Una profunda reestructuración comenzó a tomar forma al interior de la estatal Codelco, luego de que su directorio resolviera este jueves desvincular a ocho ejecutivos y altos mandos vinculados a la Casa Matriz y a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador. La decisión se adoptó tras conocerse los resultados de una serie de auditorías que identificaron anomalías en las cifras de producción de la cuprífera, correspondiente a 2024 y 2025.

Las revisiones, realizadas tanto por equipos internos como por las consultoras externas KPMG y EY, detectaron inconsistencias en los procedimientos utilizados para registrar y comunicar los niveles de producción de cobre, antecedentes que llevaron a la administración a tomar medidas sobre distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía.

La nómina de desvinculados incluye al gerente general de División Salvador; al gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; y a los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

También dejaron sus funciones el jefe de Valorización Metalúrgica de Contabilidad, el superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

Desde la corporación señalaron que las medidas forman parte de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.

“El directorio y la administración de Codelco reafirman su compromiso con la integridad, la transparencia y la probidad, y continuarán con las investigaciones internas y de las empresas auditoras, que buscan resguardar el trabajo honesto, profesional y responsable que la gran mayoría de los trabajadores(as) y ejecutivos(as) de Codelco desarrolla diariamente”, señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

Las auditorías

Las desvinculaciones se producen en medio de una investigación que lleva varios meses desarrollándose y que busca establecer cómo se generaron las diferencias detectadas en los reportes de producción de la minera estatal.

Los primeros antecedentes aparecieron en mayo pasado, cuando auditorías internas identificaron anomalías en los procedimientos de cierre de producción. Según los resultados preliminares, estas inconsistencias habrían provocado que los niveles de cumplimiento aparecieran por encima de los resultados efectivos.

La situación adquirió especial relevancia debido a sus consecuencias económicas: las cifras cuestionadas habrían permitido activar el pago de bonos por más de USD 14 millones a trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz.

Durante los primeros días de octubre surgieron nuevos antecedentes que fueron puestos a disposición de la justicia por la propia administración de Codelco. En esa oportunidad, la compañía informó sobre la detección de un eventual sistema de doble contabilización, mediante el cual un mismo volumen de cobre habría sido incorporado en los registros productivos de dos divisiones diferentes, generando una sobreestimación de los resultados a fin de cobrar dichos bonos.

A partir de estos hallazgos, Codelco confirmó que extendería el trabajo de las auditorías externas de KPMG y EY para revisar en profundidad los cierres correspondientes a los años 2024 y 2025, con el objetivo de determinar el alcance de las irregularidades, establecer las responsabilidades involucradas y esclarecer cómo se produjeron las diferencias entre los registros y la producción efectiva.

Así, las ocho desvinculaciones anunciadas representan las primeras salidas de alto nivel dentro de la estructura ejecutiva de la estatal a raíz de este caso.

Las cifras del desempleo en Chile no repuntan. Este jueves, el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la desocupación llegó a 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, el registro más elevado desde 2021, cuando el indicador se ubicó en un 10%.

El resultado refleja un incremento del 1,3% respecto del mismo período del año anterior y estuvo acompañado por un crecimiento de 15,3% en la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo.

El dato más preocupante es que los desempleados ya superaron la barrera del millón. En concreto, se destruyeron 102.875 empleos y el país contabilizó 1.007.976 personas desocupadas durante el período analizado.

El estudio arrojó además que el comportamiento del mercado laboral no ha sido homogéneo, pues algunas actividades productivas registraron importantes retrocesos en sus niveles de ocupación -particularmente la industria manufacturera-, donde el número de trabajadores disminuyó 8,1%.

El escenario es todavía más complejo en otras áreas: el sector de información y comunicaciones experimentó una contracción de 20,8%, mientras que las actividades financieras y de seguros anotaron una caída de 14,1%.

A este panorama se suma el retroceso de 2,5% en los trabajadores asalariados formales, una señal que también da cuenta de las dificultades que enfrenta el empleo con contrato y protección laboral.

La menor actividad se refleja, además, en la cantidad de horas destinadas al trabajo. El total de horas efectivamente trabajadas retrocedió 2,2% en un año, en tanto que el promedio semanal por trabajador bajó 1,1%, situándose en 36 horas.

Mujeres registran mayor desempleo y Santiago supera promedio nacional

Al revisar los resultados según género, las mujeres continúan enfrentando una tasa de desocupación superior a la masculina. En el trimestre analizado, el desempleo femenino alcanzó el 10,5%, lo que representa un aumento de 1,4% en comparación con igual período del año pasado.

Entre los hombres, en tanto, el indicador llegó a 9,3%, tras experimentar un incremento anual de 1,2%.

Sin embargo, al observar la evolución de la población ocupada aparece una diferencia relevante: la disminución del empleo afectó con mayor intensidad a los hombres, cuya ocupación cayó 1,9%. Entre las mujeres, la contracción fue bastante menor, alcanzando apenas un 0,1%.

La situación también preocupa en el Gran Santiago, donde el desempleo llegó a 10,4% durante julio-septiembre, superando el promedio nacional.

El indicador experimentó un alza de 1,6% en doce meses, en un escenario marcado por una reducción de 1,3% en el número de personas ocupadas.

Paralelamente, la fuerza de trabajo registró un crecimiento de 0,5%, lo que significa que aumentó la cantidad de personas disponibles para trabajar mientras disminuían los puestos de trabajo.

Qué dicen los expertos

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, admitió que las cifras “no son buenas”, mientras que el decano de la Facultad de Economía y Negocios de Universidad de Chile, Óscar Landerretche, recordó que la última vez que hubo un millón de cesantes fue entre julio y octubre del 2020, en plena pandemia.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, aseguró en entrevista con EmolTV que se trata de “malas noticias y ya no podemos decir que inesperadas”, y que la situación “va empeorando por el lado del empleo”

De la misma opinión fue Soledad Hormazábal, investigadora de Pivotes, quien advirtió al medio citado que “no estamos simplemente ante una economía que crea empleos insuficientes para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo, sino ante una economía que está destruyendo puestos de trabajo”.

Carlos Smith, economista y académico investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES FEN UDD), señaló en tanto a BioBíoChile que “en un año hay 103.000 personas ocupadas menos y a eso hay que sumarle que hay 113.000 personas más fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, si la participación se hubiese mantenido, la tasa estaría en torno al 10,3%”.

Smith identificó una relación entre la menor inversión registrada meses atrás y la actual pérdida de puestos de trabajo. A su juicio, la contracción de la actividad inversora termina trasladándose al mercado laboral, afectando las decisiones de contratación y las oportunidades disponibles para los trabajadores.

“Lo que dejó de invertirse hace unos meses, hoy se ve en el empleo”, afirmó.

Finalmente, Smith advirtió que el problema no se limita a la menor cantidad de personas ocupadas, pues la reducción de los asalariados formales también evidencia un deterioro en las características de los empleos disponibles, con un mercado laboral que pierde estabilidad y calidad y se vuelve cada día mas precario.

Con una agenda que contempla 50 iniciativas científicas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dio el vamos este jueves en Punta Arenas (2.200 kms al sur de Santiago) a la 63ª Expedición Científica Antártica (ECA), en una ceremonia en la que destacó la creciente importancia de esa ciudad como “puerta de entrada” para las operaciones internacionales en el continente blanco.

De acuerdo al secretario de Estado, la presencia de investigadores extranjeros y el interés de distintos países por utilizar territorio nacional como punto de conexión con la Antártica consolidan una posición que Chile busca seguir fortaleciendo.

“La confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica“, afirmó el secretario de Estado.

Las cifras entregadas por la Cancillería dan cuenta de ese crecimiento. Desde 2004, los países que utilizan Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para desplegar sus programas nacionales de investigación antártica pasaron de 12 a 21. A ellos se suman otras ocho naciones que han recurrido ocasionalmente a la ciudad para organizar sus operaciones.

El respaldo logístico que ofrece la zona austral constituye uno de los principales atractivos para estas misiones, que requieren infraestructura portuaria, aeroportuaria y servicios especializados para concretar sus desplazamientos, puesto que “usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas”, subrayó el Canciller.

Más de 150 científicos participarán en la nueva campaña antártica

Esta nueva versión de la Expedición Científica Antártica considera una intensa temporada de trabajo en terreno, pues de acuerdo con las proyecciones del Gobierno cerca de 50 proyectos serán ejecutados por más de 150 científicos, quienes permanecerán en distintas zonas del territorio antártico entre noviembre y fines de marzo.

Para Pérez Mackenna, estas investigaciones tienen una dimensión que trasciende el ámbito académico, debido a su relación directa con los intereses estratégicos del país y el conocimiento de un territorio determinante para el equilibrio ambiental global.

“La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo.

El despliegue científico y operativo contempla instalaciones en diferentes sectores de la península Antártica y también en áreas interiores del continente. Entre los lugares considerados figura el glaciar Unión, ubicado aproximadamente a 1.000 kilómetros del Polo Sur, una de las zonas más remotas donde Chile desarrolla actividades de investigación.

La presencia histórica de Chile en el continente blanco

La participación nacional en la Antártica tiene también una dimensión territorial y diplomática. El continente se encuentra bajo el marco del Tratado Antártico, suscrito originalmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, instrumento internacional que establece un régimen destinado a garantizar el uso pacífico del territorio y promover la cooperación científica.

El acuerdo no reconoce la soberanía de ningún país sobre el continente y establece condiciones especiales para su utilización, sin embargo, antes de su entrada en vigor, distintas naciones habían formulado reclamaciones territoriales sobre sectores antárticos, entre ellas Chile, Argentina, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

En el caso chileno, los antecedentes se remontan a 1940, cuando el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda estableció mediante un decreto los límites del Territorio Chileno Antártico.

La presencia permanente del país comenzó a materializarse siete años después, con la inauguración de la primera instalación nacional en el continente, actualmente conocida como Base Naval Capitán Arturo Prat.

Hoy, Chile dispone de diez bases antárticas distribuidas en distintos puntos del territorio. Cinco de ellas están bajo la administración del Instituto Antártico Chileno (INACH), mientras que las restantes dependen de las Fuerzas Armadas.

En las banderas nacionales conviven historias colectivas, referencias territoriales, creencias y proyectos políticos. Aunque cada diseño responde a decisiones tomadas en contextos específicos, decenas de países repiten un mismo emblema que aparece en enseñas de todos los continentes, desde Brasil y China hasta Marruecos, Australia, Chile y Estados Unidos.

Ese elemento puede aludir a la unidad nacional, a la división administrativa de un Estado, a una aspiración de independencia o a la ubicación de un país en el planeta. Los colores y símbolos de las banderas suelen estar vinculados con la historia, la cultura y la religión de cada nación, según explica Britannica.

Su presencia extendida anticipa cuál es el emblema que domina el mapa mundial de las banderas nacionales.

Cuál es el símbolo más utilizado en las banderas del mundo

La estrella ocupa el primer lugar entre los símbolos presentes en las banderas nacionales. Un relevamiento histórico de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV) la identificó como el motivo más frecuente durante el siglo XX, por delante de los escudos y las armas heráldicas.

La cifra exacta varía según el universo que se tome como referencia. Los listados internacionales que consideran 195 Estados —los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Santa Sede y el Estado de Palestina— ubican en 61 los países con una o más estrellas en su bandera. Otros inventarios, limitados a Estados independientes, contabilizan 59. Más allá de esa diferencia metodológica, el resultado se mantiene: ningún otro símbolo tiene una presencia tan extendida en los pabellones nacionales.

Los escudos aparecen en el segundo puesto, con presencia en 27 banderas. España, Paraguay y la Ciudad del Vaticano son algunos de los ejemplos más conocidos. En buena parte de Europa, estos elementos derivan de la tradición heráldica medieval, que trasladó a las banderas símbolos antes utilizados por monarquías, ciudades y linajes.

Las cruces también tienen una participación relevante, con presencia en 18 Estados soberanos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia comparten la cruz nórdica, desplazada hacia el lado del mástil. Según Britannica, las cruces cristianas forman parte de las banderas europeas más antiguas que siguen vigentes.

Luego se ubican el sol y la luna o creciente. Cerca de 16 países incluyen un sol en su bandera, como Argentina, Uruguay, Macedonia del Norte y Kazajistán.

En torno a 14 enseñas nacionales exhiben una luna o creciente; Turquía, Argelia, Pakistán y Malasia lo combinan con una estrella. El motivo se asocia con frecuencia a estados de mayoría musulmana, aunque su origen y su interpretación cambian en cada caso.

Los países que tienen estrellas en su bandera

En la bandera de Estados Unidos, las 50 estrellas blancas representan a los 50 estados que integran la unión. Las 13 franjas, en tanto, recuerdan a las colonias originales. Es uno de los ejemplos más directos de una estrella utilizada para reflejar la organización territorial de un país.

La bandera de China contiene una estrella dorada de mayor tamaño y otras cuatro más pequeñas. El diseño, adoptado en 1949, expresa la conducción del Partido Comunista Chino y la unión con los sectores sociales representados en la narrativa revolucionaria de ese período. Allí, el símbolo responde a una definición política antes que geográfica.

En Brasil, las 27 estrellas de la esfera azul representan a las unidades federativas. Además, su disposición reproduce, con adaptaciones, el cielo observado desde Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1889, día de la proclamación de la República. El National Space Centre explica que la bandera brasileña combina una referencia administrativa con posiciones de estrellas y constelaciones visibles en el hemisferio sur.

Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Papúa Nueva Guinea incluyen la Cruz del Sur, una constelación visible desde el hemisferio austral y vinculada históricamente con la orientación durante la navegación. La bandera australiana suma la Estrella de la Mancomunidad, de siete puntas, que representa a los seis estados y los territorios del país.

Chile utiliza una estrella blanca como emblema de la unidad estatal, mientras que las ocho estrellas de Venezuela aluden a provincias que declararon su independencia de España. En Marruecos, la estrella verde de cinco puntas recibe el nombre de sello de Salomón. Turquía, por su parte, mantiene la combinación de estrella y creciente, presente también en las banderas de otros países.

Así, una misma figura puede representar la organización territorial de Estados Unidos, la estructura federal de Brasil, una constelación visible en el hemisferio sur o símbolos vinculados con la identidad política, religiosa e histórica de cada nación.

La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera paralización de camioneros, luego de que transportistas independientes de San Antonio (120 kms al oeste de Santiago) iniciaran un bloqueo total de los depósitos de carga. La movilización responde al incremento sostenido del precio de los combustibles y al rechazo a cuatro nuevos pórticos TAG (peajes) asociados a la ampliación de la Ruta 78.

La protesta comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y, según los antecedentes disponibles, reúne a más de 40 camioneros independientes, mientras cerca de 200 máquinas de carga permanecen detenidas. Los organizadores anunciaron que la medida no tiene una fecha definida de término.

Manuel Araya, dirigente de Agreporsai, agrupación que reúne a porteadores independientes de San Antonio, confirmó la continuidad del bloqueo en conversación con Radio Biobío y explicó que la decisión fue adoptada después de consultar a las bases del gremio.

“Lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, afirmó.

La medida amenaza con afectar el funcionamiento de la cadena logística portuaria, particularmente por las restricciones de acceso a los recintos vinculados con la actividad de carga y descarga.

Camioneros exigen intervención directa del Ejecutivo

Los transportistas condicionaron cualquier avance a la intervención de una autoridad del Gobierno que permita abordar sus demandas tarifarias. Araya señaló que esperan un acercamiento del subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, y advirtió que la paralización continuará mientras no exista una respuesta concreta.

El dirigente descartó que el sector esté disponible para repetir las instancias de conversación que, según su planteamiento, no han permitido resolver el problema.

“Hoy día ya no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, que nos recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, añadió.

La principal exigencia apunta a conseguir un ajuste en las tarifas del transporte de carga que permita enfrentar el encarecimiento de la operación. Los camioneros sostienen que el aumento de los combustibles y los nuevos cobros asociados a la infraestructura vial están presionando sus ingresos y dificultando la continuidad de sus actividades.

Araya también hizo hincapié en que las consecuencias económicas de estos incrementos no se limitan a los propietarios de los camiones, sino que alcanzan al resto de la comunidad. En esa línea, el dirigente pidió comprensión frente a la decisión de paralizar las operaciones y manifestó su expectativa de alcanzar una salida que permita retomar el trabajo.

“Esto nos afecta a todos, el TAG, el alza de combustible (...) Nosotros queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, agregó Araya.

Negociaciones pendientes

Mientras se mantiene la interrupción de las operaciones, desde Agreporsai esperan que los responsables de los depósitos y de los puntos que generan carga se abran a negociar con ellos.

“Esperaremos no más, esperar que los gerentes de cada depósito, de cada generador de carga, se sienten a conversar con nosotros“, complementó el dirigente gremial.

Araya planteó que la estructura del sector hace especialmente difícil absorber nuevos incrementos de costos, debido al peso que tienen los operadores de menor tamaño dentro de la actividad.

“Hoy día el porteo se puede reflejar en que el 90% somos los pequeños empresarios”, subrayó.

La organización también dejó abierta la posibilidad de que otras agrupaciones se sumen a la protesta durante esta jornada. Consultado por eventuales adhesiones, el dirigente mencionó que “tal vez hoy día también se pueda unir Fede Quinta“.

Por ahora, los camioneros mantienen su decisión de impedir el ingreso y la salida de vehículos de los depósitos de carga de San Antonio, a la espera de una respuesta que permita destrabar el conflicto.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles que el abogado penalista Luis Hermosilla vuelva a prisión preventiva, acusado esta vez por presuntos delitos de cohecho y soborno por su rol en una eventual red de gestiones e intercambio de información reservada, en la que también aparecen el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La decisión se produjo luego de tres días de audiencia en que las partes expusieron sus argumentos. Los querellantes - Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez-, plantearon que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 15 delitos de cohecho atribuidos, pese a que su relación contractual con el gobierno no le confería formalmente esa condición.

La defensa, en tanto, destacó la colaboración que el penalista habría prestado durante las distintas diligencias y solicitó conservar el arresto domiciliario parcial y el arraigo nacional, decretadas por su participación en el Caso Audios.

Después de escuchar a los intervinientes, la magistrada resolvió imponer la prisión preventiva, al estimar que la libertad del imputado constituía un riesgo para la sociedad.

Conversaciones de WhatsApp, gestiones judiciales y favores cruzados

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica, examina una serie de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 que habrían tenido como propósito influir en causas judiciales, acceder a información reservada y conseguir beneficios mediante contactos personales y políticos.

Durante las tres jornadas de formalización, el Ministerio Público presentó antecedentes correspondientes a 15 hechos, respaldados principalmente por conversaciones de WhatsApp. En esos registros también aparece Chadwick, primo hermano y exministro del Interior durante el último gobierno de Sebastián Piñera, quien figura como imputado, aunque todavía no ha sido formalizado en esta arista.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a una relación de intercambios entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, cuyos contactos habrían facilitado determinadas gestiones relacionadas con investigaciones de interés público durante la administración del expresidente Piñera.

Entre los asuntos mencionados en la audiencia figuran el Caso Penta y las investigaciones penales originadas tras el estallido social.

Para los persecutores, el eventual mecanismo de corrupción no necesariamente dependía de transferencias de dinero por cada intervención. La tesis apunta a que los participantes habrían acumulado compromisos mediante gestiones y favores que podían ser retribuidos posteriormente.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, precisó que la formalización de Hermosilla en esta causa se concentra en los delitos de soborno y que el componente patrimonial quedó fuera de esta investigación específica.

“Con esos favores generaron una suerte de cuenta de ahorro corruptiva para después cobrar a su vez con otros favores. Es una forma de corrupción que evidentemente es incluso peor que la que podría resultar de un simple pago económico”, afirmó Carrera.

La contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián

Uno de los episodios que concentró parte de la discusión fue la incorporación posterior de Manuel Guerra a la Universidad San Sebastián. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) relacionó ese antecedente con la figura de un eventual cohecho subsecuente y lo utilizó para respaldar su petición de prisión preventiva contra Hermosilla.

El abogado querellante del organismo, Rodrigo Álvarez, expuso que los mensajes examinados mostrarían conversaciones previas sobre la contratación del exfiscal y eventuales gestiones para concretarla.

“Conversan sobre la futura contratación y en un momento el señor Hermosilla le pregunta literalmente si es necesario empujar algo. El señor Guerra responde que no, que Andrés ya habló con ellos y al día siguiente aparece ya contratado y lo felicitan con un sueldo completamente desajustado a los parámetros”, detalló Álvarez.

Desde la perspectiva del CDE, esos antecedentes permitirían examinar si la contratación pudo constituir una contraprestación posterior a las actuaciones investigadas. El organismo consideró este punto entre los elementos que justificaban aplicar la medida cautelar más gravosa contra el penalista.

Andrés Chadwick sigue como imputado, pero sin formalización

La situación del exministro Andrés Chadwick constituye otro de los aspectos relevantes de la investigación. Su nombre aparece en los mensajes presentados por los persecutores y en las gestiones que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, habrían desarrollado los involucrados.

La Fiscalía reconoció que existen antecedentes relacionados con el exsecretario de Estado, quien mantiene la calidad de imputado en la causa. Sin embargo, aclaró que todavía no ha resuelto si corresponde formalizarlo.

La distinción es relevante: pese a las referencias a Chadwick en las conversaciones y en la teoría investigativa, hasta ahora no se han comunicado formalmente cargos en su contra ante el tribunal por estos hechos.

Pese a que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió a ultranza este miércoles en el Congreso su postura basada en fallos anteriores de la Corte Suprema para explicar las rebajas de condenas a 56 pederastas, tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes que aseguraron ser del Tren de Aragua -buena parte de los cuales quedaron en libertad-, la centroizquierda en pleno anunció una Acusación Constitucional (AC) en su contra, asunto que también tensiona las relaciones entre los partidos oficialistas.

En su intervención ante la Cámara de Diputadas y Diputados, Rabat no ofreció disculpas por los beneficios concedidos ni calificó como equivocada su aprobación. Reconoció, eso sí, una falencia en el mecanismo: la ausencia de participación de las víctimas en el procedimiento, y también admitió haber modificado su postura inicial que apuntaba a rechazar las solicitudes, tal como lo hizo la cartera de Justicia en la administración de Boric.

En el contraataque, trasladó parte de la responsabilidad al Congreso -al que reprochó no haber solucionado las dificultades surgidas con la aplicación de la reforma de 2022-, sostuvo que su cartera debía acatar las resoluciones previas de la Corte Suprema y de paso, recordó que durante la administración anterior también se concedieron rebajas de condena, incorporando ese antecedente a su defensa.

El juicio político

El anuncio de la AC se produjo después de que el ministro concluyera su presentación en la Sala y la encargada de comunicar la decisión fue Daniela Serrano, jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, quien cuestionó los argumentos expuestos por el titular de Justicia.

“Nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y, por tanto, de manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional“, anunció.

Serrano también abordó el proyecto de resolución aprobado por la Cámara, mediante el cual se solicitó la salida de Rabat y de los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos. Según la parlamentaria, esa medida resulta insuficiente frente a la controversia.

“No nos basta, acá hay que buscar la responsabilidad política hasta el final”, afirmó taxativa.

“Sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores, y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso, o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Así que, por un tema de convicción política y también de resguardo a las víctimas, nosotros y nosotras vamos a perseverar”, acusó.

De est amanera, la resolución, aprobada con 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, exige al presidente José Antonio Kast “ejercer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, en particular, solicitar la renuncia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Fernando Rabat Celis, así como también al señor Subsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrazával, y del señor Subsecretario de Derechos Humanos, don Pablo Mira Hurtado”.

Tensión en el oficialismo

La continuidad del ministro no solo abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, sino que también profundizó las diferencias al interior de la coalición oficialista, luego de que parlamentarios de Chile Vamos (RN+UDI+Evópoli), insistieran en pedir la renuncia de Rabat, pese al respaldo expresado por el presidente Kast.

En las filas republicanas existe malestar por la posición adoptada por sus socios. Según se reconoce en el sector, las solicitudes públicas para que Rabat deje el cargo han alimentado un clima de desconfianza y cuestionamientos entre las colectividades que sustentan al Gobierno. La discusión incluso puso nuevamente sobre la mesa las dudas respecto de una eventual alianza más amplia entre Republicanos, Renovación Nacional (RN) y la UDI.

En RN, donde la discusión provocó diferencias internas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, puso paós fríos y recordó que “es el presidente de la República el que toma la decisión. Los problemas internos nuestros, obviamente, que se conversan internamente y también se solucionan internamente”.

La UDI también enfrenta dificultades para ordenar su postura. Su presidente, Guillermo Ramírez, reconoció que la colectividad atraviesa un escenario político complejo, especialmente después de que parlamentarios de su propia bancada se sumaran a las voces que piden la salida del ministro.

“Es un momento difícil, no vale la pena esconderlo”, admitió.

Las etapas de una AC

La AC es un mecanismo establecido en la Constitución para perseguir la responsabilidad de determinadas autoridades públicas cuando se les atribuyen delitos, infracciones constitucionales o legales, o abusos de poder cometidos en el desempeño de sus funciones.

La herramienta puede dirigirse contra gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales, entre otras autoridades contempladas en la normativa.

Su presentación requiere el patrocinio de un grupo de entre 10 y 20 diputados y el procedimiento puede iniciarse en contra de una autoridad mientras se encuentre en ejercicio o hasta tres meses después de haber dejado el cargo. Durante ese período, no puede abandonar el país sin autorización de la Cámara. Para los presidentes de la República, el plazo posterior al término de su mandato se extiende a seis meses.

Una vez ingresado el documento, la Cámara de Diputadas y Diputados debe designar una comisión de cinco integrantes para examinar sus fundamentos y emitir un informe. La autoridad cuestionada, por su parte, debe ser notificada y dispone de hasta diez días para comparecer personalmente o presentar su defensa por escrito.

Posteriormente, la comisión analiza los antecedentes y se pronuncia sobre la acusación. La Cámara debe destinar sesiones al conocimiento y debate del asunto, instancia en la que la autoridad puede cuestionar la procedencia formal del procedimiento y “deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.

Si los diputados acogen ese planteamiento, el proceso termina. Si lo rechazan, la tramitación continúa y la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación.

En caso de superar esa etapa, el asunto pasa al Senado, que actúa como jurado y debe resolver si la autoridad es culpable de las infracciones o abusos que se le imputan. La decisión requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, mientras que las acusaciones contra un presidente o un gobernador exigen el respaldo de dos tercios.

Una declaración de culpabilidad implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años.

Con un presupuesto de $166.600 millones de pesos (poco más de USD 169 millones) y un fuerte despliegue de recursos humanos, tecnológicos y aéreos, el presidente José Antonio Kast puso este martes en marcha desde el Aeródromo de Tobalaba la estrategia nacional para enfrentar los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.

La iniciativa busca reforzar tres frentes fundamentales: prevenir la aparición de focos de incendio, detectar oportunamente las emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante el avance de las llamas. Para ello, el plan contempla un importante contingente de brigadistas, aeronaves especializadas y sistemas de vigilancia distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Durante la presentación, el mandatario puso el acento en la responsabilidad compartida frente a una amenaza que no depende únicamente de las condiciones meteorológicas, sino también de las acciones humanas y de la capacidad de anticipación de las autoridades.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy: a la prevención y a la coordinación”, señaló Kast.

“Hoy día tenemos que generar conciencia no solamente por el tema de los aludes, el crecimiento de las quebradas, sino de cómo vamos a enfrentar un verano que va a ser duro”, agregó.

De acuerdo al jefe de Estado, “ya vemos lo que ha pasado en el hemisferio norte. Vemos como el tema del fenómeno de El Niño está afectando a a los países vecinos (...) Lo más probable es que en el verano vamos a tener que pedir colaboración también de otros países, porque, por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco, porque puede ser un verano complejo”.

Respuesta público-privada

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recordó por su parte que el combate de los incendios no constituye una tarea exclusiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), pues la estrategia involucra a distintas reparticiones públicas y contempla mecanismos de colaboración con organismos privados para mejorar la preparación y la reacción ante situaciones críticas.

“Esto no es solamente un tema de CONAF. Desde que comenzó el gobierno del presidente Kast, todo el Estado de Chile ha estado muy preocupado en cómo vamos a abordar la temporada de incendios. Y para esos efectos, todas las agencias del Estado, todos los servicios públicos, todos los ministerios que tienen que ver sobre el particular, nos hemos articulado y estamos actuando coordinadamente”, aseguró.

El plan contempla más de 40 protocolos y convenios de colaboración entre instituciones públicas y privadas, y entre las acciones previstas figuran operaciones aéreas conjuntas, simulacros regionales y labores de reducción de vegetación combustible en zonas vulnerables.

El “Botón Rojo” y 7.200 kms de cortafuegos

La modernización de las herramientas de vigilancia constituye otro de los componentes destacados de la estrategia. Según explicó la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, durante los últimos meses se han introducido mejoras tecnológicas destinadas a entregar información más precisa sobre las condiciones de riesgo.

Uno de los sistemas que será reforzado es el denominado “Botón Rojo”, herramienta que permite identificar períodos y territorios con condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios.

“Desde marzo a la fecha hemos dado un salto cuantitativo en lo que significa tecnología. Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando como ”Botón Rojo", por ejemplo, pero ahora vamos a tener “Botón Rojo” con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo".

En paralelo, la prevención territorial considera intervenciones para reducir la cantidad de vegetación que puede alimentar un incendio. El programa incluye capacitaciones, campañas informativas, preparación de comunidades y establecimientos educacionales, además de trabajos de mitigación durante todo el año.

Entre las principales medidas se encuentran la construcción de cortafuegos, puesto que “sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe. El Presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación”, cerró Baldini.

Por la cuerda floja camina estos días el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que su cartera rebajara la condena a 56 pederastas entre marzo y septiembre de este año aduciendo criterios previos de la Corte Suprema, y más aún tras la revelación de que también hubo rebajas de condenas a tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes extranjeros que aseguraron ser del Tren de Aragua, la mayoría de los cuales quedó en libertad.

Ello, puesto que a pesar de que el presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad y optó por mantenerlo en su cargo, las críticas transversales no han parado y mientras la oposición alista una acusación constitucional (juicio político) en su contra, desde el oficialismo también le piden que dé un paso al costado

A lo reproches previos hechos por figuras de su mismo sector como la excandidata presidencial Evelyn Matthei, los senadores Rojo Edwards (IND-RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN), este martes se sumaron las voces de los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI), quienes derechamente le pidieron a Rabat dejar el cargo.

“Por el bien del país, que tome la decisión y se aleje del cargo”, señaló Durán según consignó BioBíoChile, quien, eso sí, aclaró que mantiene su respaldo a la administración de Kast.

Sobre un eventual juicio político, en cambio, evitó anticipar una decisión y sostuvo que corresponde analizarla una vez que sea presentada formalmente.

De la misma opinión fue el diputado Omar Sabat (UDI), quien describió lo ocurrido como un “error garrafal” y advirtió sobre los riesgos que representa la salida anticipada de personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

En tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), también emplazó al Ejecutivo a reconsiderar la continuidad del secretario de Estado pues, a su juicio, su permanencia genera consecuencias políticas para el Gobierno y exige una respuesta que sitúe a las víctimas en el centro de las decisiones.

“La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, señaló taxativa.

Al cierre, la parlamentaria dijo esperar que el presidente Kast haga valer las responsabilidades correspondientes derivadas de la controversia, para así desactivar el juicio político en ciernes contra Rabat.

A pesar de las críticas el vocero, Gonzalo Arenas, ratificó esta jornada que el ministro de Justicia “cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional“.

Cadem: 77% desaprueba al ministro y 64% cuestiona que Kast lo mantenga

Los cuestionamientos políticos encontraron su correlato en la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este martes, la que arrojó un amplio rechazo a la gestión del ministro Rabat, y también a la determinación presidencial de mantenerlo en el gabinete.

De acuerdo con el sondeo, un 77% desaprueba el desempeño del titular de Justicia, mientras que apenas un 12% evalúa positivamente su gestión. Otro 11% no respondió la consulta.

La evaluación del Presidente José Antonio Kast tampoco quedó al margen de la controversia. Un 64% manifestó su desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat en el cargo para encabezar la búsqueda de soluciones, frente a un 27% que respaldó la determinación del mandatario.

Incluso entre las personas que aprueban la gestión presidencial, la evaluación del secretario de Estado presenta diferencias. En ese grupo, un 45% desaprueba el desempeño del ministro y un 35% lo aprueba. Pese a ello, un 68% de quienes respaldan la gestión de Kast está de acuerdo con que Rabat permanezca en sus funciones.

Asimismo, un 94% de los encuestados estuvo en desacuerdo con las rebajas de condena.

Tocante a la responsabilidad del titular de Justicia en la firma de los decretos, un 79% considera que Rabat no estaba obligado a suscribirlos, mientras que un 14% sostiene la posición contraria.

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para enfrentar la situación, un 65% prioriza impedir que se otorguen nuevas reducciones de penas. A su vez, un 54% considera necesario buscar alternativas legales que permitan revertir los beneficios ya concedidos.

La encuesta también reveló que un 79% de los entrevistados cree que es necesario modificar la Constitución, a fin de evitar que hechos como este vuelvan a suceder en el futuro.

El chocolate puede tener memoria, aroma y un picor breve: estas trufas combinan cacao intenso, chile ancho, naranja y sal de gusano para crear un bocado diferente, pensado para una mesa de Día de Muertos.

La propuesta toma elementos asociados a la celebración mexicana, como el cacao, los cítricos y las especias, pero los presenta en formato de bombón casero. Son ideales para servir junto al café, regalar o sumar a una ofrenda comestible.

Receta de trufas de chocolate con chile ancho para Día de Muertos

Se trata de una ganache firme elaborada con chocolate amargo, crema de leche y chile ancho. La mezcla se enfría, se corta en porciones y se termina con cacao, naranja y una pizca de sal de gusano para lograr un contraste dulce, picante y aromático.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 30 minutos. Preparación activa: 30 minutos. Enfriado: 2 horas.

Ingredientes

1. 300 gr de chocolate amargo con 60% a 70% de cacao, picado.
2. 180 cc de crema de leche.
3. 30 gr de manteca.
4. 1 chile ancho seco, sin semillas y picado.
5. 1 cucharadita de ají molido suave.
6. Ralladura de 1 naranja.
7. 1 cucharada de miel.
8. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
9. 1 pizca de sal fina.
10. 80 gr de cacao amargo para rebozar.
11. 30 gr de azúcar impalpable.
12. 1 cucharada de semillas de sésamo negro.
13. 1 cucharadita de sal de gusano, opcional.
14. 12 pétalos de cempasúchil comestible, opcional, para decorar.

Usar únicamente chile ancho y flores de cempasúchil aptas para consumo. No utilizar flores de vivero o de florería.

Cómo hacer trufas de chocolate con chile ancho para Día de Muertos, paso a paso

1. Picar el chocolate amargo en trozos pequeños y colocarlo en un bowl resistente al calor.
2. Calentar la crema de leche en una cacerola junto con el chile ancho, el ají molido, la ralladura de naranja, la miel y la sal.
3. Cuando la crema esté caliente, pero antes de que hierva, apagar el fuego. Dejar reposar durante 10 minutos para que tome el aroma del chile y la naranja.
4. Colar la crema y volver a calentarla durante 1 minuto. Volcarla sobre el chocolate picado.
5. Esperar 2 minutos y mezclar desde el centro hacia los bordes hasta obtener una preparación lisa y brillante.
6. Incorporar la manteca y la esencia de vainilla. La manteca debe agregarse cuando el chocolate todavía esté tibio, no hirviendo, para lograr una textura cremosa.
7. Cubrir el bowl con film y llevarlo a la heladera durante 2 horas, hasta que la ganache esté firme.
8. Mezclar el cacao amargo con el azúcar impalpable y el sésamo negro. Reservar esta cobertura en un plato amplio.
9. Retirar la ganache de la heladera y formar bolitas de aproximadamente 25 gr. Trabajar rápido para evitar que el chocolate se ablande demasiado.
10. Pasar cada trufa por la mezcla de cacao, azúcar y sésamo. Para un perfil más intenso, sumar una pequeña cantidad de sal de gusano.
11. Decorar con pétalos de cempasúchil comestible. Agregar muy poca sal de gusano, porque su sabor es potente y puede tapar el chocolate.
12. Llevar las trufas a la heladera durante 20 minutos antes de servir. Retirarlas 10 minutos antes de consumir para que recuperen una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 18 trufas de tamaño mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

• Calorías: 145 kcal
• Grasas: 9 gr
• Carbohidratos: 15 gr
• Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas se pueden conservar en la heladera durante 7 días, dentro de un recipiente hermético y separadas en capas con papel manteca.

También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes. Para consumirlas, pasarlas a la heladera durante 4 horas y luego dejarlas a temperatura ambiente durante 10 minutos.

No conviene dejarlas expuestas al calor, porque la ganache pierde firmeza y la cobertura de cacao puede humedecerse.

La polémica por las rebajas de condena concedidas por el gobierno a 56 pederastas abrió un flanco sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pues la oposición evalúa un juicio político en su contra. En respuesta, el Ejecutivo optó por mantenerlo en el cargo e introdujo cambios legales para precisar los límites de estos beneficios y evitar que las diferencias de interpretación vuelvan a permitir reducciones de penas en casos similares.

La iniciativa será examinada esta tarde por la Comisión de Constitución del Senado, instancia que preside Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quien convocó a sus integrantes para abordarla con urgencia.

El proyecto propone modificar la Ley 19.856, que regula las rebajas de condena por buena conducta, mediante dos cambios destinados a resolver las controversias sobre la aplicación de sus restricciones.

El primer ajuste busca aclarar el alcance temporal de la prohibición de acceder a estos beneficios, incorporada en febrero de 2022. La propuesta apunta a que dicha restricción también alcance a quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, a fin de cerrar la discusión jurídica que ha derivado en interpretaciones distintas respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

El segundo cambio apunta a suprimir una excepción relacionada con el artículo 73 del Código Penal, disposición que actualmente permite acceder a reducciones de condena en determinadas circunstancias. Eso sí, en este caso la nueva limitación se aplicaría a los delitos cometidos desde la publicación de la futura ley.

Sin embargo, la iniciativa no establece la anulación automática de los beneficios que ya fueron otorgados ni contempla modificar los efectos de las sentencias judiciales que se encuentran firmes. Ese punto marca un límite al alcance de la reforma, que busca corregir las reglas hacia adelante sin alterar automáticamente las decisiones ya adoptadas.

Entendimiento con el Ejecutivo

En medio de las negociaciones legislativas, el senador de oposición Pedro Araya (PPD) confirmó que existe un entendimiento con el Gobierno para avanzar en una solución normativa que permita resolver la disputa.

“Habría un acuerdo hoy día con el gobierno en orden a poder avanzar en un proyecto de ley que pueda zanjar este punto en forma definitiva, probablemente a través de una ley interpretativa para establecer con claridad cuáles son los criterios para optar a las rebajas de condena”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Eso sí, el parlamentario no se pronunció sobre la responsabilidad política del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, ya que podría verse obligado a intervenir como jurado.

Así las cosas, la discusión partirá a las 16:30 horas, cuando la Comisión de Constitución del Senado se reúna para revisar la iniciativa. Su presidente, Vlado Mirosevic, adelantó que buscará dar celeridad a la tramitación y de paso, fustigó la decisión del Ejecutivo de respaldar una determinada lectura de la legislación vigente.

“De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor, que era darles la razón a los violadores de menores y darles beneficios de reducción de condena”, criticó, asegurando que “este proyecto cierra completamente esa puerta y ningún gobierno, ningún ministro, ni nadie en el futuro va a poder aplicar mal ese criterio”, remató.

Una disminución en varios de los principales indicadores de seguridad fue el balance que presentó este lunes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de encabezar una nueva sesión del comité policial. Entre los antecedentes expuestos figuran menos homicidios, una caída de los robos violentos y una reducción de los ataques en la llamada Macrozona sur.

En el caso de los homicidios, las estadísticas al 18 de octubre contabilizan 733 víctimas, frente a las 867 registradas durante el mismo período del año anterior. La diferencia equivale a 134 víctimas menos. “Es decir, una disminución de un 15,5% de los casos policiales de homicidios”, explicó Arrau, según consignó Emol.

Los robos violentos también muestran una variación a la baja. De acuerdo con las cifras, estos delitos disminuyeron un 14,3% en comparación con el año pasado, lo que representa 11.915 casos policiales menos.

Otro de los puntos destacados fue el combate al narcotráfico. “Hace algunas semanas celebrábamos las 100 toneladas, y al 18 de octubre vamos en 112 toneladas incautadas por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”, afirmó el secretario de Estado.

Baja de ataques en la Macrozona sur

La evolución de los hechos violentos en la Macrozona sur -que comprende las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y parte de Los Lagos-, también formó parte de la exposición ministerial, en momentos en que el Ejecutivo mantiene la discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción constitucional en ese territorio, el que tiene a los militares patrullando sobre todo zonas rurales.

Así, el titular de Seguridad aseguró que gracias a esa medida se registró “un 25,1% menos de ataques en la zona”.

En el frente legislativo, Arrau valoró la aprobación de la ley de fortalecimiento de Carabineros, que considera recursos por $106 mil millones (USD 96.778.300). El Gobierno, además, trabaja en una propuesta destinada a reforzar las capacidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y según adelantó el ministro, la iniciativa se encuentra en sus últimas etapas antes de ser ingresada al Congreso.

Nuevas atribuciones para agilizar las expulsiones administrativas

El ministro también puso el foco en los cambios legales vinculados al control migratorio y destacó la aprobación de la normativa que fortalece las expulsiones administrativas, con modificaciones orientadas a facilitar su aplicación práctica.

De acuerdo a Arrau, “es una ley que da bastantes más facultades, incluso permite el ingreso a viviendas con autorización judicial por supuesto, notificaciones por medios digitales y hace bastantes mejoras que debería allanar el camino para una función más eficaz de la Policía de Investigaciones”.

Como parte de esa estrategia, el ministro informó que la PDI realizó la semana pasada un nuevo operativo masivo de fiscalización, en el que “se detectaron 347 personas en incumplimiento o irregularidad migratoria (...) seguiremos todas las semanas en diferentes partes de Chile haciendo operativos para poder ir ordenando, poco a poco, ese desorden que se permitió durante muchos años”.

Al cierre, Arrau también destacó que los ingresos irregulares a territorio nacional registraron una caída del 85,8% durante este año, mientras que “las salidas voluntarias y expulsiones también han aumentado”.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que el fenómeno registrado en Requínoa cerca de las 17:30 horas dejó al menos 20 viviendas afectadas y destruyó por completo un colegio de 300 alumnos, en pleno horario de clases.

De inmediato, el organismo declaró Alerta Roja para Requínoa y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en tanto, estimó que el fenómeno correspondió a un tornado de categoría EF2, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Waldo Valdivia, alcalde de Requínoa, señaló a 24 Horas que durante el paso del tornado “había docentes, todo el personal y alumnos acá. Pero gracias a Dios, no hay personas lesionadas, es lo que se nos ha informado. Sí un daño importantísimo en su infraestructura. Su gimnasio prácticamente totalmente destruido, varias salas de clases, ventanales rotos y un container que voló y quedó en el camino”.

Estragos en la capital

En Santiago, por otra parte, las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y granizos activaron quebradas en la precordillera que provocaron inundaciones en el sector oriente, donde el agua descendió arrastrando grandes cantidades de material.

En el sector de El Arrayán, en Lo Barnechea, las corrientes bajaron desde los cerros cargadas de barro, piedras, troncos y ramas, golpeando viviendas y bloqueando caminos. En las inmediaciones de Camino El Cajón, el aluvión destruyó una capilla y dejó una vivienda completamente arrasada.

En el sector de Huallalolén, unas 200 personas quedaron aisladas debido a la acumulación de piedras y barro en las vías de acceso. En paralelo, Bomberos debió rescatar desde una residencia de adultos mayores al menos a 16 personas.

Los desprendimientos de terreno obligaron a suspender el tránsito también en la Ruta G-21 que conduce hacia Farellones, luego de que se reportaran remociones en masa a la altura del kilómetro ocho. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, informó que alrededor de 150 personas, entre turistas y trabajadores, permanecían aisladas en esa zona.

También se reportaron calles inundadas y desbordes de quebradas producto de las intensas precipitaciones en las comunas de Peñalolén y La Reina, mientras que en Las Condes las precipitaciones volvieron a anegar las calles del barrio San Carlos de Apoquindo, sector que ya había sufrido los efectos de un aluvión el pasado 8 de octubre.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló que en aproximadamente una hora se acumularon 20 milímetros de lluvia, volumen que contribuyó al rápido incremento del caudal.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que las obras preventivas permitieron contener parte del material aunque no evitaron las complicaciones en otros puntos de la comuna, y anunció nuevos catastros para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar el retiro del material acumulado.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción, con presencia en más de 36 foros y cooperación permanente con 14 países. Lo hizo mediante el comunicado No. 124, fechado el 25 de octubre de 2026, el mismo día en que Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que formaliza este lunes 26 de octubre.

Se trata de dos hechos independientes. Ambos coinciden en una semana en la que el tema de la corrupción domina la conversación pública en México.

Una agenda internacional con tres ejes

Según la dependencia, su estrategia se sustenta en tres pilares:

• Cumplimiento de los compromisos internacionales de México.
• Cooperación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.
• Intercambio de experiencias y soluciones con otros países.

La Secretaría indicó que ha participado en más de 36 foros y espacios de trabajo especializados desde su creación. México también forma parte de tres convenciones internacionales anticorrupción.

Convenciones multilaterales: sanción y prevención

México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.

En estos espacios, la Secretaría promueve un enfoque que combina la sanción de conductas indebidas con la prevención de riesgos. Entre los temas prioritarios figuran:

• Integridad empresarial
• Conflictos de interés
• Regulación del cabildeo
• Protección de datos personales
• Contrataciones públicas como instrumento de desarrollo

Cooperación técnica y alianzas bilaterales

La dependencia colabora con la OCDE, el BID, la Unión Europea, el CAF, la OEA, la ONU, el CLAD y la GIZ. Con ellos intercambia conocimientos, metodologías y herramientas para fortalecer la prevención de riesgos, la innovación gubernamental y la profesionalización del servicio público.

En el plano bilateral, comparte experiencias con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Destacan dos colaboraciones:

• Francia: formación de personas servidoras públicas, capacidades directivas, ética y modernización administrativa.
• Chile: control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías en la supervisión.

La agenda incluye también capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización para evaluar la aplicación de experiencias internacionales en las instituciones mexicanas.

El contexto: la renuncia de Taddei al INE

Taddei informó, tras una “profunda reflexión”, que presentaría su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Asumió el cargo en abril de 2023 y afirmó que deja la presidencia con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral.

Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores. Representantes de partidos ante el Consejo General le habían pedido dejar el cargo y dar explicaciones por una fiesta organizada por un proveedor. Medios como Excélsior reportaron además denuncias de contratos irregulares por 198 millones de pesos y una indagatoria de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación.

Taddei calificó los señalamientos como versiones cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que proteger al INE debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

Reacciones y lo que sigue

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró una “buena decisión” la renuncia, y dijo que debe haber una auditoría para revisar los señalamientos. Reconoció que la salida ocurre en un momento polémico rumbo a las elecciones de 2027, y recordó que la ley establece las reglas para elegir al relevo.

Desde Morena, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que la renuncia sería, en todo caso, un acto insuficiente.

En cuanto al relevo, como Taddei estuvo en el cargo tres años y seis meses, la Constitución prevé elegir a un sustituto que concluya el periodo, porque no cumplió seis años. La Cámara de Diputados elegirá a la persona sucesora y los consejeros nombrarán una presidencia provisional. La renuncia se presenta a siete meses de la jornada electoral federal.

Dos agendas, un mismo tema

El comunicado de la Secretaría no hace referencia al INE ni a Taddei. Describe una estrategia de cooperación internacional que, según la dependencia, busca prevenir la corrupción y proteger los recursos públicos. La renuncia de la consejera presidenta, por su parte, abre un proceso de investigación y relevo en el órgano electoral.

El presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una reunión con parte de su equipo ministerial para analizar el ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), iniciativa impulsada por Donald Trump que busca articular una respuesta regional para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro reunió a los titulares de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, en un ambiente de cautela respecto de la adhesión formal al mecanismo, al que Chile se ha acercado bajo la figura de “observador”.

A pocos días de la cumbre de la A3C programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana -instancia en la que se espera avanzar en la formalización de la coalición-, el punto más sensible está precisamente en el alcance de esa cooperación, puesto que esta iniciativa paralela al Escudo de las Américas no se limita al intercambio de información y abre la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas de los países participantes en operaciones contra redes delictivas, bajo esquemas de coordinación regional.

Cautela en Defensa y la presión del oficialismo

Cabe recordar que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó la idea de que Washington incremente su presencia militar en el continente, aludiendo a la llamada “Doctrina Donroe” planteada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, sostuvo Barros en agosto pasado.

Parte de la discusión se ha concentrado en distinguir la A3C del Escudo de las Américas, a la que Chile adhirió en septiembre, decisión que no supone automáticamente su incorporación formal a esta nueva coalición contra las organizaciones criminales.

Aunque ambas iniciativas se inscriben en la estrategia regional de Trump para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, la A3C contempla una dimensión operativa y militar que ha generado mayores interrogantes entre las autoridades chilenas.

Por esa razón, el Gobierno ya comunicó hace un par de semanas al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, que Chile participará inicialmente bajo esta figura, determinación que busca mantener abierta la evaluación de las consecuencias jurídicas, políticas y operativas de una adhesión plena.

La discusión, sin embargo, ya trascendió el ámbito de las relaciones exteriores y comenzó a generar presión dentro de las propias fuerzas que respaldan a Kast.

El viernes pasado, representantes de partidos oficialistas solicitaron al mandatario reconsiderar la decisión de mantener al país fuera de la membresía plena de la coalición.

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, advirtió que sería un error que Chile se restara de una alianza orientada a combatir las organizaciones criminales, postura que fue refrendada por Arturo Squella, senador y líder del Partido Republicano, quien alertó sobre las consecuencias que podría tener la ausencia de Chile como integrante pleno del mecanismo.

El presidente chileno José Antonio Kast reconoció que el Gobierno cometió un error en la gestión de las 56 rebajas de condena concedidas a reos sentenciados por delitos sexuales contra menores, pero descartó sacar a Fernando Rabat del Ministerio de Justicia y le encomendó una tarea: encabezar las medidas destinadas a corregir lo ocurrido.

Desde el Palacio de La Moneda junto a Rabat y rodeado de varios ministros, Kast calificó la situación como “grave”, “profundamente dolorosa” e “inaceptable”.

“Quiero hablarle a todo Chile, y especialmente a las víctimas y sus familias. Durante estos últimos años, el Estado otorgó rebajas de condena a más de 300 condenados por abuso sexual y violación de niños”, comenzó su alocución.

“A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde. Como gobierno, que va más allá del poder Ejecutivo, nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”.

De acuerdo al mandatario, ahora “hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo, y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema: el vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno”.

“Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”.

De paso, aseguró que “el ministro Rabat ha reconocido la gravedad del ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”.

“Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró (...) Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas, en primer lugar, y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura, para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, remató.

Vendaval legislativo

En medio de ese debate, y mientras la oposición analiza la viabilidad de un juicio político en contra del ministro Rabat, Jaime Gajardo y Luis Cordero, exministros de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, pusieron sobre la mesa una iniciativa que ya se encuentra en tramitación y que, a su juicio, permitiría abordar los problemas de interpretación que quedaron expuestos.

Se trata del proyecto que establece tribunales especializados para resolver controversias surgidas durante la ejecución de las penas. La propuesta busca ordenar los procedimientos judiciales asociados al cumplimiento de las condenas y evitar que los recursos de amparo se transformen en una vía recurrente para resolver discusiones sobre beneficios penitenciarios.

La iniciativa, de origen transversal, fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2024, con 133 votos favorables, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

A la discusión se suma un proyecto que el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal y nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, anunció que pondrá en tabla este martes, que busca prohibir expresamente que los futuros ministros de Justicia concedan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

En conversación con el programa político Mesa Central este domingo, Mirosevic explicó que el texto fue trabajado con representantes de distintos sectores, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y que se fusionará con otra moción presentada previamente por legisladores de diversas bancadas.

La propuesta no es la única que apunta en esa dirección. Senadores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD), también anunciaron una iniciativa destinada a garantizar que la exclusión de estos condenados se aplique efectivamente.

Hay preguntas que, con el paso de los días, se vuelven más difíciles de responder. En el pacífico balneario de Santo Domingo (120 km. al este de Santiago), mientras el viento recorre las dunas y los equipos de emergencia avanzan por los sectores próximos al litoral, una de ellas sigue sin encontrar respuesta: ¿qué ocurrió con María Soledad Baasch?

A poco más de dos semanas después de su desaparición, los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones (PDI) no han permitido determinar dónde se encuentra. La búsqueda continúa bajo la coordinación de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), en un operativo que reúne a distintas instituciones y mantiene la atención puesta en cada elemento encontrado durante los rastreos.

Esta historia comenzó el pasado jueves 8 de octubre. Esa mañana, Baasch, de 60 años, salió de su departamento en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, con un destino claro: una automotora donde alquiló un vehículo, asunto que no comunicó a su familia.

El automóvil elegido fue un Peugeot 208 blanco, el que seis días después apareció estacionado en las inmediaciones de la playa Santa María del Mar, en Santo Domingo, Región de Valparaíso.

En su interior los detectives encontraron ropa y otros objetos personales de la mujer, incluido su teléfono celular. De María Soledad, sin embargo, no había rastro alguno. A partir de entonces, el vehículo dejó de ser solamente un punto de referencia geográfico y se convirtió en una pista clave para intentar reconstruir lo sucedido.

La búsqueda

Las diligencias policiales se han concentrado en los alrededores del lugar donde apareció el Peugeot y en sectores que podrían ayudar a esclarecer los últimos desplazamientos de la mujer. La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), explicó la relevancia de estos hallazgos y del trabajo desplegado en el sector.

“Por diligencias investigativas que se han realizado, tenemos posicionada a la mujer entrando en la playa Santa María el día 8 de octubre en horas de la tarde. Se han encontrado diversas especies de la persona, tanto ropa como cosas personales, lentes, celular, tarjetas, que nos dan certeza. Es por eso que los esfuerzos de búsqueda se concentran en esta zona”, señaló, según consignó CHV.

Mientras las especies encontradas están siendo sometidas a peritajes, los investigadores buscan establecer qué ocurrió después de que Baasch llegara a la costa. Cada antecedente puede contribuir a delimitar las áreas de búsqueda y a reconstruir una secuencia de movimientos que, hasta ahora, permanece incompleta.

La investigación también contempla el análisis de registros audiovisuales. Las imágenes recopiladas permiten observar parte del trayecto de la mujer, desde el punto donde dejó el automóvil hasta el acceso a la playa. Se trata de información que podría ayudar a precisar sus desplazamientos y orientar las diligencias en terreno.

“Es por eso que ahora nos encontramos trabajando con la Armada, con Bomberos, con personal de la Defensa Civil, con PDI tanto de Santiago como de San Antonio, en la búsqueda de la persona desaparecida”, agregó García-Huidobro.

El despliegue considera cerca de 50 personas, distribuidas en distintos puntos de la zona. Las batidas se han concentrado especialmente en las dunas y en los sectores próximos al lugar donde fue encontrado el automóvil, un terreno en el que la geografía obliga a revisar cuidadosamente cada área.

El domingo 18 de octubre, personal de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de San Antonio inició un despliegue marítimo y terrestre para apoyar la búsqueda de María Soledad. En el marco de las diligencias dispuestas por la Fiscalía Local de Las Condes, efectuaron patrullajes en una lancha entre Las Brisas de Santo Domingo y la desembocadura del río Maipo.

Dichas labores también han contado con drones, medios de exploración submarina, buzos y binomios caninos. Durante los días 19 y 20 de octubre continuaron los patrullajes marítimos y terrestres en distintos sectores del borde costero entre Cartagena y Santo Domingo.

El Capitán de Puerto de San Antonio, Capitán de Fragata Roberto Asencio, señaló que “hemos desplegado personal y medios marítimos para apoyar la búsqueda, en coordinación con las instituciones participantes, contribuyendo a las diligencias y entregando los antecedentes recabados al Ministerio Público”.

Una incógnita sin resolver

En paralelo a las labores sobre el terreno, los registros audiovisuales se han convertido en otra pieza clave para los investigadores, pues las cámaras de seguridad han permitido reconstruir parte del recorrido de María Soledad y establecer referencias sobre sus movimientos por el sector costero.

Aun así, la información reunida todavía no ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurrió después de su llegada a Santo Domingo. La presencia de sus pertenencias, los registros de su desplazamiento y la ubicación del vehículo son antecedentes que ayudan a orientar las pesquisas, pero no bastan para determinar su destino.

Poco más de dos semanas después de la última vez que se supo de María Soledad Baasch, el Peugeot blanco continúa siendo uno de los puntos claves de una investigación que intenta unir las piezas disponibles. Las prendas de vestir, los objetos personales y las imágenes de las cámaras ofrecen referencias para reconstruir sus últimos movimientos, pero la respuesta sobre su paradero aún sigue pendiente.

(Desde Monterrey) “La violencia circula; siempre ha circulado en la historia de la humanidad”, señaló la filósofa chilena Valeria Campos Salvatierra, que viajó a la Feria Internacional del Libro de Monterrey para presentar su último libro “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia?”, un ensayo que intenta reconstruir desde la mirada histórica de diferentes autores de la filosofía cómo entendemos este fenómeno cada vez más actual en nuestros días.

Esta nueva obra aborda, a partir de la mirada de nombres como Nietzsche, Walter Benjamin y Foucault, lo que se entiende por violencia y los efectos que tiene, incluso, en nuestros días. Campos Salvatierra es docente e investigadora del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, con lo que lleva una carrera de 20 años intentando interpretar qué decimos cuando hablamos de esto.

“Creo que sobre todo hoy día es muy importante no dejar de filosofar. Así que estoy agradecida, contenta, honrada”, señaló antes de la charla íntima con Infobae en la que relató cómo preparó este ensayo. "

La presentación oficial de su obra se llevó a cabo el pasado 18 de octubre, en coincidencia con los siete años del estallido social que ocurrió en Santiago de Chile, en el que los enfrentamientos entre estudiantes y carabineros marcaron a una generación completa. En ese sentido, remarcó el paralelismo de lo que intenta abordar en su obra con lo que ocurrió en la capital chilena por una suba en el boleto del metro: “Fue como una explosión violenta frente a un estado de cosas institucional que se percibía como muy opresivo”.

—En tu libro hablas de la posición de varios autores clásicos de la filosofía como Platón, Nietzsche o Foucault, ¿qué ejes o diferencias encontraste para hablar de la violencia?

—Llevo investigando sobre el problema de la violencia desde un punto de vista filosófico hace por lo menos veinte años. Este libro me salió así como de adentro, lo tenía muy incorporado. Y cuando digo “desde un punto de vista filosófico”, lo que quiero decir es que este libro no tiene un enfoque sociológico o político sino que su enfoque crítico está apoyado fuertemente en la tradición filosófica. Es decir, en cómo diversos autores y autoras de la tradición de la filosofía se han aproximado a este tema y han dado propuestas para identificar la violencia, para entender su sentido, para criticarla, para superarla eventualmente. No es un análisis social, ni de violencias concreta.

—¿Eso que nos lleva a ese ser humano primitivo que ante lo desconocido reaccionaba?

—No, yo diría que tiene que ver con algo que es propio de la experiencia de todos los seres humanos modernos y antiguos. No tiene que ver con una ancestralidad, sino con el hecho de que nuestra primera reacción frente a lo desconocido, que ya podría ser una primera forma de violencia, es el conocimiento. Porque el conocimiento, ¿qué intenta hacer? Controlar lo que te parece misterioso, desconocido, lo que arriba sin que tú lo calcules. Intenta controlarlo a partir del sentido. Hay un nivel donde el sentido mismo que le damos a las cosas, sobre todo bajo la forma del conocimiento, es ya una primera forma de violencia, uno podría decir, ¿no? Porque lo delimitas, lo constriñes, le entregas una forma. Le das una definición que lo encierra, lo clasifica. Y a partir de esa primera reacción, creo yo, es posible pensar que las formas de violencia más visibles, concretas, físicas, políticas, se derivan.

—¿Y podemos decir que el ser humano es violento por naturaleza?

—Esa pregunta siempre me la hacen. Y es una pregunta que no es respondible desde la filosofía, porque uno no sabe qué es la naturaleza humana. O sea, ¿quién estudia eso? No sé, a lo mejor desde la genética tú puedes encontrar un gen de la violencia, o desde la teoría de la evolución. Pero desde la filosofía tú tienes que enfocarte en estructuras de la experiencia. Cómo es nuestra experiencia del mundo, de las otras personas. A partir de esas experiencias, tú eres capaz de desencadenar acciones violentas. Esa es la pregunta. Entonces, tiene que ver con una estructura experiencial de cómo se te presentan las cosas y específicamente cómo se te presentan las otras personas en el campo general de tu experiencia.

Y bueno, desde ahí, intento hacer una síntesis esquemática de cómo la filosofía del poder siempre ha intentado mostrar que la violencia está en la base de toda configuración política, aunque se presente como democrática, aunque cristalice en un Estado de derecho, donde de lo que se trataría sería de erradicar la violencia. La violencia siempre está como un parásito que no se ve, que está escondido estructurando estos sistemas políticos.

—Podemos decir entonces que las democracias tienen en su base la violencia.

—Yo diría que sí. Lo tejo a partir de varias propuestas, entre ellas las de Walter Benjamin, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Carl Schmitt, René Girard. Es decir, grandes teóricos que intentan mostrar que nuestra percepción más común de la política, y sobre todo de la política moderna, de la democracia, pareciera que excluye la violencia. Que la violencia es como un accidente negativo, pero que el mismo sistema no debiese contener. Y en realidad, lo que estos autores tratan de mostrar y yo trato de constelar es que la violencia es fundacional respecto incluso de la democracia. Entonces, que en las democracias es peor porque está más escondida. En los regímenes monárquicos era evidente, pero ahora pareciera que no, que está excluida, que es un accidente, cuando en realidad es constitutiva también de los regímenes políticos.

—En esa línea, hay varias propuestas en América Latina que vienen creciendo a partir de discursos violentos. ¿Crees que se trata de una respuesta a los estados que fallaron?

—En la propuesta que yo trato de seguir, todas las formas de violencia políticas, epistemológicas, concretas, individuales, cotidianas se siguen de una necesidad de controlar lo incontrolable. Porque lo incontrolable nos da miedo. Obvio, es normal, nos produce una inquietud muy grande. Y por supuesto, esto que es incontrolable está en relación con lo que nos parece diferente, con lo que se nos presenta como externo a nosotros. Entonces, estamos en un momento donde la intolerancia respecto de la diferencia ya ha llegado a sus niveles más extremos. Porque justo hemos tenido antes un momento donde ha intentado haber una reivindicación de la diferencia muy fuerte, ¿no? Que viene desde mediados del siglo veinte, donde hay una nueva declaración de los derechos del hombre, un reforzamiento de los derechos humanos. Y creo que también esta reivindicación de la diferencia ha generado todavía más alergia porque es muy difícil lidiar con lo diferente. Con lo que es extraño, con lo que no se deja someter a mi pronóstico, a mi control. Me parece que son reacciones extremas que, además, provienen como respuestas reaccionarias a intentos muy loables de pensar la diferencia y de darle una cabida mayor en nuestros regímenes políticos. Me parece que estamos viviendo un momento álgido de esta economía de la violencia, es decir, de esta suerte de circulación de la violencia que siempre está presente. Porque claro, según esta idea, si la violencia proviene de una experiencia que es originaria, no es erradicable completamente. La cuestión es cómo la economizamos. Cómo la administramos como comunidad.

—Pero es una violencia que se expresa a través de un discurso, no es física.

—Es que esta es la cuestión. Por eso yo parto asociando la violencia con el conocimiento. Porque las primeras expresiones o las expresiones menos visibles pero más estructurales de la violencia son a nivel del sentido y del discurso. Lo que pasa es que cuando el discurso y el sentido empiezan a no ser suficientes para controlar la diferencia, aparece la violencia física como una suerte de coadyuvante. Estamos en un momento donde a nivel discursivo eso está muy álgido y probablemente lo que se siga, no quiero ser pesimista, sean formas concretas físicas, que ya estamos viendo en muchos lugares del mundo.

—¿Y vos crees que se está llegando a un punto de ebullición con la violencia?

—Creo que lo que ocurre es que la violencia circula. Circula. Siempre ha circulado en la historia de la humanidad. Y hay momentos en que la hemos administrado de manera que parece que la tenemos más controlada y hay momentos donde esa administración se sale de las manos… y explota, en efecto. En la figura de los estallidos sociales o en la figura de los regímenes totalitarios. Pero no es que ahora haya menos o más violencia que antes sinoo que son formas de esta economía de la violencia donde se alcanzan picos más altos o más bajos de expresión. Hay que también salir de la visión ingenua de que podemos superarla o llegar a un estado perfecto donde la violencia sea mínima.

—Pero cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos?

—Lo que yo no quisiera hacer, que lo digo en las primeras páginas, es dar una definición, la violencia es esto, porque inmediatamente la clasificas en un área, ¿no? De todos los problemas existenciales y dices: se aplica aquí, no acá y no acá y no acá. Por ejemplo, en la política, cuando en realidad el conocimiento también es cómplice de la violencia, el sentido, el discurso, incluso las relaciones éticas y sociales más pacíficas, hay complicidad con la violencia. Entonces, lo primero es no definirla. Y lo segundo sería mostrar que está presente en todos los ámbitos y que ella circula.

Críticas desde todo el espectro político enfrenta el gobierno luego que un reportaje del medio Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia rebajó las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo al artículo, 27 de los beneficiados cumplían condenas por abuso sexual y otros 29 por violación y solo una de las solicitudes presentadas fue rechazada.

La noticia provocó reacciones transversales. El exministro de esa cartera, Jaime Gajardo, y la exvocera Camila Vallejo, recordaron que durante la administración de Gabriel Boric el criterio político fue rechazar sistemáticamente cada una de estas solicitudes, y acusaron al gobierno de modificar esta directriz de manera injustificada.

En tanto, diversos sectores parlamentarios fustigaron que el Ministerio de Justicia otorgara el beneficio de reducción por vía administrativa -directamente por decreto-, pese a reconocerse que ninguno de los 56 reos beneficiados contaba con un recurso judicial particular ganado en tribunales para este proceso.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, apuntó a la fuerte contradicción del discurso gubernamental, cuestionando que el Ejecutivo prometa públicamente “mano dura” contra la delincuencia cuando en la práctica aminora las penas de agresores sexuales de niños, mientras que el diputado Jaime Mulet aseguró que se trata de un “indulto parcial” encubierto.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez manifestó su enérgico rechazo, denunciando un grave retroceso en la protección de la infancia, y exigió aclarar qué medidas y resguardos concretos se adoptaron para las víctimas de los delincuentes favorecidos.

La respuesta del gobierno

Desde el Ejecutivo defendieron la medida y descartaron que las decisiones respondan a una determinación discrecional del Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo este miércoles que se ajustó estrictamente a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema.

Según explicó el titular de la cartera, el escenario jurídico cambió con la entrada en vigencia de la modificación legal de 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios en los delitos contemplados por la normativa. Antes de ese cambio legislativo, la Corte Suprema acogió recursos de amparo presentados por personas condenadas, estableciendo criterios que posteriormente debían ser considerados por la autoridad administrativa.

En esa línea, Rabat argumentó que la decisión consistió en asumir dicho criterio de forma generalizada.

“La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el Ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos, fue seguir la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó el secretario de Estado.

Tocante a si no correspondía que cada condenado tramitara su pretensión de manera individual ante los tribunales, Rabat reiteró que “lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, y al cierre negó que todo el asunto se haya hecho sin informar a la opinión pública.

“¿Cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos? Lea la Constitución”, argumentó.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la participación del presidente José Antonio Kast, cuya firma aparece en los decretos que autorizaron las reducciones de pena. Consultado por este aspecto, Rabat explicó que las decisiones judiciales deben materializarse mediante actos administrativos y que la firma presidencial forma parte de ese procedimiento.

La ofensiva legislativa

Así las cosas, en cuestión de horas diputados y senadores de todos los colores políticos anunciaron cinco iniciativas legislativas con el mismo objetivo: impedir que los responsables de estos delitos puedan acogerse a rebajas de condena bajo determinadas condiciones.

La primera vino desde la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, que presentó una propuesta de reforma constitucional para modificar los criterios temporales aplicables a las reducciones de condena.

La diputada Emilia Schneider (FA) también anunció un proyecto orientado a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores obtengan reducciones de pena mediante interpretaciones de la normativa que regía antes de 2022.

Desde la Cámara Alta, el senador Arturo Squella (REP) anunció una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, con el objetivo de asegurar que la exclusión de estos beneficios tenga una aplicación efectiva.

Asimismo, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) se incorporó a la ofensiva legislativa con un proyecto que pretende extender la prohibición de acceder a rebajas de condena a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022, y tiene previsto reunirse esta jornada con el ministro Rabat para examinar su viabilidad jurídica.

La quinta propuesta fue anunciada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), e incorpora mayores exigencias de fundamentación y mecanismos de control para la concesión de reducciones de condena.

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó que a partir de esta jornada el precio de los combustibles tendrá un nuevo aumento, el quinto consecutivo desde julio pasado. Esta vez, el mayor impacto se concentra en el diésel, que subió $91,5 por litro (USD 0,93), mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentaron un aumento de $41,3 por litro (USD 0,41).

La parafina tampoco quedó al margen de la variación, con un alza de $24,8 por litro (USD 0,25). En tanto, el gas licuado (GLP) destinado al uso vehicular registró un incremento de $13,9 por litro (USD 0,14).

Desde fines de julio, el precio de las gasolinas acumula un incremento de $183,4 por litro (USD 1,85). En el caso del diésel, la variación total llega a $401,4 por litro (USD 4,06), diferencia que explica en buena parte la inquietud que existe entre los gremios del transporte de carga y pasajeros.

El escenario es particularmente complejo para los pequeños transportistas, que representan una parte importante del sector y que no siempre cuentan con suficiente margen para absorber los costos adicionales o traspasarlos íntegramente a las tarifas de los fletes.

Hacienda defiende el mecanismo de estabilización

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Ejecutivo está “haciendo un esfuerzo muy grande por que estas alzas sean lo más pausadas posibles dentro de lo que permiten las finanzas públicas”.

Según detalló, la intervención fiscal asociada a esta tarea ha representado un efecto de aproximadamente $300 mil millones (USD 304.049.284), en tres semanas.

El instrumento al que apunta el Gobierno es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), diseñado para amortiguar las fluctuaciones de los valores internacionales y evitar que todos sus efectos se traspasen de inmediato a los consumidores.

El sistema contempla revisiones periódicas de los precios de las gasolinas y el diésel, con ajustes cada tres semanas. Sin embargo, su funcionamiento y los límites de las variaciones han quedado bajo escrutinio después de los fuertes incrementos registrados durante el año.

A fines de marzo, el mecanismo fue neutralizado de manera excepcional, situación que derivó en el denominado “bencinazo”. En esa oportunidad, la gasolina de 93 octanos aumentó $372,2 (USD 3,77) por litro, mientras que el diésel experimentó una subida de $580,3 (USD 5,88) por litro.

En el caso de las gasolinas, el economista Mauricio Vásquez explicó a Emol que el mecanismo contempla un límite de incremento de 2,4% por cada período de tres semanas. Para el diésel, en cambio, ese mismo tope no se está aplicando, por lo que el monto de los reajustes queda sujeto a las decisiones de Hacienda.

A fines de septiembre, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, había anticipado que los valores observados en ese momento hacían prever aumentos de magnitud similar cada tres semanas hasta comienzos de diciembre. De esta manera, el próximo reajuste de las gasolinas y el diésel está previsto para entrar en vigencia el próximo 12 de noviembre.

Camioneros: “Situación insostenible”

La sucesión de incrementos tiene más que preocupados a los gremios del transporte. Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, advirtió que los pequeños transportistas enfrentan una situación cada vez más difícil, debido a que el encarecimiento del combustible no siempre puede reflejarse en el precio de los servicios que prestan.

“Esto es un golpe más al bolsillo de muchos camioneros”, señaló Martínez, quien calificó el panorama como “insostenible” y cuestionó lo que considera una falta de voluntad política para abordar algunas de las alternativas disponibles.

Desde la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, en tanto, anunciaron la realización de un consultivo nacional ampliado para el 4 de noviembre, en Santiago, instancia que buscará recoger la opinión de las bases y definir la posición del gremio ante las autoridades.

En paralelo, camioneros de San Antonio tienen prevista una reunión esta jornada con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler Duncker, para abordar el precio del diésel y las tarifas de los fletes.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, designó al abogado y ex diputado Gonzalo Arenas como nuevo vocero del Gobierno, en medio de cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y de la caída de la aprobación del mandatario.

Arenas, de 53 años, asumirá además como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). El ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) reemplazará al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien concentraba ambas funciones desde mayo.

La designación se produjo siete meses después de la llegada de Kast a La Moneda, en un escenario de alta desaprobación. Diversos sondeos ubicaron la popularidad del presidente por debajo del 30%, frente al 60% registrado en marzo.

El nuevo portavoz, doctor en Historia y diputado por La Araucanía entre 2006 y 2014, compartió bancada con Kast durante su paso por el Congreso. También fue asesor especial de asuntos indígenas en el segundo mandato de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, y trabajó para los ministerios del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia.

En su primera comparecencia desde el palacio presidencial, Gonzalo Arenas descartó una “guerrilla de declaraciones” durante el ejercicio de su nuevo cargo. La vocería fue una de las áreas con mayores dificultades para el Gobierno de Kast. El mandatario apartó de ese puesto a la actriz y comunicadora Mara Sedini dos meses y medio después de asumir la Presidencia, tras varias polémicas.

Arenas asumió durante la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que contempla recortes para salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos y subsidios.

El nombramiento coincidió con una emergencia climática que mantiene a cinco de las 16 regiones de Chile bajo alerta ante un nuevo temporal. Desde agosto, una serie de lluvias provocó inundaciones y aluviones que dejaron al menos 13 muertos.

Miles de personas se reunieron en la Plaza Italia de Santiago el domingo pasado para recordar el séptimo aniversario del estallido social de 2019 y cuestionar los recortes presupuestarios de la administración de Kast, en una jornada que registró choques aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La movilización, convocada por organizaciones sociales y estudiantiles, reunió consignas como “Octubre sigue vigente”, “La sangre derramada no se olvida” y “No queremos sobrevivir, queremos vivir”. La concentración se desarrolló sin incidentes de gravedad hasta cerca del mediodía, cuando grupos reducidos protagonizaron enfrentamientos con agentes de seguridad.

La conmemoración fue la primera desde la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia, en marzo. El mandatario definió las protestas de 2019 como “estallido delictual”, mientras los asistentes reclamaron por los recortes en salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos y subsidios. El Ejecutivo también dispuso el cierre de un programa destinado a mujeres y el fin de una iniciativa que durante 17 años entregó computadoras a estudiantes de bajos recursos.

Loreto Vargas, estudiante de Psicología, llamó a los jóvenes a movilizarse “contra el auge de la ultraderecha a nivel mundial” y pidió preservar la memoria de los hechos ocurridos en 2019. “En un país como el nuestro es muy importante tener memoria”, afirmó en diálogo con EFE.

El estallido social derivó en dos procesos constituyentes que no lograron aprobar una nueva Carta Magna. Las protestas combinaron movilizaciones masivas con episodios de violencia y dejaron una treintena de muertos y miles de heridos por la actuación de las fuerzas de seguridad.

La percepción ciudadana sobre ese proceso mostró posiciones divididas. El Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) señaló que el 64% de los encuestados considera que el estallido fue negativo para Chile, siete puntos más que en 2024. A su vez, una encuesta de Criteria indicó que el 68% cree que las demandas que motivaron las protestas aún no encuentran respuesta.

En la marcha, Florencia, una estudiante secundaria de 14 años que acudió junto a su padre, rechazó los ajustes en el sistema educativo. “En la educación no puede haber recortes porque es la fuente de riqueza principal de un país”, expresó.

(Con información de EFE)

El desprendimiento se registró cerca de las 12.40, según precisó Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, en declaraciones recogidas por El Nueve. El aviso llegó desde el lado chileno hacia las autoridades argentinas, que de inmediato dispusieron un corte preventivo en ambos extremos del paso fronterizo: tanto en el sector de Las Cuevas, del lado argentino, como en territorio de Chile.

Al momento de la avalancha, el Sistema Integrado Cristo Redentor funcionaba bajo un esquema de habilitación parcial, exclusivamente para camiones y vehículos de carga con sentido Argentina-Chile. Era, de hecho, la primera jornada del plan de apertura gradual que las autoridades del sistema habían difundido mediante un comunicado oficial pocas horas antes del evento.

Ese esquema contemplaba tres etapas. La primera, correspondiente al miércoles 21, habilitaba el paso desde las 9 solo para transporte de carga hacia Chile. La segunda, prevista para el jueves 22, permitiría la circulación de camiones en sentido inverso —de Chile hacia Argentina— desde las 8 y hasta las 8 del viernes. Recién el viernes 23 de octubre estaba programada la apertura total del corredor para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos y durante las 24 horas.

La caída de nieve y material dejó obstruida la calzada en el sector del cobertizo. Un camionero que quedó varado en el lugar grabó en video el estado de la ruta y las máquinas viales que ya trabajaban para despejar el camino, según consignó la señal televisiva.

Las tareas en la zona se concentran en la remoción de nieve y en la evaluación de la seguridad tanto de la calzada como de los taludes circundantes. Los equipos técnicos del Sistema Integrado Cristo Redentor y los servicios de vialidad mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas para definir cuándo resultará seguro reanudar el tránsito.

Hasta el último parte disponible, no se informaron heridos ni vehículos dañados como consecuencia del desprendimiento. La prioridad de las autoridades, según los distintos medios que cubrieron el hecho, es verificar el estado de la infraestructura antes de autorizar cualquier tipo de circulación por el corredor internacional. La reapertura dependerá del relevamiento que realicen los equipos desplegados en el sector afectado.

Cómo estará el clima en el Paso Cristo Redentor

Pasando al detalle del pronóstico y estado en Alta Montaña, para el jueves 22 se aguarda un cielo despejado por la mañana con habilitación para carga desde las 8:00, un esquema sujeto a cambios.

Promediando las 15:00 o 16:00, el escenario desmejora con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas y nevadas en el sector norte y central. Dando un salto hacia el viernes 23 de octubre, los organismos evaluarán la habilitación para todo tipo de vehículos en ambas direcciones si las condiciones acompañan, proyectando máximas de -1°C y mínimas de -9°C.

Cerrando el mapa de temperaturas actuales en la zona, los termómetros marcan 4°C en Uspallata, -7°C en Punta de Vacas, -10°C en Puente del Inca y -11°C en Las Cuevas.

La compra de cazas F-16 por parte de la Argentina y los planes de Chile para renovar sus aviones de combate reavivaron el debate sobre el equilibrio militar entre ambos países. Sin embargo, Andrei Serbin Pont sostuvo que las adquisiciones responden a la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y recuperar capacidades postergadas, y no a una carrera armamentista.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, el especialista explicó que las compras militares no implican necesariamente una escalada bélica. Para evaluar si existe un proceso de rearme, señaló, hay que considerar las amenazas que enfrenta cada país, la evolución de sus presupuestos, los cambios en sus capacidades y la orientación de sus políticas de Defensa.

La Argentina busca recuperar capacidades militares

La incorporación de los F-16 permitió a la Fuerza Aérea Argentina comenzar a recuperar su capacidad de combate supersónico, perdida en 2015 con la retirada de los Mirage. La renovación de esos aviones era una demanda de la institución desde la década de 1990, pero su concreción se demoró durante años.

La actualización también alcanza al Ejército y la Armada. La Argentina recibió ocho vehículos blindados Stryker y solicitó otras 235 unidades para equipar a la Décima Brigada, destinada a operaciones de despliegue rápido. Los nuevos vehículos reemplazarán medios sobre orugas de la década de 1960.

En el ámbito naval, los aviones P-3C Orion permiten modernizar las capacidades de patrulla marítima y sustituir aeronaves anteriores que acumulaban años de servicio y presentaban limitaciones tecnológicas. A esas adquisiciones se suman los planes para incorporar submarinos y buques de superficie.

Serbin Pont destacó que las tres fuerzas necesitan renovar sus sistemas y que la compra de una plataforma no resuelve por sí sola todas sus necesidades operativas. En ese sentido, explicó que buena parte de las incorporaciones argentinas apunta a recuperar capacidades perdidas o reemplazar equipamiento obsoleto.

Chile también prepara el reemplazo de sus aviones

En Chile, el anuncio de un proceso de estudio para sustituir los F-5 generó repercusiones similares. Esos aviones acumulan más de cinco décadas desde su desarrollo y su eventual reemplazo se proyecta para después de 2031, dentro de un programa de mediano y largo plazo.

La Fuerza Aérea chilena opera 46 F-16: diez adquiridos nuevos en 2006 y el resto incorporado mediante operaciones con aeronaves usadas. Esa flota le permitió mantener durante años una ventaja en determinadas capacidades de combate aéreo frente a la Argentina, que demoró la renovación de sus sistemas.

El analista explicó que la diferencia se profundizó después de 2000, cuando Chile aprovechó oportunidades en el mercado internacional para incorporar cazas, aviones de reabastecimiento en vuelo, aeronaves de alerta temprana y buques. Mientras Santiago avanzó con esas adquisiciones, Buenos Aires dio de baja sistemas o postergó su reemplazo.

La llegada de los F-16 argentinos contribuye a reducir parcialmente esa brecha. Sin embargo, Serbin Pont descartó que las decisiones de ambos países respondan a una competencia por la superioridad militar. Según su análisis, las diferencias actuales son consecuencia de distintos ritmos de inversión y modernización, no de una disputa bilateral.

Los presupuestos no muestran una carrera armamentista

La evolución del gasto militar es uno de los argumentos centrales del especialista. Según los datos que presentó durante la columna, la Argentina destina alrededor del 0,56% de su producto bruto interno (PBI) a Defensa, mientras que Chile pasó de asignarle el 2,6% en 2008 al 1,52% en la actualidad.

Para Serbin Pont, estas cifras no reflejan una expansión sostenida del esfuerzo militar de ninguno de los dos países. Aunque las adquisiciones incorporan nuevos sistemas, muchas de ellas buscan reemplazar equipos antiguos o recuperar capacidades que habían quedado fuera de servicio.

El analista planteó cuatro criterios para distinguir una modernización de un proceso de rearme: la existencia de una amenaza concreta, un incremento significativo del gasto o de las capacidades militares, la búsqueda de una ventaja estratégica decisiva y la adopción de una doctrina ofensiva.

A su juicio, ninguno de esos factores permite hablar de una carrera armamentista entre Buenos Aires y Santiago. La Argentina no considera a Chile una hipótesis de conflicto y la política de Defensa chilena tampoco identifica a Buenos Aires como una amenaza vecinal declarada.

Tampoco observa una estrategia destinada a obtener una ventaja militar decisiva sobre el país vecino. Si bien Chile mantuvo durante años una superioridad en determinados componentes, la incorporación de los F-16 argentinos reduce parcialmente esa diferencia. Para el especialista, ese cambio no supone una escalada, sino una recuperación de capacidades.

Por último, ambas políticas de Defensa están orientadas a la disuasión y no plantean un enfrentamiento entre sus Fuerzas Armadas.

La cooperación bilateral frente a las versiones de conflicto

Serbin Pont también destacó el vínculo construido entre ambos países durante las últimas décadas. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 y los mecanismos de cooperación militar contribuyeron a superar antiguas disputas limítrofes y consolidar la confianza bilateral.

Como ejemplo, mencionó los entrenamientos conjuntos recientes entre paracaidistas chilenos y fuerzas especiales argentinas. Esas actividades, sostuvo, reflejan una relación institucional que contrasta con las versiones sobre un enfrentamiento inminente.

El analista aclaró que las Fuerzas Armadas deben contemplar la posibilidad de que las condiciones estratégicas cambien y surjan nuevas amenazas. Esa previsión forma parte de la planificación militar, pero no significa que exista actualmente un conflicto en el horizonte.

La renovación de los equipos argentinos y chilenos responde, según su análisis, a necesidades operativas acumuladas durante años. Para evaluar esas decisiones, consideró necesario observar la antigüedad del material, las capacidades que cada país busca recuperar y la evolución de sus presupuestos, en lugar de interpretar cada adquisición como una señal de hostilidad.

Al concluir su columna, Serbin Pont cuestionó las versiones difundidas en redes sociales que presentan las compras militares como un anticipo de una guerra entre ambos países. “No vengamos a caer en la dinámica de X, que dice que estamos al borde de una guerra”, advirtió.

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En el corazón del desierto más árido del mundo comienza a tomar forma una apuesta que busca cambiar el mapa productivo del norte chileno: llevar agua desalada a terrenos fiscales en el desierto de Atacama y convertirlos en campos de cultivo.

La propuesta es impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y tiene un objetivo que va más allá de la producción de fruta: generar nuevas fuentes de empleo en una región que podría beneficiarse de una actividad agrícola de mayor escala.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó este martes en entrevista con EmolTV que “estamos conversando con mucha gente y pensando fuera de la caja para ver cómo generamos más fuentes de trabajo en el país”.

La iniciativa considera aprovechar las condiciones climáticas de la zona y compensar la falta de agua mediante tecnología de desalación. La meta inicial es habilitar una superficie de 450 hectáreas, siempre que se logre resolver la ecuación económica que permita sostener el proyecto.

Según las estimaciones entregadas por el biministro, un plan piloto de esa magnitud podría generar cerca de 3.000 puestos de trabajo durante la temporada de cosecha.

Mas reconoció que el precio del recurso hídrico constituye la principal dificultad para avanzar. Por eso, el Ejecutivo estudia cómo estructurar un esquema que permita financiar las primeras 450 hectáreas y comprobar si el modelo demuestra resultados.

Arándanos en el desierto

El plan piloto que impulsa el gremio agrícola contempla inicialmente 200 hectáreas destinadas al cultivo de arándanos en maceta, con riego mediante agua de mar desalinizada, en terrenos ubicados a 20 kilómetros al norte del aeropuerto Desierto de Atacama, en la comuna de Caldera (870 kms al norte de Santiago).

Eso sí, el presidente de la SNA, Antonio Walker, advirtió que si las plantas no se siembran en Chile durante mayo de 2027 terminarán siendo cultivadas en Perú, tal como sucedió con su propuesta inicial que no llegó a buen puerto en el último gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto contempla una inversión estimada de entre USD 25 y USD 30 millones y según el dirigente gremial, hay un inversionista chileno dispuesto a asumir el riesgo inicial. La fórmula planteada considera que el Estado facilite los terrenos fiscales y apoye el financiamiento de la inversión de partida, mientras el sector privado se haga cargo de los costos operacionales.

La propuesta fue presentada a Mas el 16 de septiembre pasado, en una reunión en la que también participó Alejandro García-Huidobro, fundador y CEO de Prize, empresa productora y exportadora de arándanos con operaciones en Chile y Perú.

Perú, el modelo a imitar

La semana pasada, Mas y Walker viajaron a Perú para conocer experiencias de desarrollo agrícola en zonas áridas y los sistemas de irrigación que han permitido ampliar la superficie cultivada en ese país.

El caso peruano ofrece una referencia relevante, aunque no se trata de un modelo idéntico al que se busca implementar en Atacama. Allí, parte de la expansión agrícola se ha apoyado en el traslado de agua desde zonas de mayor disponibilidad hacia valles secos, una alternativa que, según Mas, tiene un costo algo menor que la desalación.

“Esto ya se hace en otras latitudes y tenemos que adaptarlo al modo chileno”, planteó el biministro.

Las cifras expuestas por Walker dimensionan la diferencia entre ambos países: Perú cuenta con 2,6 millones de hectáreas regadas y exportaciones frutícolas por USD 15.000 millones, mientras Chile registra alrededor de 900.000 hectáreas bajo riego.

Para los impulsores de la iniciativa, esa brecha representa una oportunidad para explorar nuevas superficies productivas en el norte chileno, siempre que se resuelvan las limitaciones hídricas y financieras.

El proyecto también abrió una discusión sobre el uso productivo del patrimonio estatal. La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó que la propuesta permite mirar los terrenos fiscales como una herramienta para generar nuevas actividades económicas, incluso en territorios marcados por la escasez de agua.

Desde la cartera de Agricultura, el ministro Jaime Campos también valoró la iniciativa y señaló que se enmarca en la búsqueda de alternativas para ampliar las posibilidades de desarrollo agrícola en el norte del país, aunque de paso advirtió que el desafío requiere una mirada de largo plazo y una visión de país.

La Fiscalía Regional de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una red criminal dedicada al robo y comercialización de cobre desde las instalaciones de la mina El Teniente de Codelco en Rancagua (85 kms al norte de Santiago). El megaoperativo policial, bautizado como “Operación Veta Roja”, contempló el allanamiento de 70 viviendas y movilizó a unos 300 uniformados, dejando un saldo de 59 detenidos.

Entre las especies incautadas figuran cobre, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y herramientas utilizadas para ejecutar los delitos, razón por la cual todos serán formalizados este jueves por los delitos de robo en bienes nacionales de uso público, usurpación, robo en lugar no habitado, receptación y lavado de activos.

De acuerdo al Ministerio Público, la banda operaba hace al menos dos años y su líder era un excarabinero que ya había sido investigado en 2023 por hechos relacionados con la receptación de cobre proveniente también de Codelco, causa por la que recibió una condena de 541 días mientras aún prestaba servicios en la Primera Comisaría de Rancagua.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, destacó el trabajo investigativo que permitió reunir antecedentes durante diez meses y desarticular la estructura criminal.

“Hemos desarrollado una investigación que en definitiva llevó a desbaratar una banda con 59 detenidos. Vamos a formalizar 30 delitos de robo y hurto de cobre”, adelantó este martes el persecutor, según consignó Emol.

Información desde el interior de El Teniente

La indagatoria también alcanzó a trabajadores de la cuprífera estatal, puesto que dos funcionarios de la mina habrían “dateado” al resto de los integrantes de la red.

“Daban información privilegiada a las demás personas que se dedicaban al robo y comercialización del cobre”, explicó por su parte el fiscal de Análisis Criminal, Carlos López.

Sin embargo, la Fiscalía no ha podido establecer aún con precisión el volumen total de cobre robado, puesto que su cantidad varía según cada episodio.

“Es relativo, porque tenemos alrededor de 30 hechos que vamos a formalizar. Algunos son de 600 kilos, otros de 800 kilos. No podría dar una cifra precisa ahora”, explicó el persecutor.

Tocante al destino de la carga, todo indica que era traslada hacia puntos de comercialización ubicados principalmente en Santiago y el puerto de San Antonio.

Sus roles

Los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa describen una estructura bien organizada, en la que cada integrante cumplía una tarea específica. La operación no terminaba con el robo del cobre, pues el material debía salir de zonas de difícil acceso, llegar a sus compradores y transformarse en dinero contante y sonante sin levantar sospechas.

Así, en los sectores cordilleranos actuaban las denominadas “cuadrillas de montaña”, encargadas de sustraer el mineral. Luego, el cobre era entregado a los llamados “muleros”, quienes utilizaban animales para transportarlo desde la montaña hasta lugares donde pudiera ser acopiado y trasladado con mayor facilidad.

Otro grupo estaba compuesto por los “cortadores”, a quienes se atribuye la sustracción de cobre desde líneas eléctricas. Luego venían los receptadores, que utilizaban empresas de chatarra como fachada para dar salida comercial a las especies robadas. Dichas empresas habrían permitido insertar el cobre en el mercado y dificultar la identificación de su origen.

La investigación también identificó a presuntos testaferros, quienes habrían puesto bienes o ganancias a su nombre para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones, y a ellos se suma la participación de una mujer a cargo de las operaciones financieras de una de las empresas vinculadas a la estructura.

El Senado aprobó este martes con 37 votos a favor y una abstención el proyecto que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la legislación chilena, gracias al cual el Ejecutivo suma nuevas herramientas para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes y reducir las dificultades que, hasta ahora, han complicado su aplicación.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, valoró el resultado de la votación y destacó los cambios introducidos durante la discusión legislativa, especialmente tras el paso de la iniciativa por una comisión mixta.

“Había una serie de dificultades. Se presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley fue mejorado por el actual Ejecutivo. Fuimos a una comisión mixta. Esa comisión mixta, por la unanimidad de sus integrantes, acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”, señaló Ruminot.

Más herramientas

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa apunta a un problema operativo: encontrar a las personas que mantienen órdenes de expulsión vigentes y ejecutar su deportación.

Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ahora solicitar autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona requerida y proceder a su detención. El magistrado tendrá un máximo de 24 horas para resolver la petición, incorporando así una revisión judicial previa a la diligencia.

La reforma también entrega nuevas facultades al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para recabar antecedentes que permitan ubicar a personas en situación migratoria irregular. Las solicitudes de información podrán dirigirse a particulares, empresas y funcionarios públicos, aunque la norma contempla límites y entre las restricciones se encuentran la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales, así como información relativa a menores de edad.

La iniciativa incorpora, además, mecanismos destinados a facilitar la identificación y tramitación de los casos. Entre ellos figuran el registro biométrico obligatorio para extranjeros infractores mayores de edad y la posibilidad de retener documentos de viaje.

Menor plazo para una reclamación

Otro de los cambios relevantes está en los plazos para impugnar una orden de expulsión administrativa. Con la nueva regulación, el período para presentar una reclamación judicial se reducirá de diez a cinco días. Además, la presentación del recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida.

En términos prácticos, reclamar una expulsión ya no será suficiente, por sí solo, para detener su cumplimiento. La modificación busca evitar que la sola interposición de una acción judicial paralice necesariamente el procedimiento.

La reforma también amplía las causales que pueden justificar una expulsión administrativa, incorporando las graves afectaciones al orden público. A ello se suma un endurecimiento de las restricciones para regresar al país: el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile aumentará de tres a cinco años.

La normativa establece, asimismo, que las órdenes de expulsión se mantendrán vigentes hasta que sean ejecutadas. De esta forma, la medida no perderá vigencia simplemente por el transcurso del tiempo antes de materializarse.

Tres procedimientos policiales ejecutados en distintos puntos de la Región de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago) permitieron sacar de circulación 798 kilos de marihuana y detener a seis personas en un lapso de cuatro días. Las operaciones, desarrolladas la semana pasada, tuvieron como escenarios la Ruta 5 Norte, Calama y el sector fronterizo de Inacaliri, en la frontera con Bolivia.

Los resultados fueron presentados este lunes en un punto de prensa por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, junto a autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en una jornada marcada por dos hitos: los 25 años de la Reforma Procesal Penal en la región y el cumplimiento de tres años de su gestión al frente del Ministerio Público regional.

Pero más allá de la cantidad de droga decomisada en estos últimos operativos, el persecutor puso el acento en la metodología detrás de estos, la que busca identificar las estructuras criminales y seguir la “ruta del dinero”, y no limitar la persecución penal a quienes trasladan los cargamentos.

Los tres operativos

El primer procedimiento se concretó el jueves pasado, luego de un seguimiento iniciado en la Ruta 5 Norte cuando carabineros fiscalizaron un furgón en el sector La Negra, en Antofagasta, en cuyo interior hallaron más de 622 kilos de marihuana ocultos en el área de carga.

El conductor fue detenido en el lugar y la investigación posterior permitió identificar a otros dos involucrados que cumplían funciones de “punta de lanza”, es decir, de apoyo y alerta durante el desplazamiento del cargamento, quienes fueron detenidos posteriormente en Caldera.

La segunda incautación ocurrió el viernes en Calama, cuando a partir de información de inteligencia detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI fiscalizaron una camioneta que transportaba un baño químico. Al inspeccionar su interior, encontraron 128 paquetes con 131 kilos de marihuana, cuyo destino era la zona central del país.

El tercer procedimiento tuvo lugar este domingo en el sector de Inacaliri, donde personal del retén fronterizo detuvo a dos adolescentes que habían ingresado a Chile desde Bolivia con 44 kilos de marihuana en sacos.

Los imputados por los dos primeros operativos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación de los menores de edad será abordada por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente.

127,8 toneladas de drogas decomisadas en tres años

Castro Bekios sostuvo que los procedimientos forman parte de una tendencia que comenzó en octubre de 2023 y que, hasta la fecha, suma 127,8 toneladas de droga incautada en la región, volumen que equivale a 276 millones de dosis y representa un valor estimado de $810 mil millones de pesos (USD 828.132.916).

Por otra parte, entre enero y octubre de 2026 las incautaciones alcanzan las 62,3 toneladas, lo que se traduce en un promedio de 214 kilos decomisados diariamente.

El persecutor también comparó las cifras recientes con los registros nacionales de años anteriores para dimensionar los cambios que ha experimentado el narcotráfico y la respuesta de las instituciones encargadas de combatirlo.

“En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, solo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo.

El fiscal vinculó estos resultados con los tres años que lleva al mando de la Fiscalía Regional y con el aniversario de la Reforma Procesal Penal, planteando que la evolución de las organizaciones criminales ha obligado a modificar las estrategias de investigación.

“En 25 años el crimen cambió, pero en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”, profundizó el persecutor.

Perseguir las redes

La estrategia descrita por Castro Bekios apunta a intervenir en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico, desde el ingreso de la droga por pasos fronterizos hasta su almacenamiento, traslado y distribución hacia el norte del país.

En esa línea, el fiscal regional enfatizó que las incautaciones no representan por sí solas el objetivo final de las investigaciones, sino que forman parte de un trabajo orientado a identificar a los responsables de organizar las operaciones y seguir el rastro de los recursos económicos asociados a ellas.

“No celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”, remató el exitoso persecutor.

Cae el turismo en Perú. Luego de estar subiendo sostenidamente luego de la pandemia, las cifras de las llegadas de turistas internacionales a Perú ha bajado.

De 2 millones 449 mil 582 en 2024, se había subido a 2 millones 561 mil 592 visitantes en 2025, pero este avance se ha visto mermado con una caída de 0,9% este año (en el periodo de enero a setiembre). A la fecha, en 2026, nos han visitado 2 millones 539 mil 579 viajeros, 22 mil 13 menos.

Y, entre sumas y restas, considerando algunos países de los que sí se ha recibido más visitantes, el mayor impacto viene de los residentes de Chile que ya no nos visitan. Y en septiembre tuvieron su mayor caída, pasando de 59 mil 186 a 43 mil 706, una caída de 26,2%. Y para el periodo enero-setiembre, esto significa recibir 40 mil visitantes 805 menos que el 2025.

Chilenos dejan de venir a Perú

“Entre enero y setiembre de 2026, la llegada de turistas internacionales al Perú totalizó 2 millones 539 mil 579, lo que significó una ligera contracción de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025 (flujo negativo de 22 mil turistas). Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 76,5% en comparación a los niveles registrados entre enero y setiembre de 2019″, resalta el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en su último reporte mensual de turismo.

Como se sabe, Chile es el país de donde vienen mayores visitantes internacionales al Perú, por lo que los resultados de las cifras de turismo son determinados principalmente por la llegada de justamente residentes de Chile.

Si bien el Mincetur destaca que este año (enero-setiembre) se alcanzó una cifra de 501 mil turistas (equivalente al 19,7% del total), sí se registró una disminución de 7,5% respecto al mismo periodo de 2025.

“Le siguieron Estados Unidos, con 481 mil turistas (18,9% del total; +3,3%); Ecuador, con 215 mil (8,4%; -3,6%); Brasil, con 140 mil (5,5%; +1,2%); Bolivia, con 138 mil (5,4%; - 3,5%); y Colombia, con 125 mil (4,9%; -8,4%)”, se informa.

Vienen también menos turistas de Latinoamérica

Pero si bien Chile es el uno de los factores más relevantes para las cifras de llegadas de turistas, también otros países aportan una cantidad importante visitantes. En estos también se ha caída, en su mayoría, en las cifras de viajeros que se reciben de estos.

“A nivel de bloques regionales, la llegada de turistas residentes de Sudamérica representó el 48,7% del total (1 236 450 turistas internacionales). Asimismo, Norteamérica concentró el 24,5% (621 mil turistas), Europa el 18,2% (461 mil turistas), Asia 4,5% (113 mil turistas) y Centroamérica 2,8% (70 mil turistas)”, resume el Mincetur cómo se configura el aporte de cada zona del mundo.

Según el análisis de Infobae Perú, así cayeron la llegada de turistas de varios países de Latinoamérica dentro del top 10 de las naciones de donde vienen más turistas:

• Chile: Entre enero y septiembre de 2026 llegaron 500.930 turistas de Chile, una baja de 7,5% frente al mismo período de 2025 y de 46,3% respecto de 2019.
• Ecuador: Se registró 214.557 llegadas, con una caída de 3,6% interanual y de 15,6% frente a enero-septiembre de 2019.
• Bolivia: Aportó 137.947 turistas, un descenso de 3,5% frente a 2025 y de 2,5% en comparación con 2019.
• Colombia: Sumó 125.256 visitantes, una baja de 3,4% interanual y de 24% respecto de 2019.
• Argentina: Contabilizó 98.539 turistas, con una caída de 5,1% frente a 2025 y de 37,7% frente al nivel prepandemia de 2019.
• México: Registró 76.353 llegadas, una disminución de 6,6% frente a enero-septiembre de 2025 y de 17,5% respecto de 2019.
• Brasil: Este país fue la única excepción latinoamericana. Recibimos 139.783 turistas, un aumento de 1,2% frente a 2025 y de 4,8% respecto de 2019.

El Gobierno chileno expulsará del país a seis ciudadanos extranjeros detenidos durante los disturbios registrados el domingo pasado en Santiago, en medio de las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social que dejaron seis carabineros heridos.

La decisión fue anunciada la noche de este lunes por el presidente José Antonio Kast, quien instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) a utilizar las herramientas disponibles para llevar a cabo la medida.

A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público. He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

En la misma publicación, Kast destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley destinado a agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular.

Migraciones activa procedimientos administrativos

Tras el anuncio, el Sermig confirmó que comenzará a tramitar la revocación de las residencias definitivas de los seis detenidos, a fin de avanzar hacia su expulsión del país.

El director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, precisó que tres de los involucrados son peruanos, dos haitianos y uno venezolano. De ese grupo, los cinco primeros cuentan con residencia definitiva. Además, uno de los ciudadanos haitianos había solicitado la nacionalidad chilena, petición que fue rechazada.

Sauerbaum confirmó que ya se trabaja en los procedimientos administrativos necesarios para dejar sin efecto dichos beneficios migratorios.

“Como ha señalado el presidente Kast, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, afirmó la autoridad.

“No se puede permitir este tipo de situaciones, y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público”, remató el director del Sermig.

Los antecedentes de los seis detenidos

Según antecedentes entregados por el organismo, en el caso de los ciudadanos peruanos, Raúl Yupanqui Ulloa registra una detención en flagrancia en 2022, mientras que Reynaldo Héctor Abad Salazar fue detenido en circunstancias similares en 2024, aunque ninguno de los dos casos derivó en una orden de expulsión.

En tanto, el tercer ciudadano peruano, Víctor Diestra, fue apresado por falta de respeto a la autoridad.

Entre los ciudadanos haitianos, Ives Dossous fue arrestado por porte de arma cortante o punzante, mientras que Jean Claydy Delphonse mantenía una orden vigente al momento de su detención.

Por su parte, el ciudadano venezolano Isario Barreto fue arrestado por una infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.

En medio de las fricciones con Argentina por el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas en noviembre próximo desde la ciudad de Punta Arenas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes en Londres con su par británico, Ed Miliband, en un encuentro que busca avanzar hacia una asociación estratégica entre Chile y el Reino Unido.

“Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, señaló el Canciller tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el embajador de Chile en dicho país, Diego Paulsen.

“Queremos iniciar una conversación para desarrollar un marco de cooperación bilateral más profundo, basado en la fuerte relación que hoy une a ambas naciones, y enfocándonos en aquellas áreas que cada país considere prioritarias”, agregó.

En el encuentro, que se desarrolló en las oficinas de la Cancillería británica, los ministros abordaron también la situación geopolítica en el cono sur.

El Canciller, asimismo, buscó potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación —vigente desde 2021— y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Cabe señalar que el intercambio entre ambos países alcanzó USD $1.196 millones en 2025, con una importante participación del sector agroalimentario.

“Chile ha vuelto a ser un destino atractivo para invertir y traemos la invitación a que elijan Chile. Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura. Y también queremos exportar más valor agregado”, cerró Pérez Mackenna.

Paños fríos

El viaje del Canciller al Reino Unido se da cinco días después de que el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitara la ciudad de Punta Arenas para reunirse con autoridades locales, y luego de que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” al polémico viaje del “Danstar”.

La semana pasada, el canciller argentino Pablo Quirno afirmó en una entrevista que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.

Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.

Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.

La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.

Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.

El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.

“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.

La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.

En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.

La ruta Punta Arenas-Malvinas

A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.

La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.

Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.

En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.

En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.

La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.

El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.

A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.

Malvinas es una de las pocas causas que une a los argentinos por encima de ideologías y posiciones políticas. Nuestra Constitución lo establece en su Disposición Transitoria Primera: recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Javier Milei, que hizo de la ruptura de consensos un método de gobierno, terminó ensuciando también esta causa. El despliegue de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” luego del partido contra Inglaterra, que un hincha les había arrojado a los jugadores de nuestra selección, conmovió casi tanto como la épica remontada del equipo argentino. No era un trapo cualquiera: reflejaba la memoria de varias generaciones y el homenaje a nuestros caídos y veteranos.

El Gobierno debió salir apresuradamente a intentar controlar los daños políticos provocados por la ausencia de la causa Malvinas en la agenda gubernamental y las restricciones al ingreso de banderas con el mapa de nuestras islas al partido, avaladas por el propio Gobierno. Milei, admirador confeso de Margaret Thatcher, había dicho el 2 de abril de 2025 que los isleños algún día podrían elegir ser argentinos, como si se tratara de un caso de autodeterminación. No lo es. Es una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, que debe resolverse negociando con el Reino Unido de Gran Bretaña. Reivindicar nuestra soberanía parecía incomodarlo más que la misma ocupación colonial.

Con la economía estancada y el deterioro social y productivo a la vista, Milei descubrió tarde la causa Malvinas. Dejó por un rato su anglofilia y su pasividad frente al proyecto León Marino (Sea Lion), que busca explotar hidrocarburos en aguas argentinas. Epifanía de por medio, anunció en cadena nacional un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas que saquean nuestros recursos. Compartimos ese objetivo. El problema es que, otra vez, usó una causa nacional para colar reformas de seguridad e inteligencia que nada tienen que ver con la soberanía. Esas reformas despertaron alertas en la oposición, la sociedad civil y las entidades periodísticas por su posible alcance persecutorio. Los funcionarios de mayor rango ni siquiera fueron a las comisiones a explicarlas.

Propusimos algo sencillo: dividir el proyecto y aprobar el Título I, el único que trata sobre Malvinas, para votar unidos contra el saqueo sin convalidar el resto. El oficialismo se negó. Cuesta no preguntarse cuánto de esa agenda responde a Donald Trump y a los intereses de Estados Unidos en la región. La soberanía no puede ser una coartada para recortar libertades ni una herramienta de subordinación.

Desde el peronismo queremos ir más allá de las declaraciones, con una estrategia que combine herramientas jurídicas, sanciones económicas, presión diplomática y cooperación regional. Hay que endurecer las sanciones económicas y penales contra las compañías que extraen recursos en la zona ocupada. También hay que extenderlas a toda la cadena que las sostiene: bancos, aseguradoras, proveedores, operadores logísticos y transportistas. Ninguna empresa que participe del saqueo debería poder hacer negocios en la Argentina como si nada, sin importar su nacionalidad ni el poder que tengan sus accionistas.

Pero Malvinas no es solo una causa argentina, es también latinoamericana. Una potencia nuclear extrarregional ocupa un territorio en el Atlántico Sur y promueve la explotación unilateral de recursos naturales en un área cuya soberanía está en disputa, desoyendo los reiterados llamados de las Naciones Unidas a resolver la controversia por medios pacíficos y negociados. La Resolución 2065 (1965) reconoció la disputa de soberanía, mientras que la 31/49 (1976) pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por la Asamblea General. Cada recurso explotado unilateralmente en el territorio en disputa contradice el espíritu de ese mandato.

Por eso, junto con legisladores de distintas provincias, enviamos una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Les pedimos que los puertos, aeropuertos y servicios logísticos de la región no se usen para explotar ni comercializar los recursos de los territorios usurpados. También les solicitamos que evalúen restringir el abastecimiento de combustible, las reparaciones, el recambio de tripulaciones y la asistencia técnica. No buscamos gestos de solidaridad, sino decisiones concretas. Como antecedente, cabe mencionar que, en 2011, el Mercosur y sus Estados asociados se comprometieron a impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera ilegal de Malvinas. Ese acuerdo debe ser el punto de partida para compartir información y coordinar controles.

Chile muestra por qué esto es urgente. El gobierno de José Antonio Kast, aliado de Milei, respaldó la reapertura de la ruta marítima entre Punta Arenas y las islas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre, y la presentó como un asunto entre privados. Su ministro de Defensa fue más lejos y reivindicó la “voluntad” de los isleños relativizando el compromiso de cooperación regional asumido por Chile como Estado asociado del Mercosur. Todo esto pasó pocas semanas después de que Kast firmara en La Moneda una declaración conjunta con Milei. Y no se trata de un simple intercambio comercial: Punta Arenas se perfila como base de abastecimiento del ilegal proyecto de León Marino.

El Gobierno debe convocar de forma inmediata al embajador chileno. Pero un gesto diplomático no alcanza. Si no se modifica el accionar trasandino, hay que replantear los aspectos de la relación comercial con Chile que puedan contribuir al sostenimiento de la ocupación y la explotación ilegal de nuestros recursos. La Argentina le provee energía y otros bienes que su economía necesita. Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo. No se trata de castigar al pueblo chileno, con el que compartimos una historia, sino de exigirle coherencia a su gobierno. En el Atlántico Sur no hay lugar para ambigüedades. O se está con la Argentina o se está con los usurpadores.

No podemos hablar de integración latinoamericana mientras nuestros puertos sirvan de plataforma al saqueo. Por su pesca, sus hidrocarburos y su proyección antártica, el Atlántico Sur será cada vez más un espacio de disputa. Si una potencia colonial consolida allí su control, el desarrollo de toda la región queda condicionado. La soberanía se recuperará por medios pacíficos, pero la paz no es resignación. Es imprescindible elevar el costo de la ocupación, ralentizar los proyectos que pretendan desarrollarse y atacar su rentabilidad.

Malvinas exige mucho más que una cadena nacional o un proyecto usado como caballo de Troya. Exige una política de Estado, firmeza económica y unidad regional. Ningún puerto latinoamericano debería estar al servicio del saqueo británico, y ningún gobierno argentino debería usar Malvinas para esconder sus verdaderas prioridades. Las Malvinas son argentinas y su defensa debe ser latinoamericana.

Los consulados de Chile en las ciudades venezolanas de Caracas y Puerto Ordaz reiniciaron este lunes sus operaciones tras dos años cerrados debido al congelamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela”, dijo en una declaración pública el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

La reapertura de los consulados comenzó este lunes con la entrega de los primeros pasaportes y cédulas de identidad a chilenos residentes en Venezuela.

El próximo 26 de octubre, se iniciará la atención al público con cita previa para realizar otros trámites además de los documentos de identidad, como actos notariales (autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder) e inscripciones consulares, indicó la Cancillería en un comunicado.

“Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”, añadió el canciller.

En Venezuela viven más de 25.000 chilenos, mientras que en Chile residen cerca de 700.000 venezolanos, la comunidad migrante más grande del país.

El pasado julio, Chile y Venezuela acordaron establecer una hoja de ruta para el restablecimiento de relaciones bilaterales, congeladas desde las elecciones venezolanas de 2024 cuando el ex presidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) cuestionó la transparencia de los comicios que dieron la victoria a Nicolás Maduro y denunció irregularidades en el proceso.

El Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast ha reiterado en varias ocasiones que el restablecimiento de relaciones consulares es “esencial” para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares en vuelos hacia Caracas, lo cual fue una de sus promesas de campaña.

La reapertura de los consulados chilenos ocurre un mes después de que Kast se reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Chile sigue así los pasos de países como Perú y Estados Unidos, que igualmente pusieron en marcha una hoja de ruta para retomar las relaciones con Venezuela.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que sería “interesante” que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

“Bueno, eso sería interesante”, se limitó a responder a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas.

La Administración de Trump impulsa un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera sobre diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría a Washington acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

Mientras tanto, Machado, premio Nobel de la Paz 2025, permanece en el extranjero, desde donde ha denunciado que las autoridades chavistas obstaculizan su regreso a Venezuela.

(Con información de EFE)

La historia fue compartida en redes sociales por su esposo argentino, quien quiso mostrar la reacción de la madre ante un asunto que, según ella, poco tiene que ver con un documento oficial.

“Mi esposa es chilena y no puede creer esto del documento argentino”, contó el hombre al comenzar el registro, pasando a explicar que ambos se habían convertido en padres hacía un mes y que acababan de recibir la identificación de su hijo.

Fue entonces cuando la mujer expuso su desconcierto:

“Yo estoy hace tres años acá, tengo mi documento, pero ahora lo renovaron. Y el nuevo documento, que es el que le llegó a nuestro hijo, tiene las tres estrellas de los campeones del mundo. ¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad? Que alguien me explique”, señaló enojada.

La respuesta de su pareja fue mucho más breve y reflejó una costumbre profundamente arraigada en el país vecino: “Así vivimos en Argentina el fútbol. Impresionante”.

Documento con sello albiceleste

Cabe señalar que la presencia de las estrellas no es un error de impresión ni una particularidad del ejemplar recibido por la familia, pues forma parte del diseño del nuevo DNI argentino anunciado a fines de 2023 y puesto en circulación durante 2024.

La renovación incorporó distintos elementos representativos de la identidad argentina y entre ellos figuran el Monumento a la Bandera de Rosario, las islas Malvinas, la flor del ceibo, la cola de una ballena franca austral, el Sol de Mayo, el glaciar Perito Moreno y la cordillera de Los Andes.

A ese conjunto de símbolos se sumaron las tres estrellas que recuerdan los campeonatos mundiales obtenidos por Argentina, referencia futbolística que quedó incorporada en un documento utilizado cotidianamente por millones de personas.

El nuevo formato también incluye un chip y un código QR para facilitar los procesos de validación electrónica, características que acercan el sistema argentino al modelo de identificación que ya se utiliza en Chile.

Sin embargo, la sorpresa de la madre chilena abrió, además, una comparación inevitable con el documento nacional de identidad utilizado en Chile, que incorporaba anteriormente una estrella en una de sus esquinas, detalle que desapareció con la renovación de su diseño.

La diferencia es que, mientras Argentina decidió llevar sus tres títulos mundiales al documento oficial, Chile dejó atrás aquel símbolo. Eso sí, ya puestos a hablar de fútbol, la comparación invita a recordar los títulos que marcaron la historia reciente de la selección chilena: las dos Copas América conquistadas en 2015 y 2016.

La zona central de Chile se prepara para varios días de inestabilidad meteorológica que traerá abundantes lluvias, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes ráfagas de viento toda esta semana, razón por la cual las autoridades declararon Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana ante el peligro de anegamientos y aluviones o “flash floods”, como el último que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes hace un par de semanas.

De acuerdo a los informes meteorológicos, las primeras precipitaciones que trae este nuevo ciclón extratropical comenzaron durante la noche de este domingo con lluvias débiles en sectores de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, las que comenzarán a intensificarse durante la tarde de esta jornada entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

El martes aparece como la jornada más preocupante, pues se incorporará una baja segregada que reforzará las condiciones de inestabilidad aumentando la posibilidad de tormentas intensas. El viento también podría convertirse en un factor relevante, pues las ráfagas alcanzarían los 60 k/hr en sectores costeros como Valparaíso y Pichilemu, además de zonas cordilleranas.

Para el miércoles se mantiene la posibilidad de chubascos intensos, tormentas eléctricas y granizadas junto con episodios de viento localizado, escenario que no terminaría ahí pues a partir del jueves se espera el ingreso de un nuevo ciclón extratropical a la zona central, el que extenderá el sistema frontal hasta el viernes aunque con menor intensidad.

Alerta Roja en diez comunas de Santiago

Debido a esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó Alerta Roja para diez comunas de la Región Metropolitana, medida que fue informada este domingo y comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La decisión responde al peligro de que las condiciones meteorológicas y las características del terreno favorezcan aluviones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas, especialmente en sectores de cordillera y precordillera.

Así, con la activación de la Alerta Roja, se refuerza la coordinación y movilización de los recursos disponibles para responder ante posibles emergencias, de acuerdo con la evolución de las condiciones de riesgo.

Cabe recordar que la semana pasada una intensa granizada se desató sobre buena parte de Santiago dejando calles anegadas, gente arrastrada por el agua, un completo caos vehicular y 40 mil hogares sin luz, mientras que dos semanas atrás un aluvión de lodo causó estragos en la comuna de Las Condes dejando seis personas heridas, 2 mil viviendas dañadas, y más de 200 hectáreas completamente anegadas de barro.

La conmemoración del estallido social del 18 de octubre de 2019 volvió a tensionar las calles de Santiago. Lo que comenzó durante la mañana del domingo como una marcha pacífica terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, 6 funcionarios heridos, vehículos del transporte público incendiados 29 personas detenidas.

La movilización se inició en Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda, en dirección al poniente. Según informó el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes Quezada, unas 2.800 personas participaron en la convocatoria.

Los servicios policiales preventivos comenzaron a las 10:00 horas. Cerca de las 13:00, los manifestantes iniciaron el desplazamiento por la Alameda. La marcha transcurrió inicialmente de manera pacífica, pero el escenario cambió cuando un grupo de encapuchados pasó a la vanguardia de la columna y comenzó a atacar a los uniformados “con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov”, explicó Cifuentes.

Entre los procedimientos destacados figura la captura de una persona acusada de portar y lanzar un artefacto incendiario contra funcionarios policiales.

A ello se sumaron la detención de un individuo por un robo con violencia a un local comercial y la de otro sujeto acusado de vandalizar cámaras de seguridad públicas instaladas en el eje Alameda.

Violencia nocturna

Los hechos de violencia se extendieron durante la noche a otras comunas de la capital, con barricadas, ataques al transporte público y enfrentamientos que se prolongaron hasta la madrugada.

En Pedro Aguirre Cerda, un bus del sistema RED terminó completamente incendiado cerca de las 21:00 horas. La máquina circulaba con pasajeros cuando un grupo de encapuchados los habría obligado a descender antes de prenderle fuego al vehículo.

La violencia también alcanzó a Peñalolén. Allí, otro bus del transporte público fue atacado con piedras, fierros y palos, mientras su conductor regresaba al terminal durante la noche.

“Me llegaron los piedrazos, fierros, palos. Se tiraron encima del bus; tuve que hacerle el quite y tirarme contra el tránsito. Y después de haber pasado ese grupo, había otro grupo más. Ellos ya tiraron fierros, palos, piedras, de todo al bus”, contó el chofer de la máquina, según consignó BioBíoChile.

Otro de los focos de violencia se registró en Maipú, donde cerca de 60 personas intentaron saquear un supermercado, asunto que obligó a evacuar a los clientes que todavía realizaban sus compras en el lugar.

Según el relato de un testigo, los participantes “empezaron a romper las rejas y en el momento que estaban abriendo la cortina para entrar al supermercado, llega un carabinero”, señaló un testigo.

La intervención policial impidió que los involucrados ingresaran al interior del establecimiento. Sin embargo, el procedimiento derivó en nuevos enfrentamientos, con lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes contra los funcionarios. Carabineros utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y finalmente el operativo terminó con un adulto detenido.

Los episodios de violencia continuaron durante la madrugada de este lunes. Cerca de la 1:00, todavía se registraban barricadas, presencia de encapuchados y enfrentamientos con personal de Control de Orden Público de Carabineros en otras zonas de la capital.

La medida regirá del 18 al 23 de octubre y busca acelerar la asignación de recursos para las personas afectadas por eventuales lluvias intensas, granizadas y remociones en masa.

“Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana”, afirmó Kast al anunciar la decisión.

El mandatario indicó que la orden “permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”.

La avalancha en el Centro de Esquí Portillo, en la cordillera de Los Andes de Chile, dejó tres muertos y cuatro heridos, según informaron las autoridades, que rectificaron un balance inicial de cuatro víctimas fatales.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la Laguna del Inca, dentro de un sector no habilitado para la práctica de esquí. La avalancha arrastró al grupo de excursionistas hacia las aguas de la laguna.

Los cuatro sobrevivientes recibieron atención por cuadros de hipotermia de distinta gravedad. Los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos, mientras que las tareas para extraer el tercero continuaban por falta de maquinaria, indicó Manuel Millones, el delegado presidencial de Valparaíso.

Millones confirmó que las siete personas afectadas por la avalancha eran chilenas y no se hospedaban en el Hotel Portillo, cercano al lugar de la emergencia. Respecto a los detalles de la investigación, el delegado indicó que se trataba de turistas que circulaban por el sector de alta montaña, donde el deslizamiento de nieve ocurrió cerca de las 14:45.

“Mucha gente quiere disfrutar la nieve, pero esta nieve es muy peligrosa porque es más posible desprenderse”, advirtió el delegado sobre las condiciones del manto blanco en la zona.

El funcionario señaló que la acumulación de nieve de esta temporada alcanzó niveles que no se registraban desde hace más de cuatro décadas. “Hace más de 40 años que no teníamos esta cantidad de nieve”, subrayó.

La temporada de esquí se extendió hasta el 12 de octubre, algo que no ocurría desde hacía 40 años, ya que el cierre habitual se producía en septiembre. Pese al fin de las actividades, personas continuaron acercándose al área, situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La emergencia ocurrió a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces terrestres entre Chile y Argentina. El Centro de Esquí Portillo, ubicado a unas dos horas de Santiago, se encuentra a unos tres kilómetros de la frontera con Mendoza.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) difundió inicialmente un reporte con cuatro fallecidos, pero más tarde corrigió la cifra a tres. El gerente general de Portillo, Miguel Purcell, lamentó el hecho y precisó que “el sector donde ocurrió el accidente se encuentra fuera del área esquiable habilitada”. “Ingresar a zonas no habilitadas o continuar una actividad pese a las advertencias implica exponerse a peligros graves”, indicó Purcell en un comunicado.

(Con información de EFE)

El deslizamiento de nieve ocurrió cerca de las 14:45 horas, en una zona de alta montaña de la región de Valparaíso, próxima al Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Chile con la provincia argentina de Mendoza. El lugar se ubica en los alrededores de la Laguna del Inca, junto al centro de esquí Portillo, situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó inicialmente sobre la emergencia y posteriormente confirmó el saldo de víctimas. “Se informa de 4 personas fallecidos y 4 lesionados, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, señaló el organismo en uno de sus reportes.

La institución también advirtió que existía “un número indeterminado de personas atrapadas”, por lo que el operativo se mantuvo activo en el área afectada. Las tareas reunieron a Bomberos, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, Carabineros y una brigada aeropolicial, que trabajaron en las inmediaciones de la laguna y en los sectores cercanos a la montaña.

De acuerdo con un informe preliminar de Carabineros difundido por medios locales, el grupo afectado avanzaba por un sendero con dirección a la cumbre del cerro Los Tres Hermanos cuando se produjo la avalancha. La masa de nieve los arrastró hacia el interior de la Laguna del Inca, cuyas aguas se encontraban a bajas temperaturas.

Los rescatistas desplegaron sus labores sobre la superficie de la laguna y en las zonas de acceso al lugar para localizar a eventuales sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Las condiciones del terreno y la altura del sector formaron parte de las dificultades del operativo.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que todas las personas afectadas eran chilenas. También indicó que no se alojaban en el Hotel Portillo, situado cerca del lugar de la emergencia, sino que eran turistas que transitaban por la zona.

“Mucha gente quiere disfrutar la nieve, pero esta nieve es muy peligrosa porque es más posible desprenderse”, advirtió el delegado al referirse a las condiciones del manto blanco en la zona.

“Hace más de 40 años que no teníamos esta cantidad de nieve”, agregó. La temporada de esquí se prolongó este año hasta el 12 de octubre, algo que no ocurría desde hacía cuatro décadas, ya que habitualmente terminaba en septiembre. A pesar del cierre, personas continuaron acercándose al sector, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, uno de los principales cruces terrestres entre Chile y Argentina. El centro de esquí Portillo, considerado el más antiguo de Sudamérica, se encuentra aproximadamente a dos horas de Santiago y a unos tres kilómetros del paso fronterizo.

(Con información de AP y EFE)

En otro elemento que suma interferencias en la relación diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, un grupo diputados nacionales por el peronosmo presentó un proyecto de resolución para citar al Congreso al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a que explique los alcances de la ruta marítima comercial que la empresa Easter Island Naviera planea inaugurar en noviembre entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, y que precise si ese servicio podría abastecer actividades de exploración petrolera en el Atlántico Sur.

La iniciativa llega tras tres semanas de escalada diplomática y política entre Buenos Aires y Santiago que involucró declaraciones cruzadas de funcionarios, legisladores y mandos militares de ambos países, y que trasladó el conflicto por la causa Malvinas a los parlamentos pese a la sintonía ideológica entre Milei y Antonio Kast.

El texto, que lleva la firma de Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita, plantea que Uriarte Herrera informe sobre tres cuestiones.

Primero, la posición oficial del gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; segundo, la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y tercero, la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera, como el desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En los fundamentos, los legisladores advirtieron que “resulta necesario esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas”.

También plantearon la conveniencia de evaluar si corresponde aplicar la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

El antecedente para denunciar tratados con Chile

El proyecto de Cafiero se suma al que presentó la semana pasada el diputado Guillermo Michel, quien propuso un camino más severo: instruir al Poder Ejecutivo para que denuncie formalmente dos acuerdos bilaterales vigentes que otorgan ventajas fiscales a las empresas chilenas con inversiones en la Argentina. Se trata del Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y del Convenio para Eliminar la Doble Imposición (Ley 27.274), que fijan topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, sostuvo Michel en sus fundamentos. El legislador -en diálogo con Infobae-, aclaró que la iniciativa no busca romper relaciones diplomáticas, sino condicionar las ventajas económicas al respeto de la posición argentina sobre el archipiélago.

La respuesta desde Santiago fue inmediata. Diputados del Partido Republicano, la fuerza política de Kast, rechazaron en bloque la propuesta de Michel. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara chilena, calificó la iniciativa como “bastante irresponsable” y pidió que la Cancillería argentina precise si responde a un interés oficial del gobierno de Milei, según consignó Noticias Argentinas.

Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más enfático: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”. La diputada Catalina del Real exigió una “protesta diplomática enérgica”, mientras que Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, advirtió que “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.

La tensión había escalado ya a nivel institucional. El 6 de octubre, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en sesión especial siete resoluciones no vinculantes que presionan al presidente Kast a adoptar una posición más firme en defensa de los intereses nacionales en la zona austral. La más transversal, que reafirmó la plena vigencia de los tratados limítrofes con la Argentina, obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención.

Otra le exigió al mandatario chileno anteponer los intereses de Chile a “sus afinidades políticas con el gobierno argentino”, una referencia directa a la relación personal entre ambos mandatarios. Otra resolución, impulsada por el Partido Socialista, reclamó gestiones diplomáticas para la derogación del Decreto 457/2021 y del Decreto 256/2010, normas argentinas que Chile considera lesivas para su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

En paralelo al pedido de citación del diplomático chileno en el país, los peronistas Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro -entre otros- enviaron una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que impidan el uso de puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios como plataforma logística de las empresas que operan en Malvinas. “Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial”, sostuvieron en el documento.

En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo y le envió una carta al embajador Uriarte Herrera para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas. “En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas”, indicó el jefe comunal en su cuenta de X.

El clima bilateral arrastra episodios desde agosto. Las declaraciones del brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de la Argentina, provocaron una nota de protesta formal de la Cancillería chilena. A ello se sumó que la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos del país, pese a que la cumbre Milei-Kast en La Moneda había ratificado la soberanía chilena sobre la totalidad de ese paso interoceánico.

La polémica se originó ayer, viernes, en un ciclo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y en un contexto de tensión latente por declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países a raíz de la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.

Allí, Poduje fue consultado sobre las fórmulas para reactivar el sector de la construcción. Al defender la inversión estatal en infraestructura como herramienta para reducir costos productivos, el secretario de Estado apuntó contra la postura de Milei.

“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el funcionario, e imitó incluso el tono del presidente argentino: “‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco".

Esta declaración provocó una rápida reacción dentro del oficialismo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir” en un contexto de tensiones diplomáticas con Buenos Aires.

“Nadie sabe cómo reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior”, escribió Moreira en X, donde además señaló que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, el episodio “puede terminar en cambio de gabinete”.

Desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder Johannes Kaiser mantiene una relación cercana con el mandatario argentino, también hubo cuestionamientos. El diputado y vicepresidente de esa fuerza, Hans Marowski, sostuvo que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo” y que las descalificaciones personales “no aportan en nada”. Su compañera de bancada, la diputada Paulina Muñoz, fue más allá y emplazó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, lo que tiene que hacer es alinearlos”.

Horas después de su intervención en el foro, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para retractarse. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, escribió.

El vicepresidente en ejercicio (a raíz del viaje de Kast a Bolivia), Claudio Alvarado, dio por superado el incidente. “Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, afirmó.

Desde La Paz, donde encabezó la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, Kast también se pronunció. “Lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, declaró el mandatario.

Un exabrupto y tensión bilateral

Las declaraciones de Poduje no ocurrieron en el vacío. La relación entre Santiago y Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, marcado por la disputa en torno a la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El buque chileno Danstar, de la naviera Easter Island Naviera, prevé zarpar hacia Puerto Argentino a más tardar en noviembre para restablecer un servicio de abastecimiento que funcionó durante más de un siglo pero dejó de operar a comienzos de los 2000. El recorrido de unos 900 kilómetros atravesaría el Estrecho de Magallanes y ofrecería una alternativa al trayecto actual desde Montevideo, que implica una travesía de casi 2.000 kilómetros.

Argentina ha expresado su preocupación por la iniciativa. El canciller Pablo Quirno advirtió que el gobierno monitorea la situación y pidió respetar los acuerdos vigentes, aunque descartó una interceptación del navío. Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, defendió el derecho a la libre navegación y sostuvo que “todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”. También descartó la necesidad de escoltar al Danstar.

Bolivia y Chile acordaron el viernes “dejar de darse la espalda” y abrir una nueva era de buena vecindad durante la visita del presidente José Antonio Kast, la primera en 71 años de un mandatario chileno a La Paz, para firmar acuerdos de cooperación económica y lucha contra el crimen organizado en su extensa frontera.

Kast fue recibido por el mandatario boliviano Rodrigo Paz con honores militares y una alfombra roja en la plaza de armas de La Paz, y como hecho inédito, soldados bolivianos cantaron el himno chileno. Tras la reunión firmaron una declaración conjunta para “profundizar la relación bilateral”, tres acuerdos de cooperación económica y comercial y una alianza minera de apoyo técnico.

A pesar de compartir una extensa y porosa frontera de 861 kilómetros, Kast y su colega boliviano no hablaron de restablecer relaciones diplomáticas interrumpidas desde 1978. “Es temprano, hay un camino que trabajar para cambiar el enfoque en las relaciones y tomará tiempo. Se trata de firmar acuerdos de beneficio mutuo”, dijo más temprano el ministro de la Presidencia boliviano Fernando Aramayo.

Otro de los acuerdos tiene que ver con la conectividad digital para impulsar estudios para un corredor terrestre de fibra óptica que conectará el Pacífico con el Atlántico por territorio boliviano y un plan para la interconexión eléctrica.

Para Bolivia un acuerdo clave tiene que ver con las “garantías de Chile” para el libre tránsito de mercaderías hacia puertos de ese país por donde Bolivia mueve el 70% de su comercio exterior y facilidades para transformar un oleoducto que permitirá importar crudo para enfrentar una escasez crónica de combustibles.

En cuanto a la seguridad ambos países acordaron una alianza para enfrentar juntos al crimen organizado que opera en la frontera traficando drogas, artículos de contrabando y automóviles y facilitando la migración ilegal.

Tanto Paz como Kast, dos mandatarios ideológicamente afines y socios del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad continental que lidera el presidente de estadounidense Donald Trump, calificaron la visita de “histórica” y dejaron en claro las diferencias que dividen a los dos países desde la guerra que los enfrentó hace 147 años y que significó para los bolivianos la pérdida de su litoral marítimo.

“Hay diferencias que son históricas. Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas, pero más allá hemos aprendido que las diferencias no pueden ser excusa para estar paralizados. Nada termina del todo y todo puede volver a empezar”, dijo Kast al señalar que trabajarán en las diferencias “paso a paso” hacia una normalización plena de las relaciones.

Paz respondió que la reivindicación marítima de su país “es irrenunciable” pero que ello “no debe ser un anclaje” porque “el futuro siempre es mejor que el pasado”. Agregó que casi medio millón de bolivianos trabajan en el cultivo de cerezas en Chile y hacen su vida en ese país.

Tras a firma de los acuerdos Paz y Kast compartieron un almuerzo junto a sus delegaciones.

Associated Press

La carrera presidencial 2029 no estuvo sobre la mesa. Al menos, eso fue lo que aseguraron este jueves Michelle Bachelet y Gabriel Boric, luego de compartir un desayuno con representantes de los partidos de oposición en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, en la comuna santiaguina de Ñuñoa.

La idea de Bachelet era agradecer a los dirigentes que participaron en el acto organizado en respaldo a su fallida aventura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Tras la reunión, la exjefa de Estado sostuvo que el objetivo fue conversar “temas país” y explorar alternativas para responder a las necesidades de la población, dejando cualquier definición electoral fuera de la discusión.

La exmandataria explicó que la conversación estuvo centrada en las preocupaciones cotidianas de las familias. “La invitación fue para hablar del país. A todos nosotros nos importa que a Chile le vaya bien (...) Este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo”, aseguró taxativa.

Bachelet puso el acento en las dificultades económicas que, a su juicio, deben concentrar la atención de los partidos y se mostró preocupada porque “la economía va a crecer poco, la inflación es alta, los salarios no suben. Sube el costo de la vida, suben los alimentos, pero el salario no sube”, señaló.

Tocante a sus declaraciones de la semana pasada en una entrevista con TVU, cuando respondió “yo creo que sí” ante la posibilidad de candidatearse por tercera vez a La Moneda, Bachelet precisó que su intención principal es contribuir al debate público y apoyar la búsqueda de soluciones.

“Yo también añadí que mi tarea fundamental iba a ser contribuir, apoyar. La verdad, como le digo, no es un tema que hayamos tocado ni yo ni el presidente Boric, porque nosotros no estamos de candidatos”, cerró.

Boric tampoco va

Sus palabras fueron refrendadas por Gabriel Boric, quien al término del encuentro añadió que actualmente tampoco contempla competir por el sillón presidencial y coincidió con Bachelet en que adelantar ese debate es baladí.

“Hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura. No es mi rol (...) No voy a siquiera ponerme en esos casos. Hoy día no hablamos nada de candidaturas, creo que no tendría sentido y en eso la presidenta y yo estamos de acuerdo”, afirmó.

De paso, deslizó una autocrítica y llamó a las fuerzas de izquierda a reflexionar sobre el resultado de las últimas elecciones, en las que su sector sufrió una derrota que, admitió, fue amplia.

“Nosotros perdimos y perdimos por harto en la última elección y no fue hace tanto tiempo”, recordó.

Debido a esto, sostuvo que la prioridad ahora es revisar lo ocurrido, comprender las razones del resultado electoral y recuperar el vínculo con los ciudadanos, en lugar de instalar prematuramente una discusión sobre candidaturas.

El expresidente describió una realidad marcada por familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, pero que mantienen aspiraciones, proyectos y expectativas de mejorar sus condiciones de vida.

“Los partidos políticos de izquierda, de centro izquierda, tienen que salir a escucharlos y a conectarse con ellos. No basta con hablar solamente entre nosotros mismos”, planteó.

Al cierre, Boric hizo un llamado a “salir a hablar con la gente en las calles, en las plazas, en los centros deportivos; eso es lo que yo he estado tratando de hacer en este último tiempo en las escuelas, y me interesa seguir haciéndolo porque veo que hay una juventud deseosa de participar, de pensar y de construir Chile, y creo que la manera no es pensando en elecciones, sino pensando en construir un país más justo”, remató.

Las exportaciones chilenas atraviesan uno de sus momentos de mayor expansión. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron los USD 93.837 millones, una cifra inédita para los primeros nueve meses de un año y que representa un salto de 18,5% respecto del mismo período de 2025. El resultado vino acompañado de otro hito: un superávit comercial de USD25.721 millones, el más alto desde 2007.

Los números, contenidos en el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaborado sobre la base de antecedentes del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, dan cuenta de un intercambio comercial que llegó a USD 166.985 millones. En comparación con los primeros nueve meses del año anterior, el monto creció 12,9%.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “el récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile”.

La minería concentró USD 58.873 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual de 25,7%. En simple, casi dos de cada tres dólares obtenidos por Chile mediante la venta de bienes al exterior provinieron de esta actividad.

El cobre mantuvo su posición central. Los embarques del metal rojo generaron ingresos por USD 49.247 millones, un 18,7% más que en igual período de 2025. De ese total, US$31.565 millones correspondieron a concentrados y US$14.839 millones a cátodos.

China siguió encabezando la lista de compradores, seguida por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Más atrás apareció una de las novedades del año: India avanzó hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil después de incrementar sus compras de cobre chileno en 101,3%.

Pero el repunte de los minerales no se limitó al principal producto de exportación del país. Los envíos de litio prácticamente se triplicaron y totalizaron USD 4.745 millones. El oro, por su parte, alcanzó ventas externas por USD 3.401 millones, su mayor resultado para un período enero-septiembre.

India duplica sus compras

Una parte importante del crecimiento se explica por la apertura de mercados más allá de China y Estados Unidos. De los USD 14.673 millones adicionales que Chile exportó en comparación con enero-septiembre de 2025, el 63,4% tuvo como destino otros países.

India sobresale en esa expansión. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado llegaron a USD 5.096 millones, prácticamente el doble de lo registrado un año antes. Entre los productos que explican el avance figuran el cobre, el oro, el yodo, las manzanas frescas, la pasta de madera y el litio.

Japón, Corea del Sur y Suiza también aumentaron sus compras y de acuerdo a la subsecretaria Estévez, la diversificación forma parte del camino para ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Envíos de alimentos

El resto de la oferta exportadora también mostró avances. Las ventas de bienes no mineros sumaron USD 34.963 millones, el mayor monto para los primeros nueve meses de un año y un 8,2% por encima del resultado de 2025.

La industria alimentaria alcanzó exportaciones por USD 10.712 millones, estableciendo igualmente un máximo histórico para el período. El salmón aportó USD 4.770 millones, equivalente al 45% del total, con un incremento anual de 8%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de este producto, con adquisiciones por USD 1.975 millones -un 3% más que en los primeros nueve meses del año pasado-, a pesar del contexto arancelario. Brasil y Japón completaron los tres principales destinos.

La pesca y la acuicultura también superaron una barrera relevante. Considerando productos como jurel, mejillones congelados, merluza, trucha y bacalao de profundidad, las exportaciones del sector llegaron a USD 7.453 millones, siendo la primera vez que los envíos de esta categoría sobrepasan los USD 7.000 millones en un período enero-septiembre.

A ese desempeño se sumó otro registro destacado: las frutas congeladas generaron USD 617 millones, su mayor cifra para los primeros nueve meses del año.

El crecimiento del comercio internacional no solo se vio reflejado en los embarques, pues también aumentó la cantidad de compañías chilenas que participan en los mercados externos.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 8.029 empresas exportaron bienes, un 3% más que en el mismo lapso del año anterior. Son 232 compañías adicionales y la mayor cantidad registrada para este período.La manufactura, los servicios, la minería y la industria forestal destacaron entre las actividades que sumaron nuevos participantes a la actividad exportadora.

Servicios digitales

Por otro lado, las exportaciones de servicios alcanzaron USD 2.718 millones, con un aumento de 17,3% y un nuevo máximo histórico.

Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron USD 960 millones, impulsados principalmente por las tecnologías de la información y las asesorías profesionales.

Estados Unidos concentró el 53,6% de las ventas chilenas de estos servicios. México, Perú, España y Brasil también registraron avances, ampliando la presencia de los proveedores nacionales en mercados internacionales.

Este resultado añade una dimensión distinta al balance comercial de 2026: junto con el peso estructural de la minería y el avance de los alimentos, las prestaciones digitales comienzan a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la oferta que Chile puede vender al mundo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibirá este viernes en La Paz a su homólogo de Chile, José Antonio Kast, en una visita de Estado que será la primera de un mandatario chileno al país andino en siete décadas y que buscará abrir una etapa de “confianza mutua” y cooperación bilateral.

Kast llegará a la sede del Ejecutivo y del Parlamento bolivianos con una agenda de alrededor de diez asuntos vinculados con economía, comercio, fronteras y seguridad, según adelantaron autoridades en Bolivia.

El encuentro tendrá lugar pese a que ambos países carecen de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con la excepción del período comprendido entre 1975 y 1978. La ausencia de vínculos plenos responde a la falta de un acuerdo sobre la histórica demanda boliviana de una salida soberana al mar, aunque ambos Estados mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La anterior visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia ocurrió en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo asistió por invitación de Víctor Paz Estenssoro. En las décadas posteriores, otros jefes de Estado chilenos viajaron al país vecino para investiduras presidenciales o compromisos multilaterales.

Bajo las administraciones de Paz y Kast, los dos gobiernos retomaron contactos en los últimos meses. Bolivia reiteró, de todos modos, que su reivindicación marítima forma parte de este “nuevo ciclo” de la relación bilateral.

El acercamiento tomó impulso en abril, cuando el entonces canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el paso fronterizo que une Chungará, en Chile, con Tambo Quemado, en Bolivia. Luego mantuvieron encuentros en La Paz sobre seguridad, migración, agricultura, tecnología, uso de puertos, conectividad vial y una eventual reposición de embajadores.

La Cancillería chilena afirmó entonces que, desde la llegada de Kast al Gobierno en marzo, la relación bilateral “ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas”.

La visita presidencial estaba prevista para el primer semestre del año, pero quedó aplazada por las protestas contra el Gobierno de Paz entre mayo y junio. Los contactos continuaron después con la primera Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas, celebrada en agosto en La Paz, para reforzar la coordinación contra el crimen organizado.

En septiembre, una delegación del Parlamento chileno viajó a Bolivia para discutir con legisladores locales asuntos de migración, comercio y seguridad. Ese mismo mes, el canciller boliviano, Néstor Huanca, propuso a Chile “elegir qué clase de vecinos” desean ser y sostuvo que las diferencias históricas no deben impedir el trabajo conjunto en los temas de interés común.

Bolivia y Chile atravesaron etapas de diálogo y conflictos judiciales por la demanda marítima y las aguas del Silala durante las últimas décadas. Uno de los períodos de mayor acercamiento ocurrió bajo los gobiernos del entonces presidente boliviano Evo Morales y la ex mandataria chilena Michelle Bachelet. En 2006, ambos países acordaron una agenda de diálogo de 13 puntos que incluyó, por primera vez, el reclamo boliviano de una salida soberana al océano Pacífico.

Ese entendimiento perdió fuerza durante el primer mandato de Sebastián Piñera en Chile. La relación bilateral se tensó aún más en 2013, cuando Morales presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

Bolivia buscaba que el tribunal estableciera la obligación de Chile de negociar de forma efectiva su reclamo marítimo. En 2018, la Corte resolvió que Chile no tiene una obligación legal de negociar con Bolivia por ese asunto.

Los dos países también llevaron a la CIJ su controversia sobre las aguas del Silala, un curso que nace en territorio boliviano y continúa hacia Chile. La disputa giró en torno a su naturaleza y al uso de ese caudal. En 2022, el tribunal cerró el caso después de que ambas partes coincidieran en que el Silala es un río internacional, por lo que no correspondía emitir un fallo sobre el fondo de la controversia.

(Con información de EFE)

Este domingo 18 de octubre se cumple un nuevo aniversario del estallido social de 2019, asunto que volvió a instalar en el centro de la agenda política el tema de los indultos presidenciales. Pero esta vez, la presión sobre el presidente José Antonio Kast viene desde su propio sector, donde hace rato le exigen señales concretas para que cumpla una de las principales promesas de su campaña.

Este miércoles, la diputada libertaria Paulina Muñoz puso esa fecha sobre la mesa como una instancia simbólica para anunciar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las manifestaciones. El mensaje al mandatario fue claro:

“No queremos sentir incoherencia porque es esa la señal política que los chilenos están esperando. Además, señor Presidente, quienes confiaron en usted le confiaron el voto”, afirmó Muñoz.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en conversación con radio Agricultura sostuvo que, en determinados casos, lo procedente sería concederles la libertad total pues “lo que estaban haciendo los carabineros es cumplir sus funciones y no pueden estar cumpliendo condenas privativas de libertad por esa circunstancia”.

El senador también rechazó que una eventual decisión presidencial deba interpretarse como un enfrentamiento con el Poder Judicial. “No significa llevarle la contra al Poder Judicial o a los tribunales de justicia que hicieron su trabajo”, aseguró.

Eso sí, aunque confirmó que los casos están siendo estudiados, evitó comprometer una fecha o asociar las decisiones con el aniversario del estallido. “Yo creo que es mala idea de andarlo planteando o apurando por la prensa”, argumentó.

Tocante a la disposición de socios oficialistas como Renovación Nacional y Evópoli de evaluar conmutaciones de penas, Squella planteó que una alternativa podría ser sustituir la prisión por arresto domiciliario. Sin embargo, dejó claro que “yo creo que lo que corresponde es la libertad total”.

Indulto humanitario transversal

La muerte del ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, Juan Manuel Aliste Vega (53) el domingo pasado, seis días después de haber solicitado un indulto presidencial debido a un cáncer terminal, activó otro debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad que ya no represente un peligro social, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La propuesta republicana fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Sin embargo, Carolina Tohá, exministra de Interior y Seguridad de la administración de Gabriel Boric, planteó este miércoles que las personas con enfermedades terminales deberían poder morir en sus casas, independientemente del bando o la gravedad del delito, pero mediante un mecanismo institucional regulado por los tribunales de justicia y no a través de la facultad del indulto presidencial.

“Seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando”, afirmó en el podcast Al Pan Pan, de El Mostrador.

Sus palabras no pasaron inadvertidas en las filas republicanas, desde donde la diputada Paz Charpentier sostuvo que “me alegra que el sentido de humanidad sea más transversal de lo que algunos han planteado los últimos días. Yo espero que este sea un paso para que la centroizquierda marque por fin diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio”.

Squella, por su parte, propuso trasladar la discusión desde la discrecionalidad presidencial hacia una regulación legal que establezca criterios para estos casos. La idea es evitar que situaciones de esta naturaleza dependan permanentemente de la voluntad del mandatario de turno.

“¿Tendrá sentido que estemos permanentemente apelando al indulto o será ya tiempo de que lo veamos en la ley?”, argumentó.

La iniciativa, sin embargo, está lejos de generar consenso en la oposición. La senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato al recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio de las manifestaciones cuando se dirigía a su trabajo nocturno en una fábrica -asunto que significó una condena de 12 años para el excapitán de carabineros, Patricio Maturana Ojeda-, rechazó equiparar los delitos comunes con las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

“La derecha intenta jugar al empate. Toda enfermedad real debe ser atendida con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”, retrucó.

Así las cosas, desde el Ejecutivo persisten en su idea de revisar los indultos “caso a caso” mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó fijar una fecha para resolver las solicitudes y de paso, descartó de plano que existan presiones políticas hacia el mandatario.

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y este miércoles defendió el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas, asunto que ha vuelto a friccionar las relaciones diplomáticas con Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran un posible “evento crítico” con el país vecino.

Concar visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) y se reunió con altas autoridades magallánicas, como la gobernadora subrogante, Hina Carabante, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto -a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países-, y el alcalde de dicha ciudad, Claudio Radonich, con quien abordó precisamente la controversia.

Al término de la cita, el representante diplomático señaló que “no me corresponde comentar las reacciones ni las opiniones de otros países sobre este asunto. Como he dicho, se trata de una iniciativa comercial privada de origen chileno que, según entiendo, está diseñada para atender los intereses comerciales de ambas comunidades, una en las islas y otra integrada por empresarios de Magallanes“.

Por su parte, el alcalde Radonich recalcó que con la reapertura de la vía marítima a las Malvinas el país no está incumpliendo ningún tratado, puesto que el “Danstar” llevará carga “inocente” a las islas.

“Nosotros no estamos violentando bajo ningún punto de vista ningún tratado internacional. Lo que estamos haciendo es generar un comercio que hoy lo tiene Uruguay con las islas y que dice relación con abastecer a las familias que viven en las islas. Por tanto, las pymes (pequeñas y medianas empresas) de nuestra ciudad están muy contentas de tener vinculaciones con las pymes de las islas”, subrayó.

Paños fríos

La visita del diplomático inglés llegó justo luego que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” a la polémica. Hace un par de días, el Canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en entrevista a A24 que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones, de manera parcial, a partir del lunes 19 de octubre.

A partir de la mencionada fecha, se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites.

Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, se podrán tramitar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, destacó que la apertura de los dos consulados será muy útil para los chilenos que residen en Venezuela.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, señaló.

“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”, agregó el canciller.

El quiebre diplomático

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se rompieron tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador en un proceso cuestionado internacionalmente y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se negó a reconocer los resultados sin una verificación transparente.

Al día siguiente, el gobierno venezolano ordenó la expulsión de la misión diplomática chilena en Caracas y el retiro del personal diplomático venezolano en Santiago, y en enero de 2025, Venezuela exigió además el cese de los servicios y el cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz.

Asimismo, Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión. La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

Una semana después de que RM, líder de BTS, reclamara desde el escenario del Estadio San Marcos por el acoso que sufría el grupo surcoreano en Lima, la banda encontró en Santiago de Chile el descanso que había pedido públicamente. A diferencia de lo ocurrido en Perú, donde las aglomeraciones frente al hotel derivaron en denuncias de láseres apuntados a las ventanas de las habitaciones, en la capital chilena los siete integrantes pudieron salir a comer y recorrer los alrededores de su alojamiento sin inconvenientes.

El contraste entre ambas paradas de la gira mundial Arirang quedó marcado por un episodio concreto. El 8 de octubre, tras un espectáculo de 150 drones organizado como homenaje por la fanaticada en la Costa Verde limeña, miles de personas se trasladaron hasta el hotel Marriott de Miraflores, donde se hospedaba el grupo. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas rodeando una camioneta que intentaba salir del lugar, mientras otros usuarios denunciaron el uso de punteros láser contra las ventanas del edificio.

RM pidió respeto desde el escenario de Lima

La noche del 9 de octubre, durante el segundo de los tres conciertos programados en el Estadio San Marcos, RM se dirigió al público para cuestionar lo sucedido la víspera. “Volar drones o apuntar con láseres realmente no es un acto correcto”, afirmó el cantante.

El artista aclaró que el mensaje no apuntaba exclusivamente a las fans de Perú, sino también a las de otros países, pues ese tipo de conducta “pasó en Europa, Estados Unidos, y puede pasar en Asia”, en referencia a episodios similares durante el tramo norteamericano y europeo de la gira.

Días antes, el propio RM había utilizado la plataforma Weverse para pedir a sus seguidores que evitaran congregarse frente a los hoteles del grupo. “Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien”, escribió el músico, quien advirtió que la falta de descanso afectaría la calidad de los espectáculos.

El fandom peruano intentó contener el acoso sin éxito total

BTS Perú Fanclub, la organización oficial de seguidores en el país, emitió el 1 de octubre un comunicado en el que exhortaba a ARMY a no acudir a aeropuertos ni hoteles y a no compartir la ubicación de los artistas en tiempo real. Tras el incidente de los láseres, el fanclub volvió a pronunciarse para deslindar su responsabilidad en las aglomeraciones y aclarar que el espectáculo de drones se había desarrollado en una zona distinta a la del hotel.

“El acoso frente al hotel ocurre desde la llegada de BTS al país y no proviene exclusivamente de fans”, sostuvo la organización en su comunicado, que además pidió a la comunidad reportar las cuentas que incitaban a generar disturbios. La situación llevó a ARMY Chile a emitir un mensaje de respaldo hacia los seguidores peruanos, en el que exigió a la productora Live Nation garantizar la seguridad y privacidad del grupo para el resto de la gira.

Santiago replicó el llamado con resultados distintos

Cuando BTS aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel la noche del lunes 12 de octubre, no había fans esperando en las inmediaciones, un escenario inusual para la llegada de una figura de ese nivel de popularidad. El fanclub local, identificado como Connectd to BTS, reforzó en redes sociales el mismo pedido que circuló en Lima: no seguir a los integrantes, no revelar su ubicación y no concentrarse frente al hotel.

La disciplina del fandom chileno permitió que el grupo saliera a comer en los alrededores de su alojamiento sin ser interrumpido, según reportes de medios chilenos recogidos durante su estadía. Jimin, uno de los integrantes, compartió en sus redes sociales una fotografía de una torta por su cumpleaños, que coincidió con el paso de la banda por la capital chilena.

La gira continúa su recorrido por Sudamérica

BTS se presentó en el Estadio Nacional de Santiago como parte del tramo latinoamericano de Arirang, que comenzó en Bogotá los días 2 y 3 de octubre y continuó con tres fechas en el Estadio San Marcos de Lima entre el 7 y el 10 de octubre. La gira, que arrancó en abril en Corea del Sur y Japón, registró una recaudación acumulada superior a los 500 millones de dólares tras su paso por Norteamérica y Europa, donde el grupo agotó entradas en ciudades como Los Ángeles, Londres y Bruselas.

Tras su paso por Chile, la banda continuará su recorrido sudamericano con presentaciones en Argentina y Brasil, los últimos dos países del tramo latinoamericano antes de cerrar esta etapa de la gira mundial.

Marianne Belén Von Gierke Barassi, abogada y atleta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), murió la madrugada del miércoles 14 de octubre en Punta Arenas, tras un cuadro compatible con muerte súbita. La deportista de 40 años, considerada una de las principales figuras del fisicoculturismo femenino en Chile, había competido pocas semanas antes en el Mr. Olympia, el certamen más importante de la disciplina a nivel mundial.

Según relató el diario chileno La Prensa Austral, el esposo de Von Gierke la trasladó por sus propios medios hasta la urgencia de la Clínica RedSalud Magallanes, donde ingresó cerca de las 23:30 horas del martes 13 de octubre prácticamente sin signos vitales. El equipo médico de turno realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro. Las causas preliminares apuntan a una muerte súbita, hipótesis que deberá confirmar o descartar el informe de autopsia. Horas antes del episodio, la atleta había publicado en su cuenta de Instagram una historia en la que se la veía entrenar con normalidad en el gimnasio.

Von Gierke solía describirse como “magallánica de corazón”. En una reseña que envió oportunamente a La Prensa Austral, relató el origen de su vínculo con el deporte: “Desde los 3 ó 4 años, pero hace justamente 10 años comencé mi camino por el fitness y físicoculturismo”. Según su propio testimonio, fue “la primera mujer magallánica en practicar este deporte y representar a Chile”, con debut en 2014 en un campeonato clasificatorio para un Sudamericano disputado en Santiago.

Tras ese triunfo representó al país en Bogotá, Colombia, donde obtuvo un quinto lugar. El 2020 marcó un punto de inflexión en su trayectoria: compitió en el Mr. Olympia Amateur de Estados Unidos, al que definió como “el escenario amateur más importante del mundo”, y ganó su categoría además de un tercer puesto en una segunda división.

Al año siguiente, Von Gierke regresó a Orlando y repitió el título en su categoría, pero además se impuso en la división general (overall winner), resultado que le permitió obtener la Pro Card, la credencial que acredita a un atleta como profesional dentro del circuito.

Con esa acreditación, en 2022 debutó en el circuito profesional en los torneos Toronto Pro, Omaha Pro y Puerto Rico, donde obtuvo un sexto y un quinto lugar respectivamente. En abril de 2024 sumó otro hito al ganar el Vancouver Island Pro, disputado en Victoria, Canadá, en la categoría Women’s Physique, triunfo que le permitió clasificar por primera vez al Mr. Olympia.

El pasado 22 de agosto, Von Gierke obtuvo el primer lugar en el torneo Rising Phoenix, celebrado en Arizona, Estados Unidos, certamen en el que compitieron un centenar de profesionales y unos 200 atletas amateurs. Según la información recogida por La Prensa Austral, la atleta logró 3 puntos en su categoría, equivalentes a la puntuación perfecta. Ese resultado le valió una segunda clasificación al Mr. Olympia, esta vez para la edición de 2026, certamen en el que terminó en el puesto 13 del mundo en septiembre pasado.

El organismo NPC Worldwide Chile difundió un comunicado en el que lamentó la pérdida de “una mujer de extraordinaria fortaleza y pasión por el culturismo, que recientemente cumplió su sueño de competir en el Olympia, logrando la 13.ª posición entre las mejores del mundo”. El texto agregó: “Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre”.

La carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, de la que Von Gierke egresó en la generación 2004, también expresó sus condolencias y la recordó como “abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra casa de estudios”. El seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, señaló a La Prensa Austral: “Hace dos días estuvimos conversando porque el fin de semana pasado viajó como entrenadora con alumnos a Santiago. Y el 11 de septiembre la fui a ver donde entrenaba. Era una persona muy querida y estamos todos afectados”.

El Consejo de Gabinete autorizó dos contratos que pretenden impactar la conectividad digital del país y la supervisión de las pensiones de los servidores públicos.

Uno habilita la instalación de un cable submarino de fibra óptica que unirá a Panamá con República Dominicana y Chile, mientras que el otro financia un nuevo esquema de asesoría para blindar el sistema de ahorro jubilatorio estatal.

La sociedad Trans Ocean Submarine Cable, Corp. recibió luz verde para operar durante 20 años el sistema Trans Ocean One. El proyecto contempla una ramificación de 16 pares de fibra óptica.

El sistema Trans Ocean One permitirá instalar, operar y mantener durante dos décadas una red de fibra óptica que conectará a Panamá con República Dominicana y Chile, y busca reforzar el tránsito de telecomunicaciones que atraviesa Centroamérica hacia el resto del mundo.

El documento oficial destaca que el contrato aporta un ordenamiento jurídico estable para la operación de los servicios de telecomunicaciones. Esa previsibilidad, según el texto, permitirá al concesionario ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de manera adecuada.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación de la Nación, quedó autorizado a suscribir el contrato de concesión administrativa mediante el proyecto de Resolución 129-26.

A través de ese proyecto de resolución se detalla la gestión ante las autoridades competentes de la solicitud de los informes periciales de avalúos, los cuales en promedio fijaron el valor total de la concesión por la suma mensual de $5,101.55, dando como resultado un canon de arrendamiento anual de $61,218.60, y un canon de arrendamiento durante la vigencia del presente contrato de concesión de $1,224,372.00

El segundo proyecto aprobado por el gabinete, identificado como Decreto 15-26, autorizó un acuerdo de servicios de asesoría reembolsable para el programa Panamá SIACAP. Participan el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El acuerdo destinará hasta $300.000 a la preparación e implementación del modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) dentro del SIACAP. Se trata del segundo contrato de este tipo que firma el organismo con el BIRF.

Entre los objetivos del convenio figura definir el ciclo de supervisión más adecuado para el sistema de pensiones estatal. También incluye el desarrollo de herramientas pendientes para una SBR efectiva, entre ellas sistemas de alertas tempranas y un mecanismo de monitoreo de las inversiones.

El plan contempla además un marco de inversiones óptimo, con métricas de riesgo y garantía mínima de rendimiento. Se sumarán la creación de un departamento de riesgos propio y la definición de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para sostenerlo.

El acuerdo prevé la elaboración de un plan de capacitación para que los funcionarios del SIACAP apliquen el ciclo completo de supervisión basada en riesgos. También incorpora un manual de intervenciones escalonadas para los operadores del sistema.

Esa previsión incluye un diseño de contingencia ante eventuales rescisiones de contratos con los operadores, tanto la Entidad Receptora de Pagos (ERP) como las Entidades Administradoras de Inversión (EAI). El objetivo es que el sistema de pensiones no quede expuesto si alguno de esos vínculos contractuales se interrumpe.

Este segundo acuerdo se apoya en un antecedente directo. En 2025, el MEF había suscrito el primer contrato de asesoría reembolsable para evaluar las actividades necesarias en la implementación integral del modelo de supervisión basada en riesgos.

Esa primera iniciativa obtuvo opinión favorable mediante la nota CENA/119, del 5 de junio de 2025. Luego fue autorizada por el Decreto de Gabinete No. 25, del 17 de junio de 2025, y refrendada el 7 de agosto de ese año.

El documento oficial precisa que ese primer acuerdo, denominado RAS I, cumplió con los objetivos propuestos. Ese resultado habilitó el paso a una segunda etapa, orientada a culminar el desarrollo de los elementos finales de la supervisión basada en riesgos, lo que motivó la presentación del nuevo contrato ante el Consejo de Gabinete.

Perú obtiene el mayor puntaje de fundamentos corporativos entre los mercados de la región andina, de acuerdo con el último reporte de estrategia de Renta4 SAB.

El análisis prevé que el avance de la bolsa peruana dependerá en 2027 de las utilidades de las empresas y de una selección más rigurosa de acciones, tras la valorización acumulada durante 2026.

Perú supera a Chile y Colombia en el análisis de 41 acciones

El estudio evaluó 41 acciones de Perú, Chile y Colombia mediante un indicador que considera valuación, rentabilidad, crecimiento, revisiones de estimados, solidez financiera, momentum y riesgo país. Perú alcanzó un puntaje promedio de 3,74 sobre 5, frente a 3,08 de Chile y 2,56 de Colombia.

La ventaja peruana se extiende a los sectores comparables de los tres mercados. Las empresas obtuvieron mejores resultados en finanzas, retail, consumo masivo, minería, cemento y construcción, así como en servicios públicos.

Cerca de un tercio de la diferencia frente a Chile se explica por la mayor rentabilidad corporativa de las compañías peruanas, de acuerdo con Renta4 SAB.

César Huiman, analista senior de la gestora patrimonial, señaló que el mercado peruano llega a 2027 con fundamentos favorables, aunque después de una valorización relevante durante 2026.

A su juicio, los retornos dependerán menos de una expansión general de múltiplos y más de empresas con rentabilidad sostenible, balances sólidos y capacidad para generar retornos por encima de su costo de capital.

El alza de la inversión privada y el cobre respaldan las proyecciones

El reporte identifica condiciones internas que sostienen la posición de Perú. La inversión privada creció 17,6% en términos reales durante el segundo trimestre de 2026, el mayor ritmo desde 2021.

Además, el consenso recogido por la firma proyecta una expansión del producto bruto interno de 3,3% para 2027, por encima de las estimaciones para Chile y Colombia.

El ciclo de los metales también aparece entre los factores relevantes. El cobre cerró septiembre en USD 14.410 por tonelada, mientras los inventarios en la Bolsa de Futuros de Shanghai se redujeron 73% en el año, según el documento.

En su escenario base, al que asigna una probabilidad de 55%, Renta4 prevé un precio promedio de USD 14.500 por tonelada en 2027, alrededor de 12% por encima del consenso.

Aun así, parte de esas expectativas ya se reflejaría en las cotizaciones. El MSCI Nuam Peru Select acumuló un avance cercano a 36% en dólares durante 2026, lo que reduce el margen para una apreciación generalizada del mercado.

Pero la liquidez limita el acceso a varias acciones con mejores indicadores

El informe advierte que la fortaleza de los fundamentos no siempre se traduce en alternativas accesibles para inversionistas institucionales.

Solo cuatro de las 14 acciones peruanas analizadas superan el filtro de liquidez de Renta4, que exige negociaciones diarias de al menos USD 1 millón y un free float mínimo de 15%.

Volcan, Minsur y Cerro Verde, las tres primeras acciones peruanas del ranking, no cumplen esos requisitos. Las empresas con menor liquidez cotizan a una mediana de 10,1 veces las utilidades estimadas para 2026, frente a 13,6 veces de las acciones líquidas.

Para Renta4, esa diferencia supone una prima de iliquidez próxima a 1,6 puntos porcentuales de retorno esperado anual, explicó Huiman.

Credicorp, IFS e InRetail figuran entre las acciones líquidas destacadas

La canasta “Calidad antes que consenso” de Renta4 incluye a Credicorp, IFS, InRetail, Andina-B, Santander Chile, Banco de Chile, BCI y Falabella.

El grupo registra un retorno sobre patrimonio neto mediano estimado de 18,7% para 2026, frente a 10,3% del universo invertible, con un múltiplo promedio similar de 13,1 veces utilidades.

Entre los riesgos para 2027, el reporte menciona una Reserva Federal más restrictiva, una corrección del cobre y una prolongación de las tensiones en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz.

Pese a esos factores, Renta4 mantiene su recomendación de sobreponderar Perú, una posición neutral en Chile y subponderar Colombia.

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, llegó este martes hasta Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), en medio de las fricciones diplomáticas entre Chile y Argentina por el zarpe en noviembre del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas y que ha encendido las alarmas a ambos lados de la cordillera.

El representante diplomático, a través de su cuenta de X, señaló sentirse “muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”.

Desde la legación británica detallaron que visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH) “donde conoció el trabajo que impulsa Chile en investigación polar”, puesto que “la cooperación científica es uno de los pilares de la relación entre el Reino Unido y Chile en la Antártica”.

Además, se reunió con la gobernadora subrogante de Magallanes, Hina Carabante, a fin de “conversar sobre oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y la región, con énfasis en la ciencia antártica, conservación marina y protección de ecosistemas”.

Citas con alcalde y la Armada

Esta jornada, Concar se entrevistó también con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y uno de los temas principales fue precisamente la controversia que ha causado la reapertura de la vía comercial marítima entre la ciudad y las islas Malvinas, cuestión que fue respaldada por el gobierno de José Antonio Kast y desató un ambiente de máxima preocupación en las alta esferas políticas de Chile y Argentina, sobre todo después que fuentes de inteligencia nacionales advirtieran sobre un posible “evento crítico” con el país vecino.

Radonich ha señalado en varias oportunidades que con esta esta nueva ruta comercial buscan disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, la que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde esa ciudad, disminuyendo considerablemente los costos.

Según el edil, tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las Malvinas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”.

Finalmente, el embajador del Reino Unido tuvo una reunión de trabajo con el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto, a fin de repasar la histórica colaboración naval entre ambos países.

De acuerdo al medio local Ovejero Noticias, la conversación estuvo centrada en el “presente y futuro” de las relaciones bilaterales, destacando el trabajo conjunto que hoy impulsan ambos países mediante el apoyo directo a la investigación científica y la cooperación técnica.

De acuerdo al último balance, las comunas mas afectadas fueron Puente Alto, San Bernardo, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Pirque, Lampa y Estación Central, donde unos 40 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico y con clases suspendidas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya había advertido probables tormentas eléctricas, chubascos intensos en períodos breves, granizo y viento para el valle, la precordillera y la cordillera, y de acuerdo a los reportes la lluvia seguirá cayendo esta jornada sobre Santiago, aunque en bastante menor medida.

Alerta Roja

Debido a la inédita intensidad del fenómeno, Senapred declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana a media tarde, a fin de agilizar el despliegue y la coordinación de los organismos de emergencia frente a las inundaciones, interrupciones de servicios e incluso la asistencia a peatones que se vieron arrastrados calle abajo por la corriente.

El agua y los semáforos cortados provocaron además una verdadera anarquía vial, y para peor, varias estaciones de metro debieron cerrar sus puertas, por lo que miles de capitalinos volvieron de sus trabajos a sus casas completamente empapados.

Por si fuera poco, un inédito tornado -el segundo registrado en la historia climática santiaguina-, voló los techos de la Estación Central y fue registrado por varios usuarios de redes sociales, dando cuenta de la magnitud de este evento.

Pasadas las 19:00 horas, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance señalando que “se han registrado precipitaciones intensas, granizos y vientos en diferentes sectores de la RM, generando situaciones de emergencia que están siendo atendidas por los organismos del sistema desplegados en terreno”.

En tanto, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que las autoridades se encuentran monitoreando la activación de quebradas en diversas regiones, a fin de advertir a tiempo y prevenir en lo posible nuevos aluviones de lodo o “flash flood” producto de las intensas lluvias en un corto período de tiempo, una de las características de este fenómeno de El Niño -o “Súper Niño”- que se cierne actualmente con alteraciones climáticas severas en varias regiones de Sudamérica, principalmente Chile, Perú y Ecuador.

Un trabajador de 61 años falleció a las 00:15 horas de este miércoles al caer a un barranco de unos 50 metros el bulldozer que operaba en la mina Rajo Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, elevando el número de muertos en faenas mineras a 7 en los últimos 22 días y a 13 en lo que va de este 2026.

El hombre, identificado con las iniciales J.L.R.V., trabajaba para una empresa contratista que presta servicios a la faena perteneciente a la Minera Las Cenizas, y de acuerdo a los primeros antecedentes, se encontraba removiendo tierra cuando por motivos que se investigan cayó desde el rajo al fondo de la excavación.

El fatal accidente fue advertido cuando el jefe de turno intentó comunicarse sin éxito con el conductor del bulldozer. Al no recibir respuesta, personal de la faena se dirigió hasta el lugar donde éste operaba, hallándolo a un costado de la máquina al fondo del barranco. Las pericias correspondientes deberán establecer las causas del accidente.

Tras confirmarse la noticia, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron mediante un comunicado que “lamentamos informar un accidente fatal ocurrido hoy en Mina Aguilucho, comuna de Taltal, Región de Antofagasta. Expresamos nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido. Un equipo regional ya se encuentra en el lugar recabando antecedentes para la investigación”.

Según consignó una nota de Reporte Minero se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del recinto y la faena se encuentra actualmente detenida.

Siete muertos en 22 días

La muerte del operador en Taltal se suma a una seguidilla de accidentes fatales que ha golpeado a la minería chilena durante las últimas semanas: entre el 23 de septiembre y este 14 de octubre se contabilizan siete trabajadores fallecidos en seis accidentes ocurridos en distintas faenas del país.

El caso previo a esta tragedia se registró este martes en Illapel, Región de Coquimbo, donde un trabajador de 66 años murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

Dos días antes, Codelco había confirmado la muerte de otros dos trabajadores en la División El Teniente, luego de un accidente asociado a un alud de nieve y barro.

La cadena de emergencias también incluye fallecimientos en Minera Escondida, la División Radomiro Tomic de Codelco y la mina Los Colorados, en la Región de Atacama.

El escenario se conoce después de un 2025 en que las muertes en la minería aumentaron un 81,8%, al pasar de 11 a 20 víctimas fatales, según las estadísticas de Sernageomin.

Ese año también quedó marcado por el derrumbe ocurrido en julio en la División El Teniente, donde murieron seis trabajadores. Ahora, la misma división vuelve a figurar entre las faenas afectadas por un accidente con consecuencias fatales, mientras las investigaciones correspondientes deberán determinar las circunstancias de cada uno de estos hechos y establecer las eventuales responsabilidades.

El envío del buque chileno Danstar con mercadería e insumos hacia las Islas Malvinas, desde la ciudad de Punta Arenas y programado para noviembre, reavivó una histórica disputa entre Argentina y Chile y escalonó una serie de declaraciones cruzadas que tensionan la relación política y diplomática. Mientras se mantiene la sintonía ideológica de Javier Milei con el presidente chileno, José Antonio Kast, la discusión se trasladó a los parlamentos de ambos países.

El frente de conflicto se da en paralelo a las acciones del gobierno argentino para presionar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, específicamente en el proyecto Sea Lion.

En este contexto, la semana pasada el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían blindar la ruta marítima privada que se prepara entre Punta Arenas y el archipiélago: durante una sesión especial el 6 de octubre, la Cámara de Diputados emplazó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”.

Las iniciativas impulsadas por los legisladores exigen la derogación del Decreto 457/2021, una normativa de la gestión anterior en Argentina que definía al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como “espacios compartidos” para fines de exploración y control, una formulación que en Chile es calificada como “una violación de su soberanía”. Ante este panorama, solicitaron un reequipamiento urgente de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la zona austral y la consolidación de una política de protección fronteriza con visión a 2040.

A pesar de la buena relación entre Milei y Kast, las resoluciones contaron con el respaldo del bloque oficialista. La N° 265, presentada por diputados como Diego Schalper, Luis Pardo y Juan Carlos Beltrán, ratificó la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el comercio internacional y el ejercicio del derecho de libre navegación conforme a los tratados vigentes.

Las siete resoluciones aprobadas no son homogéneas ni unánimes: reflejan un arco que va desde el consenso institucional hasta la ruptura con la sintonía oficial entre Santiago y Buenos Aires. La más transversal reafirma la plena vigencia de los tratados limítrofes y obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención. En el otro extremo, otra exige anteponer el interés nacional de Chile a la afinidad política con el gobierno argentino: tuvo 60 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. Es, en esencia, un mensaje político directo al Ejecutivo.

Las restantes resoluciones completaron el cuadro. Establece una política integral de resguardo con horizonte a 2040; revierte los recortes presupuestarios que afectan a la región de Magallanes; y exige la derogación formal e inmediata del Decreto 457/2021.

La resolución presentada por diputados del Partido Socialista fue las más ambiciosa: además de reclamar la derogación del Decreto 457/2021, exige gestiones diplomáticas para dejar sin efecto el Decreto 256/2010 y la elaboración de una Estrategia de Estado para la zona austral y antártica que incluya el Estrecho de Magallanes, el Campo de Hielo Sur, la plataforma continental y los derechos antárticos chilenos. Obtuvo 66 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones.

Estas resoluciones parlamentarias no son vinculantes. Son un encargo político transversal, con votos cruzados, que le exige al Gobierno de Kast pasar de la retórica a los hechos.

“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas y se puede hacer, que se haga”, declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la cadena TVN. El funcionario restó importancia a los riesgos regionales al comparar la situación con la operación de yacimientos mineros en zonas fronterizas, subrayando que es un negocio entre privados donde el Estado debe limitarse a garantizar condiciones de seguridad y reglas claras.

En la misma línea, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, descartó de plano los rumores de un eventual “interceptación” de la armada argentina y la posibilidad de escoltar al Danstar, al reiterar que “la navegación fuera del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada” por ningún actor externo. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El peronismo sube la apuesta

Desde Buenos Aires la presión no es diplomática; también es parlamentaria. El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas. “La posición es muy clara, si Chile quiere hacer negocios con los isleños, no le demos beneficios económicos nosotros a sus empresas acá. Nada más que eso. O sea, una cuestión de reciprocidad”, afirmó Michel a Infobae.

De manera puntual, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo argentino denuncie dos acuerdos bilaterales vigentes con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Ley 27.274). El proyecto apunta directamente a las empresas chilenas que invierten o generan rentas en territorio argentino, que hoy se benefician de topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Si los acuerdos fueran denunciados, esas ventajas desaparecerían.

Al presentar la iniciativa, el legislador aclaró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino trasladar el reclamo de soberanía al plano económico. “El circuito comercial de Montevideo con Malvinas es ínfimo, ellos le exportan lana a Uruguay, pero de Uruguay importan muy poco. El apoyo logístico fundamental, más allá de las exportaciones, es de Chile, con el el vuelo una vez por semana y, ahora, con la nueva ruta marítima”, amplió el diputado a este medio.

La respuesta parlamentaria chilena fue inmediata. Los diputados republicano, la fuerza política del presidente Kast, rechazaron en bloque la propuesta y exigieron una respuesta diplomática enérgica de la Cancillería. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó la iniciativa de “bastante irresponsable” y pidió precisiones sobre si refleja la postura oficial de Buenos Aires o es una posición exclusivamente parlamentaria.

Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más duro: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”, afirmó. En tanto, Catalina Del Real, que también integra la Comisión de Defensa, habló de “chantaje económico” y exigió una protesta diplomática formal.

“Yo creo que este gobierno todo lo que hace con la causa Malvinas es una farsa. No tiene ninguna iniciativa real de cambiar esta situación. Porque si quisieran hacer algo real, harían lo que yo propongo. O con el Reino Unido, ¿por qué no denunciaron el convenio de doble imposición con Reino Unido? A los ingleses le dan un convenio de doble imposición fiscal que le permite a las empresas inglesas que invierten en Argentina ahorrar cincuenta millones de dólares al año. Es la mitad de lo que gasta Reino Unido en seguridad en las Islas Malvinas", cuestionó Michel.

En paralelo, un grupo de más de una docena de senadores y diputados kirchneristas envió el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitando que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur. Esto es, a quienes apoyen con logística al proyecto Sea Lion.

La misiva fue firmada por Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. El documento invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas esté en curso.

“Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región, sostiene el texto. Los legisladores argumentaron que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar en el archipiélago.

En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno denunció que hay sectores y actores externos que intentan hacer pelear a la Argentina y Chile, y aseguró que el Gobierno no va a entrar ahí. En A24, destacó la excelente relación con el Presidente Kast y su Canciller: “En este momento no tenemos notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas. Lo que sí es muy importante destacar es la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores, algunos externos. Por eso también es importante entender la Ley de Soberanía Nacional y las influencias externas. Y hay ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear. Nosotros con Chile tenemos una posibilidad y una oportunidad histórica en varios ámbitos”, afirmó .

Lejos de posición, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, le envió una carta al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas.

“Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico. En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas“, indicó en X.

Y agregó: “Esas actividades van en contra de todo lo que, desde hace décadas y décadas, costó tanto construir juntos entre argentinos y chilenos. El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”.

La Cancillería de Chile expresó sus “deseos de una pronta y completa recuperación” al papa León XIV, luego de que el Vaticano confirmara un diagnóstico de cáncer de pulmón tras una operación en el hospital Gemelli de Roma.

“Hacemos votos para que la fortaleza, la serenidad y la esperanza acompañen a Su Santidad en estos días, y que pronto pueda retomar con plenitud su ministerio”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno en un comunicado.

La cartera añadió que Chile y la Santa Sede “comparten una larga y profunda relación, forjada en momentos decisivos de nuestra historia”. “Por ello, nuestro país acompaña con especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica”, agregó.

El Vaticano informó este martes que los análisis posteriores a la intervención detectaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El sumo pontífice, de 71 años, fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV permanecerá internado una semana en el hospital Gemelli para continuar su recuperación y realizarse exámenes posoperatorios. El equipo médico no precisó si requerirá un tratamiento adicional por la naturaleza del tumor extirpado.

La intervención ocurrió a menos de un mes de la gira que el papa estadounidense-peruano prevé realizar entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. De acuerdo con sus declaraciones del domingo, el viaje se mantenía previsto.

Por su parte, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió oraciones por la recuperación del papa. La mandataria peruana difundió su mensaje en redes sociales y convocó a los fieles a una cadena de oración por el Santo Padre. También invocó al Señor de los Milagros, una de las principales devociones religiosas del país.

“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, escribió Fujimori. La presidenta pidió a la población acompañar al pontífice durante su recuperación. “Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, expresó.

Fujimori recordó la relación del papa con Perú, donde vivió durante varios años antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. “Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas”, agregó.

El Gobierno de Argentina también deseó una pronta recuperación a León XIV tras la operación y confirmó que mantiene los preparativos para la visita del pontífice al país en noviembre. El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, afirmó que el Ejecutivo recibió “con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente” y expresó su respaldo al Santo Padre.

“Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación”, destacó Ravier en una rueda de prensa. El funcionario agregó: “Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento, con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”.

La visita de León XIV a Argentina permanece prevista para noviembre, mientras el papa continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica en la capital italiana.

(Con información de EFE)

El buque chileno Danstar partirá de Punta Arenas en noviembre o diciembre del 2026 con destino a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, con toda suerte de suministros para su población.

Ha advertido su empresa propietaria que no utilizará el Pasaje de Drake, sino que atravesará el Estrecho de Magallanes, haciendo uso pleno del derecho que le brinda ser territorio chileno incuestionado.

Lo preocupante es verificar un estado de “incomodidad” y “desconfianza” por parte de la opinión pública chilena respecto de la conducta argentina en materia de límites entre nuestras dos naciones.

Desde hace cinco años, la Cancillería chilena viene solicitando la derogación del decreto argentino 256/2010, que impone a los buques que transporten carga hacia las Islas Malvinas, ya sea que salgan de puertos argentinos y/o atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas, un permiso de la autoridad argentina indicada en el propio DNU. Si bien el decreto no hace referencia al tránsito por el Estrecho de Magallanes, sí indica “el tránsito por las aguas de jurisdicción argentina en el Atlantico Sur”, de incuestionable jurisdicción argentina.

Su pretensión es más que razonable, pero alcanza con especificar en el mismo decreto que se hace referencia sólo a los buques que partan de puertos argentinos y/o hagan transbordo en nuestras aguas.

Desde hace 140 años, Argentina reconoce que el Estrecho de Magallanes es territorio chileno.

El 3 de septiembre de este año, los presidentes Kast y Milei firmaron una declaración conjunta que reza: “El Presidente Kast reiteró el respaldo del Chile a los legítimos derechos de Soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Por su parte, el presidente Milei reconoció expresamente “la vigencia de los tratados que establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes”.

Además, Milei expresó su agradecimiento al “apoyo de Chile a la cuestión de las Islas Malvinas”, y agregó que “se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona en disputa, tanto en materia de exploración como de explotación de recursos hidrocarburiferos y pesqueros”.

Asunto terminado. Pero queda un tema pendiente: ¿cuál es la extensión del compromiso chileno de “evitar la consolidación de actividades logísticas”?

Una interpretación es que tal compromiso es sólo de las autoridades chilenas y no se extiende a los eventuales contratos privados que se celebren entre particulares. Esa es la interpretación que hoy parece predominar del lado chileno. Otra sería que cualquier actividad que vincule a las Islas Malvinas con Chile pasa a ser ilegal para funcionarios y/o ciudadanos y/o empresas chilenas. Este último caso tendría, siempre, excepciones: los viajes turísticos o científicos, la asistencia humanitaria, cooperación medioambiental y otras actividades específicas que involucren el relacionamiento con la población civil y no incluyan la “logística” a las actividades pesqueras y/o petroleras y gasíferas que Argentina, legítimamente, cuestiona. Y Chile afirma respaldar.

Estos temas son igualmente válidos respecto de actividades similares que se desarrollan o, eventualmente, se realicen desde los puertos de Montevideo y Santos, en Uruguay y Brasil.

Lo más saludable sería que los cuatro países nos reuniéramos, a nivel de cancilleres, y negociáramos el status quo con claridad para evitar interpretaciones equivocas tanto de los funcionarios, los actores privados y la opinión pública en general. Y sería conveniente que los presidentes ratificaran ese acuerdo, que tendría una gran significación para determinar la voluntad regional en la materia.

Como dicho acuerdo tendría la extensión que todas las partes determinaran -y que debería ser aprobado por los cuatro parlamentos-, no dejaría lugar a dudas sobre cuáles actividades son legales en cada uno de los países y cuáles son las prohibidas.

Algunos podrán plantear que esta aproximación es peligrosa para los intereses argentinos, pero peor aún es la violación permanente de una suerte de embargo regional que en la práctica no existe.

Y todavía peor sería que reprodujéramos la actual situación que mantenemos con Brasil -retiro de los embajadores-, que debilitaría el objetivo superior de la integración regional.

Ni hablar de cualquier instancia de mayor agravamiento de jure o de facto que generara ridículas tensiones entre nuestros respectivos pueblos.

Si con el RU mantenemos una relación de total normalidad diplomática y comercial, no podemos cultivar ningún escenario que no sea fraternal y asociativo entre nosotros.

“Todo nos une, nada nos separa”, supo predicar el presidente argentino Roque Sáenz Peña. Sepamos seguir su ejemplo.

El mango dulce y el chile picante forman una combinación irresistible en la cocina mexicana. Su equilibrio entre dulzor, acidez y picor aparece en aguas frescas, chamoyadas, botanas y postres que convierten una fruta de temporada en un antojo lleno de sabor.

La gelatina de mango con chile es una opción fresca para reuniones, comidas familiares o tardes calurosas. Su textura suave contrasta con los cubos de gelatina y el chamoy aporta ese toque agridulce que distingue a muchos antojitos mexicanos.

Gelatina de mango con chile: un postre fresco y agridulce

Esta receta combina gelatina de mango, fruta fresca, chamoy, chile en polvo y grenetina sin sabor. El resultado es un postre frío con una consistencia firme, pero suave al momento de comer.

La preparación se arma en 2 partes. Primero se prepara una gelatina de mango que después se corta en cubos. Luego se licúa una mezcla de mango con chamoy y chile, que sirve como base para cubrir los cubos y formar la gelatina final.

Lo mejor de este postre es que no necesita horno ni una cocción complicada. Solo requiere disolver correctamente la gelatina, integrar los ingredientes y respetar el tiempo de refrigeración.

Ingredientes para la gelatina de mango con chile

• 0.5 taza de gelatina de mango en polvo
• 1 taza de agua caliente
• 1 taza de mango fresco picado
• 3 tazas de salsa chamoy
• 1 cucharada de chile en polvo
• 1 cucharada de grenetina sin sabor, hidratada y derretida
• 0.5 taza de agua caliente
• Mango fresco picado, para decorar
• Hojas de menta, para decorar

Puedes utilizar el chile en polvo de tu preferencia. Si deseas un sabor más intenso, elige una mezcla con limón y sal.

Para una versión menos picante, reduce la cantidad y agrega el chile solo al momento de decorar.

Cómo hacer gelatina de mango con chile paso a paso

1. Coloca la gelatina de mango en polvo en un recipiente amplio.
2. Añade 1 taza de agua caliente y mezcla con un batidor hasta que el polvo se disuelva por completo.
3. Evita dejar grumos, ya que pueden afectar la textura final de la gelatina.
4. Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado. Lleva al refrigerador durante 1 hora, o hasta que la gelatina esté firme.
5. Cuando haya cuajado, desmolda con cuidado y corta la gelatina en cubos pequeños. Reserva mientras preparas la mezcla de mango y chamoy.
6. Coloca en la licuadora el mango fresco picado, la salsa chamoy, el chile en polvo, la grenetina hidratada y derretida, y 0.5 taza de agua caliente.
7. Licúa durante algunos segundos, hasta obtener una mezcla uniforme.
8. La grenetina debe estar completamente disuelta antes de incorporarla, porque así ayuda a que la gelatina final cuaje de manera pareja.
9. Engrasa ligeramente un molde limpio y vierte una parte de la mezcla de mango con chamoy.
10. Distribuye algunos cubos de gelatina de mango en el molde. Después, agrega el resto de la mezcla para cubrirlos.
11. Refrigera durante 2 horas, o hasta que la preparación esté completamente firme.
12. No intentes desmoldar la gelatina antes de tiempo. Si el centro todavía se mueve demasiado, necesita más refrigeración.
13. Para desmoldar, pasa un cuchillo delgado por las orillas del molde. También puedes sumergir la base del recipiente en agua tibia durante algunos segundos.
14. Voltea la gelatina sobre un plato y decora con mango fresco, hojas de menta y un poco de chile en polvo.

Tiempo de preparación y refrigeración

La preparación activa requiere aproximadamente 20 minutos. La primera gelatina necesita 1 hora de refrigeración para cuajar, mientras que la preparación final debe permanecer en el refrigerador durante 2 horas.

En total, considera 3 horas y 20 minutos, incluyendo los periodos de refrigeración. La receta no necesita cocción en estufa ni en horno.

¿Cuántas porciones rinde?

La gelatina de mango con chile rinde aproximadamente 8 porciones. La cantidad puede variar según el tamaño del molde y de los cortes.

Para servirla como postre individual, puedes preparar la mezcla en vasos pequeños. En ese caso, no será necesario desmoldarla y cada persona podrá disfrutarla directamente con una cuchara.

Consejos para mejorar la receta

Para obtener una gelatina firme, respeta las cantidades de grenetina y el tiempo de refrigeración. Si agregas demasiada agua, la preparación puede quedar blanda.

Elige mangos maduros, pero no demasiado fibrosos. Una fruta con pulpa suave facilitará el licuado y dará un sabor más intenso.

También puedes añadir cubos de mango fresco dentro de la gelatina. Incorpóralos cuando la mezcla comience a espesar, para evitar que todos queden en el fondo del molde.

Si quieres un postre más picante, agrega chile en polvo a la mezcla de mango y chamoy. Para una versión más suave, utiliza solo el chamoy y reserva el chile para la decoración.

Conservación de la gelatina

Guarda la preparación en un recipiente con tapa dentro del refrigerador. La gelatina puede conservarse hasta 3 días en buenas condiciones.

Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas, sobre todo en días calurosos. Para conservar mejor la textura, añade el mango fresco, la menta y el chile justo antes de servir.

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

• 190 calorías
• 43 g de carbohidratos
• 2 g de proteínas
• 0 g de grasas
• 35 g de azúcares
• 430 mg de sodio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, Alfonso López Chau, planteó impulsar la creación de un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú. La propuesta surgió durante un taller especializado sobre finanzas abiertas organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el que se analizaron experiencias internacionales y alternativas para financiar un eventual instrumento de inversión estatal.

La iniciativa apunta a explorar mecanismos que permitan canalizar recursos hacia la infraestructura, la innovación y la inversión productiva, como parte de una estrategia para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. En ese contexto, López Chau destacó los casos de Brasil y Chile y propuso organizar una conferencia de alto nivel técnico para examinar las posibilidades de implementar un fondo de estas características en el país.

Senado plantea analizar un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú

El taller se realizó en la sede de la SBS, con la participación de su Centro de Formación, especialistas y autoridades. La agenda incluyó el estudio de modelos internacionales, posibles fuentes de financiamiento y esquemas de gobernanza que podrían servir de referencia para una iniciativa peruana.

Durante el encuentro, López Chau resaltó la existencia de fondos soberanos en otros países de la región y sostuvo: “Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Sería muy bueno que el Perú tenga una conferencia de alto nivel técnico sobre los fondos soberanos de riqueza. Creo que ayudaría mucho”.

El senador también invitó al presidente de la SBS a promover un seminario especializado que permita profundizar en el funcionamiento de estos instrumentos. La propuesta se vinculó con la posibilidad de articular esfuerzos entre el Estado, la banca privada y los organismos reguladores para respaldar proyectos que contribuyan al desarrollo productivo nacional.

¿Qué es un Fondo Soberano de Riqueza?

De acuerdo con el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (IFSWF, por sus siglas en inglés), la definición oficial de estos instrumentos fue elaborada por los propios fondos en 2008 y publicada en el apéndice I de los Principios de Santiago.

Esta definición establece tres características fundamentales: son propiedad del gobierno general, que comprende tanto al Gobierno central como a los gobiernos subnacionales; incluyen inversiones en activos financieros extranjeros y buscan obtener rendimientos con fines financieros.

Por esa razón, no todos los recursos administrados por el Estado califican como fondos soberanos. Los fondos públicos de pensiones quedan excluidos porque, en última instancia, pertenecen a los titulares de las pólizas correspondientes. Tampoco se consideran como tales las reservas del banco central que no están invertidas.

Ahorro, estabilización y desarrollo: los objetivos de estos fondos

Los fondos soberanos pueden responder a diferentes necesidades económicas, dependiendo de su mandato. Una de sus modalidades son los fondos de ahorro, diseñados para acumular recursos durante periodos prolongados y beneficiar a las generaciones futuras. Son utilizados especialmente por países con abundantes materias primas, que buscan reservar parte de la riqueza obtenida de recursos naturales finitos, como el petróleo, el gas y los metales.

Otra modalidad son los fondos de estabilización, que funcionan como reservas de capital para ayudar a los gobiernos a afrontar caídas de ingresos y reducir las fluctuaciones presupuestarias. En economías dependientes de las materias primas, estos mecanismos permiten ahorrar parte de las ganancias cuando los ingresos son elevados y utilizar esos recursos cuando disminuyen.

También existen los fondos estratégicos, orientados a contribuir al desarrollo económico nacional. Su expansión respondió, entre otros factores, a cambios en las condiciones financieras internacionales posteriores a la crisis mundial, cuando varios gobiernos comenzaron a utilizar sus activos para respaldar políticas económicas y proyectos de desarrollo.

Fondos con objetivos combinados

Un fondo soberano no necesariamente debe concentrarse en una sola finalidad. Algunos combinan funciones de ahorro, estabilización y desarrollo, de modo que pueden atender distintas necesidades económicas bajo una misma estructura de inversión.

Para el Perú, el planteamiento de López Chau abre la discusión sobre qué objetivos debería priorizar un instrumento de este tipo y cómo se financiaría y administraría. El taller organizado con la SBS permitió poner sobre la mesa experiencias internacionales y aspectos técnicos que tendrían que evaluarse antes de avanzar hacia una propuesta concreta.

El Reino Unido anunció hoy la implementación de medidas legales para proteger la explotación petrolera en las islas Malvinas frente a las presiones económicas de Argentina. El gobierno británico invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, una acción que refuerza el respaldo de Londres. La decisión se produjo tras la presentación del gobierno argentino de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En simultáneo, medios británicos como The Telegraph informaron que Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico, autorizó la actividad de Sea Lion, según confirmó Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto a la británica Rockhopper Exploration.

La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno tomar acciones concretas para “blindar” a las empresas. Entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras (en este caso, las leyes argentinas que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas).

También impide que los tribunales británicos reconozcan o ejecuten sentencias extranjeras contra actividades legítimas en las islas, y habilita a las empresas a reclamar ante la justicia británica la recuperación de cualquier daño económico sufrido como consecuencia de esas presiones externas.

El Gobierno -según información oficial- tramitará la legislación secundaria “con la mayor celeridad posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de finales de año”.

Sea Lion está ubicado a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. Navitas comenzó a perforar a principios de 2026 y prevé desarrollar 23 pozos en el sector norte del yacimiento con dos buques de producción para procesar y transportar el crudo. Según las estimaciones de las empresas, el proyecto podría comenzar a producir en 2028 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.

“Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. Implementaremos medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para salvaguardar los intereses del Reino Unido y continuaremos colaborando estrechamente con las empresas afectadas. Estas medidas envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, señaló el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds.

Miliband, en tanto, afirmó: “El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es firme. Los intentos de Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables. Las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coerción política. Siempre defenderemos a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.

Ayer, el primer ministro británico, Andy Burnham, ya había defendido la actividad petrolera de Sea Lion durante su intervención ante la Cámara de los Comunes para reafirmar la posición de Londres sobre el archipiélago. En su declaración, indicó que había planteado el asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mencionó de forma explícita la voluntad de los isleños de continuar vinculados al Reino Unido. “Siempre haremos lo que sea necesario para defender su voluntad”, afirmó el primer ministro, según consta en la versión publicada por el gobierno británico.

“Hemos demostrado de manera constante nuestro apoyo inquebrantable a los habitantes de las islas y al proyecto Sea Lion. Lo dejé muy claro en Nueva York. Sé que la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo trabaja activamente en este asunto, y daremos a conocer más novedades a su debido tiempo”, señaló Burnham.

A primeras horas de hoy, la Cancillería argentina y la Secretaría de Legal y Técnica presentaron ante el TIDM una solicitud formal de medidas provisionales. La presentación formula cuatro requerimientos urgentes: la prohibición de nuevas actividades extractivas, la restricción en el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones, la exigencia de que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos, y la preservación de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se sustancia el procedimiento arbitral principal iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Las decisiones provisionales del TIDM son de cumplimiento obligatorio para los estados involucrados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió su estimación de crecimiento para México en 2026 a 1.5%, desde el 1.2% que proyectaba en julio. Lo hizo en un informe que recortó las previsiones para América Latina y el Caribe, según su reporte Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), presentado este martes en Bangkok, Tailandia.

Para el organismo, la región crecerá 2.3% este año y 2.5% en 2027, frente a 2.4% y 2.7% en julio. Reuters informó que la mayoría de los países recibe poco impulso del auge de la inteligencia artificial (IA), que ayudó a otras economías a absorber el golpe energético derivado de la guerra en Medio Oriente.

¿Qué dijo el FMI sobre México?

El Fondo atribuyó la mejora a las exportaciones, incluidas las ligadas a las cadenas de suministro de IA, y a una inversión que se estabiliza. En julio, el organismo vinculaba la recuperación a políticas internas menos restrictivas.

Para 2027, sin embargo, recortó ligeramente su cálculo: 1.8%, frente al 1.9% anterior. Advirtió que la incertidumbre comercial y otros factores seguirán frenando la actividad.

Los datos más relevantes para México:

• PIB 2026: 1.5% (antes 1.2%).
• PIB 2027: 1.8% (antes 1.9%).
• Inflación: 3.8% al cierre de 2026 y 3.6% en 2027, según medios mexicanos que revisaron el informe.
• PIB per cápita: cayó 0.3% en 2025, porque la economía creció menos que la población. El FMI prevé una recuperación de 0.7% en 2026 y de 1.0% en 2027.

Este último punto matiza el avance: la mejora en el PIB aún es pequeña frente al tamaño de la población.

El contexto: una guerra que encarece la energía

El informe describe una economía mundial “dividida”. El FMI subió su proyección de crecimiento global a 3.1% para 2026, desde 3.0% en julio, y señaló que las rutas alternativas de suministro de energía y la inversión impulsada por la IA sostienen esa resiliencia.

El conflicto en Medio Oriente, no obstante, convirtió la energía en un choque inflacionario global. El crudo Brent cotiza cerca de 45% por encima de su nivel previo a la guerra. Los combustibles y la electricidad más caros afectan a hogares y empresas, y el temor a una inflación persistente empujó los costos de endeudamiento a máximos de varias décadas.

El FMI explicó que el efecto en América Latina depende de dos factores:

• Si las ganancias de los países exportadores de materias primas superan las pérdidas de los importadores de energía.
• Qué tan creíbles son las metas de inflación de los bancos centrales.

Argentina y Brasil, entre los más afectados

Argentina recibió el recorte más fuerte entre las economías que el FMI detalla por separado. Su crecimiento se ubicaría en 2.1% en 2026, muy por debajo del 3.5% previsto en julio y del 4.5% de 2025. Para 2027, el Fondo bajó su estimación a 3.5%, desde 4.0%. La inflación argentina caería a 32.5%, frente a 41.9% del año pasado.

Brasil pasaría a crecer 2.2% este año y 1.9% en 2027, frente a 2.4% y 2.2% en julio. El organismo citó una política monetaria aún restrictiva, el retiro del apoyo fiscal del gobierno y la incertidumbre global. La diferencia con México se reduce: en 2027, Brasil y México quedarían separados por apenas una décima (1.9% contra 1.8%).

Las tablas del informe muestran también:

• Chile: crecimiento de 0.6% este año, frente a 2.5% anterior.
• Bolivia: contracción de 3.0%, tras una caída de 1.6% en 2025.
• Venezuela: inflación de 467.9%, desde 252.0%.

Riesgos: volatilidad y financiamiento más caro

El FMI aseguró que los riesgos siguen inclinados a la baja. Advirtió que la turbulencia en los mercados podría afectar a las economías emergentes por tres vías: mayores costos de financiamiento público, presión sobre sus monedas y condiciones financieras locales más estrictas.

Un respaldo reciente al panorama fiscal

El pronóstico llega días después de que el FMI concluyera su consulta del Artículo IV 2026 con México. Según la Secretaría de Hacienda, el organismo reconoció avances en consolidación fiscal, estabilidad financiera e infraestructura, y consideró que los riesgos para la actividad están balanceados. También hizo recomendaciones para fortalecer la posición fiscal en el mediano plazo.

Lo que sigue

La economía mexicana mejorará más de lo previsto en 2026, pero a un ritmo moderado y dependiente de las exportaciones y del entorno externo. El FMI mantiene su advertencia sobre la incertidumbre comercial, un factor que sigue pendiente para México.

Las autoridades de Chile concretaron la expulsión de 56 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter que salió desde Santiago durante la madrugada del sábado 10 de octubre.

El procedimiento incluyó 45 expulsiones administrativas y 11 judiciales, informó la Subsecretaría del Interior junto con el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre las personas expulsadas había cinco catalogadas como sujetos de interés policial. También fue trasladado un ciudadano colombiano que era requerido por la justicia de su país.

El avión despegó desde la capital chilena después de la 01:00 y realizó una escala en Iquique antes de seguir hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Del total de expulsados, 21 eran colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Cinco de los expulsados tenían antecedentes policiales

El prefecto inspector Ernesto León se refirió a los antecedentes de algunos de los ciudadanos incluidos en el operativo.

“Teníamos cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales por tráfico de drogas, algunos por violación y hay un sujeto que está requerido en su país, en Colombia, por mantener una orden de captura por un delito de hurto calificado”, señaló el funcionario en rueda de prensa desde el cuartel general de la Policía de Investigación de Chile (PDI).

Las expulsiones administrativas corresponden a decisiones adoptadas por las autoridades migratorias por infracciones a las normas de ingreso o permanencia en el país. Las judiciales se originan en resoluciones dictadas por tribunales dentro de procesos penales.

El Gobierno reportó 1.874 expulsiones en 2026

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que esta operación fue el décimo vuelo de expulsión efectuado durante la administración del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los datos entregados por el Gobierno, Chile acumula 1.874 expulsiones de extranjeros durante 2026. La cifra considera los procedimientos realizados desde enero y, según aclaró Pavez, cerca de 260 ocurrieron antes del 11 de marzo, fecha del cambio de gobierno.

El subsecretario comparó el registro con los datos de años anteriores. En 2022, las autoridades chilenas materializaron 1.070 expulsiones, mientras que en 2025 la cifra llegó a 1.267.

El Ejecutivo también informó sobre las salidas voluntarias de personas que se encontraban en situación migratoria irregular. E

Entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, se registraron 10.345 salidas voluntarias efectivas.

Sauerbaum añadió que más del 79,6% (8.243) de las personas que abandonaron Chile de forma voluntaria eran ciudadanos venezolanos, mientras que el 9,3% (970) fueron colombianos.

Colombiano buscado por homicidio fue detenido en Perú: lo señalan de pertenecer a La Inmaculada

La detención de un ciudadano colombiano en Lima abrió una investigación sobre una posible expansión de redes delictivas de ese país en Perú.

Todo se confirmó el sábado 10 de octubre, luego de que efectivos de la Policía Nacional de ese país detuvieron a Juan Alejandro Galeano, de 27 años, conocido como alias Colocho, quien, según las autoridades, tenía órdenes de captura vigentes en Colombia y había escapado de un establecimiento penitenciario.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y permitió detener además a un ciudadano francés, identificado por la institución como alias Franchua. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias judiciales.

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, Galiano ingresó al país con una identidad que no correspondía a la suya. Con esos documentos habría conseguido alquilar una vivienda en la capital peruana.

La Policía sostiene que el detenido sería parte de La Cordillera, una estructura criminal de origen colombiano (y que opera en el norte de Valle del Cauca).

“De las evidencias y elementos de convicción que le hemos encontrado, podemos determinar de que este sujeto ya estaba ramificando las acciones criminales de su organización criminal ‘La Cordillera’ acá en el Perú”, declaró el coronel Cano.

El operativo dejó armas, municiones y elementos para procesar sustancias

Durante la intervención, los agentes incautaron un fusil artesanal, una réplica de arma y municiones de calibres 5.56 y 9 milímetros. El reporte oficial registra 89 proyectiles calibre 5.56 y otros 10 calibre 9 milímetros.

También fueron halladas pastillas que serían sometidas a análisis para establecer si corresponden a éxtasis u otra sustancia ilícita.

Sumado a todo lo anterior, en el inmueble había una prensa manual, selladoras, balanzas y moldes metálicos que, según la Dirincri, podrían haber sido utilizados para la elaboración o empaque de drogas sintéticas.

Colombiano enfrentará primero procesos judiciales en territorio peruano

El colombiano será investigado por la presunta comisión de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión en Perú.

Sobre los procesos pendientes en Colombia, Cano afirmó que Galiano tiene requerimientos por homicidio y tráfico de armas.

“Este sujeto fuga de su país, porque registra dos órdenes de captura, por los delitos de homicidio y tráfico ilícito de armas. También es prófugo de un establecimiento penitenciario”, indicó el coronel Cano.

Una eventual extradición solo se tramitaría después de que se resuelva su situación judicial en Perú. Si es condenado allí, deberá cumplir primero la pena que impongan los tribunales peruanos antes de ser entregado a las autoridades colombianas.

El presidente chileno Sebastián Piñera no perdió el tiempo: apenas vio que el minero Florencio “Floro” Ávalos se desprendía del abrazo de su esposa y su hijo se le tiró encima con una sonrisa radiante para que las cámaras de televisión y las de los reporteros gráficos captaran su gesto cuidadamente emocionado.

—¡Florencio, no sabes cuánto te hemos esperado! —le dijo en voz muy alta para que fuera captada a la perfección por los micrófonos.

Corrían los primeros minutos del miércoles 13 de octubre de 2010 y hacía apenas uno o dos que Ávalos había emergido de las profundidades de la tierra a bordo de la cápsula Fénix en un recorrido de 722 metros. Allí seguían todavía sus 32 compañeros desde que habían quedado atrapados por un derrumbe de la mina San José, en Atacama del 5 de agosto, hacía 69 días. Durante ese tiempo estuvieron 17 días completamente incomunicados hasta que se supo que seguían vivos.

Todavía enceguecido por las potentes luces de los reflectores, el primer hombre rescatado por la “Operación San Lorenzo” —bautizada así por el patrono de los mineros— respondió mecánicamente al abrazo del presidente, sin saber que ese hombre que lo abrazaba había intentado darlos por muertos a todos para evitar los costos de una incierta operación de salvamento. Nadie les había contado eso a los mineros mientras seguían atrapados.

Al mismo tiempo que Piñera abrazaba a Ávalos, la cápsula volvía a descender. Durante las siguientes 32 horas iría subiendo de a uno a los mineros, a razón de un hombre cada 30 o 40 minutos. Una vez que todos estuvieron en la superficie, el último en subir fue el rescatista Manuel González, que se bajó de la Fénix 2 a las 00.33 del jueves 14 de octubre.

Entonces se pudo anunciar que el rescate había sido un éxito completo y en un primer momento nadie se percató de la coincidencia: el día durante el cual los mineros fueron rescatados, se cumplían 38 años desde la culminación de otra historia que había mantenido en vilo a todo el mundo, cuando el 13 de octubre de 1972 los rugbiers uruguayos sobrevivientes de la caída del avión en que viajaban fueron encontrados en la cordillera. A ellos también, como Piñera a los mineros, muchos los habían dado por muertos.

Los 33 mineros no demorarían en enterarse que la operación de rescate se llevó a cabo solo gracias a la presión popular, porque apenas dos días después del derrumbe, el 7 de agosto, el presidente quiso suspenderla y ordenó levantar una cruz para recordarlos en la entrada de la mina. La reacción de los familiares y de la opinión pública lo obligaron a dar marcha atrás. Recién el 22 de agosto se supo que estaban vivos, y Piñera intentó entonces una justificación con la que provocó otra ola de indignación popular. “¿Qué tal si no los encontrábamos en 17 días, en 20 días, en un mes, en dos meses? ¿Qué tal si los encontrábamos y estaban todos muertos?”, se defendió, como si esas palabras fueran un argumento.

Piñera no fue el único en dar la espalda a los 33 hombres atrapados. Ese mismo 22 de agosto, en la misma sintonía que el presidente, en lugar de alegrarse al saber que los 33 mineros seguían con vida, uno de los propietarios de la mina, Alejandro Bohn, le dijo a un periodista de El Diario de Cooperativa que era “difícil” que la compañía pudiera pagarles los sueldos. Cuando el dueño de la San José hizo esa declaración tan siniestra como escandalosa, a los mineros todavía los esperaba un encierro de otros 52 días, durante los cuales se comunicaron con el exterior a través de un hueco de apenas 12 centímetros de diámetro, un pequeño agujero que evitó que la mina se convirtiera en su tumba.

Un derrumbe monumental

A las dos y media de la tarde del jueves 5 de agosto, los mineros que estaban trabajando en la San José escucharon un estruendo seguido por una tremenda onda expansiva. En ese momento había 34 hombres debajo de la superficie, pero uno de ellos, Raúl Villegas, iba subiendo al volante de un camión y alcanzó a llegar a la boca de la mina. Los otros 33 quedaron atrapados por el derrumbe provocado por un bloque de diorita de la altura de un rascacielos que se desprendió de la montaña y cayó atravesando los distintos niveles de la mina como si fueran de cartón.

El director de la mina, Carlos Pinilla, estaba en su oficina cuando escuchó el estruendo, pero no se preocupó porque pensó que era otra de las explosiones programadas dentro del socavón. Recién reaccionó cuando sonó el teléfono y alguien le gritó con desesperación: “¡Salga y mire la bocamina!”. Lo que vio fue una imagen espantosa: una nube de polvo impresionante, acompañada por una ominosa banda de sonido de crujidos que salían de las entrañas de la tierra y sonaban como quejidos.

En el socavón, una vez superados el espanto y la sorpresa, los mineros vieron que la rampa que llevaba a la salida estaba bloqueada por una verdadera pared de piedra. Uno de ellos, Luis Urzúa, murmuró una frase desesperada: “Parece la losa del sepulcro de Jesús”. Otro, mucho más prosaico, se limitó a decir con resignación: “La hemos cagado”. La noticia del derrumbe llegó de inmediato al pueblo y los familiares de los trabajadores de la mina comenzaron a congregarse en el lugar con una demanda única: “¡Rescátenlos!”.

El inicio de los trabajos de salvamento demoró ocho horas. El primer intento fue llegar hasta la chimenea de ventilación de la mina, para que los mineros subieran hasta allí por una escalera de emergencia. No pudieron porque la empresa había dejado sin instalar un tramo. De todos modos, se podía intentar a través de ese hueco por otros medios, pero esa posibilidad se esfumó la tarde del sábado 7, cuando un nuevo derrumbe cortó el acceso a la ventana de ventilación.

A partir de ese momento, para las autoridades de la mina y el presidente Sebastián Piñera, los 33 mineros estaban muertos. El mandatario ordenó detener las tareas de rescate, lo que desató la ira de los familiares y del pueblo chileno, que lo obligaron a retomarlas. Para entonces, los hombres atrapados en el interior de la mina se habían dado cuenta de que demorarían en rescatarlos y decidieron racionar la poca comida que tenían. Se trataba de sobrevivir con lo que hubiera al alcance.

Imágenes de ultratumba

Durante las primeras horas después del derrumbe, sin pensarlo, los mineros prácticamente saquearon el armario donde se guardaban los pocos alimentos destinados a los refrigerios: galletitas dulces y saladas, latas de atún, algunas botellas de agua. Era comida para 48 horas y casi acabaron con ella.

El primero en darse cuenta de que, si no cuidaban lo poco que quedaba pronto morirían de hambre fue el capataz Mario Sepúlveda y el sábado a mediodía decidió racionar los alimentos. Tomó 33 vasos y puso una cucharadita de atún en cada uno de ellos antes de agregarles agua para fabricar una suerte de sopa. Para acompañar, le dio dos galletitas a cada minero. “Es delicioso, buen provecho, que les dure”, les dijo, tratando de arrancar alguna sonrisa. No lo logró. Si querían sobrevivir debían aguantar con esas escasas 300 calorías hasta el día siguiente. En cuanto al agua, las botellas se acabaron pronto y empezaron a tomar la que encontraron en los sistemas de refrigeración de las máquinas. Estaba mezclada con aceite, pero era lo único disponible y también debieron racionarla. De esa manera sobrevivieron los 17 días siguientes. Después de la primera semana muchos apenas si podían incorporarse, otros tenían temblores constantes y el desánimo era general.

El capataz Sepúlveda era uno de los que se mantenían más o menos enteros y trataba de dar ánimo, a veces con métodos que rozaban lo violento. Cuando vio que uno de sus compañeros, Claudio Yáñez, llevaba horas tirado en el piso, casi sin moverse, débil y entregado a lo que creía que era una muerte segura, caminó hasta él y lo amenazó: “¡Eh, conchatumadre, levántate, porque si sigues tirado ahí te morirás y te comeremos!”. El grito, que retumbó por todo el interior de la mina, no sonó a chiste. Hacía días que no tenían nada para alimentarse.

Habían llegado al límite y para el 22 de agosto la mayoría ya se había resignado a morir. Fue entonces cuando escucharon el ruido de un trépano y vieron emerger la punta metálica que rompía la pared de roca. Carlos Mamani se arrodilló frente al tubo metálico y rezó. “Sentí como si una mano hubiera atravesado la piedra y llegado hasta nosotros”, contó después. Otro empuñó un martillo y golpeó la punta que asomaba. Fueron golpes rítmicos, humanos, para que quienes los escucharan supieran que eran ellos, que los habían localizado. Inmediatamente después, otro de los mineros escribió una frase con un lápiz rojo sobre un papel blanco y lo colocó en una de las barras de la sonda con la esperanza de que lo llevara hacia arriba. Al escuchar los golpes rítmicos que transmitía el tubo de perforación, los rescatistas fueron recuperando el trépano, tramo a tramo y, en el último, después de lavarlo con agua, encontraron una marca roja.

—¿Eso estaba allí? —preguntó uno.

—¡No! —contestó el que operaba la maquinaria.

Revisaron más a fondo y encontraron varios papeles embarrados. Uno de ellos tenía escrito en rojo: “Estamos bien en el refugio, los 33”. Otro decía: “El trépano abrió brecha en el nivel 94”.

Una luz de esperanza

Los rescatistas no perdieron un minuto y le llevaron los mensajes al ministro de Minería, Laurence Golborne, para que los leyera. “¡Están vivos todos los huevones!”, gritó y desató una explosión de vivas y aplausos entre los familiares y periodistas que permanecían en los alrededores de la mina. Así se supo arriba que estaban vivos y así también ellos supieron que todavía los buscaban.

Empezaron a pasarles agua y alimentos por un agujero de 12 centímetros de diámetro. También medias elásticas, para facilitar la circulación de las piernas. Esto último provocó una pequeña rebelión. Las únicas disponibles eran color rosa, y varios de los mineros se negaron a ponérselas, pidiendo que les dieran medias de otro color. El médico Andrés Llarena zanjó la cuestión: “¡Pónganselas!”, les ordenó.

Todo debía hacerse con extremos cuidados. El racionamiento de la comida que les hicieron llegar también fue fundamental. Los médicos tenían claro que darles alimentos de golpe podía ser fatal, sus organismos, luego de un largo ayuno, seguramente no tenían los fosfatos ni el potasio suficientes para procesar los carbohidratos. Pidieron asesoramiento a la NASA, desde donde les recomendaron que procedieran con “mucha frugalidad y lentitud”. Por eso, pese a las protestas de los hombres encerrados, los dos primeros días solo les hicieron llegar una bebida energética rica en potasio, fosfatos y vitamina B, con un valor de 500 calorías.

También decidieron darles una mala noticia, para no generar falsas expectativas que luego fueran contraproducentes: “No vamos a poder rescatarlos antes de Navidad”, les avisaron. Por esos días, otro de los mineros, Víctor Segovia, escribió en el diario que empezó a llevar en uno de los cuadernos que le hicieron llegar: “Los ánimos están muy bajos. Antes de que llegara la ayuda había paz. Ahora, en vez de estar más unidos, no hacemos más que pelearnos y discutir… Ahora sé cómo se siente un animal en cautiverio, siempre dependiendo de una mano humana que lo alimente”.

Poco a poco, las condiciones de encierro se hicieron más tolerables. El agujero se agrandó, pudieron comer sin estar racionados, lograron comunicarse con sus familias mediante una línea telefónica e incluso les hicieron llegar un cable de fibra óptica para que lo conectaran con una pequeña pantalla y ver los partidos de la selección chilena. Se emocionaron cuando el equipo salió a la cancha con una camiseta que decía “Fuerza mineros”.

El rescate y los engaños

El rescate llegó más de dos meses antes que lo calculado inicialmente. Para lograrlo, los equipos de salvamento trabajaron sin descanso. Luego de 33 días de perforaciones, una máquina perforadora Schramm T130 consiguió romper fondo y llegar al refugio y en las jornadas siguientes se “encamisó” el túnel a través del cual se sacaría a los hombres utilizando una cápsula con capacidad para una persona ideada por el ingeniero Alejandro Poblete Villablanca. La llamaron “Fénix”, como el ave que resurge de sus cenizas, como los propios mineros.

La madrugada del 13 de octubre comenzaron a salir, uno por uno, izados en la cápsula. Afuera se había montado un operativo monumental para transmitir el espectáculo, con cámaras de televisión que transmitieron minuto a minuto, vía satélite, el suceso. Se calcula que fue uno de los acontecimientos mediáticos con mayor cobertura de la historia, con alrededor de 1.300 millones de espectadores que lo siguieron en vivo y en directo. La “Operación San Lorenzo” sigue siendo el mayor rescate exitoso de la historia de la minería mundial, sin que se lamentara un solo muerto. Es un caso único.

Pero a la alegría por haber salvado la vida le siguió la desazón. Durante el largo tiempo que estuvieron atrapados en el fondo de la mina San José, los mineros recibieron todo tipo de promesas: desde pensiones vitalicias por parte del Gobierno hasta viajes con sus familias a los complejos turísticos más sofisticados del mundo. Ninguna de esas promesas se cumplió.

No solo eso, también se sintieron utilizados y estafados: se escribieron libros y se hicieron documentales y películas de ficción con la tragedia que debieron vivir sin que recibieran nada a cambio. “Nos ofrecieron grandes proyectos, pero esas cosas se hacen con abogados, uno solo no puede hacer nada, no tiene las facultades, y eso nos llevó a ser engañados, a quedar con las manos vacías. A diez años seguimos tratando de recuperar nuestra dignidad, nuestros derechos”, se quejó en 2020 uno de los mineros rescatados, Luis Urzúa. Habían cedido sus derechos a los abogados Remberto Valdés y Fernando García, que negociaron los contratos para la realización de la película y de un libro y, finalmente, se quedaron con todas las regalías.

Habían sido recibidos como héroes, pero muchos de ellos no tardaron en convertirse en parias, porque ninguna otra empresa minera quiso contratarlos por temor a que promovieran mayores exigencias en materia de seguridad. “Los dueños o los gerentes de las empresas piensan que nosotros, los 33, vamos a ser una molestia, una pulga en la oreja por el tema de la seguridad, porque si no se cumplen las medidas, tenemos llegada con los medios de comunicación, con las autoridades… entonces eso nos juega en contra", explicó al cumplirse diez años del rescate Omar Reygadas, que nunca volvió a bajar a una mina y se reconvirtió como conductor de camión para una empresa de transportes.

Muchos quedaron con graves secuelas psíquicas, por las que tampoco fueron compensados. Luis Sepúlveda describió en una entrevista con la BBC Mundo sus sufrimientos, que son similares a los que padecen algunos de sus compañeros. “Despierto. Duermo poco. A veces me veo en la mina, tirado en el lugar donde estaba. Eso te pone mal. A veces me da miedo ir a acostarme, siento que no voy a despertar más”, relató.

Recién en septiembre de 2023, casi 13 años después del rescate, 31 de los 33 mineros le ganaron un juicio al Estado chileno, que fue condenado a pagarles 46.000 dólares a cada uno. Raúl Bustos y Juan Illanes fueron quienes no decidieron sumarse al reclamo. El primero consideró que el juicio debía ser contra la minera y no contra el Estado, mientras que el segundo aseguró que él ya estaba “en otra parada”.

En cambio, el presidente Sebastián Piñera, el mismo que intentó declararlos muertos y suspender las tareas de salvamento apenas dos días después del derrumbe, fue uno de los mayores beneficiados. La “Operación San Lorenzo” impulsó fuertemente su popularidad, consolidando uno de los momentos más emblemáticos de su primera administración. Una encuesta realizada por el diario chileno La Tercera pocos días después del rescate reveló que el 62% de los encuestados consideraba que su imagen había mejorado gracias a esa operación que, en realidad, no había querido hacer.

A seis días de haber solicitado un indulto presidencial, este domingo falleció de un cáncer terminal en el Hospital Penitenciario de Santiago Juan Manuel Aliste Vega (53), ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, condenado a 42 años de cárcel por el crimen del carabinero Luis Moyano en 2007 tras un atraco a un banco capitalino.

Aunque su pedido de morir en casa y rodeado de su familia no alcanzó a ser resuelto por el presidente José Antonio Kast, el caso activó un debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad terminal o demencia que ya no represente un peligro social, independientemente de la gravedad de sus delitos pasados, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La estrategia republicana, sin embargo, fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Este domingo, luego que Gendarmería confirmara la muerte de Aliste, desde la tienda republicana volvieron a la carga. El secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, publicó un video en el que señaló que “reafirmamos la idea de un indulto humanitario transversal. Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa“.

“Este no es un tema político que deba causar controversia, es un tema humanitario que debiese unir a toda la sociedad. Seguiremos colaborando con el Gobierno para que esto sea una realidad lo antes posible”, agregó.

Sus palabras fueron refrendadas por el diputado Cristián Araya, quien de paso pidió al gobierno actuar con “mayor celeridad” a la hora de revisar una petición de indulto.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que los indultos “deben verse caso a caso, independiente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de su familia. Justicia no es venganza, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad”.

De la misma opinión fue su par libertaria, Gloria Naveillán (PNL), quien sostuvo que “no se trata de un empate, se trata de humanidad. Si uno predica ciertos valores que, entre otras cosas, implican la piedad, implican la clemencia e implican el perdón, eso tiene que ser para todos, sin color político. Acá no estamos hablando de un indulto por el tipo de delito cometido, estamos hablando de indultos a personas que están en condiciones terminales de salud o con su cabeza absolutamente perdida. Y Aliste Vega era una persona en esas condiciones. Creo que el gobierno acá perdió una oportunidad de demostrar cuáles son los valores que lo siguen”.

Moneda de cambio

Desde la otra vereda, retrucaron que la idea de un indulto universal es inaceptable, puesto que “no es lo mismo ser condenado por delitos comunes que por crímenes de lesa humanidad”, tal como señaló el diputado Jaime Bassa (FA).

“Que el Gobierno pretenda indultar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos sería una ofensa intolerable para nuestra democracia”, afirmó taxativo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo en tanto que sería “un retroceso civilizatorio que el país empezara a reconsiderar que los crímenes de lesa humanidad tienen una raya de cumplimiento”.

Finalmente, en entrevista con BioBíoChile Jaime Gajardo (PC), exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, criticó duramente la iniciativa republicana calificándola como una “moneda de cambio inmoral” y apuntó directamente al presidente Kast, quien ha dicho que revisará caso a caso las peticiones de indulto, acusándolo de estar “con los victimarios y no con las víctimas”.

Tras una semana de intensas lluvias que provocaron el jueves pasado un aluvión de lodo que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes -y una breve tregua el fin de semana-, esta jornada volvieron las lluvias a la capital chilena y buena parte del zona central.

El agua, a decir verdad, comenzó a caer la noche de este domingo, pero de acuerdo al portal Meteored este lunes se desatará una “baja extratropical, junto con aire frío en altura, que favorecerá chubascos de intensidad variable y posibles tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo en la precordillera de Santiago, razón por la cual pidieron extremar las precauciones en quebradas y sectores afectados por el reciente aluvión.

El meteorólogo del organismo, Elio Brufort, señaló a Emol que el evento se hará sentir con más fuerza esta noche y podría alcanzar los 25 mm de agua caída “pero que pueden caer en muy corto periodo de tiempo, y eso podría causar alguna afectación”.

Según el experto, las lluvias se extenderán desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío al menos hasta el miércoles, cuando se esperan chubascos más débiles y dispersos por la tarde, sin descartar tormentas aisladas. En Santiago, la temperatura máxima subiría entre uno y dos grados, acercándose nuevamente a los 20 °C.

He aquí el reporte de la DMC por regiones:

Región de Coquimbo: Litoral: 5 a 10 mm. Cordillera de la Costa: 5 a 15 mm. Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región Metropolitana: Valle y precordillera: 10 a 24 mm.

Región de O’Higgins: Valle: 10 a 24 mm. Precordillera: 10 a 29 mm.

Región del Maule: Valle: 10 a 15 mm. Precordillera: 10 a 20 mm.

Un ambiente de máxima preocupación ronda en la alta esfera política chilena, luego que fuentes de inteligencia advirtieran sobre un posible “evento crítico” con Argentina por el viaje programado para noviembre del “Danstar”, nave de la empresa chilena Easter Island que busca abrir una nueva vía comercial marítima entre Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

Según un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBíoChile, dichas fuentes -cuya identidad se mantuvo en reserva-, señalan que si bien en un principio se evalúo la posibilidad de que el barco hiciera el recorrido a través del Mar de Drake, finalmente lo hará por el estrecho de Magallanes, a fin de evitar cualquier doble lectura sobre la soberanía chilena en el extremo austral.

Además, afirman que la fecha del zarpe permanece en secreto -aunque en Argentina ya parecen conocerla-, a fin de evitar “tensiones innecesarias”, y que el gobierno de José Antonio Kast habría desistido de autorizar que la Armada chilena escolte al “Danstar”, puesto que se trata de un buque privado.

Las razones del alcalde de Punta Arenas

En septiembre pasado, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, explicó que con esta esta nueva ruta comercial buscan disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, la que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde esa ciudad, disminuyendo considerablemente los costos.

Radonich recordó que tras firmar Chile la declaración del Mercosur en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las Malvinas en los puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones, y descartó de paso cualquier conflicto puesto que se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó El Mercurio.

De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.

Así las cosas, a fines de septiembre llegó hasta Punta Arenas una delegación de 40 empresarios ingleses para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos fue programado para noviembre.

La noticia, la verdad, no fue novedad, pues la naviera Easter Island ya había anunciado el acuerdo en julio. Pero la confirmación llegó en el peor momento, justo después de que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei limaran asperezas en Santiago tras el último impasse territorial por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde -quien volvió a poner en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes-, y reafirmaran el apoyo de Chile a la posición argentina sobre las islas.

Paso inocente

A pesar de las sonrisas para las cámaras de Kast y Milei en Santiago, este nuevo “encontrón” con el país vecino no parece nada descabellado, toda vez que el martes pasado el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, puso en la mesa la posibilidad de detener el paso del “Danstar”, en una presentación ante varias comisiones de la Cámara de Diputados argentina.

“El próximo 10 de noviembre, Chile —ya está anunciado— va a hacer zarpar su primer buque de bandera chilena con carga logística para el emprendimiento Sea Lion”, aseguró el perito naval.

“Cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido”, agregó, citando el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que califica en contraposición como “inocente” a aquel barco que navega de forma pacífica a través de las aguas territoriales de otro país sin representar una amenaza para su paz, orden o seguridad.

“Aplicando la Convemar tendríamos que decidir, nuestra Cancillería en particular, si consideramos que eso es paso inocente o paso no inocente. Vamos a ver lo que hacemos, no lo sabemos”, prosiguió Morales, quien de paso dejó en claro que “inhabilitarlos y dejarlos sin timón o sin máquinas en un lugar como el Atlántico Sur equivale prácticamente a hundirlos”.

Estas aseveraciones se contraponen con lo dicho a fines de septiembre por la subdirectora de Desarrollo Económico de las islas Malvinas, Louise Ellis, quien negó rotundamente que el buque chileno vaya a abastecer a la empresa “Sea Lion”, que busca explotar petróleo y enfrenta una fuerte ofensiva legal, sanciones y presiones diplomáticas por parte del gobierno argentino.

En conversación con France 24, Ellis afirmó a fines de septiembre que la idea de establecer una nueva ruta entre Punta Arenas y las Malvinas partió antes que “Sea Lion” comenzara sus preparativos, que “siempre estuvo enfocado en cubrir las necesidades de consumo de las islas Malvinas y de nuestras comunidades”, y que no trasladará “ningún tipo” de suministros críticos para el proyecto controlado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), cuestión que de ser así, convertiría para Argentina el paso del “Danstar” de inmediato a “no inocente”.

De acuerdo a las mismas fuentes consultadas por BioBíoChile, una posible interceptación del “Danstar” podría darse una vez que éste salga del estrecho de Magallanes y entre en aguas del país vecino, y que este operativo podría llevarlo a cabo “la Prefectura Naval o, peor aún, la Armada argentina”.

El decreto argentino

Cabe recordar que actualmente, el Decreto 256 dictado en Argentina el 16 de febrero de 2010 -firmado por Cristina Fernández-, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, edicto que choca de frente con el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar o “inocente” reconocido por la Convemar.

Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, ya había advertido cuando se hizo oficial la notica del acuerdo entre la Easter Island Naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas, que esta nueva ruta hacia las Malvinas podría traer problemas con el país vecino.

“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, dijo taxativo en entrevista con Tele13 Radio.

“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar (...) No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, complementó.

Leiva aseguró que no existen incidentes serios entre ambos países por el decreto 256, aunque “hay multas cursadas que no han sido pagadas, por lo que yo recuerdo”.

Finalmente, el exuniformado sostuvo que Argentina impuso “una norma que están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”.

Tratado de paz “insanablemente nulo”

Luis Valentín Ferrada, profesor de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio BASE, señaló a BioBíoChile que Argentina presenta dos limitantes a la hora de impedir el paso del buque chileno: la primera tiene que ver con la misma Convemar que obliga a “permitir que los buques de cualquier bandera gocen del derecho de paso inocente, y la segunda está impuesta por el Tratado de Paz y Amistad de 1984″.

“Conforme a éste, Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”, recordó.

Así las cosas, el país vecino “no podría impedir de manera jurídicamente lícita la navegación de un buque chileno, y en realidad de cualquier bandera, incluida la británica de las Islas Falkland/Malvinas, que vaya desde Punta Arenas por el Estrecho de Magallanes hacia tales islas o que venga de regreso de las mismas”.

Por su parte, el analista político Juan Pablo Berlinger, agregó que impedir el paso del barco chileno “implicaría automáticamente la violación de dichos acuerdos (...) Argentina estaría declarando ‘insanablemente nulo’ el Tratado de Paz y Amistad de 1984”.

Finalmente, y a raíz del reportaje citado, el viernes el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, pidió que las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado sesionen de manera conjunta y secreta para analizar las implicancias del peliagudo asunto.

Según el parlamentario, “esta preocupación surge de antecedentes difundidos por la prensa. No existe información pública suficiente para afirmar que Argentina haya decidido interceptar la embarcación, ni que ese incidente efectivamente vaya a producirse”, matizó.

Kusanovic recordó que cualquier decisión al respecto debe tener en consideración “las consecuencias para la relación con Argentina, especialmente porque Magallanes mantiene profundos vínculos comerciales, familiares y de conectividad con la Patagonia argentina, y cualquier tensión puede terminar afectando directamente a nuestros habitantes”.

Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie —es decir, notifique formalmente su retiro— dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en suelo argentino.

La iniciativa del legislador surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. “El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos instrumentos legales. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Denunciar un tratado es la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas con el otro país. Ambos acuerdos, mientras continúen en vigor, establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina.

En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que, pese a ello, Londres continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó el legislador.

El proyecto señala que el país dispone de instrumentos para proteger sus derechos soberanos. En particular, la Ley 26.659 —modificada luego por la Ley 26.915— estableció un régimen de prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.

Sobre ese marco, el proyecto plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas debe ser acompañada por una política integral respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral con ese país y con otros que, según el legislador, actúen en contra de la estrategia nacional en materia de soberanía.

La denuncia de esos instrumentos implicaría que las firmas radicadas en Chile que invierten o generan rentas en territorio argentino perderían las ventajas impositivas hoy vigentes. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo Michel.

A pesar de los gestos de acercamiento entre Javier Milei y José Antonio Kast, Argentina y Chile arrastran una historia de recelos y desconfianza mutua que ningún apretón de manos logró aún cerrar del todo. El último encuentro entre ambos fue en septiembre de este año, en el Palacio de La Moneda. El presidente argentino regresó a Buenos Aires con un respaldo de Chile a su reclamo de soberanía por Malvinas. Ese mismo día, el alcalde de Punta Arenas anunciaba la reapertura de una nueva ruta comercial marítima hacia las Islas. Antes y después, una serie de declaraciones cruzadas escalaron la tensión entre ambos países, mientras la Argentina intensifica la presión contra el Reino Unido por el petróleo y el proyecto Sea Lion.

La primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, está prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino. Según informó la empresa, navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el Mar de Drake, es estricto cumplimiento del derecho internacional.

Fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile calificaron como un posible “evento crítico” la eventual “interceptación” del Danstar por fuerzas argentinas una vez que el buque abandone el Estrecho de Magallanes. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El marco legal que daría sustento a una eventual acción argentina es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. La norma sigue vigente. El canciller Pablo Quirno la invocó implícitamente al referirse a “tratados vigentes” y anunciar que la Argentina “monitorea la situación” tras una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas.

El temor, por lo bajo, es un eventual apoyo logístico a Navitas y Rockhopper, las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas dentro del desarrollo Sea Lion.

El problema jurídico es de fondo. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. El Tratado de Límites de 1881 entregó a Chile la soberanía plena sobre ese paso y consagró la libre navegación.

Especialistas en derecho marítimo, consultados por Infobae, fueron categóricos: una interceptación carece de sustento jurídico. El derecho del mar reconoce cuatro regímenes de navegación —libre navegación en alta mar y en la zona económica exclusiva, paso inocente en el mar territorial y paso en tránsito en estrechos internacionales— y ninguno de ellos habilita a un Estado ribereño a detener un mercante que únicamente navega. El único instrumento disponible sería el derecho de visita —una inspección a bordo—, pero su ejercicio requiere sospechas fundadas: tráfico de personas, narcóticos u otras causas específicas. Un derecho de visita abusivo también tiene consecuencias, advierten, y no solamente en la relación bilateral con Chile.

Los mismos especialistas interpretan el posicionamiento argentino actual en clave estrictamente diplomática: no apuntan a la interrupción física de la navegación, sino a hacer valer acuerdos y declaraciones que apoyan el reclamo argentino en Malvinas. Según este visión, Argentina puede formular protestas y adoptar actitudes razonables, pero existe un límite práctico difícil de ignorar: los habitantes de las islas dependen de conexiones externas para cubrir necesidades básicas, incluida atención médica de alta complejidad. El aislamiento total, señalan, no es una opción real.

Fuentes del gobierno argentino consultadas por este medio descartaron que exista un conflicto en ciernes. “No hay nada; ellos están obsesionados”, señalaron en relación a las preocupaciones desde Chile. Desde Santiago, el ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, también descomprimió el escenario esta semana y, consultado por La Tercera, fue directo: “Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”.

Barros reconoció que los convenios internacionales habilitan la inspección de un buque si hay indicios de que transporta elementos o personas prohibidas, pero encuadró esa posibilidad en el marco del derecho y no en consideraciones políticas.

Sobre la posibilidad de que Chile escoltara al Danstar, respondió que “no hay ningún antecedente que lo justifique”. “Yo asumo que en el momento que salga un barco chileno con productos legales que va a las Islas Malvinas o a cualquier otro lugar, va a poder navegar conforme a la protección al paso inocente y a todos los principios y normas que regula la navegación”, sostuvo.

El único antecedente reciente de una interceptación real data de abril de 2024, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, mientras prestaba asistencia a un pesquero taiwanés que había zarpado de las islas. El episodio no tuvo mayores consecuencias diplomáticas, pero fijó un precedente.

Pedido de la oposición argentina

En paralelo a la tensión por el Danstar, un grupo de legisladores argentinos envió el 29 de septiembre (aunque los detalles se conocieron este viernes) una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar las actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur.

La misiva, firmada por más de una docena de senadores y diputados —entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro—, invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso recomendado por la ONU esté en curso.

El documento sostiene que “ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región. Los legisladores señalan que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar.

El decreto que Milei prometió derogar

Detrás de la disputa por el Danstar hay una tensión más profunda y más antigua que aún no encontró resolución. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández firmó la Directiva de Política de Defensa Nacional, plasmada en el Decreto 457/2021, que definía al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios donde Argentina debía fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”. La formulación contradecía los tratados de 1881 y 1984, que establecen la soberanía chilena sin ambigüedades, y provocó una protesta formal de Santiago.

Esta promesa incumplida fue uno de los temas de aquella cumbre Milei-Kast en Santiago de Chile. Como contraprestación del apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas, hubo una declaración conjunta que reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. Sin embargo, la situación se complejizó días después, cuando la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos de Argentina. Santiago lo interpretó como una nueva provocación.

Más allá de esta discusión, desde el lado de Chile, los diputados republicanos Alejandro Riquelme, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, salieron a defender el derecho de Chile a mantener vínculos comerciales con Malvinas.

Riquelme acusó en declaraciones a CNN Chile que existe “un intento sistemático del Gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Malvinas” y sostuvo que el conflicto lo genera Buenos Aires al no respetar los tratados de 1881 y 1984. Carter fue más directo sobre las consecuencias: “Chile no puede permitirse entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses”.

El senador Juan Luis Castro fue más categórico. “La situación con Argentina no ha cambiado un milímetro”, escribió en su cuenta de X, donde calificó el apretón de manos entre Kast y Milei como algo que quedó en el olvido y advirtió que las pretensiones argentinas “siguen vivitas y coleando”. “Nuestra soberanía en el extremo sur exige firmeza, no gestos de buena crianza”, añadió.

El clima bilateral acumula episodios desde agosto. El 23 de ese mes, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, afirmó en un podcast que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de Argentina. La Cancillería chilena envió una nota de protesta. El gobierno argentino, incluido el jefe de la Armada, reconoció que el Estrecho es chileno.

Hay más. El pasado lunes, Quirno fue el orador principal en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y, ante la mirada del embajador británico David Cairns y del propio embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, señaló que la “conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral”, sostuvo en alusión directa a los países vecinos y el reclamo argentino sobre Malvinas.

Y fue más lejos: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país, agregó. Tras sus palabras, ambos diplomáticos se retiraron del evento.

El próximo lunes vence el plazo dispuesto por el gobierno argentino para que Reino Unido “adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina”, y avanzará con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Lejos de profundizar los resquemores, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, brindó una exposición este miércoles ante el Rotary Club de Buenos Aires en la que destacó las “excelentes relaciones” con Chile, en especial en el sur, donde ambas armadas coordinan el seguimiento de la flota pesquera extranjera y realizan la Patrulla Antártica Naval Combinada. Subrayó, al mismo tiempo, que Argentina “nunca” abandona la idea de que tiene una porción de su territorio ocupado y en disputa de soberanía: las Islas Malvinas.

Lautaro Midón sigue en alza y consolida su crecimiento en el circuito profesional. Después de conquistar la medalla de oro en singles masculino en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, el tenista correntino trasladó su buen momento a Chile: este viernes consiguió una contundente victoria ante el brasileño Eduardo Ribeiro, se clasificó para las semifinales del Challenger de Antofagasta y se aseguró el mejor ranking de su carrera.

Midón, que llegó al torneo en el puesto 206 del ranking ATP, se impuso por 6-2 y 6-1 en apenas 58 minutos frente a Ribeiro (346°). El argentino ahora figura 184° en la actualización en vivo, por encima de su mejor ubicación hasta ahora: el mes pasado había alcanzado el 189° puesto.

El resultado representa un nuevo paso en la evolución del jugador de 22 años, que sigue afianzándose en el circuito Challenger. La victoria en Antofagasta también le permite sostener el impulso que había conseguido semanas atrás en Rosario, donde protagonizó una de las actuaciones destacadas del tenis argentino en los Juegos Suramericanos.

En la definición del singles masculino de esa competencia, Midón derrotó al catamarqueño Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 y se quedó con la medalla de oro. La actuación argentina se completó con el rosarino Luciano Ambrogi, ganador de la medalla de bronce. Fue el único podio íntegramente argentino en los Suramericanos.

Ahora, Midón buscará prolongar su racha en Antofagasta, que se juega sobre polvo de ladrillo y otorga 75 puntos al ganador. Hasta el momento, superó tres obstáculos para alcanzar las semifinales: primero derrotó al brasileño José Pereira, ubicado en el puesto 778°, luego necesitó tres sets para vencer al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (342°) en un partidazo, y este viernes resolvió con autoridad el duelo ante Ribeiro.

La diferencia en el marcador de cuartos de final reflejó el dominio de Midón, que necesitó menos de una hora para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El desafío que tendrá por delante será de mayor exigencia, tanto por la experiencia de su rival como por lo que estará en juego: el pase a una nueva final en el circuito profesional.

El próximo adversario del argentino será el brasileño Thiago Seyboth Wild, que fue 58° del mundo en 2024 y hoy se ubica en el puesto 136° del escalafón de varones. El encuentro correspondiente a las semifinales está programado para este sábado, desde las 11 de la mañana de Argentina.

Seyboth Wild cuenta con experiencia en torneos de mayor nivel y ocupa una posición superior en el escalafón mundial, por lo que será una prueba importante para medir el momento de Midón. Además, ganó los dos cruces previos ante Midón en el ATP Challenger: en Itajaí este año y en Viña del Mar en 2023, ambos en sets corridos.

El correntino suma tres finales en el segundo circuito del tenis profesional y busca su primer título.

La otra llave de semifinales será protagonizada por el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (162°) y otro brasileño, Joao Reis da Silva (230°).

Más de 40 representantes del sector empresarial peruano y chileno se congregaron en Lima para definir oportunidades de cooperación y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. La reunión se realizó durante la XXI edición del Consejo Empresarial Chileno–Peruano (CEChP), organizada por ComexPerú, en un contexto de crecimiento del intercambio comercial bilateral.

El encuentro reunió a representantes de compañías de ambos mercados y autoridades de los sectores de Economía, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Entre los asuntos abordados estuvieron las perspectivas económicas del Perú, las oportunidades para la inversión privada y las posibilidades de desarrollar iniciativas conjuntas en actividades estratégicas para ambas economías.

Agenda empresarial busca nuevas oportunidades de inversión

La sesión estuvo liderada por Guillermo Ferreyros y Luis Felipe Gazitúa, presidentes de los capítulos peruano y chileno del CEChP, respectivamente. También participaron Enrique Gubbins, titular de ComexPerú, y Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, junto con representantes de empresas de ambos países.

Durante la reunión, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expuso las proyecciones económicas del Perú y las prioridades para fomentar la participación privada. A su vez, el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó los lineamientos de la política minera y energética, así como las posibilidades de cooperación con Chile. El canciller Carlos Espá intervino en la apertura de la jornada.

Ferreyros destacó la importancia de mantener una agenda empresarial que permita aprovechar las oportunidades de integración económica. “Esta reunión nos permite seguir construyendo una agenda empresarial concreta entre Perú y Chile, identificando espacios en los que podemos profundizar la inversión, la integración y la cooperación. Tenemos una relación sólida, pero también importantes oportunidades para seguir avanzando juntos y generar mayor crecimiento en ambos países”, señaló.

Minería, logística y tecnología entre las prioridades

Los integrantes del Consejo intercambiaron propuestas sobre posibles iniciativas en minería, energía e integración productiva, además de consumo masivo, comercio minorista, transporte, logística, tecnología e innovación. El objetivo fue identificar áreas en las que ambos mercados puedan ampliar su colaboración y desarrollar proyectos que fortalezcan sus relaciones económicas.

Los participantes también resaltaron la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión privada, mejorar la conectividad y facilitar las operaciones comerciales. Asimismo, plantearon la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyan a elevar la competitividad y generar oportunidades de desarrollo en ambos países.

La evolución del comercio bilateral respalda el interés por profundizar estos vínculos. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, en 2009, el intercambio comercial entre Perú y Chile se duplicó y llegó a USD 3.603 millones en 2025. En ese mismo periodo, los envíos peruanos al mercado chileno alcanzaron un récord de USD 2.282 millones, lo que convirtió a Chile en el principal destino de las exportaciones peruanas en América del Sur.

El presidente del capítulo peruano del Consejo sostuvo que el desafío es convertir las oportunidades identificadas en medidas concretas. Para ello, consideró necesario mantener una coordinación continua entre las empresas y las autoridades de ambos países, con una perspectiva de largo plazo.

Consejo entregará declaración conjunta en Palacio de Gobierno

Al finalizar la jornada, los representantes del CEChP sostendrán una audiencia en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Durante la reunión, entregarán la Declaración Conjunta de la XXI Reunión, documento que reúne las conclusiones y propuestas acordadas por los participantes.

El texto, firmado por los presidentes de los capítulos peruano y chileno, plantea acciones destinadas a promover la inversión, mejorar la competitividad y profundizar la integración económica. Entre sus objetivos también figura reforzar los canales de coordinación entre los gobiernos para impulsar iniciativas compartidas.

En esa línea, el Consejo expresó su interés en que se retomen los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales Perú–Chile, mecanismos de alto nivel que permitirían dar continuidad al diálogo bilateral y avanzar en proyectos de interés común.

Creado en 2004, el Consejo Empresarial Chileno–Peruano busca fortalecer las relaciones económicas entre ambos países mediante una agenda de cooperación, generación de confianza y apertura de oportunidades de crecimiento. ComexPerú ejerce la Secretaría Técnica del capítulo peruano y estuvo a cargo de organizar esta edición del encuentro en Lima.

Un diente de apenas unos centímetros, hallado en el norte de Chile, abrió una discusión sobre el pasado del desierto de Atacama. El fósil perteneció a un pariente extinto de los carpinchos que vivió hace cerca de nueve millones de años en una zona que hoy figura entre las más áridas del planeta.

El descubrimiento, publicado en la revista Scientific Reports, aporta nuevas pruebas de que el paisaje de la costa chilena no fue seco de manera continua durante decenas de millones de años.

Los investigadores sostienen que, en el Mioceno tardío, hubo allí condiciones aptas para humedales, vegetación y animales asociados al agua dulce.

El hallazgo ocurrió en El Morro, un yacimiento de la Formación Bahía Inglesa, cerca de Caldera, en el norte de Chile. La pieza apareció dentro de una capa de sedimentos vinculada con un ambiente marino poco profundo, que se formó hace entre 10 y siete millones de años.

Cómo apareció un fósil de carpincho en uno de los desiertos más secos del mundo

Los carpinchos actuales, los roedores más grandes del mundo, dependen de ambientes con agua disponible de manera estable.

Habitan cerca de ríos, lagunas, pantanos y otras áreas húmedas, donde encuentran alimento y refugio. En la actualidad, no viven en Chile.

Por eso, la presencia de un molar de un familiar antiguo de estos animales en el desierto de Atacama llamó la atención del equipo científico. El estudio describe el ejemplar como el primer registro de un carpincho en la costa chilena y el más antiguo conocido en el país.

“Encontrar un diente de carpincho en un depósito marino en lo que hoy es una de las regiones más secas de la Tierra es simplemente asombroso”, afirmó Priscilla Martínez, geocientífica de la Universidad de Arizona y coautora de la investigación.

La importancia del fósil no reside solo en su rareza. Los carpinchos y sus parientes están estrechamente asociados a cuerpos de agua permanentes. Su aparición en este punto de la costa del Pacífico sugiere que el entorno contaba con recursos hídricos suficientes para sostener poblaciones de estos roedores durante un período prolongado.

¿El desierto de Atacama tuvo humedales, palmeras y fauna de agua dulce hace millones de años?

El Atacama recibe lluvias muy escasas en su núcleo hiperárido. Algunas áreas registran menos de dos milímetros de precipitación al mes. Durante años, numerosos estudios lo describieron como uno de los desiertos más antiguos del mundo, con una historia de aridez que podría remontarse a cerca de 40 millones de años.

La nueva investigación no sostiene que el desierto fuera siempre húmedo ni que haya perdido por completo su condición árida. Plantea una alternativa más matizada: la región pudo atravesar etapas de mayor humedad en distintos momentos de su historia geológica.

Los científicos encontraron otros indicios en los mismos estratos. Entre ellos figuran fósiles de peces de agua dulce y gaviales, reptiles emparentados con los cocodrilos que viven en ríos. También identificaron fitolitos, partículas microscópicas de sílice que algunas plantas forman en sus tejidos.

Los fitolitos funcionan como una huella vegetal. En otras palabras, permiten reconocer qué tipo de flora creció en un área aun cuando las hojas, los troncos y las flores ya no se conservan. En El Morro, esas partículas apuntaron a la presencia de palmeras, gramíneas, jengibres y otras plantas con flores.

“Contamos con múltiples indicios que apuntan a condiciones de mucha humedad”, dijo Mark Clementz, paleobiólogo de la Universidad de Wyoming y coautor del trabajo. “Los mismos depósitos contienen fósiles de peces de agua dulce y gaviales”.

La combinación de estos elementos permite reconstruir una escena distinta a la actual: zonas costeras con vegetación, cursos de agua y ecosistemas ribereños. Es decir, corredores naturales que podrían haber ofrecido alimento, agua y refugio a los antepasados de los carpinchos.

Qué ruta siguieron los antiguos carpinchos para llegar a la costa norte de Chile

El hallazgo también abre interrogantes sobre la dispersión de estos animales en Sudamérica. Hace unos nueve millones de años, la cordillera de los Andes ya constituía una barrera de gran altitud entre las tierras bajas orientales y la costa del Pacífico.

Según los investigadores, cruzar ese sistema montañoso habría resultado difícil para animales dependientes del agua y de baja movilidad terrestre. Por esa razón, el estudio propone que los carpinchos no atravesaron los Andes desde el este.

La hipótesis apunta a una ruta costera de baja altitud. Los animales pudieron desplazarse desde el norte de Sudamérica, a través de los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, hasta alcanzar el norte de Chile. Ese trayecto habría requerido una red de humedales y ríos a lo largo de la costa occidental del continente.

“No tenemos ninguna otra prueba de carpinchos en esa zona costera de Chile. No se supone que estén allí”, señaló Bárbara Carrapa, profesora de Geociencias de la Universidad de Arizona y coautora de la investigación.

Para los autores, el diente no parece haber llegado de forma accidental al yacimiento. Su tamaño dificulta que el viento lo haya transportado desde una distancia considerable. Una corriente de agua podría haber movido restos de un animal, pero eso también implicaría la existencia de un sistema fluvial de cierta magnitud en una región que hoy carece de esas condiciones.

El trabajo fue encabezado por Carolina Gutstein, paleontóloga de la empresa minera Fosfatos de Caldera y profesora de la Universidad Santo Tomás de Santiago. El ejemplar apareció dentro de una capa de cerca de 0,9 metros de espesor, en un área conocida por la abundancia de fósiles marinos.

La Formación Bahía Inglesa alberga además el sitio Cerro Ballena, famoso por sus concentraciones de restos de cetáceos. La identificación de un roedor vinculado a ambientes húmedos añade otra pieza a la reconstrucción ambiental de esta franja del norte chileno.

“Todo esto respalda la idea de que existía una comunidad ecológica lo suficientemente sólida como para sustentar poblaciones de carpinchos a largo plazo”, sostuvo Clementz.

El estudio aporta información sobre un período remoto, sin relación directa con los cambios climáticos provocados por la actividad humana. Aun así, sus autores consideran que conocer cómo respondieron los desiertos a variaciones naturales del clima puede ayudar a establecer referencias para analizar su evolución futura.

La investigación plantea que la historia del Atacama pudo incluir episodios húmedos capaces de sostener ecosistemas mucho más diversos que el paisaje actual.

La Fundación Paz Ciudadana publicó este martes los resultados de su último índice de victimización en hogares, percepción de temor y evaluación de las principales instituciones encargadas de la seguridad pública, el que arrojó una baja en los índices de delincuencia e inseguridad y un aumento en la confianza en Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo al estudio, el 33,1% de los hogares del país declaró que al menos uno de sus integrantes fue víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses, resultado que se mantiene bajo el promedio histórico y que en 2019 alcanzó un 40,6%.

En tanto, la proporción de personas con alto temor a la delincuencia tuvo una disminución de 24,3% en 2025 a 20,9% este año, siendo la tercera baja consecutiva desde el máximo de 30,5% registrado en 2023.

Según Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, “la disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”.

Región Metropolitana

Como era de esperar, el Gran Santiago es la zona donde los índices de victimización son más altos -37,6%-, frente al 25,7% de los hogares de otras grandes ciudades del país.

Tocante a la percepción de inseguridad, un 23,2% de los santiaguinos señaló sentir “alto temor” a ser asaltados, cifra que en otras ciudades rozó el 16,9%.

Por otra parte, un 63,5% de los encuestados aseguró sentir miedo de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer, el 54,0% al irse a trabajar por las mañanas y un 53,4%, al caminar solo o sola por su barrio.

Asimismo, la cifra de personas que cree que los delitos han ido en aumento en su comuna durante el último año bajó de 56,9% en 2025 a 46,6%, mientras que aquellos que creen que los niveles de delincuencia subirán en los próximos 12 meses disminuyó de 47,2% en 2025 a 40,5%.

Sin embargo, a pesar de la baja en estos índices, el reporte reveló que las personas han ido cambiando sus hábitos a fin de evitar ser víctimas de algún ilícito. Así, un 73,7% de los encuestados señaló que ha dejado de usar artículos de valor en público; un 73,3% dejó de salir a ciertas horas de la noche; un 68,9 optó por no ir a determinados lugares; un 66,2% se coordinó con sus vecinos para monitorear el barrio y el 65,1% hizo arreglos para reforzar su hogar.

Crece la confianza en las policías

El análisis arrojó también que el 62,4% de los entrevistados aseguró tener “mucha confianza” en la Policía de Investigaciones (PDI) y el 55,7%, en Carabineros, cifras que representan un alza de 58,0% y 50,9%, respectivamente, respecto al 2025.

Finalmente, se pidió a los entrevistados poner nota al desempeño de instituciones y autoridades encargadas de la seguridad pública, en una escala de 1 a 7, siendo la PDI la que obtuve la mejor evaluación, con un 4,7, seguida de Carabineros de Chile con un 4,5.

Más abajo vienen los alcaldes (4,3); Gendarmería de Chile (3,9); el Ministerio de Seguridad Pública (3,5), el Gobierno, la Defensoría Penal Pública y los Tribunales de Justicia (3,4); los fiscales del Ministerio Público (3,3); y en último lugar quedó el Congreso, con un 2,7.

Una jugadora demandó al Casino de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), luego de que se negara a pagarle un premio de $3.816.219.496 (USD 3,8 millones) que arrojó una máquina tragamonedas. La mujer exige ahora $4.670.095.401 (USD 4,7 millones), cifra que incluye el reajuste por la inflación y otros $750 millones (USD 766 mil) por concepto de “daño moral”.

La controversia se desató el 11 de noviembre del año pasado cuando Lilian Tumani, jugadora VIP del establecimiento, marcó un “jackpot” o premio mayor. Sin embargo, de acuerdo a la demanda, trabajadores de la casa de juegos manipularon la máquina, le aseguraron que presentaba problemas y finalmente ésta terminó arrojando una cifra harto menor.

Para nada contenta, la jugadora estampó una querella infraccional y además una demanda civil de indemnización, según consignó una nota de BioBíoChile.

Jugadora “platinum”

Sin embargo, la empresa sostiene que Tumani sabía perfectamente que la cifra arrojada por la máquina correspondía a un error, puesto que se trata de una jugadora “platinum” que frecuenta el casino desde 2005 y conoce al dedillo cómo funcionan dichos tragamonedas y cuáles son los montos máximos que entrega.

A modo de prueba, aseguraron que en los últimos cinco años la mujer pasó 1.350 horas apostando, acumulando al menos 1,2 millones de jugadas.

En su réplica ante el tribunal, la empresa manifestó que la jugadora “siempre supo que el premio proyectado por la máquina tragamonedas respondía a un error de la misma”, pues el pozo máximo aparecía claramente en la pantalla.

Asimismo, detallaron que enviaron el aparato a EE.UU para que lo revisaran sus fabricantes -la empresa Konami Gaming-, quienes emitieron un informe corroborando que efectivamente presentaba desperfectos técnicos.

En adición, presentaron un reporte de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), ente que en agosto de este año confirmó el mal funcionamiento del artefacto.

Finalmente, la empresa declaró que actuó de manera “diligente” desde el primer momento, que retiraron el artilugio de inmediato del salón y que ofrecieron pagarle a Tumani el monto máximo que la máquina estipulaba, asunto que fue rechazado de plano por la mujer y que ahora deberá zanjar la justicia.

Seis personas lesionadas, 1.960 casas con daños menores, 55 con daños mayores y alrededor de 200 hectáreas anegadas fue el saldo que dejó el devastador aluvión que la tarde de este jueves descendió por la precordillera y arrasó con buena parte de la comuna santiaguina de Las Condes, según informó esta jornada el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El delegado presidencial, Germán Codina, señaló que siguen “recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura”.

La autoridad confirmó además que hay un sujeto de nacionalidad venezolana detenido tras ser sorprendido robando en San Carlos de Apoquindo.

“La PDI hace un rato detuvo a una persona, producto de que habría participado en algunos robos en el sector”, señaló a BioBíoChile.

Por la noche, el Gobierno decretó zona de catástrofe y esta jornada brigadas de rescate tanto municipales como de Bomberos, Carabineros y el Ejército trabajan arduamente para despejar calles completamente cubiertas por barro, piedras y autos destruidos. En tanto, al menos 1.000 personas tuvieron que ser asistidas por rescatistas, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben.

Por su parte, Mauricio Lorca, director nacional de Sernageomin, explicó que el aluvión corresponde a los llamados “flash flood”, a saber, un evento que arrastra enormes volúmenes de sedimentos en un corto período de tiempo.

Tocante a su origen, el delegado Codina explicó que “presumimos el bloqueo, el taponeo del canal subterráneo que permite desaguar habitualmente el agua que escurre por la quebrada”.

En tanto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó a Radio Infinita que “la situación está controlada” y que durante este fin de semana tendrán “prácticamente la totalidad de los caminos despejados para la circulación y los servicios básicos repuestos”.

De Grange explicó que cayeron sobre la zona unos 144 milímetros de lluvia y que el aluvión no ocurrió tras las precipitaciones más copiosas, sino al día siguiente, cuando cayeron en pocos minutos unos 15 mm, razón por la cual “predecir estas cosas es realmente difícil”.

Los relatos de los afectados

Vecinos y trabajadores del sector narraron su experiencia ante el catastrófico evento, el que se desató en cosa de minutos y también inundó una clínica y dos centros educacionales.

“Estábamos haciendo una remodelación en el segundo piso de la clínica y cuando empezó lo más fuerte, el agua se llevaba los autos. El -1 y los subterráneos más abajo están llenos de lodo, barro, piedras, de todo”, relató a Canal 13.

“Alerta no recibimos nada, ninguna, cero alerta”, acusó de paso.

Una estudiante aseguró también que “vengo de la universidad, escuché la lluvia fuerte, pero no pensé que era de este tamaño el río que se salió. Nunca había visto esto en mi vida”.

“No hay luz. Se cortó el cable. Yo me puedo comunicar solo por teléfono porque no hay nada más para conectarse”, señaló.

Otra afectada contó que “el cielo se puso negro, fue una cosa tremenda. Fuimos a mirar y en cinco minutos sentimos como una ola de mar, fue un estruendo y venían todos los autos, micros y camionetas bajando. Fue una cosa terrible”, indicó.

“Primero vino una granizada y después se larga la lluvia como 15-20 minutos. Fue un balde de agua”, agregó otro hombre.

Quienes también dieron su testimonio fueron los pasajeros de un bus que fue arrastrado por la corriente, sin duda la imagen más terrorífica que dejó el aluvión.

“No alcanzamos a bajarnos de la micro porque nos pegó de golpe toda el agua, un árbol, todo. La micro se empezó a ir para atrás y se inundó hasta arriba. Llegó el agua y tuvimos que irnos hacia el fondo. Empezamos a subir por la puerta de emergencia y nos quedamos arriba”, mencionó una mujer.

Otro pasajero, identificado como Joaquín, aseguró que la corriente los desplazó por varias cuadras “arrastrando todo, árboles, postes. Por suerte paró acá, la micro quedó ahí y yo pude saltar por el vidrio”.

El caso más notorio fue el de las personas que fueron vistas arriba de ese mismo bus. “Nosotros veníamos arriba en el techo, gritando y pidiendo ayuda a la gente, porque seguíamos siendo arrastrando. Estaban todos asustados y gritando, llorando, porque se estaba inundando todo. Algunos sufrieron golpes, algunas personas se cortaron, pero nada grave”, remató uno de ellos.

Un reportaje del medio Bloomberg reveló que la sequía que afecta al Canal de Panama, sus altos cobros y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, ha elevado el tránsito de barcos por el estrecho de Magallanes en un 70% en los meses de agosto y septiembre respecto al mismo período el año pasado, de acuerdo a cifras entregadas por la Armada de Chile.

“La sequía en Centroamérica (producto del fenómeno de ”El Niño”) ha sido, sin duda, la principal culpable. Esto también ha obligado a muchos armadores y operadores a pagar tarifas extraordinariamente altas para evitar las filas”, aseguró Kenneth Loh, analista del medio citado.

De acuerdo al experto, el estrecho de Magallanes aparece como una “alternativa natural” para las navieras, que buscan ahorrarse los tiempos de espera y los costos del peaje, los que van desde USD 25 mil para un barco normal de menos de 10 mil toneladas hasta los USD 300 mil para los gigantescos buques llamados “neopanamax”.

Posición privilegiada

En agosto pasado, Karen Manzano, investigadora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, recordó en conversación con la Deutsche Welle -consignada por BioBíoChile-, que “el Canal de Panamá es una gran obra de ingeniería, pero siempre ha estado supeditado a las lluvias”, y que el estrecho de Magallanes “es la única vía natural que se considera apta para cruzar entre los dos océanos”.

De acuerdo a la experta, “este fenómeno ya lo habíamos visto entre 2023 y 2024″ cuando también hubo sequía. Por esas fechas “hubo demoras para muchos barcos y se vio un aumento del tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes en ese período. La gran ventaja es que, salvo muy pocos días en que la lluvia y el viento hacen imposible el paso, el resto del año el estrecho funciona normalmente”.

Cabe señalar que cruzar por el estrecho de Magallanes implica al menos 15 mil kilómetros más de navegación y hasta 10 días más de viaje, sin embargo, se vuelve la única alternativa para buques de gran calado.

“Ahora, con el problema de la sequía, las dificultades por el tamaño de los barcos en el Canal de Panamá aumentan”, agregó Manzano.

La académica sostuvo que “para Chile, este nuevo renacer del estrecho de Magallanes por cuestiones climáticas puede traer muchos beneficios a nivel comercial y más recaudación aduanera. Claramente esto coloca a Chile en una posición privilegiada, al tener la soberanía del estrecho”.

Sin embargo, al cierre recordó que esta oportunidad implica “un gran reto logístico”, para el país, que deberá “implementar una serie de obras que van a ser necesarias si es que aumenta el tráfico comercial”.

Las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien este miércoles aseguró que si Chile quiere el respaldo de su país para defender la soberanía en el Estrecho de Magallanes “va a tener que trabajar con nosotros”, provocaron la reacción del gobierno de José Antonio Kast.

Sus dichos se dieron en el marco del Día del Comercio Global, ocasión en la que el diplomático se refirió a las relaciones bilaterales entre ambos países asegurando: “No nos molesta que comercien con China, eso está muy bien. Nosotros comerciamos con China, ustedes pueden comerciar con China, todo el mundo comercia con China. Ese no es un problema”.

Sin embargo, al ser consultado sobre el famoso cable submarino entre Chile y China que aún permanece en evaluación por parte del gobierno, Judd sostuvo: “Cuando hablo de comercio con China, por supuesto, eso es comercial. Pero cuando miramos la soberanía, siempre vamos a estar muy preocupados por la soberanía, porque tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial“.

“Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros también“.

Gobierno evalúa nota de protesta

Las críticas no se hicieron esperar y uno de los primeros en reaccionar fue el propio gobierno, desde donde señalaron que “no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía“, tal como aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien justo se encontraba en una sesión especial en el Congreso.

“Lo primero que yo quiero decir, lo he dicho en reiteradas ocasiones: el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años y, por lo tanto, eso es lo que yo quiero transmitirle a todo el pueblo de Chile”, señaló taxativo.

Tocante a una posible nota de protesta, el Canciller sostuvo que lo estaban evaluando y que “no descarto nada hasta que no termine la evaluación, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas”.

Sin embargo, recordó que las relaciones con Washington “siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto“, y aseguró de paso que las negociaciones para rebajar el arancel del 12,5% aplicado por EE.UU a buena parte de las exportaciones nacionales van por buen camino.

Al cierre, subrayó que “tenemos nuestra soberanía perfectamente definida (...) sabemos defenderla, tenemos tratados que así lo establecen. Hemos visto también declaraciones del presidente argentino en Chile justamente reconociendo nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, así que desde este punto de vista estamos muy tranquilos”.

La mesa del Senado también se pronunció al respecto y mediante una declaración recordaron que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”.

“Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional”, agregaron.

“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía”, remataron.

“Drama tergiversado”

Así las cosas, el embajador tuvo que salir a aclarar sus palabras al final del día y mediante una declaración pública, puso paños fríos a la polémica y aseguró haber sido sacado de contexto.

“Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile”, afirmó.

“Mi presentación de hoy fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos”, remató Judd.

La expresidenta, Michelle Bachelet, confirmó este miércoles que evalúa una nueva candidatura presidencial en 2029, luego de su fallido intento por convertirse en la secretaria general de la ONU. La noticia fue recibida con algarabía en los partidos de oposición, que anunciaron una reunión con ella la próxima semana, y con cautela desde el oficialismo, desde donde aseguraron que “no es nuestra preocupación central”, al menos por ahora.

En entrevista con el programa “De la región al mundo” del canal universitario TVU, la destacada académica Paulina Astroza le preguntó directamente si volvería a postularse al sillón presidencial en 2029 con un “¿no hay segunda sin tercera?”

“Yo creo que sí… yo creo que sí”, fue su respuesta, acompañada de una risotada.

A renglón seguido, la exmandataria sostuvo que “me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años (...) Entonces, yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad es que nunca he tejido. Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Bachelet ya había dado luces al respecto la semana pasada, en el acto de desagravio que los partidos de oposición organizaron para homenajearla tras su fallida candidatura a la ONU, la que fue impulsada por la administración de Gabriel Boric y no contó con el respaldo del gobierno de José Antonio Kast.

En esa oportunidad, afirmó taxativa que “quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia”.

Celebra la oposición

Tras sus declaraciones el entusiasmo cundió en los partidos de centroizquierda, desde donde confirmaron que la próxima semana se reunirán con la expresidenta para conversar “a fondo respecto del estado del país y también del futuro”, tal como aseguró el presidente del PPD, Raúl Soto.

“La presidenta Bachelet es un liderazgo importante para nosotros, la respetamos y queremos mucho y creo que tiene mucho que aportar en el futuro también. Vamos a ver desde dónde. Valoramos, por cierto, su disponibilidad”, sostuvo.

De la misma opinión fue el senador Iván Flores (DC), quien señaló que se trata de “una buena y bella sorpresa el que la presidenta Bachelet haya vuelto a ingresar a la lid política interna. Y esto no es luego de una fallida candidatura a ser secretaria general de las Naciones Unidas, es porque a la oposición hoy día le falta liderazgo (...) Me parece fantástico”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “siempre es una buena noticia saber que tenemos muchos liderazgos disponibles. Por supuesto, el de la presidenta Bachelet es un gran liderazgo no solo para el Partido Socialista de Chile, sino para todo el progresismo. Ella siempre va a ser una persona y un referente importante, es una guía en nuestro actuar, tiene el cariño de la gente. Y Dios dirá”.

Por otra parte, el senador comunista, Daniel Núñez, subrayó la “experiencia y liderazgo” de Bachelet, mientras que la diputada Ana María Gazmuri (AH), valoró que “siga disponible para aportar al debate público y a la política chilena”.

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseveró que “siempre va a ser rescatable que una lideresa como ella esté a disposición en la construcción de ese trabajo”, aunque recordó que de aquí al 2029 “nos queda un largo trecho que recorrer”.

Reserva en La Moneda

Desde el gobierno, en tanto, recibieron la noticia con cautela y señalaron que los dichos de Bachelet responden más bien a una “expresión de deseo” y que “en tres años y medio más conversaremos”, tal como sostuvo el biminstro, Claudio Alvarado.

“La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público. Hoy ella realiza una expresión de deseo y cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, conversaremos las viabilidades políticas o si efectivamente llega a materializarse”, matizó la autoridad.

“Por lo tanto, es muy poco lo que puedo decir y yo creo que las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que a lo mejor tienen el mismo interés”, argumentó Alvarado.

El secretario de Estado agregó que “al gobierno lo que le motiva es trabajar por las materias por las que fue elegido (...) Lo que se genere en el debate político, obviamente no somos ajenos al mismo, pero no es nuestra preocupación central”, remató.

Panamá prepara una hoja de ruta para ordenar las acciones de cuidado destinadas a la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

La planificación también contempla a quienes realizan estas tareas de forma remunerada o no remunerada, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad social.

La nación canalera se convirtió así en el tercer país de América Latina, junto con Uruguay y Chile, que cuenta con una ley sobre sistemas de cuidados.

Los tres países reconocen esta actividad como un componente de la protección social, aunque poseen esquemas institucionales y alcances distintos.

Los sistemas de cuidados de estos países se sostienen sobre leyes marco que reconocen explícitamente el cuidado como un derecho y como un eje estructurante de la protección social, pero lo hacen con diseños institucionales, alcances poblacionales y horizontes de planificación diferenciados.

El antecedente regional más temprano fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, concebido como un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado.

Su atención se concentró en las personas en situación de dependencia y en la reducción de las desigualdades de género.

Chile y Panamá también avanzaron con leyes marco que incorporan el derecho al cuidado dentro de sus políticas sociales. Las diferencias entre los países se relacionan con las instituciones creadas, los grupos alcanzados por las medidas y los plazos definidos para su ejecución.

Panamá, mediante la Ley 431 de 2024, institucionalizó el Sistema Nacional de Cuidados como una ley marco que garantiza el derecho al cuidado, el bienestar y la autonomía de las personas, reconoce los derechos de quienes cuidan y organiza una Comisión y una Dirección Nacional de Cuidados con planes quinquenales y redes territoriales articuladas con gobiernos locales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que los países deben adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado con perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad.

El organismo plantea que estas políticas deben abordar el tiempo disponible para cuidar, los recursos de los hogares, las prestaciones y la existencia de servicios públicos universales y de calidad.

Bajo esta visión, el cuidado excede la atención directa de personas dependientes. Incluye actividades que sostienen la reproducción cotidiana y generacional de la vida, con dimensiones materiales, afectivas y relacionales.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avanzan en la definición de los elementos conceptuales y metodológicos que servirán de base para la formulación del Plan Quinquenal de Cuidados 2026–2031.

En la reunión se presentaron los avances iniciales, se revisaron los principales insumos generados en la primera matriz de trabajo y se analizó la propuesta de estructura para organizar la planificación.

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Bango, explicó que el plan reunirá medidas dirigidas al cuidado de la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El especialista indicó que la estrategia también buscará mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados formales.

En ese grupo están quienes reciben una remuneración por desempeñarse en centros residenciales o en el cuidado domiciliario de pacientes.

Bango sostuvo que la versión definitiva se elaborará después de recibir los aportes de las entidades que integran la Comisión Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de coordinar su aplicación en los próximos años.

La directora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Gladys Vallester, destacó que el período de planificación permitirá organizar las acciones para quienes necesitan apoyo y para las personas que realizan labores de cuidado. La consideración abarca tanto el trabajo remunerado como las tareas que se desarrollan sin pago.

El Gobierno de Chile retiró del Congreso su proyecto de reforma de seguridad, que proponía ocho cambios constitucionales, tras recibir escaso respaldo político y cuestionamientos de sectores oficialistas y opositores. La iniciativa del presidente José Antonio Kast incluía la creación de un estado de excepción que podía extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria y habilitaba restricciones a la libertad de circulación y de reunión ante una amenaza grave contra la seguridad pública.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció el martes por la noche que el Ejecutivo respaldará otra propuesta, elaborada de forma paralela por una comisión del Senado e ingresada el miércoles al Congreso. “Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, afirmó Alvarado en un mensaje televisado desde el Parlamento.

La propuesta original recibió críticas de legisladores de distintos sectores, incluidos aliados de derecha y miembros de la coalición de Gobierno. La organización Human Rights Watch manifestó preocupación por el estado de excepción propuesto y por otras facultades contempladas, como la interceptación de comunicaciones y la requisa de bienes.

En septiembre, cientos de personas marcharon por las calles de Santiago contra las reformas y se registraron enfrentamientos con la policía. “Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”, anunciaba el mandatario en un discurso a la nación chilena el pasado 6 de agosto.

Cabe recordar que Chile registró una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que una década antes. Los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años, en un contexto marcado por la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.

Las modificaciones de los legisladores

La nueva reforma de seguridad en Chile reúne a legisladores de centro, centroizquierda, centroderecha y ultraderecha, tras el retiro del proyecto original impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa fue promovida por Iván Flores, del Partido Demócrata Cristiano; Karim Bianchi, independiente; Pedro Araya, del Partido por la Democracia; Andrés Longton, de Renovación Nacional; y Arturo Squella, del Partido Republicano.

El texto propone equiparar el terrorismo al crimen organizado, establecer la segregación de presos considerados de alta peligrosidad y modificar el estado de excepción constitucional de emergencia.

Longton explicó que la propuesta contempla que el presidente pueda decretar el estado de emergencia durante 30 días. “Posterior a los 30 días tiene que pasar por el Congreso y durante el transcurso de esos 30 días, una atribución adicional, el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento”, afirmó.

Squella sostuvo que el nuevo proyecto permitió superar las diferencias que surgieron en torno al texto inicial. También señaló que otros parlamentarios expresaron su disposición a sumarse a la tramitación legislativa tras conocer el contenido de la propuesta.

“Algo muy positivo que hemos visto dentro de las horas recientes, es que se nos han ido acercando parlamentarios para decirnos que ya con los trascendidos que tienen del contenido de la reforma se sienten parte o de alguna manera representados y van a ser entusiastas colaboradores en la tramitación legislativa”, declaró.

Araya afirmó que el acuerdo no representa un triunfo de un bloque político. “Aquí no ha ganado ni el Gobierno ni la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado”, sostuvo.

(Con información de EFE)

La selección de Colombia volverá a jugar el jueves 13 de noviembre de 2026 ante Chile, en un amistoso programado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

El partido será el primero de una serie de dos encuentros frente a la Roja durante la fecha FIFA de noviembre, aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) todavía no confirmó el horario ni la transmisión televisiva del compromiso.

Después de recibir a Chile en Cali, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo viajará a Santiago para disputar el segundo amistoso. Ese encuentro está previsto para el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, escenario habitual de la selección chilena. El horario de ese duelo también permanece pendiente de confirmación.

La Tricolor cerró la fecha FIFA de septiembre y octubre con una victoria por 1-0 ante Perú el martes 6 de octubre en Miami. Samuel Velásquez marcó el único gol del partido a los 56 minutos.

Antes, Colombia había empatado 1-1 con México el 26 de septiembre en Baltimore y perdido 1-0 contra Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey. Así, el triunfo sobre el seleccionado peruano cortó una serie de dos presentaciones sin victorias en esta concentración.

Los amistosos de noviembre ante Chile

La doble jornada frente a Chile será la última actividad de la selección Colombia de mayores en 2026. Los partidos amistosos no entregan puntos para las Eliminatorias Sudamericanas, pero permitirán al cuerpo técnico evaluar futbolistas y ajustar el funcionamiento del equipo con miras al próximo ciclo competitivo.

El primer duelo tendrá un componente especial para Cali. La selección Colombia volverá a jugar en el Pascual Guerrero, un estadio que no recibía al seleccionado masculino absoluto desde el 11 de mayo de 1994, cuando el equipo nacional enfrentó al Parma de Italia en un amistoso previo al Mundial de Estados Unidos. Colombia ganó aquel encuentro por 3-1.

El partido de Cali se jugará en una fecha FIFA, el período del calendario internacional en el que los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas convocados a las selecciones nacionales. Por eso, Lorenzo podrá llamar a jugadores que actúan tanto en el fútbol colombiano como en ligas del exterior, siempre que no existan lesiones o restricciones médicas.

Chile, por su parte, será el rival elegido para cerrar el año de ambos seleccionados. La Roja no clasificó al Mundial de 2026 y también utilizará los amistosos de noviembre para probar variantes y comenzar la preparación hacia las próximas Eliminatorias. Nicolás Córdova continuaría al frente de la dirección técnica del equipo chileno en esos compromisos.

El equipo chileno llegará a los amistosos frente a Colombia después de una fecha FIFA de septiembre y octubre adversa. La Roja perdió 1-0 contra Canadá el 27 de septiembre y cayó 4-2 ante Estados Unidos en su presentación siguiente. En ese segundo partido, el equipo llegó a estar arriba 2-1, pero no pudo sostener la ventaja y recibió tres goles. Al bicampeón de la Copa América le resta el juego ante México, el martes 6 de octubre del 2026, a partir de las 9:30 p. m. hora colombiana.

El historial entre Colombia y Chile

Colombia y Chile sostienen una rivalidad con numerosos antecedentes en Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y amistosos. En los partidos clasificatorios al Mundial, ambos equipos se enfrentaron 18 veces: Colombia consiguió siete victorias, Chile ganó cuatro y hubo siete empates.

El antecedente más reciente fue el 4-0 de Colombia sobre Chile el 15 de octubre de 2024 en Barranquilla, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En ese mismo proceso, el primer cruce había terminado 0-0 el 12 de septiembre de 2023 en Santiago. Esos resultados extendieron la buena racha colombiana ante la Roja en los clasificatorios.

Uno de los partidos más recordados entre ambas selecciones se jugó el 11 de octubre de 2013. Colombia y Chile empataron 3-3 en Barranquilla, después de que el equipo visitante tomara una ventaja de tres goles. La remontada colombiana aseguró la clasificación al Mundial Brasil 2014.

Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión.

Los servicios se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos en aviones Airbus A320neo. El trayecto tendrá una duración estimada de seis horas y cuarenta minutos, según informó la compañía en un comunicado.

La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

Latam amplía sus conexiones de Venezuela con Sudamérica

La ruta se incorporará a los vuelos que la compañía ya opera entre Caracas y Bogotá. Latam reanudó ese servicio en febrero, inicialmente con cuatro frecuencias por semana, y desde septiembre pasó a ofrecer una conexión diaria.

“Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, lo que amplía las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y refuerza la integración de Venezuela con la red de Latam”, indicó Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Latam Airlines Group.

Los vuelos entre Bogotá y Caracas habían sido suspendidos a finales de noviembre de 2025, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar las precauciones al sobrevolar territorio venezolano.

Esa advertencia derivó en restricciones aplicadas por las autoridades de Venezuela.

La conexión con Chile había sido suspendida en 2024

El itinerario entre Santiago y Caracas dejó de operar en 2024, cuando el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció, sin precisar los motivos, la suspensión de “las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”.

La medida se produjo después de un discurso del entonces presidente chileno, Gabriel Boric (2022-2026), ante la Asamblea General de la ONU. Allí calificó de dictadura al régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, actualmente preso en Estados Unidos, y cuestionó los resultados electorales de julio de ese año.

Las declaraciones profundizaron la ruptura diplomática entre Chile y Venezuela. Maduro ordenó entonces retirar al personal diplomático venezolano en Chile y dispuso la salida de los funcionarios chilenos de Caracas.

Antes de esa suspensión, Latam ya había interrumpido sus operaciones entre ambos países entre 2016 y 2023, debido al complejo escenario macroeconómico que atravesaba Venezuela.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago) acordó por unanimidad este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente-Evópoli), cuyo voto ha sido clave para alcanzar el quórum exacto de 26 legisladores que requiere el gobierno de José Antonio Kast para llevar adelante su agenda legislativa en el Congreso.

Según antecedentes de la investigación, mientras fungía como diputado entre 2018 y 2022, Calisto habría coordinado con su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y la esposa de éste, Carla Graf, el pago de falsas asesorías parlamentarias por servicios que nunca se ejecutaron, razón por la cual es acusado por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones por unos $105 millones de pesos (USD 107 mil), y enfrenta hasta 12 años de cárcel.

El parlamentario ya fue desaforado cuando era diputado, pero al momento de ser elegido senador no contaba con una condena penal firme ni con una pena aflictiva dictada que le impidiera legalmente competir en las urnas, razón por la cual hasta ahora mantenía su cargo, dieta incluida.

Ahora, el Ministerio Público dio por cerrada la investigación y una vez que el desafuero quede firme podrá avanzar con el juicio en su contra, pues esta medida no constituye una condena ni establece responsabilidad penal alguna.

Calisto ha votado en varias instancias a favor de las proyectos de ley del gobierno y su voto en la Cámara Alta respaldando el Plan de Reconstrucción Nacional fue crucial para su aprobación, correlación de fuerzas que ahora está en vilo.

Apelación a la Corte Suprema

Una vez conocida la resolución del tribunal, el senador por la Región de Aysén dijo respetar la decisión del tribunal pero afirmó que llegará hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

“Hace casi siete años estamos en medio de un proceso a raíz de una denuncia anónima contra una asesora de mi equipo. Hemos pasado elecciones y procesos de desafuero. Tenemos pleno convencimiento de nuestra rectitud y defenderemos nuestra tesis en todas las instancias que nos permita la ley. Está resolución es una etapa y ahora este proceso lo resolverá la Suprema. Evidentemente estamos en una etapa que en ningún caso representa responsabilidad”, señaló Calisto a La Tercera.

Al cierre, sostuvo que “la principal tranquilidad en todo esto es que la gente de Aysén me cree, y yo estoy convencido del trabajo que hemos realizado y, por supuesto, de que hemos hecho las cosas correctamente”, razón por la cual aseguró que espera “se garantice siempre el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley como lo establece nuestra Constitución”.

Un nuevo frente de mal tiempo que afecta a la zona central del país ha causado estragos sobre todo en la Región Metropolitana y mantiene en alerta también a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins. Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), esta jornada, una persona falleció en Santiago, miles de hogares están sin energía eléctrica y cientos de calles y pasos bajo nivel se encuentran completamente anegados.

El hecho más grave ocurrió en la comuna capitalina de San Bernardo, donde un hombre en situación de calle que dormía en un paso bajo nivel ubicado en Avenida San José con Avenida Portales fue hallado sin vida.

De acuerdo al teniente Martín Galaz, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, gracias a “un trabajo coordinado junto a Bomberos se logró el rescate de un cuerpo de un hombre adulto no identificado que se encontraba lamentablemente fallecido en este paso bajo nivel que se encuentra inundado”, según consignó Emol.

Varios puntos de la capital se encuentran bajo el agua y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirmó que alrededor de 12 mil viviendas se encuentran sin suministro eléctrico. Según el reporte metereológico, las lluvias amainarán esta jornada pero volverán el jueves con probables tormentas eléctricas y vientos en gran parte de la zona central.

Regiones

En regiones, en tanto, la situación no es mucho mejor y se registran al menos 10 mil hogares sin luz, la mitad de los cuales se concentran en el gran Valparaíso.

En Viña del Mar, la ladera del Cerró Recreo sufrió una importante remoción de tierra que obligó a cortar el tránsito en la Av. España, que une esa ciudad con Valparaíso.

Según autoridades locales, “los equipos de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Dirección de Operaciones y Servicios del municipio de Viña del Mar se coordinaron para disponer de maquinaria y ejecutar labores de limpieza y resguardo de la población”.

En la Región de O’Higgins, por otra parte, se reportaron personas aisladas en el sector Agua Buena de San Fernando por la crecida del estero Antivero.

Así las cosas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen la Alerta Amarilla para la Región Metropolitana y emitieron avisos por posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y hasta granizo desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

Estudiar una carrera técnica y, al mismo tiempo, sumar experiencia real dentro de una empresa. Esa es la fórmula educativa que Italia utiliza a través del modelo de los ITS (Istituto Tecnologico Superiore) Academy y que comenzará a desembarcar en Argentina durante 2027, con las primeras tecnicaturas previstas en Salta y la posibilidad de sumar también a Córdoba.

El proyecto llega al país de la mano de la Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Iberoamericana (CCIIA), que en los últimos meses impulsó una serie de gestiones entre instituciones educativas, entidades empresarias y los gobiernos de Argentina e Italia para adaptar a la realidad local un modelo que busca achicar una de las brechas más persistentes del mercado laboral: la distancia entre lo que se aprende en las aulas y las capacidades que requieren las empresas.

La característica que distingue a los ITS Academy es precisamente esa conexión con el mundo productivo. Más del 50% de la carga horaria se desarrolla mediante prácticas profesionales en empresas, y el resto corresponde a formación teórica. Además, una proporción importante de los docentes debe provenir directamente de la industria.

La idea es que el estudiante no llegue al empleo sólo con conocimientos académicos, sino también con experiencia concreta sobre procesos, tecnologías y dinámicas de trabajo.

El presidente del ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita-Giulio Natta, Giuseppe Nardiello, lo explicó durante su reciente visita a la Argentina con una imagen bastante gráfica: el objetivo es enseñar a los estudiantes a desenvolverse en situaciones reales y no solamente explicarles cómo hacerlo desde un libro.

Ese contacto temprano con las empresas es también uno de los factores que explican los altos niveles de inserción laboral asociados al sistema italiano y constituye la principal apuesta detrás de su llegada a la Argentina: formar técnicos de acuerdo con necesidades productivas concretas y permitirles incorporarse rápidamente al mercado de trabajo.

Un acuerdo entre Argentina e Italia abrió la puerta

El paso institucional decisivo se produjo el 7 de septiembre, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Educación y del Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, firmaron en Buenos Aires un Memorándum de Entendimiento para promover la cooperación bilateral en materia de formación técnica y profesional.

El acuerdo fue el resultado de un proceso de vinculación que había comenzado meses antes y en el que la CCIIA tuvo un papel activo acercando a los actores públicos, educativos y empresariales de ambos países.

En diciembre de 2025 su presidente, Darío H. Pellegrini, junto a una comitiva empresaria, se reunió con Giuseppe Nardiello y comenzaron a trabajar en Milán sobre la posibilidad de trasladar el modelo del ITS a América Latina, con Argentina como primer destino.

La iniciativa avanzó durante 2026 hasta llegar al Ministerio de Capital Humano y, finalmente, al entendimiento firmado por Pettovello y Valditara.

El interés, sin embargo, excede las fronteras argentinas. Tanto desde el gobierno italiano como desde organizaciones empresarias de ese país existe la intención de utilizar la experiencia como punto de partida para expandir el sistema a otros países en Latinoamérica.

Salta será el primer laboratorio

Salta será el primer escenario concreto del proyecto. Allí se trabaja para comenzar en marzo de 2027 con tres trayectos de formación técnica de dos años y alrededor de 3.000 horas.

Las áreas elegidas responden directamente a necesidades que actualmente plantean sectores productivos de la provincia. Una de las tecnicaturas estará vinculada con las energías renovables y sustentables.

Otra estará enfocada en maquinaria pesada y vial, particularmente vinculada a la minería, e incorporará mecánica, electromecánica, electrónica, mantenimiento, logística, sensores, Internet de las Cosas e Industria 4.0.

La tercera apunta al mantenimiento y reparación de equipamiento médico y de laboratorio de alta complejidad, un segmento en el que actualmente las reparaciones especializadas deben realizarse fuera de la provincia.

En el esquema salteño participan la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, junto con empresas y entidades del sector productivo.

La intención es que los programas no sean réplicas rígidas de los italianos sino que se adapten a la matriz económica de cada lugar. La premisa que utilizan los impulsores del proyecto es que la formación debe comenzar por identificar qué técnicos necesitan efectivamente las empresas y construir los trayectos educativos a partir de esa demanda.

Córdoba también busca incorporarse

El modelo podría tener otro de sus primeros nodos en Córdoba. Durante septiembre, empresarios y representantes institucionales argentinos e italianos mantuvieron un encuentro en el Polígono Córdoba-Parque Industrial, donde se analizaron posibles trayectos asociados con energía sostenible, biotecnología, tecnologías biomédicas, mecatrónica y automatización.

Una de las posibilidades en estudio es que los centros de formación funcionen incluso dentro de parques industriales, llevando todavía más lejos la integración entre educación y empresas.

En la construcción del proyecto la CCIIA involucró a organizaciones como ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y APIA, que nuclea a parques industriales de distintas regiones del país, además de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y representantes del sector privado, de modo que actúen como amplificadores y aliados de un desembarco que precisa muchas manos.

El objetivo inicial es poner en funcionamiento tres experiencias durante 2027, avanzar luego hacia cinco centros y, en una segunda etapa, proyectar una red más amplia en la Argentina.

De Argentina al resto de América Latina

La hoja de ruta ya contempla el siguiente movimiento. En noviembre, la propuesta será presentada en Chile durante la ENATRANS Expo Chile Transporte, como parte de la estrategia para comenzar a extender el sistema hacia otros países de América Latina.

Ese salto regional refleja también la escala que intenta alcanzar la CCIIA.

Presidida por Darío H. Pellegrini, la Cámara nació con la intención de convertirse en un puente entre empresas e instituciones italianas e iberoamericanas. Su estructura reúne empresarios y representantes vinculados con Italia, España, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países de la región.

Desde el inicio de su gestión, en agosto del año pasado, Pellegrini aplicó una estrategia de articulación que posibilitó los avances necesarios para introducir en Argentina el modelo de formación de los ITS Academy. La apuesta ahora es transformar esa primera experiencia en una plataforma regional.

Para Italia, el interés no es solamente educativo. La formación de recursos humanos bajo estándares compatibles con sus sectores productivos también puede funcionar como un incentivo para que empresas italianas encuentren mejores condiciones para invertir y desarrollarse en América Latina.

Durante los encuentros realizados en Córdoba, Pellegrini resumió esa lógica en una frase: “Esto empieza por formación y termina por inversión”.

Durante toda la semana pasada continuó en la Comisión de Trabajo del Senado la discusión del proyecto de ley “Contrato por hora”, el que busca crear una nueva modalidad de jornada parcial para pactar un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, adaptándose a sectores con demanda irregular como el comercio, turismo o gastronomía.

Aunque la iniciativa fue ingresada originalmente en el año 2018 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, permaneció estancada en el Congreso hasta el 23 de junio pasado, cuando el gobierno de José Antonio Kast le otorgó urgencia legislativa, impulsándolo como una medida para combatir los ingentes niveles de desempleo que llegaron al 9,6% entre junio y agosto pasado.

Sin embargo, el proyecto es resistido por la oposición y gremios de trabajadores, que aseguran que traerá incertidumbre laboral, mientras desde el oficialismo lo defienden afirmando que otorga flexibilidad a la hora de contratar.

De acuerdo al documento ingresado al Senado, la nueva norma mantiene el resguardo de los derechos previsionales y laborales básicos y establece que las horas trabajadas no pueden superar las 30 a la semana ni las 120 al mes. Cada hora debe pagarse al menos al doble del valor por hora del ingreso mínimo mensual -$553.553 (USD 570)-, la que actualmente ronda los $3.075 (USD 3,16).

Además, el empleador debe notificar los horarios con un mínimo de anticipación de 24 horas, aunque el Ejecutivo evalúa extender este plazo. Y si la empresa no ocupa la totalidad de las horas acordadas, debe pagar un porcentaje de ellas (el proyecto contempla al menos un 75%).

A favor y en contra

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la propuesta como una de las medidas centrales para enfrentar la desocupación asegurando que está diseñado bajo el concepto de “flexiseguridad”, el que garantiza que los trabajadores mantengan sus cotizaciones previsionales, seguro de cesantía y cobertura de salud.

En junio pasado, Francisco González, gerente general de Vertical Hunter, sostuvo a CNN Chile desde el sector de reclutamiento empresarial que se trata de una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes), pues les permite “contratar personal especializado en cierta área cuando no tienen los recursos para hacerlo por un mes completo”, facilitando además que las personas se reincorporen al mercado de forma paulatina.

Este domingo, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión del Trabajo, Mario Olavarría, respaldó firmemente la iniciativa señalando que es necesario “avanzar en normas que permitan flexibilizar más lo que es la legislación laboral”, según consignó BioBíoChile.

El parlamentario aseguró que la medida “no va en desmedro del trabajador, sino al contrario, va a beneficiar el trabajo” e instó a aprovechar la oportunidad legislativa.

Desde la otra vereda, el diputado de la bancada del PPD, Héctor Ulloa, se mostró contrario al proyecto, puesto que “dicen que el contrato por hora puede otorgar flexibilidad, ¿pero flexibilidad para quién? Para el empleador, no para el trabajador que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes. Legalizar la precariedad no la hace digna“, argumentó, de acuerdo al medio citado.

De la misma opinión fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, quien no se mostró totalmente contrario al proyecto de ley, pero afirmó que “tiene que ser muy acotado, porque si el contrato por hora se pone como una generalidad, lo único que se va a lograr en el tiempo son incertidumbres para las y los trabajadores“.

Tras una extensa audiencia que comenzó el jueves y finalizó este domingo, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para nueve integrantes de la primera célula del Primer Comando de la Capital (PCC) identificada en Chile, quienes se suman a otros 10 individuos que ya estaban tras las rejas en distintos penales del país y fueron reformalizados.

Todos fueron imputados por los delitos de de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, amén de otros cargos por tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Armas, y el tribunal fijó un periodo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”. En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, también presunto miembro del PCC y sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por este crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Pero “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

Reclutamiento en Chile

De acuerdo al Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la labor de esta célula de la macrobanda de origen brasileño era, por ahora, reclutar gente dentro de las cárceles chilenas.

“Estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente (...) Los integrantes estaban funcionando en delitos vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y también al delito de narcotráfico”, señaló, según consignó Emol.

La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización, que administra internamente el llamado “Libro Blanco” (registro de miembros activos) y también un “Libro Negro”, donde se apunta a exmiembros que consideran traidores y contra quienes se decretan órdenes de muerte.

Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, aseguró el jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Barros.

Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”, y cuyo rol era fundamental debido al nexo directo con la matriz de la organización en Brasil.

Cinco de las diez ciudades con mayor concentración de partículas finas en América Latina son mexicanas, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2025 de IQAir. Saltillo encabeza la lista con 32.3 μg/m³ de PM2.5, una cifra superior a la de Pekín (26.8), símbolo global de la contaminación atmosférica.

El análisis, que evaluó ciudades medianas y grandes con al menos 250 mil habitantes, ubica a México y Chile como los países que dominan el extremo más contaminado de la región.

Cinco ciudades mexicanas en el top 10 regional

Además de Saltillo, el listado de las diez ciudades latinoamericanas con peor aire incluye a otras cuatro mexicanas:

• Tuxtla Gutiérrez: 22.3 μg/m³
• Aguascalientes: 19.5 μg/m³
• Ciudad de México: 19.4 μg/m³
• León: 18.1 μg/m³

Chile aporta tres ciudades (Rancagua, Temuco y Santiago) y Perú dos (Arequipa y Lima).

Las diez registraron niveles anuales peores que los de Seúl, que se ubicó en 17.9 μg/m³. Incluso Saltillo rebasó a Pekín, una capital que dedicó la última década y miles de millones de dólares a combatir su espesa niebla tóxica.

Hasta cuatro veces el límite de la OMS

La directriz anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 5 μg/m³ de PM2.5. En ciudades como la Ciudad de México y Lima, la concentración media anual es casi cuatro veces superior a ese umbral.

Las PM2.5 son partículas finas inhalables con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos. Para dimensionarlas, un cabello humano promedio mide alrededor de 70 micrómetros, es decir, unas 30 veces más que estas partículas.

Provienen de fuentes artificiales y naturales, entre ellas:

• La combustión de vehículos
• Los procesos industriales
• La generación de energía
• Los incendios forestales y las tormentas de arena

Un panorama regional con avances

Pese a los resultados para México, el informe documenta tendencias mayoritariamente positivas en América Latina. Casi dos tercios de las 325 ciudades de la región incluidas en la base de datos de IQAir redujeron su concentración promedio anual de PM2.5.

Además, seis de los 13 países y territorios del mundo que cumplieron con la guía de la OMS en 2025 pertenecen a América Latina y el Caribe: Barbados, Bermudas, Granada, Panamá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Un 12 % de las ciudades latinoamericanas también cumplió con el umbral de 5 μg/m³. Seis de ellas registraron mejor calidad del aire que Vancouver y cuatro superaron a Sídney.

Las ciudades con el aire más limpio

En el otro extremo del ranking regional destacan:

• Fortaleza (Brasil): 2 μg/m³
• San Juan (Puerto Rico): 2.3 μg/m³
• Mayagüez (Puerto Rico): 2.4 μg/m³
• Ciudad de Panamá: 3.3 μg/m³
• Brasilia (Brasil): 4.6 μg/m³

Entre las ciudades mexicanas consideradas en la comparación destacada del informe, ninguna figura en el grupo de las más limpias.

Políticas públicas y el caso de Chile

La calidad del aire puede cambiar de forma notable con el tiempo, según las fuentes de contaminación y las políticas ambientales de cada gobierno. En 2025, Chile desarrolló junto con las Naciones Unidas el Programa Acelerador de Naturaleza Positiva y Cero Emisiones Netas.

La iniciativa busca disminuir las emisiones mediante la descarbonización de la demanda energética y la expansión de la movilidad sostenible. También contempla restaurar bosques y humedales para reducir el riesgo de incendios forestales.

Perú, considerado el país más contaminado de la región cuando se toman en cuenta ciudades más pequeñas, ocupó el lugar 40 en una clasificación mundial de países.

¿Qué sigue?

Los datos de IQAir muestran que la región avanza en conjunto, aunque con grandes desigualdades. Uruguay y Puerto Rico figuran entre los casos que redujeron de forma significativa la proporción de su población expuesta a la contaminación atmosférica durante los últimos 15 años.

Las autoridades chilenas pidieron este viernes a Nicaragua “avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad” democrática, tras el voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde 2018, según informó EFE.

La petición llegó de boca de Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, durante la XXXI Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores del organismo, convocada en Washington de forma exclusiva para abordar el caso nicaragüense.

“Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática”, dijo el subsecretario chileno ante el pleno, según el comunicado difundido por la cancillería de su país y recogido por la agencia.

Qué resolvió la OEA sobre Nicaragua

La resolución, aprobada por consenso entre los países miembros, urge al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a “las acciones sistemáticas que han llevado al continuo desmantelamiento de la democracia”. El texto exige, entre otros puntos, la liberación de los presos políticos y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

También reclama el restablecimiento de la libertad de expresión y la creación de condiciones para “elecciones libres, justas e inclusivas”. La delegación chilena se ofreció a “contribuir a ese esfuerzo” y remarcó que una salida “democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional” es el camino para que Nicaragua retorne “a nuestra comunidad hemisférica”.

Para dar seguimiento al acuerdo, los cancilleres constituyeron un Grupo Ministerial que mantendrá diálogo con las autoridades nicaragüenses y la sociedad civil del país. Ese grupo deberá informar avances concretos hacia el restablecimiento democrático en un plazo de 60 días, según detalló la cancillería chilena a la agencia.

Durante la sesión también intervino Rosa María Payá, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien advirtió sobre “el grave deterioro democrático” del país.

El contexto que motivó la reunión extraordinaria

El pronunciamiento de Chile se produjo después de que Ortega anunciara que Nicaragua no celebrará más comicios, un giro que terminó de activar la convocatoria extraordinaria en la OEA. Según precisó Reuters, agencia de noticias internacional, la declaración del mandatario nicaragüense se produjo el 19 de julio, y tras ella el oficialismo impulsó una reforma constitucional que veta la participación electoral de quienes el régimen considera “traidores a la patria”, en referencia a sectores de la oposición.

La resolución final, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, careció de sanciones concretas contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia del país, informó EFE en su cobertura de la jornada en Washington.

La cita reunió apenas a siete cancilleres de los 32 países activos del organismo, entre ellos los de Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, mientras el resto de las delegaciones envió representantes de menor rango. El canciller dominicano, Víctor Bisonó, anunció además el cierre de la embajada de su país en Managua mientras persistan las condiciones de deterioro democrático, de acuerdo con el reporte de EFE.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció en el encuentro que el gobierno nicaragüense vetó el ingreso al país de la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, ratificada días antes por el Senado. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó como “urgente” que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los países miembros aplicar sanciones económicas y restricciones de viaje contra determinadas autoridades, sin afectar a la población civil.

Nicaragua no participó de la sesión: el país abandonó la OEA en 2023 por decisión del propio Ortega, en medio de las presiones diplomáticas que ya entonces cuestionaban la deriva autoritaria de su gobierno.

La pausa de la carrera de Jesse & Joy como dúo ha tomado otro significado y sigue proyectándose sobre los conciertos que los hermanos mantienen pendientes.

Cada mirada, distancia o gesto sobre el escenario ahora despierta preguntas entre sus seguidores, como ocurrió con videos grabados durante su reciente presentación en Santiago de Chile.

Los clips muestran a ambos interpretando algunos de sus temas más conocidos. Usuarios de redes sociales encendieron el debate en las últimas horas al señalar la distancia que Joy marca en cada interacción con Jesse y relacionaron el momento con la separación temporal.

El gesto de Joy junto a Jesse que abrió el debate

La grabación comenzó a circular en TikTok a través de la cuenta @pelinegra. A partir de esa publicación, el momento se convirtió en tema de conversación entre seguidores del dúo.

• Jesse se aproxima a Joy en medio de la interpretación de ¿Con quién se queda el perro? y ella toma distancia sobre el escenario.
• Algunos usuarios señalaron que la expresión de la cantante parecía seria durante ese instante.
• Las reacciones también cuestionaron la actitud de Jesse Huerta durante toda la interpretación.
• Varios comentarios hablaron de una presunta lucha por el protagonismo, pero esas versiones parten de comentarios en el propio video.

En este sentido, el video no aclara si existió un desacuerdo entre Jesse y Joy, pero llega en un momento en que la relación profesional de los hermanos está bajo mucha tensión.

Sin una explicación de los artistas, un acercamiento de segundos basta para que las redes construyan sus propias versiones sobre el futuro del dúo.

Otro ángulo del show alimentó las especulaciones en redes

La misma usuaria compartió otro video de la presentación en Chile mientras interpretan 3 A.M. En su publicación escribió que Joy no se acercaba ni por error a Jesse, lo que provocó que más personas revisaran los movimientos de los músicos durante el concierto.

• Algunos usuarios compararon la sonrisa de Jesse con la actitud que atribuyeron a Joy. Otros defendieron a la cantante y señalaron que tendría derecho a mantener distancia.
• Las publicaciones también retomaron mensajes de Mónica León, esposa de Jesse. Parte de los seguidores los interpretó como indirectas hacia Joy, aunque no hay una confirmación de que estuvieran relacionados con ella.

Hasta este 2 de octubre, ninguno ha emitido una postura sobre los videos. La escena deja una imagen abierta: los hermanos comparten escenario mientras sus seguidores buscan respuestas en cada gesto.

La separación del dúo cambia el significado de cada presentación

Cada aparición conjunta de Joy y Jesse recibe ahora una atención distinta. Los seguidores siguen sus gestos sobre el escenario desde que el dúo anunció una separación temporal en sus actividades.

• El 15 de septiembre se dio a conocer la pausa del proyecto. Los hermanos todavía deben cumplir presentaciones que ya tenían programadas como parte de sus compromisos musicales.
• Joy Huerta acudió sola a una conferencia el 22 de septiembre en el Auditorio Nacional. Jesse no asistió a ese encuentro con medios.
• La intérprete dijo que conoció la decisión de su hermano 20 minutos antes de que se difundiera el comunicado. También habló de la incertidumbre que siente ante una etapa profesional sin él.
• Jesse Huerta trabaja en un proyecto alterno llamado Jesse y Los Supernovas.
• Joy sabía de esa iniciativa, aunque sus declaraciones mostraron que no esperaba el anuncio de la pausa en ese momento.

De esta manera, la pausa no ha detenido los conciertos ya acordados, pero sí cambió el clima alrededor de cada presentación.

Mientras ambos cumplen con esas fechas, el público sigue atento a las señales que puedan anticipar qué pasará con Jesse & Joy cuando termine esta etapa.

En el sector conocido como Piedras Grandes de la comuna de Freirina (690 kms al norte de Santiago), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Atacama y autoridades locales realizaron esta jornada el lanzamiento del Desierto Florido 2026, cuyas primeras floraciones comenzaron a observarse durante la segunda quincena de agosto y este fin de semana llegará a su peak.

Este fenómeno natural extraordinario que ocurre en el desierto de Atacama, considerado el más árido del planeta, consiste en la aparición masiva de una gran diversidad de flores y vegetación que ocurre solo en años en que las precipitaciones invernales superan el rango normal (generalmente entre 15 y 30 milímetros), y que este año superaron los 150 mm.

Así, el agua despierta a millones de semillas, bulbos y tubérculos que permanecieron latentes y ocultos bajo la tierra durante años esperando la humedad justa, dando vida a más de 200 especies de plantas, muchas de ellas endémicas como la añañuca, la garra de león, los suspiros y la pata de guanaco.

El administrador del Parque Nacional Llanos de Challe, Moisés Grimber, aseguró que el peak de floración se dará este fin de semana y se extenderá hasta noviembre en varios sectores, según reza una nota del medio local Atacama Noticias.

“Hoy día vamos a tener una expresión completa de toda la diversidad de flores y plantas que se pueden ver en un fenómeno del Desierto Florido”, afirmó Grimber, quien explicó que gracias al superávit de agua en esta ocasión florecerán especies que en otras temporadas no siempre logran ver la luz.

“Vamos a ver seguramente muchas más amarillas, vamos a ver también las rojas y quizás nos encontremos con alguna sorpresa”, agregó Grimberg, recordando de paso que el año pasado científicos descubrieron dos nuevas especies.

Qué hacer y qué no

Sin embargo, este verdadero milagro de la naturaleza es sumamente frágil, razón por la cual desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado a no ingresar directamente a los campos floridos que no solo albergan plantas, sino también insectos, polinizadores y otras especies que forman parte del ciclo natural del desierto.

“Los invitamos a todos a disfrutar este tremendo fenómeno, pero hay que hacerlo de manera responsable. Es clave que todas las flores completen su ciclo, para que puedan dar semillas y después podamos tener esas semillas para los próximos fenómenos naturales”, recalcó Grimberg.

Así las cosas, las recomendaciones de la Conaf para visitar el desierto florido son las siguientes:

- Cuidado de la flora: No pisar, cortar ni manipular las flores. No debes recolectar semillas o bulbos, ya que solo crecen en su ambiente natural.

- Tránsito seguro: Utiliza únicamente los caminos vehiculares establecidos y transita solo por huellas o senderos demarcados. Estaciona solo en lugares habilitados.

- Cero mascotas: Está prohibido ingresar mascotas porque alteran el hábitat de la flora y fauna nativa (y están prohibidas en áreas protegidas).

- Respeto animal: No alimentes ni asustes a la fauna silvestre como guanacos o aves locales.

-Gestión de residuos: Llévate toda tu basura de vuelta a la ciudad.

Durante esta jornada se lleva a cabo en Santiago la formalización de 21 individuos acusados de tener vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal surgida en las cárceles brasileñas que opera a nivel mundial y fue detectada en Chile en 2022.

Siete de ellos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en el marco de la “Operación Sintonía 1533”, mientras que el resto ya se encontraban repartidos en otros nueve recintos penales condenados por diversos delitos, razón por la cual están siendo reformalizados.

En dichos allanamientos la policía logró decomisar armas, dinero en efectivo y más de 3 kilos de cocaína, sin embargo, no pudo dar con el paradero de Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci“, presunto miembro del PCC, sindicado también como uno de los autores materiales del robo y homicidio del cabo 2º de Carabineros, Alejandro Ortiz Vásquez, en la comuna santiaguina de Renca el pasado 27 de agosto.

Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29 años), el “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36 años), alias “Denis”, sus dos cómplices, ya están en prisión preventiva por dicho crimen, al igual que otros cinco detenidos que prestaron cobertura al momento de los hechos. Sin embargo, “El Franci” sigue libre y habría solicitado ayuda al PCC -donde es conocido como “Sagitario”-, para huir del país luego del asesinato del cabo Ortiz.

Según un reportaje de Meganoticias, el PCC evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo, y que el plan incluía llevar una camioneta para venderla en ese país. Ahora, es uno de los prófugos más buscados del país.

La investigación contra los PCC chilenos

De acuerdo con el medio citado, el Primer Comando de la Capital (PCC) estableció una célula en Chile con integrantes formalmente incorporados, líderes dentro y fuera de las cárceles y planes para exportar droga desde puertos chilenos.

La investigación comenzó en 2022, después de que autoridades policiales brasileñas advirtieran al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que habían detectado a ciudadanos chilenos que mantenían “fichas” dentro de los registros internos del PCC y ya habían sido “bautizados” por la organización.

Los acusados “llevan años formando parte de esta organización. Incluso, la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019″, señaló este jueves al inicio de la audiencia de formalización el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Su líder es Brian Eujenio Córdova, recluido actualmente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien aparece en las interceptaciones telefónicas como “Geral (general) do Chile”.

Otro de los acusados es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, alias “Negrinho”, también tras las rejas en el penal Santiago 1 y quien sería el encargado de reclutar miembros en Chile y dar el visto bueno para su “bautizo”.

El Segundo Tribunal Oral de Santiago condenó este jueves al ciudadano venezolano Maickel Villegas Rodríguez, como uno de los autores materiales del secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de 2024, y cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el campamento “Santa Marta” de la comuna santiaguina de Maipú, dentro de una maleta y enterrado bajo una losa de cemento de 1,4 metros.

Se trata del segundo miembro de la célula “Los Piratas de Aragua” condenado por el caso, puesto que el primero fue el adolescente de iniciales A.C. -quien tenía 17 años al momento del crimen-, sentenciado a cinco años de reclusión en régimen mixto (dos años en régimen cerrado y tres en semicerrado) en octubre de 2024, tras un procedimiento abreviado.

Según antecedentes de la carpeta investigativa, Villegas estuvo a cargo de prestar cobertura al grupo que llevó a cabo la operación y además grabó un video de Ojeda en calzoncillos y esposado, saliendo del edificio donde residía en la comuna santiaguina de Independencia.

La madrugada de ese 21 de febrero, Villegas y A.C. se apostaron en un Chevrolet Sail blanco en las afueras del edificio de la víctima en la comuna de Independencia para vigilar el lugar.

Pasadas las 03:00 horas, vestidos como detectives de la PDI y en un vehículo Nissan Versa gris con una baliza en el techo, llegaron los otros cinco involucrados: Walter Rodríguez Pérez; Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”; Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo.

Uno de ellos mostró un orden de detención falsa al conserje de esa noche, y luego el grupo se dirigió hasta el piso 14 para voltear la puerta de Ojeda con un ariete.

Lo sujetos intimidaron a Ojeda, quien dormía junto a su esposa y su hijo menor de edad, “mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayéndole además dos teléfonos celulares de propiedad de la víctima, trasladándolo luego, contra su voluntad, al exterior del departamento, transitando por el pasillo hacia el ascensor, manteniéndolo uno de ellos, todo el tiempo tomado del cuello y esposado, bajando con la víctima así retenida hasta el primer piso del edificio”.

Afuera, Villegas y el adolescente grabaron un video para enviarlo a los jefes y dar cuenta de que la primera parte de la operación ya estaba cumplida.

En la huida, el Nissan Versa quedó en panne y fue Villegas quien acudió a apoyarlos, junto a otro auto, un Hyundai I10. Los raptores se distribuyeron en ambos vehículos, y el Sail de Villegas con tres de los falsos policías se dirigió hasta una primera casa de seguridad en San Bernardo, donde sujetos chilenos salieron con sábanas para cubrirlos e ingresarlos al lugar.

El gran error de Villegas fue que tras el plagio pasó a cargar combustible, pagó con una tarjeta e incluso dio los datos de su DNI, a fin de no perderse el descuento, gracias a lo cual fue posible identificarlo.

Así las cosas, la lectura de sentencia fue fijada por el tribunal para el próximo 15 de octubre.

Fiscalía pide 20 años

Cabe recordar que el Ministerio Público sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela por motivos políticos. De hecho, uno de los detenidos -testigo reservado-, aseguró que la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde Diosdado Cabello.

“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló CHV Noticias

Y aunque el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no logró acreditar el móvil político a lo largo del juicio oral, de todas maneras aseguró estar “conforme” con el fallo.

“Lo que más nos conforma en este caso es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia ya con el primer imputado que hemos traído a juicio oral, y espero que estén muy conformes también con el resultado del juicio, que es lo que finalmente nos tiene que importar, que la familia tenga la justicia que quiere y que necesita”, sostuvo.

El persecutor agregó que espera probar su tesis cuando sea el juicio “donde están los líderes máximos de esta organización criminal, que son ellos los que finalmente hacen las negociaciones”.

Ello, pues Villegas “prestaba cobertura a la estructura criminal y está en los eslabones operativos más inferiores de la estructura criminal. Por lo tanto, ni siquiera él probablemente supiese qué es lo que pasaba más arriba”.

Barros adelantó que pedirán 20 años de cárcel para Villegas y que el 20 de octubre partirá el segundo juicio oral contra otros 18 imputados, “donde están justamente los eslabones que son los operativos, que son los que ejecutan materialmente el hecho, y aquellos que participan también en la ocultación de su cuerpo en la toma Santa Marta”.

“Y luego de eso nos queda la causa abierta todavía, donde está ‘Carlos Bobby’, que es el líder para Sudamérica, ‘El Turko’, que era el líder para Chile, y los otros sujetos que hemos ido extraditando desde los distintos países en que los hemos detenido”, remató el fiscal que ha llevado a cabo la investigación desde el primer día.

En una guerra de dimes y diretes se enfrascaron este miércoles el senador comunista Daniel Núñez y el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd. Mientras el primero aseguró que no le dieron la visa para viajar a EEUU por razones de tiempo, el segundo sostuvo que nunca recibieron una solicitud suya y acusó una “mentira descarada” por parte del parlamentario.

Todo comenzó cuando Núñez explicó a la prensa las razones por las que no pudo asistir a una asamblea parlamentaria de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Nueva York, la que se realizó en paralelo a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

“Hice las gestiones, lo que conllevó sacar mi pasaporte diplomático, que no lo había sacado, y hacer la solicitud de visa a Estados Unidos. El encargado de Relaciones Internacionales (del Congreso) me dijo que por los plazos no había posibilidad de sacar esa visa y eso significó que yo no pude viajar”, sostuvo.

“Lo que uno entiende es que, cuando se hace un evento de esta magnitud, la Asamblea de Naciones Unidas, son los Estados que organizan el evento y que tienen la sede, los que facilitan el acceso a las visas”, agregó el parlamentario.

Y a renglón seguido se despachó una publicación en su cuenta de X, emplazando a la embajada de EEUU a explicar “por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria. Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo. ¿Qué más vendrá con el Escudo de Las Américas?“.

“Mentira descarada”

La respuesta desde la legación norteamericana no se hizo esperar y fue el propio embajador quien retrucó a través de la misma red social.

“Cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada“, aseguró Judd.

“El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, agregó Judd.

“No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”, remató el diplomático.

La réplica del senador Núñez vino casi de inmediato: “Qué bueno saber de boca del embajador Judd que EEUU no aplica vetos. Podría recordárselo al Pdte Trump, quien vetó a CNN y otros medios (...) La negativa de mi visa me fue informada por la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado. No acepto que se ponga en duda mi palabra”, refutó.

Senado niega gestiones

Sin embargo, esta jornada desde la Cámara Alta respaldaron las palabras del embajador estadounidense. Mediante un comunicado de prensa firmado por el presidente subrogante del Senado, Iván Moreira, garantizó que “ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador”.

De acuerdo al documento, el Senado “no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la embajada de Estados Unidos de América vinculada a dicha materia”.

A pesar de ellos, horas después el senador Núñez volvió a la carga y en conversación con Radio ADN, insistió en que “la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje”.

“Cuando parte esta conversación que yo tuve con el equipo de Relaciones Internacionales del Senado, ellos me dicen: nosotros gestionamos la visa con la embajada, pero va a ser difícil, porque Estados Unidos pone muchas exigencias. Usted sabe cómo es. Todos nos hemos enterado por la prensa de las restricciones que tiene”, cerró el parlamentario de oposición.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó esta jornada la muerte de un trabajador de la mina Radomiro Tomic de la estatal Codelco, ubicada en la comuna de Calama, a unos 1.670 kilómetros al norte de la capital y 3.000 metros sobre el nivel del mar, luego de quedar atrapado por una cinta transportadora, según antecedentes preliminares.

“Sernageomin lamenta informar un accidente fatal ocurrido durante esta jornada en la mina Radomiro Tomic de Codelco Chile, región de Antofagasta. Un equipo de nuestra Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, señalaron mediante una publicación en su cuenta de X.

Piden “investigación exhaustiva”

Según varios medios de prensa, el trabajador fue identificado como Waldo Castillo y pertenecería a una empresa externa a Codelco, la que activó de inmediato sus protocolos internos. En tanto, desde el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmaron que el minero fallecido pertenecía al gremio, y detallaron que su muerte se produjo mientras realizaba labores de mantención a una pala de extracción.

Debido a esto, exigieron que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva” y recalcaron la necesidad de garantizar condiciones seguras para los mineros.

Su muerte se suma a la de otros dos trabajadores fallecidos en accidentes mineros en lo que va del 2026 en la región de Antofagasta. El último caso ocurrió el pasado 23 de septiembre en Minera Escondida, donde un trabajador murió mientras realizaba, también, labores de mantención.

El Gobierno de José Antonio Kast expulsó este miércoles a otros 40 extranjeros con destino a Colombia y Perú -buena parte de ellos con antecedentes penales -, elevando así el número de deportados durante su administración a 1.468 personas.

En detalle, 32 ciudadanos colombianos y 8 peruanos fueron embarcados, 28 de los cuales tenían asuntos pendientes con la justicia. Los más conspicuos son sin duda el colombiano John Freddy Vivas Lucumi, quien tenía cuatro causas por amenazas y una por lesiones graves en diversos tribunales de la región de Ñuble, y Brillith Risco Tejad, imputada en Chile por robo con violencia y requerida por un tribunal peruano acusada de lesiones graves.

El resto también mantenía antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo con violencia, robo por sorpresa y robo con intimidación, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, violencia intrafamiliar y porte de arma de fuego.

1.764 expulsadas en 2026

De acuerdo al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con este noveno vuelo se elevan a 1.764 la cantidad de personas expulsadas en 2026, “que se complementan y suman a los más de 10 mil salidas voluntarias que hoy día tenemos, donde más del 70% de ellos son personas de nacionalidad venezolana”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que el número de expulsiones este año supera en un 64,9% al total de 2022, en un 86,5% al de 2023, en un 60% al de 2024 y en un 39% a las ejecutadas en 2025.

“Esto significa que, en promedio, nuestro Gobierno, en coordinación con la Policía de Investigaciones y con el Servicio de Migraciones, en promedio, ha expulsado 200 extranjeros mensuales y más de seis expulsiones diarias, lo que nos parece que es una cifra relevante de la forma en que se ha ido llevando adelante el Plan de Reordenamiento Migratorio”, remató la autoridad.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este miércoles los lineamientos del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que prevé un aumento del gasto público del 1,5% y concentra recursos en obras públicas, empleo, seguridad, educación, salud y reconstrucción. El mandatario sostuvo que las proyecciones iniciales situaban el alza del gasto entre 0% y 1%. “Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el trabajo”, afirmó.

“El Presupuesto 2027 crece un 1,5 % respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal”, señaló Kast en una cadena nacional desde el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Kast fijó como prioridades la reconstrucción, la seguridad y la protección de la niñez, aunque indicó que educación y salud concentran las mayores partidas. El presupuesto educativo alcanzará 17,3 millones de millones de pesos, equivalentes a USD 17.777 millones, y crecerá un 4,7%. “La educación es una de las mayores inversiones de este presupuesto, 17,3 billones de pesos (17.777 millones de dólares), el segundo más grande en el Estado y solo superado por salud”, indicó el mandatario y sumó: “No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo”.

El jefe de Estado señaló que más de 600 de cada 1.000 pesos del gasto estatal irán a pensiones, salud y educación. “Esa es la parte que este presupuesto protege”, expresó, al referirse a los recursos destinados a esas áreas. El Ejecutivo anunció además una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones del país. Kast sostuvo que los proyectos buscarán crear puestos de trabajo y se ejecutarán con mano de obra local. “Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona”, dijo. Respecto a este área, señaló que hay 980.000 personas buscando empleo en Chile sin encontrarlo y confirmó la continuación de un plan anunciado el lunes para crear más de 100.000 empleos.

El Gobierno también incorporará recursos para la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa destinada a atender zonas afectadas por catástrofes, incendios y temporales.

En materia de seguridad, el proyecto contempla 7 millones de millones de pesos, equivalentes a USD 7.224 millones, un aumento del 9,1% frente a este año. El mandatario indicó que esos fondos se destinarán a efectivos desplegados en las calles, controles fronterizos y resguardo de cárceles.

Kast anunció que el Servicio de Migraciones incrementará su presupuesto en un tercio para financiar expulsiones de personas que no tengan derecho a permanecer en Chile. También informó la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial, orientada a investigar a organizaciones criminales con actividad en varias regiones.

La partida para niñez aumentará un 4,1%, mientras que la Pensión Garantizada Universal alcanzará a más de 2,2 millones de personas mayores. El proyecto ingresó el miércoles al Congreso, donde diputados y senadores tendrán 60 días para revisar y discutir las partidas propuestas para 2027.

“El Congreso es capaz de llegar a acuerdos. Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera. Las urgencias de los chilenos, la urgencia de volver a vivir mejor, no tienen color político”, afirmó Kast.

El gasto público de Chile en educación, desde el nivel primario hasta el terciario, aumentó del 4% al 4,4% del producto interno bruto (PIB) entre 2015 y 2023, mientras el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendió del 4,4% al 4,2% durante el mismo período.

La educación inicial presenta una brecha frente al promedio del bloque. En 2024, el 79% de los niños chilenos de entre tres y seis años estaba matriculado, frente al 90% registrado en el conjunto de la OCDE. La diferencia también aparece en la formación de la población adulta. El 37% de los adultos en Chile contaba con estudios terciarios en 2024, seis puntos porcentuales por debajo del promedio de 43% entre los miembros de la organización. En sentido contrario, el 42% de los adultos chilenos tenía educación secundaria superior o estudios postsecundarios no terciarios, una proporción superior a la media de la OCDE.

(Con información de EFE)

El material incluye un gráfico del mapa de América del Sur con el territorio chileno resaltado en rojo y la leyenda “Average rugby match in Chile” (“Un partido promedio de rugby en Chile”), una broma visual que recurre a la particular y alargada geografía de la nación sudamericana.

La publicación en broma coincidió con la preparación de la proximidad deportiva entre ambas naciones en el plano internacional. Nueva Zelanda y Chile compartirán el Grupo A en el marco del Mundial de Rugby 2027, certamen que se disputará en Australia y que reunirá a las principales potencias planetarias junto con los equipos emergentes que lograron su clasificación en los torneos regionales.

El cruce entre la escuadra oceánica y el combinado sudamericano quedó fijado para el 2 de octubre de 2027 en el Perth Stadium. El sorteo oficial determinó que Los Cóndores, denominación con la que se conoce a la selección chilena, integren la zona junto con el conjunto tricampeón del mundo, la selección anfitriona de Australia y la representación de Hong Kong China. Aquel encuentro significará un hecho inédito en el historial de competencias oficiales de la máxima categoría para el seleccionado sudamericano.

El proceso del equipo trasandino consolidó una etapa de crecimiento sostenido bajo la conducción técnica del uruguayo Pablo Lemoine. Tras haber competido por primera vez en su historia en la Copa del Mundo de Francia 2023, la selección chilena aseguró su boleto al certamen de 2027 luego de superar a Samoa en las fases clasificatorias. Con este resultado, el equipo chileno finalizó el ciclo internacional posicionado entre las 17 mejores naciones del escalafón global, lo que le permitió ubicarse en el tercer bombo del sorteo. En la actualidad se encuentra en el puesto 16.

De cara a los compromisos previos a la cita ecuménica, el seleccionado de Chile afrontará una agenda internacional exigente a finales de 2026. Como parte de su participación en la World Rugby Nations Cup, el equipo chileno viajará a Europa para enfrentarse a Portugal el 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. Una semana después, el 14 de noviembre de 2026, Los Cóndores jugarán frente a la selección de España en el Estadio de Butarque, situado en la ciudad de Leganés.

Por su parte, el seleccionado de Nueva Zelanda mantiene un calendario de alta exigencia bajo la dirección de Dave Rennie. Los All Blacks cerrarán la temporada 2026 con la disputa de la tradicional Bledisloe Cup frente al seleccionado de Australia. El primer enfrentamiento está programado para el 10 de octubre de 2026 en el estadio Eden Park de Auckland, mientras que la revancha se disputará el 17 de octubre de 2026 en el Accor Stadium de Sídney.

Posteriormente, el conjunto neozelandés emprenderá una gira por el hemisferio norte durante el mes de noviembre de 2026 para disputar los encuentros correspondientes a la Nations Championship. El itinerario de los oceánicos comprende compromisos sucesivos ante Escocia en el estadio Murrayfield de Edimburgo el 7 de noviembre de 2026, frente a Gales en el Principality Stadium de Cardiff el 14 de noviembre de 2026, y ante Inglaterra en el Allianz Stadium de Twickenham el 21 de noviembre de 2026.

Dos jóvenes de 22 años que huyeron de una fiscalización policial fallecieron baleados por carabineros la madrugada de este martes en la comuna santiaguina de Cerrillos. Desde la institución aseguran que los individuos intentaron atropellar a los uniformados, sin embargo, sus familiares insisten en que no existen evidencias de ello y piden una investigación formal.

Todo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el Mazda 3 gris que conducían huyó de un control policial en la comuna de Lo Espejo. Se dio inicio entonces a una persecución, la que finalizó cuando el vehículo se vio rodeado y quedó encajonado en un pasaje sin salida.

Al intentar retroceder, los jóvenes chocaron a un patrulla policial y de acuerdo al subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, “en ese momento, el vehículo dirige la marcha contra personal de Carabineros, por lo que hacen uso de su arma de fuego”, impactando a ambos individuos.

Según trascendió, los ocupantes del Mazda no portaban armas de fuego, por lo que no hubo intercambio de disparos y ningún carabinero resultó herido. El vehículo tampoco tenía encargo por robo, pero uno de los fallecidos sí tenía antecedentes penales y de hecho, pendían sobre él tres órdenes de detención, dos por receptación de artículo robado y una por robo con intimidación.

Familias piden una investigación formal

Debido a esto, la familia de los muchachos pide que se abra una investigación, a fin de determinar si los uniformados actuaron de manera justificada.

Un hermano del chofer, identificado como Moisés, señaló a BioBíoChile que “mi hermano venía de la pega (trabajo), nos juntamos en la casa de un amigo en Lo Espejo (...) Salimos de la casa los dos vehículos juntos, a lo que la policía nos detiene. Mi hermano tomó la decisión de evadir el control y arrancar”, admitió.

“Se asustó yo creo, lo más probable por sus temas legales. Pero temas de armamento o algo ilícito, doy fe de que no llevaba armas, nada”, agregó.

Moisés aseguró que los uniformados apenas prestaron ayuda los jóvenes heridos, y dudó del supuesto intento de atropello puesto que “el auto no tiene ningún tipo de choque y los casquillos de las balas de carabineros están a los costados. Me daba como la impresión de que tiraban directo a matar, y por los lados. Si hubiera habido un intento de atropello, estarían las balas directas en el parabrisas”

“Quiero que se aclare, para ver si es que fueron necesarios los impactos de balas directos a matar, o puede haber habido otra salida, por ejemplo, que dispararan a los neumáticos”, demandó.

Por otra parte, otro hermano del joven que iba como copiloto, identificado como Benjamín, sostuvo al medio citado que “en ningún momento hubo un intento de atropello a un funcionario. Si se percatan, no hubo siquiera disparos en el parabrisas como tendría que haber sido, sino que fue directamente en el (vidrio) lateral, ambos del conductor y el copiloto, dos casquillos por un lado y tres casquillos por el otro”, argumentó.

Cuatro sujetos -un dominicano, dos venezolanos y un chileno-, fueron detenidos en 48 horas en dos operativos policiales en la Región de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), los que permitieron decomisar alrededor de 700 kilos drogas entre cocaína, marihuana y pasta base avaluados en unos $4.500 millones de pesos (más de USD 4,6 millones). Todos serán formalizados este jueves por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ambas pesquisas fueron llevadas a cabo en conjunto por la Fiscalía local y el OS7 de Carabineros y la primera se desarrolló durante la tarde del pasado domingo, cuando uniformados que realizaban una fiscalización en el sector conocido como “La Negra” detectaron un vehículo acondicionado con varios compartimentos para esconder droga.

Tras el interrogatorio de rigor, los uniformados llegaron hasta un domicilio en la ciudad de Antofagasta donde hallaron 103 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En medio de dicho allanamiento, los agentes policiales pudieron establecer que otro cargamento de similares características iba en camino hacia Santiago, por lo que de inmediato se ordenó interceptarlo, cuestión que ocurrió en la Región de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), logrando los efectivos policiales incautar, esta vez, 103 kilos 700 gramos de la misma droga y elevando el decomiso total a unos exactos 207 kilos.

3 millones de dosis fuera de circulación

El segundo operativo se llevó a cabo la madrugada de este martes, mientras la policía patrullaba diversos pasos no habilitados en plena pampa. En uno de ellos divisaron una camioneta cuyos ocupantes, al verse sorprendidos, pusieron pies en polvorosa adentrándose en el desierto.

Al interior del vehículo, los uniformados encontraron 484 kilos 660 gramos de marihuana y 8 kilos 90 gramos de cocaína base, y se estableció que la camioneta tenía encargo por robo en Santiago y circulaba con las patentes clonadas.

“Como nos muestran estos procedimientos, las incautaciones no sólo se producen en frontera, sino que también en ciudades, en carreteras e incluso en la pampa, y esa es una característica muy destacable, pues, tal como ha dicho nuestro Fiscal Regional, no hay espacio al que no podamos llegar”, señaló el fiscal Cristian Aguilar, según consignó Antofagasta TV.

Por su parte, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, agregó que gracias a los dos operativos fue posible sacar de circulación alrededor de 3 millones de dosis de drogas.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández Valenzuela, valoró la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros de Chile, cuya labor en la región marca récords nacionales pues en lo que va del año, los decomisos de drogas superan las 59 toneladas, un alza de 181% respecto a 2025.

Autoridades chilenas de la Región de Magallanes abordaron las quejas argentinas por la apertura de una ruta de comercio marítima entre la ciudad de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) y las islas Malvinas, calificándolas como “una patudez”, y defendieron su derecho a “comerciar con cualquier parte del mundo”.

Cabe recordar que a principios de este mes, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina.

La idea es disputarle el abastecimiento de la isla a Uruguay, ruta que contempla unos 2.000 kilómetros por mar y se reduce a la mitad desde Punta Arenas, disminuyendo considerablemente los costos.

Por estos días una delegación de unos 40 empresarios ingleses se encuentra en dicha ciudad para discutir de negocios con proveedores chilenos, mientras que el primer viaje con alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos ya está programado para noviembre.

Para peor, este lunes, el Gobierno de Javier Milei acusó a la empresa Thales UK Limited de operar vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, y anunció multas y denuncias penales en su contra.

En tanto, el Gobierno chileno ha dejado claro que reconoce el “legítimo derecho de Argentina a la soberanía en las Islas Malvinas”, tal como recalcó este lunes durante su interpelación ante el Congreso el canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien también calificó al Reino Unido como un “país amigo” y defendió los nuevos lazos comerciales por tratarse de un “acuerdo entre privados”.

Sus dichos fueron retrucados rápidamente por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien optó por ponerle paños fríos a la polémica y recordó el compromiso asumido por el presidente José Antonio Kast con Javier Milei de respaldar la demanda argentina, tras su última reunión en Santiago.

“O sea, tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente que esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos (...). Palabra de Presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”, afirmó Quirno.

“Una patudez”

Así las cosas, autoridades de Magallanes rechazaron los reclamos argentinos y el primero en comentar fue el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi , quien calificó como “una patudez y una intromisión lo que está haciendo Argentina respecto al comercio entre la región de Magallanes y las Islas Malvinas o Falklands, que no puede ser permitido”, según consigna una nota de BioBíoChile.

De acuerdo al parlamentario, “hay que separar dos cosas: Chile tiene una posición histórica respecto a las Malvinas y esa definición la ha mantenido; pero una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido no puede transformarse en un bloqueo económico para Magallanes”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo en entrevista con EmolTV que “lo que estamos haciendo es retomar un vínculo marítimo, porque existe el aéreo, de un comercio que hoy se lo lleva íntegramente Montevideo. Lo que buscamos finalmente es que este comercio, que es muy importante, ahora quede en manos de nuestras pymes locales”.

Según el edil, “no estamos bajo ningún punto de vista violentando ningún tratado internacional ni la Convención del Mar firmado por ambos países (...) Hoy las compras que requieren las islas, las provee directamente Montevideo a 100 kilómetros de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es, finalmente -Uruguay está en el Mercosur también, para contextualizar-, que este comercio vuelva a nuestra ciudad como siempre se hizo”.

“El comercio que hoy tienen las islas viene de un país miembro del Mercosur. Chile es asociado al Mercosur. Por lo tanto, no puedo entender, ni menos aceptar que se discrimine a nuestra ciudad respecto de Montevideo. No estamos haciendo nada fuera del marco legal. Chile es un país soberano, y también reivindico el derecho de nuestra ciudad a comerciar con cualquier parte del mundo. El libre comercio no puede tener letra chica según convenga o no convenga. Aquí lo que estamos haciendo es comercio con comercio entre pymes locales y nada más”, remató Radonich.