La inspectora denunciante presentó una querella que describe no solo una presunta agresión sexual con penetración que habría sufrido a manos del entonces máximo jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, sino que además relató una “campaña de acoso y manipulación” para silenciarla. Parte de esa presión habría contado con la participación de Óscar San Juan, quien en ese momento desempeñaba funciones como asesor en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Tras estos hechos, Óscar San Juan fue apartado de su anterior puesto y destinado como jefe de brigada en la Comisaría General de Policía Científica, mientras el Ministerio del Interior abrió una investigación reservada que podría derivar en sanciones disciplinarias. Así lo detalló Europa Press a través de fuentes policiales y sindicales.

La medida de reubicar a San Juan en la Policía Científica fue adoptada mientras avanza la información reservada, precisan las fuentes consultadas por Europa Press. Esta decisión se ampara en la normativa interna y en casos similares ocurridos en el pasado, donde la suspensión de empleo y sueldo solo se aplica cuando ya existe una sentencia condenatoria, hecho que por el momento no se da en el caso de San Juan. El proceso judicial se encuentra todavía abierto: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid citó a la víctima y a José Ángel González para el 17 de marzo, según informó el mismo medio.

La querella interpuesta por la inspectora generó una reacción directa del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, anunció públicamente desde el Congreso de los Diputados la apertura de la investigación interna y la suspensión de Óscar San Juan de sus funciones como asesor de la DAO, cargo que le situaba en la cúpula de dirección de la Policía Nacional. Marlaska expresó sentirse decepcionado por la gravedad de los hechos que la inspectora denunció y subrayó que desconocía tanto la supuesta agresión como los intentos de encubrimiento, según consignó Europa Press.

José Ángel González, quien fue la máxima autoridad operativa de la Policía Nacional desde 2018 tras la llegada de Marlaska al ministerio, dejó su cargo oficialmente el 19 de febrero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó su cese, situación que derivó en su jubilación y pérdida de los privilegios asociados a su posición: abandonó la residencia oficial, perdió el coche institucional y el servicio de chófer facilitados por su estatus, según informó Europa Press.

En paralelo al avance judicial e interno, sindicatos policiales se manifestaron públicamente ante el Ministerio del Interior para exigir responsabilidades políticas y administrativas. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) se concentró frente a la sede ministerial para pedir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y denunciar que a José Ángel González se le permitió “jubilarse tranquilamente, cobrando su pensión y sin expediente disciplinario”. David Gutiérrez, portavoz de CEP, criticó la falta de suspensión inmediata de empleo y sueldo tanto a González como a San Juan y afirmó, en declaraciones reproducidas por Europa Press, que “cualquier otro policía nacional hubiera tenido consecuencias inmediatas”.

CEP calificó de “inconcebible” que a San Juan se le trasladara a otro puesto en vez de someterlo a las mismas medidas de suspensión que, según el sindicato, se habrían impuesto en otros casos con menos notoriedad pública. Gutiérrez añadió: “Muy posiblemente, con la carga probatoria que tiene esa querella estaría detenido cualquier policía nacional”. Este sindicato protestó durante dos días consecutivos ante el ministerio, una movilización respaldada en la víspera por la organización Jupol, que también solicitó la dimisión tanto de Marlaska como del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

En relación a los reconocimientos institucionales, Jupol pidió la retirada de las condecoraciones ‘pensionadas’ que actualmente poseen tanto el exDAO como su antiguo asesor. Según información consignada por Europa Press, José Ángel González posee dos cruces rojas y Óscar San Juan una medalla de plata, todas ellas con pensión asociada.

La situación interna en la Policía Nacional queda marcada por el proceso abierto a partir de la denuncia de la inspectora y la investigación interna en curso. Mientras tanto, la reubicación de Óscar San Juan y la jubilación de González suscitan un amplio debate sobre la gestión de denuncias por acoso y agresión sexual dentro de las fuerzas de seguridad, así como sobre los procedimientos disciplinarios aplicados en ausencia de sentencia judicial.

La presencia de representantes del Partido Popular en las manifestaciones convocadas por los sindicatos policiales ha reforzado el reclamo de dimisión contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso, participó en la concentración promovida por el sindicato Jupol, y fuentes de la formación confirmaron a Europa Press que también asistirá a la protesta convocada por la Confederación Española de Policía (CEP). De acuerdo con Europa Press, la motivación de estas protestas radica en la reciente querella presentada por una agente contra el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González por presunta agresión sexual.

Según informó Europa Press, el Partido Popular ha expresado públicamente que su apoyo no se limita a una sola movilización, sino que respalda todas las iniciativas sindicales que demandan la salida de Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Ana Vázquez calificó la permanencia de ambos responsables en sus cargos como “inadmisible”, insistiendo en que deben abandonar el Ministerio a raíz de las denuncias en torno a González, quien fue nombrado por el propio ministro del Interior.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, reiteró el respaldo de su formación a la Policía Nacional que se manifiesta exigiendo la dimisión del ministro tras la acusación de violación contra el ex DAO. Europa Press recogió sus declaraciones cuestionando los motivos por los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda a Marlaska y permite su continuidad pese a los escándalos que, según Gamarra, minan la credibilidad del Ejecutivo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gamarra aseguró que el mantenimiento de Marlaska en el gabinete se explica por el conocimiento que el ministro tendría sobre “las cosas que conoce de Sánchez y las que le ha tapado como fiel escudero desde el primer día en que llegó al Gobierno de España”. Durante una comparecencia en la sede del PP, la dirigente se refirió también a otros miembros del Ejecutivo, preguntando: “¿Cómo va a dimitir Marlaska por las gravísimas acusaciones que pesan sobre el DAO? ¿Cómo va a dimitir Óscar Puente por el caso ferroviario o cómo va a dimitir Mónica García por su ineptitud al frente de Sanidad si Sánchez tiene a su mujer imputada o a su hermano sentado en el banquillo de los acusados a punto de ser juzgado?”

Gamarra subrayó que el PP apoya “todas y cada una de las distintas organizaciones” sindicales de la Policía en sus acciones de protesta, detalló Europa Press. Según sus palabras, el partido se hace presente en estas manifestaciones impulsadas por diversas asociaciones, interesándose en el modo en que cada grupo manifiesta su oposición a la continuidad de Marlaska al frente de Interior.

Europa Press informó también que la dirigente popular recordó que el ministro “blindó” a González “a través de un real decreto”, por lo que, en su opinión, no puede desligarse de la responsabilidad por los hechos atribuidos al exDAO, dado que se trató de su “mano derecha”. Gamarra insistió en que Grande-Marlaska es máximo responsable tanto del nombramiento como de la permanencia de González en su posición dentro de la Policía Nacional.

Dentro de sus intervenciones, la vicesecretaria del PP afirmó que un “presunto violador y frecuentador de prostíbulos”, en referencia a González, ha liderado la Policía Nacional durante ocho años bajo el amparo de Grande-Marlaska. Reprochó la continuidad del ministro y calificó la situación como un “pozo de podredumbre que no toca fondo”.

El medio Europa Press amplió que, desde la visión del PP, la reacción del Gobierno ante estos hechos refuerza la indignación social. Para Cuca Gamarra, “a la sociedad española le produce indignación el Gobierno Sánchez porque todo el tiempo lo dedica a tapar su corrupción política, económica, institucional, y sus casos de acoso y abusos sexuales.”

El contexto de esta controversia se inscribe en la querella judicial presentada contra el exDAO, la cual ha servido de detonante para la movilización sindical y la postura adoptada por el PP. El apoyo del principal partido de la oposición a las reclamaciones de los sindicatos policiales adquiere relevancia en un contexto político caracterizado por fuertes tensiones entre el Ejecutivo y la actual oposición. Según destacó Europa Press, las voces del PP han insistido en la responsabilidad directa del titular de Interior y en la necesidad de una modificación en la cúpula del Ministerio como respuesta a las recientes denuncias y su impacto en la imagen de la Policía Nacional.

El sindicato de la Policía CEP sostuvo que la permanencia excepcional de José Ángel González al frente de la Dirección Adjunta Operativa, concedida mediante un real decreto en noviembre de 2024 pese a haber alcanzado la edad de jubilación, vinculó directamente el destino del director con el del ministro del Interior. Tal como informó el medio El Mundo, el sindicato considera que las recientes acusaciones de presunta agresión sexual contra una subordinada por parte de González no deben resolverse únicamente con la dimisión del responsable operativo, sino que exigen la renuncia del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la Confederación Española de Policía (CEP) ha convocado una movilización que tendrá lugar el 24 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior, en Madrid. La convocatoria surge tras conocerse la renuncia de González, quien afronta graves señalamientos relacionados con un presunto caso de agresión sexual. En un comunicado recogido por El Mundo, CEP insistió en que los hechos divulgados la víspera no sólo impactan al cuerpo policial, sino que afectan a la sociedad en su conjunto.

El sindicato subrayó que la decisión, adoptada meses atrás, de permitir que González continuara en funciones tras los 65 años por medio de una legislación especial derivada de la dana en Valencia, fue criticada en su momento por la propia CEP. Para la central, esa ampliación de mandato selló una responsabilidad conjunta entre el ministro y el entonces DAO, por lo que estiman que un cambio de puesto en respuesta al escándalo actual es insuficiente. Según subraya el comunicado, el sindicato exige al Ministerio que, además de respetar la presunción de inocencia, asuma consecuencias políticas ante unos hechos que califica de contrarios a los valores de la institución policial y de la ciudadanía.

Tal como detalló El Mundo, durante su comparecencia ante el Congreso este miércoles, Grande-Marlaska aseguró no haber encubierto la situación y describió el caso como "muy grave." El ministro explicó que la decisión de apartar a González de su cargo se tomó oficialmente la tarde anterior, después de que trascendieran los hechos. En sesión parlamentaria, Grande-Marlaska afirmó: “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, según recogió El Mundo.

La CEP reiteró que la gestión de lo ocurrido requiere medidas más profundas. Asimismo, insistió en que la actuación judicial definirá la responsabilidad penal si la hubiera, mientras que la responsabilidad política debe asumirse de forma inmediata a nivel ministerial. Los hechos que involucran la salida de González han provocado, según el sindicato, una situación de malestar entre los efectivos policiales, que demandan respuestas y acciones claras desde la cúpula del Ministerio del Interior.

El contexto general de este episodio remite al uso del real decreto de medidas urgentes por la dana de Valencia, instrumento legal que permitió a José Ángel González continuar desempeñando funciones a pesar de haber superado la edad reglamentaria de jubilación. El medio El Mundo explicitó que el sindicato ya había mostrado su rechazo a esa prórroga, por considerar sus implicaciones en la estructura de mando de la policía. Tras la denuncia de la presunta agresión sexual, la CEP interpreta que la administración debe responder con mayor contundencia.

En su alegato, el sindicato enfatizó la necesidad de que los responsables políticos respondan ante hechos que socavan la confianza interna en el cuerpo policial y repercuten en la percepción pública del servicio de seguridad. La protesta planeada por la CEP busca ejercer presión para la salida del ministro y exponer lo que consideran una gestión deficiente de la crisis abierta por la actuación del ex DAO.

El Mundo señaló que la manifestación sumará a agentes que rechazan las actuaciones del Ministerio tras la dimisión de González, así como a voces críticas en torno a decisiones previas de la dirección política respecto al funcionamiento interno de la policía nacional. La convocatoria del 24 de febrero está planteada como un acto de protesta y también como una demanda de cambios institucionales que refuercen los mecanismos de control ante eventuales abusos o irregularidades en la cúpula de la policía.

El reciente informe elaborado tras la visita de eurodiputados ha señalado una falta de protección institucional hacia los agentes de la Policía Nacional, según recogen los sindicatos policiales. Sobre este panorama, estos colectivos insisten en la urgencia de que el Gobierno español tome medidas específicas, como el reconocimiento de la profesión policial como de alto riesgo y la aprobación de normativas que contemplen las agresiones a policías y los delitos de intimidación o resistencia como eurodelitos. Esta demanda surge tras los episodios violentos en operaciones antidroga que han tenido lugar en Isla Mayor (Sevilla), donde un agente resultó herido por arma de fuego, y en Casar de Escalona (Toledo), donde un integrante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) falleció en servicio.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, varios sindicatos de la Policía Nacional han reclamado la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la declaración oficial de máxima peligrosidad para el ejercicio de su labor. Las organizaciones sindicales justifican su petición en lo que describen como abandono institucional y falta de respaldo jurídico y material por parte de las autoridades del Estado, tras los recientes tiroteos que costaron la vida y la salud de varios agentes durante intervenciones contra redes de narcotráfico.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha reiterado en las últimas horas su exigencia de que Grande-Marlaska deje el cargo tras los incidentes mencionados. El informe presentado acerca de la visita de eurodiputados, citado por CEP, destaca la insuficiencia de protección y denuncia el riesgo creciente para los agentes en su labor cotidiana. Según la CEP, “bajo el mandato de Marlaska se han registrado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia”, y el documento de Bruselas respalda la necesidad de que la profesión sea reconocida formalmente como de riesgo, así como la tipificación de determinados delitos contra policías en la legislación europea.

El sindicato Jupol, otro de los principales representantes del sector, ha solicitado la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Policía, órgano encargado de la interlocución con la Administración. Desde Jupol, señalan la “intolerable escalada de agresiones” y reclaman “medidas contundentes”. Remarcan que “estos hechos demuestran que la Policía Nacional es una profesión de riesgo, por lo que necesitamos que el Gobierno los asuma y preste el apoyo institucional y jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma firme, real y efectiva”, según recogió Europa Press.

En medio de estas reivindicaciones, la plataforma que aglutina a una docena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil ha convocado una protesta en Sevilla para este jueves. El objetivo de la manifestación es visibilizar la petición de reconocimiento de la profesión como de riesgo y reclamar mejores condiciones de jubilación, además de evidenciar su apoyo al agente herido de gravedad en Isla Mayor. Europa Press destacó que este colectivo sostiene que “se está perdiendo el principio de autoridad” y vinculan la peligrosidad de sus funciones con la falta de recursos suficientes y de un marco jurídico adecuado que respalde su actuación y castigue con contundencia los delitos de atentado y desobediencia.

SUP y AUGC, entre los sindicatos impulsores de la movilización, destacan la creciente peligrosidad de los grupos criminales y reclaman apoyo material, institucional y un entorno legal claro. La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, perteneciente a este conglomerado de organizaciones, sostuvo que “no podemos enfrentarnos a unos grupos criminales cada vez más peligrosos sin los medios suficientes y sin un marco jurídico que garantice nuestra labor”.

Europa Press informó que las últimas intervenciones contra el narcotráfico en Andalucía y Castilla-La Mancha han reavivado las peticiones sindicales por mayor seguridad y apoyo para los miembros de las fuerzas de seguridad. Tras el tiroteo en Isla Mayor, donde un policía fue gravemente herido, y el incidente letal en Toledo, la presión sindical sobre el Ministerio del Interior se ha intensificado. Los sindicatos insisten en que es necesario reforzar el reconocimiento profesional para garantizar no solo la vida y seguridad de los agentes, sino además la protección eficaz de la ciudadanía.

Durante el mandato de Grande-Marlaska, según los sindicatos, ha aumentado el número de ataques violentos a policías. El informe europeo antes citado también resalta esta tendencia y urge la implementación de políticas que fortalezcan la protección de los cuerpos policiales.

El reconocimiento de la labor policial como actividad de riesgo es, según lo señalado por estas organizaciones y reportado por Europa Press, una demanda que permanece sin respuesta por parte del Gobierno. Los representantes sindicales indican que sin este reconocimiento no se pueden garantizar condiciones de trabajo dignas ni una jubilación adecuada para los agentes expuestos a peligros extremos. La legitimidad del actual ministro del Interior, apuntan, se ve cuestionada por lo que consideran una gestión insuficiente ante la creciente violencia sufrida por efectivos de seguridad.

La concentración prevista en Sevilla busca evidenciar la preocupación de los agentes y sus familias ante situaciones límite surgidas durante operaciones contra el crimen organizado. En palabras de los portavoces policiales, recogidas por Europa Press, el Estado debe asumir de manera efectiva la protección de quienes cumplen tareas de seguridad, y adoptar un marco normativo que reconozca la dureza y el riesgo inherente a esta profesión.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) exhortó este lunes al Gobierno de Dina Boluarte a escuchar el clamor ciudadano ante el paro de transportistas de Lima Metropolitana y Callao, que exigen mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado.

A través de un comunicado, la presidencia de la CEP afirmó que se pronuncia “como Iglesia y como parte del pueblo peruano” ante “la difícil situación que atraviesa nuestro país” y frente al “sufrimiento cotidiano” generado por la inseguridad en las calles.

“Reconocemos que, cuando las protestas se realizan de manera pacífica y sin intereses políticos de por medio, se convierten en un grito justo que reclama atención, escucha y solución ante un problema tan grave como es la inseguridad y la pérdida de vidas humanas en nuestras calles”, indicó el comunicado.

Los obispos invitaron a las autoridades a actuar con responsabilidad y apertura ante las demandas ciudadanas. “Como pastores, invitamos al Gobierno y a las autoridades competentes a escuchar con apertura y responsabilidad la voz del pueblo, especialmente cuando esta nace del sufrimiento cotidiano, del miedo a perder la vida, y del clamor por justicia y paz”, señalaron.

En el mensaje, también hicieron un llamado a la unidad nacional para enfrentar la crisis de violencia que afecta al país. “Invocamos a todos los peruanos a unirse, más allá de las diferencias políticas o sociales, en un compromiso común por la paz, el respeto a la vida y la dignidad de cada persona. No podemos acostumbrarnos a vivir en medio del temor y la violencia. Las muertes deben parar. Todos juntos debemos construir la paz”, afirmaron los prelados.

Finalmente, encomendaron al Señor de los Milagros la protección del pueblo peruano y manifestaron su esperanza de que el país pueda alcanzar una sociedad “más justa, solidaria y fraterna”.

“Situación difícil”

Horas antes, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, pidió comprender el trasfondo social de la protesta, anunciada después de que el conductor de un autobús fuera asesinado durante la noche del sábado en el distrito de San Juan de Miraflores.

“Hoy día estamos en una situación muy difícil y en donde la muerte sella terriblemente nuestras vidas. Y ante eso nos queda también mantener la unidad y solidaridad con todas las víctimas”, expresó en una entrevista concedida a RPP.

“Los hermanos chóferes han querido hacerlo mediante este signo, que es un poco fuerte porque deriva en situaciones un poco difíciles para la vida de la ciudad, pero que simultáneamente debe ser comprendida como también todo acto en donde las personas se manifiestan”, señaló.

El líder religioso exhortó a mantener la calma y no caer en la indiferencia ante las muertes que sacuden al país. “Siempre los actos deben ser pacíficos, en lo posible ordenados, pero, no puede haber una indiferencia ante algo así. Quizás ocurren justamente (...) porque se siente abandono, se siente que no hay respuestas suficientes por parte de las personas o los encargados y responsables”, matizó.

Las declaraciones del cardenal ocurren tras las controvertidas expresiones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien intentó desligar el asesinato reciente de las redes de extorsión que afectan al transporte urbano.

“No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores”, señaló.

Mientras prosigue la investigación para localizar al autor del tiroteo, varios sindicatos y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han expresado su preocupación por esta situación y han hecho un llamamiento para adoptar soluciones.

La Confederación Española de Policía (CEP) se ha referido en un comunicado a "la escalada de violencia y la falta de medios humanos y materiales", que a su juicio evidencia que la Policía Nacional está "abandonada por parte del Gobierno en la provincia de Málaga".

Ha exigido "soluciones urgentes: más presupuesto para horas extras, más personal, más medios, más protección jurídica y respeto por la labor policial", y ha advertido el refuerzo de efectivos "no es quitar agentes de un sitio para ponerlos en otro".

"Los policías cumplirán, como siempre, excelentemente y probablemente detendrán a los responsables en breve, pero lo harán a costa de trabajar más horas, gratis y con una plantilla agotada", ha indicado.

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado a través de las redes sociales que, con el registrado este sábado en pleno paseo marítimo de Fuengirola, "ya van 8 tiroteos en la Costa del Sol en las últimas semanas".

Tras apuntar que llevan "tiempo alertando" sobre la situación de la Costa del Sol, ha solicitado "mayor dotación personal y material y un endurecimiento legislativo".

La Unión Federal de Policía (UFP) también ha alertado a través de las redes sociales sobre el suceso: "Otro tiroteo. Otra noche de muerte. Fuengirola: 2 asesinados a tiros en plena calle".

"Somos el muro de contención, ni un policía sin chaleco", ha demandado en un mensaje que acompaña de un enlace a una información periodística sobre lo ocurrido.

El Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expuesto su preocupación por la "violencia extrema de organizaciones vinculadas al crimen organizado" en la Costa del Sol.

Su coordinadora general, Mariló Valencia, cree que "hay que luchar por analizar el modelo actual", y ha llamado a "actualizar" el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) y "dar a la Policía Nacional los medios adecuados para luchar contra el crimen organizado.

Por su parte, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), ha exigido este lunes al Gobierno central más medios y policías especializados en crimen organizado para mejorar la respuesta contra el fenómeno de luchas de bandas relacionadas con el narcotráfico en la Costa del Sol.

La regidora ha hecho esta petición al término de una reunión que ha mantenido con mandos de las policías nacional y local con la intención de reforzar la colaboración y mejorar la prevención y actuación en esta materia.

"Vivimos en un mundo y en un momento donde el crimen no entiende de fronteras. Y en lugares como la Costa del Sol, se están sucediendo fenómenos que, por expansión, nos afectan irremediablemente", ha referido Mula, quien ha demandado que "la implicación del Estado sea mucho mayor en este asunto".

También se ha pronunciado Vox, que cuenta con tres concejales en Fuengirola, que ha propuesto "un plan de choque inmediato para acabar con los tiroteos en la Costa del Sol", una zona que "no puede convertirse en la nueva Calabria", según ha afirmado su presidente en Málaga, Antonio Sevilla. EFE

La Dirección General de la Policía Nacional ha informado de los trámites para reconocer la labor prestada por los agentes que durante el apagón del pasado 28 de abril trabajaron fuera de turno y de forma voluntaria.

En un oficio con fecha de 14 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la dirección general dependiente del Ministerio del Interior explica que cada Servicio Central y Jefatura Superior tendrá que realizar la "grabación de una propuesta de felicitación pública" de cada agente que se movilizó para "minimizar las posibles consecuencias en cuanto a seguridad y asistencia humanitaria" derivado del apagón.

El reconocimiento se extenderá a los agentes que prestaron servicio más allá de su turno establecido o que se presentaron en dependencias policiales de manera voluntaria, así como aquellos que fueron avisados por sus superiores "de un modo u otro" para que reforzaran el servicio.

El sindicato CEP ha calificado de "acto de justicia" que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) reconozca la "implicación y esfuerzo extraordinario" de los policías en una jornada tan complicada como aquella del corte del suministro eléctrico.

"Los policías, una vez más, estuvieron a la altura", han añadido desde CEP, recordando otras emergencias como la dana en Valencia, la pandemia de Covid-19 o la situación derivada del volcán de La Palma o por el temporal Filomena.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha defendido la querella que interpuso contra el dirigente de Podemos Serigné Mbayé, que ha motivado que este martes haya declarado ante una juez de Madrid, manteniendo que existe "persecución y brutalidad policial", algo que ha negado este sindicato representativo de la Policía Nacional.

"Basta ya, la Policía no es racista", ha apuntado CEP. En un comunicado, ha afeado que Mbayé "ha tratado de buscar refugio en supuestos informes de Amnistía Internacional que, según dice, avalan sus injurias, y en su experiencia personal, alegando que ha sido víctima de actuaciones policiales que no considera correctas".

Mbayé ha realizado declaraciones a la prensa antes de entrar al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que le ha citado por la querella presentada por CEP, y donde ha estado arropado por dirigentes del partido como la eurodiputada Irene Montero, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y el secretario de Organización, Pablo Fernández.

Frente a las muestras de apoyo a Mbayé, el CEP ha defendido el trabajo de los agentes de la Policía. "Hay determinadas personas que se han especializado en ofender, insultar, injuriar y calumniar a quienes protegemos la vida de los ciudadanos de este país, y eso no puede salir gratis", ha sostenido.

INTERVENCIÓN POLICIAL EN LAVAPIÉS

El sindicato policial interpuso la querella contra el secretario de Antirracismo de Podemos en abril del año pasado, a raíz de unas declaraciones durante un evento en la plaza de Lavapiés en Madrid donde denunció una intervención policial en el que se arrestó a dos ciudadanos senegaleses.

En concreto, denunció que durante su intervención pública Mbayé describió lo sucedido como "la brutalidad policial que pasa todo el rato en este barrio", aludiendo a Lavapiés. Además, enfatizó que "el acoso policial, la brutalidad policial en los cuerpos negros, en los cuerpos de las personas racializadas, tiene que parar".

Antes de declarar este martes, Mbayé ha agradecido el apoyo que ha recibido de diversos colectivos y ha insistido en que van a seguir denunciando con todas sus fuerzas "esta persecución policial, esta brutalidad policial" contra migrantes, dado que ese es el "buen camino" para avanzar en el antirracismo.

"Yo lo que he dicho está claro y me reafirmo en mis palabras. Yo soy una persona que sufre el racismo, todos los colectivos que están aquí sufren racismo y este racismo lo vamos a denunciar, venga de donde venga, que sea de la policía, de un juez, de donde sea. No hay paso atrás", ha zanjado.

En redes sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el "racismo institucional no puede ser motivo para la persecución y criminalización de las personas antirracistas" y por eso han acompañado a Mbayé antes de entrar en los juzgados de Plaza Castilla.

El grupo hotelero B&B Hotels ha anunciado la apertura de un nuevo hotel en la ciudad valenciana de Alcàsser. La cadena está en pleno proceso de crecimiento en la Península Ibérica donde ya cuenta con 73 hoteles en total, ofreciendo más de 6.500 habitaciones

El nuevo hotel, apodado B&B Hotel Valencia Alcàsser, ofrece un total de 88 habitaciones dobles y triples y dispone, entre otros servicios, de desayuno buffet, wifi gratis, zonas de aparcamiento.

Propiedad de CEP, Eliseo Pla, el B&B Hotel Valencia Alcàsser, opera bajo un régimen de alquiler garantizado a largo plazo. Este modelo permite a la cadena hotelera continuar impulsando su estrategia de negocio 'asset light' (gestion y franquicia) en la Península Iberia, clave para poder mantener las fuertes tasas de crecimiento y proyectarlas de forma sostenida en el futuro inmediato.

Por ser miembro de su nuevo programa de fidelización B&me la cadena hotelera pone a disponibilidad de los clientes múltiples beneficios entre los que destaca su oferta de 50 euros para este y otros hoteles de nueva apertura.

B&B Hotels anunció recientemente un acuerdo con Grupo Avintia Real Estate para el desarrollo conjunto de 10 nuevos hoteles hasta 2025. Este proyecto refuerza una colaboración iniciada a finales de 2021, basada en contratos garantizados a largo plazo, y forma parte de un desarrollo inicial valorado en más de 100 millones de euros.

También firmó un acuerdo con Construcciones Eliseo Pla (CEP) al alcanzar un acuerdo para desarrollar conjuntamente tres nuevos hoteles de nueva construcción en Valencia, Sevilla y Alicante para los años 2024 y 2025.

B&B Hotels es uno de los grupos hoteleros más importantes de Europa. Cuenta con una red de más de 850 hoteles en 17 países, en Europa, Brasil y Estados Unidos. Creció exponencialmente desde 2022 con la apertura de más de 170 nuevos hoteles, y pretende continuar esta dinámica en 2024.

Varios sindicatos de la Policía Nacional han criticado la "jubilación premium" del Director Adjunto Operativo (DAO), el comisario José Ángel González, al entender que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha "aprovechado" el segundo real decreto ley de ayudas por la DANA para sacarlo adelante de manera "indigna".

En concreto, el sindicato JUPOL ha calificado de "indigno" que el Gobierno utilice el decreto de las ayudas para la DANA para prolongar la edad de jubilación del DAO. "Marlaska prefiere equiparar la jubilación del DAO a la de todos los policías nacionales", ha asegurado en un comunicado.

CEP también ha reaccionado a la publicación en el BOE del cambio legal para mantener en el puesto al DAO para calificarlo de "iniciativa censurable y rechazable", puesto que "ha recurrido a una herramienta normativa vinculada a paliar los efectos de un drama nacional por el que todavía seguimos de luto los españoles".

Este sindicato ha cuestionado la justificación de este cambio legal al decir que se equipara con lo que ya ocurre en Guardia Civil desde 2014, puesto que CEP entiende que esto "constituye un ejercicio de provocación corporativa porque un error no puede justificarse con otro previo".

"Las cúpulas operativas de ambos Cuerpos no pueden convertirse en una isla ajena al resto de policías y guardias civiles, para la que se diseñan condiciones profesionales diferentes, privilegiadas y exclusivas", ha añadido.

SOBRE EL TERRENO EN UNA EMERGENCIA NACIONAL

El Gobierno ha justificado que el DAO de la Policía continúe en el cargo más allá de su jubilación prevista a los 65 años atendiendo a su papel sobre el terreno en una "situación de emergencia nacional" provocada por la DANA.

"En esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional", dice el Gobierno en el Real Decreto Ley sobre el segundo paquete de ayudas por la DANA, publicado hoy en el BOE y que ha consultado Europa Press.

En un primer momento, la opción elegida fue incluir el cambio legal en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio de Régimen de Personal de la Policía Nacional, mediante una enmienda del PSOE a la Ley de Movilidad que tramita el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

En una comparecencia en el Senado el pasado 24 de octubre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya adelantó que estaban estudiando la forma de evitar la jubilación del DAO de la Policía, al que calificó de "impecable" e "indiscutible".

Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP (Sindicato Unificado de Policía), SPP (Sindicato Profesional de Policía), CEP (Confederación Española de Policía) y UFP (Unión Federal de Policía) han convocado una protesta por la "nefasta" gestión en la tragedia provocada por la DANA, y han expresado su "indignación" por la ausencia de "todos los medios disponibles" desde las primeras horas de la catástrofe, contradiciendo así las declaraciones de Interior.

Las organizaciones sindicales han trasladado este miércoles en un comunicado el "descontento generalizado" que hay entre el cuerpo ante la "recurrente negativa" por parte de la Administración y la Dirección General de la Policía de aceptar sus "reiteradas" peticiones para que los agentes nacionales acudieran a Valencia, lo que ha generado que los ciudadanos afectados se sientan "abandonados a su suerte" y no puedan verse "respaldados y apoyados" por las instituciones.

La concentración se ha convocado para el próximo 9 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno de Alicante y bajo el lema "Policías indignados, ciudadanos abandonados". Denuncian "la falta desde el inicio de todos los medios, tanto materiales como humanos, que la Policía Nacional tiene a su alcance en la Comunidad Valenciana, así como el despliegue de los servicios del resto de España en las 24 horas siguientes".

Los convocantes han resaltado "que se tiene conocimiento de que son muchos los compañeros que se han trasladado a título personal hasta Valencia para ayudar a los ciudadanos afectados desde el primero momento", y que estos "están acudiendo coordinándose entre ellos sin ayuda alguna de ningún tipo" porque, según han manifestado los convocantes de la concentración, "somos Policías Nacionales, pero ante todo somos parte del pueblo".

Los grupos organizadores han invitado a la concentración al resto de sindicatos y asociaciones que quieran sumarse a la misma, así como a los ciudadanos de Alicante, para mostrar dichas denuncias y en solidaridad con todos los damnificados por la DANA.

Por su parte, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, han sostenido anteriormente que la reacción no fue tardía y hubo agentes ayudando "desde el minuto cero" de la DANA, hasta sumar una semana después más de 10.000 efectivos para labores de auxilio y seguridad de los damnificados por la DANA en la Comunitat Valenciana, incluyendo medios aéreos, acuáticos y maquinaria pesada para desescombro.