerio de Seguridad del Estado han ejecutado campañas de hackeo contra partidos, funcionarios y sistemas electorales. Estas operaciones incluyen el robo de información sensible, ataques de phishing y sabotaje de infraestructura digital.

Durante las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2018, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) advirtió sobre intentos de hackeo dirigidos a bases de datos electorales y plataformas de registro de votantes. Aunque no se reportaron alteraciones en los resultados, las autoridades subrayaron la capacidad china para comprometer la integridad de los sistemas.

"Antes de la era de las campañas de información en línea, la principal amenaza de interferencia digital eran los ciberataques“, señala el informe.

Presión económica y coacción empresarial

Además de estas maniobras descriptas, China utiliza su peso económico como instrumento de presión política. El documento describe casos en los que empresas con intereses en el gigante asiático han sido inducidas a financiar campañas o respaldar a candidatos específicos, bajo amenaza de restricciones comerciales o incentivos para quienes colaboren. En República Checa, el ex presidente Miloš Zeman promovió una agenda pro-China tras recibir apoyo de empresarios con inversiones en ese país, lo que generó cuestionamientos sobre la autonomía de la política exterior checa.

En algunos contextos, la injerencia china se ha vinculado a redes de crimen organizado. En Taiwán, investigaciones de The Taipei Times han revelado la colaboración entre agentes del Frente Unido y grupos criminales locales para distribuir propaganda, intimidar a opositores y movilizar fondos ilícitos durante campañas electorales.

La presión militar directa ha sido empleada principalmente contra Taiwán. Cada ciclo electoral en la isla va acompañado de ejercicios militares, sobrevuelos de aviones y declaraciones públicas que buscan generar un clima de inestabilidad e influir sobre el electorado. Reuters reportó que estas maniobras forman parte de una estrategia de “zona gris” cuyo propósito es erosionar la moral pública y minar la confianza en el liderazgo local.

El documento destaca que, si bien Taiwán ha sido el laboratorio principal, las tácticas chinas se han exportado y adaptado a contextos como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, países de Europa Oriental y naciones del Sudeste Asiático. El patrón común es la articulación de múltiples métodos de forma simultánea, la rápida adaptación táctica y el aprovechamiento de vacíos legales en materia de financiamiento político y regulación digital.

Diversos países han comenzado a adoptar medidas para frenar la injerencia china, desde la aprobación de leyes de transparencia en donaciones, la supervisión de actividades de la diáspora y el fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad. No obstante, el documento advierte que la sofisticación de las operaciones chinas y la combinación de presión política, manipulación informativa y capacidad tecnológica representan un desafío creciente para las democracias.

“El trabajo del Frente Unido es una de las amenazas más subestimadas para la integridad electoral global”, señala el informe del think tank con base en Estocolmo, que urge a los gobiernos a coordinar respuestas y compartir inteligencia para contrarrestar la influencia de Beijing.

Una ley aprobada en Beijing ya no pretende regular únicamente la conducta de los ciudadanos chinos. También aspira a alcanzar a personas y organizaciones situadas fuera de las fronteras de la República Popular China.

El 1 de julio de 2026 entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional. Se trata, en apariencia, de una norma de política interna orientada a “forjar un sentido de comunidad” entre los 56 grupos étnicos reconocidos por Beijing. En los hechos, la ley ha despertado una ola de condenas internacionales debido a su artículo 63, que habilita a las autoridades chinas a ejercer una pretensión de jurisdicción extraterritorial sobre organizaciones e individuos cuyas acciones considere contrarias a la unidad nacional.

Esta interpretación no constituye únicamente una preocupación de organizaciones de derechos humanos. El propio Parlamento Europeo calificó el artículo 63 como un mecanismo de long-arm jurisdiction (jurisdicción de largo alcance), advirtiendo que podría permitir exigir responsabilidades legales por conductas realizadas fuera de China que son plenamente lícitas conforme a la legislación de otros Estados. La Unión Europea y Estados Unidos también expresaron públicamente su preocupación por el alcance internacional de la norma.

Un salto cualitativo hacia la jurisdicción extraterritorial

Con un solo artículo, Beijing reafirma una concepción expansiva de la jurisdicción penal. La pretensión de perseguir conductas realizadas fuera de su territorio no constituye, sin embargo, un fenómeno completamente nuevo.

El precedente inmediato fue la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, promulgada en 2020. El principio de ‘un país, dos sistemas’, concebido por Deng Xiaoping y consagrado en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y en la Ley Básica de Hong Kong, prometía preservar durante cincuenta años un alto grado de autonomía para el territorio. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 alteró profundamente ese equilibrio

Desde entonces, ciudadanos extranjeros que manifestaran apoyo al movimiento democrático de Hong Kong —ya fuera en una universidad de Londres, en un foro en Washington o mediante publicaciones en redes sociales desde Madrid— pasaron a poder ser investigados o perseguidos conforme a la legislación china, aun cuando esas expresiones estuvieran plenamente protegidas por las leyes de sus propios países.

Lo que en 2020 parecía una herramienta excepcional para controlar la disidencia en Hong Kong se ha convertido, en 2026, en el modelo sobre el cual Beijing busca extender criterios similares respecto de Xinjiang, el Tíbet y Taiwán.

De la teoría a la práctica: cazarrecompensas en el extranjero

La represión transnacional impulsada por Beijing no quedó limitada al plano normativo.

Entre 2023 y 2024, el gobierno de Hong Kong, bajo la tutela directa de Beijing, ofreció recompensas de HK$1.000.000 (aproximadamente USD 128.000) por información que permitiera localizar y detener a activistas exiliados.

Figuras como Nathan Law, Ted Hui y Anna Kwok —todos residentes o beneficiarios de protección internacional en democracias occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos— pasaron a integrar listas oficiales de personas buscadas.

Al poner precio a la captura de disidentes que residían bajo la protección soberana de otros Estados, las autoridades demostraron una voluntad política de proyectar el alcance de su legislación más allá de sus fronteras. Esa infraestructura de persecución jurídica, presión económica y hostigamiento personal es la que diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que podría ampliarse bajo el amparo del artículo 63 de la nueva Ley de Unidad y Progreso Étnicos.

La trampa del retorno y la presión sobre las familias

El sistema de control desarrollado por Beijing descansa sobre dos mecanismos particularmente eficaces: la vigilancia transnacional y la presión ejercida sobre los familiares de quienes residen en el exterior.

El caso de una estudiante hongkonesa de 23 años, procesada en 2023, ilustra claramente la denominada “trampa del retorno”. Mientras cursaba estudios en Japón, publicó mensajes favorables a la independencia de Hong Kong, una conducta amparada por la legislación japonesa. Sin embargo, cuando regresó temporalmente a Hong Kong para renovar su documento de identidad, fue detenida inmediatamente bajo acusaciones de sedición.

Para quienes permanecen fuera del alcance físico de las autoridades chinas, la presión suele trasladarse hacia sus familias. Durante las campañas dirigidas contra activistas hongkoneses en el exterior, la policía de seguridad nacional interrogó, detuvo y amenazó de forma sistemática a padres, hermanos y parejas que continuaban viviendo en Hong Kong.

Este mecanismo de castigo por asociación reproduce prácticas denunciadas desde hace años por las diásporas uigur y tibetana, y numerosos analistas consideran que la nueva legislación contribuye a institucionalizar ese modelo bajo el argumento de combatir conductas que supuestamente amenacen la armonía social.

La consolidación del modelo: el Artículo 23 y el fin de la zona gris

Si la Ley de Seguridad Nacional de 2020 representó un punto de inflexión, la aprobación, en marzo de 2024, de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como la legislación del Artículo 23) terminó de consolidar el nuevo modelo de seguridad impulsado por Beijing.

La norma endureció las sanciones por delitos como la traición, la sedición y el sabotaje, al tiempo que amplió significativamente las facultades del Ejecutivo para actuar contra personas radicadas en el extranjero, incluyendo medidas como la cancelación de pasaportes y otras restricciones que afectan su movilidad internacional.

Las similitudes con las denuncias formuladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la diáspora uigur resultan evidentes. El uso del aparato consular, la presión diplomática, la cancelación de documentos y las presiones económicas sobre determinados países receptores forman parte de un mismo repertorio de herramientas destinado a limitar la capacidad de acción de quienes critican al gobierno chino desde el exterior.

Un desafío para el derecho internacional

Las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales muestran que el debate trasciende ampliamente la situación interna de China.

Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y diversos países europeos han cuestionado reiteradamente la utilización extraterritorial de la legislación china y hongkonesa, sosteniendo que ningún Estado puede pretender criminalizar conductas desarrolladas bajo la jurisdicción de otros países cuando estas se encuentran protegidas por las libertades fundamentales.

La pretensión de ejercer jurisdicción más allá de las fronteras nacionales no es completamente inédita en el derecho internacional. Diversos Estados contemplan mecanismos limitados de jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos como terrorismo, piratería, genocidio o crímenes de guerra. La diferencia radica en que la nueva legislación china extiende ese principio a conductas vinculadas con la expresión política, la identidad étnica y la organización de la sociedad civil, ámbitos que en la mayoría de las democracias están protegidos por derechos fundamentales.

En el caso de Taiwán, la amplitud de la norma genera interrogantes sobre sus eventuales implicancias para académicos, funcionarios, organizaciones civiles y ciudadanos extranjeros que mantengan vínculos institucionales con la isla o expresen públicamente su apoyo a su sistema democrático.

La discusión, por lo tanto, ya no gira únicamente en torno a Hong Kong, Xinjiang o el Tíbet. También involucra principios esenciales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la territorialidad del derecho penal y la protección de los derechos humanos.

Un mismo manual de instrucciones

La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos no constituye un hecho aislado. Representa la consolidación de un modelo político y jurídico cuya eficacia Beijing ya puso a prueba en Hong Kong.

La principal lección que las autoridades chinas parecen haber extraído del caso de Hong Kong es que la comunidad internacional suele reaccionar con cautela cuando las consideraciones económicas prevalecen sobre la defensa de principios jurídicos y democráticos.

La cuestión ya no consiste únicamente en cómo China gobierna su territorio, sino en hasta dónde pretende extender el alcance de sus leyes más allá de sus fronteras.

Si esa pretensión termina consolidándose sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional, el precedente de Hong Kong podría convertirse en el primer caso exitoso de exportación de un modelo de represión jurídica transnacional.

Las leyes pueden cruzar fronteras; la legitimidad, en cambio, depende de que la comunidad internacional acepte ese alcance. Ese será uno de los grandes debates jurídicos y geopolíticos de esta década.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, sostuvo un encuentro de alto nivel con Wang Huning, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, en Pyongyang. La reunión se produjo en un contexto de intensificación de los contactos bilaterales, luego de la reivindicación de la amistad entre los regímenes “sellada con sangre”.

Según informó este viernes la agencia norcoreana KCNA, durante el encuentro, el líder del régimen norcoreano consideró la visita de Wang Huning —cuarto en la jerarquía del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh)— como una demostración de “la firme voluntad” de Beijing de fortalecer las “relaciones tradicionales de amistad y cooperación”, de acuerdo con el reporte de KCNA.

Wang Huning, reconocido como el principal ideólogo del líder chino Xi Jinping, viajó a la capital norcoreana en el marco de las celebraciones por la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, suscrito en 1961 y considerado uno de los fundamentos formales de sus vínculos.

Tanto Kim Jong-un como Wang Huning manifestaron su compromiso de implementar el acuerdo alcanzado recientemente entre China y Corea del Norte durante la visita de Xi Jinping. Según lo pactado por ambos líderes, se prevé ampliar la cooperación en los ámbitos político, económico y cultural, así como fortalecer la comunicación estratégica mediante intercambios de alto nivel.

La delegación china liderada por Wang Huning incluyó en su agenda una visita a un monumento conmemorativo dedicado a los soldados chinos caídos en la Guerra de Corea, una escuela de formación de cuadros del Partido de los Trabajadores y el Palacio del Sol de Kumsusan, mausoleo donde reposan los cuerpos de Kim Il-sung y Kim Jong-il.

La visita de Wang sucede pocos días después del paso del primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, por Beijing, lo que refuerza el impulso a la relación bilateral tras el viaje de Estado realizado por Xi Jinping en junio a Corea del Norte, el primero en siete años. En esa ocasión, Beijing planteó intensificar los intercambios militares con Corea del Norte, una propuesta que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados oficiales no abordaron la cuestión de la desnuclearización norcoreana.

Este acercamiento ocurre en paralelo a la profundización de los lazos entre Pyongyang y Moscú, situación que llevó a China a redoblar sus esfuerzos para reafirmar su influencia sobre su vecino. El régimen chino sigue siendo el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera de más de 1.400 kilómetros y un papel central en el comercio, el suministro de alimentos y la provisión de energía.

Xi Jinping y Kim Jong-un reafirmaron el sábado pasado la solidez de la alianza estratégica entre ambos regímenes al conmemorar el 65º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Beijing subrayó la cooperación “hombro con hombro”, mientras que Pyongyang calificó la relación como “irrompible”.

El líder chino destacó que el tratado, firmado en 1961, estableció “una importante base política y legal” para el vínculo bilateral. El mandatario recordó que la amistad entre China y Corea del Norte quedó “sellada con sangre” durante la Guerra de Corea, cuando dos millones de soldados chinos apoyaron al norte frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

El presidente chino señaló que en los últimos 65 años ambas naciones mantuvieron el espíritu del acuerdo, priorizando la cooperación y el apoyo mutuo. “Estoy dispuesto a estrechar aún más la comunicación estratégica” con Kim Jong-un, afirmó Xi, quien enfatizó que “independientemente de cómo cambie la situación internacional, la postura del Partido Comunista de China (PCCh) y del Gobierno chino sobre la amistad tradicional con Pyongyang se mantendrá sin cambios”.

Por su parte, Kim Jong-un definió el tratado como el fundamento legal para el desarrollo sostenido de una “amistad de combate” y la cooperación bilateral, forjada en la lucha por “la independencia antiimperialista, la paz y la causa socialista”. El líder norcoreano aseguró que “la amistad entre Corea del Norte y China resistió los cambios históricos” y la describió como una relación “irrompible”. Añadió que los lazos bilaterales “se están elevando a una nueva altura estratégica” frente a un escenario internacional “complejo”.

(Con información de AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la desclasificación de una gran cantidad de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral y aseguró que esa documentación demuestra una injerencia del régimen chino en el sistema electoral estadounidense, incluida la obtención ilícita de datos de 220 millones de votantes.

Durante un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que la información desclasificada expone lo que describió como “vulnerabilidades impactantes” del sistema electoral de Estados Unidos y afirmó que los documentos revelan una operación atribuida a Beijing que comenzó durante el ciclo electoral de 2020.

“Durante un período de años, que comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que fue la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, afirmó el mandatario.

Según Trump, la documentación desclasificada muestra que China obtuvo de forma ilícita 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. El presidente no presentó durante el discurso detalles adicionales sobre el contenido de esos documentos.

Además, aseguró que existen más de 250.000 ciudadanos no estadounidenses registrados para votar en cuatro estados, aunque tampoco aportó pruebas públicas para respaldar esa afirmación durante su intervención.

El mandatario enmarcó esos señalamientos dentro de sus críticas al sistema electoral estadounidense y volvió a sostener que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “robadas”. “Nunca más podemos presenciar una elección robada”, expresó durante el mensaje a la nación.

Trump mantiene desde hace años que perdió esos comicios como consecuencia de un fraude electoral. Sin embargo, más de 60 demandas judiciales no obtuvieron fallos que establecieran un fraude con capacidad para modificar el resultado, mientras que los recuentos, las auditorías y el propio Departamento de Justicia no encontraron pruebas de un fraude de esa magnitud.

Antes de su discurso, el presidente había anticipado que anunciaría “grandes noticias” sobre la seguridad electoral. Buena parte de las afirmaciones expuestas durante la alocución correspondieron a información de inteligencia que ya era de conocimiento público.

Trump también utilizó parte de su intervención para cuestionar a medios de comunicación que decidieron no transmitir su discurso en directo. El presidente mencionó de forma explícita a ABC y NBC, pidió que se les revoquen las licencias de transmisión y sugirió que participaron en un supuesto intento de alterar procesos electorales.

En paralelo, Trump impulsa en el Congreso la aprobación del proyecto SAVE America Act, que propone nuevas restricciones al sistema electoral antes de las elecciones legislativas de noviembre. Entre otras medidas, la iniciativa exige acreditar la ciudadanía para registrarse como votante, requisito que ya contempla la legislación para las elecciones federales y estatales, establece la presentación obligatoria de una identificación con fotografía en los centros de votación e incorpora nuevas limitaciones al voto por correo.

Los demócratas sostienen que las nuevas denuncias del mandatario buscan influir en el escenario político previo a las elecciones de mitad de mandato, mientras Trump mantiene sus cuestionamientos sobre el resultado de los comicios presidenciales de 2020 y vuelve a colocar la seguridad electoral y la presunta injerencia china en el centro de su discurso público.

(Con información de AFP)

El Senado debate una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad y posesión de tierras rurales en Argentina, en uno de los capítulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El nuevo proyecto introduce límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a estados, en especial ante el crecimiento de inversiones provenientes de China. El dictamen de comisión revela los principales ejes normativos y muestra el trasfondo político que enfrenta al oficialismo y la oposición.

La iniciativa, en análisis en el Congreso, busca regular la tenencia de tierras rurales. El texto apunta a impedir que estados extranjeros o compañías bajo su control directo o indirecto accedan a inmuebles rurales, un fenómeno que generó controversias en los últimos años. Según el dictamen, las provincias mantienen la jurisdicción sobre sus territorios, pero el Gobierno nacional supervisa las autorizaciones para las operaciones de compra que involucren a extranjeros.

El documento establece que los extranjeros conservan los derechos reconocidos por la Constitución, pero introduce restricciones específicas para la adquisición de campos rurales. El límite para personas físicas y jurídicas extranjeras se fundamenta en la preocupación por el avance de fondos y empresas estatales sobre recursos estratégicos. De acuerdo al proyecto, queda prohibida la compra de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. Esta prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El dictamen precisa que, si no hay respuesta oficial a la solicitud de autorización en los plazos previstos, la operación se considera aprobada por el mecanismo de “silencio administrativo” al cabo de 180 días de entrada en vigencia de la ley.

El texto resalta que la norma apunta a evitar maniobras para esquivar los controles: es decir, se declara ilegal la utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad y eludir límites legales. En esos casos, se considerará configurado un fraude y se aplicarán las sanciones correspondientes.

La regulación para zonas fronterizas incorpora exigencias adicionales. Para adquirir inmuebles rurales ubicados en áreas de seguridad de frontera, los extranjeros deben obtener el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y aprobación automática si no hay respuesta.

La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Se derogan varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, eliminando restricciones previas y estableciendo un nuevo marco normativo, según consta en el dictamen analizado.

La discusión en el Senado adquirió un tono de alta tensión política. La previa de la sesión estuvo marcada por un cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo. Infobae reveló que ambas protagonizaron un intercambio de acusaciones y mensajes críticos por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, lo que abrió una grieta interna en el bloque gobernante.

El trasfondo internacional también impacta en el debate. El Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales. Esta política generó inquietud en varias naciones, incluido Argentina, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretan que el capítulo de tierras en el proyecto de ley responde a este escenario. Las restricciones a empresas con participación estatal extranjera apuntan de manera indirecta a frenar el desembarco de capitales chinos en el sector agropecuario y de recursos naturales, un fenómeno que se aceleró en los últimos años. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto y los antecedentes internacionales alimentan la lectura de que la norma busca limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros, en especial asiáticos.

La controversia por la venta de tierras a extranjeros se enmarca en una disputa más amplia sobre el control de los recursos estratégicos. Los defensores de la reforma argumentan que el país necesita proteger su soberanía y evitar que actores ligados a otros estados acumulen grandes extensiones de terreno. Los críticos sostienen que las trabas pueden desalentar inversiones legítimas y afectar el desarrollo productivo.

El debate promete continuar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto en el recinto y la presión de distintos sectores económicos y políticos. El desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el texto original frente a los pedidos de modificaciones impulsados por la oposición y algunos gobernadores.

El capítulo de tierras rurales aparece así como uno de los puntos más sensibles y disputados en la agenda legislativa, con derivaciones que alcanzan tanto la política interna como la estrategia geopolítica en el vínculo con China y otros países que promueven inversiones en el sector agropecuario argentino.

La empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), administrada por la Armada de Chile, prestó servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones pertenecientes a la flota pesquera de aguas distantes de China, entre ellas barcos que posteriormente fueron sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con trabajo forzado y violaciones a los derechos humanos. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la organización ambiental Círculo de Políticas Ambientales, que abrió un nuevo debate sobre el papel de Chile frente a una de las flotas más cuestionadas del mundo por prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El documento, elaborado por el especialista en política oceánica Milko Schvartzman y difundido por el medio especializado SeafoodSource, sostiene que la infraestructura naval chilena ha proporcionado apoyo logístico a un número significativo de embarcaciones chinas dedicadas principalmente a la captura de calamar gigante, una especie clave para el ecosistema marino del Pacífico Sur y para las economías pesqueras de Chile, Perú y Ecuador.

La controversia no radica en que la Armada participe en actividades pesqueras, sino en que ASMAR, que es la empresa pública dependiente de la institución naval, ofrezca servicios de mantenimiento, reparaciones y asistencia técnica a barcos cuya actividad es supervisada por la propia autoridad marítima chilena. Para el autor del informe, esa doble función plantea un eventual conflicto de interés, porque la Armada es responsable de controlar y monitorear las operaciones pesqueras en aguas jurisdiccionales del país.

El estudio sostiene que el flujo de embarcaciones chinas hacia puertos chilenos aumentó de forma significativa desde finales de 2024. Utilizando información del sistema de identificación automática de buques (AIS) obtenida por Global Fishing Watch, Schvartzman señala que entre enero y septiembre de ese año no existieron recaladas de pesqueros chinos en Chile. Sin embargo, a partir de octubre comenzó un incremento sostenido en las escalas portuarias.

El cambio coincidió con la visita oficial realizada en septiembre de 2024 por la entonces ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, a China, donde mantuvo reuniones con autoridades militares y participó en el Foro de Defensa Xiangshan en Beijing. El informe aclara expresamente que no existe evidencia de una relación causal entre ambos hechos, aunque considera que la secuencia temporal amerita un mayor análisis.

Según la investigación, durante 2025 las recaladas de embarcaciones pesqueras chinas alcanzaron aproximadamente 200 visitas portuarias. En ese mismo período, la Armada de Chile informó haber inspeccionado 117 buques de bandera china. Los servicios prestados incluyeron mantenimiento mecánico, reparaciones, abastecimiento, cambios de tripulación y aprovisionamiento antes de que los barcos retomaran sus campañas de pesca en el Pacífico o continuaran su tránsito por el estrecho de Magallanes hacia el Atlántico Sur.

Entre las embarcaciones atendidas por ASMAR figuran los pesqueros Fu Yuan Yu 7871 y Fu Yuan Yu 7872, ambos incluidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones por presuntos casos de trabajo forzado y abusos contra los derechos humanos relacionados con sus operaciones. El informe reconoce que ASMAR ha señalado que actuó con autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Pesca y por la propia Armada, pero sostiene que ello no elimina los cuestionamientos sobre las implicaciones éticas y reputacionales de prestar servicios a embarcaciones con antecedentes documentados.

El reporte también cuestiona la capacidad de fiscalización marítima de Chile. Basándose en datos AIS, imágenes satelitales del sistema VIIRS de la NASA y otras plataformas de monitoreo, afirma haber identificado entre seis y siete embarcaciones chinas que ingresaron a la zona económica exclusiva chilena durante 2025 con velocidades compatibles con actividades de pesca de calamar. La Armada chilena, por su parte, informó que no encontró evidencia confirmada de pesca ilegal, aunque el autor sostiene que el sistema nacional depende excesivamente del AIS, una tecnología susceptible de ser apagada o manipulada por las tripulaciones.

Las conclusiones del informe tienen repercusiones que trascienden a Chile. Ecuador ha denunciado durante años la presencia de grandes flotas pesqueras chinas en las proximidades de la Reserva Marina de Galápagos, especialmente durante las temporadas de captura de calamar. En 2017, el buque Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado dentro de la reserva con miles de ejemplares de fauna marina, incluidos más de 6.000 tiburones, un caso que marcó un punto de inflexión en la cooperación regional para combatir la pesca ilegal.

Schvartzman sostiene que los pescadores artesanales de Chile, Perú y Ecuador también enfrentan las consecuencias de estas operaciones, ya que las flotas industriales capturan el recurso antes de que llegue a las aguas nacionales, mientras los pescadores locales deben cumplir vedas, límites de captura y otras regulaciones ambientales.

Como respuesta, el informe propone endurecer los controles para el ingreso de buques extranjeros a puertos chilenos, revisar la política de servicios de ASMAR, incorporar sistemas de monitoreo más robustos e integrar información de organismos regionales de ordenación pesquera. También recomienda condicionar el acceso portuario al cumplimiento de estándares internacionales en materia laboral y de conservación marina.

Si la reciente Ley de Unidad Nacional busca integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad de otros Estados y la posibilidad de desconocer las leyes de otros países, el Decreto 837 busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de “seguridad nacional”. Bajo ese paraguas nebuloso y difuso la discrecionalidad del régimen es absoluta.

Formalmente, la norma aprobada por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior; proteger a los inversores chinos; fortalecer la supervisión estatal; y proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Sin embargo, a medida que se avanza en el texto aparece un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación económica.

Es el Artículo 3 el que lo explicita. Dispone que todas las inversiones en el exterior deben coordinarse con lo que el régimen llama “seguridad del régimen”. Textual: “La política relativa a la inversión en el exterior se regirá por el principio fundamental de apertura al exterior, aplicará el Concepto General de Seguridad Nacional, coordinará el desarrollo con la seguridad, armonizará las dimensiones interna e internacional, perfeccionará el sistema de gestión y de servicios para la inversión en el exterior, elevará la calidad y el nivel de dichas inversiones y promoverá la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida”.

Este concepto, bajo el comando de Xi Jinping, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Abarca no solo la defensa o el terrorismo, sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política.

“Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china“, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar Beijing. “Se fundamenta en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que obliga a todos los ciudadanos y empresas chinas a apoyar las actividades de inteligencia del PCC, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo o la colusión con fuerzas extranjeras”, remarca.

Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que numerosas decisiones quedan en manos del Consejo de Estado y de los ministerios competentes. El omnipresente régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no. Tiene el poder de restringir otras y prohibir determinadas operaciones. E incluso ordenar desinversiones. Es decir: no sólo podría desautorizar alguna operación futura, sino desarmar alguna que ya esté operativa.

El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Lo remarca en su Artículo 13.

El punto 15 del decreto también es restrictivo para ciudadanos y compañías. Establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Consultado por Infobae, Lazarus estima que se está observando “una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos —individuos, empresas y gobierno— sirven como instrumentos del poder nacional integral del país”.

“Cuando organizaciones o personas establecidas en el territorio de la República Popular China participen en procedimientos arbitrales o judiciales relacionados con inversiones en el exterior, o sean objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales o de aplicación de la ley de otros países o regiones, y necesiten proporcionar pruebas u otros materiales a entidades situadas en el extranjero, deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección de secretos de Estado, la seguridad de los datos, la protección de la información personal, la administración de la exportación de tecnologías, el control de exportaciones y la asistencia judicial internacional”, señala el Artículo 22. Es un claro límite para los ciudadanos, inversores y ejecutivos de empresas chinas en el extranjero.

Este polémico artículo podría generar conflictos para corporaciones que operan simultáneamente bajo la legislación china y la de otros países, especialmente cuando deben responder a requerimientos judiciales o regulatorios extranjeros. ¿Deben pedir permiso a Beijing para cumplir una ley en Rio de Janeiro? Al parecer.

Un patrón claro de control

En las últimas normas analizadas en Infobae aparece un patrón claro. Mientras la Ley de Unidad Nacional controla la cohesión ideológica y social, el Decreto 835 se refiere a la relación jurídica entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados, el Decreto 837 revisa cómo el capital chino sale al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.

En conjunto, estas normas reflejan una tendencia a integrar la política económica, la seguridad nacional y acción exterior bajo un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tiene leyes sobre exportaciones sensibles, pero lo hacen en un marco específico y para determinados sectores y riesgos delimitados. Los decretos chinos, en cambio, incorporan la noción de “seguridad nacional” y se proyecta sobre un abanico mayor de decisiones con amplia discrecionalidad por parte del estado.

“Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten. Esta ley podría disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen”, concluye Lazarus.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones peruanas de tubos soldados de acero al carbono laminado en caliente (LAC) provenientes de la República Popular China.

La medida se oficializó tras la publicación de la Resolución N° 156-2026/CDB-INDECOPI en el diario oficial El Peruano el 13 de julio de 2026, marcando un hito en la política comercial del país.

La investigación, realizada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi, determinó la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de tubos LAC de origen chino, con márgenes que oscilaron entre 8,3% y 32,1%.

Según el análisis técnico, las importaciones crecieron 94,7% en volumen absoluto entre enero de 2021 y junio de 2024, afectando los precios internos y la competitividad de la rama de producción nacional.

Tubos de acero en Perú: China presiona con precios bajos

El proceso inició tras la solicitud de las empresas nacionales Corporación Aceros Arequipa S.A., Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (Tupemesa) y Precor S.A., que denunciaron la existencia de dumping en las importaciones de tubos de acero LAC utilizados principalmente para estructuras metálicas.

De acuerdo con la documentación de Indecopi, los productos investigados comprenden tubos redondos, cuadrados y rectangulares, con espesor entre 1,3 mm y 12 mm y longitud de 5,8 a 12 metros.

La comisión notificó formalmente a las autoridades chinas y a las empresas exportadoras involucradas, permitiendo la participación de productores, exportadores e importadores tanto nacionales como extranjeros.

Entre las empresas chinas que colaboraron destacan Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., Tangshan Yuantai Derun International Trade Co., Ltd., Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. y otras del sector.

Durante la investigación, 23 empresas importadoras y 4 productoras nacionales respondieron cuestionarios técnicos. El regulador peruano publicó los avances clave de este proceso regulatorio, que incluyó audiencias públicas virtuales y la presentación de argumentos y pruebas por parte de todas las partes.

Aceros Arequipa le gana la puesta de mano a importadores chinos

El análisis de Indecopi reveló que los tubos de acero LAC importados de China ingresaron al mercado peruano a precios nacionalizados en promedio 15,2% por debajo del precio de venta interna de la producción nacional, e incluso por debajo de los costos de fabricación locales.

Durante el primer semestre de 2024, la diferencia llegó al 19,0%, lo que impulsó una caída acumulada de 16,5% en los precios internos de la industria peruana en el mismo periodo.

Además, el informe técnico destacó que las importaciones de tubos LAC desde China alcanzaron su mayor participación en el mercado interno en el primer semestre de 2024, superando el 37% del total consumido en el país.

La producción nacional experimentó una pérdida de participación de 5,4 puntos porcentuales, con efectos negativos en márgenes de beneficio y utilidades operativas.

Indecopi concluyó que “las importaciones de tubos de acero LAC originarios de China causaron un deterioro de la situación económica de la rama de producción nacional”, según consigna el Informe N° 047-2026/CDB-INDECOPI.

Los datos muestran que, aun con incrementos en la producción y ventas internas, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas nacionales se redujeron de forma sostenida.

Indecopi: participación extranjera desplaza a industrias locales

La resolución oficializada en El Peruano establece derechos antidumping definitivos por cinco años. El monto varía según la empresa exportadora, y oscila entre 49,2 y 193,6 dólares por tonelada.

Este derecho específico se aplicará a todas las importaciones de tubos LAC de origen chino clasificadas en subpartidas arancelarias como 7306.30.10.00, 7306.61.00.00 y otras relacionadas.

La medida también desestima los cuestionamientos presentados por varias empresas importadoras y exportadoras, así como por la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., respecto a la legalidad del procedimiento y la existencia de daño a la industria local.

La Comisión argumentó que la investigación cumplió con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la normativa nacional vigente. De acuerdo con el acto administrativo, la resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, y la información completa se encuentra disponible en el portal institucional de Indecopi.

Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) fue notificada para garantizar la implementación de los nuevos derechos arancelarios.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) publicó su cuarto informe sobre el mercado internacional del litio, ubicando a Chile como el tercer productor mundial de este mineral con una participación de 19,3%, por detrás de Australia (31,7%) y China (21,4%).

Asimismo, el reporte señala que Chile concentra el 25% de las reservas globales de litio, la mayor proporción a nivel mundial, seguido de Australia (23%) y de Argentina y Estados Unidos, ambos con 12%.

Y aunque Australia lideró las exportaciones en 2025, al considerar únicamente productos de litio con mayor grado de procesamiento, como el carbonato e hidróxido, el país se ubica como el principal exportador mundial, con una participación de 46%, seguido por Argentina (21%) y China (16%).

El volumen embarcado de litio chileno continuó en ascenso durante 2025, llegando a 321.695 toneladas de carbonato de litio, un 2,6% más que el año anterior. Sin embargo, las exportaciones totalizaron USD 2.397 millones, lo que representa una caída de 7,3% respecto a los US$2.585 millones de 2024.

La divergencia entre ambas variables responde a la corrección de precios observada desde los máximos alcanzados en 2022, en un contexto de expansión de la oferta global y entrada de nuevos actores productores en países como Argentina, Brasil, Canadá, China, Malí, Estados Unidos y Zimbabue.

Durante la segunda mitad de 2025, los precios registraron una recuperación parcial impulsada por el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en China y Europa, y por la mayor demanda de sistemas de almacenamiento de energía, tendencia que se ha acentuado en 2026.

“Chile tiene una posición estratégica en el mundo respecto al litio, siendo uno de los actores más relevantes tanto en reservas naturales como en exportaciones de productos con nivel mayor de procesamiento, como el carbonato y el hidróxido. Debemos ser capaces de capitalizar esa ventaja para posicionar cada vez más a nuestro país como un socio estratégico para otros mercados en un contexto de transición energética y desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando además valor agregado”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

¿Dónde se va el litio chileno?

Tocante a destinos, China continuó siendo el principal importador del litio chileno en 2025, aunque su participación se redujo de 70% a 67% respecto al año anterior.

El descenso se explica principalmente por el fuerte aumento de los envíos a Corea del Sur, que incrementó su participación de 15% a 22% en el período, consolidándose como el segundo mercado de destino.

El tercer lugar lo tiene Japón, seguido de Estados Unidos y la Unión Europea. En su conjunto, Asia representó por sí sola el 95% de las exportaciones chilenas de litio en 2025.

“Una de nuestras prioridades es impulsar una mayor diversificación de mercados y eso incluye al litio, donde vemos una concentración en Asia, lo que también es natural ya que este continente es el que demanda gran parte de la producción mundial hoy en día. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos por delante”, agregó Estévez.

Otra de las cosas que destaca el estudio es la mayor competitividad que está habiendo en el mercado global, que está marcada por la entrada de nuevos actores, una expansión significativa de la oferta y precios internacionales más ajustados.

“Esto ha cambiado las condiciones bajo las cuales opera la industria. Por lo tanto, Chile enfrenta un entorno internacional más exigente en el que el desafío estará en sostener y proyectar su liderazgo mediante mayor inversión, innovación, diversificación y valor agregado”, cerró la autoridad.

Los Institutos Confucio que la República Popular China ha desplegado en América Latina, con seis sedes activas en Centroamérica, forman parte de una estrategia de largo plazo para ampliar la influencia política, académica y tecnológica de Beijing mediante educación, becas y cooperación universitaria, según explicó el investigador estadounidense Evan Ellis al medio Centroamérica 360.

Esa expansión regional incluye 45 institutos en América Latina y, en el caso centroamericano, dos funcionan en Nicaragua, en Managua y León, y hay uno en San José, uno en la ciudad de Panamá, uno en San Salvador y uno en Tegucigalpa. Todos operan a través de convenios con universidades locales.

Ellis sostuvo que el régimen chino identifica a jóvenes con potencial académico, les ofrece becas para estudiar en China y, al regresar, muchos terminan en ministerios, universidades, organismos de promoción comercial o empresas privadas vinculadas con la relación bilateral. En su descripción, ese mecanismo no se limita a la enseñanza del mandarín, sino que crea una red de cuadros con capacidad de influir en la relación de sus países con Beijing.

“La República Popular China ofrece a los jóvenes académicos de la región la oportunidad de estudiar idiomas y estudios universitarios en ese país. Regresan, intrínsecamente agradecidos con el Gobierno chino por su papel en la habilitación de sus carreras”, afirmó Ellis, según la publicación.

El académico agregó al medio que ese proceso cobra relevancia porque esos beneficiarios llegan a ocupar una parte de los puestos desde los que se define el vínculo con China, tanto en burocracias estatales como en élites empresariales y comunidades académicas. Dijo que son actores con conocimiento suficiente para hablar con autoridad y moldear el discurso sobre la República Popular China en sus países.

En Centroamérica funcionan seis institutos y en El Salvador tiene más de 4,500 estudiantes

La presencia de estos centros ha crecido en los últimos años. En El Salvador, el Instituto Confucio opera desde 2019 en la Universidad de El Salvador (UES) y, según Ellis, ha formado a más de 4,500 estudiantes. Actualmente tiene unos 300 matriculados y China otorga alrededor de 35 becas anuales para estudios en ese país.

En Honduras, uno fue inaugurado en mayo de 2025 en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, dos años después del establecimiento de relaciones diplomáticas con China.

Para los analistas de política internacional citados por la publicación, los Institutos Confucio deben leerse dentro de esa estructura más amplia, que combina educación, financiamiento universitario, intercambios y construcción de relaciones con quienes ocuparán posiciones de liderazgo en las próximas décadas.

Aunque Guatemala no mantiene relaciones diplomáticas con China y conserva el reconocimiento de Taiwán, un reportaje del medio guatemalteco República sostuvo que Beijing impulsa mecanismos alternativos para fortalecer su presencia por medio de cooperación universitaria y donaciones tecnológicas. El informe indicó que la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha convertido en un punto de interés para ese acercamiento.

Según la publicación, representantes diplomáticos chinos acreditados en otros países de la región han participado en actividades relacionadas con universidades guatemaltecas y proyectos de cooperación tecnológica. El reportaje también mencionó la entrega de equipos para laboratorios y aulas digitales, además de vínculos con autoridades universitarias.

La dictadura de Nicaragua y la Embajada de China en Managua inauguraron el primer Instituto Confucio en 2024. La expansión en ese país quedó asociada públicamente a la presencia de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante nicaragüense.

Según el análisis citado por el medio, los institutos se presentan como centros dedicados al aprendizaje del chino mandarín y a la difusión de la cultura china por medio de cursos, talleres y actividades artísticas. Los analistas sostienen que esa oferta es solo una parte de un diseño más amplio.

China impulsa becas, intercambios de profesores, proyectos conjuntos de investigación, capacitación profesional y acuerdos entre universidades. Para los especialistas, esa red construye relaciones permanentes con instituciones académicas y comunidades científicas que con el tiempo forman a futuros diplomáticos, periodistas, empresarios, funcionarios públicos e investigadores.

Los riesgos de influencia y espionaje que advierten los analistas

Ellis advirtió que las redes interpersonales que acompañan la presencia económica y gubernamental de China crean riesgos de influencia y espionaje que podrían ser utilizados contra Estados Unidos, tanto en el terreno político como en el comercial, en tiempos de paz y también en escenarios de conflicto.

“Los latinoamericanos identificados por China a través de sus Institutos Confucio en la región, los más prometedores, reciben becas del gobierno chino o de empresas como Huawei para estudiar en China, después de lo cual los beneficiarios pueden regresar a la región, agradecidos por la educación financiada por China que los puso en el camino hacia el éxito, luego ocupan puestos orientados a China en sus ministerios de relaciones exteriores u organizaciones de promoción comercial y así representan los intereses de sus gobiernos de origen al tratar con el mismo gobierno que hizo posible su educación y el trabajo asociado”, explicó.

La expansión educativa también incorpora cooperación científica y tecnológica. Universidades de Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Honduras mantienen acuerdos con instituciones chinas en inteligencia artificial, telecomunicaciones, ingeniería, energías renovables y manufactura avanzada.

Universidades de varios países revisaron estos programas por libertad académica y seguridad

Mientras la presencia china aumenta en América Latina, universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos cerraron o reestructuraron sus programas vinculados a los Institutos Confucio. Las preocupaciones expresadas se concentraron en libertad académica, transparencia, influencia extranjera y seguridad nacional.

En 2020, China reorganizó el sistema administrativo de estos institutos y trasladó su gestión a la Fundación Internacional para la Educación China y al Centro para la Educación y la Cooperación Lingüística. Especialistas consultados por distintos centros de investigación sostienen que ese cambio modificó la estructura administrativa, pero no alteró los objetivos de largo plazo.

La Fundación Disenso, de España, afirmó que los Institutos Confucio son una de las principales iniciativas de propaganda del Partido Comunista Chino en el extranjero desde su creación en 2004. La entidad sostuvo que, aunque se presentan como centros de enseñanza e intercambio cultural, son una pieza del cambio de imagen del régimen.

Una investigación de ResearchGate señaló que estos institutos funcionan como agentes de Beijing bajo la figura de “modelos de intercambio cultural”, aunque también indicó que China ha encontrado límites para traducir su capacidad de influencia en los resultados deseados, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea.

Parsifal D’Sola, director ejecutivo de la fundación, afirmó que el objetivo estratégico de Beijing va más allá de la enseñanza del idioma. Según su análisis, la participación creciente de investigadores latinoamericanos en proyectos financiados por entidades vinculadas con el Gobierno chino puede reducir las críticas hacia China dentro del ámbito académico y favorecer su imagen internacional.

Human Rights Watch ha advertido que los Institutos Confucio son extensiones del gobierno chino incompatibles con la libertad académica. La organización denunció que esos centros censuran temas y perspectivas por motivos políticos y aplican criterios de lealtad ideológica en la contratación de personal, con impacto sobre la integridad universitaria.

La Fundación Andrés Bello sostuvo que el financiamiento chino puede aumentar la dependencia económica de algunas universidades latinoamericanas e influir de forma gradual en sus prioridades de investigación. La organización concluyó que los Institutos Confucio forman parte de una estrategia diplomática más amplia impulsada por el Partido Comunista Chino en la región.

El Senado de Estados Unidos recibió el martes 14 de julio un proyecto de ley bipartidista para elevar las penas contra agentes de gobiernos extranjeros que persigan, acosen o amenacen a personas dentro del país. La iniciativa, presentada por el senador demócrata Adam Schiff y el republicano John Curtis, responde directamente a la entrada en vigor, el 1 de julio, de la ley china de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, norma que Beijing reivindica como base jurídica para actuar contra disidentes más allá de sus fronteras.

La propuesta, bautizada Stop Transnational Repression Act, introduciría por primera vez una definición federal de esa práctica —todo esfuerzo de un agente de un Estado extranjero para “acosar, coaccionar o amenazar a una persona, incluso mediante la fuerza o el temor razonable a la muerte”— y añadiría hasta diez años adicionales de prisión a quienes sean hallados culpables. Asesores del Senado confirmaron a Reuters que la norma china fue un factor determinante en la presentación del proyecto.

“Se trata de un esfuerzo bipartidista para contrarrestar una amenaza nacional que no hace más que crecer, con intentos cada vez más audaces de países como China por extender su intimidación”, declaró Schiff. Curtis calificó la represión transnacional de “ataque a nuestra soberanía y nuestras libertades”.

La ley que detonó la iniciativa fue aprobada en marzo de 2026. Su artículo 63 establece que organizaciones e individuos fuera de China pueden ser considerados legalmente responsables si han “socavado la unidad étnica” o “incitado a la división étnica”. El viceministro de Justicia chino, Hu Weilie, confirmó el 24 de junio la vocación extraterritorial de la norma, y expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron en abril de sus “graves implicaciones” para la autonomía cultural y religiosa de uigures, tibetanos y mongoles.

El portavoz de la embajada china en Washington, Liu Chang, rechazó la premisa del proyecto. Según Reuters, Liu afirmó que el concepto de represión transnacional es “completamente fabricado” y que el gobierno chino “respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía en materia de aplicación de la ley de otros países”.

La iniciativa acumula precedentes judiciales. En mayo de 2026, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Lu Jianwang, ciudadano estadounidense de 64 años, de actuar como agente no registrado del gobierno chino. Los fiscales probaron que Lu abrió y operó desde enero de 2022 una comisaría encubierta en el barrio chino de Manhattan bajo órdenes del Ministerio de Seguridad Pública chino. El FBI recuperó un cartel con la inscripción “Estación de Servicio al Exterior de la Policía de Fuzhou, Nueva York, EEUU”. Lu enfrenta una pena máxima de treinta años. En un caso vinculado a Irán, dos hombres fueron condenados este año a diez y quince años respectivamente por una conspiración para asesinar a un activista iraní-estadounidense de derechos humanos.

Freedom House ha documentado 1.219 incidentes físicos de represión transnacional entre 2014 y 2024, perpetrados por 48 gobiernos en 103 países. China encabeza ese recuento con 272 casos —el 22% del total—, con métodos que van desde asesinatos y secuestros hasta deportaciones ilegales. Los blancos preferentes son activistas prodemocracia, disidentes y minorías étnicas: uigures, tibetanos y comunidades favorables a Taiwán, que denuncian el envío sistemático de agentes para vigilarlas e intimidarlas fuera de China.

Si el proyecto prospera, los tribunales federales contarían por primera vez con una herramienta penal diseñada para perseguir esas operaciones en suelo propio. El historial reciente —comisarías clandestinas, complots de asesinato orquestados desde el exterior, redes de vigilancia sobre diásporas— indica que esa laguna legal tiene costes concretos.