Una mujer de 42 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar. El hecho se registró durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en las instalaciones ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Durante el procedimiento, una patrullera notó comportamientos sospechosos en la visitante y decidió inspeccionar cuidadosamente su calzado. En su interior, hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, según informaron las autoridades, tenían como destino a un detenido recluido en esa sede policial.

Estrategias de control y procedimientos institucionales

La Policía Metropolitana de Valledupar señaló el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles forman parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estaciones y centros de detención, teniendo en cuenta que la presencia de estupefacientes suele generar conflictos, riñas y problemas de convivencia interna.

Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, que explicó que los operativos de verificación son permanentes y se desarrollan bajo estrictos protocolos institucionales para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familiares.

Consecuencias legales y acciones posteriores

Tras el hallazgo de los estupefacientes, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados se encargaron de leerle sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial en las próximas horas.

En cuanto a las sustancias incautadas, las autoridades locales informaron que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio para la investigación que se abrió en contra de la mujer involucrada y el interno para verificar el objetivo de este hecho que fue ampliamente rechazado por la institución.

Debido a la gravedad del caso, la Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los controles en estaciones y centros de detención en todo el área metropolitana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y preservar la seguridad institucional.

Cabe mencionar que este no es el único avance relacionado con el tráfico de drogas en el norte del país, puesto que los uniformados continúan trabajando para evitar que las organizaciones dedicadas a su elaboración y distribución continúen afectando la salud de los consumidores e incrementando la inseguridad.

En la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba logró la judicialización de Sindy María Hurtado Arango por su presunta implicación en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes afectando la seguridad en varios municipios de Córdoba.

Desde septiembre de 2024, según determinó la investigación de las EDA, la mujer señalada como responsable por este delito habría coordinado la distribución de marihuana y cocaína en puntos fijos y a domicilio. Del mismo modo, el reporte oficial indica que los hechos ocurrieron en los barrios Juan Carlos y Villa Helia de San Andrés de Sotavento, así como en Belén de Tuchín y Villa Fátima de Chinú.

La información entregada por el ente judicial confirmó que las interceptaciones de comunicaciones, seguimientos a personas y objetos, además de entrevistas y testimonios, fueron algunas de las diligencias de policía judicial que sustentaron la imputación de cargos.

Según el Código Penal, el ingreso, tránsito, transporte, almacenamiento, elaboración, venta, adquisición o suministro de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas, sin el permiso de la autoridad competente conlleva una pena de prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al menos 10 personas resultaron heridas tras el volcamiento lateral de un bus de Copetran en la vía que conecta Cesar y Santander. El accidente ocurrió en San Alberto, según reportaron algunos medios locales.

La causa del siniestro, que se presentó en horas de la mañana del 17 de abril de 2026, aún no ha sido establecida, de acuerdo con los informes iniciales.

La cifra de lesionados no ha sido confirmada por las fuentes oficiales tras el incidente en el trayecto interdepartamental.

En la imagen se observa un accidente vial en el que un bus se encuentra de costado sobre la vía. Varias personas, algunas con mochilas y ropa de colores llamativos, se concentran alrededor del vehículo, algunas sentadas o en cuclillas, aparentemente recibiendo atención o esperando ayuda.

Hay dos motocicletas estacionadas cerca y al fondo se distingue una ambulancia con las luces encendidas, lo que indica la presencia de servicios de salud en el lugar. La emergencia se presentó en un lugar de ruralidad, que permitió que no se presentaran daños a la infraestructura por haber golpeado un objeto contundente o una emergencia mayor, teniendo en cuenta que el clima parece lluvioso o húmedo, ya que algunas personas llevan puestos impermeables.

Infobae Colombia intentó comunicarse con las autoridades correspondientes para obtener más información del siniestro; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, no había sido posible obtener respuesta.

Joven murió tras chocar frente a la sede de Tránsito en La Paz, Cesar

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de la sede de Tránsito de La Paz, en Cesar, provocó la muerte de Luis Ángel Martínez Villadiego durante la madrugada del domingo, según información preliminar citada por El Pilón. El siniestro tuvo lugar a las 1:30 a. m., cuando la víctima conducía una motocicleta Boxer por la vía y perdió el control, golpeando unas vallas ubicadas en el sector.

Luego de la colisión, el hombre fue atendido por personal médico y trasladado en ambulancia a la Clínica Simón Bolívar, en Valledupar, donde falleció pese a los intentos de reanimación, de acuerdo con los datos reportados por El Pilón. Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas exactas y las circunstancias en las que se produjo el accidente, mientras el cuerpo permanece en el centro médico a la espera de la localización de familiares.

Las primeras versiones recogidas por El Pilón indican que Martínez Villadiego habría perdido el control del vehículo, lo que derivó en el impacto de alta gravedad y las lesiones que finalmente resultaron fatales.

Más de 160 personas han muerto este año por accidentes en Bogotá

Más de 160 personas han muerto en lo que va de 2026 por accidentes viales en Bogotá, según informó la Secretaría de Movilidad. La cifra, que corresponde al periodo entre el 1 de enero y el 5 de abril, representa un aumento del 13 % respecto al año anterior, cuando se registraron 18 muertes menos en circunstancias similares, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la entidad.

El riesgo para los usuarios vulnerables se evidencia en que los adultos mayores peatones representan una proporción significativa de víctimas, según el balance presentado por la Secretaría de Movilidad. Además, el 71 % de los accidentes mortales ocurre en vías arteriales, en especial sobre la avenida NQS entre las calles 1 y 68, donde se han reportado 13 fallecidos en lo que va del año.

Las autoridades señalan que los días martes y miércoles concentran la mayoría de las fatalidades, y el 15 % de estos hechos sucede entre las 10:00 p. m. y las 12:00 a. m.

Casi la mitad de las muertes corresponde a conductores de motocicleta, con un 44 % del total. Les siguen peatones (38 %), ciclistas (14 %) y ocupantes de vehículos de cuatro ruedas o más (4 %). En el 62 % de los accidentes fatales participaron motocicletas, siendo frecuente la colisión entre estos vehículos y peatones, seguida de incidentes con transporte de carga.

Una patrullera del Departamento de Policía de Cesar resultó gravemente herida durante la noche del martes 24 de marzo en el municipio de Curumaní, tras ser atacada por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta, cerca de la Alcaldía municipal.

El hecho se produjo hacia las 11:00 a. m. en la calle 7 con carrera 16, en un contexto de creciente violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.

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La víctima, Soraya Montoya, recibió un disparo en el rostro mientras realizaba labores de seguridad y registro en compañía de otro uniformado. De acuerdo con los reportes oficiales, fue trasladada inicialmente a un hospital local y, debido a la gravedad de la herida, remitida posteriormente a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permanece bajo observación médica. El ataque generó pánico entre los habitantes y elevó el nivel de alerta en el poblado.

“El día 24 de marzo a las 11:15 p. m. aproximadamente, se registró una acción criminal en contra de dos uniformados adscritos a la estación de Policía Curumaní, momentos en que se encontraban garantizando la seguridad y convivencia en el municipio. En el hecho se presenta la lesión por arma de fuego de una señorita patrullera de policía, quien fue remitida de inmediato a una clínica en la ciudad de Valledupar”, detalló puntualmente el comandante de la Policía de Cesar, William Javier Morales.

Morales destacó la presencia del frente Camilo Torres Restrepo del ELN en la zona y aseguró que “la Policía Nacional rechaza de forma categórica este hecho y de forma inmediata se desplegó un operativo especial en la zona con el fin de ubicar y capturar a los responsables”.

Las autoridades han intensificado los operativos de control y desplegado un plan candado en las salidas del municipio para impedir la huida de los atacantes, que habrían escapado por la vía El Tigre. Un equipo especial analiza las cámaras de seguridad de la zona y recopila testimonios de testigos presenciales para identificar a los responsables.

Hipótesis sobre el móvil del ataque

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, informó que se adelantan verificaciones para determinar si el hecho corresponde a un plan pistola ordenado por el ELN, o si se trata de una retaliación por las acciones de la fuerza pública en la región.

“Se está analizando si realmente fue un ‘plan pistola’. Podría tratarse de una retaliación en contra de la fuerza pública por los continuos operativos y capturas que se están llevando a cabo en el municipio y la región”, afirmó Esquivel.

Curumaní, que funciona como distrito de Policía con 65 uniformados, ha sido escenario de operativos recientes contra estructuras ilegales. Las autoridades descartan, por el momento, que el ataque sea una reacción directa contra acciones específicas, aunque no se descartan nuevas hipótesis.

Desaparecieron cuatro jóvenes en Coromoro, Santander: ELN estaría involucrado

Las autoridades en Santander investigan la desaparición de cuatro jóvenes en el municipio de Coromoro, ocurrida entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026.

Se trata de María Fernanda Cáceres Bernal, de 14 años; Yesenia Ochoa Solano, de 13; y Branddy Alexander Joya Cáceres y Dairo Farid Moreno Niño, ambos de 16, cuyos casos fueron reportados por sus familias en distintos momentos.

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, indicó que gracias a las denuncias se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente con el apoyo de la Policía Nacional, la Alcaldía y la comisaría de familia.

Según Hernández, “son unas noticias que se enrutan a partir del mecanismo de búsqueda urgente a través de cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos en diferentes tiempos en el municipio de Coromoro”.

La presencia del ELN en la zona es uno de los factores que genera preocupación entre las autoridades, que no descartan su posible participación en los hechos. Entre tanto, se realizó un consejo extraordinario de seguridad el 20 de marzo, y se espera otro encuentro para fortalecer las acciones territoriales y articular esfuerzos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

La polémica elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), el lunes 9 de marzo de 2026, vivió una particularidad tras la participación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro investigada por presuntas irregularidades en sus títulos académicos.

Guerrero reapareció públicamente como delegada del Gobierno en el Consejo Superior Universitario y presenció la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector para el periodo 2026-2030.

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Al respecto, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Juan López Nacimiento, cuestionó en entrevista con Caracol Radio la transparencia del proceso y denunció intereses políticos en la elección.

López afirmó que la situación no es exclusiva de la UPC, sino parte de una tendencia nacional en la que actores políticos buscan influir en universidades públicas. “En todo el país se han visto intenciones por parte de actores políticos, particularmente del Gobierno, en tomar las universidades”, afirmó en la entrevista.

Críticas estudiantiles al proceso de elección del rector

Según López, la elección de Echevarría Gil se realizó en una sesión de solo ocho minutos, tras la llegada de un documento con advertencias legales sobre los aspirantes.

“Alcancé a subir a las 8:10 a. m.; me informan que ya habían designado”, relató el representante estudiantil. En la grabación de la sesión se habría observado la falta de revisión de los requisitos para el cargo y una votación que finalizó con cinco votos a favor y ninguno en contra.

López criticó al medio citado la diferencia de criterios frente a otros casos nacionales: “Sorprende además en gran medida por parte del Ministerio de Educación y por el mismo Gobierno Nacional que en otras universidades como la Universidad del Atlántico han hecho incluso suspensión del rector aduciendo que no se hicieron esa serie de análisis y acá el mismo Ministerio, el mismo Gobierno no hace ese análisis y, por el contrario, de forma exprés toma esa decisión”.

Sectores estudiantiles y académicos pidieron mayor transparencia, mientras que la rapidez de la sesión y el resultado habría despertado dudas sobre la influencia política en la UPC, especialmente tras versiones que vinculan a Echevarría Gil con el representante a la Cámara Alfredo “Ape” Cuello.

El proceso judicial de Juliana Guerrero

La presencia de Guerrero en la votación fue especialmente controvertida debido a que enfrenta un proceso penal por presunto uso de títulos falsos expedidos por la Fundación Universitaria San José, que incluso anuló oficialmente su título profesional tras detectar irregularidades en la expedición.

Según la Fiscalía, Guerrero habría obtenido en apenas dos semanas el título de contadora pública, sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito esencial para graduarse en Colombia.

Las investigaciones también determinaron que no existen registros de asistencia ni cumplimiento de requisitos académicos en el Sena Regional Cesar, institución en la que presuntamente habría realizado estudios previos.

La Fundación Universitaria San José anuló su título profesional al constatar las inconsistencias. Durante la diligencia judicial programada para el 10 de marzo de 2026, Guerrero solicitó un nuevo aplazamiento porque “por la notoriedad pública del caso” no ha podido contratar un abogado de confianza.

En comunicación dirigida a la fiscal del caso, expresó su “plena disposición de comparecer a las audiencias correspondientes y colaborar con la administración de justicia” una vez tenga representación legal.

Entre tanto, mientras se realizaba la elección, se encontraba pendiente la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, que buscaba procesarla por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.

Finalmente, la fiscalía desistió de solicitar medida de aseguramiento, y el juzgado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos. El proceso penal sigue en suspenso, mientras Guerrero continúa ejerciendo funciones como delegada del Gobierno en la dirección de la UPC.

Durante la inspección que tuvo lugar en la vía San Roque – San Diego, los agentes hallaron la droga dentro de un vehículo de transporte de productos agrícolas, según lo comunicado por la institución: “Logramos la incautación de 1.875 kilos de marihuana que eran transportados en un tractocamión”.

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El operativo también permitió la detención de un individuo y la inmovilización del vehículo de carga utilizado para el traslado de los estupefacientes, de acuerdo con información de la Policía Nacional.

En el video replicado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución se ve a los uniformados inspeccionando el automotor cargado de bultos de harina, descender el mismo los bultos con la marihuana y exponer al conductor.

Como parte de su estrategia, la fuerza pública señaló: “Seguimos intensificando los controles en los principales corredores viales del país, cerrando el paso al crimen organizado”.

Un hecho similar ocurrió en Barranquilla

Un operativo de control realizado por la Policía Nacional en una terminal de transporte de la capital del Atlántico resultó en el hallazgo de siete kilos de marihuana ocultos en la bodega de un autobús. La incautación se produjo mientras los agentes revisaban equipajes y compartimientos antes de la salida de vehículos hacia distintos puntos del país.

El cargamento de marihuana, según información inicial, había salido de Cali y tenía como destino final la ciudad de Cartagena. Las autoridades señalaron que la droga fue detectada dentro de una caja sospechosa localizada durante una inspección de rutina en la bodega del bus.

Esta incautación forma parte de las acciones que buscan frenar el tráfico de estupefacientes entre regiones, evitando que sustancias ilícitas sean distribuidas en centros urbanos.

Estrategias de control en el transporte público

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez explicó a medios locales que estos resultados corresponden a los operativos permanentes que adelanta la Policía Nacional para enfrentar el tráfico de drogas, una actividad que emplea diversas modalidades para evadir la vigilancia.

Según el uniformado, “estos resultados hacen parte de las acciones permanentes que adelanta la Policía Nacional para contrarrestar el tráfico de estupefacientes a través de las diferentes modalidades utilizadas por los grupos delincuenciales”.

Operativo del Ejército dejó 900 kilos de droga incautados

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vía que conecta Salento (Quindío) con Toche (Tolima) resultó en la incautación de 925 kilogramos de marihuana exótica.

El conductor del vehículo que transportaba la droga intentó evadir el control acelerando, pero perdió el control y volcó el furgón. Tras el accidente, las autoridades hallaron el cargamento prensado y empacado en bolsas plásticas dentro del vehículo.

Según el coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, el cargamento había salido del Valle del Cauca, cruzó rutas nacionales y terciarias para evitar los controles, y tenía como destino final la ciudad de Ibagué, donde sería distribuido a través de narcomenudeo.

La marihuana incautada corresponde a un tipo exótico, con distintas variedades de sabores y olores, lo que la diferencia de la convencional. El operativo forma parte de las acciones continuas de las autoridades para golpear las finanzas del narcotráfico en la región.

Por otra parte, la lucha contra el tráfico de estupefacientes se intensificó en otros puntos del país. En el océano Pacífico, la Armada de Colombia confiscó más de dos toneladas de marihuana en una embarcación tipo GoFast, capturando a cuatro personas de diferentes nacionalidades. Este cargamento tenía un valor estimado de USD 21 millones y estaba destinado al mercado internacional.

Entre los detenidos se encuentra alias Tuta, señalado como coordinador de la extracción y comercialización ilegal de combustible, actividad que generaba recursos millonarios para el grupo armado, informó la institución a través de un comunicado.

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Además, la segunda capturada fue una mujer, cuya identidad y alias no fueron revelados por las autoridades. En el registro gráfico del allanamiento y posterior detención, los dos sujetos estaban en el mismo domicilio.

De acuerdo con los voceros oficiales, las capturas se ejecutaron en el contexto de la operación Temis, puesta en marcha con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Con previa investigación, las autoridades identificaron que la organización criminal sustraía combustible del poliducto Pozo Colorados Galán, uno de los puntos más afectados por este delito en la región.

Tras la comercialización ilegal del combustible, los recursos obtenidos eran destinados al sostenimiento de actividades terroristas y al fortalecimiento logístico de la estructura Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó la importancia de este golpe a las finanzas del ELN: “Esta operación representa un resultado estratégico en la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados. Este importante avance investigativo permitió afectar de manera directa las fuentes de financiación del ELN, debilitando su capacidad logística y operativa”.

Desde la institución comunicaron que tras la investigación se detectaron movimientos bancarios superiores a 1.300 millones de pesos, y que los capturados manejaban un patrimonio injustificado en bienes muebles e inmuebles.

En consecuencia, con las detenciones, el grupo armado dejará de percibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales en “impuestos” ilegales por la protección y autorización de esta actividad.

Los detalles de estos movimientos financieros también apuntan a que “Tuta” realizaba pagos a cabecillas que llegaban hasta los 770 millones de pesos y ofrecía hasta 15 millones de pesos para evitar capturas e incautaciones en zonas como Ocaña y Río de Oro, en el área limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, espectivamente

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, anunció la continuación de este tipo de operaciones sostenidas, “con estricto apego a la ley, orientadas a desmantelar de manera estructural las redes de financiación que amenazan la seguridad y la estabilidad del territorio nacional, protegiendo los recursos naturales y el patrimonio económico del país”.

El departamento del Cesar está golpeado por el robo de hidrocarburos: autoridades responsabilizan al ELN

El 25 de febrero de 2026 la Policía Nacional informó que recuperó 9.000 galones de gasolina presuntamente sustraídos de un poliducto de Ecopetrol en el departamento del Cesar.

La operación representó un golpe a las estructuras financieras vinculadas al comercio clandestino de hidrocarburos y puso de manifiesto la logística avanzada utilizada en estas actividades ilícitas.

El valor estimado del combustible asciende a cerca de 140 millones de pesos, mientras que las máquinas y herramientas incautadas, utilizadas para almacenamiento y transporte, se valuaron en 40 millones de pesos.

Durante el procedimiento se incautaron seis motobombas, setenta recipientes plásticos conocidos como “dados”, cuatro canecas y cerca de 100 metros de manguera plástica. Estos elementos son considerados esenciales para la extracción y movilización ilegal de combustible.

Fuentes oficiales señalaron que el combustible incautado estaba destinado a redes de comercialización ilegal, asociadas al circuito denominado “pimpineo”, caracterizado por la venta informal de gasolina en pequeñas cantidades fuera del control formal.

La Policía Nacional indicó que la guerrilla del ELN estaría detrás de la comercialización ilegal del combustible, coordinando las operaciones y obteniendo beneficios económicos derivados de la venta clandestina.

La violencia en Colombia sigue afectando a la fuerza pública y dejando víctimas fatales. El 27 de febrero de 2026, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, informó a través de su cuenta de X sobre el asesinato de un uniformado en Río de Oro, Cesar.

De acuerdo con el director, la víctima es el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años, que recibió un disparo de un francotirador. “Hoy me invade una tristeza que no cabe en las palabras. Me duele informar que, en Río de Oro, Cesar, las balas de la cobardía nos arrebataron a uno de los nuestros, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro”, expresó.

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El ataque fue perpetrado cuando el uniformado se encontraba “adecuando las trincheras de la estación”. Esto, con el fin de proteger a sus compañeros de cualquier acción armada que se presentara en el sitio. Según indicó El Tiempo, la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro de salud, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Al parecer, el policía falleció mientras era operado.

El medio informó que en ese mismo hecho de violencia también resultó herido otro uniformado, cuya identidad se desconoce, al igual que su estado de salud. Presuntamente, ambos policías habrían sido víctimas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así las cosas, el general Rincón expresó su solidaridad con la familia del subintendente y aseguró que las autoridades no escatimarán esfuerzos en identificar y encontrar a los responsables del asesinato. “Pienso en su familia y no hay palabras que calmen este vacío, pero sí la promesa de que capturemos a los responsables de este cruel crimen”, indicó.

Por estos hechos, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que se tuvo que suspender las jornadas de capacitación de los jurados de votación que prestarán servicio en las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso y votará las consultas presidenciales. “El Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, explicó la entidad en un comunicado.

La Alcaldía de Río de Oro, por su parte, ordenó a la ciudadanía resguardarse en sus hogares para garantizar su seguridad. Aunado a ello, se convocó a una reunión para evaluar la situación de seguridad del municipio y tomar acciones de cara a los comicios que se aproximan.

“Debido a esta situación de orden público, las autoridades evalúan la citación a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, con el propósito de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo”, detalló.

La Registraduría advirtió que no puede asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación de los jurados hasta que haya plena certeza de que su seguridad no estará en riesgo.

Por si parte, el secretario de Gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel López, se pronunció sobre lo ocurrido, asegurando que las autoridades convocaron a un consejo de seguridad con el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Ramón Osorio Rincón, y con representantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, con el fin de “tomar decisiones de fondo”.

“La Gobernación del departamento del Cesar lamenta la muerte de Jorge Luis Taborda Chamorro, subintendente de la Policía Nacional, de 36 años de edad, 13 años de servicio a la institución, en un vil asesinato que se da nuevamente en el municipio de Río de Oro. Muy solidario con los familiares de Jorge Luis Taborda Chamorro se muestra la gobernadora Elvia Milena Sanjuán”, indicó el funcionario.

El 26 de febrero de 2026 a las 11:10 p. m., el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas reapareció en la intersección de la carrera 9 con calle 10 del municipio de Pelaya, Cesar, después de haber sido reportado como desaparecido desde el miércoles 25 de febrero de 2026.

Tras recuperar la libertad, Vásquez declaró que la retención podría estar relacionada con procesos jurídicos que dirige contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, explicó que quienes lo mantuvieron cautivo no afirmaron pertenecer a ninguna estructura delictiva activa en la región.

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El propio aspirante detalló que un hombre en motocicleta lo interceptó cuando él salía de su vivienda pasadas las 5:10 a.m. El sujeto le ordenó subir al vehículo bajo amenaza de arma, según su testimonio.

“Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, que no me iba a matar pero que me subiera y que no hiciera absolutamente nada”, aseguró Vásquez, confirmando que fue trasladado a un inmueble desconocido del área urbana, donde permaneció varias horas retenido.

Después de dar sus primeras declaraciones, las autoridades revelaron que será trasladado a Aguachica, para que rinda testimonio y amplíe su versión de los hechos.

Horas más tarde de ser encontrado por las autoridades, Vásquez dijo a Blu Radio que sus captores le pidieron “dejar de hacer las denuncias que hizo contra Sayco y Acinpro”.

El candidato al Senado del Partido Conservador anotó que si no desistía “no podían garantizar su vida” y que lo liberaron por la presión mediática.

Apareció la candidata a la Cámara especial por la Paz, Ana Libia Guetio

La desaparición de Ana Libia Guetio Casso, candidata a la Cámara especial por la Paz, en el departamento del Cauca el 26 de febrero de 2026, generó preocupación en la región y a nivel nacional. La candidata, reconocida por su labor en la gestión social en beneficio de comunidades afectadas por la violencia, fue interceptada junto a su equipo tras participar en una actividad política en el municipio de El Tambo.

Como consecuencia, su familia y colaboradores exigieron al Gobierno nacional que se garantice su integridad y demandan una respuesta urgente, subrayando el creciente riesgo que enfrentan líderes sociales en sectores rurales de Colombia.

Horas después de la denuncia de desaparición, la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que la candidata a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) fue liberada y se encuentra en buen estado de salud. El vehículo fue robado mientras el grupo recorría la ruta hacia el crucero de Pandiguando para dirigirse al resguardo de Honduras, según declaró el encargado de la seguridad a las autoridades.

Este contacto de emergencia se realizó a las 3:15 p.m., cuando el escolta compartió su ubicación en tiempo real con personal del Gaula de la Policía Cauca, desde el área situada entre Fondas y el crucero de Pandiguando.

La camioneta fue encontrada posteriormente en una zona rural de El Tambo, sin impactos de bala ni señales de haber sido forzada, lo que hace presumir que se trató de una interceptación y no de un acto violento espontáneo.

Luego de su liberación, la candidata habló en entrevista con Blu Radio sobre su captura. Libia Guetio afirmó no querer revelar qué grupo armado la privó de la libertad. A la par, señaló que la razón de su detención estuvo ligada a la prohibición de hacer campaña política en la zona.

Así mismo, sostuvo que hay una “falta de responsabilidad por parte de los partidos políticos tradicionales que afecta a las curules de paz”.

Las declaraciones del hijo de Guetio

Según el testimonio de Cristian Camilo Paz Guetio, hijo de Guetio Casso, la candidata fue interceptada cuando regresaba a su domicilio tras participar en una jornada política que, por cuestiones de agenda, se extendió más de lo previsto en el corregimiento de Pandiguando. Paz Guetio relató que su madre se encontraba acompañada por su equipo de trabajo y un escolta, ambos vinculados a las actividades de proselitismo para la Citrep.

El hijo de la candidata subrayó que Ana Libia Guetio Casso acumula aproximadamente siete años de trabajo en favor de las comunidades víctimas del conflicto. Por medio de su gestión como intermediaria con la Unidad para las Víctimas, facilitó la indemnización a varias personas afectadas por la violencia.

Sobre su trayectoria, Paz Guetio afirmó: “Durante muchos años, lo único que ha hecho es ayudar a personas. Es muy injusto que alguien que ha servido a la comunidad esté hoy en una situación donde su vida está en riesgo”.

La desaparición del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, ocurrida el 25 de febrero de 2026, conmocionó al país. De acuerdo con la información disponible, el activista político fue visto por última vez en Pelaya, municipio del departamento de Cesar, cuando se dirigía a Aguachica para asistir a una reunión política.

Su vehículo fue hallado abandonado frente a la vivienda de su familia, con las puertas abiertas, y el aspirante no se encontraba en el lugar.

Ante este grave suceso, la Defensoría del Pueblo se pronunció públicamente exigiendo a las autoridades competentes una acción inmediata. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la entidad encabezada por Iris Marín expresó su preocupación por lo que calificaron como “un hecho alarmante” que compromete la seguridad no solo del candidato, sino también el clima electoral en Colombia.

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“La desaparición de Andrés Vásquez es un hecho que debe ser tratado con la mayor urgencia. Desde la Defensoría, hemos solicitado a las autoridades pertinentes activar los mecanismos de búsqueda urgente para garantizar su localización y el esclarecimiento de los hechos. Además, seguiremos de cerca el desarrollo de la investigación y trabajaremos junto a las familias y las fuerzas de seguridad para dar con su paradero”, se lee en el mensaje de la institución.

La Defensoría también recordó que, en paralelo, el 25 de febrero se había presentado otro reporte de desaparición en El Tambo, Cauca, relacionado con la candidata a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, Ana Guetio. Aunque la mujer fue localizada el 26 de febrero, el hecho resalta la creciente preocupación por la seguridad de los líderes políticos y la violencia que afecta a las actividades electorales en varias regiones del país.

A su vez, la Defensoría del Pueblo aprovechó para resaltar los resultados del seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, donde ya se habían identificado amenazas y restricciones a la movilidad de candidatos y votantes en varias zonas del país.

En este sentido, el municipio de El Tambo fue señalado como una de las áreas con “riesgo extremo” para el desarrollo de actividades políticas, lo que pone de manifiesto el peligro constante que enfrentan los aspirantes a cargos públicos en Colombia.

Reacciones políticas ante la desaparición de Andrés Vásquez

El caso de Andrés Vásquez no pasó desapercibido para la clase política del país. A través de redes sociales, varios líderes se pronunciaron exigiendo una acción pronta y efectiva por parte de las autoridades.

Uno de los más contundentes fue el candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia David Luna, que calificó de “gravísimo” el secuestro del aspirante conservador en Valledupar.

“El secuestro de Andrés Vásquez en Valledupar es un hecho gravísimo que amenaza no solo a una persona, sino a la democracia misma. Nuestro país ya ha sufrido demasiado por la violencia política. No podemos volver a épocas en las que las armas pretendían reemplazar las ideas. Colombia ha llorado suficientes víctimas en su historia”, escribió en su cuenta de X.

El político también hizo un llamado a la unidad: “Hoy más que nunca debemos cerrar filas en defensa de la vida, de la libertad y de la democracia. Ningún candidato, de ninguna orilla, puede ser objeto de violencia. La competencia política debe darse en las urnas, no bajo amenazas. A las autoridades les exigimos resultados inmediatos y garantías reales para todos los actores políticos”.

La situación provocó también reacciones de apoyo desde diferentes sectores. Desde la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Pelaya, se anunció una recompensa de $50 millones para quienes brinden información que permita dar con el paradero de Andrés Vásquez.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, comentó tras un Consejo de Seguridad Extraordinario: “Se ha divulgado la información en los diferentes municipios y corregimientos del sur y centro del departamento. La fuerza pública y los entes territoriales están trabajando para lograr su pronta ubicación. Cualquier información relevante será de gran ayuda”.

Por su parte, el exministro del Interior y candidato al Senado Wilson Ruiz también expresó su preocupación en su cuenta de X: “A pocos días de las elecciones, muchos candidatos estamos expuestos a riesgos y amenazas. La criminalidad en Colombia está desatada al borde de poner en riesgo la democracia en el país. Exijo la liberación y buen trato de los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio. Envío un mensaje de solidaridad a sus familias, equipos y seguidores”.

La desaparición de Andrés Vázquez Vargas, candidato del Partido Conservador Colombiano, tiene con una profunda preocupación en el sur del Cesar desde la madrugada del miércoles 25 de febrero de 2026, cuando se perdió todo rastro de su paradero en el municipio de Pelaya.

Según la reconstrucción suministrada por sus familiares a medios locales como El Pilón, Vázquez habría recibido una llamada telefónica a las 5:00 a. m., mientras descansaba en la vivienda de sus padres.

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Luego de esa comunicación, se levantó con premura y salió a la calle, momento en que no se volvió a tener noticias suyas.

El vehículo del candidato, con la puerta abierta y en cuyo interior se encontraba su teléfono móvil, billetera y documentos, fue hallado estacionado frente al inmueble por su padre minutos después.

Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, y el alcalde de Pelaya, Fabio Valencia, anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información veraz y oportuna que permita el pronto retorno, sano y salvo, del dirigente político.

La decisión se tomó durante un consejo de seguridad virtual en el que participó la Policía Nacional, el Gaula, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, en busca de coordinar acciones operativas y judiciales para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del candidato.

Entre tanto, las autoridades han intensificado la búsqueda en el área, revisando el registro de llamadas, cámaras de seguridad y recogiendo testimonios en la zona.

Hasta el momento, el caso se investiga como desaparición, sin que se haya confirmado oficialmente un secuestro. La esposa de Vázquez afirmó que el aspirante salió de la casa en una motocicleta, dejando sus pertenencias en el vehículo familiar, lo que aumentó la preocupación entre sus allegados.

El candidato, que se identifica con el número 039 en la lista conservadora, había cumplido compromisos políticos en Ocaña el día anterior y tenía previsto continuar su agenda en la región antes de trasladarse a Bogotá para una campaña mediática relacionada con la defensa de los derechos de autores y compositores, postura que lo había enfrentado públicamente a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Cabe señalar que en Pelaya se ha registrado antecedentes de secuestros, aunque por el momento las autoridades mantienen la prudencia en la calificación del caso. No existen testigos presenciales del momento exacto de la desaparición, según informó el Gaula de la Policía. El operativo de búsqueda se concentra en el sur del Cesar, con especial atención a las áreas rurales.

La desaparición de Vázquez se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los candidatos, tras episodios recientes como el secuestro de la senadora Aida Quilcué y el atentado en Arauca que costó la vida a dos escoltas del senador Jairo Castellanos.

Además, un caso similar se reportó en el Cauca, según información del equipo de comunicaciones de campaña de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, fue reportada como desaparecida alrededor de las 6:30 p. m., después de llegar al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, donde participó en un encuentro ciudadano con habitantes del sector.

El comunicado difundido por su equipo expresó “su profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas”, precisando que Guetio adelantaba su agenda pública en medio del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca cuando se perdió su rastro. Afortunadamente, en las últimas horas fue hallada con vida.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 170 municipios del país enfrentan riesgos de fraude o violencia electoral, de los cuales 81 están clasificados en riesgo extremo. Este panorama representa un aumento del 29,7% respecto a los registros de 2022.

Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser suministrada de manera confidencial a las líneas oficiales y aseguraron que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de Vázquez lo antes posible.

El candidato al Senado de la República por el partido Conservador Andrés Vásquez fue reportado como desaparecido el 25 de febrero de 2026. De acuerdo con el la colectividad, el aspirante se encontraba en Pelaya (Cesar) y desapareció luego de salir hacia Aguachica (Cesar) para una reunión.

El medio de comunicación El Heraldo informó que el político estaba visitando a su padre en Pelaya. A las 6:00 a. m. aproximadamente, se disponía a viajar hacia Aguachica en su vehículo. Sin embargo, su familia se percató de que el carro seguía estacionado frente a la casa y, cuando verificaron qué pasaba, se dieron cuenta de que el candidato no estaba en el sitio, solo el vehículo, que tenía las puertas abiertas.

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“Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, precisó el partido.

Testimonio del padre del aspirante desaparecido

Eustorgio Vásquez, padre del candidato, indicó a El Heraldo que su familia es humilde y que no han tenido problemas de ningún tipo, por lo que, si su desaparición obedeciera a un secuestro extorsivo, no tendría cómo pagar.

“Nosotros nunca hemos estado envueltos en problemas, mi trabajo es vendiendo chance manual para tener dinero y comer, sí tuviera plata la diera por mi hijo, pero no es así. Pueda ser que en esta retención se den cuenta de quién es hijo y me lo suelten, yo quiero eso que suelten a mi hijo porque no tengo plata”, detalló el papá del aspirante al medio citado.

Indicó que, con los recursos que logró recaudar con su trabajo, impulsó los estudios de sus cinco hijos, y que ahora Andrés Vásquez es ingeniero de sistemas y se va a graduar como abogado “con sus propios esfuerzos”.

Ahora bien, el Gaula de la Policía Nacional indicó al informativo que no hay testigos de lo ocurrido; nadie lo vio irse por sus propios medios o ser abordado por otras personas que lo obligaran a dejar el lugar, por lo que todavía no se tiene claro si se trata de un secuestro. Por ahora, las autoridades investigan qué pudo haber pasado con el candidato al Senado, con el fin de dar con su paradero. En el departamento se activó un Consejo de Seguridad Extraordinario para iniciar labores de búsqueda.

El consejo está integrado por personal de la Policía Nacional, el Gaula de la Policía, el Gaula Militar, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Cesar.

Su desaparición causó revuelo en el país político y algunas personalidades, además del Partido Conservador, se pronunciaron. Entre ellos está el empresario Marcos Gómez, presidente de la organización de jóvenes de dicha colectividad, llamada Nuevas Generaciones.

En su cuenta de X, el economista condenó la desaparición del aspirante, atribuyendo el caso a un secuestro, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. Solicitó respuestas y que se garantice el respeto por la vida del político. “Rechazamos el secuestro del candidato al Senado por el @soyconservador Andres Vasquez. Solicito su pronta liberación y que se respete su vida! A las autoridades pronta respuesta @PoliciaColombia @dptodelcesar1 @elviamilenasd @NegritoEsquive”

La seguridad de los aspirantes a cargos de elección popular en Colombia es tema de preocupación, puesto que Vásquez no es el único que ha sido reportado como desaparecido en las últimas semanas. El 10 de febrero de 2026, la senadora Aida Quilcué fue secuestrada por hombres armados durante tres horas. Junto con ella, integrantes de su esquema de seguridad también fueron secuestrados.

“Era un grupo armado, nos interceptaron, nos detuvieron, nos bajaron del carro y nos llevaron a un sitio desconocido. Aquí estamos, muy difícil la situación, no solamente conmigo sino para muchos ciudadanos en el Cauca”, precisó la víctima en diálogo con Caracol Radio W, tras haber sido liberada.

En la recta final de las campañas de los candidatos al Congreso en Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció el comportamiento de los involucrados en la campaña de Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan ser reelectos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente.

El comunicador afirmó que las campañas de los congresistas estaban ofreciendo agua potable a cambio de votos en regiones vulnerables, principalmente en zonas en las que carecen de servicios básicos y el acceso al agua es limitado.

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De acuerdo con las denuncias, los aspirantes estarían utilizando carrotanques y botellas para entregar agua a personas que tuvieron que firmar una planilla en la que aseguraban que estaban apoyando a Lobo o Cuello.

En medio de la polémica, residentes en Aguachica denunciaron que durante los eventos mencionados, la firma de las planillas se registró para confirmar que la persona beneficiada votaría por alguno de los políticos promocionados, por lo que aquellos que se negaron a suministrar sus datos no recibieron agua.

De la misma forma, Solano afirmó en su cuenta de X que, a pesar de la denuncia que es noticia nacional, durante el tercer fin de semana de febrero se habrían realizado más eventos de campaña en los que se entregó agua en barrios populares de la región.

“Escuchen a la gente de Aguachica: ‘Sabiendo que aquí hay niños y no van a dar el agua porque no votamos por Ape Cuello’. Que horror”, escribió Jacobo Solano en una de sus publicaciones en X.

Ministro de Defensa se pronunció en redes

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió a las denuncias sobre el supuesto uso indebido de un carrotanque de agua con propaganda política en Aguachica, Cesar. En su pronunciamiento, aseguró que las instituciones estatales actuaron con rapidez, coordinación y conforme al marco legal para impedir que se repitan más hechos similares.

Sánchez aseguró que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, abrieron una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante. Además, se ubicó un vehículo señalado en las denuncias, verificando tanto su documentación como su propiedad, pero en el momento de la inspección el carrotanque ya no portaba propaganda política.

El ministro informó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de reforzar los controles y prevenir conductas que puedan atentar contra la transparencia electoral.

“La Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación, aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda; se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”, escribió el ministro.

Respecto a los señalamientos que circularon en redes sociales sobre la supuesta complicidad de una agente de la policía, Sánchez aclaró que la persona involucrada no pertenece a esa institución, sino que es una agente de tránsito municipal.

Finalmente, el ministro invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de corrupción o delito electoral, instando a colaborar con las autoridades para fortalecer la lucha contra el crimen y garantizar procesos electorales limpios.

“Aquí no hay impunidad ni sesgos políticos: hay institucionalidad, investigación y transparencia”, se lee en la publicación que realizó el ministro de Defensa en su cuenta de X.

Hasta el momento, desde las campañas de Ape Cuello y Didier Lobo no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la llegada de los carrotanques en la región fue uno de los temas mencionados durante el evento de cierre de campaña de Cuello en el César.

De acuerdo con los reportes de los hechos, una mujer de aproximadamente 45 años conducía el vehículo, el cual habría acelerado hasta derribar uno de los portones del lugar. Sin detenerse, el automotor arrastró al guarda de seguridad varios metros, dejándolo atrapado y en grave estado.

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El trágico accidente quedó registrado en video

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran que, tras romper la reja de entrada, el carro marca Mazda color blanco embistió a Crespo León y pasó sobre él hasta arrastrarlo por varios metros.

Varios presentes de inmediato actuaron y lograron sacarlo de debajo del vehículo, siendo trasladado en ambulancia hasta la Clínica Alta Complejidad. Aunque ingresó aún con vida, los médicos informaron su muerte pocos minutos después debido a “múltiples lesiones, tras ser arrollado”.

Fuentes policiales y de tránsito de Valledupar confirmaron a medios de comunicación locales la inspección técnica del cadáver y abrieron una investigación basada en los videos del accidente.

Se estableció preliminarmente que la conductora manejaba acompañada de dos menores de edad, que habrían quedado en estado de shock por lo sucedido, debido a que al bajarse del vehículo vieron a la víctima casi agonizando.

Al respecto, Comfacesar expresó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, uniéndonos respetuosamente a su duelo en este momento de profunda tristeza. Desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia Viseplus Ltda., firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte, Viseplus Ltda. indicó: “Actualmente, los organismos competentes adelantan las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de los hechos. Viseplus Ltda, ha manifestado su total disposición de colaborar en todo lo requerido dentro del proceso”.

Crespo León, vigilante desde hace cuatro años, había nacido el 26 de diciembre del 2000 y convivía con su pareja y su hijo en el barrio Don Alberto.

Precisamente, la cuñada de la víctima expresó a Quinto Poder Informa que espera justicia en el caso.

“Queremos que se haga justicia, sabemos que en el cielo hay un Dios todopoderoso, pedimos que se esclarezcan los hechos, qué pasó, si la señora era inexperta, aún no sabemos qué pasó”, dijo al medio citado, y agregó que aún no ha logrado establecer contacto con la implicada en el lamentable hecho.

“Dejó a un niño de dos años. Era un niño muy noble, muy servicial, servía en la iglesia (...) Queda en manos de la ley para que esto se resuelva de la mejor manera”, complementó.

Además, indicó que la pareja de Crespo León la noche previa a lo sucedido había tenido un sueño que la dejó preocupada: “Ella tuvo un sueño donde lo vio a él mal, muerto y convulsionando. Mi hermana le dijo que no fuera a laborar”.

En redes sociales también se comentó ampliamente el hecho: “Dios lo tenga en su santo reino le de fortaleza a la familia y que se haga justicia”; “Mi amigo dios te tenga en su santo reino y se que dios va a ser justicia por tu partida hermano y le dará fortaleza a tu familia mi amigo” ; “Dios mio esto es de no creer vi el video y quede impactada pobre joven (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Además de entregar el suministro vital, locales afirmaron que les hicieron llenar planillas con las que se comprometían a sumar su voto en la intención de Cuello y Lobo de ser reelegidos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente.

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Tras la indignación que se generó en el César en torno a este hecho, que algunas figuras políticas denunciaron como un posible delito electoral, el comunicador compartió un fragmento del evento de cierre de campaña de Ape Cuello, en el que se mostró orgulloso de haber llevado agua a zonas vulnerables, aunque esto podría ser tipificado como un crimen por todo lo registrado.

“Sí, fui yo, ¿y qué?”, fueron las palabras del representante a la Cámara que representa al Partido Conservador en las elecciones legislativas.

Gustavo Petro pidió que los responsables de estos hechos sean arrestados

En la tarde del 21 de febrero, el presidente Gustavo Petro reaccionó a lo registrado en César y pidió que las autoridades capturen a los autores intelectuales de lo que describió como un delito electoral.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente, debe detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales”.

Además, el mandatario nacional expuso que las autoridades en la región no han seguido algunas de sus instrucciones, por lo que pidió explicaciones sobre lo que pasa en esa zona del país.

“Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen. He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública. No queremos policías encubriendo el crimen”.

Los detalles de la denuncia

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció que en municipios como Aguachica, las campañas de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan la reelección, han llegado con carrostanques para suministrar el líquido a las poblaciones a cambio de comprometerse a votar por ellos el 8 de marzo.

“Hay dos congresistas, Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical), que cogieron como estrategia cambiar el agua por votos, una vaina, una estrategia terrible. Han llevado carrotanques, papayeras y el negocio es clasificar gente, entregar agua y hacerles llenar unas planillas”.

Solano mencionó que las zonas a las que han llevado los carrotanques son de población vulnerable, en donde las personas han firmado planillas a cambio de recibir el suministro vital.

“La mayoría del tiempo están sin agua en estos barrios, entonces es una actitud horrible, porque no aceptan lo que hacen y nadie hace nada. La Procuraduría no hace nada y hay dudas, porque denunciamos, pero no pasa nada. La gente está indignada porque toman el agua de los hidrantes públicos y luego la llevan a los barrios”.

Cabe recordar que los ministerios de Justicia y Defensa han lanzado una campaña con la que buscan garantizar el “juego limpio” durante la época electoral, lo que incluye una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que entregue información sobre los responsables de estar cometiendo delitos electorales. Entre los delitos mencionados se encuentran la violencia, amenazas y constreñimiento al votante, la compra de votos y corrupción electoral, así como el fraude, la suplantación y el voto ilegal; actos que podrían afectar la legitimidad de los procesos democráticos y vulneran los derechos ciudadanos.

En la previa de los comicios, se han vuelto virales los métodos que han utilizado algunos candidatos para llamar la atención de la ciudadanía, lo que ha incluido tendencias de redes sociales o pronunciamientos llamativos.

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Sin embargo, en Cesar hay indignación debido a que la campaña de dos candidatos ha utilizado el agua, en zonas en las que no hay acceso a este servicio, para convencer a la población de votar por ellos el 8 de marzo.

Indignación por estrategia de campaña

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció que en municipios como Aguachica, las campañas de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan la reelección, han llegado con carrostanques para suministrar el líquido a las poblaciones a cambio de comprometerse a votar por ellos el 8 de marzo.

“Hay dos congresistas, Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical), que cogieron como estrategia cambiar el agua por votos, una vaina, una estrategia terrible. Han llevado carrotanques, papayeras y el negocio es clasificar gente, entregar agua y hacerles llenar unas planillas”.

Solano mencionó que las zonas a las que han llevado los carrotanques son de población vulnerable, en donde las personas han firmado planillas a cambio de recibir el suministro vital.

“La mayoría del tiempo están sin agua en estos barrios, entonces es una actitud horrible, porque no aceptan lo que hacen y nadie hace nada. La Procuraduría no hace nada y hay dudas, porque denunciamos, pero no pasa nada. La gente está indignada porque toman el agua de los hidrantes públicos y luego la llevan a los barrios”.

Solano aseguró que la estrategia ha generado indignación en la población, principalmente porque las campañas de los congresistas indican, antes de entregar el agua, que los beneficiados deben comprometerse con su candidato.

“Hay un operador político que se llama Víctor Roqueme, la gente está preocupada porque los están condicionando, les están condicionando el voto. Lo preocupante es que las autoridades no hacen nada”.

El comunicador suministró un video en el que una ciudadana, que optó por no revelar su identidad, contó cómo fue el evento político en el que le llenaron el tanque de su casa.

“Ellos estuvieron aquí en el barrio La Victoria, trajeron carrotanques de Ape Cuello, nos hicieron firmar unas planillas y nos llenaron de agua los tanques que teníamos. Dijeron que era potable y que era del acueducto”, contó la mujer.

El comunicador pide que la Procuraduría General de la Nación tome cartas en el asunto, puesto que se trataría de un escenario en el que están condicionando el voto de las personas, lo que podría ser considerado un delito.

De la misma forma, al ser carrotanques privados, que estarían siendo recargados en hidrantes de la región, podría considerarse como uso indebido de bienes públicos con fines electorales.

Cabe recordar que los ministerios de Justicia y Defensa han lanzado una campaña con la que buscan garantizar el “juego limpio” durante la época electoral, lo que incluye una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que entregue información sobre los responsables de estar cometiendo delitos electorales.

Entre los delitos mencionados se encuentran la violencia, amenazas y constreñimiento al votante, la compra de votos y corrupción electoral, así como el fraude, la suplantación y el voto ilegal; actos que podrían afectar la legitimidad de los procesos democráticos y vulneran los derechos ciudadanos.

Esta misión tenía como objetivo principal afectar a los cabecillas de una plataforma global dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con nexos directos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló en el marco de la Estrategia Institucional S2D y se considera un golpe de relevancia para la seguridad nacional e internacional, ya que los detenidos figuraban en la lista de los más buscados en 196 países.

Así fue la caída de ‘Katy’ y ‘César’

Entre los capturados figura César Pérez Serrano, conocido como “César”, identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal. Pérez Serrano era requerido mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

Según los informes policiales, mantenía relaciones cercanas con estructuras del ELN que operan en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander, facilitando corredores estratégicos para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Desde Bucaramanga, “César” dirigía las operaciones logísticas y financieras de la red criminal, gestionando los recursos necesarios para la continuidad de las actividades ilícitas. Las autoridades señalan que sostenía un alto nivel de vida vinculado directamente a las rentas generadas por el narcotráfico.

Junto a él fue detenida Katiuska Pargas, alias Katy, solicitada en extradición por delitos de blanqueo de capitales. De acuerdo con la información oficial, “Katy” lideraba el componente financiero de la organización, encargándose del ocultamiento, administración y canalización de recursos ilícitos dentro del sistema financiero nacional.

Las autoridades consideraban la labor de “Katy” como fundamental para garantizar la continuidad y expansión de las actividades delictivas de la estructura, permitiendo la integración de fondos ilegales en circuitos económicos legales.

Durante la investigación previa y el trabajo de campo que adelantaron los uniformados de las unidades mencionadas, se identificaron los movimientos y alianzas de los cabecillas; de la misma forma, se documentó la manera en que la organización utilizaba la frontera entre Colombia y Venezuela para dinamizar sus actividades.

De acuerdo con las autoridades colombianas, esta plataforma criminal extendía su influencia más allá de las fronteras, articulando rutas internacionales para el tráfico de drogas y el lavado de dinero en Centroamérica y otras naciones de América del Sur.

Para las autoridades, la detención de “César” y “Katy” representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico y al debilitamiento de estructuras asociadas al ELN, consideradas prioritarias en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“La acción coordinada entre la Policía Nacional, Ameripol e Interpol Venezuela refuerza la capacidad de las instituciones colombianas y regionales para impactar nodos críticos de redes criminales y contribuir a la protección de la seguridad nacional e internacional”, se lee en el comunicado oficial.

Autoridades en Colombia resaltaron la importancia de los criminales capturados, que han sido señalados de representar el cambio del organigrama criminal y el poder de las rutas del narcotráfico que se han registrado en los últimos años.

Las autoridades señalaron que la captura de “César” y “Katy” representa un avance en el desmantelamiento de redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos. La investigación permanecerá abierta para identificar a otros miembros de la organización y posibles vínculos con estructuras criminales en el exterior.

La Policía del Cesar frustró un intento de ingreso de estupefacientes en el municipio de El Paso, luego de hallar 24 dosis de cocaína camufladas dentro de panes, una modalidad conocida como “narcopan”.

El caso ocurrió en la subestación policial del corregimiento de La Loma, donde un joven de 22 años fue capturado tras ser sorprendido con los alimentos adulterados. El procedimiento inició cuando el detenido llegó con una bolsa de productos básicos, argumentando que eran para una persona bajo custodia en la sede policial.

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Al revisar los alimentos, el personal notó que varios panes presentaban un aspecto inusual y signos de manipulación. Ante la sospecha, los uniformados procedieron a abrirlos en presencia del ciudadano, hallando en su interior envoltorios con una sustancia blanca. Una verificación preliminar confirmó que se trataba de cocaína distribuida en 24 dosis.

“Narcopan”: una táctica que persiste

La práctica de ocultar drogas en productos alimenticios para burlar los controles en centros de detención no resulta novedosa, pero sigue vigente. Las autoridades han detectado anteriormente intentos similares en estaciones de policía y cárceles del país. El hallazgo reciente evidencia la persistencia de esta modalidad y la necesidad de reforzar los protocolos de inspección.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, explicó que la apariencia de los panes permitió identificar el intento de ingreso irregular.

“Los alimentos presentaban señales que indicaban manipulación, lo que generó sospecha y motivó la revisión minuciosa”, detalló el oficial. Según el reporte, el joven no logró justificar la presencia de la sustancia ilícita en los alimentos ante los policías, que procedieron a capturarlo en flagrancia.

Controles y riesgos en centros de custodia

Las autoridades reiteraron que los controles en estaciones y centros de detención se mantienen activos para impedir el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos. El caso de La Loma ilustra los riesgos asociados a la manipulación de alimentos destinados a personas privadas de la libertad y la importancia de los procedimientos de inspección rutinaria.

La Policía Nacional destacó que este tipo de maniobras representa una amenaza para el orden interno de los centros de custodia y la seguridad del personal. El descubrimiento de los narcopanes evitó la distribución de las dosis de cocaína en el interior de la subestación, lo que pudo haber generado situaciones de riesgo tanto para los reclusos como para los agentes.

Repercusiones legales y proceso judicial

Tras el hallazgo, el joven capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras un juez define su situación jurídica.

La investigación permanece abierta para determinar si existen otros implicados o si el detenido actuó por encargo de personas privadas de la libertad. Las autoridades no descartan que esta modalidad esté vinculada a redes de microtráfico que operan en la región, aprovechando la vulnerabilidad de los controles en los centros de detención.

La aparición de los narcopanes en el Cesar pone de relieve la creatividad de quienes buscan introducir estupefacientes en entornos vigilados. Si bien la modalidad no es exclusiva de este departamento, su recurrencia exige la actualización constante de protocolos y la capacitación permanente de los funcionarios encargados de las inspecciones.

El caso se suma a otros intentos frustrados en distintas regiones del país, donde se han detectado drogas ocultas en productos como frutas, envases de bebidas y artículos de aseo. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el ingreso de elementos a centros de reclusión.

El turno fue para el senador Didier Lobo (Cambio Radical) y el representante a la Cámara Ape Cuello (Partido Conservador), quienes estarían implicados en una polémica tras revelarse que unos carrotanques cuentan con propaganda política de los parlamentarios y la exigencia de datos personales como requisito para el suministro de agua en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

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El mecanismo, denunciado por el periodista Jacobo Solano y denuncias ciudadanas recogidas por Caracol Radio W, consiste en que los carrotanques, identificados con la imagen de Ape Cuello y Lobo, distribuyen agua únicamente a quienes se inscriben en planillas entregadas por los equipos de campaña. Estas listas registran datos personales de los beneficiarios antes de cada abastecimiento.

Esta situación se presenta luego de que en el municipio cesarense enfrenta una emergencia por “menor disponibilidad de agua”, confirmada por la Empresa de Servicios Públicos local a mediados de enero mediante una “alerta amarilla”.

“Existe menor disponibilidad de agua, lo que puede generar baja presión en el servicio y retrasos en la sectorización, especialmente en algunos sectores del municipio. Esto significa que el agua puede tardar más en llegar a ciertos hogares”, indicó la entidad municipal en un comunicado.

En este escenario de carencia, ciudadanos e imágenes divulgadas muestran carrotanques recargando agua desde hidrantes públicos.

“La gente de Ape Cuello y de Didier Lobo anda con planilla en mano y un carrotanque lleno de publicidad política, una casa sí y una casa no, donde son afines a las ideologías políticas de ellos, abastecen el servicio, aprovechándose de la necedad del pueblo”, expresó el abogado Francisco Peláez a Caracol Radio.

Además, el comunicador denunció que, detrás de esta presunta estrategia política, estaría Víctor Roqueme, alias El Indio, señalado como responsable de operar la logística de la entrega de agua en la zona.

“Carrotanques con publicidad del Senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello toman agua publica de los hidrantes para llevarla a Barrios que tienen mas de 20 dias sin agua, pero antes de entregar el agua llenan planillas para reseñarlos y que voten, si no votan, no hay agua. Que horror. Todo es orquestado por Victor Roqueme Alias El Indio, quien tiene vínculos en el Catatumbo”, indicó Solano en su cuenta de X.

Además de los dos congresistas, sus campañas publicitarias figuran de forma prominente en los vehículos utilizados. Ciudadanos señalaron la presencia de símbolos de los partidos Conservador y Cambio Radical en los mismos carrotanques que acuden a zonas que suman más de 20 días de desabastecimiento.

Las denuncias también fueron cuestionadas por aspirantes al Congreso en el Caribe colombiano. Adolfo Rivas, candidato al Senado de Alianza Verde, criticó a sus reivales por utilizar una estrategia que, para él, manipula a los ciudadanos frente a una crisis sanitaria que atraviesa el municipio cesarense.

“Para estos políticos, el agua no es un derecho. Si usted está con ellos, le llevan el carrotanque. Si está con otro candidato, se queda sin agua. Lo que debería ser un derecho lo reparten como si fuera un favor, como si la dignidad dependiera de por quién votas. No es ayuda, es chantaje político. Es la vieja política usando la sed de la gente como mecanismo electoral”, denunció Adolfo Rivas, candidato al Senado por Alianza Verde.

Por el momento, los dos congresistas no han realizado ningun pronunciamiento a la opinión pública sobre esta denuncia. Tampoco existe confirmación oficial de que la Registraduría, la Procuraduría o autoridades electorales hayan iniciado procesos formales de investigación o verificación tras las denuncias, pese a que la indignación ciudadana crece en redes sociales y medios locales.

La indignación ciudadana se expresó abiertamente, mientras entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) advertían riesgos en al menos veinte municipios del país, aunque sin aludir directamente a Aguachica.

La controversia integra factores sociales y legales: el aprovechamiento de una emergencia para condicionar el acceso a un servicio básico, con el peso añadido de la proximidad de las elecciones.

Las imágenes y testimonios documentados reflejan la compleja interacción entre crisis humanitaria y competencia electoral, con uso de recursos públicos y privados en una coyuntura de alta sensibilidad social en el sur del Cesar.

Más de 7.500 policías en Colombia fueron redistribuidos a las zonas más críticas del país, una medida que, en palabras de Dirección de la Policía Nacional, responde a una apuesta estratégica para garantizar la seguridad ciudadana y proteger el derecho al voto, en medio de persistentes amenazas de violencia y presencia de grupos armados ilegales.

Según la institución, esta acción busca fortalecer la presencia policial en Norte de Santander, Cesar y Cauca, tres de los departamentos con mayor complejidad en materia de orden público, y forma parte de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, vigente desde 2024.

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Tras la reciente reasignación de cerca de 40 oficiales superiores a diversas regiones marcadas por la violencia, el general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, dirigió una carta abierta a la opinión pública en la que afirmó: “Cuando entré a la Escuela General Santander juré defender a Colombia y sus ciudadanos a nivel nacional e internacional, como lo juramos todos quienes somos policías”.

Así, la institución enfatizó que la labor policial exige disponibilidad permanente para servir en cualquier punto del territorio, sin que existan “destinos menores o sin importancia, ni funciones secundarias cuando se trata de cuidar la vida, proteger a los ciudadanos y defender la democracia”.

El proceso de traslados, formalizado mediante una resolución del 22 de enero y avalado por la Dirección General, se sustentó en criterios técnicos derivados de un análisis institucional realizado en coordinación con diferentes direcciones y departamentos.

La Policía Nacional precisó que el objetivo es “llevar mayores capacidades operativas a los territorios que más lo requieren”, señalando que más de 7.500 uniformados ya refuerzan la seguridad en áreas priorizadas.

El despliegue incluye oficiales desde el grado de capitán, criterio adoptado para asegurar un mando experimentado en contextos operativos complejos y dotar a las regiones de liderazgo institucional capaz de responder a retos locales. La institución defendió que tales designaciones no constituyen un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica vinculada con la protección de la democracia y la transparencia.

Norte de Santander figura como uno de los destinos principales. Entre los oficiales asignados allí se encuentran Hernán Darío Pérez Cruz de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Jhon Freddy Sánchez Rozo de Antinarcóticos, y Jonathan Adrián Bastidas Urrea de la Policía Metropolitana de Pereira, junto a otros especialistas provenientes de áreas como investigación criminal, derechos humanos y tecnologías de la información.

El departamento del Cesar también incorporó un grupo relevante de oficiales, entre los que destacan Óscar Javier Santofimio Guzmán de Antinarcóticos, Walter Herrera Muskus de la Policía Metropolitana de Cali, y William Eduardo Morales Morales de Inteligencia Policial.

Estas incorporaciones, según la información oficial, apuntan a optimizar la prevención y respuesta frente a amenazas ligadas tanto a grupos armados ilegales como a economías ilícitas.

En Cauca, que concentra el mayor número de traslados, llegan agentes como Jorge Luis Castellanos Merchán de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Andrés David Mateus Jaime de Inteligencia Policial y José Andrés Quesada Palacios de la Dirección de Educación Policial, entre otros. Esta redistribución, detalló la Policía Nacional, surge en respuesta a la necesidad de fortalecer el Estado en regiones donde la presencia institucional es determinante para la estabilidad social.

La decisión de trasladar altos mandos fue objeto de debate interno, especialmente entre algunos coroneles, pero la dirección policial reiteró que se trata de una medida estratégica adoptada por necesidades institucionales y no por factores individuales.

La institución reafirmó que, aunque existan voces críticas entre los oficiales en proceso de traslado, cada movimiento responde exclusivamente a análisis técnicos y requerimientos estratégicos.

Según la Dirección General de la Policía Nacional, la redistribución del personal, que abarca oficiales provenientes tanto de direcciones especializadas como de policías metropolitanas y departamentos de Policía, tiene el fin de anticipar amenazas y garantizar la protección de derechos fundamentales en zonas que lo demandan con mayor urgencia. El general Rincón enfatizó: “Proteger la democracia es una responsabilidad histórica que exige llevar capacidades donde el país más las necesita”.

La Policía Nacional, integrada por más de 180 mil efectivos, asegura que la estrategia de fortalecimiento opera bajo los principios de responsabilidad, transparencia y sentido de misión institucional.

Con la finalidad de mantener la presencia del Estado y asegurar la convivencia en el territorio nacional, los traslados continúan como parte de un esfuerzo permanente orientado a responder a los mayores desafíos de seguridad en Colombia.

Durante el 2 de febrero de 2026 se conocieron detalles de la muerte de Norbelis Milena Escobar Vargas, una ciudadana que formó parte de un altercado entre vecinos en el municipio de El Paso, Cesar, lo que causó sorpresa entre la comunidad y tiene a sus familiares sumidos en un profundo dolor.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, la mujer murió después de enfrentarse con una vecina por el alto volumen de la música durante una fiesta de precarnavales. Pese a que fue trasladada a un centro médico, los especialistas confirmaron que falleció como consecuencia de un paro cardíaco.

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El reporte indica que el conflicto surgió la tarde del 30 de enero de 2026, durante una celebración que llevaba varias horas con música a alto volumen. En ese momento, Escobar, ya estaba cansada por el ruido constante que alteraba la tranquilidad del sector, por lo que decidió pedir en repetidas ocasiones a sus vecinos que bajaran el sonido.

Los familiares de la víctima aseguraron que sus reclamos provocaron el disgusto de la otra persona implicada, lo que desencadenó una fuerte discusión verbal que rápidamente escaló entre ellas, atrayendo así la atención de los demás habitantes del sector.

Los testigos de los hechos comentaron que la confrontación escaló en minutos y dio paso a empujones y finalmente a una pelea física entre ambas mujeres. La situación fue tan fuerte que se extendió por varios minutos y terminó ocasionando la tragedia.

El reporte indica que la situación causó preocupación entre los asistentes a la fiesta y los vecinos del sector. Incluso, algunos intentaron intervenir para calmar los ánimos y detener la pelea.

Tras el enfrentamiento, Escobar empezó a sentirse mal y mostró claros síntomas de descompensación, por lo que tuvo que ser auxiliada y trasladada con urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica inmediata.

En el hospital, su estado empeoró rápidamente. Según información preliminar de autoridades y personal sanitario, la víctima sufrió un incremento considerable en su presión arterial durante la riña con su vecina, lo que provocó un paro cardíaco. Pese a que los médicos intentaron reanimarla, la mujer falleció poco después.

Ante la gravedad del caso, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para reconstruir lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades en este caso.

Violenta agresión en Cesar

Una agresión con arma blanca dejó gravemente herida a una mujer identificada como Betsy Liliana Ascanio en el barrio Villa Jaidith de Valledupar, según informaron las autoridades, en medio de una nueva denuncia de violencia de género.

Tras recibir una herida abierta de aproximadamente 5 centímetros en la parte central de la espalda, la mujer de 37 años fue atendida de urgencia en la Clínica Santa Isabel, donde permanece bajo observación médica y con estado de salud estable, según el último reporte clínico.

El ataque ocurrió a las 6:45 p. m. del viernes 31 de enero, cuando la víctima realizaba tareas domésticas y fue sorprendida por su esposo, que supuestamente la atacó por la espalda y luego huyó en motocicleta. La Policía Judicial inició las labores de investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero del agresor, que todavía no ha sido capturado.

El caso fue notificado a la Fiscalía General de la Nación, que dispuso los protocolos de protección para la víctima y la judicialización de los hechos. Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos de violencia intrafamiliar y aportar información que facilite el avance de la investigación, sumándose así a los numerosos episodios recientes de violencia de género reportados en el país.

Por primera vez, el ingreso para los que prestan servicio militar equivale al 100% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, es decir $2.000.000 por mes ($1.743.882 de base y $256.118 de auxilio de transporte), lo que constituye uno de los aumentos más relevantes en la historia reciente de la remuneración para los rangos más bajos de las Fuerzas Armadas.

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La medida comenzó a aplicarse en enero, una vez que entró en vigor el decreto Decreto 1469 de 2025, correspondiente al salario mínimo para 2026

En consecuencia, miles de jóvenes pasaron de recibir una compensación limitada a contar con un salario completo, lo que impacta de forma directa en su economía personal y en la de sus familias.

El anuncio se reflejó de inmediato en los cuarteles del país, donde se reportaron celebraciones entre los soldados al recibir su primer pago íntegro. El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un video en el que se observa a varios soldados expresando su alegría con gritos, aplausos y bailes. El mandatario acompañó la publicación con el mensaje: “Felicidad de los soldados, y más riqueza para Colombia”.

Largas filas para enlistarse en el Ejército

El impacto de la decisión se evidenció en el aumento de postulaciones a las convocatorias lanzadas por las fuerzas militares.

En Valledupar, por ejemplo, se hizo viral un video donde se registraron largas filas de jóvenes, principalmente mujeres, interesadas en aplicar al servicio militar.

De acuerdo con la Décima Brigada del Ejército Nacional, consultado por este medio, el incremento salarial habría sido un factor determinante para el éxito de la convocatoria en esa jurisdicción.

Dicha dependecia abrió la convocatoria para 822 jóvenes, hombres y mujeres, que podrán incorporarse al primer contingente de 2026.

El proceso de incorporación estará habilitado del 1 al 25 de febrero a nivel nacional y está dirigido a ciudadanos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24.

Los seleccionados recibirán el salario mensual, además de una bonificación adicional al finalizar el servicio de $2.626.357. Los beneficios incluyen alimentación, vestuario, atención médica y acceso a programas de formación académica.

Durante el tiempo de servicio, los soldados participarán en actividades de seguridad y defensa de la población civil en los departamentos del Cesar y La Guajira, así como en tareas relacionadas con la conservación ambiental, seguridad vial, atención humanitaria y labores administrativas.

Más detalles de la convocatoria del Ejército Nacional

A nivel nacional, el Ejército abrió la primera convocatoria de 2026 con 15.000 cupos disponibles, bajo la coordinación del Comando de Reclutamiento y Control Reservas.

Del total, 13.320 plazas están destinadas a hombres y 1.680 a mujeres.

Además del salario mensual, los nuevos soldados recibirán una bonificación, acceso a diferentes servicios especiales, permiso anual con auxilio de transporte, descuentos comerciales, transporte al lugar de destinación y regreso al domicilio, así como acceso a programas de formación técnica y laboral con el Sena y créditos especiales con Icetex.

El tiempo de servicio será válido para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión y, en el caso de la Fuerza Pública, para cesantías y primas de antigüedad. Quienes se destaquen como dragoneantes recibirán un reconocimiento económico mensual adicional del 5% sobre el salario mínimo.

El Ejército Nacional reiteró que el proceso de incorporación solo se realiza a través de canales oficiales y advirtió a los ciudadanos para que no caigan en estafas ni consignen dinero a terceros. Para más información, los interesados pueden acudir a los distritos militares, consultar la página web www.reclutamiento.mil.co o comunicarse con los números oficiales habilitados para tal fin.

De acuerdo con información revelada durante la jornada del 29 de enero de 2026, el operativo fue realizado en Barranquilla y municipios cercanos, este incluyó seis diligencias de registro y allanamiento, afectando directamente a la estructura operativa del grupo.

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Las investigaciones revelaron que el cabecilla identificado como alias Falcao era un expolicía que jugaba un papel central en la planificación y ejecución de los robos en las diferentes centrales financieras.

En particular, al señalado líder se le vincula con un asalto en Chiriguaná (Cesar), donde fue capturado tras apropiarse de $137 millones en efectivo de un usuario del Banco Agrario mientras aún pertenecía a la fuerza policial, según indica la información que fue difundida por medios locales como Impacto News y reconfirmada por las autoridades a través de un comunicado oficial.

A raíz de esta intervención, las autoridades lograron esclarecer 11 eventos de hurto que afectaron distintas sucursales de Banco Agrario, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social y Davivienda, que se encuentran ubicados en municipios como Sabanalarga, Baranoa, Santo Tomás, Repelón, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, San Estanislao, Arjona y Copey.

En cuanto al perfil judicial de los detenidos, las autoridades revelaron que incluye antecedentes por delitos como uso de documento falso, fuga de presos, falsedad personal, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial, por lo que cada una de las condenas será dictada conforme al historial delictivo de los involucrados.

El reporte oficial indicó que los capturados quedaron bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de la continuación de los procedimientos legales hasta el respectivo anuncio de las sentencias.

A través de un video difundido por la institución, el comandante a cargo de la investigación reveló lo siguiente: “Con esta operación esclarecemos 11 hechos delictivos que afectaron a entidades bancarias, no solo en nuestro departamento, sino en municipios de Bolívar y el departamento del Cesar”.

Además agregó detalles del señalado cabecilla: “Dentro de los capturados se encuentra el cabecilla principal, quien para el año 2019 fue capturado en flagrancia en el municipio de Chiriguaná, Cesar, después de haber hurtado $137 millones en el Banco Agrario de este municipio".

Finalmente, el reporte oficial indicó: “Estos individuos presentan un amplio prontuario por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y hurto calificado”, por lo que las autoridades realizaron un llamado a la comunidad: “Invitamos a la ciudadanía a seguir confiando en su policía. Denuncien de cualquier actividad sospechosa a la línea 123 y garantizamos absoluta reserva”.

Otro golpe a la delincuencia en Cesar

Un operativo de la Policía Nacional en el municipio de El Paso, Cesar, terminó en la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al Clan del Golfo y consideradas responsables de impulsar la venta de estupefacientes en áreas cercanas a centros educativos y parques infantiles, según informó la institución.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cesar, los ingresos generados por esta red ilícita estaban dirigidos a fortalecer las finanzas de la subestructura Ferney Antonio López Polo del mismo grupo armado. Durante la intervención, las autoridades decomisaron 400 dosis de marihuana, 250 dosis de cocaína, 300 bolsas dosificadoras y otros utensilios empleados para fraccionar los narcóticos.

La operación fue posible gracias a labores conjuntas de la Seccional de Investigación Criminal y Inteligencia Policial, que realizaron cuatro registros y allanamientos, facilitando la aprehensión en flagrancia de los señalados, identificados con los alias de Tito, Yimy, El Indio, Pucca y La Chacha, que enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El golpe más reciente contra las estructuras financieras del ELN en el departamento del Cesar dejó fuera de circulación 824 kilogramos de cocaína, valorados en más de 5.153 millones de pesos.

El Ejército y la Policía Nacional lograron esta incautación en una operación conjunta que tuvo lugar en la vereda Quebrada Seca, municipio de Río de Oro.

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Así como explicó el coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada contra el narcotráfico N°1: “De manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial, con apoyo judicial de la Policía Nacional, logran la incautación de 824 kilogramos de clorhidrato de cocaína hallados en el límite del departamento del Cesar, en un laboratorio para el procesamiento de drogas”.

Entre los hallazgos, las autoridades detectaron un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta una tonelada y media de droga cada mes, según la información de inteligencia obtenida por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat).

Durante el operativo, los uniformados encontraron 1.453 galones de acetato de N-propilo, 130 galones de gasolina, 105 galones de ACPM, 90 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 485 kilogramos de sustancias sólidas, además de todos los equipos esenciales para el procesamiento de estupefacientes.

La droga producida en este enclave era transportada desde la región del Catatumbo en Norte de Santander, cruzaba el lago de Maracaibo en Venezuela, y finalmente llegaba a México y Estados Unidos a través del Caribe. El Ejército destacó que esta acción permitió impedir la comercialización de 824.000 dosis de cocaína.

“Con este resultado, no solamente se afecta sustancialmente las finanzas ilegales del gabo ELN, frente a Camilo Restrepo, sino también se evita la circulación de ochocientas veinticuatro mil dosis en el mercado nacional y/o internacional“, afirmó el coronel Valencia.

El despliegue de capacidades diferenciales por parte de las fuerzas armadas busca no solo golpear la economía ilegal de los grupos armados, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

Las operaciones en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus continúan enfocados en neutralizar las amenazas transnacionales y los flujos de narcóticos en el país.

Las autoridades recalcaron que esfuerzos como este seguirán intensificándose para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones ilegales y asegurar entornos más seguros para la población civil en las regiones más afectadas por el narcotráfico.

“Nuestro Ejército Nacional, con las capacidades de todas las fuerzas, seguirá desarrollando operaciones militares con contundencia para debilitar día a día las rentas criminales de los grupos armados organizados y propender así por la tranquilidad y el bienestar del pueblo colombiano”, concluyó el oficial.

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Más de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de clorhidrato de cocaína quedaron desmantelados en el área rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia.

La operación, coordinada por integrantes del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, representó un revés para las finanzas ilícitas de la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como clan del Golfo.

El informe oficial cifró las pérdidas económicas de la organización en más de 630 millones de pesos. La acción militar, realizada en la vereda La Cristalina, permitió neutralizar el funcionamiento de infraestructuras artesanales donde se producían grandes volúmenes de droga y se almacenaban insumos químicos en condiciones precarias.

Durante el operativo, los soldados decomisaron 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto con 872 galones de líquidos empleados en el proceso ilegal.

Entre las sustancias incautadas resaltan 350 galones de ACPM (aceite diésel), 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca.

En el lugar, los uniformados encontraron una variedad de recipientes, incluyendo una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas destinadas al almacenamiento irregular de productos químicos.

El Ejército Nacional precisó que los laboratorios estaban equipados con escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, elementos que también fueron inutilizados para impedir su reutilización.

De acuerdo con versiones preliminares de los hechos, hombres armados, cuya identidad aún no ha sido establecida, obligaron a descender a los conductores de dos camiones cargados con combustible para incinerar los vehículos, provocando alarma entre varias comunidades campesinas de la vereda Villa Nueva y el sector de Tenerife, ubicados entre los corregimientos de Guamalito y Ayacucho.

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Los conductores, que transportaban combustible artesanal tipo pategrillo, los obligaron a abandonar los vehículos y prendieron fuego a los automotores en un punto cercano entre el corregimiento de Ayacucho, en el municipio de La Gloria (Cesar), y Guamalito, en el municipio de El Carmen (Norte de Santander).

El combustible ardiendo se extendió por el costado de la vía, lo que generó pánico y llevó a los habitantes a evacuar sus viviendas para resguardarse en zonas elevadas cercanas.

Videos grabados por residentes del área documentaron la magnitud de la emergencia, con llamas próximas a viviendas y sobre una carretera que permanece activa para el transporte regional.

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras verifican si la carga de los vehículos era de origen ilegal. Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que la zona afectada forma parte de un corredor estratégico que conecta áreas rurales productivas con centros de abastecimiento y permite el tránsito hacia Norte de Santander, en la subregión del Catatumbo.

Esta región, fronteriza con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos armados durante años. Desde el 16 de enero de 2025, las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han intensificado la violencia, en una pugna por el control territorial y de rutas vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Los continuos enfrentamientos han tenido consecuencias directas para comunidades rurales como Guamalito, que se mantienen en medio de la confrontación armada.

Ataque con drones explosivos del ELN deja un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú, Norte de Santander

El sábado 17 de enero de 2025 se registró un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando un soldado muerto y cuatro militares heridos en la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander).

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 realizaban operaciones en la región del Catatumbo cuando fueron objeto del atentado, según información oficial del Ejército Nacional.

Durante la acción armada falleció el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira (Valle del Cauca). Dos suboficiales y dos soldados más resultaron lesionados por esquirlas producto de la detonación de los artefactos explosivos lanzados desde drones. Los heridos recibieron atención inicial en la zona y luego fueron evacuados a un centro médico especializado en Cúcuta.

El Ejército atribuyó el ataque al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, grupo que mantiene presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo reportan que la población civil de la zona enfrenta restricciones, desplazamientos forzados y amenazas por parte de los grupos armados ilegales.

En paralelo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó Tibú para expresar solidaridad por los cinco policías aún privados de la libertad por el ELN y supervisar gestiones humanitarias orientadas a su liberación. Las autoridades destacan que el uso de drones explosivos se ha consolidado como táctica recurrente de los grupos armados ilegales en el Catatumbo.

La mañana del sábado 17 de enero de 2025 se confirmó por parte de la justicia colombiana la sentencia a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, conocido como alias 5-7 o “Samuel”.

El hoy procesado tendrá que purgar condena por haber ordenado 30 homicidios en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

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De acuerdo con información divulgada en un comunicado por la Fiscalía General de la Nación, los asesinatos ocurrieron entre febrero y junio de 2022, durante una ofensiva criminal emprendida por el Clan del Golfo (grupo armado ilegal que también se conoce como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

Estas acciones criminales se dieron en su momento como respuesta a la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, hacia Estados Unidos.

Dentro de los detalles que se mencionan en el documento oficial, Córdoba Trujillo lideraba una estructura armada dentro del Clan del Golfo.

La investigación estableció que alias 5-7 impartió órdenes directas a sus subordinados para ejecutar homicidios en cadena, y que se perpetraron en municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira (región Caribe colombiana).

Las pesquisas atribuyeron que parte de estas acciones correspondieron a una estrategia de retaliación armada por la extradición de Otoniel, quien por ese entonces ostentaba el lugar de máximo jefe de la organización.

Entre las víctimas identificadas por la Fiscalía figuran civiles que resistieron presiones del grupo armado. Algunos de ellos se negaron a cerrar sus negocios, rechazaron el pago de extorsiones o persistieron en permanecer en zonas bajo amenaza.

Uno de los crímenes más notorios se registró el 6 de mayo de 2022 en la Ruta del Sol, a la altura de El Copey (Cesar), cuando un conductor de tractomula fue asesinado por miembros del Clan del Golfo que dispararon contra varios vehículos de carga.

Ese mismo día en Pivijay (Magdalena), dos comerciantes que mantenían abierto su local de abarrotes fueron atacados por hombres armados que les dispararon en varias ocasiones.

Las acciones violentas se extendieron a distintas localidades, generando alarma entre la población civil que vivió entre el miedo y la zozobra por el reinado de terror que sembró este brazo armado por la extradición de su máximo cabecilla.

Después de aceptar cargos mediante preacuerdo, la justicia penal de Santa Marta (Magdalena) impuso a Córdoba Trujillo una condena de 24 años de prisión.

El fallo lo responsabiliza por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, utilización ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de redes de comunicación.

Asimismo, el ente investigador resaltó que la sentencia busca enviar un mensaje de rechazo frente a la intimidación y la violencia ejercida por organizaciones criminales en la región Caribe.

El organismo confirmó que mantiene investigaciones en curso sobre otros integrantes del Clan del Golfo relacionados con hechos similares.

Otro resultado en contra del Clan del Golfo dejó la caída de “la Sobrina” en Antioquia

Sumado a este caso, la misma semana se presentó la captura de Yésica María Rico, conocida como alias La Sobrina, como parte de la estrategia de las autoridades colombianas para neutralizar a los mandos operativos del Clan del Golfo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó el 15 de enero que la detención responde a una política dirigida a desmantelar las redes criminales que mantienen presencia en el norte de Antioquia.

Según reportes oficiales, “la Sobrina” quedó bajo medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras la investigación sigue su curso.

Además de este caso, se destaca también la detención de Amaury Santacruz Rodríguez, alias Amaury.

De acuerdo con información suministrada por el general William Rincón a través de redes sociales, la captura de Santacruz Rodríguez constituye “un golpe estructural al narcotráfico transnacional”.

El general detalló que “Amaury” operaba bajo un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió organizar durante años los envíos de drogas hacia Estados Unidos sin ser detectado.

Las investigaciones policiales le atribuyen el envío mínimo de 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, con incautaciones como 1,2 toneladas en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica.

La detención de Rico se produjo en la zona rural de La Tablaza, municipio de La Estrella, durante un control de rutina a personas y vehículos.

Los uniformados verificaron su identidad y confirmaron que existía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio y antecedentes judiciales por homicidio en 2024.

La Policía Nacional destacó en su comunicado una trayectoria criminal de más de nueve años de “la Sobrina” dentro del Ejército Gaitanista de Colombia.

El operativo que permitió la detención de ‘alias Ismael’ incluyó el decomiso de municiones de uso militar, una granada, material para propaganda y dispositivos de comunicación, según reportó el Ministerio de Defensa de Colombia. Este procedimiento formó parte de una estrategia conjunta entre el Ejército y la Policía, destinada a atacar la capacidad logística del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas estratégicas. La captura de este señalado integrante del grupo insurgente, informó el diario El País, se consideró un paso relevante en las acciones de seguridad emprendidas tras uno de los ataques más graves cometidos en la región del César.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó a través de la red social X que este sujeto desempeñó un rol clave en el atentado perpetrado el 18 de diciembre de 2025, que provocó la muerte de siete militares y dejó al menos treinta heridos en Aguachica, municipio del departamento de César. Sánchez precisó que ‘alias Ismael’ coordinaba la logística, almacenaba armamento y lideraba diversas actividades criminales en apoyo al ELN. Según informó El País, las autoridades consideran que la detención representa una afectación significativa para las redes de apoyo de la organización armada.

Durante la emboscada, los atacantes utilizaron explosivos improvisados transportados y lanzados mediante drones, en momentos en que los militares se encontraban en periodo de descanso dentro de la base, de acuerdo con las autoridades consultadas por El País. Después del ataque, fuerzas estatales iniciaron una investigación para identificar a los responsables directos y los facilitadores del atentado. Sánchez señaló que aún permanecen prófugos dos individuos sospechosos de estar envolvidos en la planificación y ejecución del ataque.

El País destacó que, durante 2025, los atentados con drones han elevado la preocupación entre las fuerzas de seguridad y la población civil colombiana. Según registros oficiales citados por el medio, estos dispositivos no tripulados resultaron responsables de heridas a quince civiles, causaron la muerte de aproximadamente veinte policías y soldados, y dejaron más de doscientos heridos en el transcurso del año. Las autoridades identificaron el 26 de abril de 2024 como la fecha del primer ataque documentado con drones contra fuerzas estatales en Argelia, departamento de Cauca, estableciendo un precedente para las acciones posteriores de los grupos armados.

El despliegue de tecnologías como drones por parte de organizaciones armadas ilegales genera desafíos adicionales para las operaciones de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto. Según consignó El País, la utilización de estos aparatos permite realizar ataques a distancia, minimizando la exposición de los agresores y complicando las labores de prevención por parte del Estado. Las autoridades han desarrollado medidas para contrarrestar esta modalidad, incluida la identificación de actores responsables y el fortalecimiento de la inteligencia militar y policial en zonas de riesgo.

El ataque de diciembre en Aguachica marcó uno de los episodios más letales del año para las fuerzas armadas, insertándose en un patrón de agresiones que, según informó El País, se repiten en diversas áreas donde se registra actividad del ELN y de otros grupos armados. La estrategia presentada por el Ministerio de Defensa hace énfasis en la coordinación interinstitucional y en el rastreo de redes de apoyo logístico, consideradas fundamentales para la capacidad operativa de organizaciones insurgentes como el ELN.

La comunidad local en el departamento de César experimentó un impacto considerable tras el atentado, reportó El País, debido al temor generado por la violencia recurrente y la presencia de actores armados en la zona. En este contexto, la captura de ‘alias Ismael’ se percibió como un mensaje orientado a la restauración del orden y a la limitación de la influencia del ELN en territorios donde tradicionalmente ha tenido presencia.

El País recalcó que la investigación sobre el atentado continúa, con el objetivo de identificar a todos los responsables y esclarecer la cadena de mando y apoyo detrás de la operación criminal. Las autoridades mantienen la búsqueda de los otros señalados implicados, mientras consolidan la información recolectada durante el allanamiento para avanzar en la desarticulación de las estructuras armadas responsables de los ataques.

Ese día, al detenerse en Pailitas a desayunar junto a dos acompañantes, un vehículo bloqueó su paso. Un hombre fingía reparar una llanta, mientras otros armados rodearon el automóvil, rompieron los vidrios y amenazaron con disparar.

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Los secuestradores se identificaron: “Es un secuestro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Baje la cabeza, no alcen la cabeza, no hagan nada o los matamos”, citó Salazar a Noticias Caracol.

Tras separarla de sus acompañantes, Salazar fue llevada a caballo por las montañas durante dos horas. Describe que la trasladaron a una habitación pequeña, sin luz natural, donde la encadenaron.

“Visualmente, uno lo que ve es un cuartico pequeño como de alacena y más adentro. Entonces, allá en ese lugar, usted no sabe si es de día, si es de noche, cuántas horas duerme, no tiene un reloj, no tiene absolutamente nada”, contó la expersonera al medio.

Condiciones de encierro: aislamiento y tratos degradantes

Durante más de 270 días, Salazar vivió entre cambuches y casas improvisadas en la selva, según reconstruyó Noticias Caracol. El trato fue inhumano desde el inicio. Pasó más de 15 horas sin alimentos tras el secuestro, solo recibiendo sueros durante el trayecto.

En el lugar de cautiverio, el calor resultaba sofocante y la comida llegaba contaminada. “Las comidas empezaron a ser como con arena, como que comías y masticas todo, si comes arroz, había tierra, si te daban una sopa así como un agua con cebolla y algo, pues masticas tierra. Entonces, yo siempre me tomaba lo de arriba del arroz, decía: ‘Vamos a escudarlo, porque efectivamente yo podía escupir piedritas’”, narró Salazar.

Enfermar resultó una experiencia aún más deshumanizadora. “Les manifesté que estaba enferma, y voy a ser muy franca, estuve ensuciando sangre, estuve mal y cuando yo les expuse a eso a ellos, ellos me dijeron: ‘Aquí en la guerrilla, el que mejor está, caga sangre, usted está bien’”, relató la expersonera. Solo la medicaron cuando su salud se deterioró, pero los fármacos estaban vencidos.

El aislamiento era casi absoluto. Salazar nunca vio a las personas que pasaban por fuera de la casa; únicamente salía una hora al día y el resto del tiempo permanecía encerrada. A pesar de las amenazas, buscó formas de hacerse notar:

“Me ponía a llorar o hacer bulla, cuando escuchaba otro tipo de personas como para que supieran que yo estaba ahí, que lo hice muchas veces. Lo hice muchísimas veces, porque cuando escuchaba voces, yo intentaba gritar o cantar, a quien llegara ahí, supiera que allá había alguien encerrado, que allá había otra persona. Entonces, me mandaban a callar. Me gritaban. Dijeron que si no, me iban a matar, que me iban a poner la cadena más corta o que ya la cadena no solo me la iban a poner cuando me sacaran, sino todo el tiempo en el cuarto”, recordó entre lágrimas.

La presión familiar y social: resistencia y exigencia de justicia

Horas después del secuestro, la camioneta de Salazar apareció incinerada en la vía Las Vegas–Saloa, lo que activó la alarma en la región. La familia inició una búsqueda desesperada mientras las autoridades confirmaban el plagio. Las primeras investigaciones señalaron a la estructura Camilo Torres Restrepo del ELN, que opera entre Cesar y Norte de Santander.

La organización exigía $15.000 millones por la liberación de la expersonera, una suma imposible para su entorno. La familia y la comunidad respondieron con marchas, vigilias y una carta al presidente Gustavo Petro pidiendo intervención estatal. Mientras tanto, los rumores indicaban que la víctima era trasladada de un lugar a otro para evadir la presión militar.

El operativo de rescate: la Operación Thor rompió el cerco

La mañana del 27 de noviembre de 2025, la Operación Thor puso fin al encierro. Después de meses de inteligencia e interceptaciones, el Gaula de la Policía (Cesar y Bogotá), el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes), los Comandos Jungla, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un megaoperativo en una vereda de El Carmen, Catatumbo.

Helicópteros sobrevolaron la zona mientras comandos ingresaban a la vivienda donde permanecía Salazar. La ubicación se obtuvo gracias a la recompensa de $50 millones ofrecida por la Gobernación del Cesar.

La irrupción armada precipitó la huida de los captores y permitió el rescate de Salazar. “Cuando gritaron mi nombre, a mí me saltó el alma y grité: ‘¡Estoy aquí, aquí estoy yo!’”, relató la expersonera.

El retorno de Salazar a la libertad estuvo marcado por la incredulidad y las lágrimas. Las secuelas del cautiverio aún persisten. “Muchas veces pensé que no lograría salir de allí”, confesó la expersonera. Finalmente, envió un mensaje a sus rescatistas: “Gracias por nunca dejar de investigar. Gracias por encontrarme”.

La muerte violenta de Roxana Álvarez Rojano ha expuesto una vez más la fragilidad de la respuesta institucional frente a los crímenes en regiones rurales de Colombia y el desamparo de las víctimas.

Yaneth Rojano Mendoza, madre de la joven de 26 años, se vio obligada a recoger el cadáver de su hija asesinada y trasladarlo 70 kilómetros en motocicleta, ante la negativa de la Policía de Pelaya de ejecutar el levantamiento del cuerpo por motivos de seguridad.

Este episodio, ocurrido en una zona rural de Pelaya, Cesar, provocó una ola de indignación y tristeza no solo entre los habitantes de la región, sino en las redes sociales, donde la imagen del desplazamiento de la madre capturó la atención por su crudeza y simbolizó la falta de apoyo estatal.

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En su trayecto, la madre recorrió varias poblaciones: La Floresta, El Burro, Palestina y Tamalameque, hasta llegar a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Banco, Magdalena, donde se llevaron a cabo los procedimientos judiciales.

El impacto de este caso se amplificó cuando decenas de usuarios en redes sociales compartieron mensajes de indignación, resaltando la negligencia institucional y el sufrimiento de una madre.

El hallazgo del cuerpo de Roxana Álvarez Rojano en el sector de Los Pinos confirmó la crudeza del asesinato: el cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas por arma blanca y disparos, de acuerdo con la información difundida por el medio El Universal. Junto a ella fue encontrado el cuerpo de un hombre, lo que vincula el hecho a una situación de violencia persistente en la región y refuerza la percepción de inseguridad.

Las primeras pesquisas apuntan a que Roxana Álvarez Rojano, residente en el barrio Las Palmas de El Banco, Magdalena, fue raptada la noche del 7 de enero por individuos que fingieron ser miembros de la fuerza pública.

Trabajaba en una finca en las proximidades de Las Vegas, entre Pailitas y Curumaní, Cesar. Aunque las autoridades han entregado pocos detalles, no se conocen aún responsables por el crimen. La familia y la comunidad exigen una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar si terceras personas están implicadas en la muerte de esta madre de dos niños.

La negativa institucional quedó plasmada cuando —según relató Yaneth Rojano Mendoza a El Universal— la Policía de Pelaya, invocando motivos de seguridad, se negó a retirar el cadáver, lo que precipitó el traslado por parte de la familia.

El asesinato y el posterior abandono estatal han detonado un debate sobre el papel de las autoridades en la protección de las víctimas y la atención oportuna ante hechos violentos que, como este, dejan a familias enteras sumidas en el dolor.

Policía del César

Las versiones en torno a la autoría, los antecedentes de las víctimas y las dudas de la comunidad revelan el trasfondo de una zona marcada por la confrontación entre grupos armados ilegales y la desconfianza institucional. Desde el primer momento, el teniente coronel Antonio Londoño, comandante operativo del departamento de policía, Cesar, ofreció a la prensa detalles sobre el procedimiento y las líneas iniciales de investigación.

“La policía halló dos cuerpos sin vida en la zona rural del municipio de Pelaya. Esto fue aproximadamente a las ocho de la mañana en la vereda Santa Ana. Las personas presentaban impactos por arma de fuego”, informó el teniente coronel Antonio Londoño al medio local durante la entrevista. Según sus palabras, los fallecidos fueron identificados como José Trinidad Sánchez Duarte y Rosana Álvarez Rojano.

Ambas víctimas habían sido retenidas, según el oficial, la noche previa en el corregimiento de Las Vegas, cuando “unos sujetos armados, quienes al parecer los subieron a un vehículo, una camioneta”, cometieron el secuestro.

Londoño puntualizó que la respuesta policial se activó en cuanto se supo del hecho. “En el momento que se conoce el hecho, la policía reacciona en el corregimiento de Las Vegas, se traslada hacia el lugar a verificar cómo fue el hecho. También algunos familiares llegan a la subestación de policía y se ponen a disposición las capacidades que se tienen”.

Sobre el perfil de las víctimas, fue enfático: "Es importante resaltar que una de las víctimas tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y violencia familiar, entre otros delitos“, manifestó Londoño. Precisó al ser consultado que “el masculino registraba los antecedentes” y que en el caso de la mujer, “estamos por establecer”.

El comandante puso de relieve los posibles móviles y los actores involucrados: “Una de las hipótesis es la atribución del hecho a miembros de la red de apoyo al terrorismo del ELN, quienes al parecer tienen una confrontación con integrantes del Clan del Golfo”.

El análisis, aseguró, se basa “en la modalidad delictiva y el modus operandi”. La investigación busca determinar si existía alguna relación de las víctimas “con hechos que se hayan presentado en el corregimiento de Las Vegas o alguna diferencia con estos grupos armados, o si fue un hecho aislado”.

La intervención institucional en el lugar del crimen suscitó interrogantes. En especial, familiares de una de las víctimas denunciaron a través de redes que “en ningún momento se le prestó atención alguna para realizar el levantamiento del cuerpo en el caso de la mujer”.

El oficial explicó: “Las estaciones de policía tienen jurisdicción en los cascos urbanos y sectores aledaños. Cuando los hechos suceden en corregimientos distantes de los cascos urbanos, generalmente los corregidores son quienes adelantan este tipo de inspecciones, ya que tienen la competencia legal para tal fin”. Subrayó que “siempre a las familias o a las víctimas se les asesora para que hagan la coordinación con estas autoridades administrativas”.

Consultado sobre la relación entre las dos víctimas, Londoño admitió lo confuso del caso y negó cualquier participación policial: “Cuando se presentan los hechos empiezan a circular versiones que manifiestan que la policía tiene cierto grado de responsabilidad, lo cual es totalmente falso”, afirmó de modo tajante.

Detalló que acudió personalmente al sitio, se reunió con el único testigo presencial y otros vecinos, quienes “manifestaron que fue una camioneta” la que llegó al lugar y que “los delincuentes se identificaron como miembros de la policía”. Londoño fue enfático: "No tenemos presencia de funcionarios de policía judicial ni vehículos de esa categoría en ese corregimiento, y los policías al contrario, lo que hicieron fue brindar apoyo en el momento que se presentó el hecho“.

A pesar de que la policía propuso tomar denuncias, mostrar fotografías y facilitar identificación de autores, “se negaron rotundamente a brindar cualquier tipo de información y a colocar algún tipo de denuncia”, indicó. El jefe policial añadió que incluso el testigo mencionó que las víctimas, recién llegadas a su casa hacía cuatro días, iban a trabajar allí, aunque “no supo aclarar cómo las conocía, hace cuánto, ni por qué les iba a dar trabajo”.

En cuanto a los detalles forenses, Londoño señaló que corresponde a medicina legal precisar lesiones y posibles signos de tortura: “Son quienes determinan el tipo de lesión y las marcas que llegase a presentar el cuerpo por otras circunstancias. Nosotros realmente no tenemos esa información”, dijo el teniente coronel.

El trasfondo criminal de la zona fue delimitado por el propio comandante: "Tenemos un fortalecimiento en las capacidades a nivel departamental. En el año 2025, que ya terminó, tuvimos un incremento en las acciones operativas. Hace dos días se realizaron unos allanamientos contra el ELN, donde se capturó a alias Ismael, miembro de la red de apoyo al ELN, quien al parecer tiene relación con el atentado que hubo en el Ejército en Juncal“, indicó. Detalló que el ELN, el Clan del Golfo, Los Pachenca y Los conquistadores de la sierra mantienen una confrontación permanente en la zona, y que, hasta la fecha, “no se ha registrado ningún homicidio en los cascos urbanos”, pero que en 2026 “los homicidios han sido en el sector rural”.

El oficial afirmó que la coordinación con el Ejército y el refuerzo de controles sobre las vías nacionales y rurales buscan contener la violencia, mientras la investigación del caso trata de determinar si esta nueva tragedia responde a la disputa entre los grupos armados ilegales o corresponde a un caso desconectado de esa dinámica.

Un nuevo episodio de violencia alteró la cotidianidad en el sur del Cesar: dos ingenieros resultaron heridos la tarde del miércoles 7 de enero tras un ataque armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La preocupación por la seguridad crece entre la población y las autoridades locales, mientras se exige al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar para contener la situación en la zona, según informó el medio Quinto Poder.

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En el sector Sanín Villa, un grupo de hombres armados interceptó una camioneta blindada que se desplazaba entre Aguachica y Río de Oro. Los atacantes obligaron a los ocupantes a detenerse; ante la negativa, abrieron fuego y lograron perforar la estructura del vehículo, según confirmó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, en declaraciones recogidas por el medio de comunicación mencionado anteriormente

La llegada de tropas del Ejército Nacional forzó la huida de los agresores, quienes aprovecharon la confusión para hurtar una camioneta propiedad del concejal de Aguachica, Andrés David Beltrán.

Durante la fuga, varias personas presentes en el estadero Doña Juana fueron intimidadas y obligadas a lanzarse al suelo mientras los delincuentes abandonaban el área, de acuerdo con el reporte del medio Quinto Poder.

Los ingenieros lesionados fueron identificados como Leonardo Carrascal, que recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, y Luisa Numa Ibáñez, afectada por esquirlas de vidrio, recibieron atención especializada en un centro médico local y permanecen bajo observación.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, advirtió sobre la gravedad del evento y demandó acciones inmediatas por parte del Ministerio de Defensa.

“Necesitamos una presencia de seguridad amplia y permanente en el sur del Cesar. Esta nueva incursión armada en la zona de Sanín Villa ha generado temor en la población. Hago un nuevo llamado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que atienda de manera urgente las necesidades de seguridad del territorio”, afirmó Sanjuán al medio Quinto Poder.

Las autoridades intensifican las investigaciones para determinar el paradero de los responsables y fortalecer las estrategias de seguridad en el eje vial Aguachica-Río de Oro, una ruta clave para la región.

Frustran atentado del ELN en Yarumal

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional en el sector de Ventanas, en el municipio de Yarumal, Antioquia, impidió la ejecución de un atentado que, según las autoridades, había sido planeado por el ELN para afectar tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la operación permitió detener la instalación de un artefacto explosivo. Resaltó la actuación de los soldados al afirmar: “Desactivada acción criminal del cartel del ELN y capturados tres integrantes”, y elogió el “coraje y decisión” de la Cuarta Brigada para frenar el ataque.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo fueron neutralizados tres miembros del grupo armado: dos quedaron capturados y un tercero resultó herido tras la reacción de los militares. El herido recibió atención médica inmediata y fue evacuado a un centro asistencial, cumpliendo de forma estricta con el Derecho Internacional Humanitario y las normas de derechos humanos.

El ministro Sánchez detalló a través de sus redes sociales que la acción militar evitó que el llamado cartel del ELN generara zozobra en una zona estratégica del norte antioqueño. Las autoridades incautaron explosivos, radios de comunicación y material vinculado al grupo, evidenciando la capacidad logística y operativa de la organización en la región.

El operativo evidencia el despliegue de inteligencia y respuesta militar en el área, mientras la comunidad de Yarumal permanece en alerta frente a la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la zona.

En el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, fueron hallados dos cuerpos sin vida de hombres en hechos ocurridos cerca de la estación de Policía local, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en la zona.

La información fue confirmada por el alcalde municipal, Arnoldo Osorio, quien entregó detalles preliminares sobre la situación reportada durante el fin de semana, según informó Blu Radio.

De acuerdo con el mandatario, los cadáveres presentaban impactos de arma de fuego y se investiga si ambos casos guardan relación entre sí, teniendo en cuenta la cercanía espacial y temporal de los hallazgos.

Las autoridades locales señalaron que los cuerpos fueron encontrados en puntos distintos, aunque a corta distancia del puesto policial que horas antes había sido objeto de un hostigamiento armado.

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El alcalde Osorio explicó que el corregimiento de Los Ángeles es el más grande del municipio, con alrededor de 400 viviendas, y que la estación de Policía está ubicada en el centro del poblado, junto al parque principal y la iglesia. Sobre el lugar del hallazgo, precisó: “Muy cerca, cerca. Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia y el hallazgo fue diría yo que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”.

El ataque contra la estación policial se registró aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo, en momentos en que varios habitantes del corregimiento salían de la misa dominical. Según el reporte entregado por el alcalde, no se presentaron personas lesionadas entre la población civil, pese a que el hostigamiento ocurrió en un horario de alta afluencia de personas en el sector céntrico.

Tras los hechos, se realizó un consejo de seguridad extraordinario, en el cual participaron autoridades municipales y representantes de la fuerza pública. En ese espacio, la administración local solicitó apoyo adicional a la Gobernación del Cesar, con el fin de reforzar la presencia institucional y atender la situación de orden público que se registra en esta zona rural del municipio.

Como parte de las medidas adoptadas, el alcalde anunció que el corregimiento permanecerá bajo ley seca durante toda la semana, mientras avanzan las verificaciones y las labores de control por parte de las autoridades competentes. La decisión busca limitar situaciones que puedan alterar el orden y facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad en el territorio.

En declaraciones entregadas al medio radial, Osorio reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se preste atención a lo que ocurre en Río de Oro.

“Nuevamente, incansablemente, vamos a seguir diciendo lo mismo hasta que seamos escuchados. Por favor pongan los ojos en Río de Oro. Somos víctimas de la violencia directamente. Hoy este corregimiento se encuentra en esta zozobra o terror, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya está bueno, deben sentarse a dialogar con estos grupos al margen de la ley”, afirmó.

El mandatario local insistió en la necesidad de avanzar en salidas que permitan reducir los niveles de violencia en la región. “Busquen una salida negociada, es lo que necesitamos. Queremos un 2026 en paz y en tranquilidad para la población de esta región, y es una situación muy crítica en temas de inseguridad”, agregó durante su intervención.

Las autoridades han señalado que en el área hay presencia del ELN y de las disidencias de las Farc, aunque indicaron que desde hace 45 días no se reportan enfrentamientos directos entre estas organizaciones armadas ilegales. Pese a ello, los hechos violentos recientes mantienen la alerta entre la población y las instituciones locales.

En el mismo municipio, durante las celebraciones de Navidad, se registró un triple homicidio, en el que murieron dos adultos y una menor de 12 años, caso que continúa bajo investigación de las autoridades judiciales. Estos antecedentes han sido mencionados por la administración municipal como parte del contexto de seguridad que enfrenta Río de Oro y sus corregimientos, conforme a los reportes divulgados por Blu Radio.

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de cuatro integrantes de una familia, generó conmoción en la comunidad del departamento del Cesar, luego de que su vehículo cayera desde un puente a más de dos metros de altura en la vía entre El Líbano y San Alberto.

Según el reporte inicial de la Policía de Tránsito y Transporte, el hecho ocurrió el domingo 4 de enero cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas se precipitó al vacío cuando el conductor, por causas que aún permanecen bajo investigación, perdió el control y chocó contra la baranda del puente.

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Las víctimas fueron identificadas como Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años; Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años; su hija Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años; y el novio de esta última, Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años.

Todos murieron en el lugar del accidente de manera inmediata, antes de que los equipos de emergencia pudieran trasladarlos a un centro asistencial.

Testigos que circulaban por la zona realizaron llamadas de auxilio tras el siniestro, permitiendo que las autoridades llegaran rápidamente al sitio; sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad del impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Tránsito y Transporte, la familia se desplazaba en una camioneta Toyota cuando ocurrió el choque y posterior caída desde el puente.

A pesar de la rápida respuesta de las ambulancias y personal de socorro, nada pudo hacerse por los ocupantes del vehículo.

Las autoridades continúan investigando los factores que llevaron a que el conductor perdiera el dominio de la camioneta, enfocándose en esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinando si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros elementos que intervinieron en el desenlace fatal.

Dos muertos y más de cinco heridos en accidente de microbús de pasajeros en La Guajira

La tragedia en la carretera entre Riohacha y Paraguachón dejó como saldo la muerte de dos personas calcinadas y al menos seis heridos, confirmaron las autoridades tras el incendio de un microbús en el sector de Aremasain, jurisdicción del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira.

Los equipos de emergencia, alertados por conductores y peatones que circulaban por la zona, llegaron minutos después del accidente y encontraron la escena dominada por las llamas y la desesperación de los sobrevivientes.

La información oficial indica que el vehículo transportaba a miembros de la comunidad wayúu cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control y el microbús volcó fuera de la carretera.

El siniestro ocurrió específicamente en el kilómetro 24 de la vía, área rural donde las condiciones del camino son frecuentemente señaladas como riesgosas. Tras el volcamiento lateral, el vehículo se incendió de manera inmediata, impidiendo que algunos pasajeros pudieran escapar.

Mientras las llamas envolvían el microbús, ciertos ocupantes lograron salir a tiempo, según el reporte preliminar de las autoridades. “Seis pasajeros recibieron atención prehospitalaria y traslado urgente a Riohacha por parte de los organismos de socorro”, detallaron los voceros oficiales. Hasta el momento, ni los heridos ni las víctimas mortales han sido identificados públicamente.

La policía departamental informó que, entre las hipótesis que se manejan, se encuentra el exceso de velocidad como posible causa del accidente, aunque no se descartan fallas mecánicas o el estado de la vía como factores contribuyentes.

Autoridades locales permanecieron en el sitio para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este incidente.

El caso se suma a una serie de accidentes recientes en la región, donde el transporte público y las condiciones viales representan desafíos constantes para la seguridad de los pasajeros. Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución y al cumplimiento de las normas de tránsito, mientras avanzan las labores de identificación y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Con el inicio de la temporada navideña en Aguachica, Cesar, el debate público se intensificó luego de que el concejal David Andrés Beltrán cuestionara la destinación de más de 2.400 millones de pesos para iluminar 14 puntos urbanos, una cifra equiparable al presupuesto asignado por la Alcaldía de Bogotá para su propio alumbrado, pese a contar con una población y extensión considerablemente mayores.

“Se están gastando 2.400 millones para un alumbrado navideño que no se ve reflejado en las calles. Bogotá y Santa Marta, con mucha más población, tienen un presupuesto parecido al de Aguachica. Es un abuso”, sostuvo Beltrán durante un debate de control político, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio regional El Pilón.

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Ante las denuncias, la Procuraduría General de la Nación informó en la mañana del 4 de enero que inició una indagación preliminar contra funcionarios no identificados de la Alcaldía de Aguachica, ante presuntos sobrecostos en el contrato de iluminación navideña, por un valor total de $2.463 millones.

Según la entidad, la investigación busca “establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, así como identificar o individualizar a los presuntos responsables”.

Esta medida responde tanto al presunto desequilibrio económico como a la distribución irregular de las luminarias, ya que varios sectores de la ciudad habrían quedado excluidos del plan de alumbrado.

El contrato, suscrito con la empresa AGM Desarrollos S.A.S., concesionaria del alumbrado público en Aguachica, destinó cerca de $1.400 millones únicamente a la plaza principal y al parque San Roque.

El resto del presupuesto se habría repartido entre la entrada del municipio y otros espacios urbanos seleccionados, de acuerdo con los documentos revisados por el medio regional.

Esta política de distribución ha sido duramente criticada por concejales municipales, que consideran que la cobertura de solo 14 sectores resulta limitada frente a la magnitud de la inversión.

En la revisión comparativa presentada por Beltrán, el monto asignado a la iluminación navideña de Aguachica para 2025 casi triplica los $876 millones invertidos en el año anterior.

“Aguachica, con una extensión y población infinitamente menor, está gastando cifras similares, pero para un alumbrado limitado, excluyente y sin impacto real para la mayoría de la comunidad”, advirtió el concejal.

Además, el representante señaló la falta de proporcionalidad respecto a otras ciudades como Santa Marta, donde la inversión fue de aproximadamente $2.500 millones en 2024, pese a su mayor número de habitantes y atractivo turístico.

La controversia también abarca la decisión de priorizar la iluminación temporal navideña por encima de la expansión del alumbrado público permanente. Según la respuesta escrita de la concesionaria enviada al Concejo Municipal y citada por El Pilón, las obras para extender la red de alumbrado a zonas aun sin cobertura comenzarían apenas entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Mientras tanto, habitantes de barrios y corregimientos continúan reclamando la falta de iluminación en calles y vías intermunicipales.

Para Beltrán, la administración municipal envía un mensaje erróneo al focalizar recursos en un proyecto que, a su juicio, no atiende las necesidades básicas de la población.

“Aguachica no necesita luces para tapar la oscuridad administrativa. Necesita transparencia, equilibrio en la inversión pública y respeto por los recursos de todos”, manifestó el concejal en declaraciones al diario regional, instando a los órganos de control a realizar una revisión exhaustiva del contrato y a priorizar las necesidades de las comunidades que, pese al millonario desembolso, permanecerán sin iluminación adecuada durante las festividades.

En este contexto, la Procuraduría enfatizó su interés en determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal, mientras la opinión pública y los órganos de control mantienen la atención sobre la gestión de los recursos públicos en el municipio.

A un año de la masacre del municipio de Aguachica, Cesar, nuevas certezas han emergido sobre el trágico error que terminó con la vida de la familia pastoral Lora Rincón. El asesinato de Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos, Ángela y Santiago, fue consecuencia de una confusión en medio de una retaliación entre estructuras criminales.

El 29 de diciembre de 2024, mientras la familia Lora Rincón almorzaba en el restaurante Sorbetes y Sabores, tras finalizar el servicio dominical como parte de la iglesia Príncipe de la Paz que lideraban en el barrio Villa Paraguay, un sicario descendió de una motocicleta y abrió fuego.

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Marlon, Yurlay y Ángela murieron en el lugar; Santiago falleció al día siguiente en una clínica. El hecho sumió a Aguachica en el dolor, la incertidumbre y el temor asociados a la violencia del crimen organizado.

365 días después, amigos, vecinos y feligreses de la iglesia que otrora fue liderada por Lora se reunirán este lunes 29 de diciembre para conmemorar el primer año del doloroso suceso que cobró relevancia nacional.

Según información conocida por El Heraldo, el encuentro se hará en forma de plantón en el que la comunidad elevará plegarias por el pastor y su familia, además de exigir a las autoridades mayor celeridad en la justicia.

Miembros y líderes de la iglesia tienen previsto realizar una jornada de oración en el lugar del crimen, con el fin de recordar a las víctimas y promover la reconciliación.

Y es que el legado de la familia Lora Rincón dejó una huella profunda en la comunidad cristiana del municipio. Desde el crimen, la iglesia Príncipe de la Paz, ahora a cargo del pastor Giovanni Bermúdez Santos, ha experimentado un promisorio crecimiento en el número de feligreses y un renovado espíritu de misión.

Bermúdez Santos explicó a El Heraldo que la enseñanza de Marlon sobre la importancia de “llevar la palabra de Dios” y unir a los miembros de la iglesia ha inspirado la llegada de nuevos creyentes, fortaleciendo la comunidad pese a la tragedia.

“El pastor Marlon eso fue lo que enseñó, llevar la palabra de Dios a todos los lugares, así empezó él recorriendo los sitios más apartados, hasta que consolidó la iglesia en la que tanto él como su familia estaban comprometidos. Ángela era también una buena predicadora. Suena un poco extraño, pero cuando suceden estas cosas la fe se fortalece y eso es lo sucedido con la iglesia que lideraba el pastor Marlon, ahora hay un nuevo pastor que llegó por pocos días, pero se ha quedado y sigue avanzando”, señaló el religioso al diario regional.

Las investigaciones comenzaron de inmediato. La Policía Nacional, apoyada por equipos de Barranquilla y Bogotá, bajo coordinación de la Regional 8 y la Fiscalía General de la Nación, revisó más de 220 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

Estas imágenes facilitaron la reconstrucción del recorrido de los sicarios en motocicleta y captaron la huida de una mujer de estatura similar a Ángela Lora: Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias la Diabla.

La identificación de alias la Diabla resultó fundamental para comprender el móvil del crimen. Sánchez Polanco era pareja sentimental de Javier Alfonso Veloza, alias Jhon Mechas, líder de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, asesinado el 27 de diciembre de 2024.

Las autoridades concluyeron que los sicarios pretendían atentar contra alias la Diabla como represalia por la muerte de Jhon Mechas, pero la similitud en vestimenta entre ella y Ángela Lora —ambas llevaban pantalón negro y camiseta blanca— ocasionó la confusión fatal. Sánchez Polanco logró huir del lugar en una camioneta de alta gama, mientras que la familia pastoral fue asesinada.

Dos meses después de la masacre, la Policía Nacional realizó un operativo conjunto con la Sijín y la Dijín en Cúcuta y Villa del Rosario, que permitió capturar a los principales responsables: José Leal Rodríguez (sicario), Jorge Luis Valderrama (conductor), Jairo Andrés Miranda (alias el Logístico, coordinador del operativo) y Leonardo Barraza Castillo (encargado de identificar a las víctimas).

Todos enfrentan cargos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, y se encuentran en proceso judicial bajo la conducción de la Unidad Nacional de la Fiscalía, destacó un vocero de la Fiscalía General a El Heraldo.

El dolor persiste entre los sobrevivientes del ataque ocurrido el 18 de diciembre en la base militar de Aguachica, en el departamento de Cesar, donde un atentado dejó siete muertos y al menos 31 heridos.

En medio del proceso de recuperación, uno de los jóvenes soldados afectados, Cristian Camilo Angarita Umaña, compartió su testimonio, describiendo el clima de angustia que marcó esa noche y las secuelas emocionales que aún enfrenta.

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En su relato, Angarita Umaña, de 18 años, reconstruyó el instante previo al ataque: “Mi mayor nos dice que nos quedemos ahí un segundo para podernos dar un refrigerio. En el momento que nos dicen que nos queremos parar el refrigerio, suena algo, un bombazo grandísimo”, relató el uniformado a Caracol Radio.

El impacto inicial llevó a los presentes a pensar que se trataba de un accidente común en la zona.

“En ese momento nosotros pensábamos que era la llanta de alguna mula, pero era un ataque que nos estaban haciendo. Nos caían bombardazos por todas partes. Corríamos a buscar refugio para salvar nuestras vidas”, explicó con la voz entrecortada al medio radial.

Durante los siguientes minutos, el caos se apoderó del lugar. Angarita relató cómo él y sus compañeros, al comprender la naturaleza del atentado, tomaron sus armas y buscaron responder a la agresión: “Empezamos a defendernos porque ya empezaron a atacarnos con drones”, añadió en diálogo con Caracol Radio.

El joven soldado lamentó profundamente la muerte de Brandon Daniel Valderrama Martínez, uno de los caídos en el ataque, a quien describió como alguien cercano y apreciado dentro del grupo: “Nosotros lo queríamos demasiado; más que un compañero, era como una familia”.

Según su testimonio, Valderrama había optado por quedarse cumpliendo su turno regular en lugar de asistir a la novena con él. “Él se venía conmigo para acá, para la base en Bucaramanga”, señaló Angarita, enfatizando la cercanía que mantenían.

Las heridas psicológicas resultado del atentado siguen presentes en la vida de este joven militar. “Me siento muy traumado por lo que pasó. Eso fue algo muy feo, algo que nadie se lo iba a esperar. Fue algo muy aterrador en el momento”, confesó al medio radial.

La experiencia lo ha llevado a replantearse su futuro dentro de las fuerzas armadas: “Todavía no sé si yo tenía pensado seguir con la carrera, pero con lo sucedido, pues sí. Esperemos que más adelante eso pase, porque tal vez puede ser que sea el trauma que me tiene así y yo pueda seguir sirviendo a la patria”, concluyó su testimonio.

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Una sucesión de explosiones y enfrentamientos armados estremeció el municipio de Aguachica, luego de que un ataque con explosivos dirigido contra la base militar El Juncal alterara la calma de la zona.

El testimonio de César Augusto Montenegro aporta detalles precisos sobre los momentos previos a la detonación que, según los primeros reportes oficiales, estaría relacionada con acciones del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Montenegro relató a Noticias Caracol cómo un vehículo pesado, una volqueta cargada con explosivos, fue el elemento central del atentado. En su conversación con el medio, el conductor recordó: “Cuando íbamos pasando, vimos una volqueta que venía hacia Bogotá. En ese momento vimos que la volqueta trató de pasar al otro carril, que es donde queda la entrada del batallón. Creo que el conductor de la volqueta sería del grupo subversivo que quiso colocar esa carga explosiva”, afirmó.

El ambiente se volvió caótico en solo instantes. El vehículo, según la narración de Montenegro, quedó atravesado en el separador vial y, en cuestión de segundos, se registró la explosión principal. “Pasó, quedó en el separador, y estalló la volqueta, prendió en llamas”, describió Montenegro en el diálogo con Noticias Caracol. Este hecho desencadenó una serie de detonaciones adicionales y enfrentamientos en los alrededores de la base.

Continúan las investigaciones en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar, tras el asesinato de una pareja y una menor de 12 años, que sucedió el sábado 20 de diciembre de 2025, en la vía al mar, en las horas de la noche.

Con armas y contra una familia entera, el ataque aparentemente sicarial hecho sigue bajo análisis, y las teorías apuntan a la violencia ligada a disputas criminales, que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Pero el pasado judicial del padre de familia sería una de las principales líneas de estudio.

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Por su parte, las autoridades confirmaron que la familia fue asesinada por sicarios en motocicleta. Solo una pequeña de 5 años sobrevivió, y se encuentra bajo asistencia médica y profesional.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, de 43 años, Nelly Geraldinne García Mejía y una niña llamada Melissa, de 12 años.

Ese sábado, la familia regresaba de una novena en el corregimiento de Morrison y se dirigía hacia su vivienda en la zona conocida como ‘Los Ángeles’, cuando fueron interceptados por dos hombres armados cerca de las 9:46 p. m.

Las hipótesis sobre el triple homicidio

La investigación avanza con dos líneas principales. Por un lado, la Policía Nacional y las autoridades judiciales indagan si el triple homicidio está relacionado con disputas territoriales entre grupos armados presentes en la frontera entre Cesar y Norte de Santander.

Por otro, según un reporte que publicó El Tiempo, también se explora el pasado judicial de Anderson Rocha Núñez, que cumplió una condena de 13 años y cinco meses por porte ilegal de armas y hurto calificado en la cárcel de alta seguridad Tramacúa, en Valledupar.

Un investigador explicó al diario que “se indagan llamadas, mensajes y contactos del celular de Rocha Núñez, así como su paso por Tramacúa”.

El hombre, oriundo de Aguachica, recibió libertad condicional en marzo de 2021, tras cumplir la mayor parte de su condena dictada en 2014.

De hecho, el medio conoció que personas cercanas a la familia aseguran que el ataque habría estado dirigido contra Rocha, por lo que la línea de investigación sobre posibles retaliaciones derivadas de su estadía en prisión cobra relevancia.

Padre de la menor de 12 años fallecida habló

A su vez, el medio nacional entrevistó a Jhon Julio López, padre de la menor asesinada y expareja de Geraldinne García, que relató que habló con su hija una hora antes del ataque.

“Ellos estaban en una novena en la casa de un familiar. Yo hablé con mi hija una hora antes, ella estaba muy contenta”, recordó López. Afirmó también que su excompañera sentimental nunca recibió amenazas y que residía en Los Ángeles (vereda de Río de Oreo) desde hace ocho años, dedicada al hogar tras haber trabajado en el área de tránsito.

De acuerdo con testigos y familiares, la última comunicación de la menor fue por teléfono, poco antes del crimen. López señaló que la relación entre García y Rocha tenía dos años y que este último trabajaba como conductor en una empresa de transporte.

La percepción en el entorno cercano es que la agresión tenía como objetivo principal a Rocha Núñez. “Lo que la gente comenta es que el ataque iba en contra de Anderson. Solo sé que ahora él era conductor en una empresa de transportes y que son pareja desde hace dos años”, fueron las palabras textuales de López en el diálogo.

La pequeña de 5 años que sobrevivió recibe atención psicológica: alcalde de Río de Oro, Cesar

El hecho causó un fuerte impacto en la comunidad local, además, porque en la motocicleta atacada con fuego iban 4 personas. Los dos padres fueron asesinados, la menor de 12 años murió en un centro asistencial y otra pequeñas, de cinco años, también hija de la pareja, resultó ilesa tras caer accidentalmente de la moto durante el ataque.

La menor sobreviviente fue encontrada en una canaleta, donde cayó al momento del atentado. El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, relató que la niña se encuentra bajo atención psicológica, ya que presenció el asesinato de sus familiares.

Osorio lamentó la situación y afirmó que el crimen “deja un vacío irreparable” en la comunidad y en la vida de la menor cuya identidad no fue revelada.

La identificación de dos jefes guerrilleros como principales responsables del reciente atentado en la base militar de Aguachica destaca el análisis realizado por las autoridades sobre la sofisticación operativa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se ha visto favorecida por una estructura financiera robusta alimentada por actividades ilícitas. Según informó Caracol Radio, el ataque con drones cargados de explosivos en esa instalación del departamento de César ha dejado un saldo de siete militares fallecidos y alrededor de treinta heridos, una cifra actualizada por las autoridades tras el fallecimiento de otro uniformado el viernes siguiente a los hechos, ocurridos el jueves previo.

De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, la ofensiva fue ejecutada aplicando drones no tripulados equipados con artefactos explosivos improvisados. El atentado se produjo mientras los miembros de las fuerzas armadas se encontraban durante su periodo de descanso, circunstancia que amplificó la magnitud del ataque. El general Luis Emilio Cardozo declaró a Caracol Radio que la utilización de estos dispositivos plantea actualmente un reto importante para la seguridad interna del país, dado que ninguna institución dispone de una defensa eficaz sin tecnología especialmente desarrollada para neutralizar este tipo de amenazas. Cardozo enfatizó: “Ninguna institución está exenta mientras no tenga los medios tecnológicos” para enfrentar la nueva modalidad de agresión con drones armados.

El general Cardozo también señaló ante el mismo medio que la capacidad del ELN para acceder y operar con drones y tecnología militar más avanzada responde a un fortalecimiento financiero generado principalmente desde el narcotráfico y la explotación ilícita de minerales, destacando el oro extraído en zonas disputadas como el Catatumbo. Caracol Radio profundizó que estos ingresos han permitido inversiones considerables en armamento, incrementando tanto el poder de fuego como la efectividad de las acciones ofensivas perpetradas por el grupo armado y otros actores ilegales.

Caracol Radio identificó a José Sánchez Navarro, alias ‘Wilser’, y Alonso Contreras Ramírez, alias ‘Fercho’, ambos vinculados al frente Camilo Torres del ELN, como los líderes señalados de coordinar la acción en Aguachica. Asimismo, el medio reportó que la estructura financiera de la organización se ha visto reforzada a un nivel que el general Cardozo calificó como propio de “guerrillas ricas”, marcando un cambio en el perfil tradicional de los grupos armados al incorporar tecnologías de última generación.

En el recuento realizado por el general Cardozo y presentado a Caracol Radio figura el incremento de ataques con drones durante 2025, periodo en el que se han contabilizado quince civiles heridos, más de veinte policías y soldados muertos, y más de doscientos lesionados. El general recordó que el primer atentado oficialmente documentado con drones contra fuerzas de seguridad en Colombia tuvo lugar el 26 de abril de 2024, en el municipio de Argelia, Cauca, lo que puso en evidencia la velocidad con la que esta táctica se ha generalizado en el escenario del conflicto.

La sofisticación tecnológica exhibida por el ELN obliga, según explicó el general Cardozo a Caracol Radio, a que las instituciones intensifiquen sus inversiones en herramientas de defensa, ya que los recursos actuales resultan insuficientes ante la potencia y la evolución tecnológica de los grupos armados. Los desafíos planteados involucran tanto a las fuerzas armadas como a la protección de la población civil, ante un fenómeno donde la innovación bélica y el acceso a recursos ilícitos configuran una amenaza en constante transformación.

Caracol Radio subrayó la inquietud institucional ante el desarrollo de infraestructuras militares avanzadas y el flujo de financiamiento hacia el ELN y otras organizaciones irregulares. Parte de esos recursos termina invertida en equipos modernos para la guerra, modificando el equilibrio de fuerzas en distintas regiones del país e incidiendo sobre la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa locales.

El análisis del ataque a la base de Aguachica sitúa este incidente dentro de una tendencia en aumento en el uso letal de aire no tripulado en Colombia. Según el seguimiento de Caracol Radio, varios ataques similares han impactado diversas áreas, intensificando tanto la frecuencia como la letalidad de las operaciones que emplean esta tecnología. Este panorama ha influido directamente en las estrategias operativas de las Fuerzas Armadas, que han debido adaptar sus tácticas frente al papel central asumido por la tecnología en los planes de acción de agrupaciones insurgentes.

El medio también observó que la utilización de drones como método de ataque no solo afecta a las fuerzas de seguridad sino que frecuentemente genera víctimas civiles, agravando las consecuencias humanitarias del conflicto y ampliando la esfera de vulnerabilidad. El uso de dispositivos controlados a distancia representa, según las autoridades consultadas por Caracol Radio, uno de los principales desafíos en materia de seguridad nacional, pues la dependencia de las organizaciones armadas respecto al financiamiento ilícito determina la expansión de nuevas formas de violencia armada.

Las declaraciones recogidas por Caracol Radio enfatizaron la urgencia de fortalecer la capacidad tecnológica y operativa del Estado frente a las formas modernas de confrontación adoptadas por el ELN y otros grupos, en un contexto donde los avances tecnológicos multiplican las posibilidades de daño e incrementan la exigencia sobre los recursos institucionales destinados a la defensa.

El gobierno colombiano puso en marcha un fondo estratégico estatal de un billón de pesos, el equivalente a unos 221 millones de euros, para dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología capaz de detectar y neutralizar drones armados, dando respuesta al ataque con explosivos en Aguachica, Cesar, donde seis soldados murieron y cerca de 30 resultaron heridos. Esta nueva asignación presupuestaria apoyará un programa nacional enfocado en el avance de sistemas para contrarrestar aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos, según detalló la prensa local tras el atentado ocurrido el 18 de diciembre.

De acuerdo con la información publicada por los medios, la medida surge como reacción directa al incidente atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el uso de drones con cargas explosivas constituye una amenaza en crecimiento, obligando a profundizar los métodos de prevención estatal y a robustecer la capacidad de anticipación frente a nuevos atentados. Sánchez expuso, según la prensa, que cerca del 95% de los intentos de ataques con drones para fines ilícitos logró frustrarse en 2025, aunque resaltó que la sofisticación de estos dispositivos y su uso por grupos armados evoluciona rápidamente.

El ataque en la base militar de Aguachica generó el despliegue inmediato de unidades de inteligencia y operativos conjuntos en áreas consideradas vulnerables, con el objetivo de localizar y capturar tanto a los ejecutores materiales como a los responsables intelectuales de la agresión, informó la prensa local. Estas acciones incluyeron la movilización integral de las capacidades estatales bajo una estrategia que combina acciones penales y de prevención.

En paralelo, el gobierno anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 44.200 euros, destinada a ciudadanos que proporcionen información útil para anticipar ataques con drones y facilitar la detención de los involucrados. Según lo reportado por la prensa, este sistema de incentivos busca fortalecer la cooperación con la ciudadanía y ampliar la inteligencia preventiva, con el propósito de aumentar la efectividad de los operativos activos.

Pedro Sánchez, en declaraciones recogidas por la prensa, subrayó los cambios en los métodos empleados por los grupos armados ilegales, mencionando el crecimiento del uso de tecnología avanzada en acciones hostiles. El ministro explicó: “El uso de esta tecnología se ha expandido exponencialmente y a una velocidad muy rápida”. Los datos oficiales presentados por Sánchez muestran que, a pesar del éxito en evitar la mayoría de los atentados con drones, la amenaza obliga al Estado a acelerar la modernización de sus sistemas de defensa.

Entre las acciones propuestas se incluyen la implementación de sistemas de monitoreo más sofisticados y la respuesta policial inmediata, acompañadas de una mejora significativa en las labores de inteligencia para detectar, interceptar y desactivar drones antes de que estos ataquen. El despliegue logístico de nueva generación y la coordinación reforzada entre fuerzas armadas, policía y población civil conforman la base del plan preventivo para contener la expansión de este tipo de violencia.

Según lo consignado por la prensa, la inversión estatal respaldará la primera etapa de este proyecto nacional, asegurando recursos para dotar a las autoridades de herramientas específicas para confrontar la amenaza de drones empleados por grupos armados ilegales como el ELN. Esta organización permanece como uno de los principales focos de riesgo para la seguridad del país, sobre todo en zonas limítrofes y regiones con alta vulnerabilidad.

El ministro Sánchez enfatizó la urgencia de desmantelar por completo la estructura de dicho grupo y reducir el potencial peligro que la adquisición y utilización de tecnología avanzada representa para la población. El acompañamiento estatal se extiende a los militares heridos y a las familias de los fallecidos, integrando atención médica y soporte psicológico y social, según informaron la prensa y los propios comunicados oficiales.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración civil y la denuncia oportuna para anticipar y evitar ataques similares, al considerar que la participación ciudadana es clave en la red de prevención y en la identificación temprana de amenazas. El gobierno señaló que la respuesta integral ante la agresión sufrida en Aguachica articula el fortalecimiento de la vigilancia, la persecución judicial y el desarrollo de capacidades tecnológicas, con el objetivo de evitar que el uso de drones armados se consolide como una modalidad recurrente de ataque en el país.

La estrategia estatal, de acuerdo con la información difundida por la prensa local, se orienta a frenar de forma sólida la capacidad ofensiva de los grupos armados ilegales y a reducir el impacto de la violencia tecnológica, priorizando tanto la resiliencia operativa como la atención humana a los afectados por este nuevo escenario de conflicto.

Continúan las arremetidas violentas en el territorio nacional a cargo de los grupos armados ilegales. Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre de 2025, provocó enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

La población local experimentó una noche de terror, con familias buscando refugio por las detonaciones y el cruce de disparos. El uso de drones para arrojar explosivos sobre la estación policial marcó una escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales en la región.

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Soldados y policías respondieron a la ofensiva en puntos del casco urbano, donde se reportaron combates directos con los presuntos disidentes. Los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas, alterando la vida cotidiana del municipio y reflejando la persistencia de la violencia en el norte del Cauca.

Dos días después, en Aguachica, Cesar, un atentado con explosivos contra un batallón militar dejó un saldo de siete muertos y 31 heridos, según el balance oficial. Las autoridades atribuyeron el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desplegaron medidas de emergencia para contener la situación.

Durante la emergencia, se reportaron detonaciones y disparos que alteraron la tranquilidad local. Tropas del Ejército respondieron con ráfagas de fusil para defenderse. Los 31 heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Tras el atentado, la gobernación del Cesar implementó una restricción de movilidad mediante el Decreto N.º 208 del 18 de diciembre de 2025, que limita el tránsito en la zona hasta las 8 a. m. del viernes 19 de diciembre. El comunicado oficial señala: “Esta medida se adopta como una acción excepcional y transitoria de policía, con el propósito de prevenir posibles alteraciones del orden público”.

Entre otras estrategias, anunció la convocatoria de una Mesa Extraordinaria de Seguridad urgente junto a la Alcaldía, el Ejército y la Policía para reforzar las garantías a la comunidad. “Mi solidaridad, y toda la de mi equipo del Gobierno del Cesar, con las familias de militares fallecidos y heridos en este hecho”.

La respuesta de Petro a la oleada de violencia en Colombia

Frente a los episodios de violencia registrados en Cauca y César, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso, en redes sociales, varias de las conclusiones a las que llegó tras una reunión con los altos mandos del Ejército Nacional.

En su mensaje, reconoció que hubo una fallas por parte de los uniformados en la guardia de la estación cercana a la ruta del sol II, Aguachica, Cesar.

“En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra. Menos Aires, Cauca y Aguachica, César: Falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica”(sic), escribió en su cuenta de X.

Sobre el episodio en el Cauca, Petro aseguró que hubo irregularidades en los anillos de seguridad, por lo que solicitó corregir de manera inmediata. “Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Correctivos inmediatos”.

En este contexto, solicitó a los grupos armados cesar la violencia en el territorio de cara a las fiestas de fin de año. “La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”, indicó el jefe de Estado, que anunció esfuerzos para evitar alteraciones del orden público.

La información preliminar indica que, aproximadamente a las 8:00 p. m., se escucharon fuertes detonaciones de lo que serían seis cilindros bomba, drones explosivos, tatucos y ráfagas de armas de fuego de alto calibre, generando alarma y temor entre los habitantes del sector.

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Residentes del sector expresaron a medios locales su preocupación por los hechos y reportaron haber permanecido en sus viviendas por miedo ante la intensidad de las explosiones y la presencia de disparos, tanto en el perímetro del batallón como en sectores aledaños.

Y es que ante este ataque directo, el Ejército de esa jurisdicción habría reaccionado con artillería y confrontación, hechos que se escuchan en algunos videos que se difundieron rápidamente por redes sociales.

Grabaciones muestran a uniformados ejerciendo control en la vía a Bucaramanga, que cerraron de manera preventiva por el hostigamiento armado a esa unidad de la Quinta Brigada del Ejército; mientras que otros clips evidencian el traslado de los heridos a centros de atención médica prioritaria. Las autoridades reportaron cuatro soldados muertos y siete heridos.

La segunda división del Ejército Nacional emitió un comunicado en horas de la noche en el día del ataque, en el que confirmó la muerte de cuatro uniformados y siete más heridos:

“En la noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, #Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que 4 de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer 7 más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región (sic)”.

Sin embargo, en la mañana del viernes 19 de diciembre, el Ejército de Colombia confirmó mediante un comunicado que la cifra de soldados asesinados ascendió a siete, y hay 30 uniformados heridos en los hechos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones

Cabe señalar que en la zona operan integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, el frente Camilo Torres Restrepo fue el que ejecutó la acción criminal.

“(...) es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte de la @Ejercito_Div2 ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - César. En estos momentos, las unidades del @COL_EJERCITO en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista (sic)”, precisó.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, repudió el atentado terrorista y afirmó: “Las unidades del @COL_EJERCITO, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes. Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune. El terrorismo no doblegará la voluntad de los soldados de la Patria (sic)”.

La fuente conocida por este medio especificó que el ataque se habría perpetrado desde una volqueta con explosivos, que cayeron en el alojamiento donde los uniformados descansaban.

Frustran atentado del ELN en Yarumal

Una acción criminal atribuida al ELN fue neutralizada en Yarumal (Antioquia), el miércoles 17 de diciembre, gracias a un operativo realizado por tropas del Ejército Nacional en el sector conocido como Ventanas.

El procedimiento, confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, frustró la instalación de un artefacto explosivo que, según el reporte oficial, iba a ser utilizado para atentar contra la población y la fuerza pública en esta zona estratégica del norte antioqueño.

Durante la operación militar, detallada por Sánchez a través de sus redes sociales, las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército actuaron frente a tres integrantes del grupo armado organizado.

Dos de ellos fueron capturados y un tercero resultó herido, tras lo que el ministerio calificó como una reacción legítima y proporcional de las Fuerzas Armadas. El integrante lesionado recibió atención médica inmediata por parte de un enfermero de combate del Ejército y fue evacuado a un centro asistencial, conforme a los protocolos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas de derechos humanos.

En el lugar de los hechos, la fuerza pública incautó explosivos, radios de comunicación y material alusivo al ELN, elementos que, según el reporte ministerial, evidencian la capacidad logística y operativa de la organización armada en la región. Las autoridades recalcaron que la intervención de los uniformados evitó una acción terrorista destinada a generar zozobra entre la población yarumaleña.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, condenó el atentado con explosivos perpetrado contra la Base Militar del 27 en Aguachica, departamento de Cesar, que dejó como saldo seis soldados asesinados y 31 heridos.

En su pronunciamiento, Díaz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su respaldo a la gobernadora del Cesar tras el ataque.

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El mandatario calificó el hecho como un acto criminal y subrayó la importancia de la unidad institucional frente a la situación.

“Condeno con absoluta firmeza el atentado en Aguachica. Acompañamos a las familias de los soldados asesinados y a los heridos”, manifestó Díaz, insistiendo en la necesidad de una respuesta estatal para garantizar la seguridad en la región.

“Exijo toda la contundencia del Estado contra quienes atacan a nuestra Fuerza Pública y a la seguridad del país”, finalizó su mensaje Díaz.

El ataque ocurrió la noche del jueves, 18 de diciembre de 2025, cuando la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N° 14 y ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, fue blanco de una acción terrorista con artefactos explosivos.

El Ejército Nacional confirma muerte de seis soldados y 31 heridos tras ataque en Aguachica

El Ejército Nacional de Colombia confirmó la identidad de los seis soldados asesinados y el saldo de treinta y un heridos tras el ataque perpetrado la noche del dieciocho de diciembre de 2025 contra la base militar ubicada en la vereda El Juncal, municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

La acción, atribuida al grupo armado organizado ELN, Frente Camilo Torres Restrepo, fue calificada como terrorista por las autoridades y ha generado una profunda preocupación por la seguridad en la región, así como un llamado urgente a la colaboración ciudadana y a la respuesta estatal.

La institución lamentó el impacto de la agresión, señalando que estos hechos “ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias”.

El ataque, que incluyó el uso de drones equipados con explosivos improvisados y el lanzamiento de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco, se dirigió contra una instalación donde se entrenan soldados, lo que incrementó la gravedad de las consecuencias.

Entre las víctimas mortales se encuentran los soldados profesionales:

• Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez.
• Mateo Pino Pulgarín.
• Juan David Pérez Vides.
• Kevin Andrés Méndez Torres.
• Jhon Fredy Moreno Sierra.
• Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Además, cinco de los heridos requirieron atención médica especializada, mientras que veintiséis militares presentan lesiones leves y permanecen a la espera de ser dados de alta.

El comando de la Quinta Brigada, adscrito a la Segunda División del Ejército Nacional, detalló que las operaciones militares en la zona continúan con el objetivo de contrarrestar la capacidad operativa del ELN y garantizar la seguridad de las comunidades locales.

El despliegue de tropas se mantiene en el área, buscando “afectar de manera contundente el accionar terrorista del ELN, y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país”, según el comunicado oficial.

En respuesta a la emergencia, un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional brinda apoyo y acompañamiento a los familiares de los uniformados fallecidos y heridos.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades, invitando a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades a través de las líneas 147 y 107.

El Derecho Internacional Humanitario establece normas para limitar los efectos de los conflictos armados, y su violación implica graves consecuencias tanto para los responsables como para las comunidades afectadas.

De acuerdo con El Tiempo, en medio del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un menor de 13 años resultó lesionado tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal lanzado frente a la Estación de Policía de Chiriguaná, municipio ubicado en la zona carbonífera del departamento del Cesar.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando el niño se encontraba acompañado por su madre en una vivienda contigua a la sede policial.

De acuerdo con la información oficial, dos hombres que se desplazaban en motocicleta arrojaron una ‘papa explosiva’ en el sector, generando una detonación que alcanzó al menor. Como consecuencia de la explosión, el niño sufrió esquirlas en su pierna izquierda, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Hospital de Chiriguaná, donde permanece bajo observación médica.

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El comandante de la Policía del Cesar, coronel William Morales, entregó detalles sobre el incidente y explicó el alcance del artefacto utilizado. “El artefacto contenía pólvora y generó una onda expansiva que levantó residuos del suelo. Uno de esos fragmentos impactó al niño, rozándole una pierna y causándole una herida leve, según el diagnóstico del hospital. El explosivo no fue dirigido contra la sede policial, sino detonado prácticamente al frente de la misma, con el propósito de generar temor entre los uniformados que se encontraban en el lugar”.

Este hecho se suma a otros episodios registrados durante el paro armado del ELN en el Cesar, que, según reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU), ha dejado hasta el momento diez hechos violentos, entre ellos bloqueos viales, abandono de explosivos, ataques contra estaciones de Policía y amenazas dirigidas a la población civil.

Uno de los eventos más relevantes se presentó en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, donde integrantes del grupo armado ilegal obligaron al conductor de una tractomula a atravesar el vehículo sobre la vía Aguachica–La Mata, un corredor estratégico de la región. El bloqueo paralizó el tránsito durante varias horas y generó temor entre los conductores, debido a la posibilidad de que el automotor pudiera contener explosivos. El conductor, según las autoridades, fue amenazado para impedir que retirara el vehículo del lugar.

Ante la sucesión de estos hechos, el PMU anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad, en el que se analizará la adopción de nuevas medidas para enfrentar la situación de orden público. Entre las opciones evaluadas se encuentra la oferta de una recompensa que permita obtener información sobre los responsables de las acciones violentas.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, se refirió a la situación registrada en el departamento y a las decisiones que están siendo analizadas por las autoridades. “Los ataques registrados durante el paro armado del ELN son actos inhumanos que no tienen justificación y que afectan directamente a la población civil. Desde el Puesto de Mando Unificado se evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita capturar a los responsables”, señaló el funcionario.

Tras los bloqueos y alertas por posibles explosivos, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y equipos antiexplosivos, se desplazaron a las zonas afectadas para verificar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes. En el caso de la vía Aguachica–La Mata, los uniformados realizaron procedimientos de inspección en el segundo y tercer anillo de seguridad, con el objetivo de descartar la presencia de artefactos explosivos.

Las autoridades informaron que hacia las cinco de la mañana del martes se logró habilitar nuevamente el tránsito, luego de completar las verificaciones técnicas correspondientes. No obstante, se mantiene una presencia reforzada de tropas en las carreteras del centro y sur del Cesar como medida preventiva frente a posibles nuevas acciones.

Otros hechos reportados incluyen el abandono de un cilindro con grafitis alusivos al ELN en el municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente en el corregimiento La Palmita, situación que obligó a la intervención de unidades especializadas del Ejército. Asimismo, la vía El Burro–Tamalameque permaneció cerrada durante varias horas tras la caída de un árbol y la instalación de un artefacto explosivo en el sector.

En el corregimiento San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, también se reportó el lanzamiento de una ‘papa bomba’, acción que causó daños materiales en la infraestructura y generó riesgo para los uniformados presentes en la zona.

El coronel William Morales explicó que no todas las alertas registradas han correspondido a acciones terroristas, pero indicó que cada situación ha sido atendida bajo estrictos protocolos. “Hemos tenido bastantes intervenciones en la malla vial, pero de manera rápida hemos logrado llegar a los sitios donde se han presentado novedades. No todas las causas por las cuales se ha tenido que detener el tránsito de los vehículos han correspondido a actividades terroristas”, precisó.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, unidades especializadas del Ejército y la Policía Nacional acudieron a la zona con el objetivo de descartar cualquier riesgo para habitantes y viajeros, mientras las autoridades restringen el paso vehicular y desarrollan operativos de inspección.

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Según testigos y reportes publicados en redes sociales, la emergencia se presentó sobre la Ruta del Sol, entre Pelaya y Pailitas, donde un tractocamión quedó atravesado. Fotografías y videos compartidos por ciudadanos muestran los momentos de angustia de los conductores y los vehículos detenidos a la espera de una solución.

Algunos mensajes advierten sobre la preocupación de la población ante la presencia de explosivos y mencionan que “el centro y sur del César son atemorizados bajo el flagelo del ELN con su paro armado”. De igual modo, los usuarios reportaron impactos de bala que alcanzaron al menos un camión y ataques a una estación de policía.

Varias vías del departamento presentan afectaciones, aunque en algunas zonas persiste normalidad parcial. El cierre de la Ruta del Sol, entre Pailitas y Pelaya, responde a incidentes considerados terroristas, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Paro armado del ELN

Desde la madrugada, las autoridades aumentaron las medidas de seguridad por el anuncio de un “paro armado” decretado por este grupo guerrillero, que inició precisamente el domingo 14 de diciembre y tiene previsto durar 72 horas.

De acuerdo con Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar, este paro armado constituye “una amenaza directa contra el pueblo colombiano y el departamento”, con especial preocupación en los municipios donde el ELN tiene presencia histórica: Curumaní, Pailita, Pelaya, La Gloria, Aguachica, San Martín, San Alberto y zonas rurales de Río de Oro y González.

“Esta es una amenaza que rechazamos de manera contundente. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila ha ordenado activar de inmediato todas las acciones institucionales para proteger a la población”, declaró Esquivel.

La Gobernación de Cesar y las autoridades locales reforzaron la vigilancia, articuladas en un Puesto de Mando Unificado (PMU), con despliegue de miembros de la Décima y Quinta Brigada, así como unidades de inteligencia del Gaula, Sijín y Sipol. También emitieron recomendaciones a quienes transitan por las rutas bajo vigilancia, pidiendo extremar precauciones y permanecer atentos a nuevas directrices.

Las autoridades mantienen comunicación constante con los alcaldes y las tropas légitimas, y reiteran el llamado a mantener la calma, priorizando la seguridad mientras continúe el paro armado del ELN.

“Lo que no se entiende es por qué la población civil, los campesinos y trabajadores, tienen que verse afectados por este tipo de acciones. Son personas ajenas a cualquier conflicto armado”, manifestó el secretario de Gobierno.

Ministro de Defensa rechazó atentados del ELN

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, subrayó que la ofensiva del ELN no solo representa un desafío para la fuerza pública, sino que constituye una amenaza directa contra los sectores más vulnerables de la sociedad, como campesinos, mujeres y niños, según declaró a Noticias RCN.

Sánchez recalcó: “Este mensaje criminal del cartel del ELN no es un mensaje a un gobierno externo, es una amenaza contra los más vulnerables”. Además, reconoció que el terror se amplifica a través de redes sociales y sistemas de información empleados por los criminales, lo que dificulta la labor de las autoridades.

En respuesta a la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa ordenó maximizar el despliegue en los puntos donde converge el flujo de la población y reforzar la ofensiva contra los cabecillas del ELN.

Además ecordó la existencia de recompensas por información que conduzca a la captura de líderes como alias Pablito, con más de $5′000.000 ofrecidos, y alias Silvana, con hasta $1.600 millones. Además, anunció una recompensa de hasta $200 millones para quienes aporten datos que permitan anticipar y neutralizar amenazas terroristas.

El desarrollo del juicio adversarial contra Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel retirado del Ejército de Colombia, avanza hacia un punto decisivo con la definición de la fecha para la lectura de la sentencia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La audiencia se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en Bogotá y marcará la primera vez que la JEP emite un fallo condenatorio en un proceso adversarial contra un alto oficial del Ejército, según informó la magistratura.

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La ponencia, elaborada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ha estado en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento durante los últimos dos meses, mientras se extiende la discusión interna antes del anuncio de la decisión definitiva.

Las audiencias del caso, a diferencia de las desarrolladas en Bogotá, se celebraron en Valledupar, en presencia de las víctimas, dado que allí ocurrieron los hechos bajo investigación.

La acusación formal, presentada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, señala al coronel retirado de haber liderado un “aparato organizado de poder ilegal” al interior del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005.

De acuerdo con el fiscal delegado Samuel Serrano, bajo ese mando se habrían perpetrado al menos setenta y cinco homicidios, cuarenta desapariciones forzadas y cuatro hechos de tortura, todos enmarcados en una estrategia para inflar los resultados operacionales del batallón, alejándose de la realidad.

“El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, expresó Serrano durante su exposición, enfatizando que la acusación se enfoca en la presunta existencia de una estructura criminal destinada a mejorar los indicadores de la unidad militar.

A diferencia de los doce exmilitares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, y recibieron sanciones propias del sistema transicional, Mejía rechazó los señalamientos y fue sometido al juicio adversarial, enfrentando una posible condena de hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía sostiene que las acciones del batallón respondían a una alianza con el Frente Mártires del Cesar, grupo paramilitar que seleccionaba y entregaba víctimas a los militares, quienes luego las reportaban como bajas en combate.

“Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate. Se trató de una colaboración criminal”, manifestó Serrano, quien remarcó que esta dinámica permitió al batallón consolidar una imagen de éxito ante el país, mientras los paramilitares lograban fortalecer su dominio territorial.

El fiscal subrayó que, para la población del Cesar, se instauró una “falsa percepción de seguridad” destinada a enaltecer la reputación del coronel.

Este proceso adversarial se instala en un contexto donde el reciente actuar de la JEP ha involucrado también la declaración de genocidio contra la Unión Patriótica y la imputación de cargos contra otros altos mandos, como el general (r) Iván Ramírez Quintero.

Al cierre del calendario judicial, la próxima sentencia marcará un hito en la búsqueda de justicia frente a hechos ocurridos durante uno de los periodos más complejos del conflicto armado en Colombia.

En agosto de 2025, el alto mando militar insistió en su inocencia y aseguró que defenderá su honor como miembro de las Fuerzas Militares del país.

“Perdí mi carrera. Estuve diez años preso en detención preventiva. Perdí todo lo que me es querido. Me maltrataron a mi familia, me cerraron todas las posibilidades de trabajo, me llevaron a la Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado de Colombia y mi dignidad de ciudadano. Y eso no es negociable. No acepto los cargos, honorables magistrados”, señaló en medio de los alegatos finales

La inscripción de listas a la Cámara de Representantes en el departamento del Cesar puso en evidencia una nueva fractura en el progresismo local, al tiempo que reaviva el debate sobre la estrategia política del sector. Juliana Guerrero, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro y con trayectoria en la administración nacional, participó en el acto de inscripción del Frente Amplio del Cesar y no en el evento del Pacto Histórico en Valledupar.

Este movimiento adquiere relevancia en un contexto donde parte de los liderazgos alternativos del departamento quedaron excluidos de la lista oficialista del partido de gobierno, lo que generó tensiones y cuestionamientos sobre la unidad del progresismo en la región.

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El Frente Amplio del Cesar se presenta como una coalición independiente integrada por Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea, Lina de Armas y, en espera de confirmación, Arturo Calderón. Esta lista surge como respuesta de sectores de centro y centroizquierda que, según El Pilón, se sintieron marginados tras el incumplimiento de los compromisos del Pacto Histórico para conformar una lista unitaria. El objetivo de esta nueva apuesta es disputar una curul a la influyente alianza Gnecco–Cuello, consolidándose como el espacio donde convergen los liderazgos alternativos que no encontraron cabida en la propuesta oficialista.

La figura de Juliana Guerrero adquiere especial relevancia en este escenario. Su trayectoria incluye haber sido delegada presidencial en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y ocupar cargos de confianza en el Ministerio del Interior, donde llegó a desempeñarse como coordinadora de gabinete. En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la defendió públicamente, lo que evidencia su cercanía con la Casa de Nariño. No obstante, su ascenso en el Gobierno y las controversias en torno a su hoja de vida y título profesional la mantuvieron bajo permanente escrutinio nacional.

La decisión de Guerrero de respaldar públicamente el Frente Amplio del Cesar y no a la lista cerrada del Pacto Histórico fue interpretada en los círculos políticos como un mensaje directo a la dirigencia local de la colectividad, liderada por Alexandra Pineda. Esta última optó por mantener una lista cerrada propia, en lugar de sumarse a la apuesta unitaria que inicialmente se promovió para concentrar el voto alternativo.

La situación deja en evidencia la dificultad del progresismo para articular una estrategia común en el Cesar, mientras la disputa por el liderazgo y la representación en la Cámara de Representantes se intensifica.

La polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero

La controversia en torno a Juliana Guerrero, la joven oriunda de Cesar, que estuvo a punto de asumir como viceministra de Juventud, se originó luego de que descubrieran que falsificó documentos sobre sus estudios universitarios.

Las críticas en su contra se intensificaron tras revelarse que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) le concedió un crédito por $11.084.000 para estudios superiores, una suma que ya habría sido saldada. Aunque la entidad no divulgó los detalles del préstamo, esta falta de transparencia suscitó interrogantes sobre los criterios y la documentación que respaldaron la aprobación del crédito educativo.

El caso adquirió mayor notoriedad después de que el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidiera, el 7 de noviembre de 2025, anular de manera unánime los títulos otorgados a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, tras una revisión de su historial académico.

En el ámbito judicial, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá inició una indagación preliminar contra Guerrero y contra directivos y exdirectivos de la Fundación San José por presuntos delitos de falsedad documental y fraude procesal. Por su parte, la Procuraduría recopila pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios que habrían intervenido en la expedición de los títulos. La universidad, además, presentó denuncia penal contra exdirectivos por hechos que, según su comunicado, podrían constituir delito.

Henry Chacón Amaya se perfila como el principal candidato para asumir la Contraloría Departamental del Cesar, en un proceso que desde ya ha sido polémico por acusaciones judiciales contra el hoy candidato y la influencia del clan Gnecco.

A pesar de estar vinculado a investigaciones por homicidio y presuntos nexos con grupos paramilitares, Chacón cuenta con el respaldo de la estructura política más poderosa y cuestionada de la región, lo que reforzaría su favoritismo para el cargo de control fiscal.

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Con una trayectoria política consolidada, Chacón ha ocupado en tres ocasiones la Alcaldía de Curumaní, lo que le ha otorgado un peso considerable en el escenario local. Su nombre ha sido recurrente en alianzas electorales y, actualmente, su postulación a la Contraloría lo coloca nuevamente en el centro de la atención pública. El proceso de selección para el periodo 2026-2029, convocado por la Asamblea Departamental, lo ubica como uno de los finalistas más opcionados, pese a los cuestionamientos legales que enfrenta.

El 20 de noviembre de 2025, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas publicó los resultados de la prueba de conocimientos para el cargo. Chacón obtuvo 96 puntos sobre 100, situándose en el segundo lugar entre los tres aspirantes con mayor puntaje. El primer puesto fue para Carlos Luis Cassiani Niño, contador y actual funcionario de la Contraloría Departamental, con 99 puntos, mientras que Luis José Rodríguez Torres, exsecretario de Educación del Cesar, alcanzó 97 puntos.

Sin embargo, la decisión final recae en la votación directa de los diputados de la Asamblea, donde la mayoría de los votos se encuentra alineada con el clan Gnecco. Según fuentes locales consultadas por la revista Cambio, diez de los once diputados respaldarían la candidatura de Chacón, bajo la coordinación del diputado Jorge “Popo” Barros Gnecco, figura clave en las negociaciones políticas internas. Además, la familia De la Peña, con fuerte presencia en el negocio de apuestas y peso electoral, ha sellado un acuerdo político que daría fuerza a la alianza en torno a Chacón.

Sin embargo, el historial judicial de Chacón ha generado dudas de su participación en el concurso, según información recogida por Cambio. En 2003, la exconcejal Ana Cristina López de Moreno fue asesinada en Curumaní, un crimen atribuido a motivaciones políticas.

Años después, exintegrantes del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaron a Chacón como uno de los determinadores del homicidio y como colaborador de la organización paramilitar.

Testimonios de Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, y Néstor Quiñonez Quiroz, alias Yuca, lo vincularon directamente con el caso, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su detención en 2014. Durante dos años, Chacón permaneció prófugo, hasta que su defensa solicitó un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento. Posteriormente, logró postularse y ganar nuevamente la Alcaldía de Curumaní para el periodo 2020-2023.

En septiembre de 2020, la Fiscalía ordenó su captura como presunto determinador del crimen, y fue detenido junto al exrepresentante a la Cámara Miguel Ángel Durán. Alias Rafa declaró que ambos mantenían relaciones cercanas con la estructura de las AUC y que la organización habría influido en la elección de Chacón como alcalde.

El proceso judicial incluyó cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Chacón permaneció privado de la libertad hasta octubre de 2020, cuando recuperó su cargo tras un recurso de habeas corpus.

El propio Chacón ha defendido su inocencia, argumentando que los testigos en su contra han sido condenados por falso testimonio y que su caso avanza con lentitud debido a la aplicación de la Ley 600. En declaraciones públicas, ha sugerido que enfrenta una persecución política, ya que cada vez que aspira a un cargo le “aparece algún problema” judicial.

Entretanto, la influencia del clan Gnecco y sus alianzas políticas han sido determinantes en el control de la Contraloría del Cesar durante los últimos cuatro periodos.

Desde 2012, la entidad ha estado bajo la dirección de figuras cercanas al grupo, como César Gustavo Aguilar, César Cerchiaro, Delwin Jiménez y Juan Francisco Villazón, todos con vínculos directos o familiares con los Gnecco. El acuerdo actual con la familia De la Peña reforzaría la continuidad de este dominio político, con Chacón como pieza clave para asegurar el respaldo de varios alcaldes municipales y, a cambio, el apoyo a Gumer de la Peña en las próximas elecciones al Congreso.

A este panorama se suma una nueva investigación de la Procuraduría General de la Nación, que recientemente formuló pliego de cargos contra Chacón por presunta omisión de deberes funcionales durante su último periodo como alcalde. El organismo indaga si incumplió con la presentación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta.

La falta ha sido calificada provisionalmente como grave, y la Procuraduría busca determinar si se vulneraron los principios de transparencia y publicidad en el ejercicio del cargo.

El hecho habría ocurrido en la carrera 22 con calle 24, donde la patrullera, adscrita a la estación policial del municipio de Chimichagua (Cesar), se encontraba en su turno de descanso.

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De acuerdo con declaraciones del coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, la uniformada fue agredida fatalmente por su pareja, Giovani Mauricio Durán Quintero, que laboraba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los reportes de medios regionales indican que hacia las 10:00 a. m. se presentó la discusión entre la pareja que terminó en la agresión violenta. Vanessa de León Pertuz recibió varias heridas con un arma cortopunzante, provocándole la muerte instantáneamente.

Durán Santos aseguró ante medios de comunicación que el presunto agresor y la víctima tenían una relación de ocho años. “Al parecer fue un tema pasional. Su pareja sentimental, persona con la que tenía una relación desde hace ocho años, le propinó unos impactos con un arma contundente en el pecho, ocasionando su muerte. Ese hombre huyó y trató de lanzarse desde una terraza, allí fue capturado por el personal del cuadrante”, declaró el comandante policial.

El presunto responsable fue capturado en el lugar luego de que se lanzara desde el techo de la vivienda y posteriormente trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica especializada.

La Policía Metropolitana indicó que Durán Quintero había ingresado en 2023 al Inpec, donde cumplía funciones en la cárcel La Tramacúa y se encontraba aún en periodo de prueba.

La aprehensión del señalado agresor se realizó inicialmente bajo el cargo de homicidio, aunque la Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de investigar los móviles del crimen y definir si el caso se tipifica como feminicidio, de acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Valledupar.

En imágenes difundidas masivamente en redes sociales se observa el momento en que el presunto feminicida se lanza de un tercer piso, mientras que otras grabaciones detallan la reacción del padre de la joven al ver la dantesca escena.

Capitán del Ejército asesinó a subteniente dentro de un vehículo y se suicidó

Persisten múltiples interrogantes en torno al asesinato de la subteniente María Camila Mora Mahecha en el interior de un vehículo gris en las instalaciones del Cantón Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 26 de noviembre y habrían involucrado al capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, que posteriormente se habría quitado la vida.

El caso generó consternación entre los integrantes del complejo militar y continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, detalló en una entrevista con Noticias Caracol que dentro del vehículo fue hallada el arma con la cual, presuntamente, Masmela disparó contra Mora antes de suicidarse.

Adicionalmente, Cardozo señaló que, al revisar la habitación asignada al capitán, se encontraron dos armas más cuya procedencia aún no ha sido esclarecida. “En la habitación donde dormía se encontraron dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, indicó el general Cardozo en declaraciones al citado medio.

Sobre la relación entre ambos oficiales, diversas versiones apuntan a que mantenían un vínculo sentimental, aunque algunas fuentes señalan que este habría finalizado días antes del hecho.

De acuerdo con los datos divulgados, Masmela habría citado a Mora al interior del vehículo, aprovechando que la subteniente se encontraba en Bogotá para asistir a un concierto.

Debido al número de municipios del país - más de 1.000- hay una gran cantidad que son desconocidos a nivel de popularidad en el país, un ejemplo de ello es Chimichagua, en Cesar, que fue noticia nacional por el secuestro de su alcalde.

Sobre este hecho, las autoridades informaron que José David Rocha Quintero, que viajó a Soacha, en Cundinamarca, en donde iba a negociar maquinaria amarilla que había observado en publicaciones, fue víctima de un secuestro “exprés”.

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“En tiempo récord, el Gaula de la Policía Nacional frustró el secuestro del alcalde de Chimichagua, Cesar. En una rápida y contundente reacción, unidades del Gaula lograron el rescate sano y salvo”, dijo en declaraciones un funcionario de la institución policial. La operación permitió, además, la captura hasta el momento de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad. El mandatario municipal había viajado el día anterior a Bogotá para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo", informó la Policía Nacional tras confirmar la liberación del mandatario municipal.

En los detalles que alertaron a los familiares del alcalde se destacó que recibieron mensajes desde el teléfono de Rocha Quintero en los que pedían la consignación de 50 millones de pesos.

Además del secuestro, otro aspecto que llamó la atención fue que el municipio de Chimichagua fue tendencia en redes sociales, principalmente porque los usuarios desconocían de su existencia.

Cabe mencionar que se trata de una población de 40.000 personas ubicada en la subregión central del Cesar, que fue fundado el 8 de diciembre de 1748 con el nombre de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Chimichagua.

Limita en el norte con Astrea, en el sur con Pailitas y Tamalengue, en el este con Curumaní y El Carmen, mientras que en el oeste está cerca de El Banco, que hace parte del departamento del Magdalena.

Allí, la población vive principalmente de la ganadería, la economía informal, la pesca artesanal y el turismo. En este último aspecto, es pertinente mencionar que está a 780 kilómetros de Bogotá, y el viaje en carretera desde la capital hasta Chimichagua es de más de 12 hora.

La ruta recomendada para viajar desde Bogotá hasta Chimichagua consiste en tomar la autopista Norte hasta conectar con la vía hacia Villeta, luego Guaduas y por último ingresar al segundo sector de la Ruta del Sol. Se debe pasar por ciudades como Puerto Boyacá, San Alberto y Curumaní antes de desviarse hacia Chimichagua.

¿Qué hacer en Chimichagua?

Las personas que vayan a hacer turismo en este municipio no pueden dejar de visitar las islas circundantes, que son el atractivo principal del lugar, en donde podrán hacer pesca artesanal.

Se recomienda visitar Chimichagua entre el 7 y 9 de diciembre, cuando se llevan a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción.

Otro sitio recomendado es el pozo del higuerón, en donde la leyenda dice que en 1895 llegó Juan Zambrano para sembrar una múcura, que se transformó en el manantial que es popular para hacer celebraciones familiares en la región.

También pueden recorrer la ciénaga de Zapatosa, que está ubicada entre Chimichagua, Curumaní y Tamalameque, en donde se puede ver la desembocadura final del río Cesar, que le pertenece a la depresión momposina y es clave para la economía de los municipios.

Por último, recomiendan visitar el centro Recreacional Remanganagua, un estanque en el que viven varias especies de peces y ofrece un paisaje natural y acogedor para los turistas.

Los hechos se registraron en los departamentos de Cesar y La Guajira, y afectaron a jóvenes, menores de edad y miembros de comunidades indígenas.

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Durante un acto celebrado en la Universidad Popular del Cesar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó perdón en nombre del Estado a las familias de las víctimas. “Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron víctimas de acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”, afirmó.

Reconocimiento de los hechos

Los jóvenes fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 “La Popa” y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 “Juan José Rondón” entre 2004 y 2006. En algunos casos, estuvieron involucrados agentes del extinto DAS y del CTI, así como paramilitares. Varias de las víctimas pertenecían a los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo y Wayuú.

“Con la verdad revelada, confirmamos que ninguno de ellos fue guerrillero, delincuente o muerto en combates. Fueron ciudadanos, miembros de comunidades indígenas, padres, madres, hijos y trabajadores, cuyas vidas fueron arrebatadas por la acción criminal de unas personas que, además de cometer un crimen, desobedecieron la ley y deshonraron la ética militar”, señaló el ministro Sánchez.

Entre las víctimas se encuentran Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; Carlos Alberto Vega Camacho, integrante del pueblo Wiwa; y Luis Ángel Fince Ipuana, ejecutado a los 18 años. También fueron afectados Néstor Oñate Arias y Víctor Hugo Maestre, miembros de la comunidad Kankuamo, así como Javier Pushaina Pushaina, Gasparito Cambar Ramírez y otros jóvenes indígenas Wayuú.

Impacto judicial y medidas de reparación

El acto de reconocimiento se realizó en cumplimiento de sentencias contencioso-administrativas de tribunales de La Guajira, Cesar y Cundinamarca, que respondieron a demandas de reparación directa presentadas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’ como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

“La planeación, ejecución y encubrimiento de estos actos criminales que concluyeron con el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres, jóvenes e incluso niñas y niños inocentes, no fueron hechos aislados producto de desviaciones individuales, sino actos criminales reproducidos por múltiples unidades militares, lo que demuestra que fue una expresión misma de una política institucional impulsada y tolerada desde las más altas esferas”, manifestó Sara Villamil, abogada de Cajar.

Las investigaciones judiciales confirmaron que las víctimas estaban desarmadas, sin confrontación alguna, y que sus cuerpos fueron manipulados para fabricar resultados operacionales. Los tribunales calificaron estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en varios fallos, como crímenes de lesa humanidad.

El evento tuvo como objetivos honrar la memoria de las víctimas, reconocer su inocencia y desmontar públicamente la narrativa que las presentó como combatientes. Durante su intervención, Irma Fince, hermana de Luis Ángel Fince, afirmó: “No vengo a hablar de odios ni a exigir venganza; vengo a hablar de verdad, memoria y justicia, porque, mientras la verdad no se diga, la herida seguirá abierta y, mientras la justicia no actúe, la paz no será más que una palabra vacía (…) mi conciencia me obliga a no callar. Que la muerte de mi hermano no se quede en la impunidad y que no se repita este acto cobarde contra ningún ciudadano indefenso”.

Un juez especializado de Valledupar (Cesar) condenó a 40 años de prisión a Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, conocido como “El Tigre”, exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Cesar, por su responsabilidad como determinador en el asesinato de cinco personas ocurrido en julio de 2000.

El fallo, citado por la Fiscalía General de la Nación, establece que las víctimas eran civiles señalados erróneamente de colaborar con otros grupos armados ilegales.

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De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía, Esquivel Cuadrado comandaba en ese entonces el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC, organización que mantenía el control del municipio de Codazzi (Cesar).

Según el ente de control, el 3 de julio de 2000, el exjefe paramilitar ordenó la entrada de al menos 15 hombres armados y con prendas de uso oficial al corregimiento de Casacará, con el propósito de intimidar y agredir a la población civil.

La investigación detalló que los hombres, siguiendo las órdenes directas de Esquivel Cuadrado, recibieron instrucción de disparar contra una parte de los habitantes de la zona, que fueron erróneamente acusados de colaborar con otros grupos armados.

Las cinco víctimas identificadas por la Fiscalía fueron Ever Enrique Peñaloza Guerra y José Gilberto Martínez Villa, ambos de 36 años; Manuel Joaquín Martínez Villa, de 26 años; y José Farid Perdomo, de 44 años.

Otra víctima de aproximadamente 34 años, tras 25 años de los hechos, permanece sin identificar. Conforme a la información oficial, todos eran agricultores y obreros sin vinculación a grupos armados.

Durante el juicio, Esquivel Cuadrado, que permanece recluido en la cárcel de mediana y alta seguridad de Palmira (Valle del Cauca), negó su participación en los hechos investigados. Sin embargo, uno de los testimonios determinantes en el proceso fue el de Donaldo José Monzón Pitalúa, alias El Indio o “Saúl”, también perteneciente a las AUC, aportó detalles sobre la manera en que se impartió la orden.

La trayectoria criminal de alias El Tigre

El historial criminal de Esquivel Cuadrado incluye otras condenas relacionadas con el conflicto armado en la región Caribe.

En abril de 2012 fue sentenciado a más de 18 años de prisión por el homicidio de cuatro campesinos y el desplazamiento forzado de sus familias en áreas rurales de Codazzi, en hechos registrados el 4 de noviembre de 1997, cuando ya ostentaba un liderazgo en las AUC.

La Fiscalía emitió condenas contra él por los delitos de homicidio, desaparición forzada y el secuestro de una familiar del sobrina- nieta del fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, ocurrido en agosto de 2018, razón por la que continúa privado de la libertad.

La desaparición de Martínez García, de 34 años, fue reportada el 23 de agosto de 2018. Sus captores exigieron USD5 millones como condición para su liberación, según confirmó en ese entonces la Policía.

Días después, el entonces presidente Iván Duque ordenó priorizar la búsqueda, mientras la familia esperaba noticias del paradero de la empresaria, que llevaba años dedicada al cultivo de banano en el norte del país tras estudiar diseño gráfico.

La investigación identificó que el grupo responsable del secuestro tenía orígenes en grupos paramilitares. Así lo afirmó el general Jorge Hernando Nieto, entonces director saliente de la Policía Nacional, al asegurar en declaraciones recogidas por la agencia EFE: “Esta organización tiene incidencia de delincuencia común pero sus líderes hacen parte de estructuras que fueron de grupos paramilitares (...) y por eso uno de sus líderes fue capturado, que inclusive estaba bajo el sistema de Justicia y Paz”.

El 17 de diciembre de 2018, tras más de cuatro meses de cautiverio, la fuerza pública rescató a Melissa Martínez en una operación coordinada en zona rural de Palmar, departamento del Magdalena.

Este hecho resaltó la persistencia de las redes criminales y la capacidad de acción de viejos líderes paramilitares en el país, incluso años después de haber aparentado haberse desmovilizado.

Información suministrada por la Fiscalía 58 de Justicia y Paz expone que el municipio de Codazzi, eje de las acciones delictivas de Esquivel Cuadrado, fue escenario de 123 masacres en las que murieron 605 personas entre finales de los años 90 y comienzos de la década de 2000.

Una tragedia sacudió a una familia del municipio de San Martín, Cesar, luego de que Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una adolescente de 15 años, falleciera a causa de un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado 1 de noviembre de 2025.

El siniestro vial se registró en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. Según versiones recogidas por las autoridades locales, un vehículo habría colisionado con la parte trasera de la motocicleta que conducía la joven, aunque esta hipótesis sigue bajo investigación.

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Una motocicleta, su regalo de 15 años

De acuerdo con una de las versiones de personas cercanas a la fallecida, la motocicleta en la que se accidentó la adolescente habría sido el regalo de sus papás por su cumpleaños, que se habría celebrado dos meses antes, en compañía de sus demás familiares y músicos contratados para una serenata.

“Hace aproximadamente dos meses nos encontrábamos con su familia en la santa eucaristía, celebrándole sus 15 añitos. Como toda una princesa, con su vestido azul, con su corona, con su sonrisa, con su mirada diáfana, clara, feliz, acompañada de sus abuelitos (...) Sentían esa alegría de presentarla en el altar para celebrar la vida precisamente (...)”, indicó el sacerdote que ofició la misa por el fallecimiento de la joven.

Así habría ocurrido el accidente

Ropero Maldonado se desplazaba en la motocicleta que sus padres le habían obsequiado recientemente como regalo de cumpleaños cuando ocurrió el siniestro en la vía nacional que conecta San Martín con Aguachica. En medio de confusos hechos, un vehículo habría colisionado la parte trasera de la moto de la joven, por lo que habría perdido el control y cayó al asfalto.

Tras el choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Local Álvaro Ramírez González, donde permaneció bajo observación médica debido a las heridas sufridas. Su muerte fue confirmada el domingo 2 de noviembre, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud.

La noticia provocó conmoción en la comunidad de San Martín. Motociclistas de la región acudieron al centro asistencial para acompañar a la familia y estar informados del estado de salud de la menor. Vecinos, amigos y docentes recordaron a Maylin Alejandra como una joven alegre y responsable, con muchos proyectos por realizar.

“(...) Como no vamos a tener sentimientos encontrados, si hace unos días una joven caminaba, alegraba la casa, alegraba con su presencia y con su sonrisa. Como no la vamos a extrañar si domingo a domingo celebraba la eucaristía y recibía sagradamente la comunión, y Dios, ten en cuenta su experiencia de fe y el dolor de esta familia”, dijo el sacerdote que celebró la misa como parte de las honras fúnebres de la joven.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Joven de 19 años murió en accidente de tránsito en Cesar

Yoeimis Carolina Contreras, de 19 años, falleció el lunes 3 de noviembre, en horas de la tarde, tras un accidente de motocicleta en la vía que conecta los municipios de Manaure y La Paz (Cesar).

Según información proporcionada por las autoridades, Contreras conducía la motocicleta y, en una curva, perdió el control del vehículo, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y muriera en el lugar.

En el accidente resultó gravemente herido Jhon Edier Arbalez López, que viajaba como parrillero. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con declaraciones de la Policía Nacional recogidas por las autoridades locales, Contreras había enfrentado procesos judiciales previos. En el sector Elenita Dos, de Pueblo Bello, fue capturada en un operativo de verificación de antecedentes por portar un bolso con 353 dosis de marihuana y una gramera digital, objetos empleados para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas. En el momento del operativo, Contreras se encontraba acompañada de un menor de edad que también fue aprehendido; ambos fueron acusados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal Colombiano.

Como consecuencia de ese proceso judicial, Contreras cumplía una medida de prisión domiciliaria al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando los hechos para establecer con certeza las causas del siniestro.

De acuerdo con la denuncia que expuso el precandidato al Senado Alexander Chalá Sáenz, el presunto funcionario, que sería contratista, hizo su intervención cuando se disponía a recibir unas ayudas suministradas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para las poblaciones más vulnerables de ese municipio.

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“Viva Petro, pero preso en Estados Unidos, hijuep…”, se le escucha decir al individuo en el clip, cuya identidad todavía se desconoce.

Luego de ello, una persona que no aparece en el video reprochó el comportamiento del presunto contratista de la Alcaldía de La Paz: “Oiga, a usted no le queda bien eso, porque usted es funcionario. ¿Ah? Digo, que eso a usted no le queda bien eso. Es funcionario”, dice esa otra persona, cuyas palabras rechazó con un gesto de desestimación.

La denuncia también fue expuesta por el medio regional La Paz Cesar, que divulgó el video desde su cuenta de Facebook

Por el momento, ninguna autoridad oficial del municipio de La Paz se ha pronunciado con respecto a la difusión del video.

“No sea sapo”: las duras palabras contra Petro de un hombre que se identifica como “soldado colombo-israelí”

Un joven que se presenta como colombo-israelí divulgó un video en el que, vestido con uniforme militar y portando una insignia de la bandera de Israel, lanza una crítica directa al presidente Gustavo Petro.

En la grabación, publicada en su cuenta de Instagram el 29 de septiembre de 2025, el joven de apellido Cortés cuestiona la gestión del mandatario, señalando una supuesta desconexión entre las prioridades del Gobierno y las necesidades urgentes de la población colombiana.

Cortés enfocó su mensaje sobre la percepción, a su juicio, del abandono de regiones vulnerables, como La Guajira, y en la falta de atención a problemáticas ambientales derivadas de la minería ilegal.

“Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo. Este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano. Como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira; como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a causa de la minería ilegal, y a usted parece que nada de esto le importa”, expresó Brian en su video.

A lo largo de su intervención, el joven también dirige sus críticas hacia la política exterior del Gobierno, sugiriendo que el presidente Petro otorga mayor relevancia a los asuntos internacionales que a los problemas internos. En el video, Cortés interpela la tendencia del mandatario a involucrarse en conflictos ajenos y le exige reconsiderar su enfoque.

El autor del mensaje introduce además una referencia al pasado de Petro como miembro de la extinta guerrilla M-19, insinuando que esa experiencia influiría en sus decisiones actuales, especialmente en materia de política exterior.

“Le importa tan poco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano. ¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya?”, se cuestionó el joven.

El video concluye con una afirmación desafiante por parte de Brian Cortés, quien declara: “Me llamo Brian, y estoy seguro de que sería mucho mejor presidente que usted”.

El reciente ingreso de un grupo encabezado por Andrés Villalba a la finca La María, situada en Río de Oro, Cesar, ha reavivado la preocupación entre los propietarios rurales de la región.

La acción, que tuvo lugar el 13 de octubre de 2025, se produce en un contexto marcado por antecedentes similares: Villalba ya había liderado la ocupación de la finca La Pola, un predio cuya situación actual refleja el impacto de la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

La advertencia fue realizada por Juan Gonzalo Botero, exminsitro e ingeniero agrónomo, por medio de su cuenta de X: “Atención! Invadida la finca La María en Río de Oro Cesar! Rl líder de los invasores es el mismo que lideró la invasión de la Finca La Pola y donde no hubo una acción eficaz por parte de las autoridades!La inseguridad en la región es notable! ¡Solicitamos la acción de las fuerzas del estado para combatir este hecho!”.

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Los hechos tomaron un giro inesperado cuando los invasores que se retiraron de la finca La María decidieron retener a varias personas relacionadas con el predio, lo que produjo alarma entre la comunidad y las autoridades locales

Entre los retenidos se cuentan Sergio Andrés Tamayo Cáceres y Alexander Ramírez Bermúdez, ambos vinculados directamente con el proceso de recuperación de la propiedad, según información suministrada por El Heraldo.

A pesar de los rumores, desde la Segunda División del Ejército Nacional, le confirmaron a Infobae Colombia, que en la zona no hay presencia de soldados, por lo que sería falso que uniformados estén bajo el poder de estos grupos que se tomaron el lugar y retuvieron a otros ciudadanos.

La disputa se originó el lunes, cuando un grupo de personas asentadas en un predio aledaño irrumpió en el predio, conforme explicaron las autoridades departamentales.

La reacción del propietario, Elmer Tamayo, gerente del Hospital de Ocaña, no se hizo esperar. Tamayo acudió al lugar acompañado de su equipo de seguridad, con la intención de recuperar su terreno, lo que desencadenó enfrentamientos entre ambas partes.

El hijo del propietario, Sergio Andrés Tamayo Cáceres, quien se desempeña como ingeniero, estuvo presente en el intento de recobrar el control sobre la finca. Los hechos resultaron en su posterior retención, junto con los otros involucrados, después de que los ocupantes ilegales se retiraran físicamente del terreno.

La gravedad de la situación motivó que las autoridades instalaran un Puesto de Mando Unificado (PMU) para gestionar la crisis.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental, afirmó que este espacio de coordinación permitió establecer contacto directo con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a fin de determinar mecanismos para lograr la liberación de los retenidos.

Según detalló Eduardo Esquivel, “Esa es la situación al momento y, a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles, estábamos ya prestos a seguir con los canales de diálogo y que los retenidos puedan salir de la hacienda y que además el Gobierno nacional pueda solventar la problemática de tierras que enfrentan los campesinos”.

Esta declaración expresa la expectativa de que el diálogo entre las instituciones y las partes en conflicto logre no solo resolver el incidente de la retención, sino también avanzar hacia una solución más amplia sobre las tensiones de tierras en la región.

La instalación del Puesto de Mando Unificado y la intervención de organismos estatales subrayan la complejidad del conflicto, donde confluyen intereses particulares, demandas campesinas y la necesidad de garantizar el orden público, siendo la población civil la más afectada por la problemática que aqueja a esta parte del territorio.

La muerte del soldado profesional Carlos José Mejía en Curumaní, Cesar, provocó una profunda discusión nacional sobre la salud mental en las Fuerzas Militares y el papel del Estado en la protección de sus uniformados.

El caso adquirió una nueva dimensión luego de que Luis Carlos Mejía Acuña, padre del militar, publicara una solicitud directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiéndole que no acercara la política al duelo familiar y que no visitara su domicilio.

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La respuesta del mandatario, emitida este sábado 4 de octubre a mediodía en su cuenta de X, ahondó en el debate público.

Petro había expresado su interpretación personal sobre el dolor que habría motivado la decisión de Mejía, citando el amor como un factor determinante.

En su publicación, el presidente escribió: “Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano”, en un intento por abordar las causas detrás del fallecimiento.

El mandatario extendió su explicación con una reflexión sobre el sentimiento amoroso, afirmando que el enamoramiento “es ni más ni menos, el sentimiento que permite la reproducción de la vida”, y que “del enamoramiento como en un fluir hacia adelante, se reproduce la humanidad”.

Para Petro, amar intensamente forma parte natural de la juventud: “Amar con todo y reproducir la vida, es la ansiedad que vibra en todo joven, hombre o mujer. Es el fundamento biológico de la especie humana”.

“Matarse por una mujer que se pierde, mucha vida que se convierte en muerte”, dijo el jefe de Estado, que se identificó como “un amante de la vida”.

En su mensaje insistió en que, aunque el dolor acompaña al amor, el sufrimiento por una relación perdida no justifica la autolesión: “No hay que matarse por el amor, porque el amor es también un fluido y una energía, y como energía, según las leyes de la termodinámica, se transforma, fluye, pero permanece”.

La respuesta del padre del soldado a Petro: “Si hubiera estado ahí lo abrazo”

El debate se intensificó después del pronunciamiento grabado de Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado, difundido a través de un video en redes sociales.

En su declaración, Mejía fue contundente al pedir respeto por el duelo de su familia: “En nombre de su alma, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”.

El padre también manifestó: “A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted, no necesito nada de su gobierno. Respete nuestro dolor, y no lo quiero ver por mi casa, le agradezco que se mantenga alejado de nuestra familia y de nuestro duelo”.

La controversia se ubicó en el centro de la agenda pública tras los comentarios del mandatario sobre el motivo de la muerte del soldado y la reacción del padre frente a la posible visita presidencial.

En las horas siguientes, la discusión sobre el bienestar emocional en las Fuerzas Militares se reactivó. Gustavo Petro aseguró en X que nadie debía manipular los hechos que rodearon la muerte del soldado, y mencionó: “No cayó en combate. Quizá falló la educación, quizá falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó, según la Fiscalía 19. Dejó una nota a su señora madre. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”.

El mandatario recordó que desde hace meses promovió debates sobre el elevado número de suicidios en las filas militares; “en el Congreso propuse discutir el número de suicidios en las Fuerzas Armadas, que ya supera el de muertos en combate”, afirmó en declaraciones compartidas por Semana.

La historia personal del joven soldado también fue expuesta por su padre, quien relató que Mejía creció en una familia humilde, pero honesta: “Mi hijo puede que no tuviera un televisor, que no tuviera un cuarto para él solo, que no usara ropa de marca, que no tuviera zapato fino, pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor, porque se creó en una familia humilde, pero en una familia honesta”, sostuvo en el video.

Una fuerte explosión registrada en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 5 de Aguachica provocó la muerte de un soldado y heridas en seis más, informó el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, cuya sede está en Bucaramanga.

La institución informó que el incidente se produjo cuando efectivos de la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2 se encontraban en actividades dentro del polígono de la unidad.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la Quinta Brigada, los primeros indicios apuntan a que “los uniformados habrían manipulado una granada de 40 milímetros encontrada en el área, lo que ocasionó la detonación”.

Las circunstancias del hallazgo y la manipulación de este artefacto explosivo permanecen bajo investigación por parte de las autoridades militares.

Los seis soldados heridos fueron remitidos inmediatamente a un centro asistencial de mayor complejidad en Aguachica, donde reciben atención especializada, según reportaron fuentes de la institución.

El estado de salud de los uniformados continúa bajo evaluación, mientras el personal médico del Hospital de Aguachica, Cesar, determinará la posibilidad de su traslado a Valledupar o Bucaramanga dada la complejidad de las lesiones, informaron las autoridades.

El Ejército Nacional envió una comisión interdisciplinaria al municipio para esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones que correspondan en torno a los hechos.

Además, la institución manifestó sus condolencias a la familia del soldado fallecido y señaló que ya está adelantando todo el acompañamiento psicológico tras el fallecimiento del soldado.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente esta situación, expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado fallecido y, a través del Centro de Familia Militar, brinda acompañamiento permanente tanto a sus seres queridos como a los familiares de los soldados heridos”, finalizó la institución.

Atentan contra unidades del Ejército en Anorí, Antioquia

El ataque armado contra el Ejército Nacional en el municipio de Anorí, situado en el Nordeste antioqueño, ha provocado la imposición de medidas extraordinarias de seguridad por parte de la Alcaldía local.

Según informó el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la agresión tuvo lugar durante una operación en la vereda Las Lomitas, cuando un artefacto explosivo improvisado fue detonado por presuntos integrantes del Frente 36, bajo el mando de alias Chejo y alias Primo Gay.

La ofensiva resultó en la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y dejó heridos a tres soldados profesionales: Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

El Ejército Nacional lamentó el hecho y denunció: “Como consecuencia de esta cobarde acción terrorista fue asesinado el subteniente Brayan David Bello Serrano y resultaron heridos tres soldados profesionales”.

Durante la evacuación de los uniformados, equipos médicos y ambulancias quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, aunque más tarde se confirmó que el personal de salud está fuera de peligro.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, declaró: “Cuando ambulancias ingresaron a la zona, para trasladar a los heridos, quedaron en medio del fuego cruzado: grave violación al Derecho Internacional Humanitario. El personal médico está ileso y fuera de peligro”.

Para garantizar la extracción segura tanto de los heridos como del fallecido, se solicitó apoyo aéreo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y posteriormente los afectados fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica especializada.

El Ejército Nacional expresó una firme condena, señalando: “El Ejército Nacional rechaza con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en riesgo inminente a la población civil del sector, por lo que se procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, por el uso de artefactos explosivos improvisados prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

La institución castrense también transmitió condolencias a los familiares del subteniente Bello Serrano y aseguró que un equipo interdisciplinario del centro de familia brinda acompañamiento en este momento.

“Las tropas continuarán desarrollando operaciones militares sostenidas en este sector del departamento de Antioquia, a fin de propender por la seguridad de las comunidades, dar estricto cumplimiento a la misión y lograr la neutralización de estos narcoterroristas”, señaló el Ejército Nacional.

Paralelamente a estos hechos, la Alcaldía de Anorí implementó un conjunto de restricciones a través del Decreto No. 090 del 30 de septiembre de 2025. El documento impone toque de queda en la zona urbana entre las 21:00 y las 4:30 horas, desde el 30 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2025.

Además, se ordenó el cierre indefinido de la calle Montúfar (Calle Larga) entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, prohibiendo la circulación y parqueo de motocicletas y automóviles en ese tramo.

Los familiares de Lisant Linehys Pascuales Rangel, estudiante de licenciatura en artes de la Universidad Popular del Cesar, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia la gestión urgente de una misión médica para trasladar a la joven desde un hospital en Hong Kong hacia Colombia.

Pascuales Rangel, de 22 años, viajó hace nueve meses a China junto a su novio tras ser contratada por una empresa internacional como bailarina artística en un parque de atracciones de la capital.

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De acuerdo con el testimonio de su madre, Jessica Rangel, la joven sufrió un cuadro de estrés postraumático luego de enterarse del accidente de tránsito de su hermano menor en Valledupar.

La compatriota permanece bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico en una clínica de Hong Kong.

Según sus familiares, las autoridades de China han impedido su traslado sin acompañamiento especializado, porque consideran que podría representar un riesgo tanto para ella como para otros pasajeros durante el vuelo de regreso, que tendría una duración estimada de 27 horas.

“Estaban realizando actividades artísticas en China y recibió un choque de estrés muy fuerte y un cuadro clínico delicado, ahora mismo es una paciente que necesita una misión médica para que la acompañe junto a su cuidador, que es Juan David Ramírez”, explicó su madre en diálogo con el diario El Heraldo de Barranquilla.

La familia destacó que, pese a contar con los tiquetes aéreos y agotar sus recursos, no se les ha permitido iniciar el retorno sin apoyo profesional.

Por todo lo anterior es que siguen insistiéndole a la Cancillería por la necesidad de apoyo para evitar el deterioro de la salud mental de la joven, que permanece internada y aislada de sus seres queridos.

Colombiana en Australia organiza colecta para costear tratamiento de tumor cerebral

La ciudadana colombiana Ana María Sánchez Castañeda enfrenta una severa emergencia médica en Australia tras ser diagnosticada con un adenoma hipofisario secretor de GH (acromegalia).

Ana María migró en octubre de 2022 junto a su esposo con la expectativa de construir un mejor futuro, tras dialogar sobre lo ocurrido con Infobae Colombia.

El diagnóstico se produjo en diciembre de 2023, luego de que experimentara síntomas asociados a la condición, como alteraciones en la visión, el equilibrio y dolores de cabeza intensos.

Tras una primera cirugía de urgencia, los médicos informaron que el tamaño y la ubicación del tumor, próximo a arterias vitales, impidieron su extracción total y dejaron su salud en riesgo.

A pesar del difícil panorama, Ana María y su pareja dieron la bienvenida a su primera hija, un hecho que describen como esperanzador en medio de la adversidad.

No obstante, después del parto, el tumor volvió a crecer y los síntomas se intensificaron. Una segunda intervención, realizada el 11 de julio de 2025, debió ser suspendida ante el alto riesgo de sangrado.

La única alternativa disponible recomendada por los especialistas sería la radioterapia, pero este tratamiento no está cubierto por el seguro para estudiantes internacionales que tiene la familia.

Debido a su condición médica, Ana María no puede trabajar y su esposo asume en solitario los gastos, lo que ha agravado las dificultades económicas frente a las crecientes deudas del sistema de salud australiano.

En respuesta, la familia lanzó una campaña de recaudación a través de GoFundMe con una meta de 40.000 dólares australianos (más de 107 millones de pesos colombianos).

“Cualquier donación, por pequeña que sea, nos da esperanza — esperanza de seguir adelante, esperanza de menos dolor y la posibilidad de seguir al lado de nuestra hija”, expresó Ana María en su mensaje.

El caso revela las dificultades que enfrentan los migrantes con enfermedades graves que, sin redes de apoyo estatales ni subsidios del gobierno, afrontan retos adicionales en sistemas de salud extranjeros.

La familia agradece cada gesto de solidaridad que permita a Ana María acceder a los tratamientos necesarios y dar bienestar a su hija durante la crisis.

Quienes deseen ayudar pueden acceder a la campaña en GoFundMe (https://acortar.link/69Nyyx), donde se encuentra el testimonio completo de Ana María Sánchez Castañeda sobre la situación y la dificultad de regresar a Colombia debido a la ubicación compleja del tumor y la naturaleza de la enfermedad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, a pesar de las numerosas polémicas que se le atribuyen, como la veracidad de su título profesional en contaduría, que habría sido otorgado de forma irregular por la Fundación Universitaria San José, o los registros de varios viajes que realizó en aeronaves de la fuerza pública.

El jefe de la cartera del Gobierno enfatizó sus argumentos al destacar las capacidades de la joven funcionaria, quien fue jefe de gabinete de su despacho, y aseguró que su nombramiento fue una recomendación expresa del presidente Gustavo Petro.

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“Lo primero, ella es una persona inteligente, tiene una gran capacidad de análisis y ha estado siempre, por ejemplo, en el proyecto del presidente Petro desde joven... Ella llegó al Ministerio del Interior por recomendación también del presidente de la República, inicialmente como jefe de gabinete. Es un título rimbombante que no tiene nada que ver con su nombramiento real, que fue como secretaria del despacho. Ganaba cuatro millones de pesos, o algo así, no recuerdo bien”, explicó Benedetti en el programa radial La Luciérnaga de Caracol Radio.

Además, Benedetti reveló que la joven funcionaria fue víctima de un atentado en Cesar, departamento del que es oriunda.

“Bueno, ella sufrió un atentado en Cesar, atentaron contra su vida, y por eso tuvo que salir de Cesar y de Valledupar. Eso lo sé desde hace como dos o tres años, fue lo que dijeron. Dicho esto, ella va a cumplir una misión que se le encargó... No se pueden dar detalles porque está relacionado con un secuestro y una liberación. Además, tiene que ver con el tema de Aguachica y se le dio el permiso para que así fuera”, explicó Benedetti al exponer los antecedentes por los cuales Guerrero fue escogida para el cargo que ocupa.

Acto seguido, el ministro evitó referirse a las polémicas en torno a Guerrero, asegurando que desconoce con certeza la información que circula sobre ella en relación con su pasado académico. Sin embargo, Benedetti enfatizó que el cargo que ella ocupa no requiere el cumplimiento de ciertos requisitos.

“Luego de eso, viene el tema de las otras cosas que han salido, y de eso no puedo responder porque no tengo cómo saber qué es cierto o no. Además, está el tema de su nombramiento como viceministra, para el cual ya no es necesario cumplir ciertos requisitos. Pero, debido a todo lo que ha sucedido, ese proceso está en stand by. Esa es la respuesta que puedo dar con todo lo que ha venido pasando”, aseveró Benedetti.

Universidad donde se habría graduado irregularmente Juliana Guerrero despidió a su exsecretario general

La controversia en torno al título profesional otorgado a Juliana Guerrero, quien estaba prevista para asumir el cargo de viceministra de Juventud, llevó a la Fundación de Educación Superior San José a tomar una medida inmediata: la destitución del secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez y de todo su equipo de trabajo, quienes además fueron denunciados por la misma institución.

Esta decisión, comunicada oficialmente el viernes 19 de septiembre de 2025, representa la primera consecuencia concreta tras el inicio de una investigación interna por presuntas irregularidades en la expedición del título de Contaduría Pública a Guerrero.

El comunicado emitido por la Fundación reconoció que la entrega de este título “ha sido objeto de controversia”, lo que motivó la apertura de una investigación destinada a esclarecer los hechos. La institución explicó que el objetivo de estas indagaciones es “garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos académicos y legales” necesarios para la obtención de un título profesional, así como proteger la reputación del centro educativo.

Como resultado preliminar de este proceso, la Fundación informó que la destitución del secretario general y la terminación del vínculo laboral de su equipo se realizó “de manera absoluta y con justa causa”.

La institución fundamentó esta medida en los principios de “transparencia, veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente” que rigen los procedimientos académicos y administrativos en este tipo de entidades.

La decisión fue difundida a través de un comunicado oficial, en el que la Fundación de Educación Superior San José detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la entrega del título a Juliana Guerrero.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha anunciado la primera sentencia en el caso de los llamados “falsos positivos” en la región Caribe, un hecho sin precedentes en la historia judicial de Colombia.

Doce exmilitares del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, fueron hallados responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 y deberán cumplir sanciones restaurativas, que no contemplan prisión, por su papel en estos crímenes.

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Esta decisión, que será oficializada el jueves 18 de septiembre, representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, según informó Caracol Radio.

El fallo de la JEP impone a los exintegrantes del Batallón La Popa la obligación de cumplir proyectos restaurativos durante un periodo de entre cinco y ocho años, en lugar de penas privativas de libertad.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz determinó que estos exmilitares son máximos responsables de delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución, tanto bajo la legislación colombiana como lo dicta el derecho internacional, que los califica como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión se fundamenta en la aceptación de responsabilidad y el aporte de verdad por parte de los sentenciados, lo que les permitió acceder a este tipo de sanción, de acuerdo con la información recogida por Caracol Radio.

Estos son los militares acusados y su participación en falsos positivos

Entre los condenados figuran oficiales y suboficiales con distintos grados de responsabilidad y antecedentes judiciales:

• Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor y excomandante de batería, enfrentaba previamente acusaciones por concierto para delinquir, secuestro simple y homicidio en persona protegida.
• Heber Hernán Gómez Naranjo, también mayor y jefe de Estado Mayor, acumulaba siete investigaciones en la justicia ordinaria por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
• Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente y comandante del grupo especial Trueno, había recibido condenas de hasta 40 años de prisión antes de someterse a la JEP.

Otros nombres destacados en la lista son Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Todos ellos fueron hallados responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución, y en varios casos ya habían sido condenados o investigados por la justicia ordinaria y penal militar.

El contexto en el que ocurrieron estos crímenes abarca el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira, donde, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, se perpetró un ataque sistemático contra la población civil.

Las víctimas, hombres y mujeres, fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros abatidos en combate, en una estrategia destinada a inflar las cifras de éxito militar.

Este fenómeno, conocido como “falsos positivos”, afectó especialmente a comunidades indígenas como los Kankuamo y Wiwa, y generó un profundo impacto social y político en la región.

La investigación de la JEP identificó patrones macrocriminales que permitieron la ejecución de estos crímenes. El primer patrón consistió en la presentación de bajas en combate de víctimas entregadas por las Autodefensas Unidas de Colombia, tras haber sido retenidas o asesinadas.

También se documentó el asesinato de personas señaladas por informantes de colaborar con la guerrilla, la ejecución de detenidos en hechos presuntamente delictivos y el asesinato de miembros de grupos armados heridos o rendidos.

Un segundo patrón involucró el asesinato de personas en situación de vulnerabilidad, seleccionadas bajo la presunción de que la sociedad no reclamaría por su muerte. Muchas de estas víctimas fueron engañadas con promesas de empleo y trasladadas desde ciudades como Barranquilla y Valledupar para ser presentadas como bajas en combate.

Estas acciones respondieron a la presión institucional por mostrar resultados en el contexto de la desmovilización paramilitar.

El proceso judicial que condujo a esta sentencia se basó en el análisis de nueve informes presentados ante la JEP por entidades estatales, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas.

La investigación incluyó 61 versiones de exmilitares implicados, 20 inspecciones judiciales a más de 50 expedientes de la justicia ordinaria y penal militar, así como la revisión de archivos de operaciones militares.

Además, se consideraron 13 escritos de observaciones de víctimas, abogados y la Procuraduría, junto con intervenciones orales de miembros de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz concluyó que los 12 exmilitares desempeñaron un papel esencial en la consolidación de estos patrones criminales, y que su participación fue determinante para la ejecución del plan delictivo.

La relevancia de esta sentencia radica en que se trata del primer fallo en el denominado caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Este precedente abre la puerta a futuras resoluciones en otras cinco zonas priorizadas por la JEP, que abarcan las regiones más afectadas por este fenómeno.

En cuanto a los otros tres oficiales inicialmente imputados por la JEP, Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha, estos no aceptaron su responsabilidad y actualmente enfrentan un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, equivalente a la Fiscalía.

Si son hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, a diferencia de las sanciones restaurativas impuestas a quienes admitieron su participación y colaboraron con la justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para dictar su primera sentencia en el caso de los ‘falsos positivos’ en la región Caribe, un proceso que involucra a 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar.

Esta decisión, que se hará pública el jueves 18 de septiembre, representa un hito en la búsqueda de justicia para las 135 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

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El camino hacia esta sentencia se construyó a partir del análisis de nueve informes presentados ante la JEP por entidades estatales, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas.

La investigación incluyó 61 versiones de exmilitares implicados, 20 inspecciones judiciales a más de 50 expedientes de la justicia ordinaria y penal militar, así como la revisión de archivos de operaciones militares.

Además, se consideraron 13 escritos de observaciones de víctimas, abogados y la Procuraduría, junto con intervenciones orales de miembros de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP determinó que los 12 exintegrantes del Batallón La Popa desempeñaron un papel esencial en la consolidación de patrones criminales. Los exmilitares son:

• Guillermo Gutiérrez Riveros
• Carlos Andrés Lora Cabrales
• Elkin Leonardo Burgos Suárez
• Elkin Rojas, Efraín Andrade Perea
• Manuel Valentín Padilla Espitia
• José de Jesús Rueda Quintero
• Eduart Gustavo Álvarez Mejía
• Juan Carlos Soto Sepúlveda
• Yeris Andrés Gómez Coronel
• Alex José Mercado Sierra
• Heber Hernán Gómez Naranjo

De acuerdo con la JEP, cada uno participó en conductas graves y representativas, sin las cuales el plan criminal no habría prosperado.

Los delitos imputados a estos exmilitares incluyen homicidio en persona protegida y desaparición forzada conforme al código penal colombiano. En el ámbito internacional, la JEP los responsabilizó por crímenes de guerra (homicidio) y crímenes de lesa humanidad (asesinato y desaparición forzada).

La investigación concluyó que los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil constituyeron crímenes internacionales, según el Estatuto de Roma.

Cabe recordar que la JEP imputó cargos a 15 integrantes del Batallón La Popa, pero tres oficiales retirados —Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha— no aceptaron su responsabilidad y enfrentan un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, equivalente a la Fiscalía. Si son hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Esta sentencia marca la primera decisión en el denominado caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, conocido popularmente como falsos positivos.

El fallo abre la puerta a futuras resoluciones en las otras cinco zonas priorizadas, que abarcan las regiones más afectadas por este fenómeno.

Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, se perpetró un ataque sistemático contra la población civil. Hombres y mujeres fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, en una estrategia destinada a inflar las cifras de éxito militar.

Patrones macrocriminales: así los habrían asesinado

La investigación del subcaso Costa Caribe identificó patrones macrocriminales. Los exmilitares asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados o de ser delincuentes comunes, sin contar con información verificable. Estas acciones se desarrollaron en una alianza con los paramilitares en la región.

El primer patrón criminal consistió en la presentación de bajas en combate de víctimas entregadas por las Autodefensas Unidas de Colombia tras haber sido retenidas o asesinadas.

También incluyó el asesinato de personas señaladas por informantes de colaborar con la guerrilla, la presentación como bajas en combate de detenidos en hechos presuntamente delictivos que luego fueron ejecutados, y el asesinato de miembros de grupos armados heridos o rendidos.

El segundo patrón identificado fue el asesinato de personas en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran seleccionadas bajo la presunción de que la sociedad no reclamaría por su muerte y fueron engañadas con promesas de empleo para luego ser asesinadas.

Este patrón respondió a la presión por mostrar resultados en el contexto de la desmovilización paramilitar. Se ejecutó mediante el asesinato de personas retenidas en puestos de control y el traslado engañoso de individuos desde Barranquilla y Valledupar para presentarlos como bajas en combate.

Por haber aceptado su responsabilidad y aportado verdad, los 12 exmilitares recibirán una sanción restaurativa de entre 5 y 8 años, que no implica prisión. Estos hechos, conocidos en Colombia como falsos positivos, suman 6.402 casos registrados en el país según la Jurisdicción Especial para la Paz.

Más allá de combates, enfrentamientos y operaciones militares, el Ejército Nacional cuenta con un fuerte componente social y humanitario, que le ha permitido llegar a rincones apartados del país a llevar felicidad, dignidad y hasta mejores condiciones de vida para comunidades vulnerables.

Estas acciones, al margen del contexto de la guerra, fueron exaltadas por una niña que quiso plasmar en una carta su agradecimiento por los momentos de alegría que experimentó gracias a la llegada del circo del Ejército Nacional a su territorio.

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La misiva fue escrita específicamente por Alejandra, una niña de San Alberto (Cesar), que disfrutó del Circo Colombia No. 2, que lleva más de 15 años de trayectoria, y admitió que el show “le sacó sonrisas”.

En su mensaje, la menor resaltó la alegría y los valores que transmitieron durante su estancia en el municipio. El gesto de Alejandra evidenció el alcance social de esta iniciativa militar, que trasciende las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas.

Alejandra también dirigió palabras de aliento y reconocimiento a los soldados, a quienes llamó “mis guerreros que solo luchan por el país”.

La niña deseó éxito a los integrantes del circo en su próximo viaje y les pidió protección divina. “Sé que apenas los conocí y pues recién entré a su show dije que de todos los circos este es el mejor, ustedes siempre queriendo sacar sonrisas al público. Hoy, su último día, les deseo lo mejor. No crean que la guerrilla es mejor que ustedes, no, ustedes son lo mejor”, escribió Alejandra, firmando la carta con un mensaje de afecto y admiración.

El Ejército valoró públicamente el gesto de la menor, señalando que su agradecimiento es una muestra de los resultados alcanzados por los soldados expertos en artes circenses.

Según la institución, iniciativas como la del circo militar generan espacios de diversión y reflexión, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en zonas que han enfrentado dificultades.

“Este agradecimiento especial de la niña Alejandra demuestra que los soldados expertos en artes circenses han rendido frutos, y genera espacios de diversión y reflexión, reconstruyendo el tejido social”, afirmó el Ejército.

Circo militar y acción social en territorios apartados del país

El Circo Colombia No. 2, adscrito al batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°2, recorre varias regiones del país con el objetivo de llevar acción social y entretenimiento a la población civil.

Durante septiembre, los soldados del circo ofrecieron funciones en San Alberto, donde emocionaron a las familias con espectáculos llenos de magia, risas y enseñanzas sobre valores como la amistad y el respeto. Estas presentaciones fueron descritas como únicas por los habitantes del municipio, que encontraron en ellas una oportunidad para compartir y reflexionar.

Además de San Alberto, el circo militar, conformado por mimos, payasos, acróbatas y deportistas, ha visitado otros lugares en lo corrido de 2025, como Valledupar(Cesar), Yondó (Antioquia), Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santader), Mistrató (Risaralda), donde cientos de niños y adultos asistieron a los espectáculos gratuitos.

En cada parada, la respuesta de la comunidad fue positiva, con una participación entusiasta y muestras de aprecio hacia los soldados que, a través de las artes circenses, buscan fortalecer los lazos sociales y ofrecer momentos de esparcimiento.

“Los uniformados no solamente tienen entrenamiento militar, hace años descubrieron suvocación con el artecircense y aportarles a las comunidades desde la ejecución deespectáculosde otro nivel. Por eso, cada día los soldados del Circo Colombia Nº. 2 trabajan incansablemente para llevar a latarimauna puesta en escena perfecta, que robe risas y asombro entre las familias”, sostuvo el Ejército.

La despedida del circo dejó una huella especial en los más jóvenes. Niños, niñas y adolescentes fueron los que más sintieron la partida de los soldados artistas, reflejando el valor emocional que estas iniciativas tienen en su vida cotidiana.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se dispone a emitir la próxima semana su primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, en el subcaso Caribe.

Doce exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, han sido imputados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en hechos que afectaron especialmente a víctimas indígenas y a personas en situación de vulnerabilidad.

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El fallo, previsto para el jueves 18 de septiembre, representa un momento clave en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado años por el reconocimiento de la verdad y la reparación.

El subcaso Caribe, parte del macrocaso 003 de la JEP, abarca crímenes perpetrados en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

Las víctimas incluyen miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como integrantes de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Además, entre los afectados se encuentran campesinos y personas con discapacidad o en condiciones de especial vulnerabilidad.

Según información recabada por la revista Cambio, estos hechos ocurrieron en una de las etapas más oscuras del conflicto armado colombiano, cuando civiles inocentes fueron presentados como bajas en combate para inflar resultados militares.

Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre —indígena kankuamo ejecutado en 2004 tras ser sacado de su casa en Atanquez, Valledupar—, ha seguido de cerca el proceso ante la JEP.

En diálogo con el diario nacional, Maestre expresó su esperanza de que los uniformados que aún no han reconocido su responsabilidad lo hagan finalmente.

“Que ellos acepten el daño que nos han causado como familia, como pueblo. Sabemos que hay unos procesados que han aceptado los cargos, pero que los máximos responsables no aceptan”, afirmó.

Maestre destacó que los militares que ejecutaron los crímenes actuaron bajo órdenes superiores y que aún falta esclarecer quiénes dieron esas instrucciones.

“Los máximos responsables aún están sueltos, aún no han reconocido, aún no ha dicho por qué o quiénes les dieron la orden a ellos para que mandaran a asesinar a nuestros familiares”, señaló.

El proceso ante la JEP ha permitido a Maestre y a otras víctimas obtener respuestas largamente esperadas.

“Yo nunca pensé estar al frente de la persona que dio la orden para que asesinara a mi hermano, de la persona que le quitó la vida, nunca lo pensé. Pero hoy le doy gracias a Dios porque ha sido misericordioso para estar frente de esa persona y poder decirle que lo perdonamos”, relató a Cambio.

Para Maestre, el perdón es una decisión personal que le ha permitido liberarse de una carga de más de dos décadas.

Sin embargo, como integrante del pueblo Kankuamo, considera que la reparación colectiva aún está pendiente.

Las víctimas aguardan la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (Toar), una medida de justicia restaurativa prevista para los exmilitares responsables.

Maestre recalcó que la JEP no gestiona directamente la reparación económica, pero las víctimas acreditadas, como ha ocurrido en otros macrocasos, exigen también una reparación individual.

“Hay muchas madres, muchos padres, en condiciones vulnerables. Dependían de la persona (asesinada) para su sustento. Por eso, además de justicia, esperamos reparación. Ojalá los Toar se puedan cumplir, que no nos vayan a dejar ahí, que eso no se quede en papel, sino en hechos”, manifestó al diario nacional.

La expectativa de justicia y reparación también la comparte Osmaira Nieves Oñate, indígena wiwa y hermana de Luis Eduardo Oñate, ejecutado en 2004 por integrantes del Ejército Nacional en el marco de un plan criminal que involucró a paramilitares de la región.

El caso de Luis Eduardo fue presentado como un “positivo” en la prensa local, lo que llevó a Nieves a conservar la publicación y presentarla en las audiencias ante la JEP para exigir la verdad. “Un 27 de febrero lo agarraron. El 28 de febrero llegaba el presidente Álvaro Uribe aquí a Valledupar para uno de sus consejos de seguridad. ¿Qué seguridad estaba prestando?”, cuestionó Nieves en una audiencia de 2022.

A la espera de la sentencia, Nieves expresó a Cambio su deseo de que el fallo represente una verdadera justicia y no se limite a declaraciones formales. “A veces nos dicen que habrá restauración, que habrá justicia, que primero las víctimas y a la larga no es así. Las víctimas siempre seguimos siendo víctimas. Muchas veces salimos inconformes de lo que nos proponen”, lamentó.

Para Nieves, la reparación debe incluir el saneamiento de los territorios ancestrales, que considera profanados por la fuerza pública. “Hay que hacer una limpieza en nuestros territorios, en aquellos sitios sagrados que fueron saqueados e irrespetados por los militares de la fuerza pública, que era la que cuidaba al civil y eso no fue así”, explicó.

Nieves reconoció que algunos militares han pedido perdón, pero considera que el Estado le ha negado derechos fundamentales y que la sentencia debe reflejar todas las vulneraciones sufridas. “Estamos en todo el derecho de exigir más, no de aceptar lo que crean que es conveniente para los victimarios”, sostuvo.

En cuanto a los responsables, la JEP ha imputado a doce exmilitares del Batallón La Popa. Entre ellos figuran el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, quien ocupó cargos de comandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y segundo comandante; el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, jefe de la sección segunda; el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa; y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, quien además de comandante de batería, lideró el grupo especial Trueno.

También están imputados el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, comandante de varios pelotones, incluido el especial Zarpazo; el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, comandante de pelotón; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de pelotón de soldados regulares; el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, del pelotón Albardón 3, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, ambos del grupo especial Zarpazo.

Mientras la JEP se prepara para pronunciar su primera sentencia sobre los “falsos positivos” en el Caribe colombiano, las víctimas insisten en que la justicia debe trascender los reconocimientos formales y dignificar la memoria de quienes fueron presentados como NN, pero que siempre tuvieron nombre y familia.

El hecho se registró, según los videos de la cámara de seguridad, a las 8:30 a. m. del 9 de septiembre de 2025 y fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar. En la grabación se vio como el vehículo se encontraba estacionado en una zona prohibida mientras a su lado transitan varias motocicletas cuyos pasajeros no se encuentran utilizando los elementos de protección necesarios.

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Y es que fue este el factor que influyó en el deceso de la pequeña, dado que ni ella ni el hombre con el que se movilizaba portaban el casco respectivo establecido por la ley para hacer uso de este tipo de vehículos en las calles del país.

A la falta de los elementos de seguridad necesarios se le sumó la alta velocidad con la que se movilizaban y el hecho de que la pequeña fue puesta por el hombre, aparentemente para protegerla de una caída, en la parte frontal de la moto, lo que hizo que recibiera la totalidad del impacto en su humanidad y llegará incluso a quedar ser golpeada por los componentes inferiores del vehículo.

Producto del fuerte choque, la menor cayó del vehículo mientras la maleta que cargaba quedó sostenida por uno de los componentes inferiores de la parte trasera del camión, lo que detuvo por pocos instantes la caída de la menor que, posteriormente, se golpeó en la cabeza con el asfalto de la vía.

El accidente que enlutó a Aguachica

Sumado a esto, en el material audiovisual se vio como luego del impacto la niña cayó y, aparentemente, queda inconsciente para luego ser recogida por el hombre que manejaba la motocicleta, quien no sufrió herida alguna, que se mostró desesperado mientras pedía por ayuda a los transeúntes y demás conductores que pasaban por esa zona del municipio.

El hombre recogió a la pequeña luego de que esta se golpeará fuertemente en la parte posterior de la cabeza e intentó despertarla de forma infructuosa con pequeños golpes en su espalda mientras los detenía el tránsito en la calzada aledaña al lugar en donde se registró el accidente.

Los gritos del sujeto llamaron rápidamente la atención de los demás ciudadanos, quienes detuvieron la marcha de los vehículos en los que se transportaban para expresar su asombro por el fuerte impacto que le arrebató la vida a la menor.

El video fue ampliamente difundido a través de las redes sociales, en las que los usuarios que el deceso de la pequeña fue producto, exclusivamente, de la irresponsabilidad del hombre que la tenía bajo su cuidado por transportarla sin los elementos de seguridad necesarios y, adicionalmente, en la parte frontal del vehículo.

No obstante, uno de los internautas, que aseguró ser habitante de la población, señaló que el camión se encontraba detenido en el lugar porque estaba dejando un cargamento de huevos en un establecimiento comercial cercano, por lo que la hipótesis de un mal parqueo quedaría desestimada.

A la par, cargó con toda la responsabilidad al sujeto, que sería el padre de la niña, por estar utilizando el celular mientras conducía el vehículo, lo que impidió que centrara la totalidad de su atención en la marcha y no se fijara en que el camión se encontraba en el lugar.

“Les aclaro un poco, soy de Aguachica. El camión como tal no estaba mal estacionado, estaba dejando huevos en una tienda, el de la moto papá de la menor iba usando el celular al momento del choque“, escribió el usuario.

De acuerdo con el aspirante a la Casa de Nariño, la víctima fue la precandidata al Congreso Alexandra Pineda, con quien tenían programado un evento en Valledupar para la tarde del 7 de septiembre de 2025. No obstante, aseguró que el hecho violento no será un impedimento para llevar a cabo el encuentro en la capital de ese departamento.

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Pineda logró salir ilesa luego de los disparos, dado que, a pesar de que una de las balas impactó una de las llantas del vehículo, la camioneta no se detuvo hasta encontrar a uniformados del Ejército Nacional en la carretera.

“Acaban de disparar en la vía San José de Oriente, en el Cesar, a la camioneta en la que se desplazaba Alexandra Pineda, nuestra candidata en el Cesar y quien nos está preparando, porque vamos a seguir adelante un evento en Valledupar. Pudo escaparse de ese atentado gracias a que no paró. Nueve disparos le hicieron. Más adelante pudo encontrar al ejército. Uno de esos disparos le dio en una llanta y les tocó seguir adelante a pesar de que tenían la llanta chuzada", relató el precandidato.

Sumado a esto, informó que la policía del departamento ya fue informada del hecho y que, de acuerdo con la hipótesis del precandidato, serían dos los sicarios que atentaron en contra de la militante del Pacto Histórico y estarían también involucrados con un presunto plan para asesinarlo en el hotel donde se iba a hospedar en esa ciudad.

Sobre el presunto plan para atentar contra su vida, Quintero no arrojó mayores detalles, pero sí destacó que no detendrá su gira nacional, dado que considera es su obligación llegar a todos los territorios del país para promover sus polémicas iniciativas de cara a las elecciones de 2026.

Incluso, se atrevió a asegurar que quienes planean atentar en su contra lo hace porque se considera que es el único precandidato de la izquierda capaz de derrotar a los contradictores del Gobierno nacional en los comicios de 2026 y, asimismo, continuar con el legado del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros, lejos de parar la gira y de ir a Valledupar, entendemos que es nuestra obligación ir porque no nos podemos dejar ahuyentar de ninguna manera. Ellos no pueden sacarnos ni del territorio y tratan de matarnos y su plan es matarnos porque saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones. Por eso han intentado absolutamente de todo para pararnos, pero no lo van a lograr”, señaló el precandidato.

Por su parte, la víctima de este nuevo atentado, la aspirante al Capitolio Nacional Alexandra Pineda, se pronunció sobre el hecho violento a través de su cuenta oficial de la red social X señalando que los disparos son consecuencia de la oposición a la consolidación del “verdadero cambio” que quiere impedir que los copartidarios del presidente lleguen a las comunidades vulnerables del país.

En este sentido, calificó el hecho como un “acto criminal” y aseveró que el vehículo en el que se movilizaba con sus acompañantes alcanzó a ser impactado por varios disparos. Finalmente, destacó que ni ella ni ninguno de los ocupantes de la camioneta resultó herido luego del atentado.

“Los violentos que se oponen a que nuestro país siga avanzando hacia un verdadero cambio quieren impedir que continuemos llegando a las comunidades. En un acto criminal, hace dos horas, fui atacada junto con las personas que me acompañaba en el recorrido entre San José de Oriente y Manaure”, expresó Pineda.

El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su ministro de Defensa, el cuestionado Vladimir Padrino, anunció el domingo 7 de septiembre de 2025 el despliegue de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), destinados a reforzar las operaciones de seguridad en las zonas fronterizas y costeras consideradas estratégicas para la defensa y el control territorial. Una decisión que se suma a los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro.

En especial, en la que es considerada la zona binacional con Colombia, que comprende los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, y los estados de Zulia y Táchira; y la fachada caribeña-atlántica de Venezuela. El despliegue que se llevará a cabo por las tropas de la dictadura abarcará áreas desde La Guajira hasta territorio de Falcón, así como espacios marítimos y estados orientales, especialmente Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

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Según expresó Padrino, el objetivo es “reforzar” las operaciones de protección y vigilancia en puntos críticos de la frontera colombo-venezolana y en las costas del Caribe, identificadas por el alto mando militar como vulnerables ante actividades ilícitas como el narcotráfico y la presencia de grupos armados. Maduro instruyó este refuerzo tras una reunión de evaluación con el Estado Mayor Superior de la Fanb, en un lugar no identificado por cuestiones de seguridad.

El militar detalló que el despliegue está compuesto por un contingente de 10.000 militares más una ampliación de 15.000 efectivos adicionales, equipados con recursos navales, fluviales, aéreos y tecnología de vigilancia, incluidos drones. Y resaltó que la “zona de paz número uno”, correspondiente a Táchira y Zulia, es una de las áreas prioritarias de este operativo, dada su ubicación limítrofe con Colombia y su historial como rutas usadas para el tráfico ilícito.

Padrino señaló que en sectores como la sierra de Perijá se efectúan operativos orientados a verificar la inexistencia de cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con organizaciones delictivas. “Tenemos operaciones aquí en la sierra de Perijá para determinar y comprobar la no existencia de cultivos ilícitos”, afirmó el ministro de Defensa, que destacó el patrullaje fluvial a cargo de infantería y marina del régimen para evitar las actividades ilegales.

Lo anterior, en ríos como Meta, Capanaparo, el Cunaviche y el Sinaruco en el estado Apure, como medidas para bloquear rutas que, según el Ejecutivo, emplean redes vinculadas al narcotráfico transnacional. Medidas que se sumarían al despliegue prometido por Petro desde el otro lado de la frontera, con cerca de 25.000 hombres en esta zona del país; en una ofensiva que fue entendida por la oposición como un claro respaldo a la dictadura venezolana.

“La península de Paraguaná es una región que históricamente ha sido utilizada como ruta por el narcotráfico. Allí hemos reforzado nuestra presencia con medios y efectivos”, agregó el encargado, que recordó que la zona fue uno de los puntos de ingreso de la fallida operación Gedeón, a la que el gobierno venezolano vincula con intereses externos y el apoyo de la administración de Petro, que también anunció un importante despliegue de efectivos en la frontera.

La estrategia del régimen en la frontera: así será el despliegue en sus fronteras

El despliegue también incluye el oriente del país, específicamente en Margarita: una isla principal del estado Nueva Esparta; Sucre y Delta Amacuro, cuyas costas y espacios fluviales se consideran sensibles ante la amenaza del crimen organizado y otras incursiones ilegales. Lo anterior, frente a los buques norteamericanos que hacen presencia en el caribe y que han hundido embarcaciones que han considerado sospechosas, al parecer, por transportar alcaloides.

“Nuestro comandante en jefe nos ha ordenado reforzar con todos los medios disponibles la presencia militar en estas dos regiones del país y en oriente”, precisó el ministro de Defensa. Según indicó, la Armada Bolivariana continuará la vigilancia de los espacios marítimos en la fachada caribeña y la fachada atlántica, mientras la Aviación Militar Bolivariana patrulla el espacio aéreo venezolano; todo esto, como parte de la respuesta a las acciones de Estados Unidos.

Padrino enfatizó la determinación de la Fanb de asumir el control pleno de la integridad fronteriza y costera, y aseguró que “nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”. Y agregó que las operaciones se coordinan con el deseo de “paz y victoria” de la población venezolana y que los despliegues se ajustarán según las evaluaciones que haga el Estado Mayor Superior de la Fanb.

Venezuela comparte más de 2.200 kilómetros de frontera terrestre con Colombia, una extensión que, según autoridades venezolanas, presenta complejidades de seguridad superiores por la concentración de actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, y el trasiego ilícito de personas y mercancías; siendo señalado por el Gobierno de Estados Unidos como un importante corredor en el tráfico de drogas.

Los ciudadanos se sorprendieron ante la respuesta del señalado que se conoció gracias a un video que circula ampliamente en plataformas digitales, pues muestra el momento posterior al atropellamiento, cuando dos agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para solicitar la documentación al conductor, que, según se escucha en la grabación, presentaba signos de embriaguez.

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En el material audiovisual se escucha el diálogo entre los uniformados y el conductor, lo que demuestra la tensión que se vivía en el lugar. Uno de los policías le indicó al hombre lo siguiente: “Usted está tomado, usted es concejal y está tomado y acaba de matar a un perro que está allá”, aunque el ciudadano no es directamente un concejal, sino que su esposa es la que tiene el cargo.

Los internautas no dudaron en rechazar las palabras del presunto responsable, que intentó minimizar la gravedad del hecho con una propuesta que se escucha inhumana: “Yo lo recojo y lo entierro, tranquilo”. Ante la insistencia policial por obtener la cédula de identidad, el hombre responde con evasivas y comentarios como “O sea, me va a empapelar” y “No hay necesidad de dar show mediático por eso”.

Durante la conversación, el involucrado se refiere a la falta de control por parte de las autoridades locales sobre la presencia de animales en la vía pública, señalando: “La Alcaldía no tiene control... Mira, como este perro. ¿Y tú crees que aquí hay control para eso? No hay control, hermano. No hay control”.

El uniformado repitió en varias oportunidades la gravedad de la situación, advirtiendo que el conductor, al estar en aparente estado de embriaguez, “hubiera podido atropellar a alguien más”, como un niño o un adulto mayor, intentando generar conciencia en el señalado.

El intercambio de palabras siguió con el policía reiterando la necesidad de dejar constancia del hecho y reportarlo a la central, mientras que el conductor insistía en que él se haría cargo del animal. El agente enfatizó: “Recuerde que está en aparente estado de embriagamiento y le siento el aliento alcohólico”, refiriéndose al involucrado.

El video finaliza mientras se adelanta la coordinación entre los agentes para proceder con el reporte, lo que fue aplaudido por la ciudadanía, debido a que este tipo de actos deben reportarse a las autoridades correspondientes y todos los actores viales tienen que responsabilizarse de sus acciones.

Así, en las redes sociales se destacan comentarios como: “Así debe actuar un policía, vale mondá quién sea, excelente el tombo que no se dejó comprar, seguramente le iban a ofrecer dinero para que dejara eso así”, “Hay policías buenos, ojalá no lo perfilen y lo hagan pedir la baja”, “Felicitaciones al policía por hacer valer los derechos de los animales, cárcel para el responsable” y “Ojalá no terminen los policías sin trabajo o en la carcel por hacer su trabajo”.

La difusión del video intensificó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la gestión de los animales en las calles, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se presenta una situación similar.

Pese a que la mayoría de los ciudadanos felicitaron la actuación de las autoridades ante este acto que involucra a una persona en estado de embriaguez, hay algunos que afirman que la pérdida de un animal no es suficiente para causar tanto revuelo.

Al respecto del caso se pronunció desde sus redes sociales la propia Pineda, que fue candidata a la Gobernación del Cesar representando a esa misma colectividad en 2023.

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“Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de balas fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba. Afortunadamente, estoy con vida, al igual que mis acompañantes. Pero esto no fue solo un ataque contra mí, sino contra el trabajo que hacemos, contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar las realidades que otros prefieren mantener en silencio.”, expresó la lideresa.

Desde su cuenta oficial de X, Pineda aseguró que “lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero”.

“A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán. Seguiremos trabajando con más fuerza, con más convicción y con más amor por nuestra gente, porque cada amenaza lo que reafirma es que estamos tocando las fibras del poder que teme al cambio. Gracias a quienes han expresado su solidaridad. No estoy sola. Somos muchos y muchas construyendo un país distinto y no nos van a detener”, concluyó Pineda en el metraje.

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el ataque sufrido por la lideresa de su colectividad: “Sufre atentado nuestra excandidata al congreso Alexandra Pineda. Dispararon 8 tiros a su carro. Examinamos la situación para capturar los autores.”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X

Oficialismo condenó el atentado contra Pineda

La voz del presidente Petro no fue la única que sonó en torno al ataque armado: uno de los primeros en hacer mención pública del ataque fue Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial del Pacto Histórico.

“Disparan a camioneta de Alexandra Pineda candidata del Pacto Histórico y quien venía preparándonos un evento de apoyo esta tarde en Valledupar. La policía ya había sido informada del pago a sicarios para matarme a mi llegada. No nos van a parar.”, aseguró en su cuenta de X, el exalcalde de Medellín, que publicó una foto del ataque al vehículo de la dirigente.

También hizo eco del caso Gustavo Bolívar que, al igual que Quintero, es precandidato a la Presidencia de Colombia por ese partido.

“El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar @Alexandrapino, con quien nos reunimos hace dos días, fue abaleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar. Afortunadamente ella y su comitiva salieron ilesas. Saben que van a perder una curul en Cesar y nos quieren asustar. No lo lograrán. Toda mi solidaridad.“, escribió Bolívar en X.

Otro de los pronunciamientos más destacados fue el del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino: “Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar, compañera @alexandrapino. Ocho impactos de bala contra el vehículo en el que se movilizaba, uno de ellos en la llanta, son una muestra brutal de la violencia que aún amenaza a quienes trabajan por un país más justo", expresó el ministro en X.

"Gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que Alexandra Pineda está a salvo. Pero esto no puede quedar impune.”, aseveró Sanguino.

En una acción que representa un golpe a la estructura criminal en el norte del país, siete presuntos integrantes del GAO –grupo armado organizado– Clan del Golfo se sometieron a la justicia en el departamento del Cesar, tras la presión sostenida de unidades del Ejército Nacional en el desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Según la información proporcionada por las autoridades militares, los individuos formaban parte de una comisión perteneciente a la subestructura Francisco José Morelo Peñate, señalada de ejercer extorsiones y amenazas contra campesinos y comerciantes de la región.

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El sometimiento de estos sujetos, asegura el Ejército Nacional, es consecuencia de operaciones militares continuas, respaldadas por tareas de inteligencia y la colaboración articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El avance operativo, realizado por tropas adscritas a la Décima Brigada, se complementó con la entrega voluntaria de material de guerra, intendencia y comunicaciones por parte de los implicados, lo que, según fuentes oficiales, debilita sensiblemente la capacidad delictiva de esa facción específica.

Las acciones conjuntas han permitido, según el Ejército, desarticular de manera relevante la influencia del grupo armado organizado en la zona, conocido históricamente por emplear mecanismos de coacción e intimidación para imponer su control ilegal sobre la población local. Esta organización, mediante extorsiones y amenazas, ha vulnerado la tranquilidad y la paz de los habitantes del Cesar.

El brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional hizo un llamado a todos los integrantes de los grupos armados al margen de la ley que pretenden acabar con la tranquilidad y la seguridad de las comunidades en diferentes puntos del país: “El Ejército Nacional hace un llamado a quienes aún hacen parte de estos grupos armados organizados para que se acojan a la justicia y encuentren en el sometimiento una oportunidad real de reincorporarse a la sociedad y reencontrarse con sus familias”.

El Ejército y la Policía Nacional anunciaron la continuidad de operaciones coordinadas con otras entidades estatales, con el objetivo de neutralizar las actividades de los grupos armados organizados y consolidar la seguridad y defensa en el norte del país. Este resultado refuerza la estrategia institucional para reducir el accionar ilegal de bandas que afectan a sectores vulnerables de la región.

Se entregó alias Giovanni, hombre de confianza de alias Iván Mordisco

Alias Giovanni, líder de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de “Iván Mordisco”, se entregó a las autoridades en el departamento del Cauca el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La entrega de Giovanni ocurre en medio de una serie de operaciones militares, como la Operación Perseo II, que han debilitado a la estructura criminal. Entre los golpes recientes, destaca el desmantelamiento de un centro logístico en el corregimiento de Honduras, El Tambo, donde las fuerzas de seguridad incautaron armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia.

Esta acción fue considerada un impacto directo en la capacidad de planeación y expansión de los disidentes. De acuerdo con fuentes de inteligencia militar citadas por el medio, Giovanni habría sido responsable de ordenar el plan pistola contra la Fuerza Pública en El Plateado, Argelia, y de reclutar forzadamente a más de 200 niños en el Cañón del Micay.

Además, se le atribuye la instrumentalización de la población civil para organizar asonadas contra miembros de la Fuerza Pública. Tras la entrega de alias Kevin una semana antes, Giovanni asumió el liderazgo de la estructura, aunque informes de inteligencia señalan que varios disidentes filtraron información sobre sus movimientos debido a descontento interno.

La entrega de ambos cabecillas podría intensificar la disputa por el control territorial en el suroccidente colombiano, en un contexto de debilitamiento progresivo de la organización. Las autoridades trasladaron a Giovanni desde El Tambo a Bogotá para los procedimientos de dejación de armas y exámenes médicos, y se espera que en las próximas horas inicie su proceso de judicialización. Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han divulgado detalles adicionales sobre esta captura.

Seis meses después del secuestro de Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, exfuncionaria y ex personera municipal del municipio de Tamalameque, Cesar, su familia persiste en la búsqueda de respuestas y soluciones.

Según informó el diario barranquillero El Heraldo, Juan Salazar Romero, padre de la joven, envió una carta al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado de paz Otty Patiño Hormanza, en solicitud de una intervención directa para lograr un acuerdo humanitario que devuelva a su hija al hogar.

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El secuestro de Salazar ocurrió el 21 de febrero de 2025 mientras se trasladaba entre los corregimientos de Saloa y Las Vegas, jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní, en el sur del departamento del Cesar.

Incluso, se conoce que el frente Camilo Torres Restrepo del ELN fue identificado como autor del plagio. En ese momento, Salazar viajaba acompañada de un ingeniero agrónomo y un líder campesino, liberados dos días después en el municipio de Pelaya. Desde entonces, la familia solo ha recibido una prueba de vida, permitida únicamente para un breve reconocimiento.

En su misiva, Juan Salazar detalla la angustia vivida y la imposibilidad económica de responder a las peticiones del grupo armado.

“Hoy, se cumplen seis meses del abominable secuestro de mi hija, y sus plagiarios exigen $15.000 millones por su liberación. Mi hija, ocupó la Personería Municipal de Tamalameque, con un sueldo de cuatro millones de pesos, aproximadamente, lo que quiere decir que, no tiene patrimonio para asumir semejante demanda económica”, escribió en la carta, conocida por el diario caribeño.

El padre de la víctima insistió en la precaria situación familiar: “Esto se lo cuento, para que sepa que no tengo forma de acceder a la demanda del ELN, por mucho que la angustia y el dolor, me sobrepasen”.

Su petición al mandatario fue explícita: “Señor Presidente, desde mi dolor de padre y el de mi familia toda, agradezco todo lo que pueda hacer por Yennis Vanessa, mi hija... la más inocente víctima de este demencial conflicto que nos consume como nación. Dígame lo que debo hacer y lo haré”.

Las autoridades locales y departamentales mantienen vigente la oferta de hasta 60 millones de pesos por información que conduzca al paradero de Salazar y permita la captura de sus secuestradores.

El caso de Yennis se suma al secuestro de Jonathan Santiago Urrea, un joven de 16 años retenido en Río de Oro, Cesar, quien permanece igualmente en cautiverio, situación que evidencia la gravedad del fenómeno en la región.

El secuestro de Jonathan Santiago Urrea

El caso de Yennis se suma al secuestro de Jonathan Santiago Urrea, un joven de 16 años retenido en Río de Oro, Cesar, quien permanece igualmente en cautiverio, situación que evidencia la gravedad del fenómeno en la región.

La incertidumbre persiste en Río de Oro, Cesar, después de cinco días sin noticias sobre el paradero de Jonathan Santiago Urrea, un adolescente de 16 años secuestrado mientras se dirigía a clases en la vereda Venadillo.

El caso ha movilizado a familiares, compañeros de estudio y autoridades, quienes han intensificado los operativos en la región, de acuerdo con reportes publicados el 25 de agosto de 2025.

La detención de Jonathan se produjo el 21 de agosto, cuando fue interceptado en la vía rural camino al Colegio Francisco Fernández. El menor fue obligado a abordar un vehículo, posteriormente hallado incinerado en la carretera entre Convención y Ocaña; la motocicleta en la que viajaba fue abandonada en las cercanías del lugar del rapto. La familia de Jonathan, originaria de Tibú, Norte de Santander, se había trasladado recientemente a una finca en la zona donde ocurrió el secuestro.

La Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien aporte información relevante que permita localizar al joven y capturar a los responsables.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, informó que los operativos incluyen el despliegue de la Quinta Brigada del Ejército, la Brigada 30 y autoridades de Norte de Santander, debido a que el patrón criminal indica que los secuestros en Río de Oro y González suelen tener como destino final la región del Catatumbo.

La justicia colombiana frenó la venta de la finca La América, ubicada en Chimichagua, Cesar, que había sido entregada por el presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a más de cien familias campesinas en noviembre de 2024.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla concluyó que la operación era ilegal, pues el predio estaba bajo embargo desde 2023, lo que convierte la transacción en nula de pleno derecho.

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La decisión representa un duro golpe para la narrativa del Gobierno en torno a la reforma agraria, ya que la entrega del terreno había sido presentada públicamente como un hito en el acceso a tierras para comunidades rurales.

Con el fallo, la finca regresa al Fondo de Reparación de Víctimas, mientras se abren posibles investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra las entidades que intervinieron en la negociación.

Un predio con pasado judicial por vínculos con el paramilitarismo

La finca La América, de 1.453 hectáreas y avaluada en más de 26.000 millones de pesos, se encuentra en la vereda Perete, corregimiento de Mandinguilla. El 23 de noviembre de 2024, el presidente Petro, junto al director de la ANT, Felipe Harman, entregó simbólicamente el terreno a organizaciones campesinas que buscaban avanzar en proyectos de producción agroalimentaria en la región de la ciénaga de Zapatosa.

Sin embargo, lo que para el Gobierno fue un logro político y social, tenía un trasfondo judicial complejo. En marzo de 2023, la Fiscalía había solicitado y logrado que la Sala de Justicia y Paz impusiera medidas cautelares sobre el predio: embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición.

El ente acusador argumentó que el inmueble había pertenecido a personas con nexos comprobados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Jaime Blanco Maya y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, condenados por concierto para delinquir.

Pese a esa restricción, en enero de 2025 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) procedió a transferir el bien a la ANT mediante una figura llamada “enajenación temprana”. Al mismo tiempo, la familia Rodríguez Pavajeau, a través de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes S. A. S., reclamaba sus derechos de propiedad y pedía el levantamiento de las medidas cautelares.

Choque de argumentos: Gobierno vs. organismos de control

Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que la operación se realizó sin autorización judicial, requisito indispensable en casos de bienes embargados. “La enajenación resulta inoponible al proceso de Justicia y Paz; es decir, no produce efectos legales y deben mantenerse vigentes las medidas cautelares”, señaló uno de sus delegados. La Procuraduría coincidió con esta posición, subrayando que la venta carecía de sustento legal.

En contraste, la Uariv defendió la transacción, afirmando que se había realizado bajo las normas que regulan la administración de bienes afectados por el conflicto, en particular la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011. La ANT también justificó la compra, asegurando que aplicó una disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2023 que habilitaba la adquisición directa de predios para fortalecer la reforma agraria.

Pero esa defensa no convenció al tribunal, que señaló que dicha norma no aplicaba a bienes embargados y, además, había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Por otro lado, los representantes de las víctimas y de la familia Rodríguez Pavajeau cuestionaron la negociación por realizarse con un avalúo inferior al real y mientras cursaba un proceso de restitución.

Sobre el fallo y sus efectos

El Tribunal Superior de Barranquilla expuso varios puntos clave para anular la venta. En primer lugar, recordó que un bien embargado solo puede enajenarse con autorización expresa de un juez, lo que no ocurrió en este caso.

En segundo lugar, enfatizó que la normativa de Justicia y Paz solo permite vender predios con medidas cautelares si están en ruina, deterioro o son imposibles de administrar, situaciones que no aplicaban a La América.

Otro aspecto central fue la protección del Fondo de Reparación de Víctimas, al cual están destinados los bienes incautados a estructuras paramilitares. La Sala advirtió que el Fondo enfrenta un déficit superior a 4,3 billones de pesos, por lo que operaciones irregulares como esta debilitan aún más los recursos disponibles para indemnizar a las víctimas del conflicto armado.

Finalmente, el tribunal concluyó que la justificación usada por la Uariv y la ANT carecía de validez jurídica, lo que hacía inevitable la nulidad de la transacción.

Con el fallo, la finca La América queda bajo la administración de la Uariv mientras se define su destino. Además, las copias enviadas a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría abren la puerta a investigaciones para establecer si funcionarios públicos o particulares incurrieron en responsabilidades por haber permitido una negociación contraria a la ley.

La desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual infantil y a la transmisión en vivo de los abusos ha impactado a varias regiones de Colombia.

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas tras una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), lo que permitió rescatar a dos niñas víctimas y evidenciar el uso de plataformas de mensajería instantánea para la difusión de material de abuso sexual infantil tanto en Colombia como en el exterior.

La investigación, en la que participó la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de la Fiscalía, se centró en identificar y rastrear una red que operaba desde Bucaramanga (Santander), El Banco (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y municipios del departamento de Córdoba.

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Las autoridades establecieron que los responsables grababan y transmitían en tiempo real los abusos cometidos contra menores, utilizando aplicaciones de mensajería para compartir los videos con contactos dentro y fuera del país. El modus operandi de la organización incluía la producción de registros audiovisuales de los abusos, algunos de los cuales se emitían en directo.

Los contenidos eran distribuidos a través de plataformas digitales, lo que facilitaba su alcance internacional y la rápida circulación entre miembros de la red y otros destinatarios. Las pesquisas revelaron que, en algunos casos, los agresores sometían a las víctimas para generar material que luego era compartido con otros implicados.

Durante los operativos realizados en El Banco, Chiriguaná y Bucaramanga, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y una mujer de nacionalidad venezolana.

Esta última fue acusada de someter a su propia hija y a su nieta, de 5 y 11 años respectivamente, a agresiones sexuales que eran grabadas y transmitidas en vivo. Los detenidos fueron identificados tras meses de seguimiento y labores de inteligencia coordinadas entre la Fiscalía y la Dipro.

Las dos menores rescatadas quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de su cuidado y del restablecimiento de sus derechos. El Icbf asumió la custodia de las niñas, garantizando su seguridad y acceso a los servicios necesarios para su recuperación.

En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La investigación también identificó a otra mujer presuntamente vinculada a la red, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos. Contra ella pesa una notificación azul de Interpol, mecanismo internacional que facilita la localización de personas de interés para la justicia. Las autoridades colombianas esperan que, una vez concluidos los trámites correspondientes, esta persona sea deportada para responder ante la justicia nacional por su presunta participación en los delitos investigados.

Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración de la comunidad para prevenir y combatir la explotación sexual infantil, con el objetivo de evitar que se repitan casos como el desmantelado en esta operación.

En Colombia existen diversas líneas y canales oficiales para reportar situaciones de maltrato infantil, abuso sexual o violencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) habilita el número 141 y la línea nacional 01 8000 91 80 80, disponibles siempre para denuncias. La Fiscalía General de la Nación a tiende comunicaciones al 122 y en su página web. También se puede contactar a la Policía Nacional usando el 123 para emergencias. Las Comisarías de Familia y entidades locales prestan apoyo adicional y activan protocolos de protección.

Óscar Darío Cuadrado, exintegrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de siete funcionarios del CTI en La Paz (Cesar) un crimen perpetrado el 9 de marzo de 2000.

La sentencia, dictada por un juez penal especializado de Valledupar, constituye la primera decisión judicial sobre la autoría de este caso. Además de la pena de prisión, Cuadrado deberá pagar una multa equivalente a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representaría al menos $11.388 millones, y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 18 años.

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Condena histórica por desaparición forzada en La Paz Cesar

La decisión judicial, de primera instancia y aún sujeta a recursos legales, se fundamenta en pruebas que señalan a Cuadrado como uno de los paramilitares que intimidó y trasladó a los funcionarios del CTI al lugar donde fueron ejecutados.

Los delitos imputados a Cuadrado, homicidio y desaparición forzada, ocurrieron en el desarrollo de una operación armada del Bloque Norte de las AUC que interrumpió una diligencia judicial de exhumación en una finca del corregimiento Minguillo, en la zona rural de La Paz, la cual integraban los funcionarios.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación determinó que el crimen se cometió por instrucción directa de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y John Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, ambos cabecillas del extinto grupo paramilitar.

El 9 de marzo de 2000, los siete miembros del CTI —un odontólogo forense, cinco técnicos y un director— partieron desde Valledupar y Codazzi hacia una zona rural entre Minguillo y Verdecia.

Su misión era exhumar el cadáver de Tiburcio Rivera, una víctima de los paramilitares. Durante la diligencia, la estructura armada irrumpió en el lugar, amenazó a los funcionarios y los trasladó a un área despoblada, donde fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos.

Al mes de la desaparición, una de las camionetas utilizadas por la comisión fue hallada enterrada bajo rastrojos; la otra apareció un año después, incinerada y sepultada en la finca La Holanda.

Identidad de las víctimas y búsqueda de justicia

Las víctimas de esta desaparición forzada fueron identificadas como Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Linares Correa, Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle. Todos ellos eran funcionarios del CTI de la Fiscalía, con edades comprendidas entre 26 y 33 años.

Desde el día del crimen, el paradero de sus restos sigue siendo desconocido, lo que ha prolongado el sufrimiento de sus familias durante más de dos décadas.

El proceso judicial contra Cuadrado se reactivó en octubre de 2021, cuando fue capturado y vinculado formalmente al caso, tras haberse desmovilizado junto a otros miembros del Bloque Norte en marzo de 2006.

La investigación, desarrollada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, incluyó testimonios de exparamilitares que participaron en la matanza. Según Verdad Abierta, Alcides Manuel Mattos Tabares, alias El Samario, declaró desde la cárcel de Valledupar que recibió los supuestos restos de los funcionarios en Sabana Alta y los arrojó a un río.

Tanto “Jorge 40” como “El Tigre” reconocieron su participación en los hechos, aunque las versiones sobre el destino final de los cuerpos han resultado contradictorias.

Desde entonces, las familias de los desaparecidos han enfrentado una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor. Héctor Roca, hermano de Israel Roca Martínez, relató al medio citado que al principio se pensó en un secuestro, dada la ausencia de amenazas previas y la integridad de los funcionarios.

Sin embargo, la falta de información y las versiones contradictorias de los exparamilitares han dificultado la localización de los restos. “La esposa de mi hermano ha estado en varias exhumaciones y han rescatado algunos cuerpos, pero no han sido los de los muchachos”, explicó Roca. A pesar de más de 100 excavaciones guiadas por indicios de “El Tigre”, los cuerpos no han sido hallados.

El sufrimiento de las familias se ha visto agravado por tragedias adicionales. Justa Correa, madre de Edilberto Linares Correa, perdió a otros dos hijos, Euclides y Ustacio Linares, que murieron en circunstancias violentas mientras buscaban a su hermano desaparecido. Sus cuerpos fueron encontrados flotando bajo un puente en la vía de Ciénaga a Santa Marta, un año después de la desaparición de Edilberto.

La tranquilidad del sector de San Diego, en pleno centro de Valledupar, se vio rota por la inesperada detención de un hombre que portaba un brazalete del Inpec, lo que generó preocupación entre la comunidad.

La captura fue llevada a cabo por uniformados de la Policía Metropolitana de la capital cesarense durante un operativo que dejó al descubierto no solo una aparente violación a las condiciones de libertad restringida, sino también una situación de fuga de presos combinada con presunto porte de estupefacientes.

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Así lo informó la institución de forma clara y precisa a través de sus redes sociales, dejando ver una actuación contundente y oportuna de sus unidades motorizadas.

El hombre, que tenía el brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se encontraba fuera de los límites permitidos establecidos como parte de su régimen de libertad restringida.

Según lo señalado por la Policía Metropolitana, este ciudadano fue detenido no solo por quebrantar las medidas impuestas, sino además porque había una orden de captura vigente en su contra por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

A ello se sumó el hecho de que ese incumplimiento fue interpretado como una fuga de presos. En consecuencia, la acción de las autoridades permitió neutralizar dos situaciones irregulares de gran relevancia para el orden público.

Desde el punto de vista legal, la presencia del dispositivo electrónico del Inpec cumplía con su propósito de monitorear el cumplimiento de las restricciones impuestas al sindicado. Sin embargo, una falla evidente en su supervisión fue detectada: el hombre se desplazó fuera del perímetro determinado, lo cual constituye una infracción grave al sistema de control de interno, derivando en su pronta interceptación.

Una vez capturado, los uniformados lo informaron de sus derechos, lo condujeron hasta el sitio de detención correspondiente y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes, con la prioridad de garantizar la transparencia y el debido proceso.

Y es que dichos casos representan una fuerte problemática que ha tenido, la mayoría de los casos, en Bucaramanga, una de las ciudades más afectadas por la inseguridad en todo el territorio nacional.

No es la primera vez que alguien con casa por cárcel es detenido fuera de sus sitios de reclusión

Por ejemplo, según cifras oficiales, más del 50% de las personas que deberían estar cumpliendo su condena mediante detención domiciliaria han sido recapturadas mientras cometían nuevos delitos en las calles de la capital santandereana, como robos, atracos y microtráfico.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán calificó esta problemática como un “juego del gato y el ratón”, donde los condenados vuelven rápidamente a delinquir pese al beneficio otorgado.

En 2024, se identificaron 104 casos en Bucaramanga donde personas con prisión domiciliaria fueron detenidas en flagrancia. Uno de los casos más notorios fue el de alias Pichi (Óscar Camargo Ríos), un reconocido narcotraficante santandereano, asignado a detención domiciliaria en Medellín. El criminal reincidió constantemente, saliendo de su residencia e incluso desactivando su brazalete electrónico mientras se desplazaba libremente.

Así mismo, en Valledupar, también se reportaron incidentes similares. En julio de 2024, José Pérez —que cumplía condena por hurto calificado agravado bajo prisión domiciliaria— fue capturado en la vía pública mientras transitaba por el barrio El Porvenir. La policía lo retuvo por el delito de fuga de presos, reflejando la fragilidad del sistema de control en el departamento del Cesar, donde ese año ya se registraban unas 40 capturas de este tipo.

Casos en otras regiones también evidencian el alcance del problema. En Neiva, por ejemplo, un hombre apodado “Parra”, con medida de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, fue detenido en la terminal de transporte mientras trataba de salir de la ciudad.

Un lamentable ataque ocurrió al interior de una finca, ubicada en la vereda El Progreso, en el municipio de Gamarra, departamento de Cesar. La propiedad se encuentra situada entre los corregimientos de Palenquillo y La Estación, aunque la tranquilidad del sector se vio interrumpida por un incendio provocado de manera intencional por una mujer que roció gasolina en la propiedad y luego prendió fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, citado por el diario El Pilón, la autora del ataque sería la esposa de Luis Fernando Bohórquez Pabón, de 44 años, que ingresó al lugar y decidió rociar gasolina dentro de la habitación donde se encontraba su esposo junto a María Alejandra Ortiz Cueva, de 27 años. Las llamas se expandieron rápidamente, atrapando a ambas víctimas en el lugar.

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Los vecinos acudieron al lugar y se convirtieron en testigos clave para la investigación, pues relataron que, en el momento en el que Bohórquez y Ortiz intentaron escapar del sitio, pero la agresora volvió a lanzar el líquido inflamable directamente sobre ellos, lo que intensificó las lesiones de gravedad.

El resultado del ataque fue devastador: Bohórquez presenta quemaduras en al menos el 45% de su superficie corporal, mientras que Ortiz sufrió lesiones de segundo y tercer grado en casi la totalidad de su piel; según el parte médico que acompaña la investigación el 95% del cuerpo de la joven quedó afectado.

El brutal ataque ocurrió en la mañana del sábado 16 de agosto de 2025, lo que alertó a los habitantes de la zona que actuaron con rapidez y trasladaron a los heridos a la Clínica de Especialistas María Auxiliadora en Aguachica. Sin embargo, la gravedad de las heridas de la joven requirió su remisión inmediata a otro centro médico, mientras que Bohórquez continúa recibiendo atención especializada en Aguachica.

El reporte difundido por el medio indica que la magnitud de las lesiones obligó a que María Alejandra Ortiz fuera trasladada de urgencia a un hospital de mayor complejidad en Bucaramanga, donde permanece bajo pronóstico reservado, lo que demuestra la gravedad del suceso que, según las autoridades, se originó en un presunto ataque de celos por parte de la esposa de Bohórquez Pabón.

Mujer que quemó a su esposo y a una joven se entregó a la Policía

La presunta agresora, identificada como la esposa de Bohórquez, se presentó voluntariamente ante la Sijín en Aguachica, acompañada de su abogado. Actualmente, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de su proceso judicial, en el que se le imputarían cargos por tentativa de homicidio.

El impacto del ataque llevó a que los familiares y allegados de las víctimas solicitaran a la comunidad que se unan en oración por la recuperación de los heridos, especialmente por María Alejandra Ortiz, teniendo en cuenta que fue la más afectada en este violento acto.

Por ahora, la investigación sigue en curso, mientras que la región permanece atenta a la evolución de los afectados y al desarrollo del proceso judicial, pues están a la espera de la condena de la agresora.

Los medios locales informaron que la joven afectada es hija de una reconocida locutora, llamada Rocío Ortiz Cuevas, por lo que varios de los canales de prensa se unieron a través de las redes sociales para expresar su solidaridad y apoyo a la madre de la víctima.

El caso desató todo tipo de comentarios de respaldo para los familiares de las víctimas, aunque la reacción más frecuente es la preocupación por las razones por las que la mujer que decidió atacar a su esposo y la joven.

Las autoridades lograron afectar directamente las rentas ilícitas de 3.400 millones de pesos tras una operación conjunta realizada en el municipio de San Alberto (Cesar), donde se localizó y desmanteló un laboratorio perteneciente a la organización criminal Los Pachenca.

Esta infraestructura tenía la capacidad de producir hasta 2.000 kilos de cocaína al mes, constituyéndose en uno de los principales puntos de procesamiento del alcaloide en la región.

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Así lo explicó el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, en sus redes sociales: “En San Alberto (Cesar), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía, en coordinación con el Ejército, desmanteló un laboratorio de la organización criminal Los Pachenca que producía mensualmente hasta 2.000 kilos del alcaloide“.

Durante el operativo, se decomisaron 563 kilos de cocaína, junto a 170 kilos de base de coca, 450 kilos de insumos sólidos y 2.486 galones de insumos líquidos empleados para la elaboración de estupefacientes.

Este resultado forma parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, orientada a debilitar las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico. "Durante el presente año, la Policía Nacional ha destruido 2.466 laboratorios de estupefacientes", agregó el oficial.

Estas acciones buscan frenar el avance de las estructuras ilegales y reducir el impacto del narcotráfico en la seguridad y economía de las regiones afectadas.

Ejército destruyó laboratorio de cocaína del GAO Conquistadores de la Sierra Nevada

La destrucción de un laboratorio clandestino en la vereda Caño Seco ha asestado un severo golpe a la estructura financiera del grupo armado organizado (GAO) Conquistadores de la Sierra Nevada, al frustrar la salida al mercado ilegal de aproximadamente dos millones de dosis de droga.

El hallazgo formó parte de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, según detallaron las autoridades.

Las autoridades informaron que en el operativo, desarrollado en jurisdicción del municipio de San Alberto (Cesar), se incautaron más de 560 kilos de clorhidrato de cocaína, 170 kilos de pasta base, 2.486 galones (9.415 litros) de insumos líquidos y 450 kilos de insumos sólidos.

Estos materiales conformaban la cadena de producción de estupefacientes destinada al abastecimiento de mercados ilegales, en una infraestructura presuntamente bajo control del GAO Conquistadores de la Sierra Nevada.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, coronel Gerson Iván Molina Cortés, expuso que el caso representa un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“En la vereda Caño Seco fueron hallados laboratorios, base de cocaína e insumos químicos listos para la producción de droga y su distribución en la región”, explicó el alto oficial a través de un comunicado.

De acuerdo con cálculos de inteligencia militar, la intervención ocasionó una pérdida para la organización criminal que supera los 3.400 millones de pesos (alrededor de 850.000 dólares), monto que normalmente nutría las capacidades logísticas y de expansión del GAO en la región del Magdalena Medio.

Este tipo de resultados, resaltó la Fuerza Pública, responde a una estrategia integral de operaciones conjuntas enfocada en “neutralizar las economías ilícitas que alimentan la violencia en el sur del Cesar y zonas vecinas de Santander”.

La acción refuerza, a juicio de las fuentes consultadas, el compromiso estatal en la lucha contra las redes de financiación del narcotráfico y las organizaciones que controlan corredores estratégicos para la producción y tráfico de de drogas ilícitas.

Finalmente, las autoridades señalaron que “continuarán con estas acciones ofensivas en el Magdalena Medio para debilitar de manera estructural a las organizaciones criminales que se lucran de la producción y tráfico de drogas ilícitas”.

Según el reporte oficial, el centro de procesamiento estaba ubicado en la vereda Caño Seco, jurisdicción del municipio de San Alberto, departamento del Cesar.

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En el operativo, la fuerza pública logró la incautación de más de 560 kilos de clorhidrato de cocaína y 170 kilos de pasta base de coca, que estaban marcados con símbolos e imágenes de referencia para la organización criminal, al igual que 2.486 galones de insumos líquidos y 450 kilos de insumos sólidos empleados en la producción de estupefacientes.

Además, el Ejército detalló que la intervención evitó la circulación de aproximadamente dos millones de dosis de droga en el mercado ilegal.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, coronel Gerson Iván Molina Cortés, subrayó la magnitud del hallazgo en la región del Magdalena Medio colombiano.

“En la vereda Caño Seco (San Alberto, Cesar) fueron hallados laboratorios, base de cocaína e insumos químicos listos para la producción de droga y su distribución en la región (...) este material ilícito, perteneciente al grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra Nevada, tendría un valor superior a 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal y alcanzaría para producir más de un millón de dosis”, comentó el oficial.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, resaltó la labor de los uniformados para la ubicación y destrucción de este laboratorio ilegal.

“Durante el presente año, la Policía Nacional ha destruido 2.466 laboratorios de estupefacientes”, recalcó el alto oficial en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Información de inteligencia militar sostiene que el laboratorio desmantelado operaba como un eslabón clave en la cadena de producción y distribución de cocaína en corredores estratégicos del país.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente análisis. Entre tanto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional aseguraron que la destrucción de sus instalaciones y la incautación de los insumos representan un golpe directo a la capacidad de expansión y sostenimiento de la organización.

“#ConLaFuerzaDeNuestrasFuerzas mantenemos la ofensiva contra el narcotráfico”, enfatizó el Ejército en un comunicado.

Destruyen laboratorio del ELN en el Catatumbo

La operación realizada en San Alberto (Cesar) se suma a la reciente ubicación y destrucción de un complejo industrial dedicado al procesamiento de cocaína que pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo.

Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el operativo se desarrolló en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), siendo considerado un golpe directo a las finanzas de esta organización armada.

Las autoridades estimaron que la destrucción de este laboratorio representa una pérdida superior a los 7.200 millones de pesos para el grupo insurgente, debilitando su capacidad operativa y financiera.

“La destrucción controlada del megalaboratorio se llevó a cabo siguiendo los protocolos de seguridad para evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar la protección de la población civil que habita en las cercanías”, informó la institución castrense en un comunicado.

Durante la intervención, los equipos de seguridad incautaron una cantidad considerable de insumos y sustancias químicas empleadas en la producción de estupefacientes.

El balance de la operación incluyó el hallazgo de 564 galones (2.136 litros) de clorhidrato de cocaína en solución, 528 galones (2.000 litros) de base de coca en suspensión, 7.251 galones (27.450 litros) de insumos líquidos y 1.740 kilogramos de insumos sólidos.

Además, se reportó la confiscación de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína lista para su distribución en el mercado ilegal, lo que evidencia la escala industrial del laboratorio desmantelado.

El resultado de esta operación, según destacó el Ejército Nacional, es producto de la articulación entre diferentes instituciones del Estado, que buscan debilitar las estructuras financieras de organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc, ambas con presencia consolidada en el Catatumbo.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

En medio del luto que embarga a la comunidad educativa de San Martín, la Institución Educativa San Martín de Tours (Iesmat) expresó su pesar por la pérdida de uno de sus docentes más queridos.

“Muchas gracias, profe Rafael, por permitirnos aprender de ti con tus conocimientos para la vida”, manifestó la entidad en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, resaltando el impacto positivo que dejó el profesor entre sus estudiantes y colegas.

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La conmoción se intensificó tras conocerse los detalles del repentino fallecimiento de Rafael Emilio Vega Bautista, de 50 años, ocurrido la noche del lunes 4 de agosto.

Según informó el diario regional El Pilón, el docente colapsó de manera inesperada dentro de un supermercado ubicado en el barrio Centro de este municipio del departamento de Cesar.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Vega, tras abrir una nevera y mientras aguardaba para realizar el pago de sus compras, comenzó a experimentar mareos y sensaciones extrañas.

Testigos observaron cómo, al intentar apoyarse en un estante, sus piernas cedieron, provocando una abrupta caída. Ya en el suelo, el profesor mostró mínimos movimientos antes de quedar inmóvil, ante la preocupación de quienes presenciaban la escena.

Personas presentes en el establecimiento corrieron en su auxilio, abanicándolo y procurando reanimarlo. Aunque el docente mostró una leve respuesta inicial, continuó sin recobrar la conciencia.

Paralelamente, testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, cuyos equipos acudieron rápidamente al lugar. Al arribar, los paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales y, pese a su traslado inmediato al hospital, ingresó sin vida.

Las imágenes muestran al profesor esperando su turno para pagar sus compras, cuando comenzó a sentirse mareado y colocó una bolsa sobre un estante buscando apoyo. Poco después, las piernas dejaron de sostenerlo y cayó inconsciente al suelo mientras otros compradores lo observaban consternados.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades locales, no se hallaron signos de violencia en el cuerpo del educador, ni existía constancia de que Vega Bautista padeciera enfermedades preexistentes o que estuviera bajo tratamiento médico.

El profesional de salud de turno tampoco pudo precisar una causa clínica específica para su fallecimiento. Ante esta incertidumbre, las autoridades ya han puesto en marcha los protocolos forenses con el fin de esclarecer las razones exactas de su deceso.

Se mantienen abiertas diversas hipótesis que incluyen desde un repentino infarto hasta alguna afección médica no diagnosticada.

Rafael Emilio Vega Bautista era ampliamente reconocido en la localidad no solo por su amplia experiencia como profesor de Lengua Castellana, sino también por su vocación y compromiso con la formación integral de los jóvenes.

Compañeros y antiguos alumnos, citados por El Pilón, lo describieron como un educador dedicado y con un legado imborrable en la vida académica del municipio. Ahora, la comunidad espera los resultados de las investigaciones para comprender las circunstancias que rodearon una pérdida que deja consternación en San Martín y recuerda la importancia de la cercanía y el impacto de los educadores en la sociedad.

El suceso generó interrogantes tanto en las autoridades como en la población, al no existir información de que el docente estuviera bajo algún tratamiento médico o padeciera afecciones previas. Por ello, las autoridades forenses han iniciado las evaluaciones correspondientes para establecer si la muerte se debió a un infarto, una afección médica oculta o un evento súbito inesperado.

Mientras la comunidad educativa permanece a la espera de los resultados forenses que aclaren la causa del fallecimiento, el clima es de luto y reconocimiento hacia la labor del docente, cuyo inesperado adiós dejó una profunda marca entre quienes compartieron su camino formativo.

La Policía Nacional, a través de la operación Hefesto IX”, ejecutó la intervención conjunta entre los municipios de Aguachica, Pelaya y Pailitas, logrando afectar el núcleo económico de la estructura criminal en la región.

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De acuerdo con las autoridades, el ELN recibía más de 18.500 millones de pesos quincenales mediante el aprovechamiento de estas conexiones clandestinas, lo que evidencia la relevancia de esta actividad para la subsistencia de la organización armada.

“Durante la operación denominada ‘Hefesto IX’, unidades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos desmantelaron 14 instalaciones ilegales conectadas al poliducto Pozos Colorados – Galán de 14′, utilizadas para el hurto sistemático de hidrocarburos”, informaron las autoridades.

Además del impacto financiero, la acción buscaría mitigar los riesgos ambientales y sociales que genera el robo de hidrocarburos. Las conexiones ilegales no solo representan uno de los delitos de mayor afectación al patrimonio económico nacional, sino que también “ponían en peligro la vida de comunidades cercanas, al operar sin ningún tipo de medida de seguridad técnica”, explicaron las autoridades.

Y es que los recurrentes derrames y afectaciones al ecosistema en zonas rurales del Cesar han traído severas consecuencias sobre la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las poblaciones vecinas.

Además, la operación se desarrolló dentro de una estrategia integral contra el crimen organizado, enfocada especialmente en los grupos armados que financian sus actividades mediante el hurto de recursos estratégicos como los hidrocarburos.

Frente a ello, la Policía Nacional ratificó que su compromiso incluye “seguridad, control territorial y protección ambiental, reafirmando el compromiso institucional de combatir estructuras criminales que atentan contra los recursos estratégicos de la nación”.

La intervención refuerza la necesidad de mantener acciones coordinadas y sostenidas para debilitar económicamente a quienes, mediante delitos ambientales y patrimoniales, afectan el desarrollo de distintas regiones del país y ponen en riesgo tanto la seguridad pública como el entorno natural.

Además, es importante mencionar que el ELN ha concretado múltiples ataques contra el poliducto Pozos Colorados – Galán durante los últimos meses.

ELN ha lanzado múltiples ataques contra el poliducto Pozos Colorados – Galán

En los últimos meses, el frente Camilo Torres del ELN ha incrementado sus agresiones contra el poliducto Pozos Colorados – Galán, con epicentro en el César.

En abril de 2025, una operación conjunta de Policía y Ejército logró sellar 13 válvulas ilícitas instaladas por el grupo guerrillero entre La Gloria y Pelaya, en lo que se calculan pérdidas cercanas a los cinco millones de dólares y cerca de 86.000 barriles de combustible sustraídos desde comienzos de año.

La violencia también se ha manifestado en ataques contra quienes desempeñan funciones de control y soporte en la infraestructura. En diciembre de 2024, tres trabajadores de una firma contratista de Cenit fueron atacados a tiros mientras inspeccionaban una válvula clandestina en la vereda Meléndez (Pelaya): uno resultó gravemente herido tras recibir un impacto en la cabeza.

Posteriormente, en enero de 2025, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOESH) de la Policía fue emboscado por desconocidos durante otra inspección, dejando cuatro uniformados con heridas.

Estas agresiones se llevan cabo en una tendencia nacional preocupante: entre enero y junio de 2025 se registraron 21 atentados a oleoductos en Colombia, un aumento del 600 % respecto al año anterior, y las autoridades atribuyen la mayoría al ELN.

Frente a esta emergencia, Ecopetrol y su filial Cenit han emitido comunicados públicos rechazando categóricamente tanto el robo de hidrocarburos como los ataques a funcionarios y operarios en campo

Momentos de angustia se vivieron en un gimnasio de Valledupar cuando el techo de la instalación se desplomó sobre una zona donde algunos clientes estaban ejercitándose, por el paso de un vendaval, en la capital del departamento del Cesar.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes 29 de julio de 2025, en el sector conocido como Santo Domingo.

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Las fuertes ráfagas de viento del vendaval provocaron el desprendimiento de la cubierta del gimnasio, generando una situación de pánico entre quienes se encontraban en el interior.

En cámaras de seguridad se observa el momento en el que las personas comenzaron a correr para evitar daños a su integridad física.

Incluso, algunos se resguardaron bajo algunos equipos de entrenamiento para salvaguardar su vida. Sin embargo, primeros reportes entregados por las autoridades detallaron que no hubo personas lesionadas.

Los equipos de emergencia inspeccionaron el gimnasio y descartaron la presencia de víctimas, lo que permitió descartar la necesidad de traslados hospitalarios.

“No hubo heridos por este hecho”, aseguraron los voceros oficiales, una afirmación que aportó tranquilidad a familiares y vecinos.

Tras la emergencia, los administradores del gimnasio informaron a Blu Radio que la operación del establecimiento se restableció con normalidad una vez superado el peligro.

El episodio pone de manifiesto la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras ante fenómenos meteorológicos extremos y la importancia de contar con protocolos de seguridad adecuados para proteger a los usuarios en situaciones similares.

Alerta amarilla en Valledupar

Las afectaciones no solo se registraron en el centro de entrenamiento de la capital cesarense.

Según el reporte entregado por la Alcaldía de Valledupar, en total fueron 48 puntos críticos reportados tanto en sectores urbanos como rurales, de los cuales 20 ya han recibido atención prioritaria, por lo que fue declarada la alerta amarilla.

Las afectaciones incluyen viviendas con techos desprendidos, estructuras deterioradas, caída de árboles y postes, así como la suspensión del servicio eléctrico en varios barrios.

De acuerdo con el informe oficial, citado por el medio local La Calle, algunas instituciones educativas junto con espacios emblemáticos como el Callejón de Pedro Rizo, la Permanente de la Policía, Cinco Esquinas, Galería Popular y los corregimientos Guacoche y Guacochito fueron los sitios más afectados de la jornada invernal.

“Estuvimos recorriendo los lugares más golpeados por el vendaval. Encontramos vías bloqueadas, árboles caídos, semáforos derribados y buena parte del centro de la ciudad afectado. Afortunadamente, pudimos actuar con prontitud gracias al trabajo conjunto de nuestros equipos y organismos de socorro”, informó el alcalde Ernesto Orozco Durán en declaraciones al citado medio de comunicación.

En el balance de personas afectadas, el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, confirmó que tres personas resultaron heridas y reciben atención médica.

El funcionario subrayó la continuidad de las labores de emergencia: “Estamos en sesión permanente con el Comité de Gestión del Riesgo y seguimos activos en terreno, recibiendo reportes y atendiendo emergencias en los puntos más afectados”.

Además, agregó que “no se registran víctimas fatales, pero sí tres personas heridas que ya están siendo atendidas”.

Entre ellas, se reporta una estudiante de 19 años del colegio Alfonso López de Valledupar, tras sufrir una herida frontal y una lesión en la rodilla, por lo que continúa bajo observación, aunque su estado es estable.

Esta información fue difundida tras el incidente ocurrido durante una tormenta, cuando una lámina del cielo raso se desprendió y cayó sobre la alumna.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, comunicó a través de su cuenta de X que, ante la emergencia, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo activó un Plan de Contingencia.

Además, la secretaria de Educación de la capital del Cesar aseveró que no se reportaron más estudiantes lesionados en el incidente.

“La joven presenta una herida frontal y una lesión en la rodilla, por lo que permanece bajo observación médica. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro”, explicó la secretaria de Educación del Cesar, Jazmín Rocío García.

La Administración Municipal reiteró el llamado a la comunidad para mantener la calma, seguir las recomendaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier emergencia a través de los canales oficiales.

La operación, desarrollada dentro de la estrategia Agamenón, representa uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra esta estructura armada ilegal en el norte del país.

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Entre los capturados se encuentran dos sujetos identificados como alias Sombra y alias Lágrima, considerados por las autoridades como fichas clave dentro del aparato logístico y operativo del Clan del Golfo en esta región.

Con base en el reporte oficial, esta célula delictiva tenía como objetivo expandir el accionar criminal del grupo armado en el Cesar, mediante intimidaciones, cobros extorsivos, homicidios selectivos y acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

Explosivos y material de guerra

Durante el operativo, ejecutado en una vivienda rural, los uniformados encontraron y desmantelaron un sofisticado centro de explosivos. Los expertos antiexplosivos de la Policía destruyeron de forma controlada una gran cantidad de material bélico, el cual representaba un alto riesgo para la seguridad de los habitantes de la zona.

En el lugar fueron incautados:

• 7 armas de fuego
• 1 mortero
• 1 rampa artesanal
• 2 drones
• 6 proveedores
• 188 cartuchos
• 13 brazaletes con insignias del Clan del Golfo
• 8 metros de cordón detonante
• 11 contenedores de pólvora
• 50 fulminantes
• 2 radios de comunicación
• 2 binoculares
• 2 chalecos balísticos
• 5 chalecos porta-proveedores
• 7 equipos de campaña
• 18 prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares

Asimismo, se decomisaron 17 celulares, 2 computadores portátiles y una tableta, dispositivos que serán analizados por peritos de la Fiscalía con el fin de obtener información relevante para futuras operaciones y procesos judiciales.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura armada del Clan del Golfo venía extorsionando a finqueros, ganaderos y comerciantes de la región, ejerciendo presión armada e instalando el miedo mediante amenazas y actos de violencia.

También se le atribuye la planificación de atentados contra la fuerza pública y el asesinato selectivo de líderes sociales y civiles, como parte de su estrategia de control territorial.

“Seguimos avanzando en el desmantelamiento del Clan del Golfo”

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, se pronunció sobre el operativo a través de su cuenta oficial en la red social X, destacando la importancia del resultado:

“¡Destruido centro de explosivos del Clan del Golfo y 9 capturas! Con este resultado operativo, la Policía Nacional de Colombia continúa su ofensiva contra el multicrimen y el delito, que incluye avanzar en el desmantelamiento de esta organización criminal”.

El general Triana enfatizó que las operaciones continuarán en el Caribe y otras zonas del país donde el Clan del Golfo aún mantiene estructuras activas.

Otro golpe reciente: la captura de alias Mono

Este operativo se suma a la reciente captura de alias Mono, cabecilla del Clan del Golfo implicado en el secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional. Este hecho ocurrió el 11 de marzo de 2024 en el corregimiento El Doce, en Tarazá (Antioquia). “Mono” era buscado por los delitos de secuestro, tortura, concierto para delinquir y hurto.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la lucha contra el Clan del Golfo es una prioridad, no solo por el riesgo que representa su accionar violento, sino por su capacidad de influencia en territorios estratégicos del país a través de redes de narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Ciudadanos de los departamentos de Cesar y La Guajira están padeciendo constantes cortes de energía por parte de las empresas que suministran el servicio: Afinia y Air-e. La situación se ha tornado tan grave, que han organizado protestas para exigir una correcta prestación del servicio.

Pues, la población afronta cortes de luz programados, apagones prolongados e intermitencias. Esto ha derivado en afectaciones a su economía y en el desarrollo de sus actividades diarias, por lo que la ciudadanía exige explicaciones por parte de las empresas y soluciones prontas.

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La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, señalando, sin pruebas, al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, como responsable. Según expuso, la política de transición energética de la administración, que se centra en la búsqueda de energías limpias que reemplacen el uso de hidrocarburos, con el fin de reducir daños medioambientales.

“¡Tanta carreta cuántica! Aquí les muestro cómo luce la “transición energética cuántica” de este gobierno en el Cesar y La Guajira. Pararon las industrias que le daban trabajo a la gente y los dejaron con la misma infraestructura vieja, con apagones y las tarifas más caras. Se dedicaron a influencers cuánticos y no le cumplieron nada al Caribe”, escribió la exalcaldesa en su cuenta de X.

El Gobierno ha empezado a consolidar proyectos de transición energética en Cesar y en La Guajira, centrados en la generación de energía solar y eólica. Esto, mientras empresas como Air-e y Afinia siguen operando en los departamentos. Sin embargo, la prestación del servicio de las compañías está fallando, según denuncian los ciudadanos.

Apagones y electrodomésticos dañados: así está la crisis de energía

En Valledupar, Cesar, por ejemplo, los habitantes bloquearon las vías en algunos corregimientos por cortes de luz prolongados, fluctuaciones y el cobro de tarifas muy altas por un servicio intermitente prestado por Afinia. De acuerdo con el medio local Radio Guatapurí, en algunos barrios, la población se ha quedado sin energía por varias horas, mientras que sus electrodomésticos se han dañado debido a la aplicación de voltajes inadecuados e inestables.

“Todas las noches se vienen presentando estos cortes. Desconocemos las razones. Ni la empresa informa, ni el gerente da la cara”, expuso al medio de comunicación citado un habitante del sector, identificado como Juan Ortiz Prado.

Mientras tanto, en La Guajira se vive la misma problemática. El 24 de julio, habitantes del municipio La Jagua del Pilar bloquearon vía nacional que conecta al departamento con el Cesar, con el fin de ejercer presión sobre Air-e, ante el deterioro de la prestación del servicio de energía.

Según expresaron los manifestantes al Diario del Norte, llevan más de 15 días soportando racionamientos constantes y un flujo eléctrico intermitente. Esto ha derivado también en la quema de electrodomésticos y en afectaciones en la calidad de vida de las personas.

“Estamos cansados de los apagones diarios. Se va la luz en la madrugada, al mediodía, en la noche, y la empresa Air-e no da ninguna respuesta. Ya hemos tenido pérdidas y nadie nos responde”, indicó al medio local uno de los líderes comunitarios que se unió a la protesta.

Gobierno pagó deudas por subsidios de gas y energía

En su momento, las empresas anunciaron que estaban en crisis por la falta de pago de deudas por parte del Gobierno nacional, pero este, pagó todos sus pasivos por concepto de subsidios a empresas de energía y gas en mayo de 2025. Según informó en un comunicado, se reconoció el pago adecuado de subsidios a las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Fondo Especial de Energía Social (FOES), Zonas No Interconectadas (ZNI), así como para programas de gas, sustitución de leña, GLP en cilindros, subsidios de gas en redes y compensaciones de transporte en Nariño.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, aseguró que esta decisión garantiza la continuidad de los servicios de energía y gas para familias de los estratos más bajos. “Realizamos el pago total de los subsidios de energía y gas para las familias de los estratos 1, 2 y 3, asegurando la continuidad de ambos servicios y el acceso a este derecho fundamental para millones de colombianos”, señaló el funcionario, citado en un comunicado.

La cartera giró cerca de $1,93 billones a 87 empresas del sector eléctrico. Además, se transfirieron aproximadamente $564.000 millones a 76 empresas de gas. En la región Caribe, el pago de subsidios alcanzó los $697.000 millones. La empresa Air-e recibió $233.000 millones, mientras que Afinia, filial de EPM, obtuvo $463.000 millones.

El presidente Gustavo Petro afirmó que no permitirá el paso de militares venezolanos a territorio colombiano ni de soldados colombianos hacia Venezuela, tras la polémica generada en torno a la creación de la denominada zona binacional de paz entre ambas naciones.

La declaración se dio en respuesta a críticas provenientes de sectores políticos, en especial por parte del precandidato presidencial David Luna, que cuestionó los alcances de este nuevo acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

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El tema fronterizo entre Colombia y Venezuela vuelve a ocupar el centro del debate público.

Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para referirse al reciente anuncio de una zona binacional de paz, una estrategia diseñada junto al régimen venezolano que ha causado inquietud en la opinión pública.

En su mensaje, Petro buscó disipar rumores sobre el eventual ingreso de fuerzas militares extranjeras, una preocupación latente en algunas esferas políticas y ciudadanas.

“Ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. Mientras unos buscan el petróleo, nosotros solo queremos que se encuentren las familias y produzcan y puedan vivir bien”, escribió el jefe de Estado en su perfil oficial, marcando así una postura de no intervención militar en el límite común.

Las declaraciones surgen tras la propuesta de establecer una zona binacional de paz y desarrollo en la frontera entre ambos países, región históricamente afectada por el contrabando, el tráfico ilegal de personas y la presencia de grupos armados.

El objetivo anunciado del plan es fomentar el bienestar de las comunidades que residen a ambos lados de la extensión limítrofe, promoviendo el reencuentro de familias separadas por años de cierre fronterizo y violencia.

La medida, sin embargo, ha encendido alertas entre miembros de la oposición y expertos en relaciones internacionales, quienes cuestionan tanto su trasfondo como sus eventuales repercusiones en la soberanía nacional.

Uno de los principales críticos ha sido el precandidato presidencial David Luna, que, a través de sus redes sociales, advirtió que la zona binacional sería, en la práctica, un mecanismo para ceder el control de la frontera al régimen venezolano.

En un mensaje que publicó el jueves 24 de julio, Luna señaló: “Petro acaba de entregar nuestra frontera a Maduro. Lo llaman ‘zona binacional de paz y desarrollo’, pero en la práctica es un acuerdo opaco, sin control del Congreso, que permite al régimen venezolano influir directamente en departamentos como Norte de Santander, La Guajira y Cesar. Esto no es integración: es cesión de soberanía. Y es una puerta abierta al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas”.

Estas afirmaciones reflejan el temor de sectores de la política colombiana frente al riesgo de que la medida facilite actividades ilícitas en la zona fronteriza, un espacio donde históricamente han operado bandas armadas y mafias dedicadas a la minería ilegal, el contrabando de combustible y el paso de mercancías prohibidas.

Así mismo, frente al principal interrogante relacionado con la eventual participación de efectivos militares venezolanos en territorio nacional, tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa manifestaron que “cualquier mecanismo de seguridad o trabajo conjunto deberá ceñirse estrictamente a la soberanía de cada país y a sus respectivos marcos legales, bajo control y supervisión de las autoridades nacionales”.

Es decir, no existe disposición alguna para que miembros del Ejército Bolivariano tengan algún tipo de competencia o despliegue en áreas bajo jurisdicción colombiana.

Altas fuentes del Ministerio de Comercio, directamente involucradas en la negociación, señalaron que el memorando bilateral firmado con el régimen de Nicolás Maduro “no contempla ninguna injerencia militar ni operaciones conjuntas con fuerzas armadas extranjeras”.

Fuentes oficiales colombianas recalcaron que la intención de ambas administraciones consiste en transformar la zona limítrofe en un espacio seguro, con capacidad productiva y proyección de crecimiento sostenido, todo esto en pleno respeto de los principios de soberanía y normativas nacionales.

Además, señalaron que el reinicio progresivo de las relaciones diplomáticas y comerciales, tras años de tensión y cierre de fronteras, abre una nueva etapa de diálogo, aunque bajo la premisa de que la coordinación en seguridad y defensa seguirá siendo un asunto reservado, estrictamente, a las instituciones de cada país.

En cuanto al papel protagónico de la región del Catatumbo, voceros regionales expresaron expectativas y reservas ante la consolidación de la zona económica especial.

Aunque sectores productivos ven en el acuerdo una oportunidad para atraer inversión y fortalecer la legalidad, hay preocupación en comunidades locales por el riesgo de que la presencia de actores armados ilegales y dinámicas de violencia se mantengan o incluso se trasladen, si no se acompaña el proceso con presencia institucional real y garantías para defensores de derechos humanos.

El “Memorando de Entendimiento” firmado recientemente entre Colombia y Venezuela plantea la creación de una “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional Especial” en la frontera común, un anuncio que ha causado sorpresa y escepticismo entre algunos analistas, debido a la complejidad histórica y los riesgos asociados a esa región.

El acuerdo fue comunicado por Nicolás Maduro a través de la televisión venezolana y firmado por las ministras de Comercio de ambos países (Diana Marcela Morales Rojas, de Colombia; Coromoto Godoy Calderón, de Venezuela), además de contar con la presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

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La vicepresidenta colombiana no asistió, pero fue representada en el evento por Alfredo Saade, un personaje que ha ganado visibilidad en eventos oficiales del actual Gobierno colombiano.

De acuerdo con lo informado por el dictador venezolano, la denominada zona especial abarcaría los estados venezolanos de Zulia y Táchira, así como los departamentos colombianos de Norte de Santander, Guajira y Cesar.

Maduro aseguró que en esta zona solo reinarán “la paz, la amistad, la convivencia”, agregando que habrá “desarrollo cultural, de salud y turismo”, además de un impulso a la agricultura, la ganadería y el comercio, incluyendo la creación de pymes.

“Todo será felicidad, una especie de Shangri-la”, ironizó el excanciller Julio Londoño en entrevista con Semana, aludiendo a la imagen utópica planteada por Maduro, que contrasta con la realidad de una de las “fronteras más peligrosas del mundo”.

Maduro afirmó que este espacio servirá además como punto de unión para los pueblos y para movimientos políticos de ambos países, aunque no especificó cuáles serían dichos movimientos.

Hasta el momento no ha habido una confirmación sobre el conocimiento o participación de otros poderes e instituciones relevantes en la toma de decisiones, como el Congreso colombiano o las Fuerzas Militares de Colombia, en la gestación del memorando.

En el caso de Venezuela, el excanciller Londoño señaló en el medio mencionado que la aprobación legislativa no constituye un obstáculo, ya que la Asamblea venezolana suele dar luz verde a las iniciativas del Ejecutivo sin mayores reparos, “Es extraño que lo que no han hecho Maduro en doce años, ni Petro en tres, se vaya a realizar en esa zona, cuando el presidente de Colombia está en la recta final de su mandato".

A pesar de la retórica oficial, el territorio referenciado es conocido precisamente por los altos niveles de inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales, lo que genera dudas en observadores y comunidades sobre la viabilidad de las promesas formuladas en el acuerdo, pues según recordó Londoño al medio mencionado, en la frontera del Norte de Santander y el Táchira existen numerosos reportes de violencia, desplazamientos forzados, así como actividades de organizaciones criminales y armadas, incluyendo aquellas que encuentran refugio en territorio venezolano.

“Zona de amortiguación paralela a la frontera. Le va a permitir que grupos armados colombianos, que han declarado que defenderán al régimen venezolano, así como los “colectivos” y demás paramilitares venezolanos, puedan eventualmente defenderlocon mayor facilidad en una hipotética y absurda intervención", explicó Londoño.

El medio puntualizó que, según cifras recientes, las acciones de estos grupos han forzado el desplazamiento de más de ochenta mil personas y cobrado la vida de decenas de civiles, así como de miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países.

El “Memorando de Entendimiento”, como se denominó oficialmente, evita un procedimiento legislativo convencional bajo el argumento de estimular la acción ejecutiva y la cooperación bilateral directa.

Sin embargo, Lodoño alertó que la falta de precisión en sus términos y la omisión de pasos institucionales podrían tener consecuencias de difícil previsión, especialmente en lo referente a la soberanía, la seguridad y la gobernanza de la extensa franja fronteriza involucrada.

Otro elemento destacado por el medio colombiano es la inclusión en la zona de grupos armados que han manifestado su apoyo al régimen venezolano.

El medio subrayó finalmente que el desarrollo e implementación del acuerdo exigirá compromisos y acciones que hasta ahora, pese a múltiples anuncios, no han logrado materializarse de manera efectiva en el extenso corredor limítrofe compartido por ambos países.

El nombre de Juliana Guerrero Jiménez no deja de causar polémica nacional, después de que figurara como una de las pasajeras de los vuelos misteriosos en un avión de la Policía el 19 y 20 de junio de 2025.

Aunque el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han sostenido que la funcionaria se desplazó a la ciudad de Valledupar para cumplir con una misión secreta del Gobierno nacional, en la mañana del domingo 20 de julio se conocieron nuevos detalles del viaje que, por cierto, involucra otra aeronave de la institución policía.

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Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, existe un documento institucional de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en el que se mostraría que Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero, estuvieron durante siete horas en el municipio de Aguachica, cesar, el 20 de junio, participando en una reunión clave del Consejo Superior de la universidad.

Para llegar a ese lugar, la joven de 22 años no solo hizo uso del avión de la Policía, sino que necesitó de un helicóptero Bell 212 con matrícula PNC-0495, el que también desplazaron amigos y miembros de su red de influencia, entre ellos René Segundo Hernández, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y José Carlos Pérez Yancy, representante de los egresados en el Consejo Superior de la UPC.

Según la investigación, el motivo real del viaje sería las gestiones políticas y personales para preparar una reforma a los estatutos de la universidad que habría facilitado la reelección inmediata del rector Rober Romero, interés que responde al valor estratégico y presupuestal de la UPC en la política regional.

La reserva oficial sobre la misión fue justificada por el ministro Benedetti en términos de seguridad y orden público. Sin embargo, según la reconstrucción de Cambio, las pruebas indican que el interés de las Guerrero no se centraba en asuntos de paz o seguridad, sino en participar directamente en la maniobra de reforma universitaria en Aguachica.

El traslado, aprobado por la cúpula del Gobierno, incluyó primero la llegada en avión a Valledupar el 19 de junio en la aeronave de matrícula PNC-0242 y el uso del helicóptero la mañana siguiente hasta el Batallón Andrés María Rosillo.

La agenda oculta de las hermanas se evidenció cuando, durante la sesión del 20 de junio, ambas gestionaron cambios en los estatutos para eliminar la restricción a la reelección inmediata del rector vigente desde 2004. Documentos y testimonios recabados por el medio mostrarían que la presencia de Verónica Guerrero no tenía justificación oficial, pues ella no figura como directiva ni representante del Gobierno en el Consejo Superior de la UPC, pero asistió y participó activamente en las discusiones.

El proceso de reforma comenzó el 11 de abril, cuando, poco después de la entrada de Juliana Guerrero en el Consejo, se planteó formalmente la modificación de estatutos. Las sesiones siguientes estuvieron atravesadas por la polémica y eludir el debate: el 22 de mayo, Juliana y Pérez Yancy abandonaron la reunión antes de discutir la reforma, argumentando una supuesta orden presidencial. No obstante, algunos consejeros, escépticos, buscaron sin éxito una confirmación directa de Gustavo Petro, recordando que el presidente ya había intervenido para frenar intentos parecidos en otras universidades públicas.

Como la estrategia perdió impulso y los votos necesarios no estaban asegurados, la iniciativa de reforma se postergó en las sesiones del 31 de mayo y 5 de junio, a las cuales Juliana Guerrero no asistió presencialmente. Por tal razón, el viaje del 20 de junio pretendía, según fuentes consultadas por Cambio, afianzar los esfuerzos para forjar una mayoría favorable a la reforma.

La relevancia política de la Universidad Popular del Cesar reside en sus 170.890 millones de pesos de presupuesto anual, controlados tradicionalmente por casas políticas locales y considerados tan valiosos en la región como un gobierno departamental. Una fuente local citada lo resume: “Es como tener una pequeña Gobernación”.

Según la información conocida por el diario nacional, en la comitiva del viaje a Aguachica además estuvieron René Segundo Hernández, hombre clave en la campaña de Petro en 2022 y exdecano de la UPC; y José Carlos Pérez Yancy, con vínculos con la casa Gnecco, grupo político y empresarial influyente en el Cesar.

Respecto al rector Romero, su trayectoria viene del Partido Liberal Colombiano, pero su actual cercanía con el grupo conservador conocido como ‘Equipo Azul’ se refleja en la alianza con el representante Ape Cuello. Romero, Cuello y el senador Lobo participaron juntos en ceremonias y eventos recientes de la universidad, según consignó Cambio.

Dada la resistencia a la reforma, las fuentes sugieren que el grupo de las Guerrero y sus aliados impulsa ahora a René Hernández como opción para reemplazar a Romero, evitando así la limitación estatutaria.

El análisis de los vuelos, realizado por la revista, determinó que solo el costo de combustible de esas aeronaves ascendió a 126 millones de pesos. Las actas demuestran que la presencia física de Juliana Guerrero no era indispensable, pues ella ya había participado virtualmente en otras sesiones del Consejo Superior. Además, la universidad habitualmente cubre los gastos de transporte y viáticos cuando las sesiones se realizan fuera de Valledupar, lo que hace aún más inexplicable el uso discrecional de recursos oficiales proporcionados por la Policía Nacional.

En entrevista con Cambio, el ministro Armando Benedetti defendió inicialmente la legalidad del viaje, afirmando que se trataba de un convenio interinstitucional con la Policía y que él mismo autorizó el desplazamiento por tratarse de una misión secreta.

Al ser confrontado con la evidencia de dos vuelos y la revelación del verdadero objetivo, Benedetti reconoció desconocer el motivo real e indicó: “No joda, ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta para un asunto de seguridad nacional. Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad. No sé si habrá hecho las dos cosas, pero tendré que averiguar”. El ministro aseguró, además, que Juliana Guerrero no está habilitada para solicitar helicópteros y aviones a discreción.

Una crítica situación se registró a apróximadamente 38 kilómetros del casco urbano de Valledupar luego de que se reportara la masacre de seis personas en el corregimiento de Villa Germania, al sur de la capital del Cesar.

La información preliminar indica que se tratarían de seis jóvenes, hijos de campesinos, que fueron sacados de sus viviendas y llevados al sector de Tierra Nueva. En ese lugar, algunas de las víctimas fueron amarradas, dos de ellos amarrados de espaldas, y posteriormente atacadas con armas de fuego. Entre los fallecidos se encontrarían dos hermanos.

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Se conoció que hasta el momento solo se ha realizado la inspección técnica de uno de los cuerpos, localizado cerca de una vía, mientras que los otros cinco cadáveres se hallarían en una zona boscosa de difícil acceso, por lo que es necesario el acompañamiento del Ejército Nacional para llegar al sitio.

En las imágenes divulgadas del hecho violento se evidencia que en el lugar de la masacre pintaron grafitis con las iniciales de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), y la frase: “Fuera golfo”, que podría dar indicios de los móviles y autores de la masacre, aunque serán las autoridades las que entreguen el reporte oficial de los responsables.

El comando de la Policía Metropolitana de Valledupar anunció la realización de un consejo extraordinario urgente para abordar la situación y tomar medidas frente al crimen.

Para ello, convocó al comandante de la Décima Brigada del Ejército, brigadier César Martínez; comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán; comandante Batallón de Artillería de Campaña N° 2 La Popa, teniente coronel Óscar Cala; comandante Distrito de Policía Valledupar, Brainer Mantilla; comandante Estación Policía Valledupar, mayor Daniel Felipe Agudelo López; director Fiscalía Seccional Cesar, Ronal Calderón; directora CTI, Nelcy María Pineda Berbesy, secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López.

Hacia las 4:45 p. m., el alcalde Ernesto Orozco Durán, informó que continuaba reunido con las autoridades competentes para tomar acciones contra los hechos de sangre reportados en las últimas 36 horas.

“Ya estamos trabajando con las autoridades en el Consejo Extraordinario de Seguridad. Analizamos uno a uno los hechos de violencia y los comportamientos de inseguridad durante las últimas 36 horas en Valledupar”, detalló, vía X.

Entre tanto, el coronel César Agamez, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, señaló que la masacre presenta un carácter selectivo y no descartó vínculos con disputas por rutas de microtráfico, extorsión y control de territorio.

De acuerdo con medios locales, residentes del corregimiento habrían reportado semanas atrás la presencia de hombres armados en motocicleta y amenazas a líderes comunitarios, sin la presunta respuesta efectiva de las autoridades.

De manera extraoficial se conoció que entre las personas asesinadas se encuentran dos hermanos identificados como Lucho Ortiz y Nando Ortiz. Las otras víctimas serían Guillermo, Capuyo y Kiki, además de un sexto hombre cuya identidad es desconocida. Las víctimas se caracterizaban por vestir jeans, botas de caucho y algunos cargaban machetes, también conocidos como “peinillas”.

Se espera que en las próximas horas las autoridades adelantan el proceso de identificación y verificación de los cuerpos que presentaban impactos de bala en la cabeza y evidentes signos de tortura. Las autoridades mantienen reserva sobre detalles del caso.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, esta constituye la masacre 38 en el país durante 2025 y la quinta en el departamento del Cesar en lo que va del año. El suceso generó temor entre los habitantes de Villa Germania y poblaciones cercanas, ante el riesgo de nuevas acciones violentas.

Durante una sesión de control político celebrada en el Concejo de Medellín, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, entregó información sobre los avances en la solicitud de escisión presentada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para modificar la estructura operativa de su filial Afinia, que presta el servicio de energía eléctrica en varios departamentos de la región Caribe.

En su intervención, Maya explicó que la solicitud, presentada hace más de seis meses, busca dividir la operación de Afinia, apartando del resto de la filial al departamento del Cesar, debido a las dificultades estructurales y financieras que se han registrado en ese territorio.

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“Ya hemos hecho gestiones con la CREG que ya lo aceptó. Podemos escindir al Cesar y tener con otras alternativas que ya hemos planteado, que vemos que son viables y que le quitemos esa carga entre comillas a Afinia. Si eso se materializa, nosotros ya el conglomerado de Afinia con los otros departamentos ya nos da una rentabilidad importante”, expresó el directivo durante el debate.

La propuesta responde a los constantes desafíos financieros que ha enfrentado la filial en el Caribe, a pesar de que EPM destinó una inversión de 2.6 billones de pesos en 2024 para fortalecer el servicio y mejorar la infraestructura eléctrica en la zona. Sin embargo, esas acciones no lograron revertir la tendencia de pérdidas operativas.

Uno de los factores clave en esta situación, según explicó Maya, es la baja eficiencia en el recaudo y el alto nivel de pérdidas en la prestación del servicio en el departamento del Cesar.

Según los registros presentados, aproximadamente el 40 % de la energía distribuida en esa zona se pierde, y el índice de recaudo apenas alcanza el 60 %, lo que significa que cuatro de cada diez usuarios no cumplen con el pago de sus facturas de energía.

Esta condición ha generado una carga financiera para Afinia, que, de materializarse la separación del Cesar como una nueva unidad operativa, permitiría a EPM reconfigurar la operación de su filial y buscar nuevas soluciones para ese territorio en particular, sin comprometer el equilibrio del resto de los departamentos que integran la compañía.

En su intervención ante los concejales, Maya también se refirió a la situación financiera de la empresa en el marco del pago de subsidios por parte del Gobierno nacional. Afirmó que, si bien en 2024 se efectuaron pagos por parte del Ejecutivo que representaron un alivio temporal, durante el primer semestre de 2025 no se han recibido giros correspondientes a esos subsidios.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, EPM ha contabilizado una deuda pendiente por parte del Estado que asciende a 550 mil millones de pesos. Esta suma, según lo explicado en la sesión del Concejo, sigue en aumento y genera dificultades en la sostenibilidad del servicio eléctrico que ofrece la filial en la región Caribe.

Adicionalmente, durante la sesión de control político, EPM compartió un balance de los efectos contables acumulados que ha generado la operación de Afinia desde su adquisición. Según los datos presentados, entre 2020, 2023 y 2024, se produjo un deterioro en el valor de los activos de propiedad, planta y equipo por un total de 542 mil millones de pesos.

EPM busca que la propuesta de escisión, sumada a otras medidas operativas y financieras en evaluación, contribuya a reducir el impacto que la operación en Cesar ha tenido sobre el conjunto de Afinia. La compañía espera que la creación de una unidad separada en ese departamento permita implementar una estrategia diferenciada para atender los retos específicos de esa región sin comprometer los resultados del resto del negocio.

Con la aceptación por parte de la CREG para iniciar el estudio técnico de la propuesta, se abre ahora una nueva etapa de análisis que podría desembocar en la modificación de la estructura legal y operativa de Afinia. Esta decisión sería clave para redefinir el modelo de atención del servicio eléctrico en el Cesar y trazar un nuevo rumbo financiero para la filial de EPM.

La CREG deberá continuar con los trámites técnicos y regulatorios para evaluar la viabilidad de la escisión, mientras EPM sigue trabajando en la formulación de las alternativas que acompañarían esta transformación. Los próximos pasos dependerán de las decisiones que adopten las autoridades en relación con la sostenibilidad del servicio en la región Caribe.

A las 4:40 a. m. del domingo 6 de julio de 2025, la tranquilidad habitual del barrio Primero de Mayo en Valledupar se vio interrumpida por el asesinato de Cristian García Ruiz, subcomandante de la Sijín en Bosconia, Cesar, que dedicó 17 años de servicio a la Policía Nacional.

De acuerdo con el diario El Universal, el crimen ocurrió mientras García Ruiz, de 36 años se encontraba movilizándose en su motocicleta marca Bóxer, de placa VHV-66F, durante su jornada de descanso. En ese momento, dos personas lo interceptaron y, tras un forcejeo, le dispararon, además de arrebatarle sus pertenencias.

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De acuerdo con las informaciones oficiales citadas por medios de Valledupar, el hecho se llevó a cabo en medio de un presunto intento de hurto, aunque cercanos a la víctima y colegas no descartan que se trate de un caso de un sicariato por el trabajo del ciudadano, pues realizaba gran cantidad de labores investigativas en contra de bandas criminales en la región.

El medio informó que el intendente recibió un impacto de bala en el pómulo derecho que salió de su cuerpo en la base del cuello, lo que le causó la muerte de forma inmediata en el lugar. Del mismo modo, se comunicó que hasta el sector se trasladaron patrulleros del cuadrante, que se enfrentaron con los responsables del crimen en un intercambio de disparos, pero los agresores lograron huir.

Según informó la prensa local, hasta el momento no se han realizado capturas por el homicidio y la investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que, según se detalló en el informe, realizó la inspección de cámaras de seguridad y la verificación de los testimonios de testigos.

Además, adelanta otras acciones y labores de vecindario con el objetivo de identificar y ubicar a los autores del hecho para que respondan ante la justicia por este homicidio.

“En este momento buscamos a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta para capturarlos y, al mismo tiempo, estamos identificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para establecer y esclarecer los hechos”, explicó el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, respecto a lo ocurrido en el sector, ya que los hechos son materia de investigación.

El asesinato de García Ruiz, que era conocido por su liderazgo y compromiso en la lucha contra la delincuencia en Bosconia, desató conmoción dentro de la Policía Nacional y entre sus familiares y allegados que exigen justicia.

Ante lo sucedido, la institución manifestó públicamente su pesar y envió condolencias a la familia del subintendente, además de anunciar la conformación de un equipo especial de inteligencia dedicado exclusivamente a esclarecer el homicidio y así poner tras las rejas a los responsables de este lamentable hecho que fue ampliamente rechazado por la comunidad.

Pese a que la principal línea de la investigación sobre este crimen apunta al robo como el principal motivo, el desempeño del intendente en tareas investigativas y su enfrentamiento contra estructuras criminales mantienen abierta la posibilidad de que el ataque tuviera motivaciones vinculadas con su labor policial, una hipótesis que con el pasar de las horas toma fuerza.

Ante la gravedad del caso, las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento rápido del crimen, mientras familiares y compañeros del uniformado exigen justicia y reclaman avances en la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato, pues temen a que se pueda presentar un hecho similar con más miembros de la institución.

Sergio Jiménez Orellano, personero de Chiriguaná, entregó su versión sobre las polémicas y denuncias que han surgido en su contra por hechos ocurridos en 2024.

El funcionario abordó los principales señalamientos, el impacto personal y profesional que ha vivido y la repercusión mediática del caso, luego de conceder una entrevista al portal El Pilón.

En relación con los hechos denunciados en marzo de 2024, Jiménez Orellano explicó que se encontraba en Barranquilla realizando diligencias personales y que ese día salió con Henio José Domínguez, con quien tenía una relación de confianza.

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Ambos se reunieron con Luis Felipe Infante y luego visitaron varios establecimientos nocturnos. Tras terminar la jornada compartiendo bebidas alcohólicas en distintos lugares, intentaron hospedarse en un hotel, pero las condiciones lo impidieron, y por eso razón se dirigieron a un motel, agregó el medio de Valledupar.

La versión del personero de Chiriguaná, Cesar

Según la versión del personero, ya en el motel, Luis Felipe se quedó dormido y él sostuvo relaciones sexuales consensuadas con Henio José.

Al día siguiente, Jiménez Orellano relató que todo transcurrió con normalidad, y ambos se fotografiaron en el lugar antes de irse (una foto afuera del establecimiento).

Horas más tarde, dice haberse enterado de rumores que lo acusaban de haber drogado a Henio José, algo que niega rotundamente y para lo cual se sometió de manera voluntaria a exámenes toxicológicos, que solo arrojaron la presencia de alcohol en su organismo.

“Fue entonces cuando esa amiga me escribió de nuevo, alarmada, y me dijo: ‘Sergio, ¿qué fue lo que hiciste? Aquí ya se sabe todo y están diciendo que tú lo drogaste’. Inmediatamente me preocupé y llamé a Henio José para preguntarle qué estaba ocurriendo. Él me respondió que no recordaba lo que había pasado y me preguntó qué le había hecho", contó el personero de Chiriguaná al medio regional caribeño.

Todo fue confuso porque antes de que se desatara todo por medio de las redes y los grupos de mensajes en cadenas de mensajería instantánea lo que hablaron lo dejó aún más perplejo a Jiménez Orellano.

“Me sorprendí muchísimo, ya que al salir del motel veníamos cantando a todo volumen en el carro. Incluso, habíamos quedado en viajar a Santa Marta al día siguiente para seguir la parranda", agregó el funcionario.

De acuerdo con Jiménez Orellano, la denuncia penal presentada por Henio José ante la Fiscalía no incluyó ninguna afirmación sobre el suministro de drogas o la pérdida de conciencia.

Asimismo, contó que colaboró plenamente con las autoridades y aportó todas las pruebas que tenía a su disposición, y explicó que no ha vuelto a ser requerido por la Fiscalía desde que entregó su declaración.

Personero cuestionó la forma en que se le dio cobertura por parte de los medios en su momento: el otro caso que se conoció

El personero de Chiriguaná aprovechó el diálogo para expresar sus críticas frente al manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación.

“Lo revictimizaron (a Henio José), tergiversaron los hechos y difundieron versiones falsas, lo que me afectó profundamente. Este ha sido un episodio muy doloroso en mi vida, especialmente porque se trata de una acusación tan delicada como lo es una agresión sexual,la cual nunca existió“, dijo el funcionario.

Además de lo anterior, Jiménez aseveró: “esta situación ha tenido repercusiones personales, familiares y profesionales muy fuertes para mí“.

Respecto a un segundo episodio relacionado con una supuesta violencia contra una mujer, Jiménez aclaró que existió una relación sentimental previa, respaldada por conversaciones y transferencias virtuales de dinero.

Esto ocasionó que la situación se agravara debido a la repercusión del caso anterior, y generó tensiones con la familia de la otra persona involucrada.

Tal fue el punto que Jiménez Orellano narró que en medio de esa situación fue agredido físicamente en público por la madre del joven, pero asegura que jamás ha agredido a una mujer y rechaza cualquier forma de violencia.

“Yo le tengo miedo a eso: a que una mentira, repetida muchas veces, termine convirtiéndose en una verdad. A que empiecen a verme como un abusador, cuando no lo soy”, mencionó el hombre que quedó en el ojo del huracán.

Personero atribuyó ataques como una forma de persecución política

El personero atribuye los ataques y la presión mediática a una persecución política y afirma que la población de Chiriguaná ha presenciado con frecuencia este tipo de disputas entre sectores políticos locales.

Según relata, el municipio ha cambiado de alcalde en tres ocasiones en un solo periodo y recuerda que, tras ordenar auditorías sobre algunos proyectos municipales, recibió amenazas, incluyendo intimidaciones directas por parte de una funcionaria del gobierno departamental.

Jiménez considera que estos hechos forman parte de una campaña para desacreditarlo utilizando aspectos de su vida privada, y cerró diciendo: “Me han atacado por mi orientación sexual”.

Un hombre fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar, tras agredir físicamente a una mujer en plena vía pública de la región.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 29 de junio de 2025, cuando los uniformados adscritos a la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Cesar realizaban labores de vigilancia y control en el municipio.

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Durante su recorrido, los policías observaron a un hombre que, en plena vía pública, ejercía violencia física contra una mujer, lo que produjo la rápida reacción de los uniformados, donde intervinieron en la situación y capturaron al presunto agresor.

“De inmediato, los uniformados intervinieron, procedieron con la detección del presunto agresor y dieron inicio al procedimiento judicial correspondiente”, señaló la institución en un comunicado.

La víctima recibió atención inmediata por parte de los agentes, tras activar la ruta de atención integral diseñada para los casos de violencia intrafamiliar.

Entre tanto, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 229 del Código Penal Colombiano, que tipifica y sanciona el delito de violencia intrafamiliar.

Durante el procedimiento, los uniformados notificaron al detenido sobre sus derechos, en estricto apego a la normativa legal vigente. La aplicación rigurosa de este protocolo legal constituye una garantía tanto para la víctima como para el debido proceso del capturado.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, se pronunció sobre el caso y reiteró el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de las familias en la región.

“Desde la Policía Nacional en el departamento del Cesar reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de las familias cesarenses. No toleramos ningún tipo de agresión, y continuaremos trabajando sin descanso para prevenir y atender estos hechos con la contundencia que requieren”, expresó el oficial.

La institución policial ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para combatir la violencia intrafamiliar.

Capturan a mujer que había apuñalado a su esposo en Magangué, Bolívar

Este no ha sido el único caso de violencia intrafamiliar registrado durante el mes de junio de 2025 en Colombia. En el municipio de Magangué, departamento de Bolívar, una mujer de 19 años de edad fue detenida por la Policía Nacional, luego de que apuñalara a su esposo de 29 años tras una discusión familiar.

Según las autoridades, los hechos se registraron en el barrio Dos de Noviembre del municipio bolivarense, en el que la joven, de acuerdo con el reporte revelado por el medio local El Universal, utilizó un arma cortopunzante para herir a su pareja sentimental en el tórax.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, donde permanece bajo atención médica, mientras la presunta agresora quedó bajo custodia policial. La situación generó una rápida reacción tanto de la comunidad como de las autoridades, ya que evitaron que la mujer intentara huir del lugar.

“La intervención de la comunidad fue fundamental para evitar que la agresora escapara y para que la víctima recibiera atención médica de manera oportuna, evitando su muerte”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía de Bolívar confirmó que la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. El proceso judicial se encuentra en curso, mientras la víctima continúa hospitalizada y el hijo de la pareja queda en una situación de vulnerabilidad, al encontrarse ambos padres fuera del hogar.

Este caso ha evidenciado la urgencia de abordar la violencia doméstica desde una perspectiva integral, que incluya la educación, la prevención y la atención a las víctimas, así como el acompañamiento a los menores afectados por estas situaciones.

La incautación de una cantidad significativa de droga, cuyo valor supera los 3.500 millones de pesos, se realizó tras una detallada inspección vehicular en el departamento del Cesar.

Un hombre de 39 años fue arrestado en flagrancia cuando transportaba aproximadamente media tonelada de cocaína que permanecía oculta dentro de tuberías de alta presión modificadas artesanalmente.

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Según informó la Policía Nacional, el hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 137 de la vía que conecta San Roque con La Paz, en un operativo destinado a contrarrestar el narcotráfico en la región.

Tal como consignó el medio oficial de la Policía, las autoridades interceptaron el vehículo de carga, que cubría la ruta entre Bucaramanga y Riohacha, en un puesto de control dirigido por la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar.

Durante la revisión, los uniformados detectaron anomalías en la carga de tubería, lo que motivó una inspección más minuciosa del automotor.

Esta revisión permitió localizar nueve compartimentos ocultos, fabricados de manera artesanal, donde se almacenaban 500 paquetes con una sustancia sólida blanca, cuyas características correspondían a clorhidrato de cocaína.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel William Javier Morales Vargas, resaltó la labor técnica y comprometida del personal policial que participó en la operación.

“Este resultado operativo es producto del trabajo minucioso, técnico y comprometido de nuestras unidades. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha frontal contra estas economías ilícitas que alimentan el crimen organizado”, declaró el oficial, según reportó la Policía Nacional.

El detenido, aprehendido en flagrancia durante el operativo, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, conforme informó el organismo policial.

Según lo reportado por la misma fuente, esta acción forma parte de los esfuerzos sostenidos para combatir el tráfico de drogas en los principales corredores viales del norte de Colombia y limitar el accionar de las redes dedicadas al transporte y comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía Nacional subrayó que la incautación de estos cargamentos representa un golpe a las finanzas del crimen organizado, considerando el alto valor de la droga confiscada y el método sofisticado empleado para ocultarla.

El organismo reiteró su empeño en fortalecer los controles sobre las vías y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información relevante que permita prevenir el tránsito de sustancias ilícitas.

Incautan más de una tonelada de cocaína en Cauca, Colombia

Más de una tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento de Cauca, al sur occidente de Colombia, durante un operativo realizado el 27 de junio de 2025 en la Vía Panamericana, a la altura del antiguo peaje de Tunia, en inmediaciones del municipio de Piendamó.

El hallazgo se produjo cuando los uniformados detuvieron un tractocamión cisterna, marca Kenworth, color blanco, que circulaba por uno de los corredores viales más transitados del suroccidente colombiano.

La operación, desarrollada en el kilómetro 31+200 de la Vía Panamericana, se enmarcó en las labores de registro y control que la Policía Nacional ejecuta de manera regular en esta arteria vial.

Durante la inspección del vehículo de carga, los agentes detectaron una caleta hidráulica perfectamente adaptada al interior de la cisterna. Este compartimento oculto, diseñado con sofisticación para evadir los controles policiales, albergaba 1.100 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La droga se encontraba empaquetada y llevaba impresos los logotipos “JOY” y “JEJO”, que, según la Policía de Tránsito y Transporte, podrían corresponder a la firma o marca de la organización narcotraficante responsable del envío.

El reporte oficial detalla que el cargamento provenía desde Pasto (Nariño) y tenía como destino el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), donde se preveía su distribución.

Según explicó el director Triana, el cargamento pretendía ser enviado a Centroamérica, Estados Unidos y Europa a través de puertos ilegales en la costa norte. Durante el operativo, la policía arrestó a una persona y confiscó el vehículo utilizado para el transporte.

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Según el mensaje del director general Triana, publicado en su cuenta oficial de X, este decomiso forma parte del esfuerzo sostenido lanzado en 2025: “En lo que va corrido de 2025, la @PoliciaColombia ha incautado más de 228 toneladas de cocaína”

Y es que dicha cifra pone en relieve el impacto de las operaciones desplegadas por la fuerza pública y el compromiso institucional de erradicar las redes de narcotráfico en el país. Este caso en Cesar se convierte en uno de los episodios más resonantes del año, tanto por el volumen incautado como por la ruta estratégica interceptada.

Las investigaciones preliminares indican que la cocaína fue cargada en un camión en San Roque, ocultada en un compartimiento oculto bajo el tanque de gasolina, lo que demuestra la sofisticación de los métodos empleados por redes criminales. Su destino era la costa norte, desde donde las drogas serían embarcadas hacia San Andrés y Punta Gorda para salir por rutas marítimas non-legales.

Este modus operandi coincide con lo reportado en años anteriores en Cesar y La Guajira, regiones clave para el tránsito de estupefacientes dados sus accesos a Venezuela y al Caribe.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno es común: camiones o tractocamiones son usados para trasladar mercadería aparentemente legítima, pero que esconden grandes cantidades de alcaloides.

Así las cosas, una vez desarrollado el operativo, las autoridades comenzaron a abrir investigaciones para identificar a los responsables dentro de la cadena: propietarios del camión, operadores logísticos, financistas y articuladores de las rutas hacia la costa. El peso de la evidencia —vehículo, la detención y la prueba del alijo— abrirá una fase procesal que, al menos en teoría, aspira a llevar a involucrados ante la justicia por delitos de tráfico, fabricación y protección al narcotráfico.

Narcotráfico, una de las grandes problemáticas en Colombia

El narcotráfico en Colombia representa una amenaza multiforme que abarca desde el desbalance ambiental hasta la ruina institucional. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el país concentra el 67% de los cultivos de coca a nivel mundial y en 2023 la producción de cocaína aumentó en un 53%, alcanzando niveles históricos.

La expansión de zonas productoras —que en 2023 cubrieron unas 253 000 hectáreas— implica deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad, especialmente en regiones como el Cauca, la Amazonía y el Catatumbo. La dependencia económica de muchas comunidades rurales vulnerables, envueltas en la pobreza y carencias estructurales, propicia que el narcotráfico se consolide como una de las pocas opciones de subsistencia, lo cual refuerza la ciclo de violencia y latifundio en zonas históricamente marginadas.

Además de su impacto ecológico y social, el narcotráfico erosionó gravemente la democracia y las instituciones del Estado. Ha infiltrado estamentos públicos para garantizar impunidad, corrompido procesos electorales y contribuido al asesinato de líderes sociales —a menudo a manos de estructuras emergentes como el ELN, disidencias de las FARC y Bacrim— en territorios como Catatumbo, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander.

El luto y el dolor se posaron sobre la población del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, luego de que se conocieron los detalles tras la muerte de una adolescente de 14 años.

La menor fue encontrada muerta en su casa, y lo más impactante de la situación es que su propia hermana la encontró sin vida la mañana del martes 24 de junio 2025, luego de que la joven no respondiera al llamado habitual al sonar la alarma.

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Según familiares, la adolescente fue identificada como Mariangel Bonilla, hija de un reconocido comerciante en la zona, señaló el diario El Universal.

Tras encontrarla sin signos vitales en su habitación, la familia la trasladó de inmediato al Hospital Local de Barahoja, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han divulgado un informe oficial sobre la causa de muerte.

Con velatón y homenaje en su colegio despidieron a la pequeña Mariangel Bonilla en Aguachica, Cesar

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que se estudia la hipótesis de un paro cardíaco, pero esta información no ha sido confirmada y se espera que la necropsia determine las causas reales de la muerte de la menor, que ha dejado consternados a los lugareños.

El caso ha causado impacto en la comunidad educativa y entre allegados que expresaron mensajes de solidaridad a la familia.

La tarde del martes 24 de junio se dieron cita amigos, familiares y allegados a la menor de edad en el centro educativo, vistiendo de blanco y con veladoras, cada uno de los presentes se unió en un momento de oración para pedir por el descanso de la adolescente y darle un último adiós con este homenaje. La velatón finalizó con un acto eucarístico.

El Instituto Francisco José de Caldas, colegio al que asistía la joven, publicó un mensaje en el que expresó: “Hoy el corazón de la familia caldista está de luto. Con profundo dolor despedimos a nuestra estudiante, nuestra líder, Mariangel Bonilla, del grado noveno. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros pasillos, en nuestras aulas y en cada uno de los que tuvimos el privilegio de conocer su sonrisa, su nobleza y su luz”.

A través de sus redes sociales, el colegio agregó: “Como familia del InstiCaldas, abrazamos con el alma a sus padres, familiares, compañeros, docentes y amigos. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y pedimos fortaleza para quienes hoy lloran su ausencia”.

Por último, el mensaje concluyó: “Mariangel siempre será parte de nosotros. En cada rincón del colegio vivirá su recuerdo”.

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre las honras fúnebres y avances en la investigación.

Especialista alertó por caso de menor de 14 años: hay que prestarle atención al corazón

Debido a lo ocurrido, a través de un video en sus redes sociales el médico internista José de Jesús Alonso González habló sobre lo que pasó con la pequeña Mariangela y dio sus impresiones del caso.

“La muerte súbita es un acontecimiento por demás triste y más cuando sucede una persona joven sin síntomas ni enfermedades conocidas. En medio de la tristeza que embarga esta familia, a la cual le deseo que Dios le brinde la fortaleza para superar este momento, se debe lanzar una alerta. La muerte súbita puede ser causada por un defecto genético en el corazón”, inició señalado en su video el doctor.

El especialista señaló que debido a lo anterior se debe prestar especial atención a este órgano (vital para el sistema circulatorio), como por ejemplo en “sus arterias, sus válvulas e incluso la regulación del sodio, el potasio y el calcio a nivel cardíaco”.

Frente a los detalles de la necropsia y el informe forense que se espera de lo ocurrido, Alonso González precisó que se debe realizar “una autopsia con examen molecular completo y los estudios cardíacos de rigor tanto a sus padres como a hermanos e incluso de ser necesario un estudio genético”.

En horas de la mañana del martes 24 de junio de 2025 se presentó un nuevo ataque contra la fuerza pública en el departamento del César, el cual no dejó personas lesionadas.

Desde la Gobernación se confirmaron los hechos, los cuales se presentaron en la vía que comunica a los municipios de Pailitas y Pelaya.

“Se registró hostigamiento con disparos a una patrulla de la Policía, en la vía que comunica a los municipios de Pelaya y Pailitas. Por fortuna, no se presentaron personas heridas y tropas del Ejército se movilizaron hasta la zona para controlar la situación. De nuevo, los violentos en nuestras carreteras”, se puede leer en la publicación de la dependencia en su cuenta de X.

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Eduardo Esquivel López, secretario del Gobierno del César, dio más detalles y entregó el punto específico del ataque: en el kilómetro 18, entre los dos municipios mencionados anteriormente.

En las declaraciones recogidas por Entre Nos se aclara que el vehículo en cuestión es tipo camioneta, en la que hombres adscritos a la institución se encontraban realizando las labores diarias de patrullaje en la zona cuando fueron impactados con armas de fuego en la parte delantera del automotor, proyectiles que por fortuna no hicieron daño a sus humanidades: “Gracias a la bendición de Dios, no hay heridos”.

El funcionario comentó que se intenta establecer la responsabilidad del atentado, y no se descarta que hayan sido hombres de organizaciones criminales que hacen presencia en el territorio: “Se investiga a ver si es que este grupo puede ser, ELN, si es Clan del Golfo o qué grupo es”.

Eliécer Salazar, represéntate a la Cámara, por medio de su cuenta de X rechazó de manera tajante este nuevo hechos de violencia en el que uniformados son el objetivo de los criminales.

“Rechazamos con firmeza el hostigamiento armado contra la patrulla de la Policía en la vía Pelaya–Pailitas. Atentar contra la fuerza pública y sembrar miedo en las carreteras es un acto cobarde que pone en riesgo la vida de todos".

Dos policías asesinados en medio de un hostigamiento contra la estación en Río de Oro, Cesar

Dos agentes de la Policía Nacional fueron asesinados en la mañana del jueves 19 de junio de 2025 durante un ataque armado contra la estación de policía en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar, Colombia, en un hecho atribuido a un francotirador y que ha sido vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque, perpetrado por grupos criminales en una zona que ha experimentado un aumento de la violencia en los últimos meses, dejó como víctimas a José Daniel Pedraza González y Henry Ospina Lasso. Ambos agentes recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en el lugar de los hechos. Aunque lograron ser trasladados con vida a un centro médico en Ocaña, Norte de Santander, fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

El alcalde de Río de Oro, Arnaldo Osorio, expresó su consternación ante el asesinato de los dos uniformados. El funcionario lamentó la persistencia de la violencia en el municipio y reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que retome los diálogos y priorice acciones concretas que eviten más pérdidas humanas.

“Es triste que continúe esta situación en nuestro territorio. Hoy nos toca lamentar la muerte de estos agentes de policía, una situación de orden público que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. Nos sentimos huérfanos, reiteramos al Gobierno Nacional que por favor retomen los diálogos y priorizar acciones concretas para evitar más pérdidas humanas en la región”, manifestó el mandatario local.

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, entregó el reporte oficial de los hechos y atribuyó el atentado a un grupo terrorista: “Podemos todas las capacidades de investigación judicial, de inteligencia, grupos especiales para lograr la captura de los responsables que a través de un francotiro causó la muerte a nuestros dos policías. Estamos plenamente convencidos y encontramos elementos materiales de prueba para inferir que la autoría viene del ELN. Junto a la gobernación, a la alcaldía de Río de Oro y la Policía Nacional ofrecemos $200 millones a las personas que suministren información y permitan prontamente la captura de los responsables de estos dos homicidios”, afirmó el alto oficial.

Recientemente, revelaron un video, el cual fue difundido ampliamente en redes sociales. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el ataque ocurrió mientras los uniformados verificaban los papeles de dos motorizados. En ese momento, un francotirador disparó contra ellos, hiriendo primero a uno de los policías, que intentó refugiarse en la estación, pero cayó al suelo debido a la gravedad de las heridas.

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Unos segundos después, el segundo uniformado también fue alcanzado por los disparos y, aunque intentó buscar protección, no logró repeler el ataque. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional de Colombia, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de los patrulleros fallecidos. En un comunicado, Triana afirmó:

“Rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestros patrulleros Herney Ospino Lasso y José Daniel Pedraza González, en inmediaciones de la estación de policía Río de Oro, en el sur del Cesar, en momentos en que verificaban antecedentes”. Además, aseguró que se están desplegando todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar y capturar a los responsables.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Freddy Arengas Romero, informó que la estación de Policía fue atacada con ráfagas de fusil, lo que obligó a las autoridades a activar un plan candado en la región. Este operativo incluyó el acordonamiento de las entradas y salidas de Ocaña hacia la vía que conecta con la Costa Atlántica, con el objetivo de evitar la fuga de los responsables. Arengas Romero detalló que el ataque generó una fuerte respuesta por parte de la Policía y el Ejército, que trabajan en conjunto para garantizar la seguridad en la zona.

El atentado fue atribuido a grupos armados que operan en la región, aunque hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables. Este hecho se suma a una serie de ataques recientes contra la Policía Nacional en diferentes partes del país, lo que llevó a las autoridades a intensificar las operaciones contra las organizaciones criminales. “Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen”, concluyó el general Triana en su pronunciamiento.

El municipio de Río de Oro, ubicado en el sur del departamento del Cesar y cercano a la frontera con Norte de Santander, es una zona que por años ha enfrentado problemas de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales. Este ataque generó preocupación entre los habitantes de la región, que temen un aumento en los niveles de violencia.

El video del ataque, que fue ampliamente viralizado en redes sociales, muestra la crudeza del hecho y causó indignación en la opinión pública. Las imágenes sirven como evidencia clave para las investigaciones en curso, que buscan esclarecer los detalles del ataque y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, la Policía Nacional y el Ejército continúan trabajando en la zona para prevenir nuevos incidentes y reforzar la seguridad en los municipios afectados por la violencia.

Los uniformados, identificados como los patrulleros José Daniel Pedraza González y Herney Ospino Lasso, de 25 y 40 años, respectivamente, fueron atacados a tiros mientras hacían guardia en las inmediaciones de la estación policial.

Ambos fueron trasladados con heridas graves al hospital Emiro Quintero Cañizares, en la vecina ciudad de Ocaña, donde fallecieron minutos después pese a recibir atención médica.

"Rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestros patrulleros (...) Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito", escribió en su cuenta de X el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

El ataque ocurrió en la mañana, cuando hombres armados hostigaron la estación con ráfagas de fusil, causando pánico entre los habitantes.

Según informó el secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas Romero, se activó un plan candado en las vías de acceso a la zona para impedir la huida de los atacantes.

El plan candado es un operativo de seguridad que, mediante restricciones de movilidad con controles policiales, tiene el objetivo de prevenir delitos y situaciones de riesgo como atentados terroristas o alteraciones del orden público.

Las autoridades todavía no han atribuido el ataque a ningún grupo ilegal, aunque en la zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. EFE

En horas de la mañana del jueves 19 de junio de 2025 se presentó un nuevo atentado en contra de la fuerza pública, que cobró la vida de los uniformados de la Policía Nacional, por parte de grupos criminales en el municipio de Río de Oro, departamento del César.

Las víctimas fueron identificadas como José Daniel Pedraza González y Henry Ospina Lasso, que fueron heridos por proyectiles de arma de fuego en el lugar, los dos alcanzaron a ser trasladados hasta un centro médico de Ocaña (Norte de Santander) donde fallecieron por la gravedad de las lesiones. Una de las hipótesis que se maneja hasta el momento es que un francotirador sería el responsable de su deceso.

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Arnaldo Osorio, alcalde del municipio, se refirió al hecho y la pérdida de los dos oficiales.

“Es triste que continúe esta situación en nuestro territorio. Hoy nos toca lamentar la muerte de estos agentes de policía, una situación de orden público que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. Nos sentimos huérfanos, reiteramos al Gobierno Nacional que por favor retomen los diálogos y priorizar acciones concretas para evitar más pérdidas humanas en la región”, afirmó Osorio.

Fredy Arengas Romero, secretario de Gobierno de Ocaña, uno de los municipios que colinda con el departamento del Cesar, informó que de inmediato fue puesto en marcha un plan candado en todos los puntos de acceso a esta zona para intentar establecer la ubicación de los responsables de este doble crimen.

El brigadier general, Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, entregó el reporte oficial de los hechos, donde le atribuyo el atentado a un grupo terrorista y anuncio la recompensa millonaria para las personas que pueda suministrar información sobre los responsables de este doble asesinato.

“Podemos todas las capacidades de investigación judicial, de inteligencia, grupos especiales para lograr la captura de los responsables que a través de un francotiro causó la muerte a nuestros dos policías. Estamos plenamente convencidos y encontramos elementos materiales de prueba para inferir que la autoría viene del ENL. Junto a la gobernación, a la alcaldía de Río de Oro y la Policía Nacional ofrecemos $200 millones a las personas que suministren información y permitan prontamente la captura de los responsables de estos dos homicidios”.

Por medio de su cuenta de la red social X, el director de la Policía Nacional, brigadier general, Carlos Fernando Triana Beltrán, expresó sus condolencias a las familias de los uniformados fallecidos.

“Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”, escribió en la publicación.

No dudó en rechazar el hecho detallando un poco más las labores que los dos hombres realizaban en el momento: ¡𝗟𝗨𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟! Rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestros patrulleros Herney Ospino Lasso y José Daniel Pedraza González, en inmediaciones de la estación de policía Río de Oro, en el sur del Cesar, en momentos en que verificaban antecedentes”.

Finalmente, en el pronunciamiento del director se puede evidenciar que la orden es arremeter contra todo tipo de delincuencia, ya sea común o organizada que ponga en peligro a los colombianos y la fuerza pública:“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen”.

El ministro de Defensa, pedro Sánchez, también se refirió a lo sucedido. En su mensaje entregado por redes sociales, destacando la labor de los dos patrulleros y el legado de los mismos: “A sus familias, compañeros y amigos @PoliciaColombia les envío un abrazo lleno de gratitud, dolor y respeto. Su servicio no será olvidado. Su entrega, su valor y su uniforme no se manchan con el miedo, se elevan con el honor”.

Anuncio que ya se inició todo el proceso de investigaciones, para que los responsables de esta tragedia que enluta a la fuerza pública del país asuman su responsabilidad.

Este tipo de acciones violentas se suman a todas las que el país ha tenido que vivir desde inicios del 2025, cuando enfrentamientos entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco iniciaron combates con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde ese momento, los ataques y atentados a civiles y miembros de las instituciones del Estado desafortunadamente se han convertido en un factor de la cotidianidad, no solo por estos dos grupos armados al margen de la ley, sino por algunos otros que dominan regiones del país y pretenden expandir sus operaciones sometiendo a comunidades, policías y soldados que están para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y las labores que se ejecutan en los territorios.

El caso de alteración del orden público se registró en la zona de la 44, en Valledupar (Cesar), luego de que iniciara una fuerte discusión entre la mujer y un conductor, a quien le habría prestado el supuesto servicio.

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De acuerdo con la versión de la mujer, ambas partes habrían acordado un pago de $10.000 que el conductor, según su relato, se negó a entregar tras el encuentro.

De otro lado, la versión del conductor sostiene que solo esperaba a un amigo cuando la mujer subió a su vehículo y le ofreció un servicio sexual que, aseguró, nunca aceptó.

El enfrentamiento verbal llamó la atención de quienes transitaban por el sector y obligó a la intervención de la Policía, que actuó como mediadora.

“Yo no soy de pelea, yo quiero es mi plata (...) Que se te muera tu madre”, reclamaba la mujer.

Los oficiales propiciaron un acuerdo para finalizar la disputa: el conductor entregó $5.000 a un agente, que trasladó el dinero a la mujer de la comunidad Lgbtiq+.

Pese a la mediación, la tensión no disminuyó del todo, debido a que el conductor intentó agredir a la mujer durante los reclamos posteriores, lo que generó un ambiente tenso en la zona.

Por su parte, las autoridades intentaron calmar al sujeto advirtiéndole de la imposición de un comparendo. Finalmente, los uniformados permanecieron unos minutos más en el lugar para evitar nuevas confrontaciones y restablecer la calma.

En efecto, esta situación abrió el debate en redes sociales, debido a la vulneración de los derechos a los que se expone esta población, que en el peor de los casos resultan agredidas con severidad por cobrar por servicios sexuales, una de las alternativas que utilizan para subsistir.

“A donde iremos a llegar, no respetan el trabajo de los demás y servicio es servicio.. Ahí después que le hizo el servicio no quiso pagar, más liso”; “Bueno si supuestamente el no alquirio el servicio de el joven tras. No fuera pagado y el supuesto amigo que esperaba nunca llego”; “Se ponen a pedirles servicio y tienen el descaro de pararseles y a asararlas pagaaaaaaa (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Operativo en Medellín permitió la captura de cuatro extranjeros que extorsionaban trabajadoras sexuales

En una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las autoridades capturaron a cuatro extranjeros en flagrancia, presuntamente responsables de diversos delitos cometidos en el centro de la ciudad. Durante la intervención se incautaron drogas sintéticas, marihuana, cartuchos de arma de fuego y dispositivos de comunicación.

Entre los detenidos figura alias Metralleta, identificado con una trayectoria delictiva de al menos diez años. Según información oficial, esta persona estaría al frente de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones, con injerencia en zonas como Tejelo, Plaza Rojas Pinilla, La Veracruz y El Raudal.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que las acciones se realizan con apoyo de inteligencia y cooperación internacional para enfrentar las estructuras que afectan la ciudad. Las autoridades vinculan a los capturados con distintos homicidios registrados en el centro, así como con acciones extorsivas dirigidas contra comerciantes y trabajadoras sexuales para fortalecer economías ilegales.

“Aquí no hay zonas vedadas ni estructuras intocables. Seguimos actuando con decisión, inteligencia y cooperación internacional para cerrarles el paso a los criminales que atentan contra la vida y el orden en la ciudad”, declaró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La administración reiteró que mantiene sus esfuerzos para evitar la consolidación de estructuras criminales extranjeras en el territorio local.

"El día de ayer, nuestro compañero en la Defensoría del Pueblo, Jorge Rangel, fue asesinado en La Gloria, Cesar (...) Hemos pedido a las autoridades competentes que investiguen con diligencia, se esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables", expresó la Defensoría en X.

El organismo agregó que, hasta el momento, no se tiene información que indique que el homicidio esté relacionado con las funciones de Rangel en la entidad, donde se desempeñaba como funcionario de la Delegada para las Regiones y Articulación Territorial desde abril de 2024.

Entre 2008 y 2023, Rangel fue personero en el municipio de La Gloria y "se destacó por su compromiso con la defensa de los derechos humanos", según la Defensoría.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González Perafán, detalló que Rangel fue asesinado por hombres armados que lo atacaron dentro de un negocio y señaló que ya son 67 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros cinco meses de este año en Colombia.

Eso supone más de tres asesinatos por semana.

González recordó que, en 2023, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde señalaba que el escenario de riesgo en el departamento de Cesar estaba relacionado con la presencia y accionar de diferentes grupos armados ilegales como la guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central, el principal grupo de disidencias de las FARC.

"La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", sentenció el director de Indepaz.

En febrero pasado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos e hizo un llamamiento para que la protección de los líderes sociales esté "en el centro del debate nacional".

En 2023, al menos 300 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 28 países, según la organización Front Line Defenders, y 142 de ellos, casi la mitad, fueron en Colombia. EFE

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sergio Jiménez Orellano, personero del municipio de Chiriguaná, en el departamento de Cesar, por presuntamente haber agredido físicamente a la señora Eidys Johana Díaz Carranza, en el que también habría causado daños materiales en su vivienda.

Según el ente de control, los hechos ocurrieron en la noche del domingo 28 de abril de 2024, cuando el funcionario, en aparente estado de embriaguez, llegó a la residencia de la víctima, donde le había lanzado varios insultos, pero la situación se salió de control cuando procedió a agredirla físicamente, lo que le ocasionó lesiones que fueron certificadas por Medicina Legal con una incapacidad de ocho días.

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De acuerdo con el testimonio de Díaz Carranza ante las autoridades, además de las agresiones físicas, Jiménez Orellano habría causado daños a los muebles y enseres de su hogar.

“El despacho consideró procedente formular cargos, ya que eventualmente, Jiménez Orellano, comprometió su responsabilidad, presuntamente, al cometer las faltas disciplinarias, de acuerdo con lo descrito como delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, según lo contemplado en el Código Penal”, señaló la entidad en un comunicado.

Inicialmente, estos hechos fueron valorados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar (Cesar, norte de Colombia), en donde el Ministerio abrió una investigación contra el funcionario desde mayo de 2024.

Tras analizar las pruebas y declaraciones recopiladas, el despacho determinó que existían elementos suficientes para formular cargos contra el funcionario, ya que podría haber incurrido en las faltas disciplinarias mencionadas anteriormente.

Además, en el documento oficial se señala que la conducta del funcionario fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo, lo que implica una intención deliberada en sus actos.

“Recalca el órgano de control que el implicado desconoció sus deberes como servidor público, lo cual resulta, en principio, más grave dado que su gestión lo que busca es el bienestar de la comunidad y que las instituciones trabajen armónicamente en procura del bien social”, puntualizó la Procuraduría.

Por el momento, el personero de Chiriguana no ha emitido ninguna declaración sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación.

Presunto caso de acoso sexual

Esta no es la única polémica en la que se ha visto involucrado el personero de Chiriguaná, Cesar, Sergio Jiménez Orellano.

Según reportó el medio local El Pilón, en marzo de 2024, el funcionario había sido implicado en un presunto caso de abuso sexual, luego de que, al parecer, estaría departiendo con tres jóvenes en su residencia.

De acuerdo con el citado medio de comunicación, en un momento en que se encontraba a solas con uno de ellos, presuntamente habría accedido carnalmente al joven, en aparente estado de embriaguez, sin su consentimiento.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jiménez Orellano siguió desempeñando sus funciones como personero municipal. Para este caso, su abogado, Diego Fernando Duque, emitió un comunicado en el que calificó las acusaciones como falsas y aseguró que demostrará la inocencia de su cliente.

“Se destaca enfáticamente que nuestro defendido, Sergio Andrés Jiménez Orellano, no ha perpetrado agresión ni ha efectuado acción alguna que pueda ser interpretada como un ataque en contra de cualquier persona”, señaló el defensor del personero en un comunicado.

Adicionalmente, el jurista anunció que emprenderá acciones legales contra aquellos que difundieron la información relacionada, al considerar que, según la defensa, afecta la reputación de Jiménez. “Rechazamos categóricamente las acusaciones y procederemos a tomar las medidas legales necesarias contra aquellos que han propagado estas afirmaciones infundadas”, expresó Duque.

No obstante, el caso provocó todo tipo de indignación entre los habitantes de Chiriguaná (Cesar), al expresar su rechazo y exigiendo justicia. En redes sociales, algunos usuarios comentaron que este no sería el primer incidente de este tipo en el que estaría involucrado el personero, lo que ha intensificado los llamados a las autoridades para que avancen en las investigaciones correspondientes.

Tropas del Ejército Nacional localizaron y destruyeron tres artefactos explosivos improvisados en una zona rural del municipio de Curumaní (Cesar).

El hallazgo se registró en la vereda Las Galaxias y, de acuerdo con información suministrada por las autoridades, el material habría sido instalado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el objetivo de atentar contra la fuerza pública y la población civil del sector.

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La operación fue realizada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial número tres, adscritas a la Décima Brigada del Ejército, como parte del plan de campaña Ayacucho Plus.

Según lo detallado por Blu Radio, los artefactos estaban fabricados con cilindros de gas de 20 libras y contenían cerca de 10 kilogramos de explosivos artesanales.

Los dispositivos estaban dispuestos en serie mediante un sistema de activación por línea de mando, lo que les permitía ser detonados a distancia. El cableado se extendía aproximadamente 100 metros hacia una zona montañosa de difícil acceso.

“Los artefactos explosivos improvisados eran elaborados con cilindros de gas de 20 libras, contenían aproximadamente 10 kilogramos de explosivos artesanales y estaban conectados en serie mediante un sistema de activación por línea de mando, extendiéndose 100 metros hacia una zona montañosa”, indicó el Ejército en un comunicado entregado al medio mencionado.

Las autoridades señalaron que su propósito era atentar contra la población, la infraestructura crítica y los uniformados que operan en la región.

“Estos explosivos habrían sido instalados por integrantes del Frente de Guerra Nororiental, del ELN, con el propósito de atentar contra la población civil, la infraestructura crítica y la fuerza pública. La intervención oportuna de las tropas evitó un posible atentado, salvaguardando la vida de los habitantes del sector y fortaleciendo la seguridad en la región”, añadió el pronunciamiento.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad en esta zona del Cesar y aseguró que mantendrá operaciones ofensivas para neutralizar las acciones de grupos armados que operan en el noreste del país. “Continuaremos ejecutando operaciones ofensivas para neutralizar las amenazas que afectan la tranquilidad y el bienestar ciudadano”, concluyó la institución.

Delicada situación de orden público en Curumaní por fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley

La seguridad en Curumaní se ha tornado crítica tras recientes acciones del ELN, entre ellas la ocurrida en la madrugada del lunes 26 de mayo, con la quema de maquinaria pesada que realizaba trabajos en la zona.

Hermes Martínez, alcalde del municipio, advirtió que los hechos superan la capacidad de respuesta tanto del Gobierno local como del departamental.

“Ni con la capacidad instalada que tiene el municipio ni con la que tiene el departamento del Cesar podemos enfrentar esta situación. Este ya es un tema de resorte nacional”, declaró Martínez en entrevista con Semana, luego de participar en un consejo de seguridad tras los ataques.

El mandatario respaldó las declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, que solicitó al Ministerio de Defensa una mayor presencia del Estado para enfrentar a los grupos armados que continúan operando en la región.

Martínez advirtió que Curumaní corre el riesgo de regresar a épocas de violencia intensa: “No queremos retroceder a tiempos atrás y espero que Dios nos proteja de todo mal y peligro”.

Además de la inseguridad, el alcalde denunció el abandono estatal en materia social. Señaló que el municipio lleva más de 17 meses esperando financiación para un hospital que ya cuenta con viabilidad técnica. También insistió en que los recursos son insuficientes para atender necesidades en salud, saneamiento básico y energía.

Finalmente, Martínez hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se apersone de la situación. “Más de 17.000 vehículos transitan diariamente por Curumaní. Lo que pedimos al Gobierno nacional es que nos apoye con seguridad y trabaje por la paz en nuestro país”, puntualizó.

Un homicidio ocurrido en medio de un bloqueo campesino en el sur del departamento del Cesar generó preocupación por la creciente inseguridad en las vías nacionales. Según informó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, un pasajero de un bus interdepartamental fue asesinado a puñaladas el 28 de mayo de 2025 en el sector conocido como Morrison, entre los municipios de San Alberto y San Martín.

De acuerdo con las versiones de los testigos del hecho, el joven intentaba comprar agua y estirar las piernas, debido a que el vehículo en el que se movilizaba quedó en medio del bloqueo, por lo que planeaba aprovechar el tiempo. Sin embargo, un hombre en motocicleta intentó robarlo, el joven puso resistencia, y fue herido con un arma blanca, provocando su muerte minutos después.

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De acuerdo con las autoridades, el bus en el que viajaba la víctima fatal de este hecho pertenecía a la empresa Brasilia y cubría la ruta entre La Dorada (Caldas) y la región Caribe. Testigos relataron a las autoridades que el agresor exigió un billete de $5.000 a la víctima, y al recibir un no por respuesta, no dudó en apuñalarlo en el pecho antes de huir por una trocha cercana para evitar ser capturado por la comunidad y las autoridades.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Policía del Cesar y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las respectivas investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen, que ha intensificado la preocupación por la seguridad en una zona ya afectada por los conflictos previos.

Y es que el homicidio se produjo durante el paro campesino que ha bloqueado durante varios días el tramo vial que conecta a Aguachica con San Martín. Debido a los hechos, las familias campesinas exigen la legalización de tierras y el cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el marco de la Reforma Agraria.

Según Esquivel, esta situación había sido advertida previamente, puesto que los manifestantes reclaman respuestas concretas de la Agencia Nacional de Tierras. El funcionario se refirió a la necesidad de evitar que el conflicto social derive en más episodios de violencia en esta y otras regiones del territorio nacional.

Las manifestaciones continúan

Los bloqueos en el sector Morrison han generado largas filas de vehículos, incluidos camiones, buses y automóviles particulares, que permanecen varados durante más de 10 horas. Por esta razón, tanto los transportadores como pasajeros, entre ellos adultos mayores y niños, enfrentan condiciones adversas, como la falta de acceso a alimentos y servicios básicos.

Los criminales se aprovechan de lo sucedido, por lo que líderes transportadores y la comunidad solicitaron al Gobierno medidas urgentes para garantizar el derecho a la movilidad y prevenir que la zona se convierta en un espacio sin control.

Entre tanto, organizaciones de derechos humanos señalaron que el abandono estatal en estos corredores viales ha facilitado la acción de delincuentes comunes y empeorado la conflictividad social en territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Estas organizaciones insisten en que, aunque es fundamental no criminalizar las protestas sociales, se requiere una presencia institucional sólida para evitar que hechos violentos como este empañen las demandas legítimas de los sectores campesinos.

El asesinato del pasajero elevó la tensión en una región donde las protestas sociales coinciden con una creciente percepción de inseguridad y falta de control en vías estratégicas para el comercio y la movilidad. Por esta razón, la comunidad reiteró su llamado al Gobierno nacional para que atienda las demandas de los campesinos y garantice la seguridad en las carreteras, evitando que la situación se deteriore aún más.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo en un comunicado de su despacho que rechaza "de manera categórica estos actos violentos que atentan contra la vida, la infraestructura y el desarrollo del país".

La Concesión Autopista del Río Grande, encargada de ejecutar la obra, informó que en la madrugada de este lunes un grupo armado ingresó de manera violenta a la unidad industrial del proyecto, donde causó daños masivos y sistemáticos.

La maquinaria destruida incluye mezcladoras de concreto, excavadoras, vibrocompactadores, camabajas, dobletroques, carros tanque, cargadores, piloteadoras y trituradoras, todos "esenciales para el avance de la construcción".

Además, dos vigilantes fueron retenidos y agredidos.

En junio de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó el proyecto Troncal del Magdalena 2, una vía perteneciente al Programa Concesiones del Bicentenario, la cual busca construir una doble calzada desde Sabana de Torres (Santander) hasta Curumaní (Cesar) a lo largo de 268,4 kilómetros.

Este tramo, junto con la Troncal del Magdalena 1, consolidará un corredor de 531 km en doble calzada desde Cundinamarca (centro) hasta el Cesar (norte), lo que mejorará la conectividad entre el centro y la costa norte del país, beneficiando a los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander.

Además de facilitar el transporte de productos agrícolas, ganaderos e hidrocarburos, la obra permitirá un ahorro de hasta una hora y 50 minutos en tiempos de viaje.

Igualmente, mejorará la infraestructura vial e impactará positivamente la movilidad, y también ayudará a impulsar el comercio, el turismo y la creación de empleo en la región.

El presidente de la ANI, Oscar Torres, aseguró que lo ocurrido constituye no solo una agresión contra los bienes del concesionario, sino también una amenaza directa al desarrollo regional, la estabilidad laboral de cientos de familias y el compromiso institucional con el progreso del país.

"La Troncal del Magdalena 2 es una vía que le devuelve la esperanza a una región que por años estuvo olvidada. Este tipo de atentados, que rayan con el terrorismo, no solo buscan frenar el desarrollo, sino sembrar miedo y obstaculizar la transformación del territorio", dijo el ejecutivo en declaraciones divulgadas por el Ministerio de Transporte.

Las autoridades todavía no han atribuido el ataque a ningún grupo ilegal. Sin embargo, en la zona tiene gran influencia y presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). EFE

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